Política exterior: de la cuarta a la quintaJosé V. Rangel - www.aporrea.org27/09/10 - www.aporrea.org/actualidad/a108779.html1 La diferencia entre la política exterior de la cuarta república -o del puntofijismo- y la de la quinta república -el proceso bolivariano- está en el control soberano que ejerce el Estado. En el pasado, el Estado venezolano perdió, o delegó, su capacidad de conducción. La política exterior, salvo en pocas ocasiones, no se hacía en Miraflores: se hacía en la Casa Blanca. Era una política digitalizada desde el norte. Intervenida. Mediatizada. Que siempre respondió a los intereses de Washington. Por eso su mediocridad. Carecía de aliento creador y de rasgos soberanos. Me correspondió el honor de ser el primer canciller designado por Hugo Chávez al posesionarse como presidente constitucional en 1999, y las instrucciones que recibí de su parte fueron categóricas: política plenamente soberana y rechazo a cualquier tipo de presiones internas o externas. Esa línea ha estado presente en todas las decisiones que en materia de política internacional adoptó Venezuela a partir de entonces. Política basada en el pluralismo, en el desbloqueo de las relaciones con la comunidad mundial; en una apertura audaz y, al mismo tiempo, orientada a consolidar alianzas y acuerdos beneficiosos para el país y a conformar bloques que respondan a las nuevas realidades regionales.2 Bien equivocados andan aquellos analistas -o voceros de la política exterior cuartarepublicana- cuando descalifican el proceso bolivariano por trabajar, según ellos, con un diseño improvisado, desconectado de la realidad que, supuestamente, aísla al país. Ante todo conviene señalar que nunca Venezuela estuvo más relacionada con el mundo que ahora. Su política exterior no se funda en la anacrónica visión bipolar que durante décadas dominó el horizonte. La cancillería bolivariana amplió con audacia el universo de sus relaciones. Al mismo tiempo, durante los últimos 11 años ha sido factor determinante en la consolidación y desarrollo de una firme política de integración en la región. De impulso a Mercosur, a Unasur, a la conformación de la Alba, y de una espectacular apertura hacia Europa, Asia y África.3 La política exterior de la quinta república supo combinar una fuerte dosis de internacionalismo con el hecho nacional. Fue capaz de conciliar integración con soberanía. Armonizar el factor ideológico con el pragmatismo. Evaluar estos datos, o mejor dicho, estos logros, generalmente despreciados por quienes posan de expertos en la materia, constituye tarea fundamental a la hora de hacer balances y de aportar información sobre el proceso que, en medio de dificultades y absurdas negaciones, se erige en referencia insoslayable.

4 ¿Acaso era posible sobrevivir a las presiones y ataques, abiertos o solapados, de una potencia implacable como Estados Unidos sin una política exterior soberana, dirigida desde Miraflores? ¡Imposible! Fue el dominio eficaz, y ante todo soberano de esa política, lo que permitió enfrentar las agresiones y fortalecer el sentido de patria en el venezolano. La aventura desestabilizadora del imperio contra Venezuela, que llegó al extremo de fraguar -junto a la oposición desnacionalizada- el golpe del 11 de abril y el brutal sabotaje de la industria petrolera durante los años 2002-2003, chocó con el muro de una política exterior que no flaqueó y que, por el contrario, se mantuvo a la ofensiva. Pero esa política siempre distinguió lo que es el pueblo norteamericano, acogotado por los problemas creados por el capitalismo salvaje, y lo que son los gobiernos y la dirigencia bipartidista de esa nación. Política sin prejuicios y con elevado sentido pedagógico que sirvió, incluso, para introducir contradicciones en el bloque de poder norteamericano.5 ¿Cuántos pronósticos sombríos no se hicieron sobre la imposibilidad de conciliar las definiciones ideológicas y principistas en política exterior con la realidad? ¿Cuántas veces no se especuló con el aislamiento de Venezuela? Pues bien, sucedió todo lo contrario. Venezuela alcanzó en la región un liderazgo que nunca tuvo y mundialmente anudó estrechos lazos económicos, comerciales, culturales y políticos con naciones como Rusia, China, India, Japón, países europeos y africanos; diversificó el destino de su petróleo y suscribió acuerdos que garantizan no sólo intercambio seguro sino la transferencia de tecnología. En Latinoamérica es emblemática la relación con Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba. Respecto a países con los que hay diferencias por el signo ideológico de sus gobiernos, como es Chile, para sorpresa de los pájaros de mal agüero impera un clima distendido y de colaboración.

6 Hay dos casos reveladores de la importancia de esa dosis de pragmatismo que caracteriza a la política exterior bolivariana. Uno es Colombia: la relación que el ex presidente Álvaro Uribe destruyó con sus desplantes y provocaciones. Los enemigos del proceso apostaron a la ruptura total, incluso a la guerra, con el cálculo de que la sucesión de Juan Manuel Santos fortalecía esa opción. Mas en la elaboración de su presagio no contaron con la proverbial audacia de Chávez y su capacidad para reaccionar políticamente. Éste, a una simple señal de Santos en su discurso de toma de posesión del 7 de agosto, respondió de inmediato planteando una reunión de ambos jefes de Estado, realizada 48 horas después en el emblemático escenario de Santa Marta. El encuentro, producto del realismo de ambos gobernantes, acabó con el problema, reorientó la relación y dejó sin política a los que apostaban por la profundización del conflicto. El otro caso es Israel. La repudiable actitud del gobierno israelita hacia al pueblo palestino y el ataque brutal a una flotilla de ayuda humanitaria, determinó la ruptura diplomática y la especulación sobre una presunta posición antijudía del presidente Chávez. Pero como Chávez no es antisemita, y sólo cuestiona las actuaciones del Estado de Israel, y en Venezuela existe una importante comunidad hebrea, aceptó dialogar con la representación de ésta, la Caiv, en Miraflores, en un clima de cordialidad. Esta iniciativa bajó la tensión existente, y le abre el camino a un nuevo tipo de relación basado en el respeto mutuo y plenas garantías para la comunidad en Venezuela. En síntesis un logro para Venezuela, que sólo aquellos que en el pasado fueron incapaces de dotar al país de una política exterior soberana ahora se empeñan en negar.LABERINTOPara el momento en que los lectores tengan en sus manos este diario -hoy lunes 27-, ya se conocerán los resultados de los comicios de ayer domingo. Obviamente, debido a la entrega con anticipación de esta columna, no puedo comentarlos. Lo haré el próximo lunes a fondo…Por ahora, lo único que puedo decir es que aspiro a que todo se haya desarrollado con normalidad, que el resultado sea respetado por todos y que la vida democrática del país siga su curso…Recomiendo: "¿Qué hacer con los Medios?" de Jaime Carrillo y "El Procónsul Rómulo Betancourt (Memorias de la degeneración de un país)" de José Sant Roz. Libros para entender lo que pasa en el país.jvrangelv@yahoo.es.

CUARTA REPÚBLICA DE VENEZUELALa Cuarta República de Venezuela es un término acuñado por el entonces candidato presidencial Hugo Chávez durante la campaña electoral de 1998, para diferenciar su propuesta política (llamada ad hoc "Quinta República") y para referirse de manera peyorativa a la llamada era de la Democracia representativa (surgida a partir del "Pacto de Punto Fijo") que vivió el país entre los años 1958 y 1998, durante la cual hubo, entre otras cosas, serias denuncias contra funcionarios públicos por casos de corrupción y abuso de poder, además de severas críticas contra el sistema bipartidista existente. A partir de 1999 con la aprobación en referendum de una nueva constitución que reformaba el sistema politico y cambiaba el nombre de País a República Bolivariana de Venezuela, la idea de que la cuarta republica terminó en 1999 se hizo ampliamente extensiva en la opinión pública y los medios de comunicación, incluso entre los adversarios de Chávez, que usan el término en sus criticas contra el gobierno.HistoriaLa Cuarta República de Venezuela se inicia en el año 1830 después de las presiones ejercidas por el movimiento de La Cosiata, cuando Venezuela se desincorpora de la Gran Colombia y pasa a ser una República independiente.Para algunos historiadores, la historia republicana de Venezuela puede dividirse en cinco grandes períodos conocidos como "Repúblicas". La Cuarta República surgió en 1830, después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia y se extendió hasta 1999 cuando fue aprobada en referéndum popular la nueva Constitución de Venezuela. Para algunos, especialmente, para Hugo Chávez, actual Presidente de ese país, en ese momento nació la Quinta República venezolana. Incluso, el principal partido con el cual se postuló para la presidencia se llamaba Movimiento Quinta República (MVR).Algunos historiadores no están de acuerdo con esta subdivisión y proponen otras alternativas. Se ha visto casos de algunos que hablan hasta de doce repúblicas. Otros de sólo tres. En todo caso, es una subdivisión si se quiere

caprichosa. Muchos concuerdan en que han habido cuatro grandes etapas en la historia republicana de Venezuela: Primera: Independencia. Segunda: Unión con la Gran Colombia. Tercera: Período desde 1830 hasta 1858 (cuando estalla la Guerra Federal). Cuarta: Desde 1858 hasta nuestros días.Véase también

Para la primera, segunda y tercera república venezolana, ver: Independencia de Venezuela. O también: Primera República de Venezuela, Segunda República de Venezuela y Tercera República de

Venezuela Puntofijismo , otro nombre del periodo del bipartidismo de AD y COPEI (1958-1999). Quinta República , concepto político ideado por Hugo Chávez.

Lo que se iniciò en 1830 fue la tercera repùblica. La cuarta, segùn el chavismo, comenzarìa con el pacto de punto fijo y terminaría con el ascenso al poder de Hugo Chàvez.Enlaces externos

Historia de las 5 Repúblicas de Venezuela

1-. Mientras que en la IV República se cerró universidades y escuelas técnicas, en la V República tenemos Misión Robinson I y II, Misión Ribas y Misión Sucre.2-. En la IV República se implemento el sistema Acude para supuestamente alfabetiza a la población, jamás se supo los resultados, en la V República a través del Programa Yo Sí Puedo, se logro en un corto tiempo alfabetizar más de un millón y medio de personas que vivían en la oscuridad.3-. En la IV República el último sueldo mínimo estaba alrededor de los Bs. 75.000 (bolívares anteriores), hoy en la V República se encuentra en los Bs F 900 (900.000 bolívares de los anteriores).4-. Mientras que en la IV República se privatizo la salud, en la V República se implemento la Misión Barrio Adentro, con más de 100 millones de consultas gratuitas.5-. Mientras que en la IV República se construyeron las Líneas 1 y 2 del Sistema Metro de Caracas, en la V República, tenemos las líneas 3 y 4, además de ampliaciones de las ya existentes.6-. En la IV República un ferrocarril solo en sueño, hoy en la V República, tenemos el ferrocarril hacia los Valles del Tuy, y obras bien adelantadas para el centro del país.7-. En la IV República creció la pobreza en un 80%, hoy con la V República esta cifra disminuyo un 50%, colocándose en 30%.8-. Mucho antes de la IV República sobre el río Orinoco existía un puente, hoy con la V República se construyo un puente vehicular con vía férrea anexa.9-. En la IV República jamás se construyo algún viaducto en la autopista Caracas-La Guaira, mientras que en la V República se construyo uno en tiempo record.10-. Solo en la mente de unos cuantos en la IV República estaría la posibilidad de que nuestro país contara con un satélite, hoy en el universo esta nuestro primer satélite ondeando nuestra bandera y con el nombre de nuestro Libertador Simón Bolívar.11-. Jamás en la IV República veríamos en las zonas populares de Caracas un Sistema de Metro Cable, ahora La Parroquia de San Agustín disfruta de uno y con tecnología de punta. Sabemos que son muchos los logros realizados en nuestro proceso revolucionario que lideriza nuestro Comandante Presidente Hugo Chávez Frías y jamás la oposición le dará créditos, pero estamos muchos hombres y mujeres prestos a defender todo lo que nos fue arrebatado por un grupo que gobernó nuestro país por más de 40 años.Cuestiones de AméricaVenezuela: Entre la Cuarta y la Quinta República

Reinaldo Bolívar *La transición.En 1997, la exreina de belleza Irene Sáez aún disfrutaba de un primer lugar en las encuestadoras venezolanas, cuya fama de poner a ganar a quien mejor pague es tan reconocida como la belleza de Irene. El 97 era el cuarto año del 2º gobierno de Rafael Caldera ex líder fundador del Partido Social Cristiano

COPEI, de donde sale para fundar Convergencia. Ganó las elecciones de 1993, en estrechas y reñidas elecciones donde por primera vez, cuatro candidatos se disputan el primer lugar. Con una abstención de 60%, es proclamado con un 25% de los votos emitidos. El viejo político, se montó sobre el discurso de descontento y de cambio del Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, quien había intentado acceder al poder político en 1992 a través de un golpe de estado. Esto le costó 20 años de cárcel, pero paradójicamente fue indultado por Caldera, cuando cumplía dos años de prisión a fin de evitar una crisis política. Ya libre, HCF recorre cada rincón del país. En la segundad mitad del 97, el militar retirado se coloca en los primeros lugares de las preferencias electorales. Su ascenso se sostiene en la crisis socioeconómica que no pudieron superar los variados planes económico calderistas. Ni la inflación ni el desempleo cedieron; mientras que el precio del petróleo, principal producto de exportación del país, caía por debajo de los 10 dólares, lo que obligó a imponer un impuesto al consumo de 16% y de 0,75% al débito bancario. Las protestas sociales de trabajadores y estudiantes se incrementan y son fuertemente reprimidas por las fuerzas del estado. El año concluye con la apertura petrolera que posibilitó el regreso, luego de 25 años, de las trasnacionales petroleras. Crecen las denuncias y comentarios sobre corrupción que señalaban incluso a familiares del viejo Presidente.

El bipartidismo hace mutisEn 1998, se caldean los ánimos electorales. Por un lado, los socialdemócratas de AD se preparan para recuperar la presidencia del país con el llamado “Caudillo” Luis Alfaro Ucero, Secretario General de la organización y que lucía como jefe indiscutido de esa tolda; de otro lado los socialcristianos COPEI, capitaneados por el ex presidente Luis Herrera Campins, imponen la tesis de un candidato extrapartido. Al final en elecciones de segundo grado, Irene Sáez se impone sobre Eduardo Fernández, quien ya había sido candidato presidencial y que venía de otra derrota interna en 1993. No obstante, las entrañas del país se sacudían con el crecimiento sostenido de la candidatura de Chávez que prometía una reforma constitucional para cambiar las agotadas instituciones. HCF es obligado por la ley electoral a cambiar las siglas del Movimiento Bolivariano 200 (MBR200), por Movimiento Quinta República (MVR), una maquinaria electoral a la cual se unieron el Movimiento Al Socialismo MAS —que eligió al candidato en una consulta interna en la cual participó Enrique Salas Römer—, Patria Para Todos (PPT) y los pequeños partidos de izquierda. Para el segundo semestre de 1998, la crisis económica y política del país se acrecienta. La candidata de COPEI se desinfla; el de AD no logra remontar los sondeos, a pesar de los gastos multimillonarios en imagen; Salas Römer quien había sido rechazado por el partido COPEI, aparecía en el escenario por encima de los aspirantes del bipartidismo mientras que Chávez coronaba el primer lugar, aún en las encuestadoras más adversas. Esta situación trastornó las estructuras de los partiditos tradicionales, los cuales en una decisión histórica desplazaron a sus candidatos. El propio Alfaro Ucero fue expulsado de AD, su jefe de campaña, el entonces Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se encarga de anunciar públicamente la expulsión de su ex jefe, a quien había jurado hacer Presidente de la República. Por primera vez en 40 años, las toldas políticas tradicionales renuncian a disputar la primera magistratura y se ponen al servicio incondicional del ex gobernador Salas Römer. Cabe destacar que la decisión bipartidista se toma a última hora, por lo que no da tiempo siquiera a que la cara de Salas Römer aparezca en las tarjetas electorales de sus nuevos postulantes.En un intento de detener a Chávez, o al menos no perder en todos los poderes, el Congreso, de mayoría derechista, aprueba una apresurada reforma electoral que separaba de las elecciones generales los escrutinios parlamentarios, de gobernadores y alcaldes. Esto le permitió mantener una importante cuota en esos poderes, pero no evitó el triunfo del militar retirado con casi 60% de los votos emitidos. Concluía así definitivamente el dominio bipartidista en la política nacional. De su seno surgen organizaciones que huyen de su desprestigio: Proyecto Venezuela, Convergencia, Alianza Bravo Pueblo y Primero Justicia.

La V República El 2 de febrero, en su discurso de toma de posesión, el Presidente HCF, convoca a un referéndum a fin de conformar una Asamblea Constituyente que redactará una nueva Constitución Nacional. Es el inicio de un

histórico año electoral de profundos cambios en las instituciones republicanas. Una etapa inédita en la historia de Venezuela. Los bolivarianos triunfan en todos las votaciones de ese año: El “SI” para la reforma, el 95% de los delegados a la Asamblea Constituyente y el “SI” para la nueva Constitución, con 73%. Este último plebiscito hecho en medio de la tragedia más grande que haya sufrido país alguno en Sur América, como fue el deslave que arrasó con el Estado Vargas, y afectó a otras entidades como Miranda y el Distrito Federal. Fue una tragedia que puso a prueba la capacidad de respuesta del nuevo gobierno, la cual ha sido calificada con el tiempo de acertada por la forma eficiente como se trataron a las familias que quedaron sin casa y por los planes de recuperación que se han implementado en Vargas. La nueva Constitución disuelve y crea poderes públicos. El congreso bicameral da paso a una Asamblea Nacional unicameral; la Corte Suprema de Justicia, aumenta sus salas de 3 a 5 y adopta el nombre de Tribunal Supremo de Justicia; nace el Poder Ciudadano conformado por la Fiscalía, la Contraloría y, la Defensoría del Pueblo una nueva instancia; el quinto poder será el Electoral. La Constitución Bolivariana, otorgó al ciudadano nuevos derechos y garantías y recogió aspiraciones legales de trabajadores, profesionales, mujeres, niños, familia y comunidades aborígenes. Se incorporan nuevos mecanismos de participación ciudadana como los referendos consultivo, revocatorio y aprobatorio. El término V República se hace común en el léxico de los venezolanos para diferenciar el nuevo período del terminado en el 98, al que por contraposición denominan “la cuarta”. La nación acoge el nombre de República Bolivariana de Venezuela. La Constitución ordena la relegitimación de todos los poderes. La agenda internacional, se centra en una agresiva diplomacia presidencial que reedita la doctrina del pluralismo ideológico tercermundista de los años 1970, pero teniendo como epicentro lo económico, concretamente la intención de reposicionar a la OPEP como cartel regulador de los precios petroleros. En lo adelante, la multipolaridad guiará la política exterior del país, estrategia que irrita a personalidades influyentes de los Estados Unidos principal socio comercial del país. Esta incidencia será aprovechada políticamente por los adversarios del oficialismo. No obstante, la diplomacia energética dará sus frutos con el aumento sustancial del precio del barril petrolero. A fines de años, se produce el primer rompimiento importante del chavismo, cuando al no alcanzar sus pretensiones burocráticas y por diferencias con el ala civil del MVR, afecta a Luis Miquelena, se retiran los compañeros de 1992 de Chávez encabezados por Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Estado Zulia.

La oposición intenta reagruparseLos cambios generan fuerte resistencia en los anteriores detentadores del poder político. El primer semestre del 2000 es de transición, mientras se realizan las elecciones. Una comisión legislativa surgida del seno de la Asamblea Constituyente asume el poder legislativo. En la oportunidad de la convocatoria a elecciones generales para relegitimar los poderes, se reconforma una unidad electoral antichavista que sigue la línea de la creada en 1998. El candidato proviene de la disidencia bolivariana: Arias Cárdenas, quien se hace al ruedo con un discurso grotesco y ofensivo contra su hasta hace meses “hermano del alma”. También el PPT, se distancia temporalmente del Presidente, merced a diferencia con su secretario general Pablo Medina, quien a la postré se iría definitivamente de su partido, abandonando sus ideales de izquierda para convertirse en un opositor de ultraderecha.Un elemento se hace evidente en la nueva situación política del país. Ante la crisis de los partidos, los medios de comunicación privados, la jerarquía católica, asociaciones civiles de la clase media y alta y la patronal FEDECAMARAS se lanzan abiertamente a la palestra política, usando como núcleo de campaña las simpatías presidenciales por líderes internacionales enemigos de los Estados Unidos, así como los cuestionamientos a la conformación del Poder Electoral. Sin embargo, el Presidente es reelecto con más votos que en 1998. El chavismo obtiene la mayoría de las gobernaciones, las alcaldías y la Asamblea Nacional, en alianza con el MAS.El gobierno implementa el Plan Bolívar 2000 que involucra a los militares en obras sociales; aplica un audaz programa de construcción y reconstrucción de escuelas públicas que denomina Escuelas Bolivarianas, centros escolares que vuelven al régimen de turno completo con educación integral y atención gratuita al escolar. Esto genera un aumento en la matricula y la reinserción al sistema educativo

de niños y jóvenes desertores. Sin embargo, se recibirían las primeras denuncias por corrupción en los manejos de los dineros destinados a los planes sociales. Más adelante, se descubriría que altos oficiales que estuvieron frente a estos planes sí cometieron irregularidades y abandonarían el proyecto bolivariano para irse con la oposición.El Presidente participa protagónicamente en los acuerdos de integración como la Comunidad Andina de Naciones. Sus críticas a la propuesta de ALCA y su intención de ingresar como miembro asociado del MERCOSUR generan polémicas reacciones internacionales y sectores académicos y de oposición. En el ámbito petrolero la balanza de pagos continuaba en alza. El gobierno controla los indicadores macroeconómicos como la inflación, el tipo de cambio. Multilaterales como el Proyecto de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), registran una disminución de la pobreza y de la mortalidad infantil de Venezuela.Pero, no obstante, la bonanza petrolera y un tipo de cambio bajo no contribuyen a transformar la actitud rentista de los empresarios venezolanos dedicados principalmente a la importación y reventa de productos manufacturados, lo cual ha incidido negativamente en el crecimiento del PIB y en el empleo. Este año, el gobierno central acelera la apertura de las comunicaciones, lo cual incrementa las inversiones extranjeras. La Asamblea Nacional le otorga una nueva Ley Habilitante que lo faculta para elaborar un paquete de 49 leyes socioeconómicas.El año concluye con las elecciones municipales y un referéndum que ordena la reestructuración de los sindicatos, a fin de que sean electos por la base. Entre las principales críticas al gobierno cobra la fuerza la carencia de una efectiva política comunicacional.

Las alianzas antihistóricasEl 2001 transcurre en medio de un candente debate sindical. Se instalan los representantes del Poder Ciudadano y del Tribunal Supremo de Justicia, designados por la mayoría oficial en alianza con los partidos AD, COPEI y Proyecto Venezuela. El gobierno prosigue con sus políticas económicas y sus programas sociales dirigidos a las clases populares; subsidios a la clase media como el auto popular e intereses preferenciales para adquirir vivienda. Se fundan varios bancos de corte popular. Una oposición sin plataforma programática, centra su estrategia en debilitar la relación Presidente-Fuerza Armada, acusando al ejecutivo de relaciones con la guerrilla colombiana. Chávez se acerca de nuevo al partido PPT con quien intenta conquistar la jefatura de la CTV. No obstante, este objetivo no es alcanzado y en cuestionadas elecciones, la central sindical queda en manos de políticos radicales antigobierno que contra el devenir histórico hacen una alianza con su rival natural FEDECAMARAS para implementar el primer paro obrero-patronal de la historia de la nación tomando como motivo principal el rechazo a la aprobación de la 49 leyes entre las que se encontraban la revolucionaria Ley de Tierras, la de Pesca y Microfinanzas. Por su parte, la oposición, capitaliza las poco diplomáticas —aunque solidarias y humanas— opiniones presidenciales sobre los acontecimientos terroristas en EEUU y la guerra unilateral de este país contra Afganistán. Las relaciones con EEUU llegan a una mayor tensión desde la década de los 70, ayudadas por el lobby que hacen personeros venezolanos antichavistas en Washington. El paro contó con la militancia de la jerarquía católica. Esta acción, la primera hecha con verdadera contundencia por los sectores antioficialistas, da lugar a una sucesión de manifestaciones públicas en pro y en contra del gobierno de Hugo Chávez centradas principalmente en Caracas. Sin embargo, el Presidente, en cumplimiento con los reclamos populares, continúa la promulgación de las leyes. Para muchos analistas la verdadera revolución del comandante Chávez, radica en estas leyes y de allí el rechazo de los sectores más poderosos del país y su alianza estratégica.

La violenta polarizaciónEl paro de diciembre encontró oxidada a la maquinaria política de V República y sus aliados entretenidos más en cuestiones internas y descuidando “la calle”. Por otra parte, el sector miquelenista comienza a distanciarse (4 diputados), cuestión que se concreta en los meses siguientes. El primer trimestre del 2002, supera cualquier campaña electoral por las posiciones radicales, aún siendo el primer año sin elecciones en la V República.

La crisis norteamericana afecta los precios petroleros, lo cual causa problemas en la economía nacional. Igualmente, desde el paro decembrino, se empezó a producir una inmensa fuga de capitales, que hizo al gobierno abandonar el sistema de bandas cambiarias. El gobierno, para buscar recurso recurre a nuevos impuestos. Los frentes opositores conforman una alianza con el objeto de forzar la salida adelantada del Presidente Chávez. Para lograrlo realizan una serie de movilizaciones, así como pronunciamientos mediáticos de altos oficiales que desconocen la autoridad presidencial, todo ello unido con las demandas reivindicativas de los ejecutivos de PDVSA, la primera empresa del país que usando la bandera de la meritocracia —que ha cubierto los múltiples problemas de PDVSA— logran activar a la hasta entonces desmovilizada oposición. La acción lleva a un nuevo paro CTV-FEDECAMARAS que decretan indefinido y con intenciones no ocultas de “ir a una transición”. Este ambiente caldeado concluye en una rebelión cívico militar, encubierta en los sangrientos hechos del 11, 12 y 13 de abril, manipulados mediáticamente. El país vive en apenas dos días el arribo al poder del Presidente de los empresarios quien es apoyado por un grupo de generales, partidos de derecha, jerarquía católica, la dirigencia de la CTV y los magnates de la comunicación. El presidente de facto, mediante un decreto intenta destruir el edificio institucional construido con la Constitución Bolivariana. Todo esto es trasmitido por la TV (salvo la estatal que fue sacada del aire), pero no sería así con el regreso de Chávez gracias a la toma de calles, cuarteles militares por miles de venezolanos que salieron a restituir la vigencia de la Constitución. A su regreso el Presidente convocó a un gran diálogo nacional con facilitadores internacionales como el Centro Carter, el PNUD y la OEA, sin embargo los partidos opuestos no han secundado esta iniciativa.El golpe de estado fue condenado por la comunidad internacional: Países y Multilaterales. Internamente, el Poder Legislativo y el Ciudadano determinaron lo ocurrido y solicitaron juicio a los golpistas, sin embargo el Tribunal Supremo de Justicia, en polémica decisión política, negó el enjuiciamiento de los militares que planificaron y ejecutaron la rebelión militar como fue demostrado públicamente por un corresponsal de CNN que fue testigo de excepción de la acción. La situación política del país se ha polarizado sensiblemente, lo que mantiene a la nación a la expectativa con las consecuencias en las relaciones económicas internacionales que esto significa. Ahora bien, es necesario precisar que el foco central de esta polarización es la capital, Caracas, y en ella el este de la ciudad, desde donde los canales comerciales venden la idea al mundo de una Venezuela políticamente violenta, lo cual está muy lejos de realidades latinoamericanas o en otras regiones del mundo, lo cual parecen haber logrado.Luego del golpe, el gobierno central redobla sus iniciativas sociales, cambia el tren ministerial y se produce un impactante acercamiento hacia los sindicatos de trabajadores los cuales rechazan las acciones huelgarias de corte político de la CYV y FEDECAMARAS, lo cual hace fracasar un tercer paro. Las principales federaciones como son los empleados públicos, transporte, petroleros y empresas básicas del país que constituyen el 85% del PIB, desconocen en acto público a la CTV. Todo ello en medio del proceso de facilitación y diálogo propulsado por el propio gobierno y que cuenta con la presencia como facilitador de César Gaviria.

Perspectivas Sectores radicalizados de la oposición, siguen aferrados a una salida extemporánea del jefe de Estado, sea por participación militar, decisión judicial, legislativa, por ahorcamiento económico del país o por un fraude constitucional. Los menos radicales proponen una enmienda constitucional o adelanto de elecciones presidenciales. Sin embargo, expertos en el tema coinciden en que la oposición en realidad, no está tan interesada en una salida electoral debido a la fuerza de Chávez quien, incluso en las encuestas adversas, no baja de 30%, lo que se traduciría en un caudal de votos similar a su reelección en el 2000, si se considera una abstención del 45%, aún presentándose los sectores contrarios con un candidato único.Los grupos oficiales, con el apoyo internacional se inclinan por soluciones constitucionales como la activación de los referendos que prevé la Carta Magna, pero de acuerdo a la letra constitucional. Este escenario se aplicaría para el próximo año. Lo que plantea dos caminos para los venezolanos: Una revocatoria del mandato de Hugo Chávez que colocaría a la heterogénea oposición en el dilema de buscar

un líder único entre sus numerosos dirigentes; o una confirmación del mandato reglamentario del actual Presidente de la República, lo que genera el interrogante de sí la oposición aceptará estos resultados y de sí el gobierno hará valer el continuo respaldo popular que entre otras cosas reclama más acciones de gobernabilidad. De otra parte, en conclaves opositores se reconoce el papel de las multitudes que siguen al Presidente, las cuales demostraron el 12 y 13 de abril que no sólo lo respaldan con votos, sino que están dispuestas a hacerse espontáneamente a las calles por defenderlo como unificador del proceso de cambios que atraviesa el país. Son muchedumbres cuyas personas en los últimos tres años, mediante las habilidades comunicativas de Chávez y las organizaciones de Círculos Bolivarianos se han acercado a la compresión y praxis de sus derechos fundamentales. Sin duda alguna, el sentimiento popular es el gran capital que respalda a Hugo Chávez Frías y su revolución bolivariana.En el ambiente flota con fuerza la necesidad de una reestructuración transparente del Poder Judicial, Electoral y Ciudadano a fin de que su idóneo funcionamiento, además de autonomía, ofrezca a la ciudadanía instituciones incuestionables que hagan realidad el gran proyecto que significa la Constitución Bolivariana de 1999.* Reinaldo Bolívar es Licenciado en Estudios Internacionales. Postgrado en Relaciones Internacionales Contemporáneas y Economía Internacional. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Escritor y Columnista de Prensa. Editor de la Revista Venezolana de Estudios Internacionales y Director de la Revista Literaria Asteriscos.

Plan ColombiaSaltar a: navegación, búsquedaLa fumigación de cultivos ilícitos con glifosato ha tenido un impacto ambiental negativo en las selvas colombianas, sumado a la deforestación causada por los grupos ilegales.

Plan Colombia (también llamado Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la paz) es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en 1999 durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos.1

El plan ha continuado bajo extensiones temporales bajo las administraciones de los presidentes colombianos Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y los estadounidenses George W. Bush y Barack Obama.

El Plan Colombia cuenta principalmente con el apoyo del programa del gobierno estadounidense llamado Andean Counterdrug Initiative (ACI) o "Iniciativa Andina Contra las Drogas" y recibe asistencia del Foreign Military Financing (FMF) o "Financiación para Fuerzas Militares Extranjeras" del Department of Defense’s central counternarcotics account o Cuenta Central Antinarcóticos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.1 Los objetivos de Colombia y de los Estados Unidos difieren en algunos aspectos. El principal objetivo del gobierno estadounidense es prevenir el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos, como también ayudar a Colombia a promover la paz, el desarrollo económico que a la vez contribuye a la seguridad en la región andina. El principal objetivo de Colombia es promover la paz, el desarrollo económico, incrementar la seguridad y terminar con el tráfico ilegal de drogas. Ambos han evolucionado de lo estrictamente antinarcótico de la guerra contra las drogas a incluir aspectos de la guerra contra el terrorismo, debido a que los grupos violentos y mafias utilizan el negocio de la droga para financiar la guerra.1Índice

1 Desarrollo 2 Financiación 3 Guerra contra las drogas 4 Extensión bajo la administración Bush 5 Resultados 5.1 Fumigación de cultivos ilícitos 6 Véase también 7 Referencias 8 Bibliografía 9 Enlaces externos

DesarrolloVéanse también: Diálogos de paz entre el gobierno Pastrana y las FARC (1998-2002), Diálogos de paz entre el gobierno Pastrana y el ELN y Autodefensas Unidas de Colombia.

La versión original del Plan Colombia según la ideó el presidente Andrés Pastrana en 1998, una semana después de la primera ronda de las elecciones presidenciales, consistía en un Plan Marshall para Colombia.2 El argumento de Pastrana fue que “la coca era un problema social cuya solución debía incluir resolución del conflicto armado; los países desarrollados deberían ayudarnos a implementar una especie de Plan Marshall para Colombia, el cual nos permitiría desarrollar grandes inversiones en el campo social, con el fin de ofrecer a nuestros campesinos alternativas diferentes a los cultivos ilícitos”.3

Después de la posesión de Pastrana, uno de los nombres dados a la iniciativa fue “Plan Colombia para la Paz", el cual según Pastrana "era un conjunto de proyectos de desarrollo alternativo que canalizarían los esfuerzos de las organizaciones multilaterales y gobiernos extranjeros hacia la sociedad colombiana”. La Ley 508 del 29 de julio de 1999 aprobó según el mandato Constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz 1999 - 2002’’ con el objetivo fundamental el Plan Colombia.4

Pastrana viajó a los Estados Unidos y presentó el plan para su cuatrienio como presidente y cambia de nombre a su proyecto por el de "Plan Colombia". La buena imagen ante el gobierno de los Estados Unidos, dieron lugar a una amplia colaboración entre ambos países, luego de fricciones con la anterior administración de Ernesto Samper por el Proceso 8.000. La plataforma política del presidente Pastrana se tornó en gran parte hacia la creación y activación del proceso de paz con las FARC y el ELN y la lucha antinarcóticos. Entre el 13 y el 14 de diciembre de 1999, Philip Chicola, representante del Departamento de Estado para la sección de Asuntos Andinos, se reunió secretamente en Costa Rica con el jefe de las FARC, alias Raúl Reyes.4

El intercambio en materia militar entre Colombia y Estados Unidos se incrementó a partir de entonces, pasando de la cooperación exclusiva que se le daba a la Policía Nacional de Colombia, a los componentes de las Fuerzas Militares de Colombia. En diciembre de 1999, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos William Cohen y el Ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Lloreda, firmaron un acuerdo para incrementar la cooperación militar entre los dos países.4

El acuerdo creó un grupo de trabajo bilateral entre las Fuerzas Armadas de los ambos países y creó la especialización de "batallones antinarcóticos" en el Ejército de Colombia. A pesar del secuestro y muerte de tres activistas americanos que realizaban labores humanitarias con los indios U'wa en el departamento de Arauca por parte de la guerrilla de las FARC, el gobierno de Clinton continuó apoyando al gobierno Pastrana. El 11 de enero del 2000, el presidente Clinton dió a conocer oficialmente la ayuda para el Plan Colombia y que luego fue aprobado el 13 de julio del 2000.4

Financiación

Entre los años 2000 y 2005, el Plan Colombia recibió US$2.800 millones de dolares, que junto a la asistencia del Departamento de Defensa promedió los US$4.500 millones de dolares. En el 2005, la Administración Bush pidió fondos adicionales al Congreso de los Estados Unidos para el Plan Colombia para adicionarle US$463 millones de dolares a traves del ACI y US$90 millones a traves del FMF.1

El plan original tenía un presupuesto de $ 7 500 000 de los cuales un 51% se dedicaría al desarrollo institucional y social, un 32% para combatir el narcotráfico, un 16% para revitalización social y económica y un 0,8% para apoyar los procesos de negociación política con los grupos guerrilleros. Pastrana inicialmente solicitó $ 4 864 000 provenientes de fondos colombianos (65%) y solicitó $ 2 636 000 a la comunidad internacional (35%).[cita requerida]

La administración Clinton en Estados Unidos apoyó la iniciativa asistiendo con $ 1 300 000 y 500 miembros de personal militar para entrenamiento de las fuerzas locales. Además 500 civiles fueron enviados para apoyar las actividades de eliminación de los cultivos de coca. Esta ayuda fue una ayuda adicional a los $ 330 000 000 de ayuda militar previamente entregados a Colombia. En 2000 se destinó una suma de $ 818 000 000 y en 2001 de $ 256 000 000. Estas partidas convirtieron a Colombia en el tercer mayor receptor de ayuda de los Estados Unidos (puesto conservado hasta antes de las posteriores invasiones y ocupaciones de Afganistán e Irak).[cita requerida]

Aunque Colombia ha buscado apoyo adicional de la Unión Europea y otros países, con la intención de financiar el componente social del plan original, en un principio ha encontrado poca cooperación de los potenciales donantes de la ayuda debido a que estos tienen poca intención de invertir dinero en iniciativas que ellos consideran como inciertas, y además consideran que la ayuda militar que los Estados Unidos han proporcionado es indebidamente sesgada. Algunos países han enviado ayudas de unos cientos de millones de dólares (Aproximadamente $ 128 600 000, 2,3% del total) pero la mayoría evitan ser públicamente asociados con el Plan Colombia, por lo tanto las sumas recogida resultaron mucho más bajas de lo que inicialmente se había propuesto.[cita requerida]Guerra contra las drogasVéase también: Guerra contra el narcotráfico en Colombia.

Aunque el Plan Colombia tiene algunos componentes que buscan fomentar la ayuda social y la reforma institucional en Colombia, la iniciativa es ampliamente considerada como un programa fundamentalmente de ayuda militar y antinarcóticos.[cita requerida]

La justificación oficial en Estados Unidos es que este plan es parte de la Guerra contra las drogas. El Plan Colombia ha tenido un gran apoyo entre miembros del congreso de Estados Unidos, quienes argumentan que los logros de este programa incluyen la fumigación y erradicación de 1300 km² de plantaciones de coca en el 2003, lo cual ha prevenido la producción de más de 500 t métricas de cocaína, agregando que se le habría negado un ingreso de más de $ 100 000 000 a los narcotraficantes y a las organizaciones ilegales consideradas como terroristas por Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea.[cita requerida]

Los críticos sospechan que el Plan tiene la lucha contra las fuerzas de guerrilla del país como uno de sus principales objetivos, debido a que son grupos que ejercen gran influencia en vastas áreas del territorio del país. Algunos críticos denuncian que algunos sectores campesinos e indígenas podrían ser considerados como blancos del Plan Colombia debido a que estos reclaman reformas sociales y la protección y legalización de estos cultivos puesto que son fuente de ingreso así como también una forma de expresión cultural.[cita requerida]

Por lo tanto denuncian que estos grupos podrían intervenir potencialmente con planes internacionales para la explotación de los recursos naturales incluyendo el petróleo (Colombia es considerado como el séptimo u octavo suministrador de petróleo a Estados Unidos, aunque estudios recientes apuntan a una reducción de las reservas actualmente conocidas, además la exploración es escasa)[cita requerida] Estados Unidos es el mas beneficiado con este plan Colombia, ya que por medio de este puede explotar a Colombia de manera que se le llevan sus recursos naturales (materia prima) de la cual cada vez Colombia se ve mas perjudicada.

De gran importancia dentro del paquete de ayudas aprobadas por el presidente Clinton es la denominada “avanzada dentro del sur de Colombia”, un área que por décadas ha sido el fuerte del movimiento guerrillero más grande de Colombia, las FARC, y es también una importante región productora de coca.[cita requerida]

Estos fondos fueron destinados para entrenamiento y equipamiento de los nuevos batallones antinarcóticos, para la compra de helicópteros, para apoyo de inteligencia militar y para suministros para la erradicación de la coca.[cita requerida]

Al mismo tiempo que la asistencia es denominada como ayuda antinarcóticos, muchos creen que se usa prioritariamente contra las FARC. Los que apoyan el plan argumentan que tal acción tendría sentido puesto que la diferencia entre guerrilla y traficantes de droga es cada vez menos notoria y ven lo que se podría considerar como parte de la misma cadena productiva.[cita requerida]

En junio del 2000, Amnistía Internacional emitió un comunicado en el cual criticaba la implementación del Plan Colombia:[cita requerida]

"El Plan Colombia se basa en un análisis que enfoca las raíces del conflicto desde el punto de vista de las drogas y la crisis de los derechos humanos e ignora completamente las responsabilidades históricas del propio estado colombiano. También ignora que las raíces profundas del conflicto están en la crisis de los derechos humanos. El Plan propone principalmente una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas a través de una sustanciosa asistencia militar a las fuerzas armadas y la policía. Los programas de desarrollo social y humanitario que el programa incluyen no alcanzan a disfrazar la naturaleza esencialmente militar del plan. Además, es aparente que el plan Colombia no es el resultado de un proceso genuino de consulta con los organizaciones no gubernamentales nacionales ni internacionales que se espera implementen los proyectos, ni con los beneficiarios de los proyectos humanitarios, de derechos humanos y de desarrollo social. Como consecuencia, el componente de derechos humanos del plan es defectuoso."[cita requerida]

Al final de los años 1990, Colombia fue uno de los principales recipientes de ayuda militar del hemisferio occidental y debido a su continuo conflicto interno tiene uno de los peores registros en derechos humanos, con la mayoría de las atrocidades (desde los más directamente responsables hasta los menos directamente responsables) atribuida a las fuerzas paramilitares, a los grupos guerrilleros insurgentes y a elementos de las fuerzas armadas y la policía.[cita requerida]

Un estudio de las Naciones Unidas reportaba que elementos de las fuerzas de seguridad, que han resultado fortalecidos con el Plan Colombia y otras iniciativas, en algunas regiones continúan manteniendo relaciones próximas con grupos paramilitares, en ocasiones ayudando a organizar o participando directamente en abusos y masacres o, como se argumenta que es principalmente el caso, deliberadamente permaneciendo inactivas para prevenirlas. Los críticos del plan y de otras iniciativas de

ayuda a las fuerzas armadas de Colombia señalan éstas continuas acusaciones sobre abusos para argumentar que el estado y las fuerzas militares colombianas deberían cortar todo nexo que persista con las fuerzas paramilitares ilegales, y que para ello necesitan enjuiciar las crímenes pasados de los paramilitares y de su propio personal. Los que apoyan el plan aseguran que el número y la escala de los abusos atribuidos directamente a las fuerzas del gobierno se han reducido gradual y significativamente, y argumentan que han aumentado los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y grupos paramilitares (aunque estadísticamente siguen siendo bastante inferiores en comparación con las acciones contra la guerrilla).[cita requerida]Extensión bajo la administración BushEl entonces Secretario de Estado de los EEUU, Colin Powell de visita en Colombia, saluda a un Miembro de la Policia Nacional de Colombia.

En el 2001, el gobierno del Presidente de Estados Unidos, George W. Bush expandió el programa mediante una partida de $ 676 000 000 para la Iniciativa andina contra las drogas. De esta partida, aproximadamente $ 380 000 000 fueron para Colombia. El resto fue para los otros países Andinos incluidos dentro de la iniciativa. La iniciativa del 2001 redujo las limitaciones al número y a las actividades de los contratistas civiles, permitiéndoseles portar armas propias de las fuerzas armadas, lo cual, según el gobierno de los EE. UU., era expediente con vistas a la seguridad del personal y del equipo durante las labores de fumigación. El Congreso de los EE. UU. rechazó modificaciones a la Iniciativa andina que habrían redirigido el dinero hacia programas de reducción de la demanda en EE. UU., especialmente a través de la fundación de programas de servicios de tratamiento a drogodependientes. Algunos críticos se opusieron al rechazo de estas reformas, alegando que el problema de las drogas y sus múltiples repercusiones se abordarían de manera estructural atacando la demanda y no la producción de las drogas, puesto que los cultivos siempre se pueden replantar en otros lugares fuera o dentro de Colombia mientras se mantenga la viabilidad del mercado.[cita requerida]

En el 2004, los Estados Unidos asignaron partidas de aproximadamente $ 727 000 000 para la Iniciativa, $ 463 000 000 de los cuales fueron destinados al Plan Colombia.[cita requerida]

En octubre del 2004, el Senado estadounidense aprobó nuevas leyes militares, incrementando el número de asesores militares estadounidenses que podían operar en el país como parte del Plan Colombia de 400 a 800 y el número de contratistas militares privados de 400 a 600.[cita requerida]

El 15 de octubre del 2004, el senador John Kerry declaró durante su campaña y en una entrevista con su asesor para asuntos latinoamericanos Meter Romero, publicada en diario El Tiempo su compromiso con la continuación del apoyo al Plan Colombia y los esfuerzos realizados por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, enfatizando la necesidad de que el gobierno colombiano: 1) mejorara la grave situación de los derechos humanos en el país, 2) cortara sus vínculos con los grupos ultraderechistas irregulares, y 3) proporcionara una adecuada protección a todos los ciudadanos y trabajadores, mediante la creación de sindicatos y grupos de derechos humanos.[cita requerida]

El 22 de noviembre de 2004, el presidente George W. Bush visitó Cartagena de Indias para respaldar las políticas de seguridad del presidente Uribe, manifestando su apoyo a la continuación de las ayudas al Plan Colombia en el futuro. Bush dijo que la iniciativa gozaba de un “amplio apoyo” en Estados Unidos y que el año siguiente el congreso renovaría su apoyo.[cita requerida]ResultadosAtaques a oleoductos (2001-2004)

2001 2002 2003 2004Oleoductos 263 74 179 103

Oleoducto Caño Limón-Coveñas 170 41 34 17Fuente: Ministerio de Defensa de Colombia.

De acuerdo a la Oficina para la Vigilancia Gubernamental (GAO) por sus siglas en inglés, el Plan Colombia no dio los resultados a seis años que inicialmente se propusieron los gobiernos de los presidentes Pastrana y Clinton.5

En cuanto a reducción de cultivos, la meta era reducirlos en un 50% entre los años 2000 y 2006. Según cifras del organismo de seguridad estadounidense "Agencia Central de Inteligencia" (Central Intelligence Agency, CIA), los cultivos de amapola y la producción de heroína, sin embargo se redujeron en un 50%. En el mismo lapso de tiempo, los cultivos de coca se incrementaron en un 15% pero fue debido a que los campesinos cocaleros se movieron a zonas remotas selváticas para evitar su erradicación. Mientras que la producción de cocaína se incrementó en un 4% durante el mismo período. De acuerdo a datos de la "Oficina Nacional para el Control de la Política de Drogas" (Office of National Drug Control Policy, ONDCP), la producción de cocaína no mantuvo un ritmo de crecimiento paralelo a los cultivos de coca debido al impacto causado por la erradicación manual y aérea.5

Según las autoridades norteamericanas, Colombia mejoró su seguridad por medio de la estrategia antinarcóticos, acciones militares y policiales además de otros esfuerzos, tales como el programa de desmovilización y deserción de grupos violentos. Entre los años 2000 y 2007, el gobierno colombiano reportó que la cifra de secuestros y homicidios se había reducido a un tercio mientras que los ataques a oleoductos se habían reducido a cero. La asistencia económica estadounidense a Colombia totalizó US$4.900 millones de dólares en dicho período, con un fuerte apoyo al fortalecimiento de la movilidad aérea, necesaria para lograr los objetivos antinarcóticos.5

Fumigación de cultivos ilícitos

La estrategia de fumigaciones aéreas para erradicar los cultivos de coca, ha sido blanco de críticas porque además de producir daños a los cultivos lícitos, afecta la biodiversidad y tiene consecuencias de salud adversas sobre aquellas personas expuestas a los herbicidas. Según algunas investigaciones científicas en Francia, el uso del glifosato formulado en aspersiones aéreas provoca las primeras etapas de la cancerización en las células.6

Por el lado de los gobiernos colombiano y norteamericano, se asegura que el Glifosfato, herbicida empleado en las fumigaciones contra los cultivos de coca y amapola, no causa ningún daño a la salud y por el contrario es utilizado extensamente en la producción de café, arroz, algodón, maíz, sorgo, cebada y fríjol de soya, así como para el control de maleza en el cultivo de árboles frutales, plátano, banano y palma africana. En otras regiones del país se le utiliza como agente madurador en la producción de la caña de azúcar. Inclusive, los cultivadores de coca y amapola lo emplean ampliamente en el control de maleza.

12 de abril, día en que la dictadura fascista pisoteó el ideal Bolivariano12.abr.2013 / 02:24 pm / 5 Comentarios

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Dictador Carmona Estanga auto juramentándose como Presidente.

Prensa CC Hugo Chávez.- Un día como hoy, hace 11 años, se iniciaba lo que prometía ser una feroz dictadura, con la instalación de un gobierno golpista, que mantenía secuestrado al presidente constitucional, Hugo Chávez Frías, y la censura de Bolívar como Libertador de la Patria.En una sesión dentro del salón Simón Bolívar, del palacio de Miraflores, en el que previamente fue quitado el cuadro del Libertador, los golpistas iniciaron su fugaz gobierno dictador con las siguientes acciones:- Pedro Carmona Estanga, entonces presidente de Fedecámara, se autojuramentó como presidente de la República, su primer acto oficial fue la disolución del Parlamento (Asamblea Nacional), el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, de todos los gobernadores, alcaldes y concejales, la remoción del Fiscal General, del contralor, y del Defensor del Pueblo, de todos los embajadores, cónsules y vicecónsules, Misiones Permanentes Diplomáticas.- Fueron eleminadas las 48 leyes habilitantes, entre ellas la ley de Hidrocarburos, que garantizó el rescate de los recursos petroleros la plena soberanía de la industria nacional PDVSA, y la ley de Tierras y Desarrollo Agrario que inicio la guerra contra el latifundio y el impulso de la producción agrícola.- Fue derogada la Constitución que había sido aprobada por el voto popular de manera contundente en diciembre de 1999, con lo cual se reponía el nombre de la nación como: República de Venezuela, quitándole la condición de Bolivariana.- Capriles Radonski, entonces alcalde de Baruta, encabezó el asalto a la embajada de Cuba, acto que violó el derecho internacional, al ingresar a la casa diplomática y exigir su revisión, cortar la luz, el agua y amenazar al personal diplomático que se encontraba en el lugar, además de causar destrozos a los carros e instalaciones.- Paralelamente, hubo una atroz persecución contra los dirigentes de la Revolución; este día fue allanada la inmunidad parlamentaria de Tarek William Saab y sacado a golpes de su residencia, acto que encabezó el entonces alcalde de Chacao, Leopoldo López, igualmente fue golpeado y sacado de su casa el ministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín.- En las calles fue reprimido el pueblo patriota que salió a las calles a rescatar el gobierno legítimo y al presidente Chávez, (se calcula que éste día hubo más de 80 muertos producto de la represión) y un silencio mediático que intentó acallar las voces de un pueblo enardecido por semejante injusticia.

Represión en las calles

(Esto es una muestra de lo que la ultraderecha puede hacer en apenas unas horas de tomar el poder).Comenzaba así la dictadura de un gobierno de facto que en pocas horas demostraba su carácter fascista y reaccionario, que mientras celebraba su “Azaña” burguesa en Miraflores, no esperaba que la fuerza de un pueblo en unión cívico-militar que comenzaba a organizarse para rescatar los sueños y esperanzas que se abrían gracias a la palabra y acción de Hugo Chávez, le devolverían la democracia al país con el regreso del Comandante de la Revolución.

Pueblo patriota en los portones de Miraflores

Hoy, próximos a unas elecciones presidenciales, debido a la dolorosa partida física del Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, la misma derecha facista que perpetró este golpe de Estado, heredera de aquellos que expulsaron de la Patria y vilipendiaron al Libertador, pretende confundir al pueblo llamando a su comando de campaña “Simón Bolívar”. Pero los hijos de Bolívar y Chávez estamos conscientes de que este sector político siempre ha mancillado el ideal bolivariano y este 14 de abril la oligarquía apátrida será nuevamente derrotada.¡No nos dejamos manipular!¡Seguimos haciendo Patria con Bolívar y Chávez!

Paro petrolero de 2002-2003Saltar a: navegación, búsqueda

En Venezuela, se conoce como Paro Petrolero de 2002-2003, a la mayor huelga patronal de la historia latinoamericana. Son sucesos cuya interpretación y estudio continúan cargados de la extrema polarización política que ha imperado en Venezuela, durante los 14 años de gobierno del ex presidente Hugo Rafael Chávez Frías.

Desde el punto de vista oficialista, esta huelga, también calificada como sabotaje petrolero, fue un paro patronal, con el objetivo de derrocar al gobierno de Chávez, promovida desde el exterior por EEUU, e internamente por sus "lacayos" de la central patronal Fedecámaras, secundado por la directiva y trabajadores de la nómina mayor de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), los partidos de oposición aglutinados en la coalición Coordinadora Democrática, la máxima central sindical de Venezuela Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV), diversas organizaciones civiles como Súmate e incluso medios de comunicación privados de prensa, radio y televisión.

Desde el punto de vista no oficialista, fue una huelga general causada con los conflictos laborales entre el gobierno de Chavez y los empleados petroleros que estaban opuestos a su política de sustituir la asignación de cargos de un sistema de meritocracia (por meritos laborales), a un sistema de exclusivos simpatizantes del gobierno de Chavez. A la huelga petrolera se sumaron posteriormente en solidaridad, las máximas centrales de patronos Fedecámaras y de trabajadores (CTV), quienes dejando a un lado sus diferencias, que convocaron a una huelga general exigiendo inicialmente, la paralización de un paquete de leyes impopulares y de un referéndum a la gestión de Chávez, pero posteriormente la exigencia se concentró en la renuncia del presidente Chávez.

La huelga petrolera y general, pese a su histórica duración, finalmente no cumplió ninguno de los objetivos que se planteó. En el área petrolera Chavez ordenó un despido general de todos los trabajadores petroleros directos o indirectos, que participaron en la huelga. Para sobrevivir la paralización de la principal industria nacional, el gobierno puso a la empresa, a nivel administrativo, en manos de simpatizantes suyos. A nivel operativo contrato a personal internacional para que dirigiera las refinerías venezolanas. Y a nivel del área de transporte marítimo, Chavez ordenó el arresto y desembarco forzado de todos los marinos mercantes en huelga, iniciándoles causas judiciales por sabotaje y traición a la patria. Estas causas fueron declaradas contra los otros huelguistas.

Las demandas de FEDECAMARAS y CTV, tampoco fueron satisfechas. Chávez dejo en claro que con las empresas y trabajadores del país paralizados, recurriría a indefinidos préstamos internacionales (poniendo como garantía las enormes reservas petroleras del país), y que fractura y polarización política de la sociedad, lejos de perjudicarle, le permitía agrupar a sus simpatizantes y excluir a sus opositores.

La huelga fue levantada en enero de 2003, dejando a la sociedad venezolana mas fracturada que nunca. Las demandas a los huelguistas no prosperaron, y aun hoy el estado se niega a pagar despedidos. Mas de 32 mil trabajadores directos o indirectos, fueron despedidos sin arreglo.

Índice

1 Antecedentes 1.1 La ley habilitante

1.2 El control de PDVSA 1.3 El golpe de abril de 2002 1.4 Plaza Altamira 2 El Paro 2.1 Trabajadores petroleros apegados al paro 2.2 Plano social 2.3 Muertes de la Plaza Altamira 2.4 Las protestas contra los medios 2.5 Debilitamiento y fin del paro 3 Repercusión internacional 3.1 Alternativas de mediación o facilitación 4 Consecuencias 4.1 Medios de comunicación 4.2 ¿Paro general o lock out? 4.3 Consecuencias económicas 4.3.1 Consecuencias en PDVSA 4.4 Consecuencias políticas y penales 4.5 Consecuencias Sociales 4.6 Consecuencias menores de otra índole 5 Véase también 6 Referencias 7 Enlaces externos

AntecedentesLa ley habilitante

En noviembre de 2000, la Asamblea Nacional —en el cual los partidos que apoyan al presidente Chávez tenían una mayoría calificada superior al 66%1 — otorgó poderes especiales al jefe de Estado que le permitieron legislar por decreto, además de presentar y aprobar un paquete de leyes acorde con su programa político y la nueva Constitución, constituida en diciembre de 1999, por referendo popular.

Varios meses después, a mediados de 2001, el Ejecutivo logró la aprobación de 49 leyes a través de la Ley Habilitante dada por el parlamento.2 Entre las leyes más polémicas se encontraban la Ley Orgánica de Hidrocarburos3 que incrementaba al 30% la tributación de las transnacionales en las actividades de extracción petrolífera, y fijaba en el 51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas, la Ley de Pesca4 que imponía fuertes restricciones a la pesca de arrastre y comercial en beneficio de los pescadores artesanales y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario5 que permitía expropiar latifundios y beneficiaba a los campesinos que buscaban cultivar pequeñas extensiones de tierra.

Las leyes generaron un fuerte rechazo de parte de sectores empresariales que consideraban negativos muchos aspectos en las mismas. La negativa del gobierno de Chávez, de modificar las propuestas de leyes, fue considerada, antidemocratica e anticonstitucional por los críticos. La patronal Fedecámaras y la también patronal Central de trabajadores CTV, convocaron un paro nacional de 12 horas para el día 10 de diciembre de 2001. A partir de ese momento, muchos dirigentes de la oposición pidieron la renuncia de Chávez.El control de PDVSA

Otra de las razones del paro fue la lucha por el control de la petrolera estatal Pdvsa, una industria vital para Venezuela como quinto mayor productor de petróleo a nivel mundial. El presidente Chávez argumentaba que la misma era una "caja negra",6 que sus directivos se negaban a dar mayores informes sobre lo que ocurría dentro

de la organización, y que la gerencia media no aceptaba instrucciones para cambiar las políticas de funcionamiento de la empresa. Dicha gerencia apostaba por mantener el control sobre las decisiones de la compañía, entre ellas las de vender grandes cantidades de crudo a bajos precios, lo que iba en choque directo con las políticas del Presidente Chávez de fortalecer la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y mantenerse dentro de las cuotas de producción asignadas en la organización petrolera. Chávez argumentaba además que quería revisar las cuentas de Pdvsa para entender el porqué de sus altos gastos, y entonces re-orientar a la petrolera para incrementar su labor social; los gerentes medios afirmaban que el gobierno intentaba politizar la empresa y acabar con la meritocracia, o ascenso por méritos.El golpe de abril de 2002Artículo principal: Golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

Como el presidente Chávez no aceptó las exigencias de los empresarios, sindicatos y partidos de oposición en retirar el paquete legislativo, estos convocaron a un primer paro de 24 horas el 9 de diciembre de 2001, y luego a un segundo paro el 9 de abril de 2002 que se convirtió en indefinido.7

Este paro fue apoyado por los empleados de la nómina mayor de PDVSA, quienes dejaron de trabajar y rechazaron la nueva junta directiva que Chávez había designado en la industria. En respuesta, Chávez despidió a la plana mayor, lo que provocó que la oposición radicalizara sus acciones de protesta al tercer día. El 11 de abril, mientras continuaba el paro, líderes de la oposición decidieron desviar la marcha que tenían prevista originalmente desde Parque del Este a Pdvsa-Chuao, para dirigirse hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, provocando un enfrentamiento entre afectos al gobierno que se encontraban en el lugar, y alentando el golpe de estado, que derrocó a Chávez por dos días.

Después del golpe y del retorno del presidente Chávez al poder, la inestabilidad no cesó. A pesar que Chávez aceptó iniciar conversaciones con la oposición, de que se establecieron mesas de diálogo entre ambas partes con la mediación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de que se restituyeron a los trabajadores petroleros despedidos, sin embargo semanas después se reiniciaron las protestas opositoras.Plaza Altamira

A mediados de 2002, un grupo de militares activos y retirados que habían estado implicados en el golpe de abril se pronunciaron en contra del gobierno en la Plaza Altamira al este de Caracas; era un alzamiento no armado. Día a día, más militares se unieron a la protesta hasta alcanzar a unos 120 oficiales; sobre esto los medios privados como Globovisión, Venevisión, RCTV y Televen ofrecieron una cobertura de casi 24 horas diarias. Fue ampliamente apoyada por miles de simpatizantes, por políticos de la oposición y hasta por celebridades, que mantenían la plaza llena a toda hora.

Se sucedieron manifestaciones que desembocaron en violentos enfrentamientos callejeros entre chavistas y antichavistas de manera casi diaria, en las principales ciudades del país, destacando Caracas, la capital venezolana. Las posturas de ambos bandos se radicalizaron aún más, y ya el sector opositor no exigía la retirada del paquete de leyes sino la renuncia de Chávez y su gobierno en pleno.El Paro

Fedecámaras convocó el paro el 2 de diciembre. Su duración inicialmente era de 24 horas, pero se extendió día a día hasta convertirse en una huelga indefinida en plena temporada comercial navideña. Los comerciantes, empresarios, empleados y obreros recibían promesas de que el paro sólo duraría unos días hasta lograr la renuncia de Chávez, pero dicha renuncia no llegó. En boca de funcionarios del gobierno, parecía que la oposición se había metido en una huelga de la que no sabía cómo salir.

Al principio, el paro plegó solo a las empresas de la patronal y los sindicatos afiliados a la CTV, pero pronto los directivos de PDVSA y los empleados a nivel gerencial decidieron apoyarlo. De esta manera, el país quedo prácticamente paralizado. Sólo continuaron trabajando algunas empresas del Estado, el transporte público terrestre y aéreo, los servicios de agua, luz y teléfono, y los medios de comunicación públicos y privados, aunque estos últimos decidieron suspender la programación habitual y la emisión de publicidad, sustituyéndola por programación política e informativa las 24 horas del día. Sólo se transmitían cuñas de índole político que apoyaban la continuación o no del paro y la realización de protestas y marchas en distintos puntos del país, aupadas por la Coordinadora Democrática o por el Gobierno.Trabajadores petroleros apegados al paro

La paralización llegó a un clímax cuando se afectó a la petrolera estatal, Pdvsa. Miles de los empleados de la empresa abandonaron sus puestos de trabajo para plegarse al paro.

El gobierno negaba al principio que algo pasaba en Pdvsa, pero las cosas se hicieron demasiado evidentes cuando, el 5 de diciembre, la tripulación del buque petrolero Pilín León se declaró en rebeldía y fondeó el buque en el canal de navegación del lago de Maracaibo. Pronto otras embarcaciones —que transportaban el petróleo y sus derivados desde los pozos de extracción a las refinerías o desde éstas hacia los puntos de distribución o hacia otros países— siguieron su ejemplo.

El gobierno acusó a los empleados petroleros de cometer sabotajes contra la empresa: destrucción de equipos, intervención de sistemas automatizados que garantizaban la distribución del crudo y sus derivados, y el bloqueo diversos servicios tecnológicos esenciales. Las empresas privadas que brindaban servicios informáticos a Pdvsa, tales como Intesa, también se unieron al paro.

Un aspecto paradójico fue que el gobierno del quinto productor mundial de petróleo, debió importar gasolina desde Brasil y otros países.Plano socialLargos aglomeramientos vehiculares en las gasolineras el 10 de diciembre de 2002.

A diario se sucedía manifestaciones comandadas por el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández Pérez, y el de la CTV, Carlos Ortega, quienes fungieron como voceros de la oposición. Los simpatizantes y adversarios del gobierno de Chávez se reunían 24 horas al día en sitios claves: la oposición se aglomeraba en torno a la Plaza Francia de Altamira y la sede de PDVSA en Chuao, mientras que el chavismo se concentraba en torno al Palacio de Miraflores, la Plaza Bolívar y la sede principal de PDVSA en La Campiña.

La oposición, además, bloqueaba los carriles vehiculares en la autopista Francisco Fajardo (Caracas) y en la plaza Altamira; también lo hacían en varias urbanizaciones de clase media de Caracas, Valencia y el país en general. En varios sitios, como en Terrazas del Ávila, La Urbina y Santa Fe (en el este de Caracas), hubo enfrentamientos violentos entre opositores que querían trancar las vías y chavistas que vivían en barrios adyacentes y querían evitarlo.

La oposición realizaba "cacerolazos" (protesta golpeando ollas) todas las noches. En algunos casos, realizaron marchas durante el día forzando a cerrar aquellos negocios y tiendas que abrían en sus urbanizaciones, o frente a las casas de funcionarios y simpatizantes del gobierno a quienes les exigían renunciar.

La polarización política fue total: dividía familias y ponía a pelear a unos contra otros. Los grandes centros comerciales estaban cerrados, las universidades suspendieron clases, los principales espectáculos locales —como el béisbol, el deporte más concurrido— estaban suspendidos, y las fiestas decembrinas eran inusuales en un país con gran tradición navideña, porque muchas personas no habían cobrado su bono navideño.

Esto trajo graves repercusiones sobre la población. Una vez que las dispensadoras de gasolina se quedaron vacías, fue común ver largas colas en las gasolineras, que los medios de comunicación privado mostraban constantemente para dar a entender que el paro era un éxito, cosa que negaba el gobierno.

El problema también fue crítico en las barriadas populares, donde se depende de bombonas de gas para cocinar. Era común ver en muchos lugares del interior del país a personas cocinando con leña, muebles viejos y con otros materiales inflamables.Muertes de la Plaza Altamira

Uno de los momentos más inquietantes del paro ocurrió el viernes 6 de diciembre de 2002 en la noche, al cuarto día de la huelga. Ya era bastante la preocupación en el gobierno por el avance del paro, al cual se había sumado la paralización de varios tanqueros petroleros y el apoyo de gran cantidad de trabajadores de PDVSA al conflicto. Además, la oposición había tomado la sede de PDVSA en Chuao y amenazaba con tomar la sede principal ubicada en La Campiña, en el centro de Caracas. La Plaza Francia de Altamira se había convertido en el principal punto de encuentro de la oposición y miles de personas se reunían allí día a día para escuchar a los más de cien militares activos que se habían pronunciado en contra del gobierno y brindaban discursos en esa plaza, junto a destacados líderes de partidos de oposición, artistas, empresarios y personalidades que se presentaban allí todos los días a motivar a los manifestantes. Equipos de televisión de los canales privados transmitían en directo reseñando todo lo que ocurría, manteniendo equipos las 24 horas durante casi todo el paro y los días que lo precedieron.

Ese día, aproximadamente a las nueve de la noche, un nutrido grupo de personas estaban presentes en la plaza cuando, súbitamente, alguien realizó más de 20 disparos contra el grupo de manifestantes, dejando un saldo de tres personas muertas y unos trece heridos. El autor de los disparos, un individuo llamado João de Gouveia, fue capturado de inmediato gracias a una acción conjunta entre manifestantes y policías.

Durante toda la noche, los cuatro canales de televisión privados repitieron constantemente las imágenes de los muertos y heridos y los gritos de las personas en la plaza acusando de homicidas al gobierno, sus funcionarios y simpatizantes, y llamando a deponer al régimen. En las zonas de clase media simpatizantes de la oposición, cientos de personas se volcaron a las calles a protestar y manifestar. Se asaltaron algunas sedes del Movimiento V República (partido de gobierno) en El Rosal (este de Caracas) y en varios sitios del interior del país.

Los días 7 y 8 de diciembre la crisis continuó. Debido a los incidentes en Plaza Altamira, las protestas opositoras se intensificaron pareciendo inminente la caída del gobierno. El apoyo de la mayoría de los empleados de Pdvsa al paro y las declaraciones de diversos políticos incrementaron esta matriz de opinión.Las protestas contra los medios

El día 9 de diciembre en la noche un grupo de personas agolpadas en los alrededores de la sede de Pdvsa La Campiña, se dirigieron hacia la sede del canal privado Globovisión, a objeto de protestar contra las emisoras privadas de televisión venezolanas, tales como Venevisión, RCTV, Globovisión, Televen y otros. La protesta fue protagonizada en su mayoría por estudiantes, vecinos, amas de casa y trabajadores quienes decidieron manifestar su desacuerdo con el desenvolvimiento de los medios en promoción del paro petrolero.

Para las 11:00 pm de la noche, las sedes de los canales RCTV, Televen, Venevisión y otros canales privados de alcance nacional, ya habían sido rodeadas por chavistas protestantes. La acción también fue desarrollada en el interior del país, donde cientos de personas acudieron a la sede de TVS en Maracay y de otras televisoras de los estados Zulia y Bolívar.

La protesta se fundamentaba en la solicitud de poner fin a la conducta de la mayoría de los medios de comunicación privados, quienes para la fecha habían cesado su programación habitual de espacios informativos, novelas, películas y programas infantiles; y se encontraban transmitiendo de manera ininterrumpida los hechos de violencia que ocurrían.Debilitamiento y fin del paro

El paro se fue debilitando con el paso de los días. Las protestas de chavistas el 9 de diciembre frente a los medios de comunicación privados lograron que el gobierno se recuperara de la crisis causada por el ataque perpetrado por Joao de Gouveia el 6 de diciembre contra la plaza Altamira. El gobierno pronto aseguró el suministro de alimentos y servicios básicos a la población, luego de lo cual sólo restaba recuperar el control de Pdvsa.

Por varios días, no hubo avances en ninguna de las partes. El presidente Chávez no renunció al cargo; la oposición tampoco cedía, si bien se estaba dando cuenta de que no lograba sus objetivos debido a que no había logrado acorralar al gobierno. Igualmente, una mesa de negociación y acuerdos organizada por el Centro Carter y la OEA no lograba mayores avances entre gobierno y oposición. Al mismo tiempo, todos los días a las seis de la tarde Carlos Ortega y Carlos Fernández, líderes de las confederaciones sindical y patronal, emitían anuncios por televisión alargando un día más la huelga e instando a sus seguidores a continuar la misma.

El primer síntoma notorio de que el gobierno retomaría el control de Pdvsa ocurrió el 21 de diciembre, cuando se logró recuperar el buque tanquero Pilín León y conducirlo a puerto seguro por el canal de navegación del Lago de Maracaibo y por debajo del puente Rafael Urdaneta. Días después fue puesto a trabajar llevando crudo a las refinerías. Esos hechos, transmitidos en vivo por el canal del Estado, tuvieron un impacto psicológico muy fuerte en ambas partes del conflicto, y puede considerarse el inicio del fin del paro. Los otros buques también fueron recuperados a los pocos días.

Paulatinamente, en enero de 2003, el gobierno logró recuperar el control de PDVSA gracias al apoyo de empleados que no se unieron al paro, y de simpatizantes que se reunían en los alrededores de refinerías y llenaderos (sitios donde las gandolas se abastecían para llevar combustible a las gasolineras), ofreciéndose de voluntarios para ayudar a reactivar la empresa.

Los empresarios, por su cuenta, comenzaron a abrir sus negocios y locales comerciales, desobedeciendo a las federaciones que los agrupaban. Para afrontar la crisis creada por el paro, tuvieron que tomar medidas como recortes de horario y reducción de personal, que afectó directamente los índices de desempleo. Otras empresas y tiendas no soportaron la crisis y debieron cerrar sus puertas, dejando a miles de empleados en las calles. Los medios de comunicación también tomaron medidas similares, despidiendo a muchos periodistas.

El paro terminó el 3 de febrero de 2003, sin mayor aviso por parte de sus líderes. Un día antes, el 2 de febrero, la oposición realizó una recolección de firmas para un referendo consultivo (recolección que posteriormente fue declarada nula por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no cumplir una serie de requisitos legales). Esa noche, la oposición celebró el éxito de la recolección de firmas, y el 3 de febrero muchas empresas comenzaron a trabajar con las limitaciones arriba descritas.Repercusión internacional

El paro fue un factor determinante en la escalada del precio del petróleo, debido a que Venezuela no lo exportaba, sino que tenía que importarlo. Y a pesar de que Estados Unidos compraba el 70% de la producción petrolera del país, los voceros estadounidenses no mostraron objeción alguna sobre la paralización de la producción de petróleo por parte de los trabajadores petroleros, sólo instaron a que se resolviera la crisis por medio del llamado "Grupo de Amigos de Venezuela", promovida por Luiz Inácio Lula da Silva con intermedio del presidente de Brasil de ese momento Fernando Henrique Cardoso, y que además de este país estaba integrado

por Chile, Estados Unidos, España y Portugal. Países cuyos gobiernos no se llevaban bien con el gobierno de Chávez, en ese momento exceptuando el de Brasil.Alternativas de mediación o facilitación

Otra alternativa para detener la crisis fue la promovida por el secretario general de la OEA, el colombiano César Gaviria, en el marco de la Mesa de Negociación y Acuerdos de Venezuela que permitía el diálogo entre los sectores enfrentados. Dicha mesa estaba establecida desde antes del paro pero no pudo evitar el inicio del mismo, y culminó semanas después con la firma de un documento contra la violencia, pero no con la culminación del paro debido a que la petición central del bando opositor era la renuncia del Presidente, o la realización de un referendo presidencial sobre la continuidad de Chávez.

El referendo revocatorio estaba incluido en la Constitución, pero según las leyes debía efectuarse a mediados de 2003, y la oposición no estaba dispuesta a esperar tanto. Además, tampoco aceptaban las condiciones del referendo revocatorio, que estaba en la Constitución, y pedían el referendo de opinión o consultivo, que aún cuando no era vinculante, requería menos firmas para convocarse y podía realizarse en un plazo mucho menor. El gobierno nunca aceptó el referéndum propuesto por la oposición, sino el especificado en la Constitución. Otra diferencia de criterio en la mesa de negociación entre ambos bandos era las funciones de la OEA y el Centro Carter; el chavismo hablaba de facilitación, mientras que la oposición insistía en el papel de la mediación.ConsecuenciasMedios de comunicación

Durante el paro, los medios de comunicación se comportaron de una forma atípica en comparación con otros países: todas las televisoras privadas de alcance nacional y los periódicos más importantes le dieron apoyo irrestricto, sin disimulo. Los primeros suspendiendo toda su programación de entretenimiento y sus anuncios comerciales para dar paso a programación política e informativa durante 18 ó 20 horas al día.

Los periódicos apoyaron al paro: algunos no circularon los primeros días, pero después decidieron seguir editando ediciones donde sólo se exponía el desarrollo y el "éxito" del paro, suspendiendo publicidad y noticias deportivas, culturales y de otra índole. Era cotidiano ver a grandes periódicos de circulación nacional, como El Universal, titular en su primera plana con grandes letras mayúsculas: "¡Hasta que se vaya!" Esta actitud de los medios fue criticada por algunos opositores a Chavez, como el historiador Jorge Olavarría.

Simpatizantes del presidente Chávez acusaron a los medios de comunicación privados, incluyendo canales de televisión, emisoras de radio y la prensa nacional, de sólo emitir los actos de protesta de la oposición —también habían manifestaciones y concentraciones chavistas todos los días— y de no permitir entrevistar a personas partidarias del gobierno. El canal de TV y la emisora de radio oficial también participaron en esta guerra mediática parcializándose a favor del gobierno, si bien era un enfrentamiento desproporcionado. De esta forma, la polarización se acentuó mucho más y los medios de comunicación imparciales prácticamente desaparecieron.

Estas posturas se han mantenido durante los años subsiguientes, si bien algunos medios se han plegado al abandonar programas o artículos de corte opositor. El gobierno también apoyó la creación de periódicos, emisoras de radio, televisoras y sitios de Internet de carácter alternativo, que son consideradas por la oposición como focos de propaganda gubernamental, pero que el gobierno defiende como espacios de expresión para quienes eran censurados por las emisoras privadas.¿Paro general o lock out?

Se insiste en que el paro además era un lock out, ya que en muchas empresas, fábricas y locales comerciales los trabajadores querían continuar sus labores, pero los patrones tomaron la decisión de pararse. Sin embargo, en la Administración Pública algunos representantes de gremios y sindicatos, militantes activos de la oposición hicieron

llamados al paro. Entre estos, se destacaron aquellos sindicatos, que formaban parte de la CTV, cuyo líder Carlos Ortega, lideraba el llamado Paro Cívico Nacional. La mayoría de los representantes de estos sindicatos, militan activamente en partidos de oposición como Acción Democrática. También hicieron llamados al paro, gremios como la Federación Médica Venezolana, cuyo líder, formaba parte de la coalición de oposición que había convocado el Paro.

A medida que se fue debilitando el paro patronal, la Coordinadora Democrática, hizo un llamado al Paro Educativo, al cual se sumaron los propietarios de la casi totalidad de Colegios Privados de Caracas y del país, con ciertas excepciones como la del Centro Educativo de los Profesores de la Universidad Central de Venezuela (CEAPUCV), el cual permaneció abierto durante todos los días que duró el Paro, siendo obligatoria la asistencia de profesores y alumnos, a excepción de aquellos que por la distancia, o estar ubicados en lugares cercanos a los sitios de protestas o marchas, fuera contraproducente salir de sus casas.

Esta modalidad de paro educativo se efectuó como última medida de presión para la salida del Presidente venezolano.Consecuencias económicas

Las consecuencias fueron nefastas para la población y el país. Hubo escasez de alimentos y gasolina durante y después del paro. Muchas empresas pequeñas y medianas quebraron debido a que dependían de las empresas que agrupaban Fedecámaras para realizar sus actividades. Los índices de desempleo y comercio informal aumentaron enormemente.

Debido a que el paro fue impuesto desde las cúpulas de las cámaras de empresarios, muchas empresas que pertenecían a dichas centrales debieron cerrar en contra de su voluntad. Los dueños de grandes centros comerciales como el Centro Sambil, el más grande de Venezuela, impidieron que los pequeños comerciantes abrieran sus negocios y tiendas. Los distribuidores de mercancía también se sumaron al paro e impidieron que la misma llegara a los comerciantes. Esto los afectó enormemente debido a la importancia de la temporada decembrina para las ventas, lo que influyó en que aumentara el contrabando desde Colombia de productos básicos de todo tipo.

En el aspecto macroeconómico las consecuencias también fueron muy negativas: la inflación se disparó, al igual que el desempleo y cayó el Producto Interno Bruto (PIB).

Poco antes de la finalización del paro, el presidente Chávez denunció que los empresarios estaban sacando del país grandes cantidades de divisas con el fin de devaluar la moneda venezolana; para impedirlo, decretó un mecanismo de control de cambio administrado por un nuevo ente del gobierno, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), que se mantiene hasta la actualidad.

Por su parte, el gobierno creó la Misión Mercal un programa social encargado de la venta, distribución y almacenaje de alimentos y productos a bajos precios como una previsión para contrarrestar hipotéticos paros de esta magnitud si se dieran en un futuro.Consecuencias en PDVSA

Más 15 mil empleados de la industria estatal petrolera que participaron en el paro fueron desincorporados de la nómina, a pesar de los pedidos y exigencias constante de la oposición para su reenganche.

De esa manera, el gobierno logró ganar la lucha por el control de Pdvsa. La estatal pasó a ser un ente bajo el control y la tutela del Ministerio de Energía y Petróleo, y fue completamente reestructurada.

Sus sedes ubicadas en Caracas (donde trabajaban la mayoría de los gerentes y nomina mayor desincorporados) fueron consideradas excesivas; la sede de Los Chaguaramos fue cedida a la Universidad Bolivariana de Venezuela y la sede de Chuao, emblemática para la oposición, fue cedida a la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA). La sede de La Campiña fue parcialmente cedida al Ministerio de Energía y Petróleo (como estaba previsto en los planes de contrucción de El Complejo desde la década del '70); otras sedes en el interior también fueron cedidas a entes educativos públicos.

La reestructuración de Pdvsa le permitió apoyar y financiar directamente varias misiones educativas y sociales que el gobierno llevaba adelante, entre ellas la "Misión Sucre", que brinda educación superior a los jóvenes que no pudieron ingresar a las universidades. Igualmente, la petrolera se aperturó más para incluir a cooperativas y PYMEs entre las empresas a las cuales contrataba para sus servicios, y está preparándose para iniciar la migración de sus sistemas hacia Software Libre, según lo acordado en un decreto presidencial reciente.

Las ganancias que el Estado recibe de Pdvsa se incrementaron como resultado de la reestructuración, en un principio la oposición alega bajas ganancias, por la supuesta inoperancia de los nuevos trabajadores, lo cual parece confirmar las quejas sobre los manejos que hacía la meritocracia petrolera. Sin embargo, estas ganancias también son criticadas por la oposición, quienes afirman que el país no ha mejorado a pesar de las enormes entradas monetarias.Consecuencias políticas y penales

A los pocos días de terminado el paro, Carlos Ortega y Carlos Fernández, presidentes de la CTV y de Fedecámaras respectivamente, fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de traición a la patria y rebelión civil.

Tanto Ortega como Fernández huyeron del país. Ortega tuvo que abandonar Costa Rica, país que le había dado asilo, debido a que realizó una serie de declaraciones políticas que dicho país le había pedido evitar, regresó clandestinamente a Venezuela, y fue capturado en un bingo en febrero de 2005. En diciembre de ese año, Ortega fue sentenciado a 16 años de prisión por los hechos del paro, pero logró fugarse del sitio donde estaba recluido en agosto de 2006. Su paradero actualmente es desconocido.

Joao de Gouveia fue sentenciado a cumplir 29 años y 11 meses de prisión luego de declararse culpable por las muertes en plaza Altamira. Gouveia aparenta tener problemas o desórdenes psicológicos, y hasta ahora no se han concretado evidencias que lo relacionen con el chavismo o la oposición, si bien políticos de ambos bandos han lanzado acusaciones sin pruebas afirmando que fue pagado por uno u otro sector político.Consecuencias Sociales

El paro es recordado, tras afectar política, económica y socialmente a la población venezolana y en particular a los residentes de las grandes ciudades. Convirtiéndose además en un fracaso para sus convocantes, al no cumplirse su objetivo inicial de lograr la salida del Jefe de Estado. Entre otras causas de dicho fracaso, puede mencionarse la ausencia de un componente militar aliado a la oposición —estos habían sido removidos por el gobierno, después de ser detectados en el golpe del 11 de abril— que lograra la remoción del Presidente a través de una ruptura del hilo constitucional.

Igualmente, el apoyo de buena parte de la población de clase humilde al Gobierno evitó que éste cayera. Además, la patronal empresarial y los partidos tradicionales eran víctimas de un fuerte rechazo por parte de las clases populares y no lograron conectarse con el mismo para ganar su apoyo.

Los sectores de clase media, en buena parte seguidores de la oposición, tendían a sentirse identificados con Juan Fernández, líder de los empleados de Pdvsa que se habían declarado en huelga, pero no con los partidos políticos de la Coordinadora Democrática, la patronal, ni el sindicato CTV.

Una vez estaba claro que el presidente Chávez no iba a renunciar, el paro pasó a tener otros objetivos que tampoco se cumplieron: el referéndum no vinculante exigido por la oposición para consultar la permanencia de Chávez en el poder no se realizó por no estar en la Constitución. Finalmente se realizó un Referéndum en el 2004 que fue ganado por el presidente Chávez. Las leyes aprobadas en 2001 por habilitante no fueron anuladas. La lucha de los trabajadores petroleros oposicionistas se quebró cuando todos los que se unieron al paro fueron despedidos.Consecuencias menores de otra índole

Una de las consecuencias de caracter menor, fue la suspensión de la temporada 2002-2003 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (deporte número uno seguido por la mayoría de los venezolanos), donde por primera vez en la historia de la liga, un campeonato no se concreta, y respectivamente Venezuela queda ausente del torneo anual Serie del Caribe; y Puerto Rico, como país anfitrión en ese momento, le fue dada la potestad de llevar dos equipos para cubrir el vacío del representante de Venezuela, a razón de que la liga se sumó al paro después de casi tres meses de actividad.

“El paro petrolero de 2002-2003 fue uno de los actos terroristas más viles”Comentarios desactivadosPublicado el 02/12/2012 en SECCIONES

El paro petrolero de diciembre de 2002 fue un crimen de lesa humanidad. Se violó el derecho al trabajo de la gente, se coartó el libre tránsito, se cerraron los centros comerciales de forma arbitraria; los servicios bancarios y mucha actividad manufacturera, como la producción de alimentos, fue paralizada por decisión de los patronos de las empresas.

“Son daños que no están contabilizados y que ocasionaron graves consecuencias a la población que los medios de comunicación invisibilizaron. Solo eran voceros de la política abiertamente conspirativa”, manifestó Andrés Giussepe, presidente de la asociación civil Víctimas del Paro Petrolero (Videlpa).

Aunque han pasado 10 años de aquellos sucesos, el activista político sostiene que son hechos que no prescriben y las sanciones deberían llevarse hasta las últimas consecuencias: juzgar a todos aquellos que le hicieron un daño irreparable a la nación y al pueblo venezolano. “El caso está en la Fiscalía General de la República, las víctimas todavía están ahí aunque algunas murieron. Recabar los testimonios fue un trabajo arduo en medio del fragor del paro”, sostuvo el también economista y profesor universitario.

En la primera quincena de enero de 2003, Giussepe y un grupo de profesionales y técnicos no se dieron abasto con la gran cantidad de personas que acudieron a la improvisada oficina que había montado en la Asamblea Nacional para recibir a las víctimas del paro petrolero que comenzó el 2 de diciembre de 2002.

“Ante la gravedad de los acontecimientos y las nefastas consecuencias para el pueblo, establecimos una red de abogados y otros profesionales en los 24 estados del país que logró recabar más de 17 mil denuncias, de las cuales 370 se presentaron el Fiscalía General de la República”, recordó el exdiputado del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

Los estragos que estaba causando el paro petrolero impulsó a este activista político junto a un grupo de profesionales y técnicos a documentar la información sobre esas nefastas consecuencias. “Se elaboraron

expedientes con elementos probatorios contundentes sobre las desgracias que habían causado en las ciudadanas y ciudadanos. Fuimos compilando los testimonios. Una labor que se nos facilitó gracias a que nos proporcionaron una oficina en la Asamblea Nacional. Esto nos permitió avanzar en el trabajo y tener un espacio para recibir a las personas que fueron víctimas del sabotaje”, dijo.

El trabajo realizado fue de mucha utilidad, sostuvo Giussepe. De las 370 denuncias el Ministerio Público utilizó 50 para acusar a Carlos Fernández, en ese momento presidente de Fedecámaras, en sustitución de Pedro Carmona Estanga; Carlos Ortega, titular de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV); y Juan Fernández, que lideraba al movimiento que se autodenominó Gente de Petróleo.

“Exactamente fueron 52 víctimas que trajimos del interior del país, para que rindieran declaración en el Ministerio Público contra las caras visibles del paro. Los testimonios constituyeron elementos probatorios para acusar a esos tres personajes. Fue un trabajo mancomunado de abogados revolucionarios que estaban decididos a luchar contra la impunidad, junto a ese grupo de ciudadanas y ciudadanos que de alguna manera interpretaron el sentir de la mayoría del pueblo venezolano”, sostuvo el economista, quien fue también un testigo de la parte acusatoria.

“Lo denuncié en el Tribunal de Control 59 de ese tiempo. La fiscal Luisa Ortega Díaz llevaba ese caso. Logró imputar a los cabecillas de esos hechos macabros. No es como el oposicionismo dice que son perseguidos políticos. Ellos cometieron delitos imputables y ahora están prófugos de la justicia”, aclaró.

Aunque lograron evadir la justicia, esas personas fueron juzgadas y tienen una condena de muchos años. A Carlos Ortega le imputaron una pena de cerca de 30 años. Cometió delitos de agavillamiento, conspiración, rebelión civil. Están tipificados en el código penal venezolano, explicó.Se venía cocinando

El caso del paro petrolero todavía no ha sido cerrado por la justicia venezolana; de hecho, recientemente Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sancionó administrativamente a 11 extrabajadores con 119 millones de bolívares por sus responsabilidades civiles, así como impuso una multa por sus actuaciones durante la paralización de los años 2002 y 2003.

Seis meses antes del paro habían intentado derrocar al presidente Hugo Chávez mediante un golpe de Estado; frente al paro y detrás del paro estaban los mismos que participaron en la intentona militar. Como gozaban de plena libertad decidieron dar este nueva paso fratricida, añadió el economista y abogado revolucionario. Además de Ortega y Fernández estaban Leopoldo López (exalcalde de Chacao), Henrique Capriles Radonski (gobernador de Miranda), Enrique Mendoza (diputado opositor); una gran cantidad de quienes hoy siguen en la oposición retomaron la violencia para derrocar de nuevo al Gobierno legítimo.

“El paro petrolero de 2002-2003 fue uno de los actos terroristas más viles que ha vivido la sociedad venezolana. Ha sido uno de los capítulos de la historia más oscuros. Fueron exactamente 64 días de terror, con un grupo de políticos que se organizaron y confabularon, sonsacaron a un grupo numeroso de gerentes de Pdvsa para dar el zarpazo. Eran personas que ganaban bien, lo que les permitía vivir de una manera acomodada con holgura. Los engañaron y los embaucaron en una aventura terrorista contra sus familiares y la sociedad venezolana”, asintió el presidente de Videlpa.

Pasó mucho tiempo antes de que sancionaran a la Gente del Petróleo; su líder Juan Fernández, se fue del país junto con otros dirigentes. “Actuaron como unos cobardes, no han tenido la sensatez de enfrentar esos juicios. Buscaban derrocar al presidente Chávez, no lo lograron y no asumieron su responsabilidad. En el juego político

hay ganadores y perdedores. Ellos destruyeron el país, causaron cerca de 15 mil millones de dólares en pérdidas solamente en el sector petrolero, sin contar los daños a los civiles”, sostuvo.

Los perjuicios a las personas son incuantificables; por las manos de Giussepe pasaron relatos de personas que no fueron atendidas de emergencia en los hospitales, porque hubo médicos que se sumaron al paro. “Son muchas las vejaciones por la que pasó el pueblo; las personas acumulaban gasolina en su casa para poder transportarse. Me viene a la memoria la familia que murió calcinada en Mérida. O la tragedia que vivió Jacinto”, rememoró.

En el rostro de este luchador revolucionario todavía se ve la indignación cuando recuerda esos hechos de caos, desidia y miseria. “La oposición pensó que sembrando eso iban a derrotar al presiente Chávez. Después de 10 años vemos que es todo lo contrario. El Primer Mandatario está sembrado en el corazón del pueblo. Hace poco volvió a triunfar”, enfatizó.Tras bastidores

La oposición no se ha podido levantar de esos hechos, pero sigue obedeciendo a las mismas directrices. “Estados Unidos estuvo detrás de esa conspiración. Los que estaban detrás del paro engañaron a su gente; garantizaron una derrota segura de Chávez, pero no lo lograron. Su intereses habían sido afectados y querían cambiar la situación”.

Cabe recordar que al final de año 2001 se aprobó la nueva Ley de Hidrocarburos que entró en vigencia a principios del 2002. Eso conllevó a la serie de conspiraciones que se sucedieron desde esa fecha, “unas con mayor intensidad que otras, hasta el derrocamiento del Presidente el 11 abril por unas pocas horas”, acotó Giussepe.

La situación estaba clara. Las transnacionales perdían el control de la industria petrolera del país con las mayores reservas petroleras del mundo, aunque en esa época no estaban certificadas. “Las lucha política tenía de trasfondo el petróleo, aunque sus argumentos eran que Chávez estaba aplicando una política de corte socialista, decían ellos. Como se quería implantar el comunismo en el país, ellos tuvieron que salirle al paso al Primer Mandatario, argumentaban en sus alocuciones al país”, explicó el docente, con documentos de la época en mano.

Luego del golpe de Estado se montaron unas mesas de negociación, en las que la Organización de Estados Americanos (OEA), brazo político de gobierno de los Estados Unidos, estaba como mediadora. Al mismo tiempo estaban los actores políticos de la oposición, quienes generaron situaciones que llevaran al país a una crisis.

“Todo esto se hacía para facilitar una intervención militar. Ellos buscaban una explosión social que generara las condiciones para que las fuerzas externas intervinieran en el país. Se trata de un guión escrito muchas veces que se repite a menudo, donde están los gringos metidos. Viene la intervención militar, los cascos azules y el saqueo del país, como siempre lo han hecho”, describió el economista.

Otras de las propuestas que ofrecían en su partes de guerra durante el paro, era el adelanto de las elecciones. En su intransigencia llegaron a pedir la renuncia del Chávez. “Hasta que el Presidente no vaya no se levanta el paro”, decían los conspiradores. Ellos lo que pretendían era mantener los privilegios de la meritocracia y que Pdvsa estuviera a espaldas del país, relató el activista revolucionario.Medios, partidos y ONG participaron en el sabotaje

Dejar de producir uno de los bienes estratégicos de la sociedad moderna fue un plan que no se aplicó ni siquiera en la invasión a Irak o más recientemente en Libia. Los integrantes de alta gerencia de Pdvsa “se plantearon paralizar la industria petrolera y lo lograron. Llevaron al país a un proceso de involución social. Había que cocinar con leña, se dejó de producir casi todo. Muchos analistas e investigadores se preguntan cómo será la sociedad

cuando se agote el petróleo. Las venezolanas y venezolanos ya vivimos eso. Tanto el transporte terrestre, como marítimo y aéreo se detuvieron”, recordó Andrés Giussepe.

“Fue un plan macabro”, sigue el docente. “Nosotros contabilizamos una gran comunidad de actores que participaron en esos hechos. Fueron 36 organizaciones no gubernamental (ONG), 14 partidos políticos de oposición, los medios de comunicación privados más importantes, tanto radios, televisoras e impresos”.

Una casta de empresarios connotados también estuvo en esa conspiración. La burguesía tradicional venezolana se montó en esos hechos, lo arriesgaron todo, conjuntamente con la cúpula de la CTV, tanto Carlos Ortega como Manuel Cova, que siempre estuvo de bajo perfil. “El objetivo era derrotar a Chávez por la fuerza, porque no pudieron hacerlo con los votos.

En los seis meses posteriores al golpe, la oposición fue ganando tiempo, con la mesa de negociaciones y todas sus artimañas de baja intensidad, para lanzar el zarpazo definitivo y volver a derrocar a Chávez, pero esta vez de manera definitiva. “Fueron días de terror, no solamente los que se vivieron en el paro, con esos partes de guerra macabros, sino que se fue generando un ambiente de angustia en la población en los días anteriores, anunciando que el paro era inminente, porque Chávez no cedía a sus peticiones. Esa zozobra la mantuvieron. La gente estaba angustiada y triste”.

Muchas personas se enfermaron, se fue creando un ambiente de psicosis colectiva antes de lanzar el paro y se mantuvo esa situación de terror durante la paralización del país. Días antes de la convocatoria, Luis Giusti, expresidente de Pdvsa y prófugo de la justicia venezolana dio unas declaraciones que fueron como el pitazo para la gente que estaba dentro de la industria.

“Fue un acto de traición histórica con el país. Lo preocupante es que esos mismos actores están ahora en la Asamblea Nacional, en algunas gobernaciones y alcaldías. Hasta se lanzaron en un proyecto presidencialista en las últimas elecciones, con una cantidad importante de votos. El candidato Henrique Capriles Radonski participó activamente en el paro petrolero. Antonio Ledezma se lanzó y ganó la alcaldía metropolitana, Henrique Mendoza es diputado. Todos esos conspiradores en un país sin impunidad estuvieran presos”, sentenció.

A pesar de la falta de sanciones a muchos de sus autores intelectuales, Guisssepe considera que la oposición sufrió una derrota contundente, no pudieron engañar al pueblo y ponerlo en contra del Gobierno del presidente Chávez. “En ese sentido el paro fue un fracaso, desde un principio. El primer día casi nadie lo acató, después decidieron que fuera una semana hasta que lo declararon indefinido, pero ni pudieron con el pueblo”, comentó.

El pueblo se recuperó de ese drama, consideró el economista. “Los 64 días de crisis política fueron superados, los golpistas de Pdvsa fueron despedidos porque violaron los derechos humanos de todos los venezolanos, eran funcionarios públicos y les caída todo el peso de la ley. Hoy el Gobierno está preparado para enfrentar un evento de esa magnitud, la red pública de distribución de alimentos es un ejemplo”, argumentó.¿Por qué en diciembre?

Si se analizan desde una perspectiva política e histórica, esos 64 días de crisis política e histórica fueron pasajes de conspiración, terrorismo, sabotaje, disidencia y desobediencia. “Es un pasaje oscuro de la vida republicana. Intentaron destruir al país y quebrar a la economía venezolana, pero no lo lograron”, dijo el presidente de Videlpa, Andrés Giuseppe.

Las fechas decembrinas son muy especiales para el venezolano y el mundo occidental. El país registra en diciembre la mayor actividad económica, decisiva para muchas empresas, especialmente para las pequeñas y los pequeños y medianos comerciantes.

“Creo que la decisión de que fuera en diciembre no fue ingenua. Muchas personas llegaron a la oficina que teníamos en la Asamblea Nacional para pedir ayuda. Habían pedido préstamos para capital de trabajo, para financiar sus compras y quebraron. Estaban desesperadas. No eran los únicos, muchos trabajadores no recibieron sus pagos de fin de año. Muchas empresas quebraron”, rememoró el economista.

Giussepe consideró que el impacto fue durísimo; la gente pasaba entre siete a ocho horas para surtirse con gasolina. “Tengo documentado el caso de una persona que esperó siete horas para surtirse de gasolina, eran las 10:00 pm y vino un delincuente para asaltarlo y perdió la vida. Recuerdo que muchos optaban por jugar dominó en las colas. Hay escenas de televisión en las que se puede apreciar a la gente con improvisadas mesitas echando la partida. Un amigo le dio el feliz año al bombero de la estación de servicio”.

Fue un juego muy duro que al estamento político de la oposición se le escapó de las manos y cayó en manos de unos aventureros radicales sin escrúpulos. Mas el pueblo resistió. No hubo la conmoción social que esperaban. “Lo que me duele es que todos esos farsantes siguen en el juego político, como si no hubiera pasado nada”.

Union cívico militar

AVN / La Radio del Sur

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió este jueves en la necesidad de consolidar la unión entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para lograr la independencia nacional y garantizar el desarrollo de la Nación.

“Debemos dar, pueblo y Fuerza Armada, una lucha admirable y simultánea por consolidar la independencia, la estabilidad de la República, por construir la paz social, la paz verdadera, por construir la prosperidad económica y eso se puede lograr si hay unión”, dijo a su llegada al estado Anzoátegui, para realizar una nueva jornada de Gobierno de Calle.

El jefe de estado resaltó que Venezuela cuenta con una nueva FANB, cada vez más cohesionada, “que no se le arrodilla a nadie”, construida por el máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

“Hoy estamos en mejores circunstancias de las que tuvieron nuestros libertadores hace 200 años. Hoy tenemos una patria liberada, independiente, firme, con rumbo y horizonte socialista de futuro”.

Por otro lado, el mandatario nacional adelantó que para esta jornada se prepara el arranque simultáneo en todo oriente del Plan Patria Segura “para construir la seguridad de nuestro pueblo, para proteger a nuestro pueblo”.

Resaltó que el plan de seguridad ya ha tenido resultados positivos en diferentes entidades del país en las que funcionarios de la FANB resguardan a los ciudadanos, e hizo énfasis en el estado Miranda.

“El estado Miranda es el más inseguro del país y estamos ya comenzando a controlar eso gracias al esfuerzo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, agregó.

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La unión cívico-militarPor: gprensa | Viernes, 28/05/2004 12:47 AM | Versión para imprimirLa orientación del Proceso Bolivariano en Venezuela, que entre otras tendencias de cambio social impulsa la reconciliación entre civiles y militares y la asunción de responsabilidades conjuntas en la defensa de los intereses colectivos y nacionales y el la integración latinoamericana y caribeña, ha despertado reacciones a dichos cambios, provenientes principalmente de los actores mediáticos y políticos nacionales e internacionales.

Los señalamientos se dirigen a alertar sobre supuestas “amenazas” de militarización de la sociedad venezolana. Otros señalamientos apuntan a la supuesta “destrucción” de la democracia y de la institución armada (así le llaman a las cúpulas partidistas y militares puntofijistas), que le abriría paso a las “milicias populares” y al “caudillismo”, a la imposición de una “dictadura”. ¿Qué hay de cierto en tales afirmaciones?

Comencemos por el principio. Cuando las tropas españolas invaden el territorio de la actual Venezuela imponen por vez primera la lógica de la guerra de conquista, basada en el genocidio y en el etnocidio para apropiarse los recursos de otros pueblos.

La incursión de los ejércitos coloniales español y portugués reprodujo en América el etnocidio cometido en sus propios países con las comunidades musulmanas y sefarditas. Durante tres siglos se cometieron los más atroces crímenes de lesa humanidad, disfrazados de “empresa civilizadora” y de “salvación de almas impuras”. Hasta finales del siglo XVIII, la presencia de ejércitos en tierras americanas se asocia con el ejercicio del poder colonial para dominar y explotar a los pueblos; se reproduce así en Venezuela y en América el papel histórico de los ejércitos en el resto del mundo, que más tarde sería reforzado con la irrupción del capitalismo moderno.

La gesta independentista americana representa la primera experiencia de alianza estratégica cívico-militar emancipatoria en el Continente, ya que los ejércitos libertadores son conformados por el pueblo en armas contra el poder colonial. Sin embargo, tras la Independencia formal de la mayoría de las colonias europeas, devenidas en Repúblicas a principios del siglo XIX, los ejércitos libertadores comienzan a perder su connotación popular y emancipatoria para ser cooptados por las renacientes oligarquías criollas aliadas a los imperialistas ingleses, franceses y estadounidenses. Se estructuran paulatinamente los ejércitos destinados al mantenimiento del status quo oligárquico-imperialista.

Este brevísimo recuento histórico demuestra que el llamado a la unión cívico-militar emancipatoria no es una idea nueva. La Historia venezolana nos presenta hitos: Simón Bolívar armó al pueblo para lograr la Independencia Nacional; más tarde, Ezequiel Zamora, con su lema “Tierras y hombres libres” luchó por rescatar el proyecto bolivariano durante la Guerra Federal iniciada en 1859.

Papel impuesto a las Fuerzas Armadas en el siglo XX

Como en otros países de la región, en Venezuela se impuso la distinción entre civiles y militares. Durante el período histórico de la IV República (1830-1999), se configuró una cultura y práctica políticas basadas en las componendas para mantener el reparto del poder entre ambos estamentos.

A partir del siglo XX, durante los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, se sientan las bases de la “modernización” y fortalecimiento institucional del ejército, imponiendo disciplina y cohesión; es el fin de un largo período de caudillismos regionalistas. El reacomodo de las relaciones de poder, signadas por la centralización y por una mayor sujeción al imperio -en el caso gomecista-, no contemplaba los más elementales mecanismos de legitimación democrática. Se consolida una burocracia clientelar cívico-militar, enriquecida por el incipiente negocio de la exportación petrolera.

Tras un breve período de democratización de la sociedad y sus instituciones (1936-1945), que resultó frustrado por el golpe de Estado perpetrado por civiles y militares vinculados al partido Acción Democrática, resurgen las viejas prácticas políticas dirigidas a la toma del poder por vías extralegales, viabilizadas mediante pactos cívicos-militares de espaldas al pueblo. A partir de 1958, con la instauración de la democracia representativa, el nuevo reacomodo de las relaciones de poder oligárquico-imperialista le asigna roles institucionales a civiles y militares en materia de seguridad estratégica y seguridad interna, obviando el hecho de que el ejercicio integral de ciudadanía implica responsabilidades compartidas, indistintamente de la pertenencia a esos dos ámbitos. Debido a que dicha división de roles obedeció a la necesidad de algunos de perpetuar las relaciones de poder establecidas por dicha alianza estratégica oligárquico-imperialista y no a un auténtico proyecto de país, el resultado fue el empleo concertado de las Fuerzas Armadas por dichos sectores civiles y militares en detrimento de la ciudadanía y de los intereses nacionales.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); los documentos de Santa Fe; el adoctrinamiento fascista y la capacitación en técnicas de terrorismo de Estado en la Escuela de las Américas y la aplicación de la Guerra de Baja Intensidad tuvieron en las cúpulas militares venezolanas instrumentos dóciles y obedientes. El balance es conocido: el “mantenimiento del orden interno” se tradujo en decenas de miles de personas perseguidas, detenidas arbitrariamente, torturadas, sometidas a juicios civiles y militares amañados, desaparecidas, asesinadas...

Para reprimir los intentos de cambio social, el imperio implementa en la región a partir de los años 80 el modelo de “Guerra de Baja Intensidad” que impone a las Fuerzas Armadas un nuevo ordenamiento técnico y doctrinario de carácter abiertamente represivo y anti-popular, creando la imagen del “enemigo interno”. Mediante la asignación de ese rol institucional represivo y los popularmente llamados “bozales de arepa”, que con prebendas compraban la complicidad militar con la corrupción civil, se distrajo la atención de los militares respecto a la conducción política del país. Las cúpulas de los partidos AD y Copei configuran una relación orgánica con los altos mandos militares, según la cual, éstos protegen con las armas el status quo, a cambio de inmunidades, áreas de influencia monopólica y privilegios institucionales o profesionales.

Los militares identificados como potencialmente peligrosos para el mantenimiento del status quo eran enviados a “custodiar las fronteras”; así, se desarticulaba y neutralizaba cualquier intento de cuestionar los privilegios detentados por las élites a costa de la creciente pobreza e injusticia en el seno del pueblo y de la entrega dócil de las riquezas nacionales al imperio. El mito del Control Civil sobre las Fuerzas Armadas no fue otra cosa que la negociación permanente de privilegios en un marco de no injerencia en las “zonas de influencia” preestablecidas para las cúpulas civil y militar.

La masacre de cientos de personas durante el “caracazo” -27 y 28 de febrero de 1989-, provocada por el gobierno adeco de Carlos Andrés Pérez, usando la fuerza militar para reprimir las protestas populares contrarias a las medidas neoliberales impuestas por el FMI, marcó un hito en las relaciones cívicos-militares. Desde entonces, los nuevos militares se negaron a continuar el genocidio del pueblo y, en el seno de los cuarteles se rescató -en condiciones de clandestinidad- el legado bolivariano de identificación con las luchas populares. En Febrero de 1989 se inició así el fin de las relaciones cívico-militares puntofijistas.

Signo de nuevos tiempos

Una década después del 27-F, la asunción del Gobierno Bolivariano (Febrero de 1999), propicia la convivencia entre civiles y militares, que se ha vuelto un hecho más cotidiano y evidencia la evolución política de Venezuela. La composición social del ejército, de extracción popular, el resurgimiento del ideario bolivariano y la degradación moral precedente, determinaron el surgimiento de una nueva generación de militares decidida a acercarse al pueblo y a defender la Constitución que éste se dio soberanamente.

En sus palabras con motivo del Acto de Transmisión de mando del Comando General del Ejército, el 16 de Enero de 2004, el General de División Raúl Isaías Baduel increpó sobre la necesidad de superar la situación de aislamiento del sector militar respecto a la dinámica política y social del país, convocando a la disposición militar a darle respuesta a las prioridades y necesidades demandadas por la sociedad y el Estado: “Ya es imposible la figura del militar indiferente, sin la capacidad de insertarse en los distintos modos de producción de la sociedad, donde su aporte de conocimiento sea valorado en cuanto a las necesidades inherentes al Estado.”(http://www.geocities.com/rbolivariana2004/op200401/disbaduel.htm)

La reflexión de Baduel coincide con las apreciaciones del entonces ministro de la Defensa, JV Rangel, acerca de cómo insurgió la alianza cívico-militar bolivariana del seno de las contradicciones del modelo puntofijista: (...) “es gracias a esos momentos de confrontación (...) que pudo establecerse una genuina integración hacia el desarrollo sostenido de una sociedad productiva, que tuviera como norte el humanismo y la ciencia, como una prioridad de todos los venezolanos, tanto militares como civiles, en una comunicación mancomunada que permitiera superar los escollos de la dependencia y el subdesarrollo.Sólo así, con el esfuerzo de todos, nuestro país podrá tener acceso a una mejor educación, a una economía más eficiente, a un mayor bienestar social que pueda garantizar una calidad de vida verdaderamente democrática.”

En su alocución al país, el 23 de febrero de 2001, con motivo de la asunción del cargo de Ministro de la Defensa, José Vicente Rangel señaló: “En la base de este singular proceso está la alianza Pueblo-Fuerza Armada, de ello no cabe la menor duda. Si no fuese así y viviéramos otras circunstancias, la Fuerza Armada habría frustrado el proceso de cambio o el desbordamiento popular habría lanzado el país al abismo. En vez de la asonada o el caos existe un orden que nada tiene que ver con las viejas nociones que acompañaron este principio. El orden de la nueva alianza, Fuerza Armada-Pueblo, excluye la represión que caracterizó el pasado dictatorial o democrático representativo, y refrendó una concepción con profundas raíces humanistas y claro sentido social.” Agregando: (...) “la Fuerza Armada se ha articulado aun más, ha potenciado su eficacia y afirmado su condición de garante de la seguridad nacional en esta nueva política de interacción. La composición regional y social de los cuadros profesionales de la Fuerza Armada, de las sucesivas generaciones de oficiales, sustenta esa comprensión respecto a los cambios, ya que ellos representan a Venezuela en su plena dimensión.”

Otra coincidencia entre ambos discursos es la advertencia del Gral. Baduel sobre los riesgos que entraña la escisión social :“Una tendencia muy preocupante asociada a la pobreza es el riesgo de la incomunicación entre civilizaciones, vivimos internamente entre nuestras propias naciones dos tipos de civilizaciones, las de los exitosos y la de los excluidos, tenemos que crear puentes de comunicación, bases de diálogos, generación de responsabilidad y compasión, esta vocación apostólica debe definirse en términos de desarrollo, una vez más el paradigma de solución a la pobreza y de exclusión es el ideal educativo como fuerza liberadora.”

Servidores y garantes juramentados de la soberanía nacional

El subtítulo antedicho es tomado de las palabras del Gral. Baduel para referirse a la misión esencial de la Fuerza Armada venezolana. El ministro señala: “Lo militar y el militar, conforman parte de la anatomía del poder, cuya fuente originaria lo deciden la voluntad del colectivo para llenar de legitimad a los poderes constituidos y de ese poder el estamento armado y por ende el ejército de Venezuela (...) es instrumento de este aludido poder, ajustando su ejecutar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al cuerpo de leyes que delinean el empleo operaciones del soldado.El poder el ejército no es entonces condigno, no es condicionado, ni siquiera compensatorio, es solo el uso central de la fuerza sujeto al concepto estratégico del Estado venezolano frente a amenazas identificadas. En consecuencia el entrenamiento, la destreza y la actuación de los hombres como una unidad imaginaria de guerra, apunta aunque paradójicamente a mantener la paz, a disuadir la amenaza para que la nación tenga senderos

ciertos, logre el bienestar pero sobre todo el desarrollo y la ejecución económica y social que son los paradigmas demandados con justo derecho por el pueblo venezolano a quien nos debemos.”

Como en el pasado independentista, hoy la defensa de Venezuela es responsabilidad compartida de civiles y militares, quienes deben enfrentar las amenazas internas y externas.

El empleo racional del poder militar

La culminación de la confrontación este-oeste conduce a la Humanidad a un nuevo período histórico, llamado pos “guerra fría” y/o “nuevo orden mundial”, que implica la complejización de las relaciones internacionales y devela la confrontación norte-sur, la cual le es inherente a las relaciones capitalistas y, aunque estuvo opacada por la mencionada confrontación este-oeste, ahora queda al descubierto en toda su crudeza. El imperio impone las guerras de nuevo tipo, guerras psicológicas, de información y simbólicas, donde actores no estatales, antes subsidiarios, cobran protagonismo: Medios de información masiva, grupos paramilitares y/o terroristas, empresas transnacionales, organismos internacionales privados e intergubernamentales que atizan y/o legitiman la guerra.

Ese nuevo escenario mundial que impacta negativamente a Venezuela, como a todos los países del Sur, conlleva amenazas internas y externas que obedecen a una misma estrategia de dominación y, por tanto, se hallan estrechamente vinculadas, aunque de manera asimétrica: los factores de poder internos operan como socios menores de una alianza imperialista que dicta la estrategia y negocia las tácticas y la distribución de los recursos. Se cierne sobre Venezuela la amenaza de la intervención internacional. Las “guerras preventivas”, llamadas “antiterroristas”, son las salidas de facto empleadas por el imperio cuando como en Venezuela, fracasan los intentos de derrocar gobiernos usando a sus actores internos en cada país, mediante golpes de Estado y fraudes electorales. La descalificación del Gobierno Bolivariano como una supuesta manifestación de una tendencia supuestamente “amenazante”, identificada como “populismo radical” es sintomática.

Las cúpulas partidistas adecas y copeyanas, aunadas a cúpulas empresariales, pretenden mediante alianzas golpistas con algunos sectores militares y recibiendo un fuerte apoyo mediático e internacional, reeditar salidas de facto (ya ensayadas en los golpes de Estado de 1945 y 2002) o “salidas electorales” a la medida de sus intereses. Tales como el electoralista “Pacto de Punto Fijo” (que desvirtuó el espíritu inicialmente democrático de la insurrección cívico-militar del 23 de enero de 1958, instaurando modelos de democracia y de desarrollo autoritarios y excluyentes) o la “salida electoral” fraudulenta que pretenden imponerle al país mediante fraudes que permitan convocar un referendo revocatorio del mandato presidencial, fórmula ensayada en los últimos dos años. En cualquier caso, buscan impedir los procesos de democratización y de cambio social y facilitar el reacomodo de las relaciones de poder oligárquico-imperialista. Así, la Historia contemporánea de Venezuela nos enseña que no todos los civiles son civilistas y demócratas y, por otra parte, que no todos los militares son militaristas y antidemócratas.

Dicho escenario pone a prueba el carácter nacionalista, constitucionalista y democrático del Ejército venezolano y su disposición defensiva. El Gral. Baduel afirma al respecto: “Todos los comandos de todas la unidades en todos los niveles deben mantenerse alerta, siempre dispuestos a la defensa y no a la agresión, dispuestos siempre al logro de la paz, defendiendo los intereses legítimos y la integridad territorial venezolana (...). El objeto de una buena estrategia de disolución es eliminar el uso de la fuerza como opción aceptable y conveniente por parte de un adversario que quiere ponernos su voluntad en un asunto en disputo.Debemos garantizar, una sociedad estable y segura, siguiendo con respeto al colectivo con un gran espíritu de cuerpo, cumpliendo con nuestra misión asignada con la Constitución dentro del marco con las políticas públicas con la defensa del Estado para bienestar del pueblo venezolano”.

Autodeterminación de los pueblos

Derecho de autodeterminaciónSaltar a: navegación, búsquedaPara otros usos de este término, véase Autodeterminación.

El derecho de libre determinación de los pueblos o derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. La libre determinación está recogida en algunos de los documentos internacionales más importantes, como la Carta de las Naciones Unidas[cita requerida] o los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, aunque no en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU hacen referencia a este principio y lo desarrollan: por ejemplo, las resoluciones 1514 (XV), 1541 (XV) ó 2625 (XXV), relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos coloniales. Es un principio fundamental del Derecho internacional público y un derecho de los pueblos, que tiene carácter inalienable y genera obligaciones erga omnes1 para los Estados. Incluso, de acuerdo con muchos autores, la libre determinación ha devenido norma de ius cogens.2

El concepto de libre determinación tiene una gran fuerza y un carácter especialmente polémico. El Comité de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto su naturaleza fundamental al señalar que es requisito necesario para la plena efectividad de los derechos humanos individuales. Pero su mención en el discurso político contemporáneo puede levantar temores de desestabilización, incluso violenta; también se ha asociado con posiciones políticas extremistas y chauvinismos étnicos.3 El principio no se vincula exclusivamente con el nacionalismo: por ejemplo, el marxismo define la libre determinación como el fundamento para el derecho del proletariado para autogobernarse (cita faltante). La Revolución francesa se considera un paradigma básico de cómo el pueblo derrocó la monarquía y la aristocracia en el poder, y estableció un régimen republicano donde el pueblo se gobernaría a sí mismo.4

Esta multiplicidad de sentidos se deriva de que la libre determinación está estrechamente ligada al término «pueblos», término que es a su vez problemático y que no ofrece un único significado. Por el contrario, tanto la doctrina como los Estados u otros agentes internacionales han tratado de hacer valer sus respectivas concepciones.5 A partir de 1960, la definición de los pueblos coloniales como sujetos de la libre determinación supuso un impulso esencial para la descolonización y colaboró en una auténtica universalización de la sociedad internacional. Una concepción mayoritariamente occidental considera también «pueblo» al conjunto de habitantes de un Estado unitariamente considerado, mientras que diversas minorías nacionales o pueblos indígenas dentro de Estados se han autodefinido como pueblos. Sus reivindicaciones ponen de manifiesto la tensión y los conflictos que existen entre el derecho de libre determinación de los pueblos y la integridad territorial de los Estados.