Ponencia de Acción Política

7/31/2019 Ponencia de Accin Poltica

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PONENCIA POLTICA INTRODUCCIN

NOSOTROS LOS CIUDADANOSSUPRIMAMOS LOS PRIVILEGIOSRENACIMIENTO DE LA CIUDAD

APOSTAMOS POR LA SOCIEDAD CIVIL

CONCLUSIONES


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INTRODUCCIN

DESCRIPCIN COYUNTURAL

A pesar del desgaste sufrido, quiz no seamos del todo conscientes de enqu medida han cambiado las cosas en nuestro pas. Oculto tras lasburbujas inmobiliaria, financiera y del gasto, el rostro cruel de la realidadha aparecido en el horizonte espaol con nimo de perpetuarse. No hayun slo parmetro poltico, econmico y social importante que no hayacado en picado en los ltimos aos. El nivel de desempleo, el nmero depersonas bajo el umbral de pobreza, la deuda pblica y privada, la primade riesgo, el dficit pblico, la calidad de nuestra educacin bsica y

superior, la fuga de cerebros y capitales, los niveles de inversin, lapirmide de poblacin, la renta per cpita, los riesgos de secesin departes integrantes de nuestra nacin, los cuantiosos privilegios de la clasedirigente -entre los que se encuentra en muchas ocasiones la impunidad-,la existencia de una confluencia espuria de intereses entre poltica y poderfinanciero, la falta de representacin de la sociedad civil en el Estado, etc.,reflejan todos y entre todos el grado de deterioro interno al que Espaaha llegado. Y, como si de unrevival del horrendo 98 se tratase, nuestroprestigio se ha desvanecido en Europa y en las institucionesinternacionales.

Todo un proyecto colectivo, construido con la ilusin, el tesn, la energa yel dolor de generaciones se est viniendo abajo.

No debemos escudarnos en vanas excusas. Ni los mercados son losculpables, ni el mundo nos ha dado la espalda por casualidad. Jugando conlas palabras de Ortega, quiz Europa sea la solucin, pero lo que est claroes que Espaa es el problema.

A cualquier atento observador de nuestra realidad se le habrn suscitadodiversas dudas. Por una parte, hemos analizado bien el grado desufrimiento que podemos llegar a padecer si no se pone fin a estatendencia?

De la misma forma que un da no muy lejano en el tiempo llegamos a creerque el precio de la vivienda nunca bajara, hoy parecemos instalados en la

creencia de que una sociedad occidental no puede pasar de la abundanciaa la escasez en un breve espacio de tiempo. Por desgracia no es as, los


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ejemplos de Argentina, que en menos de una generacin redujo su rentaper cpita relativa al nivel que haba tenido 110 aos antes, o de Japn,todava convaleciente de una crisis financiera iniciada al finales de losochenta, evidencian que el voluntarismo y el ingenuo confiar en el destino

histrico de un pueblo son hermosos dones de la naturaleza humana perono resultan herramientas adecuadas para solucionar problemas. Sipersistimos en los grandes errores cometidos, como de momentoestamos haciendo, las prximas generaciones sern perdidas y porprimera vez en muchos aos de historia, en Espaa, en nuestro pas, loshijos vivirn peor que los padres.

Cabe hacerse dos preguntas ms. Estamos dotados del realismonecesario y pertrechados del coraje oportuno para afrontar la situacin ytomar las medidas necesarias?

Y, por encima de todo, hemos reflexionado lo suficiente respecto al porqu hemos llegado hasta aqu?

Porque por mucho coraje del que nos insuflsemos, no hay metodologa aaplicar con xito ni ciencia que sostenga con cordura una estrategia si nose hace un diagnstico certero del problema que se pretende solucionar.

La poltica no es diferente del resto de las actividades humanas. En todocaso, es la actividad humana por excelencia, pese al maltrato que el poderdescontrolado le ha venido propinando desde sus remotos orgenes. Y siaspira a cumplir su funcin de servicio a la sociedad, quiz nuestro mayorreto consista en analizar con cientifismo y frialdad la fuente originaria dedonde emanan sus vicios.

CRESPSCULO DEL RGIMEN NACIDO EN LA TRANSICIN

No debemos engaarnos. El origen de nuestros problemas no hay quebuscarlo fuera de nuestras fronteras sino el la propia constitucin delEstado. Si la Nacin espaola est atravesando una de sus peores crisispolticas y econmicas de su historia contempornea, lo es sin duda por elgran fracaso poltico que ha supuesto la Constitucin de 1978, cuyomodelo de organizar el poder y el Estado ha resultado fallido.

Pese a que ninguna Constitucin espaola, ni siquiera la de 1812, ha sido

tan mitificada como la de 1978, en los pactos de la Transicin se fragu unsistema poltico mucho ms interesado que frvolo, consistente en


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secuestrar la libertad poltica al ciudadano, para que ste pudiera votarpero no decidir. Las fuerzas polticas del momento, el franquismo, laizquierda y los nacionalismos pactaron una entente de manera tal que, acosta de los intereses nacionales, se repartieron el poder entre ellos y se

blindaron para siempre. Se lo dividieron con el caf para todos de lasautonomas. Y se blindaron con el parlamentarismo, la dependenciapoltica del Poder Judicial, la falta de representacin de la ley electoralproporcional de listas y una financiacin pblica exclusivamente diseadapara ellos, dando pie a la creacin de una partidocracia que durara tantocomo aguantase en pie la Constitucin. O el propio pas.

Desde siempre, muchos intelectuales han intentado concebir las distintasdisciplinas de estudio como si de una ciencia exacta se tratase. Lo mismopodramos decir de la ciencia poltica; pues segn qu axiomas tienen lainfalibilidad de las matemticas.

Nos encontramos ante, quiz, el ms evidente: una sociedad cuyo sistemapoltico permite y fomenta que su clase dirigente viva al margen delciudadano y que ste carezca del control necesario sobre susrepresentantes, est abocada al fracaso poltico, econmico y social. Puesforma parte consustancial a la condicin humana que los representantespolticos que se saben sin control popular tomen decisiones cuyos efectosnunca querran para s mismos y utilicen los fondos pblicos sin pudor niresponsabilidad, con el nico objetivo de perpetuarse en el poder. Nosaber esto es, sencillamente, no saber nada.

La crisis no ha hecho sino precipitar los acontecimientos que en todo casoestbamos condenados a sufrir. Frente a lo que se dice, comojustificacin, de que los mercados derrotaron a la poltica, hay que oponerla verdad aqu y ahora: fue el Estado de dimensiones elefantisicas con

delirantes costes de sostenimiento quien realmente ha sucumbido a losmercados.

En el cmulo de despropsitos que padece Espaa, originado por losvicios intrnsecos al propio sistema, no cabe diferenciar la izquierda de laderecha. En el camino hacia el abismo, cada uno de los partidosalternantes ha dado un paso ms con el fin de conquistar el poderejecutivo: en el desastre autonmico, (generando redes clientelaresinsostenibles econmicamente y abonando el campo de la secesin) en el

insostenible gasto pblico, en la pesada deuda acumulada, en el desdn


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hacia la falta de productividad real, en la ausencia de creatividad, en elincremento de la mediocridad de los dirigentes

Utilizando el conocido ensayo de Bastiat, a la flamante arquitectura de la

declaracin de derechos y libertades sita en nuestra afamadaConstitucin,lo que se ve, hay que unir lo que no se ve, pero que en elfondo subyace. Es decir, unos vicios ocultos cuya diagnosis estabareservada hasta hace poco al conocimiento de una minora que poco apoco ha ido hacindose ms numerosa. El malestar respecto a la clasepoltica se agranda con cada nuevo escndalo que la salpica, con lo que seve, pero es el resultado de aquello que no se ve, del sistema. La mayorade los espaoles protesta por lo que padece pero todava no alcanza acomprender que los efectos calamitosos de un gobierno no pueden serenmendados por el siguiente en la alternancia, ignorando que ese crculovicioso no puede tener solucin mientras no cambien las normas que logeneran, que provocan el descontrol de los representantes. Sin un cambiodel sistema poltico actual por otro democrtico, los problemas de Espaano podrn ser resueltos. Esto es lo que, desgraciadamente, todava no seve.

DE AQU SE SALE

Sin embargo, aunque debamos complementarlo con las dosis de realismoque la actualidad exige, los ciudadanos espaoles tenemos fundadasrazones para ser optimistas respecto al futuro si nos unimos para trabajarpor l.

Disponemos de los medios necesarios. Libertades civiles para unirnos yexpresarnos, ganas de cambio, creatividad a raudales y cauces polticosporque, aunque cerrados y bloqueados a la sociedad civil, las barreras

establecidas no van a ser suficientes en esta poca posmoderna paraevitar la llegada de la sociedad civil al poder.

Afortunadamente, los ltimos aos no han pasado en balde en algunosaspectos. La sociedad red ha abierto infinitos canales de comunicacinentre los ciudadanos. Hasta hace unos aos, estbamos limitados aconsumir la informacin que se generaba desde un reducido oligopoliomeditico, casi siempre afn al poder poltico, si no dependientedirectamente de l. En poco tiempo, y gracias a Internet, los centros de

produccin de opinin se han multiplicado y los ciudadanos hemos podidocomenzar a leer opinin generada ya en miles de webs y blogs privados,


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hasta llegar a nuestros das en donde somos millones los queparticipamos, con la masificacin de las redes sociales, en la creacin unanueva esfera pblica.

La mirada cortoplacista tan cara a nuestro da a da nos impide contemplarcon perspectiva la inmensidad del salto que la libertad de expresin hadado. La plenitud de las libertades civiles nos han dado la base paraasentar sobre ella la fase final y definitiva: la participacin directa de lasociedad en la composicin y desarrollo del poder poltico. Las nuevasherramientas digitales posibilitan la participacin puntual de la ciudadanacuando lo estime conveniente, sin necesidad de esperar secuestrada a queacabe una legislatura nacional o local en la que ya no se confa. Existenexitosos modelos de mecanismos participativos autnticos y existe latecnologa para implementarlos haciendo la vida mucho ms cmoda alvotante aunque ello implique hacrsela mucho ms incmoda alrepresentante. No esperemos a ser los ltimos; adelantmonos por unavez a un futuro que, por otra parte, va a ser inmediato.

Los espaoles tenemos, todava, la solucin a nuestro alcance. Espaacomo sociedad prosperara adecuadamente con un modelo polticoacorde con la categora de sus ciudadanos. Si dispusisemos de un sistema

de tal suerte que la clase dirigente dependiese directamente de losciudadanos, todos los excesos mencionados no existiran, se erradicara lacorrupcin, el gasto pblico se reducira drsticamente y se dispondra deltiempo y la energa para trabajar en pos del crecimiento real de laeconoma, fomentar nuestra creatividad, e impulsar nuestros enormesactivos de suerte que Espaa podra acceder con voz propia al fructuosocircuito de la globalizacin y no dejara la senda de la prosperidad enmuchas dcadas.

Sin embargo, pensar en esta posibilidad es estril si no exigimos unamodificacin del sistema poltico que se configur en la Transicin, lo queimplica la necesidad de abrir unproceso constituyente para que losciudadanos espaoles, en libertad, nos dotemos de las reglas de juegodemocrticas que nos conviertan en los verdaderos protagonistas yprimeros destinatarios de la accin poltica.

La reforma ha de ser radical, en el sentido de ir a la raz del problema. Novalen las medias tintas, no sirve una modificacin puntual. Hay quecambiar la forma en que el poder se elige, se ejecuta y se controla. Y hayque cambiar el modelo de administracin territorial.


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Pero en este contexto, resulta verdaderamente ingenuo esperar que laclase poltica actual, despus de 35 aos dando la espalda al problema ybeneficindose del sistema que cre, lo regenere a favor de la sociedad

civil. Es absolutamente imprescindible que la energa transformadora surjade la ciudadana.

SCD COMO APUESTA POR UN SISTEMA POR Y PARA LOSCIUDADANOS

Es por este motivo por el que nace Sociedad Civil y Democracia, como laconfirmacin de una apuesta por un sistema diseado por y para losciudadanos. SCD propone en las siguientes pginas todo un programaconstituyente del Estado y lo muestra de acuerdo a sus propios valores yconvicciones.

Pero, por encima de todo, parte de la base de que es el ciudadano lapiedra angular del nuevo orden que se ha de configurar en Espaa. Y esoha de ser as desde el principio, desde la redaccin de una nuevaconstitucin, que ha de ser dictada por los ciudadanos, no por los partidospolticos.

Si SCD dispone del poder suficiente, y tras el oportuno periodo dedeliberacin con las mximas garantas de libertad, convocar eleccionesa una Asamblea constituyente formada por los 350 ciudadanos msvotados entre todos los que se presenten en una nica circunscripcinnacional y pertenezcan o no a un partido poltico. El nico objetivo dedicha Asamblea ser la redaccin de una nueva Constitucin, que una vezredactada, volver a someterse a los ciudadanos a travs de un

referndum.Partiendo de estas premisas, y dando la mxima prioridad poltica a lallegada de dicho momento constituyente, SCD propiciar los pactos yllegar a los acuerdos necesarios con aquellas fuerzas y movimientos quetengan por prioritaria la transformacin de nuestro sistema poltico,independientemente de que, una vez abierto el proceso, sus trayectoriasse separen por sus discrepancias respecto al modelo a disear. Pues ha dequedar claro desde el mismo momento de su gnesis que SCD no nace convocacin de poder sino de transformacin. Su objetivo no es convertirseen una cuota ms en el reparto de las prebendas del siguiente gobierno


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oligrquico sino de destruirlas de tal manera que todo escao sea un fielreflejo de la ciudadana. Al no tener vocacin de poder, su funcin escreadora y por lo tanto su lugar natural no reside en el Poder Ejecutivo -renuncia de antemano a l- sino en el Legislativo. A SCD debe acudir todo

aquel que est dispuesto a transformar legtimamente lo existente, no adisfrutar oportunamente lo presente. La fuerza transformadora de la quetrae causa, no se sustancia en un cmodo puesto en cualquier poderejecutivo. Se sustancia en la lucha pacfica, en la espera activa queacumula la energa creadora necesaria para provocar un proceso detransformacin.


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NOSOTROS LOS CIUDADANOSTRANSFORMACIN DEL RGIMEN DE PODER

DIVISIN RADICAL DE PODERES. EL PRESIDENCIALISMO

Para qu sirven las normas polticas sino para asegurar la libertad de losciudadanos, situarlos en el centro de gravedad poltico y hacer gravitartodas las instituciones a su alrededor?

Desde Montesquieu, no hay democracia sin la separacin en origen de lostres poderes del Estado. La transgresin de este principio produce unrgimen de indefensin total del ciudadano. Pongmoslo negro sobreblanco: en nuestro pas el partido o coalicin ganadora de las eleccioneshace las leyes, las ejecuta y las juzga. La Constitucin del 78 no garantiza laseparacin de poderes. Dos son las razones:

De un lado, el Poder Judicial no es independiente, pues sus rganos msimportantes, incluido el CGPJ, son nombrados por el poder poltico.Conocemos de sobra los efectos de la politizacin de la Justicia. El PoderEjecutivo recurre a ella cada vez que la necesita, generando unaconnivencia tal que es capaz de producir esperpentos como la sentenciadel Estatuto de Catalua. Por otro lado, cuando el poder se sabe impunecomete los mayores abusos. Es absolutamente necesario para la higienedemocrtica de un pas que losjueces sean nombrados por todo el cuerpojudicial incluidos los funcionarios pblicos de la Administracin de Justicay los abogados y procuradores en ejercicio. De la misma forma, elFiscalGeneral del Estad o debe ser nombrado por una mayora del Parlamento yel Ministerio de Justicia como rgano del Poder Ejecutivo ha de ser

suprimido, as como ElTribunal Constitucional debe desaparecer deforma que el recurso de amparo se sustancie ante la Sala de Garantas delTribunal Supremo en la que se tomen las medidas necesarias que eviten supolitizacin. Los conflictos que puedan plantearse entre el Estado y lasentidades territoriales se resolvern por la Sala de Conflictos del TribunalSupremo. Varias medidas adicionales se tornan necesarias:

Se regular el acceso a la carrera judicial. La organizacin interna y la promocin dejueces y magistrados. En particular, de jueces de instancias superiores para

garantizar la absoluta independencia del poder poltico.


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Los jueces y magistrados que accedan a la poltica, no podrn volver a la carrera enel plazo de 5 aos, regresando al escalafn en la situacin en que se encontrabanantes de acceder a la poltica.

El Fiscal General del Estado ser elegido por el Congreso de los Diputados por unamayora cualificada.

Los delitos de prevaricacin cometidos por jueces y fiscales se juzgarn por JuradoPopular y conllevarn penas de privacin de libertad.

Por otro lado, la partidocracia ha hecho del Parlamento un ttere delGobierno que amenaza las libertades ciudadanas. La naturaleza de lalibertad del Poder Ejecutivo debe operar a la inversa que la libertadindividual. sta encuentra sus lmites en lo que la ley prescribe. ElGobierno, para no resultar desptico, slo puede hacer lo que la ley

permite. Si cada vez que el Gobierno necesita una ley que legitime unaactuacin determinada, ste puede mandar al Parlamento que la apruebe,el despotismo estar siempre presente y la corrupcin generalizada. En elparlamentarismo anida la peor corrupcin posible, aunque tambin es lamas difcil de entrever: la connivencia del poder poltico con el financiero,pues resulta tentador para el Ejecutivo hacer leyes que favorecen aaquellos intereses financieros para que ms adelante devuelvan losfavores en trminos personales o de partido. Vemos con demasiadafrecuencia a antiguos miembros del gobierno formar parte de los consejos

de administracin de grandes empresas respecto de cuyos sectores elpusilnime Parlamento ha sido obligado a legislarad-hoc . Si elPresidentedel Gobierno fuese elegido directamente por los ciudadanos,desaparecera esta connivencia y la corrupcin consustancial a ella.

En Espaa hay una razn tan poderosa como la que se acaba de esgrimirpara declarar la necesidad imperiosa de instaurar el presidencialismo. Losvicios que encierra el parlamentarismo se ven incrementados en un pascomo el nuestro con evidentes tentativas secesionistas que amenazan a lasoberana nacional.

A pesar de los graves errores consustanciales al modelo autonmico, si laaritmtica parlamentaria para formar el gobierno de Espaa no se hubiesevisto sometida durante ms de tres dcadas al chantaje polticoestablecido por aquellos mismos que abominan de la idea de Espaa, y siel Poder Judicial hubiese sido independiente y dictado sentencias acordescon la legalidad, hoy no habra dos regiones con pretensiones de declarar

la independencia en un futuro prximo.


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Para Sociedad Civil y Democracia, la Nacin espaola no es un conceptodiscutido o discutible, ni la libertad de los ciudadanos puede ser enajenadaen beneficio de espurios intereses partidistas. La Nacin, la libertad y elterritorio que las define y desarrolla son los elementos axiales de nuestro

pensamiento y del modelo poltico que proponemos.No existe una mayor garanta para la integridad de una nacin que elhecho de que su presidente sea el derivado de la eleccin directa de todala nacin y su accin poltica no dependa mas que de las leyes y no deintereses bastardos.

Por todos estos motivos, SCyD defiende laeleccin directa del PoderEjecutivo en Espaa como elemento axial de su programa poltico,

sistema en el que incluye, por supuesto, la eleccin de los alcaldes.

UNA NUEVA LEY ELECTORAL Y MANDATO IMPERATIVO DEL ELECTOR

Una de las causas por las que ha fracasado el rgimen de la Transicin esel actual rgimen electoral. Las lneas maestras de la vigente ley son lasmismas que regularon las primeras elecciones generales en 1977. La CartaMagna confirm su espritu instituyendo a la provincia como

circunscripcin electoral y blindando el sistema proporcional de listascerradas y bloqueadas. Los partidos que haban obtenido representacin,con la excepcionalidad de UCD, iban a monopolizar la vida poltica de lossiguientes 35 aos. A travs de las barreras de entrada y la financiacinpblica exclusivamente destinada a aquellos partidos con representacinparlamentaria se impidi la entrada a la competencia poltica. El sistemade listas cerradas y bloqueadas iba a hacer depender a los diputados de lascpulas que los nombraban, violando el liberal mandato representativo ytransformando el democrtico mandato imperativo del elector en unoligrquico mandato del partido. La idea de la representacin de lasociedad civil en el Parlamento haba fracasado, permitiendo que seinstalaran en l funcionarios de los partidos blindados y hegemnicos. Lapartidocracia cobr as plena carta de naturaleza en Espaa.

Lo mas lgico de todo este proceso seran las consecuencias. Quinpuede llegar a creer que unos partidos que no representan de ningunamanera a la sociedad civil lleguen a esforzarse trabajando para ella y no


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para su propio beneficio, incrementando su poder o sus prebendas? Siadems, como se ha sealado, los partidos tambin han sido quienes handesignado a los jueces y magistrados encargados de juzgar las posiblesacciones penales de la clase poltica, sera un acto de desconocimientoabsoluto de la condicin humana creer que un mecanismo diseado con elfin de eludir el control y la responsabilidad tenga los mismos efectos en lasociedad que aquellos preocupados por su existencia. Por otra parte, susperniciosos efectos no se han evidenciado slo en que han privilegiado auna clase poltica exclusivista, a travs del sistema proporcional de la reglaD'Hondt de listas cerradas y bloqueadas, sino que se ha potenciadoextraordinariamente a los partidos nacionalistas, haciendo de sus apoyos

parlamentarios la mejor va hacia la insolidaridad interterritorial y elsoberanismo.

Por este motivo SCyD entiende que, si son la financiacin pblica y lasbarreras de entrada las que eliminan la igualdad de oportunidades pararesultar elegido y son las listas cerradas y bloqueadas las que atan aldiputado a su jefe de partido en vez de a su elector, lo ms sensato ydemocrtico ser eliminar los tres elementos que perturban nuestra

libertad poltica, es decir, lafinanciacin pblica , las barreras de entrada ylas circunscripciones que permitan listas de partido, con la excepcin deuna nacional que permita recoger programas y reivindicaciones nomayoritarios pero con apoyo generalizado en toda la nacin.

Se propone una sola Cmara: el Congreso de los Diputados,eliminando elSenado . Segn nuestra propuesta el Congreso estara compuesto porcuatrocientos miembros, que sern elegidos para un mandato de cuatro

aos o hasta el da de la disolucin anticipada del mismo.

Por otro lado, la SCyD entiende la representacin poltica como unapotestad del ciudadano, un mandato que otorga a su representante odelegado para defienda los intereses ciudadanos con los cuales se hacomprometido a travs de un contrato electoral. SCyD no concibe elmandato del elector como un cheque en blanco durante cuatro aos, loconcibe como lo que en realidad es, un poder revocable en todo momentosi se alcanza la mayora para hacerlo.


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SCyD propone instaurar por primera vez en Europa larevocatoria demandato de cualquier cargo electo por un procedimiento muy simple: larecogida de firmas de votantes censados para incoar el procedimientodeber superar el 25% de los votos obtenidos en la circunscripcin por elcargo que se pretender destituir. Una vez conseguido, se proceder a unavotacin en la misma circunscripcin cuyo resultado deber ser superior al50% de los votos posibles. Si se consigue el cargo electo abandonar supuesto y dejar paso a su suplente.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Constituye un principio moral de la sociedad y una obligacin poltica delEstado desarrollar los derechos participativos del ser humano en losasuntos pblicos que le conciernen y que estn reflejados en todas lasdeclaraciones universales y de los derechos fundamentales del individuo.

La participacin no es un derecho natural, se configura como un derechopblico subjetivo y como una herramienta necesaria para garantizar los

derechos naturales, cuya base es la razn universal. Pero se puedeencontrar una justificacin moral que exija su implementacin. Siguiendola estela de la metodologa individualista del atomismo, la participacintoma al individuo como el punto de partida social y poltico, y aunquepermite que sta descanse sobre el principio de la representacin, no dejaque su razn de ser pueda llegar a estar secuestrada por sta. Laparticipacin poltica de la ciudadana es una forma de entender laexistencia colectiva para desarrollar ciertas capacidades del individuo enbeneficio de la sociedad. Su legitimidad reside en la libertad de accin

colectiva. Es elgovernment of the people, by the people, for the peoplede Lincoln, que permite sintetizar en clave posmoderna las dosconcepciones clsica y moderna de la libertad, recogiendo lo mejor decada una, es decir, el tomo individual de la libertad poltica sobre el queestructurar la representacin y el principio participativo espontneo queopere en defecto de la anterior.

La participacin, adems, ofrece un componente educativo esencialporque conlleva asociado como valor intrnseco el sentido de pertenencia

y de raigambre que una sociedad necesita, al mismo tiempo que realizauna rica aportacin de universalismo y accin comunitaria frente a una


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visin individual siempre soberana pero a veces ms obtusa a la hora devislumbrar en el largo plazo los beneficios de la accin poltica.

Es adems, una obligacin poltica de los poderes instituidos de todo

Estado democrtico desarrollar el contenido de las principalesdeclaraciones universales de los derechos fundamentales del ser humanoen relacin con los principios de participacin poltica. La participacin seconfigura como un derecho pblico subjetivo, en virtud, entre otros, delos artculos 21 de La Declaracin Universal de los Derechos Humanos y delos artculos 9 y 23 de la Constitucin espaola del 78, preceptos stos quedisponen de la tutela privilegiada del artculo 53 y que debera obligar a lasinstituciones a instrumentalizar un mecanismo transparente decanalizacin de la participacin ciudadana sin el filtro interesado de larepresentacin.

Dicho mecanismo debe desarrollase a travs de dos vas fundamentales.Recuperando el ideal participativo del legado de la Atenas clsica y delhumanismo republicano, y una vez recuperado, utilizndolo como unamedida auxiliar del concepto de representacin en lo que vendremos allamar la libertad de accin poltica.

Sin representacin, la sociedad civil no puede acceder al Estado si no es atravs de lo que ha venido llamndose la tirana de la mayora. Sinrepresentacin, no hay responsabilidad ni control del poder. Ahora bien, elmodelo representativo atraviesa una verdadera crisis de legitimidad,debido a que, por una parte, no se han aplicado bien sus principios, y porotra, a que se ha hecho necesaria, tras muchas dcadas de estancamiento,una evolucin que, aunque fije su mirada en el futuro, sea capaz derecuperar algunos valiosos tesoros del pasado que han sido enterrados enel olvido.

La poltica del siglo XXI debe rescatar el ideal participativo clsico paraaplicarlo al presente. E incorporarlo en la clave vanguardista que losnuevos tiempos requieren.

Hasta ahora, la libertad participativa no ha encontrado su cauce naturalcomo complemento de la representacin. No hay un solo sistema polticoque haya llevado hasta el final los principios de la democracia participativa.Ha llegado el momento.


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La simbiosis entre la representacin y la participacin es sencilla deentender. La representacin basa su legitimidad en el consentimiento dela sociedad que se implementa a travs de la participacin. Cuando lasociedad deja de consentir la representacin poltica cede el mando a la

participacin ciudadana que lo administrar como considere oportuno, yasea convocando nuevas elecciones, ya sea revocando cargos, ya seaanulando leyes vigentes o promoviendo una nueva legislacin. La teorade la activacin espontnea del principio participativo de la sociedadjustifica el cese de la representacin en la medida en que sta sefundamenta en el consentimiento. Cuestin que la sociedad civil debereivindicar al Estado.

As, si los representantes son plenamente conscientes de que dependendel consentimiento de la sociedad, es lgico que, preocupndose por ellosmismos, trabajen para ella.

Consiste tambin en una libertad que el ciudadano ha de poder desarrollary articular cuando lo estime oportuno y bajo determinadas condicionesdialgicas, sabiendo que si desea ocupar coyunturalmente la posicin desus representantes, puede hacerlo. Significa que todo ciudadano tieneigualdad de oportunidades para llevar al orden del da de las decisiones

colectivas los problemas que para l son importantes, tal y como nosense el concepto clsico de isegora . Implica que cada uno tieneigualdad de oportunidades para ver atendidos sus puntos de vista en losresultados de las decisiones colectivas.

Es lgico, por tanto, que los derechos participativos de la ciudadana nopuedan depender, en ningn caso, de la voluntad de los representantes aquienes pretenden sustituir puntualmente. Las reglas de juego polticasdeben estipularse de tal modo que los ciudadanos puedan canalizar

unilateralmente su libertad de accin cuando la mayora as lo considere.En este punto se hace imprescindible ser taxativos, pues la ciudadana nopuede establecer concesiones a la representacin sin renunciar a sulibertad poltica.

En la legislacin espaola, la participacin y la deliberacin brillan por suausencia. La Constitucin del 78 se encarg de limitar al mximo suexpresin, camuflando bajo el disfraz de los referndums y la iniciativalegislativa popular la flagrante limitacin que estaba propinando a sus


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ciudadanos concediendo todo el poder y protagonismo a los partidos quela redactaron.

Con el objeto de complementar el modelo representativo, de contribuir a

paliar su crisis de legitimidad y de dotar a nuestro sistema poltico de loscanales de participacin ciudadana acordes con la era de la sociedad red,SCD considera necesario implementar las siguientes herramientasparticipativas implementadas por las tcnicas digitales existentes:

e-VotoEl voto electrnico se considerar perfectamente vlido. Todo ciudadanotendr derecho a emitir su voto por medios electrnicos, va Internet. Unaley orgnica regular las cuestiones tcnicas que deben cumplirse.

El e-ReferndumDebe tener siempre carcter vinculante pues no es concebible que elresultado de la expresin de la ciudadana no tenga fuerza legal, salvo queno haya superado un qurum mnimo de participacin. Por puracoherencia con las convicciones democrticas, no existir ningn mbitoexcluido de la posibilidad de ser sometido, incluido el propio ordenconstitucional, es decir, que el referndum podr tener carcter

constituyente.La e-Iniciativa legislativa popularEs la herramienta participativa por excelencia. Hace frente a la pasividad oa la negativa de los representantes a la hora de redactar y aprobar una leyque la ciudadana considera necesaria. Podr ser promovida por cualquiergrupo de ciudadanos residentes en la jurisdiccin donde tendra eficaciajurdica la accin poltica, si se aprobase, pudiendo ser ste local,comarcal, autonmico o nacional.

El contenido literal del proyecto legislativo, sujeto a la aprobacin inicialde un porcentaje mnimo de las firmas ciudadanas, no podr modificarseparcial o totalmente durante todo el proceso, salvo que el propio texto dela norma as lo indicase, siendo ste simple o formulado. Superado estaprimera fase, el proyecto legislativo se sometera a e-referndum.

El papel del gobierno local, autonmico o nacional quedara as limitado agarantizar la transparencia y la imparcialidad de la consulta y a asegurarlos medios tcnicos suficientes para establecer los mtodos deliberativos


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previos a toda convocatoria electoral online que ms adelante sedefinirn. En todo caso prestar especial atencin al modo en que serealiza la consulta. El poder legislativo no intervendr en ningn momentodel proceso.

La e-Revocacin de cargos (revocatoria de mandato)Es la plasmacin real de la eficacia del mandato imperativo de loselectores. La cuestin de cmo controlar al representante mientras ejercesu funcin es la verdadera clave para conocer lo que puede dar de s desdeel punto de vista democrtico un sistema electoral.

La accin podr ser promovida por cualquier grupo de ciudadanosresidentes en el mbito electoral donde se vaya a iniciar la revocatoria delcargo electo, pudiendo ser ste local, comarcal, autonmico o nacional.

La e-Disolucin popular de las cmaras legislativas o del gobiernoSupone la continuacin de la revocatoria de cargo electo y otramanifestacin tanto del mandato imperativo de los votantes como de sulibertad de accin poltica ordinaria.

El trmite es similar al de la revocatoria. Podr ser promovido por

cualquier grupo de ciudadanos residentes en la jurisdiccin donde vaya atener eficacia la e-disolucin, pudiendo ser ste local, comarcal,autonmico o nacional.

La iniciativa deber obtener el apoyo de un elevado nmero de firmaselectrnicas para proceder a su tramitacin.

El e-Control

Se articulara de la siguiente manera:

1) Demanda de Rendicin de Cuentas

Permite al ciudadano interpelar a sus representantes al respecto de laejecucin de los presupuestos y el uso de los recursos propios. Los sujetospasivos suelen ser aquellos sobre quienes recae tambin la posibilidad deser revocados de su cargo, es decir, alcaldes, concejales, etc. Un nmerodeterminado de firmas, as como un pliego interpelatorio son necesarios

para abrir el procedimiento.


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punto de vista econmico. No hay sociedad que pueda soportar una cargatal sin incurrir, como le ocurre a Espaa, en un dficit presupuestariodesaforado y a la larga en una situacin de ruina nacional.

A este cncer institucional ha contribuido extraordinariamente el EstadoAutonmico con sus 17 mini estados creados a imagen y semejanza delcentral, reproduciendo todos y cada uno de los vicios partidocrticosdescritos.

SCD propone la eliminacin de todas y cada una de las prebendas,aplicando la retroactividad cuando sea posible, de manera que un cargopblico no cuente con distinciones de ningn tipo respecto al resto de losciudadanos. E incluye en esta misma situacin a los sindicatos y patronal.

A tal fin,se propone :

1) Eliminacin progresiva hasta su supresin de la financiacin de los partidospolticos, sindicatos, asociaciones empresariales y todo tipo de fundacionesvinculadas a los mismos. En todo caso, con la obligacin de unos y otros desometerse de forma permanente a la auditora del Tribunal de Cuentas.

2) Se configurar el estatuto de los cargos pblicos, para suprimir losinnecesarios y regular sus remuneraciones, medios materiales y lmites degastos.

3) Fin del estatuto privilegiado y protegido de la clase poltica y limitacintemporal de los cargos pblicos.

4) Desaparicin o limitacin de aquellos rganos intiles o excesivos para losciudadanos con el fin de evitar los gastos que implica su mantenimiento.Establecimiento taxativo del concepto de Administracin nica.

5) Eliminacin de todas las subvenciones, incluidas a las TVs y a empresaspblicas, con excepciones motivadas

6) Los ciudadanos podrn acceder y conocer sin restriccin toda la informacinrelativa a la actividad econmica y financiera, con capacidad para el controlde ingresos y gastos del Gobierno, Administraciones Pblicas, EntidadesLocales y Regionales y dems organismos y fundaciones, cualesquiera quesea su naturaleza, y que perciban recursos pblicos.

7) Creacin de un cuerpo nico de interventores para todo el territorio, conauditora pblica al menos cada tres aos.

8) Se instituye la comparecencia ante el Congreso de los Diputados de loscandidatos a los rganos e instituciones del Estado, para proceder a unexamen de idoneidad, profesionalidad e independencia.

9) Responsabilidad civil y/o penal para las personas que gestionenirresponsablemente o irregularmente recursos pblicos.


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10) Accin ciudadana efectiva para evitar injerencias de la clase poltica en losmedios de comunicacin, con eliminacin de las subvenciones a televisionesde mbito territorial inferior al Estado

EL RENACIMIENTO DE LA CIUDADVIVAMOS EL SIGLO XXI

Muchos ciudadanos no acaban de comprenden qu ocurre con lasrelaciones entre Estado y CCAA. Saben que stas cada da tienen mscompetencias y saben del despilfarro y del indecoroso dficit en que seencuentran sumidas. Esta situacin, verdaderamente inasumible para los

ciudadanos e inaceptable por los mercados exteriores, ha puesto al pas alborde de la bancarrota y ante la necesidad de ser intervenida por la UE.

Todo ello responde claramente a una causa. El Ttulo VIII de laConstitucin Espaola no fue deliberadamente cerrado por losconstituyentes, dejando abierto un proceso estatuyente permanente enel que cada uno de los territorios autnomos en el que se albergaban losmismos vicios de la partidocracia nacional (misma ley electoral y

financiacin pblica de los partidos sin mecanismos de control poltico yjudicial) que ha reproducido, lgicamente, los mismos efectos dedespilfarro, prebendas y redes clientelares nacionales.

La actual configuracin territorial del Estado y la ocupacin por lospartidos polticos dominantes de todas las esferas de poder ha originadoque la Administracin pblica se multiplique por cinco en algo ms detreinta aos (de 700.000 empleados pblicos en 1978 a 3.500.000 en 2012)

en una poca en la que las nuevas tecnologas han reducido laAdministracin de la mayora de los pases avanzados. La mitad de stos,como acabamos de puntualizar, son eventuales o cargos de confianza dedudosa preparacin y competencia profesional.

La transcendencia de la transformacin territorial y administrativa delEstado es de tal importancia que SCD entiende que sta ha de jugar unpapel fundamental en elproceso constituyente propuesto. Ha de ser toda

la nacin espaola, tras un adecuado periodo de reflexin y debate, la quedecida la forma y el contenido del nuevo modelo, constituyendo este


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axioma la primera prioridad y de nuevocircunscribir su accin poltica aestablecer los pactos necesarios para que se pueda finalmente dar lapalabra a la sociedad civil y el poder de decisin a los ciudadanos.

Dicho lo cual, en el desarrollo de la configuracin de la opinin pblicaante un proceso constituyente o, en el menor de los casos, unreferndum sobre el modelo territorial espaol , tal es la confianza de SCDen la descentralizacin del Estado que defender que sta se produzca deforma autntica, proponiendo adaptarla a la realidad actual y a las nuevasformas que nos va a deparar el siglo XXI.

Vivimos en un mundo deciudades . En ellas se encuentra la forma de vida y

de expresin cvica por antonomasia. La ciudad, vnculo inmediato entre elciudadano y el Estado, refleja como ningn otro agente la realidad social ypone rostro a la accin creadora o destructora del hombre de la manerams directa.

Por otra parte, en ella se concitan las caractersticas, necesidades yposibilidades de esta nueva era: la sostenibilidad econmica, energtica ymedioambiental, la fusin racial y cultural, los valores de la solidaridad y la

justicia social, la participacin ciudadana. Y es en lasmart city en donde elconcepto de territorio inteligente cobra plena carta de naturaleza.

En nuestro pas, la ciudad est infravalorada, es deficitaria encompetencias y en importancia. De acuerdo al rol que el siglo XXI le hadesignado, la ciudad espaola debe incrementar su papel en la poltica,asumiendo nuevas funciones y una mayor responsabilidad. Y para supropio desarrollo y optimizacin, la ciudad necesita dimensiones ptimas

y polticas de coordinacin de servicios e infraestructuras con las quelograr economas de escala.

SCD no es ajena a la realidad micro municipal espaola, es consciente de lanecesidad de fusionar municipios con el fin de acercar, a travs de laoptimizacin de los recursos, la Administracin al ciudadano. Pero entrelas convicciones de SCD hay una que sobresale: laciudad debe concentrar todas las competencias que sea posible delegar desde el Estado central y

coordinarlas a travs de los entes territoriales intermedios (Diputacionesprovinciales, Comunidades Autnomas, etc.) .


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Bajo este nuevo modelo administrativo:

Son competencias exclusivas e indelegables delEstado las siguientes:

1.-Nacionalidad, inmigracin, emigracin, extranjera y derecho de asilo.

2.-Relaciones internacionales.

3.-Defensa y Fuerzas Armadas.

4.- Administracin de justicia.

5.-Educacin. Obtencin y homologacin de ttulos acadmicos y profesionales.

6.- Sanidad y Rgimen General de la Seguridad Social.

7.-Legislacin civil, mercantil, laboral, procesal, penal y penitenciaria. Lalegislacin civil y procesal, sin perjuicio de las especialidades que se deriven de losderechos civiles, forales o especiales, all donde existan.

8.- Rgimen tributario, monetario, aduanero y arancelario.

9.-Comunicaciones, ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por elterritorio de ms de una provincia.

Con carcter residual , losmunicipios titulizarn el resto de competencias y las Comunidades Autnomas o Diputaciones Provinciales actuarn deorganismos coordinadores de aquellas funciones cuyo desarrollosobrepase el mbito municipal o metropolitano.

Para la optimizacin de la configuracin territorial del Estado se deberealizar la imprescindible concentracin por agrupacin omancomunidades de los ayuntamientos existentes en Espaa queascienden a ms de 8.000. Con carcter general, elnmero mnimo dehabitantes censados en un municipio para permanecer inalterado por elproceso de fusin ser de 15,000 y se fomentar el conceptometropolitano de la Administracin. Para todos los municipios, ser deobligado cumplimiento laAgenda21 Local.


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SCD cree fundamental que por un elemental sentido de justicia, seairrenunciable la igualdad de derechos y obligaciones en todos losterritorios. Independientemente de la regin en la que residan losciudadanos de Espaa, stos deben tener los mismos derechos yobligaciones, as como la misma fiscalidad.

UNA EUROPA DE LOS CIUDADANOSNO DE LOS BURCRATAS

La vocacin descentralizadora y municipalista de SCD se compatibiliza consu conciencia europesta. Ahora bien, la Europa que vivimos no es laEuropa que SCD considera adecuada. El deseo de situar a la sociedad civilespaola en el centro de atencin de toda accin poltica se proyectahacia el ciudadano europeo con naturalidad.

Desde el inicio, el proyecto de Europa ha sido un sueo construido sobrela paz, la libertad civil, la reconciliacin y la cooperacin, pero su desarrolloha partido de una premisa infundada: la creencia tecnocrtica de que launificacin de los mercados nacionales conciliara el sentir europeodisgregado histricamente en las distintas naciones. Las guerras de Irak yKosovo son dos claros ejemplos.

La crisis actual ha evidenciado no slo la falta de conciencia unitariaeuropea, sino que ha entreabierto la secular brecha existente entre laEuropa del Norte y del Sur. Se crey que el viciado proceso de

construccin europea contribuira a reducirla. Es obvio que no. Losdistintos calendarios de industrializacin, modernizacin y conquista de lademocracia de los pases del norte y del sur, unidos a factores de carctercultural y, muy especialmente, a rgidas conciencias nacionales, ha dehacernos conscientes de que la brecha no se cerrar por el merotranscurso del tiempo.

Quiz los gobiernos nrdicos acaben asumiendo la solidaridad como uno

de los valores en los que se inspira y sin cuya existencia no tiene sentido el


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proyecto comn europeo, ya sea en forma de fondos de cohesin, comose hizo antao, ya sea en forma de mutualizacin de la deuda soberana.

Y quiz tambin el Sur termine asumiendo como propios los valores y

principios que parece haber dejado atrs. La transferencia de fondos y/ode garantas del Norte habra de establecerse, necesariamente, sobre labase de la confianza en que el Sur responder al compromiso y laresponsabilidad de atajar su dficit pblico.

Pero el proyecto que Europa precisa para reafirmarse ante el mundo ydesde el que afrontar los enormes desafos del siglo XXI, necesita contarcon la formacin de una conciencia y de un ideal genuinamente europeos.

La democracia poltica es la nica capaz de jugar, progresivamente, esepapel unificador, integrando las culturas nacionales mientras preserva sudiversidad.

Hoy seguimos persistiendo en el error, al pretender sustituirla, de nuevo,por la adicin de la unin fiscal y financiera a la existente de los mercados,cuando resulta patente que ha sido la ausencia de democracia en suentramado institucional la que no ha hecho posible el ideal poltico

europeo.Buena parte de los vicios nacionales se reproducen en las instituciones dela Unin. Sin laeleccin directa por los ciudadanos europeos del PoderEjecutivo de la Unin y sin representacin de la sociedad nisoberana enel Parlamento , la separacin entre la poltica europea y el ciudadanoseguir aumentando, las luchas fratricidas entre pases continuarnmonopolizando la agenda y el ideal y la conciencia europeos debern

esperar mejores tiempos.

APOSTAMOS POR LA SOCIEDAD CIVIL

DESARROLLO DE NUESTROS CLUSTERS

Todas las medidas propuestas hasta ahora han de servir parademocratizar el poder pblico y reducir su tamao. Pero tambincontribuirn a devolver el protagonismo a la sociedad civil y fomentar


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todo el potencial que hoy se encuentra oprimido por la presin de esteEstado ineficaz.

Una vez aplicadas las medidas y resuelto el problema de lo pblico, llega la

hora de crear las condiciones para fomentar el desarrollo de la sociedadcivil. En SCD proponemos:

- Articular medidas para fomentar la sociedad del mrito y el esfuerzo- Considerar a la Educacin como cimiento del progreso- Se proceder a revisar el actual sistema pblico de enseanza en

todos los niveles educativos, que se basar en el merito y los valoresdel humanismo. El Estado asumir las competencias bsicas enmateria educativa en todos los niveles. En el mbito de la educacinsuperior es necesario fusionar campus, y otras medidas para unamayor eficiencia.

- Impulsar la creatividad tan cara a la idiosincrasia espaola- Desarrollar la sostenibilidad energtica y medioambiental como las

claves de la economa futura- Exigir la implantacin de las energas renovables no subvencionadas- Apostar por laSmart City como paradigma de la ciudad del futuro- Implantar la Agenda21 local- Desarrollar una ambiciosa Estrategia Turstica Nacional transversal- Desarrollar los numerosos clusters espaoles, instituirlos como

factores diferenciales de nuestra cultura y economa y presentarlosen el circuito global

Para poder concentrar la energa e invertir en estos valores seguros queconcita la sociedad civil espaola, es necesario que en nuestra economavuelva a fluir el dinero. Para ello hay disear un sistema financiero al

servicio del emprendedor, la PYME y el ahorrador. SCD propone:

MEDIDAS ECONMICAS A CORTO PLAZO

- Modificacin del sistema financiero para restablecer la funcinsocial del crdito y la financiacin de la economa real.

- Se revisar el sistema de pensiones para garantizar unaretribuciones dignas al mximo posible para todos los ciudadanosespaoles.


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MEDIDAS ECONMICAS A LARGO PLAZO

Con el nimo de que la burbuja financiera no pueda volver a repetirse, SCDpropondr estudiar:

- Los presupuestos del Estado en su conjunto, tendern a dficit 0.Esto es, equilibrio entre ingresos y gastos, salvo circunstanciasexcepcionales, donde no podr superar el 0,5%

- El establecimiento del coeficiente de caja = 100%- Excepcin hecha con consentimiento del impositor y a pesar de

todo limitada por ley a un coef. de caja = 50%-70%- Estipulacin de un Patrn oro o similar con lo que poder comparar la

masa monetaria circulante con la riqueza real

CONCLUSIONES

SCD, Sociedad Civil y Democracia, apuesta por la apertura de un procesopara elaborar una nueva Constitucin que otorgue el protagonismo alciudadano. En esto concentrar todas sus energas y ser lo que

determine su accin poltica. Una vez abierto el proceso, SCD defenderuna serie de medidas ante la soberana ciudadana, de las cuales las msimportantes son:

En el modelo que propone Sociedad Civil y Democracia, SCD, la revisinconstitucional requerir la aprobacin por mayora de 2/3 del Congreso de losDiputados y quedar sometida a referndum del pueblo espaol para suaprobacin, con una participacin de, al menos, el 50% del censo nacional.

Se someter a referndum del pueblo espaol la forma y la configuracin territorialdel Estado.

Ese modelo territorial que se someter a referndum establecer una lista decompetencias exclusivas e indelegables del Estado.

Defensa de la Nacin espaola, de sus instituciones y sus smbolos. El pleno ejercicio de los espaoles de la soberana nacional. Entre otras medidas se

establecer un autntico sistema de reconocimiento de la iniciativa legislativapopular, as como la utilizacin de las herramientas digitales actualmentedisponibles, que permita a la Sociedad Civil participar en los asuntos de interspblico.

Desarrollo de las "ciudades inteligentes" e implementacin de la Agenda 21 local

El derecho de los ciudadanos a exigir el uso del idioma castellano en cualquier partede la Nacin espaola, con respeto y proteccin a las lenguas cooficiales.


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La eleccin directa del Presidente del Gobierno y de los Alcaldes. Una nueva ley electoral con posibilidad de revocacin de cargos por parte de los

electores durante toda a legislatura. Eliminacin progresiva hasta su supresin de la financiacin de los partidos polticos,

sindicatos, asociaciones empresariales y todo tipo de fundaciones vinculadas a susfines. En todo caso, con la obligacin de unos y otros de someterse de formapermanente a la auditora del Tribunal de Cuentas.

La eleccin de jueces y magistrados para formar parte del Consejo General del PoderJudicial y del Tribunal Supremo se realizar nicamente entre el cuerpo judicial, nointerviniendo en ningn momento el Parlamento.

Desaparicin del Ministerio de Justicia. El CGPJ asumir sus competencias. Desaparicin del Tribunal Constitucional de forma que el recurso de amparo se

sustancie ante la Sala de Garantas del Tribunal Supremo en la que se tomen lasmedidas necesarias que eviten su politizacin. Los conflictos que puedan plantearse

entre el Estado y las entidades territoriales se resolvern por la Sala de Conflictosdel Tribunal Supremo. Supresin del Senado. Las Cortes Generales pasarn a tener una sola Cmara:

Congreso de los Diputados. Desaparicin o limitacin de aquellos rganos intiles o excesivos para los

ciudadanos con el fin de evitar los gastos que implica su mantenimiento. Apuesta por una Europa de los ciudadanos y no de los gobiernos y mercados Los ciudadanos podrn acceder y conocer sin restriccin toda la informacin relativa

a la actividad econmica y financiera, con capacidad para el control de ingresos ygastos del Gobierno, Administraciones Pblicas, Entidades Locales y Regionales ydems organismos y fundaciones, cualesquiera que sea su naturaleza, y queperciban recursos pblicos.

Creacin de un cuerpo nico de interventores para todo el territorio, con auditorapblica al menos cada tres aos.

Se instituye la comparecencia ante el Congreso de los Diputados de los candidatos alos rganos e instituciones del Estado, para proceder a un examen de idoneidad,profesionalidad e independencia.

Se configurar el estatuto de los cargos pblicos, para suprimir los que seaninnecesarios, para regular sus remuneraciones, medios materiales y lmites degastos.

Fin del estatuto privilegiado y protegido de la clase poltica y limitacin temporal delos cargos pblicos.

Responsabilidad civil y/o penal para las personas que gestionen irresponsablementeo irregularmente recursos pblicos.

Accin ciudadana efectiva para evitar injerencias de la clase poltica en los medios decomunicacin, con eliminacin de las subvenciones a televisiones de mbitoterritorial inferior al Estado

Modificacin del sistema financiero para restablecer la funcin social del crdito y lafinanciacin de la economa real.


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Se regular el acceso a la carrera judicial. La organizacin interna y la promocin dejueces y magistrados. En particular, de jueces de instancias superiores paragarantizar la absoluta independencia del poder poltico.

Los jueces y magistrados que accedan a la poltica, no podrn volver a la carrera enel plazo de 5 aos, regresando al escalafn en la situacin en que se encontrabanantes de acceder a la poltica.

El Fiscal General del Estado ser elegido por el Congreso de los Diputados por unamayora cualificada.

Los delitos de prevaricacin cometidos por jueces y fiscales se juzgarn por JuradoPopular y conllevarn penas de privacin de libertad.

Se revisar el sistema de pensiones para garantizar una retribuciones dignas almximo posible para todos los ciudadanos espaoles.

Se proceder a revisar el actual sistema pblico de enseanza en todos los niveleseducativos, que se basar en el merito y los valores del humanismo. El Estado

asumir las competencias bsicas en materia educativa en todos los niveles. En elmbito de la educacin superior es necesario fusionar campus, y otras medidas parauna mayor eficiencia.

Incremento del presupuesto de I+D+I y fomento de losclusters espaoles Los presupuestos del Estado en su conjunto, tendern a dficit 0. Esto es, equilibrio

entre ingresos y gastos, salvo circunstancias excepcionales, donde no podr superarel 0,5%

Ponencia de Acción Política

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