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MEMORIA DE UNA CAMPAÑA NEGATIVA.

LA PRENSA DE MORELIA DEL SIGLO XIX.

VICTOR AVILA RAMIREZ

- ¿En qué se parece un político a los gatos?

- en que hacen sus porquerías y las tapan con tierra

Periódico El Caniculario

El motivo del presente artículo obedece, en cierto sentido, a una idea que se

generalizó en el proceso electoral efectuado en el año 2006. Analistas políticos y

periodistas, previo al 2 de julio, sostuvieron que en México las “campañas negativas”

habían llegado para quedarse. Independientemente de la valoración ético-política que nos

merezca tal afirmación, desde la historia podemos observar que las luchas electorales nunca

han sido tersas, y que las campañas del lodo siempre han estado ahí, no en la versión que

actualmente conocemos de competencia de partidos y con tal profusión de medios, pero la

descalificación y la diatriba ha sido un fenómeno consustancial a la obtención del poder.

En esta perspectiva, voy a referirme a una elección, probablemente la más

representativa del periodo de la república restaurada, y que resume de manera

paradigmática el resquebrajamiento de un grupo político dirigente.

En julio de 1875 se efectuaron elecciones en Michoacán para renovar el Congreso

de la Unión y los poderes del estado. El calendario electoral coincidía para ambas

representaciones políticas. Sin embargo, se atribuyó a la situación de inestabilidad

provocada por la revuelta religionera como causa indirecta de que la elección, en términos

reales, se instrumentara en dos etapas al no poder reunirse la totalidad de los colegios

electorales en la fecha ordinaria. Por consecuencia, el Congreso de la Unión se vio en la

necesidad de expedir un decreto convocando a elecciones extraordinarias en aquellos

distritos en que no fue posible su celebración y de este modo evitar que se quedasen sin

representación nacional. De los quince distritos oficialmente reconocidos por el gobierno

El presente trabajo se desarrolló en el seminario permanente del Cuerpo Académico de Historia de México,

en la LGAC Historia Social, Política y de la Cultura. Agradezco la colaboración de Moisés Martínez Pedrasa,

hoy licenciado en Historia, en la búsqueda hemerográfica, y al profesor José Manuel Morales Palomares por

la revisión.

2

federal, o de los dieciséis según el gobierno del estado, en seis no se reunieron los colegios

electorales.1

En este año no se observó el acostumbrado movimiento electoral de los llamados

círculos políticos, y se dio a conocer una candidatura única, respaldada por el Círculo

Liberal de Morelia, expresión estatal del partido liberal. En consecuencia, todo indicaba

que se trataría de una elección de unidad, resultado de un pacto entre la elite política, y la

“campaña electoral”, o mejor dicho, los trabajos electorales transcurrirían sin mayor

novedad, salvo los acechos a la tranquilidad pública en ciertas zonas del estado por las

llamadas hordas latroreligiosas. Podría suponerse que esto sería así, porque la candidatura

de unidad se imponía como lo más deseable, ante la inconformidad social que desató el

decreto mediante el cual se elevaron a rango constitucional las leyes de reforma. Sin

embargo, esa aparente unidad de la elite, pronto se haría trizas.

Por las fuentes consultadas, se deduce que la candidatura única fue producto de la

negociación entre dos grupos políticos. Uno lo constituía la camarilla de los inmaculados

de la montaña, que detentaban el control político desde el año de 1867, y que era

comandada por el ex gobernador Justo Mendoza. El otro, era la expresión de una variopinta

coalición de liberales con diferentes orígenes y antecedentes, que se identificaba,

relativamente, con el gobernador Rafael Carrillo.

El acuerdo inicial del Círculo Liberal consistió en que la representación política a la

Legislatura del Estado quedaría en manos de la coalición (7 de 13),2 la representación al

senado para los inmaculados (Justo Mendoza y Manuel A. Mercado como propietarios) y

ambos grupos se comprometieron con la candidatura de Carrillo para ser reelecto como

gobernador. En cuanto a la representación al Congreso de la Unión, nunca se hizo pública

una lista de candidatos. Pero este hecho no era nuevo, ya que desde la elección del año de

1 La Fraternidad, Morelia, Imprenta del gobierno del Estado, 15/julio/1875, núm. 11. El periódico oficial en

este sentido fue muy parco en la información, por el contrario, el periódico La Fraternidad hizo notar que no

se habían instalado los colegios electorales de los distritos de Maravatío, Puruándiro y la Piedad, y que no

hubo elecciones primarias en Pátzcuaro, Tancítaro, Jiquilpan, Zamora y Purépero. Para el gobierno en cambio

sí se verificacon en Jiquilpan y Maravatío, y en la práctica se desapareció al distrito de Purépero por un

artificial segundo distrito para Morelia). 2 Los candidatos que se identificaban con el círculo de Mendoza fueron: Eduardo Ruiz, Medardo Burgos, José

S. Arévalo, Teodosio Alvírez, Ramón Farías y José María Velázquez. Los independientes, por designarlos de

algún modo: Miguel Meza Vargas, Manuel G. Lama, Juan B. Rubio, Luís Iturbide (hijo), y los de oposición:

Pudenciano Dorantes y Néstor López. Cabe aclarar que los independientes en comicios anteriores tuvieron

conflictos con Justo Mendoza.

3

1873 había sucedido lo mismo. Se puede conjeturar que ello obedeció a una cuestión de

tacto político a consecuencia de la complicada y dividida elección de 1871, pues en esa

ocasión se dejó sentir una grave inconformidad por parte de los electores de los distritos del

interior del estado, en el sentido de que la elite moreliana imponía candidatos en aras de la

unidad del partido liberal, pero que en el fondo coartaba la libertad electoral para que cada

distrito nominara a sus propios representantes, incluso pretendieron una reforma electoral

que hiciera posible que la distribución de escaños en la cámara fuese por distritos

uninominales y no por la votación general obtenida en el estado como circunscripción

electoral única, es decir, que se adoptase la misma fórmula de representación política que se

practicaba en el plano federal.

Para los integrantes del Circulo Liberal, que después devendrían en oposición, el

hecho de que la representación política nacional quedase en manos de los ministeriales

inmaculados, constituyó un desacuerdo soterrado. Los primeros aspiraban a tener una cuota

en el reparto de escaños federales, mientras que los segundos bien pudieron considerar que

ceder la mayoría en el Congreso Estatal había sido una concesión más que suficiente. Sin

embargo, presionar para lograr un nuevo equilibrio hubiera significado romper lo ya

negociado, con la agravante de la proximidad de las elecciones.

La circunstancia que generó incertidumbre y tensión en la elite política, y que a la

postre se convirtió en el factor que desencadenó el conflicto político,3 la constituyó el

hecho de que los colegios electorales no se reunieron en su totalidad (con la subsiguiente

polémica sobre si faltaron seis u ocho), y la publicación de la convocatoria a elecciones

extraordinarias (en conjunto, la denominada crisis electoral). Pero en esta ocasión, el

conflicto estallaría en una lógica distinta a la forma usual hasta entonces conocida, la

descalificación de la elección por fraudulenta: impugnación de los colegios electorales por

haberse instalado sin quórum, falta de requisito legal en el electo, y obstáculos reales o

supuestos a la libertad electoral, aunque tales señalamientos, la mayoría de las veces,

formaban parte de una estrategia de negociación política de puestos públicos o bien, para

hacerse notar y así lograr un mejor posicionamiento en una futura elección.

3 “Porque escribimos” en La Escoba, periódico liberal, Morelia, Imprenta del Gobierno del Estado,

2/septiembre/1875, núm. 1. Para sus redactores, lo sucedido en Michoacán se explicaba en función de la

renovación de los poderes locales y federales que derivó en lo que denominaron una crisis electoral que se

polarizó por la “ausencia de paz y las ambiciones personales”.

4

Lo novedoso del conflicto radicó en la tentativa de recomponer la representación

política a través de un cambio de candidatos para modificar la correlación de fuerzas

existente. Sin embargo, una vez instalados los colegios electorales, y de acuerdo a las

prácticas electorales decimonónicas, lo normal a esas alturas del proceso era dar por

concluido el trabajo político de uniformar la opinión de los electores (como se decía),

alrededor de una lista de antemano pactada, la que se suponía sería refrendada por dichos

colegios.

Conocidos los resultados electorales de algunos distritos, tanto oposicionistas como

ministeriales inmaculados se sintieron traicionados, y con acritud se recriminaron su mutuo

proceder. La oposición se hizo visible al aglutinarse en torno al Supremo Tribunal de

Justicia (STJ). Los ministros guardaron una prudente distancia –a excepción de Luís

Couto–, aunque en estricto sentido fueron desafectos a la camarilla de Justo Mendoza y W.

González. De entre los que se encontraban con algún cargo en el Supremo Tribunal, y que

se distinguieron por su activismo, tenemos a: Carlos González Urueña, Antonio Mora,

Pudenciano Dorantes, como las figuras más representativas por su trayectoria política, pues

habían sido diputados y desempeñado puestos de relieve en la administración, y en un

plano de menor importancia se mencionaba a Francisco Montaño Ramiro, Félix Lemus

Olañeta y Gil Urbizu, a los que se sumaba el diputado local Néstor López.

Otro factor que influyó en el desarrollo del conflicto fue la idea de promover la

declaración del estado de sitio en Michoacán y de este modo sofocar la rebelión de los

religioneros. La camarilla de Justo Mendoza de tiempo atrás, presionaba a Rafael Carrillo,

y un tanto desilusionados, estimaron que éste no sería la persona indicada en quien debería

recaer el mando militar y político,4 pues su ejercicio administrativo ya había dado pruebas

suficientes de ineficiencia,5 y por si fuera poco, los ministeriales no obtuvieron los

resultados que esperaban de las elecciones por la falta de energía y compromiso de Carrillo.

Aunque también, hay que hacer notar que hubo serias dudas, aun dentro del grupo proclive

al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, sobre la conveniencia política de tal medida. Para

4 “Estado de sitio” en El Atalaya, Morelia, Imprenta del Gobierno del Estado, 10/abril/1875, núm. 1. La nota

hacía referencia a que por la situación de inestabilidad en el estado, se sabía que se iba a aplicar tal

declaración designando como jefe en el mando a Francisco W. González, los redactores consideraron que, de

ser cierta la noticia, estaban de acuerdo. 5 “…nos permitimos indicarle que, mientras no se despoje de su blandura y no haga á un lado ciertas ideas”,

propias de otros tiempos no habrá paz y progreso. “Esperanzas” en Ibíd., 1/mayo/1875, núm. 4.

5

otro sector de liberales michoacanos, hacer efectiva la declaración del estado de sitio no

significaba otra cosa que dar un golpe de mano, y así, sin mediar elecciones, que los

mendocistas conservaran el poder.

Antes, durante y con posterioridad al proceso electoral, la prensa divulgó que se

pretendía hacer a un lado a Rafael Carrillo,6 a quien en el fondo no le entusiasmaba

demasiado una segunda postulación ni tampoco seguir a cargo del ejecutivo. La posibilidad

de que Francisco W. González, pudiera ser gobernador fue la causa real que desató la

confrontación de la elite política, hasta llegar al grado de la diatriba y la descalificación. Sin

embargo, justo es de reconocer que en aquella coyuntura, independientemente de los

dicterios circulantes, el personaje de mayor experiencia y talento político era W. González

y un poco atrás Macedonio Gómez, ambos compadres de Vicente Villada. Éste, desde La

Revista Universal que se editaba en la ciudad de México, había puesto en entredicho la

gestión de Carrillo,7 pero sus motivos se cifraban en un hecho aun más truculento. Villada

seguramente conocía que el autor intelectual del Plan de Nuevo Urecho fue el general

liberal Vicente Riva Palacio, quien lo había confeccionado con el propósito de

desestabilizar al gobierno de Michoacán, a través de los religioneros,8 en la escalada que se

gestaba contra la presidencia de Lerdo de Tejada.

Bajo esa óptica, la tentación de un cambio político era algo que aconsejaba el

pragmatismo. Por tal motivo, es posible suponer que se haya llegado a considerar que el

estado de Michoacán necesitaba de un probado liberal anticlerical que lo gobernara, y a los

ojos de Juan José Baz (colaborador cercano del presidente Sebastián Lerdo de Tejada),

6 “Las elecciones”, en La Fraternidad, 30/junio/1875, núm. 9. Este periódico previamente a la próxima

instalación de los colegios electorales (11 de julio), alertó de que corría el rumor de que no era posible su

reunión porque no había seguridad para los electores a causa de la guerra religionera. Arguyó que un

gobierno provisional, aunque previsto en la Constitución para situaciones de emergencia, no era una medida

saludable. En suma, defendía que el proceso electoral para la renovación de los poderes locales debería

llevarse a cabo a toda costa, incluso repitiéndolas donde no hubiera sido posible realizarlas. 7 El Progresista, periódico oficial, Morelia, Imprenta del Gobierno, 22/abril/1875, núm. 405. En el artículo

“La revista” se da contestación a un escrito de Vicente Villada sobre las medidas que había tomado el

gobierno para lograr la tranquilidad pública y juzga como imposibles de realizar algunas que proponía el autor

de referencia. 8 “Bien sabido es que ambiciones frustradas y ódios personales han llevado al héroe de Zitácuaro á redactar un

periódico de oposición”, no es extraño que su redactor apoye a los religioneros, ya en otra ocasión introdujo

entre los liberales michoacanos la desunión. El Atalaya, 29/mayo/1875, núm. 8. El periódico oficial en su

gacetilla reprodujo una nota del periódico El Monitor que decía: “Un plán descabellado. De esta capital ha

salido un plán redactado por una persona que aspira a los más altos puestos en política; ese plán debe normar

la revolución organizada por los latro-religiosos de Michoacán, para desconocer el gobierno de la República”,

y mas adelante agregaba, “Decimos esto porque se nos cuenta que el autor del plán es un individuo que se ha

jactado de ser patriota y liberal”. “¿Quién será? en El Progresista, 25/febrero/1875, núm. 389.

6

nadie mejor que su conocido amigo, en tiempos del huertismo, Francisco W. González, que

además de combatir con energía a los religioneros, sería un político leal al gobierno del

presidente.

La prensa de la ciudad de México, no dejaba de tener presente a W. González cada

vez que se hacía alusión a la difícil situación por la que atravesaba el estado. El Federalista,

reseñó una carta dirigida a su redacción, proveniente de Morelia, en donde se adulaba el

protagonismo político del multicitado personaje. Sin embargo, los desmedidos elogios para

el posible salvador de la entidad sonaban a ironía. El artículo sostenía que, a pesar de la

revolución clerical, la infatigable actividad desplegada por W. González “logró que las

elecciones se verificaran en la mitad de los colegios electorales” y agregaba:

Es de sentirse sin embargo, que no ha habido elecciones para los poderes del

Estado, si bien esto tendrá una buena recompensación, porque, sabemos, aunque

[se] pensaba en la reelección del sr. Carrillo, no habiéndose logrado este objeto, se

piensa hoy elevar a la primera magistratura de Michoacán al sr. Lic. Francisco W.

González cuyos talentos políticos y administrativos hace tiempo que son conocidos

porque dicho señor ha sido el primero y mas distinguido consejero de las

administraciones de los Sres. Huerta, Mendoza y Carrillo, en las que nada se ha

hecho sin su intervención. El Sr. Carrillo apoyará con todo su prestigio este

nombramiento…9

Una vez efectuadas las elecciones secundarias ordinarias (el 11 de julio), el tema de

debate en la prensa giró en torno a si había habido elecciones o no para la renovación de los

poderes del estado. A los redactores del periódico La Fraternidad, que sostenían como

candidato a Rafael Carrillo, los abatía una preocupación que hicieron extensiva a los

ciudadanos: que corrían ciertos rumores en torno a una posible segunda convocatoria a

elecciones estatales, bajo el argumento de la “falta de número”, “ya que no votó la mayoría

de los distritos electorales”,10

pues al parecer en ocho no se reunieron los colegios

respectivos. Porqué se tomó como criterio el número de colegios electorales, es algo difícil

de determinar, en la medida que el marco normativo electoral nada especificaba con

respecto a ese punto. Es de suponerse que fue así, porque la regla de oro de legitimidad en

9 “Las elecciones en Michoacán” en El Federalista, México, 24/julio/1875, núm. 1498, Tomo VI.

10 La Fraternidad, 15/julio/1875, núm. 11. La preocupación de sus redactores era doble. Por un lado, seguían

sosteniendo a Carrillo al mismo tiempo que temían se impulsase a Francisco W. González como gobernador,

pero por otro, también apostaban a un cambio de candidatos en lo concerniente a la representación al

Congreso de la Unión.

7

las prácticas electorales decimonónicas la constituía el criterio de mayoría absoluta (50%

más uno).

La posición del periódico La Fraternidad fue difusa y contradictoria, pero al menos

son netamente diferenciadas dos posiciones: a) como no había habido elecciones lo

aconsejable era su aplazamiento hasta que se lograse la pacificación en el estado, b) si bien

no se instalaron ocho colegios, lo que se imponía era convocar inmediatamente a elecciones

extraordinarias. El periódico oficial, por su parte, fue dosificando la información sobre los

resultados electorales estatales, publicando las actas de ocho colegios y de dos, solamente

consignó los nombres de quienes habían sido favorecidos con el voto popular (las actas de

elección sobre los diputados federales no se publicaron). Lo anterior, sucedió en el lapso

del 15 al 27 de julio, en esta última fecha el Congreso del Estado sesionó para decretar la

convocatoria a elecciones extraordinarias en seis distritos.

Más tarde, cuando se tuvo conocimiento del decreto federal para celebrar elecciones

extraordinarias, los redactores de La Fraternidad anunciaron que dejarían de circular por

breve tiempo, pero no sin antes advertir sobre los nuevos rumores que circulaban: “algunos

liberales, desleales a su compromiso, y faltos de buena fé, se proponen aprovecharse de este

accidente, para desviar el voto de los colegios electorales, e inclinar la elección de

gobernador á favor de personas indignas”.11

En efecto, la Legislatura del Estado convocó a elecciones extraordinarias, incluso

antes que el Congreso de la Unión, en el caso particular michoacano para elegir gobernador

y diputados locales en los distritos faltantes (seis), pero en el artículo segundo se dejó

asentado que en caso de haber elecciones federales, las estatales se pasarían a los días 24 y

25 de agosto,12

fechas que tuvieron que modificarse mediante un segundo decreto, al

conocerse la disposición de la diputación permanente del Congreso de la Unión de

convocar a elecciones extraordinarias en seis distritos michoacanos, para completar la cuota

de representación nacional que le correspondía al estado.

11

Ibíd., 4/agosto/1875, núm. 14. Este periódico fue considerado como el órgano del partido liberal en

Michoacán, pero sus redactores se convirtieron en oposición. Es conveniente advertir que no es clara la

relación entre los redactores de este periódico y el posteriormente editado como La Picota, pero hay

suficientes indicios de que un número significativo de ellos estuvieron en uno y en otro. 12

Decreto 87 (27/julio/1875) en El Progresista, periódico oficial, Morelia, Imprenta del Gobierno,

29/julio/1875, núm. 433. Decreto de la diputación permanente del Congreso de la Unión (29/julio/1875) y

decreto 89 (5/agosto/1875) de la legislatura del Estado de Michoacán, en Ibíd., 9/agosto/1875, núm. 436.

8

Con la misma fecha en que apareció la denuncia de La Fraternidad, Francisco W.

González envió un remitido a los periódicos El Federalista y al oficial de Michoacán (4 de

agosto de 1875), con el objetivo de hacer puntuales rectificaciones sobre la carta que reseñó

el primero. Por principio de cuentas hace la aclaración de que a él no le corresponde el

mérito de que las elecciones se hayan podido efectuar en Michoacán sino al partido liberal,

siendo eso posible en la mayoría de los distritos “y no solo en ocho como equivocadamente

se dice en la carta”, en consecuencia, para W. González, era indudable que habría poderes

locales constituidos. El hecho de que en algunos distritos se fueran a celebrar nuevos

comicios no tenía para el autor de la carta aclaratoria, “una segunda mira sino para darle á

la elección ya hecha mayor fuerza y para que se conozca que la opinion pública la favorece

completamente”. No obstante la reflexión persuasiva y efecto tranquilizador que W.

González quiere trasmitir, en oblicuo lenguaje agregó: “mi candidatura para el gobierno de

Michoacán ni existe ni ha existido hasta ahora…”13

En cuanto al papel que se le asignaba como director de la política de Huerta,

Mendoza y Carrillo, W. González sostiene que se trata de una falsedad completa, pues sólo

fue de los dos primeros “un colaborador de sus ideas”. Respecto al gobierno de Carrillo, a

quien respeta por ser un hombre con independencia de criterio, la prueba de que no tiene

“ninguna influencia en su administración, es la marcha que ella sigue en muchos puntos,

enteramente contraria á mi conocido modo de pensar”.14

La idea de cambiar de candidato para gobernador en los seis distritos faltantes,

teóricamente era posible al no existir registro de candidaturas. Carrillo llevaba 329 votos,

de tal manera que con una asistencia asegurada de 60 electores en promedio por los

distritos faltantes (80 era el indicador para un distrito de 40,000 habitantes) y si éstos se

manifestaban unánimemente podría revertirse la votación obtenida por Rafael Carrillo. Para

la elite política cambiar la orientación del voto, en tanto que se concebía más como una

práctica colectiva que una individual, no constituía una agravante para la democracia –

salvo romper un delicado pacto-, sin embargo, la empresa era difícil y altamente riesgosa.

Por otra parte, las prácticas electorales de la elite moreliana ponen de manifiesto la

tesis de que el sufragio sólo era un recurso más del juego político (una puesta en escena), y

13

El Progresista, 9/agosto/1875, núm. 436. Las cursivas son nuestras. 14

Ídem.

9

formaba parte de las disputas inter-elite, pero no era la expresión que condensara la

participación de la sociedad en la designación de sus autoridades.15

En el caso michoacano,

el voto era movilizado por los círculos políticos de la capital con sus redes de amigos en los

distritos, aunque de manera orgánica y efectiva a través de los prefectos, jueces de letras,

administradores de rentas, la burocracia del gobierno y ayuntamientos, jefes de policía de

las tenencias, y sobre todo, para el área urbana por los jefes de manzana.

No es posible, en este espacio, exponer a detalle todo lo acontecido en cada distrito

con respecto a los diferentes planos de la elección, pero del análisis con que se cuenta se

puede sostener que los candidatos a la legislatura estatal nunca estuvieron a discusión, ni la

del propio Carrillo en sentido estricto, salvo por el regateo de la elite política moreliana que

le cuestionó su falta de compromiso político. En consecuencia, el hecho de que no se

hubieran instalado los colegios electorales de Tancítaro, Zamora, La Piedad, Puruándiro,

Purépero y Pátzcuaro, no fue a causa de las garantías deficientes para proteger la seguridad

de los electores o de la indiferencia ciudadana, sino a que, precisamente, en esos distritos

las fuerzas políticas estuvieron polarizadas y no hubo arreglo en cuanto a los diputados

federales a elegir y se optó por no instalar los colegios respectivos, a nuestro entender, lo

que buscaba la oposición era equilibrar la representación nacional en el mágico número de

ocho miembros, aun haciéndose cómplice de un inexistente 2° distrito por Morelia.

Parece claro que la idea del cambio de candidato a gobernador formaba parte de un

chantaje político, aunque utilizado con diferentes intenciones por ambos bandos. La presión

ejercida por la camarilla de Mendoza rompió el cerco de influencia de la oposición sobre

Carrillo, y éste, convencido o no, terminó por desplazarlos. Desde el momento en que se

acordó ir a elecciones extraordinarias solamente en seis distritos (dato crucial), el periódico

oficial reprodujo notas de la prensa nacional en que se alababa la administración de Carrillo

y se le felicitaba por su reelección, (incluso de la “Revista Universal”, espacio propicio de

los ministeriales inmaculados), aun antes de llevarse a cabo elecciones en los distritos

faltantes, lo que también, por otra parte, explicaría el ambiguo remitido de Francisco W.

González descartándose como candidato alterno. Esta afirmación, no significa que las

posibilidades de W. González a la jefatura de gobierno estuvieran canceladas, por el

15

La tesis es de Hilda Sabato, “Elecciones y prácticas electorales en Buenos Aires, 1860-1880”, en Antonio

Annino, Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, Uruguay, FCE, 1995. pp. 140 y 141.

10

contrario, lo único que se quiere decir es que la vía de acceso no pasaba por la contienda

electoral, y sí, tal vez, por el Congreso del Estado o mediante una futura convocatoria.

De acuerdo al sistema político de la época, se puede sostener que la hegemonía

política se cifraba en el control sobre el ejecutivo del estado, la legislatura local y federal, y

en menor medida del poder judicial (las cámaras durante el porfiriato perdieron su papel

protagónico y las prefecturas adquirieron una relevancia fundamental). La reelección de

Carrillo expresaba la frágil unidad de los liberales michoacanos, la cámara de diputados

locales significaba, en su integración mayoritaria, un perfil político no identificado con la

camarilla de Mendoza y W. González, mientras que la diputación michoacana al Congreso

de la Unión reflejaba el sentir de estos últimos. En este escenario, grupo que lograra romper

ese equilibrio se traduciría en un cambio de correlación de fuerzas a su favor. Por esto, la

fracción de los liberales que devinieron en oposición, pretendieron incidir sobre la elección

de diputados federales con el objetivo de construir un nuevo equilibrio político que

desplazara a la camarilla hasta entonces gobernante. El nuevo equilibrio se alcanzaría a

plenitud con la cooptación de la titularidad del ejecutivo en la siguiente renovación

electoral.

INMACULADOS TORNASOLADOS CONTRA INMACULADOS DE MANDIL

El punto de eclosión de la confrontación lo constituyó la elección municipal, pues se

hizo coincidir la fecha de elecciones primarias extraordinarias con la renovación popular de

los ayuntamientos del estado (15 de agosto), y las secundarias tendrían lugar el 29 del

mismo mes (según el decreto federal), trasladándose la elección de diputados locales y

gobernador para los días 31 y primero de septiembre respectivamente, y el día 7 el

Congreso del Estado se instalaría como colegio electoral para realizar el cómputo y la

calificación. La elección de autoridades del ayuntamiento de Morelia definió claramente las

posiciones de los bandos en conflicto, pues inmediatamente al evento de referencia

aparecieron los periódicos La Picota y La Escoba, mientras que La Fraternidad al

expresarse cada vez más con mayor aspereza contra la camarilla de Mendoza, dejó de

circular al perder la subvención del gobierno.16

Para los oposicionistas el fraude era el sello

16

Es a partir de la elección municipal que se menciona que en el Supremo Tribunal de Justicia se esconde una

oposición sistemática, juicio que se desprendió de la energía con que actuó el juez de lo criminal, Pudenciano

Dorantes. Para los redactores de La Fraternidad, el juez sólo cumplió con su deber al haber una denuncia de

por medio, por tanto, estimaron que se ultrajaba al poder judicial, porque era falso que el tribunal se hubiese

11

de los ministeriales de la montaña, y para éstos, el uso faccioso de la justicia caracterizaba

a los primeros en sus ambiciones políticas.

Para los conservadores, las fuerzas contendientes en el escenario político estaban

divididas en masones, semicatólicos y católicos netos, desde luego, a estos últimos los

representaban aquéllos. Definido el escenario político, los conservadores arengaron con

vehemencia a los ciudadanos para que el sufragio se otorgara a personas católicas y, al

mismo tiempo, les recomendaron que para poder “librarse de ciertas artimañas es necesario

y en Santa Paz que el Pueblo procure no separarse de las mesas electorales de lo contrario,

todo esta[rá] perdido pues nuestros contrarios en un abrir y cerrar de ojos pueden comerse

cuantas boletas no sean favorables [para su partido]”.17

Llama la atención la forma en que los conservadores definen a los grupos políticos y

la manera en que pretendieron atraerse el voto estando de por medio la revuelta religionera.

La identificación masón y protestante para con el partidario de las leyes de reforma tenía

antecedentes en la sociedad moreliana. El motín de agosto de 1871 tuvo como factor de

movilización social la interpelación “mueran los masones”, en esa fecha la ciudad de

Morelia vivió algunos días de enfebrecida alteración del orden público, y las dos o tres

personas pacíficas, que, según se decía, eran protestantes, tuvieron que abandonar la ciudad

por la presión de la turba que los buscó hasta en sus domicilios para colmarlos de injurias e

intimidarlos, como fue el caso de un conocido tendero del Barrio de San Juan.

Antonio Mora, colocó el acontecimiento referido en una perspectiva política de

mayor alcance, como así quedó plasmado en el editorial que escribió en el periódico El

Voto Libre, al manifestar las delicadas y graves tareas pendientes que tenía el partido

liberal: “con la punta de su espada escribió los derechos del hombre y la reforma, le falta

aun que imprimir estos principios en el corazón de todos los mejicanos…” porque los

constituido en una facción con miras políticas. Sin embargo, los de la Fraternidad tomaron partido al señalar

que los integrantes del ayuntamiento se sintieron frustrados cuando advirtieron que el sufragio no los

favorecía, a pesar de los trabajos que con antelación prepararon, decidieron entonces torcer la voluntad

popular cometiendo toda clase de abusos. “El poder judicial del Estado”, en La Fraternidad,

14/septiembre/1875, núm. 19. En cuanto al hecho de que dicho periódico dejara de circular, sus redactores

adujeron que por el recorte a sus salarios como empleados públicos, les era imposible costear su impresión. 17

“Elecciones” en El Sacristán, Morelia, Imprenta Vda. e hijos de Arango, 20/junio/1875 y 28/junio/1875,

núm. 24 y 25. Es conveniente aclarar que el periódico se estaba refiriendo a las elecciones primarias

ordinarias y no a las del ayuntamiento, sin embargo, lo importante para nosotros es la caracterización que se

hizo del escenario político en su entramado electoral.

12

enemigos del progreso a través de “los perturbadores aprovechan la masonería y el

protestantismo para fomentar el terror”,18

y así preparar una asonada clerical.

El periódico El Monaguillo, que evidentemente no estaba a favor de ninguno de los

bandos, sostuvo que se había organizado una poderosa oposición en el STJ pero con la mira

puesta en la Tesorería General del Estado y no en las elecciones del ayuntamiento, para los

redactores de este periódico lo que el pueblo quería era “que tanto oposicionistas como

ministeriales se vayan”.19

La camarilla mendocista de última hora y de manera soterrada, impulsó una

candidatura al ayuntamiento y se valió de cuanto medio estuvo a su alcance.20

Contra el

albazo, la oposición denunció falsificación, sustracción y suplantación de boletas en varias

casillas electorales y promovió un juicio contra el presidente del ayuntamiento, Manuel

Alvírez González, ante el juez de lo criminal Pudenciano Dorantes. A expensas del proceso

instruido y la nula colaboración del ayuntamiento para practicar el desahogo de pruebas, el

juez sentenció la formal prisión de los regidores por resistencia a la autoridad.

Manuel Alvírez González no corrió la misma suerte que sus compañeros del

ayuntamiento, probablemente por la circunstancia de haber sido electo diputado federal en

los comicios recientes, al entenderse que era poseedor de fuero. Además de que el

presidente municipal, por reglamento, no estaba obligado a votar en las sesiones de cabildo,

como así se comportó en la sesión en que no se admitió la petición del juez de que se le

aceptara un expediente electoral que por su conducto hacía llegar el presidente de una

casilla. Ante lo insólito de los denodados esfuerzos del justiciero electoral, Alvírez formuló

una queja al gobernador, denunciando la intromisión del poder judicial en asuntos fuera de

su jurisdicción.21

Por su parte, los munícipes, en calidad de reos promovieron un juicio de

18

“Sofismas políticos” en El Voto Libre, Morelia, Imprenta de Octaviano Ortiz, 22/septiembre/1872, núm. 5.

“Sueño peligroso” en Ídem. El mensaje, en última instancia, a quien estaba dirigido era a Carrillo, para

advertirle que “agentes sediciosos frecuentan los barrios mas poblados y miserables de la ciudad” circulando

noticias alarmantes sobre nuevos impuestos, “vejaciones y ataques al culto católico” y que los funcionarios de

su administración, en su letargo, no veían la tremenda asonada que se preparaba. 19

El Monaguillo, Morelia, Imprenta Vda. e hijos de Arango, 9/septiembre/1875, núm. 6. 20

“Elecciones” en La Fraternidad, 18/agosto/1875, núm. 16. Se sostiene que las elecciones de ayuntamiento

no fueron lo pacíficas que esperaba el partido liberal, pues una pequeña fracción conformó, ante sí misma y

de última hora, una candidatura propia con el objetivo de participar. 21

ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE MORELIA (AHMM), Comunicaciones con las autoridades

superiores, Libro 161 (1872-1875). La nota-informe relata lo acontecido desde el día que se presentó por

primera vez el juez Dorantes. Ante los hechos, el cabildo tomó la determinación de no aceptar el expediente

que el juez remitía por no ser el conducto legal, además de “arrojar al ayuntamiento un agravio, pues venía

13

amparo por violación de garantías, el cual les fue concedido y se le ordenó al juez de letras

la suspensión del acto reclamado.

Para el juez federal, los ayuntamientos, según el derecho público, eran libres e

independientes en materia electoral, y los jueces de primera instancia no podían inmiscuirse

sino hasta después de haberse hecho la declaración de validez o nulidad de la elección de

los alcaldes. Bajo este supuesto, las penas aplicables por el juez serían la suspensión de los

derechos ciudadanos y la destitución, de ser el caso, del empleo público, pero no la formal

prisión, porque además, aceptando que hubiera habido infracción a la ley, no hubo

resistencia armada, condición para la pena corporal, en consecuencia, se estaban violando

las garantías individuales de los munícipes.22

El fallo del juez federal de distrito, Gabino Ortiz, se ventiló en la prensa de la época.

Se le cuestionó como el “mas desafinado de los anales de la justicia federal” por su

“pobreza de fundamentos”, pues para el juez “la desobediencia á la justicia no es un delito

que merezca la pena corporal”, por tanto, ya no se podrá ejecutar la formal prisión a los

delincuentes23

y que dicho fallo violaba la soberanía del estado.24

La revisión del caso por

la Suprema Corte de Justicia de la nación, ratificó la sentencia del juez federal de distrito.

El juez federal, Gabino Ortiz, solicitó al pleno del tribunal ordenara al juez Dorantes

cumpliera a cabalidad la sentencia por él dictada, la votación del pleno estuvo dividida pero

fue favorable a los quejosos (Couto, Manuel Valdez y Antonio Mora, como ministro

asociado, votaron en contra de la solicitud del juez federal, Vicente Domínguez, Ángel

Garmendia, Pascual Ortiz, y García Leiva, a favor).

El objetivo político del juez Dorantes fue aprovechar la elección municipal para

llamar la atención pública sobre lo que pudiera ocurrir en la próxima reunión de los

sellado dicho pliego lo cual indicaba una desconfianza…” que hería la dignidad y decoro de la corporación.

Comunicación núm. 6 (31/agosto/1875). En la sesión de cabildo de fecha 24/agosto/1875, se discutió el

asunto, el presidente Manuel Alvírez informó que había consultado con el gobernador la primera petición del

juez Dorantes de examinar los expedientes de la elección, y que aquél había dado la instrucción de que se le

permitiera la inspección pero sin abrir los paquetes para evitar escándalos. Así se procedió y el juez levantó

un inventario mediante acta. El presidente le manifestó al juez que tal proceder constituía una injuria a la

corporación, a lo que éste repuso que así obraba porque se había formulado una denuncia de que se estaban

“suplantando boletas” sin decir quien denunciaba. En la sesión de 27/septiembre/1875, se discutió la petición

del juez de que se le enviara el expediente de la elección municipal y se determinó que por conducto del

gobernador se le dirigiera una excitativa para que el representante judicial normara sus procedimientos a

derecho. Actas de cabildo en borrador, Cuaderno núm. 1 (1875), caja 245 “C” (Ref. anterior). 22

“Juzgado de distrito” en El Progresista, 25/octubre/1875, núm. 458. 23

Suplemento al núm. 4 de La Picota, 11/noviembre/1875. 24

La Fraternidad, 14/septiembre/1875, núm. 19.

14

colegios electorales convocados y, a través del escándalo periodístico, responsabilizar a

Justo Mendoza y Francisco W. González de posibles maquinaciones en los comicios.

Exhibir al ayuntamiento en funciones, proclive a los ministeriales de la montaña, como

perpetrador de falsificación de boletas equivalía a señalar a los prefectos de los distritos

como agentes de las mismas prácticas, en la medida que los ayuntamientos estaban

subordinados a su autoridad, además de que a esa instancia de gobierno le correspondía

administrar los viáticos a los electores pobres de la comarca para que asistieran a la

cabecera del distrito electoral, así como registrar sus credenciales y presidir la instalación

de los colegios.

La descalificación política que estaba atrás del litigio electoral municipal, en aquel

climático momento en que estaba a punto de decidirse la representación política, se constata

en las afirmaciones de Carlos Gonzáles Urueña, quien llevado por un arrebato ante lo soez

de la contienda confesó:

… yo tengo un pecado que no me perdonarán jamás aquellos hombres: haber hecho

cuantos esfuerzos he podido hace catorce años para nulificar en política á D.

Francisco W. González y á su inmunda camarilla, porque creo que uno y otra son

la causa de todos los males que ha sufrido Michoacán. Recuérdese lo que pasó en el

último periodo de la administración de Huerta.25

González Urueña invitaba a recordar que en la Legislatura de 1861, conformó un

bloque de diputados que se enfrentó a un autócrata como gobernador: Epitacio Huerta, y

tuvieron que separarse del Congreso en medio de una enorme tensión política, propiciando

una crisis de legitimidad, lo que les valió ser declarados incursos en las penas de la ley por

haber abandonado sus funciones sin causa justificada. Pero tampoco habría que olvidar que

en su papel de prefecto del departamento de Morelia, antes de ser electo diputado local, fue

el artífice, al lado de W. González, de la victoria electoral del huertismo sobre la oposición

de aquel entonces, ahora calificada como inmunda camarilla (Santos Degollado, Rafael

Carrillo, Justo Mendoza, Macedonio Gómez, Pascual Ortiz de Ayala, Luís Iturbide [padre],

Antonio Espinosa, Vicente Domínguez, José María Manzo Ceballos, los Alvírez González).

También habría que recordar que, cuando por breve tiempo se hizo cargo de la redacción de

La Bandera Roja, emitió simuladas críticas sobre Melchor Ocampo como inconsecuente.

Además, también tendría que tenerse presente que, en la coyuntura de mediados del año de

25

Ibíd., Remitido de Carlos González Urueña, 14/septiembre/1875, núm. 19.

15

1859 en que se le pidió la renuncia a Huerta, González Urueña fue un solícito defensor de

su permanencia y justificó las expulsiones del estado que aquél decretó sobre Mendoza,

Menocal y Argueta y alabó su enérgica política contra los liberales de los términos medios.

Desbordadas las pasiones, cada uno de los bandos recurrió a la prensa para explicar

sus razones y justificar su conducta. Así, los mendocistas editaron La Escoba y la

oposición, La Picota. Los primeros estimaron que su misión periodística era evidenciar a

supuestos liberales, que sólo fomentaban la desunión de los michoacanos en momentos en

que peligraban la paz y las instituciones.26

Los segundos, en un suelto que anunciaba la

próxima aparición de su periódico, sostuvieron que su programa consistía en: hacer respetar

la ley, la libertad electoral, la moralidad en la administración, la paz, pero consideraron

como un deber el denunciar que “mientras no sean privados de toda ingerencia en la

política local y general D. Francisco W. González, Justo Mendoza, Manuel Alvírez

González, Macedonio Gómez, Ángel Padilla”,27

dicho programa no se podría cumplir, de

ahí que los de La Picota definan como tarea prioritaria influir en la opinión para que

Michoacán se libere de tan funesta presencia.

Atrincheradas las posiciones los ataques fueron frontales, no se guardaron las

formas del código implícito del periodismo de la época: la advertencia o amenaza velada.

Lo anterior, se puede ilustrar en palabras de Carlos González Urueña: “conozco á fondo la

vida pública de todos aquellos hombres: si siguen molestándome, la publicaré, sin perdonar

las feas manchas que hay en ella…”28

A pesar del dicho admonitorio, las afrentas recibidas

no tardaron en llegar, se pasó directamente al terreno de las personalidades, como se decía.

Los conservadores católicos encontraron las condiciones en ese año, en primer

lugar, para no ser el único y preferido blanco de ataques de los liberales como causantes de

las desgracias de Michoacán, y en segundo lugar, que estaban dispuestos a descender al

lodo denunciando inconsecuencias e ignominias si se seguía atacando al arzobispo (los

católicos podrían soportar que se les dijera fanáticos ultramontanos, abortos de la

naturaleza, miserables traidores, pero no que se insultase a la jerarquía eclesiástica) y

lanzaron la amenaza: podríamos probar con una cartita “ciertas cosillas relativas a ciertas

26

La Escoba, periódico liberal, Morelia, Imprenta del Gobierno del Estado, 2/septiembre/1875, núm. 1. 27

La Picota, Morelia, Imprenta Viuda e hijos de Arango, 11/septiembre/1875, núm. Suelto. 28

La Fraternidad, Remitido de Carlos González Urueña, 14/septiembre/1875, núm. 19.

16

inclinaciones imperialistas en que incurrió uno de los Sres. Redactores de *** uno de los

periódicos progresistas *** de Morelia”.29

Para los redactores de La Escoba se trataba de “barrer la basura” que se amontonaba

con los díscolos, los manchados, los ingratos, los farsantes desvergonzados, los

defeccionadores, los aduladores, los serviles, los ávidos de poder, los ídolos de barro y con

los miserables traidores, que se entregaban por completo a la difamación y la calumnia

porque los resultados electorales no los favorecieron. En resumen, para los editores de La

Escoba, sus adversarios se autonombraban representantes de la moralidad y el civismo, y

eran el ejemplo contrario, pero sobre todo, unos desagradecidos, pues fueron rescatados de

la nada por el gobierno republicano, y nada eran, a lo más, “mendigos que ahora traen

levita”, “inmaculados de criolina” y Carlos González Urueña, su jefe.30

UN MONTARAZ ILUSTRADO

A Luís Couto (considerado uno de los principales redactores de La Picota) se le

calificó de falso patriota, pues se decía combatiente republicano y, sin embargo, fue a pedir

al emperador Maximiliano reparación de daños a sus propiedades, que supuestamente

habían causado los liberales. También se puso en entredicho la firmeza política de Couto,

ya que como diputado y gobernador prefirió refugiarse en su casa que afrontar situaciones

difíciles,31

además de cuestionarle el manejo de caudales públicos, pues nunca hizo el

finiquito correspondiente que como Tesorero General del Estado y comisario pagador de la

brigada de Vicente Riva Palacio estaba obligado a presentar. Por otra parte, a Couto se le

cuestionó que hiciera trabajo electoral a hurtadillas, pues escribió cartas a jueces de primera

instancia censurando candidatos y recomendando los suyos, mientras que en las reuniones

que al efecto celebraba el Círculo liberal de Morelia, nada dijo. El proceder del ministro

del tribunal obedeció, según los de La Escoba, a que no pudo ser redactor en jefe de La

Bandera de Ocampo ni tampoco director de la política en el estado.32

Los redactores de La Picota salieron a la defensa de Luís Couto, atribuyendo las

miserables calumnias a Justo Mendoza y Manuel Alvírez González. Para los defensores de

la honorabilidad de Couto, las falsas acusaciones tenían por origen el alma rencorosa de

29

El Sacristán, Morelia, Imprenta Vda. e hijos de Arango, 21/marzo/1875, núm. 20. 30

La Escoba, 14/noviembre/1875, núm. 5, y 11/diciembre/1875, núm. 6. 31

“La Fraternidad y la Picota” y “Gacetilla” en Ibíd., 25/septiembre/1875, núm. 3. 32

Justo Mendoza, “La prisión del Ayuntamiento”, en Ibíd., 10/septiembre/1875, núm. 2.

17

Mendoza, en la medida que Couto no había sido obsecuente con peticiones de dudosa

probidad que aquél le había solicitado. Los enemigos de Mendoza, hicieron público que

éste, en estado de ebriedad, le había ordenado al ministro del STJ se hiciera cargo del

juzgado de letras de Zitácuaro, que además se había negado a proporcionar “treinta pesos

cada mes á una mujer” a requerimiento de Mendoza durante la intervención francesa, y

también que desoyó la indicación de exculpar a un empleado defraudador, quien había

sustraído dinero de la caja de la tesorería. Aparte de no ver satisfechos sus caprichos, se

consideró que Mendoza, en el fondo lo que perseguía era la renuncia de Couto como

Tesorero General para colocar a su cuñado, Manuel Alvírez, a lo que se opuso el

Congreso.33

En cuanto a la especie de que Couto había reclamado una indemnización al

emperador Maximiliano, por daños a sus propiedades causados por las tropas invasoras (no

las republicanas), los redactores de La Picota sostuvieron que había sido un estratagema

esparcido por Couto para facilitarse un obligado viaje a la ciudad de México por negocios

familiares, pero al contrario de lo que asentaba la invectiva, su patriotismo fue tal que al

rechazar con vehemencia el puesto de comisario imperial de Michoacán, ofertado por el

archiduque, se vio acosado por su gendarmería.34

La evidencia documental con que se cuenta aclara un poco en qué consistieron los

llamados daños y si hubo elementos para reclamar una indemnización. El general Vicente

Riva Palacio recibió varias cartas sobre el asunto en cuestión, cuando estuvo de gobernador

y comandante militar en el estado de Michoacán. Couto, a principios del año de 1865, se

dirigió al general para solicitarle se aligerara la carga de contribuciones de las haciendas de

la región de Zitácuaro, en particular la de Laureles, ya que ésta había sido objeto de un

impuesto de 500 pesos dictado por el comandante Carlos Castillo y una semana antes, lo

mismo había hecho y por la misma cantidad, el prefecto José María Alzati. Ante tales

exigencias, Couto se quejó señalando que las haciendas eran víctimas de excesos, que

incluso se remontaban hasta administraciones de gobernadores anteriores, y le recuerda que

no ha de “ignorar [usted] que los franceses en su presencia en este distrito, multaron á todos

33

“El Sr. Magistrado Don Luís Couto” en La Picota, 1/octubre/1875, núm. 2. 34

Ídem.

18

los propietarios, tocándole á Laureles dar sin recurso dos mil pesos”.35

Sobre la base de

estos antecedentes, Couto propuso que la cantidad fuese reducida a 250 pesos y a la vez,

exigió el pago de 41 mulas que los republicanos se habían llevado.

La hacienda de Laureles en enero de 1866 volvió a ser objeto de discordias, a raíz

del decreto del 21 de diciembre de 1865 que gravó la producción del azúcar y piloncillo. En

consecuencia, los administradores o propietarios de haciendas cañeras debían hacer la

declaración correspondiente para el cobro de derechos y firmar un convenio con La

Comisaría General de Hacienda del Ejército Republicano del Centro, o en su defecto, con la

comisaría del estado.

El general Riva Palacio, recibió cartas del administrador de rentas del distrito

Pantaleón Heimburguer, del guerrillero republicano Darío Alzati, de José Velarde (posible

comisario en el distrito), y del visitador de rentas Severiano Bernal. La cuestión central fue

la discrepancia de criterios sobre la aplicación del decreto y sus consecuencias.

Por otra parte, José Velarde recibió una nota de la Secretaría de Gobierno, a cargo

de Justo Mendoza, en que se le instruía que suspendiera “los procedimientos que había

adoptado contra la hacienda de Laureles”,36

porque la declaración fiscal presentada por el

administrador era muy inferior a lo que debería ser. A Velarde le parecía que con esta

gestión se buscaba suspender los efectos del decreto y pidió instrucciones para obrar de

conformidad.

La información más precisa sobre el negocio la ofreció Severiano Bernal, un

empleado subalterno que por tener ese carácter se dirigió a Riva Palacio de manera no

oficial. En primer lugar refiere, que a su parecer el administrador de Laureles declaró una

cantidad inferior a la que por lo regular se obtenía en cada zafra sobre la producción del

azúcar y piloncillo, pero como el decreto que imponía contribuciones sobre dicha

producción, no otorgaba facultades a los empleados para rechazar las manifestaciones

formuladas por los administradores, se le tuvo que admitir.

Así pues, se procedió a tasar las cantidades y los plazos del convenio, a lo que el

administrador repuso que no contaba con numerario para finiquitar el primer pago y solicitó

una espera para establecer con Velarde un arreglo definitivo que fuese satisfactorio para

35

Couto a Riva Palacio (8/marzo/1865) en Biblioteca del Museo Michoacano, Fondo Vicente Riva Palacio,

Legajo I, carta núm. 9. 36

Velarde a Riva Palacio (26/enero/1866) en Ibíd., Legajo II, carta núm. 155

19

ambas partes. Se cumplieron los tiempos y a la oficina nada se ingresó, porque según un

representante de la hacienda, el señor Velarde nada resolvió, pero el apoderado propuso un

nuevo plan de pagos, el cual se aceptó por las circunstancias apremiantes a causa de la

guerra, aunque con el riesgo de ser amonestados por Agustín Linarte, comisario general del

ejército en materia de hacienda, ya que no se tenían facultades para otorgar prórrogas.37

Se cumplió con el primer pago, pero luego se presentó la comunicación de la

Secretaría de Gobierno en que se ordenaba se suspendiera todo el procedimiento, por

considerar que la comisaría había hecho una cotización muy baja. Para Bernal en dicha

orden mediaba la calumnia, ya que vecinos del lugar le aseguraban que en el asunto estaba

la mano de Couto, a lo que Bernal daba credibilidad, pues aquél tenía por costumbre

entorpecer los trabajos de la hacienda pública, como lo demostraba el hecho de que era

deudor de 13 mensualidades de contribuciones como propietario de la hacienda del Bosque,

además, en su carácter de empleado, refiere el visitador, se le había denunciado como

clandestina la venta de dicha hacienda a favor de Couto. A éste, se le pidió oficialmente la

escritura de venta y verbalmente respondió que los franceses se la habían robado. Por

último, Bernal estima que cree estar cumpliendo con su deber, “pero si mis trabajos no

merecen la aprobación de V.”,38

que así se lo hiciera saber para omitir todo procedimiento

contra Couto, y si por el contrario le manifestaba su apoyo, y ante alguna acción de Couto

contra la ejecución de sus obligaciones como empleado, el visitador de rentas propuso que

estaba dispuesto a rendir informe justificado, para que la opinión sobre el general Riva

Palacio quedase a salvo de la maledicencia. Al parecer, por las evidencias con que se

cuenta, el afamado general, novelista e historiador nunca contestó.

El prurito sobre la aplicación correcta del decreto, escondía desde nuestra

perspectiva otros intereses. Por un lado, se favorecía a los hacendados con la suspensión

momentánea del decreto de marras por el enredo burocrático, y por otro, una disputa de

jurisdicciones entre la comisaría general del ejército republicano y la del estado de

Michoacán. En este conflicto habrá que tener presente que Justo Mendoza, secretario de

gobierno, fue pariente político de la familia Alvírez González, propietarios de una hacienda

en la región cañera de Puruarán. Sin embargo, las fuerzas republicanas no podían operar sin

37

Severiano Bernal a Riva Palacio (26/enero/1866), en Ibíd., Legajo II, carta núm. 156. 38

Ídem.

20

recursos y aguardar a que se pusieran de acuerdo los burócratas, ante ese apremio, la

separación de ambas entidades recaudadoras favorecía a algunos hacendados y perjudicaba

a otros. Para Agustín Linarte debía haber un solo criterio de aplicación y una única

instancia recaudadora, y así se lo manifestó a Riva Palacio con antelación a los hechos,

recomendando que ambas comisarías estuvieran reunidas aunque fuese interinamente,39

idea que no convencía del todo a Mendoza.

Los redactores de La Picota recusaron como una vulgar mentira la aseveración de

que Couto no hiciera frente a las situaciones difíciles, y estimaron como prueba

incontrovertible, el hecho de que siendo el aludido diputado federal en el año de 1857, ante

el golpe de Tacubaya, aquél de manera rauda se dirigió a Zitácuaro para organizar una

fuerza armada con el propósito de defender la Constitución y a Juárez.40

Esta afirmación en el artículo defensor de la honorabilidad de Couto no deja de

causar cierta extrañeza, tanto el ministro como González Urueña formaron parte del primer

congreso constitucional de la unión, y ante la posibilidad de ser amonestados aquellos

diputados que sin causa justificada se habían ausentado del Congreso, González Urueña

presentó la proposición, siendo aprobada, que entre tanto Couto se reintegraba al pleno, se

llamara a su suplente (Joaquín Degollado).41

En consecuencia, lo expresado sobre el

patriotismo combatiente de Couto carece de sustento.

Obligado por las circunstancias, Couto, envió unos remitidos al periódico oficial,

con el objetivo de hacer un desmentido público, al considerarse víctima de las iras y

difamación de los editores de La Escoba, máxime que ignoraba el motivo de tanto encono,

y también, para diferenciarse del tono y la tonada de sus defensores. Aclaró en primer

término, que no era redactor de La Picota, y en seguida refiere que llevó escrupulosas

cuentas cuando estuvo como subordinado del general Vicente Riva Palacio, y que la glosa

de las mismas correspondía a la federación. Es más, agregó para el escrutinio público, que

en el desempeño del cargo fue frecuente que lo hiciera sin salario alguno, derivando su

situación personal en verdaderamente crítica, pues el enemigo lo había dejado pobre,

pobrísimo. Para el calumniado, el fin de la guerra significó la posibilidad de retirarse a la

39

Agustín Linarte a Riva Palacio (7/enero/1866), en Ibíd., Legajo II, carta núm. 109 40

“El Sr. Magistrado Don Luis Couto” en La Picota, 1/octubre/1875, núm. 2. 41

Felipe Buenrostro, Historia del primer congreso constitucional de la República Mexicana (1857), Tomo I

México, Imprenta Políglota, 1874, p. 160, sesión del 22/octubre/1857.

21

vida familiar, su viva e íntima satisfacción, pues confiesa que “restituido al lado de mi

familia permanecí, hasta que los malhadados vaivenes políticos, aunque de diverso género,

me arrancaron, casi por fuerza, del goce de los placeres sencillos, á que estuve habituado

toda mi vida, para arrojarme en el oscuro torbellino de una política que nada tiene de

apacible y casi nada de justa ni decente”.42

Por último, en su descargo, solicitó testimonio al contador de glosa (Manuel

Castañeda) y a su ex colaborador (Juan Antonio Lerdo de Tejada), sobre su rendición de

cuentas como Tesorero General del Estado, los interpelados lo concedieron y le exculparon

de cualquier acusación. Ambos personajes sostuvieron que el único documento faltante en

la integración del informe fue el recibo de honorarios que como ex gobernador Justo

Mendoza no había hecho entrega, por encontrarse en la ciudad de México en sus funciones

de diputado federal.43

Respecto a su actuación política, Couto hizo referencia a hechos pasados pero de

enorme relevancia para la comprensión de la historia política del estado. Hace público que

Berriozabal, ministro de guerra en 1863, lo hizo venir a Morelia sin darle a conocer el

motivo y que al llegar se enteró de que Luís Iturbide había rechazado el nombramiento de

gobernador, que de haber sabido el oculto propósito para el cual fue requerido en la ciudad,

nunca se hubiese presentado, pero debido a la insistencia del ministro y por amistad hacia

él, además de la situación comprometida en que se encontraba Michoacán a causa de la

guerra y el vacío de poder, Couto argumenta que prácticamente no tuvo mas alternativa que

aceptar el cargo que se le proponía.44

Pero poco tiempo después se vio precisado a renunciar, porque Juárez había

emitido un reglamento que restringía “hasta la mezquindad” las facultades de los

gobernadores. Para Couto, Michoacán era un estado de condiciones excepcionales como

para ser gobernado con aquel tipo de reglas, y ante la negativa de Juárez de que el estado no

se sujetara a dicho reglamento, en tal circunstancia seguir al frente del ejecutivo carecía de

sentido, pues todo debía ser aprobado por un presidente a más de cien leguas de distancia.

No obstante, para el ex gobernador, en el balance que hace de su breve administración, ésta

tuvo buenos resultados, gracias a que aplicó una prudente política a pesar de que algunos la

42

El progresista, Morelia, Imprenta del Gobierno del Estado, 11/octubre/1875, núm. 454. 43

Ibíd., 30/septiembre/1875, núm. 451, cartas de Manuel Castañeda y Juan A. Lerdo de Tejada. 44

Ibíd., 18/octubre/1875, núm. 456.

22

desaprobaron, pero considera que los logros obtenidos confirman lo acertado de sus

decisiones, tan es así que consiguió la paz en el estado al convencer a la fuerza

insubordinada de Los lanceros de la libertad para que reconocieran al gobierno y se

reintegraran a las filas federales. En el feliz desenlace también intervinieron Nicolás de

Régules, Bruno Patiño y José María Ibarrola.45

Couto sostiene que sus detractores aprovechan la ocasión para señalarlo como

desertor de los puestos públicos en circunstancias difíciles, y antes de pasar a explicarse, se

queja con amargura: “siempre las malas pasiones, siempre los ódios personales han de

decidir de la suerte del infeliz Michoacán”.46

Del cargo de timorato sale al paso diciendo

que su actuación en el año de 1852 constituye una prueba fehaciente de que no rehuye los

problemas difíciles, pues como diputado cayó junto con la legislatura defendiendo la

Constitución de Michoacán contra aquellos que querían imponer a José de Ugarte como

gobernador, y agregó en su defensa, que nunca ambicionó puestos públicos por ser algo

contrario a su personalidad, al definirse en bucólicos adjetivos como: “uraño, montaraz,

cerril salvaje, intolerante, insociable: soy, en suma, un misántropo sin forro”.47

Quizás, esa

misantropía lo haya llevado a no cumplir con sus obligaciones de contribuyente.

MENDIGO DE LEVITA SEGURO LIBERAL DE MISA

En la semblanza que se hizo de la trayectoria de Carlos González Urueña se le

cuestionó que de adulador del gobierno de Epitacio Huerta haya pasado a ser su detractor,

sobre todo cuando éste perdió poder. Y que tampoco podría causar asombro que con tal de

obtener un empleo, González Urueña haya coqueteado con el imperio, pues sólo así podría

entenderse que, durante los acostumbrados esparcimientos de Maximiliano, aquél también

se paseara por el “bosque de Chapultepec para implorar una mirada soberana”.48

Tiempo

después regresó a Morelia con “el rabo entre las piernas” pues había traicionado a la

república,49

y fue Carrillo, compadecido, quien del ostracismo lo rescató. Los redactores de

La Escoba recomendaban a quienes no conocieran la conducta pérfida de González

Urueña, que evitaran tenderle la mano a un alacrán, y después, contritos, sentenciaron: “es

45

Ídem. Couto sostiene que aceptó ser gobernador bajo el establecimiento de un convenio con Berriozabal,

consistente en tener libertad para negociar con los insurrectos y el manejo de la renta pública a cambio de

sostener una fuerza armada y bien equipada. Pero Juárez desaprobó el convenio, sobre todo en lo segundo. 46

Ídem. 47

Ídem. 48

“La Fraternidad y la Picota” en La Escoba, 25/septiembre/1875, núm. 3. 49

“Gacetilla” en Ibíd., núm. 3

23

una lástima que las rameras escriban sobre honor”.50

En conclusión, el fiscal 2° del tribunal

no era un moralizador ni reformador sino un traidor, y aparte de ingrato, un farsante

desvergonzado pues cada domingo se convertía en liberal de misa, y que su actual

resentimiento se debía a que no pudo sacar de diputado federal por el distrito de Pátzcuaro a

su hermano político, Francisco Montaño Ramiro, joven inexperto que mandó todos sus

ahorros para sobornar electores, con lo cual quedaba demostrado, a partir de los trabajos

electorales del fiscal 2° en ese distrito, su deslealtad para con el círculo liberal de

Morelia.51

Lo que los liberales morelianos de oposición pretendieron, en esta coyuntura, fue

una renovación del grupo gobernante (una especie de turno en el poder ejecutivo del

estado), y consideraron la reelección de Carrillo como el punto de inflexión para lograr su

objetivo. Sin embargo, el excesivo protagonismo de González Urueña terminó por

evidenciar sus ambiciones políticas: suceder a Carrillo en la siguiente contienda electoral,

al mismo tiempo que el costo político de su lucha se traducía en quemar prácticamente

todas sus posibilidades futuras. Pudenciano Dorantes más cauto, tuvo un mejor cálculo,

nunca se integró al cuerpo de redactores de La Picota y tampoco, por ejemplo, contestó los

ataques recibidos, ni siquiera la insidia de la época lo alcanzó en el sentido de que se le

asociara con aquéllos en la composición de libelos (no conocemos referencia periodística

que contradiga lo aquí dicho). Así pues, Dorantes mantuvo un bajo perfil, quizás haya

mediado en ello, por otra parte, que había sido electo diputado local, al igual que Néstor

López, su futuro secretario de gobierno.

La elite política ante una disyuntiva, forzada, de tener que escoger o aceptar una

candidatura a gobernador entre Dorantes o González Urueña, preferiría la primera de no

haber más opción, como ocurrió en el porfiriato (la desdibujada candidatura de Manuel A.

Mercado fue la expresión de una exangüe oposición sin el concurso de los notables

lerdistas sobrevivientes). Pero aun así, la falta de arreglo; de consensos entre la elite

50

La Escoba, 14/noviembre/1875, núm. 5. 51

“Mienten y muy que mienten” en Ibíd., 25/septiembre/1875, núm. 3. Anterior a la fecha en que se le hace

esta acusación a González Urueña, La Fraternidad en su gacetilla, desmintió como falsos rumores los que

circulaban acerca de que el fiscal 2° estuviera trabajando un distrito para ser elegido diputado federal,

30/junio/1875, núm. 9. Pero las contradicciones eran frecuentes a lo largo de las páginas del periódico, en otro

número, González Urueña le escribe a Couto, el posible redactor en jefe, que a él le constaba que había

renunciado a la candidatura de diputado federal en un distrito, donde la mayoría de los electores le rogaban

que aceptara el cargo. Ibíd., Remitido, 14/septiembre/1875, núm. 19.

24

moreliana subsistía, no obstante la política de conciliación nacional que impulsaba Porfirio

Díaz. En Michoacán, la política conciliatoria no rendía los frutos esperados, pues Dorantes,

en sus afanes de venganza política, labró un rosario de agravios e inconformidades. Por eso

fue que Díaz, impuso de candidato a gobernador en la elección del año de 1885, a su

compadre, el general oaxaqueño Mariano Jiménez, bajo la expectativa de un largo mandato

(tan es así, que el Congreso del Estado, en la elección del año de 1889, ¡olvidó! reformar,

de nueva cuenta, la Constitución para permitir la reelección, por otro lado, la muerte del

general a comienzos del año de 1892 se interpuso en los deseos del presidente), además de

que la oposición, ahora sí, mostró mayor energía al apoyar a un neoporfirista: José Vicente

Villada, pero de antiguos y cercanos nexos con los inmaculados lerdistas. Díaz,

previamente, había dado los pasos necesarios para lograr su propósito, nombró a Mariano

Jiménez comandante de las fuerzas armadas en Michoacán, y la legislatura le otorgó la

ciudadanía michoacana, condición indispensable para ocupar la primera magistratura del

estado.

EL JUEZ JUPITER

Pudenciano Dorantes, que a la postre sería gobernador (1881-1885), le endilgaron

los epítetos de presuntuoso e ignorante, hombre de escaso talento, y que por lo mismo, el

extravío lo atosigaba, pues en todo veía agravios a su persona. Para sus adversarios,

Dorantes se había convertido en el instrumento del círculo de los manchados: “empeñado

en impedir las elecciones municipales”.52

Su soberbia era producto de los ataques de bilis

que padecía, la que hizo patente cuando se presentó al ayuntamiento el día de la

computación. La corporación sesionaba en calidad de colegio electoral con los regidores

suplentes ya que los titulares estaban en chirona a consecuencia del juez Dorantes. El juez

roca, el juez Júpiter, el juez calsonudo, a gritos demandaba que se aceptara un criminal

expediente que remitía en representación de un presidente de casilla, ante la negativa,

rompió la cubierta del expediente de marras y lo puso sobre la mesa, y con voz arrogante

regañó a los presentes tachándolos de ignorantes.53

Finalmente, los redactores de La Escoba previnieron al gobierno de que desconfiara

de aquellas autoridades tan celosas de su deber. Como se podría verificar en el caso de una

52

La Escoba, 2/septiembre/1875, núm. 1. 53

Ibíd.,10/septiembre/1875, núm. 2.

25

mujer que fue condenada a purgar un año de prisión prestando servicios en el hospital civil,

pero debido a su mala conducta el administrador la puso a disposición del prefecto, sin otra

alternativa, el jefe político tuvo que enviarla a la prisión de mujeres. Enterado el juez

Dorantes ordenó nuevamente su traslado al hospital, sin tener facultades para ello, pues

correspondía al gobierno la vigilancia de los presos sentenciados y un juez no puede

disponer a su arbitrio de aquéllos, especialmente tratándose de “una reo de diez y seis años,

y la malicia de las gentes es tanta, que pueden murmurar de una persona tan grave como el

Sr. Dorantes”.54

Desde luego, la pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto se trataba de la

grave murmuración de la gente metida a periodista?

DE TINTERILLO FALDERO A LICENCIADO EN DISPENSAS

Félix Lemus Olañeta, el moderno maromero,55

así llamado por sus numerosas

protestas y retracciones, alcanzaría el cargo de diputado, no en la república restaurada pero

sí en el porfiriato, fue considerado un tinterillo que vivía a expensas de la desgracia de los

indígenas, al que por sus buenos servicios el Supremo Tribunal de Justicia tituló de

abogado, ganándose el mote en el foro de: el licenciado dispensas,56

por su uso constante

en los negocios a su cargo. Tan impopular era su persona que ni siquiera pudo ser candidato

a diputado suplente, pero eso le suele suceder, decían sus críticos, a quien se humilla ante

ídolos de barro (Carlos González Urueña).57

Este último, tiempo después, en un diferendo

con Lemus Olañeta, confesó que todo cuanto éste era, a él se lo debía.

Los redactores de El Caniculario comentando acerca de la representación política

en el Congreso, jocosamente escribieron: ciertos amigos no pudieron ser miembros de la

legislatura y uno, “hasta lloraba por verse, siquiera de candidato”,58

pero fue compensado

en el erario público, no reprobamos las aspiraciones, pero si que sean justas y por medios

lícitos. Aunque el escarnio mayor corrió a cuenta de los redactores de La Escoba: “Ese

pobre tinterillo/ Ese perro falderillo/ hasta en ladrar desdichado/… tiene el antojo canino/

de morder algun destino”.59

UN FATUO ENTRE LOS FAUNOS

54

“Esto se llama cumplir”, en Ibíd., núm. 2. 55

La Escoba, 10/septiembre/1875, núm. 2. 56

La Escoba, 14/noviembre/1875, núm. 5. 57

Ibíd., núm. 1 y 5. 58

El Caniculario, 30/septiembre/1875, Morelia, Vda. e hijos de Arango, núm. 1. 59

“Ojeadas”, en La Escoba, núm. 3.

26

Antonio Mora, fue caracterizado como un desleal y falto de palabra, pues rompía

sus compromisos declarándose de oposición cuando veía frustradas sus posibilidades de ser

diputado federal, aun así, no dejaba de cultivar relaciones con algunos ministeriales

buscando su apoyo.60

Se le reprochó que se dijera liberal progresista y no se había casado

por lo civil, era a fin de cuentas un petulante pretencioso, un fatuo que se comportaba de

acuerdo al humor con que amanecía. Al licenciado Mora se le cuestionó que se

aprovechaba de los cargos públicos que había tenido, visitador general de escuelas, para

promover sus negocios de abogado, en vez de cumplir con sus obligaciones. Durante el

imperio se organizó una logia y el aludido se destacó como su activo promotor invitando,

nada más y nada menos, que a los jefes republicanos.61

Por otro lado, a Mora le revierten la acusación que se le dirigió a Justo Mendoza,

por parte de los de La Picota, como el autor de la muerte indirecta del político y periodista

de Tacámbaro. Los de La Escoba sostuvieron que por la promesa de una curul, Mora

“desempeñó en una época el papel de verdugo para matar á D. Antonio Espinosa”.62

Lo

cierto del caso, sin haber más evidencias, fue que Espinosa murió de tifoidea con

complicaciones de gangrena, pero para los redactores de La Picota, la penuria en que aquél

se encontraba para conseguir medicamentos quizás haya acelerado su deceso, y le

reprocharon a Mendoza que no haya tenido conmiseración, pues si bien Antonio Espinosa

tuvo “faltas y locas ambiciones”, éstas tampoco eran ajenas en Mendoza.63

Para ayudar a la

familia del finado Espinosa, se abrió una suscripción de donativos, a la que no se

inscribieron Mendoza ni W. González, en cambio, Antonio Mora sí lo hizo.64

Al promotor de la logia imperial, igual que a los demás, se le exhibe como un

resentido, pues el prefecto de Puruándiro se opuso a su candidatura como diputado al

Congreso de la Unión y desde entonces la hidrofobia lo consumía.65

En las cervecerías

acostumbraba zaherir a Rafael Carrillo, cuando éste le dio un empleo, dejó de hacerlo. A

los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia los invitan a que hagan memoria sobre

60

Justo Mendoza, “La prisión del Ayuntamiento”, en La Escoba, 10/septiembre/1875, núm. 2. 61

“Mienten y muy que mienten”, en Ibíd., núm. 3. 62

Ibíd., 25/septiembre/1875, núm. 3. Antonio Espinosa fue un connotado político que en las elecciones del

año de 1871 comandó la oposición contra la camarilla de Justo Mendoza, en ese momento Antonio Mora

estuvo coaligado con este último y fue premiado con un escaño en la legislatura local. 63

La Picota, 18/septiembre/1875, núm. 1. 64

El Progresista, 22/septiembre/1873, núm. 240 y 2/octubre/1873, núm. 243. Espinosa falleció el 20 de

septiembre de 1873. 65

La Escoba, 14/noviembre/1875, núm. 5.

27

quién, en tiempos recientes, los había calificado como un cuerpo de momias, pues en

opinión de Mora: Pascual Ortiz de Ayala era un inepto, Manuel Valdez un mandria,

Vicente Domínguez un traidor y Vicente García Leyva un indolente (aficionado al juego de

billar). Y para dar la estocada final a la vida privada de Mora se le advirtió que no

presumiera de control de apetitos y de abstemio, pues también se embriaga, “hasta el punto

de que no va rectamente hacia su domicilio, que frecuentemente no es su hogar”.66

EL PODER DE LAS LAGRIMAS DE UNA MUJER HERMOSA

El nivel de la confrontación había llegado a la bajeza, la vida privada se ventilaba en

público, pero con anterioridad a los ataques a Mora, los redactores de La Picota insinuaron

que Mendoza, aparte de crápula, era un lascivo, pues dijeron que valiéndose de su cargo

había exonerado a un empleado defraudador de la tesorería ante los ruegos de clemencia de

la hija del inculpado, el móvil: “¿cómo resistir[se] á las lágrimas de una mujer hermosa?”.67

Los opositores a Mendoza sostuvieron que mediante un corte de caja ordenado por

Luís Couto se corroboró un faltante de 64 pesos, pero que la acción de la justicia no siguió

su curso porque Mendoza dispuso la suspensión de toda providencia y más tarde le pidió la

renuncia al tesorero, y lanzaron la pregunta a la voz pública sobre quién, por su conducta,

debería ser juzgado: “¿el tesorero honrado ó el comprensivo exgobernador?”.68

Al comprensivo ex gobernador le dedicaron unos versos: “Ese viejo rabo-verde /

Que a todos insulta y muerde, / Juzgándose inmaculado, / Cuando es tornasolado: / Ese

golilla que viste / Del magistrado la toga / Y por los beodos aboga / ¿Cree que nada le

resiste? / ¡Vaya un chiste!”.69

El escándalo fue mayúsculo. Mora (el supuesto versificador) ni se inmutó, no así

Justo Mendoza. Quizás hayan influido razones de noble cuna, el primero fue hijo del

mayordomo de carros del ayuntamiento, en cambio, doña María Jesús Alvírez González y

Mobellán de Mendoza, no descendía de ningún palafrenero.

Como se puede observar, la vulgaridad contradecía al espíritu ilustrado. El periódico

El Caniculario, cuando hizo su aparición conminó, sin resultados, a que las partes se

condujesen con circunspección y el debido respeto: la oposición y los ministeriales se han

66

“Hasta aquí”, en La Escoba, 11/diciembre/1875, núm. 6. 67

“El Sr. Magistrado don Luís Couto”, en La Picota, 1/octubre/1875, núm. 2 68

Ídem. 69

“Miradillas”, en La Picota, núm. 2.

28

puesto en el lodo, lo que nos avergüenza es que se digan liberales, que hayan sido

funcionarios públicos que no hace mucho predicaban la unión y la moralidad y hoy, el

vocabulario de los presidiarios es lo que los distingue, la sociedad no merece tal infamia,

(no obstante la recomendación, dicho periódico se definió como el “azote de la perruna

gente”). Y sus redactores le recriminaron a La Picota que los cargos imputados a Mendoza,

causaban pena, pues aun concediendo que fuesen ciertos, formulados con tan soez lenguaje

se ofendía a la sociedad. En el mismo tenor se pronunció El Demócrata al comentar el

segundo número de La Picota (pero en sus páginas fue bastante crítico y mordaz con

algunos prefectos y administradores). Preocupados sus redactores, hicieron un llamado al

partido liberal y al gobierno para que se reconviniera con prudencia a los autores de

aquellos impresos cuyo nivel sólo denigraba a las instituciones, y sentaba un mal

precedente para la libertad de prensa.70

Justo Mendoza interpeló a Juan Antonio Lerdo de Tejada para que diera testimonio

sobre la supuesta causa de exoneración del empleado defraudador.71

La respuesta de Lerdo

de Tejada constituye un interesantísimo manejo de la coyuntura política y un cálculo bien

meditado del alcance de sus palabras. Éste, fue hijo de Francisco Lerdo de Tejada, Tesorero

General y jefe de hacienda federal en los tiempos del huertismo (1858-1862), por tanto, un

enemigo de los mendocistas. En la elección de 1871, la probidad de su padre se puso en

entredicho por los periódicos El Telégrafo y El Sufragio, la causa: su nominación para

diputado federal por el distrito de Morelia. En esa elección los liberales michoacanos se

habían divido en Juaristas y Lerdistas (Antonio Mora y Justo Mendoza en este momento

estuvieron coaligados). Juan Antonio Lerdo de Tejada se dirigió a Mora, considerado por la

voz pública como el redactor en jefe del Sufragio, y le demandó, apelando a su honor de

caballero, el nombre del autor del artículo infamante, en caso de negativa, le advirtió que se

vería en la penosa necesidad de dar a la publicidad la carta que le enviaba, en razón de que

un articulista que guarda el anonimato refugiándose en el editor responsable, aparte de

calumniador era un cobarde.72

70

“La Picota y La Escoba” en El Caniculario, 30/septiembre/1875, núm. 1. “La Escoba y La Picota”, en El

Demócrata, 5/octubre/1875, núm. 1. 71

Por el momento no tenemos conocimiento dónde se haya publicado la carta de Mendoza, pues no hay

testimonio de la misma dentro del acervo hemerográfico local, posiblemente la dio a luz en la Revista

Universal. 72

Remitido de Juan A. Lerdo de Tejada, en Los principios, Morelia, Tip. de I. Arango, 2/julio/1871, núm. 40.

29

Mora contestó que no tenía ningún caso confirmar o desmentir los rumores acerca

de si su persona era realmente el redactor en jefe de El Sufragio, pues el periódico Los

Principios se había dedicado a calumniarlo. En cuanto a que se apelara al honor de

caballero para exigir una respuesta, de ser así, no tendría esa cualidad a quien se quiere

convertir en delator, y que si no fuera porque entendía que el señor Lerdo de Tejada se veía

“lastimado en sus sentimientos filiales”, tomaría como un insulto su misiva, sobre todo

cuando el que le contestaba era incapaz “de violar las conveniencias sociales”.73

Ante la sagaz respuesta, Juan Antonio Lerdo tuvo que reconocer que no obtendría

ninguna explicación, ya que Mora la había sabido eludir “con todo tino y acierto”, y

confiesa que ésa fue su verdadera intención y no la de encontrar a un denunciante, pues

sabía con certeza íntima que el anónimo autor no era otro sino su interlocutor, pero

resignado ante su fracaso, el defensor filial, dio por terminada la agria polémica

sentenciando que Antonio Mora pertenecía a aquella clase de hombres, que entre los

derechos que otorga la ley y las obligaciones que impone el honor, optaban cómodamente

por lo primero.74

Pero muerto Juárez, el panorama político para los lerdistas michoacanos era de

bonanza. De tal manera que Juan Antonio Lerdo de Tejada emplazado por las

circunstancias, tenía que responder a la interpelación de Justo Mendoza, sin ser servil y sin

olvidar agravios, para poner a salvo su carrera pública, máxime que de la facción huertista

ya prácticamente nada quedaba y de que tampoco podía labrar su futuro a la sombra de su

padre.

El remitido en que se da contestación a Justo Mendoza, basa su argumentación en

hechos que Juan Antonio Lerdo de Tejada corroboró en archivos.75

Sostiene que cuando

Couto ocupó la Tesorería General del Estado, él fue su contador y, a mediados de

noviembre de 1868, se recibió una carta de Severiano Bernal, visitador general de rentas, en

que se denunciaba que un escribiente de esa oficina, en calidad de agente de cobros había

empeñado una letra perteneciente a fondos públicos del estado en la ciudad de La Piedad.

El defraudador admitió su culpa, aunque con atenuantes, siendo remitido a prisión y a

disposición del juez de lo criminal para que se le instruyera proceso por peculado. El 6 de

73

Carta de Mora a Juan A. Lerdo de Tejada (20/junio/1871) en Ídem. 74

Remitido de Juan Antonio Lerdo de Tejada en Ídem. 75

El Progresista, 30/diciembre/1875, núm. 469.

30

abril de 1869, se recibió en la tesorería un auto del juez Celso Romero en que se fallaba por

sobreseimiento el juicio de peculado.

El expediente se trasladó al ejecutivo para su conocimiento y a lo que diera lugar, en

dicho documento, cita Juan Antonio Lerdo, recayó un acuerdo autorizado por usted:

“Queda removido el empleado y en consecuencia dejará de abonársele haber alguno desde

esta fecha…”76

Por lo que respecta al asunto, motivo de la interpelación, si le constaba que

una hija de dicho empleado influyó en Mendoza para que fuera revocada la orden de

prisión, manifestó el interpelado: siendo el empleado de alrededor de 20 años, “no era

posible suponer aquel caso” (desmentido para los de La Picota). En resumen, no había

habido sustracción de fondos de la caja de la tesorería porque Lerdo de Tejada, en su

calidad de contador, era el único que tenía acceso a la misma. Dicho en otros términos, al

empleado defraudador se le había instruido proceso por peculado de fondos de la tesorería

de Instrucción y Beneficencia Pública y no por robo a la caja de la Tesorería del Estado,

como sostuvieron los redactores de La Picota.

Puestas las cosas en su sitio, resultado del examen de hechos que le constaban a

Juan A. Lerdo de Tejada, la posición de Couto se tornó comprometida. Pero su antiguo

contador pasó a exculparlo, pues debido tal vez a un error de memoria por la absoluta

confianza que en él depositó para el manejo de la caja, Couto, “persona de mi alta

estimación y á quien debo mil consideraciones”, estaba confundiendo el presente caso con

otro, cuando recién se hicieron cargo de la tesorería, en que le ordenó aplicar un corte de

caja, y en el que tampoco hubo descubierto alguno.

Sin embargo, la acuciosidad de Lerdo de Tejada para documentar su respuesta, es

aparente o insuficiente, pues para el año en que da cuenta pormenorizada de los hechos, es

difícil de creer que un hombre vinculado permanentemente a los puestos de la Tesorería del

Estado y la Hacienda Federal (generalmente como contador de glosa), no haya tenido

conocimiento de la actuación de los responsables del manejo de fondos públicos. En abono

a la presente observación que aquí se hace, se cuenta con el testimonio del juez y librero

Celso Romero, quien exhortado por el STJ a rendir un informe justificado sobre su

actuación en el proceso seguido contra Ramón Gaona, el empleado defraudador, dijo: Aquí

76

Ídem.

31

en Morelia, el presente juicio causó gran escándalo, pues “circuló de una manera rápida

principalmente entre todos los empleados”.77

En un intrincado proceso, en el que se debatió competencia jurisdiccional entre

jueces sobre procuración de justicia, la primera sala de lo penal del Supremo Tribunal de

Justicia emitió un fallo en el sentido de que la sentencia por sobreseimiento dictada por el

juez de primera instancia de Morelia, no era revisable (porque dicho juez se había

extralimitado es sus facultades) y que el sumario debía regresar al inferior para que

únicamente se practicaran las primeras diligencias y que el juez competente para abocarse a

la causa sería el del distrito de La Piedad,78

donde tuvo lugar el cuerpo del delito.

Ramón Gaona, el escribiente defraudador, en su defensa sostuvo que la

responsabilidad le correspondía al administrador de rentas de aquel lugar, José María de

Portugal, pues había sido éste quien hizo efectivo el cobro del empeño de la letra ante la

petición del indiciado y que si tuvo que recurrir al administrador, esto obedeció a que se

encontraba en una situación de apremio ya que carecía de emolumentos para permanecer

en La Piedad.79

A Portugal se le instruyó juicio por complicidad, siendo finalmente

absuelto, pero aun así, el funcionario debió ser suspendido del cargo y remitido a prisión

mientras se dictaba sentencia, aunque con derecho a fianza.

Sin embargo, a Portugal se le abrió otro proceso por peculado en el juzgado federal

de distrito, obra en archivo la carátula del expediente, lamentablemente, no ha sido posible

su localización.80

Pero además, en el encabezado de la carátula, no es Portugal el único

indiciado, sino también Severiano Bernal, el visitador general de rentas que puso la

denuncia que abrió curso al proceso contra Gaona. De Bernal, como figura pública se sabe

poco, más tarde ocuparía el puesto de tesorero de la oficina de Instrucción y Beneficencia

Pública, pero en los inicios de su carrera se le conoció como un administrador seductor,

77

Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Michoacán (en adelante AHPJEM), Morelia, S1ªP,

1869, Leg. 4, Exp. 6. 78

El juez de letras de la Piedad, Alejo Flores, suscribió una carta de adhesión al imperio y fue juez de paz

durante el mismo, arrepentido, se hizo fiel seguidor del mendocismo. 79

AHPJEM, Morelia, S1ªP, 1869, Leg. 4, Exp. 23. 80

AHPJEM, J1°PMorelia, 1868, Caja 3, Exp. s/n (37), Causa instruida contra José María de Portugal y

Severiano Bernal por ocupación de rentas federales. Cabe hacer la aclaración que el juicio fue instruido en el

Juzgado federal del distrito de Michoacán en el año de 1869, según reza la carátula.

32

pues trabó relaciones con una viuda y la hija de ésta, con la primera se casó y a la segunda

embarazó, razón por la cual se le instruyó proceso por adulterio incestuoso.81

El periódico La Picota hizo un manejo sesgado del caso referido, porque no

pudieron ignorar que Luís G. Alvírez y Ángel Padilla actuaron como fiscales en el asunto y

que los ministros de la primera sala del tribunal avalaron sus proposiciones. Alvírez

cuestionó el proceder del juez Celso Romero porque no era de su competencia instruir la

causa citada (se extralimitó), y en su consideración, el acto de Gaona podría tipificarse

como de robo pero, independientemente de su personal apreciación, correspondería al juez

de La Piedad calificar el ilícito cometido (16 de julio de 1869). Padilla revisó el juicio

seguido por el juez Alejo Flores contra Gaona y Portugal por peculado y complicidad,

mediante el cual se dictó sentencia de prisión para el primero (fue compurgado) y de

absolución al segundo, en razón de que éste no dispuso del dinero ni lo aplicó a un fin

distinto. El fiscal Padilla concluyó su dictamen solicitando a la primera sala, la ratificación

de la sentencia definitiva del inferior en los mismos términos (6 de enero de 1871).82

En

conclusión, no hubo exoneración ni robo a la caja de la tesorería aplicable al escribiente de

marras.

Portugal estuvo casado con una de las hijas de un notable del medio moreliano y

reconocido funcionario público: Luís Ojeda. Éste, padre político de Portugal, como se

estilaba decir en el argot de la época, a la vez lo fue de manera carnal de varios expertos en

la contabilidad de aquel entonces.83

En las inmediatas administraciones del porfiriato, Luís

Ojeda (hijo) ocupó la administración de rentas de Morelia, y, en el gobierno de Pudenciano

Dorantes con especial énfasis, algunos personajes ligados al lerdismo en diferentes

coyunturas, en particular Ángel Padilla (redactor de La Escoba) y Antonio Mora (redactor

de La Picota), padecieron su rigor fiscal persecutorio, a grado tal que tuvieron que recurrir

a la justicia federal en busca de amparo. Lo cierto del caso fue que Portugal nunca estuvo

en prisión, pero independientemente de esto, la lógica haría suponer que de administrador

de rentas pasara a ocupar puestos de mayor jerarquía o mantener la misma condición, y sin

embargo se le ha localizado como un simple receptor de rentas en un apartado pueblo, y

81

AHPJEM, J1°PMorelia, 1859, Caja 3, Exp. 72 82

AHPJEM, Morelia, S1ªP, 1869, Leg. 4, Exp. 23. 83

AHMM, Caja Padrones de 1861, Exp. s/n, Padrón de impuestos sobre manifestaciones de la propiedad,

cuartel 4°, manzana13.

33

también se le volvió a fincar proceso por sospechas de peculado, aunque el fallo del juez

fue de sobreseimiento.84

Para alimentar la especulación quedará, si Ramón Gaona, un

oscuro escribiente, procesado por la suma de 64 pesos (equivalente a dos meses de salario),

fue tan solo un “chivo expiatorio” de la elite política.

LA CORTE DEL ORANGUTAN

La oposición no se quedaba atrás en el manejo de la diatriba. Conocida era la afición

al mezcal de parte de Justo Mendoza y la patrulla (mote popular con que era conocido el

séquito mendocista en sus andanzas bohemias por circos, teatros y cantinas). Por tal motivo

los denominaron una “pandilla de borrachines de levita y aun de bastón”,85

“hombres que

han elevado la embriaguez a rango de virtud”,86

y que ahora pretenden fundar la sociedad

de la templanza, pero “estos ciudadanos no están manchados, porque se lavan por dentro y

por fuera con alcohol”.87

No son otra cosa que sanguijuelas del erario,88

que conciben los

puestos públicos como recompensas a los servicios electorales que prestan.89

La corte de favoritos del gobierno se hizo a la sombra del orangután (mote de Justo

Mendoza), que aparte de ser feo, como hombre público “fué nulo como gobernante y cero

como soldado”.90

En sus correrías por la montaña, cuando la intervención francesa, era el

primero en poner pies en polvorosa, de ese tamaño era el valor del Napoleón de Amatlán,

también conocido como el coronel tapanco, para afrontar situaciones difíciles.91

Pero éste,

no se acostumbraba a su condición de hombre que bajaba de la montaña, así que buscó el

confort y se apropió de una finca, acondicionándola a cuenta del erario.92

Francisco W. González contaba como mejores méritos ser un “corruptor del voto

público”, un terrorista, un “enemigo de la moral y la justicia”,93

era sobre todo un

rencoroso con ínfulas de imprescindible, que atacaba gratuitamente la honorabilidad de los

84

AHPJEM, Morelia, S1ªP, 1880, Leg. 4, Exp. 179. 85

El Demócrata, 9/noviembre/1875, núm. 6 86

La Picota, 15/octubre/1875, núm. 3 87

La Fraternidad, 14/septiembre/1875, núm. 19. La sociedad de la templanza la constituían Gabino Ortiz

(presidente), Justo Mendoza (vicepresidente), Francisco W. González, Manuel Alvírez, Rafael Ahumada,

Ángel Padilla (como vocales) y Gabriel Alvírez (secretario). La Picota, 1/octubre/1875, núm. 2. 88

La Fraternidad, núm. 19 89

La Picota, 11/septiembre/1875, núm. Suelto que anuncia su próxima aparición. 90

“Justo Mendoza”, en La Picota, 1/noviembre/1875, núm. 4. 91

Mendoza se salvó de ir al cadalso cuando fueron sorprendidos en Amatlán los generales José María

Arteaga, Carlos Salazar y otros oficiales por las tropas imperialistas, para ello hubo de esconderse en el

tapanco de una casa. 92

“El Sr. Magistrado don Luís Couto” en La Picota, 1/octubre/1875, núm. 2. 93

“¿Quiénes somos?”, en Ibíd., núm. 1

34

ministros del tribunal, quien si no otro, cuestionaba el editorialista de La Fraternidad,

podría ser la fuente de los dicterios: todo individuo que no sirva de bestia de reata a los

partidarios de W. González son unos manchados, díscolos, y oposicionistas perversos. Pero

no hay que olvidar que “la luna no se afecta porque le ladren los perros”.94

En la pendiente inclinada de la adjetivación, los redactores de La Picota no pararon

en escrúpulos. Ángel Padilla era un bocón vitriólico, Macedonio Gómez un acechador,

Eduardo Ruiz un bolero al servicio de W. González y de Mendoza y a lo más: un

escritorcillo de bodegón, el prefecto Rafael Ahumada un experto en chicharronadas menos

en su deber, Manuel Alvírez González tenía mas parecido a una embarazada que a un

munícipe, por sus incontenibles “ganas de saborear la plata del erario”, sólo así podría

entenderse que hubiera dispuesto de 600 pesos que pertenecían a la instrucción pública para

lograr ser diputado por un inexistente segundo distrito electoral de Morelia,95

el prefecto

Manuel Treviño un cobarde, ladrón y asesino (quien debía su nombramiento a Eduardo

Ruiz y Aristeo Mercado).96

En suma, los inmaculados y W. González eran una inmunda

camarilla, un círculo funesto, causante de la desgracia y todos los males de Michoacán.

El coronel Manuel Treviño, prefecto del distrito de Apatzingán, editó un suplemento

exigiendo la presentación de pruebas a Vicente Villada sobre las acusaciones que le

imputaba. El prefecto de los malos antecedentes hace público que Villada (el Marat

inmaculado) no gozaba de aceptación entre los vecinos del distrito, como lo probaba el

hecho de que no resultó elegido diputado, aun cuando se presentó personalmente en calidad

de inspector de la guardia nacional, ridículo cargo con el que encarcelaba y perseguía a

quienes no eran dóciles con sus miras.97

MAQUIAVELO EN MICHOACAN

94

“Los ministros del Supremo Tribunal de Justicia y sus gratuitos enemigos”, en La Fraternidad,

14/septiembre/1875, núm. 19. 95

La Picota, núm. 1 y 4. 96

Eduardo Ruiz en un remitido (5/septiembre/1875) al periódico oficial, aclara cual fue su papel en la

designación de Manuel Treviño. Relata que los vecinos de Apatzingán buscaron su intermediación para que el

gobernador nombrase como prefecto a Treviño, a Ruiz, sabedor de las convicciones patrióticas de aquél,

además de fiel soldado de la república y hombre conocido y apreciado en la región, le pareció una solicitud

sensata que debía de apoyarse dada la situación de intranquilidad del distrito por la revolución. Y de paso le

recuerda a Villada, autor de los epítetos que utilizaron los redactores de La Picota, que durante la intervención

francesa Treviño estuvo bajo sus órdenes distinguiéndolo con su confianza. El Progresista,

13/septiembre/1875, núm. 446. 97

El Progresista, Suplemento, 20/septiembre/1875, núm. 448.

35

La elección de Manuel Alvírez González como diputado federal le mereció a La

Picota la edición de un extenso y documentado suplemento, en el que a manera de resumen

vertieron sus propios comentarios. Para este periódico las elecciones recién celebradas

fueron un fiel reflejo del círculo funesto, pues los falsos demócratas se atrevieron a formar

un colegio chiquito para satisfacer las patrióticas aspiraciones de una familia, dejando sin

representación a un distrito. Para la oposición, fue un hecho que W. González había

pactado con la comisión de gobernación del Congreso de la Unión, el segundo distrito

electoral de Morelia a cambio de no convocar nuevamente a elecciones en el distrito de

Purépero.98

El pleno del Congreso de la Unión,99

conoció el dictamen emitido por la comisión

de gobernación, favorable a que se convocara nuevamente a elecciones extraordinarias en

el distrito de Purépero, acompañado del voto particular del diputado Enríquez, que sostenía

que la representación política por Michoacán estaría completa con 15 diputados al haberse

ya convocado a elecciones, por tercera vez, para el distrito de Zamora,100

porque en el

supuesto de que se aprobara el dictamen que presentaba la comisión, se tendrían 16.

En la cámara, se oyeron los argumentos de Francisco W. González, integrante de la

comisión, en el sentido de que a Michoacán le correspondía tener 16 diputados como

resultado del aumento de su población. Según sus complicadas cuentas, los datos oficiales

del último censo (618,240 habitantes) más dos rectificaciones que se hicieron en un par de

distritos, la suma total resultante rebasaba los 620,000, con lo cual, según la ley electoral,

habría que agregar un diputado más, por la fracción superior a los 20,000 habitantes que

quedaba, después de haber sido dividido el estado en circunscripciones electorales de

40,000 habitantes de todo sexo y edad.

El diputado Enríquez contra argumentó señalando que no iba a contradecir los datos

proporcionados por su compañero de banca, pero que estaba vigente la ley convocatoria

98

Suplemento al núm. 4 de La Picota, 1/noviembre/1875. La defensa en la tribuna del dictamen por parte de

la diputación michoacana fue una simulación, pues lo acontecido en la cámara fue un arreglo de antemano

pactado. Los de La Picota se basaron en el dicho del diputado Frías y Soto, quien había confesado lo del

pacto. 99

Diario de los debates de la Cámara de Diputados. 8ª Legislatura, Tomo I, Primer periodo ordinario,

México, Imprenta de Francisco Díaz de León, 1875. pp. 142 y 143, sesión 7/octubre/1875. 100

En los distritos de Purépero y Zamora no se verificaron las elecciones extraordinarias a que habían sido

convocados, por tanto, se llamó a una tercera elección en este último distrito, y tampoco se efectuaron.

36

para el 7° congreso,101

y a ella se atenía, pues le parecía bastante lógica, de lo contrario

cada gobernador aumentaría el número de distritos de su estado a su criterio, trayendo por

consecuencia que se falsease la representación nacional.

Más allá del argumento de si la población de Michoacán había aumentado (de ser

así, implicaba reconfigurar el mapa electoral), o de que estuviera vigente la ley

convocatoria del 7° Congreso, o de que se estaba limitando la soberanía de los estados

(intervención de Macedonio Gómez). El punto de fondo del debate consistió en el criterio

de la representación en proporción a la población por distrito electoral, aun si hubiesen sido

correctos los datos censales de González, y correspondiera un diputado más a Michoacán,

de ahí no podría seguirse que a Morelia se le asignasen dos. (En todo caso, la división

económica política ofrecía mejores argumentos, por ejemplo, con el intermitente distrito de

Los Reyes).

Si el censo, al que aludía W. González, de 1868 arrojaba la cantidad de 43,306

habitantes para el distrito electoral de Morelia y el de 1882 la suma de 53,944 y, por otra

parte, tomando en cuenta el número de boletas que se repartieron entre los años de 1872 a

1876: 10,000 para cada elección (el dato sirve como prueba indirecta pues no se cuenta con

censos oficiales para ese periodo), dicha cifra representaba, teóricamente, a los ciudadanos

comprendidos en un distrito de 40,000 habitantes con derecho a votar. Entonces,

independientemente de las rectificaciones realizadas, faltarían para el año de 1875,

partiendo de la media aritmética de 48,625 habitantes, 11,376 para alcanzar la fracción que

daba derecho a otro diputado para el distrito de Morelia.

Si el pleno de la cámara cayó en una trampa, producto de un pacto espurio, habrá

que reconocer el indiscutible talento maquiavélico de W. González para urdir la trama. El

dictamen se desaprobó por 100 votos contra 24 a su favor, y la diputación michoacana se

rasgó las vestiduras defendiendo la soberanía estatal en contra de la mayoría del Congreso

de la Unión, una simulación para los redactores de La Picota, pero en ambas resoluciones

(ya sea el voto particular o la proposición del dictamen), W. González salía ganando, y así,

Manuel Alvírez se convirtió en diputado federal por un inexistente 2° distrito de Morelia.

101

Diario de los debates de la Cámara de Diputados. 8ª Legislatura… pp. 143 y 144. La discusión continuó

en la sesión del 8 de octubre de 1875, p. 148. La convocatoria de 23 de mayo de 1873 estableció en su artículo

2° que los estados elegirían el mismo número de diputados del actual congreso, y en el artículo 4° que en lo

sucesivo no era necesario expedir convocatoria para celebrar elecciones generales. El Progresista,

2/junio/1873, núm. 208.

37

Hecho que vendría a sumarse al rosario de resentimientos de la oposición contra su antiguo

aliado, Rafael Carrillo, al ser éste el responsable de la división del estado en distritos

electorales. Sin embargo, es pertinente señalar el sintomático silencio inicial que guardó la

oposición sobre el mapa electoral, máxime si se toma en cuenta que Félix Lemus Olañeta

fungió como escrutador de la mesa del colegio electoral del 2° distrito y Jesús García

Tinajero, distinguido notable que, además de ser el administrador del periódico La

Fraternidad, fue elector por el mismo distrito. Ambos, en la instalación y sesiones

subsiguientes del colegio, nada dijeron sobre la espuria circunscripción electoral.

Después de la calificación de la elección y la declaración de los electos por el

Congreso del Estado, los rumores no cesaron.102

Los de La Picota siguieron alertando sobre

el peligro inminente de que W. González sería nombrado gobernador por el Congreso (las

licencias otorgadas al titular del ejecutivo, primero por un mes y luego por cuatro, avivaron

la especulación): “Se dice que algunos diputados de la legislatura trabajan porque se

nombre gobernador interino del Estado, durante la ausencia del sr. Carrillo, á D. Francisco

W. González, suponemos que aquellos señores perdieron hasta el sentido común”.103

Ante el temor y la incertidumbre, las críticas sobre el odiado enemigo se

recrudecieron, lo menos que le espetaron fue que si no se le aceptó como prefecto menos

aun como gobernador, que “los liberales lo aborrecen, los conservadores lo detestan”, y le

advirtieron a la camarilla intrigante, que su eventual designación provocaría la guerra entre

los liberales, que se recordara que W. González había sido el inventor del huertismo,

(aseveración hecha para contrarrestar la acusación de que el poder judicial estaba dominado

por antiguos partidarios del general Epitacio Huerta104

). Es más, se dio a entender que W.

González prácticamente había cogobernado con aquél entre 1858 y 1862, y malévolamente

recalcaron que en aquellos días había desterrado a Justo Mendoza y mandado apalear a

Macedonio Gómez a través de un esbirro,105

pasando a segundo plano la responsabilidad de

102

La Picota, 18/septiembre/1875, núm. 1. “Públicamente se dice que Francisco W. González y sus amigos

trabajan activamente cerca del presidente de la república, en el sentido que se declare á Michoacán en Estado

de sitio”. A Carrillo se le concedió licencia por un mes a partir del 20 de noviembre para que pasara a la

ciudad de México y atendiera “asuntos del servicio público”, y se le prorrogó hasta el 28 de abril de 1876,

sustituyéndolo Aristeo Mercado. Decretos 10 y 15 de la Legislatura XVII 1ª, en Recopilación de Leyes,

Decretos, Reglamentos y Circulares del Gobierno de Michoacán, anotada por Amador Coromina, Tomo

XXIII, Morelia, Imprenta Vda. e hijos de Arango, 1887. pp. 11 y 87. 103

La Picota, 15/octubre/1875, núm. 3. 104

“¿Quiénes somos?” en Ibíd., núm. 1. 105

La Picota, 15/noviembre/1875, núm. 5.

38

Huerta. La insidiosa indulgencia, tuvo a manera de respuesta, la mordaz noticia de que el

general Huerta había recibido el sacramento de la comunión,106

y arrepentido de su

anticlericalismo, por aquella lucha de impíos, con creces expiaba sus pecados del pasado.

UNA OVEJA EN LA JAURIA

Los oposicionistas rompieron con Carrillo por su inveterada indecisión, y tampoco

se salvó de los exabruptos de la contienda, aparte de administrador inepto, se le consideró

responsable del infortunio michoacano por su falta de carácter, o complicidad con la

patrulla (los mendocistas), a quienes no supo parar a tiempo y fue complaciente “con el

círculo que mató su prestigio”.107

Los detractores de los inmaculados de la montaña se

sintieron cercanos y con influencia sobre Carrillo, hasta la fecha de las elecciones. Después,

éste sería objeto de un cúmulo de reproches que no reflejaban otra cosa que un agudo

resentimiento contra el que consideraron su aliado, y que, a pesar del apoyo de que fue

objeto, los había desplazado políticamente favoreciendo a sus archienemigos. Carrillo,

incapaz de poner coto a las intrigas de la camarilla de W. González, permitió “que fueran

excluidos de las juntas á que… fue convocado [el partido liberal] para tratar los asuntos

electorales, á la mayoría de los ciudadanos independientes que… no les convenían”.108

La severidad con que juzgaron los redactores de La Picota al candidato que los

decepcionó, llegó al exceso: “cuando se carece de valor civil para afrontar una situación

anómala y penosa, es necesario abdicar”,109

en suma, la otrora alabada bonhomía que

poseía el gobernador como mejor prenda, convirtió a “Carrillo [en] una estoica nulidad”.110

El gobernador Carrillo con licencia ni en su retiro momentáneo, dejó de estar sujeto

al cómico chungueo. Los redactores de El Demócrata, sin ser favorecedores del interino

Aristeo Mercado, dieron cuenta de un inverosímil hecho:

El Sr. Agustín Tena sostuvo dimes y diretes con el sr. Carrillo, de lo que resultó un

duelo terrible, que tuvo lugar en los márgenes del río grande… una causa oculta en

las profundidades del misterio, hizo que a los primeros tiros, sesara el singular

combate y de gusto por este fausto desenlace, se han dado los dos duelistas un

fraternal abrazo… que terminó en banquete.111

106

El Demócrata, 28/diciembre/1875, núm. 13. 107

La Picota, núm. 5 108

“Hipocresía”, en La Picota, 1/noviembre/1875, núm. 2 109

Ibíd., 15/noviembre/1875, núm. 5. 110

“Falsos apóstoles de la libertad y la democracia”, en La Picota, 15/octubre/1875, núm. 3. 111

El Demócrata, 28/diciembre/1875, núm. 13.

39

Todo fue felicidad al calor de los brindis, el ex presidente del Supremo Tribunal de

Justicia Pascual Ortiz de Ayala así como el magistrado Vicente Domínguez otras

cualidades, aparte de la litis, pudieron presumir, el primero cantó un aria y el segundo

exhibió sus dotes de bailarín en ajustados zapatos. Lo increíble de la anécdota, es que el

decano de los liberales Agustín Tena (Mariano de Jesús Torres dixit), por su edad y mentor

de Carrillo, y éste por su educación, se hayan batido a duelo. Lo que sí es dable suponer es

que pudieron tener una acre discusión política, en la que mediaron los reproches de traición,

ingratitud, connivencia y falta de entereza.

El gobernador Carrillo sufrió el embate de ambos grupos, unos y otros criticaron su

falta de estrategia y energía para combatir a los religioneros, pues no se entendía porqué

Carrillo no removía a los prefectos cobardes112

que eran incapaces de asumir el control del

territorio michoacano brindando seguridad, lo que evidenciaba, por otro lado, que de nada

habían servido las facultades extraordinarias que le fueron concedidas en los ramos de

hacienda y guerra.113

Conservar a prefectos inútiles para perseguir gavillas sólo podría

explicarse en función de su habilidad para escamotear el voto en los colegios electorales.114

El periódico El Atalaya, que también redactaron los de la camarilla de Mendoza por el mes

de abril con el propósito de preparar su reelección al Congreso de la Unión, sostuvieron que

112

La Picota, núm. 3 y 15/noviembre/1875, núm. 5. Le reprochan a Carrillo que se le aconsejó a tiempo e

insistentemente, como “necesaria la pronta remoción de los prefectos cobardes”, pues nada bueno podría

esperarse de Rafael Ahumada (Morelia), Albino Fuentes Acosta (“arbitrario e inepto” en Puruándiro), Jesús

Rodríguez (Uruapan), Miguel Saucedo, Manuel Treviño (Apatzingán), Antonio M. Fernández (Ario de

Rosales), Narciso Garcilazo (Coalcomán), Zitácuaro (Juan Pérez), Pátzcuaro, en suma, buena parte de la

prefectura del estado, a excepción de José García Parra (Tacámbaro), Andrés Villegas Rendón, Eduardo Gil

Villamil, aunque resulta contradictoria la distinción, pues este último fue prefecto de Pátzcuaro, y Villegas

Rendón se le había nombrado para el mismo cargo en Zitácuaro por el mes de octubre y a principios de año en

Jiquilpan. También hubo rechazo sobre el coronel Juan Velasco en sustitución de Ahumada por el mes de

septiembre. En fin, resultado de la refriega política renunciaron al finalizar el año: Antonio M. Fernández,

Jesús Rodríguez y el interino Vicente Alcaraz (Puruándiro) y se nombraron para sustituirlos a Jesús Garibay,

Gerardo Chávez, y Máximo Ramos, en el orden respectivo. García Parra al comenzar el mes de noviembre

fue sustituido por Apolinar Juárez. La relación entre este periódico y La Fraternidad a fin de cuentas resultó

estrecha, porque el segundo consideró urgente “que se cambien algunos prefectos que parece por su cobardía

que están de acuerdo…” con los religioneros, 3/junio/1875, núm. 5. 113

La legislatura del Estado le otorgó al ejecutivo facultades extraordinarias desde el 2 de mayo de 1875,

prorrogándoselas hasta el 15 de septiembre, pero prácticamente se gobernó con dichas facultades hasta el 16

de octubre de 1876, con algunos lapsos de intermitencia. Véanse, Decretos 74 (2/mayo/1875), 81

(29/junio/1875) de la Legislatura XVI, y 5 (5/octubre/1875), 12 (13/diciembre/1875), 16 (29/diciembre/1875)

y 30 (26/abril/1876) de la Legislatura XVII 1ª, en Recopilación de Leyes…Tomos XXII y XXIII, op. cit. 114

La Picota, núm. 5

40

al gobierno le había llegado la hora de actuar y ya no de esperar: “las facultades de que hoy

disfruta el gobierno, juzgamos que, no se quedarán escritas, que hará uso de ellas…”115

Sin embargo, impulsar una candidatura alterna –mas bien ardid, a medio proceso

electoral, o bien, que posteriormente Carrillo presentara su renuncia, hubiera significado

abrir un flanco más en el de por sí agrietado partido liberal michoacano, algo que, además,

Sebastián Lerdo de Tejada no se podría permitir dado que un significativo número de

estados de la república estaban presentando problemas entre el ejecutivo y sus respectivos

congresos. A expensas de lo anterior, Lerdo de Tejada fue severamente cuestionado porque

aprovechaba, o inducía, ese tipo de conflictos para remover a los gobernadores que no le

eran afines y así colocar a sus adictos con la mira de asegurar su reelección para el año

siguiente.

Finalmente, la intervención del ejército federal para someter a los religioneros, un

repliegue táctico de la jerarquía católica michoacana (el periódico El Pensamiento Católico

dejó de circular por el mes de junio) y el pronunciamiento en curso de Porfirio Díaz, dieron

cierto respiro, que no tranquilidad, al estado de Michoacán y no hubo necesidad de remover

al ejecutivo. Pero la descomposición de la elite política era un hecho. Los redactores de El

Demócrata fueron premonitorios al sentenciar que ante la inmoralidad política que

prevalecía, se estaban “laxando los vínculos sociales y vendremos á parar en la más

completa disolución”.116

En el mes de noviembre del año de 1876, al día siguiente de la partida de Sebastián

Lerdo de Tejada de Morelia, a su paso rumbo al exilio, renunció Carrillo, y la elite se

consideró independiente al nombrar, a través del Congreso, un gobernador interino (Manuel

G. Lama), pero lo dejaron solo porque la legislatura pasó a disolverse, al cabo de una

semana los civiles se retrajeron y una junta militar se declaró porfirista, sustituyendo al

gobernador anterior por Epitacio Huerta, luego, ante el avance del general Antillón, quien

reconocía a José María Iglesias como presidente de la república, la junta militar y la elite

optaron por ser iglesistas (Couto estuvo a cargo del ejecutivo), breve tiempo después, la

misma junta, nuevamente se convirtió al porfirismo (Felipe Neri Chacón como gobernador,

pero ahora arropado por la elite conservadora y no la liberal), hasta llegar a la coexistencia

115

El Atalaya, Morelia, Imprenta del Gobierno del Estado, 8/mayo/1875, núm. 5. 116

El Demócrata, 9/noviembre/1875, núm. 6.

41

forzada con el arribo de Manuel González como jefe del gobierno. Lo ocurrido tuvo lugar

en el impresionante lapso de dos meses.

Como conclusión de estas páginas, podemos sostener la hipótesis de que el nivel de

confrontación de la elite política moreliana, haciendo uso de la prensa (a la que sólo ella

podía tener acceso) como un recurso para denigrar a sus integrantes en la lucha del poder,

que además fue una práctica generalizada en la mayor parte del país, no solamente

desprestigió a la fracción gobernante sino que también contribuyó a corroer la legitimidad

del orden institucional republicano, lo que hizo aceptable, aun a costa de la ruptura de la

legalidad, un cambio de régimen, es decir, transitar de la competencia abierta inter-elite a

otro de índole unanimista.

Así pues, la afirmación de que la caída de Sebastián Lerdo de Tejada se debió más a

la prensa que a las balas porfiristas, no es una gratuidad. Del examen histórico-político de

la situación michoacana, teniendo presente a la prensa como una instancia de negociación

política de la práctica del sufragio, y ante su fracaso, puede afirmarse que la llegada al

poder de Porfirio Díaz, no fue lo impopular que se nos ha hecho creer, con seguridad no

para su primera presidencia, y quizás tampoco para la segunda, pero el orden sin libertad,

tuvo un costo, el autoritarismo, que se vio reflejado en la involución del sistema electoral, y

por ende, en la no ampliación de la ciudadanía política.