Perú: Plan Nacional de Derechos Humanos 2006 - 2010

Pág. 305947NORMAS LEGALESLima, domingo 11 de diciembre de 2005

Director : GERARDO BARRAZA SOTO Lima, domingo 11 de diciembre de 2005

SEPARATA ESPECIAL

FUNDADO EN 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

REPUB L ICA DEL PERU

DIARIO OFICIAL

Ministerio de Justicia

REPUB L ICA DEL PERU

NORMAS LEGALES

DICIEMBRE, 2005

PLAN NACIONAL DEDERECHOS HUMANOS

2006 – 2010ANEXO - DECRETO SUPREMO Nº 017-2005-JUS

Consejo Nacional de Derechos Humanos

Pág. 305948 NORMAS LEGALES Lima, domingo 11 de diciembre de 2005


I. MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO SOBRELAS OBLIGACIONES DEL ESTADO PERUANOEN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

1.1 Los derechos humanos como derechos inherentesa la persona humana y límite al poder estatal. Larelación con el Estado de Derecho.

1.2 La dignidad de la persona y los derechos humanoscomo fundamento del orden político democrático.

1.3 La promoción y protección de los DerechosHumanos en el ámbito internacional.

1.3.1 Naturaleza particular de los tratados de derechoshumanos: las obligaciones objetivas y la autonomíade conceptos y la noción de garantía colectiva enlos tratados de derechos humanos.La promoción y protección conjunta de los derechosciviles, políticos, económicos, sociales y culturalesy Derechos Colectivos como obligación exigible alEstado.

1.4 La labor de protección en el ámbito universal.1.5 La labor de protección y promoción de los derechos

humanos en el ámbito regional.1.6 Las necesidades evidenciadas por la historia

reciente del país.1.7 Los derechos humanos en el Acuerdo Nacional.1.8 La necesidad de un Plan Nacional de los Derechos

Humanos.

1.8.1 Objetivo central de los Planes Nacionales deDerechos Humanos.

1.8.2 Sobre el compromiso del Estado peruano paraelaborar su Plan Nacional de Derechos Humanos.

II. SISTEMATIZACIÓN DE LAS PROPUESTASFORMULADAS EN LAS AUDIENCIASPÚBLICAS DEL PLAN NACIONAL DEDERECHOS HUMANOS 2006-2010

2.1 Equipos Regionales Impulsores.2.2 Instituciones que apoyaron y autoridades regionales

y locales presentes en las audiencias de ConsultaCiudadana.

2.3 Pre-audiencias y actividades culturales o festivasimplementadas para la difusión de la consultanacional en torno al Plan Nacional de DerechosHumanos.

2.4 Metodología de implementación de las audiencias.2.5 Conclusiones Finales.

III. DIAGNÓSTICO

3.1 Antecedentes.3.2 Del objeto del diagnóstico.3.3 Referente jurídico y conceptual.3.4 Estructura del diagnóstico

IV. PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

1. Misión2. Visión3. Principios rectores

- Finalidad y alcances- Principios rectores

4. Objetivo General5. Lineamientos estratégicos, objetivos, metas y

actividades.

LE1: Institucionalizar y transversalizar enfoqueDDHH en las políticas públicas.

OE1 Atención a las recomendaciones de los órganospertenecientes al SIDH.

OE2 Implementación de las recomendaciones delInforme Final de la CVR.

OE3 Articulación de los Planes sectoriales relacionadoscon los DDHH.

LE2: Contribuir a la difusión del enfoque de DDHHen las instituciones del Estado y la sociedadcivil.

OE1 Implementación de Programa Nacional de Difusióndel PND.

OE2 Implementación de Programa Nacional deEducación en DDHH.

OE3 Implementación de Programa Nacional deCapacitación para institucionalizar y transversalizarintegración el enfoque de DDHH en políticaspúblicas.

LE3: Asegurar la plena vigencia de los derechoshumanos integrales.

OE1 Garantizar el respeto y plena realización de losDerechos Humanos Integrales.

OE2 Garantizar el respeto y plena realización delderecho a un medio ambiente sano y protegido.

LE4: Implementar políticas afirmativas a favor de losderechos de los sectores de la población encondición de mayor vulnerabil idad, encondiciones de igualdad de trato y sindiscriminación.

OE1. Garantizar los derechos de las mujeres.OE2 Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas

y Afroperuanos.OE3 Garantizar los derechos de las personas con

discapacidad.OE4 Garantizar los derechos de la niñez y la

adolescencia.OE5 Garantizar los derechos de los adultos mayores.OE6 Fomentar acciones para promover una cultura social

de respeto a las diferencias, que evite el tratodenigrante o violento por motivos de índole/orientación sexual, en el marco de la Constitucióny la Ley.

OE7 Garantizar los derechos de los migrantesOE8 Garantizar los derechos de las personas con VIH/

SIDA

PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2006 - 2010ANEXO - DECRETO SUPREMO Nº 017-2005-JUS

(El Decreto Supremo de la referencia se publica en la presente edición de Normas Legales)

ÍNDICE


I. MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO SOBRE LASOBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADOPERUANO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

1.1 Los derechos humanos como derechosinherentes a la persona humana y límite al poderestatal. La relación con el Estado de Derecho.

Los derechos humanos, tienen su origen en la propianaturaleza del ser humano. La dignidad del ser humano,implica libertad e igualdad. Al respecto, la DeclaraciónUniversal señala en su Preámbulo que "todos los hombresnacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)."

En el ámbito internacional, los derechos inherentes a lapersona toman la denominación de derechos humanos,ámbito en el cual, el Estado es quien resulta responsablepor cualquier violación de los mismos; mientras que en elámbito interno de los Estados, se los identifica comoderechos fundamentales o derechos constitucionales dela persona humana, los que deben ser respetados ygarantizados por el propio Estado, pudiendo caer enresponsabilidad internacional en cuanto no sea capaz deadoptar las acciones necesarias para atender, sancionar yreparar adecuadamente las violaciones a estos derechosfundamentales dentro de la jurisdicción nacional.

Los derechos humanos surgen como una respuesta a lanecesidad de establecer límites al poder público. Por tanto,consisten en derechos subjetivos de defensa de losindividuos frente al Estado.

Las primeras declaraciones de derechos individuales confuerza legal, fundadas sobre el reconocimiento de derechosinherentes al ser humano las encontramos en lasrevoluciones de independencia nor teamericana eiberoamericana, así como en la revolución francesa. Dichasdeclaraciones constituyen la manifiesta expresión de lalucha por eliminar los gobiernos absolutistas yreemplazarlos por gobiernos democráticos.

De esta forma se realiza el tránsito hacia el Estado deDerecho, que implica la delimitación y reglamentaciónde las funciones del poder mediante un control del Estadopor el derecho y la adopción de las formasrepresentativas con la finalidad de defender los derechosde los ciudadanos.

Esto evidencia no sólo el desarrollo paralelo yestrechamente vinculado entre el Estado de Derecho y losderechos humanos, sino también que estos derechos seconstituyen en los principios inspiradores de la políticaestatal, cumpliendo un rol de fundamento y límite de todaslas normas que rigen los poderes públicos.

El Estado de Derecho es el producto de la necesidad deconciliar los derechos de los particulares con la soberaníaestatal, de modo tal que las normas no sean un productoarbitrario, sino el resultado de una voluntad mayoritariademocrática, dir igida a garantizar los derechosfundamentales.

1.2 La dignidad de la persona y los derechoshumanos como fundamento del orden políticodemocrático.

Los derechos humanos, sin dejar a un lado su carácterinicial de derechos de defensa frente al Estado, se proyectanmás allá para arribar a una dimensión funcional einstitucional que los convierte en parte esencial de unordenamiento democrático; en deberes positivos por partedel propio Estado que consisten en contribuir a la efectividadde dichos derechos. Estos deberes positivos del Estadocomprenden a todo empleado público y personas que

prestan servicios al Estado bajo cualquier modalidad, asícomo los miembros de las Fuerzas Armadas y PolicíaNacional.

Al pronunciarse sobre este aspecto, la Corte Interamericanade Derechos Humanos ha señalado que:

"[e]n una sociedad democrática los derechos ylibertades inherentes a la persona, sus garantías y elEstado de Derecho constituyen una tríada", en la quecada componente se define, completa y adquiere sentidoen función de los otros. (caso Yatama, sentencia de 23de junio de 2005, párr. 191).

En el ámbito regional, la Carta de la OEA, estableceentre otros principios, tres estrechamente vinculados:la solidaridad de los Estados americanos, la querequiere la organización política de los mismos sobrela base del ejercicio efect ivo de la democraciarepresentativa (artículo 3 d.); la proclamación de losderechos humanos sin distinción (artículo 3 l.), así comola eliminación de la pobreza crítica como parte esencialde la promoción y consolidación de la democraciarepresentativa, lo que constituye responsabilidad comúny compartida de los Estados americanos (artículo 3 f.)

La consideración de la pobreza crítica hace necesario tenerpresente que la relación entre democracia y los derechoshumanos no se agota en los derechos políticos.

La Carta Democrática Interamericana, adoptada en elVigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesionesde la Asamblea General de la OEA en septiembre de2001, establece en su artículo 13 que la promoción yobservancia de los derechos económicos, sociales yculturales son consustanciales al desarrollo integral, alcrecimiento económico con equidad y a la consolidaciónde la democracia en los Estados del Hemisferio.

Sin embargo, la unión indisoluble de estos conceptos, llegaa su máxima expresión con la consideración de lademocracia en sí misma como un derecho de los pueblos,concepto repetido también en la Carta Andina para laPromoción y Protección de los Derechos Humanos de juliode 2002.

1.3 La promoción y protección de los DerechosHumanos en el ámbito internacional.

Una cabal promoción y protección de los derechoshumanos al interior de cada Estado implica tenerpresente que, en el ámbito internacional, existe eldenominado derecho internacional de los derechoshumanos, compuesto por un conjunto de instrumentos,de doctrina y jurisprudencia que han desarrollado uncuerpo de normas y cr i ter ios de interpretacióncoherentes con la naturaleza particular de los derechosque protegen. Estas normas internacionales primansobre las que puedan formularse de manera distinta alinter ior del Estado. La primacía de los tratadosinternacionales, y entre ellos de los relativos a derechoshumanos, está consagrada en el artículo 27 de laConvención de Viena sobre el Derecho de los Tratadosde 1969, ratificada por el Perú y en plena vigencia.

En tal sentido, el Estado, a través de sus diversosorganismos, hará sus mejores esfuerzos para actuar deconformidad con las normas internacionales sobrederechos humanos y los criterios interpretativos de lasmismas, establecidos por los órganos internacionalescompetentes, salvo en el caso de los pronunciamientos delos tribunales internacionales (Opiniones Consultivas ySentencias).

PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS


1.3.1 La naturaleza particular de los tratados dederechos humanos: Las obligaciones objetivas,la autonomía de conceptos y la noción degarantía colectiva en los tratados de derechoshumanos.

Las obligaciones objetivas, así como la noción de garantíacolectiva, reconocidas por la doctrina y consagradas por lajurisprudencia, evidencian la particularidad de los tratadosde derechos humanos.

La Corte Interamericana ha precisado:

"que: (...) los tratados modernos sobre derechoshumanos, en general, y, en particular, la ConvenciónAmericana, no son tratados multilaterales del tipotradicional, concluidos en función de un intercambiorecíproco de derechos, para el beneficio mutuo de losEstados contratantes. Su objeto y fin son la protecciónde los derechos fundamentales de los seres humanos,independientemente de su nacionalidad, tanto frente asu propio Estado como frente a los otros Estadoscontratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechoshumanos, los Estados se someten a un orden legaldentro del cual ellos, por el bien común, asumen variasobligaciones, no en relación con otros Estados, sinohacia los individuos bajo su jurisdicción." (OpiniónConsultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982.Fundamento 29.)

El carácter objetivo de las obligaciones adquiridas por losEstados Partes al ratificar la Convención Americana sobreDerechos Humanos, así como cualquier otro tratado dederechos humanos, implica que dichas obligaciones tienenuna existencia propia, trascendiendo los interesesindividuales o coyunturales de las partes contratantes. Poresta razón se encuentran más allá de las interpretacionesparticulares que los Estados puedan tener.

Este carácter objetivo nos conduce a la autonomía delos conceptos consignados en los tratados de derechoshumanos respecto de los conceptos del derecho internode cada Estado. Esta cualidad es la que permite a lostribunales internacionales determinar cuando una normainterna es contraria a las Convenciones sobre la materia.

La jurisprudencia ha presentado un desarrollo sostenidorespecto a la autonomía de los conceptos en este tipo detratados. La Corte Interamericana se ha pronunciado eneste sentido en diversas opiniones consultivas como laopinión sobre las Restricciones a la Pena de Muerte (1983).

Con relación a estas obligaciones, la Corte Interamericanaha señalado que el objeto y fin de los tratados de derechoshumanos es la protección de los derechos fundamentalesde los seres humanos independientemente de sunacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente alos otros Estados contratantes (Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982).

De esta manera, la naturaleza objetiva de estas obligacionesconduce inevitablemente a que tengan que serimplementadas o garantizadas de manera colectiva dentrode la comunidad internacional.

La Cor te Interamericana, tomando en cuenta lajurisprudencia europea, ha señalado en recientessentencias sobre Competencia que la ConvenciónAmericana se aplica de conformidad con la noción degarantía colectiva, según la cual, las limitaciones materialesunilaterales a su competencia no tendrían cabida.

1.3.2 La pr omoción y protección conjunta de losderechos civiles, políticos, económicos, socialesy culturales y Derechos Colectivos comoobligación exigible al Estado.

El Estado, a través de estos tratados sobre la materia, seobliga a promover y proteger todos los derechos humanos,de tal modo que junto con el cumplimiento inmediato y plenode los derechos civiles y políticos, debe garantizar elrespeto de los derechos mínimos de subsistencia para

todos, con independencia del nivel de desarrollo económicodel país.

En el campo de los Derechos Económicos Sociales yCulturales, se admite un margen de discrecionalidad departe del Estado, con la finalidad de que seleccione losmedios para llevar a cabo sus objetivos. Sin embargo, estadiscrecionalidad va de la mano con la obligación de iniciarinmediatamente el proceso encaminado a la completarealización de los derechos económicos sociales yculturales. Por tanto, los esfuerzos desplegados por elEstado en este sentido, no pueden ser diferidosindefinidamente.

El Tribunal Constitucional tiene numerosa jurisprudenciasobre la materia, en donde se recoge los desarrolloslogrados en el campo internacional.

Al respecto establece:

"No se trata, sin embargo, de meras normasprogramáticas de eficacia mediata, comotradicionalmente se ha señalado para diferenciarlos delos denominados derechos civiles y políticos de eficaciainmediata, pues justamente su mínima satisfacciónrepresenta una garantía indispensable para el goce delos derechos civiles y políticos. Sin educación, salud ycalidad de vida digna en general, mal podría hablarsede libertad e igualdad social, lo que hace que tanto ellegislador como la administración de justicia debanpensar en su reconocimiento en forma conjunta einterdependiente". (Sentencia del Tribunal Constitucionalemitida el 05 de octubre del 2004 en elExp_2016_2004_AA_TC. Fundamento. 10)

Analizando el principio de progresividad en el gasto público,el Tribunal señala:

"no puede ser entendido con carácter indeterminado y,de este modo, servir de alegato frecuente ante lainacción del Estado, pues para este Colegiado laprogresividad del gasto no está exenta de observar elestablecimiento de plazos razonables, ni de accionesconcretas y constantes del Estado para laimplementación de políticas públicas". (STC 2945-2003-AA, Fundamento 36). (Sentencia del TribunalConstitucional emitida el 08 de julio del 2005 en elExp_1417_2005_AA_TC).

Se debe entender que el Estado incumple con susobligaciones en materia de Derechos Económicos, Socialesy Culturales y Derechos Colectivos cuando: no lograadoptar una medida exigida por los tratados sobre lamateria; no logra remover con la mayor brevedad posible ycuando deba hacerlo, todos los obstáculos que impidan larealización inmediata de un derecho; deliberadamente nologra satisfacer una norma internacional mínima derealización generalmente aceptada y para cuya satisfacciónestá capacitado; retrasa deliberadamente, o detiene larealización progresiva de un derecho, a menos que actúedentro de los límites permitidos en el tratado o que dichaconducta se deba a la falta de recursos o a una fuerzamayor.

1.4 La labor de protección en el ámbito universal.

Los principales tratados de la Naciones Unidas en materiade derechos humanos, establecen un conjunto de órganosencargados de la vigilancia y del cumplimiento de losmismos llamados Comités conocidos como mecanismosconvencionales. El Estado debe presentar ante cada unode estos Comités, informes nacionales periódicos sobre elcumplimiento de los compromisos asumidos en elrespectivo tratado.

La presentación de informes nacionales no busca condenaral Estado que no cumple, sino acompañarlo en un procesoserio de aplicación práctica de los compromisos. Estoimplica que adicionalmente a la finalidad de conocer lamarcha real de la implementación, promoción y protecciónde los derechos humanos dentro del Estado a través delinforme, éste se convierte en base documental para


establecer un diálogo con los Comités de Naciones Unidasen el que se explican los logros y dificultades del lado delEstado, y el análisis y recomendaciones al proceso de partede éstos órganos. En este sentido, el Estado, debe darespecial valor a dichas recomendaciones y tenerlaspresente al momento de evaluar el estado de cumplimientode los tratados.

La elaboración de dichos informes deben convertirse enuna oportunidad para generar un amplio debate públicosobre los logros y planes destinados a la realización de losderechos civiles, políticos, sociales, económicos yculturales.

Asimismo, algunos Comités desempeñan también unaimportante labor de protección mediante el conocimientode denuncias individuales por violaciones a los derechoscontenidos en los tratados. Para que un Comité conozcaun caso contra el Estado, éste tiene que haber reconocidopreviamente dicha competencia de manera expresa. Portanto, los dictámenes y decisiones emitidos en estosprocedimientos, si bien carecen del carácter obligatorio deuna sentencia, deben demandar del Estado los máximosesfuerzos para lograr su atención, para lo cual, debenbuscarse mecanismos destinado a una adecuadaevaluación de los mismos, y de ser pertinente, a suseguimiento.

El sistema de protección de los derechos humanos de lasNaciones Unidas comprende también un conjunto demecanismos no convencionales compuestos por relatores,expertos y grupos de trabajo, así como procedimientos paraquejas individuales ante la Comisión de Derechos Humanosrespecto de los cuales, el Estado debe mantener ymanifestar una actitud de constante apertura y colaboración,así como de atención a las sugerencias u opiniones queprovengan de ellos.

1.5 La labor de protección y promoción de losderechos humanos en el ámbito regional.

Para vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidospor el Estado, la Convención Americana sobre DerechosHumanos señala a la Comisión Interamericana de DerechosHumanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanoscomo los órganos competentes. Asimismo, la Carta de laOEA encarga a la Comisión la vigilancia con relación alcumplimiento de la Declaración Americana de DerechosHumanos.

La Comisión Interamericana como órgano encargado depromover la observancia y la defensa de los derechoshumanos, tiene la facultad de recibir peticiones ocomunicaciones que contengan denuncias o quejas deviolación de los derechos humanos contenidos en laConvención o en la Declaración Americana sobreDerechos Humanos. Sin embargo, no es un órganojur isdiccional , por lo que una de sus laboresfundamentales en este proceso es la de facilitar unacomposición entre las partes.

El procedimiento seguido ante la Comisión Interamericanade Derechos Humanos constituye una oportunidad paraalcanzar soluciones amistosas. Si no se concreta unasolución, la Comisión emite un informe con susconclusiones y recomendaciones. Si bien susrecomendaciones carecen del carácter mandatorio de unasentencia, el Estado tiene la obligación de realizar susmejores esfuerzos para aplicarlas, de conformidad con loestablecido por la Corte Interamericana de DerechosHumanos en la Sentencia emitida en el caso Loayza Tamayode 17 de septiembre de 1997. En este sentido, resultaimportante contar con un mecanismo que permita realizarun seguimiento a dichas recomendaciones.

Por su parte, la Corte Interamericana de DerechosHumanos posee una competencia consultiva y otracontenciosa. La función consultiva de la Cor teInteramericana se manifiesta en sus opiniones consultivas,las que si bien no son vinculantes, contienen la líneainterpretativa y de razonamiento de este Tribunal, por loque deben ser tomadas en cuenta por los organismos del

Estado en caso de ser aplicables a casos similares.La competencia contenciosa se manifiesta mediantesentencias condenatorias o exculpatorias del Estadorespecto a la violación o no de la Convención Americanasobre Derechos Humanos, las que son definitivas einapelables. Por ello, los órganos nacionales tienen laobligación de dar cumplimiento a las mismas dentro de losplazos fijados por la Corte.

1.6 Las necesidades evidenciadas por la historiareciente del país.

La muerte y destrucción vivida por la sociedad peruana alo largo de veinte años ha generado numerosas y urgentesnecesidades que pueden reunirse desde una visión dederechos humanos en tres grupos.

De un lado, la necesidad de revertir las brechassocioeconómicas, las desigualdades étnico-culturales ydesencuentros profundos y dolorosos en la sociedadperuana que ocasionaron, a decir de la CVR, que el 79%de la totalidad de víctimas reportadas viviera en zonasrurales; que el 75% de las víctimas fatales de la violenciapolítica tuvieran como lengua materna al quechua y otraslenguas nativas, siendo únicamente el 16% de la poblaciónperuana según el censo nacional de 1993; que el 85% delas víctimas registradas por la CVR provenían de losdepar tamentos de Ayacucho, Junín, Huanuco,Huancavelica, Apurímac y San Martín, zonas signadas porla pobreza y la exclusión.

Un segundo grupo de necesidades a ser atendidas por elEstado está relacionado con los efectos de esta violenciasin precedentes: atender en lo posible las pérdidas, lasausencias, los daños físicos y psicológicos, la necesidadde conocer la verdad de lo ocurrido y hacer justicia.

Respecto al derecho a la verdad, el Tribunal Constitucionalha señalado que "no sólo deriva de las obligacionesinternacionales contraídas por el Estado peruano, sinotambién de la propia Constitución Política, la cual, en suartículo 44º, establece la obligación estatal de cautelar todoslos derechos y, especialmente, aquellos que afectan ladignidad del hombre, pues se trata de una circunstanciahistórica que, si no es esclarecida debidamente, puedeafectar la vida misma de las instituciones".

Como se hace evidente, la tarea de atención a todas lasvíctimas con vida de esta violencia irracional es enorme yrepresenta uno de los retos más importantes para el Estado.

El tercer grupo de necesidades derivadas de los años deviolencia está marcado por la necesidad de restablecer losvalores democráticos de paz y respeto a los derechoshumanos y justicia en todos los niveles.

1.7 Los derechos humanos en el Acuerdo Nacional.

La recuperación de la democracia en el país y la necesidadde establecer bases sólidas para iniciar un nuevo rumboen la marcha del Estado luego de las traumáticasexperiencias de las décadas pasadas lleva a la firma delAcuerdo Nacional entre el Presidente de la República,Alejandro Toledo Manrique, y los líderes de los partidospolíticos, de las organizaciones sociales e institucionesreligiosas el 22 de julio de 2002.

Los dos primeros objetivos planteados en el Acuerdotienen una vinculación directa con el tema de los derechoshumanos: democracia y estado de derecho y equidad yjusticia social. Estos objetivos han determinado que cincode las políticas de Estado adoptadas en el Acuerdo recojanel tema de los derechos humanos desde diversosaspectos.

Particularmente destacables son dos de las políticas deEstado planteadas en el Acuerdo Nacional debido a susalcances: La primera es el compromiso para consolidar elrégimen democrático y el Estado de derecho (PrimeraPolítica de Estado) y la segunda es llevar a cabo una políticaexterior al servicio de la paz, la democracia y el desarrolloque promueva una adecuada inserción del país en el mundo


(Sexta Política de Estado). En torno a estos compromisoscentrales pueden agruparse las siguientes políticasvinculadas a los derechos humanos, como son: fortalecerel orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechosy al cumplimiento de los deberes individuales (SéptimaPolítica de Estado); Promoción de la Igualdad deOportunidades sin Discriminación (Undécima Política deEstado); adoptar políticas que garanticen el goce y lavigencia de los derechos fundamentales establecidos enla Constitución y en los tratados internacionales sobre lamateria (vigésimo Octava Política de Estado); optimizar elservicio que prestan las Fuerzas Armadas dentro delirrestricto respeto a los preceptos constitucionales, alordenamiento legal y a los derechos humanos (VigésimoQuinta Política de Estado).

Estas políticas y acciones deben ser recogidas por el PlanNacional de Derechos Humanos.

1.8 La necesidad de un Plan Nacional de losDerechos Humanos.

El origen de los Planes Nacionales de Derechos Humanosse remonta a 1993. En dicho año, reunidos en laConferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993),convocados por las Naciones Unidas, los Estadosmiembros de la ONU adoptaron el compromiso de"conside[rar] la posibilidad de elaborar un plan de acciónnacional en el que se determinen las medidas necesariaspara que ese Estado mejore la promoción y protección delos derechos humanos" (Declaración y Programa de Acciónde Viena, Parte II, párr. 71).

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos organizó una reunión en Quito, Ecuadoren diciembre de 1999, y otra específica para los paísesandinos en julio de 2001, siendo el Gobierno del Perúanfitrión de la reunión. Al término de este "Taller subregionalsobre la elaboración de Planes Nacionales de acción parala promoción y protección de los derechos humanos en laregión andina", que contó con la presencia de la AltaComisionada de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos, concluyó que los "planes naciones de derechoshumanos deben ser una tarea nacional y por lo tanto debendesarrollarse con la participación y apoyo de todas lasinstancias del Estado, instituciones nacionales y debenrecibir apoyo político de alto nivel y también de la sociedadcivil".

1.8.1 Objetivo central de los Planes Nacionales deDerechos Humanos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidaspara los derechos humanos (en adelante, OACDH),elaboró un "Compendio de Planes Nacionales de acciónen materia de derechos humanos para la promoción yprotección de los derechos humanos" (1999), con el finde destacar los propósitos, principios, componentesesenciales y procesos clave para la formulación deplanes nacionales de acción en materia de derechoshumanos. Según el Compendio, "el objetivo central delos planes nacionales de acción en materia de derechoshumanos es reforzar los medios nacionales parapromover y proteger los derechos humanos y garantizarla conformidad de la legislación nacional con las normasinternacionales".

El mismo documento señala que "los planes nacionales deacción para la educación en la esfera de los derechoshumanos deberían formar parte integrante del plan nacionalgeneral de acción para la promoción y la protección de losderechos humanos y ser complementarios de otros planesnacionales de acción pertinentes ya definidos (por ejemplolos relacionados con las mujeres, los niños, las minorías,las poblaciones indígenas, etc.)."

1.8.2 Sobre el compromiso del Estado peruano paraelaborar su Plan Nacional de Derechos Humanos.

La obligación de promover, respetar y garantizar losderechos humanos se sustenta en el artículo 1 de la CartaPolítica del Perú, según el cual "el fin supremo" del Estado

(y de la sociedad) es "la defensa de la persona humana yel respeto de su dignidad".

Asimismo, se sustenta en el artículo 44 de la Constituciónque establece como uno de los deberes del Estado Peruanoel garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

A su vez, la Cuarta disposición final y transitoria de laConstitución dispone que los derechos y libertades de losindividuos y grupos humanos se interpretan de acuerdocon los tratados internacionales que sobre la materia haratificado el Perú, los que establecen la obligación derespetar y garantizar el disfrute de estos derechos.

Esta realidad ha sido tenida en cuenta en el D.S. 015-2001-JUS, Reglamento del Consejo Nacional de DerechosHumanos (CNDH) y sus normas complementarias, alestablecer que es éste órgano quien debe proponer lapolítica gubernamental en este campo en el marco del PlanNacional de Derechos Humanos. A este efecto, el CNDHrecibió el mandato legal de elaborar el proyecto del referidoPlan Nacional con el fin de que sea aprobado por el Consejode Ministros.

Asimismo, mediante la Ley Nº 27741, de 9 de mayo de 2002,se modificó el artículo 1 de la Ley Nº 25221 estableciéndosela obligatoriedad de la difusión y enseñanza sistematizaday permanente de la Constitución Política del Perú, de losderechos humanos y del derecho internacional humanitario,en todos los niveles del sistema educativo civil o militar,educación superior, universitaria y no universitaria. A esteefecto, se dispuso también que el Poder Ejecutivo elaboraraun Plan nacional de educación en materia de derechoshumanos.

El Plan Nacional de Derechos Humanos en el Perú tambiénse hace necesario para articular los diversos planes deacción a favor de distintos sectores de la población encondición de mayor vulnerabilidad que se han idoimplementando en el país desde el año 2000.

Todas estas políticas requieren ser monitoreadas ycoordinadas entre sí con la finalidad de evitar la duplicaciónde funciones y el gasto innecesario de recursos económicosy humanos. De este modo, se asegurará un seguimiento yvisión integral de las acciones realizadas por el Estado enbeneficio de los derechos humanos en conjunto.

II. SISTEMATIZACIÓN DE LAS PROPUESTASFORMULADAS EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

DEL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS2006 - 2010

Con el objeto de garantizar la más amplia participaciónciudadana en la formulación del PNDH se estableció uncronograma para la realización de trece (13) audienciaspúblicas macrorregionales y cinco (5) audiencias públicasen Lima y Callao, a llevarse a cabo entre los meses demarzo y julio de 2005.

Al 31 de julio de 2005 se completaron las dieciocho (18)Audiencias programadas, con la activa participación derepresentantes de instituciones públicas y privadas, y deorganizaciones sociales de base, de los 24 departamentosy la Provincia del Callao. En la mayoría de ellas participaron,además, representantes institucionales de dos o másdepartamentos.

El total de instituciones que participaron a través de susrepresentantes en las audiencias suma un total de 2,802.De éstos, 610 fueron representantes de institucionespúblicas, representando el 22%; y 2,192 representantes dela sociedad civil, que hicieron el 78% del total departicipantes.

En referencia a la participación del Estado, cabe destacarla participación en todas las audiencias de PresidentesRegionales o sus representantes, alcaldes provinciales ydistritales, representantes de la Defensoría del Pueblo,funcionarios regionales de los sectores de Salud,


Educación, Trabajo, Interior, Transportes, de la Mujer yDesarrollo Social, entre otros.

En referencia a la participación de la sociedad civil,participaron en las audiencias convocadas representantesde gremios de campesinos, organizaciones juveniles,trabajadores y pensionistas agremiados, organizacionesfuncionales, madres organizadas, comedores populares,grupos de iglesia, así como grupos de personas condiscapacidad y de mujeres, entre otros.

2.1 Equipos Regionales Impulsores.

En forma previa a la realización de las audiencias, el EquipoCentral seleccionó y capacitó a un conjunto derepresentantes de instituciones regionales, públicas yprivadas y de organizaciones sociales de base, con el finde que se encargaran de coorganizar las audiencias delPlan Nacional de Derechos Humanos de maneraparticipativa. Todas estas instituciones tienen como comúndenominador su compromiso con el esfuerzo de promovery defender los derechos humanos, así como su reconocidacapacidad de concertación institucional, de convocatoria yde organización.

Cabe destacar, asimismo, la valiosa participación de lasMesas de Concertación y Lucha contra la Pobreza y de losdiversos Comités de Derechos Humanos existentes en elinterior del país.

De esa manera se constituyeron Grupos Impulsores encada departamento, con la participación de un total de 48instituciones.

2.2 Instituciones que apoyaron y autoridadesregionales y locales presentes en las audienciasde Consulta Ciudadana.

Previamente a la realización de las audiencias, los GruposImpulsores concertaron con diversas instituciones públicas,ONG’s, grupos religiosos, así como autoridades yfuncionarios públicos, con el fin de comprometer su activaparticipación en estas. En este contexto, se celebraronreuniones de difusión acerca de la problemática de losderechos humanos en el Perú, compartiéndose lametodología a ser usada en las audiencias. Asimismo, sedistribuyeron tareas y responsabilidades de carácterorganizativo y logístico, así como se eligió a los facilitadoresque apoyarían la conducción temática de los grupos detrabajo de las audiencias.

Los Grupos Impulsores lograron crear una red nacionalcompuesta por 157 instituciones, de las cuales 49 fueroninstituciones del Estado y 108 de la Sociedad Civil.

2.3 Pre-audiencias y actividades culturales o festivasimplementadas para la difusión de la consultanacional en torno al Plan Nacional de DerechosHumanos.

Por iniciativa de los grupos impulsores, se llevaron a cabopre-audiencias en: Tingo María, Huaraz, Puno, Cusco,Arequipa, Ica, Ayacucho, Piura, Loreto, Lambayeque,Huancayo, Pasco y Huancavelica, con el fin de recogerapor tes que luego serían presentados por susrepresentantes en las audiencias.

Los grupos impulsores desplegaron, asimismo, un amplionúmero de iniciativas de carácter cultural y/o festivo con elfin de dar a conocer a la opinión pública regional y local lasactividades programadas.

2.4 Metodología de implementación de lasaudiencias.

El Equipo Central del Plan Nacional de Derechos Humanosprivilegió la participación activa de los asistentes. Lametodología empleada en cada audiencia se organizó sobrela base de una presentación general e introductoria delproceso y de las obligaciones del Estado en materia dederechos humanos, a cargo de miembros del Equipo Centraldel Plan Nacional de Derechos Humanos; la presentación

de un video sobre la situación de los derechos humanosen el país; y la absolución por parte de los asistentes,organizados en Grupos de Trabajo apoyados porFacilitadores y un Coordinador elegido entre losparticipantes, de las siguientes cuestiones:

a) Las principales necesidades no resueltas en el campode los derechos humanos Civiles y Políticos, yrespecto de los derechos Económicos, Sociales yCulturales, así como de los derechos colectivos yambientales;

b) Las medidas prioritarias que deberían adoptarse parapromover, proteger y ejercer tales derechos;

c) Las instancias del Estado que deberían atender talesmedidas prioritarias;

d) Los compromisos de acción que las instituciones yorganizaciones presentes en la audiencia estabandispuestos a asumir para la implementación ysustentabilidad del Plan Nacional de DerechosHumanos.

Las preguntas señaladas fueron respondidas en dossegmentos: en la mañana con referencia a los DerechosCiviles y Políticos; y por la tarde, con relación a losDerechos Económicos, Sociales, Culturales, Colectivos yambientales. Luego las propuestas grupales seríanpresentadas en plenaria y recogidas por el Equipo Centralpara su sistematización posterior.

2.5 Conclusiones Finales.

Teniendo en cuenta las propuestas realizadas en lasAudiencias Públicas, realizadas en el contexto de lacompleja situación social, política y económica en la quevive el Perú, el interés en torno a los Derechos Civiles yPolíticos resulta similar respecto de los DerechosEconómicos, Sociales, Culturales, Colectivos yambientales.

Conclusiones respecto a los derechos civiles ypolíticos.

Las audiencias han revelado un interés mayoritario porel derecho a la igualdad y a la no discriminación. Unaprimera explicación a este resultado sería que elcomponente de igualdad es percibido como una condiciónmínima indispensable para el cumplimiento de otrosderechos.

El segundo derecho más mencionado y analizado ha sidoel derecho a la justicia, cuyos componentes han sidoanalizados en su totalidad. Ello revela que existe claridadpor parte de los asistentes a las audiencias en cuanto alcarácter integral de este derecho: todos sus aspectos estánmuy vinculados entre sí, por lo que no puede atenderseuno dejando de lado a los otros.

En cuanto al derecho a la identidad, es muy claro el reclamoen torno a los problemas para obtener el DNI, documentobásico para realizar los actos señalados en el artículo 84del DS 015-98-PCM- Reglamento de Inscripciones delRENIEC, y que a partir del 01.08.05 constituye la únicacédula de identidad personal de acuerdo a RJ.789-2005-JEF-RENIEC.

Conclusiones respecto a los derechos económicos,sociales y culturales.

Existe un análisis más detallado de estos derechos en lasaudiencias. Ello podría revelar que, no sólo los asistentesa las audiencias, sino también la sociedad peruana engeneral, están más familiarizados con este tipo de derechosy las violaciones que los afectan.

Los derechos que concitaron mayor interés fueron losderechos a la salud, el trabajo y la educación. En cada unode estos casos, la principal demanda formulada giró entorno a la calidad de los servicios; es decir, a las condicionesen las que dichos derechos se ejercen.

En el nivel regional, fue muy notoria la preocupación entorno a la protección del medio ambiente. Ello podría


relacionarse con el ambiente de tensión que existe entrelas comunidades y las empresas de extracción o explotaciónde recursos naturales.

III. DIAGNÓSTICO

3.1 Antecedentes

La implementación de todo proceso de adecuación de lasnormas y prácticas de los Estados a las obligacionesinternacionales que contrajeron libremente al adoptar yratificar las normas internacionales de derechos humanosrequiere, antes de iniciarse, un adecuado proceso deplanificación. En tal virtud, para que el Plan Nacional deDerechos Humanos (en adelante, el Plan) que oriente eseproceso sea a la vez consistente, se hace necesario contarcon un diagnóstico sobre la realidad de los derechoshumanos en el país, el cual ofrezca a los formuladores yoperadores de políticas públicas los elementos de juiciorequeridos para remover, de una manera sistemática yadecuada, los obstáculos o dificultades que dificulten larealización de estos derechos.

Un diagnóstico consistente posibilita, además, que elconjunto de las Instituciones de Estado pueda internalizary organizar respuestas adecuadas a los problemas queenfrentan vinculados al ejercicio y protección de losderechos humanos, desde una perspectiva en la que losvalores constituyen uno de los componentes másimportantes.

Sin embargo, no debemos olvidar que los diversos aspectosde la realidad social, sobre todo en materia de derechoshumanos, no son uniformes, existiendo más bien posicionescontingentes entre sí. En otras palabras, tales aspectos nosiempre reflejan la existencia de un consenso social sobredeterminados temas, sino más bien son escenarios dediscrepancias y disensos razonables. Debido a ello, eldiagnóstico, en la medida que refleja esta realidad,considera los principales aspectos que generancontroversia y se hayan advertido en el caso del Perú.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la formulación deldiagnóstico que sirve de sustento al Plan ha tenido especialcuidado en presentar en su integridad los puntos de vista yrecomendaciones que los distintos órganos del sistemainternacional de promoción y protección de los derechoshumanos han formulado respecto de las diferentestemáticas tratadas, sin asumir necesariamente una posicióna favor o en contra de ellas. Por lo demás, dichos aspectospodrán ser considerados al momento de plantear loslineamientos estratégicos, objetivos específicos y accionespropuestas finalmente en el texto del Plan, según el gradode consenso que las mismas merezcan en el ámbitointernacional, el temperamento recogido sobre las mismasen el proceso de consulta nacional realizado para laformulación del Plan, así como su compatibilidad con lasnormas reconocidas por nuestra Constitución y lasobligaciones internacionales asumidas por el Perú.

En el presente caso, el diagnóstico a partir del cual se haelaborado al Plan ha sido estructurado con el identificar lascausas que explican las violaciones a los derechoshumanos en el Perú, desde una perspectiva que, en lofundamental, trascienda lo estrictamente coyuntural. Coneste objeto, el diagnóstico procurará tomar en consideraciónno solo los aspectos que guardan relación con los episodiosdramáticos que formaron parte la historia reciente del país,sino que buscará implementar las transformacionesestructurales que, tal como ha sido puesto de relieve por elinforme final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación(CVR), necesitan ser asumidas para encaminarnos a unreal proceso de reconciliación nacional, que signifique "unproceso de reestablecimiento y refundación de los vínculosfundamentales entre los peruanos", sobre la base de laconsolidación de una política de Estado en materia dederechos humanos.

No debemos olvidar que el Perú enfrentó entre los años1980 y 2000 complejos problemas sociales derivados dela constante vulneración de los derechos humanos

ocasionada por las acciones de violencia terrorista, asícomo por la forma en que ésta fue combatida desde elEstado. A ello debemos agregar el sistemáticodesconocimiento de los principios democráticos del unEstado de Derecho que caracterizó el régimen del ex -presidente Alberto Fujimori, en aras de un desmedidopragmatismo populista, en donde se privilegiaba laobtención de los resultados y logros de su gobierno, sinimportar la forma en que éstos eran obtenidos. Estasituación propició el escenario ideal para la existencia deuna red de corrupción estructural al interior de laAdministración Pública, unida a la vulneración de losmecanismos de protección de los derechos humanos, enla medida que eran obstáculos para el logro de los objetivosparticulares de los gobernantes de turno. Lamentablemente,estos rasgos fueron extendiéndose a todos los niveles dela sociedad, generando cierto nivel de tolerancia hacia lacorrupción, en la medida que exista un beneficio directo acambio, así como una notoria disminución de la legitimidadde la democracia como régimen de gobierno y de los valoresque ésta inspira.

Frente a ello, el régimen democrático del presidenteAlejandro Toledo iniciado el año 2001, ha promovido el plenorestablecimiento de los mecanismos para garantizar elrespeto a los derechos humanos, quedando pendiente laconstrucción de una perspectiva ciudadana que legitime elrégimen democrático y sus alcances. En tal virtud, uno delos propósitos del Plan es generar los incentivos necesariospara fomentar este proceso.

En consecuencia, la construcción de la cultura de respetoa los derechos humanos constituye un objetivo nacional yal mismo tiempo un imperativo constitucional, por lo quedemanda una ratificación del compromiso de la sociedad yel Estado para orientar el sistema jurídico, las acciones depolítica pública y la necesaria coordinación entre lasdistintas entidades de la Administración Pública existentesen los diversos niveles de gobierno hacia el fortalecimientode la protección, promoción y defensa de los derechoshumanos en el Perú, de conformidad con los principiosrecogidos en nuestra Constitución Política y los tratadosInternacionales sobre derechos humanos de los que elEstado peruano es parte. Con esta perspectiva, ytrabajando de manera eficaz y coordinada, la sociedad civily la Administración Pública podrán cumplir con el mandatoconstitucional de garantizar la primacía y la vigencia efectivade los derechos humanos.

La formulación del diagnóstico del Plan ha considerado losdiversos pronunciamientos y recomendaciones referidosal desempeño del Perú en esta materia, los cuales han sidoemitidos por los organismos del Sistema Universal y elSistema Interamericano de Derechos Humanos, así comode reconocidas organizaciones no gubernamentales,nacionales e internacionales, especializadas en laprotección de los derechos humanos. La sistematizaciónde esta información estuvo a cargo de un equipo especialcreado por la Comisión Andina de Juristas (CAJ).

3.2 Del objeto del diagnóstico

El diagnóstico del Plan persigue ofrecer elementos de juicioque asienten y rijan las acciones de las entidades del Estadocomo garantes primordiales de los derechos humanos enel país. Procurará señalar, asimismo, aquellos aspectosen los que la legislación nacional requiere ser modificadapara armonizarla con los compromisos internacionalescontraídos por el Estado peruano, así como proponer loscambios estructurales y legislativos de carácter permanenteque resulten imprescindibles para fortalecer las institucionesdel régimen democrático y habilitar un consistente sistemade respeto, protección y promoción de los derechoshumanos en el Perú. Para ello requerirá tener en cuenta,además, los condicionantes que afectan de maneratransversal a ciertas categorías de personas en condicionesde especial vulnerabilidad.

El diagnóstico del Plan permitirá incluir en los programasy planes institucionales y sectoriales la perspectiva dederechos humanos, así como or ientar tanto laconcertación de tareas en esta materia entre los distintos


Poderes del Estado, como la participación cooperativa dela sociedad civil con el objeto de reforzar el régimen deprotección, defensa y promoción de los derechos humanosen el Perú.

3.3. Referente jurídico y conceptual

Considerando que la adopción e implementación del Planconstituye un ejercicio inédito en nuestro país, esfundamental que el mismo se fundamente en un marcoconceptual que refleje los pilares teóricos sobre los cualesse estructura el sistema internacional de derechoshumanos, base de toda política de Estado en materia dederechos humanos. La formulación del diagnóstico del Plantoma en consideración, por ello, el hecho fundamental deque el Perú es parte de un sistema internacional en el que,tal como esta expresado en la Carta de la Organización delas Naciones Unidas, se asume como fundamento de lacivilización contemporánea la reafirmación de "la fe en losderechos fundamentales del hombre, en la dignidad y elvalor de la persona humana, en la igualdad de derechos dehombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas",así como "el desarrollo y estímulo del respeto a los derechoshumanos y a las libertades fundamentales de todos, sinhacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma oreligión".

Toma como base de su análisis de la realidad del Perú enmateria de derechos humanos, asimismo, la existencia deun código internacional de derechos humanos que haestablecido mecanismos claros para su promoción yprotección, así como de asistencia para que los gobiernosasuman sus responsabilidades. El primero y másimportante de estos instrumentos internacionales es laDeclaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH),adoptada el 10 de diciembre de 1948 en la Comisión de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos. Norma quecomplementada, más adelante, por el Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (PPIDESC), establecidos ambos el 16 dediciembre de 1966. Estos pactos tratan de una manera másamplia y pormenorizada los derechos enumerados en laDeclaración.

La Declaración, los Pactos y sus Protocolos forman la CartaInternacional de Derechos Humanos y han sidocomplementados por un vasto número de convenios ydeclaraciones que desarrollan, de una manera más vasta,los derechos reconocidos por estas normas.

Una buena parte de los instrumentos internacionales antesreferidos ha servido de base para la constitución deórganos que, bajo diferente denominación, han recibidoel encargo de supervisar su cumplimiento por los EstadosPartes; y, en cumplimiento del mandato recibido, hanproducido importantes balances acerca de la situación delos derechos humanos en nuestro país, cuyasconclusiones y recomendaciones deben ser tenidas encuenta en el proceso de adecuación de las practicas delos Estados Partes a sus obligaciones internacionales eneste campo.

Las obligaciones internacionales asumidas por el Estadoperuano en materia de derechos humanos se puedenapreciar a la luz de los cuadros de adhesiones formuladasrespecto de los tratados de derechos humanos del sistemauniversal y regional interamericano, que se encuentrandesarrollados en el Anexo 2.

Tomando como referencia los términos de la Declaración yPlan de Acción de la Cumbre Mundial sobre DerechosHumanos de 19931 , el diagnóstico del Plan destaca,asimismo, la relación entre la democracia, el desarrollo yla promoción de los derechos humanos; la universalidad,indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles,culturales, económicos, políticos y sociales; la legitimidaddel derecho al desarrollo, así como la necesidad depromover y proteger los derechos humanos de los gruposparticularmente vulnerables, tales como las mujeres, laspoblaciones indígenas y afrodescendientes, los niños, laspersonas con discapacidad, las personas adultos mayores,

los migrantes y sus familias o las personas afectadas porel síndrome del VIH/SIDA.

3.4 Estructura del diagnóstico

Con el fin de elaborar un Plan que tome en cuenta lasituación de los derechos humanos en el país, el diagnósticose encuentra estructurado de la siguiente manera:

1. Análisis acerca del cumplimiento de las obligacionesinternacionales del Estado peruano en materia deDerechos Civiles y Políticos

2. Análisis acerca del cumplimiento de las obligacionesinternacionales del Estado peruano en materia deDerechos Económicos, Sociales y Culturales

3. Análisis acerca del cumplimiento de las obligacionesinternacionales del Estado peruano en materia deDerechos Colectivos

4. Análisis acerca del cumplimiento del derecho alDesarrollo

5. Análisis acerca del cumplimiento del derecho a unmedio ambiente sano y protegido.

6. Análisis acerca del cumplimiento de las obligacionesinternacionales del Estado peruano en materia dederecho a la Igualdad y No Discriminación.

7. Análisis acerca del cumplimiento de las obligacionesinternacionales del Estado peruano en materia deDerechos de la Mujer.

8. Análisis acerca del cumplimiento de las obligacionesinternacionales del Estado peruano en materia de losDerechos de las Niñas y los Niños.

9. Análisis acerca del cumplimiento de las obligacionesinternacionales del Estado peruano en materia deDerechos de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos.

10. Análisis acerca del cumplimiento de las obligacionesinternacionales del Estado peruano en materia dederechos de las Personas con Discapacidad.

11. Análisis acerca del cumplimiento de las obligacionesinternacionales del Estado peruano en materia dederechos de las personas Adultos Mayores.

12. Análisis acerca del cumplimiento de las obligacionesinternacionales del Estado peruano en materia dederechos de las personas con diferente orientación/índole sexual.

13. Análisis acerca del cumplimiento de las obligacionesinternacionales del Estado peruano en materia dederechos de los migrantes.

14. Análisis acerca del cumplimiento de lasrecomendaciones contenidas en el informe final de laComisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

A su vez, y finalmente, cabe referir que en el análisis acercadel estado de la situación en torno a cada derecho, seconsideraron los siguientes aspectos:

- Los estándares mínimos establecidos por los órganosinternacionales vinculados a los tratadosinternacionales sobre derechos humanos del los queel Perú es Estado parte;

- El marco jurídico interno;- Las políticas públicas establecidas sobre cada

materia; y- Las decisiones jurisdiccionales y no jurisdiccionales

relativas a las prácticas del Estado peruano en cadauno de los campos tratados, de ser el caso.

1 Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la ConferenciaMundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, ONU Doc. A/CONF.157/23 (1993).


Tal como hemos señalado, el texto final del Plan noconsidera necesar iamente todos los aspectos yperspectivas que forman parte del diagnóstico. Sinembargo, el contenido de este último puede ser de utilidadpara quienes deseen investigar y analizar a profundidad elcontexto dentro del cual se aprobará esta importanteherramienta para la promoción de los derechos humanosen el Perú. Por ello, la totalidad de los componentes para laelaboración del diagnóstico estarán a disposición de losinteresados en la página web del Ministerio de Justicia:www.minjus.gob.pe

IV. PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

1. VISIÓN

Hacer del Perú un país en el que el fomento y garantíadel desarrollo integral de las personas y las comunidadesque lo integran, así como el respeto y defensa de sudignidad, constituyen el fundamento de la legitimidad desus instituciones y de todas sus formas de convivenciasocial.

2. MISIÓN

Garantizar el efectivo cumplimiento de los derechoshumanos en el Perú a través de la acción coordinada entrelas instituciones del Estado, con la participación ycooperación de las organizaciones de la sociedad civil, yde la cooperación de la comunidad internacional.

3. PRINCIPIOS RECTORES

3.1 Finalidad y alcances

Los Principios Rectores expuestos a continuacióncontemplan las necesidades específicas de los distintosactores comprometidos por el objetivo común deimplementar una política nacional de promoción yprotección de los derechos humanos.

Definen los criterios básicos que orientan la formulacióndel Plan Nacional de Derechos Humanos en orden aasegurar la correspondencia de las políticas públicas en elámbito nacional respecto de los compromisosinternacionales voluntariamente asumidos por el Perú enmateria de derechos humanos.

A los efectos de estos Principios, se entiende por derechoshumanos aquellos atributos o dominios inherentes,inalienables y pertenecientes a todos los seres humanospor su sola condición de tales. Estos derechos sonnecesarios para asegurar la libertad y el mantenimiento deuna calidad de vida digna, y están garantizados a todas laspersonas en todo momento y lugar.

La fuente de todos los derechos humanos es la dignidadhumana. La democracia, la justicia, la paz, el desarrollo yel respeto de los derechos humanos y las libertadesfundamentales son conceptos interdependientes que serefuerzan mutuamente.

Los derechos humanos son universales, indivisibles,interdependientes y exigibles, y los derechoseconómicos, sociales y culturales tienen el mismoestatuto legal, importancia y urgencia que los derechosciviles y políticos. Desde esta perspectiva, el goce delos derechos económicos, sociales y culturales esdeterminante para la posibilidad de un goce efectivo,igualitario y no discriminatorio de los derechos civiles ypolíticos.

Los derechos humanos fijan límites a la discrecionalidadestatal en la decisión de sus políticas públicas. La asunciónde obligaciones en este campo establece un catálogo deprioridades que el Estado se ha comprometido a asumir,debiendo dedicar prioritariamente sus recursos a cumplirestas obligaciones

Bajo esta perspectiva, estos Principios deben servir deorientación a:

Las autoridades, funcionarios y empleados públicos engeneral, en el cumplimiento de su mandato constitucionaly las funciones que les son propias;Las demás instituciones, empresas y colectividades en susrespectivos ámbitos y circunscripciones;Las personas en tanto sujetos de derechos y obligaciones;Las organizaciones intergubernamentales y nogubernamentales en su quehacer institucional.

Estos Principios se deberán difundir y aplicar con la mayoramplitud posible.

3.2 Principios rectores

3.2.1 El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010expresa el consenso social entre las distintasinstituciones, colectividades, sectores y movimientosque se expresan en su seno.

3.2.2 El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010se define como una política de Estado que trasciendela acción limitada de un gobierno o de cualquiera delos componentes y niveles del Estado indivi-dualmente considerados.

3.2.3 El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010expresa un compromiso ético y político del Estadoperuano para que su formulación e implementaciónrefleje un permanente proceso participativo

3.2.4 El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010asume como su marco necesario de referencia,ética, jurídica y política, los compromisosinternacionales derivados de las normasinternacionales y de los tratados de derechoshumanos y derecho internacional humanitario quele obligan o que hayan sido formalmente ratificadospor el Perú, así como las normas establecidas en laConstitución Política del Estado.

3.2.5 El Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010toma en cuenta las recomendaciones de los órganosde supervisión internacional ligados a los Sistemasinternacionales de Protección de los DerechosHumanos, toda vez que entrañan la buena fe y laobligación de realizar los mejores esfuerzos decumplimiento por parte del Estado.

3.2.6 El Plan Nacional de Derechos Humanos asumecomo su marco de referencia político y ético losdistintos componentes del Acuerdo Nacional y lasconclusiones y recomendaciones contenidas en elInforme Final de la Comisión de la Verdad yReconciliación (CVR).

3.2.7 El Plan Nacional de Derechos Humanos, asumiendoel carácter unitario del Estado peruano, nace delreconocimiento y respeto del carácter pluricultural,multiétnico y plurilingüe del Estado y la Naciónperuana.

4. Objetivo General (OG)

Reforzar los mecanismos nacionales para promover yproteger los derechos humanos y garantizar la conformidadde la legislación y prácticas nacionales con las obligacionesderivadas de las normas internacionales de derechoshumanos y derecho internacional humanitario que obliganal Estado peruano.

5. Lineamientos estratégicos (LE), justificación (J),metas (M), objetivos específicos (OE), resultadosesperados (RE), y actividades para el logro delos resultados esperados (A).

LE1: INSTITUCIONALIZAR Y TRANSVERSALIZAR ELENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LASPOLÍTICAS PÚBLICAS

OE1 ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE LOSÓRGANOS PERTENECIENTES AL SISTEMAINTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOSDERECHOS HUMANOS.

1. Justificación


El Estado tiene el deber de garantizar la plena vigencia yrespeto de los derechos humanos de sus ciudadanos; portanto, frente a una situación de vulneración de los mismos,es el primer llamado a velar por su protección. La razón deello guarda relación con la naturaleza de dichos derechos,que están recogidos en diversos tratados internacionalesque, una vez aceptados y ratificados formalmente por losEstados que se hacen parte de los mismos, adquieren plenaobligatoriedad para éstos.

Cualquier violación de los derechos reconocidos en estosinstrumentos activa los Sistemas Internacionales deprotección de Derechos Humanos, los que entran enfuncionamiento de manera supletoria cuando a nivel internolos ciudadanos no encuentran satisfecha la protección asus derechos humanos.

Conviene resaltar, particularmente, que los órganos delsistema interamericano de protección de derechoshumanos, la Comisión Interamericana de DerechosHumanos (CIDH) y la Corte Interamericana de DerechosHumanos (CDH), tienen mucha actividad con relación alPerú, toda vez que nuestro país registra el mayor númerode denuncias ante dichos órganos conforme consta en losdatos oficiales que obran, tanto en los registros delMinisterio de Justicia en el Perú, cuanto en los propiosórganos del sistema interamericano2. Esta situacióndemanda una pronta y adecuada respuesta de parte delEstado.

Cabe resaltar, no obstante, que muchas de esas denunciashan sido originadas por hechos ocurridos durante ladécada pasada o en el contexto de la violencia desatadapor el terrorismo. Sin embargo, una decisión que condenea un Estado por hechos ocurridos varios años atrás,expresa tardíamente que existen víctimas cuyos derechosno han sido reparados así como una situación deimpunidad, hechos que afectan la consolidación del Estadode Derecho.

Obligaciones internacionales del Estado peruano enmateria de derechos humanos

Las obligaciones internacionales asumidas por el Estadoperuano en materia de derechos humanos se puedenapreciar a la luz del amplio cuadro de adhesiones a lostratados de derechos humanos del sistema universal yregional interamericano formuladas por el Perú. Unaestrategia sistemática y organizada del Estado peruanopara lograr de manera adecuada el seguimiento de lasdecisiones emanadas por órganos internacionales deprotección de Derechos Humanos, tanto universal comoregional, debe partir por identificar las instancias que emitenestas decisiones.

De manera inicial, se debe señalar que existen dos clasesde órganos internacionales de protección de derechoshumanos: los de carácter jurisdiccional (por ejemplo la CorteInteramericana de Derechos Humanos), y los de carácterno jurisdiccional (por ejemplo el Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales de las NacionesUnidas). En el presente acápite no se hará un mayordesarrollo respecto de los órganos internacionales decarácter jurisdiccional, puesto que han sido investidos paraejercer todas las competencias y atribuciones propias dela jurisdicción, no existe duda acerca del carácter imperativode sus decisiones. De esta manera lo ha entendido el Perúal definir, mediante la Ley Nº 27775 el procedimiento deejecución de sentencias supranacionales, así comomediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-JUS, quereglamentó la designación y desempeño de los Agentesdel Estado peruano ante la Corte Interamericana deDerechos Humanos.

Los órganos internacionales de carácter no jurisdiccionalpueden ser clasificados en 2 grandes grupos: los órganosderivados de los tratados también llamados órganosconvencionales, y los órganos no derivados de tratados ytambién denominados no convencionales. Entre losprimeros tenemos, por ejemplo, los órganos de controlrelativos al PIDCP así como a la Convención contra laTortura, Tratos crueles, o Penas inhumanas o degradantes,

esto es, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contrala Tortura, respectivamente. Entre los segundos tenemoslos órganos subsidiarios de la Comisión de DerechosHumanos de las Naciones Unidas, tales como Relatorestemáticos (sobre Tortura, por ejemplo) o de caráctergeográfico, Grupos de Trabajo, Expertos Independientes,etc.

Estado actual de la implementación de lasrecomendaciones emitidas por los órganosinternacionales de protección derechos humanos.

En los últimos años, el Estado peruano ha dado pasosimportantes para la construcción de una estructurainstitucional y competencial que le permita seguir, demanera eficaz, las recomendaciones de órganosinternacionales en materia de Derechos Humanos.

Una medida que refleja la disposición del Estado de honrarsus compromisos internacionales es el reconocimiento deresponsabilidad efectuado mediante Resolución SupremaNº 285-2001-JUS, del 18 de julio de 2001, en relación alcaso 12.120 (FORO DEMOCRATICO) referido a losimpedimentos que afectaron los derechos de participaciónpolítica de más de un millón de ciudadanas y ciudadanosal impedirse la realización de un referéndum en torno a lareelección presidencial de Alberto Fujimori. Otra medida amencionar es la aprobación del Decreto Supremo Nº 005-2002-JUS mediante el cual se conformó una Comisión deTrabajo Interinstitucional para dar seguimiento a lasrecomendaciones de la CIDH relativas al Comunicado dePrensa Conjunto suscrito entre el Estado peruano y la CIDHel 22 de febrero de 2001.

Debe mencionarse, también, el Reglamento del ConsejoNacional de Derechos Humanos (D.S. Nº 015-2001-JUS),mediante el cual se encarga a este Consejo Nacional lafunción de propiciar acciones para asegurar el debidoseguimiento de las recomendaciones emanadas de losinformes emitidos por los órganos internacionalesconstituidos por tratados de los cuales el Perú es parte.Este mismo Consejo atiende los casos que se siguen alEstado peruano ante los sistemas de proteccióninternacional de los derechos humanos.

Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con losprincipios y normas derivadas del derecho internacionalde los derechos humanos, los Estados tienen el deber decooperar para coadyuvar a la promoción y protección delos derechos humanos y hacer sus mejores esfuerzos paraaplicar las recomendaciones emitidas por los órganos desupervisión de los tratados de derechos humanos y creadosgeneralmente por éstos. Al respecto, debe considerarseque el artículo 26 de la Convención de Viena sobre elDerecho de los Tratados (1969) resalta la obligación estatalde cumplir de buena fe los compromisos adquiridos pormedio de los tratados. De manera tal que, si un Estadoratifica un tratado que prevé la emisión de recomendacionesde un órgano especializado, tiene la obligación de realizar,de buena fe, sus mejores esfuerzos para evaluar y atenderdichas recomendaciones.

Considerar dentro del Plan Nacional de DerechosHumanos un mecanismo de evaluación, seguimiento yatención de las recomendaciones emitidas por órganosinternacionales de protección de derechos humanos decarácter no jurisdiccional, resulta responsable, yresponde a la voluntad del Estado de honrar suscompromisos internacionales.

2 21 casos en trámite ante la Corte Interamericana, 188 casos en trámiteante la Comisión Interamericana y 1224 denuncias en evaluación por laSecretaría de la CIDH que aún no han sido notificadas al Estado.


2. Meta

Contar con lineamientos y disposiciones específicas paraunificar y definir los criterios y medios estatales dirigidos adar respuesta a las recomendaciones emitidas por losórganos internacionales de protección de derechoshumanos de carácter jurisdiccional y no jurisdiccional, asícomo para la elaboración y consolidación de los informesnacionales que deben rendirse en cumplimiento de lasobligaciones emanadas de los instrumentos internacionalessobre derechos humanos de los cuales el Perú es parte.

3. Resultados esperados

R1 Se da atención a las recomendaciones emanadasde los informes emitidos por los órganos de lossistemas internacionales de protección de losderechos humanos.

Actividades para el asegurar el logro del R1

A1. Consolidar y elaborar los informes periódicosnacionales, en coordinación con las institucionespúblicas que correspondan, para el oportunocumplimiento de las obligaciones emanadas de losinstrumentos internacionales sobre derechoshumanos de los cuales el Perú es Estado Parte.

A2. Coordinar y supervisar el cumplimiento de lassentencias de los órganos internacionales de caráctersupranacional sobre las cuales el Estado hayaconsentido en la correspondiente competenciacontenciosa, así como en los casos en que sehubiese llegado a una solución amistosa.

A3. Desarrollar metodologías de gestión que Incrementenla capacidad de resolución de los casos que el Perúmantiene pendientes de solución en los sistemasuniversal y regional de protección y promoción delos derechos humanos.

A4. Estructurar una visión sistemática, integral yarticulada del conjunto de casos relativos a Perú quese tramitan en los sistemas supranacionales deprotección de los derechos humanos.

A5. Elaborar e implementar protocolos sistemáticos deintervención de los representantes del Estadoperuano en la resolución de controversias relativas ala violación de derechos humanos.

A6. Definir e implementar un programa para fomentaracuerdos de soluciones amistosas en el marco delSistema Interamericano de Derechos Humanospreviniendo dilaciones que impliquen mayoresperjuicios para las partes.

A7. Desarrollar un programa de intervencionespreventivas que conduzca a una reducción delnúmero de casos postulados ante los órganos deprotección internacional de los derechos humanos.

OE2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECO-MENDACIONES DEL INFORME FINAL DE LACOMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN(CVR)

1. Justificación

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entregósu Informe Final al país el 28 de agosto del año 2003. Estedocumento, elaborado sobre la base de 16,986 testimoniosrecogidos en todo el territorio nacional, presenta un serioestudio sobre las causas y consecuencias de la violenciaterrorista y de la violación de los derechos humanosproducidos en el Perú desde mayo de 1980 a noviembrede 2000.

En atención a su mandato, la CVR no sólo ha presentadoimportantes conclusiones sobre lo ocurrido en el paísen el periodo antes mencionado, sino también haformulado diversas recomendaciones con el objetivo dealcanzar la reconciliación nacional, el imperio de lajusticia y el fortalecimiento del régimen democrático.Estas recomendaciones pueden ser agrupadas en tresejes principales: recomendaciones referidas a la justicia;a las reparaciones integrales y a las reformasinstitucionales.

Si bien se verifican avances de diverso grado, aún esesencial que desde los distintos niveles de gobierno ypoderes del Estado se continúe con la generación denormas, la asignación de recursos y el diseño de planes yprogramas concordantes con los planteamientos de la CVR.

Justicia

Una de las principales recomendaciones de la CVR fue lade establecer un subsistema de justicia especializado enderechos humanos, a través de la creación de instanciasespecializadas a nivel policial, judicial y del MinisterioPúblico en las zonas donde la violencia tuvo mayor impacto.El Poder Judicial, mediante Resolución AdministrativaNº 170-2004-CE-PJ de fecha 17 de septiembre de 2004,dispuso la creación de tal Sub Sistema Judicialespecializado en violaciones de los derechos humanos,haciendo expresa referencia a que luego de la "informaciónhecha pública por la referida Comisión (de la Verdad yReconciliación) el Poder Judicial no puede permanecerimpasible, debiendo tomar acciones", esto es, disponer laimplementación de "órganos jur isdiccionalesespecializados".

Por otro lado, la Fiscalía de la Nación, medianteResolución Nº 1645-2004-MP-FN, de fecha 22 denoviembre de 2004, creó un Sub Sistema JudicialEspecializado en violaciones de los derechos humanos.Con esta Resolución se dispuso ampliar la competenciade la Fiscalía Superior Penal Nacional para conocer,además, los delitos contra la humanidad previstos en loscapítulos I, II y III del título XIV-A del Código Penal(genocidio, tortura y desaparición forzada) y de los delitosconexos a los mismos. Posteriormente, mediante laResolución Nº 048-2005-MP-FN, de fecha 10 de enerodel 2005, se designó a la Fiscal Superior Coordinadoraen los Procesos por Delito de Terrorismo, cuyo ámbitode competencia abarca, además del delito de terrorismo,los delitos contra la humanidad, los casos de violacionesde derechos humanos y los delitos conexos a los citados.Inicialmente fueron cuatro las f iscalías penalessupraprovinciales; sin embargo a la fecha son seis, yaque las fiscalías especializadas de Lima y Ayacuchopasaron a formar parte de la estructura de las fiscalíaspenales supraprovinciales siendo denominadas QuintaFiscalía Penal Supraprovincial y Fiscalía PenalSupraprovincial con competencia en el Distrito Judicialde Ayacucho, respectivamente.

De otro lado, es necesario tomar medidas que permitansuperar algunos aspectos y efectivizar el tratamiento delos casos de violaciones a los derechos humanos. Uno delos puntos que ha generado controversia es el referido a ladecisión del Poder Judicial de asignar competencia nacionala determinados magistrados de Lima; ello, entre otrosefectos, ha generado descoordinaciones entre el PoderJudicial los magistrados del Ministerio Publico que estánadscritos a los juzgados en mención.

Asimismo, a fin de garantizar un ejercicio pleno de losderechos de las víctimas y de sus familiares, esrecomendable incorporar una perspectiva multidisciplinaria,es decir, contar con profesionales en la administración dejusticia que empleen enfoques de interculturalidad,pluriculturalidad, intervención comunitaria y psicosocial enla atención de los casos.

La CVR recomendó asimismo brindar las seguridadesnecesarias a los testigos y las víctimas de graves crímenesy violaciones a los derechos humanos, mediante un sistemaque integre los recursos del Poder Judicial, el MinisterioPúblico, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.Al respecto, no se cuenta con un marco normativoespecífico sino uno relativo a la colaboración eficaz,constituido por la Ley Nº 27378 -Ley que establecebeneficios por colaboración eficaz en el ámbito de lacriminalidad organizada- y su Reglamento, el DecretoSupremo Nº 020-2001-JUS.

Para superar esta situación es de relevar que el PoderEjecutivo creó una Comisión Especial (Resolución SupremaNº 059-2005-JUS) para el estudio de los procedimientos y


normativa existente en materia de colaboración eficaz y deprotección de testigos. Esta Comisión Especial haelaborado el Proyecto de Ley que luego el Gobiernopresentó al Congreso de la República el 20 de julio de 2005,constituyéndose en el Proyecto de Ley Nº 13398/2004-PE.Este proyecto, dispone la entrada en vigencia de diversosartículos del Código Procesal Penal de 2004, referidos alproceso de beneficios por colaboración eficaz, así como ala protección de colaboradores, agraviados, testigos yperitos.

Reparaciones

La reparación es una acción material o simbólica, mediantela cual el Estado reivindica los derechos de personas ogrupos de personas, civiles y miembros de las Fuerzas delOrden en general, que fueron víctimas del conflicto armadointerno vivido por el país entre mayo de 1980 y noviembrede 2000.

Para responder al derecho a la reparación de las víctimasy sus familiares, la CVR planteó como recomendación unPlan Integral de Reparaciones (PIR), el que constituye elmarco conceptual y de alcance programático para el diseñoe implementación de una política nacional de atención alos afectados.

El Marco Jurídico de las Reparaciones

La promulgación de la Ley Nº 28592, Ley que crea elPlan Integral de Reparaciones de 29 de julio de 2005,recoge gran parte de las definiciones y propuestasprogramáticas planteadas por la CVR, constituyéndoseasí en el marco normativo para una real política nacionalde reparaciones. Con esta norma se amplía el mandatoy se fortalece la labor de la Comisión Multisectorial deAlto Nivel para el Diseño y Seguimiento de las Políticasdel Estado en los ámbitos de la paz, la reparacióncolectiva y Reconciliación Nacional, (CMAN), creadamediante D.S. 011-2004-PCM. La Ley Nº 28592 encargaa la CMAN el diseño del Consejo de Reparaciones,organismo que se hará cargo del Registro Único deVíctimas creado por la misma Ley.

Lo programado para el año 2005 en materia dereparaciones, a propuesta de la CMAN -de acuerdo con elMarco Programático del Estado en Mater ia deReparaciones establecido por el D.S. 062- 2004 PCM ysegún la Programación Multianual 2005 - 2006 aprobadapor el D.S. 047 - 2005 PCM, cuenta con 10 millones denuevos soles provenientes del crédito suplementario delpresupuesto nacional. Para el año 2006, el MEF realizarálas previsiones correspondientes a fin de que se cumplacon la Programación Multianual 2005-2006. Finalmente, apartir de la Ley precitada debe producirse la articulaciónde las iniciativas regionales y locales a los esfuerzos decarácter nacional. Los avances de las regiones van desdela formulación de planes integrales de reparaciones, tal esel caso de Huancavelica y Huanuco, hasta la conformaciónde Comisiones Regionales Multisectoriales para laelaboración de los mismos.

Reformas Institucionales

La CVR, en su Informe Final, recomendó una serie dereformas institucionales necesarias para hacer real elEstado de Derecho y prevenir la violencia. Entre ellas, seencuentran aquellas reformas para afianzar unainstitucionalidad democrática, basada en el liderazgo delpoder político, para la defensa nacional y el mantenimientodel orden interno; la reforma del sistema de administraciónde justicia, para que cumpla efectivamente su papel dedefensor de los derechos ciudadanos y el ordenconstitucional, así como la reforma que asegure unaeducación de calidad, que promueva valores democráticos,sin discriminaciones de ningún tipo.

Justicia Militar

Conforme a lo que establece el artículo 139 de laConstitución Política del Perú es principio y derecho de lafunción jurisdiccional "la unidad y exclusividad de la función

jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicciónalguna independiente con excepción de la militar y la arbitral,respetándose siempre la unidad y exclusividad de la funciónjurisdiccional".

Respecto de las reformas referidas a la justicia militar,merece ser destacada la reiterada jurisprudencia vinculantedel Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justiciadel Perú que ha circunscrito la competencia de los tribunalesmilitares exclusivamente al personal militar en actividad ypor la comisión de delitos de función, toda vez quecorresponde únicamente al Poder Judicial juzgar los casosrelativos a violaciones a los derechos humanos. Asimismo,el Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso de laRepública para que expida las normas legales adecuadasal marco legal constitucional.

Educación

A la fecha, se cuenta con la Ley General de Educación,Ley Nº 28044 del 28 de julio de 2003, que incorpora laspropuesta de reformas en educación planteadas por laCVR; ello en razón de que el proyecto de Ley fue elresultado de un trabajo consensuado a nivel nacional.En esta línea, el Ministerio de Educación ha desarrolladotrabajos paralelos para la implementación de la Ley através de sus correspondientes reglamentos. Es así queal primer semestre del 2005 se ha completado el marcoregulatorio general correspondiente a las ReformasInst i tucionales en Educación, quedando enresponsabilidad de los diferentes actores involucradosdel sistema educativo nacional emprender el trabajo deconstruir una educación de calidad con equidad, sinexclusiones de ningún tipo.

2. Meta

Fortalecer y consolidar el proceso de implementación yseguimiento de las medidas sobre el derecho a la verdad,la justicia y la reparación, así como a favor de reformasinstitucionales, propuestas por la Comisión de la Verdad yReconciliación.


R1 Se da cumplimiento a lo establecido en la LeyNº 28592, que crea el Plan Integral deReparaciones (PIR).

Actividades para asegurar el logro del Resultado 1

A1. Elaborar y aprobar el programa de reparacioneseconómicas.

A2. Elaborar la programación multianual 2007-2008 delPIR.

A3. Ejecutar la programación multianual 2005-2008 delPIR.

A4. Elaborar los planes operativos correspondientes acada PIR.

A5. Gestionar y administrar los recursos adicionalescorrespondientes.

A6. Coordinar, dar seguimiento y evaluar regularmentela ejecución del PIR/ programación multianual 2005-2008.

A7. Elaborar informes periódicos del proceso dereparaciones.

R2 Se aprueba e implementa el reglamento delConsejo de Reparaciones, asegurando suautonomía, facultades y recursos necesariospara el cumplimiento del mandato otorgado paraencargarse del Registro Único de Víctimas (RUV).


A1. Aprobar el reglamento de la Ley Nº 28592.A2. Constituir el Consejo de Reparaciones.A3. Reglamentar las funciones, competencias y

funcionamiento del Consejo de Reparaciones.A4. Organizar y poner en funcionamiento el Consejo de

Reparaciones.A5. Elaborar informes periódicos.


A6. Coordinar, dar seguimiento y evaluar regularmenteel cumplimiento de los planes y objet ivosformulados.

R3 Se implementa el Registro Único de Víctimas.


A1. Elaborar políticas y lineamientos para la elaboracióndel Registro Único de Víctimas.

A2. Planificar el proceso de elaboración del RegistroÚnico de Víctimas.

A3. Ejecución de planes y programas.A4. Elaborar y publicar el Registro Único de Víctimas al

60% de avance.A5. Elaboración de informes periódicos.A6. Coordinar, dar seguimiento y evaluar regularmente

el proceso de elaboración del Registro Único deVíctimas.

R4 Se fortalece la Comisión Multisectorial de AltoNivel de Seguimiento a las Recomendaciones dela CVR (CMAN), dotándola de los mediosnecesarios para la elaboración, coordinación yseguimiento de los programas y planesdesarrollados sobre la materia.

Actividades para garantizar el logro del Resultado 4

A1. Fortalecer la institucionalidad de la CMAN como enterector y normativo en los ámbitos de la paz,reparación y reconciliación nacional.

A2. Garantizar la implementación y funcionamientoeficiente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisióndotándola de recursos financieros, materiales yhumanos necesarios.

A3. Construir el sistema de monitoreo y evaluación delPIR.

A4. Elaborar y facilitar la elaboración de proyectosorientados a la captación de recursos decooperación internacional.

A5. Coordinar, acompañar y evaluar el proceso deejecución del PIR 2005-2008.

A6. Elaborar y ejecutar el marco programático de laspolíticas y planes del Estado en materia depromoción de una cultura de paz.

A7. Fortalecer el capital relacional y de asociaciónde la CMAN con entidades de la sociedad civil;en particular, con los afectados, entidadesprivadas y públicas en el ámbito nacional einternacional.

R5 Fortalecer el subsistema de justicia para lainvestigación, juzgamiento y sanción de loscrímenes y violaciones de derechos humanos.


A1. Fortalecer el sistema de defensa judicial del Estadoa fin de garantizar el adecuado seguimiento, porparte de los Procuradores Públicos, de los casosde violaciones de derechos humanos, paracoadyuvar con el Minister io Público en lapersecución penal de los responsables de talesviolaciones.

A2. Fortalecer el subsistema de justicia especializadoen derechos humanos dotándolo de recursos tantopor parte del Estado como de la cooperacióninternacional.

A3. Fomentar programas de capacitación en DerechoInternacional de los Derechos Humanos y materiasafines para los operadores del subsistema de justiciapara los casos de violaciones de derechos humanos.

A4. Promover mecanismos de cooperación entre elPoder Judicial, el Ministerio Público y el Ministeriode Justicia y la sociedad civil a fin de contribuir en elproceso de investigación de casos.

A5. Efectuar las coordinaciones conducentes a que elMinisterio Público y el Poder Judicial incrementen elnúmero de fiscalías y juzgados especializados condedicación exclusiva en la investigación de casosde derechos humanos.

R6 Se cuenta con un sistema de protección para lasvíctimas, testigos, jueces y fiscales y demáspersonas involucradas en los procesos porviolaciones a los derechos humanos.

Actividades para el logro del Resultado 6

A1. Coordinar con el Ministerio Público la ampliaciónde la competencia de la Fiscalía SuperiorCoordinadora de la Fiscalía Superior PenalNacional y fiscalías penales supraprovinciales, afin de que se adopten medidas de protección paravíctimas, testigos, peritos y colaboradoresinvolucrados en los procesos por delitos queconstituyan violaciones a los derechos humanos,que permita a los fiscales:

- La calificación de la situación de peligro del/lasolicitante de protección, distinguiendo a loscolaboradores, de los testigos, las víctimas yperitos.

- Las medidas más apropiada para asegurar laprotección de cada persona y de sus familiares,de ser el caso, tomando en consideración susituación social y personal.

- La forma en la que debe preservarse la reservade la identidad sin afectar el debido proceso.

A2. Coordinar con el Poder Judicial a fin que los juecesapliquen las disposiciones contenidas en la LeyNº 27378 y su Reglamento (D.S. Nº 020-2001-JUS),en materia de protección a testigos, agraviados,peritos y colaboradores, en particular en lasinvestigaciones judiciales relacionadas con delitosque constituyan violaciones a los derechoshumanos.

A3. Coordinar con el Congreso de la República para laaprobación del Proyecto de Ley Nº 13398/2005-PEsobre el sistema de protección de colaboradores,agraviados, testigos y peritos en los casos deviolaciones de derechos humanos.

R7 Se elabora y ejecuta un Plan Nacional deInvestigaciones Antropológico Forenses quesirva de base para la identificación de víctimas ycomo acervo probatorio para la judicializaciónde los casos de violaciones a los derechoshumanos ocurridas en el país.


A1. Coordinar con el Ministerio Público para ampliar lacompetencia a nivel nacional del Equipo ForenseEspecializado y dotar de una adecuada provisiónde recursos al Instituto de Medicina Legal para unaeficiente intervención en las diligencias vinculadasa los sitios de entierro relacionados con violacionesde derechos humanos

A2. Promover la adopción del Protocolo de Minnesotacomo marco técnico normativo de intervencionesantropológico forenses.

A3. Impulsar la elaboración e implementación de unPlan Nacional de Investigaciones AntropológicoForenses de casos de violaciones a los derechoshumanos.

A4. Promover la elaboración de un Registro Nacional deLugares de Entierro, en el Ministerio Público.

A5. Promover la elaboración de un Registro de Víctimasidentificadas como producto de hallazgos de lainvestigación antropológica forense, en el MinisterioPúblico.

A6. Promover la organización de un Centro deDocumentación e Investigación AntropológicoForense, en el Ministerio Público.

R8 Se culmina el proceso de reforma de la justiciami l i tar, estableciendo los l ímites yprerrogativas de su competencia sobre la basede la jurisprudencia de la Corte Interamericanade Derechos Humanos y el Tr ibunalConstitucional.



A1. Reservar las investigaciones preliminares oprocesos a cargo de la Justicia Militar única yexclusivamente a los delitos de función, conformelo establec ido en e l ar t ícu lo 173º de laConstitución Política del Perú, y de conformidadcon las decisiones de la Corte Interamericana deDerechos Humanos, del Tribunal Constitucionaly de la Cor te Suprema de Just ic ia de laRepública; remitiendo a la justicia ordinaria losactuados correspondientes a violaciones dederechos humanos y derecho internacionalhumanitario.

A2. Promover la reforma legal de la justicia militar,incluyendo la aprobación y promulgación de un nuevoCódigo de Justicia Militar, de conformidad con elmarco legal y constitucional en vigor.

OE3 ARTICULACIÓN DE LOS PLANES SECTO-RIALES RELACIONADOS CON LOS DERECHOSHUMANOS

1. Justificación

En cumplimiento de su compromiso internacional depromover los derechos de las personas en particularcondición de vulnerabilidad, sea que este fuera resultadode razones históricas, estructurales o coyunturales, elEstado peruano ha adelantado importantes pasos paradotarse de planes nacionales de acción con el objeto depromover y proteger los derechos de estas categorías depersonas.

Los planes nacionales constituyen, pues, una herramientade gestión que traduce la voluntad política del EstadoPeruano al firmar los compromisos internacionales,implementando en la realidad práctica los derechoshumanos sobre determinadas poblaciones y/o gruposvulnerables.

Deberían implicar, por ello, niveles substantivos decoordinación intrasectorial e intersectorial que incluyan atodos los sectores del Estado.

Siendo diversos los sectores estatales implicados, seimpone la necesidad de avanzar en un proceso gradual dearticulación general de planes a fin de alcanzar unaadecuada coordinación y racionalidad en la acción delEstado, que potencie simultáneamente - en base a lassinergias desatadas - los impactos perseguidos por losmismos.

Un primer paso esencial en esa dirección podríaconfigurarse si los planes nacionales, actualmente bajocompetencia de los distintos Ministerios e InstitucionesPúblicas pudieran gradualmente articular sus objetivosy metas alrededor de un mismo horizonte temporal, demodo que se puedan efectuar los balances, revisión demetas por cumplir y reajustes respectivos de maneraconjunta, posibilitando, además, que el reporte anual deavances que deben presentarse ante los diferentesórganos de supervisión constituidos por los tratadosinternacionales que les sirven de referencia seancoincidentes, tanto en su temporalidad como en laconsecución de metas.

Una razón adicional para la implementación de esteesfuerzo de articulación de los indicados planes guardarelación con el objetivo de procurar que, al efectuarse latrasferencia de gestión de una administración a lasiguiente, esta se haga de la manera más ordenada yeficiente.

2. Meta

Asegurar la armonización, articulación y comple-mentariedad de las distintas líneas de intervenciónestructuradas por el Estado peruano en favor de laspoblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad.


R1 Se implementa, en coordinación con los sectorescorrespondientes y respetando suscompetencias y autonomías un sistema demonitoreo, seguimiento y evaluación articuladadel desempeño del conjunto de planes estatalesen materia de defensa y promoción de losderechos humanos de los sectores en condiciónde mayor vulnerabilidad.

Actividades para asegurar el logro del R1

A1. Promover, en coordinación y respetando lascompetencias de cada Sector, un conjunto deindicadores, cualitativos y cuantitativos, que permitanevaluar periódicamente los avances y retrocesos delos planes dirigidos a la promoción y defensa de losderechos humanos de las personas en situación demayor vulnerabilidad, tomando en especialconsideración aquellos planes de acción yaexistentes.

A2. Promover la armonización de los horizontestemporales de los planes estatales en materia dedefensa y promoción de los derechos humanosde los sectores en condición de mayorvulnerabilidad.

LE2: CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN DEL ENFOQUE DEDERECHOS HUMANOS EN LAS INSTITUCIONESDEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL

OE1 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA NACIONALDE DIFUSIÓN DEL PLAN NACIONAL DEDERECHOS HUMANOS.

1. Justificación

El Plan Nacional de Difusión del Plan Nacional de DerechosHumanos 2006-2010 constituye un proceso al servicio delobjetivo general de asegurar la adecuada implementacióndel Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH). Seconceptúa, por ello, como un trabajo de largo aliento,participativo, plural y propositivo.

La difusión del PNDH deberá cubrir el conjunto delespacio nacional y el acceso del mismo a los peruanosen el exterior a través de los Consejos de Consulta hoyexistentes, así como la difusión de éste en los principalesidiomas que se hablan en el país. Deberá cuidar,asimismo y en todo momento, particularmente en cuantorefiere a la presentación de los contenidos del PNDH,que estos se traten con respeto a los enfoques demulticulturalidad, distribución etárea, integración de laspersonas con discapacidad e igualdad de oportunidadesentre varones y mujeres, es decir, equidad de género,entre otros.

2. Meta

Promover una cultura de derechos humanos alentando alas personas y las instituciones públicas y privadas arespetar los derechos humanos y prevenir las violacionesde los mismos, con base a una estrecha vinculación entrelos medios de comunicación del Estado y los medios decomunicación de la sociedad civil con el objeto de llevar acabo actividades, proyectos y programas a favor de ladifusión del PNDH.


R1 Se publica y difunde amplia y nacionalmente elPlan Nacional de Derechos Humanos 2006-2011

Actividades para el logro del R1

A1. Se difunde masivamente, en convenio con lasentidades respectivas, el Plan Nacional de DerechosHumanos a través de los medios de difusión públicosy privados.


R2 Se realizan actividades de difusión para lainternalización e implementación del PlanNacional de Derechos Humanos


A1. Planificar e implementar seminarios nacionales parafortalecer y facilitar los procesos regionales y localesde difusión, internalización, adopción y ejecución delas recomendaciones del Plan Nacional de DerechosHumanos mediante la formación de agentesmultiplicadores encargados de la difusión del PNDHen sus respectivas áreas de trabajo o jurisdicciones3.

A2. Organizar, de acuerdo al cronograma que al efectose defina, seminarios regionales que tengan comopúblico objetivo el mismo que se refiere en el acápiteanterior, con especial énfasis en quienes participaronde las audiencias multiregionales que concurrieronen la formulación del PNDH.

A3. Promover la implementación de seminarios localesguiados por los mismos criterios esbozados en elítem anterior.

A4. Organizar, en coordinación con la sociedad civil,campañas nacionales para ampliar el conocimientode la sociedad peruana sobre los principios, objetivosy metas del PND 2006-2011, promover la educaciónsobre los derechos humanos, así como para apoyarel desarrollo de programas culturales, educativos yde investigación sobre los derechos humanos queconcurran en el fortalecimiento de los mecanismosregulares de educación en derechos humanos,especialmente de los programas de educación adistancia, y para el fomento del conocimiento denuestras diversas culturas y tradiciones nacionalesy regionales.

A5. Difundir en el portal del Estado peruano así comoen los portales de todas las entidades públicas losderechos fundamentales de las personas,incluyendo en sus páginas web un slogan sobre elrespeto a los derechos humanos, el texto completode la Constitución Política del Perú y la difusión pormedios electrónicos e impresos de una cartillailustrada que contenga los derechos fundamentalesde la persona en lenguaje entendible sindiferenciación de nivel social y/o cultural, redactadaen español, quechua, aymara y otros idiomas propiosde los distintos grupos étnicos que integran nuestraNación, con la opción de ser escuchada a través deaudio por las personas que sufren discapacidadvisual.

R3 Se llevan a cabo actividades de investigaciónrelacionadas con los distintos componentes delPlan Nacional de Derechos Humanos

Actividades para el logro del R3:

A1. Impulsar, en coordinación con las entidadesacadémicas públicas y privadas, nacionales yextranjeras, y los organismos pertinentes dederechos humanos, líneas de investigación sobrelos distintos temas y componentes comprendidosen el PNDH.

R4. Se pone en práctica un mecanismo deimplementación y seguimiento del plan nacionalde difusión del Plan Nacional de DerechosHumanos


A1. Diseñar y difundir entre las distintas reparticionespúblicas, una metodología de inclusión en los PlanesOperativos Anuales de las medidas requeridas parala implementación del Plan Nacional de Difusión delPlan Nacional de Derechos Humanos, incluyendosu seguimiento y evaluación, y dotándolos de losrecursos necesarios.

A2. Implementar reuniones de responsables decomunicaciones de la Administración Pública, a finde articular una estrategia acerca de los contenidosdel Plan Nacional de Difusión del PNDH, así como

3 Los agentes multiplicadores formados ayudarán a satisfacer, más pronto,en más lugares y con más impacto, tanto la difusión del PNDH, como suinfluencia en los programas operativos anuales de ámbito sectorial,municipal y regional. Los seminarios deberán estar dirigidos a funcionariospúblicos, dirigentes políticos, líderes de movimientos y organizacionessociales, expertos, organizaciones no gubernamentales y agencias decooperación internacional y su metodología debe estar enfocada en elconocimiento y apropiación de los lineamientos y metas planteadas porel PNDH, así como el desarrollo de propuestas viables para la mejorimplementación de las políticas recomendadas.

constituir un mecanismo regular de seguimiento desus correspondientes acciones.

A3. Identif icar y referir las correspondientesresponsabilidades normativas a los responsables delas áreas de capacitación y difusión de las distintasreparticiones públicas;

A4. Diseñar e implementar los instrumentos quepermitan evaluar el impacto de las medidaspropuestas en el Programa Nacional de Difusión delPNDH;

A5. Suscr ibir convenios con las entidadesgubernamentales y no gubernamentalesinvolucradas para garantizar la aplicación concretade las acciones del Programa Nacional de Difusióndel PNDH.

A6. Definir y difundir un protocolo de implementaciónde las diferentes acciones previstas en elPrograma Nacional de Difusión del PNDH,incluyendo en éste las metas e indicadores decumplimiento correspondientes, la identificaciónde responsables de las acciones previstas y losplazos pertinentes;

A7. Supervisar sistemática y regularmente la ejecucióndel Programa Nacional de Difusión. La evaluacióndel mismo, se llevará a cabo el ultimo trimestre decada año, a objeto de introducir las adecuacionesnecesarias para el logro de los objetivos y metaspropuestas.

A8. Elaborar y d i fundi r un In forme Final de lcumplimiento del Programa Nacional de Difusióndel PNDH, que incluya un anál isis de losimpactos alcanzados.

OE2 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA NACIONALDE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

1. Justificación

La Declaración y Programa de Acción de la cumbre mundialsobre derechos humanos de Viena (1993) estableció que"la educación, la capacitación y la información pública enmateria de derechos humanos son indispensables paraestablecer y promover relaciones estables y armoniosasentre las comunidades y para fomentar la comprensiónmutua, la tolerancia y la paz".

En el mismo sentido, al adoptar en su QuincuagésimoNoveno período de sesiones la Resolución Nº 59/113sobre el Programa Mundial de Educación en DerechosHumanos, la Asamblea General de las Naciones Unidaspuso de relieve que "la comunidad internacional haexpresado cada vez más el consenso de que laeducación en derechos humanos contr ibuyedecididamente a la realización de los derechoshumanos", en tanto esta contribuye a la prevención alargo plazo de los abusos de derechos humanos y losconflictos violentos, a la promoción de la igualdad y eldesarrollo sostenible y al aumento de la participación de


las personas en los procesos de adopción de decisionesdentro de los sistemas democráticos"4.

La educación en derechos humanos puede definirse comoel conjunto de actividades de capacitación y difusión de lainformación orientadas a crear una cultura universal en laesfera de los derechos humanos mediante la trasmisión deconocimientos, la enseñanza de técnicas y la formaciónde actitudes con la finalidad de:

- Fortalecer el respeto de los derechos humanos ylas libertades fundamentales;

- Desarrollar plenamente la personalidad humana yel sentido de la dignidad del ser humano;

- Promover la comprensión, la tolerancia, la igualdadentre los sexos y la amistad entre todas las naciones,los Pueblos indígenas y los grupos raciales,nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos;

- Facilitar la participación efectiva de todas laspersonas en una sociedad libre y democrática en laque impere el Estado de Derecho;

- Fomentar y mantener la paz;- Promover un desarrollo sostenible centrado en las

personas y la justicia social5 .

En concordancia con las orientaciones del Programa Mundialpara la Educación en Derechos Humanos de las NacionesUnidas, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanosdel Perú tendrá como finalidades esenciales:

a) Contribuir a una cultura de derechos humanos;b) Promover el entendimiento común, sobre la base de

los instrumentos internacionales, de los principios ymetodologías básicos para la educación en derechoshumanos;

c) Asegurar que la educación en derechos humanosreciba la debida atención en el plano nacional,regional y local;

d) Proporcionar un marco colectivo común para laadopción de medidas a cargo de todos los agentespertinentes;

e) Ampliar las oportunidades de cooperación yasociación en todos los niveles; y

f) Aprovechar y apoyar los programas de educaciónexistentes, poner de relieve las prácticassatisfactorias y dar incentivos para continuarlas ypara crear prácticas nuevas.

En cuanto a su ámbito de aplicación del Plan Nacional deEducación en Derechos Humanos, este deberá comprendera los siguientes ámbitos6:

- el sistema curricular bajo supervisión del Ministeriode Educación y las Direcciones Regionales deEducación;

- el sistema de educación superior, tanto publico comoprivado;

- el sistema de Formación Continua de maestros(as)implementado en institutos superiores yuniversidades (pre y post grado), sean estos públicoso privados, así como el ámbito de los procesos deformación magisterial implementados a través de laDirección de Formación y Capacitación Docente(DINFOCAD); y

- en el ámbito de la carrera administrativa y el empleopúblico7, incluyendo el ámbito de las institucionesde formación del personal policial y militar8.

En coordinación con los demás sectores, el Ministerio deEducación debe convertirse en el eje de la ejecución y monitoreodel Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.

2. Meta

Contribuir a una educación de calidad para todos mediantela implementación de programas educativos en derechoshumanos.


R1: Se elabora, aprueba y aplica una estrategianacional de educación en derechos humanos.


A1. Constituir una Comisión Nacional, con instanciasregionales y locales, para la formulación,implementación y monitoreo del Plan Nacional deEducación en Derechos Humanos, presidida por elMinisterio de Educación e integrada porrepresentantes de este sector, Instituciones de laSociedad civil vinculadas al sector, organizacionesde derechos humanos, Colegio de profesores,Gremios Magisteriales, APAFAS, representantes delsector de la educación básica y superior pública yprivada, así como de las Fuerzas Armadas yPoliciales.

A2. Formular un diagnóstico nacional sobre la situaciónactual de la educación en derechos humanos en elsistema de enseñanza.

A3. Difundir amplia y nacionalmente el estudio realizadosobre la situación nacional de la enseñanza enderechos humanos.

A4. Llevar a cabo actividades con el objeto de recibirpropuestas para la elaboración de una estrategianacional de enseñanza de los derechos humanosen el sistema educativo nacional.

A5. Establecer prioridades y formular la estrategia deimplementación del Plan Nacional de Educación enDerechos Humanos.

A6. Elaborar una guía para la integración en los PlanesOperativos Anuales de los organismos yrepar ticiones públicas de actividades decapacitación en derechos humanos, teniendo encuenta las actividades a ejecutar, así como lasacciones de asesoramiento y apoyocorrespondientes.

A7. Promover la introducción o fortalecimiento de cursosy materias con un enfoque de derechos humanosen las currículas de todas las instituciones deeducación superior, universitarias y no universitarias,públicas y privadas.

A8. Integrar en los acápites en materia educativa de losPlanes de Desarrollo Concertado, tanto en los

4 Asamblea General de las Naciones Unidas, RES/59/113 B, p.4. Figuraen la Sección 1 de los Documentos Oficiales de la Asamblea General,quincuagésimo noveno período de sesiones. Suplemento Nº 49 (A/59/49).

5 Op. Cit. Pag. 5.6 Cabe recordar que el artículo 14 de la Constitución vigente establece en

su tercer párrafo que "la formación ética y cívica y la enseñanza de laConstitución y de los derechos humanos son obligatorios en todo procesoeducativo civil o militar…". La enseñanza de la Constitución y los DerechosHumanos, en todo proceso de formación, sea este civil o militar, constituyepor ello uno de los principios rectores básicos de la vida social y políticadel país. La educación que se imparte en el país debe adecuarse a estetemperamento en tanto, como refiere la misma Constitución, la "enseñanzase imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principiosconstitucionales". La Constitución busca, por tanto, que loscomportamientos cotidianos de las personas e instituciones, sinexcepción, se traduzcan en un respeto a los derechos humanos y a lasujeción a los principios constitucionales.En esta perspectiva, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanosdebe incluir contenidos y metodologías en los procesos de formación ycapacitación de las Fuerzas Armadas y Policiales, en coordinación consus altos mandos, a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecidoen la Constitución.

7 En efecto, de conformidad con los criterios ya enunciados, el Plan Nacionalde Educación en Derechos Humanos debe comprender un conjunto deactividades cuyo objetivo sea sensibilizar a todos los funcionarios yservidores del sector público nacional, de tal modo que su desempeñolaboral se de en el marco del respeto a la dignidad y derechos que comoseres humanos le corresponden a toda y todo ciudadano.

8 MININTER, Oficio Nº 1270-2005-IN/0105 del 28 de octubre de 2005.


Gobiernos regionales como locales, el enfoque deeducación en derechos humanos.

A9. Formular un proyecto de presupuesto para elfinanciamiento del plan con recursos del sectorpúblico y mediante acuerdos con organismos decooperación internacional.

OE3 IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMANACIONAL DE CAPACITACIÓN PARAINSTITUCIONALIZAR Y TRASVERSALIZAR ELENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LASPOLÍTICAS PÚBLICAS.

1. Justificación

A la par que se difunda la existencia del Plan Nacional deDerechos Humanos, es necesario que se ejecute unprograma de capacitación permanente, enfocado en lasinstituciones públicas, especializado en temas relacionadosa los derechos humanos de modo que permita internalizaren los servidores y funcionarios públicos:

Una cultura de primacía del respeto a los derechoshumanos como fundamento de la actividad pública; yCriterios técnicos, fundados en los estándares definidospor las normas internacionales ratificadas por el Perúen este campo, que sirvan de sustento en la formulaciónde los Planes Estratégicos, Planes Operativos,Programas y Proyectos que sustentan la actividad delconjunto de la administración pública en el nivel nacional,regional y local.

Esto se expresará en el desarrollo de una visión integral delos derechos humanos y una adecuada identificación, deacuerdo a su competencia, de los grupos y temas deespecial atención, que permitan priorizar e incorporar susintereses en la cultura organizacional y dentro de los planesestratégicos y operativos de cada una de las instituciones,así como en el sustento de actividades orientadas a lainclusión de actividades relacionadas en el pliegopresupuestal correspondiente. Para ello se buscará articulara los distintos sectores del Estado alrededor de estrategiasintersectoriales e intrasectoriales orientadas por estoscriterios.

En cuanto refiere a los grupos que presentan mayoressituaciones de vulnerabilidad, los servidores públicosdeberán desarrollar capacidades para incorporar accionesafirmativas a favor de éstos, dentro de una visión transversaly de acuerdo a las necesidades propias de cada uno deesos colectivos.

El programa nacional de capacitación para lainstitucionalización y transversalización de políticaspúblicas con un enfoque de derechos humanos buscara,asimismo, potenciar capacidades en la administraciónpública para diseñar indicadores apropiados de mediciónde los procesos e impactos obtenidos mediante la ejecuciónde políticas públicas relacionadas con los derechoshumanos.

2. Meta

Incrementar la capacidad de los empleados e institucionespúblicas para el desarrollo de políticas públicas con unenfoque de derechos humanos que sirva de fundamento alejercicio de sus atribuciones en este campo.

3. Resultados Esperados

R1 Se implementa de manera regular y sistemáticaun sistema de capacitación, permanente ydescentralizado, para la institucionalización ytransversalización de políticas públicas con unenfoque de derechos humanos.

Actividades para asegurar el logro de R1

A1. Constituir un equipo responsable de definir loscomponentes y l ineamientos básicos decontenido, metodología, est rategia decapacitación y herramientas de evaluación de los

avances en el proceso, así como de los impactosproducidos.

A2. Elaborar y aplicar módulos educativos para lacapacitación de los empleados públicos enformatos orientados a garantizar el tratamientopreferencial de los grupos en mayor situación devulnerabilidad.

A3. Implementar actividades de formación a nivelnacional para capacitar en la elaboración de políticaspúblicas con enfoque de derechos humanos a losresponsables de capacitación y áreas afines en lasentidades públicas.

R2 Se concretan alianzas estratégicas orientadas apotenciar el accionar estatal en materia decapacitación para la formulación de políticaspúblicas con enfoque de derechos humanos,conforme a criterios de contexto, territoriales ytemáticos.

Actividades para el logro de R2

A1. Identificar e integrar a organizaciones de lasociedad civi l, según cr iterios temáticos yterritoriales, en la implementación del ProgramaNacional de Capacitación para la formulación dePolíticas Públicas con un enfoque de derechoshumanos.

A2. Concretar alianzas con medios de comunicaciónde ámbito nacional y regional para difundir elenfoque y las actividades de capacitaciónprogramadas.

LE3: ASEGURAR LA PLENA VIGENCIA DE LOSDERECHOS HUMANOS INTEGRALES

OE1 GARANTIZAR EL RESPETO Y PLENAREALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSINTREGRALES.

1. Justificación

La Constitución de 1993 establece en su artículo 44º comouno de los deberes primordiales del Estado, garantizar laplena vigencia de los derechos humanos y promover elbienestar general que se fundamenta en la justicia y en eldesarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales yculturales son interdependientes y se realizan mutuamentey por tanto, son igualmente exigibles. Por ello, la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos señala que no es posiblerealizar el ideal del ser humano libre en el disfrute de laslibertades civiles y políticas y liberado del temor y de lamiseria, a menos que se creen condiciones que permitana cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos,tanto como de sus derechos económicos, sociales yculturales.

El Estado peruano ha ratificado los dos grandes PactosInternacionales: el Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos, estableciéndose en ellosel compromiso de garantizar el ejercicio de los derechosque en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivosde raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o deotra índole.

Por otro lado, estos tratados cuentan con organismos desupervisión del cumplimiento del tratado que examinan laevolución del Estado en el respeto de los derechos en ellosconsagrados, teniendo facultad el Comité de DerechosHumanos para conocer denuncias individuales por violacióna los derechos civiles y políticos debidamente reconocidapor el Estado peruano.

El Estado, a través de estos tratados, se ha obligado apromover y proteger todos los derechos humanos, de talmodo que junto con el cumplimiento inmediato y pleno delos derechos civiles y políticos, debe garantizar el respetode los derechos mínimos de subsistencia para todos, conindependencia del nivel de desarrollo económico del país.


Al respecto, cabe recordar que el Tribunal Constitucionalha establecido que así como el Estado incumple laConstitución cuando de la inobservancia de lasprohibiciones frente a los derechos individuales y políticosse trata, de igual modo la incumple o la deja de lado cuandose abstiene de materializar las obligaciones que frente alos derechos sociales, económicos y sociales le imponeel ordenamiento. La inconstitucionalidad, por tanto, puedeser motivada tanto por acciones como por omisiones delos poderes públicos, y queda claro que en cualquiera deambas hipótesis, y dentro de lo ponderable de cada caso,se impone el correctivo por medio del procesoconstitucional9.

El Pacto Internacional sobre Derechos EconómicosSociales y Culturales (PIDESC) señala que cada unode los Estados Par tes en el indicado Pacto secompromete a adoptar medidas, tanto por separadocomo mediante la as istencia y la cooperacióninternacionales, especialmente económicas y técnicas,hasta el máximo de los recursos de que disponga, paralograr progres ivamente, por todos los mediosapropiados, inclusive en particular la adopción demedidas legislativas, la plena efectividad de losderechos por él reconocidos. Sobre el carácterprogresivo de los Derechos Económicos Sociales yCulturales, además, el Tribunal Constitucional haseñalado lo siguiente: "No se trata, sin embargo, demeras normas programáticas de eficacia mediata, comotradicionalmente se ha señalado para diferenciarlos delos denominados derechos civiles y políticos de eficaciainmediata, pues justamente su mínima satisfacciónrepresenta una garantía indispensable para el goce delos derechos civiles y políticos. Sin educación, salud ycalidad de vida digna en general, mal podría hablarsede libertad e igualdad social, lo que hace que tanto ellegislador como la administración de justicia debanpensar en su reconocimiento en forma conjunta einterdependiente"10.

2. Meta

Implementar transversalmente medidas para asegurar laplena realización de los derechos civiles y políticos, asícomo de los económicos, sociales y culturales, en laspolíticas públicas, con igualdad de oportunidades entrehombres y mujeres, es decir, equidad de género, y laimplementación de acciones positivas en favor de lossectores en condición de mayor vulnerabilidad, cuandocorrespondan.


3.1 DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

3.1.1 DERECHO A LA IGUALDAD

R1 Se implementarán las modificaciones legales quecorrespondan para que, de conformidad con lasdisposiciones constitucionales en vigor, puedanexpedirse leyes especiales en atención a lanaturaleza de las cosas, pero no por razón de ladiferencia de las personas; se adecue al principiode igualdad ante la ley y se prohíba todo tipo dediscriminación, previstos en el artículo 2 inciso2) de la Constitución 11.

Acciones para asegurar el logro del R1

A1 Formular y tramitar reformas legales en favor de laspersonas que se encuentren en una situación dedesigualdad material a propósito de cualquier normao política que, sin justificación objetiva, establezcao tenga como consecuencia un trato diferenciado.

3.1.2 DERECHO A LA VIDA

R1 Se promueven las reformas normativasrequeridas para ampliar los regímenes deprotección legal del derecho a la vida, deconformidad con las obligaciones constitu-

cionales e internacionales en materia dederechos humanos que obligan al Perú.


A1. Adecuar el marco normativo interno en materia depena de muerte a las obligaciones internacionalesderivadas de la Convención Americana sobreDerechos Humanos.

A2. Tipificar los crímenes de genocidio y de lesahumanidad de acuerdo a las normas internacionalesque obligan al Perú, especialmente el Estatuto deRoma de la Corte Penal Internacional.

A3. Tomar las acciones para garantizar efectivamenteel derecho a la vida de todas las personas, incluidoel concebido, como lo prevé la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos y laConstitución Política del Perú.

3.1.3 INTEGRIDAD PERSONAL

R1 Se promueven las reformas normativasnecesarias para reforzar el régimen deprotección legal del derecho a la integridad dela persona.


A1. Adecuar el derecho interno para establecermecanismos que eviten la impunidad frente a laperpetración de crímenes internacionales, talescomo la imprescriptibilidad de la acción penal, lanulidad de pleno derecho de las amnistías eindultos, así como la inaplicabilidad del fueroespecial o el régimen de obediencia debida, deconformidad con el Estatuto de Roma de la CortePenal Internacional.

A2. Tipificar los crímenes de lesa humanidad que atentancontra el derecho a la integridad personal de acuerdoa las normas internacionales, especialmente elEstatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

3.1.4 DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

R1 Se implementan medidas para asegurar la plenavigencia del derecho a la libertad personal.


A1. Implementar un programa de capacitaciónpermanente a los integrantes de la Policía Nacionala fin de que, en el desarrollo de sus funciones,apliquen las medidas limitativas de derechos,previstas en la normativa procesal penal, con estrictaobservancia de los estándares internacionales dederechos humanos y los principios de razonabilidady proporcionalidad, estableciendo de modo previoen una norma reglamentaria cómo deben procederlas autoridades policiales a aplicar este tipo demedidas y las sanciones que les serán impuestasen caso de un abuso en su empleo.

9 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 05 de octubre del 2004en el Exp_1956_2004_AA_TC.

10 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 05 de octubre del 2004en el Exp_2016_2004_AA_TC. Fundamento. 10

11 Esta prohibición no podrá entenderse como una limitación para que elEstado cumpla con sus obligaciones en favor del derecho a la igualdad através de la adopción de medidas o acciones afirmativas.


A2. Implementar, en coordinación con el ConsejoNacional de la Magistratura y las autoridades delPoder Judicial, un programa permanente decapacitación a los magistrados del Poder Judicialsobre las técnicas de razonamiento jurídicoapl icables para e l d ic tado, de maneraexcepcional, de ordenes judiciales de detenciónpreventiva, en conformidad con los estándaresinternacionales en materia de derechos humanosy los l ineamientos establec idos en lajurisprudencia sobre la materia por el TribunalConstitucional.

A3. Promover la adopción de medidas necesarias quepermitan el desarrollo de los procesos penalesdentro de plazos razonables, de modo tal que losplazos legales de detención preventiva no se venzansin que exista un pronunciamiento judicial sobre laculpabilidad o inocencia del detenido.

A4. Promover que las medidas de detención preventivadispuestas por los juzgados competentes se ajustena los principios de celeridad, razonabilidad yproporcionalidad pertinentes.

A5. Implementar medidas efectivas para combatir eltráfico y la trata de personas, teniendo en cuenta lavulneración de los derechos humanos de lasvíctimas y la vulnerabilidad permanente de éstasante el crimen organizado.

3.1.5 DEBIDO PROCESO LEGAL

R1 Se implementan las reformas normativas ymedidas administrativas necesarias para reforzarel pleno ejercicio del derecho al debido procesolegal.


A1. Promover la adecuación del derecho interno enmateria de derecho al debido proceso a lasdisposiciones de la Convención Americana sobreDerechos Humanos y el Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos.

A2. Promover la adopción de un nuevo estatuto legal queregule la organización, competencia y funciones dela justicia militar en conformidad con la jurisprudenciaemitida por el Tribunal Constitucional y los órganosdel sistema internacional de protección de losderechos humanos.

A3. Promover el desarrollo normativo que garantice elpleno respeto de las garantías del debido procesolegal en las decisiones del Consejo Nacional de laMagistratura (CNM) en el ejercicio de su funciónconstitucional.

3.1.6 PROTECCIÓN JUDICIAL

R1 Se implementan medidas para asegurar la plenavigencia del derecho a la protección judicialefectiva.


A1. Promover la modificación de aquellos aspectos delCódigo Procesal Constitucional que representenun obstáculo a la garantía de los derechosinherentes a la tutela judicial efectiva; en particularlos párrafos tercero y cuarto del artículo 15 queestablece un trámite diferenciado para las medidascautelares en el caso de las demandas contraactos administrativos de los gobiernos regionalesy locales.

A2. Promover la institucionalización de una magistraturaespecializada en primera instancia para elconocimiento de las materias contenidas en elCódigo Procesal Constitucional (CPC), empezandopor los distritos judiciales con mayor carga procesalconstitucional.

A3. Garantizar una protección efectiva de los derechoshumanos y la sanción de los responsables de suviolación estableciendo que las entidades públicas

y privadas a las que pertenezcan los agentes autoresde violaciones a los derechos humanos implementenmedidas para vigilar y prevenir la ocurrencia orepetición de tales violaciones.

A4. Asegurar la ejecución de las sentencias o medidasde reparación que establezcan los órganosjurisdiccionales o supranacionales con cargo alpatr imonio de las entidades involucradas,implementando mecanismos de repetición efectivarespecto de los agentes infractores.

3.1.7 DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN POR ERRORJUDICIAL

R1 Se garantiza el pleno ejercicio del derecho a unaindemnización por error judicial.


A1. Promover reformas legales para reconocer demanera adecuada el derecho a la indemnizaciónjudicial por error judicial, en concordancia con loque al efecto establecen el texto e interpretaciónjurisprudencial tanto del Pacto Internacional deDerechos Civ i les y Pol í t icos como de laConvención Amer icana sobre DerechosHumanos.

A2. Promover, de conformidad con la jurisprudencia delTribunal Constitucional y el Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos, el derecho a laindemnización de los inocentes indultados.

3.1.8 LIBERTAD DE EXPRESIÓN

R1 Se implementan las reformas normativas ymedidas administrativas requeridas para reforzarla libertad de expresión.


A1. Promover que los órganos jurisdiccionales tomen encuenta en sus decisiones, no sólo las normas dederecho interno, sino también los tratadosinternacionales de derechos humanos y lajurisprudencia de los órganos supranacionales enmateria de derechos humanos, al delimitar elcontenido y garantías del derecho a la libertad deexpresión.

3.1.9 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA

R1 Se fortalecen los avances legales relacionadoscon el derecho de acceso a la informaciónpública; y, en particular, el proceso deimplementación de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información y su modificatoria.


A1. Realizar actividades para que empleados públicosy representantes del sector privado conozcan eimplementen la Ley de Transparencia y Acceso a laInformación y su modificatoria.

R2 Se reemplaza la cultura del secreto por la de latransparencia y pleno acceso a la informaciónsolicitada, de conformidad con las decisiones delTribunal Constitucional.

Acciones para asegurar el logro del R2

A1. Difundir los alcances de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información, sus normas modificatoriasy reglamentarias, así como la jurisprudencia delTribunal Constitucional en la materia, de modo quesirva de pauta a la Administración Pública en sufunción de asegurar el contenido del derecho deacceso a la información pública, sus garantías y laaplicación restrictiva de excepciones relativas a la


seguridad nacional, el derecho a la intimidad, entreotros.

3.1.10 DERECHO DE RECTIFICACIÓN

R1 Se fortalece el marco de protección jurídica delderecho de rectificación.


A1. Difundir los criterios legales conforme a los cualesel derecho de rectificación sólo procede anteinformaciones inexactas y no ante opiniones,permitiendo de esta manera que exista una mayordifusión de información e ideas sin riesgo de queestas puedan ser censuradas.

A2. Difundir la jurisprudencia del Poder Judicial y delTribunal Constitucional respecto del contenido delderecho de rectificación.

3.1.11 DERECHO AL HONOR Y A LA BUENAREPUTACIÓN

R1 Se fortalece el marco de protección jurídica delos derechos a la al honor y a la buena reputaciónde las personas.


A1. Promover la precisión legal y jurisprudencial de losalcances del derecho al honor y a la buenareputación de las personas, teniendo enconsideración que estos derechos se encuentranintrínsecamente ligados al derecho de rectificacióny que pueden ser defendidos mediante el uso deeste último.

A2. Promover acciones de formación para periodistas ycomunicadores sociales sobre el ejercicio de lalibertad de prensa sin que esto viole los derechoshonra y a la buena reputación.

3.1.12 DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y LAINVIOLABILIDAD DE DOMICILIO, DE LASCOMUNICACIONES Y DE LOS DOCUMENTOSPRIVADOS DE LAS PERSONAS

R1 Se fortalece el marco de protección jurídica delos derechos a la intimidad personal, lainviolabilidad del domicilio, de las comu-nicaciones y de los documentos privados de laspersonas.


A1. Promover el desarrollo de la jurisprudencia del PoderJudicial y del Tribunal Constitucional en relación conlos alcances de estos derechos.

A2. Implementar actividades de capacitación deempleados públicos, agentes de salud y demásentidades públicas y privadas que operan con basesde datos relativos a las personas, cautelando lavigencia del mandato constitucional relativo alderecho a la intimidad y el uso estrictamentenecesario de la información disponible relacionadacon la intimidad de las personas.

3.1.13 LIBERTAD DE REUNIÓN

R1 Se adoptan medidas para garantizar el plenoejercicio del derecho de reunión.


A1. Promover el desarrollo normativo de los alcancesdel Art. 2, num. 12 de la Constitución que establecela libertad de reunión, mediante la cual las reunionespúblicas solamente pueden ser prohibidas "pormotivos probados de seguridad o de sanidadpública", definiendo de manera precisa cuáles serían

estas situaciones para evitar actos arbitrarios porparte de la Administración Pública.

3.1.14 LIBERTADES DE ASOCIACIÓN Y PARTI-CIPACIÓN CIUDADANA

R1 Se introducen mecanismos legales para fomentarlas libertades de asociación y participaciónciudadana, simplificando los requisitos que la leyestablece para la constitución, registro yfuncionamiento de organizaciones yasociaciones.


A1. Promover la modificación de la normativa vigenteen materia de formalización y registro administrativode asociaciones civiles y otros tipos de organizaciónasociativa para dotarlas de capacidad jurídicasuficiente que les permita actuar con plenitud frentea terceros.

A2. Promover la capacitación de líderes para el ejerciciodel derecho de participación ciudadana.

3.1.15 DERECHO A LA IDENTIDAD

R1. Se implementan las reformas normativas ymedidas administrativas requeridas para reforzarel ejercicio del derecho a la identidad.


A1. Promover la modificación de los procedimientoslegales y administrativos de modo que la obtenciónde partidas de nacimientos y el DocumentoNacional de Identidad (DNI) sean gratuitos o lomenos onerosos posible, respectivamente,asegurando así la plenitud de la condiciónciudadana de la totalidad de la población,especialmente de aquellas personas en condiciónde extrema pobreza, víctimas de discriminaciónpor sexo o que habitan en las zonas másapartadas del país.

A2. Promover la implementación de medidas para hacerdel registro civil en las zonas con poblaciónmayoritariamente indígena un mecanismo ágil,adecuado y efectivo para dotar a quienes hanalcanzado la mayoría de edad de su respectivoDocumento Nacional de Identidad (DNI).

3.1.16 LIBERTAD DE TRÁNSITO

R1 Se adoptan medidas para garantizar el plenoejercicio de la libertad de tránsito.


A1. Implementar programas de capacitación en la PolicíaNacional y en el Ministerio del Interior relacionadoscon los límites a la libertad de tránsito, a fin deasegurar el respeto del mandato constitucionalrespectivo, sin detrimento de las políticas deseguridad ciudadana y nacional.

A2. Regular por ley las restricciones a la libertad detránsito relacionadas con el acceso a zonas dedominio público.

A3. Promover la adecuación del derecho interno paragarantizar que, de conformidad con la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, ningúnnacional pueda ser expulsado del territor ioperuano, ni ser privado del derecho de ingresaren el mismo.

3.1.17 LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN

R1 Se fortalece el marco de protección jurídica delos derechos a la libertad de conciencia yreligión.



A1. Establecer e implementar políticas, en todos lossectores y niveles, para garantizar el pleno ejerciciode las libertades de conciencia y religión, evitándosey sancionándose cualquier política de discriminaciónque afecte el ejercicio de este derecho.

A2. Promover que se precisen los alcances del artículo2, numeral 3 de la Constitución, mediante el cual seestablece la libertad de conciencia y religión y elejercicio público de toda confesión en formaindividual o asociada, siempre y cuando no ofendala moral ni altere el orden público.

3.1.19 DERECHO A LA VERDAD

R1 Se adoptan medidas para garantizar el plenoejercicio del derecho a la verdad.


A1. Reforzar los avances registrados en el ámbito de lajurisprudencia constitucional y supranacional sobreel reconocimiento y desarrollo del derecho a laverdad, mediante la promoción de la integración delderecho a la verdad en el catálogo de derechosfundamentales reconocido por nuestro ordenamientojurídico.

A2. Profundizar los avances en la lucha contra laimpunidad, promoviendo la inclusión en nuestroordenamiento jurídico la prohibición de leyes queimpidan la investigación, juzgamiento y/o sanción degraves violaciones a los derechos humanos.

3.2 DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES YCULTURALES.

3.2.1 DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

R1 Se promueve la elevación de la jerarquíanormativa del derecho a una alimentaciónadecuada en orden a asegurar la efectividad deeste derecho en conformidad con lasdisposiciones del Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales.


A1. Implementar un estudio de legislación comparadaque permita inferir las mejores prácticasgubernamentales en este campo, en orden atrasladar al Poder Legislativo las propuestas dereforma legal correspondientes.

A2. Efectuar una consulta con los organismos yentidades del sector público y privado involucradosen relación con las propuestas de reforma legal yconstitucional planteadas.

A3. Presentar a consideración del Congreso de laRepública las propuestas de reforma normativaconsensuadas vinculadas a esta materia.

R2 Se implementa un reajuste de las políticaspúblicas en vigor en torno al derecho a laalimentación, de modo que sean transversalesa los sectores pertinentes, permitiendo quela adecuada tutela de este derecho hagaposible el pleno ejercicio de otros derechos,como el derecho a la educación, a la vida o ala salud.


A1. Evaluar la pertinencia, idoneidad, transparencia yefectividad nutricional de los programas deasistencia alimentaria a cargo del Estado, con lafinalidad de medir su impacto respecto al ejerciciodel derecho a la alimentación, sometiendo lasconclusiones de la misma a la consideración de losorganismos y entidades del sector público y privadoinvolucrados, para la definición concertada de los

objetivos de las nuevas políticas a implementar eneste campo.

A2. Implementar de manera concertada las propuestasformuladas.

R3 Se garantiza que los alimentos suministradossean inocuos, físicamente accesibles,económicamente asequibles, apropiados ysuficientes para satisfacer las necesidades deenergía y nutrientes de la población.


A1. Vigilar la disponibilidad de suministros alimentariosy existencias de reserva, así como su idoneidadnutricional, prestando particular atención a lasregiones y zonas con elevado riesgo de inseguridadalimentaria.

A2. Aplicar medidas que garanticen el acceso,asequibilidad, calidad e inocuidad de los suministrosalimentarios.

A3. Fomentar la planificación y utilización sostenible delos recursos pesqueros, agrícolas y/o pecuariospropios de nuestros ecosistemas no utilizados oinsuficientemente utilizados.

A4. Desarrollar y promover tecnologías mejoradas deelaboración, conservación y almacenamiento deproductos alimenticios para reducir las pérdidas dealimentos después de la recolección, especialmentea nivel local.

R4 Fomentar y respaldar programas de seguridadalimentaría y nutrición, de base comunitaria, queestimulen la capacidad de valerse por sí mismos,util izando procesos participativos deplanificación y ejecución.


A1. Articular el Plan Nacional de Derechos Humanoscon las estrategias nacionales de desarrollo rural,seguridad alimentaria y el Plan Nacional deSuperación de la Pobreza, impulsando acciones decoordinación multisectorial, desde el Estado y conla sociedad civil.

A2. Combatir las amenazas ambientales a laseguridad alimentaría, sobre todo la erosión de ladiversidad biológica y la degradación de losrecursos naturales, restableciendo y rehabilitandolos recursos naturales en las zonas empobrecidasy excesivamente explotadas a fin de conseguir unamayor producción.

A3. Determinar el potencial y mejorar la utilizaciónproductiva de los recursos para el aumentosostenible de la producción de al imentos,teniendo en cuenta los efectos previstos de lavariabilidad natural del clima y de los cambiosclimáticos.

A4. Promover la ratificación y aplicación de los acuerdosinternacionales pertinentes, poniendo en prácticauna ordenación y practica sostenibles en el sectorde la pesca, en base a los principios del Código deConducta para la Pesca Responsable.

3.2.2 DERECHO A LA EDUCACIÓN

R1 Se establecen e implementan, en coordinacióncon el Consejo Nacional de Educación, medidaspara promover el desarrollo de la educación ycombatir los obstáculos que la socavan.


A1. Apoyar las acciones de erradicación delanalfabetismo y desarrollo de capacidades en lasáreas rurales del país.

A2. Promover el incremento de los recursos públicosdisponibles para la inversión en educación, y lacorrelativa mejora de su calidad.


A3. Promover la implementación del Plan Nacional deEducación con la participación de la sociedad civily, en particular, de todas las partes relacionadas conlos procesos educativos a nivel nacional.

A4. Incorporar o priorizar en las políticas educativas lossiguientes aspectos:

- Calidad educativa con un enfoque deinterculturalidad o pluriculturalidad.

- Cobertura en educación inicial- Cobertura en programas de primera infancia.- Educación inclusiva a nivel nacional- Atención prioritaria en la educación de niños,

niñas y adolescentes trabajadores.- Adecuación del sistema educativo a las

demandas del mercado de trabajo.- Supervisión del cumplimiento de prestación de

servicios docentes, especialmente en zonasrurales andinas y amazónicas y urbanomarginales.

- Instauración de servicios de protección en elsector educación en caso de vulneración opuesta en riesgo de los derechos de los niños,niñas y adolescentes.

- Fortalecer la educación en zonas fronterizas.

A5. Promover el desarrollo de las capacidades quepermitan el acceso a la sociedad de la información;impulsando, asimismo, un plan intensivo paraintegrar las tecnologías de la información ycomunicaciones en la educación.

3.2.3 DERECHO A LA SALUD

R1 Se fortalece la normativa e institucionalidad envigor, en orden a promover y proteger el derechoa la salud, implementando disposicionesprecisas para desarrollar cada una de lasestrategias sanitarias actualmente en vigor.


A1. Promover la elaboración e implementación del PlanNacional de Salud formulado de manera integral,participativa y descentralizada, articulado con losPlanes Regionales y Locales de Salud, recogiendolas expresiones y necesidades de la población enmateria de salud, con especial énfasis en lapoblación más pobre y vulnerable del país.

A2. Garantizar que en la formulación del Plan Nacionalde Salud se expresen de manera transversal elenfoque de derechos humanos, las variablesetárea, étnica y de discapacidad, el principio deigualdad de opor tunidades y de trato entrehombres y mujeres, y de interculturalidad, en laformulación y formalización de las políticaspúblicas en salud.

A3. Fortalecer el Sistema Nacional Coordinado yDescentralizado de Salud a través del ConsejoNacional de Salud, los Consejos Regionales y losConsejos Provinciales de Salud.

A4. Promover una articulación coherente del marco depolíticas macroeconómicas con los objetivosperseguidos por las políticas públicas de salud; y,en particular, con las políticas de desarrollodescentralizado y de combate a la pobreza,incrementando progresivamente el presupuestoasignado al cuidado de la salud de la población.

A5. Garantizar el ejercicio del derecho a la informaciónen salud de la ciudadanía, con especial énfasis enla población de comunidades rurales e indígenas,con respeto de las diferencias culturales.

A6 For talecer el proceso de promoción deconocimientos, valores y prácticas de derechos,deberes y responsabilidades en salud con lapoblación, generando condiciones para el ejerciciode la vigilancia ciudadana en salud.

A7. Diseñar e implementar espacios interinstitucionalesque desarrollen funciones de defensoría de la salud,a nivel descentralizado, articuladas en un sistema

nacional para garantizar el ejercicio de los derechosy deberes en materia de salud.

A8. Implementar la Política Nacional de Medicamentosgarantizando el acceso de la población amedicamentos genéricos de calidad, con énfasis enlas enfermedades priorizadas como Tuberculosis,VIH/SIDA, Malaria, trastornos mentales, entre otros,y a insumos críticos como vacunas.

A9. Fortalecer la política de recursos humanos orientadaa mejorar las competencias y condiciones de empleode los trabajadores del sector salud, en orden acualificar el desempeño de las funciones que les sonasignadas, y la promoción y protección del derechoa la salud de la población.

A10. Profundizar los avances en la atención de calidaden los servicios de salud, y su adecuación cultural,según nivel de resolución, y garantizando el sistemade referencias y contrarreferencias.

A11. Ampliar los mecanismos de financiamiento quegaranticen el acceso y cuidado integral de la saludde la población de menores ingresos orientados alavance progresivo hacia el aseguramiento universalen salud.

A12. Propiciar el compromiso de las instituciones públicasy privadas, así como de la sociedad civil, parafortalecer el rol formador y socializador de la familiaen el cuidado y mejora de las condicionesambientales y de salubridad pública y en el seno dela comunidad.

A13. Garantizar el abastecimiento de agua continuo ysuficiente (Disponibilidad), para uso personal ydomestico, adoptando medidas para que la cantidadde agua disponible para cada persona correspondaa las directrices de la OMS.

A14. Difundir los alcances de la Observación General 15(2002) emitida por el Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales de las NacionesUnidas sobre el derecho al agua.

A15. Implementar el Plan Nacional de Salud Mental,concertado y descentralizado, priorizando a laspoblaciones en mayor condición de vulnerabilidad,como las que se encuentran en situación de pobrezaextrema y aquellas afectadas por la violencia políticay la violación de sus derechos humanos.

3.2.4 DERECHOS LABORALES

R1 Se implementan los aspectos pendientes delPrograma Nacional para la Promoción delTrabajo Decente 2004-2006 planteados por laOficina Subregional de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT) para los paísesde la región Andina.


A1. Promover la adecuación del derecho interno enconformidad con el contenido de las convencionesy tratados internacionales ratificados por el Perú.

A2. Implementar políticas activas de empleo quereviertan tanto la desigualdad de oportunidades quehoy afecta, principalmente, a jóvenes y mujeres,como la discriminación que afecta a colectivossociales en condición de mayor vulnerabilidad.

A3. Adoptar medidas con el fin de asegurar el principiode igualdad de oportunidades y de trato parahombres y mujeres al momento de postular a untrabajo determinado.

A4. Promover la incorporación en el derecho internolos convenios internacionales que promueven losprogramas de cooperación, y entre ellos, losrelativos a Seguridad y Salud en el Trabajo; losconvenios sobre Protección del Salario, losrelativos a los Pueblos Indígenas, sobre lasPersonas con Discapacidad, así como lasrecomendaciones de la OIT, sobre las Micro yPequeñas Empresas (MYPE), las cooperativas yla economía informal.

A5. Promover la ratificación de las convenciones de laOIT Nº 129, (Inspección del Trabajo en la agricultura),


y Nº 122 (sobre la Política Nacional de Empleo)sugeridas por el Plan Nacional de Trabajo Decente2004-2006.

A6. Velar porque en los regímenes laboralescorrespondientes a la agroindustria y la pequeña ymicro empresa no sean utilizados indebidamentepara la creación de situaciones contrarias a loscompromisos internacionales asumidos por el Perúen materia laboral.

A7. Implementar medidas tendientes a corregir lassituaciones de Trabajo Forzoso advertidas por laComisión de Expertos en Aplicación de Conveniosy Recomendaciones de la OIT así como por laComisión Nacional Intersectorial para la Erradicacióndel Trabajo Forzoso; y, en cuanto a los Conveniossobre no discriminación e igualdad de trato,implementar medidas que aseguren su cabalcumplimiento.

A8. Implementar el Plan Nacional de Prevención yErradicación del Trabajo Infantil, y de maneraespecial aquel las formas visual izadasobjet ivamente en la explotación sexual ypornografía infantil, de acuerdo con los convenios138 y 182 de la OIT.

A9. Promover y premiar buenas prácticas deresponsabilidad social empresarial que conllevenmejoras sustanciales en las condiciones de trabajoy de vida de los sectores laborales; el uso racionalde los recursos naturales y el desarrollo sostenible;la transparencia en el manejo de la información y enla oferta de servicios y bienes de calidad; laresponsabilidad fiscal de las empresas y elcompromiso de éstas con el desarrollo.

A10. Promover la ratificación de los convenios 97 y143 de la OIT e implementar un sistema paraasegurar tanto las condiciones de una migraciónsegura e informada de nuestros trabajadores,como la represión del tráfico y trata de personas.

A11. Evaluar la posible existencia de abusos o el empleodistorsionado de los convenios de formación juvenil,de prácticas pre profesionales o de los contratosaplicados a los aprendices, máxime cuando,conforme a la ley vigente, estos carecen del carácterde contrato de trabajo y, por tanto, no proporcionanlos beneficios propios del mismo.

A12. Atender la recomendación del Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales de las NacionesUnidas (1997) respecto a la Ley de las y losTrabajadores del Hogar.

A13. Atender los comentarios realizados por los expertosde la OIT respecto al Convenio sobre Inspeccióndel Trabajo (núm. 81), en particular respecto de lacalificación, idoneidad, atribuciones, funciones,remuneraciones y otros aspectos de los inspectoresdel trabajo; suministrando los medios necesarios,fortaleciendo normativamente y descentralizando losservicios de Inspección del Trabajo de modo queprevengan y remedien de manera efectiva lasviolaciones a la ley laboral.

3.2.5 DERECHO A LA SINDICACIÓN

R1 Se garantiza el ejercicio pleno de las libertadessindicales.


A1. Culminar la atención de las recomendacionesformuladas por la OIT a la Ley de RelacionesColectivas de Trabajo.

A2. Promover la reglamentación del registro desindicatos de trabajadores del sector público,desarrollando las directivas internas existentes delos órganos de línea del Ministerio de Trabajo yPromoción del Empleo.

3.2.6 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

R1 Se promueve una armonización de los sistemasde seguridad social vigentes en el Perú con los

estándares internacionalmente reconocidos enla materia.


A1. Promover la implementación de medidas quegaranticen condiciones de jubilación aceptables paralos trabajadores menos remunerados, losdesempleados y los sub-empleados; y, en particular,que el monto de las pensiones que se fijen seasuficiente para cubrir, como mínimo, el costo relativoal 50% (cincuenta por ciento) de la canasta familiarbásica.

A2. Implementar estudios actuariales que permitanidentificar los niveles de contribución y medidasde orden presupuestal requeridos para asegurarla sostenibilidad financiera a largo plazo de lossistemas públicos de pensiones y de ESSALUD.

A3. Mejorar la cobertura y el acceso de la población ensituación de pobreza al Seguro Integral de Salud(SIS).

A4. Proponer la adecuación de nuestro ordenamientolegal en materia de pensiones de viudez a losrequerimientos del Protocolo Adicional a laConvención Amer icana sobre DerechosHumanos en materia de Derechos Económicos,Sociales y Culturales y el Convenio 102 de la OIT.

A5. Atender las recomendaciones del Comité deDerechos Económicos, Sociales y Culturales de lasNaciones Unidas (1997) para que la promociónalternativa o complementaria de sistemas privadosde pensiones no importe un menoscabo de lasobligaciones del Estado respecto de los sistemaspúblicos de pensiones bajo su administración; y, demanera particular, respecto de los derechos de suspensionistas.

A6. Implementar medidas tendientes a la promoción delacceso a la seguridad social por parte de lostrabajadores independientes.

3.2.7 DERECHO A LA VIVIENDA

R1 Se fortalece el Plan Nacional Vivienda Para Todos2003-2007, implementado por el Ministerio deVivienda, Construcción y Saneamiento parareducir el déficit habitacional existente, absorberla demanda residencial derivada de la formaciónde nuevos hogares, impulsar la producciónhabitacional, reducir sus costos y facilitar suadquisición, así como mejorar o recuperar lasáreas urbanas en proceso de consolidación odeterioradas con fines de producción urbanaintegral.


A1. Profundizar las medidas para favorecer laformalización de los títulos de propiedad de losterrenos y viviendas no inscritos en los registrospúblicos, sin que ello signifique afectar el derechode uso o de propiedad de terceros.

A2. Promover programas dirigidos a la ampliación de losprogramas de suministro básico en materia de aguay alcantarillado; la atención de las viviendas que seubican en zonas de alto riesgo y la eliminación de lacontaminación ambiental que rodea a las viviendasen el ámbito rural y urbano.

R2 Se adoptan medidas para asegurar la posesióno tenencia legal de las viviendas.


A1. Efectuar, con participación de las comunidadesafectadas, un estudio interdisciplinario que permitaidentificar las zonas y colectivos afectados, o enriesgo de afectación, por actos de desalojo arbitrariode sus viviendas, y proponer las medidas deprevención y/o reparación que correspondan a


quienes hayan sido afectados en sus derechosconforme a Ley.

A2. Dictar las disposiciones que correspondan paraevitar el desalojo arbitrario de viviendas.

A3. Promover medidas para asegurar el carácterinalienable e imprescriptible de los bienes de dominiopúblico, así como que el derecho de propiedad seejerza en armonía con el bien común.

OE2 GARANTIZAR EL RESPETO Y PLENAREALIZACIÓN DEL DERECHO A UN MEDIOAMBIENTE SANO Y PROTEGIDO.

R1 Se implementan medidas para garantizar la plenarealización del derecho a un medio ambientesano y protegido.


A1. Consolidar la Autoridad Autónoma Ambientalencargada del tema ambiental a nivel nacional, conparticipación de todos los sectores involucrados.

A2. Implementar un sistema de fiscalización ambientalindependiente, con participación de la sociedad civily elegida de forma transparente.

A3. Vigilar y promover la rehabilitación y conservaciónde los recursos naturales.

R2 Se garantiza la sostenibilidad de los recursoshídricos.


A1. Eliminar la explotación irracional de recursoshídricos, ya sea por extracción o desviación de otrasfuentes sin la debida recarga del acuífero.

A2. Implementar un programa de eliminación de lacontaminación de las cuencas hidrográficas y de losecosistemas relacionados con el agua.

A3. Instituir un observatorio, con participación del sectorpúblico y privado, enfocado en el monitoreo regulary sistemático de las reservas de agua y evitar sudesperdicio y agotamiento.

A4. Definir e implementar medidas para que lasconcesiones de los servicios de agua no impliquenprocesos que dejen de lado a los más pobres, asícomo que la construcción de infraestructura deaguas no suponga daño a las reservas hídricas quedan sustento a la agricultura de subsistencia.

A5. Priorizar la atención y el desarrollo de programas yproyectos dirigidos a encarar las repercusiones delos cambios climáticos, la desertificación, lacreciente salinidad del suelo y la deforestación, enla disponibilidad de agua y en las cuencashidrográficas de los ecosistemas naturales.

A6. Instituir un Sistema de Gestión Integral de losrecursos hídricos liderado por la autoridad nacionalcorrespondiente y elaborar un Plan Nacional deRecursos Hídricos para orientar la definición ygestión de políticas públicas dirigidas a la proteccióny uso racional del recurso hídrico.

LE4: IMPLEMENTAR POLÍTICAS AFIRMATIVAS AFAVOR DE LOS DERECHOS DE LOS SECTORESDE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE MAYORVULNERABILIDAD, EN CONDICIONES DEIGUALDAD DE TRATO Y SIN DISCRIMINACIÓN.

OE1. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LASMUJERES

R1 Se implementarán medidas y normas queaseguren conforme expresa la Décimo PrimeraPolítica de Estado del Acuerdo Nacional, laigualdad de oportunidades entre el varón y lamujer, es decir , equidad de género , y seadoptarán medidas eficaces, incluidas lasmedidas necesarias de discriminación positiva,para promover y asegurar la participación de la

mujer en los asuntos públicos y en el ejerciciode cargos públicos 12.


A1. Elaborar o actualizar diagnósticos integrales sobrela situación de la mujer y su tratamiento en laspolíticas públicas.

A2. Elaborar o incorporar indicadores sobre igualdad deoportunidades entre hombres y mujeres, es decir,equidad de género, y sobre tratamiento de lasituación de la mujer en los procedimientos degestión publica sobre el tema.

A3. Constituir un equipo de coordinación y monitoreo delcumplimiento de las políticas diferenciadas sobre eltema mujer a implementarse en los diversossectores.

R2 Se promueven los cambios normativos einstitucionales necesarios para garantizar elpleno ejercicio del principio de igualdad dederechos, de trato y de oportunidades entre elvarón y la mujer.


A1. Promover el desarrollo de la normativa orientada agarantizar la equidad entre varones y mujeres.

R3 Se adoptarán medidas y sanciones adecuadaspara erradicar toda discriminación contra lamujer.


A1. Identificar los ámbitos sociales en los cuales sediscrimina a las mujeres así como las formas de estadiscriminación.

A2. Promover la adopción de normas sancionadorasadecuadas a los diversos ámbitos públicos yprivados y las distintas formas de materializaciónde estas discriminaciones.

R4 Se implementarán medidas para la eliminaciónde todo concepto peyorativo o de menor valor oestereotipo en tal sentido, de los papeles queasumen varones y mujeres en todos los nivelesy en todas las formas de enseñanza vigentes enel país.


A1. Promover la educación mixta y otros tipos deeducación que contribuyan a lograr este resultado.

A2. Modificar los libros y programas escolares y laadaptación de los métodos de enseñanza.

R5 Se reforzarán los tratamientos y serviciosrequeridos por las mujeres víctimas de violenciasexual y familiar.


A1. Perfeccionar un programa de entrenamiento para elpersonal que labora en los sectores Salud e Interiory en el Sistema de Administración de Justicia paramejorar el tratamiento que brindan a las víctimas deviolencia sexual y familiar.

12 Según el artículo 2 de la Ley de Organización y Funciones del MIMDES,este ministerio promueve "la equidad de género, es decir, la igualdad deoportunidades entre hombres y mujeres".


R6 Se fortalecerá la integración de la igualdad deoportunidades entre mujeres y varones, es decir,equidad de género, en las políticas, programase investigaciones en materia de salud a fin depromover en mejores condiciones la salud de lamujer.


A1. Velar por la Incorporación del enfoque de igualdadde oportunidades entre mujeres y varones, es decir,equidad de género, en los contenidos del Plan deCapacitación del sector Salud.

R7 Las mujeres ejercen libre y saludablemente susexualidad.


A1. Potenciar los programas de educación sexualimpartidos a través de los distintos niveles delsistema educativo nacional.

A2. Promover el derecho de la mujer a tener acceso auna atención de salud adecuada y a la más ampliagama de servicios de planificación familiar.

OE2 GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOSPUEBLOS INDÍGENAS Y AFROPERUANOS.

R1 Se asegura el cumplimiento del marco jurídicoexistente de protección y promoción de losderechos de los Pueblos Indígenas y de lapoblación afroperuana.

Actividades para asegurar el logro de R1

A1. Promover la adecuación del derecho interno sobrelos derechos de los Pueblos indígenas yafrodescendientes en conformidad con los mandatoscontenidos en las normas internacionales dederechos humanos y el Convenio Nº 169 de la OIT;y, en particular, para garantizar el derecho de losPueblos indígenas y comunidades campesinas ynativas a preservar sus territorios y a reconocerloscomo inalienables, imprescriptibles e inembargablessiempre y cuando no afecten derechos de propiedadde terceros protegidos por el ordenamiento jurídiconacional, se estudiará la posibilidad de reconocerlos mismos derechos a las comunidadesafrodescendientes.

A2. Prever medidas para que se tenga en cuenta,durante la implementación de cualquier proceso dedescentralización, las medidas adecuadas paragarantizar el respeto al territorio de los Pueblosindígenas en el proceso de integración de regiones.

A3. Promover la participación de los representantes delos Pueblos Indígenas y afroperuanos en losespacios de participación de la sociedad civilexistentes en el ámbito de los distintos organismosy entidades públicas.

A4. Fortalecer las capacidades de los empleadospúblicos en el manejo del idioma predominante enzonas de manifiesta presencia indígena o cuentencon servicios de traducción, si fuera el caso, paragarantizar un servicio público de calidad.

A5. Respetar los derechos lingüísticos y culturales detodos los peruanos y peruanas, reconociendo comoidiomas oficiales, en las zonas donde predominan,además del castellano, el quechua y el aymara uotros idiomas. La información pública en estas zonasse transmitirá en los idiomas predominantes ademásdel castellano.

A6. Promover la participación de los Pueblos indígenasy de la sociedad civil en la formulación de propuestaspara el fortalecimiento de una educación nacionalbilingüe e intercultural, asegurando, en particular, quela incorporación a ésta de las tecnologías de lainformación potencie los procesos comunicativos dela cultura de los Pueblos indígenas y afroperuanosy contribuya al desarrollo de los instrumentos que

posibiliten el rescate de los idiomas indígenas enriesgo de extinción, así como de su literatura oral.

A7. Promover la participación y la representación políticade los Pueblos indígenas y afrodescendientes a nivelde los gobiernos regionales y locales y en elCongreso de la República.

A8. Garantizar el reconocimiento de las jurisdiccionesespeciales indígenas, desarrollando una norma queestablezca la coordinación de la jurisdicción especialcon el Poder Judicial.

A9. Incorporar el componente étnico en los Censos dePoblación y Vivienda, con el objeto de constatar lasituación socioeconómica de los integrantes de losdistintos Pueblos Indígenas que componen la Naciónperuana.

A10. Instituir la creación de las Oficinas PúblicasDescentralizadas adscritas al Instituto Nacional deDesarrollo de Pueblos Andinos Amazónicos yAfroperuanos - INDEPA, incorporando lapar ticipación de los Pueblos indígenas yafrodescendientes en la formulación y aprobaciónde los programas y proyectos de alcance regionalcon incidencia en el desarrollo integral de estosPueblos.

R2 Se favorece el ejercicio pleno y no discriminatoriode los derechos económicos, sociales yculturales de los Pueblos Indígenas yAfroperuanos, así como sus derechos colectivos,en consulta con éstos.


A1. Fortalecer los medios de protección legal de losconocimientos individuales y colectivos de losPueblos indígenas, promoviendo el fortalecimientode sus capacidades, fomentando la distribuciónjusta y equitativa de los beneficios derivados dela ut i l ización de estos conocimientos, ygarantizando que el uso de éstos se realice conel consentimiento previo, libre e informado de losPueblos indígenas.

A2. Fortalecer el régimen especial de administración delas Reservas Comunales, asegurando laparticipación en éstas de los Pueblos indígenas ylas comunidades campesinas o nativas.

A3. Potenciar la participación de los Pueblos indígenasen el proceso de formulación, implementación,monitoreo y evaluación de las políticas, planes deacción y agendas ambientales, a través delfortalecimiento de las Comisiones AmbientalesRegionales (CAR) como espacios de concertacióny coordinación de la política ambiental en lasregiones.

A4. Diseñar e implementar políticas y estrategias deeducación y salud con enfoque intercultural,garantizando el acceso y la calidad de estosservicios para los Pueblos indígenas, comunidadescampesinas y nativas y afroperuanos.

A5. Promover la investigación científica y tecnológica enel campo de la interculturalidad en educación y saludpara los Pueblos indígenas, comunidadescampesinas y nativas y afroperuanos.

A6. Garantizar la participación de los Pueblos indígenas,comunidades campesinas y nativas en laimplementación del Convenio sobre DiversidadBiológica en el extremo referido a los conocimientoscolectivos de los Pueblos indígenas.

A7. Promover la implementación del Plan de Acción deDurban, con la participación plena de los sectoresinvolucrados.

R3 Se promueve el reconocimiento y visibilizaciónde la población afrodescendiente como parteconstitutiva de la Nación Peruana.


A1. Atender las propuestas del Plan de Acción de laConferencia Regional de Santiago de Chile


orientadas al reconocimiento pleno de los derechosde los Afrodescendientes.

A2. Promover el reconocimiento público de la tradicióncultural Afroperuana como parte constitutiva de laCultura Nacional.

A3. Incorporar en los planes curriculares del sistemaeducativo nacional los elementos de la cultura delos afrodescendientes como parte constitutiva de lasociedad nacional.

OE3 GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD

R1 Se promueven medidas para asegurar la plenarealización de los derechos de las personas condiscapacidad, dentro de un régimen de igualdadde trato y no discriminación.

A1. Incluir como principios rectores de la legislaciónsobre discapacidad la declaración del interés publicoy social que orienta la promoción y protección delos derechos de las personas con discapacidad; laprevención y eliminación de todas las formas dediscriminación que las afectan; así como sudesarrollo integral y plena integración en la sociedad,en igualdad de condiciones de calidad, equidad,oportunidad, derechos y deberes que el resto de loshabitantes de la República.

A2. Incluir la variable discapacidad en los censosnacionales y otorgar a las personas condiscapacidad particular prioridad en la atención delos programas sociales del Gobierno Central y losGobiernos Regionales y Locales.

A3. Promover el reconocimiento del derecho de laspersonas con discapacidad que no disfruten delderecho de vivir con su familia, a contar conopciones para vivir con dignidad, en ambientes nosegregados.

A4. Promover las medidas de carácter legislativo, social,presupuestario, educativo y laboral, necesarias paragarantizar la igualdad y equidad de oportunidades,eliminando la discriminación de las personas condiscapacidad y propiciando su plena integración enla sociedad.

A5. Asegurar la existencia de servicios de orientaciónfamiliar con objetivo de dar información a lasfamilias, así como capacitación y entrenamiento,para la estimulación y maduración de los hijos(as)con discapacidad y la adecuación del entornofamiliar a las necesidades rehabilitadoras deaquellos.

A6. Crear un Sistema Único de Calificación deDiscapacidades en base a la adecuación de laClasificación Internacional de Discapacidades (CIF)y de la determinación de un porcentaje demenoscabo, acompañado de un registrodescentralizado a cargo de las municipalidades pormedio de sus respectivas Oficinas Municipales deAtención de las Personas con Discapacidad -OMAPED’s-, así como de programas regulares decapacitación del personal de equiposmultidisciplinarios en materia de certificación, acargo del Ministerio de Salud.

A7. Instituir un Plan Nacional de Prevención deDiscapacidades, con la participación de los sectoresSalud, Educación y Trabajo, así como de losGobiernos Regionales y Locales.

A8. Integrar en todos los servicios de Salud Pública elenfoque de Rehabilitación Integral basado en laComunidad, incluyendo acciones de atenciónmédica, psicológica, de capacitación e inserciónlaboral y social, accesibles y oportunas, para todaslas personas con discapacidad.

A9. Promover medidas destinadas a incluir a laspersonas con discapacidad en el Seguro Integral deSalud (SIS), la capacitación permanente de losprofesionales de la Salud y la potenciación y

modernización de los servicios de salud para laspersonas con discapacidad psiquiátrica, asegurandosu conducción con un enfoque comunitario.

A10. Velar para que, en aquellos casos en que en razónde la discapacidad, sea imprescindible el uso deprótesis, de órtesis o de otras ayudas técnicaspara realizar las funciones propias de la vidadiaria, para la educación o para el trabajo, laadquisic ión, conservación, adaptación yrenovación de éstas sea entendida como parte delproceso de rehabilitación, instituyéndose un Bancode Ayudas Bio Mecánicas y Medicinas que permitaa las personas con discapacidad obtenerfacil idades para acceder a las ayudas querequieran, a través de donaciones o préstamos,según su condición socio económica.

A11. Asegurar que las personas con discapacidad puedanejercer su derecho a la educación y a no serdiscriminados por razón de su discapacidad,implementando medidas para asegurar que laspersonas con necesidades educativas especiales,con posibilidades de inserción, puedan recibir sueducación en el sistema educativo regular, con losservicios de apoyo requeridos.

A12. Dictar medidas para asegurar que losprocedimientos de ingreso a todas las entidadeseducativas resulten adecuados para permitir elacceso de las personas con discapacidad, y cuentencon materiales educativos específicos según ladiscapacidad que presenten, incluidas las bibliotecasde acceso público.

A13. Promover medidas para que los establecimientospúblicos y privados de uso público, así como aquellosque exhiban espectáculos artísticos, culturales odeportivos sean acondicionados para que laspersonas con discapacidad puedan acceder a losmismos.

A14. Integrar en el Plan Operativo Anual del Ministerio deTrabajo y Promoción del Empleo (MTPE) medidasespeciales con el fin de lograr la igualdad efectivade oportunidades y de trato entre los trabajadorescon discapacidad y sin discapacidad, así como parapromover oportunidades de empleo para laspersonas con discapacidad que se ajusten a lasnormas de empleo y salario aplicables a lostrabajadores en general.

A15. Instituir en el Ministerio de Trabajo un servicio dedefensa legal gratuito y de asesoría del trabajadorcon discapacidad, encargado de defender ypromover el ejercicio de los derechos de lostrabajadores con discapacidad, en un marco de nodiscriminación e igualdad y equidad deoportunidades; así como un Sistema de ColocaciónSelectiva para trabajadores con discapacidad, ysistemas de cuotas e incentivos para la contrataciónde trabajadores con discapacidad en los entespúblicos y privados.

A16. Implementar medidas para asegurar la progresivaampl iación de la ofer ta de servic ios derehabilitación en todas las regiones del país,incluyendo servicios ambulatorios, de igualcalidad, habilitados con recursos humanos ytécnicos idóneos, así como con los servicios deapoyo que se requieran para garantizar unaatención óptima de las necesidades de laspersonas con discapacidad.

A17. Implementar medidas a cargo del Ministerio deVivienda, Construcción y Saneamiento parapromover, en coordinación con las Municipalidades,la adecuación del diseño urbano de las ciudades alas necesidades de las personas con discapacidad,así como la promoción de viviendas accesibles ymedidas relacionadas con la accesibilidad en eltransporte.

A18. Implementar medidas a cargo del Ministerio deTransportes y Comunicaciones para promover, encoordinación con las Municipalidades y la Policía


Nacional, medidas relacionadas con la accesibilidaden el transporte.

A19. Fomentar la organización de redes de voluntariadopara la atención de personas con discapacidad,promoviendo la constitución y funcionamiento deinstituciones sin fines de lucro que agrupen apersonas interesadas en esta actividad, a fin de quepuedan colaborar con los profesionales en larealización de actividades de promoción de sudesarrollo integral.

OE4 GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZY LA ADOLESCENCIA

R1 Se implementarán medidas para revertir lasprácticas de castigo físico y psicológico ejercidocontra niños y niñas, prohibiendo esta forma deviolencia a través de cambios en la legislación afin de poder tutelar de manera adecuada losderechos de los niños y niñas.


A1. Promover la tipificación, como delito o falta, segúnsea el nivel, del maltrato tanto físico como psicológicode los niños y niñas.

R2 Se fortalecerá el marco de protección legal delos niños, niñas y adolescentes en orden a tutelarsus derechos en todas aquellas circunstanciaspor las cuales se pueda ver afectado su normaldesarrollo.


A1. Promover las modificaciones legales pertinentespara garantizar un trato equitativo entre hijosmatrimoniales y extramatrimoniales.

A2. Promover el beneficio de suspensión de ejecuciónde la medida socioeducativa "pena", en caso deniñas, niños y adolescentes de manera análoga acomo ocurre en el caso de los adultos respecto apenas menores de 4 años.

A3. Promover la eliminación del Código de los Niños yAdolescentes la figura de pandillaje pernicioso.

A4. Promover la incorporación, en el ordenamientojurídico nacional, de disposiciones y mecanismosidóneos para prohibir el procesamiento de menoresde edad por la justicia penal.

A5. Garantizar la primacía del principio del interéssuperior del niño, niña, adolescentes y jóvenes ensituación de protección judicial en casos de tenencia,régimen de visitas y alimentos.

A6. Promover la atención prioritaria y con celeridad delos procesos judiciales en los que sean objeto deatención derechos de niños, niñas y adolescentes.

A7. Promover la modificación normativa con el fin deproteger a los niñas, niños y adolescentes de loscontenidos nocivos propalados por los medios decomunicación y redes informáticas.

A8. Promover el desarrollo y compromiso de los mediosde comunicación con políticas de autorregulaciónrespecto a franjas horarias y programación derespeto de niños, niñas y adolescentes

A9. Garantizar que en los procesos judiciales seconsidere la opinión de niños, niñas y adolescentes,cuando se afecten sus derechos o los de su familia.

A10. Promover mecanismos orientados a garantizar laaplicación de las normas vigentes sobre la reservade la identidad de niños, niñas y adolescentes.

A11. Promover la aprobación de propuestas legislativaspertinentes para modificar el uso erróneo delconcepto prostitución de niños, niñas yadolescentes, por el de explotación sexual de éstos.

A12. Promover la gratuidad del DNI de niños, niñas yadolescentes de las poblaciones de menoresingresos a nivel nacional.

A13. Promover el acceso a la seguridad social deladolescente trabajador.

R3 Se ha adecuado la normativa laboral a losrequerimientos del Convenio de la OIT sobreerradicación de las peores formas de trabajoinfantil.


A1. Adecuar la normativa nacional a los requerimientosdel Convenio de la OIT sobre erradicación de laspeores formas de trabajo infantil.

R4 Promover el diseño e implementación demecanismos normativos que garanticen elcumplimiento de las normas internacionales queobligan al Estado peruano a la protección de losderechos de los niños, niñas y adolescentes entrabajos independientes y trabajo doméstico.


A1. Diseñar e implementar herramientas de diagnosticosobre la materia en los ámbitos locales

A2. Desarrollar, implementar y difundir normativas sobreel tema

R5. Se concede a la familia la más amplia proteccióny asistencia posibles, especialmente para suconstitución y mientras sea responsable delcuidado y educación de los hijos a su cargo; enparticular para asegurar la presencia de lospadres en su seno.

A1. Promover programas especiales de fortalecimientofamiliar que busquen desarrollar en los niños, niñasy adolescentes los valores de comprensión,solidaridad, respeto y responsabilidad.

A2. Promover el respeto de la jornada laboral y elpago de un sueldo digno para que los padrespuedan dedicar una atención adecuada a sushijos.

A3. Promover la formación de los padres a través deactividades educativas para que asuman plenamentesus responsabilidades familiares.

OE5 GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOSADULTOS MAYORES

RESULTADOS

VEJEZ Y DESARROLLODeben propiciarse las condiciones necesarias para que laspersonas adultas mayores disfruten de manera equitativade los bienes y servicios del Estado y cuenten con losmedios necesarios para su autorrealización en un entornode seguridad y dignidad.

SALUD Y BIENESTARLa promoción de la salud como política dirigida a losdistintos segmentos de población desde tempranasedades, es un importante reto para que se alcance laedad adulta mayor en buenas condiciones de salud ycon calidad de vida. La salud en la vejez es el resultadode los hábitos y estilos de vida practicados a lo largo delos años.

ENTORNOS FÍSICOS Y SOCIALESSe deben preparar los espacios públicos y privados paraque se e l iminen las barreras arqui tectónicas,generándose un entorno seguro y accesible para laspersonas adultas mayores. Igualmente la sociedad debeorganizarse para integrar a las personas adultas


mayores en la vida comunitaria sin exclusión y conrespeto a sus derechos.

META 1

R1 Se respeta la participación social organizada y losderechos de las personas adultas mayores.

R2 Se amplía la cobertura de la previsión social queinc luye pensiones contr ibut ivas y nocontributivas.

R3 Se fortalece y visibiliza el potencial laboral de laspersonas adultas mayores, los jóvenes y adultosacceden empleo de calidad en previsión de unenvejecimiento en desarrollo.

R4 Se articula la participación de las personas adultasmayores en la sociedad favoreciendo suempoderamiento y fortaleciendo el ejercicio de unaciudadanía activa y garantizando su acceso a lasociedad de la información.

R5 Se respeta la igualdad de oportunidades y el accesoa la educación a lo largo de toda la vida.

META 2:

R1 Se promueve el acceso de las personas adultasmayores a una cobertura universal de los serviciosde salud incorporando el envejecimiento comocomponente esencial de las políticas nacionales desalud.

R2 Los sistemas de salud reorientan sus servicios enrespuesta a las necesidades del proceso deenvejecimiento.

R3 Se cuenta con recursos humanos capacitados engerontología y geriatría, incluyendo el servicio devoluntariado.

R4 Se promueven conductas de vida saludable a travésde leyes, políticas, programas y acciones.

R5 Se implementa un marco jurídico para la protecciónde los derechos de las personas adultas mayoresque son usuarias de los establecimientosprestadores de servicios de cuidado de larga y cortaestadía.

META 3:

R1 Se adapta el entorno físico a las características ynecesidades de las personas adultas mayoresfacilitando su independencia.

R2 Disminuyen las formas de discriminación y maltratoen contra de las personas adultas mayores.

R3 Formadores de opinión, generadores de políticas ymedios de comunicación proyectan una imagenpositiva del envejecimiento y la vejez.

Actividades para el logro de la M1 R1

A1. Promover y fortalecer las organizaciones depersonas mayores que se articulan en red.

A2. Capacitar a líderes y lideresas de las organizacionesen derechos y legislación, para su participacióncalificada en los espacios de toma de decisión.

A3. Promover el reconocimiento por parte del Estado ensus diferentes niveles de las organizaciones depersonas adultas mayores.


A1. Incorporar a las personas adultas mayores en losprogramas de emprendimientos económicosvigentes en los diversos sectores del Estado.

A2. Promover y facilitar el acceso a las oportunidadesde financiamiento para las actividades económicasemprendidas o por emprenderse por las personasadultas mayores.


A1. Promover reformas para la creación de pensionesno contributivas a favor de personas adultas mayoresen extrema pobreza y mayores de 75 años.


A1. Promover la existencia y desarrollo de instancias devigilancia ciudadana para proteger los derechos delas personas adultas mayores.

A2. Diseñar e implementar programas de capacitaciónpara personas adultas mayores en las nuevastecnologías de la información.


A1. Diseñar e implementar Programas de alfabetizacióncon enfoque intercultural e intergeneracional.

A2. Diseñar e implementar un modelo educativoadaptado a las personas adultas mayores.

A3. Garantizar el acceso universal a la educación básica,intermedia y superior de los adultos mayores.


A1. Promover la progresiva incorporación a las personasadultas mayores sin recursos económicos al segurointegral de salud.

A2. Diseñar e implementar un Plan Nacional de Saludsobre Envejecimiento.

A3. Adecuar los servicios de salud a las necesidadesde las personas adultas mayores.

A4. Elaborar y poner en vigencia el diseño básico deatención para los adultos mayores.


A1. Elaborar e implementar currículas de capacitacióna nivel técnico, profesional y gerencial.

A2. Diseñar e implementar programas de capacitacióndirigidas al personal de salud en relación con laproblemática de las personas adultas mayores.

A3. Promover y formar un servicio de voluntariado enbeneficio de los adultos mayores.


A1. Promover la elaboración de normas de protecciónde los derechos de las personas adultas mayores.

A2. Regular los servicios que prestan losestablecimientos de larga y corta estadía.


A1. Regular en los ámbitos locales y regionales laeliminación y adecuación de las barrerasarquitectónicas en las construcciones y el diseñode infraestructura urbana de manera que favorezcansu uso por las personas adultas mayores.

A2. Promover la constitución de defensorías de laspersonas adultas mayores en los gobiernos localesa nivel nacional.


A1. Sensibil izar a los formadores de opinión,generadores de políticas y medios de comunicaciónpara que proyecten una imagen positiva de laspersonas adultas mayores.

OE6 FOMENTAR ACCIONES PARA PROMOVER UNACULTURA DE RESPETO A LAS DIFERENCIAS,QUE EVITE EL TRATO DENIGRANTE OVIOLENTO POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN/ÍNDOLE SEXUAL, EN EL MARCO DE LACONSTITUCIÓN Y LA LEY.

R1 Se implementan acciones para que las personasno sean objeto de trato denigrante o violento,por razones de orientación/índole sexual.


A1. Evaluar la normatividad vigente y emitir lasrecomendaciones necesarias para sancionar las


prácticas denigrantes o violentas contra personaspor motivos de orientación/índole sexual.

A2. Promover normas para sancionar los mensajesdenigrantes que se difundan a través de medios decomunicación contra las personas por razones deorientación/índole sexual.

A3. Fomentar acciones que incluyan la promoción dela tolerancia y el respeto de los derechos de laspersonas con diferente orientación/índole sexual.

A4. Implementar programas de capacitación en derechoshumanos dirigidos a operadores de salud a fin deque brinden servicios de atención con calidad, y quese respeten los derechos de las personas condiferente orientación/índole sexual.

Esta protección no se extiende al reconocimiento delderecho a contraer matrimonio entre personas del mismosexo, legalizar sus uniones de hecho y adoptar menores,por no ser acorde con el marco jurídico vigente.

Lo dispuesto en relación a este Objetivo Estratégico, noafecta lo establecido en los Reglamentos de lasInstituciones Castrenses, de acuerdo con lo dispuesto porla Constitución Política del Estado y las Leyes de laRepública.

OE7 GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOSMIGRANTES

R1 Se fortalecen los mecanismos de protección ypromoción integral de los derechos demigrantes.


A1. Ratificar las normas internacionales relacionadascon la salvaguarda de los derechos de losmigrantes y proceder a la subsiguiente adecuacióndel derecho interno a las obligaciones inherentesa las mismas.

A2. Incluir la temática migratoria en los acuerdos deintegración y comercio, en particular en lasnegociaciones del Tratado de Libre Comercio conlos Estados Unidos de Norteamérica y la UniónEuropea.

A3. Ejecutar campañas masivas de información pública,en general, y en el ámbito geográfico donde seconcentran las comunidades de origen de lamigración peruana en el exterior, en torno a losprocedimientos relacionados con la migracióndocumentada, el modus operandi de las personas yorganizaciones dedicadas al tráfico ilícito demigrantes y los riesgos que conlleva la migraciónirregular, así como sobre las condiciones de vida,características del mercado de trabajo yoportunidades de empleo, el sistema educativo yrequerimientos para el acceso a servicios básicosen los países de destino.

A4. Generar sistemas de alerta temprana para sustentarrespuestas efectivas y oportunas, por parte de lasautoridades, frente a situaciones de emergencia queafectan a los (as) peruanos (as) que migran en lospaíses de destino.

A5. Instituir la participación de la sociedad civil en losComités Fronterizos que operan en las fronterasnorte y sur del Perú.

A6. Simplificar los trámites y disminuir las tarifasconsulares en las representaciones peruanas en elexterior.

A7. Desarrollar mecanismos de coordinación entre lossectores público y privado para facil itar latransferencia de las remesas de las y los peruanosen el exterior a menores costos, y para su usoproductivo.

A8. Simplificar los trámites, otorgan facilidadesaduaneras y generan mecanismos de co-financiamiento para el impulso de proyectos

productivos y de desarrollo, así como de asistenciatécnica, dirigidos a promover el retorno y reinserciónproductiva de las y los migrantes peruanos que seencuentran en el exterior.

A9. Promover campañas para combatir los prejuicios yestereotipos que afectan y estigmatizanindebidamente a las y los migrantes peruanos enlos países de destino.

OE8 GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LASPERSONAS CON VIH/SIDA

R1 Se brinda atención integral de calidad a personasviviendo con VIH/ SIDA en los establecimientos desalud.


A1. Realizar campañas para proteger y promover losderechos humanos y respeto por la dignidad de laspersonas viviendo con VIH/SIDA, procurando reducirel estigma y la discriminación asociados al VIH/SIDA.

A2. Garantizar el acceso gratuito al TratamientoAntirretroviral de Gran Actividad (TARGA) comoparte de la atención integral de calidad a laspersonas viviendo con VIH/SIDA.

A3. Establecer medidas para reconocer los derechoshumanos de las personas viviendo con VIH/SIDA, yen particular su acceso universal, gratuito y decalidad al tratamiento y atención de salud enservicios integrales, así como la erradicación de todaforma de estigmatización y discriminación en losservicios públicos y privados, medios decomunicación, así como en los ámbitos laboral yrecreativo y deportivo.

A4. Desarrollar intervenciones educativas y garantizarel oportuno abastecimiento de medicamentos einsumos para prevenir y atender las infecciones detransmisión sexual y el VIH/SIDA, tanto entre lapoblación en general, como entre las poblacionesvulnerables en particular.

A5. Garantizar la descentralización de la atención depersonas viviendo con VIH/SIDA hasta el primer nivelde atención.

A6. Realizar intervenciones para fortalecer la adherenciaal Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad(TARGA) a través de visitas domiciliarias, laparticipación de voluntarios en consejería de paresy actividades de sensibilización a grupos familiares.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Sistematización de Audiencias Públicas

1. Datos Generales

Entre abril y julio de 2005, el Consejo Nacional de DerechosHumanos (en adelante "CNDH") llevó a cabo 18 audienciaspúblicas en diferentes ciudades del país con el propósitode recoger la opinión de la población respecto a la temáticade derechos humanos.13 Dicha consulta forma parte del

13 Las audiencias fueron realizadas en Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Cusco,Huacho, Huancayo, Huaraz, Ica, Iquitos, Lima Cono Este, Lima ConoNorte, Lima Cono Oeste, Lima Cono Sur, Lima Metropolitana, Piura, Puno,Tarapoto, Tingo María.


programa desarrollado por el CNDH con miras a laelaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, talcomo fue establecido en la Declaración y Programa deacción de Viena de 1993.

En cada audiencia se organizaron grupos de trabajo queanalizaron la temática de derechos fundamentales desdedos perspectivas: nacional y regional.

Participaron en estas audiencias representantes dediversos organismos de derechos humanos y asociacionesde la sociedad civil.

El Instituto Democracia y Derechos Humanos de laPontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) fueencargado de llevar a cabo la sistematización de laspropuestas recogidas en la Consulta Nacional del PlanNacional de Derecho Humanos, y en particular de las quese formularon en las 18 audiencias realizadas entre lomeses de abril a julio de 2005.

A continuación se realiza un análisis descriptivo de losresultados arrojados luego de la sistematización de lainformación recogida en las audiencias.

2. Precisiones Metodológicas

En el formulario de consulta disponible en la página webwww.plannacionalderechoshumanosperu.com, además delos Derechos Civiles y Políticos (en adelante "DCP") ylos Derechos Económicos, Sociales y Culturales (enadelante "DESC") se contemplaban otras categorías:Derechos Colectivos y Derechos Ambientales. Noobstante, el trabajo desarrollado en las audiencias sóloha considerado las dos primeras categorías (DCP yDESC), integrando los derechos colectivos y ambientalesen la categoría de DESC.

Ante la disyuntiva acerca de como proceder a analizar losderechos mencionados, el equipo encargado de lasistematización de las audiencias públicas optó por seguirlas categorías de derechos utilizadas en las audiencias(Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos,Sociales y Culturales), basándose en los principalestratados internacionales de DDHH: el Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos (en adelante "PIDCP"), elPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (en adelante "PIDESC"), la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos (en adelante"CADH") y el Protocolo de San Salvador (en adelante"PSS").

De esta forma, a información recogida en las audienciasha sido sistematizada de la siguiente manera: revisióngeneral de los derechos mencionados para cada categoría(DCP y DESC), análisis detallado de los derechos másimportantes y sus respectivas necesidades.

En el caso de los DCP el equipo de trabajo ha seleccionadoaquellos derechos que fueron mejor trabajados en lasaudiencias y que permiten un análisis mucho más profundo:igualdad, acceso a la justicia e identidad. En el caso de losDESC la situación es distinta, ya que los derechos mejordesarrollados fueron también los más mencionados. Estosderechos son: educación, salud y trabajo.

Las medidas sugeridas en favor de los derechos humanoshan sido clasificadas en función de acciones de políticaspúblicas sugeridas, tal y como se propone en el formulariode consulta de la página web.

En cuanto a las instituciones o entidades públicasimplicadas en la defensa y protección de los DDHH, éstashan sido agrupadas en función del organigrama del Estadoperuano.

La información que aquí se analiza corresponden a laspercepciones de la población consultada respecto a laproblemática de los DDHH en el Perú, desde la perspectivanacional y regional.

3. Resultados del proceso de sistematización

3.1 Aspectos generales

El 55% de necesidades mencionadas pertenecen a lacategoría de DESC, mientras que el 45% a la categoría deDCP.

3.1.1 Aspectos generales referidos a los DCP

Los derechos mencionados son: igualdad, vida, integridadpersonal, libertad de expresión, acceso a la justicia y debidoproceso, derecho al nombre (como componente del derechoa la identidad), identidad cultural y derechos políticos. Deestas, la necesidad referida al derecho a la igualdad es laque destaca entre las demás. Así, si bien esta diferenciaes notoria en el caso de la perspectiva nacional, no lo estanto en el cuadro que muestra la perspectiva regional.

En relación con estos derechos, se pueden hacer lassiguientes precisiones: los derechos políticos se muestranbastante relacionados con la necesidad de acceso a lainformación. Ello se condice con el hecho de que la mayoríade las veces, las afectaciones referidas a la libertad deexpresión, tienen que ver con la falta de acceso ainformación sobre derechos humanos.

Por otra parte, las afectaciones a la identidad culturalaparecen constantemente confundidas con las referidas ala identidad personal y las afectaciones al derecho alnombre. En razón de ello, el equipo a cargo de lasistematización de las audiencias ha separado lasdemandas referidas a uno y otro supuesto. Cabe señalarfinalmente, que aunque las necesidades referidas a laidentidad cultural se consignaron en el formulario colgadoen la web como una categoría aparte, en el presente informehan sido incluidas como un tipo de DCP en virtud del artículo27 del PIDCP.

Las demandas en acciones de políticas públicas han sidoclasificadas en acciones normativas, judiciales,administrativas, presupuestarias, educativas y culturales,de acuerdo con la categorización hecha en el formulariode la página web del Plan Nacional de Derechos Humanos.Como puede verse no todas las demandas en DCP hanido acompañadas de claras acciones de políticas públicaspara darles una adecuada solución, sino que por el contrarioson los derechos a la igualdad, justicia e identidad aquellosque presentan una mayor frecuencia de mención de estasacciones. Para el caso de DCP, las medidas judiciales,administrativas y normativas, respectivamente son las másmencionadas.

En el plano nacional, las instituciones más mencionadasen cuanto a DCP han sido el Poder Legislativo y el PoderEjecutivo, seguidos de cerca por los organismos autónomos(Organismo Nacional de Procesos Electorales, Defensoríadel Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros).

En el plano regional, además del Poder Ejecutivo yLegislativo, aparecen mencionados los gobiernosregionales y locales, perdiendo importancia los organismosautónomos.

3.1.2. Datos generales referidos a DESC

Los derechos que aquí se mencionan son los siguientes:trabajo, nivel de vida adecuado, salud, seguridad social,medio ambiente y educación.

A diferencia de lo que ocurre en el caso de los DCP, en laperspectiva nacional, las necesidades muestranfrecuencias similares, tal y como se puede apreciar en elcaso de los derechos referidos a la salud, trabajo yeducación.

En relación con el derecho al medio ambiente, cabe precisarque, si bien éste también había sido considerado en unacategoría diferente de los DCP y DESC (como parte de losllamados derechos colectivos), el equipo a cargo de la


sistematización de las audiencias, en virtud del artículo 11del PSS (relativo al derecho a un medio ambiente sano),ha incluido los derechos ambientales en la categoría deDESC. Este derecho, junto con el derecho a un nivel devida adecuado, ha tenido una mayor frecuencia de menciónen la perspectiva a nivel regional.

Los derechos referidos a la educación, a la salud y al trabajo,respectivamente, son los que, tienen el mayor porcentajede mención en las audiencias. Por otro lado, se percibeuna mayor precisión en la presentación de las medidassugeridas para la protección y cumplimiento de los DESC.

Respecto de las acciones de políticas públicas relacionadascon estos derechos, al igual que se hizo para los DCP, talesacciones han sido clasificadas en normativas, judiciales,administrativas, presupuestarias, educativas y culturales.A diferencia de los DCP, no todas las demandas dederechos habían sido acompañadas de correspondientesacciones de políticas públicas, en el caso de los DESCvemos una mayor mención a acciones de este tipo parasolucionar los problemas demandados en relación contodos los derechos.

En relación al derecho al trabajo, las acciones de políticaspúblicas que destacan, siguiendo el orden de frecuencia,son las presupuestarias, las normativas y lasadministrativas; en salud, las presupuestarias y lasadministrativas; y en educación, las educativas ypresupuestarias.

Respecto al porcentaje de mención de políticas públicas anivel general, donde el primer lugar lo ocupan las medidaspresupuestarias, seguidas de cerca de las administrativas.

En lo que se refiere a las entidades comprometidas con lasacciones de políticas públicas propuestas, tanto a nivelregional como nacional para el caso de los DESC, en laperspectiva nacional, destacan tanto el Poder Legislativocomo el Poder Ejecutivo, mientras que en el regional el únicoque destaca es el Poder Legislativo. Aquí, también losgobiernos regionales y locales son mencionados con mayorfrecuencia que en el caso de la perspectiva nacional, perono llegan al nivel de menciones obtenidos para el caso delos DCP.

3.2 Aspectos relevantes de los DCP: el derecho a laigualdad, al acceso a la justicia y debido proceso yal nombre

La principal afectación del derecho a la igualdad loconstituyen los problemas de trato diferenciado ydiscriminación por razón de sexo. Le siguen en porcentajelas afectaciones por otra índole, raza, condición económicay origen.

La categoría "otra índole" ha sido utilizada para reunirdiferentes características señaladas como razones dediscriminación tales como edad, orientación/índole sexual,discapacidad, etc.

En la comparación a nivel de Lima puede observase queen las audiencias de Lima Cono Oeste, Lima Cono Sur yHuacho, el tema de la igualdad no ha estado muy presente.Por otro lado, en las demás audiencias, la discriminaciónpor motivos de otra índole es la que ha obtenido mayornúmero de demandas.

En la comparación entre distintas regiones, puede verseque la temática de la igualdad y la discriminación sí ha sidoabordado por las diferentes audiencias, manteniendofrecuencias de mención relativamente parejas.

Un trabajo similar al realizado con el derecho a la igualdadfue hecho con el derecho al acceso a la justicia y al debidoproceso. Los diferentes aspectos en los que se hadesagregado este derecho son: el acceso a la justicia, lacorrupción de funcionarios, las reparaciones a las víctimasde la violencia y la dilación en el proceso. De todas ellas,los problemas de acceso a la justicia son los que han

presentado mayor número de demandas, aunque adiferencia de lo que se pudo ver en el caso del derecho a laigualdad, la brecha entre los distintos aspectos no es tangrande.

En relación con las afectaciones a este derecho cabeseñalar que el problema de la corrupción de funcionariostiene que ver con los problemas de falta de imparcialidaden los fallos del poder judicial.

Por otro lado, las demandas de los afectados por el conflictoarmado interno aluden constantemente al Plan Integral deReparaciones (en adelante "PIR"), el cual si bien no esparte de un proceso judicial cae en el ámbito de la justicia.

Al comparar las demandas respecto del derecho al accesoa la justicia y al debido procesos, en el caso de la provinciade Lima, los resultados no son muy claros, ya que estederecho no ha sido tratado con abundancia de lasaudiencias de esta provincia. En la comparación regionalsí se pueden observar frecuencias más parejas, donde losproblemas de acceso a la justicia y dilación en el procesose muestran como los más mencionados.

Finalmente, el último derecho que fue desagregado endiferentes aspectos fue el derecho al nombre (entendidocomo parte del derecho a la identidad personal). Lasdemandas por este derecho fueron clasificadas en trestipos: problemas en la obtención del Documento Nacionalde Identidad - DNI, las dificultades de la inscripción en elregistro de personas, y la problemática del reconocimientode filiación extramatrimonial. De todas ellas, las demandaspor obtención del DNI han tenido un amplio margen demención superior al resto.

En Lima y entre regiones, las demandas por obtención delDNI ocupan el primer lugar, que se ubica muy por encimadel resto.

3.3 Aspectos relevantes de los DESC: el derecho a laeducación, a la salud y al trabajo

Respecto a las necesidades en DESC, los derechos másmencionados y mejor trabajados en las audiencias son losrelacionados con educación, salud y trabajo.

Los diferentes aspectos que se han demandando enrelación con el derecho a la educación son: Acceso a laeducación, infraestructura, calidad en la enseñanza ygratuidad, donde el problema de la calidad en la enseñanzaes el más demandado. Este aspecto incluye diferenteselementos, como son la calidad de contenidos, calidad dela enseñanza y la necesidad de incorporar la perspectivaintercultural.

Respecto a las necesidades relativas al derecho a laeducación en Lima, puede observarse que las necesidadesen las que se hace hincapié, con excepción de LimaMetropolitana y Lima Cono Norte, se vinculan a calidad.En Lima Cono Norte, la necesidad a la gratuidad destacacomo la de mayor frecuencia.

En las regiones seleccionadas, el acceso y la calidadconstituyen las necesidades con mayor índice de mención.El tema de infraestructura, por su parte, es el menosmencionado.

En relación con las necesidades referidas a salud, éstashan sido agrupadas en calidad de la atención,infraestructura y acceso a la salud. La calidad de laatención, que alcanza el porcentaje más alto de mención,estaría muy vinculada a los temas de exclusión social,discriminación y calificación de los profesionales de saluden zonas rurales. Cabe señalar que en ningún área de Limahay demandas de infraestructura.

Por último, en cuanto a las necesidades relativas al derechoal trabajo, éstas han sido clasificadas en los siguientesaspectos: acceso al empleo, estabil idad laboral,condiciones laborales y trabajo infantil. El porcentaje más


alto de mención lo tienen las necesidades de condicioneslaborales adecuadas (63,54%) que incluyen demandas entorno a remuneraciones y los temas de explotación de lamujer y las situaciones de desigualdad en el ámbito laboral.

Siguiendo el patrón general, en todas las áreas de Lima lasnecesidades más mencionadas son las relativas a lascondiciones laborales adecuadas. En la comparación denecesidades por regiones, las demandas más frecuentesson el acceso al empleo y las condiciones laborales. Cabeseñalar que aquí no aparecen demandas referidas al trabajoinfantil, excepto en la audiencia de Puno.

Conclusiones Finales y propuestas

Sobre los DCP

En términos generales, tomando en cuenta la complejasituación social, política y económica que se vive en el Perú,llama la atención que entre los consultados exista un interéscasi similar en torno a DCP y DESC.

Las audiencias revelan un interés mayoritario por el derechoa la igualdad y no discriminación. Una primera explicacióna este resultado sería que el componente de igualdad espercibido como una condición mínima indispensable parael cumplimiento de otros derechos.

El segundo derecho más mencionado y analizado es elderecho a la justicia. Todos sus aspectos han sidoanalizados y ello revela que existe claridad por parte de losasistentes a las audiencias en cuanto al carácter integralde este derecho: todos sus aspectos están muy vinculadosy no puede atenderse uno dejando de lado a los otros.

En cuanto al derecho a la identidad, es muy claro el reclamoen torno a la obtención del DNI. Ello pone en evidencia unproblema sobre el que en la actualidad se discute mucho.

Sobre los DESC

Existe un análisis más detallado de estos derechos en lasaudiencias. Ello podría revelar que, no sólo los asistentesa las audiencias sino también la sociedad peruana engeneral, están más familiarizados con este tipo de derechos.

Los derechos que concitaron mayor interés fueron salud,trabajo y educación. En cada uno de estos casos, lademanda mayor giró en torno a la calidad; es decir, a lascondiciones en las que dichos derechos se ejercen.

A nivel regional es muy notoria la preocupación en torno ala protección del medio ambiente. Ello se relaciona con elambiente de tensión que existe en muchas zonas al interiordel país entre comunidades y empresas de extracción oexplotación de recursos naturales.

DEMANDAS Y NECESIDADES FUERA DEL ÁMBITO DELOS DCP Y DESC

Algunos temas consignados en las audiencias no han sidotomados en cuenta en la sistematización por nocorresponder a la categoría de DESC y DCP; sin embargo,consideramos útil hacer referencia a la manera en quedichos temas fueron planteados por quiénes participaronde las audiencias.

1. Independencia económica y política

Las necesidades a este respecto giran en torno a losproblemas de centralización y dependencia económica ypolítica que, históricamente, las regiones mantienenrespecto a Lima. Algunas de las medidas sugeridas son:mayor participación de las autoridades regionales en la tomade decisiones políticas a nivel nacional, descentralizacióndel MEF y del sistema tributario; descentralización efectivapor medio de la autonomía en el uso de recursos;descentralización de programas sociales; trabajo regionalplanificado y asociado a la cooperación internacional quepermita el crecimiento económico de la región; etc.

2. Entendimiento y confianza recíproca

Los problemas que se presentan en este caso estánrelacionados con el maltrato de servidores públicos yprivados al público general. Las medidas a adoptar sugierenespecialmente acciones formativas tales como: campañasde sensibilización, capacitación de servidores públicos yprivados, capacitación de la población sobre los derechosdel consumidor y creación de instancias de control respectoa la atención que se brinda al público.

3. Violencia familiar

Se lamenta la falta de protección por parte del Estado agrupos considerados como los que más maltrato sufren enel ámbito doméstico: mujeres, niños, ancianos y personascon diferente orientación/índole sexual. Es un problemasobre el que se insiste con mucha frecuencia en la mayoríade las audiencias. Las medidas a adoptar sugieren accionesadministrativas, normativas y formativas. Respecto a lasadministrativas, se propone crear casas de refugio paralas víctimas de la violencia familiar, mejorar la atención yprotección al menor, hacer un diagnóstico para tener mayorimpacto en los programas que enfrenten el problema de laviolencia familiar; promover una mayor participación en losprogramas de prevención. Dentro de las medidasnormativas, se plantea promulgar leyes que protejan demanera más efectiva a las víctimas de maltrato y revisarlas leyes vigentes sobre violencia familiar. Finalmente, comoparte de las acciones formativas, se propone laimplementación de campañas de sensibilización sobremecanismos de prevención y denuncia del maltrato.

4. Seguridad ciudadana

Este es un punto sobre el cual se ha insistido fuertementeen las audiencias. En general se considera que hay unincremento de la violencia social y delincuencial, sea comúnu organizada. Frente a este contexto de violencia, losmecanismos de control y seguridad ciudadanos se percibencomo ineficaces.

El peso de la demanda está puesto sobre todo en ladelincuencia común y organizada. El tema es visto comoprioritario, al mismo tiempo que se insiste en que afecta atodos los ámbitos sociales. Como medidas administrativasse sugiere incrementar el número de puestos policiales ypromover una mayor participación de la comunidad en losprogramas de prevención. A nivel normativo se sugieremodificar el código penal de manera que sancionedrásticamente a quienes atenten contra la seguridadciudadana; como medida educativa se propone formar aciudadanos y agentes policiales en programas deprevención de la violencia. Finalmente, se exige dotar demayor presupuesto a la policía de manera que pueda hacerfrente a este problema con la participación de la sociedadcivil.

En cuanto a la violencia social, se pide mayor control porparte de las autoridades de las manifestaciones y protestaspúblicas de manera que no impidan el libre tránsito ygeneren daños a la propiedad privada.

5. Avances científicos y tecnológicos

En cuanto al acceso restringido de los avances de la cienciay la tecnología por parte de muchos ciudadanos en nuestropaís, se considera que el Estado, con el apoyo de laempresa privada, debería fomentar programas sociales quedoten de tecnología a zonas rurales (por ejemplo,expandiendo el ámbito de acción del programa Huascarán).

6. Cooperación internacional

El tema ha sido desagregado en algunos puntosespecíficos: la renegociación de la deuda externa; la firmadel Tratado de Libre Comercio en condiciones de justicia eigualdad y la reducción de la deuda externa. Sin embargo,no se han desarrollado para ellos medidas concretas parasu cumplimiento.


ANEXO Nº 2

Cuadro Nº 1

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOSRATIFICADOS POR EL PERÚ ♦♦♦♦♦

Instrumento Fecha de Fecha de Fecha de Reservas, declaraciones oadopción firma ratificación denuncias

o adhesiónConvenio OIT (Nº 1) sobre las horas de trabajo (industria) 1919 // 08.11.45 //

Convenio OIT (Nº 4) sobre el trabajo nocturno (mujeres) 1919 // 08.11.45 Denuncia 05.02.97

Convenio OIT (Nº 8) sobre las indemnizaciones de desempleo 1920 // 04.04.62 //(naufragio)

Convenio OIT (Nº 9) sobre la colocación de la gente de mar 1920 // 04.04.62 //

Convenio OIT (Nº 10) sobre la edad mínima (agricultura) 1921 // 01.02.60 Denuncia 13.11.02

Convenio OIT (Nº 11) sobre el derecho de asociación (agricul- 1921 // 08.11.45 //tura)

Convenio OIT (Nº 12) sobre la indemnización por accidentes 1921 // 04.04.62 //del trabajo (agricultura)

Convenio OIT (Nº 14) sobre el descanso semanal (industria) 1921 // 08.11.45 //

Convenio OIT (Nº 19) sobre la igualdad de trato (accidentes 1925 // 08.11.45 //del trabajo)

Convenio OIT (Nº 20) sobre el trabajo nocturno (panaderías) 1925 // 04.04.62 Denuncia 18.06.96

Convenio OIT (Nº 22 ) sobre el contrato de enrolamiento de la 1926 // 04.04.62 //gente de mar

Convenio OIT (Nº 23) sobre la repatriación de la gente de mar 1926 // 04.04.62 //

Convenio OIT (Nº 24) sobre el seguro de enfermedad (industria) 1927 // 08.11.45 //

Convenio OIT (Nº 25) sobre el seguro de enfermedad (agricul- 1927 // 01.02.60 //tura)

Convenio OIT (Nº 26) sobre los métodos para la fijación de sa- 1928 // 04.04.62 //larios mínimos

Convenio OIT (Nº 27) sobre la indicación del peso en los fardos 1929 // 04.04.62 //transportados por barco

Convenio OIT (Nº 29) sobre el trabajo forzoso 1930 // 01.02.60 //

Convenio OIT (Nº 32) sobre la protección de los cargadores de 1932 // 04.04.62 Denuncia 19.11.88muelle contra los accidentes (revisado)

Convenio OIT (Nº 35) sobre el seguro de vejez (industria, etc.) 1933 // 08.11.45 //

Convenio OIT (Nº 36) sobre el seguro de vejez (agricultura) 1933 // 01.02.60 //

Convenio OIT (Nº 37) sobre el seguro de invalidez (industria 1933 // 08.11.45 //etc.)

Convenio OIT (Nº 38) sobre el seguro de invalidez (agricultura) 1933 // 01.02.60 //

Convenio OIT (Nº 39) sobre el seguro de muerte (industria etc.) 1933 // 08.11.45 //

Convenio OIT (Nº 40) sobre el seguro de muerte (agricultura) 1933 // 01.02.60 //

Convenio OIT (Nº 41) (revisado) sobre el trabajo nocturno 1934 // 08.11.45 Denuncia 13.01.97

Convenio OIT (Nº 44) sobre el desempleo 1934 // 04.04.62 //

Convenio OIT (Nº 45) sobre el trabajo subterráneo (mujeres) 1935 // 08.11.45 Denuncia 09.06.97

Convenio OIT (Nº 52) sobre las vacaciones pagadas 1936 // 01.02.60 //

Convenio OIT (Nº 53) sobre los certificados de capacidad de 1936 // 04.04.62 //los oficiales

Convenio OIT (Nº 55) sobre las obligaciones del armador en 1936 // 04.04.62 //caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar

Convenio OIT (Nº 56) sobre el seguro de enfermedad de la gen- 1936 // 04.04.62 //te de mar

Convenio OIT (Nº 58) (revisado) sobre la edad mínima (trabajo 1936 // 04.04.62 //marítimo)

Convenio OIT (Nº 59) (revisado) sobre la edad mínima (indus- 1937 // 04.04.62 //tria)

Convenio OIT (Nº 62) sobre las prescripciones de seguridad 1937 // 04.04.62 //(edificación)

Convenio OIT (Nº 67) sobre las horas de trabajo y el descanso 1939 // 04.04.62 //(transporte por carretera)

Convenio OIT (Nº 68) sobre la alimentación y el servicio de fon- 1946 // 04.04.62 //da (tripulación de buques)

♦ Como regla general, se consigna como fecha de ratificación la fecha en que el instrumento del sistema universal ha sido depositado.


Convenio OIT (Nº 69) sobre el certificado de aptitud de los co- 1946 // 04.04.62 //cineros de buque

Convenio OIT (Nº 70) sobre la seguridad social de la gente de 1946 // 04.04.62 //mar (no esta en

vigor)

Convenio OIT (Nº 71) sobre las pensiones de la gente de mar 1946 // 04.04.62 //

Convenio OIT (Nº 73) sobre el examen médico de la gente de 1946 // 04.04.62 //mar

Convenio OIT (Nº 77) sobre el examen médico de los menores 1946 // 04.04.62 //(industria)

Convenio OIT (Nº 78) sobre el examen médico de los menores 1946 // 04.04.62 //(trabajos no industriales)

Convenio OIT (Nº 79) sobre el trabajo nocturno de los menores 1946 // 04.04.62 //(trabajos no industriales)

Convenio OIT (Nº 80) sobre la revisión de los artículos finales 1946 // 04.04.62 //

Convenio OIT (Nº 81) sobre la inspección del trabajo 1947 // 01.02.60 //

Convenio OIT (Nº 87) sobre la libertad sindical y la protección 1948 // 02.03.60 //del trabajo en su trigésima primera reunión

Convenio OIT (Nº 88) sobre el servicio del empleo 1948 // 06.04.62 //

Convenio OIT (Nº 90) (revisado) sobre el trabajo nocturno de 1948 // 04.04.62 //los menores (industria)

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 1948 14.12.48 24.02.60 //Genocidio

Convenio OIT (Nº 98) sobre el derecho de sindicación y de ne- 1949 // 13.03.64 //gociación colectiva

Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los 1949 12.08.49 15.02.56 //Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña

Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los 1949 12.08.49 15.02.56 //Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadasen el Mar

Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros 1949 12.08.49 15.02.56 //de guerra

Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las per- 1949 12.08.49 15.02.56 //sonas civiles en tiempo de guerra

Convenio OIT (Nº 99) sobre los métodos para la fijación de sa- 1951 // 01.02.60 //larios mínimos (agricultura)

Convenio OIT (Nº 100) sobre igualdad de remuneración 1951 // 01.02.60 //

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951 // 21.12.64 //

Convenio OIT (Nº 101) sobre las vacaciones pagadas (agricul- 1952 // 01.02.60 //tura)

Convenio OIT (Nº 105) sobre la abolición del trabajo forzoso 1957 // 0612.60 //

Convenio OIT (Nº 106) sobre el descanso semanal (comercio y 1957 // 11.07.88 //oficinas)

Convenio OIT (Nº 107) sobre poblaciones indígenas y tribales 1957 // 06.12.60 Denuncia 02.02.94

Convenio OIT (Nº 111) relativo a la discriminación en materia 1956 // 10.08.70 //de empleo y ocupación

Convenio OIT (Nº 112) sobre la edad mínima (pescadores) 1959 // 04.04.62 //

Convenio OIT (Nº 113) sobre el examen médico de los pesca- 1959 // 04.04.62 //dores

Convenio OIT (Nº 114) sobre el contrato de enrolamiento de los 1959 // 04.04.62 //pescadores

Convenio OIT (Nº 122) relativo a la política del empleo 1964 // 27.07.67 //

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 1965 07.03.66 29.09.71 //Formas de Discriminación Racial

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 1966 // 15.09.83 El suscrito, Fernando Schwalb López-Aldana, Ministro de Relaciones Exterio-res del Perú, debidamente autorizado, alhacer efectivo el depósito del Instrumen-to de Adhesión, a nombre del Gobiernoperuano, del ́ Protocolo sobre el Estatutode los Refugiados´, declara expresamen-te por la presente, con referencia a lo dis-puesto en los artículos I, párrafo 1 y II delcitado protocolo que, el cumplimiento delas obligaciones contraídas por el Acto de


o adhesión



o adhesión

Adhesión a este instrumento, contará contodos los medios que estén al alcance delEstado peruano, cuyo Gobierno procura-rá en todo caso cooperar con la Oficinadel Alto Comisionado de las NacionesUnidas para los Refugiados en la medidade sus posibilidades.

En testimonio de lo cual, firma y sella lapresente a los veinticinco días del mesde agosto de mil novecientos ochenta ytres.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1966 11.08.77 28.04.78 //

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 1966 11.08.77 03.10.80 //Civiles y Políticos

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul- 1966 11.08.77 28.04.78 //turales

Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Gue- 1968 // 11.08.03 1.1. De conformidad con el artículo 103rra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de la Constitución Política, el Estado Pe-

ruano se adhiere a la Convención sobreImprescriptibilidad de los Crímenes deGuerra y de los Crímenes de Lesa Hu-manidad, adoptada por la Asamblea Ge-neral de Naciones Unidas, el 26 de no-viembre de 1968, para los crímenes queconsagra la convención, cometidos conposterioridad a su entrada en vigor parael Perú.

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 1969 23.05.69 14.09.00 Para el Gobierno del Perú la aplicaciónde los artículos 11, 12 y 25 de la presenteConvención debe entenderse en concor-dancia y con sujeción al proceso de sus-cripción, aprobación, ratificación, adhe-sión y entrada en vigencia de tratados quedispone su ordenamiento constitucional.

Convención para la represión del apoderamiento ilícito de 1970 // 28.04.78 //aeronaves

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del 1973 01.11.78 01.11.78 //Crimen de Apartheid

Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra 1973 // 25.04.78 //personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentesdiplomáticos

Convenio OIT (Nº 138) sobre la edad mínima 1973 // 13.11.02 Edad mínima especificada: 14 años.

Convenio OIT (Nº 139) sobre el cáncer profesional 1974 // 16.11.76 //

Convenio OIT (Nº 144) sobre la consulta tripartita (normas in- 1976 // 08.11.04 //ternacionales del trabajo)

Convenio OIT (Nº 147) sobre la marina mercante (normas míni- 1976 // 06.07.04 //mas)

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 08.06.77 // 14.07.89 //agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de losConflictos Armados Internacionales (Protocolo I)

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 1977 // 14.07.89 //agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de losconflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)

Convenio OIT (Nº 151) sobre las relaciones de trabajo en la ad- 1978 // 27.10.80 //ministración pública

Convenio OIT (Nº 152) sobre seguridad e higiene (trabajos por- 1979 // 19.04.88 Denuncia por ratificación del Conveniotuarios)

Convención internacional contra la toma de rehenes 1979 // 06.07.01 //

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri- 1979 03.07.81 03.09.82 //minación contra la mujer

Convenio OIT (Nº 156) sobre los trabajadores con responsabili- 1981 // 16.06.86 //dades familiares

Convenio OIT (Nº 159) sobre la readaptación profesional y el 1983 // 16.06.86 //empleo (personas inválidas)

Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, in- 1984 29.05.85 07.06.88 //humanos o degradantes

Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes 1985 30.05.86 07.07.88 //

Convención sobre los Derechos del Niño 1989 26.01.90 05.09.90 //


Convenio OIT (Nº 169) sobre pueblos indígenas y tribales en 1989 // 02.02.94 Denuncia por ratificación del Conveniopaíses independientes

Convenio internacional para la represión de los atentados 1997 // 10.11.01 //terroristas cometidos con bombas

Estatuto de Roma 1998 07.12.00 10.11.01 //

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de 1999 22.12.00 09.04.01 //todas las formas de discriminación contra la mujer

Convenio OIT (Nº 182) sobre las peores formas de trabajo 1999 // 10.01.02 //infantil

Convenio internacional para la represión de la financiación del 1999 14.09.00 10.11.01 //terrorismo

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del 2000 // 09.05.02 La edad de reclutamiento voluntario en elNiños relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Perú, es de dieciocho años (18), deArmados acuerdo a las disposiciones y normas de

la ley del Servicio Militar y de su Regla-mento.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del 2000 // 09.05.02 //Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y laUtilización de Niños en la Pornografía

Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organiza- 2000 14.12.00 23.01.02 //do Transnacional

Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra el 2000 14.12.00 23.01.02 //Crimen Organizado Transnacional para Prevenir, Suprimir ySancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños

Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra el 2000 14.12.00 23.01.02 //Crimen Organizado Transnacional contra el Tráfico de Migran-tes por Tierra, Mar y Aire 2002

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 2003 10.12.03 06.10.04 Aprobado con Resolución LegislativaNº 2835714

14 Solo para la presente Convención se ha considerado como fecha de ratificación la de su aprobación y no la de su depósito.

Cuadro Nº 2

INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓNDE DERECHOS HUMANOS RATIFICADOS POR EL PERÚ ♦♦♦♦♦

Instrumento Fecha de Fecha Fecha de Reservas, declaraciones o denunciasadopción de firma ratificación

o adhesión

Tratado Antibélico de no Agresión y de Conciliación (Pacto 10.10.33 11.0634 21.04.36 La adhesión a este Pacto no altera niSaavedra-Lamas) modifica los pactos y convenciones inter-

nacionales en actual vigencia tal comofueron suscritos por el Perú.

Convención sobre Asilo Político 26.12.33 26.12.33 09.03.60 //

Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna, y de las 12.10.40 12.10.40 22.11.46 //Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América

Convenio sobre los Privilegios y la Inmunidad de las Naciones 13.02.46 24.07.63 //Unidas

Tratado Americano de Soluciones Pacíficas ("Pacto de Bogotá") 30.04.48 30.04.48 26.05.67 //

Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos 02.05.48 02.05.48 11.06.56 //Políticos a la Mujer

Convención sobre Asilo Diplomático 28.03.54 22.01.60 02.06.62 //

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 14.02.67 14.02.67 04.03.69 El Gobierno del Perú al ratificar el Trata-América Latina (Tratado de Tlatelolco ) do para la Proscripción de las Armas

Nucleares en América Latina, declara ex-presamente para los efectos del párrafo 2del artículo 28 del mismo, que renuncia ala totalidad de los requisitos establecidosen el párrafo 1 del citado artículo, a fin deque el Tratado entre en vigor, en lo que alPerú se refiere, en el momento en que sehaga el depósito de su instrumento deratificación.


o adhesión

♦ Se ha consignado como fecha de ratificación la fecha en que el instrumento del sistema interamericano ha sido depositado.


Convención Americana sobre Derechos Humanos 22.11.69 27.07.77 28.07.78 Reconocimiento de Competencia: El 21de enero de 1981, presentó en la Secre-taría General de la OEA el instrumentode reconocimiento de la competencia dela Comisión Interamericana de DerechosHumanos y de la Corte Interamericana deDerechos Humanos, de acuerdo a los ar-tículos 45 y 62 de la Convención.

Convención para Prevenir y Sancionar Los Actos de Terrorismo 02.02.71 08.11.84 08.07.88 //Configurados en Delitos Contra Las Personas y la Extorsiónconexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional

Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 30.01.75 30.01.75 25.08.77 //Extranjero

Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histó- 16.06.76 19.03.79 22.01.80 //rico y Artístico de Las Naciones Americanas (Convención deSan Salvador)

Convención Interamericana sobre competencia en la Esfera In- 08.05.79 08.05.79 15.05.80 //ternacional para la Eficacia Extraterritorial de las SentenciasExtranjeras

Convención Interamericana sobre Ejecución de Medidas Pre- 08.05.79 08.05.79 15.05.80 //ventivas

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 09.12.85 10.01.86 28.03.91 //

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Dere- 17.11.88 17.11.88 04.06.95 //chos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales yCulturales

Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 15.07.89 15.07.89 02.03.05 //Menores

Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en 07.06.91 04.06.96 16.09.96 //Casos de Desastre

Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia 23.05.92 28.10.94 26.04.95 El 5 de mayo de 2004 Perú designó alPenal Ministerio de Justicia como su autoridad

central, de conformidad con lo dispuestoen el artículo 3 de la Convención Intera-mericana sobre Asistencia Mutua en Ma-teria Penal, siendo el Ministerio de Rela-ciones Exteriores su canal diplomático decomunicación.

Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 18.03.94 20.04.04 04.05.2004 Que, conforme a lo dispuesto en elMenores artículo 23 de la citada Convención, se

reconocerán y ejecutarán las sentenciaspenales dictadas en otro Estado Parte, enlo relativo a la indemnización de los da-ños y perjuicios derivados del tráfico in-ternacional de menores.Que, de conformidad a lo previsto por elarticulo 26º de la Convención, no se po-drá oponer en juicio civil en ese EstadoParte excepción o defensa alguna quetienda a demostrar la inexistencia del de-lito o irresponsabilidad de una persona,cuando exista sentencia condenatoria eje-cutoriada por ese delito, pronunciada enotro Estado Parte.

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Per- 09.06.94 08.01.01 13.02.02 //sonas

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradi- 09.06.94 12.07.95 04.06.96 //car la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará"

Convención Interamericana contra la Corrupción 29.03.96 29.03.96 04.06.97 Designación de Autoridad Central: Minis-terio de Justicia (10 de junio de 2003)

Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilí- 14.11.97 14.11.97 08.06.99 //cito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Mate-riales Relacionados

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las for- 07.06.99 08.06.99 30.12.01 //mas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

Convención Interamericana contra el Terrorismo 03.06.02 03.06.02 09.06.03 //

Se anotan a continuación los órganos internacionales no jurisdiccionales de protección de derechos humanos derivados de tratados cuyas observaciones y reco-mendaciones también comprometen a los Estados parte de los indicados tratados:


o adhesión


Cuadro Nº 3

ÓRGANOS INTERNACIONALES NO JURISDICCIONALES DE PROTECCIÓN DEDERECHOS HUMANOS DERIVADOS DE TRATADOS

Tratado Órgano Mecanismo Naturaleza de Procedimiento Consecuenciasla decisión de seguimiento del incumplimiento

internacional de una decisióninternacional

Convención Comisión 1. Comunicaciones Formula En sus informes anua- Responsabilidad internacio-Americana sobre Interamericana entre Estados Partes recomendaciones les proporciona informa- nal por falta de cooperación eDerechos Humanos de Derechos Humanos 2. Peticiones individuales ción a la Asamblea Ge- incumplimiento de los com-

3. Investigaciones in loco Produce informes neral sobre el cumpli- promisos asumidos.para violaciones graves miento, por parte de los Inclusión de referencia sobrey sistemáticas Estados de las reco- el incumplimiento en su In-

4. Informes por países men daciones que ha forme Anual, de conformidad5. Informes temáticos emitido dad con el artículo 51 de la

Convención Americana sobreDerechos Humanos

Pacto Comité de Derechos 1. Informes Periódicos Formula Relator designado Publicación de los Informes.Internacional de Humanos 2. Queja entre Estados recomendaciones Informes Anuales a laDerechos Civiles y Partes Asamblea General aPolíticos 3. Queja de individuos través del Consejo

contra Estados Partes Económico y Social

Pacto Internacional Comité de Derechos Informes periódicos sobre Formula Informes Anuales al Responsabilidad internacio-de Derechos Eco- Económicos, Sociales la situación de cumplimien- recomendaciones Consejo Económico y nal por falta de cooperaciónnómicos, Sociales y y Culturales to de los Estados Partes Social e incumplimiento de los com-Culturales promisos asumidos

Convención Interna- Comité para 1. Presentación de Infor- Formula Informes Anuales a la Publicación de los Informescional sobre la Eli- la Discriminación mes periódicos recomendaciones Asamblea General deminación de todas Racial 2. Queja entre Estados la ONUlas Formas de Dis- Partescriminación Racial 3. Queja de individuos

contra Estados Partes

Convención contra Comité 1. Presentación de Infor- Formula Informe Anual ala Tortura y Otros contra la Tortura mes periódicos recomendaciones la Asamblea GeneralTratos o Penas 2. Queja entre EstadosCrueles, Inhumanos Parteso Degradantes 3. Queja de individuos

contra Estados Partes

Convención sobre Comité para la Elimi- 1. Presentación de Infor- Formula Informes Anuales a la Responsabilidad internacio-la Eliminación de nación de la Discrimi- mes periódicos recomendaciones Asamblea General de nal por falta de cooperacióntodas las Formas nación contra la Mujer 2. Queja entre Estados la ONU, a través del e incumplimiento de losde Discriminación Partes Consejo Económico y compromisos asumidos.contra la Mujer 3. Queja de individuos Social Se incluye una referencia en

contra Estados Partes su Informe Anual a la Asam-blea General

Convención sobre Comité de los Dere- Informes de Estados Par- Formula Informes a lalos Derechos del chos del Niño tes recomendaciones Asamblea GeneralNiño

Convención Inter- Comité de Protección 1. Informes periódicos Formula Informe Anual a la Responsabilidad internacio-nacional sobre la de los derechos de 2. Queja entre Estados recomendaciones Asamblea General nal por falta de cooperaciónprotección de los todos los trabajadores Partes e incumplimiento de losDerechos de todos migratorios y de sus 3. Queja de individuos compromisos asumidoslos Trabajadores familiares contra Estados PartesMigratorios y desus familiares

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Perú: Plan Nacional de Derechos Humanos 2006 - 2010

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