PANEL:VIOLENCIA, PARAMILITARISMO Y NARCOTRÁFICO EN AMERICALATINA: ESTUDIOS DE CASO DE MEXICO, COLOMBIA Y BRASIL

Expresiones del paramilitarismo en la America Latina: un estudio comparativo sobrelas dinamicas de poder y orígenes del control social y territorial de paramilitares en

Colombia y milicias en Brasil.

Simone Souto Pitta (s.souto10@uniandes.edu.co)

Doctoranda del Departamento de Ciencia Politica Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes, Colombia

“Trabajo preparado para su presentación en el VIII Congreso Latinoamericano de CienciaPolítica, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP).

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 22 al 24 de julio de 2015.”

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Expresiones del paramilitarismo en la América Latina: un estudio comparativo sobrelas dinámicas de poder y orígenes del control social y territorial de paramilitares enColombia y milicias en Brasil.

Simone Souto Pitta

RESUMEN

El presente estudio tiene como propósito identificar las posibles semejanzas y distincionesentre el fenómeno del paramilitarismo en el ámbito del conflicto armado colombiano, conenfoque en el departamento de Antioquia y la expansión de grupos armados ilegales,conocidos como milicias, en el estado de Rio de Janeiro, en el contexto de violencia urbanaen Brasil. Por tanto, se tomó en cuenta la revisión de la literatura de ambos casos, y, de otraparte, la recolección de información a partir del proceso penal alternativo de los gruposparamilitares desmovilizados en Colombia (con enfoque en la región del departamento deAntioquia), y de informes oficiales la actuación de las milicias para el caso de Rio deJaneiro.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno del paramilitarismo en Colombia ha sido ampliamente estudiado en el país(Reyes, 2009; Romero, 1999; Reyes, 1997: Medina, 1990; Cubides, 2004; Duncan, 2006;López y Sevillano, 2008; López et al, 2010) en el país, con explicaciones diversas sobre lascausas, sus orígenes, formas de expansión, sus dimensiones políticas y económicas, asícomo su impacto en la violencia, la configuración política y economía política en el país.Por lo anterior, las comparaciones a nivel regional se han dado especialmente con los casosemblemáticos de narcotráfico, como por ejemplo, con el crimen organizado en México(Duncan, 2015) o en los casos de actores armados que se utilizan de la exploracióneconómica ilegal para manutención financiera y expansión territorial en un contexto deguerra civil.

Los estudios a nivel comparativo se han enfocado en investigaciones relacionados con lasalianzas entre el narcotráfico con la expansión paramilitar, dejando en cierto grado vacíosen lo que se refiere al modus operandi y el impacto que el control territorial generó en lavidas de las personas sometidos a esos nuevas órdenes sociales y el grado de incorporacióny de apoyo que esos actores tuvieron desde las elites políticas regionales y de grupos dentrodel Estado.

Resguardando las debidas distinciones entre los contextos de conflicto armado en Colombiavs la paz democrática en Brasil, el objetivo del estudio era comprender como lassemejanzas en el modus operandi de esos grupos en la vida cotidiana y política de lapoblación local podrían dar luz a nuevas perspectivas de exploración conceptual sobre elfenómeno de paramilitarismo, que aunque no integra formalmente a fuerzas militares delEstado, se asemejan con las milicias en Brasil por tener entre sus miembros y redes deapoyo policiales y funcionarios públicos del Estado.

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Las fronteras porosas entre actividades criminales, impunidad y privatización de laseguridad en la actuación de esos grupos demuestran que hasta en contextos sin conflictoarmado, hay un grado de violencia y de limpieza social por medio de estructuras y agentesdel Estado que merecen ser estudiadas. Especialmente considerando que con ladesmovilización de los paramilitares en Colombia, a partir de 2005 con la ley de Justicia yPaz, ya existen estudios indicando un traspaso entre las regiones dominadas por losparamilitares para las bandas criminales que operan en más de 400 municipios en el país, enmuchos casos “re-incorporando” al mundo del crimen de los combatientes desmovilizados(Castilla, 2013)

En este sentido, el análisis buscar puntos de intersección entre las causas económicas,sociales y políticas que forjaron la formación de esos grupos armados ilegales en lasregiones analizadas, y particularmente en identificar la forma en que las instituciones delEstado fueron cooptadas en ese proceso. Asimismo, hay un interés al largo del texto deanalizar como esas dinámicas de poder, colaboración y cooptación se basaran en undiscurso de legitimación del poder, de combate a un enemigo común interno y conproyección en el sistema político regional y local.

LA METODOLOGIA: una propuesta de metodología mixta

En relación al estudio de caso colombiano, las fuentes primarias utilizadas al largo delestudio se refieren a informes producidos a partir de mi asistencia a audiencias de justicia ypaz adelantadas en diferentes salas del país de juzgados de grupos paramilitaresdesmovilizados en el ámbito del proceso penal alternativo conocido como el proceso dejusticia y paz (ver adjunto I.). Los datos fueron tomados a partir de aproximadamente 30audiencias de formulación de imputación asistidas y otras 15 audiencias transcritas. Lasimputaciones fueron colectivas contra los comandantes mencionados y varios de suslugartenientes o mandos medios en las estructuras comandadas por aquellos. Las fuentessecundarias se basan en la revisión de la literatura y informes sobre el tema producidos enel país.

Cuanto al estudio de caso brasileño, en ese momento, el análisis de dato se dio por mediodel informe producido en el ámbito de la Comisión Parlamentar de Inquerito de laAsamblea Legislativa del Estado de Rio de Janeiro sobre la formación de milicias en elEstado y informes producidos por expertos y investigadores del tema. Así como en elcaso colombiano, se pretende futuramente colectar informaciones a partir de audienciasjudiciales realizadas en la sección criminal del Tribunal del Estado de Rio de Janeiro, sobrela actuación de los milicianos en la región.

LA ESTRUCTURA DEL ANALISIS: los objetivos de la investigación

El texto se divide en tres ejes exploratorios a partir de cada caso. El primer eje se refiere aposibles causas que explican la formación y expansión de esos grupos armados ilegales. Y,en este sentido, establezco las justificativas para la selección de los casos y los puntos deintersección que buscó encontrar entre los dos casos al largo del estudio. En el segundoapartado, identifico las dinámicas de control social y violencia generada a partir de dominioarmado y control territorial de los grupos armados en las regiones. Y, en el tercero,

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establezco las dinámicas de poder y relaciones políticas que se generaron entre los gruposarmados ilegales con elites políticas regionales y grupos dentro del Estado, orientadas porintereses económicos pero también en vistas de un proyecto político local.

Al final del texto, por medio de un ejercicio de comparación, identificando las semejanzas ydistinciones entre los dos países (regiones), presento algunas consideraciones al respecto decómo esas distintas expresiones en grupos armados ilegales, sea en contextos armados o no,devalan cuestiones conceptuales interesantes sobre el fenómeno paramilitar y problemáticasen torno de la participación de elites políticas y grupos dentro del Estado en la formación degrupos armados ilegales en la América Latina.

A. COLOMBIA / ANTIOQUIA

I. Caracterización Territorial: la formación del paramilitarismo en Colombiacon enfoque en el departamento de Antioquia

Desde la expansión de la insurgencia armada en Colombia, al final de los años setenta ycomienzo de los ochenta, la política de combate a la subversión se estableció de dosmaneras: de un lado por medio del Estado con las fuerzas armadas y del otro a través degrupos paramilitares privados. Las acciones de contrainsurgencia desde sus principiosasumieron de ese modo esa doble cara que conllevo un movimiento paralelo de desarrollode grupos políticos armados en territorios sin la presencia armada del Estado. Como explicaReyes (2015), el costo hacia la autonomía con respecto al Estado fue la creación dedominios territoriales armados con control proprio sobre la orden social local y laformación de sistemas de justicia privados.

Los estudios sobre la formación del paramilitarismo indican que el movimiento de tomar laviolencia por mano propia al margen de la institucionalidad del Estado fue un movimientoque contó con el apoyo de elites regionales preocupadas con el privilegio frente a lastierras, propiedad y control de los recursos frente a la expansión territorial de los gruposinsurgentes. Se atribuye en ese sentido, de un lado, a una debilidad estructural einstitucional del Estado Colombiano “en imponer a las elites políticas regionales un marcode conductas democráticas para la resolución del conflicto social “que asolaba en el paísen el ámbito del conflicto armado (Reyes, 2015: 353/355). Y, del otro lado, de debilidadesy constantes cambios en la política contrainsurgente, como por ejemplo cuando en elgobierno Betancur hay un despliegue de las fuerzas armadas en la represión a los grupossubversivos en razón del proceso de negociación.

Hasta entonces, la conformación de grupo de autodefensas era permitida inclusive por lalegislación colombiana, que sufrió un cambio importante cuando a los finales de losochenta, son declaradas formalmente inconstitucionales. Ese giro de la posición del Estadoante a las autodefensas se da especialmente en un contexto de combate al narcotráfico,cuando las relaciones hibridas entre agrupaciones paramilitares y el narcotráfico asumierondinámicas propias, especialmente en lo que se refiere a la compra de tierras pornarcotraficantes y la alianza con políticos tradicionales. Los intereses detrás de esasalianzas eran vistas como oportunidades para defenderse militarmente contra la guerrilla ygarantizar la protección de sus tierras.

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Al entrar en un contexto de ilegalidad, al final de la década del ochenta, el fenómenoparamilitar inicia una fase de crecimiento gradual y con un apoyo mediano local (TribunalSuperior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso,Sentencia Hebert Velosa García, 30 oct. 2013, adelante Sentencia HH, par. 702), aún sinuna dimensión ideológica preeminente. El brazo del narcotráfico eran las empresas ycooperativas de vigilancia privada que hasta entonces eran promovidas legalmente, inclusocon el apoyo financiero estatal.

II. El paramilitarismo en Antioquia a partir de la década 80 : las posiblescausas que explican su expansión

Entre las regiones que fueron más afectada por la violencia contrainsurgente y la baja de lapoblación civil está el departamento de Antioquia. Antioquia es un departamento,localizado al noroeste del país, que limita al norte con el mar Caribe y con el departamentode Córdoba y al occidente con el departamento de Chocó. Considerado el departamentomás poblado del país, con más de 6.4 millones de habitantes, el departamento ha sido unode los principales focos del conflicto armado colombiano, no solamente en términos delnivel de violencia con masacres y asesinatos selectivos a miembros de movimientossociales, campesinos, sindicalistas, pero también en lo que se refiere en la expansión delnarcotráfico y del paramilitarismo. Al principio de la década de 90, ya se sumaban más de20 masacres de campesinos y sindicalistas cometidas por paramilitares (Sentencia HH,2013, par. 509).

La región de Urabá, por ejemplo, situada entre los departamentos de Antioquia y Chocó,fue considerada estratégica para el narcotráfico y la guerrilla por su condición geográfica ypor, tanto, la más afectada por la violencia contrainsurgente. La familia Castaño Gilconocida en Antioquia por su asociación al narcotráfico y paramilitarismo consolidó losgrupos de autodefensa en la región asumiendo el liderazgo del grupo que sería conocidaposteriormente como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), cuyomodelo fue capaz de agrupar diversas frentes y que contó con mayor estructura militar ypolítica en el país.

Del mismo modo, hasta mediados de la década de 90, Antioquia fue el departamento en quemás se compró tierras por parte de empresas narcotraficantes, factor que también explica elaumento de acciones paramilitares, de la violencia en el campo y despojo de tierras en laregión (Reyes, 1997).Por otro lado, el interés de los grupos subversivos como la FARC YEPL en las zonas rurales y urbanas de la región de Urabá creó un escenario en que lasACCU identificaron esa región –las veredas, fincas y tierras – asociados a la guerrilla.

En el caso de los Bloques Bananero y Calima que actuaban en la región de Urabá no habíauna política específica del grupo para la desapropiación o el despojo de tierras, pero al largode la investigación judicial audiencias, se demostró que había una red de apoyo y eliteseconómicas que se aprovecharon del contexto de la ofensiva contrainsurgente para comprar,

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apropiarse y establecerse en estos bienes despojados1. En este sentido, la Fiscalía identificólos intereses de los grupos económicos en obtener control de ciertos corredores, aldesplazar la guerrilla a partir de intereses vinculados al narcotráfico como también de losempresarios de la industria bananera.

Según la fiscalía y Tribunales de Justicia, otro factor que conllevo el avance delparamilitarismo en la región se refiere a las cooperativas de vigilancia y seguridad,conocidas como Convivir. En sentencia proferida en octubre de 2013 contra el comandanteHebert Velosa García, en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, se ordenó a la Fiscalíainvestigar a los civiles, empresarios, comerciantes, ganaderos, bananeros, miembros de losorganismos de seguridad estatales y funcionarios que tuvieron vínculos con las Convivir ofueron los encargados de vigilarlas.

Esas cooperativas fueron creadas por el Decreto 356 de febrero 11 de 1994, durante lapresidencia de Cesar Gaviria, que contaban con el permiso del uso de armas de usoprivativo de las fuerzas armadas. De las cuales muchas fueron organizadas y representadaslegalmente por comandantes paramilitares, como el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso,Freddy Rendón Herrera (alias el alemán), como también Hebert Velosa García (alias HH)..

En la sentencia mencionada anteriormente, uno de los factores atribuidos a la expansiónparamilitar se refiere al proceso de como esas cooperativas fueron creadas a mediados de ladécada de 90 (de 1995 a 1998) con personería jurídica y la autorización de los gobiernosdepartamentales, Fuerza Pública, organismos de inteligencias y las correspondientesautorizaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, o sea, huboapoyo estatal “con dotación y logística, financiación, operatividad en terreno articuladascon la Fuerza Pública, acceso a dependencias estatales de carácter local, regional ynacional, así como suplantación del Estado en algunas regiones del país.” (Verdad Abierta,2013b)

Las fiscalías de justicia y paz responsables por la investigación e imputación de los hechoscriminales de los grupos paramilitares desmovilizados que actuaban en el departamento deAntioquia, atribuyen una “estrecha conexión entre las cooperativas de vigilancia yseguridad privada, denominadas Convivir del eje bananero y los grupos paramilitares deCastaño(y) que buena parte de la consolidación del accionar del Bloque Elmer Cárdenas,y del Bananero – Bloques con influencia en la región del Urabá- se hizo, bajo la imagen delegalidad que tenían estas organizaciones, sosteniendo incluso que esas cooperativasfueron el motor para el sostenimiento y crecimiento de las autodefensas.” (Sentencia HH,562)

La literatura y la contextualización presentada en las audiencias de justicia y pazdemuestran que había distintos fines con las autodefensas, y para eso, era necesario que seestableciese de manera ordenada una organización criminal, con cadenas de mando ydivisiones de cargos y políticas internas. Un estudio más profundo devela que a nivel

1 Sobre el control territorial, HH explica que durante la guerra, ellos se ocuparon de grande zonas de combatecon estrategia militar y que las incursiones tenían objetivos diferentes. Según él, la cuestión de la tierra es una cuestión de fondo de la guerra. Eran tierras productivas que los políticos tenían conocimiento de esta situacióny que eran manejadas por los políticos.

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interno de esas organizaciones se tomaban decisiones racionalmente calculadas y accionesmilitares para controlar zonas estratégicas territoriales, con intereses políticos y económicosbien claros, como por ejemplo establecer corredores libres para puntos de contrabando dearma y de drogas y eliminar cualquier rede de apoyo insurgente en los territorios.

Las estructuras financieras de los grupos paramilitares existían para garantizar unaestructura militar de las autodefensas para compra y manutención de armas, transporte,uniformes, bonificaciones mensuales, bienes de los comandantes que demandaban unasustentabilidad financiera, razón por cual en todos los casos, existía entre los máximosresponsables, la figura del comandante financiero.47

Los ingresos económicos se daban por medio de “aportes voluntarios” (de finqueros,comerciantes, empresarios) que con el tiempo empezaban a ser obligatorios a medida que elgrupo armado ilegal detentaba más poder en las zonas; aportes del narcotráfico2 medianteel envió de grandes cargamentos de coca para exportación en zonas estratégicas de cultivoilegales y embarque, rutas para salida de cocaína en el país para exterior. En algunosgrupos, había una división de funciones entre los bloques en cuanto el cultivo, tratamiento,transporte y exportación de la coca entre el grupo armado. Asimismo, las exaccionesarbitrarias3 para pago de cuotas o sobre el porcentaje de obras de construcción encontratos (administraciones locales, comerciantes, transportadores y que venían deVenezuela, agricultores, campesinos, propietarios de depósitos y de servicios); el hurto4 deganado de grandes y pequeñas fincas que eran de ¨influencia subversiva¨ y que eranposteriormente vendidas o contra personas que no pagaban el ¨impuesto¨ cobrado por laorganización; el hurto de gasolina o el impuesto cobrado a las empresas transportadoras degasolina y de mercancías. Y el despojo de tierras5 como forma de financiación y desoporte con la intensidad del conflicto donde los campesinos abandonaban sus tierras, o lasvendían de forma obligada y por precios irrisorios.

III. Control social y violencia perpetrada por los grupos paramilitares

El control territorial se daba principalmente a partir de la toma subversiva y eldesplazamiento de la población local. A la generalización del terror, el objetivo eradesencadenar, intimidar y desmoralizar el grupo enemigo y cualquier persona de la quehubiera sospecha de asociación con la guerrilla, especialmente entre miembros del partidola Unión Patriótica y sindicalistas en la región de Urabá. En seguida del control territorial,se instauraba mecanismos de control social, sobre la actividad comercial, sobre los espaciospúblicos y particularmente sobre cualquier actividad política que podría estar asociada a los

2 Audiencia de control de garantías contra Salvatore Mancuso Gómez con Fiscal n. 46 –Giovanny Álvarez Santoyo y Magistrada Carolina Rueda (en 08 de octubre de 2013, Bucaramanga) 3 Audiencia de control de garantías contra Miguel Ángel Mejía Muñera y otros con – Fiscal n. 22 – Hilda Jeaneth Niño Farfán y Magistrada Teresa Ruiz Nuñes (en 07 de octubre de 2013, Bogotá) 4 Audiencias de control de garantías contra Ramón Isaza y otros con Fiscal n. 26 – Stella Leonor Sánchez Gil(05 de septiembre de 2013, Bogotá). 5 Audiencia de control de garantías contra Freddy Rendón Herrera y otros postulados con el Fiscal n. 48 – Andrés Roberto Echeverría Marulanda y Magistrado Olimpo Castaño Quintero (en 05 y 07 de noviembre de 2013, Medellín)

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guerrilleros, como por ejemplo con los sindicatos y miembros de la Unión Patriótica. O sea,había una violencia selectiva a partir de la estigmatización y señalamiento y al mismotiempo una violencia aleatoria e indiscriminada contra la población civil.

La violencia por señalamiento y estigmatización existe en función de una ofensiva a lasredes de apoyo o a cualquier tipo de cooperación con los grupos subversivos, enmarcadopor la lucha contrainsurgente y por un mensaje implícito de qué cualquier tipo de apoyo ycolaboración al grupo enemigo seria penalizada con la muerte. A pesar de la supuestaselectividad, no había un criterio claro de identificación, en esos casos, la violencia eraclaramente instrumentalizada para imponer un orden y una nueva autoridad territorial, bajouna política de contrainsurgencia, de eliminación del grupo enemigo. En muchos casos, sedemostró que las victimas siquiera habían pertenecido o colaborado con las guerrillas, loque también demuestra que había intereses personales o mismos ninguna selectividad en lapráctica de señalamiento.

La violencia indiscriminada en contra la población se basaba en una directriz de controlsocial, estableciendo entre los habitantes un modelo especifico de comportamientos que seadecue a los objetivos políticos y económicos del grupo paramilitar, lo que involucraba unapolítica de limpieza social en muchos casos. Como por ejemplo, cuando ejecutabanhomicidios en personas que presuntamente eran consumidores o expendedores desustancias psicoactivas o de presuntos delincuentes. Y mecanismos de castigo a cualquierforma de cooperación con el grupo enemigo. Existe de esa forma un esfuerzo de generaruna alteración en las bases de confianza de la población y las redes sociales que en elterritorio que podrían estar asociadas a grupos de izquierda sean armados o no. En esesentido, en esa etapa, ya un modelo deflagrado de política anti izquierda (identificado porejemplo con el genocidio en contra los miembros de la UP) y de construcción de nuevasalianzas políticas de derecha, en algunos casos de expresión más regional y otros deproyección nacional.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 a 2012, fueron 150 milasesinatos selectivos, entre los cuales 8.803 fueron de autoría de grupos paramilitares.6 Deacuerdo con el Registro Único de Victimas de la Unidad para la Atención y ReparaciónIntegral7 a las víctimas, en el departamento de Antioquia fueron hasta 2014 identificadas1.465.009 víctimas del conflicto armado. Entre los años 1994 y 2004, los números dedesaparición forzada por año en el departamento oscilaban entre 1.614 personasdesaparecidas/ano (en 1995) con el pico de 2.797 personas /ano (en 2002). Y las cifras dehomicidios en el departamento debelan un numero entre 11.941 homicidios/ano (en 1994)con un pico de 20.544 homicidios/ano (en 2001).

IV. Dinámicas de poder y relaciones con elites políticas regionales y gruposdentro del Estado

6 Centro Nacional de Memoria Histórica, Informe Basta Ya – Estadísticas. Disponible en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html7 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, Registro Único de Victimas. Fecha de corte: 1julio 2015. Disponible en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107

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Sobre este punto en lo que se refiere a la formación política de los grupos paramilitares, elaporte más interesante durante las audiencias fue del proprio Salvatore Mancuso8, figuraimportante en la red de paramilitarismo y responsable por la expansión del grupo en laregión norte del país. En la audiencia de presentación de contexto en el ámbito del procesode justicia y paz, habló de las políticas implementadas por la Casa Castaño, que según él,las políticas de lucha antisubversiva y de control político y social de las AUC. Mancusoafirma que ¨la consolidación política fue fundamental y absolutamente necesaria paracombatir la guerrilla, para ejercer el poder dentro de una legalidad y para establecernuevos ordenes sociales.¨9 Con la expansión y consolidación de las autodefensas creandonuevos ordenes sociales, este patrón de consolidación política, en sus palabras, teníacomo objetivos ¨crear y modificar leyes y políticas para las poblaciones necesitadas y másperiféricas¨.

Según su exposición, la consolidación política acontece por medio de candidatos propios delas A.U.C personas cercanas a las autodefensas en el orden local, regional y conrepresentatividad política, que través de acuerdos direccionaba, la toma del poder local,regional y nacional. La idea, de acuerdo con Mancuso, era evitar llegar a una constituyenteen este periodo que estaría en apoyo a los grupos subversivos. Según él, se trataba de ¨unconjunto de proyecto político y de intereses en las comunidades, permitiendo hacercampaña política, con respaldo y apoyo logístico para hacer participación democrática,para inversión social, presupuestos municipales y departamentales¨. Una contradicciónclara entre un discurso para legitimar, de un lado, un proyecto político y sus accionesmilitares y, de otro, una violencia indiscriminada contra la población civil que estuviera encontra o simplemente no compartiera ese proyecto.

Ese control político se dio de manera escalonada y calculada con políticas y modusoperandi propios, que se desplegaron en las zonas dominadas por las autodefensas paraconsolidación política y para el establecimiento de nuevos órdenes sociales de lasautodefensas. Salvatore Mancuso defiende su argumento, con pruebas concretas delempoderamiento político de las autodefensas, como fue el acceso de las AUC a otrasinstancias como congresistas, alcaldes, e incluso para garantizar el poder que tenían conincidencia en las elecciones presidenciales. Para eso, fueron establecidos pactos conpolíticos del orden local, departamental y nacional, consolidando un control político yterritorial que se opondría y atacaría el poder de la guerrilla, la corrupción y el abandonoestatal. Cita como por ejemplo proyectos políticos como ¨Clamor Campesino¨, ¨UrabáGrande Unida y en Paz¨ para consolidar las bases sociales y control político.

Mancuso explicó que las AUC realizaron conferencias entre los máximos integrantes y quelos comandantes tenían autonomía para alianzas y bases en las respectivas zonas deinfluencia. En 2001, afirma que convocaron políticos en el departamento de Córdoba yrealizaron pactos con 100 políticos de varios departamentos según él para ¨construir unanueva política colombiana.¨ Las actividades de control político consistían en consolidar losintereses de las A.U.C ¨con cargos públicos en cumplimento de actividades

8 Audiencia de control de garantías contra Salvatore Mancuso Gómez con Fiscal n. 46 – Giovanny Álvarez Santoyo y Magistrada Carolina Rueda (en 07 y 08 de octubre de 2013, Bucaramanga). 9 Ibidem.

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administrativas, desempeño de concejales, elegidos para los miembros de las autodefensas,celebrar acuerdos políticos con objetivos militares y de confrontación a la influencia de laguerrilla con control del electorado.” Solamente en el departamento de Antioquia losprocesos abiertos de políticos regionales por para política ha aproximado 7% (20) del totalde 380 procesos en 2008, cifra que aumento para 27 procesos en 2013. (Verdad abierta,2013a)

La infiltración del paramilitarismo en la política también se mostró evidente con el aumentode senadores y representantes de Cámara investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo que representaban en el ano de 2008, a nivel nacional respectivamente, a33% y 15% del total de las casas legislativas.(López y Sevillano, 2008:62). Según unbalance realizado para explorar la expansión de la para política, el fenómeno no se limitó aCosta Atlántica, llegando en mediados de 2000 a una expresión nacional de “capturamasiva de la representación política y el poder público por parte del narcotráfico y elparamilitarismo, a través de políticos y otros servidores públicos en los niveles local,regional y nacional.” (López y Sevillano, 2008:62)

La asociación con el poder público no solamente se restringió a la comunidad política comotambién a servidores públicos desde de alcaldes, gobernadores, miembros de la Policía ydel Ejercito. Al largo de las audiencias queda claro que la Fiscalía aún encuentradificultades en establecer e identificar el grado de participación de los funcionarios delEstado en el actuar de los grupos armados ilegales en la región, incluso para revelar si huboo no una política de Estado sea de comisión o de omisión, de tolerancia o de contribución ala génesis del paramilitarismo en el país.

Sin embargo, las exposiciones de los postulados y ex comandantes militares SalvatoreMancuso y Herbert Velosa García develan de manera reiterada que hubo apoyo de sectoresdel Ejercito y de la Policía Nacional para la expansión armada de los grupos paramilitares yel encubrimiento de las acciones ilegales en la región. Especialmente en lo que se refiere ala falta de supervisión y control de las asociaciones de seguridad privada e, igualmente,como esas asociaciones contaron con los recursos de Estado con provisión de armas,recaudos extorsivos y relaciones con la fuerza pública que facilitaron cierta legitimidad delas convivir de ejercer funciones propias del Estado, como de Policía por ejemplo.(Sentencia HH, 721).

B. BRASIL / RIO DE JANEIRO

I. Caracterización Territorial : la formación de milicias en Rio de Janeiro

El fenómeno de las milicias empezó a evidenciarse en el estado Rio de Janeiro a partir de2008, cuando denuncias de moradores de comunidades de baja renta (conocidas por elnombre de “favelas”) y un caso de tortura a periodistas de un periódico de grandecirculación que se hizo público. A partir de esos hechos, la Asamblea Legislativa del Estadode Rio de Janeiro decidió por instalar una Comisión Parlamentar de Inquerito parainvestigar las acciones de las milicias en el estado (conocida como la CPI de las Milicias)develando informaciones importantes al respecto de los orígenes del fenómeno, causas deexpansión, y el involucramiento de funcionarios públicos desde policías, agentes

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penitenciarios y cargos del ejecutivo que componían esa red. La CPI de Milicias realizódiversas audiencias públicas entre junio y noviembre de 2008, contribuyendo a la acusaciónformal de aproximadamente 218 personas vinculadas a la actuación de milicias, entre ellosparlamentares y funcionarios públicos.

Desde el principios de los años 2000, cuando grupos armados ilegales constituidos poragentes del Estado empezaron a controlar territorialmente por medio de la violencia y terrorlas favelas de la ciudad del Rio de Janeiro, el concepto de milicia ha asumido diversosámbitos. En 2004, eran 06 grupos milicianos actuando en la ciudad de Rio de Janeiro, queaumento exponencialmente en 2014 para 148 grupos en 28 barrios. El control territorial delas milicias que se concentraba en la ciudad de Rio de Janeiro, por su vez, ha se extendido atodo el estado, alcanzando más de 25% con 195 comunidades. Desde 2007, ya fueronpresos 864 personas por vinculación a eses grupos.10

De acuerdo con el informe de la CPI de las Milicias, no hay consenso sobre el alcance delas acciones de los grupos armados formados por esos agentes públicos. Algunos expertoshan asociada sus objetivo a un negocio, como una mafia cuyo fin es obtener renta pormedio de la fuerza vía oferta de una “tasa de seguridad”, terror y violencia en unadeterminada región (definición del policial Marcus Neves, Informe CPI de las Milicias,2008:31). Otros estudiosos prefieren relativizar el termino, refiriéndose a grupos armadosilegales y criminales compuestos por policiales y ex -policiales que negocian la seguridadde manera ilegal a cambio de dinero.

La definición que mejor aborda la complexidad del fenómeno es la propuesta por el expertoIgnacio Cano que coordinó en 2008 una investigación al respecto del tema. Lainvestigación que recogió información a partir de entrevistas semi-estructuradas, denunciasde moradores y revisión de imprenta sobre la actuación de las milicias en Rio de Janeiroentre 2006 y 2008 indica por lo menos cinco factores que describen el modus operandi delos grupos:

1. El control territorial y de una población por un grupo armado ilegal;2. El carácter coactivo del control territorial sobe la población3. Un interés por el lucro individual como motivación principal de los integrantes del

grupo armado ilegal4. Un discurso de legitimación ante la protección “coactiva “a los habitantes y la

instauración de una nueva orden social con reglas y conductas determinada. 5. La participación activa y reconocida de agentes de Estado que integran el grupo

armado ilegal (Cano et al, 2008: 59)

Sumado a esos factores, incluiría el interese por ocupar cargos públicos políticos yestablecer una red de cooperación a las acciones de los milicianos en el Estado, tanto en elsentido de generar impunidad como también de proyecto de poder.

10http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1508921-em-dez-anos-milicias-passam-de-6-para-148-favelas-na-cidade-do-rio.shtml

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La población civil asocia la actuación de las milicias de un lado con connotación negativacomo grupos de exterminio o de policías corruptos, mientras que otros los asociación demanera más positiva legitimando de cierto modo la oferta de una seguridad en contra laviolencia ocasionada por las bandas criminales y el tráfico de drogas. Con efecto, uno delos factores que demuestra una capacidad organizativa y discursiva de las milicias es laforma que encontraron para legitimar sus acciones y control social bajo un discurso de laguerra contra el tráfico de drogas y el crimen. Hay presencia de un enemigo común,particularmente en regiones y barrios en que el Estado se encuentra ausente en términos degarantizar la seguridad pública.

I. Causas para la formación y expansión milicia en la región

De acuerdo con el informe producido por la CPI de las Milicias, en las audiencias en queestuvieron presentes los expertos académicos se apunta para un contexto de génesis demilicias a partir de una “lógica propia y acumulativa de organización de esascorporaciones sobre el auge de un circuito clientelista, que a partir de la interdependenciae insubordinación mantiene proyectos de poder e intercambio de privilegios.” (InformeCPI de las Milicias, 2008 (Informe CPI de las Milicias, 2008: 34). Las regiones quesufrieron el crecimiento vertiginoso de esos grupos también se destacan por la ausenciaestatal y falta de supervisión de la actuación de la policía militar y por lo siguiente, unaaceptación social ante esos grupos en la forma de una provisión de una supuesta seguridad.

El círculo vicioso de la privatización informal de seguridad genera mecanismos de controlterritorial y social que se extiende desde la oferta “coactiva” de servicios a la poblaciónhasta el interés por ocupar cargos en el poder legislativo y tener influencia sobre losresultados electorales en las regiones controladas. La práctica de ofertar servicio deseguridad a los comerciantes a partir de la década de 70 se reconfigura en los años 90además con la oferta de seguridad a toda la población, y el control en otros servicios comoen la oferta de gas, de los servicios postales, internet y red de cable clandestina, y en eltransporte público alternativo (Zaluar y Conceição, 2007).

El cambio, por lo tanto, entre las estrategias de los años 70 y la ampliación en la capacidadorganizativa de las milicias a partir de los años 90 con intereses políticos y económicospropios demuestra como el grupo asumió una organización y estructura más compleja.Detrás de la lógica de privatización de la seguridad en ausencia del Estado, las miliciastambién develan estrategias de búsqueda de rentas para su sostenimiento financiero como,por ejemplo, con el monopolio del transporte alternativo en algunas regiones.

Diferente de las asociaciones convivir en el caso colombiano, en el contexto brasileño hayuna relación directa y constante entre los que hacen parte de las milicias y lascorporaciones de policías civiles y militares del Estado. Esa fusión entre actividadesprivadas ilegales y publicas generan como consecuencia una degradación de la jerarquía enel interior de las instituciones (Soares en el informe CPI de las Milicias, 2008:35). Lamezcla entre los intereses privados en la actividad pública implica la corrupción de laactuación policial, conllevando a una imagen, ante la población, de corporación corrupta yen favor de intereses privados de grupos o personales.

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Esa corrupción en las relaciones con instituciones públicas de seguridad interfiere en lacapacidad de supervisión y de fiscalización de las actividades conducidas por la policía ygenera mecanismos dentro del propio Estado de encubrimiento de los delitos cometidos,como por ejemplo, en los casos de ejecuciones sumarias.

I. Control social y violencia perpetrada por los milicianos

La manera como las milicias ejercen el control social y territorial son diferentes en cadaregión, lo que significa que el grado de interferencia en la vida de las personas tambiéndifiere de acuerdo con como las milicias se relación con la población local. Considerandolas entrevistas en 2008 de diferentes barrios donde hay presencia de milicias, hay unaimposición de “ una orden moral y de regulación más profunda de conducta social” (Canoy al, 2008:60)

El mecanismo de regular las conductas sociales y de limpieza social tiene como su principalherramienta el castigo violento de los desvíos y del combate al crimen. Las agresionesfísicas varían entre amenazas, tortura, expulsión y desaparición forzada. La legitimidad deese orden social se construye de una percepción histórica de la población a interiorizar esasformas violentas de resolución de conflictos, como también de un miedo generalizado dodesafiar ese orden. Y hay un discurso simbólico que empodera esos policías en el sentido detraer justicia y seguridad donde no hay. Un ejemplo de eso, es el grupo miliciano que actúaen el barrio de Campo Grande en la ciudad de Rio de Janeiro que se autodenominaban “Liga de la Justicia” y usaban un símbolo del Batman. Eso también devela por ejemplo conla percepción ambigua de la población local, que de un lado, ve la oferta de un servicio, ydel otro, el hecho real de las prácticas de exacciones arbitrarias y terror.

El control territorial, a su vez, se da a través de una lógica económica de obtener rentas delcomercio local y moradores, ejerciendo control directo de inúmeras actividadeseconómicas, inclusive en el mercado inmobiliario local con tasas sobre las operaciones deventas y alquileres. Hay por lo tanto un elemento discursivo para justificar un control socialante la población y el comercio, pero también intereses económicos muy objetivos en lamanutención de poder en las regiones que actúan. Lo que en mucho se asemeja a lasestrategias económicas en la lógica de expansión y consolidación política de los gruposparamilitares en Antioquia.

Con relación al modus operandi de ocupación y control territorial, mucha de la ocupaciónparapolicial se dan de manera gradual y en muchos casos, diferente del contextocolombiano, en comunidades donde la presencia del tráfico- del enemigo común- es baja.Cuando hay presencia del tráfico de drogas en las comunidades, el control territorialsolamente se establece después de una confrontación armado contra el tráfico, inclusolegitimada por la función policial de combatir el crimen. Cuando no hay presencia armadodel tráfico de drogas pero resistencia de la población, los milicianos intimidan el comercioy habitantes les obligando a pagar tajas mensuales, forzando muchas veces la expulsión deaquellos que resisten esa nueva orden. La población en ese sentido no tiene autonomía paranegar eses servicios o el pagamento de esas tajas impuestas por los milicianos. Son desemodo rehén de esa nueva orden social armada constituida y de la instauración de un poderpolítico al margen del Estado.

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II. Dinámicas de poder y la formación de elites políticas desde la policía

Considerando los estudios sobre el tema, ese control social y territorial reverbera en uncontrol político. Las denuncias de los moradores de las comunidades de control de lasmilicias indican que las personas son “orientadas” por medio de amenazas y miedo a votara determinados candidatos. Del mismo modo, el control territorial de las milicias en ciertosbarrios impiden por ejemplo el transito libre y realización de campañas políticas decandidatos de la oposición.11

Entre los trabajos del CPI de las Milicias, se analizó los datos al respecto de patrones deconcentración de votos en diversas juntas locales en regiones controladas por milicias. Losdatos de la justicia electoral demuestran que entre 2004 y 2006 hay votacionesconcentradas en candidatos identificados en áreas consideradas dominadas por el grupoparapolicial (Informe de la CPI de las Milicias, 2008:79). El cruce con varias denuncias delos moradores también demuestran que hay una correlación entre la concentración de votospor los candidatos asociados a la red de las milicia.

Entre 2006 y 2008, las milicias alcanzaron elegir concejales y parlamentarios en las casaslegislativas municipales y estaduales de Rio de Janeiro. Sin embargo, con la publicidad delinforme de la CPI de las Milicias y el aumento de vinculación mediática sobre el asunto,hubo un cambio en la estrategia política de ese grupo en las elecciones siguientes. Según elpresidente de la CPI de las Milicias, el diputado Marcelo Freixo, “los propios jefes de lasmilicias fueron los candidatos, y eso, tuvo un precio muy alto por lo grado de exposición.”Ya en las elecciones de 2012, las estrategias cambiaron para una a favor de una exposiciónmenor, que según Freixo, era una táctica utilizada anteriormente a las elecciones de 2008 desolamente apoyar los candidatos que les favoreciesen políticamente sin la pierda del controlterritorial de las comunidades comandadas.

Según un estudio publicado en 2012 (Cano y Duarte, 2012) esos cambios en las estrategiaspolíticas de las milicias se dieron por diversas razones. La primera fue la desarticulaciónpolítica de los grupos con la publicidad que tomo el informe final de la CPI de las Milicias.Varios de los parlamentarios estaduales y concejales electos por medio de votosconcentrados en áreas de milicias o fueron presos o no fueron reelectos. En seguida, uncierto clamor por mas represión estatal a ese fenómeno implicó cambios significativas en laesfera judicial, en los órganos de la Fiscalía y de la Policía de Represión al CrimenOrganizado (DRACO) que enfocaron acciones específicas en contra las milicias.

C. CONCLUSIONES: EL ANALISIS COMPARADO

A partir de los estudios de caso, ya es posible identificar algunas semejanzas y distincionesen el modus operandi y poder político entre los paramilitares colombianos y brasileños. La

11 http://www.cartacapital.com.br/politica/o-poder-da-milicia-nas-eleicoes-do-rio-de-janeiro-1597.html

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inquietud planteada al inicio de la investigación es si uno podría decir que las semejanzasentre las formas de ejercer control social, territorial con proyectos políticos paralelos podríaindicar una expresión del paramilitarismo característico en la región, o incluso, indicacaracterísticas propias de relaciones hibridas entre la seguridad privada y pública detrás deun discurso de combate a un enemigo.

A diferencia del caso colombiano, las milicias en Rio de Janeiro se expandieron en,sobretodo, en contextos urbanos en barrios de baja renta conocidos como favelas y enterritorios con baja ocupación del tráfico de drogas. Al contrario, los bloques y frentes enAntioquia e se consolidaron territorialmente tanto en contextos rurales y urbanos condinámicas muy distintas. La ocupación paramilitar en la región de Urabá por ejemplo fuerealizada en cascos urbanos y rurales, donde la presencia del Estado fue precaria einsuficiente.

Del mismo modo, en los estudios o datos presentados sobre las milicias brasileñas no existeuna relación aparente entre el crecimiento del paramilitarismo y el mercado ilegal de drogasen Rio de Janeiro como fue en Colombia. Las milicias se utilizaban de otros mediosextorsivos para obtención de rentas. Ya en Colombia el ataque a la insurgencia, laconfrontación ideológica y las alianzas con las elites políticas regionales explican en grandeparte el alcance de las AUC en el país, y del mismo modo, el mayor grado de participaciónde políticos en la red de apoyo y estructuras paramilitares.

En el caso de conflicto armado colombiano particular hay características de un conflictoirregular, de expansión y ocupación militar gradual con picos de violencia pero bajaintensidad a lo largo del tiempo. En ese tipo de conflicto, las situaciones de combate directoson evitadas (sentencia, 804) pero cuando ocurren son de una violencia a gran escala. Deacuerdo con la Sala de Justicia y Paz, en sentencia en contra el ex comandante HebertVelosa García, “en los conflictos irregulares los medios o métodos de violencia sonespecialmente crueles e indiscriminados, generalmente debido a las vinculacionesemocionales y los intereses diversos que son propios a la actividad armada. Es recurrenteen un conflicto irregular encontrar motivaciones como la venganza, la disuasión, laejemplificación y la crueldad como medios para generar actos de terrorismo y, por tanto,“obediencia” de la población civil (Sentencia HH, 806)

Sin embargo, hay muchas semejanzas en los casos, las cuales merecen ser destacadas:

1. El control social y económico justificado en un discurso político de combate aun enemigo común (el subversivo, el criminoso)

Sea en contextos de conflicto armado o no, en ambos casos la presencia, participación yformación de elites políticas a partir de esos grupos armados ilegales generan una estructurapolítica partidaria que reconfigura las relaciones democráticas dentro y fuera del Estado.Desde adentro, cuando empiezan primero a cambiar a lógica electoral con formasclientelistas y formación de caudales electorales por medio del terror y violencia y segundocon la corrupción de las instituciones de dentro de las corporaciones policiales. Losintereses públicos de garantizar la seguridad y el monopolio de la violencia representado enla policía son revertidos en favor de intereses económicos y políticos personales. Y, de

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fuera, cuando el precio hacia el control social y territorial crean dominios territorialesarmados con control sobre la orden social (las conductas y sus desvíos) y la formación deun sistema de justicia en ausencia del Estado de Derecho.

El control social en ambos los casos se basa en la instalación de una nueva orden socialimpuesta y que debe ser obedecido por la población local, cuyas conductas punibles sonpunidas por castigos físicos como tortura y muerte. La violencia muchas veces escaracterísticamente indiscriminada porque bastaba el señalamiento de ser subversivo paraque ser desaparecido, sin cualquier criterio de evaluación. Sin embargo, también había unaviolencia selectiva, de exterminio y ataque a quien resistía y se oponía a ese nuevo ordensocial, como una cierta limpieza social. En el caso colombiano, esa limpieza social sufríade una connotación altamente ideológica, pues el ataque era dirigido específicamente amiembros de sindicatos y del partido Unión Patriótica, por sus orientaciones de izquierda.

En el caso brasileño, aunque poco se sabe sobre el grado impacto de la violencia de lasmilicias en los datos de desaparición forzada y muerte violente, así como en el perfil de lasvictimas sea por la subnotificación en los registros o por temor de la población local adenunciar esos casos. De acuerdo con el director de la Amnistía Internacional en Brasil,Átila Roque, hay una parcela desconocida de los millares de muertes que se refieren a losgrupos de exterminio y milicias cuyos números de asesinatos no son registrados de formaoficial.12

El control económico en ambos los casos se dieron inicialmente por el aporte voluntario delcomercio y población que se tornaron obligatorios cuando esas “tasas de seguridad” no eranpagas. Los aportes para manutención financiera también tuvieron origen en el control de lasactividades económicas en las comunidades en la ofertas de servicios variados incluso en elmercado inmobiliario. En el caso colombiano, el despojo de tierras fue uno de los factoresque llevo a una gran parte de la población local a desplazarse, diferente del caso de losmilicianos en que no hay indicios de expulsión a grande escala. Hay evidencia de que losnegocios y las exacciones arbitrarias existían en función de intereses económicos privadosy que el control de las economías legales e ilegales, como forma de financiamientopermitiera el control político y expansión territorial de eses grupos.

2. Un proyecto político que visa la manutención del poder y negocios en las áreascontroladas

En ambos casos hay una asociación muy clara con el poder público, que no solamente sedio en el ámbito del contexto electoral y sistema político. Esos grupos armados ilegalescontaron con el apoyo de servidores públicos y candidatos que se valieron del control socialy territorial en las regiones para establecer caudales electorales. Las dificultades enencontrar el grado de participación de funcionarios del Estado en las redes de apoyo a esosgrupos así como en el encubrimiento de los delitos demuestran que había comisión y deomisión por parte del Estado ante la expansión del paramilitarismo en Antioquia y de laactuación de los milicianos en Rio de Janeiro.

12http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/09/140914_salasocial_eleicoes2014_violencia_policia_numeros_lk_jp

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La interferencia en las elecciones y el impacto en los resultados electorales develan que elcontrol social reverbera en un control político, en el cual los moradores son coercitivamenteobligados a votar por los candidatos indicados por esos grupos armados al margen de la ley,restringiendo las libertades y derechos políticos de la población local.

Incluso ante las transformaciones en el contexto colombiano con la desmovilización yprisión de inúmeros grupos paramilitares que actuaban en el país, como también en Rio deJaneiro con más de 800 personas presas por asociación a las milicias en el estado, seríaprecipitado concluir el fin de la actuación de eses grupos en esas regiones estudiadas. Alcontrario, según indica un reportaje en 2014 sobre comunidades controladas por milicias enRio de Janeiro, las estrategias políticas cambiaron pero la actuación de las milicias enexpandió exponencialmente.

3. La ausencia estatal y privatización de la seguridad

Aunque en el caso colombiano, hay datos más concretos del nivel de violencia provocadapor la actuación y ocupación de los paramilitares en la región de Antioquia yprobablemente en un grado más avanzado de violencia y de combate armado encomparación al brasileño, en ambos casos hay un reflejo evidente de dominio social,económico y político de esos grupos con baja, cuando no ausente, represión estatal. Debidoa una formación hibrida entre esos grupos con recursos e informaciones privilegiadas dedentro del Estado, muchos lograron expandir territorialmente en un contexto designificativa impunidad, con destaque para el caso colombiano que contaron con lalegalidad de la formación de asociaciones de seguridad privada que forjaron el desarrollologístico y financiero de los grupos paramilitares en Antioquia.

Las cooperativas de seguridad privadas financiadas y reglamentadas por el Estado quecontribuyeron para la expansión de los paramilitares en el territorio aun continua con unobjeto a ser explorado más a fondo en los estudios sobre el paramilitarismo en el país,especialmente cuando se tiene en cuenta que los intereses de los grupos desbordan ladimensión contrainsurgente. Ciertos territorios y regiones – 52% de los que teníanpresencia de las autodefensas - fueron ocupados con baja presencia guerrillera,demostrando otros intereses – políticos y económicos – en la expansión paramilitar en elpaís. Lo mismo se puede decir de la expansión de las milicias, donde según el informe de laCPI de las Milicias, de las 171 comunidades en que se registró la presencia de milicias, 119comunidades no pertenencia a ninguna facción criminal (Informe de la CPI de las Milicias,2008: 40). El discurso del enemigo interno común cayó por tierra cuando se analizan másfondo los contextos de esas evoluciones.

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Lista de audiencias asistidas y transcriptas

Audiencia de control de garantías contra Salvatore Mancuso Gómez con Fiscal n. 46 –GiovannyÁlvarez Santoyo y Magistrada Carolina Rueda (en 08 de octubre de 2013, Bucaramanga)

Audiencia de control de garantías contra Miguel Ángel Mejía Muñera y otros con – Fiscal n. 22 –Hilda Jeaneth Niño Farfán y Magistrada Teresa Ruiz Nuñes (en 07 de octubre de 2013, Bogotá)

Audiencias de control de garantías contra Ramón Isaza y otros con Fiscal n. 26 – Stella LeonorSánchez Gil (05 de septiembre de 2013, Bogotá).

Audiencia de control de garantías contra Freddy Rendón Herrera y otros postulados con el Fiscal n.48 – Andrés Roberto Echeverría Marulanda y Magistrado Olimpo Castaño Quintero (en 05 y 07 denoviembre de 2013, Medellín)

Sentencia en contra Freddy Rendón Herrera y otros postulados con el Fiscal n. 48 – Andrés RobertoEcheverría Marulanda y Magistrado Olimpo Castaño Quintero (en 05 y 07 de noviembre de 2013,Medellín)

Sentencia en contra Hebert Velosa Garcial. Tribunal Superior de Bogota, Sala de Justicia y Paz,Magistrado Ponente: Eduardo Castellanos Roso, 30 de octubre de 2013, Bogota.

Lista de reportajes en revistas y periódicos

Periódico Folha de São Paulo. 2014. “Em dez anos, milícias passam de 06 para 148 favelas nacidade do Rio. Disponible en http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1508921-em-dez-anos-milicias-passam-de-6-para-148-favelas-na-cidade-do-rio.shtml (visitado en 12 de junio de2015)

19

Periódico BBC. 2014. “Para cada quatro mortos pela polícia no Brasil, um policial é assassinado”disponibleen:http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/09/140914_salasocial_eleicoes2014_violencia_policia_numeros_lk_jp.

Revista Carta Capital. 2014. “O poder da milícia nas eleições do Rio de Janeiro. Disponible enhttp://www.cartacapital.com.br/politica/o-poder-da-milicia-nas-eleicoes-do-rio-de-janeiro-1597.html (visitado en 01 de julio de 2015).

Verdad abierta. 2013. Estadísticas de para política http://www.verdadabierta.com/cifras/3826-estadisticas-parapolitica (visitado en 19 de junio de 2015

Verdad abierta. 2013. “Las convivir: el motor de la guerra en Uraba” Disponible enhttp://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/5009-las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar (visitado en 19 de junio de 2015

20

1

El papel de la “limpieza social” en la incursión, persistencia y legitimación de

organizaciones paramilitares en Bogotá.

Alexander Díaz Díaz

a.diaz17@uniandes.edu.co

Universidad de los Andes (Colombia)

Trabajo preparado para su presentación en el VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia

Política (ALACIP). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 22 al 24 de Julio de 2015.

2

El papel de la “limpieza social” en la incursión, persistencia y legitimación de

organizaciones paramilitares en Bogotá.

Alexander Díaz Díaz

Universidad de los Andes (Colombia)

Resumen

Entender las lógicas de tipo político y económico de la llamada “limpieza social y como se ha

servido de esta práctica los grupos armados, legales e ilegales para la entrada, consolidación y

legitimación de su accionar en territorios urbanos. Los argumentos esgrimidos para la realización

de este tipo de violencia, en su mayoría de tipo económico y de seguridad, muestran una

importante acogida en algunos sectores de la sociedad colombiana de un discurso de toma de

justicia por manos propias, sobre el cuál se van levantando violencias más organizadas y/o

políticas.

Introducción

El estudio del paramilitarismo en Colombia se ha enfocado en las experiencias rurales y en sus

dinámicas como actor productor de violencia. Pese a las relaciones que este fenómeno ha tenido

con los ámbitos urbanos, se lo ha visto como una problemática preponderantemente rural. De

igual forma, las explicaciones del fenómeno se han centrado en las implicaciones del ejercicio de

la violencia. Como consecuencia, se han presentado dificultades para explicar la persistencia y

expansión de este fenómeno en la realidad colombiana. Ni la existencia de la insurgencia y el

conflicto armado, ni la existencia de una economía ilegal en expansión por los recursos del

narcotráfico, ni el dominio gamonalista que caracteriza el ejercicio de la política en el país

pueden explicar por sí solos la persistencia del paramilitarismo en Colombia. En este sentido, es

válido académicamente preguntarse ¿qué explica la expansión y persistencia del fenómeno

paramilitar? Y ¿qué relación tiene con discursos y prácticas de toma de justicia por manos

propias?

Este trabajo pretende ofrecer nuevos elementos para responder estos interrogantes. Para tal

efecto toma como objeto de estudio la incursión de organizaciones paramilitares en Bogotá. Esto

por dos razones: Primero, porque al tomar la capital de la República pretende identificar

dinámicas asociadas al fenómeno paramilitar no necesariamente reducidas a su accionar

violento, como las que priman en otros lugares donde este tipo de organizaciones hacen

presencia desplegando al máximo el ejercicio de la violencia. Segundo, porque permite observar

las dinámicas en que se fundamenta la incursión y expansión del paramilitarismo, la manera

como el desarrollo de este fenómeno se alimenta de elementos de la realidad preexistentes.

Se plantea que más allá de su accionar violento el fenómeno del paramilitarismo se alimenta -

instrumentaliza, aprovecha- una serie de elementos presentes en la realidad social para hacer

factible su expansión y persistencia en el tiempo. Es así como en su intento por conseguir el

dominio territorial y poblacional, genera una serie de prácticas, en donde se adjudica un grado de

3

autoridad, para la pacificación y el orden social. Entre ellas la llamada “limpieza social” o

“control social”, que es un aspecto necesario para la consecución de ese dominio, basado en la

imposición o en la legitimación forzada. Entender las lógicas, de tipo político y económico,

detrás de este tipo de fenómeno y como se ha servido de esta los paramilitares parar la entrada,

consolidación y legitimación de su accionar en Bogotá es fundamental. Los argumentos

esgrimidos para la “limpieza social”, en su mayoría de tipo económico y de seguridad, y que

muestran una importante acogida entre algunos sectores de la sociedad colombiana, hablaría de

un discurso de toma de justicia por manos propias, sobre el cuál se levantan violencias más

organizadas y/o políticas.

Para desarrollar este argumento el trabajo parte de revisar las conceptualizaciones sobre

paramilitarismo en Colombia señalando sus límites para explicar la expansión y persistencia del

fenómeno; enseguida identifica someramente los elementos de la realidad social que aunque

preexisten a la incursión del paramilitarismo en la ciudad contribuyen con su reproducción; para

luego explicar el papel de la limpieza social y su relación con la incursión, persistencia y

legitimación del paramilitarismo en Bogotá.

Concepciones sobre paramilitarismo en el caso colombiano

El paramilitarismo no se reduce a la formación de ejércitos irregulares como los que se han

conocido en Colombia con el caso de las AUC. La literatura especializada en el tema (Kalyvas y

Arjona, 2005; Cano, 2001) acude al término “paramilitarismo” para designar una diversidad de

fenómenos entre los que pueden destacarse los escuadrones de la muerte, el vigilantismo y las

rondas campesinas, entre otros. En el caso colombiano el fenómeno del paramilitarismo ha

tomado muchas de estas formas, que se presentan también en la actualidad, a menudo con

vínculos orgánicos entre si. Esta situación ha servido como terreno fértil para la

conceptualización del fenómeno, planteando al mismo tiempo una serie de problemas en relación

con la especificidad y la capacidad analítica del término.

Es posible distinguir por lo menos tres orientaciones en cuanto a las conceptualizaciones de este

fenómeno: el paramilitarismo como instrumento, como actor y como fenómeno sociopolítico:

A) La mayor parte de la literatura se ha centrado en el carácter instrumental del paramilitarismo.

Aquí se ubican quienes lo conciben como un instrumento de contrainsurgencia estatal o de

guerra sucia, en connivencia con sectores de la criminalidad organizada, particularmente del

narcotráfico1.

1 Para Medina Gallego (1990: 17) los paramilitares “son formas parainstitucionales de violencia,

promovidas, organizadas y protegidas por los mismos organismos del Estado y financiados por

los gremios económicos”. Sin embargo, establece una distinción entre el paramilitarismo y el

narcoparamilitarismo para dar cuenta del devenir del fenómeno en los ochenta: “El fin con el que

fueron creados los grupos paramilitares ha sufrido una desviación que comienza a causarle más

daño al Estado y a la sociedad que el “beneficio” que le produce. El fenómeno ha sido usurpado

por el narcotráfico, y le ha dado una orientación distinta. Es importante, hacer claridad entonces,

entre un paramilitarismo de carácter estructural, articulado a la Doctrina de Seguridad Nacional y

cuya expresión ha dado en denominarse “Guerra Sucia” y un narcoparamilitarismo, cuya

finalidad no es el anticomunismo, que sólo se constituye en un pretexto, para desalojar, asesinar

4

B) Otras perspectivas han conceptualizado el paramilitarismo considerándolo como un “actor”.

En este caso, los grupos u organizaciones paramilitares son concebidos como “irregulares de

Estado”2, para hacer énfasis en su ambigüedad en relación con el Estado; como “empresarios de

la coerción”3, para resaltar sus fines políticos a pesar de sus fines económicos; o incluso, como

actor autónomo del Estado4.

C) Una tercera perspectiva hace énfasis en el carácter difuso o “complejo” del paramilitarismo

en Colombia (Garzón, 2005). En esta línea el paramilitarismo se concibe como un fenómeno

donde convergen diversos actores e intereses, bien sea desde una lógica de organización mafiosa

en forma de red que luego de fortalecerse en el campo pretende infiltrar las instituciones de

gobierno de las ciudades para regular transacciones ilegales5, o bien como una lógica que

envuelve la sociedad alrededor de la complicidad de sectores significativos de la sociedad en un

propósito contrainsurgente6.

y justificar todo tipo de acción que desarrolle la industria del narcotráfico, incremente su

producción y ganancias y le de mayor seguridad a sus inversiones” (Medina, 1990: 253). Esta

senda es seguida, con algunos matices por: Palacio y Rojas, 1990; Uprimny y Vargas, 1990;

Medina y Tellez, 1994. 2 Fernando Cubides definía los grupos paramilitares como “irregulares de Estado”:

“Organizaciones extralegales que han tomado la ley en sus propias manos y en su lucha contra la

guerrilla, replicando paso a paso sus métodos, toman como blanco preferencial las redes de

apoyo, los auxiliadores o simpatizantes, en aquellas regiones donde la guerrilla se ha implantado

en forma reciente, comenzando por aquellas en donde lo abrupto de su implantación ha

producido reacciones crecientes” (Cubides, 1998: 70-71) 3 Para Mauricio Romero (2003: 17), el concepto de empresario de la coerción “hace referencia al

individuo especializado en administración, despliegue y uso de la violencia organizada, la cual

ofrece como mercancía a cambio de dinero u otro tipo de valores... Esto no quiere decir que la

ganancia económica sea el fin de estos portadores de violencia organizada... Esa ganancia es,

más bien, un medio para unos objetivos más amplios. En el caso de los paramilitares y las

autodefensas en Colombia, esos objetivos han sido la restauración y en algunos casos una nueva

definición de regímenes políticos locales y regionales amenazados por lasa políticas de paz del

gobierno central”. 4 Tron Ljodal (2002: 301) define el concepto de lo paramilitar de la siguiente manera:“Por

paramilitar se entiende cualquier grupo u organización armada de carácter irregular que aparece

al margen del Estado, pero no opuesto a él, que reivindica un derecho privado a defender alguna

definición del statu quo, pero con un mínimo de autonomía e independencia frente al Estado…

Además de ser obligatoria la existencia del Estado, también supone la existencia de una

oposición armada al Estado (regular o irregular) o una situación de amenaza al statu quo que

dicen defender estos grupos. De esa manera el paramilitarismo se constituye en un fenómeno de

violencia distinto tanto de lo estatal como de lo contraestatal y con la potencialidad de

convertirse en un tercer actor político y militar independiente en el marco de un conflicto armado

interno”. 5 Ver Duncan, 2005, 2006. 6 Vilma Franco propone los conceptos de “complejo contrainsurgente” y “mercenarismo

corporativo” para analizar el paramilitarismo desde una perspectiva no estado- céntrica, sino

centrada en las relaciones sociales. El primero surge como respuesta a situaciones de amenaza al

orden político estatal de carácter secesionista e insurgente y su carácter complejo implica que

5

Límites y potencialidades en la explicación del fenómeno

Si el paramilitarismo se conceptualiza como un instrumento de violencia ilegal al servicio del

Estado, se pierden de vista dinámicas importantes en las que la violencia ejercida por grupos u

organizaciones paramilitares es contraría a los intereses del Estado o de sectores del mismo. Por

ejemplo, cuando las organizaciones paramilitares establecen alianzas con el crimen organizado.

Sin embargo, no se puede descartar del todo la perspectiva instrumental del paramilitarismo en

tanto que las relaciones de las organizaciones paramilitares no se reducen a la dicotomía

subordinación/autonomía (Gutiérrez y Barón, 2006). Estas relaciones varían de acuerdo a

contextos específicos y de acuerdo a los sectores del Estado que se ven involucrados. En algunos

contextos el Estado alienta la formación de organizaciones paramilitares7, mientras en otros

casos las organizaciones paramilitares tienen otras motivaciones de origen, tales como la

provisión de seguridad o la participación en actividades económicas ilegales, entre otros.

Tampoco es posible desligar por completo las organizaciones paramilitares de las orientaciones

del Estado afirmando que estas han cuestionado el “monopolio legítimo de la violencia” (Rangel,

2005). Entre otras razones, porque como lo muestra Franco (2002), en muchas ocasiones las

organizaciones paramilitares actúan como una “descentralización” en el ejercicio de la violencia

o un “contrato por servicios” que termina por garantizar el orden y las relaciones de dominación

en las que se sustenta el Estado. Además, las relaciones entre el paramilitarismo y el Estado no

deben reducirse al vínculo orgánico, sino que pueden establecerse a nivel de la defensa de

intereses comunes, o por lo menos a largo plazo comunes, como el sostenimiento de la

dominación de una clase hegemónica o de un orden establecido determinado.

Por otra parte, si se asumen acríticamente las conceptualizaciones del paramilitarismo como

fenómeno sociopolítico se corre el riesgo de perder de vista su especificidad y la capacidad

analítica del término. Como lo han advertido las perspectivas que asumen esa conceptualización,

involucra más dimensiones además de la militar. En su formulación participan además de actores

estatales, grupos de interés y elite política, y además de la integridad institucional busca

preservar la continuidad del poder político y la preservación de la hegemonía. El mercenarismo

corporativo es el componente militar del complejo contrainsurgente y se distingue del

paramilitarismo porque no depende exclusivamente del aparato estatal, comprende la

participación de sectores corporativos privados, por lo que además de la preservación del poder

estatal asume el resguardo de actividades económicas legales e ilegales. El complejo

contrainsurgente tiene más dimensiones además de la militar en el ámbito de la legalidad, tales

como las medidas de excepción y las acciones comuinicacionales destinadas a mantener la

legitimidad, que permean la sociedad con prácticas y valores como el militarismo y la

propaganda contrainsurgente entre otros. Su reproducción depende, más que de la existencia de

la insurgencia, de la complicidad de sectores significativos de la sociedad, que perciben

amenazado el orden social y comparten un mismo enemigo con el mercenario. Ver Franco, 2002. 7 Al revisar las trayectorias de los jefes paramilitares recién desmovilizados, ha quedado claro

que muchos de ellos provenían de la iniciativa estatal de crear Cooperativas de Vigilancia y

Seguridad Rural “Convivir”. Salvatore Mancuso formó en 1995 una convivir en Montería que se

denominó “Horizonte”.

6

en el caso colombiano las organizaciones paramilitares se han mezclado confusamente con

organizaciones mafiosas y narcotraficantes, hasta tal punto que resulta casi imposible tratar de

develar sus intereses (participación política, acumulación ilegal, lucha contrainsurgente, etc.). No

obstante, si a estos fenómenos de violencia relacionados con formas de acción mafiosa se les

designa como paramilitarismo, este último término pierde la capacidad explicativa que tendría si

se asumieran cualquiera de los dos primeros enfoques.

En suma, se requiere un concepto de paramilitarismo que conserve su capacidad explicativa,

pero que al mismo tiempo pueda utilizarse en el análisis de las dinámicas contemporáneas del

fenómeno, caracterizadas por su mezcla con el crimen organizado, el narcotráfico y con formas

de acción mafiosas, sin confundirlo analíticamente con ellas. En este sentido, para los fines de

este trabajo se puede definir operativamente el fenómeno del paramilitarismo como un ejercicio

de violencia organizada de origen privado que refuerza la coerción ejercida por el Estado8. Tal

definición plantea una relación necesaria entre la violencia paramilitar y el mantenimiento de la

dominación y el orden en el que se sustenta el Estado, sin reducirlo necesariamente a

instrumento de coerción al servicio o bajo la orientación del Estado.

Finalmente, estas tres formas de conceptualizar el paramilitarismo se han centrado en los

fenómenos de ejercicio de la violencia, en las tácticas, estrategias y modos de organización para

el ejercicio de la violencia. El problema de la expansión geográfica y de la persistencia en el

tiempo de estas organizaciones se ha explicado en función de ese ejercicio de la violencia, ya sea

para salvaguardar intereses económicos, por ejemplo la expansión a zonas cocaleras, o políticos,

como el desplazamiento de frentes guerrilleros. Sin embargo, hay un conjunto de elementos que

explican la expansión y persistencia de estas organizaciones más allá del ejercicio de la

violencia.

Vilma Franco (2002) llama la atención sobre ese conjunto de elementos. En su perspectiva la

existencia de la insurgencia es un factor necesario pero no suficiente para la existencia y la

reproducción de las organizaciones paramilitares, o como ella las denomina del “mercenarismo

corporativo”. La expansión y persistencia del paramilitarismo involucra otros elementos además

de lo militar, es decir, del ejercicio de la violencia estrictamente. En su lectura involucra

elementos legales que contribuyen abierta o soterradamente con la reproducción del fenómeno,

8 Kalyvas y Arjona (2005) Definen los paramilitares como “grupos armados que están directa o

indirectamente con el Estado y sus agentes locales, conformados por el Estado o tolerados por

este, pero que se encuentran por fuera de su estructura formal”. La composición y el tamaño de

las organizaciones paramilitares varían según la interacción de las variables de tamaño y

territorio; la formación de grupos paramilitares está asociada a los procesos de construcción del

Estado según las características de la amenaza que enfrenta el Estado y los recursos con que

cuenta para enfrentarlas, ello les permite distinguir entre vigilantes, escuadrones de la muerte,

milicias de autodefensa local o guardianes y ejércitos paramilitares que surgen para salvaguardar

el monopolio de la fuerza estatal a través de una lógica de outsourcing. En la misma línea,

Ignacio Cano (2001) argumenta que la diferencia entre ejército, policía, paramilitares y

escuadrones de la muerte radica en su grado de formalidad, en tanto que todos están asociados al

Estado o a los grupos sociales dominantes. Ejército y policía son fuerzas regulares encargadas de

la salvaguarda de la soberanía y el orden interno respectivamente. Paramilitares y escuadrones de

la muerte son irregulares y pueden ser distinguidos entre si por su grado de formalidad.

7

como las medidas de excepción, pero también elementos culturales, como las acciones

comunicacionales destinadas a legitimar prácticas de violencia, la explotación en beneficio de

esa legitimación de valores y prácticas como el militarismo, el armamentismo, la propaganda

contrainsurgente, las percepciones de inseguridad, miedo y amenaza al orden social, entre otros.

En síntesis, la reproducción social del fenómeno paramilitar no se explica únicamente por el

ejercicio de la violencia, sino también por el impacto simbólico de esa violencia y la legitimidad

que consiguen este tipo de prácticas. Las organizaciones paramilitares consiguen su expansión

geográfica y su persistencia en el tiempo por la vía del miedo y la legitimación tácita (muchas

veces conseguida por la fuerza) o explícita de las poblaciones donde se asientan. En este sentido,

se puede afirmar que la expansión y persistencia del paramilitarismo se inserta necesariamente

en los procesos de producción de prácticas y discursos de toma de justicia por manos propias.

Elementos que contribuyen a la incursión y reproducción del paramilitarismo en la ciudad

Son ese conjunto de elementos que aseguran la reproducción del fenómeno del paramilitarismo

más allá del ejercicio de la coerción, lo que se hace necesario identificar para comprender la

manera como este fenómeno se levanta en un discurso de toma de justicia por manos propias,

que parece no discriminar entre lo rural y lo urbano. Estos elementos pueden ser preexistentes o

producirse como consecuencia de la incursión del fenómeno paramilitar en un ámbito social

determinado. En el caso de Bogotá se intentará identificar los elementos preexistentes en que se

apoya la incursión, consolidación y legitimación de las organizaciones paramilitares, así como

los que se producen, intencionalmente o no, como consecuencia de su accionar. Es importante

señalar que ninguno de estos elementos explica ni pretende erigirse como explicativo del

surgimiento del fenómeno paramilitar. Mucho menos en el caso bogotano, donde de lo que se

trata es de la incursión de este fenómeno. Es decir, el fenómeno no se originó en la Ciudad, se

trasladó de otras zonas del país a la capital.

Son elementos diversos, sociales, culturales o económicos que se mezclan con un sentido

determinado en el desarrollo del paramilitarismo (intereses económicos y políticos, impactos

simbólicos de la violencia, culturas políticas autoritarias -militaristas, armamentistas, contra o

antiinsurgentes-, criminalidad, violencia cotidiana, etc.), asegurando en últimas la legitimación

abierta o soterrada (forzada) por parte de la población y su reproducción y persistencia en el

tiempo.

En las zonas de la Capital donde las organizaciones paramilitares hacen presencia9 subsisten una

serie de fenómenos y de problemáticas sociales que en cierta forma “facilitan” la incursión del

paramilitarismo y su posterior reproducción. Algunas porque indirectamente potencian el

9 Como se detalla más adelante, en Bogotá hicieron presencia el Frente Capital al mando de

Miguel Arroyabe –jefe del Bloque Centauros-, compuesto por cerca de 400 hombres, en

Restrepo, Kennedy, Puente Aranda, Ferias, 7 de agosto, Bosa y Cazucá por una parte, y el

Bloque República con 120 hombres al mando de Martín Llanos -jefe de las ACC- que opera en

Suba, Los Mártires, Germania y Usme. En principio las estructuras paramilitares se ubicaron en

zonas suburbanas y marginales, para desde allí desplegar su accionar delictivo hacia zonas

comerciales e industriales.

8

accionar paramilitar, otras porque son instrumentalizadas o aprovechadas por estas

organizaciones para llevar a cabo sus fines. Para explicar la incursión de las organizaciones

paramilitares en Bogotá es necesario identificar los elementos institucionales, sociales,

económicos y culturales que aunque preexisten a la instalación de estas organizaciones en la

ciudad, llegan a potenciar su accionar imbricándose de múltiples maneras. Las problemáticas de

violencia urbana cobran preponderancia en cuanto alimentan de diversas formas la violencia

paramilitar, pero no son las únicas. Hay una serie de elementos de orden económico,

institucional y cultural que se ven envueltos también en el desarrollo de este fenómeno en la

ciudad.

Las zonas donde hace presencia el paramilitarismo en Bogotá, son preponderantemente

marginales y suburbanas, caracterizadas por procesos de poblamiento al margen de la planeación

urbana. Esta situación en gran parte es producto de situaciones de desplazamientos poblacionales

del campo a la ciudad, consecuencia de la violencia o de la crisis económica, que caracteriza el

poblamiento de la capital (AAVV, 1999). En estas zonas subsisten problemas de déficit de

institucionalización del aparato estatal. La presencia del Estado es precaria incluso en cuanto a

provisión de seguridad, y mayor en la provisión de otro tipo de servicios como el acceso a la

justicia, educación, vivienda e incluso transporte. Si bien esta situación puede explicar en

muchos casos los problemas de violencia urbana, no se puede perder de vista que

simultáneamente ha generado el desarrollo de todo tipo de organizaciones autoidentificadas

como “comunidad” (Perea, 2006) que buscan por medio de mecanismos autogestionarios

satisfacer las necesidades que el Estado no les provee10.

Ambas situaciones son proclives a la incursión de las organizaciones paramilitares en la ciudad.

La “debilidad del Estado”11 no explica por completo la reproducción del paramilitarismo, pero

10 Por ejemplo Moreno (2000, 174), al estudiar el caso del barrio “Los Comuneros” señala que la

“comunidad” desarrolló vías de autogestión en la solución de sus conflictos seguridad, justicia:

“Las necesidades reales de los pobladores de los Comuneros, los han obligado a generar

diferentes mecanismos para potenciar su autoorganización y garantizar su supervivencia. Es así

que frente a amenazas concretas producen soluciones autogestionarias. En este marco existe una

producción del Derecho Comunitario que se refleja en la creación de normas de convivencia y la

existencia de instancias y procedimientos internos muy flexibles para solucionar sus conflictos,

que se caracterizan por su incipientes y por lo tanto permeables a la jurisdicción oficial” 11 Los estudios sobre el paramilitarismo en Colombia han enfatizado en la débil

institucionalización o falta de presencia del Estado como uno de los factores que favorece el

origen y la expansión de este fenómeno en diversas regiones del país. Este planteamiento ha sido

defendido profusamente por lo investigadores del CINEP. Ver González, Bolívar y Vázquez,

2002: 59-75 y Torres, 2004. No obstante, no puede desconocerse el papel activo del Estado en el

desarrollo del paramilitarismo en otros casos. Por ello es necesario analizar la situación del

Estado en contextos concretos, donde sus posiciones pueden tornarse ambiguas. Por otro lado, el

argumento de la “debilidad del Estado” se fundamenta en una noción monolítica del Estado

reduciendo esta condición a la pérdida o carencia del monopolio de la violencia legítima; no

obstante, esa “debilidad” puede hacer referencia a otro conjunto de situaciones como

desarticulación administrativa, corrupción o crisis de legitimidad, que pueden producirse en

sectores o ramas del Estado que es necesario especificar en el análisis. Por tanto, aunque se

9

en ciertos contextos puede favorecer, por acción u omisión de las autoridades públicas, el

establecimiento de las organizaciones paramilitares. El Estado ha promovido en muchos casos

prácticas de violencia paramilitar como la llamada “limpieza social” (Salazar, 2002). Por otro

lado, los paramilitares tratan de cooptar por diversas formas las organizaciones comunales y

comunitarias una vez que se han establecido, sobre todo allí donde la violencia juega un papel

preponderante en la regulación de las relaciones sociales12. Por lo tanto, ambas situaciones, la

“debilidad del Estado” y el nivel organizativo de la sociedad civil pueden ser aprovechados por

las organizaciones paramilitares cuando intentan incursionar en la ciudad. Sin embargo, las

articulaciones con uno u otro dependen de factores contextuales concretos, principalmente del

papel que juegan la violencia y los mecanismos coercitivos en la regulación de las relaciones

sociales y en las formas de participación política.

De otra parte, en las zonas donde se asienta el paramilitarismo en la ciudad, desde donde dirige

sus operaciones, se caracterizan por problemas de violencia urbana como la delincuencia común,

la delincuencia organizada y el pandillismo13. Estas problemáticas de violencia se relacionan con

problemas de tipo socioeconómico como el desempleo, la pobreza, la exclusión y la falta de

oportunidades para la población joven, pero también con cuestiones de tipo cultural, como el

debilitamiento de los vínculos sociales, familiares y el recurso a la violencia en la regulación de

las relaciones sociales (Sánchez, 2004, 31).

Estos problemas de violencia también confluyen en la reproducción del fenómeno del

paramilitarismo en la ciudad en la medida en que, como ha sido ampliamente documentado en el

caso colombiano, uno de los elementos más eficaces en la expansión y reproducción de este

fenómeno es la articulación con todo tipo de economías ilegales14, reguladas

recurra a esta terminología para dar cuenta de ese vasto conjunto de situaciones, reconocemos

que la afirmación “debilidad del Estado” es muy poco útil en términos analíticos. 12 Como se muestra más adelante, las organizaciones paramilitares acuden a la violencia para

tratar de cooptar las organizaciones sociales donde estas tienen arraigo, o en otros casos ofrecen

sus servicios de “seguridad”, o subordinan las empresas comunitarias existente, con el fin de

ganarse el favor de estas organizaciones. 13 Sánchez, 2004: 29, menciona las tres expresiones más relevantes de la violencia urbana en las

últimas décadas del siglo XX: A principios de los noventa registra el impacto del

narcoterrorismo y el vicariato en ciudades como Medellín y Cali ligado al accionar de los

carteles del narcotráfico. Simultáneamente se produce la implantación de las “milicias

populares” en comunidades barriales como Ciudad Bolívar en Bogotá, las Comunas

Nororientales de Medellín, el Distrito de Aguablanca en Cali, e incluso en ciudades intermedias

como Barrancabermeja ligadas en la mayoría de los casos al accionar de las guerrillas. También

menciona entre las modalidades de violencia urbana que afectan las ciudades colombianas la

denominada “limpieza social”. El estudio más completo sobre pandillas en Bogotá es el de

Ramos, 2005. 14 Las dinámicas económicas del paramilitarismo en Colombia han sido estudiadas en un nivel

“molar”, resaltando la apropiación territorial por parte de narcotraficantes (Reyes, 1997) y, más

recientemente, sus vínculos con toda clase de negocios legales e ilegales (Richani, 2003;

Medina, 2005). Sus dinámicas “moleculares”, en pueblos y ciudades sólo han empezado a

estudiarse recientemente, cuando las grandes organizaciones paramilitares adoptan formas de

10

preponderantemente por medio de la violencia. Los grupos paramilitares que incursionan en la

ciudad aprovechan estas problemáticas de violencia cooptando las redes de delincuencia común

y organizada así como las pandillas juveniles15. También explotan las dificultades económicas de

las poblaciones presentándose como una vía de ascenso social o simplemente como una forma de

empleo.

Finalmente, en la ciudad, no sólo en las zonas donde se instalan las organizaciones paramilitares,

subsisten imaginarios de miedo e inseguridad derivados de las prácticas y los efectos simbólicos

de la violencia urbana (Blair, 2005: 86). La lucha por el dominio territorial entre las

organizaciones delincuenciales, y la limpieza social que desarrollan paramilitares en algunas

ocasiones en conjunto con sectores del Estado16, se desenvuelven en cierto grado en el terreno de

lo simbólico, buscan generar un impacto indirecto en los ciudadanos que se constituyen en el

público de este tipo de violencias. Hechos como el tratamiento de los cuerpos de las victimas por

parte de los victimarios (Blair, 2005: 48-55), las masacres, la limpieza social, los asesinatos

selectivos, buscan propagar entre los ciudadanos el miedo y una sensación de desamparo e

inseguridad.

En los sectores de clase media y alta se busca una separación de los otros sectores, y el miedo

reina entorno a estos por su permanente contacto con la criminalidad. Medidas como los

encierros de los conjuntos y viviendas, sumados a la acelerada participación de grupos de

vigilancia, difunden aún más los imaginarios de inseguridad (Niño, 1998: 61-63). Esto se articula

al fenómeno paramilitar en la medida que, al acrecentarse los miedos y los imaginarios sobre

violencia contra los ciudadanos, algunos sectores perciben como necesarias medidas para

mejorar la seguridad que son explotados de una u otra forma por las organizaciones paramilitares

que incursionan en el ámbito urbano. Además, las organizaciones paramilitares acuden a formas

de violencia con impacto simbólico que explotan los imaginarios de miedo preexistentes, tales

como las amenazas públicas y la limpieza social entre otros. Desde las desapariciones de “vagos”

o “delincuentes” en carros sospechosos que deambulan en los barrios populares de las ciudades,

dejando sólo el rumor, hasta los rituales de la masacre con lista en mano en la plaza pública están

destinados a conseguir dominación por la vía del miedo, a manera de escarmiento17.

Los elementos institucionales, sociales, económicos y culturales reseñados no operan como

causas de la incursión del paramilitarismo en la ciudad. Son elementos que preexisten a la

acción y organización mafiosa penetrando en las ciudades y confundiéndose con el crimen

organizado (Duncan, 2005,2006). 15 Ramos, 2005: 94, sostiene que las relaciones entre paramilitares y pandillas pueden resultar

armónicas en zonas donde ambos se proponen desplazar células o milicias guerrilleras, pero

resultan conflictivas donde no tienen un enemigo común, en tanto que se disputan el domino

territorial. 16 “Existe amplia evidencia de que en algunas regiones, autoridades con posición de mando en

los niveles medios de dichas fuerzas, -hacen referencia a la Fuerzas Armadas y la Policía-

participan o apoyan los asesinatos mediante ayuda logística y de inteligencia, asegurando la

impunidad de los asesinos” (Americas Watch, 1989). 17 En este sentido, se puede comprender que la táctica favorita de las AUC en su “lucha

contrainsurgente” haya sido la masacre contra lo que ellos consideraban bases civiles de la

guerrilla, antes que los combates propiamente dichos. Ver Cubides, 1999.

11

llegada de los paramilitares pero que luego se insertan de diversas maneras al accionar

paramilitar. Empero, la incursión del paramilitarismo en Bogotá también debe explicarse

teniendo en cuenta el contexto nacional de conflicto armado y el devenir de las organizaciones

paramilitares.

El papel de la limpieza social y su relación con la incursión y la persistencia del

paramilitarismo en Bogotá.

Como se ha venido afirmando, hay una serie de elementos que preexisten a la incursión del

paramilitarismo en Bogotá, pero que las organizaciones paramilitares re-actualizan para llevar a

cabo sus fines. Los grupos de paramilitares que llegaron a Bogotá a finales del 2000 desde otras

zonas del país recurrieron a la “limpieza social” como forma de conseguir su incursión en la

ciudad. La “limpieza social” es un fenómeno fundamentalmente urbano, “se trata de un práctica

sistemática de asesinato, con periodos de auge y disminución, dirigida contra un aspecto

específico de personas que tienen en común su pertenencia a sectores sociales marginados”

(Rojas, 1996: 23).

Esta modalidad de acción paramilitar se presenta en Colombia desde finales de los setentas,

teniendo su periodo de mayor auge a lo largo de los ochenta y un descenso en la última década.

En este periodo empieza a extenderse el hallazgo de personas asesinadas con las mismas

características a lo largo de las principales ciudades de Colombia (Medellín, Cali, Bucaramanga,

Bogotá, etc.) y la aparición de amenazas y de mensajes atribuyéndose este tipo de crímenes, en

los cuales justificaban su accionar en ir en contra de los “indeseables” y “malandros”, en ser una

lucha contra la delincuencia. Con el aumento del número de lo que pasó a denominarse

“escuadrones de la muerte”, se fue ampliando el espectro de víctimas de “indigentes”, “jíbaros”,

“gamines”, “ñeros” y personas con antecedentes penales de los primeros casos a abarcar

personas que eran reconocidas como homosexuales, dementes y recogedores de papel. Frente a

esta extensión del fenómeno (territorial, número de organizaciones y de víctimas) en los años

siguientes “…fueron cada vez más escasas las manifestaciones de rechazo, así como los

pronunciamientos y acciones para que cesara, llegándose incluso a una situación de creciente

aceptación social” (Rojas, 1996: 22). En lo que a Bogotá se refiere este fenómeno hace su

aparición en noviembre de 1980 con el hallazgo reiterado de cadáveres de persona (presuntos

delincuentes) con las manos atadas y baleados en la cabeza en la vía al cerro de Guadalupe

(salida al vecino municipio de Choachí) y en años posteriores de personas en similares

circunstancias y características en el botadero de Doña Juana.

En Ciudad Bolívar y Cazucá proliferaron acciones de “limpieza social”18. Los promotores y

ejecutores de esta modalidad de violencia tienen la intencionalidad de disciplinar, desplazar o

confinar a sus víctimas so pena de muerte (Rojas, 1996: 23). De esta manera Altos de Cazucá se

convirtió en objetivo de los grupos paramilitares en su avanzada hacia Bogotá y la periferia.

“Para controlar la zona, estos grupos introdujeron hombres de su organización en la población

local, crearon grupos de “limpieza social”, cometieron masacres y asesinatos selectivos (a líderes

comunales y a quien se les opuso), reclutaron jóvenes, generaron para algunos habitantes un tipo

particular de posibilidades económicas, amenazaron y provocaron desplazamientos, crearon una

18 "Acusaciones por Masacre" en El Tiempo, Octubre 17 de 2003

12

pretensión de seguridad a los habitantes del lugar, subordinaron a la delincuencia, controlaron a

organizaciones sociales e instauraron códigos de convivencia” (Pinzón, 2007: 280).

En el primer caso, se trata a partir de un asesinato de ejemplificar lo que le puede suceder a un

sujeto o grupo de sujetos si no modifica su comportamiento. Para conseguir el dominio territorial

y poblacional en Bogotá los paramilitares recurrieron a este tipo de prácticas. Como comenta

Pérez (2006: 365) “en algunas ocasiones se exhibieron cadáveres descuartizados en sitios de

tránsito obligado de pobladores locales”. En el segundo, la amenaza busca desterrar de un

determinado espacio a quien personifica determinados conceptos abstractos como la

delincuencia, la drogadicción o la marginalidad; o finalmente, busca confinar a los portadores de

dichas identidades a determinadas zonas, tal como en su época fue la famosa “Calle del

Cartucho”. El dominio de los paramilitares en las localidades anteriormente referidas incluyó

entre otras cosas desapariciones de líderes comunitarios19, las cuales acompañaban de amenazas

de muerte hechas en público por grupos de encapuchados identificados como paramilitares,

grafitis con declaraciones de objetivos militares a jóvenes “mariguaneros, sapos y guerrilleros” y

asesinatos de líderes de organizaciones de desplazados. Estas acciones estaban subordinadas

tanto al intento por conseguir la legitimidad de los pobladores al proveer “seguridad”, como a la

violencia desplegada contra todo aquello que se interpusiera en su afán por conseguir el dominio

territorial.

Como puede verse, estas dos fuentes se refuerzan y se actualizan una a la otra, llegando a

constituirse una serie de prejuicios y estereotipos tanto de personas como de lugares:

“estereotipar es definir a un ser reduciéndolo, es una forma de discriminar verbalmente”

(Herzfeld, 1997). Esta forma de violencia refuerza los imaginarios de miedo e inseguridad en la

capital en la medida en que los factores, sectores y niveles de miedo en Bogotá están

directamente relacionados con las personas o lugares que se identifican con la delincuencia

común, o con los que la gente cree son una potencial amenaza directa, cotidiana. Empero, esa

percepción varía, al igual que las posibles reacciones, de acuerdo al “posicionamiento”

(económico, cultural, social, de genero, etc.) del que lo siente. De acuerdo con el estudio de Niño

(Niño et al, 1998: 107-130) entre las reacciones posibles al miedo, aunque cabe la posibilidad de

un estrategia de enfrentamiento y medidas como las de salir armado, o recurrir a seguridad

privada, es claro que la tendencia que prima es la de tomar una estrategia que consiste en evitar

las posibles situaciones, personas o lugares que puedan provocar miedo. Los promotores de la

“limpieza social” buscan conseguir su aprobación y legitimidad, al usar el miedo vivido e

imaginado por un gran sector de la sociedad y los estereotipos, que uno y otros comparten, sobre

las identidades rechazadas.

Así pues, la principal consecuencia de este tipo de violencia para la formación de la mentalidad

del ciudadano en Bogotá ha sido la formación de una cultura del miedo que prolonga en los

imaginarios de los habitantes de la ciudad los efectos de la “limpieza social”. Dicha percepción

de inseguridad y de miedo tiene como fuente la vivencia de la ciudad, pero por otro lado “la

imagen construida a partir del relato, la que pasa de boca en boca, la que se hereda, y la que se

consume a través de medios masivos de comunicación” (Niño, 1998: 77). En tal medida pueden

entenderse las dinámicas de miedo desplegadas por las organizaciones paramilitares en sus

localidades de dominio: los rumores expresados con la figura de “un camioncito de noche que se

19 "El reciclaje para", en Cambio, 12 al 18 de junio de 2006, pp. 20-26.

13

lleva a los muchachos”; los enfrentamientos armados: “para la policía estas balaceras son

esporádicas. Para los habitantes ya se volvieron parte de su cotidianidad”20; así como la

proliferación de las denuncias de pequeños comerciantes por extorsiones de grupos de

seguridad21

Esto implica la construcción vía prácticas y discursos de una subjetividad particular, que es

aquella de los “indeseables”, escuadrones de la muerte que cumplen “operaciones de limpieza

social” con el fin de “eliminar sujetos ‘socialmente indeseables’: homosexuales, prostitutas,

proxenetas, narcotraficantes, drogadictos y sospechosos de haber cometido algún delito común”

(Americas Watch, 1989). De esta construcción es que deriva el particular nombre de esta

práctica paramilitar, se refiere a “limpiar” a la sociedad de la “basura” que tiene, se dirige

entonces a aquellos individuos catalogados como “desechables”. El término “desechable” es

usado para “referirse a algo que después de ser usado por una sola vez, debe ser desechado,

tirado a la basura; algo que no sirve para nada y que por lo mismo nadie va a extrañar” (Ordoñez,

1996), sin embargo en Colombia ha tomado otro significado y ha sido dirigido a seres humanos.

Lo anterior, aunque desborda el objetivo de este trabajo, nos llama la atención sobre los procesos

de reparación a victimas del paramilitarismo que se han venido llevando y preguntarnos si las

víctimas de este tipo de violencia paramilitar han sido o serán tomados en cuenta, dado las

características propias de esta población. El que sean considerados prescindibles por algunos

sectores de la sociedad y del Estado mismo; como su desarraigo territorial, familiar y social; y en

algunas veces su difícil identificación; dificulta su visualización y toma en cuenta como parte de

las víctimas ha reparar. Además, a esto se suma, el hecho de ser víctimas no directamente

vinculadas con el conflicto armado, ni siquiera el objetivo central de esta práctica, ya que busca

es obtener su efecto más fuerte en las personas externas que lo presencian, para lograr un control

social en un determinado espacio; por lo que no podemos dejar de preguntarnos si han sido o

serán vistos como muertos por las dinámicas del conflicto.

Conclusión

Las conceptualizaciones que del paramilitarismo se han hecho en el caso colombiano, ya lo

tomen como instrumento, actor, o fenómeno sociopolítico se caracterizan por restringir su

explicación al ámbito de la organización y producción de la violencia, dejando de lado sus

impactos simbólicos y la forma como esa violencia consigue una aceptación, forzada o no. En

suma, la forma como el ejercicio de la violencia contribuye a la reproducción de prácticas y

discursos de toma de justicia por manos propias. Esto ha limitado tales conceptualizaciones a la

hora de responder por las razones que explican la persistencia de fenómenos de violencia

organizada como el paramilitarismo.

Reflexionando sobre el caso de Bogotá, este trabajo intentó identificar los aspectos que explican

la reproducción del paramilitarismo, su incursión, persistencia y grados de legitimidad en el

tiempo, más allá del ejercicio de la violencia. En la ciudad se encuentran problemáticas sociales,

económicas, institucionales y culturales que preexistían a la incursión del paramilitarismo pero

que luego de su llegada a la ciudad se imbricaron en su desarrollo. Principalmente, se

20 “El miedo ronda en Cazucá”, en El Tiempo, 7 de marzo de 2004, p. 2-8. 21 "Quien Está Extorsionando", en El Tiempo, Septiembre 5 de 2003

14

identificaron dinámicas de marginalización de poblaciones, que en parte se deben al déficit de

planeación urbana producto de las situaciones de violencia del resto del país que han incidido en

el poblamiento de la capital en sus zonas suburbanas. Si bien en muchas de estas zonas se

presentan carencias de servicios (educación, salud, transporte, espacio público, seguridad, etc.)

que el Estado no provee, la ausencia del Estado no es suficiente para explicar la instalación de

grupos paramilitares. Máxime cuando el Estado ha desplegado la violencia paramilitar, en

muchos casos bajo la modalidad de limpieza social. El paramilitarismo puede asentarse en estas

zonas por acción u omisión de las autoridades estatales.

Simultáneamente en estas zonas se ha desarrollado tejido social o “comunidad”, representado en

las asociaciones de ciudadanos que buscan satisfacer, de manera autogestionaria en muchos

casos, las necesidades que el Estado no satisface. Sin embargo, tanto la ambigüedad –por no

decir “debilidad”- del Estado como el nivel de organización de la sociedad civil pueden

aprovechadas por los grupos paramilitares para conseguir el dominio del territorio, por vía de la

suplantación del Estado en labores como la seguridad o por la vía de la cooptación violenta de

las organizaciones sociales. En las zonas donde hace presencia el paramilitarismo también se

presentan problemas de violencia urbana que son re-actualizadas por las organizaciones

paramilitares que tratan de cooptar las redes criminales y las pandillas. Así mismo, las

organizaciones paramilitares aprovechan los imaginarios de miedo e inseguridad en la ciudad y

los re-actualizan en prácticas como la limpieza social en función de sus intereses.

Todo ello tuvo diversos impactos en la mentalidad del bogotano. El trabajo señaló someramente

dos: la modificación en las percepciones de los pobladores de la ciudad en relación con el

conflicto armado y las derivadas del despliegue de la violencia paramilitar en contextos sociales

concretos. La percepción de los ciudadanos del conflicto armado colombiano ha variado, de una

percepción de aislamiento que restringía el conflicto al campo, al espacio de lo rural, a una

percepción que siente los brotes de violencia ahora en las ciudades, lo cual refuerza los

imaginarios de miedo e inseguridad en la ciudad. Además, las organizaciones paramilitares

ahondan en prácticas de violencia preexistentes en la ciudad como la limpieza social e instauran

su dominio territorial apelando al imaginario del miedo. En suma, la influencia del

paramilitarismo en los procesos de producción de ese discurso de justicia por manos propias es

un factor que puede explicar la expansión y persistencia de este fenómeno.

Todo ello sugiere la necesidad de contemplar para la explicación de los fenómenos de violencia

organizada la manera como esa violencia se reproduce en diversos contextos sociales y la

manera como los impactos generados por esa violencia se insertan en los procesos de producción

de los discursos y prácticas que regular las relaciones sociales. Los procesos de imposición de un

orden local y del dominio territorial pasan necesariamente por procesos de producción de

subjetividad, que como se ha visto en Bogotá con los imaginarios de miedo y la forma como

estos son aprovechados por los paramilitares, son necesarios para la consecución de la

legitimidad o la aceptación forzada.

Las acciones de violencia de las organizaciones paramilitares tienen un impacto en los procesos

de producción de subjetividad que podría explicar su expansión y persistencia en el tiempo, pero

que ha sido descuidado. El caso bogotano se muestra limitado para ahondar en la explicación de

estos procesos, dado el carácter “transitorio” de la presencia paramilitar en la ciudad y dado que,

como se ha intentado explicar, el paramilitarismo no consiguió construir un orden similar al que

15

ha logrado construir en otras regiones. En Bogotá la presencia paramilitar se produce en un

momento de desagregación de las AUC y de transformación de sus estructuras hacia fenómenos

de crimen organizado y prácticas mafiosas. Sin embargo, el estudio del caso bogotano también

ha mostrado que hay una serie de elementos que se articulan al desarrollo del fenómeno

paramilitar no siempre vinculados con el ejercicio de la violencia estrictamente.

El caso de Bogotá no permite identificar la manera como la producción de subjetividad ligada al

ejercicio de la violencia paramilitar puede asegurar la persistencia y expansión del fenómeno. No

obstante, muestra la relevancia que este aspecto puede tener en el estudio de casos de más largo

aliento. El caso de Bogotá es sui generis en la medida en que el paramilitarismo además de

persistir durante muy pocos años, no comportó las mismas características que tiene en otros

lugares donde se ha insertado. En parte ello puede explicar la hibridación con otras formas de

violencia como el crimen organizado, la mafia e incluso el pandillismo, así como el marcado

recurso hacia las acciones violentas con impacto simbólico. No obstante, ello no es óbice para

pasar por alto las dinámicas de producción de subjetividad en las que se inserta el fenómeno.

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MEMORIAS DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO: LA VIOLENCIA POLÍTICA

POR EL TERRITORIO EN ESCENARIOS DEMOCRÁTICOS

DANIELA LÓPEZ GOMEZ

Historiadora (Pontifica Universidad Javeriana) y Estudiante de Maestría en Ciencia

Política de la Universidad de los Andes - Colombia

Correo: daniela1412.p@gmail.com

“Trabajo preparado para su presentación en el VIII Congreso Latinoamericano de

Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política

(ALACIP). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 22 al 24 de julio de 2015.”

MEMORIAS DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO: LA VIOLENCIA POLÍTICA

POR EL TERRITORIO EN ESCENARIOS DEMOCRÁTICOS

RESUMEN

En la presente ponencia tiene como objetivo, analizar los hechos violentos perpetrados

hacia los líderes del resguardo de San Andrés de Sotavento ubicado en Córdoba-

Colombia durante 1993-1997. Estos hechos están enmarcados en la denominada

“violencia política”. Categoría que hace relucir irregularidades en la democracia

colombiana tales como: el involucramiento de la Fuerza Pública en los asesinatos, y

amenazas hacia los líderes del resguardo, la falta de rendición de cuentas y acciones por

parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial frente a los hechos de violencia, el

involucramiento de autoridades políticas locales, la no protección de derechos a la

población indígena (calificada como población diferencial), y el alto grado de

impunidad del caso, teniendo en cuenta que en tres años murieron aproximadamente 70

líderes.

Lo anterior se explica por la confluencia de los siguientes factores: 1. Un conflicto

territorial entre una población ancestral, los terratenientes y los grupos armados al

margen de la ley, 2. La arremetida de diferentes actores contra el poder político

adquirido por la población indígena a través de la Constitución Política de 1991, 3. La

incursión del proyecto paramilitar ACCU en medio de una zona con presencia

guerrillera y 4. La fuerza social campesina e indígena de la zona.

Ahora bien, esta investigación parte de un análisis micro para luego abordar una

realidad general (el papel del Estado colombiano), partiendo de una revisión de fuente

primaria (informes de los Ministerios, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, análisis de

prensa), denuncias y pronunciamientos de la comunidad indígena de Sotavento.

PALABRAS CLAVES: Violencia política, Resistencia indígena, Territorio, rendición

de cuentas y memoria.

INTRODUCCIÓN

Córdoba es un departamento ubicado en el norte de Colombia, ocupado por población

indígena mestiza y negra, La presente ponencia tiene como objetivo, primero,

reconstruir los hechos de violencia hacia los indígenas, ocurridos en San Andrés de

Sotavento durante 1993 y 1997 y segundo hacer una análisis de lo sucedido, desde una

perspectiva tanto local como nacional, centrando la atención en el papel desempeñado

por las autoridades locales.

A pesar de que los estudios sobre la violencia y la injerencia de los actores armados en

Colombia son amplios y explican de manera global el funcionamiento de la guerra y sus

múltiples actores, es importante preguntarse por casos específicos en los que la

violencia toma formas determinadas e incluso tiene como actores principales a agentes

del Estado. Es necesario entonces, realizar estudios de caso que ejemplifiquen las

particularidades de la violencia, dependiendo del contexto local y regional y las

dinámicas en las que la legalidad y la ilegalidad se ven en acción, mostrando incluso la

responsabilidad directa o indirecta de agentes del Estado.

En cuanto a la violencia perpetrada por agentes del Estado a líderes indígenas, se puede

resaltar el trabajo de William Villa y Juan Houghton sobre la violencia hacia estos

grupos desde los años 70 del siglo XX hasta el 2000, en donde se recrean varios casos y

las causas de dicha violencia1. También pueden destacarse algunos estudios sobre

asesinatos a líderes sociales por parte de agentes del Estado, la mayoría sobre el

genocidio de la UP y los asesinatos sistemáticos contra el PCC2.

Sin embargo, es muy común que la violencia perpetrada por agentes del Estado sea

analizada con referencia a escenarios de dictadura y no de un país reconocido en el

ámbito internacional como una democracia3. Este tema, es fundamental en el contexto

actual colombiano, pues se ha establecido la responsabilidad del Estado por acción u

omisión en muchas zonas del país, lo cual conlleva el cuestionamiento sobre la

democracia colombiana.

Por esta razón se indaga el asesinato y la persecución hacia líderes sociales por parte de

agentes del Estado, específicamente a los líderes de San Andrés de Sotavento, resguardo

indígena del norte de Córdoba en donde se llevó a cabo un ataque sistemático en contra

de los líderes indígenas, lo cual da cuenta de que el proceso en el cual se arrasó a

partidos políticos como la UP (Unión Patriótica) y el Partido Comunista de Colombia

durante los años 80 y 90, no solo cobijaba a quienes se consideraban comunistas o

apoyaban a un grupo subversivo y se movían directamente en el marco político

gubernamental y partidista, sino que también cobijó a grupos de la sociedad que

manifestaban sus desacuerdos por medio de una organización de base (pequeñas o

medianas), para exigir determinadas reivindicaciones4.

Este ataque sistemático, tiene la particularidad de ser perpetrado contando con la

participación y complicidad de diferentes agentes del Estado tanto del poder ejecutivo

regional como de algunos agentes de la Policía. Esto supone un análisis en donde no

solo se establece la responsabilidad de los entes gubernamentales y de la Fuerza Pública

locales y a nivel nacional5.

1 Villa, William y Houghton, Juan. (2005), “Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia:

1974-2004”. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas: Organización Indígena de

Antioquia: Centro de Cooperación al Indígena, Bogotá. 2 Romero, Rodrigo. (2011), “Unión Patriótica, expedientes contra el olvido”, Centro de Memoria, Paz y

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paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003”, Banco de datos de violencia política. Bogotá,

Colombia. 3 Algunos trabajos que analizan la violencia de Estado son: Julio César Pinto Soria, (2004),“El Estado y la

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ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, Lanham • Boulder • New York • Toronto • Oxford. 4 Este tipo de organizaciones aluden fundamentalmente, a los Consejos Comunitarios, a los resguardos

indígenas y a algunas organizaciones pequeñas de campesinos. 5 Ernesto Isunza Vera, Alberto Olvera Rivera. (2006). “Democratización, rendición de cuentas y sociedad

civil: participación ciudadana y control social.” México.; s.a. (2002), La política importa: democracia y

desarrollo en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo. Washington.

Sumado a lo anterior, la importancia del caso que se pretende reconstruir y analizar,

consiste además, en que es un suceso en donde se resalta la gran actividad política de

parte de la comunidad indígena, cuya manifestación fue reprimida y acallada. Esto

representa una gran diferencia frente a los análisis realizados sobre el conflicto armado

y sus repercusiones en esta población, ya que por lo general se parte de caracterizar a

comunidad como vulnerable por su estado de pobreza y desigualdad y además afectada

por el conflicto6. No obstante, el presente estudio de caso, retrata una comunidad activa

y fuerte respecto a sus exigencias tanto territoriales como de participación política,

razón por la cual la violencia se desata contra ellos.

Finalmente, cabe resaltar que la evidencia de casos como estos, busca ir más allá de la

reconstrucción de acciones de grupos guerrilleros o paramilitares para ubicarse en una

dinámica de conflicto que evidencia la confluencia entre diferentes actores y diferentes

motivaciones.

Para abordar el tema sobre el asesinato sistemático de líderes indígenas en Córdoba, por

parte de agentes del Estado, la bibliografía da cuenta de cuatro aspectos. El primero,

referido a la violencia y terrorismo de Estado en Colombia contra los líderes sociales,

poniendo especial atención a los estudios de la población indígena; el segundo, se

refiere a estudios de caracterización del departamento de Córdoba como contexto

inmediato y sobre esta base asumo la reflexión apoyándome en los planteamientos de

Edward Gibson, quien reconoce prácticas de autoritarismo dentro de las democracias,

generando desarticulación entre las políticas nacionales y locales7.

VIOLENCIA Y TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA

En cuanto a la violencia política y a la violencia de Estado en Colombia, este tema ha

sido abordado desde una perspectiva en donde se ha identificado la responsabilidad del

Estado desde la “omisión” frente a actos de violencia perpetrados por grupos

insurgentes y paramilitares, y no desde una responsabilidad directa, es decir “la

ejecución y planeación de actos violentos”. La violencia entonces se rastrea desde los

grupos ilegales y no desde los actores que representan al Estado8.

En este grupo, también se pueden ubicar los informes de Memoria histórica, que más

que trabajos académicos son informes que retratan y describen sucesos como los

ocurridos en Bahía Portete, en Putumayo, Sur de Bolívar, Tumaco entre otros, en donde

6 Ver: Villa William y Houghton Juan. (2005), “ violencia política contra los pueblos indígenas de

Colombia, 1974-2004). Bogotá: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas: Organización

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no se reconoce una violencia desde el Estado sino una responsabilidad del mismo a

causa de su debilidad, poca presencia y omisión frente a los hechos retratados allí9.

Otros trabajos que toman como objetivo de investigación la violencia en Colombia, son

los análisis que se enfocan en retratar, describir y narrar, la historia de los paramilitares

y los grupos de guerrilla, su nacimiento, su desarrollo y su accionar, en donde pueden

vislumbrarse varios debates sobre la caracterización y definición de dichos grupos10

.

Muchos de los anteriores trabajos, definen la violencia colombiana como “violencia

política”, en donde analizan la dinámica interrelacional del conflicto, es decir la

interacción entre actores armados, Estado (cuya distinción es su ausencia, poco control,

debilidad y poca atención a la población) y la sociedad civil. Sin embargo, aunque en

dimensiones reducidas, también se registran acciones represivas contra la población

civil por parte del Estado.

En este último caso cabe resaltar los trabajos que se refieren básicamente a los hechos

del Palacio de Justicia, algunos sobre el genocidio de la UP11

y la persecución de

algunos movimientos sociales12

, no obstante se descuidan los líderes de organizaciones

de base y las personas del común.

También cabe resaltar el informe Nunca Más, que si bien no es un trabajo académico en

donde se problematice el tema de la violencia perpetrada desde el Estado a la población

civil, si identifica casos claves para llevar a cabo investigaciones de este tipo13

.

9 Revisar los trabajos e informes de la Comisión Nacional De Memoria Histórica. Consultado en:

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En cuanto a la persecución de líderes sociales, este tema es ampliamente explorado en

Colombia desde diferentes puntos de vista.

Entre estos están los numerosos análisis sobre la violencia perpetrada a los líderes

sindicales especialmente en la zona del Cauca y del Urabá Antioqueño, en donde se

resaltan diversas hipótesis tales como, la cultura antisindical de Colombia, la relación de

sindicalistas con guerrillas, la persecución por parte de empresarios con cooperación de

grupos paramilitares y la percusión estatal de la izquierda14

.

De igual forma están los estudios que analizan la persecución a líderes campesinos, en

donde la violencia desatada por terratenientes, paramilitares y guerrillas han

desarticulado y minado a estas organizaciones15

.

A su vez, están los estudios en los que se analiza la persecución a maestros y otros

líderes comunitarios16

.

También han surgido diferentes análisis que explican la persecución a líderes entre los

cuales están los que se refieren a una respuesta local y regional frente a los derechos

reconocidos por la Constitución de 199117

, causado por la desarticulación entre los

poderes locales-regionales y el poder nacional.

Cada uno de estos campos anteriormente enunciados, han sido explorados, desde la

violencia perpetrada por parte de agentes como guerrillas y paramilitares algunos con

beneplácito de autoridades estatales. Sin embargo, las investigaciones de asesinatos

contra líderes sociales en el Córdoba son bastante reducidas ya que esta región ha sido

estudiada desde otros escenarios muy ligados a la violencia perpetrada por los

paramilitares y a las luchas campesinas desde los años 70 del siglo xx hasta hoy.

De igual forma, la persecución a líderes indígenas ha sido muy poco explorada, ya que

la población indígena de esta zona en sí misma no ha sido un objeto de estudio

destacado.

En cuanto a los trabajos que se refieren a Córdoba propiamente, esto son análisis que se

dirigen a retratar la dinámica del conflicto, haciendo énfasis en los paramilitares y las

guerrillas18

, su ubicación en el campo urbano y rural y sus manifestaciones de poder

14

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González Fernán, Quiroga Diego y otro. (2014), “territorio y conflicto en la Costa Caribe”, Bogotá,

Odecofi y Cinep.

Romero Mauricio. “identidades políticas, intervención estatal y paramilitares. El caso del departamento

del Córdoba”, Controversia. dic, 1, 1998: 73-99.

tanto en el espacio político como en el económico19

. Otros trabajos hacen referencia a la

dinámica agraria del departamento y a las luchas históricas del campesinado20

. Otras

investigaciones (muy pocas) se centran a analizar la dinámica política del Córdoba,

dentro de los cuales se pueden encontrar algunos estudios sobre parapolítica21

.

No obstante, es de destacar la ausencia de estudios sobre indígenas en el Córdoba y su

liderazgo, en parte debido a que el Córdoba ha sido históricamente uno de los ejes más

importantes para la conformación de la ANUC, lo cual resaltó a los campesinos como

una población mayoritaria y prioritaria en la zona y muchos indígenas subsumieron su

identidad étnica en la de usuario campesino de los servicios de la reforma agraria. Por

otro lado, Córdoba se ha reconocido por ser uno de los espacios de conformación de las

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá; otro tema muy común sobre este

departamento22

.

Frente a la población indígena, se encuentran algunos trabajos que se refieren al

territorio y a su expropiación que van muy ligados a la problemática de la vulneración

de la identidad de grupos colectivos23

. Otros trabajos analizan el aspecto judicial

relacionado con la cultura de estas comunidades y los conflictos territoriales que

afrontan las comunidades indígenas24

. Otros estudios dan cuenta de la población

indígena describiendo su vida, su cultura, sus tradiciones y sus condiciones de

vulnerabilidad25

.

19

Romero Mauricio. “identidades políticas, intervención estatal y paramilitares. El caso del departamento

del Córdoba”, Controversia. dic, 1, 1998: 73-99. 20

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(1997), “la trama interétnica. Ritual, sociedad y figuras de intercambio entre los grupos negros y Emberá

del Chocó”; instituto colombiano de antropología, instituto francés de estudios andinos.

La información anteriormente enunciada hace referencia por lo general a la población

Nukak Maku (Guaviare), a la comunidad Nasa (Cauca) y a la Embera Katío (Chocó)

entre otros.

No obstante, en lo que se refiere al asesinato de líderes indígenas por parte de agentes

del Estado, el único libro que aborda en detalle dicha problemática, es el producido por

William Villa y Juan Houghton sobre la violencia hacia estos grupos desde los años 70

del siglo XX hasta el 2000, en donde se recrean varios casos y las causas de dicha

violencia26

.

Ahora bien, cabe aclarar, que los estudios referidos a la población indígena y su relación

con el conflicto armado colombiano, parten por lo general del estado de vulnerabilidad

de esta población, convirtiéndolos en agentes que sufren los efectos del conflicto, casi

como una consecuencia de su pobreza, discriminación y demás, sin embargo, son pocos

los análisis que retratan la actividad y la lucha política de esta comunidad, dándoles un

papel activo y propositivo frente al conflicto colombiano27

, evidenciando la fuerza

política de muchos grupos indígenas como son los Nasa y los Zenú a quienes el

conflicto los toca, por sus actividades dirigidas a la exigibilidad de sus derechos y a su

lucha por el reconocimiento de neutralidad frente a la guerra.

CÓRDOBA

Córdoba ha sido a través del tiempo uno de los departamentos más afectados por el

conflicto armado. Con la presencia de varios de los grupos armados como son las Farc,

Eln, Epl y paramilitares reorganizadas en las ACCU (autodefensas campesinas de

Córdoba y Urabá), la población cordobesa ha afrontado la continua lucha por la

dominación territorial y política. La población entonces se ha visto incluida en un

conflicto entre diferentes grupos que atacan al pueblo entre otras cosas por su supuesta

colaboración a uno u otro grupo28

.

Córdoba está ubicado en la parte norte de Colombia, fue constituido como departamento

en 1952 durante el gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez y cuenta con una población

aproximada según el censo del 2005 de 1.472.699 habitantes. Hay 4 resguardos es decir

30 comunidades, aproximadamente 3120 familias indígenas. En su generalidad,

Córdoba es un departamento agrario y está dividido en 20 municipios29

.

Entre los resguardos del departamento está el resguardo de San Andrés de Sotavento, en

cual se centra la investigación. Está ubicando en el norte del departamento integrado por

26

Villa, William y Houghton, Juan. (2005)Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia:

1974-2004. Bogotá: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas: Organización Indígena de

Antioquia: Centro de Cooperación al Indígena. 27

Rappaport Joanne. (2005), “retornando la mirada: una investigación colaborativa interétnica sobre el

cauca a la entrada del milenio”, Cavida; Mauricio Archila, (2011), “El movimiento indígena del Cauca”,

Universidad Nacional de Colombia: Bogotá; Sandoval Forero, Eduardo Andrés. (2008), “la guardia

indígena nasa y el arte de la resistencia política”; Editorial Codice. S.A. 28

Bolívar, Ingrid Johanna. “transformaciones de la política: movilización social, atribución causal y

configuración del Estado en el Magdalena Medio”. conflictos, poderes e identidades en el Magdalena

Medio 1990-2001. Bogotá: Colciencias, Cinep, 2006. 29

Edilma Osorio Pérez. “dinámicas de conflicto, dominación y resistencia en los departamentos de

Córdoba y Sucre”. El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicas. Bogotá:

REDIF, ACNUR Y CORPORACION REGION, 2005.

indígenas zenùes y conformado por 10 corregimientos, 20 veredas, 14 caseríos y un

resguardo indígena.

Este resguardo guarda en sí mismo una historia de lucha por el territorio. El resguardo,

fue disuelto a principios del siglo XX y hacia los años 70, luego de haber encontrado las

escrituras coloniales que reafirmaban su derecho sobre el territorio, se inició todo un

proyecto de recuperación de tierras. Para 1986, y después de una fuerte actividad de los

indígenas zenùes junto con los campesinos organizados en la ANUC línea Armenia y

con su desarticulación, su acercamiento se orientó la línea Sincelejo30

, mantuvieron una

activismo por las tierras, sin embargo, después fortalecieron su identidad indígena

argumentada en una lucha por territorio ancestral, basado en su título colonial, lograron

un acuerdo con el gobierno de Virgilio Barco y el INCORA en donde se logró la

adquisición de alrededor de 10.000 hectáreas, las cuales se dieron de manera

discontinua y rodeadas de tierras cuyo poder detentaban los terratenientes del

departamento. Ello generó grandes problemas a medida de que los terratenientes

expandieron su modelo de ganadería extensiva y fueron minando los logros de los

zenùes31

.

A partir de los años 80 del siglo XX y con narcotraficantes, guerrillas y paramilitares

junto con un modelo neoliberal que empezaría a aplicarse y que en los años 90 del

mismo siglo entró con su mayor fuerza, las reclamaciones territoriales por parte de los

indígenas, se fortalecieron pero a su vez se reprimieron32

.

Sumado a lo anterior, se destaca, como uno de los elementos claves en la problemática

de los indígenas, la presencia de familias importantes de la zona como los Tulena,

quienes han estado en la zona de Córdoba desde hace mucho tiempo y quienes son

dueños de grandes extensiones de tierra, dándoles un poder evidente en toda la región.

Además de ser terratenientes, también han ocupado históricamente cargos políticos

tanto nacionales como regionales y locales, teniendo en sus manos parte de las

decisiones del departamento y de la región, muchas veces apartados de la política

nacional, como se puede ver en el caso de los asesinatos sistemáticos de los indígenas

de San Andrés de Sotavento. Algunos de esos cargos han sido en la gobernación, en la

alcaldía, en la Cámara y en el Senado.

30

Liena Armenia y Línea Sincelejo 31

Edilma Osorio Pérez. “dinámicas de conflicto, dominación y resistencia en los departamentos de

Córdoba y Sucre”. El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicas. Bogotá:

REDIF, ACNUR Y CORPORACION REGION, 2005. 32

Tarrow, Sidney, (1997), “el poder de en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la

política”; Madrid: Alianza.

HECHOS DE PERSECUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SOTAVENTO

Como se ha dicho previamente, las reclamaciones de los indígenas zenú han sido

fundamentalmente peticiones orientadas a la adjudicación y reconocimiento de su

territorio; sin embargo, a raíz de la Constitución de 1991, sus reclamaciones se

expandieron y no solo se centraron en el derecho a su territorio, sino a la conquista de

cargos políticos que les permitiera mantener su resguardo bajo su propia administración.

Por esta razón la Comunidad de Sotavento empezó a evidenciar el fortalecimiento de

sus líderes en cuanto a la reclamación de sus tierras y la participación de otros en

campañas para futuras elecciones, coMo fue el caso de Gerardo Moreno Flórez 2do en

la lista al congreso encabezada por Gabriel Muyuy, Arnulfo Ayah Carpio elegido como

concejal y Bernabela Riodo, gobernadora del resguardo, quienes en el año 1993 y 1994

fueron asesinados33

.

Si bien la Constitución de 1991 les proporcionó mayores herramientas para exigir y

reclamar su territorio, también acrecentó la ofensiva violenta contra ellos, dando como

resultado un período de violencia política extrema. Entre 1993 y 1997 fueron

recurrentes los asesinatos sistemáticos de líderes, alcaldes y activistas del resguardo de

Sotavento. Ello creó nuevas necesidades y exigencias de los indígenas de las cuales

sobresale el derecho a la vida que casi se sobrepuso al derecho al territorio “su

reclamación inicial”. Es así como los indígenas, consolidados como una organización

solida llevaron a cabo dos procesos simultáneos, el primero, fue el fortalecimiento de

liderazgos tanto para la reclamación de tierras como para la participación en las

elecciones políticas, el segundo, la continuación de invasión de tierras, argumentadas

por su derecho colonial y el tercero, la declaración de neutralidad frente al conflicto

armado colombiano.

33

asesinan a líder de indígenas (1997, 3 de noviembre), en El Espectador. Pag.10a

Sin embargo, esto activó las respuestas de distintos actores en especial de la élite

terrateniente y política de la zona, es decir el alcalde, el gobernador y la Familia Tulena 34

, quienes junto con las Fuerza Pública (policía) y fuerzas paramilitares desataron una

campaña de acoso y persecución hacía los indígenas.

Como argumento de lo anterior, se destaca inicialmente la estigmatización de la zona a

cargo de las autoridades locales, pues atribuyeron la presencia de guerrilla como una de

las causas por las cuales los asesinatos estaban aumentando, catalogándose al resguardo

como Zona Roja35

.

Fruto de estos continuos señalamientos, la población indígena inició una oleada de

comunicados expresando su neutralidad frente al conflicto armado colombiano36

.

En cuanto a la alcaldía, esta se expresó en solidaridad de los asesinatos como bien lo

muestra el siguiente fragmento de una noticia publicada en 1996:

El alcalde solicitó al comandante de la Policía, coronel Raúl Suárez

Gutiérrez, el pronto establecimiento de un puesto en el corregimiento

de Tuchín, zona considerada de alto riesgo, en donde últimamente se

han cometido varios asesinatos, y a la Gobernación la dotación de

motocicletas para realizar patrullajes permanentes en las vías de

acceso a las comunidades indígenas.

Sostiene el Alcalde que a raíz de los últimos hechos acontecidos en

ese municipio, algunos medios de comunicación han dado a conocer

informaciones que presentan ante la comunidad a San Andrés de

Sotavento como la región más cruenta del país, y a donde no se debe

ir por el peligro que representa para la integridad física de los

visitantes. Esto ha causado considerables perjuicios al conglomerado

sanandresano37

.

Sin embargo, en el año 1997 una de los familiares de indígenas asesinados, aseguro:

Francisco Rafael Urango Osculaga o Félix Antonio Urango Solar, un

hombre conocido en la región como Chico Urango y de confianza del

alcalde de San Andrés, Juan Bautista Casado Romero, le dijo que la

masacre fue ordenada por William Tulena, dueño de la finca.

Para ella, a juzgar por el tono en que se lo dijo, no le estaba haciendo

solo una revelación, sino que la estaba amenazando. El mensaje,

según la lectura que en últimas hizo el Tribunal Nacional de Orden

Público era este: miren lo que puede seguir pasando si ustedes insisten

en reclamar las tierras y las transferencias38

.

34

indígenas denuncian campaña de exterminio (1994, 14 de abril), en El Espectador. Pag.11a 35

apoyan posición indígena frente al conflicto armando (1996, 3 de junio), en EL Colombiano p. 16a 36

respaldan neutralidad de indígenas. (1996, 23 de mayo), en El Colombiano, p. 4c. 37

Ahora, dignidad por San Andrés de Sotavento. (1996, 30 de agosto), en EL tiempo.com. 38

primer castigo por la muerte de los zenú. (1997, 12 de octubre), en EL tiempo p. 4 a.

Finalmente es en 1997, cuando el alcalde Juan Bautista Casado Romero es acusado y

sentenciado por su responsabilidad en el asesinato de un cacique mayor y tres dirigentes

indígenas39

.

Ahora bien, no solo la autoridad local fue señalada como culpable de algunos de los

asesinatos que afrontaron los indígenas, pues según las investigaciones, la familia

Tulena fue la principal motivadora de la violencia desatada, pues según denuncias de los

indígenas, la violencia que se vivía era fruto no solo de su participación política sino de

un intento por frenar las reclamaciones territoriales de la comunidad40

, considerando

que tanto indígenas como algunos miembros de la familia Tulena mantenían un litigio

por la Finca San José, propiedad de William Alberto Tulena Tulena41

y por la hacienda

San Francisco, perteneciente a la esposa del senador Julio Cesar Guerra Tulena 42

.

Para agosto de 1996, William Alberto Tulena fue encarcelado por la supuesta

responsabilidad en el asesinato del líder indígena Héctor Malo y su hermano Alberto

Malo, quienes reclamaban la hacienda San Francisco43

. Finalmente, el 12 de octubre de

1997, William Tulena fue condenado a 50 años de cárcel por el asesinato de cuatro

indígenas zenú44

.

Para terminar, cabe resaltar la participación de la Fuerza Pública quien fue denunciada

por penetrar en la comunidad de San Andrés de Sotavento y perpetrar actos de violencia

contra los líderes indígenas, como lo evidencia la sentencia contra el agente de policía

Napoleón Vargas Tovar45

quien fue reconocido por una de las familiares de las

víctimas, como el uniformado que entró a la casa, amenazando a quienes estaban allí.

De igual forma, fueron escuchadas varias grabaciones en donde se comunicaban agentes

de policía de San Andrés de Sotavento con el departamento de inteligencia de Medellín,

en donde se habló de un atentado a cinco indígenas de la zona46

. También se registraron

los cuadernos de registro de la estación de policía de Sotavento donde efectivamente se

registró la entrada del indígena Virgilio Feria quien luego fue hallado muerto en el Alto

Sinú47

. Según las declaraciones de uno de los policías en colaboración con la justicia,

39

A la cárcel exconcejal de San Andrés de Sotavento. (1997, 17 de enero), en El tiempo.com. 40

Los indígenas cambian de actitud. (1994, 16 de mayo). En EL espectador p. 12 a.

Indigenas culpan a gamonales de asesinatos. (1996, 22 de agosto). EL tiempo, p. 8b.

Asilo. 10 de julio de 1996. (1996, 10 de julio). 41

El primer castigo por la muerte de los Zenues. EL Nuevo Siglo p.6. 42

Los Malo de los Guerra. (1996, 28 de agosto de 1996). En Voz, p. 10 43

Los Malo de los Guerra. (1996, 28 de agosto de 1996). En Voz, p. 10 44

En firme sentencia a William Tulena. (1997, 18 de septiembre). En Eltiempo.com. 45

Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos. (2002, 5 de marzo),

Presunta responsabilidad en la Desaparición Forzada de Virgilio Cárdenas Feria y el Homicidio de

Bernavela Riondo y Santiago José Polo Guevara en el Municipio de San Andrés de Sotavento.

Radicación: 008-17093-98. 46

Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos. (2002, 5 de marzo),

Presunta responsabilidad en la Desaparición Forzada de Virgilio Cárdenas Feria y el Homicidio de

Bernavela Riondo y Santiago José Polo Guevara en el Municipio de San Andrés de Sotavento.

Radicación: 008-17093-98. 47

Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos. (2002, 5 de marzo),

Presunta responsabilidad en la Desaparición Forzada de Virgilio Cárdenas Feria y el Homicidio de

Bernavela Riondo y Santiago José Polo Guevara en el Municipio de San Andrés de Sotavento.

Radicación: 008-17093-98.

Feria fue llevado en un carro por varios agentes de la policía quienes luego lo

asesinaron48

.

Hasta aquí se han reconstruido de manera ilustrativa los hechos de violencia en contra

de los indígenas de Sotavento, sin embargo, es necesario analizar estos hechos a la luz

de una dinámica mucho más general, que dé cuenta de las condiciones socio políticas y

las razones de estos sucesos en una democracia que acababa de vivir una apertura

evidente con la Consitutición de 1991.

Siendo así, la violencia desatada en contra de los líderes indígenas en el Norte del

Córdoba durante 1993 y 1997, tiene dos elementos fundamentales: 1. La historia del

proceso organizativo de los indígenas de Córdoba y 2. La violencia perpetrada por

agentes del Estado hacia los líderes indígenas, poniendo en cuestión este tipo de

violencia en un país democrático como Colombia.

Lo anterior, dirigido a identificar los factores que intervinieron en el asesinato

sistemático de los líderes indígenas y cómo el Estado colombiano asumió estos hechos.

Los hechos ocurridos en el tiempo anteriormente enunciando en donde se asesinaron

aproximadamente 70 líderes indígenas zenù del Resguardo Mayor de San Andrés de

Sotavento se argumenta entonces tomando como base a Leah Anne Carroll, quien

analiza lo que ella denomina la reforma y contra reforma y cuyo argumento principal es

que la apertura democrática está seguida por una contra reforma, la cual aumenta la

violencia para frenar las conquistas sociales tales como ( protestas laborales,

movilizaciones sociales, reclamaciones territoriales etc). Dicha violencia es proveniente

del gobierno regional y de las elites locales49

. A la par de esta tesis, también se retoma a

Mauricio Romero50

, quien considera que esta contra reforma se lleva a cabo en

escenarios en donde la reforma política altera y modifica el orden establecido por la

élite regional o local de la zona, lo cual genera una respuesta violenta de dichas elites.

Continuando con los argumentos de Carroll, ella considera que tras esa contrarreforma,

la violencia tiene un notable efecto sobre el repertorio de peticiones y reclamaciones,

haciendo que una de las principales demandas de movimientos sociales sea el derecho

por la vida51

.

Retomando lo enunciado tanto por Carroll como por Romero, en el caso de San Andrés

de Sotavento, esta zona estaba controlada por élites terratenientes que a su vez ocupaban

puestos gubernamentales en el escenario local y regional. De igual forma, San Andrés

de Sotavento era centro de un litigio territorial desde los años 70, entre los indígenas

48

Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos. (2002, 5 de marzo),

Presunta responsabilidad en la Desaparición Forzada de Virgilio Cárdenas Feria y el Homicidio de

Bernavela Riondo y Santiago José Polo Guevara en el Municipio de San Andrés de Sotavento.

Radicación: 008-17093-98.. 49

Carroll, Leah Anne. (2011), “violent democratization”, University of Notre Dame, Notre Dame

Indiana. 50

Romero, Mauricio. (2000), “Democratización política y contra reforma paramilitar en Colombia”,

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia:

Santafé de Bogotá 51

(Carroll, 2011, P. 48).

zenú y la élite local de la zona con gran importancia en la política tanto local como

regional52

.

Para 1991 la constitución, es aprobada y con ella una serie de derechos a los diferentes

grupos sociales y a población diferenciada entre la cual estaba la población indígena. De

esta manera, la constitución repercutió en la situación de los indígenas de Sotavento en

dos direcciones. La primera, amplió los derechos de esta población para acceder a

puestos gubernamentales (alcaldía y gobernación), motivando a los líderes a lanzarse a

elecciones populares53

, lo cual aumentaba las posibilidades de alterar el orden

tradicional, considerando que en la zona de Sotavento la mayor parte de la población es

indígena, y la segunda, reconoció los derechos de propiedad y de autonomía sobre los

territorios ocupados por indígenas, lo cual les dio ventaja sobre el litigio territorial que

mantenían con las élites54

.

Teniendo en cuenta lo anterior el asesinato de los líderes indígenas por lo menos en San

Andrés de Sotavento, ocurrió como una respuesta de las élites terratenientes y políticas

locales y regionales al reconocimiento del Estado colombiano de territorios colectivos

(resguardos) y a la ampliación del derecho de los indígenas a acceder a puestos de

gobierno, lo cual alteraba el orden y los intereses tanto políticos como territoriales de las

élites de la región.

Esta violencia trajo 2 consecuencias básicamente: 1. El exterminio de líderes indígenas

de la zona55

y 2. El cambio de repertorio frente a las peticiones de la población de

Sotavento, es decir que se pasó de la reclamación territorial al respeto por la vida y por

los derechos humanos56

.

Lo anterior describe la dinámica que gira en torno a la violencia en contra de líderes

sociales cuyas exigencias se definen de acuerdo al contexto particular en el que se

ubiquen. Además de esto, se puede evidenciar que en algunas zonas del país como

Córdoba, estos hechos responden a una dinámica en la que el poder local y regional se

distancia notarialmente del orden político establecido por el Estado Nacional, lo cual se

evidencia en la respuesta violenta de parte de las élites cordobesas a las reformas

realizadas por la Constitución de 1991, la cual ampliaba notoriamente los derechos

políticos y territoriales de la población indígena.

Como bien lo explica el profesor Francisco Gutiérrez,

La Constitución de 1991 significa posiblemente el episodio de democratización

más vigoroso (…). Pero no estaba seca la tinta de la nueva Carta Fundamental

cuando se dispararon dinámicas represivas aún peores que las de la década de

1980. Homicidios, masacres, asesinatos de líderes sociales, cometidos por

52

Negrete Barrera, Víctor Manuel. (2007), "los grupos políticos y el conflicto armado en Córdoba”. En:

Documentos Para La Reflexión, v.2 fasc.2 p.14 – 30 53

Concejales indígenas denuncian persecución. (1994, 4 de noviembre), en Voz. Pag.6 54

Los malos de la guerra. (1996, 28 de agosto), Voz. Pág. 10. 55

Guzmán Artega Ramiro. (1994, 14 de abril), “indígenas denuncian campañas de exterminio”, en El

Espectador. Pag11 a. 56

De acuerdo al análisis de aproximadamente 100 noticias, correspondientes a cinco periódicos, El

Heraldo, El Colombiano, Voz, El espectador y El tiempo, entre los años 1994 y 1997, se identifica un

cambio de repertorio en las exigencias de los indígenas de San Andrés de Sotavento. En 1994, se hablaba

de reclamaciones territoriales y de participación política y para inicios de 1995 hasta 1997, la exigencia

de los indígenas se centra en el respeto a la vida y al reconocimiento de su neutralidad en el conflicto.

mano propia o por fuerzas que se proclamaban aliadas del Estado (y que

gozaron de una amplia impunidad) se convirtieron en pan nuestro de cada

día57

.

Ahora bien, respecto a esta desarticulación nacional y regional-local que evidencia la

violencia contra los líderes sociales en Córdoba, en especial en San Andrés de

Sotavento, se retoma el planteamiento de Edward Gibson quien asegura que la

distribución territorial de las prácticas e instituciones de la democracia al interior del

Estado nación son desiguales58

, lo cual nos permite entender porque después de una

reforma constitucional que amplía la democracia, la violencia se acrecienta en contra de

los líderes sociales , sobre todo en las zonas donde son las élites terratenientes las que

cumplen funciones de autoridad estatal. Esta persecución, responde a la reducción de

poder de los oponentes locales a los cuales se refiere Gibson, cuando habla de la

necesidad de las élites locales de cerrar espacios políticos que pretendan cambiar o

trastocar el poder de dichas élites59

.

CONCLUSIONES

A manera de conclusión, es importante resaltar ciertos elementos que se distinguen de la

situación de Córdoba descrita anteriormente, la cual se explica una dinámica no solo

en el ámbito local sino en el nacional.

1. San Andrés de Sotavento vivió una persecución política de sus líderes indígenas

a pesar de haberles sido reconocido sus derechos diferenciales entre los cuales

estaban, sus derechos al territorio ancestral, a la autonomía en las decisiones de

su resguardo y la participación política entre otros, lo cual evidencia una

dinámica violenta en contra de los liderazgos de base no solo a nivel local sino

nacional.

2. La población de San Andrés de Sotavento fue víctima de una violencia

perpetrada por agentes del Estados confabulados con la familia terrateniente de

la zona y la fuerza pública, oprimiendo y frenando las iniciativas de la sociedad

y su participación efectiva, lo cual cuestiona fuertemente el modelo democrático

que se había ampliado en 1991 con la Constitución Política.

3. La violencia y persecución a los líderes de Sotavento después de la ampliación

democrática efectuada con la Constitución de 1991, reafirma la hipótesis de

Carroll, quien explica que después de una reforma que amplía los derechos de la

sociedad, se desata una contrarreforma casi siempre de parte de las familias

terratenientes o de las élites del momento. Lo anterior responde a una dinámica

que como bien lo explica Romero, hace parte de una iniciativa, que intenta

frenar la amenaza que representa la ampliación democrática para algunos

sectores, quienes desatan una ola ofensiva para mantener el statu quo.

4. La ofensiva realizada por los terratenientes en Córdoba, junto con las

autoridades locales, quienes han permanecido o han llegado al poder por una

57

Gutiérrez, Francisco. (2014),”El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en

Colombia (1910-2010)”, IEPRI, Universidad Nacional. 58

Gibson, Edward. (semestre I del 2006)”gobierno y democracia”, en: Desafíos. pág.206. 59

Gibson, Edward. (semestre I del 2006)”gobierno y democracia”, en: Desafíos. Pág. 212.

presión electoral y por un (casi) derecho de familia tradicional y poderosa,

cuestionan el modelo democrático que suele caracterizar a Colombia. Por el

contrario, lo que refleja este estudio de caso, es la existencia de lo que Edward

Gibson denomina Autoritarismo sub nacional, por medio del cual no solo se

invisbiliza, se ignora o reacomoda los acuerdos nacionales sino que se desata

una contra reforma regional y local por medios violentos para impedir que se

hagan cumplir los acuerdos logrados nacionalmente, lo que evidencia una

desarticulación y una lucha entre la voluntad de la autoridad nacional y la

voluntad de poderes locales.

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