Pnd y Acuerdos de Paz

LA SITUACIÓN NACIONAL EN LA QUE SE DESENVUELVE EL TRABAJO DEL MODEP – II CN AGOSTO 2015

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Presentación El presente documento contempla los elementos claves que marcan las principales tendencias sociales y políticas nacionales que deben ser tenidas en cuenta para establecer la conducta política que el MODEP debe proponer en este periodo, desarrollando las orientaciones emanadas de la Asamblea Nacional. Habíamos señalado cuatro tendencias para tener en cuenta a lo largo de este año: Las negociaciones de paz en La Habana; el Plan nacional de desarrollo –PND-‐ y su aplicación; el proceso electoral centrado en la forma cómo se da la lucha por el control de los órganos de poder político del Estado en las regiones y territorios; y las luchas populares. En cuanto al PND, es necesario analizar el enfoque que tiene en cuanto a la implementación del modelo de país por el que las clases dominantes vienen pugnando para avanzar en su plan de convertir a Colombia en plataforma de inversión imperialista vinculado al proceso de vinculación a la OCDE, a la vez que ubicar que alcance le dan a los acuerdos logrados hasta el momento en las conversaciones de paz, así mismo las dificultades que tendrán para su implementación debido al ajuste de recursos que se han visto obligados a hacer. Cada vez se vislumbra más cerca la posibilidad de que efectivamente se dé la firma de un acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, hecho que inevitablemente imprimirá nuevas características a la condición en que las organizaciones políticas, sociales y populares deberán desenvolver su accionar, condicionando formas y alcances que deben ser reconocidos y asumidos para poder avanzar. Es necesario dar una interpretación adecuada a lo ya firmado, que implicaciones puede tener o no para la lucha por democracia para el pueblo y en qué condiciones el gobierno realmente va a permitir la incorporación de la insurgencia a la lucha política y qué límites pretende imponer a la misma en general. Del lado del ELN se espera que los temas no superados para acordar la agenda se resuelvan y se dé inicio formal a las conversaciones, siendo aún incierto el rumbo de estas negociaciones en cuanto a lo ya acordado con las FARC y con las pretensiones del ELN. Relacionado con lo anterior, el proceso electoral de octubre marcará también tanto para el gobierno y el uribismo como para la insurgencia un indicador de qué posibilidades de control territorial pueden desarrollar en el futuro, qué base tienen entre la gente y qué tipo de proyectos regionales son posibles de implementar.


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Las luchas populares estarán relacionadas principalmente con las dos primeras tendencias mencionadas. El PND porque su aplicación seguirá afectando intereses de las comunidades en los territorios y porque implica recortes en las transferencias y disminución del presupuesto proyectado inicialmente. Igual, en las regiones donde la insurgencia tiene presencia histórica se dará movilización para lograr que lo acordado empiece a implementarse, particularmente en las zonas de reserva campesina y el regiones afectadas por los cultivos de uso ilícito. ENFOQUE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –PND, (2014-‐2018): UN PLAN PARA LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN El Plan de Desarrollo “Todos por un nuevo País” (2014-‐2018) ajusta el camino de las clases dominantes a escenarios en los que se contempla el cese del conflicto armado o su continuidad, apuntando al impulso del capitalismo en la sociedad colombiana, integrando y desarrollando las potencialidades territoriales y amortiguando conflictos sociales, acatando al pie de la letra las “recomendaciones” que ha hecho la OCDE como condiciones para la vinculación de Colombia. Se trata de un plan para la acumulación por desposesión: que implica la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión y/o control de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad – común, colectiva, estatal ,etc.– en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos imperialistas de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito. Para garantizar este proceso el Estado, tanto con el monopolio de la violencia, como con la fabricación del consenso, juega un papel fundamental en la acumulación por desposesión. El PND “Todos por un nuevo país” se propone como objetivo “construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible”. (Art. 1, TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 200 DE 2015 CÁMARA, 138 DE 2015 SENADO). Este objetivo incluye varios elementos que serán claves para entender la orientación ideológica del PND, que se sustentan a lo largo del articulado y cuyo fundamento se encuentra en el Documento “Bases del Plan” (2014), que como lo afirman las clases dominantes es un fiel reflejo de las exigencias de la OCDE.


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La noción de paz, como lo explica el documento “Bases”, es la superación del conflicto armado que se originó por la debilidad del Estado. En ese sentido el Estado debe ser fortalecido, para que sea hegemónico económica, social, militar y culturalmente. Aquí es claro que la paz, en la concepción del PND, no son reformas estructurales, sino relegitimación del Estado, de un modelo de Estado. La equidad, es según Bases, “una sociedad sin marcadas diferencias socio-‐económicas que permite la convivencia pacífica y facilita las condiciones de formación en capital humano” (Bases, 2014, p. 2), que como se desarrolla a lo largo de “Bases” y del “Plan” consiste en un conjunto de estrategias de ingeniería social y cultural para hacer de la clase media, real o imaginada, la base social del régimen. Esta idea trillada de un país de “propietarios” como colchón social y “horizonte de expectativas” de los oprimidos, es ahora reencauchada en el PND, solo que al lado de los nuevos “pequeños propietarios”, por lo general empeñados al sistema financiero especulativo, está una franja creciente de clase media profesional urbana, que ha logrado mejorar su estatus social y material. El PND asume la teoría de la clase media propuesta por el Banco Mundial, de tal manera que cualquier trabajador formalizado será asumido como clase media. La noción de una sociedad educada es “una sociedad que cuenta con una fuerza laboral calificada, sin grandes diferencias de ingresos y con ciudadanos que resuelven sus conflictos sin recurrir a la violencia” (Bases, 2014, p. 2). Es claro el enfoque educativo: mano de obra calificada y empleada para acceder al consumo, el mejor garante de la legitimidad y paz del capitalismo. Estos tres pilares se sostienen en 6 estrategias transversales: 1. Competitividad e infraestructuras estratégicas, 2. Movilidad social; 3. Transformación del campo; 4. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz; 5. Buen Gobierno; 6. Crecimiento verde. Estas seis estrategias, reorientan el esquema anterior de las “locomotoras”, dejando como enfoque guía el desarrollo de infraestructuras estratégicas y la movilidad social. El Plan plantea 6 estrategias regionales. Un análisis inicial de estas indica que cada estrategia cumple un doble propósito en la dimensión territorial, de una parte resolver problemas de tipo económico y social que pueden ser generadores de conflictos sociales y de otro lado preparar y articular fuerzas productivas sociales y materiales, en función del modelo de acumulación por desposesión.


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1. Caribe: Próspero, equitativo y sin pobreza extrema. 2. Eje Cafetero y Antioquia: Capital humano innovador en territorios incluyentes. 3. Centro Oriente y Distrito Capital de Bogotá: Conectividad para la integración y desarrollo productivo sostenible de la región; 4. Pacífico: desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental; 5. Llanos orientales: Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano: para el crecimiento y bienestar. 6. Centro Sur Amazonía: Tierra de oportunidades y paz: desarrollo del campo y conservación ambiental. El elemento clave de las estrategias transversales y territoriales es la alianza público-‐privada y la inversión directa de capital privado criollo o internacional, que es clave para cumplir los propósitos del Plan. El costo inicial del Plan hasta 2018 tenía un monto de $ 703.935.263.000, billones de pesos. En la legislatura que se está desarrollando se discutirá el presupuesto para el próximo año, y allí se evidenciarán los recortes anunciados en inversión, salud y educación. Su financiación, como se muestra en la siguiente tabla, proviene en un 36% del gobierno central, 34% por el sector privado, 18% por el Sistema general de participaciones y el restante por entidades territoriales, el nivel descentralizado y el Sistema Nacional de Regalías. En su destinación, las estrategias transversales y territoriales tienen la siguiente asignación:

Plan de inversiones 2015-2018 – Estrategias Transversales Billones de pesos de 2014

Central

Des. E. Te Priv. SGP SGR Total %

Movilidad social 66,3 0,9 32,5 83,5 121,3

6,6 310,4 44

Educación 30,1 0,9 21,6 0,4 79,5 4,7 136,5

Ciudades Amables 6,9 1,2 72,2 7,9 1 89,3

Capacidades población extrema pobreza

15,3 5,6 5,1 0,2 26,4

Empleo y aseguramiento 0,09 0,1 0,19

Salud 13,8 0,9 35,5 0,8 1,6 49,2

Competitividad, infraestructura estratégica

40,4 3 10,2 121,3 3,4 10,6 189,0 26


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Minero energético 8,9 1,6 1 65,7 0,3 0,7 78,5

Infraestructura transporte 21,2 0,5 6,5 24,4 2,9 6,9 62,8

TIC para educación y competitividad

3,6 0,1 18,1 0,02 22,5

Ciencia, Tecnología e Innovación 1,7 12,8 2,5 17,2

Desarrollo productivo 4,8 0,5 2,5 0,03 0,02 0,3 8,2

Seguridad, justicia, democracia, paz

129,5 0,1 2,6 0,4 4,3 0,3 137,4 19

Seguridad y Defensa 91,2 0,1 0,1 2,3 0,1 93,7

Acceso a justicia 24 1,7 0,4 0,002 26,2

Derechos de las víctimas 7,7 0,1 0,5 0,003 8,5

Política criminal 3,5 0,5 1,5 0,1 5,8

Transición a la paz 1,4 0,01 1,4

Derechos Humanos 1,2 0,0001

1,2

Transformación campo 10,2 0,9 35,5 0,8 1,6 49,3 7

Competitividad rural 5,1 0,9 35,5 0,8 0,3 42,7

Reducción de la pobreza y ampliación clase media rural

2,5 0,03 0,5 3,1

Cerrar brechas urbano-rurales 1,6 0,6 2,2

Ordenamiento territorial y acceso a la tierra

0,7 0,08 0,78

Crecimiento verde 4,3 1,4 2,8 0,8 9,5 1.3

Crecimiento resiliente, reducción vulnerabilidad por riesgo de desastre y cambio climático

3,4 1,5 0,004 5,1

Protección capital natural y calidad ambiental

0,8 0,9 1,1 0,7 3,7

Crecimiento bajo en carbono 0,5 0,1 0,6

Buen gobierno 7,6 0,2 0,2 0,2 8,2 1.1.

Eficiencia administrativa 2,4 0,1 0,2 2,8

Articulación territorial 1,6 1,6

Gestión de la información 1,6 1,6

Lucha contra la corrupción 1,3 0.1 1,5

Total 258,6 3,4 47,8 240,9 132,8

20,2 703,9 100

Porcentaje 36.7 0.48 6.7 34.2 18.1 2.8 100


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Las 3 estrategias claves del Plan son: Movilidad Social, principalmente educación; Competitividad e Infraestructura, particularmente el desarrollo minero energético e infraestructura de transporte y en tercer lugar Seguridad, Justicia, Democracia y Paz, principalmente lo relacionado con Defensa. Estos elementos contrastan con aspectos como la paz, la transformación del campo, el crecimiento verde, que se supondría a simple vista son fundamentales para un país que termina un largo conflicto armado. La transición a la paz tiene apenas 1.4 billones de pesos. Otro aspecto del esquema de financiación del PND, es que acorde a la doctrina de la alianza público-‐privada, es el sector privado el que tiene la iniciativa en sectores como Movilidad social (salud y ciudades), Minería, Transporte, Ciencia y tecnología y competitividad rural. Mientras el Gobierno central se concentra en Defensa y Educación, así como en otras esferas claves para el modelo económico que no “pueden” ser asumidas por el sector privado. De acuerdo a los énfasis presupuestales que determinan sectores o estratégicos es posible afirmar que el objetivo del Plan es desarrollar condiciones para la inversión capitalista privada, que exige territorios seguros para el capital y mano de obra disciplinada y calificada. Adicionalmente, otro documento que contempla el Presupuesto de Inversión 2015 (DNP, 2015), establece la inversión por departamentos: cuatro departamentos más Bogotá (Antioquia, Cundinamarca, Santander y Valle) acaparan más del 30 por ciento de la inversión regionalizada. En ese documento se establece que el 85 por ciento de la inversión se destinará hacia sectores como inclusión social y reconciliación, transporte, trabajo, salud y protección, agropecuario, minas y energía, vivienda y educación. Los departamentos que ven bajar sus aportes son: Boyacá, Cesar, Norte de Santander y Sucre. Esto contrasta con la poca inversión para departamentos con agudas crisis humanitarias, por ejemplo Guajira y Chocó. Los criterios de asignación presupuestal son esencialmente políticos. Así mismo, las regiones con mayor peso político y electoral en las comisiones económicas del Congreso de la República, son las que obtienen mayor inversión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas. Los partidos de la coalición de Unidad Nacional, pujan a través del lobby parlamentario por incluir partidas presupuestales para regionalizar proyectos de inversión que les asegure la gestión de obras en sus fortines electorales, lo que está unido a la búsqueda de obtener réditos electorales en las próximas elecciones de 2015 y 2018. Esto muestra que el control gamonal y clientelista sigue estando presente y en muchos casos se convierte en obstáculo para los propios planes de las clases dominantes.


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Expoliación del territorio La acumulación por desposesión implica disponer territorios para que mediante la inversión de capital, estos se articulen al mercado mundial como generadores de materias primas, creación de manufacturas o redes de servicios claves para la acumulación capitalista. El modelo que propone el PND se puede resumir en las siguientes proyecciones del plan: • En cuanto al sector extractivista minero-‐energético, el PND contempla varias

dinámicas. Por un lado, la Autoridad Minera Nacional y el Ministerio de Minas y Energía tienen la potestad de establecer cuáles son los minerales de interés estratégico del país, definir las áreas de explotación minera y adquieren gran poder en los términos de entrega de concesiones y títulos, reduciendo la capacidad de los gobiernos locales y las comunidades locales, e incluso del ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para discutir la viabilidad o no de los megaproyectos minero-‐energéticos. Del lado de los monopolios mineros, permite a los que explotaban páramos o humedales en las áreas estratégicas mineras creadas en 2011, mantener su vigencia y continuar su explotación. Esto quiere decir que las 108.972 hectáreas concesionadas para proyectos de extracción minera y petrolera se mantienen.

• El PND profundizó lo contemplado en la Ley de Infraestructura de 2013, que atrae

capital internacional y hace más laxas las medidas de protección ambiental que “impiden” el despliegue de megaproyectos de transporte e infraestructura, así como da herramientas para facilitar la expropiación de personas o comunidades que se “oponen” al desarrollo estratégico. Como para obras de infraestructura 4G (cuarta generación) el Estado solo podrá invertir el 30% requiere dar garantías al 70% del capital privado, que ve en las obras de infraestructura una clave para la acumulación de capital. Por ejemplo consorcios internacionales como Sacyr Construcción (dueña de los servicios de agua en ciudades peruanas), la Constructora Andrade Gutiérrez de Brasil que opera en Latinoamérica, Europa, África y Asia, es una de las mayores constructoras brasileñas en segmentos de telecomunicaciones, infraestructura vial y concesiones, la mexicana Tradeco, o el monopolio colombiano KMA Construcción S.A., se lucran con las concesiones viales y son influyentes en la Agencia Nacional de Infraestructura.

• En lo relacionado con la inversión y los proyectos de desarrollo en lo regional y territorial, está el Plan nacional de Inversiones Públicas 2015-‐2018, que en la “Regionalización del Plan Plurianual de Inversiones” contempla “proyectos visionarios, proyectos de interés nacional estratégico-‐PINES” que acorde al artículo 49 del PND


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serán organizados en el Sistema Nacional de Proyectos de Interés nacional y Estratégicos-‐SINAPINE, de origen público, privado o mixto, claves por su “alto impacto en el crecimiento económico y social del país”. El artículo 97 estipula que los baldíos que se supone serían entregados como parte de la reparación por despojo, establece que la entrega de tierras será considerada un “activo para iniciar actividades de generación de ingresos”, lo que en proyección da mejores posibilidades a los empresarios y pone a los campesinos sin tierra y la población despojada a competir en condiciones de gran desigualdad. Esto es lo que en el documento Bases del Plan se denomina “Derecho real de propiedad” y que ha sido fuertemente cuestionado por el movimiento campesino e indígena. Los Pines posibilitan al gobierno disminuir su compromiso con la restitución de tierras.

• El PND refuerza la subordinación del Estado a los intereses de los monopolios criollos e internacionales, en este caso a través de las Agencias. Sumado a lo ya mencionado en el sector minero energético, la Agencia Nacional del Espectro es la encargada de negociar con el sector privado el usufructúo del espectro. El artículo 262 del PND establece que “La cesión de los permisos de uso del espectro radioeléctrico no generará contraprestación alguna a favor de la Nación. El negocio jurídico que, para este propósito, se celebre entre cedente y cesionario se sujetará al derecho privado, y a la aprobación del Ministerio de las TIC”.

• A nivel urbano, el capital, como lo afirman teóricos críticos como David Harvey y Henri

Lefebvre, encuentran en la permanente “renovación urbana”, un mecanismo para la inversión de excedentes de capital y la expansión del capital financiero. Para esto el artículo 245 transforma la anterior Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas en la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, que tiene como objetivo centralizar el negocio inmobiliario urbano, para labores que impliquen despojo de pobladores urbanos pobres que ocupen espacios urbanos codiciados por los inversionistas, esto en nombre de la “renovación urbana”.

• El capítulo de “Crecimiento Verde”, asume acorde a la OCDE que es el capitalismo el

que debe orientar y fijar los límites de cualquier iniciativa de política proteccionista en sentido ambiental. De ahí que la gestión ambiental está redactada sin metas precisas ni recursos financieros asignados para avanzar en el cumplimiento de lo propuesto.

Expolición del cuerpo del trabajador y la ideología de la clase media. La acumulación por desposesión no solamente opera sobre el territorio, también opera sobre el cuerpo del trabajador. Si bien la extracción de plusvalía y la expoliación del cuerpo son una constante en la historia del capitalismo, lo que hace el modelo de


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acumulación por desposesión es profundizar la expoliación, convirtiendo en mercancía ya no sólo la mano de obra sino el cuerpo mismo del trabajador, incrementando las relaciones capitalistas y buscando disolver otro tipo de relaciones sociales de tipo solidario, comunal, autogestionario, en las que el trabajador pueda encontrar reservas de resistencia a la expoliación. Se requiere de un trabajador formalizado, bancarizado, endeudado y sumiso, insertado en la economía de mercado capitalista. El objetivo del proyecto educativo que impulsa el gobierno de Santos es claramente al servicio de las necesidades y requerimientos del capital, se suprime la libertad de cátedra y la autonomía de las instituciones de educación básica, consagrada en sus respectivos PEI, y se impone un modelo nacional de formación de competencias al servicio del mercado y los empresarios. Igualmente el enfoque territorial, en donde los criterios de estrategias regionales obedecen a las oportunidades regionales. El artículo 58 del PND crea el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), que acoge los lineamientos de la OCDE en materia de articular la educación a las exigencias empresariales (MEN-‐BID, 2010), que establece que la clave curricular de todo el sistema educativo es la construcción en torno a competencias laborales para la formación de capital humano (MEN-‐BID, 2010, p. 302). En materia de salud el PND fragmenta la salud entre operadores primarios y complementarios y orienta el sistema hacia el enfoque curativo, pero no a la atención integral que implica el derecho a la salud, como derecho a estar sano, y a no enfermarse. Permite que el Sistema de Salud continúe su proceso de tercerización o concesión a particulares, refuerza la intermediación y fortalece a las EPS. Para los trabajadores de todos los sectores el crecimiento exponencial de enfermedades de origen laboral o profesional se está convirtiendo en una constante de la vida laboral. Sin embargo, las empresas se dan a la tarea, en complicidad con las ARP, las EPS y las instancias del Ministerio de Trabajo, de negar las causas laborales de numerosos enfermedades, condenar a los trabajadores a asumir los costos de los tratamientos y a enfrentar el desempleo, pues muchos son despedidos unilateralmente, lo que se agrava ante la baja tasa de sindicalización y las precarias garantías sindicales para la defensa de los trabajadores en la mayoría de empresas del país. A pesar de los artículos sobre formalización laboral y trabajo decente (artículo 72), no se crean mecanismos claros para superar la tercerización, ni el respeto a los derechos de asociación y negociación colectiva, por ejemplo el derecho a huelga. Este último ha sido cada vez más vulnerado por los monopolios capitalistas que se dan el lujo de levantar arbitrariamente las huelgas, con el aval del Ministerio de Trabajo. Otro recurso que utilizan para aumentar la precarización laboral es la vinculación de aprendices y


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practicantes, mientras se dan bonos de alimentación a los cesantes, o despedidos. No se mejora la situación ni de unos ni de otros. Adicionalmente el PND propone a partir de la estrategia de Movilidad social ampliar la clase media, como base social que legitime el actual proyecto de las clases dominantes. Conceptualmente el documento Bases del PND, define clase media como la población que está entre el nivel de pobreza y el status de élite: “En consecuencia, reducir la pobreza y lograr una mayor equidad requiere mejorar la conexión de las poblaciones con los circuitos del crecimiento económico, así como el acceso a bienes y servicios que mejoran sus condiciones de vida. Esto es una vivienda digna, con acceso adecuado a agua y saneamiento básico, con facilidades de transporte y acceso a tecnologías de información y comunicaciones, servicios adecuados de salud y una educación pertinente y de calidad. Todos se constituyen en factores determinantes de una estrategia efectiva de reducción de la pobreza que consolide la clase media” (DNP-‐Bases, 2014: 21). Esta definición de clase media proviene de los tecnócratas del Banco Mundial (Ferreira, 2013), para quienes son dos los factores claves los que la definen, en primer lugar la autopercepción de las personas y en segundo lugar quienes tengan un ingreso diario superior a los 4 dólares (10 mil pesos). Toda persona que acceda a un ingreso de esa magnitud, tenga escolaridad, servicios básicos, este afiliado a un sistema de seguridad social, pertenezca a redes formales de la economía, participe de la sociedad de consumo, crea firmemente en la institucionalidad estatal, pague impuestos, es considerada la “nueva clase media”. Todo aquel que haya superado el riesgo de caer en la pobreza. Esta es una definición bastante cuestionable, pues pone la comparación entre los más pobres y la denominada clase media, y no entre la clase media y la clase rica, en donde la disparidad de ingresos se hace cada día más amplia. En ese sentido la clase media es tanto una estrategia económica, como política e ideológica. El supuesto es que la clase media urbana y rural, la clase colchón entre los pobres y los ricos, en la medida en que crezca, garantiza estabilidad económica y disminuye la conflictividad y el inconformismo social. Estas estrategias de instrumentalización ideológica del ideal de ser clase media, está como uno de los elementos claves del PND, a partir de lo que se denomina Movilidad Social, en el que la educación y el consumo de capital humano, son determinantes. Esta vieja ficción capitalista supone que en sociedades de ciudadanías consumistas, endeudas, formalizadas económicamente, no hay terreno abonado para la insurgencia social y el cuestionamiento social organizado anticapitalista. La realidad política del mundo, las “primaveras” de los pueblos, evidencian lo contrario. No nos llamemos a


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engaños, las clases medias, pueden ser un sector clave en las luchas anticapitalistas. El modelo económico que busca desarrollar el PND, en el que la clase media se amplía artificialmente con la incorporación de la clase trabajadora, cuya precariedad no es imaginaria, sino real, está creando su propio talón de Aquiles. Si me prometen que voy a vivir una vida de confort y lo que me dan es precarización, está sentada la condición de la inconformidad, la cual debe ser alimentada, organizada y movilizada por un necesario proyecto anticapitalista. EL PROCESO DE NEGOCIACION: INSURGENCIA – GOBIERNO Los diálogos o negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC-‐EP, se establecieron desde febrero de 2012 y se instalaron formalmente el 18 de octubre de 2012 en Oslo (Noruega), los cuales se fundamentan en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” con Cuba y Noruega como países garantes y Chile y Venezuela como países amigos. Los diálogos están organizados para surtir cuatro fases: la fase exploratoria – que fue de acercamientos secretos y establecimiento de la agenda-‐; la fase de concreción de los acuerdos; la fase de la refrendación, y por último; la cuarta fase de la implementación de éstos. Durante la fase exploratoria y para el desarrollo de la segunda fase se convino entre las partes la siguiente agenda de negociación la cuál establecía 6 puntos que marcaban el alcance de la misma: Política de desarrollo agrario integral; Participación política; Fin del conflicto; Solución al problema de las drogas ilícitas; Víctimas, e; Implementación, verificación y refrendación. Luego de tres años y seis meses, y de 37 ciclos de conversaciones, el avance del proceso entre el Gobierno Nacional y las Farc-‐Ep muestra la culminación de la primera fase, el acuerdo en 4 de los 6 propuestos de la agenda correspondiente a la fase dos, y el tránsito hacia el desescalamiento del conflicto que lleva a una nueva tregua unilateral de las Farc y un posible cese bilateral en un término de 4 meses que les permitirían evacuar los dos puntos restantes de la negociación y llegar a la firma del acuerdo final. Si bien, la agenda proyectaba un orden secuencial y unos temas de discusión para cada uno de los 6 puntos, durante el proceso de negociación se han ampliado algunos de los puntos sugeridos y se ha modificado el orden de abordaje de los mismos producto de las visiones políticas e ideológicas tanto de las Farc como del Gobierno sobre los mismos así como producto del contexto nacional e internacional y del desarrollo de las conversaciones. De la agenda de la segunda fase se ha acordado lo siguiente: Política de desarrollo agrario integral. Lo central de este punto gira en torno al concepto de Reforma Rural Integral (RRI) pues así denominaron lo acordado: “Hacia un nuevo


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campo colombiano: Reforma Rural Integral”. La RRI está centrada en “el bienestar y el buen vivir de las comunidades en el campo, pretende lograr la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, la protección y disfrute de los derechos así como la reactivación de la economía campesina, familiar y comunitaria” . Está construida sobre once principios y cuatro pilares: Acceso y uso de la tierra; Programas de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET); Planes Nacionales Sectoriales para la Reforma Rural Integral, y; Sistema de seguridad (soberanía) alimentaria. Participación política. Según lo convenido, se proponen “crear las condiciones y dar las garantías para que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos, que participen activamente en la conformación, ejercicio y control del poder público, para que sus propuestas y proyectos puedan constituirse en alternativas de poder”. El acuerdo está soportado en tres componentes básicos: Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política; Mecanismos democráticos de participación ciudadana para construir la paz, y; Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local. Solución al problema de las drogas ilícitas. El acuerdo sobre drogas tiene tres ejes fundamentales diferenciados: Cultivo, consumo, y finalmente producción y comercialización. El acuerdo propone diseñar “una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades afectadas por el cultivo; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico (finanzas ilícitas, lavado de activos, tráfico de precursores, lucha contra la corrupción). Dando un tratamiento diferenciado a los eslabones más débiles de la cadena –cultivadores y consumidores-‐. Propone los siguientes tres ejes: Programas de Sustitución de cultivos de uso ilícito PNIS; Programas de prevención del Consumo y Salud Pública, y; Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Víctimas. Este punto aunque aún no ha sido evacuado en su integralidad, se han establecido 10 principios orientadores y otros acuerdos que ha implicado la visita de 60 víctimas (5 delegaciones de 12 víctimas de los diferentes actores del conflicto armado) en el marco de los mecanismos de participación previstos por la Mesa de Conversaciones se delegó en la ONU y en la Universidad Nacional, con acompañamiento de la Conferencia Episcopal. Con el fin de contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto y proveer insumos para las delegaciones, se acordó conformar la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas integrada por 12 expertos del más alto nivel


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académico para presentar un informe con sus visiones y análisis respecto a tres elementos: los orígenes y las múltiples causas del conflicto; los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto; y los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población. El 10 de febrero de 2015, los integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, presentaron sus informes, junto con dos relatorías. Éstos dan cuenta de distintos enfoques y visiones sobre la historia del conflicto colombiano Adicionalmente, el Gobierno Nacional y las FARC-‐EP alcanzaron un acuerdo “para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-‐judicial”. Dicha Comisión tiene establecidos criterios, mandatos, funciones, periodo objeto de estudio, composición, presidencia, duración, financiación y comité de seguimiento y monitoreo. En cuanto a las conversaciones con el ELN y el Gobierno Nacional, éstos han venido desarrollando una fase de "acercamiento exploratorio" desde enero de 2014. Luego de un año y siete meses se ha logrado establecer temas de la agenda que marcaría el proceso (Víctimas, garantías de justicia, participación de la sociedad civil, las otras estarían por anunciarse), un país sede de las negociaciones (Ecuador o Uruguay), países garantes (Venezuela, Cuba, Brasil y Noruega) . El Gobierno colombiano, aunque reconoce que es un proceso aparte, estaría interesado en alinearlo y articularlo a su interés de viabilizar el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera para Colombia, modelo que está adelantando con las Farc-‐Ep. Las principales diferencias para agotar esta fase exploratoria e iniciar la fase de la negociación y de los acuerdos radica en el desarme, política nacional minera y de hidrocarburos y la inclusión de la sociedad en la negociación más allá de la insurgencia y el gobierno, ya que según el ELN, se quiere poner como objetivo exclusivo de las mesas de diálogo, la dejación de armas de la insurgencia, obviando el compromiso del Estado con unos cambios significativos, que superen las causas del levantamiento armado, así como la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas . Es un momento de presión mutua, donde a su vez que recibe golpes, el ELN aumenta y concentra su acción de combate focalizada en varias regiones del país mostrando capacidad ocasional de realizar acciones militares en 10 capitales del país. Según algunos analistas, el mayor contratiempo para negociar con el ELN no ha sido una división interna, sino una falta de cohesión por posiciones distintas, algunas más radicales que otras, dentro de sus propios frentes, pues “hay una parte del ELN que ve en el éxito de la negociación con las Farc la oportunidad de reinventarse, de continuar la lucha armada”.


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Estos acuerdos alcanzados así como su implementación –principalmente los acordados con las Farc-‐ (de no caer en el incumplimiento parcial o total por parte del gobierno nacional) pueden analizarse de la siguiente manera: a) Se inscriben en un marco de reformas democráticas sociales, políticas y económicas que hacen parte del proyecto democrático nacional aun cuando el modelo dominante de tipo capitalista no se vea afectado en lo fundamental –pero sí, ciertas lógicas de explotación, opresión y acumulación de capitales propias de la época neoliberal y extractivista-‐. En esta dirección, su aplicación en los años posteriores al acuerdo puede generar nuevas contradicciones entre las clases dominantes y entre ellas y el pueblo al confrontar algunos aspectos consignados en su plan estratégico (hoy expresado en el PND). Contradicciones como Neoinstitucionales vs guerresitas y facistas por la conducción del Estado; Modernización del Estado vs Descentralización; extranjerización vs autonomía; mayor disputa en los territorios con control del Estado vs mayor protagonismo popular en los territorios; entre otras. b) Expresan una correlación de fuerzas a favor de la clases dominantes en un momento de no viabilidad del proyecto político revolucionario por la vía armada, pero también representan para las insurgencias la oportunidad de mantenerlo vigente y de abocarse a un periodo de transición para abrir nuevas movilizaciones, nuevas luchas democráticas y pelear por más democracia para mantener la existencia de sus proyectos por la vía de la lucha política y para convocar la participación de la gente. c) Permiten, en los puntos abordados, democratizar el ejercicio de la política, o mejor dicho, da contenido a los puntos progresistas que representó el Estado Social de Derecho expresado con la Constitución del 91, ese es su limite, pues no va más allá, debido a que ha habido un proceso regresivo de los preceptos de la Constitución en los gobiernos de los últimos 20 años, el acuerdo pone sobre la mesa la obligación social del Estado y promueve un papel importante en la participación de las comunidades, organizaciones, movimientos y partidos políticos. d) No habrá que perder de vista que la promoción de una cultura política democrática y participativa emanada de los acuerdos apunta a un tratamiento de los conflictos a través de los mecanismos que brinda la política institucional, dando reconocimiento y trámite pacífico de los movimientos sociales, garantizando que el derecho a la protesta no implique el menoscabo de los derechos de quienes no participan en ella, y en últimas, elimando la violencia como método de acción política, es decir, asegurar que se rompa el vínculo entre política y armas, buscando eliminar el delito político y poscribir el el derecho a la rebelión.


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e) Es claro el énfasis territorial y regional de los acuerdos en las poblaciones y sectores donde las Fárc han tendido su base social, por tanto, el alcance de los acuerdos deja por fuera gran parte de la sociedad que reclama reformas democráticas y se centra en reformas democráticas más limitadas y concentradas en los territorios y regiones que permita profundizar en una idea de ordenamiento territorial -‐y que puede servir tanto al plan estratégico de las clases dominantes al modernizar en sentido capitalista al Estado colombiano y al camino del pueblo en avanzar en materializar elementos de democracia para el pueblo-‐. f) Una parte importante de los acuerdos se implementarán con el marco político, jurídico e institucional existente, de hecho algunos se enmarcan en programas y proyectos vigentes de orden nacional y territorial, por el contrario otra parte, requerirá un replanteamiento o la creación de instrumentos que hoy por hoy son inexistentes en la normatividad jurídico-‐política del Estado colombiano. g) Finalmente, los acuerdos pueden llevar a reformas en el ordenamiento jurídico y político, las posibilidades del campo democrático y revolucionario dependerán de la capacidad de organización, incidencia, unidad, contundencia y apropiación para desarrollar sus programas y abrirse camino desde distintos ámbitos (territorial, organizativo, movilización, electoral, institucional) de ahí lo importante de establecer una táctica que resulte efectiva para avanzar con pasos fijos en el reagrupamiento popular. También, este nuevo escenario abre una disputa por la construcción y preservación de la memoria colectiva e histórica. Es por tanto, un nuevo escenario de disputa del nuevo periodo de lucha de clases que puede ponerse a favor y estar orientado a contribuir al avance del camino del pueblo. Es la posibilidad de poner en práctica la profundización de la democracia, pelearse en un nuevo momento la democracia para el pueblo, una cierta apertura democrática que se abría con la CP pero que siempre fue asfixiada y que hoy hace parte de nuestro programa político para este periodo.

Ejecutivo Nacional Agosto de 2015

Pnd y Acuerdos de Paz

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