El Grupo de concejales de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Alcobendas presenta para su discusión y aprobación, si procede, la MOCIÓN relativa a REFORMAS LEGALES NECESARIAS A FIN DE ELIMINAR LOS PRIVILEGIOS DE AFORAMIENTO DE POLÍTICOS, CARGOS PÚBLICOS Y OTROS sobre la base del siguiente texto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lo que a lo largo de la Historia nació como una garantía para hacer efectiva la

separación de poderes y evitar que los jueces –como miembros del Poder Judicial–

actuaran contra el Ejecutivo o el Legislativo se ha convertido en un privilegio de los

políticos del que se benefician miles de cargos públicos. Hasta 10.000 personas gozan

de aforamiento en España. Es decir, sólo pueden ser investigadas y juzgadas por el

Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia de las comunidades o las

audiencias provinciales en razón de su cargo.

Desde Unión Progreso y Democracia no dudamos de que la inviolabilidad e inmunidad

parlamentarias, al igual que el aforamiento, pudieron tener sentido en el pasado, pero

hoy en día, como han tenido oportunidad de denunciar muchos juristas y las

principales asociaciones judiciales, suponen un verdadero anacronismo, y en modo

alguno pueden ser visualizadas como en tiempos pretéritos en el sentido de privilegios

personales de los parlamentarios.

Especial atención merece lo que corresponde a la institución del aforamiento, que

lejos de restringirse ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes, al calor

del desarrollo del Estado de las Autonomías y de la colonización de los partidos

políticos de todas las instituciones del estado, comenzando por la Justicia, pero

continuando con otras ámbitos como los organismos supuestamente independientes,

como los entes reguladores, el Defensor del Pueblo y todos sus homólogos de ámbito

autonómico.

En la actualidad, además de los jueces y fiscales, entre los beneficiados se incluyen los

aforados ante el Tribunal Supremo (miembros del Gobierno, diputados y senadores,

vocales del Poder Judicial, magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional, el

defensor del Pueblo, sus adjuntos, consejeros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de

Estado, altos mandos militares...), ante los Tribunales Superiores de

Justicia (presidentes autonómicos, consejeros y diputados en asambleas regionales...)

y en las Audiencias Provinciales (policías, guardias civiles, agentes autonómicos...).

En este sentido en las últimas fechas hemos conocido que tanto los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial, como los fiscales, desde el Consejo Fiscal, presentarán sendos informes para que el Gobierno y la opinión pública sean consciente de la necesidad de tomar medidas para reducir el número de aforados que hay en España.

El aforamiento supone una excepción del principio de igualdad, una diferenciación,

una distinción de trato respecto al resto de los ciudadanos. Este hecho suele retrasar

los procedimientos y sobrecargar las más altas instancias de los tribunales españoles

provocando disfunciones y una sensación entre la ciudadanía de que la Justicia no es

igual para todos porque a los aforados se les trata de modo distinto que al resto.

Además, ostentar la condición de aforado también tiene alguna consecuencia

negativa, como la pérdida en algunos casos del derecho a la segunda instancia, lo cual

es especialmente perjudicial para todos aquellos no aforados que se ven arrastrados

por el imputado aforado a un tribunal distinto del suyo natural, que le correspondería

en aplicación de las reglas normales de atribución de competencia.

Llegado a este punto cabe destacar que en casi todos los países de nuestro entorno,

estas prebendas se han ido reduciendo con la consolidación de la democracia. En

Portugal e Italia, no existe más aforado que el jefe del Estado (ante el Supremo y el

Tribunal Constitucional, respectivamente). En Francia, hay en torno a 10 o 15 aforados

(sólo el presidente, el primer ministro y los ministros). Y en Alemania o el Reino Unido

–país donde se creó la figura en la Edad Media–, ya no existe ningún aforado en la

actualidad. Además, en ninguno de los países citados los parlamentarios nacionales –y

menos los regionales– están aforados.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo de concejales de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Alcobendas propone al Pleno la siguiente MOCIÓN: PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno de España a

que en el próximo proceso de reforma constitucional se eliminen los supuestos de

aforamiento previstos en la Constitución.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno de España a

que someta a revisión en su conjunto todas las prerrogativas parlamentarias como el

privilegio que permite declarar por escrito a determinados cargos públicos, o bien

prestar declaración desde el despacho, en lugar de personarse en las instancias

judiciales como el resto de ciudadanos.

TERCERO.- Sin perjuicio de lo anterior, y mientras ese proceso de revisión

constitucional se produce, en el plazo máximo de seis meses, el Pleno del

Ayuntamiento de Alcobendas insta al Gobierno de España a impulsar todas las

reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos

y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas Leyes.

CUARTO.- Sin perjuicio de lo anterior, y mientras ese proceso de revisión constitucional

se produce, en el plazo máximo de seis meses, el Pleno del Ayuntamiento de

Alcobendas insta al Gobierno Regional a impulsar todas las reformas legales necesarias

a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos

de aforamiento que han proliferado en distintas Leyes.

Miguel Ángel Arranz Molins

Portavoz Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia

Ayuntamiento de Alcobendas