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Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

1

ANÁLISIS A LA PRIMERA ENTREGA DE INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS

CORRESPONDIENTES A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

Septiembre de 2017

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Comisión de Vigilancia

De la Auditoría Superior de la Federación

Unidad de Evaluación y Control

Conclusiones y Recomendaciones a la ASF derivadas del análisis de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016

3

Contenido

Presentación ..................................................................................................................................... 5

1. Conclusiones derivadas del trabajo de análisis a los informes individuales de auditorías ....... 6

1.1 Sobre el cumplimiento del marco jurídico ............................................................................... 6

1.2 Sobre las auditorías practicadas y la cobertura de fiscalización ............................................. 7

1.3 Sobre las observaciones-acciones emitidas ............................................................................. 9

1.4 Sobre las recuperaciones operadas ....................................................................................... 11

1.5 Sobre el informe y su avance en el PAAF 2016 ....................................................................... 12

1.6. Sobre el enfoque de la fiscalización superior ........................................................................ 14

1.7. Sobre la presentación y contenido de los informes individuales de auditorías ..................... 15

1.8. Sobre los temas a valorar en el trabajo legislativo derivados del análisis al IR 2016 ........... 17

1.9 Sobre la atención de la ASF a las preguntas pendientes correspondientes a la revisión la

Cuenta Pública 2015 .............................................................................................................. 25

1.10 Sobre las propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones con motivo de la revisión de la

Cuenta Pública 2015 ............................................................................................................. 59

2. Planteamientos de los diputados miembros de la CVASF a la ASF ..................................... 92

2.1 Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) ........................................................ 92

2.2 Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) .................................. 101

2.3 Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) ................................................... 107

2.4 Grupo Parlamentario Nueva Alianza (PANAL) .................................................................... 119

3. Recomendaciones a la ASF y propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones ........... 122

3.1 Recomendaciones al trabajo de fiscalización de la ASF ...................................................... 122

3.2 Propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones ............................................................. 129


5

Presentación

De conformidad con lo que se estipula en los artículos 44, 81 fracción III y VII, 82, y 104

fracción X, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y en el

Acuerdo No. CVASF/LXIII/002/2017 de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de

la Federación, la Comisión de Vigilancia, con el apoyo técnico de la Unidad de Evaluación y

Control, elaboró el presente documento, el cual contiene las conclusiones derivadas del

análisis a la primera entrega de informes individuales de auditorías correspondientes a la

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, así como las recomendaciones emitidas a

la Auditoría Superior de la Federación (ASF) orientadas al perfeccionamiento de su labor

fiscalizadora.

En su formulación e integración se consideraron los siguientes materiales documentales:

— Un reporte ejecutivo que da cuenta de los Datos Básicos relacionados con la primera

entrega de informes individuales de auditorías correspondientes a la Fiscalización

Superior de la Cuenta Pública 2016.

— Cinco documentos de evaluación general de la primera entrega de informes

individuales de auditorías correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta

Pública 2016 de cuatro grupos funcionales: gobierno (que incluye al sector hacienda

y crédito público), desarrollo social, desarrollo económico y gasto federalizado.

El documento consta de tres secciones: en la primera se presentan las conclusiones en torno

al cumplimiento de los ordenamientos legales y normativos del Informe y a los aspectos

fundamentales de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 (cobertura de la

fiscalización, observaciones-acciones emitidas, y resarcimientos determinados). Asimismo,

se señalan conclusiones sobre la consistencia del Informe con el Programa de Auditorías

correspondiente; el enfoque de fiscalización seguido por la ASF; la presentación y contenido

del Informe, y diversos temas que la ASF pone a consideración para el trabajo legislativo.

El segundo apartado incluye los comentarios y cuestionamientos que la Comisión emite a

la ASF con motivo del análisis de los resultados del Informe, así como las opiniones que

emiten otras comisiones ordinarias sobre el contenido del Informe del Resultado. En tanto

que en el tercer apartado, se presentan siete recomendaciones formuladas por la Comisión

a la ASF para mejorar la labor fiscalizadora, así como diez propuestas de auditorías, cuatro

propuestas de evaluaciones y siete propuestas de estudios para que la ASF valore su

incorporación al programa de auditorías, en el marco de su autonomía técnica y de gestión.


6

1. Conclusiones derivadas del trabajo de análisis a los informes individuales de

auditorías

1.1 Sobre el cumplimiento del marco jurídico

Con base en el análisis técnico y normativo de los 502 informes individuales de

auditorías, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) considera que existen los

elementos técnicos suficientes para concluir que, en términos generales, las

auditorías practicadas por la ASF a las entidades vinculadas a los grupos funcionales

de Gobierno, Gasto Federalizado, Desarrollo Social y Desarrollo Económico,

atendieron las disposiciones generales establecidas en el marco legal y normativo

aplicable.

Igualmente la UEC considera que dichos informes atienden las disposiciones legales

que regulan la formulación, presentación y contenido de los informes individuales

de auditorías correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016,

de conformidad con lo establecido en los artículos 74 fracción VI y 79, fracciones I y

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los

artículos 1, 2, 14, 15 y 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación (LFRCF).

Asimismo, los informes de auditoría emitidos permiten observar de forma clara sus

criterios de selección, el objetivo, el alcance de cada una de ellas, los procedimientos

de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión (artículo 36, fracción I de la

LFRCF).

Asimismo, los informes individuales de auditoría contienen los resultados de la

fiscalización efectuada (artículo 36, fracción IV de la LFRCF).

También la ASF dio cuenta a la Cámara sobre las observaciones, recomendaciones

y acciones promovidas, así como la imposición de las multas y demás acciones

derivadas de los resultados de las auditorías practicadas en la revisión parcial de la

Cuenta Pública 2016 (artículo 37 de la LFRCF).

Las denuncias de hechos (DH) correspondientes a la primera entrega de la revisión

de la Cuenta Pública 2016 no fueron reportadas por la ASF. No se constataron los

nombres de los servidores públicos de la ASF o, en su caso, de los despachos o


7

profesionales independientes que realizaron los informes individuales, ni tampoco

las síntesis de las justificaciones y aclaraciones que las entidades fiscalizadas

presentaron en relación con los resultados y observaciones determinadas (artículo

36, fracciones V, II y VI de la LFRCF, respectivamente).

Se constató que los informes individuales tuvieron un carácter público,

manteniéndose en la página de internet de la ASF, en formatos abiertos (artículo 36,

fracción VI de la LFRCF).

1.2 Sobre las auditorías practicadas y la cobertura de fiscalización

Se constató que derivado de la fiscalización superior parcial a la Cuenta Pública

2016, la ASF reportó la práctica de 502 auditorías, de las cuales 236 fueron de

cumplimiento financiero (47.0% del total); 154 de cumplimiento financiero con

enfoque de desempeño (30.7%); 72 de desempeño (14.3%) y 40 de inversiones

físicas (8.0%).

Se constató que la cobertura de entes públicos fiscalizados de los tres poderes de la

nación (legislativo, judicial y ejecutivo) y órganos autónomos fue de 69 entes

públicos, equivalente a un 21.4% del universo de 322 entes sujetos de fiscalización,

los cuales incluyeron: dos entes del Poder Judicial a quienes se le practicaron tres

auditorías; 61 entidades del Poder Ejecutivo a quienes se les practicó 117 auditorías;

y seis órganos autónomos que fueron objeto de 10 revisiones.

Considerando adicionalmente a las entidades federativas y la Ciudad de México (32,

que fueron sujetas de 159 auditorías), los municipios y demarcaciones territoriales

Realizadas (%) Realizadas (%) Realizadas (%)

Total 1,659 100.0 1,643 100.0 502 100.0

Desempeño 149 9.0 149 9.1 72 14.3

Financiera con enfoque de desempeño 748 45.1 792 48.2 154 30.7

Evaluación de políticas públicas 8 0.5 8 0.5 0.0

Estudios 5 0.3 15 0.9 0.0

Cumplimiento Financiero 605 36.5 527 32.1 236 47.0

Inversiones Físicas 133 8.0 138 8.4 40 8.0

Forenses 10 0.6 14 0.9 0.0

Situación Excepcional 1 0.1 0.0 0.0

Auditorías 20161/

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014-2016

Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Grupo/TipoAuditorías 2014 Auditorías 2015

1/. Primera entrega de informes individuales de auditorías sobre la Cuenta Pública 2016.


8

de la Ciudad de México (153, que fueron objeto de 212 auditorías), así como las

instituciones públicas de educación superior revisadas (una, a la que se le aplicó

igualmente una auditoría), se observó que la cobertura de fiscalización total fue de

255 entes fiscalizados, equivalente al 7.7% de un universo posible de 3 mil 310 entes

susceptibles de ser revisados.

El grupo funcional de Gobierno fue objeto de 41 auditorías a 26 entidades de seis

sectores y órganos autónomos. Particularmente, el sector Hacienda y Crédito

Público, que forma parte del grupo funcional Gobierno, fue objeto de 15 auditorías

practicadas a 8 entidades. El grupo funcional de Desarrollo Social fue objeto de 37

revisiones practicadas a 22 entidades agrupadas en cinco sectores y entidades no

coordinadas sectorialmente. Por su parte, el grupo funcional de Desarrollo

Económico fue objeto de 46 auditorías que fueron practicadas a 22 entidades de 11

sectores.

Gasto Federalizado fue objeto de 378 auditorías, que incluye 367 auditorías a los

estados y municipios y otras 11 revisiones de diversa índole a entidades federativas.

De las 367 auditorías practicadas a los estados y municipios, 126 correspondieron a

las aportaciones federales, 102 a convenios de descentralización, 78 a subsidios, 28

se efectuaron al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, 28 a

la Participación Social y cinco a la Contraloría Social.

Sujetos de Auditoría Universo RevisadoAuditorías

Practicadas% de Cobertura

Total de Entidades Fiscalizadas 3,310 255 502 7.7

Entidades Federativas y Ciudad de México 32 32 159 100.0

Municipios y Órganos Político-Administrativos del

Distrito Federal2,462 153 212 6.2

Instituciones Públicas de Educación Superior 494 1 1 0.2

Subtotal 322 69 130 21.4

Poder Legislativo 2 0.0

Poder Judicial 3 2 3 66.7

Poder Ejecutivo: 305 61 117 20.0

Dependencias 21 16 50 76.2

Entidades Coordinadas Sectorialmente 188 28 31 14.9

Entidades No Coordinadas Sectorialmente 10 3 8 30.0

Órganos Desconcentrados 86 14 28 16.3

Órganos Autónomos 12 6 10 50.0

COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 1/




9

En estas 378 auditorías practicadas a Gasto Federalizado de manera directa por la

ASF, se concluyeron las revisiones programadas de seis fondos y programas (FASSA,

FAFEF, FORTASEG, PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud,

Seguro Popular y FORTALECE) y no se realizó fiscalización ni a las Participaciones, ni

a la deuda de los estados y municipios.

También se constató que dentro de la Administración Pública Federal (APF), los

sectores más auditados fueron: en el grupo funcional de Gobierno, el Sector

Hacienda y Crédito Público con 15 auditorías; en funciones de Desarrollo Social, el

sector Educación Pública con 12 auditorías; y en funciones de Desarrollo Económico,

el sector Comunicaciones y Transportes con 17 auditorías. Las entidades públicas

más auditadas fueron: en el grupo funcional de Gobierno, la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ambas con cuatro

auditorías. En el grupo funcional de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación

Pública (nueve auditorías) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (cuatro

auditorías). En el grupo funcional de Desarrollo Económico, la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes (10 auditorías) y la Comisión Nacional de Agua (ocho

auditorías).

En el Gasto Federalizado las entidades federativas más auditadas fueron: Yucatán,

con 19 auditorías practicadas y Nuevo León con 18 auditorías. Por el lado de los

subsidios y fondos fiscalizados, los más auditados fueron: Subsidio a los Municipios

y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades

Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad

Pública, con 70 auditorías y el Fondo para el Fortalecimiento de la Estructura Estatal

y Municipal, con 45 auditorías.

1.3 Sobre las observaciones-acciones emitidas

Se constató que con motivo de la revisión parcial de la Cuenta Pública 2016, la ASF

determinó 2 mil 087 observaciones que dieron cauce a la promoción de 2 mil 425

acciones, de las que se cuentan 1 mil 116 acciones preventivas (46.0%) y 1 mil 309

correctivas (54.0%). De las acciones preventivas, se emitieron 645 recomendaciones

y 471 recomendaciones al desempeño. Por su parte, de las acciones correctivas, se

contabilizaron 555 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria

PRAS; 584 pliegos de observaciones PO; 140 solicitudes de aclaración SA; 30


10

promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal PEFCF. No se

reportaron multas M.

Se constató que la ASF no informó acerca del número de denuncias de hechos que

presentó ante las instancias correspondientes. Al respecto, el titular de la ASF

explicó que estas acciones se presentarán en cualquier momento cuando se cuente

con los elementos necesarios para tal efecto, de conformidad con lo establecido en

el marco legal.

Las entidades con mayor número de acciones emitidas fueron: en el grupo funcional

de Gobierno, la Policía Federal con 27 acciones promovidas, el Instituto Nacional

Electoral con 13 y el Consejo de la Judicatura Federal con 10 acciones. En el grupo

funcional de Desarrollo Social, la SEP con 105 acciones promovidas (entidad con

mayor número de acciones de la Administración Pública Federal), Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con 32 acciones y SEDESOL junto con el

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia con 25 acciones. En el

grupo funcional de Desarrollo Económico, SAGARPA con 74 acciones promovidas,

SCT con 73 acciones y CONAGUA con 38 acciones promovidas. En Gasto

Federalizado, la mayor cantidad de acciones se presentó en el estado de Michoacán

con 87, seguido de Baja California con 83 y Nuevo León con 82.

Absolutos % Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Auditorías practicadas 1,413 1,659 1,643 502

Observaciones 8,915 6,346 6,491 2,087

Acciones Promovidas 10,871 100.0 8,245 100.0 9,472 100.0 2,425 100.0

Preventivas 6,902 63.5 3,365 40.8 3,942 41.6 1,116 46.0

R 5,299 48.7 2,233 27.1 2,735 28.9 645 26.6

RD 1,603 14.7 1,132 13.7 1,207 12.7 471 19.4

Correctivas 3,969 36.5 4,880 59.2 5,530 58.4 1,309 54.0

SA 783 7.2 1,207 14.6 377 4.0 140 5.8

PEFCF 57 0.5 75 0.9 73 0.8 30 1.2

PRAS 1,321 12.2 1,871 22.7 2,400 25.3 555 22.9

PO 1,798 16.5 1,639 19.9 2,662 28.1 584 24.1

M 10 0.1 88 1.1 18 0.2 0.0

R. Recomendación.

RD. Recomendación al Desempeño.

SA. Solicitud de Aclaración.

PEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

PRAS. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

PO. Pliego de Observaciones.

M. Multa.



OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2013-2016

Concepto2013 2014 2015 20161/


11

En promedio, la ASF determinó 4.16 observaciones por auditoría y promovió 4.83

acciones por revisión. Asimismo, la ASF determinó en promedio, 8.18 observaciones

y 9.51 acciones por entidad fiscalizada.

1.4 Sobre las recuperaciones operadas

Se constató que, respecto de la fiscalización parcial de la Cuenta Pública 2016, a la

entrega de los informes individuales se obtuvieron recuperaciones por 1 mil 581.9

millones de pesos (cifra mayor que los 1 mil 435.5 millones de pesos de

recuperaciones operadas reportadas en el IR 2015), quedando aún por aclarar 21

mil 900.2 millones de pesos, que constituyen las recuperaciones probables, las

cuales sólo pueden hacerse válidas si los entes auditados no presentan la

documentación comprobatoria del gasto observado.

Las recuperaciones operadas provienen en su mayor parte del estado de México (1

mil 294.3 millones de pesos), monto que representa el 81.8% del total recuperado

al 30 de junio de 2017. Por fondo, el 82.4% de las recuperaciones operadas proviene

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (1

mil 303.7 millones de pesos). A nivel de la Administración Pública Federal, el monto

mayor de recuperaciones operadas proviene de la fiscalización de la entidad

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (20.9 millones de pesos).

Cabe señalar que el monto operado de las recuperaciones equivale a 6.7% de las

recuperaciones determinadas.

Por la revisión de las Cuentas Públicas 2000-2015 más lo reportado en la fiscalización

parcial de la Cuenta Pública 2016, se han operado un total de recuperaciones por

117 mil 169.9 millones de pesos. El monto de recuperaciones operadas en dicho

periodo (2000-2016) representa 15.6% de las recuperaciones determinadas (752 mil

022.7 millones de pesos).


12

1.5 Sobre el informe y su avance en el PAAF 2016

De acuerdo con las recientes modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de

Cuentas de la Federación, la ASF realizará 3 entregas de informes individuales de

fiscalización, así como la entrega del Informe General, bajo el siguiente calendario:1

1 Ver Informe General de la Cuenta Pública 2015, página 37, “Comparativo de plazos de Fiscalización”. Febrero 2017, ASF. Asimismo, véase en los artículos 33 y 35 de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Cuenta Pública Probables Operadas Determinadas

Total 634,852.7 117,169.9 752,022.7

20161/ 21,900.2 1,581.9 23,482.1

Subtotal 612,952.5 115,588.0 728,540.5

2015 63,606.4 1,525.2 65,131.6

2014 51,833.8 5,293.5 57,127.3

2013 71,737.2 8,557.9 80,295.1

2012 41,738.9 17,688.7 59,427.6

2011 39,811.6 14,428.2 54,239.8

2010 44,522.5 11,504.0 56,026.5

2009 47,397.5 12,333.5 59,731.0

2008 41,788.5 8,879.9 50,668.3

2007 50,809.6 5,464.7 56,274.3

2006 29,416.8 2,914.2 32,331.0

2005 20,148.0 1,916.2 22,064.1

2004 22,116.7 7,087.1 29,203.8

2003 4,344.4 2,768.1 7,112.5

2002 72,897.0 964.5 73,861.4

2001 8,695.7 11,097.1 19,792.7

2000 2,087.9 3,165.5 5,253.4

RESUMEN DE RECUPERACIONES DETERMINADAS 2000-2016, CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017 (Millones de Pesos)



Junio 2017**

-Primera entrega de Informes Individuales

Octubre 2017**

-Segunda entrega de Informes Individuales

20 de Febrero 2018*

-Tercera entrega de Informes Individuales

-Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalizacion de la Cuenta Pública 2016

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

*Plazo en que vence. **Último día hábil del mes.


13

En la primera entrega, la ASF practicó 502 auditorías: 41 al grupo funcional de

Gobierno; 37 a Desarrollo Social; 46 a Desarrollo Económico; y 378 a Gasto

Federalizado. Del total de los informes que la ASF entregó, 72 son revisiones de

desempeño, 154 financieras con enfoque de desempeño, 236 financieras y de

cumplimiento, y 40 de inversión física.

En el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 2016 (PAAF 2016) el número

de auditorías programadas asciende a 1 mil 863: 145 a funciones de Gobierno; 177

a Desarrollo Social; 223 a Desarrollo Económico; y 1 mil 318 a Gasto Federalizado.

Las 502 auditorías representan un avance del 26.9% del total de las auditorías

programadas en PAAF 2016. Por grupo funcional, las 41 auditorías practicadas a

Gobierno corresponden al 28.3% del total de autorías programas en el grupo; las 37

del grupo de Desarrollo Social representan un avance 20.9% de las programadas en

el grupo funcional; las 46 de Desarrollo Económico representa el 20.6%; y las 378

revisiones de Gasto Federalizado representan un avance del 28.7%.

Es de destacarse que el total de las auditorías practicadas por la ASF en la primera

entrega, están consideradas en el PAAF 2016.

PAAF Inf. Ind. PAAF Inf. Ind. PAAF Inf. Ind. PAAF Inf. Ind. PAAF Inf. Ind. PAAF Inf. Ind. PAAF Inf. Ind. PAAF Inf. Ind.

Total 149 72 749 154 807 236 136 40 14 0 6 0 2 0 1,863 502 26.9

Gobierno 46 28 4 1 77 8 13 4 0 0 3 0 2 0 145 41 28.3

Desarrollo Social 52 24 12 0 96 7 8 6 7 0 2 0 0 0 177 37 20.9

Desarrollo

Económico51 20 3 0 89 7 74 19 5 0 1 0 0 0 223 46 20.6

Gasto

Federalizado1/0 0 730 153 545 214 41 11 2 0 0 0 0 0 1,318 378 28.7

% de avance

respecto al

PAAF

Inf. Ind.: Primer Informe Individual

1/ Se incluyeron 11 auditorías correspondientes a Otras auditorías a Entidades Federativas, todas de inversiones físicas.

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PAAF 2016 y de la Matriz de Datos Básicos de la ASF 2016.

AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN (PAAF) 2016

PAAF vs Primera entrega de los informes individuales.

Estudios TotalGrupo

Funcional

Desempeño

Financiera con

enfoque de

desempeño

Financiera y

de

cumplimiento

Inversiones físicas Forenses

Evaluación de

Políticas

Públicas


14

1.6. Sobre el enfoque de la fiscalización superior

En la fiscalización superior practicada por la ASF a la Cuenta Pública 2016, se llevaron

a cabo 502 auditorías, frente a 1,643 y 1,659 en la fiscalización anual de 2015 y 2014,

respectivamente.

Del total de auditorías practicadas en 2016, 430 fueron de regularidad y 72 de

desempeño; no se realizaron evaluaciones de políticas públicas ni tampoco estudios.

De lo anterior se deriva que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de

regularidad, al representar 85.7% de las revisiones en 2016 (430 de 502 auditorías

practicadas; es decir, 8.6 de cada 10 auditorías fueron de regularidad), de las cuales

236 fueron financieras y de cumplimiento, 154 financieras con enfoque de

desempeño, y 40 de inversiones físicas; no se practicó auditorías forenses. En la

revisión anual pasada se realizaron 14 auditorías forenses y las revisiones de

regularidad significaron el 89.5% de las revisiones totales a la Cuenta Pública 2015.

Auditorías practicadas, 41,

28.3%

Auditorías pendientes, 104,

71.7%

AVANCE DEL PAAF 2016 A LA PRIMERA ENTREGA DE INFORMES INDIVIDUALES

GOBIERNO

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Informe Individual de la Cuenta Pública 2016 y PAAF 2016.

145 Auditorías programadas en el PAAF 2016 para funciones de Gobierno. Auditorías

practicadas, 37, 20.9%


79.1%


DESARROLLO SOCIAL


177 Auditorías programadas en el PAAF 2016 para funciones de Desarrollo Social.


20.6%


79.4%


DESARROLLO ECONÓMICO


223 Auditorías programadas en el PAAF 2016 para funciones de Desarrollo Económico.


28.7%


71.3%


GASTO FEDERALIZADO


1,318 Auditorías programadas en el PAAF 2016 para Gasto Federalizado.


15

Es necesario destacar que el Gasto Federalizado concentró el 85.3% del total de

auditorías de regularidad; es decir, a dicho gasto se le practicaron 367 revisiones (de

un total de 430), de las cuales 214 fueron financieras y de cumplimiento y 153

financieras con enfoque de desempeño. Es importante señalar que a este gasto se

le practicaron casi todas las auditorías financieras con enfoque de desempeño (153

de un total de 154 revisiones) y el 90.7% de las financieras y de cumplimiento (214

de un total de 236 auditorías).

Del total de auditorías de inversiones físicas (40), el grupo funcional Desarrollo

Económico concentró el 47.5% de las auditorías de inversiones físicas (19); Otras

Auditorías a Entidades Federativas el 27.5% (11); Desarrollo Social el 15.0% (6) y

Gobierno el 10.0% restante (4).

Por su parte, sólo el 14.3% de las revisiones practicadas en 2016 fueron de

desempeño (72 de 502 auditorías), porcentaje superior si se compara con el 9.1%

que significó este tipo de auditoría en la revisión 2015 (149 de 1,643 auditorías

practicadas). El grupo funcional Gobierno concentró el 38.9% de las auditorías de

desempeño (28 revisiones); Desarrollo Social el 33.3% (24) y Desarrollo Económico

el 27.8% restante (20).

1.7. Sobre la presentación y contenido de los informes individuales de auditorías

En cumplimiento a las nuevas disposiciones constitucional2 y de la Ley de Fiscalización y

Rendición de Cuentas de la Federación3, la Auditoría Superior de la Federación realizó,

por vez primera, la entrega en tiempo y forma de los Informes de Auditoría

correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016 concluidos

durante el periodo previo al último día hábil del mes de junio.

2 Artículos 79, fracción II de la CPEUM, LFRCF, artículo 35. 3 LFRCF, artículo 35, establece que la Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de

Diputados el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de

la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo

respectivo.


16

La nueva obligación de entregar resultados en tres momentos distintos, fin de junio, fin

de octubre y 20 de febrero acelera el conocimiento por parte de la H. Cámara de

Diputados de los primeros resultados de la Fiscalización Superior. Esto, como lo señala

la ASF, hace más oportuno el conocimiento de datos objetivos respecto al ejercicio de

recursos públicos, así como en torno al funcionamiento de programas y políticas

gubernamentales.

La primera entrega realizada el último día hábil de junio consistió en 502 Informes

Individuales de auditoría; el 27 por ciento del total programado en la revisión de la

Cuenta Pública 2016. Adicionalmente se hizo entrega del documento “Consideraciones

para la Labor Legislativa” y con motivo de la entrega el Auditor Superior, Contador P. C.

Juan Manuel Portal.

En este punto se retoman los datos más relevantes de la numeralia presentada por el

Auditor Superior en su mensaje:

De las 502 auditorías realizadas, 430 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero

y 72 a auditorías de desempeño. En el primer grupo se incluyen 154 revisiones que

abarcan la verificación del logro de metas y objetivos, por lo que se catalogan como

auditorías financieras con enfoque de desempeño.

Del total de los informes presentados, 378 se vinculan con gasto federalizado, 46 con

desarrollo económico, 41 con la función gobierno y 37 con desarrollo social.

Como resultado de estas revisiones se emitieron 2,424 acciones que se clasifican de la

siguiente manera: 1,116 recomendaciones, 583 pliegos de observaciones, 555

promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 140 solicitudes de

aclaración y 30 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

Si se toma en cuenta las recuperaciones operadas entre los años 2009 y 2016, y

añadimos el monto relacionado con las denuncias de hechos presentadas, más lo que

probablemente se recuperará en los siguientes años, se observa un retorno de diez

pesos por cada peso invertido en la ASF.


17

En lo concerniente a los resultados vinculados con la fiscalización de la Cuenta Pública

2016, las recuperaciones ascienden a 1,642 mdp; esta cantidad se incrementará

conforme transcurra el plazo de atención a las observaciones efectuadas.

En lo tocante a las denuncias de hechos, para lo correspondiente a la Cuenta Pública

2016, estas acciones se presentarán, en su caso, en cualquier momento cuando se

cuente con los elementos necesarios para tal efecto, de conformidad con lo establecido

en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

La entrega de Informes Individuales se realizó de manera impresa, en dispositivos

electrónicos y de manera simultánea se subió al portal internet de la ASF con la

posibilidad de ser consultada en línea por todos los interesados.

1.8. Sobre los temas a valorar en el trabajo legislativo derivados del análisis al IR

2016

Propuestas para la conformación del PEF 2018

Los resultados de doce auditorías de desempeño sirven como fundamento para que la ASF

presente a la H. Cámara de Diputados una serie de sugerencias para que sean consideradas

en la conformación del PEF 2018. Dichas propuestas se agrupan en siete apartados: (1)

educación media superior, (2) educación superior, (3) desarrollo urbano, (4) protección

social a grupos vulnerables (5) ciencia, tecnología e innovación (6) asuntos laborales y (7)

gestión del agua:

Educación media superior

Se sugiere que en el PEF se disponga que los subsidios aprobados a las instituciones

de educación media superior para la expansión de la oferta educativa no podrán ser

afectados, a fin de coadyuvar al cumplimiento de la meta del 80% de la cobertura

educativa establecida en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, así como la

cobertura total establecida en la Carta Magna (auditoría involucrada: 142-DS).


18

Se sugiere que en la aprobación del PEF, se incluya un programa presupuestario para

destinar recursos al pago de servicios personales para la operación de los servicios

de educación media superior (auditorías involucradas: 161-DS y 162-DS).

Se sugiere que los recursos aprobados para apoyar el equipamiento de planteles,

contar con personal docente suficiente y actualizado, así como para disponer de

planes y programas educativos actualizados sean ejercidos en esos rubros y, con

ello, avanzar en el cumplimiento de la meta del 80% de cobertura educativa

establecida en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, así como en la

cobertura total prevista en la Carta Magna (auditorías involucradas: 161-DS y 162-

DS).

Educación superior

Se sugiere que en el PEF se disponga que los subsidios aprobados a las instituciones

de educación superior para la expansión de la oferta educativa no podrán ser

afectados, a fin de coadyuvar al cumplimiento de la meta de alcanzar al menos el 40

por ciento de cobertura educativa, prevista en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (auditoría involucrada: 143-DS).

Desarrollo Urbano

Se sugiere que en la aprobación del PEF se disponga que los recursos federales para

la conducción de la política pública del desarrollo urbano y ordenamiento territorial

sean ejercidos para atender efectivamente el mandato de la Ley General de

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

(LGAHOTDU; auditoría involucrada: 385-DE).

Se sugiere que en la asignación del presupuesto se considere la gestión por

resultados y se fortalezca la intervención de los órganos internos de control, para la

comprobación del ejercicio de los recursos (auditorías involucradas: 386-DE; 387-

DE; 388-DE).

Protección social a grupos vulnerables

Se sugiere que en la aprobación del PEF se incluyan recursos para integrar el Registro

Único Obligatorio de las instituciones públicas y privadas que otorgan servicios a la


19

población adulta mayor, a fin de contribuir a garantizar la regulación de todos los

centros de atención para mejorar sus instalaciones, elevar la calidad de la prestación

de los servicios y profesionalizar al personal y, con ello, incidir en el desarrollo

humano integral de este segmento de la población (auditoría involucrada: 274-DS).

Se sugiere que en el PEF se incorpore, como prioridad para la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el fortalecimiento de la coordinación de

la política pública en el país, a efecto de que cumpla su mandato de orientar,

coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas y proyectos que las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) desarrollen en

materia indígena, así como con los gobiernos de las entidades federativas y de los

municipios (auditoría involucrada: 277-DS).

Ciencia, tecnología e innovación

Se sugiere que la asignación de los recursos presupuestarios para proyectos de

infraestructura multianuales se base en sus avances físicos financieros y, con ello,

lograr que se concluyan de manera oportuna (auditoría involucrada: 337-DE).

Asuntos laborales

Se sugiere que la H. Cámara de Diputados considere, para la conformación del PEF

2018, que los recursos asignados a las funciones de inspección, en el ejercicio 2016,

fueron reasignados, observando la normativa aplicable, para otros fines, pero

afectando al mismo tiempo el cumplimiento de los objetivos originalmente previstos

y aprobados por esta soberanía (auditoría involucrada: 378-DE).

Gestión del agua

Se sugiere que en la asignación de recursos, en el PEF 2018, para la atención del problema del

agua se tome en cuenta que el recurso hídrico es considerado como estratégico y está

calificado como un asunto de seguridad nacional (auditoría involucrada: 415-DE).

Propuestas de modificaciones y reformas legislativas


20

La ASF distingue siete temas genéricos que son recurrentes en las inquietudes de los

legisladores. De ahí infiere las correspondientes modificaciones a los ordenamientos

legales:

Recurrencia de observaciones e irregularidades en los tres órdenes de gobierno. La

socialización de la ineficacia e ineficiencia en el ambiente organizacional tuvo su origen en

fallas de control, que son responsabilidad de la dirigencia de las instituciones. La solución

va encaminada a crear un entorno organizacional que conduzca al funcionario a apegarse a

una serie de procedimientos y mecanismos que puedan ser controlados y que se traduzcan

en el cumplimiento de las metas institucionales, por encima de las inclinaciones y objetivos

individuales, esto es, a implementar sistemas de control interno para prevenir la

materialización de riesgos que podrían comprometer el logro efectivo de los objetivos

institucionales, así como afectar el correcto ejercicio de los recursos públicos. La propuesta

de la ASF a la Cámara de Diputados va en el sentido de que la observancia de los

lineamientos de control interno que se definan en el Sistema Nacional Anticorrupción y en

el Sistema Nacional de Fiscalización, forme parte de las disposiciones generales en el

articulado del Presupuesto de Egresos de la Federación y que, por consiguiente, sean

aplicables a todos los entes que ejerzan los recursos asignados en el presupuesto, es decir,

se incluyen a los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, la Unidad de Evaluación y Control recomienda a la CVASF que solicite un

reporte especial (separata) en el Informe Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública

correspondiente, sobre los factores determinantes de las irregularidades recurrentes

observadas, lo cual permitirá enfrentar esta problemática.

Impacto del Gasto Federalizado. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas FAFEF) tiene como objetivos fortalecer las finanzas públicas y fondear

obras y acciones que apoyen el crecimiento económico, desarrollo social y servicios públicos

de los estados. La ASF ha determinado que, a pesar de que el FAFEF representa un apoyo

importante para el financiamiento del servicio de la deuda pública de las entidades

federativas, los recursos se utilizan para resarcir el monto pagado para estos efectos con las

participaciones federales. Esto afecta la transparencia de la gestión del fondo y dificulta su

trazabilidad. La propuesta de la ASF a la Cámara de Diputados es la de plantear cambios

específicos en distintas fracciones del artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal:

En la fracción I, incluir que los estudios, elaboración y evaluación de proyectos,

supervisión y control, deben referirse a las obras de infraestructura financiadas con


21

los recursos del fondo. Asimismo, precisar el alcance del concepto de Infraestructura

física, para lo cual se propone que en ésta se consideren las obras referentes a: las

infraestructuras artística y cultural, deportiva, educativa, social y vial y urbana.

En la fracción II, especificar que la utilización del FAFEF para el saneamiento

financiero debe constreñirse al pago de la amortización de la deuda pública y los

gastos asociados a la misma, de manera directa, en porcentajes a ser determinados.

Asimismo, se propone que se precise el concepto de “acciones de saneamiento

financiero”.

En la fracción III, especificar que el saneamiento de pensiones se realizará mediante

el pago de la nómina de jubilados y pensionados. Por su parte, en cuanto a la reforma

del sistema de pensiones de los estados, se sugiere que se señale que un porcentaje

por definirse del fondo, se destine a incrementar las reservas actuariales.

En las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, establecer un porcentaje para asignar recursos a

los rubros indicados en cada una de ellas.

En la fracción IX, especificar que el financiamiento de pago a estudios, proyectos,

supervisión, liberación del derecho de vía y otros bienes y servicios, se debe

relacionar exclusivamente con las obras financiadas con recursos del fondo.

En el último párrafo del citado artículo, incluir como salvedades de su destino para

erogaciones de gasto corriente o de operación, los casos previstos, expresamente,

en las fracciones I y III.

En adición a lo anterior, la UEC recomienda incorporar un capítulo de transparencia, tanto

de las amortizaciones de la deuda pública, como de los costos de la reestructuración, y

transparentar el pago de dicha reestructura y las comisiones de la misma, así como los

nombres de los comisionistas, directos e indirectos.

Oportunidad en el Gasto Federalizado. La ASF determinó que una de las causas que explica

el incumplimiento de los objetivos de los diversos fondos y programas que integran el Gasto

Federalizado se vincula con la falta de oportunidad en el ejercicio de los recursos, lo que a

su vez es generado por una ministración tardía por parte de las tesorerías estatales.

La propuesta de la ASF a la Cámara de Diputados para mejorar el marco de actuación de

todos los fondos y programas del Gasto Federalizado, va en el sentido de plantear un cambio

a la LGCG en los siguientes términos:


22

En el artículo 69, quinto párrafo, incluir la disposición de que las tesorerías estatales

ministren los recursos provenientes de la Federación, a los entes ejecutores, dentro

de los cinco días hábiles posteriores a su recepción.

La UEC propone agregar en esta propuesta que la violación de esa normativa implique

sanciones punitivas severas, sujetas a un dictamen de la ASF.

Mejora de prestación de servicios ciudadanos. Con el objeto de que se asegure que el

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuente con un cuerpo permanente de

profesionales, calificado y especializado en las actividades que les corresponden y que

contribuya a mejorar la prestación de los servicios, en beneficio de los derechohabientes,

la ASF propone a la Cámara de Diputados que en Ley del Seguro Social (LSS) se modifique el

artículo 286- G, con el fin de establecer un mayor alcance en el Sistema de Profesionalización

y Desarrollo del Personal, para que incluya a los trabajadores con actividades sustantivas.

Participación social en la vigilancia del gasto. La participación ciudadana no ha alcanzado

un nivel de institucionalización generalizado, en parte, debido a que su marco normativo es

disperso, carece de integralidad y su implementación está sujeta, en muchos casos, a la

discrecionalidad de autoridades y funcionarios. Además su tratamiento normativo es laxo y

opcional. En consecuencia la ASF propone a la Cámara de Diputados:

Emitir una Ley General de Participación Social, que impulse y fortalezca el proceso

participativo de la ciudadanía en la gestión, seguimiento, vigilancia y evaluación de

los recursos públicos.

Que en la Ley General de Educación (LGE) se modifique el artículo 65, fracción VII,

con el fin de establecer la obligación de las autoridades educativas en las entidades

federativas de entregar a los Consejos Escolares de Participación Social, al inicio del

ciclo escolar y a la mitad de éste, la información relativa a las plantillas de docentes

que laboran en cada uno de los planteles, adicionalmente a la obligación de hacer

pública dicha información.

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado (SED-GF). El avance que se

tiene actualmente en la implementación y operación del SED-GF es todavía limitado en los

gobiernos estatales y los municipales, por lo que es fundamental desarrollar estrategias

para su fortalecimiento. Por lo tanto, la ASF propone realizar modificaciones a la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en los siguientes artículos:


23

En el artículo 85, fracción I, se propone señalar que la SHCP y el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) serán responsables de

coordinar el proceso de implementación y desarrollo del SED sobre los recursos

federales transferidos. La coordinación deberá abarcar a los gobiernos locales, así

como a las dependencias federales responsables de los fondos y programas.

En el artículo 111, segundo párrafo, se sugiere establecer que el SED será obligatorio

para los ejecutores de gasto, así como para las entidades federativas, municipios y

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

La Unidad de Evaluación y Control propone considerar estas modificaciones como

estratégicas para la labor fiscalizadora.

Impacto ambiental. La ASF identificó que las plagas y enfermedades forestales representan

un gran riesgo para asegurar la protección de los ecosistemas, la provisión de los servicios

ambientales y la productividad del sector. En consecuencia la ASF propone que en el artículo

121 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) se establezca la obligación

de los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos forestales, así

como los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales de informar

a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sobre la conclusión

de los trabajos de saneamiento forestal.

A continuación se especifican en un cuadro-resumen las propuestas de modificaciones y

reformas legislativas que hace la ASF a la Cámara de Diputados, derivadas de la primera

entrega de informes individuales de auditorías correspondientes a la revisión de la Cuenta

Pública 2016:

Continúna…

Ordenamiento Jurídico Disposiciones Propuesta Contribución

Presupuesto de Egresos

de la Federación

Disposiciones

generales

• Incorporar la observancia de los lineamientos de

control interno7 como parte de las disposiciones

generales en el articulado del PEF, y que éstos sean

aplicables a todos los entes (en los tres órdenes de

gobierno) que ejerzan recursos asignados en el

presupuesto.

Fomentar una gestión basada en riesgos, con enfoque en

la prevención, detección y disuasión de actos irregulares,

así como asegurar razonablemente el cumplimiento de los

objetivos.

Recurrencia de observaciones e irregularidades en los tres órdenes de gobierno


24

Artículo 47,

Fracción I

• Incluir que los estudios, elaboración y evaluación de

proyectos, supervisión y control, deben referirse a las

obras de infraestructura financiadas con los recursos del

FAFEF.

Artículo 47,

Fracción II

• Especificar que la util ización del FAFEF para el

saneamiento financiero debe constreñirse al pago de la

amortización de la deuda pública y los gastos asociados

a la misma, de manera directa, en porcentajes a ser

determinados por la H. Cámara de Diputados. • Precisar

el concepto de “acciones de saneamiento financiero”.

Artículo 47,

Fracción III

• Especificar que el saneamiento de pensiones se

realizará mediante el pago de la nómina de jubilados y

pensionados. • En cuanto a la reforma del sistema de

pensiones de los estados, se sugiere señalar que un

porcentaje por definirse del FAFEF, se destine a

incrementar las reservas actuariales.

Artículo 47,

Fracciones IV, V,

VII y VIII

• Establecer un porcentaje para asignar recursos a los

rubros indicados en cada una de estas fracciones.

Artículo 47,

Fracción IX

• Especificar que el financiamiento de pago a estudios,

proyectos, supervisión, l iberación del derecho de vía y

otros bienes y servicios, se deben relacionar,

exclusivamente, a las obras financiadas con recursos del

fondo.

Artículo 47,

Último párrafo

• Incluir como salvedades de su destino para erogaciones

de gasto corriente o de operación los casos previstos,

expresamente, en las fracciones I y III.

Ley General de

Contabilidad

Gubernamental

Artículo 69,

Quinto Párrafo

• Incluir que las tesorerías estatales ministren los

recursos provenientes de la Federación, a los entes

ejecutores, dentro de los cinco días hábiles posteriores a

su recepción.

Favorecer el cumplimiento de los objetivos de los fondos

y programas del Gasto Federalizado.

Ley del Seguro Social Artículo 286-G

• Establecer un mayor alcance en el Sistema de

Profesionalización y Desarrollo del Personal, para que

incluya a los trabajadores con actividades sustantivas.

Mejorar la calidad de los servicios que otorga el IMSS, en

beneficio de sus derechohabientes.

Ley General de

Participación Social Nueva ley

• Impulsar y fortalecer el proceso participativo de la

ciudadanía en la gestión, seguimiento, vigilancia y

evaluación de los recursos públicos.

Evitar la dispersión del marco normativo existente.

Ley General de

Educación

Artículo 65,

Fracción VII

• Establecer la obligación de las autoridades educativas

estatales de entregar a los Consejos Escolares de

Participación Social, al inicio del ciclo escolar y a la

mitad de éste, la información relativa a la plantil la de

docentes que laboran en cada uno de los planteles,

adicionalmente a la obligación de hacer pública dicha

información.

Lograr un mayor acercamiento entre el gobierno y los

órganos de participación ciudadana sobre la calidad de

los servicios educativos.

Artículo 85,

fracción I

• Señalar que la SHCP y el CONEVAL serán responsables de

coordinar el proceso de implementación y desarrollo del

SED sobre los recursos federales transferidos. La

coordinación deberá abarcar a los gobiernos locales, así

como a las dependencias federales responsables de los

fondos y programas.

Artículo 111,

segundo párrafo

• Establecer que el SED será obligatorio para los

ejecutores de gasto, así como para las entidades

federativas, municipios y demarcaciones territoriales de

la Ciudad de México en lo que corresponde a los recursos

federales que les sean transferidos.

Ley General de

Desarrollo Forestal

Sustentable

Artículo 121

• Establecer la obligación de los ejidatarios, comuneros y

demás propietarios o poseedores de terrenos forestales,

así como los titulares de autorizaciones de

aprovechamiento de recursos forestales de informar a la

SEMARNAT sobre la conclusión de los trabajos de

saneamiento forestal.

Generar información relevante para la H. Cámara de

Diputados y la sociedad en general, respecto al

cumplimiento de las normas instituidas por el Estado

mexicano, para efectos de conservación de los recursos

naturales.

Impacto del Gasto Federalizado

El rediseño normativo del FAFEF permitirá que su

aplicación sirva para los objetivos que fue creado, sin

dar lugar a ambigüedades. Reducir la discrecionalidad,

en la priorización de proyectos según el impacto

esperado y a la trazabilidad de los recursos.

Ley de Coordinación

Fiscal

Mejora de prestación de servicios al ciudadano

7/ Se refiere al MICI, revisado y aprobado por la ASF y la SFP, como parte de los trabajos del SNF.

Participación social en la vigilancia del gasto

Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado

Ley Federal de

Presupuesto y

Responsabilidad

Hacendaria

Fortalecer la implementación del SED en las entidades

federativas.

Impacto ambiental


25

1.9 Sobre la atención de la ASF a las preguntas pendientes correspondientes a la

revisión la Cuenta Pública 2015

Con motivo de los trabajos de análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública 2015 y como parte de la conclusiones emitidas sobre el mismo, el

pasado mes de mayo de 2017 se incluyeron las opiniones y los cuestionamientos realizados

por la Diputada Claudia Sofía Corichi García, Secretaria de la CVASF (en representación del

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano) y del Diputado Francisco Javier Pinto

Torres, Secretario de la CVASF; derivado de lo anterior, la ASF remitió a la CVASF las

respuestas a los cuestionamientos referidos, con fecha 18 de agosto, mismos que a

continuación se refieren:

Dip. Claudia Sofía Corichi García (a nombre del Grupo Parlamentario Movimiento

Ciudadano)

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO (Otras Funciones de Gobierno)

Tema: Órganos Constitucionalmente Autónomos (INEGI)

¿Contempla dentro de sus planes realizar en el futuro próximo una auditoría de desempleo

al INEGI, o incluso una evaluación, que nos permita tener conocimiento a detalle sobre la

calidad de los procesos y resultados de la generación de datos?

En el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

(PAAF) 2016 se incluyeron dos auditorías al Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), las cuales se encuentran en ejecución.

La auditoría núm. 122-GB “Sistema Nacional de Información”, que tiene como fin fiscalizar

el cumplimiento de los objetivos y metas de normar, operar, coordinar, evaluar y vigilar el

Sistema Nacional de Información, a fin de suministrar información de interés nacional de

calidad, pertinente, veraz y oportuna, para coadyuvar al desarrollo nacional.

El alcance de la auditoría se enfoca en los procesos establecidos en la legislación para el

INEGI, en revisar el cumplimiento de las atribuciones del instituto de normar y coordinar el

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), y de los objetivos del

mismo, los cuales se relacionan con la producción, difusión, promoción y conservación de

la información de interés nacional. Lo anterior con el fin de revisar el proceso de suministro


26

de información para la toma de decisiones, así como evaluar el grado de avance en la

consolidación del SNIEG.

Esta auditoría proporcionará elementos para emitir un pronunciamiento sobre la calidad de

los procesos del INEGI y los resultados de la generación de datos, de acuerdo con su

mandato constitucional como organismo autónomo encargado de normar y coordinar el

SNIEG.

La segunda auditoría que se está realizando es la 120-GB “Metodología para medir la

pobreza en México”, la cual tiene como objetivo fiscalizar el cumplimiento de los procesos

de captación de información estadística para la medición de la pobreza en México.

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL

Tema: Cruzada Nacional contra el Hambre

A consideración de la ASF ¿Cuál ha sido el avance de la población en pobreza (en términos

de alimentación) derivado de la implementación de la estrategia?

Derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, en la auditoría núm. 278-DS “Cruzada

Nacional contra el Hambre (CNcH)”, se determinó lo siguiente:

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) reportó que en 2015 atendió a 3,631.9 miles

de personas en pobreza extrema alimentaria —población que se caracteriza por percibir

ingresos menores a la Línea de Bienestar Mínimo y tener al menos tres carencias sociales,

entre ellas la alimentación— cifra que representa el 59.5% de la población identificada

(6,099.3 miles de personas) en dicha condición, e incluida en el Sistema de Focalización de

Desarrollo (SIFODE), y el 50.8% de la población objetivo (7,143.9 miles de personas)

estimada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL). No obstante, la SEDESOL no acreditó en qué medida se atendieron las carencias

de la población en condición de pobreza extrema alimentaria identificada, ni la vinculación

de los 46 programas presupuestarios que intervinieron, a fin de erradicar dicha

problemática.

¿Creen ustedes (ASF) que esta estrategia es la adecuada para erradicar la pobreza

alimentaria en México?


27

En 2015, en el marco de la CNcH, la SEDESOL acreditó avances en la focalización de la

población en pobreza extrema alimentaria que pretende atender, ya que identificó y

registró en el SIFODE al 85.4% (6,099.3 miles de personas) de las 7,143.9 miles de personas

que se encontraban en esa condición, según las estimaciones realizadas por el CONEVAL.

Sin embargo, persisten deficiencias que inciden en el cumplimiento de la estrategia de

erradicar la pobreza extrema alimentaria, en los términos siguientes:

Respecto del diseño de la CNcH, se desconoció el presupuesto destinado para su

implementación, y no fue posible verificar la alineación de los 46 programas

presupuestarios que intervinieron en 2015 con el problema público que se pretende

atender.

Por lo que se refiere a la implementación del Sistema Nacional para la CNcH, en

2015, la SEDESOL suscribió acuerdos integrales para el desarrollo social incluyente

con sólo 14 de las 32 entidades federativas, lo que implicó una limitante en el

cumplimiento del objetivo de dichos acuerdos de impulsar el desarrollo social y el

combate efectivo a la pobreza, mediante la coordinación y articulación de recursos

y programas, a fin de abatir la incidencia de carencias sociales de la población y

mejorar su bienestar económico.

Asimismo, el Consejo Nacional de la CNcH no realizó dos de las cuatro sesiones ordinarias

programadas, lo que representó una limitante en el establecimiento de acuerdos para

fortalecer, complementar y mejorar la estrategia y supervisar el avance en el cumplimiento

de los objetivos de la cruzada.

En 2015 operaron 79,279 comités comunitarios, en 821 (81.1%) de los 1,012 municipios que

incluyó la estrategia, lo que implicó que en los 191 municipios (18.9%) donde no se

constituyeron, no se articuló la participación social en la CNcH y en los programas que

convergen. De igual forma, no fue posible disponer del mecanismo de supervisión social del

cumplimiento de los objetivos y la transparencia de las estrategias implementadas.

Por lo que corresponde a la coordinación de los programas de la CNcH, se

desconoció en qué medida los 46 programas que participaron atendieron las

carencias de la población en condición de pobreza extrema alimentaria identificada,

ni su vinculación con las carencias que presentó cada persona, lo que no permite

asegurar que la estrategia conjunte esfuerzos y recursos, ni que se oriente a la

población en pobreza extrema alimentaria, ya que cada programa tiene su propia


28

población objetivo (personas, viviendas, localidades, etc.) y su ámbito de actuación

(nacional, regional, etc.).

Adicionalmente, se careció del avance a 2015, de la meta establecida en el Programa

Nacional México sin Hambre (PNMsH) 2014-2018, de “cero hambre a partir de una

alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional

extrema y carencia de acceso a la alimentación”.

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la persistencia de las deficiencias

en el diseño de la CNcH; en la implementación del Sistema Nacional para la CNcH; en la

coordinación de los programas incluidos en la estrategia, y en su seguimiento y evaluación,

limitaron evaluar en qué medida la estrategia garantiza el acceso a la alimentación y a los

demás derechos sociales a la población que se encontró en pobreza extrema alimentaria,

así como la erradicación de dicha condición.

A consideración de la ASF ¿es viable continuar con la implementación de la CNcH, si se

subsanan las deficiencias que pudiera tener en cuanto al diseño de la estrategia, ésta

cumpliría con las metas y objetivos para los que fue creada?

Derivado de las revisiones realizadas con motivo de la fiscalización superior de las Cuentas

Públicas 2013, 2014 y 2015, la ASF ha reiterado la necesidad de que la SEDESOL, en su

carácter de presidente de la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada

contra el Hambre, perfeccione el diseño de la CNcH, en términos de asegurar que en la

programación de la estrategia se registren los programas presupuestarios que participarán

en su operación; se identifique el presupuesto utilizado en la estrategia, y se establezcan

los indicadores de los programas que participen, para medir su contribución en la atención

de la pobreza extrema alimentaria y las causas que la originan; continúe y concluya la

focalización de su población objetivo, y coordine los programas participantes en la CNcH,

para identificar su imputabilidad en la atención de las carencias sociales, a fin de

erradicar la condición de pobreza extrema alimentaria.

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO ECONÓMICO

Tema: Comunicaciones y Transportes (Ampliación y modernización de la Plataforma

Presidencia y de sus instalaciones de servicios, resguardo y apoyo en el Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México.


29

En el marco del Sistema Nacional anticorrupción (SNA) ¿qué acciones propone la

Auditoría Superior de la Federación (ASF) para evitar que continúen este tipo de prácticas

(inobservancias a los preceptos de la Ley de Obras Públicas y Servicios, sobrecosto en la

ejecución de los trabajos y pagos indebidos) que son ejemplo de opacidad y nula rendición

de cuentas?

Al respecto y en el caso particular de la obra “Ampliación y Modernización de la Plataforma

Presidencial y de sus instalaciones de Servicios, Resguardo y Apoyo en el Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México”, la ASF determinó la necesidad de realizar una nueva

auditoría para la Cuenta Pública 2016, para verificar el pago del finiquito del proyecto y su

puesta en operación. Asimismo, se dará seguimiento a las observaciones emitidas en la

Cuenta Pública 2015, que incluyen 1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad

Administrativa Sancionatoria y 13 Pliegos de Observaciones.

Adicionalmente, es importante mencionar que en lo que respecta a la Cuenta Pública 2016,

el pasado mes de junio la ASF presentó los resultados de la auditoría número 367-DE

“Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de

Servicios, Resguardo y Apoyo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de

México”.

Tema: Sector Energía (evolución de la deuda pública interna y externa de la CFE)

¿Cuál es la opinión en términos de rentabilidad o costo de este esquema (proyectos

productivo PIDIREGAS) para el sector eléctrico?

La ASF a través de su labor auditora, no cuenta con los elementos necesarios para

determinar la relación existente entre los costos y beneficios de los PIDIREGAS, sin

embargo, en las siguientes preguntas se aportan datos precisos sobre la evolución de los

pasivos de CFE.

¿Cuál es la incidencia del esquema PIDIREGAS en el crecimiento de la deuda pública de la

CFE cuyo saldo ascendió a 432,468.1 millones de pesos al 31 de diciembre de 2015, cuando

dicho saldo era de 289,633 millones de pesos en 2011, lo que significó un aumento del

47.2%?

De acuerdo con información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su deuda en 2011

fue de 289,633 millones de pesos, mientras que en 2015 fue de 426,314.3 millones de


30

pesos, de lo que se determinó un incremento de 136,681.2 miles de pesos, lo que

representa 47.2%.

Se aclara que la cifra de 432,468.1 millones de pesos que se menciona en la pregunta incluye

intereses por pagar de 6,153.8 millones de pesos, por lo que la cifra correcta es la de

426,314.3 millones de pesos.

Con base en la clasificación que utiliza la CFE, a continuación se presentan los tres tipos de

deuda que registró en el periodo 2011 a 2015, donde se aprecia que a partir de 2013 ha

disminuido la representatividad de la deuda correspondiente a Proyectos de Inversión de

Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS) respecto

al total. Asimismo, se observa una mayor participación de la deuda condicionada en 2014 y

2015.

Asimismo, en la siguiente tabla se observa que en 2014 se registró una disminución de la

deuda PIDIREGAS, en tanto que la deuda condicionada se incrementó en forma importante

en ese ejercicio y en 2015.

¿Cuál fue el impacto de la fiscalización de la ASF en los proyectos PIDIREGAS?

En la Cuenta Pública 2003 se recomendó lo siguiente:


31

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comunicar con oportunidad

a la CFE cualquier modificación de la normatividad técnica que regule el registro

contable y presupuestal de los PIDIREGAS, a fin de que la paraestatal realice sus

registros contables y presente su información de manera oportuna y adecuada.

A la CFE, conciliar la información correspondiente a los proyectos de inversión

condicionada con los productores externos de energía presentada en los estados

financieros de la entidad, respecto a la que se registra en el Informe Semestral del

Avance Físico y Financiero, Evolución de Compromisos y Flujos de Ingresos y Gastos

de los PIDIREGAS.

En la Cuenta Pública 2004 se recomendó a la CFE:

Considerar la pertinencia de adecuar la normativa aplicable, a fin de definir que los

PIDIREGAS, que durante su vigencia no generen los recursos suficientes para

cubrir sus gastos de operación, mantenimiento y amortización de capital e intereses,

sean reclasificados en los registros contables de las entidades públicas federales y

presentados en los informes financieros y revelados en la Cuenta Pública, bajo la

modalidad correspondiente de pasivo.

En la Cuenta Pública 2005 se recomendó a la CFE:

Evaluar mecanismos de financiamiento alternativos a los proyectos PIDIREGAS

de Inversión Condicionada, que permitan tener derecho a la posesión en propiedad

de los activos, como es el caso de los proyectos CAT (Construir, Arrendar y

Transferir) que la CFE opera en diversos PIDIREGAS de centrales de generación de

energía eléctrica.

Registrar en la contabilidad de forma individual los ingresos, así como los gastos de

operación de cada una de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica de Ciclo

Combinado y de los PIDIREGAS de Inversión Directa.

En la Cuenta Pública 2006, se recomendó a la CFE:


32

Registrar en la contabilidad de forma individual los ingresos atribuidos a cada una

de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica de Ciclo Combinado y de

Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo de Inversión Condicionada.

Reportar en la Cuenta Pública las fechas reales programadas para la entrada en

operación de las plantas CC Altamira V y CC Valladolid III.

Realizar la conciliación entre las facturas pagadas durante 2006, así como en los

ejercicios subsecuentes, por concepto de cargos fijos y variables a las Centrales

Generadoras de Energía Eléctrica de Ciclo Combinado, PIDIREGAS de Inversión

Condicionada, y el monto reportado en la Cuenta Pública del ejercicio

correspondiente.

Registrar en la contabilidad por separado los compromisos de pagos futuros de los

PIDIREGAS, denominados posteriormente Proyectos de Impacto Diferido en el

Registro del Gasto, de cada una de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica

en operación, y los correspondientes al monto de su contingencia real.

En la Cuenta Pública 2006, se recomendó a la Cámara de Diputados:

Que durante los procesos de aprobación de recursos para nuevos PIDIREGAS

dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de los ejercicios

subsecuentes, se tome en consideración que la participación de los Productores

Externos de Energía (PEE) en la capacidad total de generación del país anualmente

ha crecido en promedio de 66.7%, mientras que la participación de la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) sólo creció anualmente en un promedio de 1.2%.

Asimismo, es importante considerar que la participación de los PEE en la generación

de energía total del país creció a una tasa anual en promedio del 91.6%, mientras

que la participación de la CFE decreció a una tasa anual en promedio del 2.5%, lo

que propicia que la CFE dependa de la capacidad y la generación de energía eléctrica

de los PEE, situación cuya tendencia va en aumento.

En la Cuenta Pública 2007, se recomendó a la CFE:

Registrar en la contabilidad por separado los compromisos de pagos futuros de los

PIDIREGAS, denominados posteriormente Proyectos de Impacto Diferido en el


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Registro del Gasto, de cada una de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica

en operación, y los montos correspondientes de su contingencia real.

Señalar en el PEF, de los ejercicios subsecuentes, el estado real que guardan los

PIDIREGAS, reclasificados posteriormente como Proyectos de Impacto Diferido en

el Registro del Gasto, de Inversión Condicionada, en operación.

¿Cómo podría haber ayudado la fiscalización superior en detener el constante incremento

de los pasivos PIDIREGAS?

A través de las recomendación emitidas por la ASF, las cuales se enuncian en la respuesta

previa, se ha buscado generar un ambiente de control adecuado para el seguimiento y

vigilancia de las finanzas públicas de CFE.

¿Se repetirá esta experiencia en los CFE-PIDIREGAS?

La ASF no cuenta con los elementos para determinar las condiciones futuras que imperarán

en la contratación de PIDIREGAS, ni sus resultados.

GRUPO FUNCIONAL GASTO FEDERALIZADO

Tema: Marco Jurídico Gasto Federalizado

¿Cuál es el criterio jurídico considerado por la ASF para fundar y motivar que esta

modificación normativa se establezca en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Coordinación

Fiscal, y no en el Código Penal? ¿Cuál sería la tipificación del delito? Y ¿cuáles serían las

repercusiones de ese delito?

En el caso del Gasto Federalizado, la transferencia de recursos hacia cuentas bancarias

distintas a las de los fondos y programas, así como la falta de entrega de los mismos a los

entes ejecutores, constituye una práctica recurrente, la cual ha sido observada por la ASF

en la fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes. Al respecto, el importe

observado por dichos conceptos fue de 6,106 millones de pesos en relación con la

transferencia indebida de recursos y de 391 millones por recursos no entregados a los entes

ejecutores.


34

Debido a la recurrencia de esas observaciones, al elevado monto que han registrado y con

el fin de coadyuvar a erradicar esa práctica en la gestión del Gasto Federalizado, la ASF

propuso, en el Informe General de la Cuenta Pública 2015, particularmente en su apartado

de Propuestas de modificaciones normativas a la Cámara de Diputados lo siguiente:

Considerar en el marco jurídico correspondiente, que las transferencias de recursos

a cuentas bancarias distintas a las de los fondos y programas, así como los recursos

no entregados a los órganos ejecutores, sean sancionadas penalmente. Asimismo se

establece que los instrumentos a revisar son la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley

de Coordinación Fiscal. Consecuentemente, deberá modificarse el Código Penal y

demás normativa que se estime necesaria, a efecto de definir de manera suficiente,

integral y alineada, las disposiciones que sancionen penalmente dichas conductas.

La tipificación de dichas irregularidades será determinada con base en lo previsto

por la normativa de la gestión de los recursos, así como con la información derivada

de las observaciones determinadas en las auditorías al Gasto Federalizado, que

correspondan con las irregularidades referidas.

En el caso de las transferencias se buscaría sancionar, entre otros hechos, los siguientes:

La transferencia de recursos de las cuentas bancarias de los fondos y programas a

otras, que afecte la transparencia, control, seguimiento y rendición de cuentas.

La no devolución de los recursos a las cuentas de origen de los fondos.

La devolución de los recursos a las cuentas de origen, pero sin la transferencia

de los intereses correspondientes.

En el caso de los recursos no entregados a los entes ejecutores, se buscaría

sancionar:

La falta de entrega de los recursos por parte de las secretarías de finanzas o similares

de las entidades federativas, a los entes ejecutores.

La entrega tardía de los recursos, sin causa justificada.


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La ASF realizó los planteamientos anteriores con el objeto de fortalecer la prohibición de

aplicar fondos públicos a fines distintos a los establecidos, lo cual ya está contemplado en

el artículo 217 del Código Penal Federal, el cuál a la letra menciona lo siguiente: “El servidor

público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta a aquella a

que estuvieren destinados o haga un pago ilegal”.

En este sentido, si bien este tipo de irregularidades ya están consideradas de manera

general en el Código Penal, la ASF considera conveniente que, con el fin de disminuir la

incidencia de las mencionadas problemáticas en la gestión del Gasto Federalizado, la

normativa aplicable a cada uno de los fondos que componen dicho rubro presupuestario,

contenga una referencia precisa a las penas aplicables en caso de contravenir lo estipulado;

tal como está previsto en, por ejemplo, la Ley General de Salud que en su artículo 469 bis

menciona que “…Se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión, y multa de mil a

quinientos mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a cualquier persona que

desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o

especie”.

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL. (Sector Educación Pública)

Dip. Francisco Javier Pinto Torres

¿Cuáles son los mecanismos que la ASF ha recomendado implementar para que los

beneficiarios del Programa Nacional de Becas sean debidamente Identificados y que los

apoyos entregados a través del mismo realmente contribuyan a disminuir el abandono

escolar y el aumento de la eficiencia terminal?

Respecto de los mecanismos que la ASF ha recomendado implementar para que los

beneficiarios del Programa Nacional de Becas (PNB) sean debidamente identificados, en las

auditorías núms. 160-DS “Programa Nacional de Becas en Educación Básica” y 161-DS

“Programa Nacional de Becas en Educación Media Superior”, correspondientes a la Cuenta

Pública 2015, se determinó lo siguiente:

En 2015 la Secretaría de Educación Pública (SEP) no acreditó las gestiones realizadas

para integrar el padrón único de beneficiarios del PNB como medio de registro, solicitud y

respuesta a los beneficiarios, con el fin de evitar duplicidad en el otorgamiento de los

apoyos; contar con información estadística veraz, actualizada y confiable, y facilitar la toma


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de decisiones, así como propiciar la creación de un Sistema Nacional de Becas para ordenar

y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes

provenientes de familias de bajos recursos, en términos de lo establecido en las Reglas de

Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio 2015, y de la línea de acción

“propiciar la creación de un sistema nacional de becas” de la estrategia 3.2.2 del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018.

La ASF recomendó que la SEP, en coordinación con las instancias ejecutoras del programa,

investigue las causas por las que en 2015 no se dispuso de un padrón único de beneficiarios

para la conformación del Sistema Nacional de Becas y, con base en ello, analice la

factibilidad de implementar medidas, a fin de contar con mecanismos adecuados para el

registro de información confiable, oportuna y suficiente que permita la adecuada toma de

decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública.

Asimismo, se identificó que, en el proceso de selección de aspirantes, ninguno de los

padrones de las becas de educación básica y media superior, entregadas por la SEP, el

CONAFE, el INBA, el CONALEP, el IPN, la UNAM y el CETI, incluyó la totalidad de los campos

de información establecida en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información

de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) y no se definieron criterios para la

depuración y actualización del padrón de beneficiarios, en términos de lo establecido en las

Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2015.

La ASF recomendó a las instancias ejecutoras del PNB en educación básica y en media

superior que investiguen las causas por las que los padrones de beneficiarios de las becas

no contaron con la totalidad de la información requerida en 2015, de acuerdo con el

Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas

Gubernamentales y de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, y las

causas por las que no dispusieron de criterios para actualizar y depurar en 2015 los

padrones de beneficiarios de las becas que otorgaron y, con base en ello, analicen la

factibilidad de implementar medidas, a fin de contar con mecanismos adecuados para el

registro de información confiable, oportuna y suficiente que permita la adecuada toma de

decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública.

Respecto al nivel superior, en 2015, se otorgaron 383.3 miles de becas en la modalidad de

manutención de los subsistemas normalista, tecnológico y universitario, sin que la SEP

acreditara que los beneficiarios fueran estudiantes provenientes de hogares cuyo ingreso


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fuera igual o menor de cuatro salarios mínimos per cápita, ni contar con información del

monto del apoyo otorgado a cada alumno beneficiado durante el ciclo escolar 2015-2016.

La ASF emitió un total de 33 recomendaciones al desempeño a la SEP, a fin de que se

replantee el diseño y la operación del programa, para que los subsidios se otorguen a

estudiantes provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor que cuatro salarios

mínimos per cápita, y de medir la contribución del programa en su modalidad de

manutención, en el aumento de la cobertura de la educación superior.

Asimismo, la ASF comunicó al Órgano Interno de Control en la SEP que los servidores

públicos encargados de la operación del programa S243 “Programa Nacional de Becas”

desconocen el número de estudiantes provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o

menor que cuatro salarios mínimos per cápita, los cuales pueden ser beneficiados con una

beca, y la falta de información clara, confiable, oportuna y suficiente sobre el otorgamiento

de las mismas a la población objetivo, ya que dicha omisión pudiera ser constitutiva de

responsabilidades administrativas.

En cuanto a los mecanismos que la ASF ha recomendado implementar con el fin de que los

apoyos del PNB contribuyan a disminuir el abandono escolar y el aumento de la eficiencia

terminal, en las auditorías núms. 161-DS y 162-DS, correspondientes a la Cuenta Pública

2015, se determinó lo siguiente:

• Abandono escolar

Para 2015, ninguna de las instancias ejecutoras del PNB en educación básica y en media

superior dispusieron de información homogénea y consistente para determinar la cantidad

de estudiantes que en algún momento recibieron una beca del programa y que

abandonaron sus estudios o, en su caso, permanecieron dentro del Sistema Educativo

Nacional (SEN), respecto de la matrícula total de estudiantes en esos niveles educativos,

por lo que no fue posible evaluar su contribución en la reducción del abandono escolar

como resultado de las becas otorgadas, ni la medida en que el programa fomentó la

permanencia de la población estudiantil.

En consecuencia, se recomendó que las instancias ejecutoras del PNB en educación básica

y en media superior investiguen las causas por las que no dispusieron de información para

identificar y cuantificar a los beneficiarios del programa que abandonaron sus estudios en


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2015 y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de dar

seguimiento, control y evaluación de las acciones realizadas mediante el programa.

• Eficiencia terminal

Para 2015, ninguna de las instancias ejecutoras del PNB en educación básica y en media

superior dispuso de indicadores ni de información para identificar y cuantificar a los

estudiantes que recibieron una beca y que concluyeron sus estudios o los cursaron de

acuerdo con los tiempos establecidos en el plan de estudios, respecto de la matrícula total

de estudiantes del SEN, en términos de lo establecido en las Reglas de Operación del

Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2015.

La ASF recomendó a la SEP que, en coordinación con las instancias ejecutoras del Programa

Nacional de Becas, investigue las causas por las que no identificó ni cuantificó a los

estudiantes que recibieron becas en 2015, y que concluyeron sus estudios o los cursaron de

acuerdo con los tiempos establecidos en el plan de estudios, de cada una de las

modalidades de las becas que otorgaron las instancias ejecutoras del programa y, con base

en ello, analice la factibilidad de implementar medidas, a fin de disponer de un sistema para

dar seguimiento, controlar y evaluar las actividades realizadas por el programa para

fomentar el egreso de la población estudiantil.

Considerando los resultados de la auditoría al Programa de Inclusión Social en su

Componente Educativo (Educación Básica) ¿Existen instrumentos implementados por la

Auditoría Superior de la Federación para detectar la duplicidad en el otorgamiento de

apoyos entre programas? y ¿cuál fue la respuesta que recibió la Auditoría de la Secretaría

de Educación Pública respecto a la delimitación de autoridades y responsabilidades de la

operación de este programa?

De acuerdo con el numeral 3.7.3.1. “Acciones con otros programas para evitar duplicidad

de apoyos”, de las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, el

Programa se vincula con otras dependencias y entidades paraestatales para asegurar la

complementariedad de acciones con otros programas, facilitar la homologación de criterios

de identificación de beneficiarios y evitar duplicidades en la entrega de apoyos. No se

considera duplicidad en el otorgamiento de becas educativas, cuando el criterio de

selección sea aprovechamiento escolar. Tampoco se considerará que existe duplicidad con

los apoyos otorgados a los prestadores de servicio social como figuras educativas del

CONAFE, ni con los otorgados por los Programas de Becas para Adolescentes Embarazadas


39

o Jóvenes Madres y sus equivalentes en el ámbito estatal, ni con las exenciones de pago por

concepto de inscripción o colegiatura.

En la auditoría 169-DS “PROSPERA Programa de Inclusión Social en su Componente

Educativo (Educación Básica)” se identificó que en 2015 la SEP no realizó la confronta entre

el padrón de beneficiarios del programa en educación básica y el padrón de la beca salario

a su cargo, la cual es una modalidad para educación básica del Programa Nacional de Becas,

a fin de verificar que no se presentaran duplicidades en las becas otorgadas; no obstante

que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (CNPPIS) entregó

a la SEP los padrones bimestrales de 2015 de los becarios de PROSPERA.

Con la finalidad de verificar que no existieran duplicidades en la entrega de los apoyos, la

ASF realizó la confronta del padrón de beneficiarios de PROSPERA con el padrón de la beca

salario. Con la revisión se identificaron 8,050 becarios de PROSPERA que también fueron

beneficiarios de la beca salario en el ciclo escolar 2015-2016; de éstos, en 14 casos los

becarios de PROSPERA se encontraban en Puebla, uno en Zacatecas y uno más en Oaxaca,

lo cual no es consistente, ya que la beca salario sólo operó en el Estado de Morelos, lo que

implica que la SEP no se coordinó con la CNPPIS para evitar duplicidades.

Como resultado de la observación, la ASF recomendó que la SEP investigara las causas por

las que en el ciclo escolar 2014-2015 no realizó la confronta del padrón de los becarios de

PROSPERA de educación básica, con el padrón de la beca salario y, con base en ello, analice

la factibilidad de implementar medidas, para realizar las confrontas de los padrones, a fin

de evitar duplicidades entre los apoyos, y que investigue las causas por las que en el ciclo

escolar 2014-2015 se presentaron duplicidades en la entrega de becas a 8,050 beneficiarios

de PROSPERA de educación básica y de la beca salario y, con base en ello, analice la

factibilidad de implementar medidas, a fin de garantizar que los apoyos de PROSPERA

Programa de Inclusión Social no se dupliquen con los otorgados por otros programas a su

cargo.

En cuanto a la delimitación de autoridades y responsabilidades de la operación de este

programa, se identificó lo siguiente:

Como resultado de la fiscalización, se determinó que las facultades otorgadas a la Oficialía

Mayor en el Reglamento Interno de la SEP no son suficientes ni adecuadas para operar el

componente educativo de PROSPERA, a fin de contribuir al cumplimiento de sus objetivos.


40

En las “Bases de Colaboración” de 2015, firmadas entre la SEP y la CNPPIS, no se incluyeron

mecanismos para el seguimiento y control de las actividades del componente educativo de

PROSPERA, a fin de evaluar el fomento en la inscripción y la terminación de la educación

básica; tampoco se establecieron estrategias de coordinación para disponer de

información del seguimiento a los becarios de PROSPERA, a fin de contar con medios y

referentes para evaluar el fomento en la inscripción y la terminación de la educación básica.

Además, en las reglas de operación de 2015 se estableció que en secundaria el programa

podrá brindar un apoyo a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que obtienen la

certificación de la educación secundaria mediante la acreditación por parte de la SEP del

reconocimiento de saberes adquiridos; sin embargo, no se establecieron los requisitos que

deberían cumplir los becarios para acceder al apoyo; los mecanismos mediante los cuales

la SEP los evaluaría para garantizar el reconocimiento de saberes adquiridos; el monto a

otorgar a cada beneficiario, ni el plazo en el que los apoyos deberían entregarse a los

beneficiarios que cumplieran los requisitos.

Para atender esta observación, la ASF recomendó que la SEP investigue las causas por las

que la operación del componente educativo de PROSPERA está a cargo de una unidad

administrativa que únicamente tiene atribuciones para la gestión y transferencia de los

recursos para la emisión de becas y, con base en ello, analice la factibilidad de implementar

medidas, a fin de que en su estructura organizacional se defina la autoridad y

responsabilidad; se segregue y deleguen funciones, y se delimiten facultades, a fin de dar

seguimiento a los becarios de educación básica PROSPERA Programa de Inclusión Social.

En respuesta, la SEP señaló, mediante oficio núm. 710.2017.40.2-2505 del 31 de marzo de

2017, lo siguiente:

“Se informa a esa autoridad fiscalizadora que el Programa presupuestario S072

PROSPERA Programa de Inclusión Social (PROSPERA) se encuentra a cargo de la

Secretaría de Desarrollo Social por conducto de su órgano administrativo

desconcentrado Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social

con el objeto de combatir la pobreza.

Por tal motivo, la SEP no cuenta con una estructura orgánica para la operación de

PROSPERA, toda vez que se estarían duplicando funciones y estructuras lo cual

violentaría las disposiciones establecidas en el DECRETO que establece las medidas

para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de


41

disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público, así como para la

modernización de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de

la Federación (DOF) el 10 de diciembre de 2012, así como las de los Lineamientos para

la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz

de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del

gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal,

publicado en el DOF el 30 de enero de 2013, que indican que se requiere eliminar y

evitar duplicidades en estructuras, funciones y programas, entre otros para

modernizar el funcionamiento de la Administración Pública Federal, haciendo más

eficiente su operación, mejorando la prestación de servicios a la ciudadanía, lo que

generará ahorros adicionales que podrán reorientarse a los programas prioritarios

para la población.

Lo anterior toda vez que la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de

Inclusión Social es la estructura orgánica, como órgano administrativo

desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social por Decreto publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2014, responsable de formular,

coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución de PROSPERA, así como

de proponer estrategias y acciones para mejorar la educación, la salud, la

alimentación, la generación de ingresos y el acceso a los derechos sociales

establecidos en la Ley General de Desarrollo Social (artículos 2, 3, 4 y 5).

Por lo antes expuesto la asignación de recursos presupuestarios se encuentra en una

unidad administrativa que de conformidad con las Bases de Colaboración suscritas

entre la SEP y la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social,

se encarga de tramitar la instrucción de pago de los recursos previstos por la

Federación en el Ramo 11 Educación Pública, destinados a la emisión de los apoyos

monetarios del componente educativo a las familias beneficiarias de ‘EL PROGRAMA’.

En el Anexo A se adjuntan las Bases de Colaboración 2015.

Para el ejercicio fiscal 2016 en las Bases de Colaboración además de la participación

de la Oficialía Mayor se incluyó la participación de la Subsecretaría de Planeación y

Evaluación de Políticas educativas (actualmente Subsecretaría de Planeación,

Evaluación y Coordinación) por conducto de la Dirección General de Planeación y

Estadística Educativa (actualmente Dirección General de Planeación, Programación y

Estadística Educativa). En el Anexo B se entrega copia de las Bases de Colaboración

2016.”


42

La respuesta y el sustento proporcionados por la SEP se encuentran en análisis por parte de

la ASF, a fin de determinar su suficiencia y pertinencia para la atención de la recomendación

al desempeño.

TEMA: SECTOR SALUD

¿Cuál es el impacto real en la salud de los pacientes por los incumplimientos detectados?

La ASF no cuenta con información que permita conocer el impacto de dichos

incumplimientos.

¿Podría señalar la ASF si derivado de los atrasos detectados en el desarrollo de los

programas se han incrementado los casos de muerte por estos padecimientos?

La ASF no cuenta con información que permita determinar la correlación que se señala en

la pregunta.

Con relación con la obra que se encontraba abandonada y en estado de deterioro, sin que

se vislumbre la reanudación oportuna de la misma y se brinden los beneficios esperados

¿Cuál es el impacto social que representa contra los datos que señala el AMANC?

La ASF no cuenta con los elementos para determinar estadísticamente dicho impacto; sin

embargo, la falta de conclusión de la obra y su puesta en operación impacta negativamente

en la prestación de los servicios a la población infantil de bajos recursos con padecimientos

de cáncer y leucemia; lo que a su vez redunda en la disminución de la detección de nuevos

casos de cáncer infantil y la aplicación del correspondiente tratamiento y vigilancia.

¿Qué acciones concretas de fiscalización permitirán mejorar la atención de los Instituto

Nacional de Pediatría para la ampliación de la Unidad Pediátrica de Hemato-Oncología,

en la Ciudad de México y del Instituto Nacional de Cancerología para atender en lo

sucesivo a la población infantil de bajos recursos con padecimientos de cáncer y leucemia,

así como corregir las deficiencias detectadas en estas revisiones en el seguimiento de las

obras de construcción? Solicitamos a la ASF el impacto concreto de las solventaciones y

acciones fiscalización a observaciones no solventadas en la resolución de esta

problemática.


43

Derivado de las auditorías núms. 267-DS y 268-DS realizadas por la ASF con motivo de la

fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se emitieron 5 Recomendaciones, 4 Solicitudes de

Aclaración, 2 Pliegos de Observaciones y 5 Promociones de Responsabilidades

Administrativas Sancionatorias, y a la fecha se encuentra en proceso de análisis la

información presentada por la entidad fiscalizada para atención a dichas acciones y las

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias están en proceso de

emisión por parte de la ASF.

TEMA: CONTROL INTERNO DE LAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES A OTRAS FUNCIONES

DE GOBIERNO

¿Qué ha realizado la ASF por corregir o prevenir el desempeño de los OIC en los siguientes

temas?:

1) Limitación de los conflictos de interés en la contratación de obra pública y en la

designación de funcionarios públicos.

2) Administración de riesgos en materia de alineación y funcionalidad de los

programas de trabajo del control interno, incluidos los de corrupción.

3) Eficiencia de la coordinación de los OIC y la Secretaria de la Función Pública.

4) Fortalecimiento del Control Interno Institucional de los entes auditados en la

fiscalización Superior y finalmente. Y,

5) Deficiencias detectadas en las competencias laborales de los recursos humanos

de los OIC (limitaciones en los programas de capacitación y en los perfiles

profesionales de los puestos).

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF incluyó revisiones a 11 Órganos

Internos de Control (6 dependencias y 5 órganos desconcentrados) y a las auditorías

internas de las 2 Empresas Productivas del Estado, con el objetivo de revisar la gestión de

los Órganos Internos de Control en el fortalecimiento del Control Interno de las

instituciones, con base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de

Control Interno y las prácticas internacionales en la materia. Conviene señalar que

corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP) establecer y supervisar el marco de

atribuciones y facultades de los Órganos Internos de Control, y en el caso de las Empresas

Productivas del Estado a los respectivos Comités de Auditoría.

Por lo anterior, corresponde a las instancias antes mencionadas el dictar las medidas

correctivas y preventivas para el debido desempeño de los OIC y las Auditorías Internas.


44

Sin embargo, podemos señalar que, derivado de los resultados obtenidos con las

evaluaciones realizadas a los referidos 11 OIC, y 2 auditorías internas, se presentaron 112

acciones a la Secretaría de la Función Pública, 194 a los OIC y 51 para las Empresas

Productivas del Estado, mismas a las que se les está dando seguimiento para su debida y

puntual atención.

Se emitieron 357 recomendaciones, en relación con 13 evaluaciones de control interno a

11 OIC y 2 a las áreas de Auditoría Interna (AI) de las empresas productivas del Estado,

que se integran de la forma siguiente:

La SFP informó que elaboró un Plan de Trabajo Institucional orientado a impulsar la

efectividad de 211 OIC, 2 Unidades de Responsabilidades (UR) y 33 Delegados Comisarios,

que considera 36 estrategias y 30 proyectos para el logro de sus objetivos y mandato, el

cual está orientado a impulsar la efectividad de 211 OIC, así como de los Delegados y

Comisarios Públicos, quienes serán los encargados de concretar 36 estrategias y 30

proyectos relevantes para el logro de los objetivos y mandatos de dicha dependencia.

Asimismo, los 11 OIC y las 2 áreas de AI evaluadas, proporcionaron información de las

acciones que están realizando para la atención de las recomendaciones formuladas por la

ASF.

En este sentido a continuación, se informan las acciones específicas realizadas por esta

entidad de fiscalización superior de la federación y las implementadas por los OIC evaluados

para atender los temas cuestionados.


45

CUESTIONAMIENTO -

CVASF

RECOMENDACIONES - ASF ACCIONES REALIZADAS –

SFP

a) Limitación de los

conflictos de interés

en la contratación de

obra pública, no se

promovieron acciones,

por no corresponder al

objetivo de los estudios

referidos.

Se recomendó a la SFP que

estableciera políticas y criterios para

prevenir conflicto de interés en la

designación de los titulares de los

Órganos Internos de Control.

La SFP informó que tiene previsto

definir los perfiles de los titulares

de los OIC y sus áreas, para lo cual

dio inicio al proceso de evaluación

diagnóstica, que incluye la

valoración curricular, valoración de

experiencia, valoración técnica y

valoraciones psicométricas

enfocadas a detectar habilidades y

valores;

Por lo que respecta a la

designación de

funcionarios públicos (se

promovieron 4

recomendaciones a la

SFP).

lo anterior como parte de una

estrategia integral de la

dependencia con miras a la

implementación efectiva del

Sistema Nacional Anticorrupción

(SNA).

Los OIC involucrados informaron

que están trabajando en

coordinación con la SFP.


46

b) Administración de

riesgos en materia de

alineación y

funcionalidad de los

programas de trabajo del

control interno, incluidos

los de corrupción (se

promovieron 24

recomendaciones de las

cuales 11 se promovieron

a la SFP,

11 a los OIC evaluados y 2

a las AI de las empresas

productivas del Estado).

d) Fortalecimiento del control

interno institucional de

los entes auditados en la

fiscalización Superior y

finalmente (se

promovieron 80


cuales 11 se

promovieron a la SFP,




Se promovieron recomendaciones

que atienden los cuestionamientos b)

y d) en el sentido de que la SFP incluya

en los Lineamientos Generales para la

Formulación de los Programas de

Trabajo de los Órganos Internos de

Control, una metodología que

contenga los criterios que deben

considerar para la identificación,

evaluación y priorización de riesgos

institucionales; asimismo, incluya la

obligación de llevar un inventario de

riesgos institucionales, a fin de

conocer su evolución en el tiempo, su

seguimiento, eficacia y eficiencia de

los controles implementados para su

atención.

La SFP actualizó los

Lineamientos Generales para la

Formulación de los Programas de

Trabajo de los Órganos Internos de

Control 2017, en los que incluyó,

los aspectos importantes de la

identificación de riesgos, sus

factores y efectos, su valoración y

vinculación para la priorización de

las actividades de los OIC, e

informó que en los lineamientos de

2018, será obligatorio utilizar dicha

metodología; así como, llevar el

inventario de riesgos

institucionales, y puso a su

disposición el Sistema

Automatizado de Administración

de Riesgos (SAAR) elaborado por

la ASF, el cual permite llevar el

seguimiento del inventario de

riesgos institucionales.

Los OIC, informaron que realizaron

metodologías para la

determinación de riesgos y

realizaron ajustes en sus

programas de trabajo, para dar

atención a las recomendaciones

de la ASF.

c) Deficiencias de la

coordinación de los OIC y

la Secretaría de la

Función Pública (se

promovieron 38


cuales 29 se

promovieron a la SFP,


a las AI

Se recomendó a la SFP que supervise

la promoción de la eficacia y la

eficiencia de las funciones de

auditoría y control

que realizan los Órganos Internos

de Control; evalúe la actuación y el

desempeño de sus titulares y de sus

áreas de Responsabilidades, Auditoría

y Quejas; asimismo, que vigile que el

Comisario del sector

La SFP derogo los convenios de

coordinación y en el plan de

trabajo que elaboró, consideró

acciones para fortalecer la

Coordinación Institucional de la

SFP y estableció mecanismos para

que los Delegados y Comisarios

Públicos, coordinen a los OIC de su

sector, a fin de dar seguimiento a

reuniones y


47

de las empresas


coordine reuniones entre los

delegados y comisarios públicos

propietarios y suplentes, los titulares

de los órganos internos de control y sus

áreas de apoyo, y los demás

servidores públicos de la

dependencia, a efecto de compartir

criterios, experiencias y mejores

prácticas que permitan uniformar y

mejorar la atención de los asuntos a su

cargo.

acuerdos; creación de un sistema

de evaluación del desempeño de

Órganos de Vigilancia y Control

(OVC); revisar y adecuar las

estructuras de los OIC y Unidades

Responsables (UR); profesionalizar

a los OVC mediante la elaboración

de perfiles; e incorporar

mecanismos de evaluación del

desempeño integrales.

e) Deficiencias detectadas

en las competencias

laborales de los recursos

humanos de los OIC

(limitaciones en los

programas de

capacitación y en los

perfiles profesionales de

los puestos), (se

promovieron 65


cuales 29 se promovieron

a la SFP,




Se recomendó a la SFP la revisión

y actualización de los perfiles de

puesto de los servidores públicos que

forman parte de los OIC, que contenga

la descripción, perfil y valuación de los

mismos, que incluya, el nivel de

estudios, la experiencia requerida, así

como, el perfil ético; asimismo, la

implementación de mecanismos para

la detección de necesidades de

capacitación, para consolidarlas en un

programa anual, con la finalidad de

desarrollar y homologar capacidades

profesionales y técnicas, en auditoría,

control interno, administración de

riesgos e integridad.

La SFP informó que tiene

previsto profesionalizar a los

Órganos de Vigilancia y Control,

mediante la elaboración de

perfiles basados en competencias,

capacitación y certificación, para lo

cual determinó evaluar el

desempeño con indicadores

objetivos y eficientes por medio de

un sistema, en el cual se podrán

detectar necesidades de

capacitación del personal de los

OIC, conforme a las estrategias

establecidas en el Plan de Trabajo

de la SFP.

Los OIC, informaron que están

trabajando en coordinación con la

SFP.

TEMA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-PROGRAMA DE COMPENSACIÓN

AMBIENTAL

¿Cuál ha sido el alcance obtenido por los recursos ejercidos del "Programa de

Compensación Ambiental" respecto de las zonas reforestadas, restauradas o que se

encuentran en mantenimiento debido al cambio en el uso del suelo y qué papel ha tenido

la fiscalización superior?


48

En la Cuenta Pública 2015 se constató, mediante las actas de sesión del Comité Central para

Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, que se

autorizaron 578 proyectos que consideran un alcance de 65,677.73 hectáreas para

reforestar con recursos por 1,083,372.0 miles de pesos.

Respecto del papel que ha tenido la fiscalización superior, mediante visitas de verificación

se constató la aplicación de los apoyos autorizados por el Comité Central de Compensación

en 2015, comprobándose que los beneficiarios están realizando trabajos de conservación y

restauración de suelos y de reforestación.

Asimismo, como parte del alcance de la auditoría 428-DE Conservación y Aprovechamiento

de los Recursos Forestales, que se está realizando a la Comisión Nacional Forestal

(CONAFOR), correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2016, se tiene previsto

evaluar si la comisión fomentó la restauración de los ecosistemas forestales, mediante el

otorgamiento de apoyos para la reforestación y mantenimiento de la superficie forestal

degradada y deforestada, a fin de contribuir al desarrollo forestal sustentable. Esta revisión

incluirá el análisis de los resultados obtenidos con los apoyos otorgados para la

reforestación, restauración y mantenimiento forestal por medio del Programa de

Compensación Ambiental y el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR).

¿Hasta dónde las acciones de fiscalización se ven obstaculizadas ante factores sociales y

económicos que limitan la reforestación por usos como la urbanización?

La ASF no encuentra una relación entre el impacto de la labor de fiscalización sobre esta

materia y los factores sociales y económicos que limitan la reforestación.

Asimismo, es importante mencionar que en los trabajos de las auditorías 428-DE

“Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Forestales”, a la CONAFOR, y 424-DE

“Conservación de los Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas”, a la CONANP, que

está desarrollando la ASF, y que se presentarán a la CVASF el próximo 30 de octubre, se

tiene previsto emitir un pronunciamiento sobre los avances que, en su caso, existan en

materia de reforestación.

Grupo Funcional Gobierno (Otras Funciones de Gobierno)

TEMÁTICA: SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA


49

¿Qué recomendaciones podría hacer la ASF para favorecer el combate al rezago en el cual

se encuentra México, respecto de las capacidades científicas, tecnológicas y de

innovación?

Con la auditoría al “Programa de Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades

Científicas, Tecnológicas y de Innovación” se identificó que no se dispone de un diagnóstico

de las capacidades y necesidades científicas, tecnológicas y de innovación de las

dependencias y entidades con las que el CONACYT ha constituido fondos sectoriales. Al

respecto, el consejo indicó que no cuenta con facultades jurídicas para instruir a las

entidades y dependencias que elaboren dicho diagnóstico.

Como resultado de la fiscalización se emitieron recomendaciones orientadas a que el

consejo disponga de información que le permita identificar el efecto de los proyectos

apoyados en la atención de las demandas.

Para conocer dicho impacto, es necesario que las dependencias y entidades con las que el

CONACYT ha constituido fondos sectoriales realicen un diagnóstico de las capacidades y

necesidades del sector al que pertenecen, con el propósito de que los apoyos que se

otorguen se destinen a la población objetivo del programa y a la ejecución de proyectos que

se orienten a la atención de las necesidades identificadas, ya que en la medida que éstas

sean atendidas se fortalecerán las capacidades.

Aunado a dicho mecanismo, para el rediseño del programa se requeriría lo siguiente:

Que en las reglas de operación se defina con precisión a la población objetivo, y que

se cuantifique con base en dicha definición.

Que en las reglas de operación se establezcan con claridad los criterios con los que

se determinará el otorgamiento de apoyos.

Que en los criterios para el otorgamiento de apoyos se especifique que los proyectos

se deberán orientar a la atención de las demandas de las dependencias y entidades

de los sectores, las cuales deberán corresponderse con las demandas identificadas

en el diagnóstico correspondiente.

Que el CONACYT cuente con un representante en el proceso de aprobación y

asignación de apoyos del fondo sectorial, y que se le informe del número y monto


50

de los apoyos otorgados, los proyectos beneficiados, la necesidad que será atendida

y el nombre de los beneficiarios.

Que se establezcan mecanismos para que las dependencias y entidades que

administran los fondos sectoriales tengan la obligación de reportar al CONACYT

sobre el resultado de los apoyos otorgados, si se atendió o no la demanda, el monto

y el nombre de los beneficiarios, entre otros, a fin de que el consejo disponga de

información para la rendición de cuentas.

Que el seguimiento de los apoyos se realice en cada una de las etapas que integran

a cada proyecto apoyado.

Asimismo, de manera específica, con el objetivo de combatir el rezago de las capacidades

científicas, tecnológicas y de innovación, en términos de la fiscalización superior, la ASF ha

recomendado lo siguiente:

Destinar mayores recursos presupuestarios y fomentar la inversión del sector

privado en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), a fin de que la inversión nacional

anual en la materia sea del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), como lo establece

la Ley de Ciencia y Tecnología (LCT).

Persiste el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 BIS de la LCT en el que se

establece que “el monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y

municipios destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico,

deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del PIB del país

mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley.” El CONACYT

estimó que, en 2012, el Gasto Nacional en Ciencia Tecnología e Innovación4 (GNCTI) fue

de 114,474.1 millones de pesos, el 0.74% del PIB.5

El GIDE6 como proporción del PIB (GIDE/PIB) es un indicador internacional que se utiliza

para medir el gasto corriente y de inversión, y mediante el cual se da a conocer el grado de

desarrollo de un país sustentándose en investigación científica y tecnológica. Los países

4 Comprende el gasto en investigación científica y desarrollo experimental (GIDE), la inversión total en

educación de posgrado, servicios científicos y tecnológicos e innovación de los sectores gobierno, empresarial,

instituciones de educación superior (IES), instituciones privadas sin fines de lucro y organismos del exterior. 5 Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-2018, p. 20. 6 Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental; es la inversión que se destina a realizar proyectos

de investigación científica y desarrollo experimental.


51

desarrollados destinan entre 1.5% y 3.8% de su PIB al GIDE. En 2012, el GIDE de México fue

de 66,720 millones de dólares, el 0.43% del PIB.7

La ASF practicó las auditorías núms. 351 “Programa de Fortalecimiento a Nivel Sectorial de

las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación” y 377 “Fondos Sectoriales”, con

motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2011 y 2012, respectivamente, al Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En ambas auditorías se observó el

incumplimiento del 1% que se establece en la LCT. En términos generales, las

recomendaciones de ambas auditorías se orientaron a que el CONACYT realizara las

gestiones necesarias, ante las autoridades pertinentes, a fin de que se cumpla dicho

porcentaje.

Equilibrar la distribución de los recursos destinados a la CTI entre las entidades

federativas y regiones.

El CONACYT elaboró un mapa de capacidades científicas y tecnológicas, en el cual identificó

la desigualdad en la distribución de recursos en términos del tamaño de población de las

entidades federativas. En 2012, el Distrito Federal, captó en promedio 1,034.2 pesos por

habitante de los recursos del consejo, en tanto que Guerrero, 18.3 pesos.8

Entre los factores que inciden en la desigualdad se identificaron: la madurez de los Sistemas

Estatales de Ciencia Tecnología e Innovación, y las capacidades de inversión y gestión de los

actores en las entidades federativas, ya que en algunos programas se requiere la

coinversión entre el CONACYT, las empresas y los gobiernos estatales.9

Fortalecer la vinculación entre los actores involucrados en la CTI, para transferir el

conocimiento científico y tecnológico a la estructura productiva del país.

En México destaca la desvinculación entre los actores relacionados con el desarrollo de la

ciencia y la tecnología, y las actividades del sector empresarial.10

7 PECITI 2014-2018, p. 19 8 Ibídem, p. 30. 9 Ibídem. 10 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, p. 65.


52

El vínculo entre las instituciones de educación superior (IES) y los centros públicos de

investigación (CPI) con el sector productivo es reducido.11

El vínculo entre el sector financiero con el sector productivo es limitado, ya que la inversión

en ciencia, tecnología e innovación es inferior al 1% del PIB.

Definir de manera clara y precisa las capacidades científicas, tecnológicas y de

innovación.

Se carece de la definición de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, ya

que se indica que son las necesarias para crear conocimiento y gestionar su incorporación

a las actividades productivas. Están directamente relacionadas con la generación, difusión,

transmisión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos.12

Incrementar el capital humano especializado y mantenerlo en las actividades

productivas para evitar la migración de personal altamente calificado.

En cuanto al otorgamiento de becas no se cuenta con una estrategia de focalización clara,

la mayoría de los apoyos otorgados no se orienta a las áreas prioritarias o estratégicas.

En 2012, el CONACYT otorgó 48,590 (81%) de las 60,014 becas para estudios de posgrado,

equivalente a 8 de cada diez becas de posgrado otorgadas.

En ese año, el número de investigadores por cada mil integrantes de la Población

Económicamente Activa (PEA) fue de 0.9; la tasa media de crecimiento anual (TMCA) de

investigadores del periodo 2001-2012 fue de 4.6%, se calcula que en 20 años se podría

alcanzar el valor que registraron Argentina o Turquía de 2.5 investigadores por cada mil

integrantes de su PEA.

Actualizar el acervo y distribución de la infraestructura y equipamiento científico

y tecnológico.

Se desconoce el acervo y distribución de la infraestructura científica y tecnológica.13 Se

requiere la creación de nuevos laboratorios nacionales, regionales y universitarios

11 PECITI 2014-2018. P. 18. 12 Ibídem, p. 95. 13 Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación (PECITI) 2014-2018, p. 30.


53

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría núm. 443-DE

“Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, mediante la cual se

evidenció que se carece de un diagnóstico y de un inventario de la infraestructura científica

y tecnológica del país. Disponer de ambos elementos implicaría una fuerte inversión, sin

considerar que en el tiempo en que se ejecuten las labores para obtener resultados

continuaría el deterioro y obsolescencia de la infraestructura.

Actualmente, se practica la auditoría núm. 442-DE “Fomento Regional de las Capacidades

Científicas, Tecnológicas y de Innovación”, cuyo propósito es fiscalizar el cumplimiento del

objetivo de fortalecer las capacidades científicas resultados abundarán sobre las

deficiencias que presentan las capacidades en las regiones, entidades federativas y

municipios.

Establecer criterios específicos para el otorgamiento de apoyos priorizando la

solución de problemas que presentan los sectores.

En la LCT, se establece como una de las bases de la política de Estado para sustentar la

integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, incrementar la

capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de investigadores y

tecnólogos para resolver problemas nacionales fundamentales que contribuyan al

desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos.14

En este contexto, en los programas de ciencia tecnología e innovación y especialmente en

los de otorgamiento de apoyos debe establecerse como criterio la prioridad de resolver o

atender los problemas nacionales fundamentales.

¿Cómo se tendría que rediseñar este programa de acuerdo con las mejores prácticas

internacionales?

El rediseño del programa, en los términos señalados, permitiría medir los efectos de los

apoyos del programa en cuanto al avance en el fortalecimiento de las capacidades

científicas, tecnológicas y de innovación de las dependencias y entidades con las que el

CONACYT ha constituido fondos sectoriales, mediante la atención de las demandas.

14 Ley de Ciencia y Tecnología, artículo 2, fracción I.


54

Con la revisión del programa no se determinó rediseñarlo, sino que se cumplan los criterios

establecidos en la normativa y que se genere información para conocer los efectos del

programa en la atención del problema, ya que toda política pública atiende un problema o

necesidad pública, que se identifica partiendo de un diagnóstico. Los resultados del avance

en la atención o solución del problema o necesidad deben ser comprobados y se debe rendir

cuenta de los mismos.

El “Programa de Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades Científicas,

Tecnológicas y de Innovación” se corresponde con el programa presupuestario S192, sujeto

a reglas de operación.

En ese contexto, la ASF emitió recomendaciones que al atenderse contribuirán a mejorar el

diseño del programa, entre las que destacan las siguientes:

Atribuciones del CONACYT y supervisión de los apoyos

Que el CONACYT cuente con atribuciones para disponer de información del destino de

los recursos que se transfieren a los Fondos Sectoriales, a fin de fortalecer los sistemas

de información mediante el registro de los efectos de los programas de Ciencia

tecnología e Innovación.

Con la revisión de los contratos de fideicomiso de los fondos sectoriales, se identificó

que las atribuciones del CONACYT se limitan al seguimiento y evaluación técnicos de los

proyectos, al finalizar cada una de las etapas que componen los proyectos, las cuales

estarán en función de los objetivos de los proyectos, y posteriormente realizará la

evaluación de manera global, al finalizar los proyectos. Asimismo, se especifica que la

información administrativa, financiera y contable es responsabilidad de las

dependencias y entidades de cada fondo, por lo que el consejo no cuenta con

atribuciones para disponer de la información que le permita rendir cuentas claras y

completas del seguimiento financiero de los fondos sectoriales.

La ASF emitió una recomendación a fin de que el CONACYT realice las gestiones, en

coordinación con los secretarios administrativos de los comités técnicos y de

administración de los fondos sectoriales, a fin de identificar el efecto de los proyectos

que alcanzaron sus objetivos y la vinculación con las demandas atendidas, y se disponga

de información para la rendición de cuentas.


55

Población potencial y objetivo

Que se defina con precisión a la población potencial y objetivo, y que ambas definiciones

sean claras, precisas y se correspondan entre sí, ya que con la revisión se evidenció que

se definió a la población potencial como instituciones, centros, organismos, empresas

públicas, empresas privadas, personas físicas y demás miembros inscritos en el Registro

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) y la objetivo

se cuantificó mediante el número de propuestas, por lo que no fue posible determinar

la cobertura de atención del programa en términos de la atención de los miembros del

RENIECYT.

Otro aspecto a considerar es que, en las Reglas de Operación del “Programa de

Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de

Innovación” para 2015, se indicó que la población objetivo se define en cada una de las

convocatorias en las que se podrán incluir a los miembros del Registro Nacional de

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT); sin embargo, la ASF

revisó las 39 convocatorias definidas por 17 fondos sectoriales, de las cuales en 18 se

estableció de manera específica a la población objetivo, y en las 21 restantes.

Diseño de las Reglas de operación

La ASF evaluó el cumplimiento de los 10 elementos establecidos en el artículo 75 de la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a los que debieron ajustarse

las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las

Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación para el ejercicio fiscal 2015, e

identificó que no se incluyó la temporalidad de los apoyos, ni la obligación de elaborar

informes trimestrales sobre el ejercicio del programa; tampoco, se señaló que debido a

las características del programa no se requiere buscar fuentes alternativas de ingresos

para lograr una mayor autosuficiencia.

Grupo Funcional Gasto Federalizado

TEMA: LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG) EN LOS GOBIERNOS

SUBNACIONALES

¿Por qué la ASF no ha implementado un programa de capacitación municipal específico

para esos municipios, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización?


56

La ASF, en el marco de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y

Control Gubernamental (ASOFIS), y con las participación de las Entidades Fiscalizadoras

Locales (EFL) —destacando la labor de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila— realiza

un importante esfuerzo para apoyar a los municipios, principalmente a los de menor

población, para que cumplan con las disposiciones de la LGCG.

El antecedente de esa estrategia se encuentra en los compromisos de colaboración en

materia de armonización contable que, en los años 2013, 2015 y 2016, se suscribieron entre

el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la ASF y la ASOFIS.

Particularmente, en el contexto del convenio 2016, la ASOFIS adquirió compromisos

diversos, entre los que destacan, la capacitación a servidores públicos, el desarrollo del

Portal de Cuentas Públicas y el establecimiento de un sistema informático de contabilidad

para los municipios, en especial para aquellos con menor número de habitantes. Algunas

de las acciones específicas que se realizaron en este marco fueron las siguientes:

En materia de creación de capacidades sobre contabilidad gubernamental se contó con la

participación de servidores públicos de los gobiernos estatales y municipales en los

siguientes cursos: LGCG y normativa emitida por el CONAC (26.5 mil participantes), Ley de

Disciplina Financiera (17.5 mil participantes) e Índice de Información Presupuestal

Municipal (1.9 mil participantes).

Como puede apreciarse, la ASF ha desarrollado una estrategia proactiva y de apoyo a los

gobiernos locales con el fin de coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones de la LGCG.

Asimismo, es importante subrayar que la ASF ha actuado de manera coordinada con las EFL,

así como con la SFP y los órganos estatales de control.

Por otra parte, cabe señalar que la ASF ha establecido contactos con la SEDESOL, con el

objeto de promover que en los lineamientos operativos del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal, del ejercicio 2017, particularmente en lo referente al

Fondo de Infraestructura Social Municipal, se incluya la asignación de recursos para apoyar

el cumplimiento de las obligaciones de la LCGC.

En términos generales ¿puede hacer la ASF un balance de los avances de la

instrumentación de la LGCG en el ámbito del Gasto Federalizado?


57

Con el fin de conocer el grado de avance en las entidades federativas y municipios respecto

de la implementación de las disposiciones de la LGCG, se aplicaron los siguientes

instrumentos de evaluación, los cuales fueron actualizados por el CONAC con la

colaboración de la ASOFIS:

Guía de Cumplimiento (estatal y municipal)

Comprende la verificación del cumplimiento de obligaciones en diversos rubros (registros

contables, presupuestarios y administrativos; cuenta pública y transparencia), con un total

de 239 reactivos para las entidades federativas y 125 para los municipios. Dicha guía se

aplicó en las 32 entidades federativas y en 2,275 municipios; cifra que representa una

cobertura del 93.2 por ciento con respecto al total.

Los resultados arrojados por dicho instrumento muestran un grado de avance del 93.4 por

ciento en el caso de las entidades federativas, y 75.3 por ciento en los municipios.

Es importante destacar que, en el ámbito municipal, se presenta un número distinto de

obligaciones según el tipo de régimen que corresponda. Al momento de la aplicación de las

encuestas se contaba con tres regímenes: el General de Ley (para municipios mayores de

25 mil habitantes); el Sistema Simplificado General (entre 5 mil y 25 mil habitantes) y los

del Sistema Simplificado Básico (menores de 5 mil habitantes).

Es importante mencionar que, en diversas entidades federativas, los consejos estatales de

armonización contable establecieron como obligación para todos los municipios, asumir el

sistema general de ley, con independencia de su número de habitantes.

Reportes de Cumplimiento (Cuenta Pública)

Su objetivo es analizar la estructura de las cuentas públicas, con base en el Acuerdo por el

que se armoniza la estructura de las mismas. En esta encuesta participaron las 32 entidades


58

federativas y 2,197 municipios; estos últimos representan el 89.7 por ciento del total

existente. De acuerdo con las respuestas recabadas, los avances registrados son los

siguientes: entidades federativas 93.8 por ciento y municipios 89.2 por ciento.

Reportes del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Título V de la LGCG

Se consideraron los informes anuales y trimestrales de los ejercicios 2015 y 2016 (primer

trimestre). Para ello, se tomaron en cuenta los informes de periodicidad anual, trimestral y

algunos reactivos que contaban con una periodicidad definida. Este instrumento de

evaluación se aplicó en las 32 entidades federativas y en 2,275 municipios (93.2 por ciento

del total), y se obtuvieron los siguientes resultados:

TEMA: IDENTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES DERIVADO DE LAS REVISIONES DE

AUDITORÍA A LA CUENTA PÚBLICA 2015 EN MATERIA DE GASTO FEDERALIZADO

¿El error aritmético identificado modifica el monto del Universo Seleccionado y de la

Muestra Fiscalizada del Gasto Federalizado?, si eso es así ¿cuál es el monto correcto?

¿La integración del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

es un proceso certificado de calidad?, de ser así ¿este tipo de errores aritméticos en la

información reportada, representan un riesgo para la recertificación de la calidad de los

procesos interno de la ASF?

¿Cuáles son los controles internos utilizados para garantizar la razonabilidad y

consistencia de las cifras en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la

Cuenta Pública?

Se reconoce una errata sobre la cifra del universo auditable reportado correspondiente al

estado de Guerrero. El error se debió a la cantidad considerable de datos que se manejan

durante la integración del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta

Pública 2015 en un periodo corto de tiempo.


59

En el cuadro siguiente se expresan los totales y subtotales correctos:

Al respecto, es importante mencionar que el documento respectivo será debidamente

corregido y, de la misma forma, de acuerdo con la Política Institucional de Calidad, se

identificarán las causas y factores de riesgo existentes en el proceso de conformación y

edición de las distintas publicaciones que emite la ASF; lo anterior con el fin de implementar

las medidas correctivas necesarias para evitar la repetición de este tipo de errores.

La existencia de un sistema de calidad no implica la ausencia de errores; el punto central a

considerar es que la ocurrencia de dichos errores sea baja y que, una vez identificados, sean

controlados bajo el esquema de mejora continua que suponen dichos sistemas. Por lo

anterior, se puede afirmar que los errores en las cifras en los informes de la ASF son poco

probables, toda vez que provienen de sistemas de control de información automatizados

que forman parte de las herramientas de la operación de la ASF.

1.10 Sobre las propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones con motivo de la

revisión de la Cuenta Pública 2015

Derivado de los trabajos de análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de

la Cuenta Pública 2015 y como parte de las aportaciones que realiza la CVASF para fortalecer

la labor fiscalizadora de la ASF, fueron incluidas en el documento de Conclusiones y


60

Recomendaciones a la Auditoria Superior de la Federación Cuenta Pública 2015, una serie

de propuestas relacionadas con la auditorias, estudios y evaluaciones de políticas públicas;

al respecto, el 18 de agosto de 2017 la ASF dio puntual atención a lo solicitado, señalando

lo siguiente:

PROPUESTAS DE AUDITORÍA

Función Gobierno

Auditorías de desempeño

Solicitud CVASF Respuesta ASF

1. Auditoría de desempeño para evaluar el

fortalecimiento del sistema de control interno

en el Consejo de la Judicatura Federal.

Se analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de

auditoría en los términos planteados para su inclusión en

el PAAF de la Cuenta Pública 2017.

2. Auditoría de desempeño horizontal al Poder

Judicial de la Federación, Policía Federal y

Procuraduría General de la República, a efecto

de verificar los resultados del Sistema Penal

Acusatorio en México, así como su grado de

efectividad en el combate a la delincuencia.

En la revisión de la Cuenta Pública 2013 se realizaron las

auditorías números 44 “Impartición de Justicia” y 53

“Ministerio Público Federal” al Consejo de la Judicatura

Federal (CJF) y la Procuraduría General de la República

(PGR) respectivamente, en ellas se revisó, de manera

integral, la estadística de la atención de la averiguaciones

previas en la investigación y persecución de los delitos en

materia penal, así como la revisión de la estadística judicial

en cuanto a la impartición de justicia.

Asimismo, se realizó la evaluación 1207 a la política de

Seguridad Pública, en la que se revisaron todos los

procesos que intervienen en dicha política (prevención del

delito, procuración de justicia, impartición de justicia,

reinserción social y la coordinación del Sistema Nacional de

Seguridad Pública).

Como resultado de dicha evaluación se identificó que el

componente con mayores deficiencias fue el de

prevención por lo que a partir de la revisión de la Cuenta

Pública 2014 se inició una serie de auditoría a dicho

componente que concluyen en la revisión de la Cuenta

Pública 2016.

Para verificar los resultados del Sistema Penal Acusatorio

en México, así como su grado de efectividad en el combate


61

a la delincuencia, en la PGR y en el CJF, se requiere que se

concluya su puesta en operación y consolidación, ya que

dicho sistema inició operación en el mes de junio de 2016.

En el caso de la Policía Federal, es importante considerar

que solamente participa como auxiliar del Ministerio

Público Federal en cuanto al apoyo en el cumplimiento de

mandamientos ministeriales y judiciales, por lo que no es

una autoridad determinante para evaluar los resultados

del Sistema Penal Acusatorio en México y el grado de

efectividad en el combate a la delincuencia.

Asimismo, en el PAAF de la Cuenta Pública 2016 se

incluyeron las auditorías núm. 105-GB y 1868-GB-GF

vinculadas con la temática.

3. Auditoría de desempeño a la SEGOB, para

verificar la legalidad, oportunidad y certeza en

los procedimientos de legalización de firmas de

servidores públicos federales y de los

gobernadores de los Estados.


auditoría en los términos planteados para su inclusión en el

PAAF de la Cuenta Pública 2017.

4. Auditoria de desempeño a la Secretaría de

Energía a la Comisión Nacional de Seguridad

Nuclear y Salvaguardas y al Instituto Nacional

de Investigaciones Nucleares, referente a la.

Política Nacional de Gestión de Desechos

Radiactivos.




5. Auditoría de desempeño al INEGI, para que

explique la metodología denominada Módulo

de Condiciones Socioeconómicas (MCS) para

medir la pobreza, la cual no es compatible con

ejercicios anteriores por lo que se pierde la

evolución histórica para las mediciones de

dicha pobreza.

Para la revisión de la Cuenta Pública 2016, se está

practicando las auditoría núm. 120-GB “Metodología para

Medir la Pobreza en México” y 122-GB “Sistema Nacional

de Información Sistema Nacional de Información

Estadística y Geografía”.

6. Auditoría de desempeño. La Auditoria Superior

de la Federación, en su Informe General de la

Cuenta Pública 2015, realiza una auditoria de

desempeño al Instituto de los Mexicanos en el

Exterior (IME). (“Atención a las Comunidades

Mexicanas en el Exterior”), sin embargo, sería

conveniente realizar otra auditoria en relación

a la gestión financiera del IME.

En el PAAF de la Cuenta Pública 2016 se incluyó la auditoría

núm. 1798-GB “Erogaciones para la Atención, Protección,

Servicios y Asistencia Consulares”.


62

7. Auditoría de desempeño con enfoque

horizontal a la SHCP y a los bancos de

desarrollo para medir su contribución a la

atención crediticia a la pequeña y mediana

empresa.

Para la revisión de la Cuenta Pública 2016 se aprobaron las

siguientes siete auditorías de desempeño y la evaluación

de la política pública de la banca de desarrollo: 61-GB

“Regulación del Sistema Financiero de Fomento”, a la

SHCP; 69-GB “Regulación y Supervisión del Sistema

Financiero de Fomento”, a la Comisión Nacional Bancaria y

de Valores (CNBV); 84-GB “Financiamiento para el Sector

Agropecuario, Forestal y Pesquero”, a la Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y

Pesquero (FND); 90-GB, “Financiamiento al Sector

Comercio Exterior”, al Banco Nacional de Comercio

Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT); 96-GB “Servicios Bancarios

y Financieros”, al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea

y Armada, S.N.C. (BANJERCITO); 97-GB “Financiamiento

para el Sector Empresarial”, a Nacional Financiera, S.N.C.

(NAFIN); 100-GB “Inclusión Financiera”, al Banco del

Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) y

101-GB “Financiamiento para el Sector Vivienda”, a la

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF).

La evaluación de política pública es la 1784-GB:”Evaluación

de la Política Pública de la Banca de Desarrollo”.

Auditorías de cumplimiento financiero


8. Auditoría de cumplimiento financiero a la

SEGOB en relación a su facultad de administrar

las islas de jurisdicción federal.




9. Auditoría de cumplimiento financiero al

INE, de los pagos efectuados correspondiente

a los productos y servicios bajo el régimen de

honorarios, así como la justificación al pago de

arrendamientos de los edificios y locales.




10. Auditoría de cumplimiento financiero a la SHCP,

a fin de proporcionar información sobre el nivel

específico, a nivel de clave presupuestaria, de la

totalidad de los ingresos excedentes.

En el PAAF de la Cuenta Pública 2016 se incluyó la

auditoría núm. 52-GB “Ingresos Públicos, Presupuestarios y

Gastos Fiscales”.

11. Auditoría de cumplimiento financiero al Fondo

de Capitalización en Inversión del Sector Rural,

con el propósito de dar seguimiento a las

probables recuperaciones. En la revisión de la

Cuenta Pública 2015 la ASF determinó el





63

39.7% del total de las probables

recuperaciones a este fondo.

12. Auditoría de cumplimiento financiero, con la

finalidad de identificar elementos relevantes de

los resultados del presupuesto modificado

autorizado y ejercido en 2015, la ASF elaboró un

esquema, pero se hace notar que no fue posible

comprobar el destino del 54.7 % de los ingresos

excedentes. Es importante realizar una auditoría

sobre cómo se integran, se aplican y destinan

todos los ingresos excedentes de la SHCP.


auditoría núm. 52-GB “Ingresos Públicos, Presupuestarios y

Gastos Fiscales”.

Función Desarrollo Social

Auditorías de Desempeño


13. Auditoría de desempeño con Enfoque

horizontal a los entes vinculados con la

implementación de la Reforma Educativa, para

conocer los avances y pendientes

relacionados con la misma.

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF ha

realizado auditorías, específicamente para evaluar el

cumplimiento de los compromisos establecidos en la

Reforma Educativa.

Las auditorías por tema que se han elaborado o se

encuentran en proceso de desarrollo se presentan a

continuación:

Servicio Profesional Docente (SPD)

− 195 Programa para el Desarrollo Profesional

− Docente (Cuenta Pública 2014)

− 153-DS Programa para el Desarrollo Profesional

− Docente en Educación Básica (Cuenta Pública 2016)

− 154-DS Programa para el Desarrollo Profesional

Docente en Educación Media Superior (Cuenta

Pública 2016)

Autonomía de gestión

− 188 Gestión Escolar en la Educación Básica (Cuenta

Pública 2014)

− 193 Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el

Rezago Educativo (Cuenta Pública 2014)

− 198 Gestión Escolar en la Educación Media Superior

(Cuenta Pública 2014)


64

− 194-DS Programa Escuelas de Tiempo Completo


Infraestructura y el equipamiento

o 158-DS Programa de la Reforma Educativa


o 191-DS Infraestructura Física Educativa


o 157-DS Programa de Inclusión y

Alfabetización Digital (Cuenta Pública 2015)

Evaluaciones de la calidad

− 133-GB Evaluaciones de la Calidad de la Educación

Básica (Cuenta Pública 2015)


Media Superior (Cuenta Pública 2015)


Básica



Planes y programas de estudio

− 159-DS Regulación de los Servicios de Educación

Básica (Cuenta Pública 2016)

− 160-DS Regulación de los Servicios de Educación


− 145-DS Fortalecimiento de la Calidad Educativa


La ejecución de las auditorías mencionadas implicó la

fiscalización de las entidades responsables de la

implementación de la Reforma Educativa: la SEP; el Instituto

Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED); la

Coordinación General @prende.mx; la Coordinación

Nacional del Servicio Profesional Docente, y el Instituto

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Asimismo, en la planeación de la revisión de la Cuenta

Pública 2017 se considerarán auditorías de desempeño a los

temas de autonomía de gestión; infraestructura y

equipamiento; planes y programas de estudio, y

evaluaciones de la calidad, con lo cual se tendría información

actualizada sobre el avance en el cumplimiento de los

compromisos de la Reforma Educativa.


65

Además, para la revisión de la Cuenta Pública 2017 se evalúa

la posibilidad de proponer cinco auditorías de desempeño a

la implementación de la Reforma Integral de la Educación

Media Superior (RIEMS), a cargo de la SEP, el Colegio de

Bachilleres (COLBACH), el Instituto Politécnico Nacional

(IPN), el Centro de Enseñanza Técnico Industrial (CETI) y el

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

(CONALEP).

De igual forma, en el PAAF de la Cuenta Pública 2016 se

incluyeron las auditorías núm. 140-DS, 141-DS, 149-DS y

1782-DS vinculadas con la temática.

14. Auditoría de desempeño al Programa Escuelas

Dignas para verificar el cumplimiento de sus

objetivos y metas.

Para el ejercicio fiscal 2016, los programas presupuestarios

U074 “Escuelas Dignas” y S029 “Programa Escuelas de

Calidad” se fusionaron en el programa U082 “Programa de

la Reforma Educativa”. En la planeación de la revisión de la

Cuenta Pública 2017 se considera una eventual auditoría

a este último programa.

15. Auditoría de desempeño al Programa para el

Desarrollo Profesional Docente para verificar el

cumplimiento de sus objetivos y metas.

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se van

a realizar dos auditorías al Servicio Profesional Docente:

153- DS “Programa para el Desarrollo Profesional Docente

en Educación Básica” y 154-DS “Programa para el

Desarrollo Profesional Docente en Educación Media

Superior”.

Para la revisión de la Cuenta Pública 2017 se evalúa la

posibilidad de proponer una auditoría de desempeño para

verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del

Programa de Desarrollo Profesional Docente en el nivel

superior.

16. Auditoría de desempeño a los programas del

Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías

(FONART) para evaluar el desarrollo y

fortalecimiento de sus capacidades (técnicas,

financieras, administrativas, etc.).

Se revisará la pertinencia de incluir una propuesta de

auditoría de desempeño en la programación para la

fiscalización de la Cuenta Pública 2017, al Fondo Nacional

para el Fomento de las Artesanías (FONART), a fin de

evaluar su contribución a mejorar el ingreso de las personas

artesanas en situación de pobreza mediante el apoyo,

desarrollo y consolidación de proyectos artesanales

productivos.

17. Auditoría de desempeño con enfoque

horizontal a la Secretaría de Salud y principales

entidades de salud para verificar la calidad y

capacidad de atención, así como la evolución

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se

está desarrollando la “Evaluación de la Política Pública de

Infraestructura, Equipamiento y Disposición de Recursos

Humanos en Salud”, cuyo alcance incluye a todas las


66

tecnología del equipamiento de resonancia

magnética y tomografía computarizada en las

diferentes entidades e instituciones médicas

del país.

instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y

el objetivo es evaluar la política pública de infraestructura,

equipamiento y disposición de recursos humanos en salud,

a efecto de determinar su pertinencia para atender el

problema que le dio origen, y su efectividad para cumplir

con los objetivos y metas comprometidos.


incluyeron las auditoría número: 201-DS “Calidad en la

Atención Médica”, 206-DS “Fortalecimiento de la Atención

Médica”, 208-DS “Rectoría en Salud”, 225-DS, 226- DS,

227-DS, 228-DS, 229-DS, 230-DS y 231-DS“Investigación y

Desarrollo Tecnológico en Salud”, así como la auditoría

núm. 1783-DS “Evaluación de la Política Pública de

Infraestructura, Equipamiento y Disposición de Recursos

Humanos en Salud”.

18. Auditoría de desempeño a la Secretaría de

Salud para evaluar las acciones de atención en

materia de trastornos generalizados del

desarrollo infantil, como lo es, el autismo

infantil y atípico, el síndrome de asperger,

síndrome de Rett, trastornos hipercinéticos

con retraso mental y movimientos

estereotipados, favoreciendo su enfoque hacia

las comunidades más desprotegidas.




19. Auditoría d e des empeño a los programas

dirigidos a otorgar apoyos financieros para el

desarrollo de proyectos productivos dirigidos a

la superación de la pobreza.

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2009

se realizó una auditoría de desempeño al “Programa

Opciones Productivas” en su “Modalidad de Agencias de

Desarrollo Local”, a cargo de la Secretaría de Desarrollo

Social con el objeto de fiscalizar la gestión financiera de

los recursos públicos federales aplicados en el programa,

para verificar el cumplimiento de sus objetivos.

En la revisión de la Cuenta Pública 2010 se realizó una

auditoría de desempeño denominada “Financiamiento a

Productores Rurales”, a cargo de Financiera Rural, con el

objeto de fiscalizar el cumplimiento del objetivo

estratégico de otorgar créditos a los productores rurales

de ingresos bajos y medios a fin de elevar la producción y

productividad del campo y mejorar su nivel de vida.

En la Cuenta Pública 2012 se fiscalizó el programa “Apoyos

para Empresas en Solidaridad”, a cargo de la Secretaría de

Economía, con el propósito de fiscalizar la eficacia en el


67

cumplimiento del objetivo de la política de apoyo a

proyectos productivos de empresas sociales que

contribuya a la generación de empleos entre la población

de bajos ingresos que habiten en zonas rurales, la

eficiencia en el proceso de otorgamiento de los apoyos

económicos y la economía en la aplicación de los recursos

presupuestarios asignados. Además, se realizó una

auditoría al Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos

en Núcleos Agrarios (FAPPA), a cargo de la Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con el

objetivo de fiscalizar la gestión financiera para verificar

que el presupuesto ejercido en el programa S089 "Fondo

para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos

Agrarios" a la población asentada en núcleos agrarios, se

ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de

acuerdo con las disposiciones legales y normativas

aplicables.

Para la Cuenta Pública 2015 se realizó la auditoría de

desempeño al “Programa de Fomento al Desarrollo

Agrario”, a cargo de la SEDATU con el objeto de fiscalizar

el otorgamiento de apoyos para contribuir a la

capacitación productiva y de fomento organizacional que

permitan mejorar el capital social.

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se

está realizando la evaluación de política pública de

PROAGRO Productivo, a cargo de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA).

En la planeación de la revisión de la Cuenta Pública 2017

se incorporarán las auditorías de desempeño al Programa

de Fomento a la Economía Social, a cargo de la SEDESOL, y

al Programa para el Mejoramiento de la Producción y

Productividad Indígena, a cargo de la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de evaluar

la contribución de ambos programas a mejorar el ingreso

de las personas en situación de pobreza, mediante el

desarrollo de proyectos productivos.


68

Auditorías de cumplimiento financiero


20. Auditoría de cumplimiento financiero con

enfoque de desempeño a los recursos

etiquetados para la regulación y vigilancia de

establecimientos y servicios de atención

médica, con especial atención a aquellos

establecimientos que ofrecen tratamientos

para el control de peso.

En el PAAF de la Cuenta Pública 2016 se incluyeron las

Auditorías núm. 213-DS y 2 1 0 -DS, vincuiladas con la

temática.


enfoque de desempeño a los programas

sociales que coordina la Secretaría de

Desarrollo Social (SEDESOL) para verificar que

los recursos distribuidos y otorgados no

cuentan con sesgo político-electoral.

Durante el periodo 2008-2016 los programas sociales

que coordina la SEDESOL se revisaron con distintos

enfoques, debido a los cuantiosos recursos involucrados y

por su importancia en el combate a la pobreza. En cada una

de las auditorías se verifica que los recursos se ejerzan en los

fines establecidos en las disposiciones legales y

normativas y además se evalúa la contribución del

programa al desarrollo de la población beneficiada.

Por lo anterior, se considera poco viable realizar una sola

auditoria a todos los programas sociales que coordina la

SEDESOL.


enfoque de desempeño a los recursos

destinados a la infraestructura para la salud

indígena, así como de la calidad y oportunidad

de atención.


auditorías núm. 209-DS, 1022-DS-GF, 1064-DS-GF, 1106-

DS-GF, 1064-DS-GF,1106-DS-GF, 1149-DS-GF, 1189-DS-

GF, 1231-DS-GF, 1271-DS-GF, 1311-DS-GF, 1352-DS-GF,

1396-DS-GF, 1435-DS-GF, 1473-DS-GF, 1515-DS-GF, 1558-

DS-GF, 1596-DS-GF, 1628-DS-GF, 1671-DS-GF, 1715-DS-

GF, 1758-DS-GF, 509-DS-GF, 574-DS-GF, 579- DS-GF, 606-

DS-GF, 643-DS-GF, 684-DS-GF, 732-DS-GF, 776-DS-GF,

814-DS-GF, 855-DS-GF, 898-DS-GF, 945-DS- GF, 984-DS-GF,

220-DS, 1024-DS-GF, 1066-DS-GF, 1108- DS-GF, 1151-DS-

GF, 1191-DS-GF, 1233-DS-GF, 1273-DS- GF, 1313-DS-GF,


DS-GF, 1517-DS-GF, 1560-DS-GF, 1598-DS-GF, 1630-DS-

GF, 1673-DS-GF, 171-DS-GF, 1760-DS-GF, 511-DS-GF, 549-

DS-GF, 581-DS-GF, 508- DS-GF, 645-DS-GF, 686-DS-GF,

734-DS-GF, 778-DS-GF, 846-DS-GF, 857-DS-GF, 900-DS-GF,

947-DS-GF, 986-DS- GF, 201-DS, y 217-DS vinculadas con la

temática.


enfoque de desempeño a los recursos del

ISSSTE destinados al gasto de operación, con


auditoria núm. 254-DS “Saneamiento de Pasivos” de

SuperISSSTE.


69



Programa Escuelas de Calidad para verificar que

los recursos que se le asignaron se gestionaron

de acuerdo a las disposiciones normativas.




25. Auditoría de cumplimiento financiero al Fondo

de Aportaciones para la Nómina Educativa y

Gasto Operativo (FONE) para verificar que los

recursos que se le asignaron se gestionaron de

acuerdo a las disposiciones normativas.

En el PAAF de la Cuenta Pública 2016 se contempla la

revisión del ejercicio de dicho fondo en las 32 entidades

federativas.


Programa de Abasto Social de Leche a cargo de

Liconsa S.A. de C.V. sobre los recursos

aprobados para mejorar la nutrición de los

beneficiaries del programa.





Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa

S.A. de C.V. sobre los recursos aprobados para

garantizar el abasto de los productos básicos y

complementarios a la población de las zonas de

alta y muy alta marginación.


auditoría núm. 275-DS “Gestión Financiera y Operativa de

Diconsa”.

28. Auditoría de cumplimiento financiero al IMSS

para verificar la administración del Fondo de

Reserva para el Retiro.




29. Auditoría de cumplimiento financiero a los

recursos destinados a las previsiones para las

pensiones en curso de pago de los

extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro.


auditoría núm. 88-GB “Liquidación de Pasivos Laborales y

Desincorporación de Bienes de la Nación (Luz y Fuerza del

Centro)”.

Auditorías de cumplimiento financiero con enfoque de desempeño

Auditorías forenses


30. Auditoría forense sobre los contratos

convenidos entre las Instituciones Públicas de

Educación Superior y la Administración Pública


auditorías núm. 1792-DE, 1792-DS, 193-DS, 195-DS, 196-

DS, 197-DS, 198-DS y 199-DS “Convenios de Coordinación,

Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con

especial atención a los etiquetados a la

operación del SuperISSSTE.


70

Federal para el desarrollo de distintos

proyectos.

Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el

Desarrollo de Diversos Proyectos de Adquisiciones y Otros

Servicios”.

Función Desarrollo Económico

Auditorías de desempeño


31. Auditoría d e desempeño a los principales

programas y proyectos del sector agropecuario

(sobre todo a aquellos que involucran

cuantiosos montos de recursos) con el fin de

evaluar su eficacia, eficiencia y economía y,

particularmente, su contribución a la solución

de los graves problemas que aquejan al sector.

Esto con el fin de vincular el otorgamiento de

recursos o en su caso la viabilidad del

programa (en última instancia su eliminación),

con los resultados obtenidos (cumplimiento de

objetivos, atención a la población beneficiaria,

etc.).

En las revisiones de las Cuentas Públicas 2014 y 2015 se

realizaron una serie de auditorías de desempeño

relacionadas con los temas de agricultura, ganadería y

pesca. Actualmente, con motivo de la revisión de la Cuenta

Pública 2016, se está realizando la evaluación al PROAGRO

Productivo, principal componente del Programa de

Fomento a la Agricultura. Además de las auditorías al

Programa de Apoyos a Pequeños Productores en sus

componente Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos

en Núcleos Agrarios, e Incentivos Productivos y al Programa

de Fomento a la Agricultura: Componente

Agroproducción.

Como resultado de esta propuesta, para la revisión de la

Cuenta Pública 2017, se considerará la revisión del

programa S266 Apoyo a Pequeños Productores, que se le

asignó para 2017 un presupuesto de 14,273.5 millones de

pesos, que representa el 24.3% de la subfunción

agropecuaria.


incluyeron las auditorías núm. 280- DE, 281-DE, 282-

DE, 283-DE, 284-DE, 285-DE, 286-DE, 287-DE, 288-DE,

289- DE, 290-DE, 291-DE, 292-DE, 293-DE, 294-DE, 295-

DE, 296-DE, 297-DE, 299-DE, 300-DE, 301-DE, 303-DE y

84- GB, vinculadas con el tema.

32. Auditoria de desempeño al modelo de

desarrollo turístico actual, con el propósito de

verificar la formulación del Programa de

Ordenamiento Turístico General del Territorio

con criterios de sustentabilidad.

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015,

se realizó la auditoría 486 “Planeación y conducción

de la política de turismo”, la cual permitió comprobar que,

en 2015 la SECTUR vinculó los proyectos de su Programa

de Trabajo de Desarrollo Institucional (PTDI) 2015 con los

objetivos del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018,

pero no definió las prioridades del desarrollo turístico en


71

el PTDI, ni su cobertura estatal y municipal, lo que dificultó

la programación de los proyectos sustantivos para el

establecimiento de una estrategia integral de turismo.

En el ordenamiento territorial turístico y el desarrollo

sustentable, se elaboró la “Memoria Técnica del Programa

de Ordenamiento Turístico General del Territorio (POTGT):

fase de diagnóstico” con la participación de las 32 entidades

federativas y tres entidades del Gobierno Federal, pero sin

la colaboración de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, ni la participación de las autoridades

municipales; asimismo, careció de metas y avances en la

integración de los “Lineamientos para la Dictaminación de

las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable”, lo cual

impidió una adecuada regulación del crecimiento y

explotación ordenada de los recursos turísticos.

De la revisión practicada se determinaron 12

observaciones, de las cuales 6 fueron solventadas por la

entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.

Las 6 restantes generaron 8 Recomendaciones al

Desempeño, debido a la falta de cumplimiento del

objetivo del programa relativo a fiscalizar que las acciones

de planeación, coordinación, evaluación y seguimiento de

la política de turismo, contribuyeron a desarrollar una

estrategia integral acorde a la Política Nacional Turística.

Como parte de la planeación de la fiscalización de la Cuenta

Pública 2017 se revisará la pertinencia de incluir una

propuesta para revisar el avance la implementación del

Programa de Ordenamiento Turístico General del

Territorio.

Asimismo en el PAAF de la Cuenta Pública 2016 se incluyó

la auditoría núm. 439-DE “Desarrollo Sustentable de los

Destinos y Regiones Turísticas”.

33. Auditoría de desempeño a la SECTUR con el fin

de evaluar su función de identificar y

cuantificar de manera adecuada el padrón de

prestadores de servicios turísticos, para

brindar a éstos, instrumentos de regulación y

certificación de estándares de calidad turística.

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015, se

realizó la auditoría 489 “Regulación y Certificación de

Estándares de Calidad Turística”, la cual permitió

comprobar que, en 2015 no contó con el Registro Nacional

de Turismo, en dónde se debían cuantificar a los

prestadores de servicios que operan en el país. Además,

careció de la normativa para regular y certificar la calidad

de los servicios turísticos.


72

De la revisión practicada derivaron 4 recomendaciones al

desempeño, que generaron 7 acciones, debido a la falta de

cumplimiento del objetivo del programa relativo a que los

prestadores de servicios turísticos contaran con la

normativa para lograr la certificación de sus servicios.


está practicando la auditoría número 440 “Fortalecimiento

de la Competitividad del Sector Turismo”, en la Secretaría

de Turismo, el Instituto de Competitividad Turística, y la

Corporación de Servicios al Turistas Ángeles Verdes;

dentro de su alcance se revisará la implementación del

Registro Nacional de Turismo, mediante el cual se

analizarán los resultados de la secretaría relativos a

identificar y cuantificar el padrón de prestadores de

servicios turísticos. Además, se auditará el programa

presupuestario G001 “Regulación y Certificación de

Estándares de Calidad Turística”, en el que se analizarán

los instrumentos de regulación y certificación de

estándares de calidad turística.

Auditorías de Cumplimiento Financiero


34. Auditoría cumplimiento financiero al proceso

de adjudicación de contratos por parte de

Petróleos Mexicanos (PEMEX), con el fin de

verificar que las licitaciones públicas estén

apegadas a la normatividad vigente y se

respeten las condiciones establecidas en la

convocatoria, para garantizar al Estado las

mejores condiciones.


auditorías núm. 444-DE, 446-DE, 447-DE, 448-DE y 454-DE,


35. Auditoría de cumplimiento financiero a los

Ingresos Obtenidos por el Gobierno Federal

para Destinarlos a la Construcción del Nuevo

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

México (NAICM), debido a la falta de control

por parte de alguna dependencia del Gobierno

Federal de las erogaciones para su

construcción.


auditorías núm. 358-DE, 359-DE, 360-DE, vinculadas con la

temática.


73

36. Auditoría de cumplimiento financiero en el

empleo de la Tarifa de Uso de Aeropuerto

(TUA), facturada y sus aplicaciones, debido a la

indeterminación del costo financiero con cargo

al TUA para la Construcción del Nuevo


México (NAICM).


núm. 353-DE “Aplicación de la Tarifa de Uso de

Aeropuerto”.

37. Auditoría de cumplimiento financiero sobre el

estatus de las reservas en los campos

petroleros asignados a privados. En la Reforma

Energética se cuidó proteger la propiedad de la

nación en materia energética, considerando la

participación privada como complementaria.

La riqueza petrolera que subyace en el

subsuelo sigue siendo propiedad de la nación.

Sin embargo, se permitió en la legislación

secundaria que en la asignación de contratos

(Rondas 1 y 2) a privados, estos podrán

computar las reservas petroleras identificadas

en los campos petroleros como propias para

efecto de comunicar en la bolsa de valores

internacionales y así financiar sus proyectos.


núm. 132-GB “Proceso Licitatorio Núm. 4 de la Ronda 1

para Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción

de Hidrocarburos en Aguas Profundas”.

38. Auditoría cumplimiento financiero al Programa

de Fomento a la Urbanización Rural, para

verificar el cumplimiento de otorgamiento de

subsidios para proyectos ejecutivos y de

construcción en las comunidades rurales.


auditoría núm. 386-DE, 387-DE y 388-DE vinculadas con el

tema.

Auditorías de Inversiones Físicas


39. Auditoría de inversiones físicas a los proyectos

de infraestructura turística que se encuentran

en proceso, particularmente en aquellos donde

se han identificado omisiones por parte de las

empresas supervisoras de las obras.




40. Se requiere continuar y profundizar la

Auditoría de Inversiones Físicas al proyecto de

infraestructura cultural denominado Centro

Cultural Toma de Zacatecas. Esta obra,

financiada con recursos federales, fue

inaugurada oficialmente en septiembre de

2016 y a la fecha es ostensible su deterioro por


núm. 1742-DS-GF “Centro Cultural Toma de Zacatecas (2da

etapa) y Teleférico, en el estado de Zacatecas”.


74

mala calidad de los materiales empleados en su

construcción. Como en años anteriores, se pide

incluir aquí el Proyecto de renovación y

remodelación del Teleférico de Zacatecas.

Auditorías Forenses


41. Auditoria forense al Programa para la

Transición a la Televisión Digital Terrestre

(TGT), debido a la omisión en la aplicación de

penas convencionales y, particularmente, por

la entrega de equipos con problemas técnicos.


núm. 321-DE” Liquidación del Programa para la Transición a

la Televisión Digital Terrestre”.

42. Auditoria forense al proyecto Tren Interurbano

México-Toluca, en el Estado de México y la

Ciudad de México, debido a que no se

garantizaron las mejores condiciones de

contratación para el Estado, lo que derivó en

pagos indebidos.


núm. 335-DE “Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado

de México y la Ciudad de México”.

43. Auditoria forense al proyecto de Ampliación y

Modernización de la Plataforma Presidencial y

de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y

Apoyo en el AICM, en la Ciudad de México,

debido a la adjudicación directa de contratos

de obra pública y de servicios a empresas con

propuestas que resultaron caras y mal

integradas.


núm. 367-DE “Ampliación y Modernización de la Plataforma

Presidencial y de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo

y Apoyo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la

Ciudad de México”.

44. Auditoría forense a la Comisión Nacional del

Agua en el proyecto Obras Hidráulicas para el

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad

de México, debido al otorgamiento indebido

de anticipos cuya aplicación no fue

comprobada conforme a los programas de

obra convenidos.


auditorías núm. 398-DE, 401-DE, 402-DE, 403-DE, 406-DE,

407-DE y 417-DE vinculadas con la temática.

45. Auditoría forense al otorgamiento de contratos

para la empresa brasileña Odebrecht, por parte

de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con el fin de

evaluar diversos gastos injustificados durante

la ejecución de obras en las refinerías de Tula y

Salamanca; poner particular atención y énfasis

en la determinación del procedimiento de

contratación, ya que la adjudicación no fue


núm. 1800-DE “Contratación y Suministro de Etano al

Complejo Petroquímico Etileno XXI”.


75

sometida a un procedimiento de licitación

pública.

46. Auditoria forense al CONACYT en relación al

proyecto de Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC), en virtud de que se han

detectado pagos injustificados en contratos

diversos, así como por los servicios de

Estrategia, Planeación y Gestión de

liberaciones, y versiones obsoletas de la

plataforma Oracle.




Gasto Federalizado

Auditorías de Desempeño


47. Auditorías de desempeño (realizada por la

Auditoría Especial de Desempeño) a los siguientes

Estados: Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Estado de

México, Zacatecas y Ciudad de México, en razón de

conocer la eficacia, eficiencia y economía con que se

ejercieron los recursos del Gasto Federalizado esas

entidades Federativas, que en conjunto operan casi

el 30% de ese sector.


auditorías núm. 1670-GB-DF, 1657-GB-DF, 1664-DS-GF,




DS-GF, 1661-DS-GF, 1656-DS-GF, 1659-DS-GF, 1230-GB-GF,

1216-GB-GF, 1226-DS-GF, 1228-DS-GF, 1229-DS-GF, 1213-




1224-DS-GF, 1215-DS-GF, 1220-DS-GF, 1063-GB-GF, 1051-

GB-GF, 1059-DS-GF, 1061-DS-GF, 1062-DS-GF, 1048-DS-GF,




DE-GF, 1053-DE-GF, 897-GB-GF, 884-GB-GF, 891-DS-GF,




888-DS-GF, 902-DS-GF, 883-DE-GF, 886-DE-GF, 1757-GB-GF,

1744-GB-GF, 1745-GB-GF, 1751-DS-GF, 1754-DS-GF, 1756-




1746-DE-GF, 1834-DE-GF, 731-GB-GF, 719-GB-GF, 721-GB-



76

DS-GF, 732-DS-GF, 734-DS-GF, 724-DS-GF, 723-DS-GF, 734-


DS-GF, 726-DS-GF, 720-DE-GF y 725DE-GF, vinculadas con la

temática.

Auditorías Forenses


48. Auditoría forense a las cinco mega obras del

Estado de Puebla, que muestre el debido y

oportuno seguimiento a los importantes daños

a la Hacienda Pública Federal observados en la

revisión 2015 y, conocer la ejecución de dichos

recursos.


auditorías núm. 1295-DS-GF y 328-DE vinculadas con la

temática.

49. Auditoría forense a los recursos del Gasto

Federalizado ejercidos por el Gobierno de

Veracruz, en razón de las diversas

irregularidades que han causado daños al erario

público del Estado por 46 mil 18.2 millones de

pesos y, se cuenta con las evidencias necesarias

de presuntos ilícitos.


auditorías núm. 1670-GB-GF, 1657-GB-GF, 1664-DS-GF,




DS-GF, 1661-DS-GF, 1656-DE-GF y 1659-DE-GF vinculadas

con la temática.

50. Auditorías forenses a los recursos del Gasto

Federalizado ejercidos por el Gobierno de

Zacatecas, en razón de las diversas

irregularidades detectadas en la revisión de la

Cuenta Pública 2015 y que han causado un daño

probable daño al erario público del orden de

866.8 millones de pesos (mdp).


auditorías núm. 1257-GB-GF,

1744-GB-GF, 1745-GB-GF, 1751-DS-GF, 1754-DS-GF, 1756-




1746-DE-GF y 1834-DE-GF vinculadas con la temática.

Estudios

Función Gobierno


1. Estudio en materia de la participación de la

Procuraduría General de la República en la

extradición, entrega o traslado de indiciados,

procesados o sentenciados, en los términos de

las disposiciones aplicables, así como en el


estudio en los términos planteados para su inclusión en el



77

cumplimiento de los tratados internacionales

en que México sea parte.

2. Estudio panorámico de los mecanismos

existentes de transferencias públicas en favor

de grupos sociales vulnerables.

En las auditorías de desempeño relacionadas con la entrega

de subsidios a favor de grupos vulnerables, se incorpora un

resultado en el que se evalúa si dicha entrega se sujeta a los

criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad,

selectividad y temporalidad, conforme lo establecido en la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

(LFPRH), y se verifican los mecanismos de control que

disponen los entes fiscalizados para garantizar la entrega de

los apoyos.

3. Estudio de la generación de un índice temático

que facilite la búsqueda de información

generada en los Informes sobre el Resultado de

un amplio periodo histórico.




4. Estudio al Poder Judicial de la Federación y al

Consejo de la Judicatura Federal en términos

de sus atribuciones, funciones y competencias

referente al Principio de imparcialidad de

Justicia en el posible o potencial conflicto de

intereses que pueda darse entre las instancias

antes referidas.

A la ASF no corresponde realizar ningún tipo de seguimiento

respecto de los medios alternativos de solución de

controversias en materia penal, sino, en su caso, fiscalizar la

manera en que hayan sido empleados los recursos de la

Hacienda Pública Federal en la implementación del Nuevo

Sistema de Justicia Penal.

5. Estudio Diagnóstico Situacional referente a la

Política Nuclear para impulsar el Desarrollo

Económico del País en el contexto de la

Seguridad Nacional.




6. Estudio al Instituto Nacional para la Evaluación

de la Educación (INEE) de los planes de estudio,

así como los métodos y materiales educativos,

para poder evaluar los componentes del

Sistema Educativo Nacional.

En las auditorías en materia de evaluaciones de la calidad

de la educación (124-GB Evaluaciones de la Calidad de la

Educación Básica y 125-GB Evaluaciones de la Calidad de la

Educación Media Superior, a cargo del INEE), ejecutadas en

la actual revisión de la Cuenta Pública 2016, se revisó el

diseño de los lineamientos y el diseño de las evaluaciones al

componente de planes y programas de estudio.

Asimismo en 2016, en el marco de la Reforma Educativa, la

SEP elaboró el documento de trabajo denominado

“Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, en el

que se establecieron las directrices que deberán atender el

nuevo plan y los programas de estudio de educación básica,

así como los mapas curriculares generales.

El nuevo plan y los programas de estudio de educación

básica se publicarán en 2017 y entrarán en vigor en el ciclo

escolar 2018-2019. Una vez publicados el nuevo plan y los

programas de estudio, se estará en posibilidad de


78

programar una auditoría para valorar la participación del

INEE en la evaluación de los nuevos planes y programas de

estudio, y los métodos y materiales educativos.

7. Estudio de la matriz de indicadores para

resultados (MIR) como parte integral del

Sistema de Evaluación al Desempeño (SED),

para ver sus resultados.

En todas las auditorías de desempeño que anualmente se

practican existe la obligación de analizar las MIR de los

programas presupuestarios revisados. Con motivo de la

revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF evaluó la política

pública del SED.

Asimismo, en el PAAF de la Cuenta Pública 2016 se incluyó

la auditoría núm. 49-GB “Gasto Público Federal y SED”.

8. Se propone a la ASF realizar un estudio de la

conformación, el funcionamiento, así como

una proyección de ingresos del Fondo de

Estabilización de los Ingresos Presupuestarios

(FEIP), que permita identificar los riesgos así

como la viabilidad de su objetivo.


núm. 47-GB “Fondo de Estabilización de los Ingresos

Presupuestarios”.

9. Evaluación del Derecho del Trámite Aduanero.

El derecho de trámite aduanero es una de las

seis contribuciones que pueden causarse con

motivo de la actividad de importación. A

diferencia de ese derecho, las otras cinco sí son

impuestos y sí se reportan como ingresos

fiscales (impuesto general de importación –

arancel–, impuesto al valor agregado,

impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto

especial sobre producción y servicios y derecho

de almacenaje). El trámite aduanero se cobra

con motivo de las operaciones aduaneras que

se efectúen utilizando un pedimento o el

documento aduanero correspondiente en los

términos de la Ley Aduanera. Los ingresos

generados cada año por el derecho de trámite

aduanero de acuerdo con hallazgos de las

auditorías practicadas por la ASF han

observado opacidad en la distribución de los

recursos razón por la cual se recomienda

realizar un estudio sobre la distribución

aplicación y seguimiento de su uso.





79

Función de Desarrollo Social


10. Estudio sobre los efectos y resultados de los

esfuerzos gubernamentales para dirimir el

rezago educativo que afecta a zonas rurales en

distintas regiones, principalmente del sur-

sureste del país.

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se realizará la

auditoría de desempeño número 174-DS "Rezago

Educativo", que tiene como objetivo: fiscalizar la atención

del rezago educativo en la educación básica y media

superior para verificar el cumplimiento de los objetivos y

metas. Esta auditoría permitirá identificar el nivel de rezago

educativo que se presenta en cada una de las 32 entidades

federativas. Con base en la disponibilidad de la información,

se realizará un análisis del rezago educativo por tipo de

localidad (rural y urbana).


la auditoría núm.177-DS “Infraestructura para Abatir el

Rezago de las Condiciones Físicas de Escuelas Públicas”.

11. Estudio sobre los recursos públicos asignados

históricamente al sector educativo y su falta de

consistencia con los resultados obtenidos.

En la revisión de la Cuenta Pública 2011 se realizaron las

evaluaciones de la Política Pública de Educación Básica y de

la Política Pública de Educación Superior, y en la revisión de

la Cuenta Pública 2012, la evaluación de la Política Publica

de Educación Media Superior.

Estas evaluaciones proporcionaron información detallada

tanto de las etapas de política pública (definición del

problema, diseño e implementación), como de los

resultados en periodos largos de tiempo; asimismo, en cada

evaluación se analizó la evolución del presupuesto

destinado a cada uno de estos niveles educativos.

Asimismo, en la revisión de la Cuenta Pública 2016, se

realizaron las auditorías 140-DS y 141-DS, así como la

evaluación 1782-DS, mismas que están vinculadas con la

política educative.

Durante el proceso de planeación para la fiscalización de la

Cuenta Pública 2017, se analizará la factibilidad y

pertinencia de reiniciar el ciclo de evaluaciones de política

pública al sector educativo.

12. Actualmente la prevención de la obesidad y las

enfermedades crónicas son una prioridad

presupuestaria en México, situación que ha

obligado a la Secretaría de Hacienda y Crédito


realizaron las auditorías de desempeño 255-DS y 312-DS a

la prevención y control de la obesidad, a cargo de la

Secretaría de Salud y de las instituciones de seguridad


80

Público a realizar estrategias fiscales de

recaudación para atender dicho problema de

salud. Bajo ese contexto, se propone a la ASF

elaborar un estudio que evalué y determine

cuál ha sido el efecto y beneficio obtenido

respecto de la prevención de estos

padecimientos, como consecuencia de la

recaudación obtenida por la SHCP proveniente

las cargas fiscales aplicadas a diversos

alimentos considerados como no básicos por

su alta concentración y densidad de elementos

calóricos.

social, respectivamente, en cuyos resultados se verificó la

promoción de la salud para evitar este padecimiento; la

cobertura de las pruebas de detección; los pacientes que se

encuentran en control médico; el diagnóstico situacional de

la infraestructura, equipamiento y recursos humanos para

su atención, y los resultados en las tasas de morbilidad y

comorbilidad.



13. Estudio diagnóstico sobre la seguridad

alimentaria y su relación con el ingreso de la

población, es decir, con la capacidad de

adquirir los alimentos. La seguridad

alimentaria hace referencia a la disponibilidad

de alimentos, el acceso de las personas a ellos

y el aprovechamiento biológico de los mismos.

Se considera que un hogar tiene seguridad

alimentaria cuando sus miembros tienen

acceso en todo momento a alimentos

suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus

necesidades nutricionales, que le permite

tener una vida activa y sana. La importancia de

contar con seguridad alimentaria radica en

tener una producción nacional que satisfaga las

necesidades alimentarias locales y la capacidad

de adquirir los alimentos.


núm. 292-DE “Programa de Productividad Rural:

Componente Proyecto Estratégico de Seguridad

Alimentaria”.

14. Estudio transversal al Grupo Aeroportuario de

la Ciudad de México, S.A de C.V. como empresa

paraestatal encargada de la construcción de

NAICM, con el propósito de conocer con

claridad el esquema financiero utilizado en su

construcción, a efecto de detectar riesgos que

pudieran afectar negativamente a las finanzas

públicas del país.

El tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

México se fiscalizó en la Cuenta Pública 2014.


la auditoría núm. 359-DE “Esquema de Financiamiento para

la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México”.

15. Estudio diagnóstico del salario mínimo con el

fin de analizar el presupuesto indispensable

Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2014 se evaluó

la política pública laboral en la que se incluyó un diagnóstico


81

para la satisfacción de necesidades de cada

familia y las condiciones de vida de los

trabajadores que ganan el salario mínimo. Se

requiere conocer con precisión si el salario

mínimo se fija en concordancia con las

necesidades básicas de la población.

sobre el monto al que debería de ascender el salario mínimo

para cumplir con lo establecido en la Constitución.

En la Cuenta Pública 2015 se realizó la auditoría

denominada “Protección al Salario”, en la que se revisó el

poder adquisitivo del salario mínimo y se observó que la

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI)

desconocía el presupuesto indispensable necesario para

satisfacer las necesidades básicas de una familia.

16. Estudio diagnóstico de las políticas públicas

instrumentadas por el Gobierno Federal,

tendientes a favorecer la disponibilidad de

agua en las diversas regiones del país, así como

el mejoramiento de la calidad del recurso

hídrico, con el objetivo de determinar su

impacto sobre el mejoramiento de las

condiciones de vida de la población con menor

disponibilidad del líquido y particularmente, en

la población con menores índices de bienestar.


realizó la auditoría 361 Gestión Integral de los Recursos

Hídricos, la cual evaluó la preservación del agua en cantidad

y calidad, asimismo se llevó a cabo la evaluación 384 Política

Pública Ambiental, en la que se analizó como uno de los

componentes, la disponibilidad y calidad del agua.

En la Cuenta Pública 2012 se realizó la evaluación a la

política hídrica nacional. La política de administración del

recurso hídrico es un tema relevante y de constante

fiscalización por lo que se considera viable la elaboración de

un estudio de política pública, se analizará la factibilidad de

realizar una antepropuesta de evaluación para la

fiscalización de la Cuenta Pública siguiente.


incluyeron las auditorías núm. 395-DE, 410-DE, 421-DE y

422-DE vinculadas con la temática.

17. Estudio diagnóstico de la política pública

relacionada con la Innovación Tecnológica para

Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías

Precursoras y Competitividad de las Empresas,

con el objetivo de determinar su impacto en el

desarrollo de bienes con alto valor tecnológico,

cuya distribución coadyuve a reducir el déficit

en la balanza de pagos de este tipo de bienes.


auditorías núm. 369-DE y 371-DE vinculadas con la

temática.

18. Estudio diagnóstico sobre la regulación y

supervisión de las actividades de exploración,

extracción y licitación en materia de

hidrocarburos relativo a las Rondas 1 y 2

promovidas por la Comisión Nacional de

Hidrocarburos. Privilegiar el análisis de la

gestión de Auditoría Interna en el

fortalecimiento del Control Interno de la

institución, de acuerdo con las disposiciones


núm. 132-GB “Proceso Licitatorio Núm. 4 de la Ronda 1 para

Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de

Hidrocarburos en Aguas Profundas”.


82

normativas aplicables, su Marco Integrado de

Control Interno y las prácticas internacionales

en la materia.

19. Estudio diagnóstico sobre el modelo de

desarrollo turístico actual, con el propósito de

determinar las causas de la estrategia

desarticulada de la política turística, que no ha

logrado promover la inversión pública y

privada en el desarrollo de proyectos que

coadyuven al aprovechamiento del gran

potencial turístico del país. También es

importante determinar las razones por las

cuales en materia turística la información está

desactualizada, lo que se traduce en

indicadores de evaluación y seguimiento

sectorial inoportunos, y en atrasos en la

información contenida en el Atlas Turístico de

México y en el Sistema Nacional de la

Información Estadística del Sector Turístico de

México (DATATUR).


realizó la evaluación a la política pública de turismo.


la auditoría núm. 440-DE “Fortalecimiento de la

Competitividad del Sector Turístico”.

Gasto Federalizado


20. Impacto del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social (FAIS, FORTAMUN y

FAM) en la reducción de los indicadores de

carencia considerados en la medición de la

pobreza.


auditorías núm. 917-DS-GF, 919-DS-GF, 926-DS-GF, 928-DS-

GF, 942-DS-GF, 951-DS-GF, 954-DS-GF, 956-DS-GF, 960-DS-


















83




























DS-GF, 156-DS, 1017-DS-GF, 1059-DS-GF, 1101-DS-GF,







979-DS-GF, 1023-DS-GF, 1065-DS-GF, 1107-DS-GF, 1150-DS-




1716-DS-GF, 1759-DS-GF, 510-DS-GF, 548-DS-GF, 580-DS-







84








































DS-GF, 909-DS-GF, 913-DS-GF, 914-DS-GF.

21. Estudio del impacto de la desigualdad en los

ingresos fiscales del gobierno con riesgo

macroeconómico y del equilibrio





85

presupuestario en materia de seguridad

pública en las Entidades Federativas.

Evaluaciones

Función Gobierno


1. Análisis a la política pública relativa a la solución

de medios alternativos de solución de

controversias en materia penal del fuero

federal, a efecto de profundizar en la

implementación de sus mecanismos y en la

obtención de los resultados esperados con la

implementación del sistema penal acusatorio y

con la promulgación de la Ley General de dichos

medios alternativos.

A la ASF no corresponde realizar ningún tipo de seguimiento

respecto de los medios alternativos de solución de

controversias en materia penal, sino, en su caso, fiscalizar la

manera en que hayan sido empleados los recursos de la

Hacienda Pública Federal en la implementación del Nuevo

Sistema de Justicia Penal.

2. Análisis a la política pública en materia de

extradición de personas hacia otros países con

los que México es parte y la reciprocidad de los

mismos conforme a los requerimientos que

realice nuestro país.




3. Evaluación de la política agropecuaria y de

desarrollo rural sustentable

NOTA: esta solicitud se realizó de manera

duplicada por lo que sólo se presenta una sola

respuesta.

Desde la finalidad de Gobierno, como parte de la

fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF está

realizando la “Evaluación de la Política Pública de la Banca

de Desarrollo”, en la cual se incluye a la Financiera Nacional

de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, con

el objetivo de determinar si está cumpliendo con su fin de

ampliar el crédito e incrementar la inclusión financiera y

determinar el grado de avance en la atención del problema

público del insuficiente financiamiento al sector

agropecuario y rural.

Para la revisión de la Cuenta Pública 2017 se tiene previsto

evaluar a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la

Agricultura (FIRA), con el fin de determinar si están

cumpliendo con el objetivo de facilitar el acceso al crédito y

del otorgamiento de garantías de crédito a proyectos

relacionados con la agricultura, ganadería, avicultura,

agroindustria, pesca y otras actividades conexas o afines

que se realizan en el medio rural.


86

En lo que se refiere a la finalidad de Desarrollo Económico,

con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015 se

evaluó la política pública ganadera.


la auditoría núm. 1785-DE “Evaluación de la Política Pública

de PROAGRO Productivo”.

4. Evaluación de los principales programas

presupuestarios del Instituto Nacional Electoral,

como el de la actualización del padrón electoral

y expedición de la credencial para votar.

Una evaluación a los programas presupuestarios del

Instituto Nacional Electoral no es pertinente para la Cuenta

Pública 2017, ya que si bien se evaluaron los procesos

electorales de 2015 (elecciones concurrentes) y la

fiscalización realizada a los partidos políticos y candidatos

en 2016 (elecciones locales ordinarias y extraordinarias), se

considera que la elección presidencial de 2018, servirá para

evaluar de forma integral el avance real de la reforma

político-electoral de 2014, respecto de procesos electorales

anteriores.


incluyeron las auditorías núm. 113-GB, 114-GB, 112-GB y

1796-GB vinculadas con la temática.

5. Seguimiento a la investigación y persecución de

los delitos federales

El seguimiento a la investigación y persecución de los delitos

federales es un tema específico que se ha incluido como

parte de los resultados de las auditorías a la PGR.


incluyeron las auditorías núm. 106-GB, 108-GB, 33-GB, 21-

GB y 107-GB vinculadas con el tema.

6. Evaluación integral al Programa Institucional de

BANSEFI, que dé seguimiento a su proceso de

planeación y su correspondiente obtención de

resultados específicos al logro de la estrategia

de inclusión financiera del Gobierno Federal

Como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la

ASF está realizando la “Evaluación de la Política Pública de

la Banca de Desarrollo”, en la cual se incluye a la Financiera

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y

Pesquero y al Banco de Ahorro Nacional y Servicios

Financieros (BANSEFI), con el objetivo de determinar si

están cumpliendo con su objeto de ampliar el crédito e

incrementar la inclusión financiera, a fin de determinar el

grado de avance en la atención del problema del

insuficiente financiamiento a los sectores agropecuario,

rural y ahorro y crédito popular.

Para la revisión de la Cuenta Pública 2017 se tiene previsto

incluir en la programación una antepropuesta para fiscalizar

los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura

(FIRA), con el fin de determinar si están cumpliendo con el


87

objetivo de facilitar el acceso al crédito y del otorgamiento

de garantías de crédito a proyectos relacionados con la

agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y

otras actividades conexas o afines que se realizan en el

medio rural.


la auditoría núm. 100-GB “Inclusión Financiera”.

Función Desarrollo Social


7. Evaluación de las políticas públicas orientadas a

impulsar las investigaciones científicas y

tecnológicas, en razón de que los objetivos de

los programas respectivos no están siendo

cumplidos.


auditorías núm. 442-DE, 109-GB, 225-DS, 226-DS, 227-DS,

228-DS, 229-DS, 230-DS, 231-DS, 443-DE y 337-DE

vinculadas con el tema.

8. Evaluación de las políticas públicas orientadas al

otorgamiento de becas, con el fin de determinar

el alcance, resultados y áreas de oportunidad de

los programas diseñados para brindar apoyo a

estudiantes de bajos recursos.


llevaron a cabo las auditorías 160-DS Programa Nacional de

Becas en Educación Básica y 161-DS Programa Nacional de

Becas en Educación Media Superior, en cuyos resultados se

determinó que no se conformó el Sistema Nacional de

Becas, ni se integró el padrón único de beneficiarios del

programa para facilitar la administración de los apoyos y

asegurar que las personas que requieran de la beca

realmente la reciban, y no se acreditó avance en su

conformación, lo que limitó evaluar la contribución de las

becas otorgadas mediante el programa a los estudiantes en

condiciones de marginación o pobreza, para fomentar el

acceso a la educación, la permanencia en el sistema

educativo y la conclusión de sus estudios, a fin de contribuir

a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad

educativa.


incluyeron las auditorías núm. 135-DS y 185-DS vinculadas

con la temática.

9. Evaluación de las políticas públicas orientadas a

dar cumplimiento a lo que se estipula en La Ley

General del Servicio Profesional Docente

(LGSPD), en lo que se refiere a la evaluación del

desempeño docente.

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se realizarán

dos auditorías al Servicio Profesional Docente: 153-DS

Programa para el Desarrollo Profesional Docente en

Educación Básica y 154-DS-GF Programa para el Desarrollo

Profesional Docente en Educación Media Superior.


88

Asimismo, en las auditorías en materia de evaluaciones de

la calidad de la educación (124 Evaluaciones de la Calidad

de la Educación Básica y 125 Evaluaciones de la Calidad de

la Educación Media Superior), ejecutadas en la actual

revisión de la Cuenta Pública 2016, se analizaron las

evaluaciones del desempeño docente a cargo de la SEP y del

INEE. Con base en los resultados de estas auditorías, en la

planeación para la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 se

analizará la factibilidad de realizar una evaluación del

Servicio Profesional Docente.

10. Evaluación de las políticas públicas orientadas al

diseño, producción y distribución de los libros de

texto gratuitos, en el marco de la Reforma

Educativo y el Nuevo Modelo Educativo.

En 2016, en el marco de la Reforma Educativa, la SEP

elaboró la “Propuesta Curricular para la Educación

Obligatoria”, en el que se establecieron las directrices que

deberán atender el nuevo plan y los programas de estudio

de educación básica, así como los mapas curriculares

generales.

El nuevo plan y los programas de estudio de educación

básica se publicarán en 2017 y entrarán en vigor en el ciclo

escolar 2018-2019. Una vez publicado el nuevo plan y los

programas de estudio, se estará en posibilidades de auditar

el diseño, producción y distribución de los libros de texto

gratuitos.

11. Evaluación de las políticas públicas que

engloban los programas del sector Desarrollo

Social para verificar que estos sean

complementarios entre sí, bajo el principio de

coordinación institucional.




12. Evaluación a las políticas públicas encargadas de

atender los principales problemas de salud,

educación y desarrollo en general que afectan a

las comunidades indígenas.


realizó la evaluación 72 “Evaluación de la Política de

Atención a Indígenas,” en cuyos resultados se abordaron los

11 derechos que la política social debe atender para la

población indígena; preservar sus lenguas; conservar su

medio ambiente; garantizar su acceso a la justicia;

garantizar su educación; garantizar su salud; apoyar su

nutrición; mejorar su vivienda; propiciar la equidad de

género; construir vías de comunicación terrestre en sus

comunidades; apoyar las actividades productivas, y

proteger a los migrantes.

Asimismo, en la planeación de la revisión de la Cuenta

Pública 2018 se incorporará la evaluación de la política de

atención a indígenas, a efecto de determinar su pertinencia

para atender el problema que le dio origen, y su efectividad


89

para cumplir con los objetivos y metas comprometidos en la

administración 2013-2018.


incluyeron las auditorías núm. 276-DS, 277-DS, 278-DS y

279-DS, vinculadas con la temática.



13. Evaluación de la política pública del sector

agropecuario, en relación a la integración de una

base de datos confiable respecto del padrón

único de productores rurales beneficiarios, que

permita la identificación y cuantificación de la

población objetivo y potencial de los programas

y proyectos agropecuarios y pesqueros, que

sean útiles para la toma de decisiones y para una

adecuada focalización de los apoyos otorgados.

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 se practicó la

evaluación de la “Política Pública de Padrones de Programas

Gubernamentales para el Otorgamiento de Subsidios y

Apoyos”, la cual tuvo como líneas de investigación la

integración y explotación de los padrones de beneficiarios

de programas gubernamentales, así como de los sistemas

de padrones disponibles, a fin de determinar su pertinencia

para contribuir, por medio de la identificación y

seguimiento de las personas beneficiadas, a la correcta

focalización de los subsidios y apoyos, y a garantizar la

justicia distributiva.

Se analizará la factibilidad de realizar la evaluación de la

política pública del sector agropecuario para las siguientes

cuentas públicas.

14. Evaluación de la política pública de fomento a la

agricultura, así como de la productividad y

competitividad agroalimentaria. En la revisión

de 2015, en ambos casos se realizaron auditorías

forenses, con el fin de investigar y documentar

la existencia de presuntos ilícitos.

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se realizó la

Evaluación a la Política Agraria; en la Cuenta Pública 2014, a

la Política de Pesca y Acuacultura, y en la Cuenta Pública

2015, a la Política Ganadera; asimismo, en la revisión de la

Cuenta Pública 2016, se está realizando la evaluación de la

Política Pública de PROAGRO Productivo y su antecedente

PROCAMPO.


incluyeron las auditorías núm. 285-DE, 286-DE, 287-DE, 288-

DE, 289-DE, 293-DE, 294-DE, 295-DE y 296-DE vinculadas

con la temática.

15. Evaluación de la política pública de regulación y

supervisión de la infraestructura Aeroportuaria,

en particular con el proyecto del Nuevo


México, con el propósito de estimar los

rendimientos financieros que se generarán con

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2013 se practicó la

evaluación de la “Política Pública de Regulación y

Supervisión del Sistema Aeroportuario”, cuyo objetivo fue

identificar los avances y logros alcanzados a partir de la

concesión de los principales aeropuertos del país, respecto


90

su operación y si los beneficios son congruentes

con el costo-beneficio determinado.

de las obligaciones y los propósitos gubernamentales

establecidos.

Se analizará la factibilidad de realizar la evaluación de la

política pública de regulación y supervisión de la

infraestructura Aeroportuaria, en particular con el proyecto

del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

México, una vez que el proyecto sea concluido, entre en

operación y se consolide.

16. Evaluar la política pública de las actividades de

transportes considerándolo como parte

fundamental de la infraestructura del país;

específicamente, la evaluación de la red

carretera, ferroviaria, puertos, aeropuertos y la

red marítima, evaluarla desde el punto de vista

de la existencia de rezago o no y su importante

contribución a elevar la competitividad del país.

La ASF ha evaluado, de manera integral y por separado,

cada uno de los medios de transporte. En la fiscalización de

la Cuenta Pública 2011 se evaluó la Política de Transportes;

en la Cuenta Pública 2013, las políticas públicas de

regulación y supervisión del sistema portuario y

aeroportuario; en la Cuenta Pública 2014, las políticas

públicas de regulación y supervisión del Autotransporte

Federal y del Sistema Ferroviario, y en Cuenta Pública 2015,

la Política Pública de Regulación y Supervisión de la

Infraestructura Carretera.


la auditoría núm. 316-DE “Definición y Conducción de la

Política de Transportes”.

17. Evaluación de la política pública referida al

Cambio Climático: reducción de emisiones

contaminantes; menor emisión de compuestos

de efecto invernadero; incremento del uso de

energías limpias; reducción de fugas y quemas

controladas de metano; tasa cero de

desforestación; tratamiento de aguas residuales

urbanas e industriales; homologar la

normatividad ambiental para vehículos y tener

gasolinas y diésel de ultra bajo azufre;

recuperación y uso de metano en rellenos

sanitarios municipales y plantas de tratamiento

de aguas residuales, e instalación de

biodigestores en granjas agropecuarias y

recuperación de los pastizales, así como la

tecnificación del campo mexicano. El propósito

consiste en evaluar los resultados obtenidos en

la atención del problema público.

Como parte de la fiscalización de las cuentas públicas 2007,

2013 y 2014, se realizaron las auditorías núms. 73 Programa

Especial de Cambio Climático; 130 Adaptación al Cambio

Climático y 134 Mitigación al Cambio Climático, con las que

se evaluaron los resultados de la implementación de los

programas federales orientados a mitigar las emisiones de

Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a la implementación de

las medidas de adaptación a los efectos ocasionados por el

cambio en el clima.

Por lo anterior, se cuenta con la experiencia necesaria para

realizar la evaluación de la política pública para controlar el

Cambio Climático; sin embargo, se considera pertinente

para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, ya que se

tendrá el referente del cumplimiento de metas previstas en

el Programa Nacional de Cambio Climático 2014-2018.

18. Evaluación sobre los factores estructurales que

limitan la capacidad de generación eléctrica de

CFE, los costos de la subutilización y

En la fiscalización de Cuenta Pública 2011 se realizó la

Evaluación de la Política de Energía Eléctrica, cuyo objetivo

fue verificar la coherencia interna y los resultados obtenidos


91

mantenimiento de la infraestructura

subocupada y los costos de explotación que se

derivan de la recurrencia de la CFE de depender

de la adquisición de electricidad de los

permisionarios privados.

por el Gobierno Federal para garantizar el suministro de

energía eléctrica con calidad, confiabilidad y a precios

competitivos.

De igual forma, se analizará la pertinencia de elaborar una

propuesta de auditoría en los términos planteados para su

inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2017.

19. Evaluación sobre resultados de la Reforma

Energética de 2013, en el crecimiento

económico y desarrollo del país.

Específicamente las consecuencias de la

Reforma Energética en la baja productividad de

Pemex, baja inversión pública, bajo empleo,

débil mercado interno, baja recaudación fiscal,

alta carga fiscal de Pemex, mayor producción de

petroleó por las empresas privadas y menor

producción de Pemex. Es importante efectuar

realizar la evaluación en términos del

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la

reforma.




20. Evaluación de la política pública de fomento al

desarrollo de los núcleos agrarios, en relación a

la elaboración de diagnósticos de las

necesidades de la población; así como

indicadores e información para medir su

contribución al objetivo sectorial de fomentar el

desarrollo de los núcleos agrarios, mediante la

mejora de la gestión y seguimiento de los

programas presupuestales.

La ASF ha realizado evaluaciones de política pública a

diferentes actividades del sector primario. En la fiscalización

de la Cuenta Pública 2013 se realizó la Evaluación a la

Política Agraria, en la cual se analizó el nivel de bienestar de

las personas dedicadas a la agricultura como actividad

productiva.

De igual forma, se analizará la pertinencia de elaborar una

propuesta de auditoría en los términos planteados para su

inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2017.

Gasto Federalizado


21. Evaluación integral de la deuda (directa,

indirecta y contingente) en conjunto con los

demás pasivos y obligaciones (directas y

contingentes) de las Entidades Federativas y

Municipios, con especial atención en aquellas

Entidades Federativas que han registrado un

incremento exorbitante de su deuda pública en

los últimos años.


auditorías núm. 1070-GB-GF, 1092-GB-GF, 1217-GB-GF,

1247-GB-GF, 1382-GB-GF, 1501-GB-GF, 34-GB- 43-GB-GF,

445-DE, 44-GB-GF, 489-DE, 54-GB, 559-GB-GF, 63-GB, 672-

GB-GF, 722-GB-GF,85-GB, 176-DS, 39-GB, 37-GB y 42-GB



92

2. Planteamientos de los diputados miembros de la CVASF a la ASF

Por acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, número

CVASF/LXIII/002/2017, fueron recopiladas e integradas las preguntas, opiniones,

observaciones y/o sugerencias, remitidas por los Diputados miembros de la CVASF, relativas

a la Primera entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2016, a efecto de que la

ASF procediera a dar atención a dicho requerimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el mismo

acuerdo. A continuación se transcriben dichos planteamientos, organizados conforme

fueron recibidos por la Unidad, tanto por grupos parlamentarios, como por diputados

miembros de la Comisión.

2.1 Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC)

TEMAS GENERALES

Denuncias de la ASF ante la PGR

Observación: Al igual que en ocasiones anteriores, la Auditoría Superior de la Federación

(ASF) no informa del número y situación que guardan las denuncias presentadas ante la

Procuraduría General de la República (PGR).

Recomendación: Se recomienda a la ASF que, en el marco del Convenio de Colaboración

con la PGR, que suscribió en el pasado mes de abril, incluya en los informes individuales en

las futuras entregas de la Cuenta Pública 2016 información acerca del estatus de las

denuncias penales que la ASF ha presentado ante la PGR. No basta conocer la cantidad de

denuncias presentadas, esa información es pública y se encuentra disponible en la página

web de la ASF, lo que le interesa conocer a la sociedad mexicana son los motivos por los

cuales la autoridad en materia de procuración de justicia dilata tanto tiempo en ejercer

acción penal contra los responsables de los múltiples casos de desvíos de recursos públicos,

los cuales han sido documentados de manera exhaustiva por la ASF. Brindar justicia pronta

y expedita es un principio constitucional.

Propuesta de Auditoría a la Compra, Actualización y Uso del Software Pegasus


93

Observación: El 19 de junio de 2017, el diario New York Times publicó un artículo en el cual

señala que destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas

anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje,

conocido como Pegasus, el cual fue adquirido por el gobierno mexicano para investigar a

criminales y terroristas. El diario estadounidense señaló que desde 2011 el gobierno del

Presidente Enrique Peña Nieto ha gastado casi 80 millones de dólares [aproximadamente

unos 1,600 millones de pesos] en programas de espionaje de la empresa israelí NSO Group

Technologies LTD. Esta empresa cobra a sus clientes gubernamentales según el número

total de objetivos a vigilar, por ejemplo, para espiar a diez usuarios de iPhone el fabricante

cobra 650,000 dólares [unos 13 millones de pesos], además de una cuota de instalación del

programa de 500,000 dólares15 [unos 10 millones de pesos].

El 10 de julio de 2017, el sitio de internet Aristegui Noticias publicó un artículo en el cual

señala que la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y

Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) gastaron casi

500 millones de pesos en actualizar el software Pegasus.16 Con esto se comprueba que las

tres entidades de la administración pública federal (CISEN, SEDENA y PGR) compraron el

software Pegasus, pues el gasto realizado es por concepto de mantenimiento y

actualización del sistema operático de la plataforma de espionaje.

El reportaje en comento indica que un documento de la PGR revela que el 13 de octubre de

2015, esa dependencia desembolsó 145 millones de pesos por una primera actualización

de Pegasus, y para el 2016, el gobierno de México volvió a incrementar la capacidad del

programa espía a un costo de 344 millones 525 mil pesos, según consta en cuatro facturas.17

De las cuatro facturas obtenidas por Aristegui Noticias, dos fueron emitidas por la empresa

Proyectos y Diseños VME a nombre de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y amparan el

monto global de 210 millones 581 mil pesos. El contrato permite al CISEN vigilar y

“consultar” el contenido de mil 250 blancos o dispositivos móviles.18

Una tercera factura corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y ampara

la cifra de un millón 113 mil 600 dólares, documento que fue emitido el 1 de septiembre

15 https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/ 16 http://m.aristeguinoticias.com/1007/mexico/pgr-cisen-y-sedena-gastaron-casi-500-millones-en-actualizar-

pegasus-documentos/ 17 Ídem. 18 Ídem.

https://www.nytimes.com/es/2017/06/19/mexico-pegasus-nso-group-espionaje/

http://m.aristeguinoticias.com/1007/mexico/pgr-cisen-y-sedena-gastaron-casi-500-millones-en-actualizar-pegasus-documentos/

http://m.aristeguinoticias.com/1007/mexico/pgr-cisen-y-sedena-gastaron-casi-500-millones-en-actualizar-pegasus-documentos/


94

del 2016.19 Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), señala el medio de

comunicación referido, pagó entre 2015 y 2016 más de 258 millones pesos a Proyectos y

Diseños VME por actualizar y obtener nuevas licencias para el uso del malware Pegasus. El

13 octubre de 2015 se pagaron 145 millones de pesos para escalar la versión de Pegasus a

2.18. En septiembre de 2016 se instaló la versión 2.24 en la plataforma de PGR y el costo de

la nueva actualización fue de 113 millones 41 mil pesos.20

En suma, el gobierno de México ha gastado aproximadamente 1,600 millones de pesos en

la adquisición del software Pegasus, y unos 500 millones de pesos en actualizaciones. Es

decir, se han erogado cerca de 2,000 millones de pesos del dinero de todos los mexicanos,

en un software cuyo uso es severamente cuestionado por estar implicado no sólo en la

investigación de criminales y terroristas, que es para lo que teóricamente se compró, sino

que también ha sido utilizado para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y

activistas anticorrupción en nuestro país.

La sociedad mexicana exige conocer todo lo relacionado con el proceso de compra del

software multicitado, y también el uso que se le ha dado. Es posible que el proceso de

adquisición haya sido pulcro y apegado a la normatividad, eso esperamos todos; pero

existen justificadas dudas acerca de que el software adquirido se esté utilizando

únicamente en los fines lícitos para los cuales fue comprado, por ello, es necesario que los

titulares de las tres dependencias de la administración pública federal mencionados,

expliquen de cara a la Nación, a través de sus representantes, todo lo relacionado con esta

adquisición.

Recomendación: Por todo lo antes expuesto, se recomienda a la ASF que lleve a cabo una

exhaustiva auditoría a la adquisición, actualización y uso del software Pegasus realizada por

dependencias del gobierno.

Recomendaciones de la ASF para el Trabajo Legislativo

Comentario: El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano valora el esfuerzo y

agradece a la ASF por la entrega del documento (separata) titulado Consideraciones para la

Labor Legislativa. Al igual que en la entrega del Informe de Resultados de la CP 2015, la ASF

19 Ídem. 20 Ídem.


95

incluyó una lista de ordenamientos legales susceptibles de ser modificados por parte del

poder Legislativo a fin de resolver algunas de las problemáticas más recurrentes halladas

por la ASF en su labor fiscalizadora. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

tomará en cuenta todas estas sugerencias de la ASF y promoverá los consensos necesarios

con los demás grupos parlamentarios para impulsar las reformas a diversas leyes, tales

como la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria (LFPRH), pero de manera particular, retomaremos las sugerencias que hace la

ASF en el tema de la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Otras Recomendaciones

Comentario: El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se adhiere a las

recomendaciones hechas por la UEC21 para las subsecuentes entregas parciales de informes

individuales que hará la ASF:

Incluir un Informe (separata) acerca de los factores determinantes de las

irregularidades recurrentes observadas.

Incluir un Informe (separata) de las amortizaciones de la deuda pública, costos de

reestructuración y pago de dicha reestructura y comisiones de la misma, nombres

de los comisionistas, directos e indirectos.

En particular, es de suma importancia conocer las razones del desproporcionado aumento

que ha registrado la deuda pública de algunas Entidades Federativas, así como las

condiciones bajo las cuales se contrata. Por ejemplo, Zacatecas cerró 2016 con un saldo de

8,205.3 millones de pesos de deuda pública, cuando en 2010 la deuda de la Entidad sumaba

682 millones de pesos, es decir, en tan sólo seis años, la deuda del Estado aumentó

1,103%.22

21 UEC de la CVASF. “Datos básicos de la Primera Entrega de Informes Individuales de Auditorías

Correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016”. Serie: Análisis de los Informes

Individuales de Auditorías Correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, Cuaderno

1, Julio de 2017, pp. 18-19. 22 UEC de la CVASF. “Análisis de la Primera Entrega de los Informes Individuales de Auditorías

Correspondientes a Gasto Federalizado”. Serie: Análisis de los Informes Individuales de Auditorías

Correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, Cuaderno 6, Julio de 2017, p. 185.


96

FUNCIONES DE GOBIERNO

Sector Gobernación

Prevención y Readaptación Social. “Administración del Sistema Federal Penitenciario”

Auditoría de Desempeño. No. 11.

Esta auditoría tuvo por objetivo fiscalizar la aplicación de los Tratamientos Técnicos

Interdisciplinarios Integrales Individualizados a la población penitenciaria federal

sentenciada, para lograr su reinserción social, evitar la reincidencia delictiva y, con ello,

contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública.

La ASF documentó entre otros hallazgos:

Un importante problema de sobrepoblación penitenciaria y la falta de una eficiente

planeación distributiva. En 2016, en el ámbito nacional operaron 379 centros

penitenciarios con una capacidad para 209,248 reclusos. De los 379 centros de

reclusión que hay en el país, 157 centros estatales presentaban un problema de

sobrepoblación al albergar 153,539 reos y disponer de una capacidad de 106,247

(cuentan con 44.5% de saturación), y 222 tuvieron espacio para alojar a más

población, ya que contaban con una capacidad de 103,001 criminales y albergaban

a 79,930 (operaban al 77.6% de sus capacidades).

Recomendación: Ante el problema de sobrepoblación es necesario conocer la problemática

que enfrentan los menores de edad que viven con sus madres en los centros penitenciarios

del país. Por ello, se sugiere que la ASF modifique el Programa Anual de Auditorías para la

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 (PAAF 2016), o bien, incluya en el PAAF

2017, una auditoría de desempeño a fin de conocer el detalle de las condiciones de vida en

las cuales realizan sus actividades cotidianas los menores de edad que habitan junto con

sus madres los Centros Penitenciarios del país. La Encuesta Nacional de Población Privada

de la Libertad 2016 (ENPOL), recientemente publicada por el INEGI, puede ser un

instrumento útil para la ASF a fin de planear la auditoria recomendada. La ENPOL permite

conocer la cantidad de mujeres que tienen hijos viviendo con ellas dentro del Centro

Penitenciario, la cantidad de menores que viven con sus madres en el Centro Penitenciario,

si se otorgan o no a los menores servicios médicos, atención psicológica, medicamentos,

vacunas, alimentos, educación escolar, ropa, calzado, juguetes y materiales escolares.


97

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

Sector Salud

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA). “Programa de

Vacunación” Auditoría de Desempeño, No. 214.

La ASF encontró que:

En 2016, el CENSIA adquirió 13,776.5 miles de dosis de vacunas, de acuerdo con lo

que reportó en el PASH, lo que representó el 100.0% de las dosis programadas; sin

embargo, dicha cifra no se corresponde con las 18,511.1 miles de dosis adquiridas

con recursos del programa presupuestario E036 “Programa de Vacunación”,

registradas en la “Base de datos de los pagos realizados por concepto de vacunas

adquiridas”, sin que el CENSIA acreditara las causas de la diferencia.

En CENSIA registró la adquisición de 35,328.3 miles de dosis de biológicos en 2016,

con las que programó la atención de 13,171.7 miles de personas, mediante el

Programa de Vacunación; no obstante, no fue posible valorar sus resultados en el

otorgamiento de protección específica a la población contra enfermedades

prevenibles por vacunación, ya que la entidad no acreditó el número de dosis

aplicadas, el número de personas inmunizadas, ni los resultados obtenidos en las

metas de mantener coberturas de vacunación iguales o mayores que el 95.0% con

cada biológico y del 90.0%, con esquemas completos; no cuantificó a la población

atendida mediante las Semanas Nacionales de Salud y el Programa Permanente de

Vacunación, y no acreditó la implementación de estrategias de vacunación

enfocadas en grupos vulnerables, por lo que no se pudo constatar la disminución de

la brecha de equidad en el acceso y disponibilidad de las vacunas en las comunidades

en situación de vulnerabilidad.

Recomendación: Programar para la revisión de la Cuenta Pública 2017 nuevamente una

auditoría de desempeño al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia,

en particular al Programa de Vacunación, para dar un seguimiento puntual a la debida

solventación de las observaciones hechas por la ASF en la Auditoría 16-5-12R00-07-0214

214-DS.


98

FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SAGARPA. “Programa de Fomento a la Agricultura: Componente PROAGRO Productivo”.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0288.

La ASF documentó las siguientes irregularidades:

Se realizaron pagos en exceso por 47.4 millones de pesos, en incentivos (apoyos)

por superficies superiores o en estratos distintos de los que correspondían.

Se otorgaron apoyos por 4.6 millones de pesos a personas que fallecieron con

anterioridad a la fecha en que se autorizaron, así como a 174 servidores públicos.

Se constató que un total de 25,064 beneficiarios no acreditaron la vinculación del

incentivo (apoyo) por un monto de 79.5 millones de pesos.

Preguntas: ¿Se han fincado responsabilidades administrativas o penales a los responsables

de las irregularidades mencionadas que representan desvío de recursos públicos por un

monto de 121.5 millones de pesos? ¿El ente auditado ha podido, a la fecha, aclarar el motivo

de estas irregularidades?

Sector Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Liquidación del Programa para la

Transición a la Televisión Digital Terrestre”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No.

0321.


Se constató la falta de documentación que acredite el destino final de 11,533

televisores, por un monto de 29.3 millones de pesos.


99

Se reclamó de manera inoportuna la indemnización de 6,492 televisores

siniestrados, por un monto de 16.5 millones de pesos.

Se realizaron compras de bienes en exceso. Se constató que la SCT realizó compras

en exceso por 5,094 televisores.

Preguntas: ¿Dónde se encuentran los 5,094 televisores comprados en exceso; los auditores

de la ASF pudieron verlos físicamente? ¿Es posible que la ASF verifique la existencia física

de los 11,533 televisores cuya documentación no acreditó su destino final, en otras

palabras, en realidad existen esos 11,533 televisores o únicamente hay documentos?

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comisión Nacional del Agua. “Protección de las Aguas Subterráneas”. Auditoría de

desempeño, No. 0415.


Para la protección y conservación de las aguas subterráneas del país, a 2016, la

entidad implementó 2 de 13 proyectos de recarga artificial, insuficientes para la

atención de los acuíferos con escasez del recurso; no publicó 99 decretos de veda y

234 reglamentos para la protección de 333 acuíferos, por lo que no se logró el

ordenamiento de los usos del agua; no consideró el establecimiento de declaratorias

de rescate y reserva del recurso en los cuerpos hídricos que presentaron las

condiciones para ese propósito.

Comentario: Los hallazgos de la ASF hacen evidente la desatención de la CONAGUA en este

importante tema, pues como lo señala la ASF estos descuidos, aunados a que el número de

acuíferos sobreexplotados pasó de 32 en 1975 a 105 en 2016, representan un riesgo para

garantizar el vital líquido a los 119.5 millones de habitantes del país, en especial para los

60.0 millones de personas que se abastecen de los 105 acuíferos sobreexplotados, así como

para las generaciones futuras.

Pregunta: ¿Quiénes son los responsables directos de estas omisiones señaladas por la ASF?

y ¿es posible fincar responsabilidades de tipo penal a los responsables de estas omisiones


100

en materia de conservación de aguas subterráneas toda vez que se trata de un acto de

negligencia criminal al poner en riesgo el abasto del vital líquido para la población?

Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). “Política de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento del Territorio”. Auditoría de Desempeño, No. 0385.


Se constató el diseño inadecuado de la planeación estratégica de la política pública,

la desactualización de la normativa en la materia, la baja coordinación con los tres

órdenes de gobierno para la implementación de la política, y el inadecuado

seguimiento de la gestión y evaluación de los resultados de los programas del sector:

El resultado fue un desproporcionado crecimiento del territorio urbano, ya que

mientras la población urbana se duplicó durante los últimos treinta años, la

superficie urbana se multiplicó por seis.

Preguntas: En opinión de la ASF ¿Qué tanta responsabilidad tienen en la problemática

señalada los grupos empresariales de desarrollos inmobiliarios (residenciales y no

residenciales? y ¿Es posible conciliar los intereses económicos de esos grupos con los

objetivos de la política pública en materia de desarrollo urbano y desarrollo territorial?

GASTO FEDERALIZADO

Subejercicios del Gasto Federalizado en materia de Salud

Comentario: Es preocupante el hallazgo que reporta la ASF acerca del tamaño de los

subejercicios en programas sociales, específicamente en el área de salud, lo cual provoca

un daño a la población al no brindárseles los apoyos o servicios correspondientes por la

falta de aplicación de los recursos autorizados y ministrados.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), subejercicios por un

monto total de 1,116.8 millones de pesos, en los Estados de Aguascalientes, Baja


101

California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero,

Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luís

Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

PROSPERA Programa de Inclusión Social (componente de salud), subejercicios por

un monto total de 571.1 millones de pesos en los Estados de Aguascalientes, Baja

California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango,

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos,

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Pregunta: ¿La ASF ha fincado o fincará responsabilidades administrativas y/o penales a los

funcionarios responsables de estos subejercicios, toda vez que se ha dejado de atender los

problemas de salud de la población por la ineficiencia en la gestión del gasto?

Problemas detectados en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (FAFEF)

Comentario: Es preocupante el hallazgo que reporta la ASF acerca del tamaño del

subejercicio en el FAFEF, el cual asciende a 1,979.8 millones de pesos; así mismo, también

es motivo de inquietud que en general, las Entidades Federativas no cuenten con sistemas

de control interno eficientes, y tengan deficiencias en los procesos de planeación, ejecución

y entrega de las obras, así como en los procesos de adjudicación de bienes y servicios.

Comentario: Es preocupante el hallazgo que reporta la ASF acerca de las Transferencias de

recursos a otras cuentas bancarias en el FAFEF por un monto total de 1,719.7 millones de

pesos, principalmente en los Estados de Coahuila, Zacatecas y Morelos.

2.2 Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

SECTOR GOBIERNO Suprema Corte de Justicia de la Nación


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— En la auditoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Construcción del Nuevo Edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México”, auditoría de Inversiones Físicas, No. 4-GB, se encuentra en proceso de solventación la Solicitud de Aclaración 16-0-03100-04-0004-03-003, en la cual se destaca lo siguiente:

— “Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su Dirección General de Infraestructura Física, aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1,706,095.21 pesos (un millón setecientos seis mil noventa y cinco pesos 21/100 M.N) por concepto de obra y servicios pagados no ejecutados en las subpartidas video digital de recorrido virtual, representaciones virtuales en perspectiva (renders) y cisternas y cárcamo de bombeo del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. SCJN/DGIF/09/07/2016”.

De acuerdo a lo anterior, la pregunta es:

¿Si la ASF está realizando alguna acción de fiscalización que contribuya en el futuro para que no se presenten pagos por concepto de obra y servicios no ejecutados en las distintas instancias?

DESARROLLO SOCIAL Seguro de Vida para jefas de familia

— Sobre la auditoría de desempeño 266, Seguro de Vida para Jefas de Familia, la ASF determinó que la SEDESOL carece de mecanismos internos que aseguren que las mujeres pre-registradas en el programa cumplan con los criterios de selección. Al respecto, la ASF considera que es necesario implementar un proceso sistemático que le permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. En este sentido, ¿qué tipo de proceso recomienda la ASF implementar a fin de que la SEDESOL cumpla cabalmente con sus objetivos y metas establecidos?

— La ASF revisó la operación del Programa de Fomento a la Economía Social (auditoria 272). Entre los resultados más importantes destaca que el INAES revisó que los apoyos otorgados en 2016 no hayan presentado duplicidades con otros programas de otras dependencias, sobre el particular, durante la revisión se comprobó que en efecto la Coordinación General de Planeación y Evaluación del INAES envió 28 oficios solicitando la confronta de los solicitantes de apoyos en 10 convocatorias: a la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), detectándose concurrencias que se hicieron del conocimiento de los involucrados para evitar la duplicidad de los


103

apoyos. Por lo anterior, la ASF recomendó que estas entidades evalúen la conveniencia de crear una base de datos única que les permita compartir en línea, la información de las solicitudes de apoyo a fin de facilitar su consulta en tiempo real para evitar la duplicidad en el otorgamiento de apoyos entre dichas dependencias.

— Al respecto quiero comentar que hace 11 años que se aprobó la Ley General de Desarrollo Social, donde se estableció como obligación la creación del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) justamente para evitar las duplicidades en la entrega de los apoyos y llevar de una manera ordenada la concentración de la totalidad de los programas sociales, sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado consolidar y estos resultados lo confirman.

Mis preguntas son:

¿Qué acciones ha emprendido la ASF contra las dependencias por el incumplimiento de lo que mandata la Ley General de Desarrollo Social?

¿Por qué en los resultados de la auditoría señalada no se menciona nada sobre el

Padrón Único de Beneficiarios y en cambio se recomienda la creación de una base de datos única?

¿No resultaría improductivo crear una base de datos única si ya se tiene por

mandato en ley la creación de un padrón único de beneficiarios?

Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias sociales que esta situación acarrea?

DESARROLLO ECONÓMICO Deficiencias en la inspección laboral (Economía y Trabajo)

— En el sector Trabajo y Previsión Social, la ASF practicó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una auditoría de desempeño denominada “Inspección Laboral”.

Tal como se señala en el Informe del Resultado, las irregularidades detectadas fueron las siguientes:

Baja cobertura de los centros de trabajo inspeccionados.

Deficiencias en la integración de los expedientes de inspecciones a los centros de trabajo.


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Desconocimiento de que los centros de trabajo cumplen o no con la normativa laboral.

Inexistencia de indicadores y metas de la cobertura de visitas.

Incumplimiento del objetivo de profesionalizar a los servidores públicos en las tareas de inspección.

No se reportó ninguna persona certificada en materia de inspección laboral. Señor auditor,

¿Qué acciones recomienda la ASF, en el ámbito de su competencia, para promover que en los centros de trabajo se cumplan las disposiciones jurídicas en materia laboral, de acuerdo con el artículo 18, fracciones I y II, del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (RGITAS)?

¿La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita determinó que la prestación de servicios de contratación (outsourcing) es vulnerable a estas operaciones, de qué manera estas inspecciones laborales están contribuyendo a que el outsourcingno este albergando Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?

Pequeña representatividad del programa “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica” (Ciencia y Tecnología)

— En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, se establece que el sector ciencia y tecnología presenta problemáticas diversas: rezago en el mercado global de conocimiento; carencia en la formación de capital humano; falta de inversión privada en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI); insuficiencia en la inversión gubernamental; falta de vinculación empresarial con los grupos y centros de investigación científica en el país y desarticulación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) con las empresas, por lo que no son aprovechadas las capacidades de las Instituciones de Educación Superior (IES) y los Centros Públicos de Investigación (CPI).

— En materia de infraestructura científica y tecnológica, también se identifican deficiencias: desconocimiento del acervo y distribución de la infraestructura para la ciencia, tecnología e innovación del país, y falta de políticas públicas que faciliten los esquemas de importación de equipos, materiales, insumos, reactivos y animales para la investigación que realiza el sector ciencia, tecnología e innovación.


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— En 2016, el gasto ejercido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (31 mil 626.5 millones de pesos), fue orientado principalmente a Becas de Posgrado y Apoyo a la Calidad (29.8%); al Sistema Nacional de Investigadores, (14.1%); Investigación Científica, Desarrollo e Innovación (13.9%); Innovación Tecnológica para Incrementar la Productividad de las Empresas (12.9%); Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (9.6%); Diseño y Evaluación de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación; y, otros programas de menor representatividad (15.5%).

Señor Auditor,

De acuerdo con la asignación del gasto en 2016, el programa presupuestario S236 “Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica”, recibió pocos recursos federales, es decir, tuvo una baja representatividad en la distribución del gasto total de la entidad, ¿En materia de fiscalización, que acciones recomendaría la ASF al CONACYT, para que en la asignación del gasto priorice programas fundamentales considerados en la planeación nacional?

Daños económicos en proyectos de mantenimiento en las refinerías (Energía)

— En su labor de fiscalización a la Cuenta Pública 2016, la ASF aplicó a Pemex Transformación Industrial una auditoría de inversiones físicas, relativa al “Mantenimiento de la Capacidad de Producción en las Refinerías de Salinas Cruz y Minatitlán, y Tren Energético”; dicha revisión permitió a la ASF detectar diversas irregularidades, entre las que destacan las siguientes:

Daño probable a la Hacienda Pública Federal por un monto de 127 mil 884.9 millones de pesos, por la adquisición de 47 equipos completos por emergencia, afectados por la presencia de cloruros orgánicos para diferentes plantas de proceso de la refinería, en Minatitlán, Veracruz.

Se observó que 20 equipos no están instalados, los cuales presentaban deterioro, por lo que dicha emergencia no está debidamente justificada.

— La ASF derivada de estas observaciones emitió tres Promociones de Responsabilidad Administrativa (PRAS) y un Pliego de Observaciones.

Al respecto, Señor Auditor,

¿Tiene conocimiento qué acciones ha tomado PEMEX para atender el señalamiento del probable daño a la hacienda pública federal?


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¿En la labor de fiscalización superior, se han identificado casos semejantes en los proyectos de mantenimiento efectuados por esta entidad?

¿Qué hechos y denuncias ha realizado en el pasado la ASF sobre esta problemática

y cuales han sido los resultados?

GASTO FEDERALIZADO

Sistema Nacional anticorrupción

— Dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, tan sólo siete Estados han nombrado a los encargados de las Fiscalías Anticorrupción y cinco han conformado los Tribunales de Justicia Administrativa. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece en su artículo 2° transitorio “Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto”. Por lo anterior, Querétaro, Morelos, Sonora y Edo México son las únicas entidades que han cumplido con las reformas y los nombramientos para la Fiscalía y el Tribunal; caso contrario se observa en el Estado de Chihuahua. ¿Tiene la ASF, previsto algún tipo de estrategia con la cual coadyuve con las

Entidades Federativas, en especial Chihuahua, para avanzar en este tipo de reforma urgente y sensible para la modernización de fiscalización?

— En la administración Federal se ha observado que uno de los factores más importantes en la corrupción es la incorporación de funcionarios públicos al sector privado con conflictos de interés, que luego retornan otra vez al sector público. Este mal endémico ha sido señalado en la criminología internacional como el problema por excelencia detonante de la corrupción sistemáticamente organizada a través de redes complejas de corrupción anidadas de forma simultánea en las tres esferas de gobierno: Local, Estatal y Federal. En el ámbito de los gobiernos subnacionales: ¿Cómo contribuirá la ASF a erradicar este problema?

¿Tiene la ASF un diagnóstico de la corrupción basada “en las puertas giratorias”

(revolvingdoor)?


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2.3 Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN)

SECTOR GOBIERNO

Consejo de la Judicatura Federal

— En la auditoria número 8 realizada al Poder Judicial y en específico al Consejo de la Judicatura Federal, se hace la siguiente Recomendación por parte de la Auditoría Superior de la Federación: “Para que el Consejo de la Judicatura Federal instruya a las áreas responsables para que en lo subsecuente se aseguren de que en la ejecución y terminación de los trabajos de las obras públicas a su cargo se cumpla en tiempo y forma con la formalización de los finiquitos y del acta de extinción de derechos de las obras”.

— Este tipo de recomendaciones se han realizado a otras instancias del Gobierno prácticamente en los mismos términos y condiciones a lo largo de diferentes años. Por lo anterior:

¿Señor Auditor, la ASF está realizando alguna acción para inhibir esta deficiente

práctica gubernamental en la ejecución del gasto?

Proceso Electoral

— De la auditoría 1796 al INE referida al proceso electoral realizado en 2016, a 17 entidades federativas para renovar 1,430 cargos de elección popular: 13 gubernaturas, 448 diputaciones locales y 969 ayuntamientos, en los que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizó la fiscalización de los ingresos y egresos de los 8,271 candidatos locales que participaron en los procesos electorales locales, mediante la verificación del registro de sus operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), la práctica de auditorías y visitas de verificación, la revisión de sus informes de ingresos y egresos, así como la promoción de sanciones ante el Consejo General del instituto; nos señala usted Señor Auditor que, es necesario fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño, a fin de contar con indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados con la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos. La pregunta es la siguiente:

¿Qué medidas ha implementado el INE para integrar a los partidos políticos al

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)? ¿Qué medidas de Fiscalización Superior está pensando realizar la ASF para que se avance en la aplicación del SED a los partidos políticos?


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DESARROLLO SOCIAL

Adultos Mayores

— El Gobierno Federal ha emprendido, desde el inicio de la Administración, una campaña para reconocer a los adultos mayores como principales fuentes de sabiduría, pero sobre todo para proteger sus derechos y ponerlos como una prioridad dentro del eje México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Por ello puso en marcha un programa denominado “Servicios a Grupos con Necesidades Especiales” a través del cual da atención integral a los adultos mayores.

— En la fiscalización a la Cuenta Pública 2016, la ASF reconoció que el Instituto de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) atendió a 230,579 adultos mayores, cantidad superior en 14.1% a la meta de 202.1 miles de personas adultas mayores y que representaron el 1.8% de las 12,520.7 miles de personas adultas del país. Respecto de la incorporación de los adultos mayores a la vida laboral, el Instituto vinculó a 11,165 personas a una actividad productiva, cifra que representó el 73.0% de los 15,287 adultos mayores comprometidos.

En este contexto, ¿la ASF considera que se ha avanzado en el cumplimiento de la

meta del Gobierno Federal en cuanto a lo establecido por el PND? Por otro lado ¿cuáles son los retos que la entidad de fiscalización superior considera aún quedan por cumplir?

— Como se sabe, el Gobierno Federal implementó un proceso presupuestario desde la perspectiva de base cero, lo que implicó la reestructuración de diversos programas sociales, uno de ellos fue el Programa de Fomento a la Economía Social, el cual estuvo a cargo de la Secretaria de Economía hasta el 2015 pero posteriormente se sectorizó al ramo 20 Desarrollo Social. A partir de ese momento el Gobierno Federal está implementando acciones para fusionar el Programa de Fomento a la Economía Social con el Programa de Opciones Productivas que ya existía en la dependencia a cargo (SEDESOL), el objetivo de esto es contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de los Organismos del Sector Social de la Economía.

Al respecto, ¿considera la ASF que esta fusión cubra de manera íntegra todas las

vertientes que por sí solos atendía cada uno de los programas? ¿Considera que fue una acción adecuada del Gobierno Federal el fusionar ambos programas?


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SECTOR SALUD

— En la revisiones de las cuentas públicas 2014, 2015 y el parcial de 2016 se ha observado que la ASF ha realizado diversas auditorías, tanto a la Secretaría de Salud como a otras entidades del estado, para verificar el desempeño respecto de la calidad en la Atención Medica brindada, en seguimiento a los compromisos establecidos en el PND 2007-2012, el cual “la calidad” es uno de los componentes de la política de salud, estableciéndose para ello la estrategia 5.3 “Asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acordes con las necesidades de salud de la población”, para que ésta contara con servicios de salud eficientes y de alta calidad.

Al respecto, podría señalar:

¿Cuál ha sido el desempeño general de los objetivos y programas destinados a la

atención de dicha estrategia?

Con base en los resultados obtenidos en sus diferentes revisiones tanto a la Secretaria de Salud como a las entidades de salud involucradas, ¿Considera la ASF que los compromisos establecidos en el PND 2007-2012 están alcanzando tanto los objetivos como las metas propuestas?

Se ha observado que en muchos de los programas auditados, el común

denominador de las irregulares detectadas coincide con la falta de certeza de la información provista por las entidades encargadas de llevar a cabo la aplicación de los programas, en consecuencia la ASF ha recomendado reiteradamente la mejora del diseño de sus indicadores de manera que permitan verificar y contar con información suficiente, clara y oportuna para la adecuada rendición de cuentas de su gestión pública, al respecto: ¿Ha observado la ASF avances positivos significativos sobre estas recomendaciones?

DESARROLLO ECONÓMICO Irregularidades recurrentes en el Programa de Fomento Agrícola (Sector Agropecuario y Pesquero)

— En su labor de fiscalización superior a la Cuenta Pública 2015, la ASF aplicó a la SAGARPA auditorías forenses a 2 componentes del Programa de Fomento a la Agricultura (PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol), con el fin de buscar evidencias de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas para promover las acciones legales procedentes.


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La aplicación de estas auditorías le permitió a la ASF detectar las siguientes irregularidades:

Avalar operaciones bancarias alteradas.

Entregar facturas falsas y otorgar recursos a empresas que no operan o se dedican a otros giros.

Establecimiento de convenios con universidades que subcontrataron a personas no aptas y entregó estudios bajados de Internet.

Liberación de pagos a proveedores sin que se acrediten la entrega de bienes y sin tener la certeza de la población objetivo, ya que hubo beneficiarios que no confirmaron haber recibido apoyos y, en otros casos, a la fecha de la auditoría ni siquiera dieron inicio los proyectos, aunque ya se les había liquidado.

Pagos duplicados.

— Por su parte, en la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2016, la ASF aplicó a la SAGARPA una auditoría financiera y de cumplimiento a un componente del Programa de Fomento a la Agricultura (PROAGRO Productivo), cuyo propósito es que los apoyos otorgados deben vincularse con el mejoramiento de la productividad agrícola, es decir, los beneficiarios están obligados a acreditar el destino de los recursos en aspectos técnicos, productivos, organizacionales y de inversión.

Las irregularidades detectadas en la aplicación de la auditoría, fueron las siguientes:

Pagos realizados en exceso.

Otorgamiento de apoyos a personas fallecidas y a servidores públicos.

Otorgamiento de apoyos a beneficiarios que no acreditaron la vinculación con el programa.

Uso de los recursos otorgados en otros fines a los autorizados.

Falta de documentación comprobatoria de los apoyos otorgados. A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor,

¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para evitar continuar destinando recursos año con año a programas que han mostrado recurrentes irregularidades,


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incumplimiento de sus objetivos y permitido el desvío de recursos utilizando un gran número de acciones fraudulentas?

¿Qué acciones ha realizado la ASF, en el ámbito de su competencia, para sancionar a los principales responsables de estas irregularidades recurrentes?

¿Qué está haciendo la ASF para contribuir a erradicar la práctica recurrente de desviar recursos con flagrante impunidad?

La ASF ha dicho repetidas veces que lo que no se puede cuantificar no se puede evaluar. ¿Sobre esta base y considerando, que las auditorías practicadas al sector son una muestra del gasto auditado puede la ASF cuantificar el daño general social de las irregularidades anteriormente señaladas?

Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) (Comunicaciones y Transportes)

— La auditoría financiera y de cumplimiento, “Tarifa de Uso de Aeropuerto Facturada y sus Aplicaciones”, que practicó en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015, al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), señaló que el ente fiscalizado, no acreditó con la documentación soporte los siguientes aspectos:

El costo total que se tendrá que pagar con recursos de la TUA por las disposiciones del contrato del crédito de 1, 000,000.0 miles de dólares, tales como intereses, comisiones, y gastos asociados con el mismo.

Las características de las disposiciones del crédito contratado por 1, 000,000.0 miles de dólares.

El plazo por el que tendrían que ceder los recursos de la TUA para liquidar las disposiciones del crédito del esquema de financiamiento.

Los controles establecidos para conocer el ingreso que tienen las líneas aéreas por la recolección de la TUA, ya que entregan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), los “Manifiestos de salida” (documentos de buena fe), en los que informan, bajo protesta de decir verdad, la TUA que pagaron los usuarios.

Los procedimientos de control y supervisión respecto de la facturación que el AICM, realiza a las aerolíneas, las cuales depositan la TUA al fideicomiso privado 2172, como parte del esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.


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Cómo se erogaron 2, 706,991.1 miles de pesos de recursos provenientes de la TUA por los fideicomisos privados 2172 y 80460 y las instrucciones giradas por las dos entidades para el efecto, ya que el esquema de financiamiento fue estructurado bajo el marco legal de derecho privado, modificando su naturaleza de recursos públicos a privados, lo que evitó que el crédito por 1, 000,000.0 miles de dólares se registrara como deuda pública.

— Bajo el mismo esquema financiero y operativo del proyecto, en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF aplicó la auditoría financiera y de cumplimiento, “Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto”, al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Se señaló en el dictamen que en términos generales, el GACM y el AICM cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, específicamente en lo relacionado con el ejercicio de los recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, derivada de los compromisos pactados en el esquema de financiamiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se emitió este dictamen no obstante que fueron señaladas nueve recomendaciones derivadas de la siguiente observación:

— “El AICM cuenta con controles, mediante el Sistema Oracle y conciliaciones, para confirmar que la recolección, facturación, cobro y registro de la TUA se realiza correctamente; sin embargo, se detectó que (i) para efectos de conciliar con las aerolíneas a qué facturas corresponden los pagos realizados al fideicomiso privado 2172, éstas no le desglosan esa información; que (ii) el Sistema Oracle no cuenta con alertas para identificar las facturas vencidas pendientes de cobro, ni determina el monto de los intereses moratorios a cubrir por las aerolíneas, situación que representa un riesgo operativo, y (iii) el registro de las cuentas por cobrar no se realiza en subcuentas por concepto a fin de distinguir las correspondientes a la TUA”.

Con estos antecedentes, le pregunto señor Auditor,

Tanto en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015 como en la de 2016, se detectaron diversas irregularidades; no obstante esta situación, en la revisión de 2016 la ASF emitió un dictamen de cumplimiento, ¿cuáles fueron las consideraciones para que la ASF emita una opinión de este tipo?

Deficiencias en las Reglas de Operación y cuantificación de la población objetivo (Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano)

— Con el propósito de resolver la problemática derivada de la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas que da pie a un aumento de hogares que presentan carencia de calidad y espacio de vivienda, el programa “Programa de Infraestructura:


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Componente Ampliación y/o Mejora de la Vivienda” creó espacios públicos adecuados y favorables para el desarrollo comunitario, incorporó políticas de inclusión social con perspectiva de género, a fin de apoyar a las mujeres con la construcción de centros integrales, los cuales contaron con distintos módulos de servicios de fortalecimiento económico, educación colectiva, atención a la salud sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar, así como incorporar bibliotecas, zonas de recreación y estimulación infantil.

— En 2016, la ASF aplicó a la SEDATU la auditoría de desempeño al programa mencionado, la cual le permitió detectar diversas irregularidades en las Reglas de Operación y en la cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, ya que no se definió de manera específica su población objetivo para la vertiente evaluada, no se establecieron los montos por porcentaje del costo total del programa, no se definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizaran exclusivamente a la población objetivo; asimismo, la SEDATU cuantificó a 21,889,499 hogares como su población potencial, y a 69,681 hogares como la atendida; sin embargo, no determinó a la población objetivo ni identificó si la población atendida se correspondió con los hogares ubicados dentro de las localidades rurales de muy alto, alto y medio rezago social.

A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor,

¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad pública verifique o en su caso realice un adecuado diseño de las Reglas de Operación, a fin de atender irregularidades detectadas en la identificación de la población objetivo, establecimiento de montos por porcentaje del costo total y se garantice que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo?

En su opinión, ¿la deficiente cuantificación de la población objetivo no da pie a que la dependencia incurra en la práctica de desvío de recursos?

¿Cómo piensa contribuir la ASF en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción para inhibir esta mala práctica del ejercicio del gasto que puede derivar en corrupción profunda?

GASTO FEDERALIZADO Entidades de Fiscalización Locales

— En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala que la ASF llevará a cabo, de manera directa, las auditorías que correspondan, cuando el órgano local de fiscalización haya solventado sin sustento, o en contravención a los


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lineamientos, observaciones realizadas con motivo de auditorías al ejercicio de las participaciones federales durante dos años consecutivos. ¿Cuáles son los mecanismos y procesos que permitirán identificar en qué

momento las Entidades Fiscalización Locales solventan sin sustento?

¿La ASF tiene un estimado cuantitativo del importe solventado sin sustento?

En el momento de presentarse un caso ¿Cuáles son las sanciones que se aplicarán a la(s) Entidad(es) de Fiscalización Local(es)?

— Casos de contratación excesiva de deuda pública como los de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, que no sucedieron de un ejercicio fiscal a otro, sino que se trató de un endeudamiento acumulado durante las administraciones de sus Gobernadores, nos hacen reflexionar respecto del papel que desempeñaron las Entidades de Fiscalización Locales respecto de la dictaminación de las Cuentas Públicas de cada Entidad Federativa.

En este contexto ¿Por qué la Auditoría Superior de la Federación no realiza

observaciones públicas respecto del desempeño de los Titulares de las Entidades de Fiscalización Locales, quienes no sólo omitieron advertir los riesgos del insostenible endeudamiento público, sino que con su silencio decidieron obviar estas malas prácticas gubernamentales?

¿Por qué la Auditoría Superior de la Federación no ha denunciado públicamente

la falta de probidad o de independencia de los Titulares de las Entidades de Fiscalización Locales respecto de los Gobernadores de las Entidades Federativas? Casos como los de Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua o Coahuila demuestran que los llamados Auditores Superiores Locales acatan las instrucciones de los Gobernadores y no cumplen su función de apoyo técnico del Congreso Local.

Gobiernos de las Entidades Federativas

— Los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas y a los Municipios representan la fuente principal de ingresos de estos órdenes de gobierno y son fundamentales para financiar sus estrategias y programas de desarrollo.


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— En el periodo de 2000 a 2012, el gasto federalizado ascendió a 13 mil 270 millones de pesos, de los cuales el 59% correspondió al gasto federalizado programable, mientras que las participaciones federales representaron el 41%.

— En ese mismo periodo, el gasto federalizado programable significó el 20% del gasto neto total y el 25% del gasto programable total.

— A decir de la propia Auditoría Superior de la Federación en el estudio “Diagnóstico sobre la opacidad del gasto federalizado” elaborado en 2012, el marco normativo que regula la gestión del gasto federalizado es genérico, ambiguo e insuficiente en algunos aspectos sustantivos, además de estar disperso en diversos ordenamientos; asimismo, se puntualiza la falta de mecanismos explícitos para la distribución de recursos; la insuficiente transparencia en la definición o aplicación de la fórmula o el mecanismo de distribución de los recursos, entre otros cuestionamientos.

Dentro de este contexto ¿cuáles son los señalamientos más sentidos de la Auditoría Superior de la Federación respecto del ejercicio del gasto federalizado por parte de las Entidades Federativas?

GASTO CENTRALIZADO

— En el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016, esta Cámara de Diputados autorizó que fuera ejercido un gasto de 4.7 billones de pesos; a pesar de los recortes presupuestales efectuados por la Secretaría de Hacienda y Crédito en enero y junio por un monto total de 164 mil 777 millones de pesos, los datos sobre la Cuenta Pública 2016 señalan que el gasto presupuestario total ejercido fue de 5.3 billones de pesos, un 12.9% superior a lo que fue aprobado.

— El 95% de ese sobre ejercicio se concentró en el Gasto Programable, en específico en las aportaciones patrimoniales a PEMEX y a CFE; al mayor pago de pensiones, y los mayores recursos transferidos a las Entidades Federativas por concepto de subsidios a los centros educativos.

— Es de llamar la atención que, habiéndose registrado un sobre ejercicio tan importante en el gasto presupuestario, la parte definida de éste como Gasto Estructural no haya mostrado una expansión proporcionalmente similar; de lo que se puede inferir que los recursos disponibles para la operación corriente del Gobierno Federal y el cumplimiento de sus funciones están acotadas por las cantidades que deben destinarse al pago de pensiones y jubilaciones del sector público, así como para sufragar el costo de los combustibles utilizados para la generación de electricidad.


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— Tratándose del gasto programable, en su clasificación administrativa, el sobre ejercicio fue del 16.2% concentrándose en los Ramos Administrativos y en los Ramos Generales, con incrementos respectivos de 36.6% y de 9.9%; sin embargo, a pesar de este sobre ejercicio, los ramos que registraron gastos inferiores a los que originalmente habían sido aprobados por la Cámara de Diputados son los que tienen mayor incidencia social: el Ramo 12 “Salud”, el Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” y el Ramo 20 “Desarrollo Social” cuyas erogaciones fueron inferiores a los presupuestos que le habían sido aprobados en 6.0%, 6.2% y 2.9% respectivamente.

— Los citados subejercicios, se traducen en importantes rezagos en el gasto de los programas presupuestarios vinculados directamente con la atención de los grupos más vulnerables; a mayor abundamiento, la brecha entre los recursos ejercidos y los aprobados no sólo se registró en los Ramos vinculados a las prioridades de gasto social sino que, además, los programas presupuestales más castigados fueron los de subsidios, a pesar de que tienen como principal propósito coadyuvar a mitigar la pobreza en los grupo de población más vulnerable.

En este contexto, en su opinión ¿cómo podría hacerse más eficiente el gasto y el

aparato público?

¿Cuál es el monto de los recursos públicos que han sido canalizados o destinados a las organizaciones sindicales dentro de PEMEX, CFE, SNTE, etc.? ¿Cuál es la opinión de la Auditoría Superior de la Federación al respecto?

Delegaciones Federales

— Las Delegaciones Federales son órganos desconcentrados regionales, que dependen de la Administración Pública Centralizada y que, teóricamente, tienen como objetivo acercar a la ciudadanía los servicios públicos de sus respectivas competencias de manera ágil y expedita.

— Para el ejercicio fiscal de 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación prevé que sean asignados 241.5 millones de pesos para las Delegaciones Federales de la SAGARPA; 509.47 millones de pesos para las Delegaciones Federales de la Secretaría de Salud; 270.56 millones para las Delegaciones Federales de la SEMARNAT; por enunciar algunos ejemplos. ¿Cuál es su opinión respecto de la existencia de Delegaciones Federales de

distintas Secretarías de los Ramos del Gobierno dentro de las Entidades


117

Federativas? ¿No le parece que únicamente elevan el costo burocrático? ¿Qué indicadores se tienen respecto de la eficiencia en el desempeño de su gasto?

Combate a la corrupción

— La reforma constitucional de mayo de 2015, situó a la fiscalización superior, primordialmente, como una herramienta para combatir a la corrupción.

— Asimismo, para que la fiscalización superior pudiera incidir en el combate a la corrupción, se planteó a la sanción como núcleo duro de la rendición de cuentas, enfocándose a que las prácticas de irregularidades y de actos de corrupción, tuvieran consecuencias.

— La Auditoría Superior de la Federación prevé recomendaciones de tipo preventivo y acciones de tipo correctivo, que derivan de las observaciones efectuadas a los resultados de las auditorías.

— Dentro de las acciones promovidas con carácter correctivo se encuentra la formulación de un pliego de observaciones, siendo éstas de carácter económico en las que se presume un daño, un perjuicio, o ambos, así como la presunta responsabilidad de infractores, en cantidad líquida.

— Cuando la entidad fiscalizada solventa en forma parcial o no solventa el pliego de observaciones, la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, en que se determina la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios estimables en dinero.

— Con fecha 31 de marzo de 2017, la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el “Informe del estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas”.

¿Cuál es el estado que guardan las 9,146 acciones promovidas que estaban en proceso de solventación al 31 de marzo de 2017? ¿cuál es el estado que guardan los 628 procedimiento resarcitorios reportados a esa fecha?

No consideraría conveniente la Auditoría Superior de la Federación que, después de la solventación de las observaciones ¿se emita un nuevo informe para tener claridad de cuáles son –realmente– los montos en desvío y los observados?


118

Sistema Nacional Anticorrupción

— El Sistema Nacional Anticorrupción se concibió como la instancia de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

— En el Artículo Séptimo de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, se estableció que durante dicho ejercicio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizaría las adecuaciones presupuestarias correspondientes para proveer de recursos humanos, financieros y materiales correspondientes al inicio de operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

— Durante 2017 se instaló el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y comenzó operaciones la Secretaría Ejecutiva del mismo; es prudente señalar que, con ello, inició la coordinación de siete instituciones como i) la Auditoría Superior de la Federación; ii) la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; iii) la Secretaría de la Función Pública; iv) el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; v) el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; vi) el Consejo de la Judicatura Federal; y, vii) el Comité de Participación Ciudadana.

— Una de las problemáticas actuales en materia presupuestaria, es la ausencia de mecanismos de rastreo que den visibilidad a los ejecutores del gasto dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que limita la evaluación, la planeación, la asignación, la ejecución y la medición de la eficiencia del gasto público.

— La literatura especializada ha señalado que una de las herramientas para conocer cómo es que será ejercido el gasto público para problemáticas específicas, son los Anexos Transversales. En éstos, se concentran programas presupuestarios y unidades responsables con recursos destinados a obras, acciones y servicios vinculados con un sector en específico. Para que un Anexo Transversal surja, su obligatoriedad no necesariamente debe derivar de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sino que también puede crearse directamente en el Decreto de Presupuesto.

— Nos enfrentamos a la problemática de irrastreabilidad del gasto público que se destina para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto para las nuevas instituciones, así como para las que ya existen.


119

Dentro de este contexto ¿considera viable la existencia de un Anexo Transversal para el Sistema Nacional Anticorrupción? En su opinión, la calidad y eficiencia del gasto público destinado al combate a la corrupción en general, canalizado a través del Sistema Nacional Anticorrupción ¿mejoraría con la inclusión de un Anexo Transversal de esta naturaleza dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación?

2.4 Grupo Parlamentario Nueva Alianza (PANAL)

GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de Derechos Humanos. La violencia e inseguridad son, lamentablemente, temas de la mayor importancia. También lo son la protección y el trato adecuado a los ciudadanos por parte de todas las instancias públicas. Lo que nos coloca en el terreno del respeto a los derechos humanos. En este sentido, en la primer entrega de avances de informes de auditoría, hay tres referidas a ellos: la auditoría 29-GB realizada al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; la auditoría 107-GB a la Procuraduría General de la República y la auditoría 117-GB a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En este sentido Sr. Auditor, en la auditoría al CONAPRED la Auditoría Superior de la Federación señala que la Matriz de Indicadores para Resultados –MIR-, no permite valorar el cumplimiento de los objetivos institucionales. En la auditoría realizada a la PGR, la entidad de fiscalización superior señala insuficiencias en la MIR, por lo que no es posible determinar la relación causa – efecto que existe entre los distintos niveles de la matriz; es decir, que no se conoce el efecto logrado como consecuencia del servicio prestado. Por último, en la auditoría realizada a la CNDH la ASF encontró deficiencias en el diagnóstico de necesidades de capacitación y deficiencias legales que limitan el seguimiento de las recomendaciones. Dado que de las tres auditorías se desprende la existencia de insuficiencias o deficiencias de diseño y normativas que impiden el adecuado conocimiento del impacto que las tres instituciones realizan para la protección de los derechos humanos, me permito preguntar a Usted ¿Por qué los dictámenes de las auditorías mencionadas puntualizan exclusivamente las acciones realizadas por las 3


120

instituciones auditadas, dejando de lado las insuficiencias detectadas por la entidad de fiscalización?

Plataforma Nacional de Transparencia.

En la auditoría 129-GB realizada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en lo específico a la Plataforma Nacional de Transparencia y a los Sistemas que la integran, la ASF concluyó que los Sistemas presentan fallas en su funcionalidad, específicamente el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) y el Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), se encuentran en funcionamiento sin que a la fecha de la auditoría (mayo 2017) hayan culminado las etapas de pruebas para proceder a su plena operatividad.

Sobre este particular Señor Auditor, ¿Qué repercusiones respecto a la protección de datos y acceso a la información han ocasionado las fallas de dicha Plataforma? y ¿Qué medidas se pusieron en marcha a partir de los resultados de esta auditoría para solucionarlas?

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO SOCIAL Educación. Actualmente, el dominio del idioma inglés de un amplio porcentaje de los estudiantes mexicanos es, en el mejor de los casos, muy limitado; lo que significa que la mayoría de las y los niños y jóvenes en México no comprende el idioma ni puede responder a las preguntas más elementales en dicha lengua. Sin embargo, al igual que en otras asignaturas, los métodos de evaluación implementados permiten que los alumnos continúen avanzando en los niveles escolares, sin contar con los conocimientos suficientes para ello. Situación que acentúa y mantiene la mala calidad de la educación en esta materia. Lo anterior representa una gran área de oportunidad para el sistema educativo, ya que una amplia gama de oportunidades laborales se mantiene inaccesible a los profesionistas mexicanos que no dominan el idioma, siendo este un requisito básico en la mayoría de las compañías en expansión. A partir de la fiscalización superior efectuada a entes vinculados con el sector educativo, particularmente al Programa Nacional de Inglés, podrá decirnos Señor Auditor:

¿Qué deficiencias se identifican en la tentativa gubernamental por dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Educación y Programa para Democratizar la Productividad, en lo relativo al


121

fomento de la adquisición de capacidades básicas, incluyendo el manejo de otros idiomas, para incorporarse a un mercado laboral competitivo a nivel global?

Por último Señor Auditor, quisiera conocer las razones por las cuales los Informes de Auditoría son cada vez más escuetos. En mi opinión, serían de mayor utilidad Dictámenes de auditoría con resultados más claros y contundentes sobre los hallazgos de la entidad de fiscalización a su cargo; ya que si bien se trata de un esfuerzo de sistematización de la información por parte de la entidad de fiscalización a su Digno cargo, también lo es, que la revisión de los informes a partir de la información presentada resulta insuficiente, limitando con ello los resultados de la fiscalización superior y el impacto de sus resultados.


122

3. Recomendaciones a la ASF y propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones

3.1 Recomendaciones al trabajo de fiscalización de la ASF

1. Fortalecimiento de la presentación del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización

Superior (PAAF). Actualmente la ASF no provee información precisa sobre la orientación de

la fiscalización superior ni la relación que tiene con el Plan Estratégico de la misma Auditoría,

ni con los objetivos y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y Programas

Sectoriales de Desarrollo.

Lo anterior dificulta la evaluación integral que se realiza a la labor fiscalizadora de la ASF y

el análisis de su vinculación con los fines de la agenda nacional. Además, dicha información

contribuiría a una valoración más precisa sobre el impacto de la fiscalización superior en la

mejora de la gestión de los recursos públicos.

Recomendación CVASF-IR16-01. Que la ASF, sin perjuicio de su autonomía técnica

y de gestión, incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización

Superior (PAAF) de la Cuenta Pública que se trate los apartados siguientes:

1. Marco de referencia sobre los procesos implementados en la etapa de

planeación de auditorías, en el que se especifiquen las temáticas

fundamentales englobadas, líneas estratégicas trazadas, y metodología para la

selección de auditorías;

2. Consistencia de las auditorías programadas con lo establecido en el Plan

Estratégico de la ASF y con las metas y objetivos del Plan Nacional de

Desarrollo y Programas Sectoriales;

3. Enunciación, en su caso, del enfoque de las auditorías programadas

(horizontales, verticales, multianuales, transversales o integrales);

4. Especificación de las auditorías orientadas a revisar los proyectos de

Asociaciones Público Privadas (APP); y

5. Relación de las auditorías programadas en cada entrega de informes

individuales establecidos en la LFRCF (junio, octubre y febrero), precisando

cuántas y cuáles auditorías serán practicadas.


123

2. Identificación puntual de programas con mayores montos ejercidos e irregularidades

recurrentes. En la primera entrega de informes individuales, correspondiente a junio de

2017, la ASF presentó un conjunto de consideraciones para la conformación del

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, las cuales incluyen temas vinculados

con educación, desarrollo urbano, protección a grupos vulnerables, ciencia y tecnología,

asuntos laborales, y gestión del agua.

Sin embargo, dichas consideraciones son muy generales y omiten datos relevantes, como

disponibilidad de presupuesto, prioridades del gasto, y cumplimiento de metas y objetivos,

entre otros. Con el propósito de detener la canalización de recursos federales a programas

ineficientes e ineficaces, poner límites al dispendio y desvío de recursos, evitar la

recurrencia de irregularidades, y contribuir a la mejora de la labor legislativa en lo

concerniente a la aprobación del PEF, se considera pertinente lo siguiente:


y de gestión, identifique a nivel de cada entidad fiscalizada, los programas que

involucren los mayores montos presupuestales asignados y ejercidos y que han

recurrido en reiteradas irregularidades, y entregue, junto con los informes

individuales de auditoría, un diagnóstico detallado en torno a los programas

presupuestarios fiscalizados, con el fin de proporcionar a los legisladores un

panorama sobre su desempeño, de manera que se cuente con elementos técnicos

suficientes para definir el Presupuesto de Egresos de la Federación.

3. Sistema de calificación del desempeño de las Entidades de Fiscalización Superior Locales

(EFSL). De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

(OCDE), la mayoría de los órganos de fiscalización de las entidades federativas en México

no cumple con su función en la detección de hechos de corrupción cometidos por las

instituciones de los estados.

Existen casos en los que, pese a los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),

las entidades de fiscalización locales no reportan anomalías, lo cual se debe,


124

principalmente, de acuerdo con la OCDE, a la insuficiencia de recursos financieros y

humanos y a la sujeción al gobierno en turno, entre otros23.

La misma organización señala que tres cuartas partes de los órganos de fiscalización

superior en los estados no cumplen con el principio de autonomía, que representa uno de

los elementos fundamentales para revisar la correcta aplicación de los recursos públicos

locales.

Esta señal de ineficiencia en la revisión de las Cuentas Públicas estatales se ve reflejada en

la ausencia de irregularidades detectadas por los órganos de fiscalización locales en los

estados de Chihuahua, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Zacatecas y Durango, a pesar de los

señalamientos públicos contra sus funcionarios.

La eficiente labor de las entidades de fiscalización locales es fundamental para reducir los

niveles de corrupción en nuestro país, por lo que resulta preciso fortalecer su autonomía y

capacidades de gestión. En ese tenor, se emite la siguiente recomendación:


y de gestión, presente en el Informe General Ejecutivo del Resultado de la

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, un diagnóstico general sobre el

desempeño de los órganos de fiscalización superior de las entidades federativas,

en el cual se examinen los siguientes ámbitos: autonomía de las entidades locales

de fiscalización; marcos normativos; coordinación entre órganos de auditoría

interna y externa; capacidad financiera, de gestión y de recursos humanos; servicio

profesional de auditoría; áreas de riesgo; y procedimientos de auditoría, con la

finalidad de que instrumente un sistema de calificación integral de los órganos de

fiscalización superior de las entidades federativas.

4. Fortalecer las auditorías a proyectos de infraestructura federales y locales. Los resultados

de la fiscalización superior realizada por la ASF a grandes proyectos u obras de

infraestructura federales y locales, que involucran montos presupuestales cuantiosos o que

tienen gran impacto social o mediático, revelan lo siguiente: a) diversas irregularidades

23 El Sistema Nacional de Fiscalización de México. Fortaleciendo la Rendición de Cuentas para el Buen

Gobierno. OCDE.


125

recurrentes; b) la mayoría de las auditorias aplicadas no han tenido un enfoque integral, y

c) el tamaño de la muestra auditada ha sido reducido; todo lo cual provoca un alto grado

de opacidad en el conocimiento del uso de los recursos públicos en éstos grandes proyectos.

Las irregularidades reiteradas más destacadas en el ejercicio de los recursos públicos en

estos proyectos, son las siguientes:

Licitación a “modo” para que gane una empresa que no cumpla con los requisitos de

experiencia y especialidad y que además fue inhabilitada por incumplimientos previos,

pero que cambió su nombre y compitió bajo el nuevo.

Autorización de aumentos en los costos hasta por el doble de lo ofrecido en la licitación,

y no reparar en el hecho de que el costo final del proyecto u obra resultó mayor que el

ofrecido por otra empresa en la misma licitación, a la cual se le negó el contrato porque

sus costos eran muy altos.

Evaluación incorrecta de las ofertas de los concursantes ya que no se obtuvieron las

mejores condiciones técnicas ni económicas.

No se selecciona como ganadora la propuesta más baja económicamente, aun cuando

cumplió con todos los requisitos.

No se supervisa permanente en el proyecto u obra.

Inauguración de la obra antes de que esté formalmente terminada y entregada, según

el contrato de finiquito.

No se comprueba el uso de los recursos.

Realización de pagos en conceptos que no tienen soporte documental que los acredite.

Servicios pagados no ejecutados.

Pagos improcedentes por ajuste de costos.


126

No se aplican retenciones por atraso en la ejecución de trabajos.

Sobrecosto en la ejecución de trabajos y servicios, debido a la adjudicación directa de

los contratos a empresas que resultaron caras y mal integradas.

Realización de pagos indebidos: por diferencias entre los volúmenes pagados y los

cuantificados en el proyecto; por costos de insumos elevados en relación con los precios

de mercado; por pago de servicios en obras suspendidas o sin iniciar; por

incumplimiento a las especificaciones de construcción; por diferencia entre volúmenes

entre la obra pagada y la ejecutada; por pago de conceptos fuera de catálogo en las

obras, y por la duplicación de pago en los trabajos realizados.

La corrupción y la falta de transparencia en la obra pública han dejado como secuela

proyectos ineficientes e ineficaces; malhechos e improductivos; con ajustes y sobreprecios;

con incumplimientos en sus entregas; con malos diagnósticos, estudios previos de

rentabilidad y factibilidad mal elaborados, y un conjunto de irregularidades reiteradas en el

desarrollo de los trabajos.

Con base en lo anterior, la Comisión emite la siguiente recomendación:

Recomendación CVASF-IR16-04. Que la ASF, en el marco de su autonomía técnica

y de gestión, en la fiscalización superior a proyectos u obras con esas

características, considere la aplicación de un conjunto de auditorías con enfoque

integral y multianual, la ampliación del tamaño de la muestra auditada, con el

propósito de acotar la corrupción y la opacidad, para tener un conocimiento global

y transparente del uso de los recursos federales en estos proyectos u obras.

5. Informe sobre el proceso de solventación de las observaciones. El informe del “Estado que

guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades

fiscalizadas”, que envía la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados a

través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), no

incluye los procedimientos ni mecanismos que se siguen para la solventación de las

observaciones determinadas, lo cual denota una gran opacidad en la información, carencia

de evidencia documental y genera prejuicio, desconfianza y cierto escepticismo en la

solventación de observaciones.


127

En este contexto, la CVASF emite la siguiente recomendación:

Recomendación CVASF-IR16-05. Que la ASF, en el marco de su autonomía técnica

y de gestión, incorpore en el informe semestral “Estado que guarda la solventación

de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas”, un apartado

que contenga los criterios técnicos para la solventación y conclusión de las

acciones emitidas como resultado de la revisión de la Cuenta Pública; con el fin de

contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de transparencia con los que se

rige la ASF.

6. Definición del estatus de las recuperaciones probables. Como resultado de la fiscalización

superior realizada por la ASF a las Cuentas Públicas 2014, 2015 y 2016 se determinaron

montos importantes de recuperaciones (integradas por operadas y probables); 48 mil 731.4

millones de pesos, 64 mil 857.7 millones de pesos y 23 mil 482.1 millones de pesos, en el

mismo orden. Cabe señalar que las recuperaciones probables representan un alto

porcentaje del monto total; 87.5%, 97.8% y 93.3%, respectivamente.

Sin embargo, existe incertidumbre sobre si los montos probables se materializan y se

convierten en una recuperación operada o si finalmente se comprueba y se justifica ese

monto, situación que incrementa la desconfianza por parte de los legisladores y la sociedad

al tener la expectativa de montos de recuperaciones grandes que terminan por aclararse y

justificarse.

En este contexto, la CVASF recomienda:

Recomendación CVASF-IR16-06. Que la ASF, en el marco de su autonomía técnica y de

gestión, incorpore en el Informe General Ejecutivo un apartado específico relacionado con

las recuperaciones probables reportadas en el Informe del Resultado de la Fiscalización

Superior, que contenga lo siguiente:

Detalle pormenorizado de los montos de recuperaciones solventadas a través de la

reintegración a la TESOFE.

Detalle pormenorizado de los montos de recuperaciones solventadas mediante

depósitos a las cuentas bancarias de los entes fiscalizados.


128

Detalle pormenorizado de los montos de recuperaciones solventadas mediante la

comprobación y/o justificación del monto observado.

7. Generación de un índice temático histórico. Los informes del resultado, es decir el conjunto

de auditorías, estudios y evaluaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación

constituyen una rica fuente de información de la mayor calidad sobre la operación del

sector público y el contexto en que se efectúa.

Esta riqueza informativa de la mayor calidad tiene, no obstante, un muy bajo nivel de

aprovechamiento por los sectores a los que se podría considerar interesados potenciales.

Es decir el medio académico, organizaciones de la sociedad civil y comunitaria, incluyendo

ONG´s y ciudadanos particulares.

Lo anterior señala un potencial de difusión y aprovechamiento en una gran variedad

temática que puede y debería ser promovido. Una de las dificultades para ese

aprovechamiento es que para la gran mayoría de la población la información no se presenta

de una manera suficientemente amigable.

Un mayor conocimiento de la información que ya genera la ASF, sin alterar la manera y los

resultados obtenidos, es decir sin menoscabo de su autonomía de gestión, sería presentar

el Informe del Resultado bajo una clasificación temática más detallada y que cubra un

número razonable de años. De esa manera podrían identificarse cadenas secuenciales o

conglomerados de auditorías, estudios y evaluaciones que abordan la misma o similares

temáticas. Se trata de identificar los resultados que se vinculan a, por ejemplo: nutrición en

general, nutrición materno - infantil, derechos humanos, sector social de la economía,

desarrollo rural sustentable, vivienda, transporte, y demás.

Dada la riqueza de información que genera la ASF esta guía temática e histórica sería de

gran utilidad para los interesados en adentrarse en su mejor aprovechamiento.

Recomendación CVASF-IR16-07. Que la ASF, en el marco de su autonomía técnica y de

gestión, elabore un índice temático en la página de internet detallado que cubra un

amplio periodo histórico y que facilite la exploración y aprovechamiento por el público en

general de la información contenida en las auditorías, estudios y evaluaciones que ha

realizado, para el Informe General del próximo 20 de febrero de 2018.


129

3.2 Propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones

Auditorías

Funciones de Gobierno

Se recomienda realizar un análisis de la Política Fiscal, referente a las exenciones,

condonaciones o cancelaciones de adeudos o créditos fiscales que ha realizado la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SAT). Revisar los tratamientos diferenciales contenidos en

las disposiciones tributarias que, por una parte benefician a unos sectores y por otra

constituyen un límite al gasto público y la consecución de objetivos sociales.

En este sentido se solicita a la ASF realice las siguientes cuatro auditorías financieras con

enfoque de desempeño:

Gastos fiscales por exenciones en el IVA.

Gastos fiscales por exenciones en el ISR.

Gastos fiscales por exenciones al IEPS.

Número de créditos fiscales firmes, no pagados o no garantizados, así como el

monto de créditos fiscales cancelados o condonados y el monto de adeudos fiscales,

a las Personas Físicas y Morales.

Funciones de Desarrollo Social

Auditoría de desempeño al Programa Nacional de Inglés para verificar el

cumplimiento de sus objetivos y metas.

Auditoría de cumplimiento financiero con enfoque horizontal, para verificar que los

recursos presupuestarios asignados para la implementación de la estrategia

denominada Cruzada Nacional contra el Hambre se hayan aplicado conforme la

normatividad y se hayan cumplido las metas y objetivos establecidos.


130

Auditoría de inversiones físicas a las obras en salud pública (hospitales, clínicas de

medicina familiar, entre otras) que se encuentran abandonadas o inoperantes en los

estados de Veracruz, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Nuevo León,

Durango, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, y Coahuila.

Funciones de Desarrollo Económico

Auditoría forense al Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos, debido a

los daños patrimoniales y las responsabilidades civiles ocasionados por el socavón,

a fin de documentar fehacientemente los presuntos ilícitos, adicionales a las

irregularidades en la administración de la obra, pagos en exceso por omisiones de la

supervisión externa y falta de coordinación entre la supervisión externa y la

constructora que derivó en sobrecostos, que fueron detectadas en la Cuenta Pública

2015.

Auditoría forense a Pemex Transformación Industrial, debido al notable crecimiento

de tomas clandestinas, que pasaron de 1,323 en 2011 a 6,537 en 2016, es decir, se

registró un incremento de 394.1% en cinco años (a un ritmo promedio anual de

37.6%). Asimismo, los costos de reparación de ductos se incrementaron

significativamente en 868.5% (a una tasa media anual de 57.5%), al pasar de 182.5

millones de pesos en 2011 a 1 mil 767.8 millones de pesos en 2016. En el periodo

2011-2016, existen 17,535 tomas clandestinas.

Gasto Federalizado

Auditoría Financiera y de Cumplimiento para fiscalizar los recursos de los siguientes

Fondos: FISM-DF en los Municipios de Chamula, Chiapas y San Pablo del Monte,

Tlaxcala; FORTALECE en el Municipio de Comalcalco, Tabasco; FORTASEG en el

Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Municipio de San Pablo del Monte,

Tlaxcala, Municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec y Jojutla, Morelos;

FORTAMUN – DF en el Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala y; SEGURO

POPULAR al Estado de Oaxaca. En razón de que en la primera entrega de informes

individuales de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, correspondientes al Gasto

Federalizado, se detectó que los informes de las auditorías practicadas a dichos

entes fiscalizados (11 auditorías), reportan abstención de opinión en el dictamen por


131

parte de la ASF, motivada por irregularidades graves, entre las que destacan la falta

de documentación comprobatoria.

Evaluaciones


Evaluación integral que vincule el análisis de la estrategia de desarrollo rural y

agropecuario con los objetivos precisos de bienestar social y alimentación

comprometidos institucionalmente.

Evaluación del Nuevo Modelo Educativo para verificar su alcance y capacidad para

acometer las deficiencias más apremiantes del Sistema Educativo Nacional.

Evaluación de las políticas públicas vinculadas con programas y acciones

desarrolladas por el Ejecutivo Federal a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley

General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro

Autista.


Evaluación de la política pública de Regulación y Supervisión de la infraestructura

aeroportuaria, de manera particular la relacionada con el Nuevo Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México, con el propósito de constatar que su

construcción se lleva a cabo de acuerdo a las mejores normas y prácticas empleadas

en este tipo de infraestructura y conocer de manera transparente, quienes son los

encargados de la construcción y la supervisión.

Estudios



132

Estudio panorámico y comparativo de las estrategias de combate a la adicción en

México y entre México y otros países. Tal estudio desembocaría en la ampliación de

opciones de combate, control o freno de la expansión de las adicciones en México.

Estudio-inventario de los mecanismos de transferencias sociales federales, estatales

y municipales existentes.

Funciones de Desarrollo Social

Estudio sobre el impacto del rezago en la enseñanza del idioma inglés en las escuelas

públicas, en el desarrollo académico y profesional de niños y jóvenes mexicanos.


Estudio diagnóstico sobre el proceso de contratación de empresas de supervisión de

obras de infraestructura, debido a que gran parte de las irregularidades que son

detectadas por la ASF, se deben a que en la supervisión de las obras se incurren en

omisiones y actos de negligencia.

Gasto Federalizado

Estudio sobre los riesgos fiscales de los servidores públicos y el futuro de su

seguridad social; derivado de las retenciones de ISR y las aportaciones de seguridad

social realizadas por la Entidad Federativa, que no son enteradas a la SHCP y al

ISSSTE.

Estudio sobre la dependencia financiera que tienen las entidades federativas a los

recursos federales que le son transferidos.

Estudio sobre el impacto que tiene la deuda subnacional en el crecimiento y/o

desarrollo económico de la(s) entidad(es) federativa(s).

Marco de Referencia para el Análisis de la …...Conclusiones y Recomendaciones a la ASF derivadas...

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