Nueva Ley de Aguas

1. Coordinación entre las autoridades

El primer título de la iniciativa se refiere a las atribuciones que tendrían los tres niveles de gobierno para la administración de las aguas nacionales.

El objetivo es buscar coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para enlistar funciones conjuntas y especificar las atribuciones que les corresponden, para dar cumplimiento al derecho humano al agua, la cultura, educación, ciencia y tecnología del agua, la adaptación y mitigación de los efectos e impactos del cambio global en materia de agua, entre otros.

2. Normatividad del derecho humano al agua

La iniciativa quiere definir los conceptos de derecho al acceso, disposición y saneamiento, así como lo suficiente, salubre, aceptable y asequible del agua.

Los diputados buscan establecer las obligaciones del Estado para dar cumplimiento al derecho humano al agua, así como reconocer ese derecho particularmente a las personas y grupos que han tenido dificultades para ejercerlo.

3. Derecho a la información en materia de recursos hídricos

Este punto busca la participación de los mexicanos a través de los Consejos de Cuenca, aunque no descarta otras formas de organización ciudadana. En este sentido, también reitera el derecho de acceso a la información en materia de recursos hídricos, infraestructura y servicios relacionados. Los diputados proponen la creación del Sistema Nacional de Información del Agua.

4. Creación de un órgano para la regulación y prestación de servicio

La iniciativa prevé la creación o perfeccionamiento de un órgano regulador a nivel estatal que contribuya a la autosuficiencia y sostenibilidad de los prestadores.

Con esto, según el documento, se busca favorecer la clarificación en la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en los estados y el Distrito Federal.

5. Priorización del uso del agua doméstica

Los diputados buscan constituir los principios de la política hídrica nacional, para definir la planeación y programación como un instrumento fundamental para la gestión integrada de los recursos hídricos y la seguridad hídrica.

Los legisladores proponen dar preferencia a los usos del agua de manera doméstica, pública urbana y para la conservación ecológica.

6. Concesión de explotación de aguas

Este es uno de los puntos más controversiales, ya que plantea concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, al señalar reglas para su otorgamiento, prórroga, transmisiones, derechos y obligaciones de los concesionarios, suspensión, extinción y revocación de los títulos de concesión.

Al respecto, algunos legisladores se oponen argumentando que esta nueva ley otorgaría a los consorcios que están operando y distribuyendo el agua una facilidad para no respetar los derechos territoriales de una comunidad.

7. Uso público urbano

La iniciativa plantea que el uso doméstico sea una excepción al trámite de concesión a fin de garantizar el derecho humano al agua, cuando se realiza por medios manuales.

8. Conocimiento y protección de los recursos hídricos

La iniciativa busca establecer las acciones que deben realizar autoridades y ciudadanos para tener información completa y oportuna para conocer la situación que guardan los recursos hídricos del país, la forma en que se lleva a cabo su explotación, así como el desarrollo de nuevas estrategias y tecnologías para su manejo.

Además, en materia de prevención y control de la contaminación, los legisladores buscan establecer responsabilidades y participación de los órdenes de gobierno y concesionarios, tendentes a prevenir y controlar la contaminación de las aguas nacionales, destacando la vigilancia que se debe realizar, a fin de que el agua suministrada para consumo humano cumpla con las normas oficiales mexicanas, así como la prevención y remediación de los efectos adversos que la contaminación pudiera generar en la salud y el ambiente.

9. Desastres y emergencias

Este es el único punto en materia de prevención que tomaron en cuenta los diputados, ya que quieren implementar medidas para reducir riesgos, así como prevenir y mitigar los efectos que generan los fenómenos hidrometeorológicos; auxiliar, proteger y socorrer a la población y recuperar y reconstruir el entorno.

En ese sentido, destaca el vínculo que se establece entre la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, la disponibilidad del agua y las zonas de riesgo, con el ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, como medida para prevenir y mitigar los efectos asociados a emergencias y desastres causados por estos fenómenos. Por otro lado, se establecen mecanismos y medidas a adoptar en caso de sequía, con el objeto de garantizar el derecho humano al agua.

10. Financiamiento del sector de recursos hídricos

Este punto es otro de los que han generado polémica. Los diputados quieren que con los recursos captados, gestionados y asignados, se garantice el derecho humano al agua, y se cumpla con los fines de la ley, a través de la gestión integrada de los recursos hídricos, la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios relacionados.

La controversia está en el cambio en las tarifas que podría hacer el gobierno para contar con más fondos.

11. Infracciones, medidas y sanciones

Esto está encaminado a establecer las medidas mediante las cuales las autoridades puedan hacer cumplir sus determinaciones, para prevenir riesgos inminentes, daños, deterioro a la salud, a las aguas o a los bienes nacionales.

Este punto incluye un catálogo de conductas que ameritarían una sanción, como clausura temporal o definitiva, remoción o demolición de la infraestructura, suspensión o revocación de la concesión, asignación, permiso o autorización, además de la remediación de sitios contaminados.

Los diputados plantean que estas conductas sean consideradas graves cuando incidan directamente en el abasto de agua.