POBLACIÓN

CAMPESINA Y CULTURA

El objetivo de este texto es plantear una aproximación hacia la cultura campesina más allá de los

estudios descriptivos, los análisis socioeconómicos y los estudios enmarcados en el conflicto

armado interno. En este sentido, esta consultoría entrega elementos para entender la cultura

como un elemento importante en la cohesión de esta población, al igual que en un factor

determinante para el empoderamiento de la población campesina.

República de Colombia

Ministerio de Cultura

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA

Ministra de Cultura

MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO

Viceministra de Cultura

ENZO RAFAEL ARIZA AYALA

Secretario General

MOISÉS MEDRANO BOHÓRQUEZ

Director de Poblaciones

CAMILO A. HURTADO

Consultor

Cualquier visión u opinión expresada en este documento no refleja necesariamente la posición o

políticas del Ministerio de Cultura

Contenido

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 4

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CAMPESINADO EN COLOMBIA ............................................... 6

POBLACIÓN CAMPESINA Y CONFLICTO ARMADO. LA CULTURA Y LA VIOLENCIA POLÍTICA ............ 23

ASPECTOS CULTURALES DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CAMPESINOS ...................................... 35

LA CUESTIÓN CULTURAL DE LA TIERRA ......................................................................................... 40

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA .......................................................................................... 46

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 49

INTRODUCCIÓN

Al hablar de población campesina, no se pueden evitar los estudios económicos sobre el desarrollo socioeconómico del sector agrícola y los análisis que se han hecho sobre los efectos del conflicto armado interno y la violencia política en las áreas rurales colombianas. Durante los últimos 50 años el campo ha sido visto casi exclusivamente desde estas dos perspectivas, pero aún hoy, en pleno siglo XXI, el campo colombiano sigue siendo un lugar pobre y el escenario de un conflicto armado interno que parece no encontrar alternativas de solución. Buena parte de los estudios económicos sobre el sector agrícola plantean que una reforma agraria que cambie la estructura de tenencia de la tierra solucionaría los problemas que desde principios del siglo XX afectan a las poblaciones rurales. Por su parte, los analistas del conflicto armado piensan que en la solución de este conflicto están las bases para la solución del problema agrícola. Sin embargo, los dos planteamientos se asemejan bastante, puesto que gran parte del conflicto armado interno, es precisamente un conflicto relacionado con las estructura de la tenencia de la tierra en Colombia. Aunque estos dos enfoques han logrado un desarrollo bastante interesante y han permitido entender lo complejo del desarrollo agrícola en un país con una estructura tan inequitativa de la tenencia de la tierra y con un conflicto armado tan enquistado en la sociedad rural, han hecho que otro tipo de enfoques, que también puedan aportar a la solución del problema agrícola colombiano, no hayan logrado consolidarse discursivamente. Más allá de los estudios descriptivos sobre las manifestaciones culturales campesinas, los cuales buscan ubicar geográfica y cronológicamente a los y las campesinas en el mapa y en la historia de la ruralidad colombiana, son muy escasos los estudios que analizan la cultura campesina a profundidad, observando, precisamente, los efectos que la pobreza prolongada y el conflicto armado interno, como fenómenos sociales, han tenido en esta heterogénea población. El objetivo de este texto es plantear una aproximación hacia la cultura campesina más allá de los estudios descriptivos, los análisis socioeconómicos y los estudios enmarcados en el conflicto armado interno. En este sentido, el enfoque será multidisciplinar, crítico y constructivo. De esta forma, se entregarán elementos para entender la cultura como un elemento importante en la cohesión de esta población, al igual que en un factor determinante para el empoderamiento de la población campesina.

Para lograr este objetivo, este informe está organizado de la siguiente manera. En la primera parte se analiza la situación socioeconómica de las y los campesinos colombianos a partir de estadísticas oficiales e investigaciones independientes de organizaciones no oficiales que han estudiado esta población. Paralelamente, se hace un recorrido por el marco jurídico y las políticas públicas más relevantes que se han promulgado e implementado para esta población. En esta primera parte también se profundiza sobre la situación socioeconómica de las mujeres campesinas, al igual que sobre la población afrocolombiana e indígena. La segunda parte es un análisis de la población campesina en el marco del conflicto armado interno y de la cultura de la violencia política que se ha generado a partir de este conflicto. A partir de una revisión estadística que muestra algunos de los efectos del conflicto armado interno en la población campesina, al igual que la inequitativa distribución de las tierras productivas, se enmarca la discusión para luego avanzar hacia un estudio comparado que muestra los efectos del conflicto armado en las comunidades campesinas de Perú, Guatemala y El Salvador. Por último, esta segunda parte analiza los factores determinantes del conflicto armado en el orden social establecido por los grupos armados al margen de la ley para terminar con una revisión crítica a la llamada ley de víctimas (Ley 1448, 2011) la cual busca la reparación integral de la población víctima del conflicto armado interno, que en su mayoría es población campesina. La tercera parte del documento es una síntesis del movimiento social campesino, en donde se hace énfasis en la evolución la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y en el Comité de Integración del Macizo Colombiano. De igual forma se muestran los factores internos y externos que desarticularon este movimiento social desde los años 80 y 90 . El último capítulo trata la cuestión cultural de la tierra, haciendo un análisis de dos reconocidas manifestaciones culturales campesinas como lo son la música “guasca” y la música “carranga”. En la última parte de este capítulo se hace un análisis de las diferencias existentes entre la concepción de la tierra según los indígenas y según los campesinos, buscando así una comprensión más específica del movimiento social campesino. Para terminar, en la última parte se hace algunos lineamientos de política pública, que buscan orientar las decisiones que sobre la población campesina se tomen en el sector cultural.

Aunque en este punto se busca hacer recomendaciones que se puedan llevar a cabo desde el Ministerio de Cultura, es importante mencionar que también se mencionan instituciones como el Ministerio de Agricultura o el INCODER, las cuales son entidades de capital importancia en el sector agrícola colombiano y que por lo tanto se hacen imprescindibles en la articulación institucional necesaria para fundamentar unas políticas culturales dirigidas al sector agrícola, que cuenten con una sólida plataforma institucional y con una legitimidad ante el heterogéneo sector agrícola.

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CAMPESINADO EN COLOMBIA

Actualmente la población colombiana es más urbana que rural. Las estadísticas oficiales, consolidadas por el DANE, al igual que el reciente Informe de Desarrollo Humano del PNUD así lo muestran. Aunque existe un debate reciente sobre el índice de ruralidad (IR) entre el gobierno nacional y las Naciones Unidas, en las dos fuentes de información la población rural es menor que la urbana ( Ver tabla 1).

TABLA 1 ÍNDICES DE RURALIDAD COMPARADOS

DANE Vs PNUD

POBLACIÓN DANE PNUD

URBANA 75% 68%

RURAL 25% 32%

TOTAL 100% 100%

FUENTES: DANE- Encuesta Nacional de Hogares 2005 y PNUD Informe Nacional de Desarrollo humano 2011

En este sentido, el Censo General de población del año 2005 muestra que la población total censada compensada es de 42.090.502 habitantes, de los cuales 31.566.276 (75%) viven en zonas urbanas; mientras que 10.524.226, ó sea el 25%, viven en zonas rurales ( ver tabla 1). (DANE, 2005).

TABLA 2 NÚMERO Y PORCENTAJE DE PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS URBANAS Y RURALES- 2005

ITEM NÚMERO PORCENTAJE

CABECERA (URBANA) 31.566.276 75%

RESTO (RURAL) 10.524.226 25%

TOTAL 42.090.502 100%

FUENTE: DANE- Censo General de población 2005 Sin embargo, como bien lo muestra el Informe de Desarrollo Humano 2011 realizado por el PNUD, “Colombia es un país más rural de lo que pensamos o de lo que queremos creer, pues las tres cuartas partes de los municipios del país son predominantemente rurales (75%), allí viven el 31,6 % de la población y sus jurisdicciones ocupan el 94,4% del territorio nacional”. (PNUD, 2011: 18) La dicotomía que históricamente ha existido entre lo rural y lo urbano, donde lo urbano se percibe como civilizado, mientras lo rural simboliza lo opuesto, ha generado una distancia importante entre las poblaciones urbanas y las poblaciones campesinas. Sin embargo, en el caso de Colombia esto no es únicamente un imaginario, sino que ha sido una iniquidad que se ha materializado en una grave falta de oportunidades socioeconómicas para la población campesina. El índice usado por el PNUD para medir las tendencias socioeconómicas de una determinada población es el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este indicador permite ver en conjunto los avances y las limitaciones socioeconómicas de una determinado grupo de habitantes, incluyendo aspectos como la pobreza, la esperanza de vida y el nivel educativo. En este sentido y observando comparativamente a Bogotá como gran centro urbano del país y los departamentos de Caquetá, Chocó, La Guajira y Putumayo, como departamentos mayoritariamente rurales, podemos ver que mientras Bogotá está por encima del promedio nacional, el cual es de 0.840, los cuatro departamentos elegidos están muy por debajo de este promedio ( Ver gráfico 1)

GRÁFICO 1

COMPARATIVO ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR DEPARTAMENTO Y PROMEDIO NACIONAL – 2010

FUENTE: cálculos INDH 2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales y Encuesta Nacional de Hogares DANE. Otro de los indicadores usados por las Naciones Unidas , el cual se constituyó en el año 2000 como un acuerdo universal para evaluar la calidad de vida y los avances sociales de las distintas sociedades y culturas que habitan el mundo, son los llamados ocho (8) objetivos de desarrollo del milenio (ODM). Estos objetivos, los cuales fueron ratificados por 189 países incluyendo el Estado colombiano, buscan (1) erradicar la pobreza extrema y el hambre, (2) garantizar la educación básica universal, (3) promover la equidad de género y la autonomía de las mujeres (4) reducir la mortalidad infantil, (5) mejorar la salud materna, (6) combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades, (6) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (8) y promover una asociación mundial para el desarrollo.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Promedio Nacional

Bogotá Caquetá Chocó La Guajira Putumayo

0,84 0,904

0,752 0,731 0,691 0,759

Este indicador fue utilizado de forma comparativa por el PNUD en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Colombia rural. Razones para la esperanza, para observar que diferencia había en el cumplimiento de estos objetivo entre los centros urbanos, los centros de ruralidad intermedia y los municipios de alta ruralidad ( ver tabla 3).

TABLA 3 LOS ODM POR GRUPOS DE MUNICIPIOS SEGÚN EL ÍNDICE DE RURALIDAD

FUENTE: Cálculos PNUD-IDH, proyecto ODML con base en cifras oficiales. Informe nacional de Desarrollo Humano 2011 Los resultados de este proceso comparativo son contundentes, mientras el cumplimiento de los ODM en los centros urbanos es hasta cierto punto exitoso, en los centros intermedios y en los municipios de alta ruralidad es muy precario. Tres caso resaltan en este estudio comparativo: en los centros urbanos en promedio la pobreza es 2,3 veces menor en comparación con los municipios de alta ruralidad. Con respecto a la educación media ( año 2009), los municipios de alta ruralidad tiene una tasa 2,7 menor que la de los centros urbanos. Por último, la mortalidad de menores de 5 años, evidencia como los niños y niñas de los municipios de alta ruralidad se mueren 2,4 veces más que los niños y niñas de los centros urbanos. El ejercicio comparativo realizado por el PNUD para este informe muestra claramente la iniquidad de oportunidades entre los habitantes de los centros urbanos y los municipios de alta ruralidad. De esta forma, estas reflexiones permiten continuar con el debate sobre las características de las políticas sociales dirigidas a las poblaciones rurales de nuestro país, las cuales no sólo tienen que tomar en cuenta el desarrollo económico de estas regiones, sino también el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de las familias campesinas de nuestro país. A esta iniquidad existente entre la población urbana y la población campesina, hay que sumarle la reducción en la participación en el PIB que ha tenido el sector agrícola durante los últimos 20 años. Mientras en el año 1991 la participación del sector agrícola en el Producto Interno Bruto del

PERSONAS EN

PROBREZA POR

NBI (TOTAL)

TASA DE

COBERTURA

BRUTA EN

EDUCACIÓN

MEDIA 2009

TASA DE

VIOLENCIA DE

PAREJA CONTRA

LA MUJER POR

10.000 MUJERES

MORTALIDAD EN

MENORES DE 5

AÑOS POR 1000

NACIDOS VIVOS

ATENCIÓN

INSTITUCIONAL

DEL PARTO

2008

TASA DE

MORTALIDAD

POR VIH/SIDA

POR 100.000

HABITANTES

HOGARES EN

DÉFICIT

CUALITATIVO

2005

CENTROS URBANOS 33,42 74,39 17,23 17,39 91% 3,62 35,12

CENTROS

INTERMEDIOS 50,14 58,1 10,62 21,07 85% 1,94 54,21

MUNICIPIOS DE ALTA

RURALIDAD 74,66 27,52 9,03 39,09 72% 2,57 61,85

PRO

MED

IO

CATEGORÍAS

país fue del 10.89 % , para el año 2009 esta participación descendió a 8,55%, que en términos macroeconómicos es una disminución bastante significativa. (Ver gráfico 2)

GRÁFICO 2 PARTICIPACIÓN DEL PIB AGROPECUARIO EN EL TOTAL

COMPARATIVO 1991,1998, 2001 Y 2009

FUENTE: INDH 2001 CON BASE EN DANE. CUENTAS NACIONALES En este punto, es importante señalar una diferenciación hecha por Raúl Bernal e Iván Cardona Landínes en su consultoría sobre políticas agropecuarias contratada por OXFAM, donde se menciona que “Los pequeños productores constituyen la mayoría de los productores agropecuarios del país (87%) y producen alrededor del 40% de los productos de la canasta básica alimentaria del país. Sin embargo, las familias campesinas sobreviven en promedio con ingresos de US$ 130 dólares mensuales” (OXFAM, 2009) Por otra parte, al observar la población campesina desde un enfoque de género, saltan a la vista otro buen número de fenómenos que evidencian que las iniquidades propias que se dan entre los habitantes rurales y urbanos, se agudizan aún más en el caso de las mujeres campesinas. Según el censo general del año 2005, la población campesina colombiana asciende a 10.524.226 personas, de las cuales un 47.5%, ó sea 4.999.007, son mujeres y 5.525.219 son hombres ( ver

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

AÑO 1991 AÑO 1998 AÑO 2001 AÑO 2009

10,89

9,13

9,73

8,55

tabla 4). Esta tendencia es muy similar a la latinoamericana, que según el estudio de la CEPAL y la FAO sobre empleo campesino en Latinoamérica, muestra que el porcentaje de mujeres campesinas es del 48%, mientras la población masculina es de 52% ( ver tabla 5)

TABLA 4 NÚMERO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL

COLOMBIANA SEGÚN SEXO- 2005

NÚMERO PORCENTAJE

MUJERES 4.999.007 47.5%

HOMBRES 5.525.219 52.5%

TOTAL 10.524.226 100%

FUENTE: DANE - Censo General de población 2005

Aunque estas estadísticas nos dejan ver una homogeneidad de género en la población rural, esta homogeneidad no se materializa en las oportunidades para las mujeres rurales. Según el documento estadístico sobre la situación de las mujeres rurales en Colombia, publicado en el año 2007 por la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas FAO, la participación económica de la mujeres rurales en Colombia es mucho menor que la de los hombres.

TABLA 5 NÚMERO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL

LATINOAMERICANA SEGÚN SEXO- 2009

NÚMERO PORCENTAJE

MUJERES 58.000.000 48%

HOMBRES 63.000.000 52%

TOTAL 121.000.000 100%

FUENTE: CEPAL y FAO- El empleo de la mujeres Rurales - 2009

Mientras los hombres tienen una participación del 29.2 % en las actividades propias del sector rural (agricultura, ganadería, caza y pesca), las mujeres apenas alcanzan un 6.5%, lo que deja ver

una iniquidad importante. Esta situación se evidencia aún más si comparamos, por ejemplo, la participación de las mujeres en otras actividades económicas como el comercio al por mayor y al por menor, hoteles y restaurantes; en donde la participación de las mujeres ( 30.5%) está significativamente por encima de la de los hombres ( 22%). Esta comparación es relevante, puesto que las actividades citadas en el segundo caso son propias de las zonas urbanas, mientras las primeras pertenecen a la población rural. ( ver tabla 6)

TABLA 6

PARTICIPACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO

TOTAL NACIONAL 2.005 – 2.006 (ENERO – ABRIL)

RAMA DE ACTIVIDAD

PARTICIPACIÓN % CRECIMIENTO %

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y PESCA 29.2 6.5 - 1.4 - 1.6

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, HOTELES Y RESTAURANTES 22.0 30.5 4.2 7.8

INDUSTRIA MANUFACTURERA 11.3 14.7 - 5.7 0.1

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 10.9 37.5 4.8 1.5

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 10.5 3.1 12.8 19.3

CONSTRUCCIÓN 8.3 0.4 12.5 - 12.6

OTRAS RAMAS 7.8 7.3 2.6 11.0

FUENTE: DANE Encuesta continua de Hogares enero-marzo 2006

Otro de los fenómenos que afecta más a las mujeres rurales que a los hombres es el desempleo. Según el Censo poblacional del año 2005, el porcentaje de las mujeres rurales que manifestaron haber trabajado la semana anterior fue solamente del 11. 6% , mientras el número de hombre que manifestaron esto mismo fue del 50,2 %. (ver gráfico 3)

Aunque en general el desempleo afecta más a las mujeres que a los hombres, haciendo una comparación entre las áreas rurales y las áreas urbanas las diferencias son aún más profundas entre las mujeres rurales y urbanas. ( ver gráfico 3)

GRÁFICO 3 PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES QUE MANIFESTARON HABER TRABAJADO LA SEMANA

ANTERIOR AL CENSO POR, ZONA Y GÉNERO- 2005

Fuente: DANE, Boletín Censo General 2005, Marzo 2007

Sin embargo, las mujeres rurales han empezado a ganarse su lugar en las sociedades agrícolas. Según el DANE, en el área rural el 15.7% de las mujeres y el 16.1% de los hombres cursaron primaria completa, el 2.9% de las mujeres y el 2.4% de los hombres tienen secundaria completa y el 0.9% de las mujeres y el 0.8% de los hombres alcanzaron un nivel profesional. Las carreras tecnológicas y de técnicos profesionales cuentan con muy bajos porcentajes en toda Colombia. En la zona rural de los municipios, el 0.3% de las mujeres y el 0.2% de los hombres cursaron carreras tecnológicas y el 0.5% de las mujeres y el 0.3% de los hombres son técnicos profesionales.

0 10 20 30 40 50 60

HOMBRES (URBANO)

MUJERES (URBANO)

HOMBRES (RURAL)

MUJERES (RURAL)

47,5

29,2

50,2

11,6

Las anteriores estadísticas muestran que en aspectos como la educación, las mujeres rurales tienen índices casi iguales y en ocasiones superiores a los hombres, lo que marca un buen antecedente para mejorar la situación socioeconómica de las mujeres en las áreas rurales Esta exploración basada en datos macroeconómicos y de bienestar nos permite observar que las condiciones socioeconómicas de la población campesina Colombiana no son actualmente las mejores. La distancia que existe entre los centros urbanos y las áreas rulares se traduce en menos oportunidades para los campesinos y campesinas. El interés que los distintos gobiernos tuvieron alguna vez por el sector agrícola se desvaneció con los años, lo que ha afectado dramáticamente el bienestar de la población rural. Los actuales debates sobre el desarrollo económico muestran la importancia que recientemente ha recobrado la ruralidad y el campesinado en nuestro país. Aunque por más de 15 años los asuntos rurales estuvieron relegados a temas asociados al conflicto armado interno, últimamente se ha dado una revigorización de los debates sobre esta población bajo un enfoque de desarrollo económico y humano. Esto se puede explicar en parte por la apuesta que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le ha hecho a temas como la minería y la agricultura tecnificada, que busca garantizar el desarrollo de las poblaciones rurales colombianas. Sumado a esto, podemos ver dos factores que también pueden explicar ese repentino interés por lo rural y lo campesino: la necesidad de garantizar mano de obra rural para la producción agropecuaria ligada al reciente Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, al igual que la importancia que gradualmente ha tomado la producción de alimentos a gran escala en un mundo que ya empieza a mostrar retrocesos en la seguridad alimentaria para sus habitantes. Aunque la situación de seguridad en las zonas rurales ha mejorado significativamente en los últimos años, las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales que dejó el conflicto armado interno aún no se han solucionado integralmente. La inequitativa distribución de las tierras productivas, la pobreza de las áreas rurales y la falta de oportunidades de la población rural en general, son temas que se deben abordar de forma integral y sostenida, puesto que de esto depende la apuesta por el desarrollo agrícola que tiene el actual gobierno. Por otra parte, la falta de conocimiento sobre las sociedades rurales y las culturas que se dan en estas áreas del país es tan evidente, que no existen estadísticas consolidadas que muestren, por

ejemplo, el número de campesinos que a su vez se reconocen como indígenas o afrodescendientes. A partir de la constitución de 1991, las comunidades indígenas y los afrocolombianos lograron un reconocimiento legal que les permitió fortalecerse colectivamente. Este fortalecimiento ha permitido una revigorización de sus tradiciones culturales, al igual que un reconocimiento de su historia común y de su papel en la construcción de Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Según datos del DANE, con base en el Censo poblacional de 2005, 4,3 millones de personas, que corresponden al 10,78 % de la población colombiana, se reconocen como afrodescendientes. Por su parte, las comunidades indígenas suman 1,4 millones de personas, que equivalen a, 3,48 % de la población total de Colombia. ( ver gráfico 5)

GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA,

POR PERTENENCIA ÉTNICA-2005

FUENTE: DANE- DATOS CENSO GENERAL 2005

85,73%

3,48% 0,01%

10,78%

Sin pertencia étnica Indígena Rom Afrocolombianos

De acuerdo al documento Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica, consolidado por el DANE a partir de los datos del Censo poblacional de 2005 “La mayoría de la población indígena se ubica en el área rural del país en los resguardos indígenas legalmente constituidos, en las parcialidades indígenas, o en territorios no delimitados legalmente. Se encuentran ubicados en las regiones naturales como la selva, las sabanas naturales de la Orinoquia, los Andes colombianos, en los valles interandinos y en la planicie del Caribe” ( DANE, 2007: 22)

Esta afirmación nos permite deducir, que en el caso de los pueblos indígenas, estos comparten sus territorios y su cotidianidad con los campesinos que habitan estas regiones. La tabla 7 muestra los departamentos del país donde se encuentran ubicados los resguardos indígenas, los cuales son en gran proporción importantes áreas rurales de nuestro país. ( ver tabla 7)

Como bien muestra este cuadro, en la actualidad existen 710 resguardos titulados ubicados en 27 departamentos y en 228 municipios del país, los cuales ocupan una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas, correspondiente al 29,8% del territorio nacional. (ver tabla 7)

En cuanto a las comunidades afrodescendientes, la situación es algo distinta. Este mismo informe muestra que dentro de la población afrocolombiana se pueden identificar cuatro grupos importantes: los que se ubican en el corredor del pacífico colombiano, los raizales del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, la comunidad de San Basilio de Palenque y la población que reside en las cabeceras municipales o en las grandes ciudades.

Según la caracterización poblacional hecha por el DANE en año 2007, los afrodescendientes que se ubican en el sector pacífico colombiano “residen tradicionalmente en la región occidental costera de bosques húmedos ecuatoriales, cuencas hidrográficas, esteros, manglares y litorales; tienen prácticas culturales propias de los pueblos descendientes de africanos entre las que se destacan la música, las celebraciones religiosas y la comida; el cultivo de la tierra tiene raíces fundamentalmente campesinas.

TABLA 7 TOTAL RESGUARDOS INDÍGENAS SEGÚN DEPARTAMENTO 2005

DEPARTAMENTO No DE MUNICIPIOS CON RESGUARDOS

No DE RESGUARDOS

CESAR 5 10

LA GUAJIRA 11 20

MAGDALENA 5 3

SUCRE 3 1

ANTIOQUIA 19 42

CÓRDOBA 3 3

CHOCÓ 25 115

ARAUCA 6 26

NORTE DE SANTANDER 6 3

SANTANDER 2 1

BOYACÁ 2 1

CAQUETÁ 10 45

CASANARE 4 10

HUILA 10 14

META 6 20

AMAZONAS 10 26

GUAINÍA 6 25

GUAVIARE 4 24

VAUPES 4 3

VICHADA 4 32

CALDAS 5 6

RISARALDA 3 5

TOLIMA 6 66

CAUCA 26 83

NARIÑO 17 60

PUTUMAYO 13 55

VALLE DEL CAUCA 13 23

FUENTE: DANE- Proyecciones de población junio 30 de 2005

En esta región se encuentran los 132 Territorios Colectivos de Comunidades Negras titulados hasta el día de hoy, los cuales ocupan un territorio de 4.717.269 hectáreas que corresponde al 4,13% de las tierras del país ” ( DANE, 2007: 23) ( ver tabla 8)

Con respecto a las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia de raíces culturales afro-anglo-antillanas, sus integrantes mantienen una fuerte identidad caribeña, con rasgos socioculturales y lingüísticos claramente diferenciados del resto de la población afrocolombiana. Utilizan el bandé, como lengua propia y como religión originaria la protestante. (DANE, 2007: 24) En la comunidad de San Basilio de Palenque, en el municipio de Mahates, departamento de Bolívar, se habla la otra lengua criolla afrocolombiana: el palenquero.

TABLA 8 TERRITORIOS COLECTIVOS DE COMUNIDADES NEGRAS (TCCN)

SEGÚN DEPARTAMENTO 2004

DEPARTAMENTO No DE

MUNICIPIOS CON TCCN

No DE TÍTULOS

No DE COMUNIDADES

ÁREA TOTAL EN

HECTÁREAS

ANTIOQUIA 10 12 51 240.777

CHOCÓ 24 52 591 2.915.339

RISARALDA 1 1 10 4.803

CAUCA 3 15 119 501.617

NARIÑO 11 29 361 739.648

VALLE DEL CAUCA 1 23 87 315.085

TOTAL 50 132 1219 4.717.269

FUENTE: INCODER 2004

Los departamentos con mayor porcentaje de afrocolombianos son Chocó, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Valle, Bolívar y Cauca. Los que concentran aproximadamente el 50% de la población afro del país son: Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar. Aunque los afrocolombianos no se encuentran tan concentrados en áreas rurales como los indígenas, una buena parte de las comunidades que viven en territorios colectivos se dedican a labores propias del campo como la pesca y la agricultura.

Aunque la información estadística sobre las comunidades afrodescendientes e indígenas que a su vez son población campesina no está bien discriminada y no ha sido específicamente depurada por el DANE ni otra institución u organización internacional o no gubernamental, se puede inferir por otras estadísticas asociadas que buena parte de los campesinos de nuestro país son a su vez afrodescendientes e indígenas. Observando por ejemplo la ubicación de los resguardos, en el caso de las poblaciones indígenas y de los territorios colectivos, en cuanto a la población afrocolombiana, es claro que estos están en zonas rurales y que por lo tanto sus habitantes desarrollan actividades agrícolas.

Esta información geográfica también nos permite inferir que culturalmente los campesinos dialogan permanentemente con los indígenas y los afrodescendintes, lo que abre una importante ruta de análisis que tenga en cuenta el diálogo cultural de los campesino y los diferentes grupos étnicos del país en aspectos tan importantes como la producción de alimentos y las técnicas de producción y comercialización de productos agrícolas.

En general, la información estadística que existe sobre la Colombia rural no es muy detallada. Esta situación que ha sido recientemente advertida por la Sociedad de Agricultores de Colombia- SAC, que mencionó en un documento oficial, fechado el pasado 27 de julio de 2011, que “ la falta de información confiable impide la adopción de medidas eficaces para atender los grandes temas del sector agropecuario e impiden una correcta planificación y toma de decisiones para el sector” (SAC, 2011) En este mismo documento se menciona que Colombia no ha realizado un Censo rural desde los años 70 del siglo XX, lo que significa más de 40 años sin información detallada sobre una población que ha sido impactada, entre otros, por fenómenos tan complejos como el conflicto armado interno, las migraciones forzadas, la apertura económica, el despojo sistemático de tierras y la globalización. En cuanto a las leyes y por lo tanto las políticas públicas que han sido dirigidas la población campesina, es preciso mencionar que casi en su totalidad éstas han sido promulgadas y diseñadas con un enfoque económico que busca el desarrollo del sector agrícola. Haciendo una cronología de la legislación agrícola, podemos empezar con la Ley 200 de 1936, que es considerada el primer intento de realizar una reforma agraria y fue el resultado de una concertación con el movimiento campesino que entones había logrado cierto grado de cohesión. Fue a través de esta ley que se empezó a hablar de la función social de la tierra y la figura de la extinción de dominio. De igual forma creó la figura del juez rural especial, que se encargaba de dirimir los conflictos que existían sobre la tierra.

La ley 200 fue bien recibida entonces por los campesinos y estableció algunos de los principios que ayudaron a mejorar la relación de los campesinos con los terratenientes y por lo tanto con la tierra. Sin embargo, los efectos positivos de esta ley fueron pronto reversados por otra ley ( Ley 100 de 1944) que tuvo como uno de sus puntos más controversiales la declaración de la conveniencia pública de los contratos de aparcería, situación que profundizó la dependencia de los campesinos jornaleros y propietarios de minifundios a los terratenientes. Esta ley fue aplicada hasta 1961, cuando el entonces senador Carlos Lleras Restrepo, formuló y promovió en el congreso una reforma integral al sector agrícola que incluía la creación de la Asociación de usuarios campesinos y le devolvía a la tierra su función social. Fue también a través de esta Ley que se creó el INCORA, que fuera la entidad más importante del sector agrícola durante gran parte del siglo XX. Sin embargo y aunque esta Ley data de 1961, su real aplicación empezó en el año de 1967, cuando Carlos Lleras Restrepo llegó a la presidencia de república e implementó esta ley y otras medidas para impulsar su plan de gobierno, el cual tenía en el campo uno de sus componentes más importantes. La Ley 135 de 1961 fue resultado de presiones sociales internas que habían que conjurar después de la Violencia, al igual que de presiones internacionales, como por ejemplo, la Alianza para el Progreso (Alliance for Progress), política estadounidense implementada durante la administración de John F. Kennedy y que buscaba el apoyo a las economías en desarrollo de América Latina, con ciertas condiciones en su política interna. En 1968 y gracias a las presiones de la recién creada ANUC y la iniciativa del gobierno nacional con Lleras Restrepo a la Cabeza, se implementó la Ley 1° de 1968, la cual reformó los procedimientos de adquisición de tierras, facilitando lo trámites y haciendo énfasis en los predios inadecuadamente explotados y en la entrega de tierra a los aparceros que la trabajaban. Fue a partir de la reforma agraria llevada a cabo en los años 60 que se crearon las unidades agrícolas familiares y que se consolidaron mediadas para evitar la extensión de latifundios improductivos. Aunque no se puede decir que esta reforma fue del todo redistributiva, si se puede afirmar que ha sido la reforma agraria más progresista de la historia colombiana.

Los avances del sector agrícola durante los años 60 consolidaron el movimiento social campesino. A partir de estos avances, los campesinos y campesinas se empoderaron socialmente, lo que pronto despertó la preocupación de los sectores retardatarios de poder político regional. En este contexto, fue que bajo el gobierno conservador de Misael Pastrana se llevó a cabo el llamado Acuerdo del Chicoral, el cual fue devolviéndole gradualmente el poder a los grandes terratenientes y a los empresarios agrícolas, facilitándoles así el acceso a los grandes créditos y beneficios tributarios, mientras los minifundistas solo recibían asistencia técnica. Con la Ley 6 de 1975 se legalizó de nuevo la aparcería, pero a pesar de buscar la modernización de las relaciones entre propietario y aparcero, el principio de sujeción del trabajador se mantuvo. En este año se impuso el programa de Desarrollo Rural Integrado, pero no fue concebido como un complemento de la reforma agraria, sino como su sustituto y además resultó ser insuficiente y no logró cambiar de manera sustancial la situación del campesinado. Después de estas dos décadas de profundos avances y retrocesos en el sector agrícola, no se habló durante algún tiempo de reforma agraria. Este discurso fue gradualmente radicalizándose hasta que empezó a hacer parte de los recurrentes reclamos de la izquierda tradicional del país, ligándolo a la solución negociada del conflicto armado. La reforma agraria fue perdiendo así su vigencia hasta que en 1982 a través de la Ley 35 y el llamado Plan Nacional de Rehabilitación, se retomó el asunto agrario, dándole ahora un esquema ligado a la oferta y la demanda y a la creación de un mercado sostenido de la tierra productiva. Después de tres proyectos que no fueron aprobados por el Congreso, en 1988 se aprobó una nueva ley agropecuaria: la Ley 30 de 1988. A través de esta ley se formalizó la venta de tierras a precios dictados por el mercado, buscando así neutralizar la negativa de los terratenientes a vender sus tierras, lo que permitió que el INCORA, entidad encargada para entonces de los asuntos agrarios , lograra una importante adquisición de tierras que no tenían función social. Durante los años 80 no hubo más reformas significativas a la estructura agraria. Los años 90 llegaron y el sector agropecuario se encontraba paralizado producto de políticas públicas contradictorias que había frenado el desarrollo social de las áreas rurales y que no habían logrado implementar medidas redistributivas que hicieran más justa la distribución de la tierra. Aunque en los años 90 no hubo tampoco ningún avance legal con respecto a la tierra, sí hubo una serie de medidas macroeconómicas que afectaron definitivamente el esquema de producción de la Colombia rural. La apertura económica implementada por el gobierno de César Gaviria, abrió el

país al mudo, desmontando varias de las medidas regulatorias que había sobre el mercado, incluyendo las del mercado agropecuario. Esta medida promovió los cultivos extensivos que hoy definen la producción agraria Colombiana y coincidió con el crecimiento de los cultivos de uso ilícito. Colombia llegó al año 2011 sin resolver su problema agrario. La distribución equitativa y la consolidación de la función social de la tierra siguen siendo objetivos sin alcanzar. La ruptura del tejido social campesino y la fragmentación del movimiento social campesino se profundizaron, haciendo cada vez más difícil la construcción de una identidad campesina que promueva la cultural rural más allá de las manifestaciones culturales como la música y la artesanía. Las leyes y las políticas públicas han estado exclusivamente dirigidas al desarrollo económico, objetivo que paradójicamente no se ha cumplido. Bajo este enfoque estrictamente economicista y a veces arrogante y cerrado, no se ha permitido que otros sectores académicos y sociales aportes desde otras disciplinas al desarrollo de las poblaciones rurales de nuestro país. Las políticas públicas al igual que las leyes dirigidas a la población rural no han profundizado en la importancia de cultura como elemento cohesionador y constructor de identidad colectiva para los y las campesinas colombianas. El fomento y la reflexión sobre la cultura campesina, la cual se ha visto afectada por fenómenos tan complejos como la violencia política, el narcotráfico y el desplazamiento forzado, entre otros, no ha encontrado su lugar. Se da por hecho que la solución de los problemas socioeconómicos del sector agrícola, significará la solución de todos los problemas que enfrenta el campo, incluyendo los problemas de identidad cultural de sus habitantes.

POBLACIÓN CAMPESINA Y CONFLICTO ARMADO. LA CULTURA Y LA VIOLENCIA POLÍTICA

Las zonas rurales colombianas y sus habitantes han estado marcados durante décadas por un sistemático conflicto armado interno que ha definido las relaciones sociales, económicas y culturales de la población campesina. Aunque son muchos los factores asociados a este conflicto armado interno, los dos factores que han logrado una importancia significativa son: el desplazamiento forzado y los conflictos por la tenencia de la tierra.

GRÁFICO 6 NÚMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

COMPARATIVO CIFRAS OFICIALES DEL GOBIERNO (ACCIÓN SOCIAL) Y CIFRAS DE LA ONG- CODHES

2004-2010

FUENTE: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social y Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado CODHES En cuanto al desplazamiento forzado, se puede decir que es un fenómeno social que afecta significativamente la vida de una buena parte de la población rural y urbana de Colombia.

205.827

242.292

258.204

288.030

305.402

185.368

120.149

287.581

310.387

221.638

305.966

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Acción Social

CODHES

Durante la década del 90 del siglo XX y el primer decenio del siglo XXI, más de tres millones1 de personas han tenido que huir forzadamente de sus sitios de previa residencia para establecerse en pueblos, cabeceras municipales, ciudades intermedias y ciudades capitales. ( ver gráfico 6) Aunque la migración forzosa es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de toda la historia de Colombia y ha sido determinante en el ordenamiento de sus distintas poblaciones y la expropiación y obtención de mano de obra funcional a la expansión de los latifundios ( Fajardo 2002 ; Molano 2001), hace ya casi 20 años es empleada sistemáticamente como una estrategia de guerra por grupos armados “legales” e “ilegales” ( ejército, paramilitares, guerrilla) para consolidar o expandir el control sobre los territorios, corredores estratégicos para el tráfico de armas y drogas, y en general para el control las poblaciones de determinadas zonas del país.

El desplazamiento forzado se plantea entonces como una estrategia de guerra más que como una consecuencia del conflicto armado, puesto que busca la creación de un orden y unas redes sociales que fortalecen a los actores armados y a sus intereses políticos y económicos, mediante la expulsión, la desocupación y el control social, político, económico y geográfico de las distintas zonas rurales del país; al igual que el terror generalizado y las violaciones de derechos humanos. Con respecto a los conflictos sociales y económicos que se desprenden de la tenencia de la tierra en Colombia, es preciso mencionar que estos tienen su más claro origen en la estructura de la propiedad de la tierra en nuestro país, la cual está caracterizada por una enorme desigualdad y una acumulación exagerada de las tierras productivas en manos de los grandes terratenientes. Como bien lo muestra la tabla 4, la inequitativa concentración de la propiedad de la tierra es evidente. Mientras más de la mitad de la tierra (52,2%) está en manos del 1,5 % de las personas, el 10,59% del área total (microfundios), le pertenecen a un 78,31% de los y las campesinas.

1 En Colombia existen dos registros de población desplazada los cuales presentan datos diferentes y tendencias distintas con respecto a este fenómeno. Los datos oficiales del Gobierno Nacional son suministrados por la Agencia Presidencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, entidad que registra desde 1997 hasta julio 31 de 2011 un total acumulado de 3.700.389 personas en situación de desplazamiento (Sistema SIPOD). Por su parte la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado CODHES ( Sistema SISDES) estima desde 1985 hasta 2007, el acumulado de personas en situación de desplazamiento asciende a 3.720.428.

TABLA 4 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD SEGÚN RANGOS UAF 2009

RANGO UAF ÁREA PREDIOS PROPIETARIOS POSEEDORES

MICROFUNDIO 10,59 80,49 78,31

PEQUEÑA PROPIEDAD 19,1 13,66 14,72

MEDIANA PROPIEDAD 18,2 4,99 5,83

GRAN PROPIEDAD 52,2 0,86 1,15

TOTAL 100 100 100

FUENTE: PNUD- INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO CON BASE EN ACCIÓN SOCIAL (PPTP) 2010. Esta acumulación indiscriminada de tierras, se ha logrado en parte por las oscuras alianzas entre los grandes terratenientes y los grupos armados al margen de la ley, en particular los grupos paramilitares. Estos últimos generaron y siguen generando una situación de control territorial y social basado en la intimidación, las masacres, los asesinatos selectivos, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y demás violaciones de derechos humanos que han hecho que gran parte de los y las campesinos hayan sido víctimas de una o más de estas situaciones. La situación anteriormente descrita hace de Colombia uno de los países del mundo que presenta una de las más altas desigualdades en la propiedad rural. Esta situación es un grave obstáculo para el desarrollo humano de nuestro país, puesto que no permite que el crecimiento económico agrícola beneficie a un buen número de personas, sino que por lo contrario profundiza las desigualdades y enriquece aún más a ese 1,5% de las personas que poseen más de la mitad de la tierra productiva del país. El escenario donde se ha desarrollado la violencia política que ha afectado a Colombia desde principios del siglo XX ha sido principalmente el campo. El orden social impuesto por los actores armados ha impactado especialmente a la población rural, alterando sus tradiciones culturales y creando una situación de inestabilidad social que ha profundizado las desigualdades sociales en estas zonas del país. Las confrontaciones políticas entre liberales y conservadores que caracterizaron la vida rural durante el siglo XX, estuvieron estrechamente ligadas a la acumulación de la tierra y por lo tanto a la conformación del orden social en la Colombia rural. Más adelante, a mediados del siglo XX, las

guerrillas de corte liberal fueron influenciadas por la revolución cubana y en general por los procesos revolucionarios de inspiración marxista que de nuevo tuvieron como eje central el problema de la distribución de las tierras productivas de nuestro país. En este sentido, no es gratuito que la guerrilla más poderosa que ha tenido Colombia sea una guerrilla precisamente campesina. El origen y el desarrollo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC, no puede ser entendido si no se tiene en cuenta a las guerrillas liberales que tuvieron su auge a finales de la primera mitad del siglo XX y que básicamente eran asociaciones de campesinos armados que se enfrentaban contra las fuerzas del Estado y los terratenientes afines a distintos partidos por el conflicto que suscitaba la tierra y la riqueza que esta generaba. Más adelante, con el éxito de la revolución cubana y el apoyo de la entonces Unión Soviética a los procesos revolucionarios latinoamericanos, varios de estos guerrilleros liberales, entre los que se destacaba Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, dieron un giro discursivo hacia el marxismo- leninismo, dándole así un carácter ideológico y revolucionario a las que hasta ahora eran luchas desideologizadas y desarticuladas que obedecían más a los intereses de los terratenientes liberales y conservadores que una ideología y objetivos propios del campesinado colombiano. Si bien no se puede decir que las FARC representaran el sentir y las reivindicaciones del campesinado colombiano a mediados del siglo XX, tampoco se puede desconocer la importancia que tuvieron los campesinos y campesinas de determinados territorios, como base social de las FARC y otras guerrillas como el ELN y el EPL. Las guerrillas empezaron gradualmente a imponer códigos de comportamiento en numerosas regiones colombianas. Sustentados en el poder que les daban las armas, se constituyeron como representantes de una “ley revolucionaria” y como vigilantes de una “moral social” que le decía a las comunidades campesinas como debían llevar sus vidas familiares e individuales. Estos códigos morales son utilizados por parte de los grupos armados para ejercer control social, puesto que hacen que la población civil se vincule directamente a los conflictos armados. Estableciendo un principio fundamentado en la polarización, que se traduce en un discurso del que “no está conmigo está contra mí”, las guerrillas latinoamericanas han utilizado la estrategia de creación de bases sociales en la población civil para consolidar sus proyectos políticos militares de forma sostenida. En este sentido, existen estudios que muestran esta tendencia en casi todos los países latinoamericanos que han tenido el fenómeno guerrillero rural. Por ejemplo, para el caso del

Perú, el historiador Nelson Manrique, en su libro El tiempo del miedo: la violencia política en el Perú 1980-1996, recoge de forma precisa y documentada el desarrollo de la violencia política en el Perú entre 1980 y 1986, periodo de tiempo en donde importantes guerrillas como Sendero Luminoso y el Movimiento revolucionario Túpac Amaru (MRTA) protagonizaron conflictos sociales y políticos de relevante importancia en la historia reciente de este país andino. El texto está compuesto por varios artículos que indagan sobre el desarrollo de estas dos guerrillas y sobre cómo fue su relación con la Sociedad Peruana, en especial con las comunidades rurales en donde tuvieron mayor presencia. De igual forma, se resalta el permanente análisis sobre las relaciones de estos grupos armados con los gobiernos y las instituciones estatales y cómo se desarrolló la guerra entre Sendero, el MRTA, el Ejército y la policía; sin olvidar las disyuntivas que se deben tener en cuenta a la hora de profundizar en estas relaciones . Sin embargo, el libro no es estrictamente documental, sino que avanza hacia el análisis de la sociedad peruana, tomando como marco analítico el desarrollo de violencia política en los agitados años 80 y 90, décadas donde el Perú vivió algunos particulares fenómenos políticos, sociales y económicos que lo marcaron permanentemente y que alteraron significativamente las relaciones sociales en las áreas rurales. La crisis económica que afectó al Perú durante los años 80 y 90 y que se caracterizó por presentar una elevada inflación y una inequitativa distribución del ingreso que afectó sustancialmente a las capas medias y bajas de la población, generando una desproletarización de la sociedad peruana, que a su vez malogró el proyecto de modernización que fue iniciado por la junta militar desde 1968 y que fracasó, según Manrique, por causas internas cómo el carácter vertical y el autoritarismo. Otro caso que presenta los mismos elementos es el caso de Guatemala. En su libro Entre dos fuegos en los pueblo Ixiles de Guatemala, el antropólogo David Stoll realiza un relato y un análisis sobre la violencia política en esta región, haciendo énfasis en la conformación y el desarrollo del Ejército Guerrillero de los Pobres EGP y en cómo fueron las relaciones de esta organización con la población Ixil y la población ladina. En este sentido, el autor narra cómo desde los años setenta, el EGP empieza a incursionar en la historia sociopolítica de Guatemala, autoproclamándose como defensor del campesinado (maya) y articulándose al discurso de liberación revolucionaria que era imperante entonces en Latinoamérica. Stoll recrea el inicial apoyo que los Ixiles y algunos ladinos le dieron al EGP y cómo por la dinámica del conflicto, especialmente en lo que tiene que ver con la fuerte confrontación con el ejército

guatemalteca, esta relación se empezó a erosionar, fundamentalmente por que los Ixiles no soportaron la fuerte arremetida del ejército. El desarrollo de este conflicto tiene varias similitudes con el conflicto colombiano, puesto que luego de la el EGP generará que la población campesina se constituyera como su base social, el Ejército y los grupos paramilitares, llamados en este caso las patrullas civiles, arremetieron con una violencia indiscriminada en contra de esta población, creando una de las situaciones de violencia política más complejas de finales del siglo XX. Para terminar esta revisión por los conflictos que se caracterizan por la creación de bases sociales en la sociedad civil no combatiente por parte de las guerrillas, es preciso mencionar el caso salvadoreño, puesto que muestra una situación diametralmente distinta a las anteriormente mencionadas. Para este caso, la investigadora Elisabeth Jean Wood, en su libro Insurgent collective action and civil war in El Salvador, hace un análisis sobre las motivaciones que tuvieron los campesinos salvadoreños para brindar el apoyo al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Tal y como lo dice el título del texto, la autora busca hacer un análisis de la insurgencia y el apoyo social recibido por esta en medio de la Guerra Civil salvadoreña. En este sentido, Wood sostiene que las teorías explicativas tradicionales de la acción colectiva sobre el caso del Salvador, tales como la movilización como lucha de clases, la oportunidad política, la solidaridad de las comunidades campesinas, la existencia de unas consolidadas redes sociales, la privación relativa y la acción racional por el puro interés, no representan totalmente la magnitud y la complejidad de la acción colectiva de los insurgentes y los militantes. La parte más considerable de este análisis es la alternativa que la autora plantea, la cual se fundamenta en el hecho de que las motivaciones de gran parte de la población tuvieron que ver con un apoyo moral o afectivo al FMLN. La autora también hace una completa descripción de las particularidades del conflicto socio-económico del Salvador. En este análisis se resaltan aspectos como la distribución inequitativa de las tierras productivas, la economía basada casi exclusivamente en la producción y exportación de Café y las pocas oportunidades que tenían en general los campesinos de varias zonas de este país, lo que configuró un panorama social con ciertas condiciones específicas que dieron el fundamento para el posterior apoyo que la población campesina rural le dio al FMLN.

Finalmente y buscando ampliar los elementos de análisis para entender la Guerra Civil salvadoreña, Elizabeth Wood hace un recorrido por la forma en que se vincularon algunos discursos anticomunistas que marcaron la ofensiva del Estado salvadoreño contra el FMLN, pero específicamente contra la población Civil que apoyaba a este grupo armado, sin necesidad de ser combatientes. Esta ofensiva que se caracterizó por masacres, algunos magnicidios importantes y en general por una violación sistemática de los Derechos Humanos, que se sumó a las desigualdades sociales y económicas expuestas por la autora. Este análisis nos ayuda a entender detalladamente las características de la Guerra Civil en el Salvador, que a diferencia de muchos otros eventos de violencia política en Latinoamérica, tuvo un respaldo más significativo de la ciudadanía. Para el caso Colombiano, recientemente el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH publicó el libro Política de vida y muerte. Etnografía de la violencia diaria en la Sierra de la Macarena, del sociólogo y antropólogo Nicolás Espinosa. En este libro, el autor hace un interesante análisis de la complejidad de la cotidianidad en este sector del país, el cual se caracteriza por el difícil conflicto por el control territorial que hay entre las FARC y las fuerzas del Estado. Con una descripción detallada de los resultados sociales de los cultivos de coca y sus posterior fumigación y erradicación manual, el reclutamiento forzado y los bloqueos alimentarios, entre otras prácticas, Espinosa muestra como la violencia política afecta directamente a las poblaciones campesinas de esta región del país, concluyendo que “hasta las esferas mas intimas de la vida social y productiva se encuentran influenciadas por la violencia política” (Espinosa, 2010) Nicolás Espinosa muestra en su investigación una reveladora conclusión sobre cómo se ha naturalizado la violencia en las comunidades “el calendario ecológico de los campesinos, momento en el cual las familias planean el cronograma de actividades de los siguientes doce meses cuando el verano está próximo a iniciar: discuten qué productos sembrar, en qué cantidad, quiénes se harán responsables, cuantos jornales se podrán contratar. Otras consideraciones habrán de tomarse en cuenta, según lo establezcan las condiciones del medio físico, las tradiciones campesinas y la situación política. Por ejemplo, es necesario saber cuántas hectáreas permite tumbar la guerrilla para decidir qué producto privilegiar, ¿yuca o maíz? Luego hay que estimar en qué lugares de la finca existen los mejores suelos para uno u otro cultivo; es bueno averiguar que dicen los vecinos sobre la erradicación de coca, si acaso alguien sabe cuándo empezarán a fumigar. De igual forma si el almanaque Bristol augura inundaciones, hay que tomar las precauciones del caso. ¿Y si la ofensiva militar se intensifica vale la pena arriesgarse a perder el ganado en los bombardeos, o mejor venderlo antes de que eso suceda? Pero antes que nada, hay que hacer un

rezo para que los animales de la selva no hagan daño a los cultivos. Este calendario ecológico, un espacio práctico de la vida familiar, se encuentra permeado por el marco regulador que imponen los agentes y la dinámica de la violencia (y la política) en la vida diaria” ( Espinosa 2010) El impacto cultural que resultó de la presencia de las guerrillas en las zonas rurales colombianas no fue precisamente el de la consolidación de un movimiento a favor de los derechos de los y las campesinas, fundado en una reflexión colectiva sobre la estructura de la tenencia de la tierra en nuestro país. Lo que recientemente se ha podido observar con la perspectiva que da la distancia y el tiempo, es que la presencia de las FARC y otras guerrillas en los territorios rurales profundizaron las desigualdades sociales y contribuyeron a la creación de una cultura de la desconfianza y del dinero fácil que ha afectado de manera importante el bienestar en las áreas rurales colombianas. Para los años 80 del siglo XX el narcotráfico entraría a reconfigurar el orden social, no solo de las zonas rurales, sino de gran parte del país. La necesidad de garantizar los cultivos de coca para la producción de cocaína y de otros cultivos como la amapola y la mariguana, hizo que el conflicto se intensificara en el campo. Para entonces, las guerrillas empezaron a aprovechar su poder regional para controlar los cultivos de uso ilícito y así poder financiar la guerra que libraban contra el Estado y sus fuerzas del orden. A su vez, en otras zonas del país donde el poder de la guerrilla no era significativo o sencillamente no existía, los narcotraficantes se apoyaron en los grandes terratenientes y en el poder político, económico y social que estos representaban, para aprovecha la bonanza de los cultivos de uso ilícito. Fue así, en esta estrecha relación entre narcotráfico y terratenientes, que se gestaron los grupos paramilitares. Estos grupos paramilitares fueron a su vez alimentados por la complicidad de algunas facciones del Estado y de las Fuerzas Armadas que buscaban aprovechar sus credenciales para sacarle provecho al entonces próspero negocio de la producción de coca, amapola y mariguana, principalmente. Sin embargo, la organización del campesinado y la determinación de un orden social y político que fuera proclive a la producción de cultivos de uso ilícito no era una tarea fácil y necesitaba de una reingeniería social y cultural que fue realizada a través de la guerra, tanto por las guerrillas como por los grupos paramilitares surgidos de la complicidad entre los terratenientes y algunos miembros de la fuerza pública y otras instituciones del Estado.

Las estrategias de guerra utilizadas para lograr este objetivo fueron consolidándose hasta que se configuraron en grandes problemas sociales que alterarían definitivamente el orden social de las zonas rurales y en general del país. La necesidad de controlar zonas de producción, corredores estratégicos para el transporte de insumos, armas y cultivos procesados, hizo que los narcotraficantes promovieran comunidades obedientes que no obstaculizaran todos los procesos de producción que hay alrededor de la producción y comercialización de coca y demás cultivos de uso ilícito. Básicamente, la intimidación generada tanto por la guerrilla como por los paramilitares para organizar las zonas rurales alrededor de la producción y comercialización de cultivos de uso ilícito, fue desatando estrategias como las masacres, la toma de poblaciones y el desplazamiento forzado. Haciéndolas estrategias de control territorial basadas en el asesinato, desocupación de zonas y la desarticulación de organizaciones sociales que pudieran cuestionar las bonanzas asociadas a los cultivos de uso ilícito. Durante la década de los años 90 del siglo XX, esta estrategia tuvo un nuevo giro y fue el del enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares por el control de determinadas zonas del país que tenían una buena capacidad de producción de cultivos de uso ilícito. El aumento exponencial del desplazamiento forzado se puede explicar en parte por esta nueva situación de la confrontación. Aunque las intimidaciones por parte de los grupos al margen de la ley en contra de los y las campesinas terminaban también en asesinatos, el desplazamiento forzado empezó a cobrar importancia como estrategia de desocupación, puesto que permitía impactar en poco tiempo grandes territorios, formando así comunidades obedientes a partir de la intimidación. Fue tal el uso de esta estrategia, que para mediados de la década de 1990 el desplazamiento forzado se había convertido en uno de los fenómenos sociales más significativos de la historia reciente de Colombia y generó un debate social de tales magnitudes que se produjo una Ley de la república que buscaba enfrentar las evidentes consecuencias que este fenómeno había tenido en nuestro país2.

2 En 1997 el Congreso de la república emitió la ley 387, la cual tenía por objeto la prevención del desplazamiento forzado, la atención, la protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

Si bien el desplazamiento forzado ha sido el problema humanitario más extendido de los últimos años y uno de los más característicos del conflicto armado interno colombiano, los paramilitares y los guerrilleros acudieron a varias técnicas de intimidación que fueron mostrando cada vez más claramente la degradación de conflicto colombiano. Recientemente, por iniciativa del gobierno nacional, se discutió y se aprobó en el Congreso la Ley de reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno ( Ley 1448 de 2011) la cual entró en vigencia el pasado 10 de junio de 2011. Esta ley reconoció, entre otras cosas, la existencia de un conflicto armado interno, el cual había sido relativizado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien los había reducido a una amenaza terrorista, que desconocía los orígenes políticos del conflicto y le quitaba importancia a las consecuencias de este fenómeno. La Ley 1448 tiene por objeto “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Esta Ley se ubica “dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales” ( Ley 1448, 2011) La promulgación de esta ley marcó una nueva perspectiva frente a las víctimas del conflicto armado interno, y aunque fue en su momento fue cuestionada por algunos aspectos puntuales, como por ejemplo el establecimiento del 1° de enero de 1985 como la fecha desde que se reconocen a las víctimas de este conflicto, en general tuvo un apoyo generalizado por parte de sectores políticos y sociales que se han interesado históricamente en el reconocimiento de las consecuencias del conflicto armado interno como un factor de vital importancia en la reconciliación y la construcción de paz en nuestro país. Sin embargo, la promulgación de esta ley no es un aspecto accidental, sino que obedece a una situación previa que inició con el proceso de negociación llevado a cabo entre el gobierno nacional y los grupos paramilitares y que desató una serie de declaraciones por parte de los comandantes y guerreros rasos de estos grupos armados que mostraron la cara más desafortunada del conflicto armado interno, haciendo evidente la necesidad de una política de reparación y del establecimiento de medidas de reconstrucción de la memoria colectiva del conflicto y no repetición.

La presión interna por parte de los sectores sociales y políticos comprometidos con los Derechos Humanos y los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, al igual que las presiones internacionales por parte de organizaciones internacionales y ONG´s que habían observado durante años el desarrollo del conflicto armado interno, abonaron el camino para que el gobierno nacional reconociera la importancia de crear una ley integral que no tomara los fenómenos que se desprendieron del conflicto como aspectos independientes, sino que creara una unidad de materia que comprendiera conjuntamente el conflicto armado. Aunque aún falta la etapa de implementación de esta ley, que es sin lugar a dudas la parte más importante y determinante de este proceso, es preciso reconocer que el avance de la formulación es indudable, puesto que genera un ambiente de reconciliación que ve en la reconstrucción de la memoria histórica un aspecto de vital importancia para la superación de los factores estructurales del conflicto armado interno. Para el caso Colombiano, el reconocimiento de la memoria histórica del conflicto armado interno hace parte del reconocimiento de la historia reciente de nuestro país. En este sentido, es evidente que la población campesina es la protagonista de este proceso de reconstrucción de la memoria, puesto que fue en las zonas rurales del país donde aconteció principalmente el conflicto armado interno. El orden social establecido por el narcotráfico y los grupos armados que se encargaban y siguen al tanto de la producción y comercialización de los cultivos de uso ilícito, impactó significativamente la cultura campesina de nuestro país. El imperio de la violencia y el dinero fácil producto del narcotráfico se hizo imperante durante por lo menos tres décadas, situación que no sólo alteró los esquemas de producción agropecuaria de algunas zonas del país, sino que cambió los hábitos sociales y las tradiciones culturales de algunas regiones del país. El desplazamiento forzado, como fenómeno social, alteró la demografía de las zonas rurales y las dinámicas poblacionales de algunas grandes ciudades colombianas, generando así una crisis humanitaria sin precedentes que evidenció socialmente la necesidad de formular una ley integral para las víctimas del conflicto armado interno. El cultivo extensivo de hoja de coca en departamentos como el Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Cauca, Antioquia y Vichada, durante las décadas de 1980, 1990 y lo que va corrido del siglo XXI, produjo una cultura campesina ligada a la producción de este cultivo y por lo tanto vinculada de forma obligada al conflicto armado.

Aunque la coca es una planta ancestral y sagrada para una buena parte de las comunidades indígenas que habitan en las zonas montañosas colombianas. Sus técnicas de cultivo son de amplio conocimiento y la geografía colombiana es muy propicia para su cultivo. Las comunidades indígenas han compartido por años el territorio con las poblaciones campesinas, en muchos casos de colonos, que trabajan en distintos cultivos alrededor del territorio nacional. Las medidas del gobierno frente a este cultivo han estado dirigidas hacia la criminalización de la planta y por lo tanto de sus productores: los campesinos. La fumigación y posteriormente la erradicación manual solo buscan desaparecer la planta, sin reconocer la importancia cultural que tiene la coca, no sólo para las comunidades indígenas sino también para las poblaciones campesinas. A partir de las anteriores consideraciones, se puede inferir el impacto que la violencia política ha tenido en la cultura campesina. En este sentido, las consideraciones sobre esta cultura no pueden pasar por alto este importante fenómeno y deben tener en cuenta que la reconstrucción de una memoria histórica también debe pasar por la reconstrucción de las tradiciones culturales rurales, las cuales han sido afectadas por el conflicto armado y la violencia política generada por este. De nuevo, al observar los planteamientos que se han hecho desde la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación- CNRR, sobre la recuperación de la memora histórica como componente importante en la reparación de las víctimas y la reconciliación de la sociedad colombiana, se obvia el impacto que la guerra ha tenido sobre las diferentes culturas rurales y la importancia que tendría la cultura como elemento cohesionador en un proyecto de reconciliación.

ASPECTOS CULTURALES DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CAMPESINOS

“Muchos años después, ese niño había de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramáfono el Decreto Número 4 del Jefe Civil y Militar de la provincia. Estaba firmado por el General Carlos Cortes Vargas, y por su secretario, el Mayor Enrique García Isaza, y en tres artículos de ochenta palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala” Fragmento de Cien años de soledad

de Gabriel García Márquez Según el autor Stephan Suhne, la génesis del movimiento social campesino se puede situar en la década de 1920, época en que se crearon las diversas ligas campesinas y surgieron también varios partidos de izquierda, los cuales se organizaron para realizar las primeras protestas campesinas que reunieron a un buen número de campesinos que veían sus derechos laborales vulnerados. (Suhner, 2002: 16) Las peticiones del movimiento social campesino se caracterizaron por denunciar las precarias condiciones laborales generadas por las élites terratenientes de principios del siglo XX, haciendo énfasis en los bajos salarios, la escasa socialización de la riqueza y la intimidación ejercida por las empresas extranjeras que explotaban los recursos colombianos. Durante las protestas que se realizaron en el año de 1928 en la zona bananera del departamento de Magdalena, aconteció un hecho que con el tiempo se constituyó en unos de los referentes de la violencia política en contra de los campesinos. La masacre de las bananeras, evento en donde la entonces United Fruit Company, en complicidad con el ejército colombiano, asesinó a varios trabajadores que participaban en la protesta en esta zona del país. Aunque las cifras de muertos nunca han sido determinadas oficialmente, los datos más conservadores hablan de 500 muertos, pero hay datos que mencionan que fueron más de 1.000 los muertos durante este trágico evento. Dos décadas más tarde, uno de los eventos históricos más relevantes de la primera mitad del siglo XX influyó radicalmente en el orden social de las zonas rurales y urbanas del país. El asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, quien había sido uno de los personajes públicos que había denunciado los graves hechos ocurridos en 1928, radicalizó definitivamente el conflicto bipartidista en Colombia y el escenario de esta confrontación fueron las zonas rurales del país.

La ruralidad colombiana fue entonces marcada por el conflicto armado y desde aquí el movimiento campesino empezó a estructurar una agenda que dentro de sus principales preocupaciones tenía la reforma agraria y la solución negociada al conflicto armado, el cual los afectaba en su cotidianidad. En medio de la tensión generada por la violencia política surgió en la segunda mitad del siglo XX la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, la cual se constituyó durante los años 70 del siglo XX en el referente más importante del movimiento social campesino. Según la ANUC , el origen de su organización se remonta a la década de 1960, cuando el entonces senador de la República y más adelante Presidente Carlos Lleras Restrepo, planteó la reforma agraria a través de la Ley 135 de 1961 ,que más adelante, en su decreto Ley 755 del 2 de mayo de 1967, estructuró los pilares para la promoción y legitimación de las asociaciones de usuarios del sector rural, que a su vez organizó y consolidó las luchas campesinas que se habían dado en el país desde inicios del siglo XX. (ANUC, 2010) Según el sociólogo Alejandro Reyes y el Historiador Mauricio Archila, el movimiento social campesino, en cabeza de la ANUC, tuvo su primavera durante la década de 1970, periodo durante el cual se logó la homogeneidad de este movimiento y se superó la fragmentación regional que había evitado que el movimiento campesino tuviera un objetivo común, que beneficiara a los campesinos de todas las regiones del país. Los años 70 también se caracterizaron por ser una década de prosperidad económica, marcada por la bonanza del sector cafetero y por la sensación de prosperidad que empezada a generar los recursos económicos surgidos del narcotráfico. En este contexto, el movimiento campesino gozó de ciertas garantías, que incluso se materializaron en las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, que marcaron las relaciones entre el Estado y el movimiento campesino durante esta década de prosperidad y cambios sociales. Para los años 80 el movimiento campesino había pasado a una nueva etapa enmarcada en los conflictos regionales, los cuales son descrito por Alejandro reyes de la siguiente manera . Los conflictos regionales que enmarcaron las movilizaciones campesinas de los años 80 fueron: los enclaves agroindustriales que fomentaron la inmigración y los conflictos en cuanto a los beneficios, los cuales se presentaron principalmente en zonas como Arauca, Urabá y Barrancabermeja. La colonización campesina asociada a procesos de concentración de la tenencia de la tierra y que fue preponderante en el Magdalena Medio, El Catatumbo, el Alto Sinú, el bajo Cauca y la zona del Ariari-Guayabero-Guaviare. Y por último las zonas donde era generalizado el

latifundio improductivo, como los son los departamentos de Sucre, Córdoba, Magdalena y Cesar, al igual que regiones como el sur de Bolívar, el centro oriente del Cauca, el sur del Tolima y el centro-sur del Huila. ( Reyes, 1994). Esta nueva etapa se concentró en resolver estos conflictos regionales, los cuales seguían estando muy relacionados con la tenencia de la tierra y la estructura de la hacienda, la cual perpetúa la desigualdad en la distribución de las tierras productivas. Aunque los años 80 no fueron tan positivos para el movimiento campesino como la década de los 70, el movimiento campesino siguió siendo determinante en la estructura social rural de nuestro país. Sin embargo, en los años 80 el fenómeno de la coca y otros cultivos de de uso ilícito también permearon el movimiento, el cual empezó a enfrentar de nuevo una persecución política y una desarticulación que tuvo su punto de quiebre a principios de la década de 1990, con la apertura económica. La década de los noventa empezó con un movimiento campesino que se había centrado sus demandas en los conflictos regionales y por lo tanto había perdido algo de la homogeneidad que había ganado durante sus primero años de consolidación. Sin embargo, los problemas más graves que enfrentaría el movimiento social campesino durante la década de 1990 no estarían relacionados con su organización interna, sino con dos factores externos que le darían un giro definitivo a la movilización campesina. La consolidación del proyecto paramilitar y la apertura económica que impactó significativamente la agricultura, diezmaron el movimiento campesino que se había formado desde los años 70 y abonaron el terreno para un nuevo movimiento que empezó a tener como temas prioritarios de su agenda los efectos de las medidas neoliberales y la solución negociada del conflicto armado. En el año de 1991 el país presenció las movilizaciones campesinas e indígenas que se llevaron a cabo en el Cauca y Nariño. Aunque en un principio se pensó que esta era un movimiento acéfalo sin mayores fundamentos políticos, luego se evidenció la importancia de la articulación entre dos organizaciones sociales de relevancia importancia durante el década del 90 El Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA y el Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona CMY, empezaron a cobrar relevancia como organizaciones sociales e iniciaron un interesante debate regional que permitió evidenciar la difícil situación socioeconómica en que se encontraban los campesinos y los indígenas de esta región.

La movilización de 1991, fue la primera de tres grandes movilizaciones que paralizaron el sur del país a través de la carretera Panamericana y que se llevaron a cabo en los años de 1996 y 1999. Durante estas movilizaciones, estas dos organizaciones, una campesina ( CIMA) y la otra indígena (CMY), dejaron ver un interesante discurso articulado que no solo se centraba en temas agropecuarios, sino que hablaba de la construcción de una identidad colectiva para los habitantes del macizo colombiano que ellos llamaron una “maciceñidad” , la cual se constituía de la relación que tenían con la tierra y su entorno los campesinos y los indígenas de esta zona del país. Lo interesante de este proceso de movilización fue que articuló a las organizaciones indígenas y campesinas, las cuales se habían caracterizado por permanecer distantes entre sí y no articularse concretamente en procesos específicos de protesta. También es interesante ver que su objetivo central no era precisamente un tema de política agropecuaria, sino una postura cultural frente a su región y los procesos de articulación necesarios para el bienestar de sus comunidades. La “maciceñidad” es un concepto que recoge una visión ampliada sobre las comunidades campesinas e indígenas que habitan en los departamentos de Cauca y Nariño. Es a su vez un concepto crítico, puesto que busca el reconocimiento de una autonomía regional y de una neutralidad frente al conflicto armado interno que, según este movimiento es fomentado tanto por el estado, como por los grupos armados al margen de la ley. Aunque estas movilizaciones tuvieron una relevancia importante durante los años 90, la movilización campesina que más conmocionó al país fue la conocida como la marcha cocalera de 1996, la cual tuvo como epicentro el departamento de Caquetá y evidenció el grave problema social que estaba detrás de los cultivos de coca y sobretodo de la asociación entre el narcotráfico, las guerrillas (principalmente las FARC ) y los grupos paramilitares que se estaban disputando las tierras de cultivo con las guerrillas. Está movilización mostró lo permeado que se encontraba el movimiento campesino del Caquetá , otrora un movimiento organizado y unos de los más influyentes al interior de la ANUC, por el cultivo de la coca con propósitos de narcotráfico. Como bien observan Juan Guillermo Ferro y Graciela Uribe en su investigación sobre las marchas cocaleras de 1996 “En el Caquetá hay un bloqueo provocado por la intensificación de la guerra que dificulta enormemente la expresión autónoma de los movimientos populares y sobre todo los de base rural. El protagonismo de los colonos fundadores ha sido suplantado por actores más fuertes. Los campesinos con proyectos alternativos se encuentran atenazados entre los actores armados y los partidos tradicionales. ( Ferro y Uribe, 2002)

Este recorrido por la historia de los movimientos sociales campesinos nos permite ver que la asociación es un elemento importante a la hora de generar identidad colectiva. Aunque los movimientos campesinos se han caracterizado por enfocar sus demandas a temas estrictamente agropecuarios, el caso de la articulación entre el CIMA y el CMY nos muestra un ejemplo de cómo también las demandas sobre las condiciones socioeconómicas de las poblaciones campesinas y la reconstrucción de la identidad regional, pueden cohesionar a las poblaciones. No debemos olvidar, que precisamente en los departamentos del Cauca y Nariño el movimiento indígena que se ha movilizado en contra del conflicto armado y a favor de la neutralidad activa frente a este conflicto durante la primera década del siglo XXI, ha logrado una cohesión importante, acudiendo, precisamente, a la identidad ancestral que los reúne.

LA CUESTIÓN CULTURAL DE LA TIERRA

En mi tierra yo me siento como un rey Un rey pobre pero al fin y al cabo rey Mi castillo es un ranchito de embarrar Y mi reino todo lo que alcanzo a ver Por corona tengo la cara del sol Y por capa una ruana sin cardar Es mi cetro el cabo de mi azadón Y es mi trono una piedra de amolar El rey pobre (fragmento) Jorge Velosa

La estructura de la propiedad de la tierra en Colombia tiene su origen en el concepto liberal de propiedad individual que adoptó la república durante el siglo XIX. En este contexto surgiría la figura de la hacienda, la cual fue la principal unidad de explotación económica que ha tenido nuestro país en su historia. La figura de la hacienda está fundamentada en la acumulación de grandes extensiones de tierra, al igual que en un apoyo por parte del poder económico y político, que durante el siglo XX, fue tomando claros tintes partidistas. Durante el siglo XX, la constitución del mapa agropecuario de nuestro país estuvo íntimamente ligado al poder político de los partidos liberal y conservador, los cuales, aunque tenían posturas divergentes, por ejemplo en cuanto al papel de la iglesia en las decisiones del Estado, siempre sostuvieron la figura de la hacienda y la acumulación desigual de la tierra como un factor que les era funcional a sus proyectos políticos regionales. Mientras en Colombia este modelo avanzaba y se afianzaba, en otros países latinoamericanos la situación era algo distinta. Por ejemplo, durante los primeros 20 años del siglo XX, México vivió un proceso revolucionario, conocido como la revolución de 1917, la cual estaba fundamentado precisamente en los conflictos que se habían generado a partir de la acumulación indiscriminada de la tierra por parte de los terratenientes. Si bien no se puede afirmar que este país hoy tenga una estructura de distribución de la tierra justa y equitativa, si es cierto que no tiene una distribución tan desigual de la tierra como la tiene Colombia, que hoy en día es uno de los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y el mundo ( PNUD, 2011: 47)

La distribución inequitativa de la tierra en Colombia ha marcado claramente la cultura campesina. Fue en este modelo de desarrollo agropecuario que se generalizó la figura del jornalero, el cual es un trabajador nómada que transita entre diferentes zonas del país buscando cultivos donde trabajar. El jornalero se caracteriza también por ser un campesino sin tierra, el cual vende su fuerza de trabajo a cambio de dinero, que es entregado en contraprestación al trabajo entregado. Aunque los jornaleros han estado presentes en gran parte del territorio rural colombiano y desde que las haciendas empezaron su desarrollo a principios del siglo XX, fue a partir de la década de 1960, en el territorio conocido como el eje cafetero y durante la bonanza cafetera, que los jornaleros se hicieron más visibles. Las manifestaciones culturales de este grupo de campesinos migrantes y desposeídos crearon un discurso de confrontación permanente con los terratenientes, el cual se ve reflejado en algunas de las canciones del folklore popular “paisa”. Esta música, conocida popularmente como música “guasca”, tiene en Octavio Mesa a su más reconocido representante. Aunque este autor tiene un amplio repertorio, una de sus canciones más representativas, El jornalero, muestra de forma clara la conflictiva relación que se daba entre los jornaleros y los terratenientes. La estructura musical de este género es básica, puesto que consta solo de voz y guitarra acústica. Las letras se caracterizan por contar con un lenguaje soez y un humor fácil, que servía como diversión para los jornaleros durante sus periodos de descanso. El hecho de que esta música conste solo de voz y guitarra se explica debido a portabilidad de la guitarra, que permitía que los músicos, que en muchos casos también eran jornaleros, pudieran interpretar su música sin mayores recursos técnicos. Los jornaleros se hicieron muy populares durante la bonanza cafetera y se fueron constituyendo gradualmente en personajes representativos de la cultura popular campesina de nuestro país. La música guasca y las otras manifestaciones culturales de estos campesinos se han establecido como íconos del campesino colombiano. El carriel, el poncho, las alpargatas y el sombrero blanco característico de esta región, fueron haciéndose símbolos del campesinado de nuestro país. La figura de Juan Valdez, precisamente un típico jornalero de las zonas cafeteras de Antioquia, Risaralda, Quindío y Caldas, ha sido desde los años 60 del siglo XX la imagen más representativa de nuestro país en el exterior y la imagen oficial de la Federación Colombiana de Cafeteros, una de las agremiaciones más importantes de la historia reciente colombiana.

Siguiendo con la música campesina colombiana, otro de los géneros que se asocia con el campesinado de nuestro país es la música “carranga”. Este género, propio de la región cundi- boyacense y que se extiende por buena parte de los andes centrales colombianos, es quizá la música que más nos dice acerca de la cultura campesina. La música carranguera es una música profundamente descriptiva, que enaltece la geografía de los territorios rurales, al igual que la sencillez y la bondad de los y las campesinas. Es a su vez una música festiva, la cual está siempre presente en las fiestas de los pueblos de esta zona del país, que suelen estar asociadas a los periodos de inicio y finalización de las cosechas y que son generalizadas en las zonas rurales colombianas. Aunque al igual que la guasca, la carranga es una música de cuerda, esta es mucho más elaborada musicalmente y se interpreta con otros instrumentos de cuerda como el tiple y el requinto, mientras la base rítmica la da la guacharaca. En cuanto a las letras, la carranga se caracteriza por usar el humor y la ocurrencia como elementos de la composición, al igual que por el uso recurrente del leguaje y los dichos propiamente campesinos. Aunque la carranga es esencialmente una música festiva y alegre, también hay algunas letras que muestran la difícil situación de algunos campesinos y la distancia que sienten los campesinos con los centros urbanos. Jorge Velosa se ha convertido con los años en un ícono de este género musical. Algunas de las agrupaciones que ha conformado tales como "Los Carrangueros de Ráquira", "Jorge Velosa y los Hermanos Torres" o "Velosa y los Carrangueros", han construido un género que hoy en día cuenta con numerosos seguidores, no solo en las áreas rurales, sino también en los centros urbanos. Los músicos carrangeros se identifican directamente con los campesinos del área cundi- boyacense. Al igual que los músicos de la guasca, estos usan sus prendas representativas, que en caso de esta región son la ruana, el sobrero y las alpargatas, vestimenta que también es asociada popularmente con los y las campesinas colombianas. Al hacer una breve exploración a los principios y las temáticas de la música guasca y carranguera, podemos observar un factor común: la reivindicación de las tradiciones campesinas y el conflicto que suscita en el campo la desigual distribución de la tierra, que en términos socieconómicos se traduce en menos oportunidades para que las poblaciones campesinas logren un pleno bienestar.

En el último Informe Nacional de Desarrollo Humano, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, mencionó que la estructura de tenencia de la tierra en Colombia es un gran obstáculo para el desarrollo humano de los y las campesinas de nuestro país. Según los datos consolidados en este informe, la situación colombiana es tan dramática que más de la mitad de la tierra (52,2%) está en manos del 1,5 % de las personas, mientras el 10,59% del área total (microfundios), le pertenecen a un 78,31% de los y las campesinas. ( PNUD, 2011: 50) Esta situación no ha permitido la formación y consolidación de una clase media rural, que supere el microfundio y el trabajo jornal, propios de la estructura actual de la tenencia de la tierra en Colombia. La alta concentración de las tierras productivas en pocas manos aumenta sistemáticamente el número de campesinos y campesinas pobres, aumentando así su vulnerabilidad. A partir de estas consideraciones, el IDH del PNUD propone dirigir acciones hacia la creación de una “estructura de la tenencia más democrática en la que la mediana propiedad tenga un liderazgo para la innovación tecnológica, la creación de empleos e ingresos, la mejor utilización de la tierra y el buen manejo del medio ambiente, lo que significaría un aporte tanto a la construcción de democracia en el campo como al desarrollo humano y la búsqueda de caminos de paz” (PNUD, 2011: 48) Sin embargo, un aspecto que no es tocado por este informe ni por la mayoría de los documentos analíticos que tratan el tema campesino, es el de la relevancia de las tradiciones culturales en el desarrollo social de las poblaciones. La tierra, o mejor dicho, el territorio es uno de los elementos de mayor trascendencia en la configuración cultural de una determinada población. Fue precisamente a través de los reconocimientos de titulación colectiva de territorios que las comunidades indígenas y afrodescendientes consolidaron un proceso de reconocimiento de sus tradiciones culturales. A muchos analistas del tema campesino, parece olvidárseles que la cultura campesina y las tradiciones que la definen están directamente ligadas con la tierra y que la promoción de estas tradiciones culturales es también una apuesta por el desarrollo social de estas sociedades. A partir del reconocimiento de las tradiciones campesinas, se puede lograr una cohesión del campesinado colombiano, el cual se ha caracterizado por su fragmentación y su falta de unidad. El reconocimiento de las tradiciones culturales es también un paso importante en la dignificación de la labor campesina, que ha sido tan poco valorada en un país en donde el sector agrícola aporta alrededor del 10% del PIB del país y se encarga de una buena parte de la producción de alimentos para el resto de la población del país.

Recientemente, el discurso ambiental ha tomado una importancia inusitada debido a las consecuencias que ha traído para el medio ambiente las prácticas humanas encaminadas al “desarrollo”. En este sentido, la tierra como elemento fundamental en la producción de alimentos y en el equilibrio de los ecosistemas ha cobrado un valor renovado. Desde que los indígenas recobraron su importancia social a partir de la constitución de 1991, también empezaron a ser vistos como comunidades depositarias de un conocimiento ambientalista y protector del medio ambiente. Como bien menciona la antropóloga Astrid Ulloa “los indígenas ahora son considerados tanto por la comunidad académica como por el público en general, en Colombia y en el ámbito internacional como indígenas ecológicos que protegen el medio ambiente y dan esperanza a la crisis ambiental y del desarrollo. Por lo tanto, las representaciones sobre los indígenas han sido transformadas del sujeto colonial salvaje en el actor político- ecológico”( Ulloa, 2001). Si bien este discurso fue atribuido a las comunidades indígenas, la sensibilidad ambiental no es exclusiva de estas comunidades. La población campesina ha compartido por años una serie de tradiciones con los indígenas, las cuales van desde la preparación de los alimentos, pasando por las técnicas de cultivo, hasta llegar a tradiciones musicales y artesanales. Sin embrago, la relación que tienen los campesinos con la tierra es distinta a la relación que tienen las comunidades indígenas. El artículo La lucha Guambiana por la tierra: ¿indígena o campesina? el antropólogo Luis Guillermo Vasco hace un interesante análisis sobre la diferencia que los campesinos y los indígenas Guambianos tienen con respecto a la tierra. Según Vasco “no basta con que los guambianos posean tierras, sean dueños de un espacio geográfico, lo exploten económicamente y deriven de él sus medios de vida, para que tales tierras sean identificadas como territorio suyo. Es otra cosa, el mayaelo, lo que puede conferirles la categoría de un territorio propio; no es el espacio sino la relación con él la que lo define como tal. Y el mayaelo, que es esa relación, está diferenciado en dos aspectos inseparables: por un lado, el carácter comunitario de las tierras; por el otro, que sobre ellas se ejerza la autonomía de la comunidad encarnada en la autoridad de un gobierno propio” ( Vasco, 1980). A partir de esta conceptualización es que Vasco llega a una interesante conclusión sobre la diferencia entre la tenencia de la tierra por parte de los indígenas y por parte de los campesinos, para este autor: el indio lucha por su tierra, en tanto que el campesino lo hace por la tierra. En este sentido, el cuidado del medio ambiente, el cual está ligado estrechamente al conocimiento de la tierra, se ha convertido paulatinamente también es un discurso campesino. Gradualmente,

los campesinos han visto la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, sobre todo en lo que concierne a las fuentes hídricas y la fertilidad de los suelos. Aunque suele percibirse al campesino como un colonizador que depreda los bosques y las selvas para ampliar las tierras agrícolas, solo con observar la estructura de propiedad de la tierra se puede ver que esta es más una práctica generalizada por los grandes terratenientes, que en muchas regiones del país usan las tierras productivas para labores como la ganadería extensiva, la cual ha sido identificada como una de las prácticas agrícolas que más ha profundizado la desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia. Según el IDH del PNUD, citando datos oficiales emitidos por el Instituto Agustín Codazzi, “para el año 2009 de identificó un fenómeno de gran subutilización de la tierra apta para el desarrollo de cultivos. La superficie dedicada a actividades agrícolas y silvoagrícolas asciende a 4,9% millones de hectáreas, pese a que se estima que 21,5 millones tienen aptitud agrícola; es decir, sólo el 27,7% de la superficie con esa vocación es utilizada para cultivos. Lo contrario sucede con la actividad ganadera que dedica 39,2 millones de hectáreas para mantener el hato, mientras que solo 21 millones de las utilizadas tienen aptitud para esta actividad”. ( PNUD, 2011: 37) La cuestión cultural de la tierra es por lo tanto un factor muy importante para el diseño y la implementación de las políticas culturales dirigidas a la población campesina. El vínculo que existe entre la tierra y las manifestaciones culturales de los campesinos y campesinas es evidente. Sin embargo, las características excluyentes del modelo de tenencia de la tierra en Colombia hacen que la cuestión cultural de la tierra también esté relacionada con el debate sobre la distribución de la tierra productiva y las figuras de la hacienda y el terrateniente en el desarrollo social de las áreas rurales colombianas. De igual forma, la construcción de un modelo de desarrollo sustentable, basado el conocimiento sobre la tierra y en el respeto por el medio ambiente, tendría en las campesinas y campesinos a unos importantes multiplicadores, puesto que serían ellas y ellos los más beneficiados, tanto con una mejor disposición de las tierras cultivables, como con la socialización de un manejo responsable de los recursos naturales.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

Después de hacer una revisión a los documentos institucionales e independientes que se han escrito sobre la población campesina, se puede concluir que el tema de la cultura campesina no ha sido de importancia en los análisis realizados sobre esta población. De igual forma, la legislación y las políticas públicas tampoco han tenido la cultura campesina como un punto de referencia a la hora de diseñar e implementar las medidas institucionales para el desarrollo de la población campesina. A partir de las anteriores consideraciones, los lineamientos de política pública que se hacen en este documento de consultoría están enfocados a visibilizar la importancia de la cultura como elemento cohesionador de la identidad campesina, al igual que identificar la importancia que tendría la cultura campesina en el desarrollo social del campesinado colombiano y en las políticas públicas y la legislación dirigida a esta población. En cuanto a la cultura como elemento cohesionador, las recomendaciones que se hacen son las siguientes:

1. Es necesario fomentar la investigación sobre las manifestaciones culturales campesinas (música, danza, tradición oral, artesanía), teniendo como punto de referencia la heterogeneidad de la cultura campesina y la importancia que tienen estas manifestaciones en la identidad campesina.

2. Conjuntamente con las instituciones estatales y no estatales que han reconstruido la

memoria histórica del conflicto armado interno colombiano, llevar cabo una indagación sobre el impacto de este conflicto en la cultura campesina. El enfoque de reconstrucción de la memoria histórica puede ser una herramienta interesante para determinar que tanto ha afectado el conflicto armado a la cultura de las poblaciones campesinas.

3. Trabajar simultáneamente con las organizaciones sociales campesinas y las organizaciones

culturales, con el fin de sensibilizarlas sobre la importancia de reconstruir la cultura campesina e identificar los efectos que el conflicto armado interno ha tenido en esta cultura y en sus manifestaciones más significativas.

4. Es necesario identificar detalladamente los aspectos culturales asociados a los conflictos por la tenencia de la tierra que se han dado y se siguen dando en gran parte de las áreas

rurales colombianas. Debido a que la distribución inequitativa de la tierra es un factor de suma importancia en el orden social de las áreas rurales, profundizar en los efectos culturales producto de esta situación abre una perspectiva interesante que permite avanzar hacia el desarrollo humano de las poblaciones campesinas con un enfoque cultural.

5. Es conveniente identificar y fortalecer las organizaciones culturales campesinas. Este sector es bastante estratégico, puesto que es depositarios de las tradiciones culturales campesinas y de la historia del campesinado. Aunque estas organizaciones son tan heterogéneas como el campesinado mismo, es precisamente en esta diversidad que se puede encontrar la riqueza de la cultura campesina.

Con respecto a la importancia que tendría la cultura campesina en el desarrollo social del campesinado colombiano y en las políticas públicas y la legislación dirigida a esta población, las recomendaciones son las siguientes:

1. Es conveniente crear un espacio interinstitucional permanente que reúna a funcionarios de alto nivel del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER; para establecer el marco institucional y las estrategias de implementación y evaluación de las políticas públicas dirigida al fortalecimiento de la cultura campesina.

2. En coordinación con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el Ministerio de Agricultura y el INCODER; el Ministerio de Cultura debe propender por la realización de un censo agropecuario actualizado que incluya, entre sus objetivos, la indagación sobre la cultura campesina, haciendo énfasis en la diferencia que se hay entre los indígenas y los afrocolombianos que tienen su sustento económico en actividades agrícolas y los campesinos que no se identifican como indígenas o afrocolombianos. Esta diferenciación es fundamental para mejorar la información que se tiene sobre la cultura campesina y sobre las particularidades que mejorarían el bienestar de estas tres poblaciones, las cuales comparten en muchos casos el mismo territorio.

3. Coordinadamente con la Agencia Presidencial para Acción Social y la Cooperación Internacional- Acción Social y el grupo de memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconstrucción-CNRR, sería conveniente adelantar un proceso de

investigación y divulgación que dé cuenta del impacto que el conflicto armado en la cultura rural colombiana.

4. Aprovechando los avances del Informe de Desarrollo Humano realizado por el PNUD, donde se analiza la situación socioeconómica del campesinado desde una perspectiva ampliada y se plantean soluciones que mejoren el bienestar de la población campesina destacando sus potencialidades, el Ministerio de Cultura puede iniciar un trabajo articulado con esta organización que permita nutrir el análisis de la población campesina, teniendo en cuenta aspectos culturales como la concepción sobre la tierra y el territorio que tienen las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Una perspectiva diferencial, que tenga en cuenta que las distintas concepciones sobre la tierra y el territorio no son solo una disposición legal, sino una cuestión cultural, definiría una línea de análisis que revigorizaría el papel de las distintas poblaciones como constructores de su propio bienestar.

Finalmente y a manera de conclusión general, se puede afirmar que el camino hacia la construcción de una política pública que promueva la cultura campesina como elemento determinante en el desarrollo social de esta población, aún no ha empezado. Los estudios socioeconómicos y los análisis sobre el conflicto armado han establecido un discurso hegemónico que no ha permitido que otras perspectivas de análisis se consoliden y se desarrollen más allá de lo descriptivo, lo que ha aportado a la invisibilización de la cultura campesina en un país cada vez más urbano que se ha distanciado gradualmente de su condición rural. Por su parte, los movimientos sociales campesinos, otrora grandes e influyentes organizaciones, han soportado por más de 20 años la más compleja violencia política, siendo diezmados como organización y anulados como generadores de cambio social. Es por estas y otras razones que el Estado colombiano debe redoblar esfuerzos para apoyar a la reconstrucción la sociedad civil campesina, la cual ha sido golpeada por los más complejos fenómenos sociales durante los últimos 20 años. Esta reconstrucción de la sociedad civil campesina debe considerar como uno de los elementos fundamentales la dignificación de la población rural a través de su cultura, elemento que además cohesionaría la organización campesina, revigorizando la identidad y haciendo de los y las campesinas, creadores de sus propias soluciones y por lo tanto constructores de su futuro como población.

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