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LOS NORMALISTAS
El 26 de septiembre
pasado, estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa
fueron atacados por policías
municipales de Iguala y
Cocula; 43 fueron detenidos
y posteriormente
entregados a integrantes del
grupo delictivo Guerreros
Unidos, una escisión del
cártel de los Beltrán Leyva.
A partir de ese momento,
según la Estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa
tomaron dos camiones para
llegar a Iguala, lugar en el
que tomaron otras dos
unidades, adonde se
dirigían —según testimonios
de algunos estudiantes— a
tomar dos camiones que les
faltaban para viajar a sus
prácticas a la Costa chica
de Guerrero, así como
enviar una comitiva a la
Ciudad de México a la
marcha conmemorativa del
2 de octubre.versión oficial,
nada se sabe de los
normalistas.
Aquí una recaputalación de
todos los hechos
relacionados con el
secuestro de los
estudiantes, que ha
encendido protestas y
alarma entre organizaciones
a nivel nacional y mundial:
Estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa tomaron dos
camiones para llegar a
Iguala, lugar en el que
tomaron otras dos unidades,
adonde se dirigían —según
testimonios de algunos
estudiantes— a tomar dos
camiones que les faltaban
para viajar a sus prácticas a
la Costa chica de Guerrero,
así como enviar una
comitiva a la Ciudad de
México a la marcha
conmemorativa del 2 de
octubre.
Sin embargo, ya en Iguala,
el alcalde José Luis Abarca
ordenó a la policía municipal
detenerlos, y para ello pedir
apoyo a la policía de Cocula
(un municipio cercano), al
suponer que se dirigían a
boicotear el acto de informe
de gobierno de su esposa,
María de los Ángeles
Pineda.
En el hecho murieron seis
personas, entre ellas tres
normalistas, 25 resultaron
heridos y 43 más
desaparecieron.
22 policías son detenidos
por presuntamente haber
participado en el asesinato
de seis personas en Iguala.
Fueron trasladados al
Centro de Reinserción
Social (Cereso) de Las
Cruces, en Acapulco, donde
enfrentarán un proceso
jurídico por el delito de
homicidio.
Iñaky Blanco Cabrera,
titular de la Procuraduría
General de Justicia (PGJ) de
Guerrero, confirmó ese día
que los hechos de violencia
en Iguala se debieron a un
El gobernador Ángel
Aguirre Rivero anunció la
emisión de una orden de
presentación en contra del
alcalde con licencia de
Iguala, José Luis Abarca
Velázquez.
“También se realiza una
orden de presentación del
quien fungía como
secretario de Seguridad
Pública, Felipe Flores”,
tuiteó el funcionario
estatal.
uso excesivo de la fuerza
por parte de 22 efectivos
policiacos.
El alcalde de Iguala, José
Luis Abarca, pidió licencia a
su cargo por 30 días para
facilitar las investigaciones
que involucran a la Policía
Municipal, solicitud que fue
aprobada por unanimidad
en sesión de cabildo.
Hasta ahora, el funcionario
local y su esposa están
prófugos. El gobernador
Ángel Aguirre Rivero
anunció la emisión de una
orden de presentación en
contra del alcalde con
licencia de Iguala, José Luis
Abarca Velázquez.
“También se realiza una
orden de presentación del
quien fungía como
secretario de Seguridad
Pública, Felipe Flores”,
tuiteó el funcionario
estatal. La Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
condenó la desaparición de
los 43 estudiantes. El
organismo internacional
calificó el hecho como uno
de “los sucesos más
terribles de los tiempos
recientes”. En medio de la
búsqueda de los
estudiantes, la
procuraduría de Guerrero
confirmó el hallazgo de seis
fosas clandestinas en las
zonas de Pueblo Viejo y
Loma de Coyote, en Iguala
(a unos 30 minutos de
donde ocurrió el ataque a
los normalista);
posteriormente se dio a
conocer que había 28
cuerpos en ellas.
La Procuraduría General de
la República (PGR) atrajo el
caso de los normalistas, a
10 días de su desaparición.
A partir de ese momento,
la Procuraduría de
Guerrero sólo coadyuva en
las investigaciones.
El procurador de Guerrero
informó que, a partir de la
declaración de dos
presuntos integrantes de
Guerreros Unidos
detenidos, policías de
Iguala habrían entregado a
17 normalistas al grupo
delictivo, quienes fueron
asesinados en una zona
cercana adonde localizaron
las fosas.
Asimismo, el Consejo
Político Nacional del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD)
determinó por unanimidad
expulsar de sus filas a José
Luis Abarca, el alcalde de
Iguala prófugo. El mismo
día, la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
solicitó al Estado mexicano
que otorgue medidas
cautelares en favor de
estudiantes de la escuela
rural “Raúl Isidro Burgos”
de Ayotzinapa. Asimismo,
elementos de la
Gendarmería tomaron el
control de la seguridad en
el municipio de Iguala,
según información del
comisionado Nacional de
Seguridad, Monte
Alejandro Rubido. La
Organización de Estados
Americanos (OEA) calificó
el crimen de seis personas
en Iguala como inhumano y
absurdo, y pidió a México
una investigación completa
y transparente.
Hace unos días, los padres
de los 43 normalistas
desaparecidos y grupos pro
derechos humanos
consideraron que si ya
habían buscado a los
jóvenes en las
inmediaciones de Iguala y
Cocula, en Guerrero… por
qué no echar un ojo en las
bases militares que hay en
el estado, sobre todo las de
El Carrizalillo, El Naranjo y
Santa Teresa.“No
confiamos en los militares
porque no ayudaron a
nuestros muchachos, a
pesar de que heridos
llegaron a pedirles ayuda.
En su lugar los robaron y
sobajaron. Ya fueron
algunos padres a un
cuartel, pero sólo llegaron
hasta donde les
permitieron”, comentó el
padre de uno de los
estudiantes de Ayotzinapa.
A lo anterior se suma la
simple exigencia de lo que
se acordó con las
autoridades: “Se supone
que el gobierno federal
implementó dos tipos de
búsquedas: la institucional,
realizada por la
Procuraduría General de la
República (PGR) y la Policía
Federal (PF), y la alterna,
basada en los lugares que
proponen los padres de
familia”.Pero ahora que
han querido tocar los
puestos militares, el titular
de la PGR, Jesús Murillo
Karam, parece querer
evitar que el gobierno
indague en los lugares
señalados por los familiares
de normalistas y de una vez
señaló que no se buscará
en bases militares… por
una simple razón:
“sabemos que ahí no
están”.
Hábil para descartar dudas
razonables, Murillo además
calificó como “absurdo” el
suponer que los
estudiantes se encuentren
con las fuerzas armadas…
pero bueno, parece ser que
ayer simplemente no
estaba de humor (otra vez)
para responder a
cuestionamientos que
tuvieran que ver con el
recién anunciado Operativo
Tierra Caliente y menos con
las investigaciones que
intentan dar con el
paradero de los
normalistas o supongan
errores en lo hasta ahora
explicado por la PGR…
como las lluvias en Cocula
el día en que
supuestamente fueron
ejecutados los
estudiantes.Respecto a la
petición de buscar en bases
militares, el titular de la
Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena),
Salvador Cienfuegos,
comentó: “Eso depende del
gabinete, no de mí, si
quieren revisar que
revisen, no tenemos
ningún problema”.
En fin, “desde el primer día
nos dimos cuenta de que el
Ejército no tiene la
intención de realizar una
búsqueda exhaustiva, lo
mismo que los marinos”,
comentó Manuel Olivares
Hernández, secretario
técnico de la Red
Guerrerense de
Organismos Civiles de
Derechos Humanos… ya
puede ir sumando a los de
la PGR.