Participacion Popular, Descentralización y Autonomías Departamentales en Bolivia, Roberto Barbery...

7/30/2019 Participacion Popular, Descentralizacin y Autonomas Departamentales en Bolivia, Roberto Barbery Anaya

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en Boliviay AutonomasDepartamentales

ParticipacinPopular

ROBERTO BARBERY ANAYA


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Participacin Popular,Descentralizacin y Autonomas

Departamentales en Bolivia

Roberto Barbery Anaya

DEZA

DDC

DSC

SDC

COSUDE


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Roberto Barbery Anaya La presente edicin: AOS/PADEMPrimera Edicin

Depsito Legal: 0-1-000-05

Impresin: Artes Grficas Sagitario

La Paz - Bolivia


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A mi tatarabuelo, Andrs Ibez,

que representa en la Historia del oriente bolivianolafisura ms antigua al Centralismo,y que ante todo parti de un postulado universal:

fue el igualitario

A mi padre, Roberto Barbery Flores, que sonrea


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ndice

Prlogo de Carlos D. Mesa Gisbert 11Prevencin 16

Ttulo IDe la Ley de Participacin Popular 17

Captulo 1El debate actual sobre Autonomas Departamentales 191.1.- Un debate que tiene un contexto que lo supera. 191.2.- El contexto inmediato: La Ley de Participacin Popular. 211.3.- Una delimitacin convencional del trmino Autonomas. 23

Captulo 2Ley de Participacin Popular 272.1.- Filosofa y alcances de la Ley de Participacin Popular. 272.2.- Un nuevo concepto de Gobernabilidad. 542.3.- Ley de Participacin Popular y Gobernabilidad. 59Captulo 3Ley de Descentralizacin Administrativa 633.1.- Sus circunstancias: La Ley de Participacin Popular. 63

3.2.- Los Frenos y Contrapesos como factor quefavorece la articulacin. 643.3.- Ley de Descentralizacin Administrativay gobernabilidad. 66

Indice

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Participacin Popular, Descentralizacin y Autonomas Departamentales en Bolivia

Ttulo II

De la reubicacin del debate sobre el Proceso dedescentralizacin en Bolivia

Captulo 1Lo universal y lo particular1.1.- Ubicacin ideolgica ante la Historia: el hombre y la mujer.1.2.- Bolivia y la Crisis de los particularismos.Captulo 2

Consideraciones previas en torno al debatesobre AutonomasDepartamentales2.1.- Alcance universal del debate.2.2.- Contexto.2.3.- Gobernabilidad Democrtica.2.4.- El voto no es todo.2.5.- Y el centralismo departamental?2.6.- Y la ausencia de vocacin en el nivel nacional?2.7.- Cultura Poltica.

Captulo 3Caractersticas, tensiones y debilidades culturalesen los procesos de descentralizacin3.1.- Caractersticas y tensiones.3.2.- Debilidades culturales.

Ttulo IIIDe las iniciativas gubernamentales en favor de

impulsar Autonomas Departamentales

Una advertencia y su contexto Histrico

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Captulo 1

Mensaje presidencial de 20 de abril de 20041.1.- Importancia Histrica.1.2.- Mensaje presidencial de 20 de abril de 2004.1.3.- Anlisis del Mensaje presidencial de 20 de abril de 2004.Captulo 2Decretos para fortalecer la gestin departamental:crnica de una descentralizacin sin descentralizadores2.1.- Decreto Supremo 27431, de Fortalecimiento a los ConcejosDepartamentales.2.2.- Decreto Supremo 27457 de 19 de abril de 2004:crnica de una descentralizacin sin descentralizadores.Captulo 3Consulta Nacional para impulsar Autonomas Departamentales

Colofn?Alegato a favor del Universalismo y las Autonomas

AnexoCarta de renuncia al Ministerio de Participacin Popular

Indice

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Autonomas, doble contra sencillo.Un Prlogo al libro de Roberto.

Carlos D. Mesa Gisbert

Recuerdo perfectamente la primera vez que Roberto Barberyme plante el desafo de encarar el tema de las autonomas.Subamos al aeropuerto en el auto presidencial comentando losdesafos que se nos planteaban en esta cuestin. Comenzbamosla gestin de gobierno. El prximo 20 de abril se cumplen diezaos de la Participacin Popular: te anims a tocar el tema de losprefectos, las autonomas y hacer un decreto que descentralicesalud y educacin, me dijo. Mi respuesta categrica y rpida fueque s. La razn era muy simple. Desde que llegu a la polticaen 2002 percib el vaco en el proceso de construccin de nuevosespacios de administracin y conformacin del Estado. Estaevidencia era muy clara en mis contactos con la gente en la serie

de encuentros que realic en los nueve departamentos en pueblos,ciudades intermedias y capitales, siendo vicepresidente.

Creo fuertemente que el viejo Estado centralista termin su rolhistrico. El nuevo siglo exige respuestas nuevas en una sociedadcuya dinmica hacia la participacin, la gestin propia de recursosy la idea de regin como expresin de ideas, intereses y objetivos

ms definidos y precisos, es cada da mayor y est, para bien, enuna ruta irreversible hacia la gestin ciudadana en el marco de

Prlogo

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espacios geogrficos, culturales e histricos que confirman la

riqueza de la diversidad que el pas expresa.

La grave crisis de Estado que atraviesa Bolivia tiene entreotros muchos temas cruciales que resolver ste, que quizs seauno de los ejes de su resolucin, no el nico ciertamente, pero sdefinitivo para su desenlace.

Roberto coloca sobre el tapete varias cuestionesimprescindibles para el anlisis y para el debate y sobre todo parala toma de decisiones hacia el futuro. Su primera consideracines la valoracin de lo que se hizo hasta hoy. Celebro primero suvalor. El reconocimiento de que la Participacin Popular, el avancerevolucionario ms importante en el camino de otorgar poder realal ciudadano en el municipio (ncleo de la democracia), fue un

logr del primer gobierno de Gonzalo Snchez de Lozada, y queadems tuvo mucho que ver con la decisin del entoncesmandatario. Ms all de las distancias insalvables que nos separanhoy y que se marcaron irreversiblemente en octubre de 2003 yms adelante, sera de una mezquindad inaceptable no destacarese hito de la historia en el que por cierto Carlos Hugo Molina yRoberto tuvieron tanto que ver. La Participacin Popular relativiza

dos mitos alimentados por estructuras de poder de diversanaturaleza, tanto en las regiones como en las elites intelectuales.El primer mito es el de que Bolivia es un pas de un tradicionalcentralismo secante y que histricamente el Estado fue enemigode abrir espacios fuera del ncleo geogrfico tradicional (el andino)y fue en consecuencia enemigo de las regiones, entonces perifricas.La Participacin Popular fue en ese contexto un salto gigantesco

que desmiente esa supuesta vocacin secante y excluyente y marcuna lgica estatal de apertura real al acceso a la participacin y

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al desarrollo de una democracia del ciudadano, complementando

el primer paso de la democracia real que represent la reformaagraria y el voto universal en 1952. El segundo mito es que enlos noventa los gobiernos bolivianos se adscribieron ciegamenteal neoliberalismo, trmino genrico, impreciso y que permite todo,con el que se plant la crtica desde la izquierda al modeloinstaurado en 1985. Otra vez, el proceso de cambios, algunos decuyos ejes fueron la Participacin Popular y la Reforma Educativa,

marcaron una visin cuando menos heterodoxa de la lectura clsicade lo que se entiende por polticas neoliberales, sin desconocerla conviccin liberal del gobierno al que nos referimos en economay de un proceso de Capitalizacin cuyas cuentas pendientes deanlisis an tienen mucho camino por delante. Roberto hace unconjunto de precisiones muy importantes para esclarecer conceptoscentrales de la caracterizacin de esa etapa, paradjica y decisiva

para el actual presente del pas.

Por qu las autonomas?, porque el rompecabezas estincompleto, porque los espacios de interrelacin, de administraciny de estructura del Estado tienen un vaco que marca variosproblemas esenciales, traducidos en un corporativismo de lasregiones, que tiene en su mano la panacea para si mismo, pero no

para la nacin. Mucho poder, ninguna responsabilidad. Perpetaadems la perversa lgica del Estado-Dios responsable de todoy de todos, generando la minusvala social traducida en la violenciairracional de esos supuestos minusvlidos.

La administracin nacional y sus competencias, laadministracin municipal y sus competencias, est bien delimitada,

pero hay una nebulosa trabajada sobre parches en la administracindepartamental o regional. El Prefecto y la Prefectura que no son

Prlogo

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parte de un gobierno del departamento sino un apndice que

extiende el poder central, y que est bajo la tutela del ejecutivonacional, deben transformarse para encontrar su propio espacioy su propia caracterizacin. El desafo es construir el mecanismode decisin autnoma de la regin, con austeridad y eficiencia,con distribucin adecuada de recursos, con equilibrios y balancesde solidaridad y compensacin y -algo muy importante- con lacondicin de enlazarse en una relacin constructiva con el nivel

nacional y el nivel municipal. Esta ltima vinculacin es crucialpara lograr resultados armnicos en las regiones y cerrar elrompecabezas.

Estos planteamientos desarrollados por Roberto, nospermiten ver con mayor claridad el tamao y peso del trabajo queel pas tiene por delante y la necesidad de responder a el con

instrumentos conceptuales adecuados.

Un apunte final. Nuestra propia visin, a la que aluda alabrir estas lneas. Nos comprometimos con las autonomas y ladescentralizacin en la medida en que tenemos una conviccinque asum a partir del seguimiento de la Participacin Popular en1994. No es gratuito que Roberto y Carlos Hugo fueran parte de

nuestro gobierno. Nuestra coincidencia no es solamente de simpatay respeto personales, es de identidad de criterio en temas esencialescomo ste. Me jugu por la autonoma, como parte de una agendaque deba y debe culminar en la constituyente. Siempre pens queconstituyente y autonoma son parte de un mismo proceso. Lascosas se dieron de otro modo, as estn planteadas y hay queapostar por ellas como procesos separados pero inevitablementecomplementarios y estructuralmente unidos, que debern reflejarseen un nuevo texto constitucional.

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Prlogo

Lo ms importante en este tema y con relacin a nuestras

ideas, es que tuvimos el valor de encarar los riesgos -con un costomuy alto- de un proceso que ningn presidente antes, ni siquierael ms contemporneo de los presidentes cruceos -ni suscolaboradores-, se atrevi a tocar y proponer. Lo hicimos juntos,desde mi mensaje del 20 de abril de 2004 hasta el ltimo da denuestro gobierno, sin alterar la direccin, ni la conviccin, ni elcompromiso, como no lo alteramos hoy. Ese valor es haber llamado

a la autonoma por su nombre, haber marcado desde el Estadocentral la necesidad del cambio estructural de ste y defendidosiempre la necesidad de ir a las autonomas.

Todava siento la amargura de Roberto ante la cnicarespuesta al decreto de descentralizacin, que fue respondido conun no rotundo, con amenazas, con la defensa de las viejas estructuras

sindicales buenas para hablar de revolucin, hasta que la revolucinles toca intereses especficos. Tampoco nadie sali a respaldardesde la regin que luego hizo cuestin de una supuesta reticenciadel gobierno en el tema, este esfuerzo de quienes hicimos militanciade un cambio histrico indispensable. Fue una dura leccin depoltica cruda y real, ms all de los principios y los valores.

Sin desmedro de la sensibilidad de su autor, este libro esun testimonio valiente de una historia que se escribi de estamanera y que ninguna manipulacin meditica podr borrar.

La Paz, julio de 2005


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Prevencin

Si algn valor tiene este libro, seguramente, ese es suprincipal defecto: ser condenadamente propio, como toda impiedad.Se maneja con la ingobernable discrecionalidad de las lecturas,reflexiones y experiencias de su autor, a pesar de la naturalezamuy democrtica de la materia, y de las contribucionesinstitucionales que propone para el olvido, con Anexo incluido.

Plantea, inclusive, en su redundante incontinencia, una redefinicinambiciosa de perspectivas y trminos, que, tal vez, algn cristianoo moro consiga un da empeorar, con rigurosa licencia, paratranquilidad de sus cofrades...

* * *

Platn (*) sostiene que hay hombres encadenados por el cuelloy por las piernas, con la cabeza engrillada, de espaldas a lasuperficie, que solo alcanzan a ver las sombras que se proyectanen el fondo de una caverna

que entra un hombre libre, y les dice que han construido susrelaciones de Poder sobre la base de la mentira, que la verdad

est en la superficie de la caverna

Aqu, hasta 1994, slo haba la sombra de 24 municipios.Aqu, el ao 2005, hay 327 municipios.

(*) Republica, Platn. Libro VII.

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Ttulo IDe la Ley de Participacin Popular

Cuestiono pblicamente, y ello me da la posibilidadde dudar de los que han entrado en la competenciadescentralizadora, cuando un instrumento autnomo como elMunicipio no ha merecido siquiera el respeto de su Autonoma ycuando los instrumentos locales desconcentrados peleandesigualmente contra un desinters departamental.

Carlos Hugo Molina Saucedo, en su libro ladescentralizacin imposible y la alternativa municipal, el ao1990.

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Ttulo I. De la Ley de Participacin Popular


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Captulo 1El debate actual sobre Autonomas Departamentales1.1.- Un debate que tiene un contexto que lo supera. 1.2.- El contexto

inmediato: La Ley de Participacin Popular. 1.3.- Una delimitacinconvencional del trmino Autonomas.

1.1.- Un debate que tiene un contexto que lo supera.-

En los primeros meses del ao 2005 se ha reubicado el tema delas Autonomas con indita prioridad en la Agenda Poltica del

pas. Ya no se trata de la inquietud perifrica de un sectorespecializado - como fue durante mucho tiempo -, de una litedepartamental o de un movimiento regional. Despus delmultitudinario Cabildo realizado en Santa Cruz de la Sierra, setrata de un tema de inters nacional, ms all de las adhesionesu oposiciones que pueda suscitar.

Sin embargo, la masificacin - ymediatizacin - de las Autonomas, est previsiblementeguiada por entusiasmos, prejuicios e imprecisiones. Comenzandopor la propia nocin y el alcance del trmino - que en unaaproximacin preliminar hay que citar inclusive con la prevencindel entrecomillado -, el debate es completamente desordenado yconfuso, sobreponindose distintos escenarios de anlisis, que

parten de diferentes perspectivas, a saber: el equilibrio entre Estadoy Nacin, la profundizacin de la democracia, la lucha contra la

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pobreza, el desarrollo del aparato productivo, la identidad de los

pueblos indgenas, el centralismo nacional, el centralismo de lascapitales en los departamentos, las reivindicaciones regionales,entre otras.

En lo que se refiere a los caminosinstitucionales para impulsar las Autonomas, la situacin no esmenos catica. Para algunos es la Asamblea Constituyente - con

una predisposicin marcada en los ltimos meses a bloquear eltema -, para otros un Referndum Vinculante. Y en el mismotrayecto, se tiene previsto elegir Prefectos por voto universal, sinque todava existan consensos mnimos sobre las competencias yrecursos que se van a administrar en el nivel intermedio de gobierno,a pesar de la legitimidad democrtica del planteamiento.

Por otra parte, es inevitable advertir, que eneste mbito tan complejo y abigarrado, todava hay que ubicar uncontexto mayor, en el que se plantean interrogantes que superanlos lmites de este debate. Porque es fcil reconocer que detrs delas visiones opuestas sobre estos temas subyacen otras tensionesmayores. Que la visin de la clase media urbana de la ciudad deLa Paz guarda ms afinidad con la visin de la clase media urbana

de la ciudad de Santa Cruz que con la de los sectores popularesde la ciudad de El Alto, que fueron los principales impulsores dela cada de Gonzalo Snchez de Lozada en octubre de 2003. Oque la visin de las organizaciones indgenas del oriente bolivianoguarda ms afinidad con la visin del dirigente Evo Morales quecon la del Comit pro - Santa Cruz, que fue el principal impulsordel Cabildo de Enero de 2005.

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En ese contexto, resulta evidente que estamos

frente a contradicciones estructurales - ricos contra pobres, indioscontra blancos, para decirlo en los trminos impos del usocoloquial. Contradicciones que siempre han existido en el pas -que en esa medida son estructurales -, pero que hasta ahora habanmantenido un precario equilibrio. Y lo particular de esta coyuntura,precisamente, es que ese precario equilibrio, a juzgar por lasactitudes y los acontecimientos recientes, parece a punto de

romperse.

1.2.- El contexto inmediato: La Ley de Participacin Popular.-

No es lo mismo. No es lo mismo plantear el diseo del nivel

intermedio de gobierno - las Autonomas - el ao 1993 que

hacerlo el ao 2005.La Ley de Participacin Popular, promulgada el 20

de abril de 1994, ha modificado el contexto inmediato.Antes, slo 24 municipios reciban recursos. Ahora

son 327 los municipios que reciben recursos, para administrarcompetencias descentralizadas en los sectores de Salud, Educacin,Deportes, Cultura, Riego y Caminos Vecinales, a travs de sus

propios Gobiernos Municipales, en la jurisdiccin de las respectivassecciones de provincia que hay en el pas.

Antes, slo el 3% de la inversin pblica tenanaturaleza municipal. Ahora, ms del 30%, con la transferenciadel 20% de la coparticipacin tributaria - Recursos de ParticipacinPopular- a los Gobiernos Municipales, y con la transferencia del100% de los impuestos a inmuebles, vehculos y transferenciasque afectan a estos bienes al Dominio Municipal Exclusivo -

Ttulo I.. Captulo 1. El debate actual sobre Autonomas Departamentales

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Recursos propios-, a lo que hay que agregar los recursos de la Ley

del Dilogo Nacional.

Con esos datos bastara para plantear una realidadcompletamente distinta el ao 2005. Sin embargo, los cambiosgenerados por la Ley de Participacin Popular, apenas comienzanah. Porque, adems, hay:

327 comits de vigilancia.

Ms de 20.000 personalidades jurdicas reconocidasa Comunidades Indgenas, Comunidades Campesinas y JuntasVecinales - Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) -,respetando sus usos y costumbres.

70 mancomunidades municipales.9 Asociaciones departamentales de municipios y

una Asociacin de Muni cipios de B olivia (AMB).

Una Federacin de Asociaciones de Municipios(FAM- Bolivia).

Pero, adems, en sta nueva realidad, los procesosinstitucionales que se han impulsado legalmente, modifican tambinradicalmente el concepto y la prctica de la gestin pblica. Porquela Ley de Participacin Popular introdujo la Planificacin

Participativa, que tiene carcter de imperativo legal - ver la Normade la Planificacin Participativa Municipal, la propia Ley deParticipacin Popular, sus decretos reglamentarios y la Ley deMunicipalidades -, estableciendo un nuevo marco que promuevela participacin de la sociedad civil en la orientacin y en el controlde la gestin municipal. En ese mbito deben formularse los Planesde Desarrollo Municipal y los Planes Operativos Anuales, en cadamunicipio.

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Y la dinmica institucional, ms all de sus

debilidades, sigue avanzando con las posibilidades generadas poreste nuevo marco, porque, adems, hay planes de desarrollomancomunados, como el Plan Macroregional de Desarrollo delChaco Boliviano, que comprende 16 municipios de 3 departamentos.Otro ejemplo es el Plan de Desarrollo de la MancomunidadChiquitana, que ha permitido incorporar una visin de desarrolloregional en 13 municipios, dos de los cuales tienen poblacin

mayoritariamente indgena - San Antonio de Lomerio y Urubich.Asimismo, se han conformado comisiones de Desarrollo EconmicoLocal en ms de un centenar de municipios, y comisiones decoordinacin provincial e interprovincial, para impulsar proyectoscomunes de inversin concurrente y gestin compartida, que debenestar interconectados con los sistemas nacionales de planificacine inversin pblica.

En este nuevo contexto, los grados de inclusinciudadana han alcanzado dimensiones sociales extraordinarias,permitiendo que el 59% de los muncipes se reconozcan comoIndgenas y que la participacin de la mujer en la gestin pblicacrezca en un 100%, perfilando un escenario democrtico deproporciones inditas.

1.3.- Una delimitacin convencional del trmino Autonomas.-

La convencin es entre usted y yo, para seguirleyendo este libro.

Se trata de encontrar la comprensin msconvencional del trmino, sin desmerecer lo esencial de su precisintcnica.

Ttulo I.. Captulo 1. El debate actual sobre Autonomas Departamentales

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Porque, como se ha observado en el acpite 1.1.,

el debate sobre las Autonomas es completamente desordenadoy confuso, comenzando por la propia nocin y el alcance deltrmino, que como prevencin inicial, requiere inclusive para sumanejo del entrecomillado. En todo caso, es oportuno remarcarque estamos considerando como realidad ineludible la licencia deldebate poltico y social, sin renunciar a los alcances fundamentalesdel uso especializado. La utilidad de hacerlo, es que podemos

intentar compatibilizar la expectativa colectiva con un mnimo derigurosidad conceptual. Con esa advertencia, vamos a intentar estadelimitacin convencional del trmino, tomando en cuenta losprejuicios profanos menos alejados de las ubicaciones de la ciencia.

En su acepcin ms general, se entiende porAutonoma, la posibilidad que tiene una persona individual o una

persona colectiva de administrarse en su sentido ms amplio, sindepender en lo fundamental de otros poderes externos. Ladependencia es lo que califica la condicin antinmica; es decir,la Heteronoma.

La importancia de esta aproximacin elemental, esque, precisamente, es la nocin general que est en el imaginario

colectivo, a juzgar por el uso secular del concepto.

Aunque esta nocin verncula tiene la ventaja deestablecer un escenario ms o menos universal de comprensininicial, comienza a denotar su insuficiencia cuando se quiereprecisar con mayor rigor su alcance. En delimitar que quiere decirsin depender en lo fundamental, est el arte y el debate. Tanto parauna persona individual, como para una persona colectiva, tomando

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en cuenta que no hay Ser Humano ni categora institucional que

goce de una libertad absoluta.

Hecha esta aproximacin convencional, ahora vamosa referirnos al trmino en su acepcin poltica tambin ms general.Desde esta perspectiva, ya entramos en los escenarios colectivos,dejando de lado a la persona individual y sus complejidadesexistenciales.

Cuando abordamos el trmino Autonoma en suacepcin poltica, nos referimos a los Estados como entes jurdicos.En su uso menos estricto, el trmino se suele confundir con laindependencia formal que tiene un Estado para conformar yadministrar su gobierno sin intromisin extranjera. En su usodoctrinario ms especializado - a pesar del carcter relativo que

tiene el tema en la legislacin comparada -, la Autonoma presuponela existencia constitucional de entes gubernamentales al interiordel Estado, regidos por autoridades elegidas democrticamente,que ejercen jurisdiccin, que tienen capacidad normativa limitaday que administran recursos especficos y competenciasdeterminadas, en el marco de los alcances previstos por una leyespecial.

Con estas precisiones universales - tcnicas yprofanas a la vez -, ya estamos en condiciones de abordar elanlisis desde la perspectiva an ms profana de la realidadboliviana. Lo que est en debate es la posibilidad de constituirGobiernos Departamentales Autnomos - bueno, si son Gobiernos,son Autnomos, pero incurriremos tambin aqu en el error deinsistir con el pleonasmo, para no desmerecer la paranoia que hay

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Ttulo I. Captulo 1. El debate actual sobre Autonomas Departamentales


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en las dos aceras de la calle -, haciendo las modificaciones legales

previas que son de rigor. Y aqu ya se incorpora el adjetivoDepartamental, porque esa es la dimensin territorial que esten consideracin para impulsar la conformacin de GobiernosAutnomos en el pas, ms all de los Gobiernos Municipales,que ya estn claramente definidos en nuestra legislacinconstitucional y especial.

En ese contexto, el trmino que vamos a utilizar deaqu en adelante, cuando nos refiramos al debate sobreAutonomas , e s Au tonomas Depar t amen ta les .

Finalmente, cabe tambin aclarar, que cuando nosreferimos a la Autonoma, nos abocamos a un grado dedescentralizacin calificado, que se puede dar en los niveles

intermedios y locales de la gestin pblica. Ergo, es correctoanalizar el tema desde la perspectiva de la profundizacin delProceso de descentralizacin, que, en el caso boliviano, se inicicon caractersticas democrticas an ms amplias, con la Ley deParticipacin Popular.

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Captulo 2

Ley de Participacin Popular2.1.- Filosofa y alcance de la Ley de Participacin Popular.2.1.1.- Una Revolucin en democracia. 2.1.2.- Paleoliberalismo, Neoliberalismoy Participacin Popular. 2.1.3.- Filosofa de la Ley de Participacin Popular. 2.1.4.-Alcance de la Ley de Participacin Popular y su aporte en la consolidacin orgnicade Bolivia. 2.1.5.- Democracia Participativa y Democracia Representativa:Organizaciones Territoriales de Base y Gobiernos Municipales. 2.1.6.- Tocqueville

y Apaza, Apaza y Tocqueville, una sntesis

2.2.- Un nuevo concepto de Gobernabilidad.2.2.1.- Gobernabilidad. 2.2.2.- Legalidad y legitimidad. 2.2.3.- Factores que

promueven legalidad y legitimidad: descentralizacin y participacin social.

2.3.- Ley de Participacin Popular y Gobernabilidad2.3.1.- La descentralizacin como factor que promueve legalidad. 2.3.2.- La

participacin social como factor que promueve legitimidad.

2.1.- Filosofa y alcance de la Ley de Participacin Popular.-

2.1.1.- Una Revolucin en democracia.-

Es necesario devolverle sentido a las palabras. Enpoltica, trminos como Revolucin o Cambio Estructural,por haber sido utilizados demaggicamente, se han desnaturalizado.

Asociarlos con aquello que no merece trascender lo cotidiano, lesha restado sustancia y credibilidad. Lo extraordinario debe cuidarsede ser invocado de ordinario para no devaluarse.

Los conceptos de marras, en estricto rigor,comprenden transformaciones que conmueven las bases sobre lascuales se asienta un pas. Por ello, suponen la aplicacin de medidas

que modifican una relacin de poder. Con excepcin de la biendenominada Revolucin del 52- ms all de sus limitaciones en

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Ttulo I. Captulo 2. Ley de Participacin Popular


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el tiempo -, difcilmente se pueden distinguir en Bolivia otros

trazos polticos que merezcan calificativos tan pretenciosos. Ysta es una evidencia que va ms all de las valoraciones subjetivas.Podremos comulgar o disentir con el Proceso iniciado entonces,pero, obviando una miopa supina o interesada, no podremosdesconocer su carcter fundamental en la vida Republicana. Parabien o para mal, fue una Revolucin. En un escenario ms general,tambin lo fue la Bolchevique de 1917, por la sola circunstancia

de haberse llevado a cabo propiciando cambios de importancia.A diferencia de los hechos, las percepciones axiolgicas sonrelativas a la formacin y ubicacin del observador.

Por otra parte, es del caso anotar que en democraciano caben los maximalismos; menos cuando son conceptuales.Esta premisa conlleva la demanda de replantearse trminos

absolutos como el que nos ocupa. De lo contrario, ladescontextualizacin trae consigo la inviabilidad. La Revolucinha estado tradicionalmente unida a la idea de cambio radical einmediato, extremo inalcanzable sin apelar a la violencia.

Pero, en democracia, nos vemos constreidos aresignar este recurso tan fcil como difcil. Ergo, debemos tener

la capacidad para lograr los cambios necesarios, aceptando lalgica del Proceso gradual y progresivo. Es decir, estamos anteuna redefinicin de la Revolucin, condicionada por un contextoespecfico: la democracia. Aqul que no acepta ese marco dereferencia, no tiene ms alternativa que optar por la solucin tanvenida a menos de retirarse a las montaas fusil en mano...

Con el trasfondo de estas consideraciones, la Revolucinno puede ser juzgada bajo las reglas de la Rusia de Nicols II.

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Un analista serio de la historia, no puede pasar por alto que es

inadmisible condenar con valores de ayer situaciones de hoy.

Parece necesario, pues, flexibilizar las posicionesortodoxas y comulgar con la posibilidad de alcanzar una Revolucinen democracia. Sin embargo, para no incurrir en el error de laintrascendencia, debemos cuidarnos de que las medidas impulsadasafecten - as sea en trminos modestos - las estructuras polticas

y econmicas vigentes. Es el valor cualitativo de toda Revolucin,sea sta democrtica o no.

Con este marco terico, cabe abordar la sugerenciadel presente acpite: Es la Participacin Popular una Revolucinen democracia?...

Para responder la pregunta, ser menester discernirsi el Proceso de Participacin Popular est contribuyendo amodificar las condiciones de marginalidad poltica y econmicaque configuran al pas. En la medida que as sea, merecer elcalificativo de Revolucin en democracia, entendida sta, deacuerdo con lo advertido, como un proceso gradual y progresivo.Para los fines perseguidos, es imprescindible el anlisis de los

siguientes datos: Los recursos de coparticipacin tributaria representaban

en 1994 ms del 50% del total de la inversin pblica que llegabaa los departamentos.

Hasta antes de la Ley de Participacin Popular, el 90%de los recursos de coparticipacin tributaria se centralizaba en LaPaz, Cochabamba y Santa Cruz, y el 92%, en las capitales del

departamento.

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Al establecerse en la Ley de Participacin Popular que

la distribucin de los recursos de coparticipacin tributaria sehace tomando como referencia el nmero de habitantes de cadamunicipio, para 1995, el 32% de los mismos fue a losdepartamentos que no pertenecen al eje central y el 61% se destinms all de las capitales que tampoco disminuyeron sus recursos,por la transferencia del 100% de los impuestos a inmuebles,vehculos y transferencias que afectaron a estos bienes, tambin

por la propia Ley de Participacin Popular. Estos recursos hanpermitido triplicar los ingresos de los municipios de La Paz,Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. El resultado global hasido la disminucin de recursos en el nivel central de gobierno,como es previsible en todo proceso de descentralizacin.

Con la sola ejecucin parcial del proceso, en el

segundo semestre de 1994, ya se haba comenzado a dar vida alas poblaciones provinciales del pas que, en conjunto, representabanel 61% del total nacional, que hasta entonces no tena posibilidadesde acceder a los recursos pblicos ni a los medios de comunicacinpara avisar de su existencia. Desde ese periodo se comenzaron aejecutar obras de agua potable, alcantarillado, postas sanitarias,escuelas, polifuncionales deportivos y otras, otorgando indito

protagonismo a la mayora de la ciudadana boliviana. Para muestrabasta ir ms all de las capitales y ver cmo Sica-Sica en La Paz,Sipe Sipe en Cochabamba o Concepcin en Santa Cruz, cuentanpor primera vez con recursos y estn encarando obras.

Evidentemente, la magnitud de los cambios citadosle gana de lejos a la intrascendencia. La demagogia nos haacostumbrado a la grandilocuencia de la retrica, pero ahora

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estamos ante la evidencia de los datos, donde las palabras sobran

y los nmeros hablan.

Las modificaciones econmicas traen aparejadaslas transformaciones polticas. Ocurre que estos recursos no sonpara que los administre el Centralismo, sino el GobiernoMunicipal de cada seccin de provincia. Y, como ahora s hay quadministrar, se han conformado ms de 300 gobiernos municipales

bajo un rgimen de Autonoma - con relacin al gobierno central,obviamente, y tambin a los centralismos departamentales, lo cualno resulta tan obvio - reconocido constitucionalmente. Autoridadeselegidas por voto universal y con capacidad normativa en el mbitode sus atribuciones, administran competencias ampliadas en materiade salud, educacin, deportes, cultura y caminos vecinales. Adems,con la posibilidad de incrementar an ms sus recursos una vez

alcancen la racionalidad administrativa para aprovechar losimpuestos de dominio exclusivo - inmuebles, vehculos y lastransacciones sobre estos bienes - que tambin les ha transferidola Ley de Participacin Popular y la Reforma Tributaria de la Ley1606.

La participacin social es el elemento singular de

la medida. Rescatando la vigencia secular de actores desconocidosformalmente, y facilitando su organizacin en Comits deVigilancia, el ciudadano comn se articula con su gobiernomunicipal, orientando y controlando la administracin de losnuevos recursos y competencias.

Participacin poltica, econmica y administrativaen un pas Histricamente discriminatorio. No es eso, acaso, un

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cambio estructural?... Otro de los resultados del Proceso de

Participacin Popular puede ser la devolucin del sentido a laspalabras.

2.1.2.- Paleoliberalismo, Neoliberalismo y ParticipacinPopular.-

Apreciar los alcances del Proceso de Participacin

Popular, nos remite obligatoriamente al conjunto de las Reformasdel Estado. En este contexto, es necesario referirse alNeoliberalismo, por su condicin hipottica de ser la categorapoltica, econmica y administrativa que ha pugnado en los ltimosaos por configurar las caractersticas de nuestra sociedad

El Neoliberalismo, ni duda cabe, ha sido el mito

ms difundido en las postrimeras del milenio. En los cuatro puntoscardinales del planeta no hubo tema que despierte mayor polmica,al extremo que se pretenda dividir la sociedad en neoliberalesy antineoliberales.

El fenmeno ha sido particularmente intenso enAmrica Latina, con la especificidad de que su comprensin no

ha guardado precisin con su significado histrico y terico. Ladesorientacin y el oportunismo, productos naturales de losvertiginosos cambios polticos, configuraron el escenario propiciopara abonar un error conceptual que pocos estuvieron en condicionesde rectificar.

Cuando se toman apresuradamente posiciones,

descuidando el conocimiento cabal de las opciones, se invierte la

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lgica. Por ello, la importancia de esclarecer el tema trasciende

un prurito meramente intelectual, en tanto puede situar en su realdimensin Histrica la propuesta de un modelo de sociedad,sugiriendo la revisin de sus paradigmas.

En su forma embrionaria, el Liberalismo no est al margende la deuda histrica que tiene el hombre occidental con la Greciaclsica. La experiencia terica y fctica de la Hlade, en esta

materia, se remonta a los escritos de Soln, a la democraciaesclavista de Atenas, y a la original concepcin ideolgica quetenan los sofistas. Estos ltimos representan la elaboracin mscoherente del Liberalismo en la edad antigua, con su defensa dela libertad poltica, econmica y social de todos los hombres, sinimportar el origen, la raza o el credo. Mientras la escuela socrticadefiende la divisin que hace Tucdides, entre civilizacin griega

y barbarie, los sofistas se reivindican como ciudadanos del mundo,abogando por la supresin de toda forma institucionalizada deobstculo a las relaciones humanas por considerarla reida conla naturaleza esencialmente libre del hombre.

Precisamente, el Renacimiento reconoce en lostextos griegos una de sus principales fuentes de inspiracin para

la revisin del pensamiento y las formas medievales. En esteperodo se genera la progresiva evolucin del pensamiento liberal,sentando las bases para que la Modernidad sea portadora deltriunfo de la democracia y el capitalismo por sobre la monarquay el mercantilismo.

La forma moderna del Liberalismo encuentra sus

cimientos polticos en el pensamiento de los filsofos de la

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Ilustracin, mereciendo especial distincin aqullos de lengua

francesa como Diderot, Sieyes, Voltaire, Rousseau (nacido enGinebra) y Montesquieu. En su acepcin econmica, cabe destacarla influencia anglosajona, reflejada en Adam Smith y DavidRicardo.

Allende las divergencias entre algunos de los tericoscitados - en algunos casos existen diferencias sustanciales, comolas que separaron a Voltaire y Rousseau -, el Liberalismo poltico

nace en la forma de una democracia representativa calificada, porcuanto discrimina para el ejercicio de la ciudadana, en funcinde criterios de raza, gnero, patrimonio y alfabetismo. Con el pasodel tiempo, el Liberalismo econmico decimonono preconiza queel trabajo es la fuente de la riqueza, y que el gobierno debeabstenerse de intervenir en el curso natural de la Economa,respetando los principios del libre mercado del trabajo, el capital

y las mercancas; el Estado debe dejar hacer y dejar pasar,reducindose a simple gendarme de la propia dinmica generadapor las relaciones econmicas.

Con estas caractersticas se describe el Liberalismoclsico, que alcanza su desarrollo extremo en el siglo XIX. A finesde esta centuria, la acumulacin de movimientos sociales

contestatarios a la ortodoxia de su aplicacin da paso a una demandade revisin que se origina en los mbitos sindicales y se extiendeen las esferas intelectuales, partidistas, antiraciales y feministas,para terminar conmoviendo las estructuras burocrticas de lamisma Iglesia Catlica, que pronuncia su encclica De RerumNovarum.

Este es el momento de inflexin, por cuanto marcauna divisin entre el Liberalismo clsico y el Liberalismo revisado,

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que es tal por ser portador de nuevos criterios tendientes a conciliar

lo esencial del sistema con los planteamientos emergentes de ladisconformidad social finisecular.

Nacen los Revisionistas, con una nueva propuestaterica, de naturaleza eclctica, que los sita entre las dos ideologasextremas que pugnan por la hegemona: el Liberalismo clsicoy el Marxismo. Representan una opcin intermedia que recibe

anatemas de ambas partes, por cuanto cuestiona el orden existentesin pretender su transformacin esencial, atrayendo consigo lasiras de los conservadores y de aquellos que proponen trastocarcon violencia las formas polticas, econmicas y sociales.

La doctrina Revisionista preconiza que la crecienteproteccin del Estado al trabajador, la legislacin antimonoplica,

el sufragio universal y la administracin de impuestos progresivosdestinados a la ejecucin de obras y a la prestacin de servicios,en la medida de su consolidacin, permitirn la conservacin deun sistema basado en la pluralidad de realidades, desestimandoel reduccionismo de las ideologas extremas.

En el anlisis poltico tradicional, se suele identificar

el Revisionismo de fines del siglo XIX como una actitud crticacon relacin al Marxismo, descuidando que no es menos correctoentenderlo como una actitud crtica con relacin a un Liberalismoortodoxo que haba llegado a los extremos del Darwinismo Social,en su afn de mantener al Estado indiferente ante la insosteniblecrisis social. En realidad, depende de la perspectiva que toma elanalista. As, Socialdemcratas y Demcrata - cristianos, son

revisores del Marxismo, y tambin del Liberalismo.

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Parece evidente que el ms perjudicado fue el

Marxismo, pero sera absurdo pretender que el Liberalismo no sevio conmovido por este Proceso. Las consecuencias son ms queostensibles cuando observamos que el Capitalismo de la parteoccidental de Europa, liderado por los Revisionistas, ha logradohacer realidad los anhelos sociales de la inmensa mayora de suspueblos, merced a una poltica de subsidios que cubre desocupacin,invalidez, enfermedad, viudez, orfandad, y a una vasta intervencin

del Estado en materia de salubridad y seguridad laboral, jornadasde trabajo, descansos, gratuidad en la educacin y la salud, ademsde impuestos progresivos destinados a lograr una redistribucinprogresiva de la riqueza.

Si nos remitimos a los orgenes de la EconomaSocial de Mercado, corroboramos que su Filosofa rescata la

necesidad de alcanzar un punto intermedio entre la economaliberal y la proteccin social del Estado. As, los tericos alemanesque aplicaron el modelo despus de la Segunda Guerra Mundial,si bien se cuidaron de mantenerse a distancia del Marxismo,hicieron lo propio a la hora de tomar posiciones frente alLiberalismo decimonnico. Por ello, al referirse al Liberalismoclsico, lo denominaron Paleoliberalismo, es decir, Liberalismo

de la Edad de Piedra. Sin embargo, al tratar de identificar elLiberalismo por ellos representado, lo hicieron bajo diferentesrtulos, entre los cuales estaba el de la escuela de Friburgo,conocido como Ordoliberalismo, una de las primeras variantesdel denominado Neoliberalismo, precisamente porque de lautilizacin del prefijo Neo se desprende su carcter de nuevo.El Ordoliberalismo an no pona suficiente nfasis en el contenido

social de esta nueva versin del Liberalismo, situacin que fue

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superada por lo que formalmente se denomin Economa Social

de Mercado. Por todas estas razones, el concepto convencionalque en Amrica Latina se tiene del Neoliberalismo no es preciso,en el entendido de que las polticas de Ajuste Estructural quese han venido ejecutando, no siempre conllevan la proyeccinsocial que permite diferenciarlas del Liberalismo del siglo XIX.

Con estas premisas, la amplia gama de crticos de

izquierda, a menos que reincidan en convicciones estalinistasanacrnicas, deberan preocuparse por pregonar el Neoliberalismocomo una opcin viable para defender los intereses de aquellosque se pueden ver marginados por la implacable aplicacin depolticas econmicas Paleoliberales. El mismsimo profeta de laspolticas de Ajuste Estructural, Jeffrey Sachs, acaba de renunciaral credo paleoltico del Fondo Monetario Internacional,

exteriorizando sus ms acerbas crticas por la inflexibilidaddecimonnica de sus prelados para aplicar el plan de estabilizacinen la confundida Rusia.

Una vez alcanzada la estabilidad Macroeconmica,el paso del Paleoliberalismo a un Neoliberalismo afn al propuestopor la Economa Social de Mercado, supone la reforma del Estado

a travs de polticas pblicas de alcance general. En esta Filosofa,los desafos inmediatos deben estar orientados a implantarmecanismos de carcter estructural destinados a crear lascondiciones para el crecimiento econmico, a lograr unaredistribucin ms equitativa de los recursos pblicos, a superarlas deficiencias de nuestro incipiente sistema de seguridad social,a facilitar una mayor participacin poltica y a garantizar una

mejor administracin de justicia, sin descuidar la vigencia de lalibertad del hombre como fuente de toda inspiracin y progreso.

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En este marco terico e histrico, podemos evaluar el

Proceso que ha generado la Ley de Participacin Popular enBolivia. Desde una perspectiva poltica, es una medida destinadaa profundizar el Liberalismo, expresado en la Democracia. Laconstitucin de verdaderos municipios en todo el pas, conautoridades elegidas por voto universal, y con recursos paraadministrar las necesidades bsicas de los vecinos, supone laampliacin de la cobertura democrtica del Estado. Por primera

vez, gran parte de la poblacin nacional ejerce sus derechosciudadanos con posibilidades reales de contar con una gestinpblica que responda a expectativas histricamente postergadas.A ello hay que aadir la articulacin de la sociedad civil con sugobierno municipal, en una dialctica que incorpora la participacinde la comunidad como un factor preponderante para el reencuentrodel administrador y del administrado.

Desde una perspectiva econmica, destaca el carcterredistributivo del ingreso pblico que tiene el Proceso deParticipacin Popular. Atenuada la tesis del Estado empresario enfavor de las fuerzas privadas del libre mercado, al gobierno lequeda el rol de crear las condiciones adecuadas para fomentar lainversin y de contribuir a lograr un equilibrio social a travs de

la asignacin racional de las recaudaciones tributarias en el conjuntodel territorio nacional.

La paz social es uno de los requisitos que necesitael empresario para arriesgar su capital. Las expectativas racionalesse miden por el grado de confianza que ofrece el medio. Por ello,la redistribucin propiciada por la Ley de Participacin Popular,

adems de estar inspirada en un propsito tico, supone tambin

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una intencin administrativa. No se puede fomentar el desarrollo

econmico sin mecanismos que permitan un mnimo de equidad.

Los propios organismos multilaterales que impulsanlas medidas de Ajuste Estructural, habindose percatado de laaguda crisis social, estn apoyando la ejecucin de polticas queintentan revertirla. La pattica realidad de las masas indigentesque pueblan los suburbios urbanos y los pauprrimos campos, ha

generado una conciencia que al unsono reclama la adopcin demecanismos institucionales que puedan rectificar la pobrezaextrema. Ya no se trata de Socialismo, sino de salvar al mismoSistema, evitando las comprensibles escaladas de violencia ydisconformidad que amenazan a la democracia.

La conformidad social es una de las condiciones

del Liberalismo poltico y econmico. Y, en ltima consecuencia,es la justificacin tica de la poltica. En esa tesitura, el Procesode Participacin Popular se inscribe entre las medidas que permitensuperar la visin ortodoxa del Paleoliberalismo, ubicndose conoportunidad social en los cambios que pretende encarar el Estado.

2.1.3.- Filosofa de la Ley de Participacin Popular.-

El siglo XX ha sido el escenario en el cual diferentesideologas se han disputado la hegemona poltica. Estudiando losorgenes de la confrontacin, se puede observar, entre sus causas,la casi invariable absolutizacin de un principio filosfico con elconsiguiente detrimento de otros. Unas veces, en nombre de laLibertad, se descuid un mnimo de equilibrio social. Otras, bajoel propsito de alcanzar la Equidad, se ocult un Rgimen que

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conculc hasta la humana posibilidad de pensar y disentir. Por

ltimo, no faltaron aquellos heraldos de la guerra ms ominosade la Historia que, bajo el pretexto de Nacionalismo, atropellaronlas fibr as ms n timas de la dignidad del hombre.

Graves consecuencias se han tenido que lamentarpara que el mundo empiece a comprender que la naturalezapolifactica de la realidad no puede ser reducida a las limitacionesde una ideologa. Y ahora nos encontramos en una coyuntura

proclive a considerar que los colores variopintos de las aspiracioneshumanas no pueden encontrar espacio en la monocroma de unprincipio: se necesita autodeterminacin, pan e identidad. Porello, es menester pasar del antagonismo al sincretismo, rescatandola moraleja de la dialctica idealista y materialista; la recprocapenetracin de los contrarios.

Pasar del postulado a los hechos contina siendoel supremo desafo del hombre. Traducir en polticas concretaslos imperativos de la teora demanda la convergencia de esosfactores diversos que permiten la coincidencia de tiempo y lugarentre el pensamiento y la accin.

Desde la zaga del desarrollo, Bolivia ha estado a

la par de la confrontacin ideolgica. No acompa al Progreso,pero s al fundamentalismo y su secuela de violencia. Pasando degobiernos excluyentes y dictatoriales a hiperinflaciones popularesy democrticas, ha pagado la factura del siglo de la intolerancia- en ese contexto, el ao 2005, lamentablemente, parecen resucitarlos fantasmas fundamentalistas...

Sin embargo, la Ley de Participacin Popular, ha

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promovido espacios equidistantes de las visiones polticas

dicotmicas. Porque ms all de sus realizaciones materiales, elProceso que ha generado tiene personalidad filosfica propia, enla medida que supone la coexistencia de Principios que reconocenraces ideolgicas diversas, logrando una identidad frente a lascorrientes polticas tradicionales.

As, es insuficiente, adems de anacrnico, rotular

la Ley de Participacin Popular como Liberal, Socialista oNacionalista. Constituye la injusta y supina magnificacin deuno de sus matices, en detrimento de los otros, segn la pticaque quiera tomar el analista. Cada uno de sus Principios slo sepuede apreciar en el contexto general de una Filosofa que esLiberal, cuando multiplica la vida democrtica a travs de laconsolidacin de gobiernos municipales en todo el pas, Socialista,

cuando propende a una distribucin ms equitativa de recursosen el campo y las ciudades o Nacionalista, cuando reconoce alas Comunidades Indgenas, de acuerdo a sus usos y costumbres.

Este razonamiento, que ha superado los rgidosdogmatismos de la inflexible confrontacin ideolgica de antao- que ahora parece dispuesta a resucitar con impenitencia -,

empieza, en los hechos, a ser apropiado por los sectores mayoritariosde la ciudadana. Es la conclusin que se desprende en torno alconsenso que existe en relacin a la Ley de Participacin Popular.Resta pasar de la inconsciencia de esta situacin a la asimilacinracional que supone la conciencia del fenmeno. Slo entonceshabremos accedido a una nueva forma de entender al individuoy a la sociedad, condicin inexcusable para no retornar al pasado.

La realidad es polcroma. Por ello, la Ley deParticipacin Popular apela en sus cimientos filosficos a diferentes

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sistemas de ideas, cualidad singular que le permite lograr una

independencia orgnica respecto de las ideologas convencionales.He ah su original contribucin a la Filosofa Poltica.

2.1.4.- Alcance de la Ley de Participacin Popular y su aporte enla consolidacin orgnica de Bolivia.-

No hay Estado sin presencia pblica efectiva en

todos los confines del territorio. La soberana no es una disposicinde nimo, sino una expresin poltica, econmica y administrativa.

Cuando nos acercamos a los dos siglos de vidaRepublicana, ms de la mitad de la poblacin no ha encontradoun nexo administrativo de carcter vinculante. Por ello, Bolivia,es ms una intencin que una realidad. El cuerpo social, como el

individual, necesita articulaciones para ser tal.

La distribucin del Poder, adems de ser unaexigencia para la supervivencia del Estado, representa una de lascondiciones distintivas de la democracia. Y, bajo cualquier formade gobierno, es un requisito inexcusable para garantizar lagobernabilidad.

Por estas razones, la descentralizacin es uninstrumento fundamental en la perspectiva de consolidarinstitucionalmente la democracia y la gobernabilidad. Su filosofaes absolutamente democrtica, en tanto se inspira en la posibilidadde dar participacin a todos en la gest in del Estado.

Existe, pues, una relacin de causalidad entresoberana, democracia, gobernabilidad y descentralizacin. Son

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categoras consecutivas, que se vigorizan cuando encuentran

espacios de concurrencia.

La Ley de Participacin Popular busca la generacinde esos espacios, bajo la premisa de que la constitucin de unidadesadministrativas slidas es posible slo en un contexto que considerelos siguientes elementos:

1. Base territorial. La referencia del territorio, como expresinpoltica y administrativa, es de vital importancia al momento deidentificar al actor pblico idneo para facilitar un procesodescentralizador, a la vez que integrador. Lo ideal es que lacircunscripcin territorial sea lo suficientemente pequea pararesponder con oportunidad al administrado y lo suficientementegrande para no quedar al margen de las polticas nacionales. Se

busca favorecer la participacin y la eficiencia, sin afectar laracionalidad administrativa del Estado en su conjunto.

La Ley de Participacin Popular, al definir que lajurisdiccin territorial de los municipios abarca la Seccin deProvincia, se inspira en el cumplimiento de esos imperativos,multiplicando los espacios para la gestin pblica, de manera que

puedan abarcar al conjunto del pas. As, esta perspectiva,combinada con la transferencia de recursos y competencias almbito de la jurisdiccin municipal, permiti pasar de 24 a 311Gobiernos Municipales con posibilidades de desarrollar unagestin local - el ao 2005 son 327.

2. Legitimidad y legalidad. El grado de aceptacin moral quetiene un gobierno es fundamental para la ejecucin de sus polticas.


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Adems, bajo el marco de un Estado de Derecho, el respaldo legal

a su imperio est dado por su condicin de rgano apoyado en laConstitucin Poltica del Estado y las leyes correspondientes.

La legitimidad y la legalidad son principios que puedenalcanzarse con mayores posibilidades en el escenario local,aprovechando la relacin de proximidad con el ciudadano. Porello, la Ley de Participacin Popular, identifica en el Gobierno

Municipal al sujeto pblico principal de su dialctica.

3. Autonoma. En el espritu de un proceso democrtico no puedeestar ausente una poltica descentralizadora. En esta filosofa, lanaturaleza jurdica de los gobiernos municipales, al definirseconstitucionalmente como Autnoma, presenta ventajascomparativas frente a otros niveles de gobierno en un Estado

Unitario. La autonoma municipal supone una descentralizacinpoltica, econmica y administrativa, en tanto comprende laeleccin directa de las autoridades ediles, la capacidad normativay la existencia de recursos y competencias que tienen alcancelocal, en el marco de lo definido por una ley especial.

Al privilegiar la estructura municipal, la Ley de

Participacin Popular aprovecha el rgimen autonmico paraexplotar las mayores posibilidades descentralizadoras que otorgael marco constitucional del Estado boliviano.

4. Recursos. No hay estructura tan perfecta que pueda administrarsesin recursos. Probablemente en Bolivia no han faltado ideas, perolo que siempre se haba extraado era un esfuerzo consecuentepara acompaarlas con medios econmicos.

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Como ya se ha visto, la nueva forma de distribucin

de la coparticipacin tributaria - participacin de los municipiosen los impuestos nacionales - introducida por la Ley de ParticipacinPopular, al efectuarse en atencin al nmero de habitantes de cadaunidad municipal permite superar la concentracin de recursosque se daba en las capitales de departamento. A ello se suma elincremento de la coparticipacin municipal, de 10% a 20% de losimpuestos nacionales, y la transferencia al dominio municipal

exclusivo del 100% de los impuestos a los inmuebles, vehculosy transacciones que afectan a estos bienes.

Con esta medida, como tambin hemos vistoanteriormente, Bolivia cuenta por primera vez con posibilidadespolticas, econmicas y administrativas de impulsar una gestinpblica en todo el territorio nacional.

5. Competencias. Los recursos en el mbito pblico son paraatender las necesidades de la colectividad. Si se trata de recursosdescentralizados, son para administrar competencias en favor delos habitantes de la respectiva jurisdiccin descentralizada.

La Ley de Participacin Popular transfiere a los

municipios los recursos descritos en el acpite precedente paraque administren competencias que histricamente haban tenidouna gestin centralizada. En ese marco, la administracin de lainfraestructura fsica de los sectores de Salud, Educacin, Deportes,Cultura, Riego y Caminos Vecinales, ahora es de responsabilidadde los respectivos Gobiernos Municipales.

6. Coherencia con los planes nacionales. La administracinmunicipal debe ejercer su autonoma sin descuidar la coherencia


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con los planes nacionales. Es importante cuidar una relacin

sistemtica en la gestin pblica del pas. Para el efecto, laspolticas, planes y programas municipales tienen que tomar encuenta las polticas expresadas en los instrumentos legales quetienen alcance general.

En Bolivia, el Plan General de Desarrollo Econmicoy Social (PGDES), adems de los sistemas nacionales de

Planificacin, Inversin y Presupuesto, son de cumplimientoobligatorio para todo el sector pblico. As tambin lo prescribela Ley de Participacin Popular. Se trata de los lmites positivosde la Autonoma que propenden a lograr una relacin orgnica enla administracin del pas.

De todas formas, la relacin ms importante que ha

generado la Ley de Participacin Popular se plantea en trminosinversos; es decir, otorgndole posibilidades inditas a las polticasnacionales de contar con los brazos articuladores para llegar atodo el territorio nacional, sin desmerecer las realidades particularesque ahora tienen un marco autnomo para expresarse.

7. Supervisin de las instituciones privadas. La ausencia Histrica

de las formas pblicas del Estado boliviano en gran parte delterritorio ha permitido que muchas instituciones privadas dedesarrollo social acten a su mejor saber y entender. En algunoscasos, los resultados no han sido provechosos, configurandosituaciones ajenas a una lgica integral de administracin de losrecursos humanos y fsicos.

Al crear una presencia municipal real y efectiva, laLey de Participacin Popular permite la fiscalizacin pblica en

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favor de la aplicacin de criterios unvocos en la gestin del

desarrollo nacional.

8. Participacin social. Hacer al ciudadano copartcipe de la gestinpblica, dndole el rol de orientar su curso y controlar su ejecucin,es otra de las condiciones para alcanzar un espacio de legitimidadque permita la consolidacin de la democracia y, por su intermedio,del Estado boliviano.

La Ley de Participacin Popular, como bien sealasu denominacin, es ms que una reestructuracin interinstitucional.Su objetivo principal es desarrollar los escenarios que permitanuna participacin real y efectiva de los ciudadanos en la gestindel Estado. Para este fin, reconoce legalmente a la OrganizacinTerritorial de Base (OTB) (ver el siguiente acpite para un mayor

desarrollo de este concepto), como sujeto de la ParticipacinPopular, que se identifica con las Comunidades Indgenas yComunidades Campesinas - nicas formas de organizacin ruralque han tenido vigencia secular en gran parte del territoriorepublicano, colonial y precolombino -, y con las Juntas Vecinalesen las ciudades.

Las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs),constituidas tradicionalmente de acuerdo a sus usos y costumbres,y reconocidas por la Ley de Participacin Popular con estascualidades ontolgicas, mantienen una relacin cotidiana con losGobiernos Municipales en las respectivas jurisdicciones locales.En esa misma perspectiva, y para facilitar una mejor articulacininstitucional, se constituyen tambin por disposicin de la propiaLey de Participacin Popular Comits de Vigilancia, conformados


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por representantes de las OTBs, encargados de transmitir las

necesidades comunitarias y vigilarla correcta administracin delosRecursos de Participacin Popular.

En este generoso contexto filosfico y fctico, parece justoconcluir que estamos ante un proceso que contribuye de manerasingular en la consolidacin del Estado boliviano, a travs de laprofundizacin de la democracia y la construccin de instrumentos

de gobernabilidad, partiendo de una visin unitaria ydescentralizadora.

2.1.5.- Democracia Participativa y Democracia Representativa:Organizaciones Territoriales de Base y Gobiernos Municipales.-

Dos son las condiciones principales que debe reunir

una organizacin civil para tener mayores posibilidades de actuarcomo representante social. Un referente territorial, que le permitafungir como portavoz de todos los habitantes de un radiodeterminado, y una relacin directa con sus miembros de base,que facilite, a su vez, una vinculacin sin demasiada intermediacincon el rgano pblico.

Las denominadas Organizaciones Territoriales deBase (OTBs) tienen una naturaleza que comprende las doscaractersticas extraadas en otras formas de organizacin de lasociedad civil, a saber: son territoriales, porque representan a unacomunidad o a un barrio, y son de base, porque sus miembrosinteractan directamente, al ser la forma ms desagregada deorganizacin que asume la ciudadana.

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La universalidad, es, pues, la principal cualidad de

una Organizacin Territorial de Base.

Esta cualidad ha sido tradicionalmente ignorada porel Estado boliviano. El Gobierno, a la hora de relacionarse con lasexpresiones organizadas de la ciudadana, pocas veces ha ido msall de las instituciones gremiales o cvicas. As, la Representacin,en unos casos, slo ha sido sectorial y, en otros, si bien ha podido

tener una cobertura ms general, ha estado demasiado intermediadapor directorios u otras formas derivadas de representacin.

En este contexto, para avanzar en la construccin deuna democracia participativa - que no tiene que ser planteada entrminos contradictorios con la democracia representativa - esnecesario reconocer y articular legalmente a organizaciones que

representen a todos los comunarios, campesinos o vecinos, msall de su condicin social, cultural o econmica, por el solo hechode estar avecindados en un mbito territorial comn. Adems, esimportante rescatar una lgica directa de vinculacin entre susmiembros, evitando, en lo posible, la intermediacin, por susimplicaciones desfavorables para la participacin directa. En sntesis,una poltica departicipacin populardebe partir de premisas que

incluyan en su proceso a todos los ciudadanos, en la forma msliteral posible. Para este objetivo, el modelo corporativo tradicionalno parece ser el ms conveniente.

Afortunadamente en Bolivia no ha sido necesariocrear organizaciones que renan los principios sealados. LasComunidades Indgenas, las Comunidades Campesinas y las JuntasVecinales en las ciudades, son Organizaciones Territoriales de

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Base. Y as las califica la Ley de Participacin Popular,

reconocindolas como sujetos de la participacin popular. Eldesafo estaba en reconciliar al Estado formal con el Estado real.Las comunidades rurales - Indgenas y Campesinas - y las juntasvecinales urbanas estaban ah, esperando que su vigencia merecierael reconocimiento gubernamental. En el caso de las comunidades,se trata de las principales expresiones colectivas que han existidodurante siglos en las reas rurales. Ante la insuficiencia del Estado

formal, los comunarios fortalecieron sus formas originarias deorganizacin como recurso para responder a sus necesidades bsicas.

La Ley de Participacin Popular busca canalizar esadilatada experiencia de organizacin y participacin comunitaria,incorporndola en la lgica formal del Estado boliviano. Se tratade un sinceramiento institucional que se inscribe en la perspectiva

de construir una gobernabilidad sobre bases ms reales. Por ello,el reconocimiento legal se hace a partir de los propios usos ycostumbres culturales que tienen estas comunidades, enriqueciendoas la estructura gubernamental levantada sobre losparadigmasoccidentales de la modernidad.

La dimensin cultural de este proceso, adems de

tener una connotacin tica, reviste trascendental importanciapoltica y administrativa. Su naturaleza tica se expresa en lareivindicacin del acervo espiritual de los pueblos indgenas queoriginalmente poblaron estas latitudes, a travs del respeto a susformas. Su alcance poltico y administrativo est dado porque laasimilacin institucional de los usos y costumbres comunitariossupone un aporte fundamental a la gobernabilidad en todo elterritorio. Es el primer paso para incorporar en la gestin integral

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del Estado procesos, actores y espacios tradicionalmente reticentes

a ingresar en una lgica formal de administracin que no habatenido la capacidad para superar modelos culturales excluyentes.Se trata de un esfuerzo destinado a incluir a todos los bolivianosen una planificacin de carcter vinculante.

La revalidacin del mbito local de administracin,a partir del municipio, constituye la contraparte pblica para el

ejercicio de esa dinmica participativa que se busca rescatar conel reconocimiento institucional de las comunidades y juntas devecinos. La configuracin de un espacio para la gestin autnomade los Gobiernos Municipales supone la existencia de un rganopblico con capacidad institucional para interactuar con la sociedadcivil.

Con el reconocimiento y la articulacin institucional

de la sociedad civil con sus respectivos Gobiernos Municipales,la Ley de Participacin Popular ha promovido un espacioconvencional de encuentro entre formas participativas y formasrepresentativas de democracia. No se trata de proponer la utopade constituir una Democracia Directa - que slo se conoci concaractersticas particulares en la democracia esclavista de Atenasy que fue desestimada por la Filosofa Poltica en la Edad Moderna

-, sino de proponer mbitos de participacin social sin suplantarla representacin democrtica. Desde esta perspectiva, restadistinguir claramente los roles, para evitar distorsiones.

Los actores civiles orientan la planificacin y lainversin municipal, transmitiendo al Gobierno Municipal de lajurisdiccin sus requerimientos y expectativas, a travs de Procesos

de Planificacin Participativa, en los que participan los ciudadanos

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desde sus comunidades y barrios - estos Procesos han sido

incorporados en la dinmica institucional por la Ley de ParticipacinPopular y ahora tambin son un mandato de la Ley deMunicipalidades promulgada en 1999. Con esa referencia directade participacin social, las autoridades del municipio definen yadministran las polticas, programas y acciones.

Es importante advertir que son las autoridades quienes

deciden el curso de la gestin, justificando, en su caso, aquellasdecisiones que se aparten de las prioridades expresadas por lasOrganizaciones Territoriales de Base. La Participacin Popularno supone la sustitucin de las autoridades por el ciudadano, sinola constitucin de un marco de referencia social para darle mayorlegitimidad a la gestin municipal.

El Control Social es otro de los objetivos perseguidosen este proceso. Una vez definida la poltica municipal, son losmismos ciudadanos los encargados de vigilar la correctaadministracin de los recursos, a travs de sus OrganizacionesTerritoriales de Base y del respectivo Comit de Vigilanciaconformado por representantes de las comunidades y juntas devecinos. Aqu tambin es importante distinguir el Control Social

de la Fiscalizacin. As como en el caso de la PlanificacinParticipativa, el Control Social tiene un carcter indicativo, queno sustituye la Fiscalizacin a cargo de los respectivos rganosmunicipales, departamentales y nacionales del Estado, que son losnicos que ejercenjurisdiccin, como depositarios del imperiogubernamental.

En conclusin, la Ley de Participacin Popular buscaarticular los sujetos sociales y los espacios institucionales adecuados

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para viabilizar una participacin efectiva de los ciudadanos en la

administracin pblica. Con este fin, promueve desde el mbitolocal - nivel bsico y democrtico de organizacin territorial - unareconstitucin del aparato pblico y de los actores civiles.

2.1.6.- Tocqueville y Apaza, Apaza y Tocqueville, una sntesis.

Es en el municipio donde reside la fuerza de los

pueblos libres, dice Alexis de Tocqueville (*), en su obra seeraLa Democracia en Amrica. La cita me vino a la memoria cuandovisit el municipio de Pucarani, y mi amigo Paulino Apaza, uncampesino del lugar, me dijo con emocin: Nosotros, desde aqu,desde la comunidad, somos los verdaderos albailes de lademocracia.

La ancdota me permiti comprender los generososalcances de la reflexin del Filsofo Enrique Dussel (**), quiensostiene que en 1492 hubo un descubrimiento geogrfico y unencubrimiento cultural. En su criterio, uno de los retosfundamentales de las democracias latinoamericanas radica enpasar del descubrimiento al desencubrimiento.... En ese marco,parece imprescindible la sinergia de los diversos espacios culturalesque configuran nuestra realidad; es decir, el encuentro de lo queconvencionalmente se conoce como cultura occidental con lasdiferentes culturas precolombinas. Municipio y Comunidad,Tocqueville y Apaza.

(*) La democracia en Amrica, Alexis de Tocqueville. Primera parte, Captulo V,Pgina 59. Alianza Editorial. El Libro de Bolsillo, Madrid, 1993.

(**) 1492 El encubrimiento del Otro, Enrique Dussel. Conferencias 2, 3 y 4. pluraleditores - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacin - UMSA. La Paz,1994.

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La Ley de Participacin Popular es uno de los pasos ms

importantes en la Historia de Bolivia para lograr un sincretismofilosfico que permita la amalgama de las tradiciones polticasModernas con las tradiciones polticas de los pueblos originarios.La descentralizacin municipal, al estilo de Tocqueville, y laparticipacin comunitaria, al estilo de Apaza, parten de dos realidadesdistintas pero complementarias. Una responde a la dinmica de losEstados Nacionales que surgieron con el Renacimiento, y tiene

referentes propios que se han ido consolidando desde los primerosaportes de la Grecia Clsica. En ese contexto se inscribe lahermenutica poltica del municipio. La otra, a su vez, respondea la dinmica propia de los pueblos originarios de lo que hoy esAmrica, con la prctica de usos y costumbres que han sobrevividoa la Colonia y a la Repblica. En ese contexto se inscribe lahermenutica poltica de la comunidad.

El gran desafo gubernamental, ignorado durantesiglos, es promover el espacio institucional en el que puedanconverger Municipio y Comunidad. Hacer del Estado un mbitode encuentro y no de desencuentro. A ello contribuye la Ley deParticipacin Popular, con un contenido que es lo suficientementeeclctico como para responder a la abigarrada sensibilidad de la

poblacin boliviana.

De lo que se trata es de encontrar un lugar comnpara Tocqueville y Apaza

2.2.- Un nuevo concepto de Gobernabilidad.-

En el Numeral que precede, se ha insinuado larenovada posibilidad de impulsar procesos de Gobernabilidad en

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Bolivia, a partir de la Ley de Participacin Popular. En este acpite,

vamos a ensayar un marco terico y prctico para esa posibilidad,tomando como referencia las premisas filosficas e institucionaleshasta aqu analizadas.

Para abordar el tema desde una perspectiva propia,inspirada en el marco de las necesidades y posibilidades del Estadoboliviano, tomamos en cuenta la aproximacin general que hace

Joan Oriol Prats, Analista del Instituto Internacional deGobernabilidad de Catalua - El concepto y el anlisis de lagobernabilidad, en Instituciones y Desarrollo, del InstitutoInternacional de Gobernabilidad de Catalua. 10 de diciembre de2003 -, que en su bsqueda de sistematizar el trmino, a tiempode prevenir que no existe una visin unvoca en las diferentesescuelas y tiempos, propone una distincin entre gobernanza

y gobernabilidad en base a la diferencia que existe entre las reglasdel juego y las capacidades que confieren.

As, plantea la siguiente nocin general del trminogobernabilidad: la capacidad de formular e implementarpolticas pblicas por parte de un gobierno., mientras que, parael trmino gobernanza, plantea los procesos de interaccin

entre actores estratgicos, interaccin que tiene sufundamento ltimo en las reglas del juego. Es decir en lasinstituciones formales e informales que restringen elcomportamiento de los actores

Hechas estas precisiones, el ensayo deGobernabilidad que se propone a continuacin, supone la capacidad

de gobernar que conlleva procesos de interaccin entre actoresestratgicos - gobernanza -, partiendo del escenario generado por

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la Ley de Participacin Popular, y considerando slo sus variables

inmediatas - descentralizacin gubernamental y participacin social-, dejando para un estudio ms amplio la interconexin con otrasvariables - Vgr. Medio Ambiente.

2.2.1.- Gobernabilidad.-

Entendemos por gobernabilidad, la facultad

institucional y la posibilidad real de ejercer jurisdiccin sobre lapoblacin asentada en un territorio. Ntese que se trata de lograrla vinculacin entre los tres elementos del Estado, de acuerdo conla doctrina clsica: poblacin, territorio y poder. Ese es el ejeconceptual de la aproximacin que aqu se propone.

2.2.2.- Legalidad y legitimidad.

Reflexionar sobre gobernabilidad, en los trminospropuestos anteriormente, nos remite de inmediato a otras doscategoras polticas: legalidad y legitimidad.

La legalidad supone la existencia de espaciosinstitucionales para el ejercicio de derechos y deberes por parte de

la ciudadana. Pero, adems, en su lgica burocrtica, est laposibilidad de practicar el imperio poltico del gobierno.

La legitimidad, a su vez, supone la existencia deespacios consensuales en los que se expresan aceptacin y adhesinsocial respecto del accionar gubernamental.

Desde una perspectiva poltica, en el mbito de lalegalidad, encontramos la psicologa del imperativo hipottico: en

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caso de que el hombre no acte de la forma institucionalmente

prevista por conviccin propia, lo har por temor a las hipotticasrepresalias jurdicas o sociales que le acarreara actuar de maneradistinta. Asimismo, en el mbito de la legitimidad, encontramos lapsicologa que expone Kant en su teora deontolgica: el hombreacta por convencimiento moral, sin calcular las consecuenciasfavorables o desfavorables de su accin.

Ambas dinmicas son imprescindibles en lamotivacin poltica, y constituyen las bases de la gobernabilidad.Representan la condicin formal y la condicin moral,respectivamente, de todo ejercicio gubernamental que aspira a sereficaz sin ser traumtico.

2.2.3.- Factores que promueven legalidad y legitimidad:

descentralizacin y participacin social.

2.2.3.1.- La descentralizacin como factor que promueve legalidad.-

Hacer realidad las ideas polticas supone la existenciade espacios institucionales. Desde la perspectiva de la ingenieragubernamental, los espacios institucionales requieren del concurso

de varios factores en la estructura del Estado. Entre estos, cabedestacar la existencia de rganos pblicos con autoridades quegocen de respaldo poltico, econmico, administrativo y social.

Se trata de rganos pblicos que tengan funcionariosadscritos a una lgica de organizacin poltica socialmente aceptada- en nuestro caso, la democrtico-representativa-, con recursos

relativamente suficientes para desarrollar competencias especficas,y con procedimientos e instrumentos coercitivos dirigidos a favorecer

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el cumplimiento de su gestin; es decir, un conjunto de variables

concurrentes, para facilitar el ejercicio de los derechos ciudadanosy la administracin integral del Estado por parte del gobierno.

Para alcanzar los objetivos propuestos, es menesterque stos rganos pblicos, tengan presencia en la totalidad de lapoblacin y el territorio de un Estado; de esta forma, los treselementos constitutivos - poblacin, territorio y poder - estarn

adecuadamente identificados.

De acuerdo con ese criterio, los Estadosexcesivamente centralizados, por la inexistencia de una redinstitucional slida que abarque al conjunto de los recursos humanos,geogrficos y econmicos, tienen mayores dificultades para ejercerla legalidad. Ergo, no cuentan con buenas posibilidades de enfrentarsatisfactoriamente la necesidad de garantizar la gobernabilidad.

En este contexto, la descentralizacin constituye unfactor imprescindible para contribuir a la legalidad.

2.2.3.2.- La participacin social como factor que promueve

legitimidad.-

Comprometer al ciudadano en la administracinpblica de las necesidades y expectativas generales, constituyeuna forma implcita y explcita de lograr su conformidad polticacon el sistema y sus autoridades, contribuyendo a desarrollar esosespacios consensuales que permiten la aceptacin y adhesin social

del ejercicio gubernamental.

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La participacin social, es uno de los medios

fundamentales para promover legitimidad. Es en la interaccin-gobernanza permanente entre la funcin pblica y la sociedad civil,que se desarrollan los lazos que permiten construir una culturapoltica en la cual el administrador y el administrado se reconocen,respetan y valoran recprocamente, resolviendo satisfactoriamenteel desafo que plantea la gobernabilidad.

El reto est en disear los mecanismos idneos paracanalizar la energa social, evitando su desnaturalizacin a travsde la adopcin de procedimientos excesivamente burocrticos.

2.2.3.3.- Descentralizacin y Participacin.-

En el marco de las reflexiones precedentes, la

descentralizacin del sector pblico, como forma institucional deacercar el Poder al ciudadano, es un requisito de la legalidad. Deigual manera, la participacin, como forma social de vincular alciudadano con el Poder descentralizado, es un requisito de lalegitimidad.

La legalidad sin legitimidad, es casi pura coercin.

A su vez, la legitimidad sin legalidad, es energa sin concrecin.Por ello, la gobernabilidad, tiene en la convergencia de ladescentralizacin y la participacin, dos condiciones importantespara su vigencia.

2.3.- Ley de Participacin Popular y Gobernabilidad.-

2.3.1.- La descentralizacin como factor que promueve legalidad.-

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Con la Ley de Participacin Popular, Bolivia

comenz a estructurar un modelo descentralizador de caractersticasdecisivas para promover gobernabilidad en la totalidad de suterritorio.

Su aplicacin signific la rectificacin histrica deun centralismo que haba limitado el alcance de la administracinpblica a espacios muy restrictivos, que se pueden resumir en los

24 municipios que reciban recursos. Slo en ellos se podanconformar verdaderos Gobiernos Municipales con posibilidadesde responder a las necesidades ciudadanas. Para el resto de lapoblacin - en 1994 ms del 50% -, asentada lejos de las ciudadesgrandes, la Autonoma Municipal, instituida por la ConstitucinPoltica del Estado, no pasaba de ser una declaracin retrica sinposibilidades prcticas de materializarse.

Con la nueva forma municipal de distribucineconmica y territorial, institucionalizar ste proceso a travs deGobiernos Municipales, significa llevar a cabo una descentralizacinpoltica, econmica y administrativa, en el marco de las siguientespremisas: a) Descentralizacin poltica: porque las autoridades delos Gobiernos Municipales, en ejercicio de la Autonoma Municipal,

son elegidas por sufragio universal - no guardan dependenciarespecto del nivel central de gobierno- y tienen capacidad no

Participacion Popular, Descentralización y Autonomías Departamentales en Bolivia, Roberto Barbery...

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