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Poder Judicial de la NaciónCÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 1

CCC 34969/2014/TO1/CNC1

En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de octubre del

año dos mil diecisiete, se reunió la Sala 1 de la Cámara Nacional de

Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por la jueza María

Laura Garrigós de Rébori y los jueces Horacio L. Dias y Luis M.

García, asistidos por el secretario de cámara Santiago Alberto López,

a fin de resolver el recurso de casación deducido en la causa número

34.969/2014/TO1/CNC1 caratulada “Giménez, Pablo Ezequiel y otro

s/ robo con armas en grado de tentativa”, de la que RESULTA:

1°) El Tribunal Oral en lo Criminal n° 5, por veredicto

del 26 de octubre de 2015 y sentencia del 2 de noviembre del mismo

año, condenó a Gustavo Gabriel Castro y a Pablo Ezequiel Giménez, a

las penas de tres años y ocho meses de prisión y tres años y cuatro

meses de prisión respectivamente, al considerarlos coautores

penalmente responsables del delito de robo agravado por su comisión

con arma de fuego en grado de tentativa (puntos dispositivos II y IV

de fs. 701/702 y fs. 704/716 –arts. 42, 44, 45 y 166 inciso 2°, segundo

párrafo del Código Penal).

Resolvió, además, rechazar la nulidad planteada por la

defensa vinculada con la legalidad del procedimiento policial, declarar

nuevamente reincidente a Gustavo Gabriel Castro (punto dispositivo

III –art. 50 del Código Penal), y disponer del vehículo automotor, el

arma de fuego y restantes efectos que fueran secuestrados (punto

dispositivo V).

Ello, al haber tenido por “…demostrado que el 9 de junio

de 2014, cerca de las cuatro de la tarde, Gustavo Gabriel Castro y

Pablo Ezequiel Giménez protagonizaron un intento de robo contra

Víctor Adrián Leira, mientras éste circulaba con el automóvil VW

Bora dominio HBG 491 por la calle colectora de la avenida General

Reg. n° 961 /2017.

Fecha de firma: 06/10/2017Firmado por: LUIS M. GARCIA, Firmado por: MARÍA LAURA GARRIGÓS DE RÉBORI, Firmado por: HORACIO DÍAS, Firmado(ante mi) por: SANTIAGO ALBERTO LÓPEZ, Secretario de Cámara

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Paz –lado capital, a la altura de su intersección con Ulrico Schmidt,

de esta ciudad.

Después de haberlos visto a bordo del Chevrolet Corsa

patente MFE 649, estacionados en la puerta de la financiera

Cooperativa de Crédito Federal donde trabaja, y tras reconocerlo

como el que había sido usado también por dos individuos pocos días

antes para sustraerle dinero a un cliente, Leira tomó aquel auto y salió

del local siendo seguido por el Corsa con las dos personas, uno

conduciendo y el otro en el asiento trasero.

Tras un recorrido por distintas calles, cuando estaba en la

colectora, el otro vehículo se le puso a la par y el sujeto que estaba

sentado detrás le exhibió un arma mientras le decían algo. Entonces

aceleró y alcanzó a llegar al puesto policial ubicado en Emilio Castro

y avenida General Paz, donde anotició de lo sucedido al personal que

se encontraba allí de guardia.

Los policías encararon a las personas que se hallaban en

el Chevrolet Corsa, los hicieron bajar, los detuvieron y secuestraron

del interior del rodado, más precisamente escondida entre el asiento

trasero y el respaldo, una pistola calibre 9 mm. color negra, con

cachas plásticas negras, la numeración erradicada por pequeñas

perforaciones, con las inscripciones “FM Hi Power Detective”,

“Industria Argentina”, portando un cargador con doce municiones

más una en recámara.

También los preventores incautaron mil trescientos

noventa pesos, un celular marca “Samsung” color negro y rojo, otro

marca “Motorola” color negro y gris, de la compañía Nextel,

documentación varia, una cinta de embalar color transparente marca

“Adelbras”, y un cuchillo tipo Tramontina, con mango de madera

color marrón…” (ver fs. 709/709vta.).

Cabe aclarar, que si bien en el requerimiento de elevación

a juicio de fs. 294/298vta., que se leyó al inicio del debate oral, se les


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imputó también haber sido encontrados sin autorización legal en

poder de la referida arma de fuego y el haberla recibido a sabiendas de

su origen espurio con anterioridad al hecho (conductas que concurrían

materialmente entre si y que fueron prima facie calificadas como

constitutivas de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de

uso civil condicional y encubrimiento agravado por el ánimo de

lucro), al momento de alegar y concretar su acusación el Fiscal Ariel

Yapur solicitó la absolución de los recurrentes por el último de los

sucesos imputados, y postuló que la asignación jurídica a otorgar al

caso sea la de tentativa de robo con arma en concurso ideal con

portación de arma de guerra (ver fs. 695/698).

Al tratar la asignación jurídica, los colegas de juicio

consideraron por mayoría que el pedido de absolución significaría

dividir un hecho único, y que la portación en cuestión se encontraba

subsumida en la figura del delito de robo agravado que se empleó.

2°) El Defensor Público Coadyuvante Hernán Diego

Silva, quien asumió la defensa de Castro y Giménez con posterioridad

al dictado de la sentencia, fundamentó en representación de éstos el

recurso de casación e inconstitucionalidad que dedujeron in pauperis

en oportunidad de ser notificados, a través de la presentación obrante

a fs. 728/750.

Sostuvo que el tribunal de juicio fundó su decisorio en

afirmaciones meramente dogmáticas, y, en primer término, criticó el

procedimiento policial mediante el cual se concretaron las detenciones

de sus defendidos pues, a su modo de ver, existieron irregularidades y

contradicciones entre los testimonios de los agentes intervinientes que

obstaban a la consideración de estos elementos como pruebas de

cargo. Al respecto, expuso que los policías Julio Ponse y César

Gómez se contradijeron en cuanto al lugar en que efectivamente se

halló el arma, la oportunidad en que se materializó su secuestro y los

sujetos que participaron en ello. Que la versión del testigo Tabera


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generó aún mayor incertidumbre, dado que señaló que no recordaba si

se incautó un arma de fuego y porque cuando fue convocado los

elementos secuestrados ya estaba sobre el baúl del auto. A partir de

ello, afirmó que tampoco se podía sostener la aserción de Ponse y

Gómez de que el arma quedó en el auto hasta que llegaron los testigos

ni que las diferencias apuntadas fueron “…matices propios de la

intervención distinta que a cada uno les cupo…”, resultando

irregularidades que impiden tener certeza acerca de las circunstancias

que rodearon las detenciones de Castro y Giménez.

Consideró, además, por las razones que brindó, que las

manifestaciones del testigo Leira fueron contradictorias con la de los

efectivos policiales en lo que respecta al hallazgo del arma y la

posición en la que quedaron los autos al momento de ser detenidos.

Agregó, que resultaba extraño, considerando la hora y la zona

sumamente transitada en que ocurrió el episodio, la ausencia de

testigos que convaliden su versión de los hechos, y que tampoco

coincidía la descripción que aportó del rodado que se habría utilizado

en el episodio que damnificó al testigo Verba, con el manejado por

Castro y Giménez. Sobre el punto, explicó que Leira afirmó que

identificó al auto como el mismo que se usó en el suceso de Provincia

de Buenos Aires por su patente y a los imputados porque vio la

filmación de ese episodio, pero que al reproducirse el video en la

audiencia de debate se determinó que no era posible ver las caras de

los sujetos ni la patente del rodado, y que la manifestación del testigo

de que a los “…videos los exportó, paró el video, hizo zoom y vio la

chapa patente y hasta el color de los ojos…”, solo se sustentaba en sus

propios dichos. Que la circunstancia de que Castro y Giménez fueran

absueltos por aquél suceso, ilustraba que Leira fue mendaz, y que

resultaba ridículo suponer que si estaban armados y su intención era

robarle al nombrado, lo siguieran hasta el destacamento policial,


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pasando previamente por un puesto de la Gendarmería, en el cual

Leira pudo, en ese caso, haber solicitado ayuda.

Asimismo, indicó que a pesar de que al bajar del auto

Leira le dijo a los policías que dos sujetos querían robarle, se trataba

de un extremo que no se desprendía de su relato, dado que aquél

refirió que “…No intentaron otra maniobra que ponerse al lado mío.

No escuché si dijeron algo ni cruzaron el auto. La persona que tenía

el arma no sé qué hacía, me mostraba o me apuntaba con el arma no

lo puedo precisar…”. En base ello, y demás explicaciones que aportó,

concluyó que aún partiendo del supuesto de que sus defendidos se

colocaron al lado de Leira, oportunidad en la que advirtió que uno de

ellos llevaba un arma, no hubo comienzo de ejecución de un hecho

delictivo, ya que no se superó el umbral de los actos preparatorios del

supuesto apoderamiento.

Alzó sus criticas también contra el punto dispositivo V de

la sentencia en cuanto ordenó el decomiso del automotor en el que se

desplazaban Castro y Giménez, en atención a que se trata de una bien

cuyo dominio está en cabeza de una persona ajena a los hechos

investigados.

Por último, postuló la inconstitucionalidad del instituto

de la reincidencia por su afectación a los principios de derecho penal

de acto, culpabilidad y ne bis in ídem.

3°) Puestos los autos en término de oficina, la Defensora

Pública María Florencia Hegglin realizó una presentación a fs.

794/803vta., a través de la cual aportó algunas nuevas observaciones a

los motivos de agravios expuestos por su antecesor.

4°) El 24 de noviembre de 2016, se celebró la audiencia

prescripta por el art. 465 del Código Procesal Penal de la Nación, a la

que concurrió Gustavo Gabriel Castro junto con su defensora y la de

coimputado Pablo Ezequiel Giménez, Dra. Hegglin; y por el

Ministerio Público Fiscal lo hizo el Dr. Ariel Yapur.


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Al desarrollar oralmente sus agravios, la defensa

mayormente reprodujo aquellos que esgrimió con anterioridad, y

centró su argumentación principalmente en criticar el valor probatorio

que se le otorgó al testimonio de Leira.

Sucintamente, agregó a sus críticas que la sentencia fue

arbitraria porque se construyó sobre lo expuesto por el nombrado,

cuyo testimonio sirvió para formar dos causas, la presente y la que

tramitó en Provincia de Buenos Aires, en la que se absolvió a los

imputados por considerar, entre otros argumentos, que sus

manifestaciones no se condecían con las imágenes del video. Que si

bien son dos hechos distintos con diferente prueba, su declaración en

aquella causa fue la misma que en este sumario, por lo tanto, si en un

pronunciamiento firme se concluyó que estaba controvertido su

testimonio, no podía servir para construir una sentencia de condena.

También añadió que el elemento subjetivo debía demostrarse con

certeza y que ninguna prueba permitía inferir que se trató de una

tentativa de robo, siendo que el tribunal a quo se basó en conjeturas

que Leira realizó a partir de una creencia que se supo falsa por la

referida sentencia. Finalmente, postuló la absolución de sus

defendidos, destacó que el secuestro del arma de fuego estaba

controvertido por el planteo de nulidad a cuyos argumentos se remitió,

y señaló que eventualmente no se podría reeditar la discusión

concerniente al delito de portación de arma de fuego porque se lo

descartó en el pronunciamiento, siendo que ello afectaría el derecho

de defensa dado que se la privaría de interponer otras defensas y

porque constituiría una reformatio in pejus al poseer este delito una

pena más grave.

En prieta síntesis, el fiscal replicó que no era cierto que

se valoró una misma declaración, dado que la que se consideró es la

que Leira prestó ante el tribunal de juicio, y que la absolución que

respecto de los imputados se dictó en la otra causa no tenía impacto en


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ésta, porque la relación que hizo el nombrado fue la sospecha de que

podían estar esperando un cliente para asaltarlo, siendo ello lo que

motivó que salga de la financiera. Señaló también que a pesar que los

jueces del tribunal oral no lo expusieron, el testigo relató una

maniobra en la cual los imputados le cruzaron el auto y en la que vio

al sujeto que estaba en el asiento trasero con un arma. Asimismo,

desarrolló las razones por las cuales consideraba que las pruebas

permitían reconstruir este hecho en el modo en que se hizo y porque la

versión de Leira fue compatible con el resto de la evidencia. Rebatió

también los planteos relacionados con la nulidad del procedimiento, la

falta de inicio de ejecución de la acción, decomiso de los bienes

secuestrados y, en lo relativo a la inconstitucionalidad del instituto de

la reincidencia, explicó que el tribunal de juicio no se expidió porque

la anterior asistencia letrada no introdujo el planteo, razón por la cual

era ahora impertinente su tratamiento.

Finalizada la respectiva deliberación, el tribunal arribó al

siguiente acuerdo.

La jueza María Laura Garrigós de Rébori dijo:

I) Como cuestión preliminar, en atención a lo

manifestado por la defensora oficial ante este tribunal, de que se

remitía al pedido de nulidad que se dedujo con anterioridad, cabe

aclarar que fue rechazado en la sentencia y que en ocasión de recurrir

se trató de una aspecto que no fue cuestionado (conf. punto

dispositivo I). Consecuentemente, ante su falta de impugnación en

tiempo oportuno, nada corresponde decir en relación al mencionado

planteo, sin perjuicio de las conclusiones que puedan extraerse del

acta de secuestro como instrumento de prueba.

II) Sentado ello, e ingresando en el fondo de la cuestión

articulada, considero que los colegas de juicio realizaron, a partir de

las pruebas rendidas en el debate, una correcta reconstrucción del


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episodio investigado en esta causa, y, por ello, concluyo que el

reproche penal que se les formuló a Castro y Giménez es correcto.

Al respecto, e independientemente de la razón que

motivó que Leira saliera de la financiera, lo cierto es que el tribunal a

quo apreció como sólido y sincero su relato sobre aquello que le tocó

vivir en la jornada del 9 de junio de 2014, en función de su

correspondencia con el resto del material probatorio reunido.

Así, expresamente se desarrolló en el fallo que de manera

coincidente se explayaron los policías Ponse y Gómez, quienes al

detener a los recurrentes y verificar la existencia del arma de fuego,

notaron que mientras uno de ellos conducía el vehículo el restante

viajaba agachado en el asiento trasero, en similar sentido a lo referido

por aquél. Junto a ello, se valoró que según los preventores, en lugar

de cumplir la orden que les impartieron a fin de que descendieran del

auto, intentaron avanzar, por lo que tuvieron que forzarlos para bajar;

y la ausencia de indicios para sospechar que Leira tuviera razones

para inventar el hecho y enrostrar un delito grave a dos desconocidos.

Se ponderó, además, que el hallazgo e incautación del arma ocurrió en

el asiento que Leira dijo estaba el sujeto que se la exhibió, lo cual en

sintonía con lo anterior avalaba su versión de los hechos.

De las actas del debate, visualización de los videos que lo

registraron y análisis de aquellos instrumentos que se incorporaron

por lectura, advierto que efectivamente se desprenden los extremos

que constituyeron las premisas del pronunciamiento. Es decir, los

testigos relataron las secuencias a las que se hicieron referencia en el

fallo y de los restantes elementos también surgen los extremos que se

invocaron. A mi modo de ver, ello ilustra una correcta lectura de las

pruebas lo cual, sumado a que se expusieron de manera coherente los

puntos de coincidencia entre ellas y las razones por las que se

interpretaba que se complementaban, me convencen de que la labor


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del tribunal a quo resultó en este punto respetuosa de la sana crítica

racional.

La defensa postuló que se desestime el testimonio de

Leira en función de que en la causa que tramitó ante la justicia de la

Provincia de Buenos Aires, en la que según aduce declaró en idénticos

términos, se concluyó que estaba controvertido con el resto de las

evidencias.

Distintas razones me llevan a desechar esta propuesta.

En primer lugar, coincido con el fiscal en cuanto señaló

que se valoró lo que dijo en este sumario, ya que su versión fue

recogida por los magistrados de juicio en modo directo en el debate

oral. Asimismo, entiendo desacertado que se pretendan hacer valer

apreciaciones que se realizaron en otro expediente, cuando ninguna

constancia de ese sumario se incorporó al juicio y la sentencia debe

versar sobre “…las pruebas recibidas y los actos del debate…” (art.

398 CPPN).

Al mismo tiempo, aún en el supuesto de aceptar este

razonamiento, la defensa tampoco logró explicar satisfactoriamente

por qué esa evaluación, realizada en el marco de un suceso

independiente, ocurrido en una jurisdicción y día diferentes, surtía en

este expediente el impacto que alegó. Esto porque, más allá de que la

razón que originó que Leira saliera de la financiera pudo estar

motivada en apreciaciones erradas suyas, es per se insuficiente para

concluir que todo su relato presentó idéntica deficiencia o que se

explayó en modo mendaz al describir el suceso que a él lo damnificó.

En especial cuando, como ut supra se explicó, es compatible con el

resto del material probatorio.

También los recurrentes intentaron desmerecer la

imputación con sustento en supuestas contradicciones en las que

habrían incurrido los policías Ponse y Gómez en lo relativo al modo

en que se desarrolló el procedimiento y que tuvo lugar el hallazgo del


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arma, y las manifestaciones del testigo Tabera en cuanto señaló que

no recordaba su secuestro.

Al respecto, advierto que la parte recurrente pareciera

exigir, para que se le otorgue validez a esas declaraciones, que

resulten testimonios idénticos.

Sin embargo, ello significaría desconocer que los testigos

exponen en función de aquello que percibieron por sus sentidos, y que

sus percepciones pueden variar en virtud de distintos factores, como

ser, el modo en que les tocó vivir el altercado; como así también que

el tiempo puede influir en los recuerdos.

En el caso de autos, desde el momento que uno de ellos

se debió encargar de la detención de Castro y el otro de la de

Giménez, es evidente que focalizaron su atención a tareas que si bien

fueron complementarias, resultaron distintas, y, por ello, concluyo que

los jueces del tribunal oral brindaron una respuesta razonable a estos

cuestionamientos cuando afirmaron que se trató de matices propios de

la intervención distinta de cada uno de ellos porque en lo sustancial se

explayaron en modo coincidente.

Respecto de las manifestaciones del testigo Tabera, cabe

considerar que el tribunal de juicio ponderó su afirmación de que

previo a suscribir el acta constató que estuvieran todos los efectos

descritos en la misma. Es decir, sin perjuicio de su falta de

precisiones sobre algunas cuestiones, por ausencia de recuerdos, lo

concreto es que lejos de poner en tela de juicio lo que la misma

reflejó, la convalidó.

Tampoco advierto una contradicción sustancial, como lo

expuso la defensa en lo que respecta al secuestro del arma, entre los

dichos de Leira y los preventores. Es que mientras el primero afirmó

que se la encontró debajo del asiento trasero, los policías señalaron

que estaba entre el respaldo y el pliegue del asiento trasero, es decir,

ambos la ubicaron en el mismo sector del auto. Hay que tener presente


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que Leira no fue testigo del secuestro reflejado en el acta de fs. 3, y,

por lo tanto, al no haber participado, es de esperar que sus dichos

carezcan de exactitud sobre este punto.

Ante el escenario descripto, los descargos ensayados por

Castro y Giménez en el debate, sobre los cuales su representación

letrada insiste en que no fueron desvirtuados, carecen en mi opinión

de la contundencia necesaria para enervar el cuadro probatorio antes

enunciado.

En especial, cuando las contradicciones en las que

incurrieron, no se trataron de simples apreciaciones diferentes que

podrían encontrar su razón en la manera en que cada uno de ellos

vivió el episodio. Por el contrario, Castro y Giménez discreparon

sobre cuestiones trascendentes. A modo de ejemplo, cabe señalar que

mientras el primero pretendió justificar que estuvieran estacionados

frente a la financiara porque un rodado que salía de un local cercano

les obstruía el paso, el segundo en ningún momento se explayó sobre

ello. Asimismo, Castro justificó que se puso al lado del vehículo de

Leira por un incidente de tránsito que habrían mantenido, en el que

incluso lo insultó y seguidamente conversó sobre lo ocurrido con

Giménez, mientras que éste afirmó que no había visto al rodado

conducido por el damnificado antes de su detención porque iba

escuchando música sin prestar atención. Es decir, expusieron dos

realidades contradictorias que objetivamente le resta seriedad a sus

versiones (conf. audio del debate oral).

Desde esta perspectiva, la afirmación de Castro relativa a

que uno de los policías le habría referido, en ocasión de su detención,

“…esto viene de arriba…”, se presenta sin seriedad para suponer,

como puede inferirse de ese comentario, que existió un acuerdo para

perjudicarlos a través de una falsa imputación. Es que esa referencia

únicamente surge de su descargo en oportunidad de exponer ante el


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tribunal oral, sin que exista un solo elemento probatorio que le de

sustento.

Se pretendió también rebatir las conclusiones del

pronunciamiento alegando la ausencia de lógica que poseería la

conducta de los imputados de seguir a Leira hasta el control policial, y

que resultaba extraña la ausencia de testigos al momento en que

Castro y Giménez se pusieron con su auto a la par de Leira. Lo cierto

es que se trata de apreciaciones hipotéticas con innumerables

respuestas que podrían resultar igualmente válidas. Por ejemplo, se

podría suponer que los imputados no sabían del control policial, o,

incluso, que estaban esperanzados de lograr su cometido antes de

llegar al mismo, como así también que los supuestos testigos se

retiraron antes de ser individualizados. Lo concreto, es que estas

circunstancias que se exponen, en lo más mínimo restan entidad al

cuadro cargoso reunido en su contra.

Por otra parte, también habré de disentir con la defensa

en cuanto consideró que no hubo comienzo de ejecución de un hecho

delictivo. Esto porque, la circunstancia de que Leira no pudiera

precisar aquello que le dijeron los imputados, en modo alguno obsta a

esta consideración.

A mi modo de ver, el hecho de que los imputados

estuvieron en las afueras de la financiera (donde se supone se manejan

valores importantes), hasta que salió del lugar un vehículo al que

siguieron en su recorrido (sin que existan motivos que expliquen este

proceder), para luego de ello avanzar por el costado derecho a fin de

ponerse a su lado (lo que constituye una maniobra prohibida que en el

puntual caso de autos carece de toda justificación), al tiempo que el

sujeto del asiento trasero esgrimía un arma de fuego (con el

amedrentamiento implícito que significa para el sujeto pasivo su

exhibición); sumado a que en todo momento quisieron y poseyeron el

dominio de este proceder, no constituye una simple casualidad ni


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meros actos preparatorios, y, por el contrario, demuestra sus

intenciones en el sentido expuesto en la sentencia.

Por todas estas razones, voto por convalidar en todos sus

términos los puntos dispositivos II y IV del pronunciamiento.

III) Siguiendo el orden en que fueron expuestos los

agravios, corresponde ahora que me expida en relación al decomiso

del rodado Chevrolet Corsa dominio MFE649.

La defensa expuso razones plausibles para que la sala

ingrese a considerar su articulación sobre este punto pues,

efectivamente, en el eventual supuesto de que se concrete, sus

defendidos podrían resultar pasibles de reclamos patrimoniales por su

titular. Ello, puede interpretase como un gravamen de imposible

reparación ulterior, ya que obviar su tratamiento implicaría que se

consume esta situación sin haberles permitido la posibilidad de

impugnación.

Si bien es cierto que el art. 23 del Código Penal impone

el “…decomiso de las cosas que han servido para cometer el

hecho…”, la misma norma también marca un límite, cual es “…los

derechos de restitución o indemnización del damnificado y de

terceros…”. Las excepciones a esta regla, son las que se desprende de

sus párrafos 2°, 3° y 4°.

Dicho límite, es decir, los derechos de terceros, encuentra

en mi opinión razón en un principio fundamental del derecho penal,

como lo es la prohibición de trascendencia de la pena a terceros.

La particularidad del caso enseña que la titular del rodado

fue totalmente ajena al episodio que aquí se investigó, y en ninguno

momento se cuestionó o alguna de las partes puso en duda que así lo

sea.

Consecuentemente, aceptar el decomiso del mencionado

rodado, implicaría hacer pasible a un tercero ajeno a la situación de

las consecuencias de una condena penal que no se dictó a su respecto,


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con la consecuente afectación a su patrimonio, en colisión con la

manda del art. 17 de la Constitución Nacional.

Por estos motivos, entiendo que corresponde modificar

este punto de la sentencia.

IV) Respecto de la constitucionalidad del instituto de la

reincidencia, advierto que la impugnación de la defensa de Castro

abarcó similares términos a los debatidos en el legajo de ejecución

penal caratulado “Olea, Héctor Federico”.

Sostuve en aquella oportunidad, en lo que aquí interesa,

que “…Amplio es el debate que de antaño mantuvo la doctrina y

jurisprudencia respecto de la legalidad del instituto de la reincidencia,

discusión que se vio reflejada en distintos pronunciamientos de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya aplicación constituye

una guía a la cual los tribunales inferiores deben intentar conformar

sus decisiones (fallos 307:1094; 324:3764; 328:103 C.S.J.N.).

En este aspecto, es insoslayable que varios de los

argumentos desarrollados por la defensa, como ser, que la

reincidencia y el impacto que tiene sobre otros institutos vulnera los

principios de derecho penal de acto, de culpabilidad y ne bis in idem

fueron evaluados en similares términos a los aquí propuestos por el

alto tribunal, extremo que, en lo que concierne a estas cuestiones,

sellarían la suerte del acuerdo (fallos 311:552 “Valdez” y 311:1451

“L´Eveque” C.S.J.N. Con posterioridad a la reforma de 1994: fallo

L.558. XLVI “Arévalo, Martín Salomón, cn° 11.835, rta. 27/5/2014,

C.S.J.N.)…”.

No veo que el planteo de la defensa aporte aspectos

novedosos que ameriten reevaluar las consideraciones que expuse en

aquella oportunidad, por lo que concluyo que corresponde confirmar

también la sentencia en este punto.

V) Por los motivos expuestos, propongo al acuerdo

rechazar parcialmente el recurso de casación y el de


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inconstitucionalidad deducidos por la defensa de Gustavo Gabriel

Castro y Pablo Ezequiel Giménez, y confirmar los puntos dispositivos

II, III y IV del auto decisorio de fs. 704/716, con costas (arts. 456,

465, 468, 469, 470 a contrario sensu, 474, 530 y 531 del Código

Procesal Penal de la Nación).

Hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la

defensa de Gustavo Gabriel Castro y Pablo Ezequiel Giménez y casar

el punto dispositivo V del auto decisorio de fs. 704/716,

exclusivamente en lo que concierne al decomiso del vehículo

automotor Chevrolet Corsa dominio MFE649 (arts. 456 inc. 1°, 465,

468, 469 y 470 del Código Procesal Penal de la Nación, artículo 26

del Código Penal y art. 17 de la Constitución Nacional).

El juez Horacio L. Dias dijo:

Adhiero al voto de la jueza Garrigós de Rébori en todos

sus aspectos.

El juez Luis M. García dijo:

1. Comparto en lo sustancial el voto de la jueza

Garrigós de Rébori.

2. No obstante, respecto de la impugnación del

decomiso del rodado Chevrolet Corsa dominio MFE649, considero

que en ese punto el recurso debe ser declarado inadmisible.

Conforme surge de fs. 2/7 del legajo de entrega de bienes

registrables y del informe registral obrante a fs. 33, el rodado

mencionado está inscrito a nombre de Ana María Ríos, que no ha sido

parte en el proceso.

El a quo ordenó el decomiso del automóvil por considerar

probado que Gustavo Gabriel Castro y Pablo Ezequiel Giménez

utilizaron el automóvil como instrumento para cometer el robo

agravado por cuya tentativa los ha condenado. Declaró que

correspondía proceder conforme lo dispuesto en el artículo 23 del

Código Penal, sin perjuicio del derecho de quien resulte su titular


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registral a reclamar la pertinente indemnización del condenado

Gustavo Gabriel Castro.

La defensa del condenado impugna el dispositivo de

decomiso. Entiendo que el recurso de casación es inadmisible en lo

que concierne a este motivo, pues el recurrente no ha acreditado

legitimación para impugnar una decisión que no afecta su patrimonio,

sino el de un tercero, en el caso un bien respecto del cual no es titular

registral ni ha acreditado poseer título legítimo para defender los

derechos de propiedad (cfr. mutatis mutandis mi voto en la Sala de

Turno de esta Cámara, causa n° 58364/2013/TO1/6/1/CNC2, reg. n°

ST 2126/2017, rta. el 11 de julio de 2017).

Por ello, resulta pertinente señalar que el art. 432, párrafo

segundo, CPPN declara que “El derecho de recurrir corresponderá tan

sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere

interés directo”. Esta disposición no debe ser entendida en el sentido

de reconocer que tiene interés directo aquél que pretende controvertir

el fundamento de una decisión que reputa jurídica o fácticamente

errado. Entendidos los recursos como remedios a un perjuicio, el

interés directo se corporiza en el gravamen que acarrea la decisión y

no en la pura discrepancia con sus fundamentos.

De allí que es requisito común de cualquier remedio o

impugnación de los provistos por la ley, que la decisión de la que se

pretende recurrir acarre un agravio actual al recurrente, y no

meramente conjetural, porque sin agravio no hay recurso.

El decomiso sobre un bien que no es de propiedad del

condenado, no le acarrea un agravio actual. En todo caso la

afirmación de que podría ser hallado responsable de indemnizar en

caso de eventual demanda de la titular registral es una argumentación

puramente especulativa y conjetural, como especulativo y conjetural

es que el decomiso pueda ser opuesto a la titular del bien que no ha

sido parte en el proceso, o que no tenga ésta una vía procesal


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adecuada para defender su propiedad u obtener su restitución. Esto

sella la inadmisibilidad del recurso de casación en este punto y así

debe a mi juicio ser declarado (arts. 432 y 444 CPPN, y regla 18.2,

párrafo quinto, de las reglas prácticas para la aplicación del

Reglamento de esta Cámara).

3. La defensa se agravia de la declaración de reincidencia

respecto de Gustavo Gabriel Castro y postula su inconstitucionalidad

(art. 50 CP).

Sobre el sentido y alcance de esas disposiciones he

debido pronunciarme en variadas ocasiones, y en particular lo he

hecho en extenso en ocasión de mi intervención en la sentencia del

caso “Giménez, José Santiago s/estafa” (Sala 1, causa nº 25.999/2014,

rta. 10/07/2015, reg. n° 238/2015).

El recurrente no se ha hecho cargo de proponer alguna

razón para superar el escollo que representa la constante

jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha rechazado reiteradamente

tal clase de impugnaciones (causas: A. 558, L° XLVI, “Arévalo,

Martín Salomón”, rta. 27/05/2014, CSJ 133/2013 RH, “Bejarano,

Alejandro David y Romero Vallejos, Sebastián”, y CSJ 61/2013 RH,

“Ojeda, Rodrigo Pedro y otro”, rta. 02/12/2014; CSJ 65/2014 RH,

“Díaz, Juan Marcelo”, CSJ 880/2013 RH, “Martínez, Maximiliano

Ariel”, CS 77/2014 RH, “Verón, Alexis Saúl”, rtas. 30/12/2014; CSJ

660/2014 RH, “Montiel, Andrés Alejandro”, rta. 10/02/2015; CSJ

503/2014 RH, “Barcela, Miguel Ángel”, rta. 19/02/2015; CSJ

676/2014 RH, “Gómez, Damián Horacio”, rta. 03/03/2015; CSJ

5352/2014/CSl, “Rubira Olmedo, Héctor Fabián” y CSJ 694/2014

RH, “Montiel, Sergio Leonardo Ezequiel”, rta. 17/03/2015; CSJ

494/2014 RH, “Benítez, Brian Alan”, rta. 14/04/2015; CSJ 184/2013

RH “Novick, Víctor Darío”, rta. 29/04/2015; CSJ 193/2014 RH,

“Espíndola, Daniel”, rta. 04/05/2015; CSJ 1923/2014/RHl, “Mieres,

Ricardo y otros”, y CSJ 659/2014 RH, “Aragón, Juan Manuel y


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otros”, rtas. 12/05/2015), lo que conduce a concluir en la

insustancialidad de su planteo.

4. Dejando a salvo la disidencia sobre la cuestión del

decomiso, concuerdo en lo demás con la jueza de primer voto en

cuanto propone confirmar la sentencia de condena en todo lo demás

que ha sido materia de impugnación (arts. 470 y 471 CPPN) y

declarar inadmisible el recurso de casación en relación al decomiso

dispuesto por el a quo en la resolución recurrida (arts. 444 y 465

CPPN).

Así voto.

En virtud del resultado de la votación que antecede, el

tribunal RESUELVE:

I) RECHAZAR PARCIALMENTE el recurso de

casación y el de inconstitucionalidad deducidos por la defensa de

Gustavo Gabriel Castro y Pablo Ezequiel Giménez, y confirmar los

puntos dispositivos II, III y IV del auto decisorio de fs. 704/716, con

costas (arts. 456, 465, 468, 469, 470 a contrario sensu, 474, 530 y 531

del Código Procesal Penal de la Nación).

II) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso

deducido por la defensa de Gustavo Gabriel Castro y Pablo Ezequiel

Giménez y CASAR el punto dispositivo V del auto decisorio de fs.

704/716, exclusivamente en lo que concierne al decomiso del

vehículo automotor Chevrolet Corsa dominio MFE649 (arts. 456 inc.

1°, 465, 468, 469 y 470 del Código Procesal Penal de la Nación,

artículo 26 del Código Penal y art. 17 de la Constitución Nacional).

Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese

(acordada 15/13 CSJN y Lex100), y remítase al tribunal de su

procedencia sirviendo la presente de atenta nota.

MARÍA LAURA GARRIGÓS DE RÉBORI HORACIO L. DÍAS LUIS M. GARCÍA


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Ante mi:

SANTIAGO ALBERTO LÓPEZSECRETARIO DE CÁMARA


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