29 de febrero al 6 de marzo de 2016

Contenido

IGLESIA ............................................................................................................................. 2

Enrique Vega Dávila (*): Hacia una cultura de la misericordia ..................................... 2

Pedro Salinas: El retrato de la tenacidad ........................................................................ 3

SOCIEDAD Y POLÍTICA ........................................................................................... 5

Mario Vargas Llosa: "Keiko no ha roto con el fujimorismo"......................................... 5 Sinesio López: Confusión e incertidumbre..................................................................... 6

Diego García Sayán: La credibilidad del proceso electoral............................................ 7 Rosa María Palacios: Guzmán y Acuña. Peligrosa confusión en el JEE Lima Centro .. 8 Juan Carlos Tafur: JEE y su interpretación talmúdica.................................................. 10

Carlos Alonso Bedoya: Alan quiere tumbarse el proceso electoral ............................. 10 Augusto Álvarez Rodrich: Ahora Alan irá por PPK y Barnechea ................................ 11

Carlos Meléndez: (No) Satisfaction.............................................................................. 12 Rosa María Palacios: La apariencia de la ley ............................................................... 13 Claudia Cisneros: Los sudores de Távara..................................................................... 14

Martín Tanaka: Guzmán y Acuña................................................................................. 16 Juan Carlos Tafur: La impensa torpeza del statu quo ................................................... 16

David Sulmont: "La decisión ya no debe ser quién participa, sino quién va a ser el nuevo presidente" .................................................................................................................... 17 Mirko Lauer: Arequipa, Lima, Pasco ........................................................................... 19

Fernando Tuesta: El reparto de la torta......................................................................... 20 "ESTO ES UN GOLPE A LA DEMOCRACIA"......................................................... 21

POBREZA Y DESARROLLO ................................................................................. 22

Humberto Campodónico: Petroperú: No cruzar la delgada línea roja .......................... 22 Carlos Alonso Bedoya: PPK y el negocio del gas ........................................................ 24

VERDAD Y RECONCILIACIÓN .......................................................................... 25

Testigo del "Baguazo" dijo que policía lo obligó a colocar su huella en declaración .. 25

Rocío Silva Santisteban: El perdón como política pública ........................................... 27

Santiago Pedraglio: Angélica Mendoza, 87 años ......................................................... 28

IGLESIA

LaRepublica.pe, 03 de Marzo de 2016 | Iniciativa Eclesial 50° VAT II

Enrique Vega Dávila (*): Hacia una cultura de la misericordia Hace poco tuve la oportunidad de compartir con un grupo de docentes una reflexión acerca de la cultura de la misericordia. Quisiera compartir algunas reflexiones en voz alta a partir

de ello.

Cuando uno entra en diálogo para definir lo que es cultura emergen una serie de consideraciones tales como formas de pensar, estilos de vida, producción humana; pero también nos encontramos con una comprensión normativa de la cultura que pretende dar

criterios que corren el riesgo de ser mantenidos fijos en el tiempo. Una y otra se entrelazan y dinamizan.

De hecho, cultura es todo aquello que hemos recibido como herencia de las generaciones anteriores. Esta dimensión pasiva de la cultura es fundamental ya que cada uno reconoce,

identifica y valora lo que ha sido recepcionado. Las nuevas generaciones no pueden (¡no podemos!) ser ingratas y no reconocer los grandes procesos que son anteriores a ellas (¡a

nosotros y nosotras!). Pero no podemos dejar de lado el hecho que, al mismo tiempo que somos receptores, somos agentes productores; se trata de un proceso simultáneo. Sobre la primera dimensión, receptiva, hay mayor claridad; sin embargo, pienso que debemos colocar

mucha atención en la última: somos creadores de cultura.

La indiferencia egoísta e individualista, denunciada por las Conferencias Episcopales, es ciertamente un problema en relación a la misericordia, pero existen otros. Valorar esta doble dimensión, receptiva y creativa, de la cultura nos exige un sentido crítico, especialmente en

lo que se encuentra relacionado a lo religioso. En este sentido, lamentablemente la misericordia ha tenido el riesgo constante de caer en un ‘formalismo’ que ha reducido las

llamadas “obras espirituales y corporales” al mero cumplimiento de ellas sin dar el paso necesario de la transformación de la realidad y la lucha contra toda situación de injustic ia. Definitivamente, no se puede “tener al mísero en el corazón” sin acompañarle con justicia

que le rehabilite. Por otro lado, el ‘asistencialismo’, atacado por Francisco, es otra manera de domesticar la

misericordia. Ayudar es bueno, y debe hacerse de acuerdo con nuestras posibilidades, y brindar soluciones concretas ante situaciones que aparecen frente a nuestros ojos. El

asistencialismo es un modo de desprendimiento ciertamente; pero si se da sin análisis alguno,

se convierte solo en un paliativo que quiere curar un cáncer con una vendita de papel. Intentar

vivir la generosidad sin su dimensión transformadora es repetir el sistema del que Francisco hace poco ha dicho que necesitamos un profundo cambio. Ambas, formalismo y

asistencialismo son tentaciones que acomodan la misericordia. La revolución de Francisco está buscando un cambio de actitud de quienes somos miembros

de la Iglesia y, al mismo tiempo, está recordándonos que la credibilidad de ésta se basa en su coherencia con el Evangelio. Todos y todas debemos seguir preguntándonos si estamos

generando una cultura en cuyo centro están “las entrañas removidas por el sufrimiento ajeno”.

La misericordia nos desestabiliza porque es exigente, pero no por cumplimiento sino porque nuestras fibras más sensibles se ven afectadas y reconocemos en el otro el dolor mismo de

Jesús de Nazaret, prolongado en la carne de nuestros hermanos y hermanas. Una cultura de la misericordia es un proceso que nos hace cada vez más conscientes de la realidad, por ello, nos descentra. Esto requiere que se haga no al margen de la economía, de la política o de lo

ecológico.

Todo esto no se trata de un cambio que viene desde arriba sino que se formula y vive desde abajo, por lo que vivir una cultura de la misericordia nos haría corresponsables de modo directo, no de lo que ya se vivió, sino de lo que se estamos por vivir. “Lo razonable”,

indudablemente, ha sido un factor que ha marcado los procesos culturales en los últimos siglos; esa misma razón ha generado conocimiento o saberes que han dado seguridades a la

humanidad, pero quienes no han entrado en esa dinámica han sufrido algún tipo de expulsión o discriminación.

Es hora de que sea el corazón, como lo recordaba Pascal en sus Pensamientos, quien tenga razones nuevas, pero no desde el sentimentalismo que fomentaría los mismos errores

mencionados líneas arriba sino, más bien, desde el descubrimiento del otro como un “tú” y de la creación como real interlocutora.

No hay cultura sin agentes protagonistas, no hay misericordia sin corazones que asuman desde la fragilidad del otro, el proyecto de ser la civilización del amor.

* Profesor del Departamento de Teología y de Ciencias religiosas de la PUCP.

La República, el domingo 6 de marzo de 2016

Pedro Salinas: El retrato de la tenacidad Nunca me he emocionado tanto con la premiación de una película. Me refiero al

reconocimiento de Spotlight, claro. Y es que es casi imposible no sentirse identificado con sus personajes. Porque como comentó Stephen Engelberg, editor de ProPublica, una agencia

de noticias que produce periodismo de investigación, Spotlight permite visualizar nítidamente "las frustraciones y las alegrías del proceso de sacar una historia a la luz".

Ese es quizás uno de los mayores logros del director Thomas McCarthy. Capturar ese cóctel

de adrenalina, desazón, entusiasmo, obsesión y servidumbre que asalta a los periodistas que están detrás de una verdad que está escondida y que fuerzas poderosas quisieran mantener

así. Y como en Todos los hombres del presidente, de Alan Pakula, la tenacidad, los fracasos, los errores, la monótona rutina, los palos de ciego, la paciencia jobiana, el afán de no dejar cabos sueltos, la recolección de datos, el contraste de las fuentes, las incontables entrevistas,

así como soportar las presiones o padecer maltratos y detracciones, forman parte del quehacer investigativo, muchas veces extenuante, hasta que, finalmente, se acierta en lo realmente

importante. Y se revela lo que los poderosos querían guardar en secreto, ocultándolo todo, haciendo arreglos bajo la mesa para que de esa manera el silencio perdure. En el caso que nos ocupa, el propio Marty Baron, quien fue editor de The Boston Globe, lo

explica de esta manera: "La investigación de Spotlight logró llamar la atención de las autoridades y de la prensa sobre las víctimas de los abusos sexuales (perpetrados por

sacerdotes católicos). También remeció a la Iglesia de arriba abajo, lo que se inició con la renuncia del cardenal (Bernard) Law. Pero este caso, además, demostró el verdadero poder del periodismo de investigación".

Más de seiscientos reportajes sobre la curia bostoniana lograron eso. Enfocar la luz donde los depredadores sexuales amparados por la jerarquía eclesiástica no querían claridad. Y es

que, como dijo mi amiga y colega Paola Ugaz, en un reciente conversatorio que tuvimos precisamente sobre la película en las instalaciones de la librería El Virrey: "El periodismo, algunas veces, hace justicia".

O como expresó el productor Michael Sugar al recibir el Óscar: "Esta película dio voz a los supervivientes. Y este Óscar amplifica esa voz, la cual esperamos se convierta en un coro

que resuene y llegue hasta el Vaticano. Papa Francisco, es hora de proteger a los niños y restablecer la fe". Y bueno. Esa es la pregunta que nos hacemos todos: ¿Llegará el mensaje hasta el Vaticano?

¿O prevalecerá, como hasta ahora, la preocupación por la imagen de la institución antes que la reparación de las víctimas? Porque a ver. Hasta la fecha lo que se aprecia es mucho

discursito efectista y pocas acciones convincentes. Y no me vengan con que ya no ningunean los abusos o que ya no los minimizan o que están haciendo justicia con las víctimas, porque eso no es cierto. Por lo pronto, eso no ocurre en el caso peruano, donde la impunidad

sigue siendo una realidad en las historias de abusos sexuales que involucran a religiosos

católicos.

Así las cosas, ya que estamos en esto, a ver si las autoridades eclesiásticas peruanas y vaticanas se acuerdan del Sodalicio y sus escándalos seriales. Y a ver si hacen algo, digo. Pues como subrayó el psicoanalista Jorge Bruce en el conversatorio que mencioné líneas

arriba: "(En el caso del Sodalicio) no estamos hablando de ‘manzanas podridas’, es el

barril el que está podrido. Ahí no hay nada que rescatar. No nos engañemos. ¿Y por qué

está podrido? Porque fue construido desde la podredumbre. No digo que todas las personas (del Sodalicio) estén podridas o sean malas personas. Estoy seguro de que hay muchas buenas personas, que son víctimas. Pero la institución no merece existir. La institución es la

emanación mefítica de una persona (Luis Fernando Figari) con una patología gravísima y que, no obstante, no lo exime de responsabilidad porque es perfectamente capaz de discernir

el bien del mal. ¿Por qué lo digo con absoluta certeza? Porque por algo la ha ocultado (su doble vida) durante tantos años. Esta persona (Figari) construyó a lo largo de los años una institución a la dimensión de sus pulsiones más tóxicas y más nocivas".

Pero volviendo a Spotlight. Una de las virtudes de los grandes destapes del periodismo de

investigación y uno de los mayores méritos del cine es que, al desarrollar historias muy bien narradas como la que protagonizan Marty Baron, Ben Bradlee Jr., Walter ‘Robby’ Robinson,

Sacha Pfeiffer, Mike Rezendes y Matt Carroll, movilizan a la gente. La activan. Y nos ayudan a tomar conciencia de que, ante situaciones como estas, que todavía siguen ocurriendo, no podemos permanecer indiferentes, ni pasivos ni callados. Porque si esa va a ser nuestra

actitud, la de la indolencia de toda la vida, la truculenta verdad que nos muestra Spotlight y lo que recién hemos descubierto en el Perú, seguirá sucediendo.

SOCIEDAD Y POLÍTICA

rpp.pe, el lunes 29 de febrero de 2016

Mario Vargas Llosa: "Keiko no ha roto con el fujimorismo" El Nobel peruano reiteró que un triunfo de Fuerza Popular en las próximas elecciones significaría "una reivindicación de la dictadura"

El escritor Mario Vargas Llosa consideró que el triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones sería la reivindicación de la dictadura "más corrompida y sanguinaria" de la historia del Perú,

el alusión al gobierno de Alberto Fujimori, lo cual a su juicio implicaría "una desgracia" para el país.

"¿Qué sería la elección de Keiko Fujimori? Sería la reivindicación de la dictadura, probablemente la más corrompida de la historia del Perú, nunca se robó tanto, y una de las más sanguinarias por la cantidad de muertes de inocentes (…) con el pretexto de la lucha

contra el terror. Creo que sería una verdadera desgracia", manifestó en entrevista concedida al programa Cuarto Poder.

Varga Llosa aceptó que si bien los delitos no son hereditarios y que no se puede culpar a Keiko Fujimori por los crímenes cometidos por su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, ella "no ha roto con el fujimorismo".

"Ella sigue siendo el fujimorismo vivo, superviviente; ella ha alejado a las figuras más impresentables vinculadas a hechos monstruosos como la castración de campesinas (…),

pero el grueso del fujimorismo está ahí́ ", comentó. Indicó que de ganar Keiko Fujimori, su padre Alberto, preso por delitos de corrupción y de lesa humanidad, sería el "principal asesor", pues la candidata presidencial se caracterizó por

ser "muy dócil" con él ya que nunca mostró una posición distante o crítica respecto a los delitos cometidos durante ese gobierno. No obstante, el premio Nobel de Literatura dijo tener confianza en que Fujimori será

nuevamente derrotada en la segunda vuelta electoral. Contra García y Acuña

Respecto a Alan García, reveló que si bien hizo un segundo buen gobierno, las acusaciones

de corrupción empañaron su gestión y lo han llevado a la situación precaria que tiene actualmente en las encuestas.

"Esa es la razón por la cual no votaría por él y pediría a los peruanos que no lo hagan", enfatizó. Vargas llosa instó a no votar por García por los casos de corrupción en su Gobierno y afirmó

que las acusaciones de plagio contra Acuña son convincentes. Por otro lado, Vargas Llosa dijo que no votaría por César Acuña "en ningún caso", debido a

que las acusaciones en su contra por plagio le parecen "bastantes convincentes", lo cual lo descalifica para ejercer la Presidencia de la República.

La República, el jueves 3 de marzo de 2016

Sinesio López: Confusión e incertidumbre

Existe confusión e incertidumbre en el proceso electoral que tienen distinta procedencia. Una

primera fuente es la frondosa normatividad partidaria y electoral hecha para aplicar

rigurosamente a los partidos cuando estos prácticamente no existen. Llamar partidos a

los pequeños caudillos con franquicia electoral es un abuso del lenguaje. Algunas normas electorales han sido dadas en pleno proceso electoral y han generado más confusión. ¿Se

aplican o no esas normas a este proceso electoral o son para el siguiente? Si son para el

siguiente, ¿por qué darlas ahora? Si son para el actual proceso, ¿por qué cambiar las

reglas de juego cuando ya comenzó el partido?

Una segunda fuente es la actuación de los organismos electorales que, sometidos a una fuerte presión política y mediática, se mueven confusamente entre dictámenes que declaran

inadmisibles o improcedentes a las decisiones de los actores políticos. Sospecho que sus

dictámenes no son uniformes frente a casos parecidos. Una tercera fuente es la excesiva fragmentación partidaria que genera caos en la

administración electoral, llena de siglas al país, pero produce un vacío de ideas y propuestas sólidas. Además, hace difícil la elección del ciudadano.

Una cuarta fuente es el enorme poder de los medios concentrados empeñados en imponer

y mantener a determinados candidatos del establishment y en bloquear a los del

antiestablishment económico o político. Ellos despliegan sus propias campañas y

contracampañas cuya efectividad miden las encuestas que contratan. Hasta ahora su éxito es muy pobre. Casi todos los candidatos del establishment están cayendo y no han podido

contener la emergencia, en algunos casos vigorosa, de los pitufos (Guzmán, Verónika y Barnechea). Su éxito se reduce a la demolición de Acuña y al mantenimiento de Keiko como favorita.

En quinto lugar, las encuestas inciden no solo en el estado de ánimo de los candidatos sino también en los organismos electorales. Cuando las encuestas los favorecen, no se quejan. Cuando muestran su caída, sostienen que las encuestas son manipuladas. El nivel de apoyo

electoral de los candidatos incide probablemente en las decisiones de los organismos electorales. Es menos riesgoso sacar del juego a un candidato que araña el subsuelo que

echarse abajo un candidato que sube aceleradamente en las encuestas. ¿Manipulan o no las

encuestadoras? Las vinculadas a partidos, manipulan, pero las serias no arriesgan su prestigio

ni su dinero. Los candidatos que caen y ven difícil remontar y los pitufos que no pueden despegar

son la sexta fuente de confusión e incertidumbre. Dramatizan demasiado, pierden el sentido del ridículo, se encadenan a las rejas de Palacio de gobierno, presentan quejas, apelan las decisiones de los organismos electorales, buscan culpar a estos y al gobierno de su

inminente fracaso. Es probable que, in pectore, quieran que el proceso electoral

naufrague.

Llama la atención que los ciudadanos, pese a su volatilidad y en medio de la

incertidumbre, sean los que ponen orden superando la fragmentación y concentrando sus votos en candidatos viables. Ellos no son solo votos (Schumpeter), ni solo electores (Weber)

sino también ciudadanos plenos y muchos de ellos contestatarios.

La República, el jueves 3 de marzo de 2016

Diego García Sayán: La credibilidad del proceso electoral Hace algunas semanas alguien me comentó que mi nombre figuraba en el Registro de

Organizaciones Políticas (ROP) del JNE como "militante" de la UPP. Averigüé y constaté que, en efecto, aparecía en ese registro como "inscrito" el 2011 en esa agrupación. Al ser eso

totalmente falso y al haberse usurpado mi nombre y falsificado mi firma (como sé que les ha ocurrido a otros), notifiqué mi queja y protesta al JNE. Ha pasado más de un mes y nadie del ROP se ha puesto en contacto conmigo ni se ha puesto en acción al Ministerio Público para

que actúe sobre ese hecho ostensiblemente delictivo de usurpación de nombre y falsificac ión de firma.

Esto pone de manifiesto dos cosas. Primero, que no se puede tomar muy en serio los

registros de partidos que el ROP considera "sacrosantos". Mientras registros como el de

UPP con nombres usurpados no les quitan el sueño a los burócratas del ROP, sí saltan

hasta el techo, por ejemplo, por uno o dos militantes verdaderos del partido de Guzmán

que no figuran en la deleznable "lista oficial" del ROP. Segundo: abdicación de

responsabilidades de funcionarios del ROP en ejercer sus responsabilidades. Por ejemplo, no denunciar un hecho delictivo a la Fiscalía mientras continúan en su inagotable locuacidad mediática poniendo la paja en el ojo ajeno con los supuestos "errores" en los trámites de

Guzmán y otros. Pese a esto, sin embargo, es injusto acusar al manejo del actual proceso electoral de ser

igual o parecido a lo que se hacía en las épocas de Fujimori y Montesinos. No es

comparable la situación. Desde la "salita del SIN" se controlaba el 2000 hasta la respiración de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE estaba al servicio de la

dupla gobernante y los medios estaban controlados. No es eso lo que hoy afecta el proceso electoral peruano. Una persona honorable como Francisco Távara preside el JNE y nada permite insinuar que

desde allí se amaña el resultado. Pero sí hay nubarrones y estos están en la lógica anquilosada y oscura que guía a la burocracia del JNE en el ROP.

El "reglamentarismo" y formalismo del que se ha acusado -con razón- a ciertas

interpretaciones antojadizas del JNE es escandaloso. Es, además, ilegal e

inconstitucional. Agarrando a Julio Guzmán como "punto", la burocracia del JNE ha hecho

muchas tonterías intentando trabar inscripciones por asuntos estrictamente formales fácilmente subsanables. Y, a través de ello, resolver algo tan de fondo y de graves

implicancias constitucionales como excluir a un candidato o agrupación de la contienda electoral. Una conducta que subordina el fondo a la forma en un proceso electoral no solo atenta contra

el sentido común y el ejercicio del derecho constitucional a la participación política, sino

contra el texto expreso de la ley. En particular contra los principios esenciales del

derecho administrativo establecidos expresamente en la Ley General de Procedimientos

Administrativos (27444).

Cuando con el presidente Paniagua promulgamos en marzo del 2001 esa ley fundame nta l,

cuidamos de verificar que tuviera claras disposiciones que vacunaran a la sociedad peruana de la estupidez fagocitante de mentalidades burocráticas todopoderosas que convierten

en un calvario cualquier trámite. Quedaron los principios pero son letra muerta. Los

funcionarios del ROP harían bien en releer esos 16 principios generales del

procedimiento administrativo que son obligatorios.

Entre estos destacan tres que se han visto sistemáticamente atropellados. Uno,

"Informalismo": obligación de interpretar en forma favorable la pretensión de los

administrados "de modo que sus derechos e intereses no se vean afectados por la exigenc ia de aspectos formales que pueden ser subsanados". Dos, "Presunción de veracidad": se debe presumir que "los documentos y declaraciones formulados por los administrados…

responden a la verdad". Tres "Celeridad": evitar actuaciones que "constituyan meros formalismos" como textualmente lo dice el soslayado principio noveno de obligator io

cumplimiento.

rosamariapalacios.pe, el viernes 4 de marzo de 2016

Rosa María Palacios: Guzmán y Acuña. Peligrosa confusión en el JEE Lima Centro

1. Julio Guzmán

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 tiene el gran mérito de haber resucitado a Cantinflas. El mismo trío que admitió la inscripción de la plancha de Julio Guzmán, hace apenas días, ahora dice -recibidas y resueltas las tachas- "que la resolución que admitió a

trámite la inscripción de la fórmula de Todos por el Perú no tuvo en cuenta que la

Asamblea del 20 de Enero de 2016 no tenía facultades para convalidar la designación

del Tribunal Nacional Electoral que llevó a cabo el proceso de elecciones internas".

¿"No tuvo en cuenta"? ¿Ese es el fundamento? ¿"Ooops, se nos pasó? La argumentación de este JEE tiene dos problemas. El primero, es que en una resolución 3-2 el JNE, su superior

jerárquico, ya se había tenido el asunto "en cuenta". El JNE declaró nula la modificación del Estatuto de TPP y por ende no inscrito su Tribunal Nacional Electoral ante el Registro de

Organizaciones Políticas (ROP) porque tenía la sospecha de que la Asamblea del 20 de Enero, que convalidaba todo, no se realizó. Sospecha que a mi criterio no crea derecho (el JNE no tiene atribuciones para la investigación policial) pero en fin, ese fue el resultado.

Incluso un posterior recurso de reconsideración, ante el mismo JNE, fue rechazado. ¿Y el JEE recién se entera? ¿Hoy? ¡No pues!

Para obtener la resolución favorable, que admitió la inscripción de la fórmula de TPP, lo que

se alegó ante el JEE fue las mismas tres cosas que se alegaron ante el JNE: a) que la Asamblea del 20 de enero si existió y convalido las formalidades en los actos de

democracia interna; b) que no se había afectado los derechos de ningún militante y; c) que la Constitución, que garantiza el derecho a elegir y ser elegido, vistas las

consideraciones anteriores, debía primar. Para resumirlo el JNE dijo no a la modificación del Estatuto y el JEE dijo si a la

inscripción de la plancha. ¿Ahora cambia de opinión sin fundamentar?

Todo esto es ridículo. La resolución del JEE por supuesto que tuvo en cuenta todas las aristas del problema. Su cambio de respuesta -en días, repito- sólo pueda darse por

consideraciones extra legales.

Y aquí viene el segundo problema. El JEE está conformado por jueces, no por unos legos,

neófitos en materia jurídica. Así que las consideraciones extra legales no caben. Se trata -o quiero creer que se trata- de abogados. Entonces, ¿Cómo pueden cambiar de criterio en tan poco tiempo? Cada uno puede buscarse su explicación. Yo no tengo ninguna. Por lo menos

ninguna legal. Y de las otras, prefiero no nombrarlas sin tener pruebas. 2. César Acuña

La exclusión de César Acuña está fundamentada por el JEE en la aplicación de la ley que reformó la Ley de Partidos Políticos recientemente y entró en vigencia el pasado 17 de enero. En ella -textualmente- es causa de exclusión, el regalo de dadivas para comprar votos.

La confusión vino porque el propio JNE envió una carta al Congreso solicitándole que le aclare si esta ley reformada era aplicable, o no, para esta elección, pese a que la respuesta es

obvia. Salvo, disposición en contrario -y esta ley no la tiene- las normas rigen desde el día siguiente de su publicación. Sólo no se aplican cuando se trata de hechos cumplidos porque no hay retroactividad. ¿Simple verdad? Parece que a algún magistrado se le olvido sus

lecciones de primer año de derecho. El caso es que mandaron este pedido de aclaración al Congreso, que, como era de esperarse, no aclaró nada porque nada había que aclarar. De

estos confusos hechos se valió la defensa de Acuña para señalar que la ley no estaba vigente. La pregunta entonces es simple. ¿Regaló Cesar Acuña dinero a electores después del 17 de Enero, por suma superior a la permitida por ley? Sí lo hizo. Regaló 10,000 soles en efectivo

a los comerciantes de Chosica para un muro de contención después del 17 de enero. Su propio testimonio y el de los receptores, lo confirma. Listo. No se necesita más. Esta fuera y estará

fuera. Sólo habrá que esperar la resolución final del JNE. Hubiera sido más digno que Cesar Acuña se retirara al primer plagio -como lo indicamos ese día aquí- pero sus propios errores lo llevaron a este desenlace, casi ya en solitario.

3. La mezcolanza

Las resoluciones de Acuña (por un caso evidente) y Guzmán (por otro muy diferente) salen

el mismo día y a la misma hora del JEE Lima Centro. Ese solo hecho hace que la opinión pública se confunda por creer que ambos están en la misma falta. ¿Esto es casualidad? ¿O Guzmán no debe estar en la segunda vuelta? ¿Es una orden? ¿De

quién? ¿De todos los que van detrás de él? Le queda un boleto a Guzmán en el JNE. Ojala todos estén a la altura de sus

responsabilidades. Esto puede acabar muy mal. Basta con leer la historia del siglo XX.

Exitosa Diario, el sábado 5 de marzo de 2016

Juan Carlos Tafur: JEE y su interpretación talmúdica

Muy mala noticia es que las autoridades electorales apliquen una interpretación talmúdica de

las leyes, y a pesar de saber que cuando existen márgenes subjetivos éstos deben favorecer siempre los mandatos constitucionales antes que a la menudencia administrativa, excluyan a

dos candidatos presidenciales de una contienda. Lo más grave es ver el alborozo de quienes, desesperados por su performance en las en-cuestas, creen que ello los va a beneficiar en las siguientes mediciones y, sin importar otra

cosa, aplauden lo decidido, avalando una visión fetichista y perversa de las leyes.

La situación es semejante a aquella en la cual una turba descontrolada, presa de sus ansieda-

des y temores, se exacerba hasta el punto de linchar a un ciudadano y a sus integrantes, y al unísono se alientan a perpetrar el crimen, pero luego de producido el mismo recién toman conciencia de la barbaridad que han cometido.

Lo mismo va a suceder si finalmente el Jurado Nacional de Elecciones consagra la exclusión. Porque se habrá teñido de sombras el proceso. No importa en ese sentido si Guzmán y Acuña

suman juntos un 30% del electorado o si solo tuviesen el 5%. Eso es lo de menos. Personalmente, invoqué el mismo criterio cuando fueron sancionados Álex Kouri y el alcalde Burgos, cuando se quiso hacer lo propio con Luis Castañeda o cuando desde el Congreso de

la República se pretendió mover votos para inhabilitar a Alan García. Se trata del principio democrático a la participación, el mismo que debe cautelarse, salvo que

se violen requisitos básicos constitucionales (edad, nacionalidad, impedimentos judicia les, etc.). Solo alguien muy obcecado o con agenda subalterna puede creer que esta conducta fetichista

de nuestras autoridades electorales refuerza el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la democracia, cuando lo que ha hecho es meterles un dinamitazo.

Diario UNO, el sábado 5 de marzo de 2016

Carlos Alonso Bedoya: Alan quiere tumbarse el proceso electoral

Ya no se trata ni siquiera de pasar a la segunda vuelta o convertirse en tres veces presidente del Perú. Lo que tiene más loco que nunca a Alan García es la posibilidad de no pasar

la valla electoral y quedarse sin congresistas que lo defiendan. Sin Mulder o Velásquez

Quesquén como escuderos de sus fechorías que van más allá de los narcoindultos e irregularidades en obras públicas detectadas por la Megacomisión. De casos como Lava Jato,

Orellana y Oropeza que lo tocan directamente. Ni qué decir de la matanza de los penales durante su primer gobierno. En medio de esa desesperación casi patológica, poco le importa la estabilidad del país. Está

dispuesto a empantanar todo el proceso electoral para evitar la gran derrota política que se le avecina.

Porque, hablando claro, su enorme antivoto es casi imposible de remontar, ya que no es de carácter ideológico como el de Humala en 2006 y 2011. El antivoto de García tiene que ver con su condición de pillo y de impune de la justicia. Esa misma impunidad basada en su

poder político, que será duramente golpeado si cae del 5 por ciento de donde no se mueve

hace rato. Para evitarlo ha usado toda la influencia que tiene en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE):

los vocales Aybar y Rodríguez (ambos profesores de la universidad que lo cobija) y otros funcionarios de adentro para articular en las diversas instancias del órgano electoral y sacar de juego a Guzmán y Acuña. Es muy probable que lo logre.

Detrás de las resoluciones del JNE de ayer contra esos dos candidatos está la mano de Alan, porque son sus principales rivales en este proceso. A pesar de que Acuña está casi liquidado,

tiene más intención de voto que el líder aprista y le ha quitado su sólido norte. El caso de Guzmán es más complejo, porque se trata de un outsider de la continuidad que

no pone en riesgo el poder de los que mandan en el Perú, y de allí que El Comercio lo ha

abrazado ante su salto en las encuestas. Eso ha llevado a García a acusar de manipulación a todo el grupo editorial de los Miró Quesada.

Y ya son varios los hechos que muestran que va a actuar como Sansón con los filisteos,

tumbándose las columnas del templo con todo y él, con tal de no ser derrotado el 10 de abril. Ha denunciado públicamente a la encuestadora Datum, acusando a su dueño de

coimero. Ha ordenado a sus matones atacar el local del Frente Amplio, y ha hecho que sus operadores en el Jurado dejen en minoría al propio presidente de ese tribunal.

Lo que viene es una escalada de violencia que buscará la ilegitimidad de las elecciones (no es casual la amenaza de muerte que ha recibido el titular del JNE). García necesitará dar contenido político a estas acciones, denunciando él mismo un fraude en curso si Guzmán se

mantiene en campaña. El Frente Amplio y Acción Popular deben salir a las calles a contener a García. Que no

piensen que van a salir ganando al ver como se tumba a Guzmán y Acuña. Los

siguientes serán ellos.

La República, el sábado 5 de marzo de 2016 Augusto Álvarez Rodrich: Ahora Alan irá por PPK y Barnechea Si se concreta retiro de Julio Guzmán y de César Acuña.

En el mismo día y a la misma hora, las autoridades electorales revelaron un par de fallos que anuncian la posibilidad creciente de que, a solo cinco semanas de la votación, se retire de la

competencia a un par de candidatos, -Julio Guzmán y César Acuña- que, en conjunto, representan en el momento actual alrededor de la quinta parte del electorado.

Esta decisión podrá ser legal, pero, sin duda, es altamente controversial, e implicaría una herida profunda para la elección en marcha pero, peor aún, establecería un cuestionamiento muy peligroso para la legimitidad política del próximo gobierno , cualquiera que este sea

en el lustro siguiente. Por supuesto que las reglas de juego demandan el respeto a la decisiones de los árbitros

electorales pues, de otra manera, sería imposible avanzar dentro de la institucionalidad, pero ello no implica la renuncia a la crítica a un fallo ni a la especulación sobre su transparencia, la cual está, lamentablemente, presente en estas circunstancias.

En el caso de Guzmán, hay consenso en que el fallo del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima

Centro 1 significa un vuelco total en el criterio que utilizó hace poco, lo cual se presta a la suspicacia.

"El JEE hace un giro de 180 grados, retrocede en toda línea. Lo que ha hecho es legal pero debatible. Un cambio total en diez díaz en base al fallo de otro organismo a cuya doctrina no se encuentra obligado, no es muy común", concluye Juan de la Puente, en una opinión que

de alguna manera coincide con la de Rosa María Palacios: "Todo esto es ridículo. La resolución del JEE por supuesto que no tuvo en cuenta todas las aristas del problema. Su

cambio de respuesta, en días, solo puede darse por consideraciones extralegales". Acuña, por su parte, quedaría fuera de la carrera porque regaló diez mil soles a los comerciantes de un mercado de Chosica para construir un muro de contención.

El retiro de ambas candidaturas beneficiarían a los candidatos que vienen detrás de ellos, como Pedro Pablo Kuczynski, Alfredo Barnechea, Verónika Mendoza, o adelante como

Keiko Fujimori, pero el perjuicio principal será para la estabilidad política y democracia peruana durante el lustro siguiente. La exclusión de dos candidatos que representan alrededor de la quinta parte del electorado

sería una gran piedra en el zapato para la próxima administración pues muchos pensarán, especialmente cuando surjan las primeras crisis políticas propias de cualquier gobierno, que

su origen fue poco claro y producto de maniobras dirigidas por algunos partidos políticos.

El Comercio, el sábado 5 de marzo de 2016

Carlos Meléndez: (No) Satisfaction ¿Por qué regularmente los peruanos decidimos endosar votos a candidatos desconocidos?

¿Por qué la novedad resulta tan atractiva para el votante promedio? Según hipótesis académicas, los electores suelen optar por un ‘outsider’ especialmente en contextos de crisis holísticas, cuando la aversión al riesgo disminuye a niveles nimios y cunde la sensación de

que no hay mucho que perder. Si bien este argumento explica el tsunami de Alberto Fujimori en 1990, no guarda coherencia con los contextos de comodidad económica en los que

surgieron Ollanta Humala (2006) y Julio Guzmán (2016). Considero que la apuesta por lo

desconocido -en un sector importante de peruanos- no se funda en el rechazo a la

administración de la economía (solamente) sino en la insatisfacción respecto al Estado

y al ‘establishment’ político que lo representa.

La "simpatía por el diablo" retador del statu quo no es nueva en nuestro país. El Apra -afirmo-

es el primer partido ‘anti-establishment’ de la historia nacional. Su identidad primigenia se cuajó, precisamente, en las luchas reivindicativas contra la oligarquía tradicional dominante de mediados de siglo XX. Su posterior y paulatina incorporación como actor político formal

también significó la inclusión de sectores sociales inconformes con un sistema de representación elitista. Fue recién en los ochenta cuando el ‘establishment’ político tomó completamente forma partidaria. En esto consiste, justamente, un sistema de partidos:

representantes orgánicos y colectivos de la pluralidad de intereses sociales. Solo cuando esta

representación adquiere un sesgo elitista -dejando de satisfacer real y simbólicamente

las demandas populares-, el sistema en su conjunto pierde legitimidad. Oportunidad perfecta para un nuevo retador. Alberto Fujimori encarnó la crítica al ‘establishment’ político

que la izquierda no supo capitalizar por la vía electoral -Izquierda Unida- ni a través de la

violencia terrorista -Sendero Luminoso-. Las candidaturas de Ollanta Humala (2006 y 2011) y Julio Guzmán (2016) se parecen en lo

fundamental: retan el ‘establishment’ político dominante. Humala lo hizo atacando al modelo económico; Guzmán se distingue enfatizando las deficiencias de un Estado paquidérmico. Humala portó el emblema de la lucha contra la desigualdad económica; Guzmán acusa el

fracaso estatal como proveedor de servicios. Humala asumió una posición radical, chavista, izquierdista y autoritaria; Guzmán -en cambio- es neutral en términos ideológicos. Para

algunos es de izquierda, para otros de derecha. Quizás él mismo no sabe qué es. No importa. Lo que lo distingue es que reta simbólicamente a un ‘establishment’ de "dinosaurios", variopinto, donde caben desde apristas hasta fujimoristas. No es que él sea nuevo -Verónika

Mendoza también lo es-, sino que sus enemigos son los viejos saurios de siempre. No entendemos a cabalidad la insatisfacción política, esa animadversión a la clase

dominante que busca preservar el statu quo ideológico, centralista, excluyente, que nos

gobierna en ‘piloto automático’. Esa crítica puede ser ideologizada -antisistema- o no -anticorrupción-, pero en tanto generaliza construye una dicotomía que otorga réditos a favor

del retador. Esa es la historia del Perú, un país sin sistema de partidos aunque con ‘antiestablishments’ exitosos desde el siglo pasado. Desde el Apra, Fujimori, Humala y

Guzmán, la "(no) satisfacción" busca su representación política, enfrentándose a quienes ostentan el poder (económico, militar, social). En ninguno de dichos casos, no obstante, ello ha implicado garantía de democratización real.

La República, el domingo 6 de marzo de 2016

Rosa María Palacios: La apariencia de la ley El JNE, a las 8 de la noche del 31 de diciembre de 1999 emitió, entre cohetes y muñecos quemados que daban fin al milenio, la resolución que permitía a Alberto Fujimori Fujimori

postular a su tercer mandato, en teoría, prohibido por la misma Constitución que él había firmado en 1993. Años y meses de intrigas llegaban a su fin con una "solución legal". El

momento, escogido por el propio Vladimiro Montesinos era el exacto. El debate -ante una resolución que aun siendo definitiva era y es un adefesio- nunca pudo darse porque la televisión de señal abierta -dedicada en esos días a pasar cualquier cosa que no fuera política-

no podía cuestionar la santidad de una impoluta resolución del JNE. El verano del 2000, la televisión de señal abierta redujo a los domingos los pocos espacios

políticos que habían (¿qué cantidad de coincidencias, verdad?). La mayoría, para hablar mal de los adversarios de Fujimori. ¿Quién no recuerda "la telaraña roja" y otros cuentos similares? Pero había otras formas de descapitalizar al adversario, que también se reiteran en

estos días. Por ejemplo, recuerdo que cada vez que un Comité de Somos Perú renunciaba en algún lugar remoto del país, la noticia se repetía como titular, cada 30 minutos en las radios locales. ¿El objetivo? Dar la idea de un caos en el partido. ¿Improvisación? Esa palabra, que

efectivamente resuena en estos días, era el mensaje. Sumada la "prensa chicha" y miles de metros cuadrados de paredes pintadas de "Perú País con Futuro", Montesinos fulminó a casi

todos los adversarios de Fujimori. La patada final estuvo en que la señal abierta no recibía, pero ni en efectivo, dinero para publicidad electoral.

Lo paradójico de ese verano es que mucha gente creyó, de buena fe, que todo era legal. Yo

trabajaba en RPP y los fujimoristas lo repetían y repetían: Todo "de acuerdo a ley". La

obsesión de Fujimori y Montesinos con la legalidad aparente (y la trafa contundente )

estaba en que sabían que un montaje burocrático podía engañar a millones de personas. Y, de hecho, casi lo logran. "Papelito manda", José Portillo, Jefe de la ONPE, estuvo a punto de declarar a Fujimori ganador en primera vuelta. Solo años después, ante la contundencia de

los videos de las coimas a 4 de 5 vocales del JNE nadie pudo negar lo que había pasado en realidad ese 31 de diciembre de 1999.

Recuerdo estos hechos, 16 años después, porque tal vez los votantes más jóvenes no los conozcan o los más viejos los estén olvidando. Un montaje legal no es sino utilizar la

apariencia de la ley para obtener otro objetivo. Una resolución del JEE que dice que

Guzmán está en carrera presidencial y una semana después dice que ya no lo está, solo

puede ser parte de uno de estos trucos. El mismo trío, los mismos hechos, la misma

evidencia y el mismo contexto, ¿y pueden decir que cambian de opinión -en una semana-

porque no tuvieron en cuenta una resolución que el JNE ya había publicado? Hemos

visto ya mucho en esta vida como para pasar por agua tibia un súbito y veloz cambio

de opinión.

Hoy estoy leyendo el libro de Antonio Zapata Pensando a la Derecha. Es, básicamente, un

libro de historia política del siglo XX. La cantidad de interrupciones dictatoriales, pactos mal avenidos, golpes, insurrección y sangre que hay en nuestra más reciente experiencia nos deberían tener con cuidado en estos días. Desde Haya de la Torre no se vetaba candidatos

en el Perú. Como otros miles de peruanos, en mi caso, Guzmán no es un candidato por el que votaría y

así lo he escrito en mi blog. Pero eso no me da derecho a vetarlo justificando leguleyadas como hacen mis colegas que, de pronto, se han graduado todos de abogados. Vistas las cosas, temo que estamos ad portas de ver el primer veto político del siglo XXI.

¿Lo más penoso? Que sean los partidos que defendieron la democracia el 2000 los que se suban y promuevan este montaje cuyas consecuencias pueden ser desastrosas para lo que

se esperaba fuera un récord: el cuarto cambio de mando democrático en el Perú.

La República, el domingo 6 de marzo de 2016

Claudia Cisneros: Los sudores de Távara A estas alturas del proceso electoral, la injerencia política del JNE es un hecho de

escándalo y denuncia. A exactas 5 semanas de elegir el cargo más importante de la nación, este ente electoral que debía velar por un proceso sin sobresaltos, neutral y transparente, ha hecho todo lo contrario. A pocas semanas no sabemos si los candidatos que van 2º y 3º en

los sondeos estarán en la cédula que se imprime, según la ONPE, este jueves 10 de marzo. Ni siquiera si se cumplieran los plazos rápidos para apelar de Guzmán y Acuña, podrían aparecer en la cédula de votación. Si presentan sus apelaciones el lunes 7 de marzo, el JNE

tiene 3 días para responder (o sea, hasta el 10), pero digamos que responde apurando el martes 8 de marzo y deniega nuevamente, las agrupaciones aún pueden presentar un recurso

extraordinario ante el pleno del JNE por violación del debido proceso, según Ana Neyra, experta en temas electorales.

Este juego del JNE de Francisco Távara es cada vez más sinuoso y se ha constituido en

actor político de las elecciones , decidiendo por 4 millones de peruanos a quién votar. Cui bono, ¿quién se beneficia de este despropósito y por qué Távara se prestaría? Si bien

analistas coinciden en que el trasvase de votos de Acuña y Guzmán iría principalmente a PPK o Barnechea, lo cierto es que hay un actor desesperado en estas elecciones , a quien le cuesta creer que la gente lo repudia, que ha perdido sus dotes de hipnotizador, luce

desfasado y prefiere la negación y encuestas truchas a aceptar que está por llevar a su longeva agrupación política a la vergüenza histórica de perder la inscripción, y con ello sus escuderos

en el Congreso. "Las leyes son para todos", ha dicho quien se amparó en la prescripción

y la fuga para no enfrentar las múltiples acusaciones en su contra.

¿Algún peruano, que sigue la política, no es aprista o beneficiado, duda lo que se sabe

hace años: que el Poder Judicial y la Fiscalía (http://goo.gl/4v9quy) están copados por

agentes y operadores proapristas o con vínculos apristas (http://goo.gl/j6U297)? Aquí es

preciso conocer que los miembros del JNE son elegidos por jueces del Poder Judicial. Y recordar que hay apristas que hasta se ufanan y lucran de esas influencias. Allí están las asiduas visitas del ministro aprista Pastor a miembros del JNE (http://goo.gl/BJzta7) para

tramitar "ayudas" a alcaldes. Pastor fue condenado por tráfico de influencias tras la denuncia de la alcaldesa de Tocache que lo acusó de pedirle dinero a cambio de lograr reponerla en la

alcaldía. Aquí (https://goo.gl/LKIg8A) la grabación en la que Pastor le dice: "José Pereira, que es miembro del Jurado, me ha llamado, yo los conozco, son mis amigos, además yo les enseño en la escuela de ellos (…) Vamos a hablar con Peláez (entonces fiscal de la Nación

José Antonio) para que hable con su hermano (Edmundo, entonces presidente del CNM) que lo representa en el Jurado". Hace poco Pastor salió de la cárcel gracias a la sorpresiva

anulación de su sentencia. Es interesante también recordar que Peláez, Edmundo, es uno de los 3 magistrados del CNM que salvaron a Francisco Távara de la destitución cuando en noviembre de 2009 se supo que

viajó a París con su esposa pagado por la Universidad Alas Peruanas, que a la sazón tenía más de 130 juicios abiertos. Távara se defendió diciendo que tenía Honoris Causa de la

universidad César Vallejo de César Acuña en Trujillo (http://goo.gl/WyYdB6) y que no había falta ética. El 8 de diciembre la Comisión de Procesos Disciplinarios del CNM recomendó que el pleno del CNM le abra proceso disciplinario (http://goo.gl/qQJV1c). El 29

de diciembre la misma comisión concluyó que Távara cayó en inconducta funcional y recomendó su destitución. Pero en el pleno del CNM tres magistrados contra dos votaron por

suavizar la sanción y no destituirlo (http://goo.gl/xEQBaF): Edmundo Peláez, de mentada inclinación aprista (con un hermano fiscal y el otro ex congresista del Apra), y Efraín Anaya, luego destituido por pedir dinero a un postulante a fiscal supremo y cuyo abogado fue el

conocido aprista Humberto Abanto (http://goo.gl/g2vCCN). Por eso cuando en noviembre de 2012 Távara es elegido presidente del JNE, Ernesto de

la Jara de IDL advirtió que era "un mal ejemplo para los jueces, pues da a entender

que se premia a quien cometió una falta grave" (http://goo.gl/uTW1DU). Peor aún,

Távara está por pasar por el aro del CNM nuevamente, pues a partir de abril 2016 se

cumplen los siete años en que debe pasar por ratificación o irse a su casa. ¿Y adivinen

qué agrupación copa el CNM? Así están las cosas. Y si el FA o AP creen que cosecharán

algo de este fraude adelantado, subestiman a la estrella.

La República, el domingo 6 de marzo de 2016

Martín Tanaka: Guzmán y Acuña A poco más de un mes de las elecciones generales, no sabemos cuáles son los candidatos ni

a la presidencia ni al Congreso. Muy probablemente varios caerán, no solo por decisión del JNE, también porque quienes evalúen que no pasarán la valla electoral se retirarán de la

contienda, amparándose en los últimos cambios a la ley de partidos hechos por el

Congreso, que increíblemente permiten mantener el registro a pesar de no participar

en dos elecciones generales sucesivas. Esto nos lleva a señalar la irresponsabilidad del

Congreso. Si el Jurado está todavía viendo objeciones a candidaturas es porque el

Congreso no aceptó la propuesta de cambiar los plazos de convocatoria a elecciones y

de inscripción de candidaturas, por ejemplo. El Jurado Electoral Especial de Lima (JEE) excluyó a César Acuña del proceso electoral por haber violado el nuevo artículo 42 de la ley de organizaciones políticas, parte de las últimas

modificaciones. Legalmente, creo que Acuña prácticamente no tiene salida: la ley señala expresamente que si entregas dinero en campaña la sanción es la exclusión del proceso. Al

mismo tiempo, me parece que la sanción es desproporcionada e injusta, porque la única

sanción prevista es la exclusión, cuando debería haber una gradualidad en las mismas.

Se desdeña el derecho a la participación y la representación política, lo que nos lleva

nuevamente a la irresponsabilidad del Congreso. El caso de Guzmán es ambiguo, pero la manera en la que el JNE lo ha manejado ha

sido terrible. Primero, el 15 de febrero el JNE declaró improcedente la inscripción del estatuto de Todos por el Perú (TPP) y del Tribunal Nacional Electoral que organizó el proceso que lo eligió como candidato, basándose en consideraciones excesivamente formalistas .

Es evidente que la voluntad de los miembros de ese partido es que Guzmán sea candidato, por lo que tiene sentido que los problemas formales de una asamblea se puedan subsanar

en otra posterior, si todos están de acuerdo. Así lo interpretó el JEE el 24 de febrero cuando aceptó la inscripción de la candidatura de Guzmán. Increíblemente, el 3 de marzo, al responder al pedido de tachas, el JEE se desdice, y acepta el criterio del JNE del 15 de febrero.

Su justificación es que la decisión del JNE de ese día fue objetada, y recién fue resuelta el mismo 24 de febrero, por lo que no pudieron tomarla en cuenta en la decisión que hicieron

pública ese día. Aparentemente, en el JEE no siguen las noticias ni en diario, ni televisión o radio. Al formalismo se añade la incoherencia, lo que abre la puerta a especulaciones y

suspicacias.

Queda la esperanza, aunque remota, de que en los próximos días el JNE, al evaluar la candidatura de Guzmán, y no el tema de sus estatutos, privilegie el derecho a la

participación por encima de formalidades subsanables. Y todavía están pendientes las objeciones a sus listas al Congreso, lo que nos lleva a otro tipo de problemas. Moraleja: urge una reforma política en serio a partir del 28 de julio.

Exitosa Diario, el domingo 6 de marzo de 2016

Juan Carlos Tafur: La impensa torpeza del statu quo

Si el Jurado Nacional de Elecciones ratifica la fetichista resolución del Jurado Electoral

Especial y saca de la contienda a Julio Guzmán y César Acuña, habrá consolidado el espacio de crecimiento de las fuerzas políticas antiestablishment que ya ambos candidatos

representaban. Es una ilusa pretensión creer que tal exclusión pasará por agua tibia y no generará

ningún impacto futuro, siendo los más torpemente avezados quienes celebran que la marcha

convocada por Guzmán apuradamente no haya llenado la plaza San Martín (a ver qué partido es capaz de llenar una plaza en estos tiempos de desmovilización).

Lo complicado para la gobernabilidad democrática es que se habrá establecido una

franja de ilegitimidad en contra de quien gane la elección, y ese efecto lo sentirá cuando

el que ocupe el poder desde el 28 de julio empiece a sufrir el natural deterioro del

ejercicio gubernativo. A corto plazo, la natural indignación que este electorado irascible siente por los políticos tradicionales se volcará no necesariamente a favor de quienes hoy las

encuestas sindican como los destinos naturales de los votantes de Guzmán y Acuña. Dado el hecho consagrado, buscarán algo que recoja su protesta, y no serán, en consecuencia, ninguno de los ya instalados en el escenario. A mediano plazo, puede sembrarle un potencial

núcleo impugnatorio a cualquiera que gane. Sacarlos de la campaña convertirá a Guzmán y a Acuña en agentes políticos capaces de expresar ese descontento; y si no son ellos, podrá

ser cualquiera que se instale en el mismo lugar, desde fuera del proscenio o desde algún poder local. A largo plazo, le abrirá la puerta al retorno del temido outsider, del imprevisto, del sorpresivo,

del hipercrítico del establishment, del antipolítico, del autoritario que promete atajos, y salirse de los legalismos que tanto perturban a quienes no forman parte del club de privilegiados del

poder.

La República, el domingo 6 de marzo de 2016. ENTREVISTA

David Sulmont: "La decisión ya no debe ser quién participa, sino quién va a ser el nuevo presidente"

En la siguiente entrevista, el profesor y director del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) analiza la reciente decisión del Jurado

Electoral Especial sobre las candidaturas de Julio Guzmán y César Acuña. "No voy a decir que hay un fraude, eso me parece muy exagerado, pero esta elección se ha vuelto mucho más controversial de lo que debería", advierte.

Por Enrique Patriau

Julio Guzmán y César Acuña están casi fuera de la elección. Si se concreta su salida,

¿qué podría ocurrir con el proceso?

Si el JNE saca a estos dos candidatos de la competencia va a introducir un elemento muy

controversial. Eliminar a dos contendores respaldados por un 25% del electorado, a un mes de las elecciones, no ha ocurrido antes. El precedente más inmediato es la exclusión de Kouri

en las municipales del 2010, que alteró completamente el panorama de entonces, pero son casos distintos.

Incluso, los casos de Guzmán y Acuña son diferentes.

Exacto. Y fueron presentados como parte de un solo paquete.

Y eso añade más confusión, de forma voluntaria o involuntaria. Si es lo segundo, es un error de cálculo político de las autoridades electorales, que si bien son autoridades especializadas, también deben darse cuenta de en qué contexto están. Presentar al mismo tiempo dos casos

diferentes genera ante la opinión pública la percepción de que ambos violaron la ley de manera similar.

¿Por qué cree que se llegó a una situación así de absurda, en la que, a un mes del

proceso, no se sabe quiénes participarán?

Esto ha sido generado, primero, por la incapacidad de legisladores, ciudadanos y medios de

empujar hacia una reforma electoral más coherente. Incluso, la aprobación tardía (de reformas) ha introducido confusión. Ante la debilidad de los partidos políticos se tiene la

pretensión de que un ordenamiento reglamentarista creará instituciones sólidas. Bajo ese criterio, las instituciones serían aquellas con la papelería ordenada. Así es. Mire, hay una actuación que, yo diría, es bastante incompetente de las autoridades

electorales, sobre todo en el caso de Guzmán. ¿Por qué?

Porque si se detectaron errores en diciembre, ¿cuál es la razón para tomarse tres meses para adoptar una decisión? Es una muestra de incapacidad impresionante. Como si en un partido de fútbol yo anotara un gol al minuto 3 y al árbitro se le ocurriera anularlo en el 80. Lo de

Guzmán debió haberse definido hace dos meses. La decisión, hoy, ya no debería ser quién participa en las elecciones, si no quién va a ser el presidente y ejercer el poder en los

siguientes cinco años. Más allá de la cuestión jurídica, la decisión que se adopte (en el JNE) podría determinar quién será el próximo mandatario, cuando esa debería ser una prerrogativa de los ciudadanos que votamos. Estamos en un proceso en el que el protagonista resulta ser

el árbitro. Mientras que el debate sobre ideas ha sido reemplazado por uno legal muy enredado.

Se nos ha expropiado, para decirlo de alguna forma, la opción de debatir sobre educación, desaceleración económica. Problemas nos sobran pero la manera en la que las autoridades electorales se han comportado nos ha quitado la posibilidad de enfrentarnos a un debate

político de asuntos de fondo. En cambio, estamos discutiendo sobre leguleyadas. Esta es una erosión enorme de la calidad del debate. Una campaña siempre tiene ataques, claro, pero en

provecho de la discusión sobre miradas distintas del país. Todas estas marañas legales y jurídicas generan mucho ruido. Y eso es responsabilidad de las autoridades que no resolvieron la situación cuando debieron. Un policía no para el auto que se pasa la luz roja

diez kilómetros después. Hay un elemento adicional, y es que se ha empezado a sugerir que el propio calendario

electoral se puso en riesgo. Exacto, porque las elecciones requieren una logística tremenda, que incluye imprimir millones de cédulas electorales. Eso necesita planificación y lo que está ocurriendo va en

contra de un proceso normal. Uno puede discutir si las normas sirven o no. El punto es que existen. El argumento que

señala que no se puede admitir una candidatura que ha incumplido esas reglas vigentes

tiene también un sustento lógico. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Las reglas están pensadas para defender una serie

de principios superiores, en este caso derechos constitucionales como la participación

política. Un juez no es una computadora, que aplica un algoritmo. Un juez puede y debe

interpretar los hechos en función de la reglamentación. De hecho, el propio presidente del JNE, con su voto en minoría en el fallo de hace días...

Privilegió el derecho a participar de Guzmán.

Así es. Porque, lo que está fuera de duda es que todos los miembros del TTP quieren que Guzmán sea su candidato. Finalmente, los hechos cuestionados ocurrieron el año pasado. Si

son tan graves, que invalidan todo lo posterior, ¿por qué no se detuvo la candidatura hace dos meses? Todo esto en lo que el JNE se ha metido genera dudas. Los que van a votar no son

expertos en derecho electoral. Esperan, en cambio, que las cosas funcionen con normalidad. Vale la pena preguntarse si todos los partidos han cumplido al pie de la letra la

legislación.

Efectivamente. Las reglas son importantes porque sirven a un fin superior, porque garantizan la libertad, la participación, la igualdad. Hay maneras de interpretar las reglas para favorecer

el ejercicio de los derechos. Este debate, en estos momentos, le hace mucho daño al proceso. Ahora, lo de Guzmán tiene que ver con la infracción de procesos internos. El caso de

Acuña es distinto.

Es verdad, lo de Acuña obedece a un marco totalmente diferente. Lo que pasa es que aparece como mezclado con lo de Guzmán, cosa que está mal. Es cierto que la ley dice, taxativamente,

que la contribución (económica) del candidato supone la exclusión del proceso. La defensa de Acuña es que esa ley no se aplica a su caso. Si bien la jurisprudencia es más clara en este caso, la norma no tiene proporcionalidad. La única sanción posible es ‘te saco’.

¿Cree que hay detrás una lógica excesivamente legalista?

Yo creo que todo este fetichismo compulsivo por las normas es, para algunas personas, el

sustituto de instituciones sólidas. Todo esta discusión, sin embargo, está erosionando un principio fundamental: los ciudadanos de un país democrático merecemos elecciones libres y transparentes, con la confianza de que las autoridades decidirán con justicia.

Que a uno le guste Guzmán o no, pasa a un segundo plano. De acuerdo. ¿Cómo se sentirían los fujimoristas si su opción política, que representa a un

tercio del electorado, se viera excluida por un razonamiento legal estrecho? Las elecciones son el momento en el que las posiciones contrapuestas se confrontan con la seguridad de que el voto es el que decide y no una tacha o el razonamiento de un abogado o juez.

A un mes, ¿no deben ser los ciudadanos los que castiguen a los candidatos? Uno ve en las encuestas que los ciudadanos sí tienen la capacidad de castigar. El descenso de

Acuña no es porque le regaló plata a alguien, es porque hay evidencias contundentes de que ha plagiado y engañado. Yo diría que, políticamente, excluir a dos candidatos a un mes de las elecciones es algo fuera de tiempo. Debió hacerse hace tiempo. No voy a decir que hay

un fraude, eso me parece muy exagerado, pero esta elección se ha vuelto mucho más

controversial de lo que debería.

La República, el domingo 6 de marzo de 2016

Mirko Lauer: Arequipa, Lima, Pasco

Mientras el escándalo JEE-JNE crece, por todas partes va avanzando la opinión electoral. Las encuestas disponibles en este momento incluyen a los candidatos perjudicados, y quizás

pronto excluidos. Miramos algunos sondeos parciales, en el sentido de regionales, y todo

indica que las tendencias de fin de febrero se mantienen. A ojo de buen (o mal) cubero sobre el espacio nacional, Keiko Fujimori debe estar cayendo,

incluso quizás acelerando un poco su caída, César Acuña sigue cayendo fuerte, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García siguen empantanados, Julio Guzmán y Alfredo Barnechea siguen subiendo. Donde pasan cosas diferentes es en algunas regiones con encuestas disponibles.

El sondeo de Vox Populi en Lima-Callao (27-29 de febrero 5%+/- de margen de error) es sorprendente. Fujimori tiene 26% y Guzmán 19%, y Barnechea se instala en el tercer lugar

con 8.3%. La mayor novedad es que Barnechea ganaría una segunda vuelta contra

Fujimori, 46.3% versus 37.8% También ganaría Guzmán a Fujimori con cifras casi

iguales que en el caso de Barnechea.

Una encuesta en la provincia de Arequipa, del Instituto de gobierno y desarrollo

humano, en los mismos días, da un resultado diferente, en preguntas por partidos: Todos por

el Perú 23.9%, Fuerza Popular 11%, Peruanos por el Kambio 9.7% y Acción Popular 7.8%. Aquí lo notable es la fuerte caída de los fujimoristas, que probablemente replicará todo

el sur andino.

Un sondeo de GESA en la misma fecha para Pasco ubica a Fujimori en 37%, a Guzmán en 24%, a PPK en 12%, a Acuña en 8%, a Alejandro Toledo en 4% y a Barnechea en 3%.

Evidentemente en esta región de la sierra central las tendencias en movimiento son muy otras. En listas parlamentarias el fujimorismo y PPK llevan la delantera. Una conclusión de esta variopinta vitrina de tres encuestas es que los agregados nacionales

de las mayores encuestadoras no permiten ver la manera como cada rincón del país

procesa sus simpatías y antipatías de diferentes maneras. Un ejemplo conocido es el del

heterodoxo sur andino, que en más de una ocasión ha definido una elección nacional.

Una campaña puede ir bien en el nivel del agregado, pero tener problemas en el ámbito de los fragmentos. Pues las regiones reaccionan de manera distinta a las campañas. Por eso ahora

es tan importante cuidar los bolsones propios, por así llamarlos, pues el desorden electoral está acelerando su descomposición.

Un sistema parejo de encuestas regionales ayudaría mucho a mitigar el llamado factor

sorpresa en las elecciones nacionales, que en el fondo no es sino un efecto del centralismo. Así como desconocemos el movimiento de la opinión en el tiempo que va de un sondeo a

otro, desconocemos ese movimiento en el caso de las diversas unidades geográfico-polít icas del país.

Perú.21, el domingo 6 de marzo de 2016

Fernando Tuesta: El reparto de la torta

La probable exclusión de César Acuña y de Julio Guzmán del proceso electoral presidencia l daría inicio a uno nuevo, sin precedentes en las últimas décadas. ¿Adónde iría a parar esa cuarta parte de la torta electoral? Una cosa es repartirse lo

significativo que dejaría Guzmán, y otra, las migajas que ya quedaban de Acuña. ¿Qué factores podrían tener importancia para la redirección del voto? ¿Interesa la edad, la

región, el nivel educativo, el nivel socioeconómico? Quizá algo, pero lo que también podría incidir es lo que esperaba y lo que representaba para sus electores Julio Guzmán. Si el

autodenominado outsider canalizaba la novedad, la renovación, sin importar su falta de

experiencia, ideas difusas cuando no contradictorias, el electorado guzmalista difícilmente podrá llegar a apoyar a un casi desaparecido Alejandro Toledo o Alan García. Más aún, si a

este último lo ubican como responsable de la salida de su candidato, como ocurrió con los seguidores de Álex Kouri, que fueron a parar a Susana Villarán y no a Lourdes Flores, más cercana políticamente que la ex alcaldesa.

Es probable que, en un primer momento, un porcentaje importante se dirija a la esquina de los indecisos para, luego de una pausa, dirigirse a otro candidato. Si bien PPK puede ser una

alternativa, su estancamiento casi crónico puede ser un límite para atraer nuevos votantes.

Lo nuevo estaría representado por Alfredo Barnechea y, en menor medida, por

Verónika Mendoza, que pueden aprovechar también el hecho de que un sector del

electorado aún no los conoce. Pero, si la lucha encarnizada por el segundo impide la concentración de votos, dejaría al

triunfador muy distante de Keiko Fujimori, quien sería la beneficiada de este juego de

sillas, con lo que la posibilidad de lograr la victoria en segunda vuelta crecería. Sacar a

Guzmán y Acuña no habría sido negocio.

Exitosa Diario, el domingo 6 de marzo de 2016

"ESTO ES UN GOLPE A LA DEMOCRACIA" Francisco Sagasti, de Todos por el Perú, denuncia que detrás de tacha a Julio Guzmán

están los partidos que gobernaron "los últimos 20 a 30 años".

"Que decida el pueblo, no un grupo de magistrados en una mesa", reclama al JNE.

El coordinador del plan de gobierno de la ‘ola morada’, Francisco Sagasti, dice estar confiado

en que los integrantes del JNE les darán la razón y revertirán el fallo del JEE, que tachó la candidatura de Julio Guzmán.

Ayer Gonzalo Aguirre señaló en una entrevista que hay preocupación en TPP por la

tacha contra Guzmán, ¿concuerda?

No. El ánimo está muy alto. Vea usted el interés de la gente, la participación. ¡La campaña continúa! La preocupación no es por nosotros, es por el Perú y por la democracia del país.

Algunos expertos señalan que será muy difícil que el JNE les dé la razón en su apelación,

pues estarían contraviniendo su primera resolución…

Yo siempre creo en la buena voluntad y en la capacidad racional de las personas para evaluar las cosas en toda su profundidad, en toda su amplitud. Y en ese sentido, creo que el JNE

tomará en cuenta lo que es mejor para la democracia peruana, que es el derecho constituciona l de elegir y ser elegido, que prima sobre cualquier otro tipo de derecho.

¿Confía en los integrantes del Pleno del JNE? Confío en que los miembros del JNE harán lo correcto al revisar sus fallos anteriores y al

valorar la oportunidad de que sea el pueblo peruano el que decida en la cancha y no solamente un grupo de magistrados en una mesa.

¿No es temerario decir que hubo un fraude adelantado por la afectación a un solo

candidato? Creo que cualquier persona, al ver la coincidencia de intereses, puede pensar muchas cosas.

La palabra ‘fraude’ la utilizó por primera vez el señor Gustavo Gorriti. No nosotros. Pero ustedes la han acogido…

Bueno, se ha mencionado esto como una posibilidad. Yo creo que más bien esto es un golpe a la democracia.

Julio Guzmán indicó que detrás de esto estaba el “fujiaprismo”, ¿qué pruebas tienen? Detrás de esto hay muchas fuerzas que están opuestas a la transparencia, que quieren volver

a la situación que hemos tenido en el pasado. Hemos visto claramente la posición que Julio Guzmán ha adoptado en contra de la corrupción, venga de donde venga. Hemos visto cómo

en el proceso ‘Lava Jato’ se ha involucrado a los tres últimos Gobiernos y todos conocemos los problemas de corrupción del fujimorato. Entonces, no es de extrañar que se opongan a la candidatura de Julio Guzmán aquellos que tienen algo que temer a la lucha frontal contra la

corrupción que haremos.

¿Quiénes son esas fuerzas que se oponen a la candidatura de Guzmán? Yo estoy hablando de los políticos de los últimos 20 y 30 años de vida de nuestro país.

Ante los problemas en su inscripción, muchos los han calificado como un grupo de

improvisados… ¿Usted cree que siendo improvisado se llega de 0.5% a 20% de

intención de voto? No. Esto ha sido perfectamente planificado. Lo que ha sucedido es que ha habido una explosión de interés de la ciudadanía en nuestras propuestas y en la figura de Julio Guzmán.

Hemos crecido rapidísimo y todos sabemos que cualquier crecimiento muy rápido, genera problemas de organización.

POBREZA Y DESARROLLO

La República, el lunes 29 de febrero de 2016

Humberto Campodónico: Petroperú: No cruzar la delgada línea roja Abril 2015: Delia Morales, Directora de la OEFA, señala que el derrame del 30/04 del

gasoducto TGP se estima en 1,723 barriles de LGN. La quebrada QachqaRumi -tributaria del río Kintipiri- habría sido la zona más afectada.

El Comercio, 02/05/2015: Más de mil pobladores sufren las secuelas del derrame de líquidos

del gas natural. Presentan vómitos, dolores de cabeza y manchas. 19 enero 2016: TGP suspende transporte de líquidos al detectarse fuga en Cusco.

2 febrero 2016: TGP reanudó transporte de líquidos a la costa de forma gradual. A estos derrames del ducto de Camisea se suman otros seis desde el 2005 al 2007 (http://goo.gl/2UlgOW). Y, ojo, la rotura del 19 enero es anterior en varios días a la primera

de Petroperú (Cañariaco, 25 de enero), pero no se los relacionó. Dos varas y dos medidas. Este recuento no quiere "pasar por agua tibia" los dos derrames del oleoducto de Petroperú.

El primero, en Cañariaco, ocasionado por un masivo movimiento de tierra y, el segundo, el 4 de febrero, en Morona, debido a una falla de presión. El supuesto "tercer derrame" nunca fue tal, pues era mantenimiento, tal como lo informó OEFA. Pero la prensa gritó "derrame"

a viva voz. Los derrames de petróleo (mancha negra y viscosa) dañan el ecosistema, provocan la muerte

de peces y aves y afectan la vida de las personas. Lo mismo sucede con los líquidos del gas natural de Camisea (cuyo efecto negativo es menos visible e impactante debido a su semejanza con la gasolina). Están justificadas las protestas de la población. Pedimos sanción

para los responsables, mejoras técnicas y una evaluación exhaustiva por la OEFA y Osinergmin.

El Colegio de Ingenieros del Perú, de reconocida independencia y solvencia profesiona l, debiera realizar una auditoría al Oleoducto y a los ductos de Camisea. Sus conclusiones debieran tener carácter vinculante, para que haya confianza en la seguridad del traslado por

los ductos. Y no se debe "saltarse a la garrocha" a la OEFA y Osinergmin para pedir que, ya, se aplique

"la máxima sanción" a Petroperú, como lo hizo el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Si los derrames merecen esa máxima sanción, pues que se aplique. Pero hay que respetar la institucionalidad vigente y eso comienza por las más altas investiduras.

Vayamos ahora a la derivada política. No existe un consenso acerca del rol de las empresas públicas, lo que comienza por el Art. 60 de la Constitución de 1993 que plantea la

subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial y, por tanto, la privatización de Petroperú, comenzada por el régimen fujmontesinista. La privatización no concluyó, pues fue detenida por los movimientos sociales en Talara y

todo el país. En el 2005, Petroperú salió de la privatización y en los últimos 2 años comenzó la modernización de la Refinería de Talara (aprobada a regañadientes por el MEF de Castilla

y Segura), que disminuirá el contenido de azufre de los combustibles y la contaminación. Y se ha avanzado más: Petroperú acaba de obtener el grado de inversión por Fitch y Standard and Poor´s para la emisión de bonos para financiar la refinería.

Petroperú debe pasar a explotar petróleo, con el Lote 64 (de su propiedad) y con el Lote 192, impulsado por la población loretana y aprobado por el Congreso, con el voto en contra del

Ejecutivo. La campaña política de la derecha privatizadora quiere eliminar estos avances, diciendo: si Petroperú no puede contener los derrames del oleoducto, menos aún podrá explotar petróleo.

Falso. Si de eso se tratara, entonces, la explotación de petróleo debiera cesar, ya, en todo el mundo. En EEUU existen 350,000 millas de oleoductos y los derrames ocurren. En el 2010,

British Petroleum derramó 3 millones de barriles en el mar del Golfo de México: el peor desastre ambiental de la historia. Por eso, debemos ir hacia el consumo de energías no contaminantes, como la eólica, la solar

y la biomasa. Sí. Pero es un proceso de largo plazo, pues las proyecciones dicen que el

consumo de combustibles fósiles se mantendrá sin variaciones hasta el 2050. La transición a

los combustibles limpios es la tarea del Cambio Climático de Naciones Unidas, la COP 21 de París. Y apoyamos ese proceso.

Pero la campaña contra Petroperú no cesa. Se dice que encarece los precios de los combustibles para financiar la refinería. Falso (volveremos sobre el tema). ¿Cuál es acá el quid del asunto? Muy simple: eliminar incluso la idea de la soberanía energética, el ABC en

todos los países del mundo (el 95% de las reservas de petróleo está en manos de empresas estatales).

Lo que quieren los privatizadores es asegurarse que nada cambie y todo siga igual: que no se apruebe un Plan Energético de Mediano Plazo para seguir con sus negocios a voluntad (como exportar el gas del Lote 56 a precios irrisorios a México y no querer discutir la renegociación

de los contratos; o la masificación del gas a su manera; o impedir la petroquímica en Ilo y Mollendo). ¿Y el Estado? Bien gracias, pintado en la pared, no porque lo obliguen, sino

porque quiere. Para quienes queremos un país soberano, con poder de decisión sobre sus recursos energéticos y con un Petroperú con alta capacidad técnica y eficiencia, con Buen Gobierno

Corporativo y comprometida a 1000% con la preservación del medio ambiente, hay una delgada línea roja que los privatizadores quieren que crucemos. Porque queremos una nueva

mayoría popular para un nuevo consenso sobre las empresas públicas, no caeremos en su juego. Ya somos muchos los que no la cruzaremos.

Diario UNO, el domingo 6 de marzo de 2016

Carlos Alonso Bedoya: PPK y el negocio del gas

Lo que dijo PPK sobre que no se puede renegociar el gas, no es un tema de saber o no saber. Es un tema del lado de la mesa en que estás: o con los intereses nacionales, o con los de Repsol, Hunt Oil, Sonatrach, SK y demás empresas que extraen y exportan el gas peruano.

En un político eso responde a sus ingresos, propiedades, amistades, etc. forjados a lo largo de la vida, que en el caso de PPK son abiertamente vinculados a inversiones extranjeras. No

por nada es miembro de decenas de directorios. PPK, cuando fue alto funcionario del gobierno de Toledo, autorizó todos los contratos para la exportación del Gas de Camisea, algo que no se podía hacer hasta ese momento. Luego,

Repsol (miembro del Consorcio Camisea y también exportador del gas - ahora es Shell) pactó con los mexicanos el precio Henry Hub (marcador norteamericano), hoy por los suelos.

Por eso el gringo quiere impedir que siquiera se discuta el tema y tilda de ignorantes a los que se lo encaran. Para eso no tiene mejor arma que usar ese axioma neoliberal que se ha instalado en el Perú y que dice que los contratos con la inversión son intocables.

Claro, cuando los privados como LAP (aeropuerto), APM Terminals (Puerto de Paita), Metro de Lima 2, u otros plantean renegociar y llenan de adendas los contratos con el Estado, todo es muy correcto y nadie chista. Pero si es el Estado el que lo plantea, ahí sí es un atentado a

la inversión y no tardan las amenazas de demanda en el CIADI. En fin, la negociación que hizo PPK sobre la exportación del gas fue pésima. Hoy el precio

Henry Hub está en la lona, y por ende el Consorcio Camisea paga una miseria de regalías por exportar el gas de todos los peruanos. Sin embargo, desde el 2011, una vez que el

hidrocarburo dejaba el Callao, el exportador lo empezó a reexportar de México a otros países

con un precio de 2, 3, 4, y hasta 5 veces mayor al Henry Hub (es que el gas no es un commodity y no tiene precio estándar en el mundo). El diferencial resultó enorme a favor de

los privados, claro sin pagar un centavo al fisco peruano por el real precio de venta. De eso se dio cuenta Perupetro y se lo increpó al consorcio de marras. A lo que éste respondió nada menos que con una demanda ante el CIADI. Pero ¡oh sorpresa!, el Estado peruano ganó

la demanda en 2015 porque el tribunal internacional le ordenó al Consorcio Camisea indemnizarnos con más de 60 millones de dólares entre regalías no pagadas y costos del

arbitraje. Lamentablemente, el gobierno peruano no usó esa coyuntura para renegociar varias cosas con un inversionista a todas luces tramposo. Y lo peor, el Consorcio lo sigue haciendo

impune. De esa realidad es que parten Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea para plantear renegociar, pero no solo por un tema de precio de exportación, sino por la propiedad y uso

del gas para el mercado interno, tan necesario para la industria y las familias peruanas.

VERDAD Y RECONCILIACIÓN

La República, el lunes 29 de febrero de 2016

Testigo del "Baguazo" dijo que policía lo obligó a colocar su huella en declaración

Fue citado para que ratifique la declaración que dio a DIRINCRI en el 2009.

Sin embargo, el indígena afirmó ante el tribunal que no pudo leer el documento que se hizo sin presencia de fiscal ni de abogado.

Por Elizabeth Prado

Aladino Castillo Padilla tenía 16 años cuando se produjeron los luctuosos hechos en la Curva

del Diablo el 5 de junio del año 2009. Al encontrarse en el lugar, la policía lo detuvo y tras interrogarlo elaboró un documento que lleva la huella digital del indígena wampis. Ahí, Aladino Castillo aparece sindicando a líderes que encabezaron el levantamiento en la Curva

del Diablo. En la audiencia número 40 del miércoles 24 de febrero, el wampis fue convocado como

testigo tardío para que corrobore la declaración que entregó a la DIRINCRI de Bagua Grande hace casi siete años. Pero resulta que este testigo dio cuenta de cuatro hechos que no se conocían.

Ante el tribunal presidido por el magistrado Gonzalo Zabarburú, refirió que en el interrogatorio al que fue sometido, la policía le repetía muchas veces varios nombres. Dijo

que le obligaron a poner su huella digital en el documento a fuerza de patadas y puñetes y de

golpes con la culata de sus armas. También refirió que en ese momento no hubo presencia de

un intérprete y menos de un fiscal ni abogado de su elección. Sin embargo, un fiscal y un abogado de oficio del Ministerio de Justicia aparecen firmando

el documento que contiene las declaraciones de Aladino Castillo. "Señor presidente, yo no he leído el documento porque no sabía leer bien y no hablaba bien el castellano; tampoco un intérprete me ha leído. No he visto ningún abogado ni fiscal, no

había nadie que llevaba medalla. Entonces no sé cómo aparece la firma de un fiscal y un abogado si ellos no han estado. La policía me repetía nombres y luego escribía, después me

obligaron a poner mi huella digital. Me decían asesino, asesino, y que iba a pagar por los policías que habían muerto", dijo con pesar el indígena wampis. El abogado Juan José Quispe, de IDL, señaló que lo grave de este hecho es que en el supuesto

negado de que el fiscal haya estado presente durante la toma de declaración de Castillo Padilla, cómo es que el representante del Ministerio Público no haya cautelado los intereses

del detenido, porque al tratarse de un miembro de comunidades indígenas, debió cumplir con buscar un intérprete. "Las declaraciones de Aladino Castillo son fuertes y contundentes. Revelan cómo la policía

actuó ese día", anotó el asesor legal. Suspenden acusación

Para el miércoles 24 de febrero estaba prevista la acusación oral por parte del fiscal superior José Espichán Gadea. Esta etapa del proceso no se pudo cumplir debido a que no acudieron a la Sala Penal de Bagua 11 de los 52 acusados por los sucesos que provocaron la muerte de

doce policías. Ante este hecho, el juez Gonzalo Zabarburú suspendió la audiencia hasta el próximo 7 de

marzo, día en que deberán estar los 52 acusados. El tribunal determinó mandato de apercibimiento para quienes no acudan a la siguiente audiencia. Esto significa que el acusado que falte será declarado reo contumaz y ordenarán

su captura, independientemente de que se varíe la orden de comparecencia por la de detención. Incluso podrían ser recluidos en el penal San Humberto, de Bagua Grande.

A los 52 procesados se les imputa delitos como lesiones graves, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, motín, disturbios, fabricación y tenencia ilegal de armas, así como arrebato de armamento de uso oficial y daños agravados.?

Las penas que afronta Santiago Manuin Entre los 11 procesados que no se presentaron a la audiencia señalada para la acusación oral

del fiscal José Espichán está el líder awajún Santiago Manuin. El indígena, que en 1994 recibió el premio Reina Sofía por defender la Amazonía y los derechos humanos, acaba de sufrir la amputación de su pie derecho debido a la diabetes que

ha desarrollado. El 5 de junio, en momentos del desalojo policial en la Curva del Diablo, Manuin salió con

las manos en alto a pedir paz. Una ráfaga de balas afectó sus órganos vitales y ocasionó la pérdida de una parte de sus intestinos. Desde entonces, su salud se quebrantó. El fiscal ha solicitado para él la pena de cadena perpetua. Su abogado presentó al juez el certificado

médico que justifica su ausencia en la 50ª audiencia del proceso judicial.

La República, el martes 1 de marzo de 2016

Rocío Silva Santisteban: El perdón como política pública

"¿Cómo será eso de la reconciliación, pues, doctora?", me comentó mamá Adelina García la semana pasada, luego de que el Embajador de Estados Unidos, Bryan Nichols, les hiciera una visita corta pero significativa al Museo de la Memoria de ANFASEP en Ayacucho. Los

temas que las valientes y dignas madres de la asociación más antigua de víctimas y afectados han puesto sobre la mesa de las políticas públicas han sido, sin duda, fundamentales para

avanzar y evitar la impunidad en nuestro país que, aún hoy, tiene una enorme deuda con esos 15 mil desaparecidos. Pero todavía hay un tema que es incómodo, tanto en los fueros del movimiento de derechos humanos, entre las víctimas y sobre todo entre los perpetradores:

me refiero a la reconciliación. Pero la reconciliación al estilo "fujimorista" o MOVADEF, con amnistía y condescendencia

para todos los culpables, además de ser inmoral es totalmente contraproducente para una real y auténtica reconciliación. ¿Por qué? Porque la reconciliación no se puede dar sobre la impunidad, sobre el olvido, sobre el "borrón y cuenta nueva". La única manera en que esas

comunidades en las cuales, tirios y troyanos embistiéndose mutuamente aún hoy, puedan llegar a un punto de paz interna en sus corazones es pidiendo perdón a quienes sufriero n los

más atroces vejámenes de esos años. Cuando hoy en día hablamos de reconciliación nos referimos, como lo ha señalado la CVR, a un nuevo pacto fundacional entre el Estado y los peruanos, entre la sociedad y todos y cada

uno de sus miembros. Este nuevo pacto debe estar encaminado a fortalecer una sociedad sin discriminación de ningún tipo, mucho menos racial o clasista; una sociedad en la que el

apellido no signifique nada más que la identidad de la persona; una sociedad en la que el color de la piel no implica una restricción de su acceso a la educación; en la que cualquier peruano, hablando el idioma que hable, pueda hacer un trámite sin necesidad de traductor;

en la que campesinos, trabajadores, pequeños y medianos empresarios puedan acceder a una vida digna y justa desarrollando todas sus potencialidades; una sociedad en la que los

recursos naturales sean respetados; una sociedad donde las diferencias no sean violenc ias estructurales que nos oprimen. Este pacto de reconciliación nacional que aún no se ha hecho, ni siquiera se ha planteado,

debe de organizarse sobre el perdón como política pública. Es decir, el perdón no puede ni debe entenderse como un elemento religioso en un país que ha atravesado crueldad e infamias

entre prójimos y que hoy más que nunca está marcado por la violencia de esos años. El perdón debe de entenderse como una necesidad para poder llegar a una sociedad reconciliada y eso implica, por supuesto, atravesar los propios demonios internos y asumir que incluso el propio

Estado los utilizó, en su desesperación, contra peruanos. Como sostiene José Carlos Agüero en su libro, el perdón no es humillación es un derecho: del que lo solicita, del que lo otorga.

No se puede exigir a una víctima que otorgue perdón al victimario; tampoco se le puede exigir a un perpetrador que lo solicite: el perdón es un acto único e íntimamente personal que debe ser el producto de un proceso. No el perdón, sino el proceso hacia el perdón es lo que

debería, en nuestro país, convertirse en una política pública. Deberíamos de aprender de países como Camboya o Ruanda que, luego de situaciones de genocidios crueles, han optado

por políticas de reconocimiento del otro así como de espacios de diálogo. Colombia, tan cerca y tan lejos, ha emprendido una apuesta por el reconocimiento de políticas públicas de perdón. Creo que en el Perú llegó el momento de ser valientes y hablar del perdón como una

necesidad pública que, debería, asumirse como una política desde el MINJUS a través de investigaciones, análisis y espacios de encuentro entre víctimas y victimarios.

Perú.21, el viernes 4 de marzo de 2016

Santiago Pedraglio: Angélica Mendoza, 87 años

Cuando Angélica Mendoza Almeida de Ascarza, hoy conocida como "Mama Angélica", fundó la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (ANFASEP), ella tenía 55 años. Hoy tiene 87 y aún no tiene noticias de su hijo

Arquímedes, sacado de la casa de su madre el 2 de julio de 1983 por personal del cuartel Los Cabitos (Ayacucho); él había cumplido 19 años y era estudiante.

Dos semanas después, Arquímedes Ascarza pudo hacer llegar, desde el cuartel, una nota escrita sobre un precario trozo de papel: "Mamá, me encuentro bien, busquen un abogado

para que me pasen al Juzgado, de todas maneras insistan a diario al cuartel. Chau.

Arquímedes". A ella le habían negado que estuviera ahí, y siguieron haciéndolo a pesar de la esperanzadora nota.

La señora Angélica se convirtió en una de tantas personas que se vieron obligadas a dividir su tiempo entre buscar a su desaparecido en las fosas con cuerpos mutilados y tocar puertas de instituciones que debían prestarle atención y justicia.

Así surgió la ANFASEP. La acompañaron otras valerosas mujeres, como Teodosia Layme y Antonia Zaga.

Hace poco se supo que Mamá Angélica tuvo un preinfarto. La noticia se difundió pronto porque ciertas exigencias burocráticas dificultaron su atención por EsSalud. Hoy se sabe que su salud está estable, aunque sigue siendo de cuidado.

"La señora Angélica Mendoza. No solo una imagen para adornar afiches o museos. ¿Puede este gobierno tener la decencia de atenderla como se merece?", publicó en su Facebook el

autor de Los rendidos, José Carlos Agüero. El reclamo hay que extenderlo y, viendo el paso de los años y su inevitable mella en la salud de los familiares de más edad, debe llevar a una fórmula consensuada que permita obtener

información fidedigna sobre qué pasó en ese cuartel -y en otros de zonas de emergencia- y sobre el paradero de los cuerpos.

Eso obligaría a priorizar el proceso de búsqueda, identificación y entrega. Es una responsabilidad del Estado, gobierne quien gobierne.