Posición de la Corte Constitucional frente a la relación...
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Posición de la Corte Constitucional frente a la relación de los conceptos de Soberanía y Pueblo enunciados en artículo tres de Constitución Política de 1991. John López Benavides 1120828 Director: Diego León Gómez Reflexiones a partir de sentencias de Constitucionalidad Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de San Buenaventura Santiago de Cali 2012
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Posición de la Corte Constitucional frente a la
relación de los conceptos de Soberanía y
Pueblo enunciados en artículo tres de
Constitución Política de 1991.
John López Benavides
1120828
Director: Diego León Gómez
Reflexiones a partir de sentencias de Constitucionalidad
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad de San Buenaventura
Santiago de Cali
2012
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TABLA DE
CONTENIDO
Introducción…………………………………………………………. Pág. 3
CAPITULO 1
SOBERANÍA EN LA HISTORIA Y EN COLOMBIA.
1. Conceptualización de Soberanía…………………………..………… Pág. 08
2. Soberanía: articulo tres de la Constitución Política y
Línea Jurisprudencial………………………………………………….. Pág. 10
3. Tesis de Soberanía Popular Vs tesis de
Soberanía Nacional en Colombia……………………………..…….… Pág. 11
CAPITULO II
SOBERANIA Y PUEBLO EN CONSTITUCIÓN DEL 91.
1. Relación entre Soberanía y Pueblo…………………………………… Pág. 13
2. Características del Pueblo en la Constitución Política………….…… Pág. 14
3. Limites a la Soberanía del Pueblo en sentencias
de la Corte Constitucional.…………………………............................ Pág. 15
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CAPITULO III
EJERCICIO DE LA SOBERANIA EN COLOMBIA
DEMOCRACIA
1. La Democracia como ejercicio de la Soberanía……………….…. Pág. 19
2. Concepto de Democracia…………………………………………… Pág. 20
3. Clases de Democracia………………………………………………. Pág. 22
3.1 Democracia Directa………………………………….…..……… Pág. 22
3.2 Democracia Representativa…………………………....……… Pág. 23
3.3 Democracia Participativa………………………………..……… Pág. 24
4. La democracia como Principio………………………………..….… Pág. 25
5. Soberanía y democracia en Colombia
Línea Jurisprudencial…..……………..……………………..……… Pág. 27
6. Democracia Participativa en Colombia..………………………….. Pág. 29
Conclusiones……………………………………………………..…………. Pág. 33
Bibliografía…………………………………………………….……..…...…. Pág. 37
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INTRODUCCIÓN
El concepto de “Soberanía” ha evolucionado a través de la historia mundial, no es
una noción fácil de definir, debido a sus tintes políticos, económicos, sociales,
históricos y Jurídicos, sin embargo en el capitulo uno se realiza un breve repaso
histórico de su transformación, una conceptualización mas profunda del termino y
su adopción en la Constitución de Colombia.
El concepto de soberanía según la clásica definición de Jean Bodin en su obra
de 1576 Los seis libros de la República, es el poder absoluto y perpetuo de una
República; y soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin
recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la
ley divina o natural. Un siglo después Thomas Hobbes constituyó al soberano en
la única forma de poder. De este modo, en su tratado más famoso, Leviatán,
publicado en 1651, justifica filosóficamente la existencia del autoritarismo estatal.
Jean Jacques Rousseau en 1762, expreso que el soberano es la colectividad o
pueblo, y ésta da origen al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad,
así, según Rousseau, todos serían libres e iguales, puesto que nadie obedecería o
sería mandado por un individuo sino que la voluntad general la tiene el poder
soberano. Frente a estas ideas, Sieyes postuló que la soberanía radica en la
nación y no en el pueblo, afirmando que el concepto de nación contempla a todos
los habitantes de un territorio, sin exclusiones ni discriminaciones. De lo anterior
podemos afirmar que de Rousseau nace el concepto de soberanía popular,
mientras que de Abate Sieyès nace el de soberanía nacional.
Sin lugar a dudas la doctrina mas resiente indica claramente las dos tesis
principales empleadas a través de la historia para definir la soberanía. En nuestro
país la Constitución Política de 1991 en el titulo uno “De los principios
fundamentales”, en su artículo tres “soberanía popular”, expresa que “La
Soberanía reside exclusivamente en el pueblo”. Si bien es cierto que el nombre del
artículo es claro y por ende la voluntad del constituyente para acoger la teoría de
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Soberanía Popular, es de vital importancia establecer que teoría acogió la
Jurisprudencia Constitucional para interpretar este artículo.
Más importante que lo normativo constitucional, es la práctica jurisprudencial de la
Corte Constitucional, esta es la que nos acerca a la interpretación y aplicación de
la Carta Política. Diego López Medina (2006) afirma que el derecho de origen
jurisprudencial tiene una característica sobresaliente: su desarrollo se logra de
manera lenta y progresiva por cuanto es necesario, para lograr la identificación de
la subregla vigente en un momento dado, hacer un análisis temporal y estructural
de varias sentencias que se relacionan entre sí. La interpretación de sentencias
aisladas no da una buena idea del desarrollo sistemático de la jurisprudencia y
esto resulta crucial para entender el aporte del derecho de origen judicial a todas
las ramas del derecho. La incrementalidad del derecho jurisprudencial,
determinada por la resolución de problemas jurídicos caso a caso, tiene la
tendencia a ser desestructurada y a veces caótica. Sin embargo la utilidad de una
línea jurisprudencial radica en la posibilidad de identificar el lugar del “balance
constitucional” o “sombra decisional” dentro de los dos extremos posibles
planteados en la pregunta problema, mediando el análisis estructural de varias
sentencias que se relacionan entre si. Se entiende por “balance constitucional”
una doctrina jurisprudencial vigente más o menos definida.
Con base en lo anterior realice tres líneas jurisprudenciales tendientes a
establecer la tesis de soberanía, los tipos de poder del pueblo y la forma de
democracia Constitucional. Este trabajo nos permite determinar la posición que
adopta la Corte Constitucional frente a la relación de los conceptos de Soberanía
y Pueblo enunciados en el artículo tres de la Constitución Política de 1991.
En sentencia Hito C-141 de 2010 la Corte estableció que la teoría de Soberanía
Nacional se funda en que el poder reside en la nación, con fundamento en las
tradiciones y en los rasgos culturales compartidos por los asociados, con una serie
de características generadoras de una identidad, asegura que es un ente
abstracto. Por lo contrario la teoría de Soberanía Popular, postula la tesis del
poder fraccionado, porque cada uno de los asociados es titular de una parte de la
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soberanía. Cuando el tamaño y la complejidad del Estado son mayores, se torna
indispensable la delegación.
Luego de aclarar las dos tesis consideradas por la Corte y realizar la línea
jurisprudencial correspondiente establecemos que esta Corporación adopta una
tesis mixta para definir la Soberanía, haciendo una relación directa con los
conceptos de Pueblo y Democracia, esta relación nos hace indispensable
establecer las características del pueblo, el tipo de poder que tiene y como es su
ejercicio.
La noción de pueblo que acompaña la concepción de Soberanía enunciada en el
artículo tres, no puede ser ajena a la noción de pluralismo e implica la coexistencia
de diferentes ideas, razas, géneros, orígenes, religiones, instituciones o grupos
sociales. Afirma la Corte que el pueblo de tan heterogénea composición al escoger
un modelo de democracia constitucional acepta que todo poder debe tener límites
y, por lo tanto, como pueblo soberano acuerda constituirse y auto limitarse de
conformidad con ese modelo democrático e instituye cauces a través de los
cuales pueda expresarse con todo y su diversidad.
Ahora bien, en varios pronunciamientos constitucionales se ha expresado que
existen dos tipos de poderes atribuibles al pueblo; el poder constituyente originario
y el poder constituyente de reforma. Esta Corporación a indicado que “el poder
constituyente originario tiene por objetivo el establecimiento de una Constitución,
está radicado en el pueblo y comporta “un ejercicio pleno del poder político”, lo
que explica que sus actos “son fundacionales, pues por medio de ellos se
establece el orden jurídico y por ello dichos actos escapan al control
jurisdiccional”. A diferencia del poder constituyente originario, el derivado,
secundario o de reforma se refiere a la capacidad que tienen ciertos órganos del
Estado para “modificar una Constitución existente, pero dentro de los cauces
determinados por la Constitución misma”, de donde se desprende “que se trata de
un poder establecido por la Constitución y que se ejerce bajo las condiciones
fijadas por ella
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Ya teniendo claro el origen y la titularidad de la soberanía, que características
tiene el pueblo Colombiano y los tipos de poderes del pueblo podemos pasar a
establecer su relación y forma de ejercitarlo.
El preámbulo de la Constitución Política de Colombia enuncia que el régimen
constitucional se desarrolla “dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo”. Esta idea es reiterada por el artículo primero que afirma que
Colombia es un “Estado social de derecho, organizado en forma de
República democrática y participativa”, y por el artículo segundo que señala entre
los fines del Estado el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación”. Como vemos la Constitución contiene múltiples referencias a la
democracia de las que se puede concluir que ésta se establece como uno de los
elementos estructurales del diseño estatal, nuestra constitución le asigna un valor
fundamental a la democracia, tanto en sus aspectos procedimentales tales como
las elecciones, el control de los mandatarios, los mecanismos de participación, la
división de poderes, la regulación de los partidos políticos, como en sus aspectos
sustanciales que se expresan en los derechos fundamentales y en los fines y
obligaciones del Estado.
La corte en diferentes sentencias ha adoptado una posición constante a partir de
1991, como lo vemos en línea jurisprudencial en Colombia existe una democracia
participativa entendida como un aspecto estructural e inescindible del Estado
Constitucional.
La democracia participativa es, sin lugar a dudas, un aspecto estructural e
inescindible del Estado Constitucional establecido en la Constitución de 1991. Ello
se verifica a partir de distintos atributos que tiene este principio, los cuales no solo
demuestran esa condición, sino que también lo vinculan con el principio de
soberanía popular, que tiene idéntico carácter. Es importante destacar que el
principio democrático es esencial, transversal, universal y expansivo, condiciones
todas ellas que justifican el citado carácter estructural y definitorio del principio.
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Este principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de
decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en
los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y
libertades así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la
definición del destino colectivo.
El concepto de democracia participativa lleva implícito la aplicación de los
principios democráticos. Comporta una revaloración y un dimensionamiento
vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida
nacional. No comprende simplemente la consagración de mecanismos para que
los ciudadanos tomen decisiones en referendos o en consultas populares, o para
que revoquen el mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica
adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los
procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de
su vida. Se busca así fortalecer los canales de representación, democratizarlos y
promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual.
En síntesis la participación concebida dentro del sistema democrático a que se ha
hecho referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema
constitucional del Estado colombiano. Esta implica la ampliación cuantitativa de
oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición
cualitativa en forma que, además del aspecto político electoral, su espectro se
proyecte a los planos de lo individual, familiar, económico y social.
Esta investigación es teórica y básica porque permite la creación de nuevo
conocimiento y otorgo primacía a la sistematización de los conceptos jurídicos,
normas, jurisprudencia y doctrina, utilice el paradigma del Realismo Jurídico
realizando un análisis del derecho frente a la aplicación por parte del operador
jurídico, se desarrollo mediante un tipo de estudio Jurídico exploratorio que abre el
camino para realizar posteriores investigaciones. Se utilizo el método analítico y
de síntesis, que permitió la fragmentación del artículo tres de la constitución
política en todas sus partes elementales.
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CAPITULO 1
CONTEXTO SOBERANÍA.
1. CONCEPTUALIZACIÓN DE SOBERANÍA.
El concepto de “Soberanía” ha evolucionado a través de la historia mundial, no es
una noción fácil de definir, debido a sus tintes políticos, económicos, sociales,
históricos y Jurídicos, sin embargo para algunos autores la soberanía es el
derecho que tiene el pueblo a elegir a sus gobernantes, sus leyes y a que se les
respete su territorio, mientras otros afirman que la soberanía no es un derecho
porque la soberanía es el "poder".
La soberanía, según la clásica definición de Jean Bodin en su obra de 1576 Los
seis libros de la República, es el poder absoluto y perpetuo de una República; y
soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar leyes sin recibirlas de otro, es
decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural.
Thomas Hobbes Argenis suprimió esta dependencia y constituyó al soberano en
única forma de poder. De este modo, en su tratado más famoso, Leviatán,
publicado en 1651, justifica filosóficamente la existencia del autoritarismo estatal.
En 1762, Jean-Jacques Rousseau retomó la idea de soberanía pero con un
cambio sustancial. El soberano es ahora la colectividad o pueblo, y ésta da origen
al poder enajenando sus derechos a favor de la autoridad. Cada ciudadano es
soberano y súbdito al mismo tiempo, ya que contribuye tanto a crear la autoridad y
a formar parte de ella, en cuanto mediante su propia voluntad dio origen a ésta, y
por otro lado es súbdito de esa misma autoridad, en cuanto se obliga a
obedecerla.
Así, según Rousseau, todos serían libres e iguales, puesto que nadie obedecería
o sería mandado por un individuo sino que la voluntad general tiene el poder
soberano, es aquella que señala lo correcto y verdadero y las minorías deberían
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acatarlo en conformidad a lo que dice la voluntad colectiva. Esta concepción
russoniana que en parte da origen a la revolución francesa e influye en la
aparición de la democracia moderna, permitió múltiples abusos, ya que en nombre
de la voluntad "general" o pueblo, se asesinó y destruyó indiscriminadamente.
Generó actitudes irresponsables y el atropello a los derechos de las minorías.
Frente a estas ideas, Sieyes postuló que la soberanía radica en la nación y no en
el pueblo, queriendo con ello que la autoridad no obrara solamente tomando en
cuenta el sentimiento mayoritario coyuntural de un pueblo, que podía ser objeto de
influencias o pasiones desarticuladoras, sino que además tuviera en cuenta el
legado histórico y cultural de esa nación y los valores y principios bajo los cuales
se había fundado. Además, el concepto de nación contemplaría a todos los
habitantes de un territorio, sin exclusiones ni discriminaciones. Sieyès indica que
los parlamentarios son representantes y no mandatarios, puesto que éstos gozan
de autonomía propia una vez han sido electos y ejercerán sus cargos mediando
una cuota de responsabilidad y objetividad al momento de legislar, en cambio los
mandatarios deben realizar lo que su mandante le indica, en este caso el pueblo.
Así, de Rousseau nace el concepto de soberanía popular, mientras que del Abate
Sieyès nace el de soberanía nacional. Ambos conceptos se dan indistintamente en
constituciones modernas, aunque después de la Segunda Guerra Mundial ha
retomado con fuerza el concepto de soberanía popular que se mira como más
cercano al pueblo, el cual se supone que actualmente tiene un grado de cultura
cívica y moderación mucho más alto que en el tiempo de la toma de la Bastilla en
1789.
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2. SOBERANÍA: ARTICULO TRES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y
LÍNEA JURISPRUDENCIAL
La Constitución Política de 1991 en el titulo uno “De los principios fundamentales”,
en su artículo tres “soberanía popular”, expresa que “La Soberanía reside
exclusivamente en el pueblo”.
La Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades abordando el concepto
de Soberanía, basándose en que el pueblo es el origen del poder publico y que en
el reside la titularidad y el ejercicio.
Como vimos anteriormente no es fácil definir el concepto de soberanía, sin
embargo la Corte Constitucional se ha valido de las dos teorías mencionadas en el
primer punto de este capitulo para acoger su significado. Realizamos esta línea
jurisprudencial para establecer la tesis que ha acogido la Corte para interpretar el
artículo tres de la Constitución.
¿La Corte Constitucional acoge una teoría mixta para definir la
“soberanía” expresada en el artículo tres de la constitución?
Tesis de soberanía
Popular
Tesis de soberanía
Mixta
Tesis de soberanía
Nacional.
Sentencia C-644/04
Rodrigo Escobar
Sentencia C-551/03
Eduardo Montealegre
Sentencia C-1041/05
Manuel Cepeda
Sentencia C- 141/10
Huberto Sierra Porto
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El anterior cuadro nos permite establecer que en esta línea jurisprudencial, la
Corte ha tenido una posición constante frente a la adopción de una tesis mixta
para la definición de soberanía teniendo en cuenta que la tesis de la soberanía
nacional estima que este atributo del poder político se radica en la nación,
entendida como la totalidad del cuerpo social, que viene a ser su titular y la tesis
de la soberanía popular, que por el contrario, supone que la soberanía pertenece
al pueblo y que es la suma de todas las voluntades individuales.
Solo en la Sentencia C-644/04 la Corte expreso que en el mundo actual, el poder
interno y autónomo de los Estados generalmente se funda en el “principio de
soberanía popular, que le permite al pueblo en ejercicio del poder constituyente
originario dictar una Constitución, mediante la cual, organiza un modelo de Estado
alrededor de la adopción de una forma de organización, de un sistema de
gobierno y de un régimen político. La Corte ha sostenido reiteradamente que dicho
poder constituyente originario no se encuentra sujeto a límites jurídicos, y
comporta, por encima de todo, un ejercicio pleno del poder político de los
asociados. Es claro que la Corporación Constitucional acoge la tesis de la
soberanía Popular solamente para el ejercicio del poder constituyente originario.
3. TESIS DE SOBERANÍA POPULAR VS TESIS DE SOBERANÍA
NACIONAL EN COLOMBIA.
Luego de tener claridad acerca de la teoría acogida por la corte constitucional en
sus jurisprudencias, vale la pena explicar el significado de la teoría de la soberanía
nacional y de la soberanía popular que manifiestan el origen, la titularidad y el
ejercicio del poder.
Según la primera, la soberanía reside en la nación, edificada con fundamento en
las tradiciones y en los rasgos culturales o sociológicos compartidos por los
asociados, descendientes de un grupo humano que, por generaciones, ha
habitado un territorio, forjado una misma historia y transmitido a la posteridad una
serie de características generadoras de una identidad que se construye con base
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en el pasado, las costumbres, el idioma, las creencias y los idearios o aspiraciones
comunes. La nación que condensa todo ese proceso es, necesariamente, un ente
abstracto y, como no puede actuar por sí misma, requiere de representantes
elegidos y autónomos que, en atención al bien común, la interpreten y expresen su
parecer.
La teoría de la soberanía popular postula la tesis del poder fraccionado, porque
cada uno de los asociados es titular de una parte de la soberanía, fracción idéntica
a la que pertenece a los restantes miembros del cuerpo político, individualmente
considerados, quienes participan de la soberanía en medida proporcional a la
totalidad de los asociados. El ejercicio de la soberanía es directo, pues el asociado
que se hace representar se anula a sí mismo como soberano y cuando el tamaño
y la complejidad del Estado torna indispensable la delegación, el delegado o
mandatario debe actuar con estricto ceñimiento a un mandato acordado con
antelación y esencialmente revocable si su actuación no se sujeta a los términos
en que le fue conferido”.
La corte constitucional apoyándose en los conceptos de BOBBIO, ha precisado
que “las sociedades modernas buscan los mejores medios para transitar hacia un
modelo de organización política en el que la democracia formal se vuelva más
real, la democracia política se extienda a la sociedad y la democracia
representativa se complemente con mecanismos de democracia directa”
La soberanía nacional sirve de sustento a la democracia representativa, mientras
que en la soberanía popular tiene su fundamento teórico la democracia directa y,
aunque se acostumbra sostener que las consecuencias derivadas de una y otra
las tornan inconciliables, lo cierto es que, de conformidad con una tendencia
reciente, el Constituyente colombiano de 1991 se valió de una fórmula mixta al
establecer, en el artículo 3º de la Carta vigente, que “la soberanía reside
exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público” y que “el pueblo la
ejerce en forma directa o por medio de sus representantes.
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CAPITULO II
SOBERANIA Y PUEBLO EN COLOMBIA.
1. CARACTERÍSTICAS DEL PUEBLO
Este complejo definir las características del pueblo colombiano, sin embargo creo
que es trascendental iniciar describiendo nuestro espacio geográfico. En
Colombia viven 44 millones de colombianos de raza triétnica resultado del
complejo proceso de mestizaje iniciado en los tiempos de la colonia, donde la raza
blanca europea, la negra africana y la indígena nativa al mezclarse en diferentes
momentos y condiciones dieron origen a los grupos humanos que caracterizan a la
población colombiana.
En la actualidad Colombia es hogar de más de 87 pueblos indígenas que usan 64
lenguas nativas pertenecientes a 22 familias lingüísticas; también, de varios
millones de afrocolombianos; de más de 30 millones de mestizos y de núcleos de
inmigrantes en diferentes regiones.
Gracias a la Constitución de 1991 se Institucionalizó al pueblo como titular de la
soberanía entendida como el poder publico. La noción de pueblo no puede ser
ajena a la noción de pluralismo e implica la coexistencia de diferentes ideas,
razas, géneros, orígenes, religiones, instituciones o grupos sociales. El pueblo de
tan heterogénea composición al escoger un modelo de democracia constitucional
acepta que todo poder debe tener límites y, por lo tanto, como pueblo soberano
acuerda constituirse y auto limitarse de conformidad con ese modelo democrático
e instituye cauces a través de los cuales pueda expresarse con todo y su
diversidad. Por ello, en los estados contemporáneos la voz del pueblo no puede
ser apropiada por un solo grupo de ciudadanos, así sea mayoritario, sino que
surge de los procedimientos que garantizan una manifestación de esa
pluralidad. Según la Sentencia Hito C-141/10
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Ahora bien, la idea de democracia de base pluralista cuestiona el hecho de que
cualquiera pueda erigirse en representante de los intereses de todos e invita a
generar mecanismos adecuados para que diferentes intereses y visiones sean
tenidos en cuenta al adoptar las decisiones que a todos atañen. Por ello, en los
estados contemporáneos la voz del pueblo no puede ser apropiada por un solo
grupo de ciudadanos, así sea mayoritario, sino que surge de los procedimientos
que garantizan una manifestación de esa pluralidad.
2. RELACIÓN ENTRE SOBERANÍA Y PUEBLO EN COLOMBIA
Cuando hablamos del origen del poder público, en la democracia se hace
referencia al pueblo, a este se le atribuye y radica el ejercicio de la soberanía. No
obstante, el concepto de pueblo varía dependiendo del tipo de democracia que se
pretenda instaurar en determinado estado. El concepto de pueblo ha tenido su
propia evolución; su proceso histórico permite comprobar, que el sufragio universal
se impuso después de superar grandes exclusiones que radicaban el derecho a
decidir en miembros de un solo sexo o en quienes accedían a determinados
niveles de educación o de renta, la vieja definición del pueblo como la mayoría
expresada en las urnas es insuficiente para atribuir a un estado el carácter
democrático que, actualmente, también se funda en el respeto de las minorías.
En el artículo 3 de la Carta el Constituyente es claro al precisar que “el pueblo
ejerce la soberanía en los términos que la Constitución establece”. Si bien el
pueblo soberano puede actuar, debe hacerlo en las condiciones y dentro de los
límites establecidos en la Constitución. La institucionalización del pueblo impide
que la soberanía que en él reside sirva de pretexto al ejercicio de su poder ajeno a
cualquier límite jurídico y desvinculado de toda modalidad de control. El proceso
democrático, requiere de la instauración y mantenimiento de reglas que den
origen a las manifestaciones de la voluntad popular, se necesita impedir que una
mayoría se atribuya la vocería excluyente del pueblo y que se incorporen a las
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minorías en el proceso político, pues estas son parte del pueblo. Las reglas
comunes constituyen el presupuesto de igualdad con la que todos, ya sean
mayorías o minorías, acuden a certámenes democráticos.
3. LIMITES A LA SOBERANIA DEL PUEBLO EN SENTENCIAS DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
La Corte en diferentes pronunciamientos expresado que existen dos tipos de
poderes atribuibles al pueblo; el poder constituyente originario y el poder
constituyente de reforma, esta Corporación a indicado que “el poder constituyente
originario tiene por objetivo el establecimiento de una Constitución, está radicado
en el pueblo y comporta “un ejercicio pleno del poder político”, lo que explica que
sus actos “son fundacionales, pues por medio de ellos se establece el orden
jurídico y por ello dichos actos escapan al control jurisdiccional misma, de manera
que, aunque es poder constituyente, “se encuentra instituido por la Constitución
misma, y es por ello derivado y limitado”, así como sujeto a controles.” A diferencia
del poder constituyente originario, el derivado, secundario o de reforma se refiere
a la capacidad que tienen ciertos órganos del Estado para “modificar una
Constitución existente, pero dentro de los cauces determinados por la Constitución
misma”, de donde se desprende “que se trata de un poder establecido por la
Constitución y que se ejerce bajo las condiciones fijadas por ella
El papel del pueblo una vez ha dictado la Constitución apunta a que el pueblo, si
bien es depositario de la soberanía, debe actuar dentro del marco institucional
plasmado en la Constitución que él mismo ha adoptado y, por ello, el artículo 3º de
la Carta de 1991 radica la soberanía “exclusivamente en el pueblo, del cual emana
el poder público”, pero de inmediato proclama que el pueblo ejerce esa
soberanía “en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos
que la Constitución establece”.
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¿El poder constituyente de reforma
que reside en el pueblo tiene límites?
No tiene límites. Tiene limites
Sentencia C-644/04
Rodrigo Escobar
Sentencia C-551/03
Eduardo Montealegre
C-572 de 2004
Rodrigo Uprimny
C-816 de 2004
Jaime Córdoba Triviño
C-970 de 2004
Rodrigo Escobar Gil
C-971 de 2004
Manuel José Cepeda
C-988 de 2004
Humberto Sierra Porto
C-1040 de 2005
José Cepeda Espinosa
Sentencia C-1041/05
Manuel Cepeda
C-588 de 2009
Eduardo Mendoza
Sentencia C- 141/10
Huberto Sierra Porto
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En este cuadro se establece una línea jurisprudencial de la Corte tendiente a
especificar los límites que tienen el poder constituyente de reforma. Es notorio que
su posición es constante cuando en la sentencia Hito C-141-2010 la corte expresa
la institucionalización del pueblo como titular de la soberanía impide que ésta que
en él reside sirva de pretexto a un ejercicio de su poder ajeno a cualquier límite
jurídico y desvinculado de toda modalidad de control, si bien el pueblo soberano
puede actuar, debe hacerlo en las condiciones y dentro de los límites establecidos
en la Constitución y en las restantes normas del ordenamiento jurídico fundado en
la Constitución.
Sin lugar a dudas la corte constitucional le da un poder pleno al pueblo que posee
la capacidad de dictar una constitución y establece que el ejercicio del poder
constituyente originario no esta sujeto a limites jurídicos, por tal razón podrá ser
ejecutado cuando este lo estime necesario, además expresa que el poder publico,
no el poder constituyente originario debe tener limites jurídicos y controles.
Claramente el proceso de ejercitar el poder publico y de toma de decisiones
requiere de la instauración y mantenimiento de reglas que den origen a las
manifestaciones de la voluntad de todos.
Igualmente la Corte Constitucional en distintas decisiones –C-551 de 2003; C-572,
C-816, C-970, C-971 y C-988 de 2004; C-1040 de 2005; y C-588 de 2009- “ha
deducido de la Constitución la existencia de límites al poder de reforma
constitucional, el cual es diferente del poder constituyente originario, en cuanto
este último es la manifestación directa del poder político de los asociados y, por
consiguiente, no está sometido a límites jurídicos, mientras que el poder de
reforma sí. Es éste el fundamento de la limitación competencial, de manera que
por medio de los mecanismos consagrados por la Constitución se previó la
reforma, excluyendo posibilidades de modificación equivalentes a una sustitución
constitucional”.
Indistintamente Giovanni Santori (1994) dice que la regla de la mayoría y la
voluntad popular no tiene un valor superior a los procedimientos diseñados para
permitir que éstas se manifiesten. Esta idea se sustenta en que un sistema
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democrático supone en esencia la combinación de distintos elementos que
permiten la válida adopción de decisiones. En efecto, el sistema está conformado
por: un conjunto de reglas que permiten garantizar tanto la participación efectiva
de los ciudadanos en las decisiones, como la adopción de una decisión por
mayoría al final del proceso. La democracia es tanto el componente teleológico (la
participación popular y decisión adoptada por la mayoría) como el medio
empleado para alcanzarlo (el procedimiento y las reglas procesales previamente
diseñadas y conocidas por los participantes).
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CAPITULO III
EJERCICIO DE LA SOBERANIA EN
COLOMBIA.
1. LA DEMOCRACIA COMO EJERCICIO DE LA SOBERANÍA
La Constitución de 1991 contiene múltiples referencias a la democracia de las que
se puede razonar que ésta se establece como uno de los elementos estructurales
del diseño estatal adoptado por la Asamblea Nacional Constituyente.
Esta percepción resulta evidente desde el Preámbulo, el cual textualmente señala
que “El pueblo de Colombia (…) representado por sus delegatarios a la Asamblea
Nacional Constituyente (…) dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo (…) decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de
Colombia”. Es decir, desde los orígenes mismos del texto constitucional está
presente la democracia como valor fundante del nuevo orden establecido, pues la
Carta Política fue adoptada por un poder constituyente democráticamente elegido,
el cual, además, ejecutó la labor encomendada mediante procedimientos
democráticos.
El carácter fundante y omnipresente de la democracia resulta reafirmado a su vez
en el Título I de la Constitución, algunas de cuyas disposiciones perfilan el modelo
adoptado en el texto constitucional. Así, el artículo primero señala que “Colombia
es un Estado social de derecho organizado en forma (…) democrática,
participativa y pluralista”, el artículo segundo prevé que es un fin esencial del
Estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”, mientras que el
artículo tercero consigna que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo,
del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio
de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.
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Sin lugar a dudas la elección constitucional de la forma de gobierno democrática
determina el diseño institucional del Estado colombiano. Desde esa perspectiva
claramente se optó por un modelo que privilegia un poder decisional ascendente,
el cual parte de la voluntad de los individuos titulares de los derechos políticos (el
pueblo es titular único de la soberanía) hasta llegar a la decisión política (del cual
emana el poder público). Como ha señalado la doctrina se trata además del
“gobierno público en público”, pues los gobernantes están obligados a decidir “bajo
la luz del sol”, de manera tal que los gobernados “vean cómo y dónde se adoptan
las decisiones”. Este modelo a su vez está intrínsecamente ligado con el principio
de igualdad pues tiene como presupuesto la idea que todos los individuos tienen la
misma dignidad que los habilita a conocer y participar en los asuntos públicos.
Así, es posible constatar que la mayoría de los autores contemporáneos Andrea
Greppi (2006) son partidarios de una noción mínima de democracia, según la cual
está consiste, simplemente, en un conjunto de reglas de procedimiento para la
adopción de decisiones colectivas que no dice nada sobre el contenido o resultado
de las misma. Desde esta perspectiva las reglas son inherentes a la democracia:
reglas sobre las mayorías y minorías, reglas sobre las elecciones y la actuación de
los parlamentos, reglas sobre las condiciones de ejercicio de la libertad política y,
sobre todo, reglas sobre la protección de ciertos intereses básicos de todos los
seres humanos.
2. CONCEPTO DE DEMOCRACIA
La democracia corresponde a la forma actual de convivencia del ser humano más
común del mundo, esta corresponde a la idea de la igualdad entre los hombres y
la libertad de todos para decidir como direccionar sus propias vidas.
Antes de definir que es la democracia y dar sus características y elementos
principales, es sensato saber cuales fueron sus orígenes en la historia universal.
La palabra griega "democracia" ("el gobierno del pueblo") tuvo su origen en los
atenienses, se genera en Grecia, con el pensamiento de Aristóteles donde se
21
planteaba claramente que la única forma de gobierno de aquél entonces
correspondía al “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
El estado como los bienes del país que conocemos actualmente no existía en
aquél entonces sino como ciudades estado. Esta forma de ver a los bienes del
país solo nace con las teorías liberales del 1600.
Para Hobbes y Rousseau Smith, pensadores liberales, la Democracia se basa en
la idea del “Homo Homini Lupus”, el hombre es libre y se organiza su conducta por
medio de la libertad que el mismo le entrega a la autoridad.
En el curso del siglo XX se produjeron hechos históricos de gran importancia que
impusieron la democracia como forma de gobierno dominante en el mundo: La
desaparición o debilitamiento de monarquías luego de la Primera Guerra Mundial,
el reconocimiento del voto a los pobres o no propietarios, dando forma al concepto
de sufragio universal, el reconocimiento del derecho a votar y ser votadas a las
mujeres, integrando el concepto de sufragio universal, la descolonización de la
mayor parte de África y Asia, gobernadas hasta entonces por potencias europeas
y el reconocimiento universal del derecho a la autodeterminación de los pueblos;
en la gran mayoría de los casos las nuevas naciones independientes establecieron
formas de gobierno democráticas, el movimiento por los Derechos Civiles en
Estados Unidos y la consecuente protección del derecho al voto a las minorías
raciales en 1964 consolido cabalmente la existencia de un gobierno democrático
en EEUU, finalmente la caída generalizada de las dictaduras militares
latinoamericanas en las décadas de 1980 y 1990, dan paso a regímenes
democráticos garantizados por pactos internacionales antidictatoriales de carácter
subregional y regional.
Si bien la democracia se ha convertido en la forma de gobierno dominante, las
democracias reales existentes suelen padecer de defectos que las limitan e
incluso anulan en la práctica, como la plutocracia (poder de los ricos), la oligarquía
(poder de determinados grupos minoritarios) y la aristocracia (existencia de
determinados grupos con privilegios o ventajas sobre el resto de la población).
22
Lo cierto es que, hoy en día, no concebimos un sistema político más justo o que
mejor defienda los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos que el
sistema democrático.
3. FORMAS DE DEMOCRACIA
La discusión de las formas de democracia es la discusión del gobierno y de las
decisiones. Desde esta óptica es pertinente analizar los alcances y dimensiones
de las formas de democracia.
Vale la pena resaltar que un Estado no es democrático porque el mismo lo
pregone o por las aparentes formalidades que lo cubran, sino por la esencia, es
decir, por las diversas posibilidades de participación que caracterizan a la
democracia y por el respeto a las decisiones que de allí resulten; algunas veces se
hacen pasar por democráticos regímenes cerrados o autoritarios que de ello
tienen muy poco. Al respecto Bobbio en (1994) advierte: “Existen 10democracias
más sólidas o menos sólidas, más vulnerables o menos vulnerables; hay diversos
grados de aproximación al modelo ideal, pero aún la más alejada del modelo no
puede ser de ninguna manera confundida con un Estado autocrático y mucho
menos con uno totalitarista”
3.1 LA DEMOCRACIA DIRECTA.
Esta es sin duda la forma más perfecta de democracia, y para algunos autores, la
única. Según Bobbio (1994), para Rousseau “la soberanía no puede ser
representada”, es más, este autor llegó a afirmar que “no ha existido ni existirá
jamás verdadera democracia” ya que para esto se requiere una serie de
condiciones difíciles de cumplir: i) un Estado muy pequeño, ii) una gran sencillez
de costumbres, iii) mucha igualdad en los rangos y en las fortunas y iv) poco o
23
ningún lujo. Bobbio (1994) también nos recuerda la conclusión de Rousseau: “si
hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan
perfecto no conviene a los hombres”
Dejando a un lado esta discusión y para concretarnos en la democracia directa,
digamos que en ella el pueblo autónomamente toma las decisiones sobre los
asuntos que lo afectan, el denominado constituyente primario es quien decide
directamente, sin intermediación lo que se debe hacer. Si se hiciere aplicación de
esta democracia como única forma de gobierno en un Estado, no quedaría más
alternativa que darle la razón a Rousseau. Ahora bien, si lo que se pretende es
identificar y analizar en qué espacios sería pertinente tener prácticas de
democracia directa, podría ser en organizaciones sociales, municipios y pequeñas
comunidades en las cuales las decisiones sobre hechos de interés colectivo se
tomen con la participación directa de todos los miembros de la comunidad.
3.2 LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA.
El propio Bobbio (1994) señala que “en términos generales la expresión
democracia representativa quiere decir que las deliberaciones colectivas, las
deliberaciones que involucran a toda la colectividad, no son tomadas directamente
por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para este fin”
El ejercicio de la democracia de representación consiste en delegar en una
persona o en un grupo de ellas la toma de decisiones. Los ciudadanos no ejercen
directamente su derecho a decidir sino que por medio del voto hacen que sus
intereses se representen en los gobernantes.
Parte de la interpretación errada de la democracia representativa, radica en
entenderla como un acto puntual en el tiempo, es decir, que democracia
representativa es votar y nada más, Forero, Cardona y Córdoba (1999) hacen una
lectura más a fondo de esta práctica y nos señalan que “en la democracia de
24
representación se designa un delegado, un portavoz, pero que esto no exime al
pueblo de conservar el mandato. En otras palabras, se delega transitoriamente el
poder de decisión pero no el mandato, en últimas, el gobernante termina siendo el
mandatario pero la ciudadanía conserva su investidura de mandante”.
3.3 LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
El eje central de la democracia participativa es la organización ciudadana, es
decir, la capacidad que tenga la ciudadanía para juntarse y organizarse de
acuerdo con sus intereses o aspiraciones. En ese orden de ideas, la democracia
de participación supera la toma de decisión y la delegación por el voto y remplaza
las actuaciones individuales por la acción colectiva entorno a intereses del mismo
tipo.
Participar es ante todo involucrarse, tomar parte, en este sentido Sartori (1994)
establece la diferencia entre el ejercicio del voto y el verdadero alcance de la
participación, “Votar es votar y basta; no es bastante para calificarlo de tomar
parte, que es involucramiento y empeño activo”. Así mismo, “la democracia
participativa permite constantemente la intervención de las ciudadanas y
ciudadanos en los asuntos públicos. Esto quiere decir que tiene una frecuencia de
participación superior a la representativa, que es sólo con el voto, pero no tan
complicada como la directa, que es la asamblea permanente”
Claude Lefort (1994) señala que la participación “implica el sentimiento de los
ciudadanos de estar vinculados en el juego político, de ser tomados en cuenta en
el debate político, y no el sentimiento de esperar pasivamente las medidas
favorables a su destino”.
25
4. LA DEMOCRACIA COMO PRINCIPIO.
Según lo ha señalado esta Corporación, el principio democrático, recogido
expresamente por nuestra Constitución Política en el preámbulo y en su artículo
primero, se constituye, sin lugar a dudas, en el principio medular del sistema
socio-político y en el fundamento nuclear sobre el que se edifica y sustenta todo el
ordenamiento jurídico.
Dicho principio está llamado a desplegar toda su eficacia jurídica o fuerza
normativa sobre la actividad que cumplen los órganos del Estado y, en particular,
sobre la función legislativa asignada al Congreso de la República, al ser ésta, por
antonomasia, la forma ordinaria a través de la cual se expresa la representación
popular.
La Corte en la Sentencia C-089 de 1994 expresó que el principio democrático que
la Carta prohíja es a la vez universal y expansivo. Se dice que es universal en la
medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto
públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se
nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al
Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación
del poder social. El principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de
ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante
reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad
con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y
profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los
principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva
construcción.
El principio democrático no puede ser ajeno a los postulados del principio de
mayorías, el principio de participación política y el principio de publicidad, a través
de los cuales se busca garantizar que se exprese la mayoría con el pleno respeto
de los derechos de las minorías a participar y expresar su opinión en condiciones
26
de libertad e igualdad, y mediante un procedimiento abierto y público, de cara a la
sociedad y al país.
Es pertinente recordar que en oportunidades anteriores la Corte ha resaltado la
importancia que tiene la protección de los derechos de las minorías
parlamentarias dentro del orden constitucional colombiano. Así, por ejemplo, en la
sentencia C-145/94, se afirmó que "sólo hay verdadera democracia allí donde las
minorías y la oposición se encuentran protegidas a fin de que puedan
eventualmente llegar a constituirse en un futuro en opciones mayoritarias, si llegan
a ganar el respaldo ciudadano necesario”. Más recientemente, en la sentencia C-
008 de 2003, la Corte ha explicado que el debate mismo es un derecho de las
minorías representadas en el Congreso: “visto desde una perspectiva
estrictamente garantista, incluso la doctrina y la propia jurisprudencia han
calificado el debate como un derecho de las minorías, con el cual se busca
asegurar a éstas la oportunidad de participar plenamente en la toma de
decisiones, exponiendo libremente sus ideas y opiniones en torno a un
determinado asunto, sin que corran el riesgo de ser ignoradas, desplazadas o
desconocidas por las mayorías representativas”; así mismo, en la sentencia C-760
de 2001, la Corte sostuvo que “el debate es pues la oportunidad de hacer efectivo
el principio democrático en el proceso de formación de la ley, en cuanto posibilita
la intervención y expresión de las minorías, así como la votación es el mecanismo
que realiza la prevalencia de las mayorías, también consubstancial a la
democracia”.
De otro lado, los mecanismos de participación ciudadana ideados por el
legislador, en cuanto hacen posible la vigencia del mencionado modelo, deben
respetar los postulados básicos de la democracia, en especial el principio de las
mayorías. El criterio mayoritario, sin perjuicio del pluralismo y de la tolerancia
como valores fundamentales del régimen político, y de los derechos
reconocidos a las minorías, resulta esencial para los procesos de elección de
funcionarios y para la toma de decisiones que requieren la adopción de una
solución única a los problemas o asuntos colectivos, y puede considerarse
27
como la espina dorsal de cualquier régimen democrático. Régimen que sólo
puede llegar a operar sobre la base de normas prestablecidas sobre mayorías
decisorias en todos los procesos electorales.
5. DEMOCRACIA Y SOBERANÍA EN COLOMBIA
La Carta Política de 1991 le asigna un valor fundamental a la democracia, tanto
en sus aspectos procedimentales tales como las elecciones, el control de los
mandatarios, los mecanismos de participación, la división de poderes, la
regulación de los partidos políticos, como en sus aspectos sustanciales que se
expresan en los derechos fundamentales y en los fines y obligaciones del Estado.
El Estado de derecho liberal y el Estado social de derecho se diferencian en la
relación que construyen entre el Estado y los asociados: así, mientras que el
primero busca ante todo limitar el poder, de tal manera que no pueda amenazar
los derechos y libertades de los ciudadanos, el segundo acoge esa limitación del
poder, pero también precisa que el Estado debe cumplir con unos fines en la
sociedad, lo cual implica que intervenga en ella.
En la sentencia C-490-11 la corte expresa que en el actual modelo constitucional
pueden distinguirse dos etapas en lo que refiere a la relación entre el ciudadano y
los servidores públicos elegidos: la primera, concentrada en el acto de elección
que mediante el ejercicio del sufragio los ciudadanos escogen y confieren
legitimidad democrática a sus representantes, invistiéndolos con el poder político
que reside en el Pueblo; en virtud de la cláusula de la soberanía popular se le
confiere a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político, competencias éstas que se posibilitan mediante
herramientas institucionales tales como: la revocatoria del mandato de los
elegidos, la iniciativa en las corporaciones públicas, la interposición de acciones
públicas en defensa de la Constitución y la ley, y el acceso al desempeño de
cargos y funciones públicas, todos contemplados como derechos fundamentales y,
por tanto, protegidos incluso en grado jurisdiccional. A estas potestades se suman
28
otras de más amplio espectro, como sucede con las veedurías ciudadanas
dirigidas al control de la actividad de las distintas autoridades del Estado, entre
ellas las de origen democrático directo.
¿La Corte Constitucional interpreta la democracia participativa como
forma de ejercicio de la soberanía que reside en el pueblo?.
Democracia
Representativa Democracia Participativa
Democracia
Directa
Sentencia C-180/94.
Hernando Herrera Vergara
Sentencia C-179/02.
Marco Gerardo Monroy Cabra
Sentencia C-551/03
Eduardo Montealegre
Sentencia C-1040/05.
Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia C-1041/05
Manuel Cepeda
Sentencia C- 141/10
Huberto Sierra Porto
Sentencia C-490 de 2011.
Luis Ernesto Vargas Silva
En el anterior cuadro se establece una línea jurisprudencial de la Corte tendiente
a especificar la forma democrática que la Corte a interpretado el concepto de
“Soberanía”.
29
6. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
La democracia participativa es, sin lugar a dudas, un aspecto estructural e
inescindible del Estado Constitucional establecido en la Constitución de 1991. Ello
se verifica a partir de distintos atributos que tiene este principio, los cuales no solo
demuestran esa condición, sino que también lo vinculan con el principio de
soberanía popular, que tiene idéntico carácter. Es importante destacar que el
principio democrático es esencial, transversal, universal y expansivo, condiciones
todas ellas que justifican el citado carácter estructural y definitorio del principio.
El principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de
decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en
los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y
libertades así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la
definición del destino colectivo.
El preámbulo de la Constitución Política de Colombia enuncia que el régimen
constitucional se desarrolla “dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo”. Esta idea es reiterada por el artículo primero que afirma que
Colombia es un “Estado social de derecho, organizado en forma de
República democrática y participativa”, y por el artículo segundo que señala entre
los fines del Estado el de “facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación”.
Como podemos ver, la democracia participativa supone la existencia de
mecanismos de participación del pueblo, que revisten diversas modalidades. A
ellos se refieren los artículos 40 y 103 constitucionales. Estos mecanismos de
participación significan que no todas las decisiones se dejan a los representantes
elegidos democráticamente, sino que algunas pueden ser adoptadas,
complementadas o modificadas directamente por el pueblo o con su intervención,
a través de figuras como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la
iniciativa popular y el cabildo abierto. Y, además, que las decisiones que adopten
30
dichos representantes pueden ser controladas a través de la revocatoria del
mandato. De otro lado, otras formas de participación democrática se presentan
en la posibilidad de acceder a los cargos públicos, de ejercer las acciones
públicas y de prestar los servicios públicos o controlar su prestación.
El concepto de democracia participativa lleva implícito la aplicación de los
principios democráticos. Comporta una revaloración y un dimensionamiento
vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida
nacional. No comprende simplemente la consagración de mecanismos para que
los ciudadanos tomen decisiones en referendos o en consultas populares, o para
que revoquen el mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica
adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los
procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de
su vida. Se busca así fortalecer los canales de representación, democratizarlos y
promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual.
La participación ciudadana en escenarios distintos del electoral alimenta la
preocupación y el interés de la ciudadanía por los problemas colectivos; contribuye
a la formación de unos ciudadanos capaces de interesarse de manera sostenida
en los procesos gubernamentales y, adicionalmente, hace más viable la
realización del ideal de que cada ciudadano tenga iguales oportunidades para
lograr el desarrollo personal al cual aspira y tiene derecho.
En la democracia participativa el pueblo no sólo elige sus representantes, por
medio del voto, sino que tiene la posibilidad de intervenir directamente en la toma
de ciertas decisiones, así como la de dejar sin efecto o modificar las que sus
representantes en las corporaciones públicas hayan adoptado, ya sea por
convocatoria o por su propia iniciativa, y la de revocarle el mandato a quienes ha
elegido.
A juicio de la Corte Constitucional, “la democracia participativa “expresa un
proceso social de intervención de los sujetos en la definición del destino colectivo”
y, en lugar de ser apenas “una práctica deseable”, constituye un fin esencial de la
31
actividad del Estado, cuyas autoridades “tienen el deber de facilitarla y
promoverla” y de “fomentar la participación de la ciudadanía en los procesos de
toma de decisiones que conciernan al destino colectivo. Además, en armonía con
el propósito acabado de enunciar, la Constitución amplió el espectro de los
derechos políticos, pues ya no se limitan a la simple previsión de la garantía de
elegir y ser elegido, sino que incluyen un amplio conjunto de mecanismos de
intervención popular que, en los términos del artículo 40 superior, buscan asegurar
el derecho ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político. El artículo 103 de la Carta enuncia los mecanismos de participación del
pueblo “en ejercicio de su soberanía” y conforme lo ha enfatizado la Corte, tal
“fortalecimiento de la democracia en el plano político” tiene varios objetivos, de
entre los cuales se destacan la realización del estado democrático de derecho que
consiste en “permitir el acceso de todo ciudadano a los procesos de toma de
decisiones políticas” y el hacer “posible la construcción de un sistema político
abierto y libre, donde el ciudadano tenga canales efectivos de expresión, que no
excedan los límites de lo razonable”
En síntesis la participación concebida dentro del sistema democrático a que se ha
hecho referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema
constitucional del Estado colombiano. Esta implica la ampliación cuantitativa de
oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición
cualitativa en forma que, además del aspecto político electoral, su espectro se
proyecte a los planos de lo individual, familiar, económico y social.
Por otra parte, en la Sentencia No. C-180/94 expreso que el fortalecimiento de la
democracia participativa en el plano político, trae consigo la consagración en el
artículo 103 de la Carta de un conjunto de mecanismos de participación ciudadana
con los siguientes objetivos: a) realizar el ideal del estado democrático de derecho,
de permitir el acceso de todo ciudadano a los procesos de toma de decisiones
políticas; b) permitir el ejercicio de un control político, moral y jurídico de los
electores por parte de los elegidos, sin intermediarios, con lo que se sanciona
eficazmente la corrupción administrativa y el uso del poder en interés particular; c)
32
hacer posible la construcción de un sistema político abierto y libre, donde el
ciudadano tenga canales efectivos de expresión, que no excedan los límites de lo
razonable y, d) propender por la solución de conflictos entre los órganos del poder
público, acudiendo a la instancia política del electorado.
Tales mecanismos de participación democrática, en el ámbito de lo político,
conforme al ya citado artículo 103 son: el voto, el plebiscito, el referendo, la
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del
mandato.
33
CONCLUSIONES
1. El origen del poder público en la democracia Colombiana reside en el
pueblo, a este se le atribuye y radica el ejercicio de la soberanía. La corte
en reiteradas ocasiones para definir el alcance y sentido de “soberanía” se
ha pronunciado citando las teorías de soberanía popular y de soberanía
nacional que sirven de sustento a la democracia directa y a la democracia
representativa. La primera tesis estima que el atributo del poder político se
radica en la nación, entendida como la totalidad del cuerpo social, que
viene a ser su titular. La tesis de la soberanía popular, por el contrario,
supone que la soberanía pertenece al pueblo y que es la suma de todas las
voluntades individuales. Es clara la diferencia conceptual sin embargo de
conformidad con una tendencia reciente, el Constituyente colombiano de
1991 se valió de una fórmula mixta al establecer, en el artículo tres de la
Carta vigente, que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del
cual emana el poder público” y que “el pueblo la ejerce en forma directa o
por medio de sus representantes.
2. El pueblo al escoger un modelo de democracia constitucional acepta que
todo poder debe tener límites y, por lo tanto, como pueblo soberano
acuerda constituirse y autolimitarse de conformidad con ese modelo
democrático e instituye cauces a través de los cuales pueda expresarse con
todo y su diversidad. El pueblo, si bien es depositario de la soberanía, debe
actuar dentro del marco institucional plasmado en la Constitución que
estableció los mecanismos de reforma constitucional y señalo que la
Constitución puede ser reformada “por el Congreso, por una asamblea
constituyente o por el pueblo mediante referendo. Si bien el pueblo
soberano puede actuar, debe hacerlo en las condiciones y dentro de los
límites establecidos en la Constitución. La institucionalización del pueblo
impide que la soberanía que en él reside sirva de pretexto al ejercicio de su
34
poder ajeno a cualquier límite jurídico y desvinculado de toda modalidad de
control.
3. El papel del pueblo en el proceso democrático es vital y requiere de la
instauración y mantenimiento de reglas que den origen a las
manifestaciones de la voluntad popular, se necesita impedir que una
mayoría se atribuya la vocería excluyente del pueblo y que se incorporen a
las minorías en el proceso político, pues estas son parte del pueblo. Las
reglas comunes constituyen el presupuesto de igualdad con la que todos,
ya sean mayorías o minorías, acuden a certámenes democráticos.
4. La Corte a indicado que “el poder constituyente originario tiene por objetivo
el establecimiento de una Constitución, está radicado en el pueblo y
comporta “un ejercicio pleno del poder político”, lo que explica que sus
actos “son fundacionales, pues por medio de ellos se establece el orden
jurídico y por ello dichos actos escapan al control jurisdiccional misma, de
manera que, aunque es poder constituyente, “se encuentra instituido por la
Constitución misma, y es por ello derivado y limitado”, así como sujeto a
controles.” A diferencia del poder constituyente originario, el derivado,
secundario o de reforma se refiere a la capacidad que tienen ciertos
órganos del Estado para “modificar una Constitución existente, pero dentro
de los cauces determinados por la Constitución misma”, de donde se
desprende “que se trata de un poder establecido por la Constitución y que
se ejerce bajo las condiciones fijadas por ella
5. La democracia nació como una forma de enfrentarse al absolutismo
político, correspondiendo a un gran avance en el desarrollo del hombre
hacia la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, la democracia obedece en
la actualidad a la imposición de un modo de pensar y organizarse a todos
los pueblos del mundo sin importar su origen, su cultura, su historia y sus
creencias, la democracia la establecen los pueblos poderosos, la mayoría
de veces usando la fuerza y la violencia, ellos intentan demostrar que su
modo de pensar es el correcto, olvidando que todos los hombres son
35
iguales y que por tanto todas las formas de pensar y organizarse son
igualmente validas siempre que conlleven al desarrollo del hombre.
6. La Carta de 1991 le asigna un valor fundamental a la democracia, tanto en
sus aspectos procedimentales como las elecciones, el control de los
mandatarios, los mecanismos de participación, la división de poderes, la
regulación de los partidos políticos, como en sus aspectos sustanciales
que se expresan en los derechos fundamentales y en los fines y
obligaciones del Estado.
7. En la actualidad, la democracia es la forma de igualdad ideal para el
hombre de occidente. La definición del Estado colombiano como
democrático entraña distintas características del régimen político : por un
lado, que los titulares del Poder Público ejercerán esa calidad en virtud de
la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a través de las
elecciones; de otro lado, en lo que ha dado en llamarse democracia
participativa, que los ciudadanos no están limitados en su relación con el
poder político a la concurrencia a elecciones para seleccionar sus
representantes, sino que también pueden controlar la labor que ellos
realizan e intervenir directamente en la toma de decisiones, a través de
mecanismos como los contemplados en el artículo 103 de la Carta; y,
finalmente, y de acuerdo con la reformulación del concepto de democracia,
que la voluntad de las mayorías no puede llegar al extremo de desconocer
los derechos de las minoría ni los derechos fundamentales de los
individuos.
8. La participación concebida dentro del sistema democrático inspira un
nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional del
Estado colombiano. Esto implica la ampliación cuantitativa de
oportunidades reales de participación ciudadana, así como su
recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto político
electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, familiar,
económico y social.
36
9. Si bien es cierto que la Constitución de 1991 abrió un espacio importante a
la democracia participativa, es preciso reconocer que esta forma de
democracia apenas si está asomándose en el umbral del régimen político
colombiano; su consolidación es lenta y difícil, no podemos olvidar que por
más de ciento cincuenta años han imperado prácticas centralistas y
representativas cuya modificación o eliminación requiere esfuerzos y
acciones que van más allá de los cambios constitucionales y legales, ya
que estas prácticas están ligadas a los intereses de las clases que ostentan
el poder político y económico en el país.
10. Actualmente las redes sociales están contribuyendo de modo decisivo a
aumentar las vías de concienciación y participación ciudadana en los
asuntos públicos, la nueva realidad nos demuestra que cada vez se
involucra a más y más ciudadanos conforme se va extendiendo el uso de
las nuevas tecnologías y nuevas herramientas de participación digital en la
sociedad. Estas nuevas redes sociales están contribuyendo a la formación
de una especie de “conciencia colectiva” que trasciende y supera cualquier
individualismo y deja en evidencia cualquier intento de ocultación o
manipulación de información por parte de un individuo o grupo singular.
Ante esta nueva realidad sin lugar a dudas estamos poniendo las primeras
piedras para que podamos hablar de una nueva forma de participación en
lo público que nos lleve a la democracia directa.
37
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