Federació Catalana de Voluntariat Social · Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida · Xarxa d’entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social de la Diòcesi de Lleida

- MANIFIESTO POR UNA SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL Y GRATUITA -

La Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social de la Diócesis de Lleida, la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida y la Federació Catalana de Voluntariat Social denuncian la eliminación del Derecho a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras y autóctonas, mayores de 26 años y sin cotización previa.

El Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el gobierno español, establece la discriminación sanitaria de las personas en razón de su origen.

Por ello, MANIFESTAMOS:

1.- Que la mencionada norma, elimina del derecho a la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación irregular, así como de los mayores de 26 años sin cotización previa a la Seguridad Social. La asistencia únicamente se mantendrá en los casos de urgencia, por accidente o enfermedad grave (tuberculosis, VIH, cáncer) hasta el alta médica, y para las mujeres embarazadas y los menores de 18 años.

2.- Que estas medidas vulneran los derechos humanos, puesto que restringen gravemente el Derecho a la protección de la salud y a la asistencia médica de las personas afectadas, poniendo en peligro el derecho a la vida y despreciando la dignidad humana. La protección de la salud es un derecho fundamental reconocido, entre otros instrumentos vinculantes en el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los arts. 11.1 i 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, generarán un nuevo factor de inseguridad y exclusión social para los colectivos más vulnerables necesitados de una especial protección. Esta norma culpabiliza la población inmigrada responsabilizándola del abuso del sistema sanitario y de esta forma, desvía la atención respecto a otros colectivos afectados como los mayores de 26 años sin cotización previa.

3.- Que la adopción de estas medidas no se puede justificar con la excusa de reducir el déficit público dado que en absoluto se prevé que generen ahorro económico. El hecho de no prestar la asistencia médica oportuna implicará posteriormente un coste económico superior, cuando muchas patologías deriven en una enfermedad grave, se colapsen los servicios de urgencias, y existan más dificultades para controlar determinadas enfermedades.

4.- Que las medidas no acabarán con el llamado “turismo sanitario” puesto que los ciudadanos y ciudadanas europeos continuarán recibiendo asistencia sanitaria en función de los acuerdos establecidos con sus Estados de origen, en el marco de la Directiva 2011/24/UE de 9 de marzo de 2011.

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5.- Que el Decreto Ley 16/2012 sitúa a las personas profesionales de la salud ante un conflicto ético y de conciencia porque esta norma atenta contra el Código Deontológico de la profesión médica que establece que los profesionales de la salud no pueden abandonar a sus pacientes.

6.- Que estas medidas trasladan a las Comunidades Autónomas y a la sociedad civil una responsabilidad que pertenece en el Estado. Además, se generan diferentes sistemas de atención sanitaria paralelos y se vulneran los principios de universalidad e igualdad del sistema sanitario.

7. - Que esta medida se integra en unas políticas que perjudican especialmente a los colectivos sociales más vulnerables y destruyen el Estado del bienestar, una conquista irrenunciable de justicia social.

Por todo ello, EXIGIMOS:

Al Gobierno español la derogación inmediata de estas medidas y que se mantenga la asistencia médica a toda persona que lo requiera. Entendemos que existen otras medidas que pueden garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario actual.

Por esta razón, PROPONEMOS:

- MANIFEST PER UNA SANITAT PÚBLICA, UNIVERSAL I GRATUÏTA -

La disminución del aberrante gasto militar, la lucha más activa contra todas las formas de corrupción, contra los paraísos fiscales y cualquier otra forma de fraude fiscal. El regreso inmediato del dinero utilizado en los rescates bancarios y su reinversión en gasto social.

Lleida, 13 de junio de 2012.

Lista actualizada de entidades adheridas aquí