Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y lo que va de 2011, unos 53 mil ejem-plares del semanario Proceso han sido incau-tados de hecho, aunque la operación se ha en-cubierto como compra masiva en ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Mo-relos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Gua-

najuato, Puebla y Veracruz.La última acción concertada para impedir que la re-

vista llegue a sus lectores se registró el domingo 25 de septiembre. Prácticamente todos los ejemplares de la edi-ción 1821 enviados al estado de Veracruz fueron adqui-

Incapaz de quebrar al semanario Proceso con el boicot publi-citario ilegal y de desacreditarlo mediante burdas maniobras policiacas –como exhibir ejemplares entre el armamento in-cautado a presuntos narcos–, el actual gobierno panista pare-ce satisfecho con una estrategia que no es sino una censura disfrazada: personajes con cuantiosos recursos acaparan toda la dotación de revistas en algunas ciudades para impedir el acceso de los lectores a la información. En este caso, el gobier-no federal intenta deslindarse legalmente del virtual decomiso, sin tener en cuenta que por lo menos viola derechos por omi-sión... y que en última instancia está apoyando una acción que puede provenir de la delincuencia organizada.

GLORIA LETICIA DÍAZ

ridos de la misma forma, tanto en locales cerrados como en puestos de periódicos: hombres jóvenes –algunos con apariencia de burócratas, según los expendedores– llega-ron a preguntar amablemente por las dotaciones de Pro-ceso que tenía cada establecimiento. Las compraron to-das, con efectivo.

La portada del número en cuestión es una fotografía de los 35 cadáveres arrojados al pie del monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río el 20 de septiem-bre. La cabeza principal: Veracruz sangriento. Reacomo-do del narco, que corresponde a un reportaje firmado por Jorge Carrasco y Regina Martínez.

La

censuradisfrazada

“A las tres de la tarde del domingo, recibimos infor-mación del distribuidor de la ciudad de Veracruz: que las revistas se habían agotado. En principio creíamos que se trataba sólo del puerto, pero el lunes nos enteramos de que personas con características distintas a los clientes habi-tuales las habían comprado todas en todo el estado: 962 en Córdoba, 770 en Orizaba, mil 326 en Coatzacoalcos, mil 561 en Veracruz y 872 en Xalapa, es decir, 5 mil 491 ejemplares”, explica Margarita Carreón, gerente de Ven-tas y Mercadotecnia de este semanario.

Una experiencia similar ocurrió con la edición 1819, con una fotografía del casinero Juan José Rojas Cardo-na y encabezada: El zar del juego. Una historia sinies-tra. En Monterrey, Durango, León y Puebla, cerca de 7 mil ejemplares fueron vendidos a jóvenes con un perfil similar al de la operación más reciente. También paga-ron en efectivo.

Como ejemplo, señala Carreón: “En Monterrey detec-tamos que en el operativo participaron mujeres que lle-gaban a los locales cerrados, preguntaban por la dotación de Proceso, pedían a los empleados que se las guardaran, y más tarde llegaban hombres para llevarse las revistas”.

De acuerdo con los estudios del departamento de Mer-cadotecnia, cada ejemplar vendido es leído en promedio por cuatro personas. En consecuencia, se estima que en septiembre 12 mil revistas no llegaron a por lo menos 48 mil lectores.

Representado jurídicamente por Artículo 19, una orga-nización de defensa de la libertad de expresión, en diciem-bre de 2010 Proceso denunció ante instancias internacio-nales el recurrente acoso de los gobiernos panistas, que va desde la cancelación de convenios de publicidad de las de-pendencias federales, las demandas civiles por la publica-ción de información iniciadas por Marta Sahagún y su hijo

Manuel Bribiesca; la exhibición de ediciones de la revista entre las armas incautadas a presuntos nar-cotraficantes por la Secretaría de Seguridad Pública –casos que el semanario también denunció ante la Comisión Nacional de los De-rechos Humanos–, y ahora la fal-ta de garantías para distribuir sus productos en distintos estados de la República ante la creciente violen-cia del crimen organizado.

Antes de las incautaciones dis-frazadas de compras masivas de los números 1819 y 1821, Proceso re-gistró por lo menos 10 de estas ope-raciones en Durango, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos e Hidalgo. En todos los casos, los te-mas principales tienen que ver con los

cárteles del narcotráfico y sus complicidades con el poder político y policiaco, así como la ineficacia de las autoridades para detener la violencia que padece el país.

En 2007 fueron así “decomisadas” en Tamaulipas las dotaciones de los números 1610, 1611 y 1612, en total 21 mil ejemplares. La primera de esas ediciones lleva como portada un escudo atribuido al cártel del Golfo, y el en-cabezado Los imbatibles. Tamaulipas: narco hasta en la Procuraduría.

La situación se agravó cuando salió el número 1768, con una fotografía de Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, en la portada y la cabeza: El señor de la guerra en Tamau-lipas. Esa vez, quienes adquirieron 8 mil 728 ejemplares intimidaron a los distribuidores y porteadores para que no solicitaran una reposición de ese número. Un empleado fue obligado a guiar a los compradores a los locales cerra-dos donde había entregado algunas revistas y uno de los puntos de distribución fue “cateado”.

A partir del número 1769, y por lo menos hasta el 1778, presuntos miembros de la delincuencia organiza-da “obligaron a los distribuidores a abrir los paquetes de revistas y mostrarles sus contenido”, como detalla este semanario en el informe dirigido al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.

En ese documento se le explica que la decisión de acu-dir a la instancia internacional se debe a la urgencia de “so-licitar condiciones mínimas de trabajo, debido a que hemos sido víctimas de agresión contra la libertad de expresión”.

El caso de Proceso, se añade, “es un claro ejemplo de la vulnerabilidad, riesgo e indefensión que hoy padecen los trabajadores de los medios informativos ante el con-trol que ejerce en algunas partes del territorio nacional el crimen organizado frente a la debilidad de las institucio-nes que por mandato de ley deberían proveer la seguridad ciudadana y sobre todo evitar que la libertad de expresión ponga en riesgo la vida de las personas”.

DERECHOS HUMANOS

RICARDO RAVELO

NARCOTRÁFICO

El vacío de poder que priva en México, la simulación electoral, el financiamiento de las campa-ñas políticas por el narcotráfico y la acelerada pérdida de los controles territoriales por parte del Estado son “el caldo de cul-

tivo más eficaz para la proliferación de los grupos paramilitares en el país”, plantea Edgardo Buscaglia, asesor de las Naciones Unidas, director del Centro de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de la Universidad de Virginia y profesor de de-recho internacional en el Instituto Tecno-lógico Autónomo de México (ITAM).

Señala que mientras el presidente Fe-lipe Calderón continúe combatiendo al crimen organizado “de manera sesgada”, sin golpear “el nervio financiero de la mafia”, poderes como el paramilitarismo seguirán arrancando “pedazos del Estado” hasta que México se precipite al abismo, como pasó en Afganistán, Kosovo y, en los años ochenta y noventa, en Colombia, país donde esos grupos se popularizaron con el nombre de “paras”.

A Buscaglia no le sorprende la apari-ción del grupo paramilitar autodenominado Los Matazetas, que irrumpió en el escena-rio nacional tras la matanza de 35 presun-tos integrantes del cártel de Los Zetas en el

puerto de Veracruz, pues afirma que aun-que el gobierno federal niegue la presencia de paramilitares en México, este fenómeno existe desde hace mucho tiempo.

Según el experto, en México operan 167 grupos paramilitares que son finan-ciados por empresarios empeñados en proteger “vida y propiedad”, garantías que ya no puede otorgar el Estado mexica-no, y en otros casos –asegura– son paga-dos por los propios gobernadores, quienes ante la incapacidad de otorgar seguridad a la gente, pagan a estos grupos armados para limpiar territorios y salvar los merca-dos de la droga que hoy ve amenazados el cártel de Sinaloa, la organización criminal que el propio gobierno federal pretende consolidar en el territorio mexicano.

Explica: “Los grupos paramilitares en México existen desde hace mucho tiempo. Los Zetas, por ejemplo, son una expresión del paramilitarismo ligado a un grupo cri-minal, en este caso al cártel del Golfo. Los Zetas y todo lo que se desprende de ellos –policías, mercenarios y otros grupos – lle-van a cabo tácticas militares de protección, control territorial y de mercados, y su fun-ción primordial es limpiar los territorios en beneficio de los grupos que les pagan.

“Lo que hoy preocupa, y mucho, es la proliferación de estos grupos paramilita-res, que el gobierno quiere ocultar porque ya refleja una fragmentación cada vez mayor de la estructura del Estado. Existen

porciones del Estado que han sido com-pradas al por mayor por grupos empresa-riales oligopólicos y monopólicos; otros pedazos del Estado están en manos de grupos ilegales desde hace 10 años, cuan-do inició la caótica transición política que viene conduciendo al país no a una demo-cracia participativa, sino a lo que yo llamo una mafiocratización”.

De acuerdo con Buscaglia –también profesor de Economía y Derecho del Cri-men e investigador de la Universidad de Stanford–, el proceso de fragmentación del Estado ha derivado en un rompecabe-zas en el cual “cada trozo le pertenece a un cártel. Por ello, el gobierno de Calderón no puede proteger vida y propiedad, y ese vacío que deja el Estado es aprovechado por los grupos paramilitares”.

–¿Cómo surgen los grupos paramilita-res en México? ¿De dónde vienen? –se le pregunta.

–Muchos son mexicanos, provienen de las propias policías o del Ejército. En otros casos son traídos del extranjero y contratados por los empresarios o algunos gobiernos estatales.

“El caso de las policías municipales que controlan el mercado de migrantes en una determinada región y la práctica de entregarlos a Los Zetas para asesinarlos son ejemplos claros de táctica paramili-tar. Su tarea es controlar un mercado y así favorecer a los grupos que les pagan. En

La incapacidad del aparato de seguridad del Estado si-gue dando frutos: es el caso de la formación de cuerpos paramilitares, como los autodenominados Matazetas, quienes se atribuyeron la masacre de 35 personas en Boca del Río, Veracruz. Aunque el gobierno de Felipe Cal-derón niega que existan grupos de este tipo, el experto Edgardo Buscaglia asegura que en México operan 167 de ellos. Se trata, dice, de sicarios formados en la milicia o en las policías y que no sólo trabajan para los cárteles, sino para gobiernos estatales o empresarios.

La multiplicación de

los “paras”

NARCOTRÁFICO

XALAPA, VER.- En el estado de Vera-cruz, el ejercicio del periodismo se ha convertido en una actividad de muy alto riesgo, toda vez que el número

de periodistas muertos o desaparecidos cre-ce cada día. Un comunicado de la organiza-ción internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) difundido el 1 de septiembre conside-ra que el estado de la libertad de informar en Veracruz “es cada vez más alarmante”.

En lo que va del actual gobierno, tres pe-riodistas han sido asesinados, otros han sido reportados como desaparecidos y varios más han abandonado Veracruz por la falta de ga-rantías para ejercer su trabajo o por amenazas.

La madrugada del 19 de junio, Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), subdirector del periódico Notiver, fue acribillado en su casa junto con su esposa Agustina Solano y su hijo Misael, de 20 años, cuando dormían.

El 26 de julio, la reportera de la fuen-te policiaca de ese periódico editado en el puerto de Veracruz Yolanda Ordaz de la Cruz fue torturada, violada y decapitada por sus asesinos, que arrojaron su cuerpo en una calle cercana al bulevar Adolfo Ruiz Cortines de Boca del Río.

Noel López Olguín trabajaba para el pe-riódico Noticias, de Acayucan; tres me-ses después de haber sido reportado como desaparecido, su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina en el municipio de Oluta.

Hasta la fecha, las autoridades no han informado del avance de las investigaciones de esos tres asesinatos. En el caso de los dos periodistas de Notiver, el gobierno de Javier Duarte, por conducto del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Reynaldo Escobar Pérez, trató de li-garlos con el crimen organizado.

RSF clasificó a Veracruz como uno de los estados “más mortíferos” en un país en el que desde 2000 han sido asesinados 77 periodis-tas y 13 están desaparecidos desde 2003.

Igual que en otros estados donde la ma-yoría de los asesinatos de periodistas han quedado impunes, en Veracruz, subrayó RSF, “nos escandalizamos por la manera en que las autoridades locales descartan todo móvil relacionado con el ejercicio de la pro-fesión y alimentan sucios rumores sobre la víctima, incluso antes de la investigación”.

La organización internacional señaló que Yolanda Ordaz se hallaba entre los periodis-tas “expuestos al peligro, teniendo en cuen-ta la fuente que cubría”, y evidentemente “no hay que excluir la pista del crimen organiza-do en Veracruz, estado donde hacen estra-gos tres temibles bandas: Los Zetas, el cártel del Golfo y La Familia Michoacana”.

Apuntó: “Es difícil no relacionar el asesi-nato de la periodista con el de su colega Mi-lo Vela, cuyas columnas podían importunar a ciertas autoridades”, por lo que consideró que ante un denso clima de suspicacia y autocen-sura “es urgente que se pongan en marcha los mecanismos de protección de los profesiona-les de los medios de comunicación”.

En este sentido, RSF recordó que 48 ho-ras después de su secuestro encontraron el cuerpo de Yolanda Ordaz degollada cer-ca de las instalaciones del periódico Imagen del Golfo con el mensaje: “También los ami-gos traicionan. Atentamente, Carranza”.

Juan Carlos Carranza Saavedra fue se-ñalado por el procurador Escobar Pérez co-mo presunto asesino de Milo Vela y su fami-lia en julio pasado. Sin entrar en detalles, la procuraduría estatal señaló que “el móvil del

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REGINA MARTÍNEZ

crimen pudo deberse a fuertes diferencias de tipo personal entre el periodista y el pre-sunto señalado”, afirmó el informe de RSF.

Durante su visita a Veracruz luego del asesinato de los dos trabajadores de Noti-ver, Reporteros sin Fronteras supo que días antes de su muerte “Milo Vela tuvo una fuer-te discusión con un sobrino del gobernador del estado, Javier Duarte, debido a informa-ción publicada recientemente en Notiver”.

A la fecha, las autoridades no han informa-do acerca de los avances de la investigación; ni siquiera han dicho si hay detenidos o si se ha dado con el paradero del supuesto autor intelectual, El Ñaca, por el cual la PGJE ofreció una recompensa de 3 millones de pesos.

Por otra parte, la falta de una efectiva po-lítica de comunicación social ha hecho del de Javier Duarte uno de los gobiernos más opa-cos, además de que la “reserva” de informa-ción en temas relacionados con la seguridad ha dado pie a rumores, alarma y psicosis en-tre la población, ante los hechos de violencia que asuelan al estado de Veracruz.

A juicio de diversos actores sociales y políticos de la entidad, el gobernador Duarte ha seguido los pasos de su antecesor Fidel Herrera en torno al control de la información institucional en Veracruz y el ocultamiento del gasto destinado a difundir su imagen.

Duarte dio continuidad al decreto publi-cado en la Gaceta Oficial del Estado el 25 de agosto de 2008 que clasificó de “reservada” toda la información del área de Comunica-ción Social del gobierno estatal.

“Acuerdo que tiene por objeto ampliar el acuerdo mediante el cual se clasifica co-mo de acceso restringido en la modalidad de reserva y confidencial, la información que obra en poder de la Dirección General de Comunicación Social, como sujeto obligado en términos del artículo 5.1 fracción 1, de la

Veracruz:

de informarel alto riesgo

Marinos. Vigilancia extrema

México hay una mezcla de grupos para-militares: los pagados por empresarios, y los tradicionales, que pertenecen a los cár-teles de la droga, como fue el caso de Los Zetas del cártel del Golfo”.

Negociador de las Naciones Unidas en países como Afganistán y Nigeria, Busca-glia sostiene que la desarticulación del go-bierno y el desorden que priva en todo el país aumenta la percepción de inseguridad entre la gente y en la clase empresarial, a la que hoy ve paralizada y sumida en su interés de proteger sus negocios:

“El escenario de México es harto com-plicado. Estamos más cerca del abismo que antes, y este proceso está sujeto a un efecto multiplicador, pues cuanta más percepción de inseguridad tienen los em-presarios, más están dispuestos a pagar a compañías privadas estadunidenses para que les provean de cinco a 10 mercenarios que protejan su patrimonio y su vida, lo que genera más paramilitarización.”

Según Buscaglia, varios factores favo-recen la proliferación de los grupos para-militares: “El gobierno federal no puede controlar la embestida criminal debido a que su estrategia para enfrentar la tragedia social y política que vive México es me-diática. Además, es claro que el presidente Calderón está muy mal asesorado, pues sus asesores extranjeros y nacionales tienden a negar lo que todo mundo ve, y esta postura miope refleja el temor a que se desate un potencial bloqueo del flujo de inversiones extranjeras, con lo cual se les caería el mo-delo político-empresarial mafioso que pre-valece en México desde los años ochenta.

“Y es que hay grandes inversiones en determinados sectores protegidos de la economía que han sido protegidos por el partido en turno, llámese PRI, PAN o PRD, aquí no hay ideología, porque en México la simulación electoral es un de-porte nacional, pues los candidatos de to-dos los partidos están manejados por los mismos focos de poder.

vacío de poder y la falta de legitimidad del gobierno federal.

“Yo no encuentro palabras para expre-sar lo que se vive en México. Pienso en casos como el de Rusia, donde hay una delincuencia organizada consolidada y gestionada por el Estado. En ese país, si alguien es víctima de un delito y por cau-salidad le corresponde al grupo criminal protegido, al agraviado se le puede pro-cesar con una causa penal por denunciar. Ese no es el futuro que se quiere en Méxi-co, aunque por desgracia la estrategia del gobierno federal, por acción u omisión, conduce al país a una situación similar a la de Rusia.”

Fenómeno de la descomposición

La aparición en Veracruz del grupo para-militar Los Matazetas causó revuelo en el país y fuera de él, pero no es el único que opera en el territorio mexicano. Desde 2005, la descomposición de las corpora-ciones policiacas estatales y federales, así como la disputa territorial de los cárteles, han propiciado la formación de los lla-mados comandos de la muerte o núcleos paramilitares al servicio del narcotráfico.

En 1996, tras desertar del Ejército por razones hasta ahora desconocidas, surgió la organización armada Los Zetas, una de las expresiones más acabadas del pa-ramilitarismo en México. Agrupados en torno del entonces jefe del cártel del Gol-fo, Osiel Cárdenas, este grupo comenzó a sembrar violencia.

Pronto dio muestras de su poder: le-vantones, secuestros, matanzas y extorsio-nes fueron las modalidades criminales que pusieron en práctica y que hasta hoy los caracterizan, pues fue el núcleo armado ligado al narcotráfico que mejor diversi-ficó sus actividades ilegales. Actualmente son reconocidos por la DEA como un cár-tel independiente y con presencia en una veintena de entidades.

En 2005 surgió en Guerrero otro nú-cleo llamado El Comando Negro, lidera-do por agentes de la Agencia Federal de Investigación (la AFI que encabezaba Genaro García Luna, en aquel tiempo la corporación policiaca “modelo” del sexe-nio de Vicente Fox). Esos agentes federa-les estaban adscritos a la delegación de la PGR en Acapulco. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, los policías, que actuaban como secues-tradores y sicarios en sus tiempos libres, estaban al servicio del cártel de los herma-nos Beltrán Leyva.

De acuerdo con la indagatoria citada, los agentes federales participaron en el se-cuestro de un grupo de zetas que fueron entregados a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, quien junto con otros pistoleros los interrogó en una casa de seguridad

“A mí me han dicho que la simulación electoral es una falacia, porque en Méxi-co se celebran elecciones. Ante esto yo digo que, en efecto, los candidatos van a elecciones, pero están previamente pri-digitados por esos factores de poder que están tras bambalinas, y esos factores de poder son los que han generado la frag-mentación del Estado, que es responsa-ble de la paramilitarización que estamos viviendo.”

–En Colombia y otros países de Lati-noamérica hay grupos paramilitares desde hace décadas. ¿Qué otras causas dan ori-gen a ese fenómeno desestabilizador?

–En Colombia el paramilitarismo fue auspiciado por el propio Estado; era una paramilitarización centralizada. En Méxi-co la paramilitarización es un síntoma del Estado débil y fallido, y se prohija por el

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Boca del Río. La multiejecución

Buscaglia. Gobierno desarticulado

NARCOTRÁFICO

mientras los grababan. En el video, que fue entregado a la PGR y después difun-dido por internet, se observa cómo alguien encañona a uno de los presuntos zetas y le dispara en la cabeza. Todos fueron asesi-nados de la misma forma.

Por aquellos años, el cártel de Sina-loa, que encabeza Joaquín Guzmán Loera, creó su propio grupo paramilitar: Los Pe-lones. Era un equipo armado que se en-frentó a Los Zetas para expulsarlos del estado de Guerrero y así ocupar esa codi-ciada plaza. En ese estado era común ver

a grupos ligados a los cárteles de la droga desatando balaceras y matanzas sin que ninguna autoridad les pusiera freno. Hasta la fecha ocurre.

En 2008 surgió el grupo denominado La Policía del Calendario, cuyos inte-grantes presuntamente tienen formación militar y están al servicio exclusivo de Is-mael El Mayo Zambada, uno de los pilares del cártel de Sinaloa.

Esos paramilitares no aparecieron en video como Los Matazetas. Están mencionados en la averiguación previa

da, Rapé, colaborador de Milenio, Zóca-lo y El Chamuco. A inicios de septiembre decidió irse de Xalapa, donde vivía.

Por el momento, dice a este semana-rio Rapé –quien con sus caricaturas ha criticado al mandatario veracruzano des-de que era candidato–, “mi caso trata de manifestar de manera pacífica y contun-dente mi desacuerdo con las acciones del gobierno de Javier Duarte respecto a la libertad de expresión.

“Como ya todo mundo sabe, se apro-bó la famosa Ley Duarte, que lo único que busca es callar a cualquiera que mani-fieste su preocupación por la situación de pánico que se vive en el estado y a quien se atreva a criticar sus acciones.”

“Abandonar Veracruz es una decisión personal abonada por la situación de un colega que fue víctima de un intento de secuestro el 25 de agosto”; después de darle resguardo y transporte, “me sentí preocupado por mi seguridad, ya que se ve, por como se dieron los hechos y sin que podamos asegurar nada, que el in-tento de levantamiento vino de parte del mismo gobierno”, dice a Proceso.

Comenta que dos semanas después del intento de secuestro de su compañe-ro, el 10 de septiembre, “una mañana con lluviecita en el centro de la ciudad, al su-birme al coche y encenderlo accioné la palanca del limpiabrisas (mi coche, que casi nunca lavo, tiene limpiabrisas trase-ro) y medio vi por el retrovisor un mensaje en el vidrio trasero, justo antes de que el limpiador lo borrara: ‘Calladito…’.

“No pude leer lo que seguía correcta-mente, ya que lo vi al revés y el rasero fue muy rápido; lo que seguía del mensaje lo infiero, porque fue imposible leerlo. No supe qué hacer en ese momento. Me bajé del coche para tratar de tomarle una foto con mi celular, pero el mensaje ya no es-taba”, detalla.

En ese instante, apunta, “entré en un estado de pánico silencioso”. No se lo co-municó a nadie, sino que optó por quedar-se en su casa tres días hasta que decidió viajar a la Ciudad de México para “pensar las cosas con calma y consultar mi situa-ción con un colega caricaturista, quien me sugirió que hiciera público mi caso”.

Independientemente de la discreción del reportero que sufrió el intento de se-cuestro, agrega, “debido a que me pi-dió resguardo y el vehículo para trasla-darse dentro de la ciudad y denunciar su caso con las autoridades locales y des-pués dirigirse a la central de autobuses para abandonar el estado, yo ya estaba involucrado.

“Mi colega me aseguró que mi coche fue registrado por las autoridades locales en el momento en que hizo su denuncia, tomaron apunte de las placas, modelo y nombre del propietario.”

Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-ción Pública de Veracruz, emitido el 13 de febrero de 2008”, señala el decreto.

Ley Duarte

Partidos de oposición y organizaciones ci-viles ven la promulgación de la llamada Ley Duarte –que tipifica el delito de “perturba-ción al orden social” y lo castiga con en-tre uno y cuatro años de prisión– como una amenaza para las voces que han criticado a la actual administración estatal.

El coordinador del grupo parlamenta-rio del PAN en el Congreso local, Danilo Al-vízar Guerrero, lamentó que Duarte siga en la misma inercia de su antecesor en materia de comunicación social, ocasionando que los veracruzanos “recibamos informaciones parciales y hasta mentiras” de lo que ocurre en el tema de la inseguridad y la presencia de la delincuencia organizada.

El problema de la inseguridad en Vera-cruz, subraya, “se quiere tapar, y el gober-nador no se quiere ver como una persona que no está haciendo bien su trabajo; eso es lo que están tratando de vendernos a tra-vés de una errónea política de comunica-ción social, además de generar temor con la promulgación de leyes que atentan contra los derechos ciudadanos y la libertad de ex-presión”. Considera que con estas medidas “están tratando de decir que todo está bien, cuando realmente no lo está”.

“Si ya estamos conscientes de que hay enfrentamientos o que hay grupos delicti-vos inmiscuidos en muchas áreas en el es-tado, haría que estuviéramos más atentos si el gobierno informara con la verdad y no con mentiras”; por ello ahora las redes sociales se han convertido en un medio importante para difundir este tipo de hechos.

En este contexto, dice, es lamentable que los periodistas ahora tengan que cuidarse de

la delincuencia, “pero también del gobierno, sobre todo el reportero que hace periodismo de investigación, ya que cuando empiezan a encontrar algunos hilos que no convienen a al-gunos políticos, los reprimen y amenazan”.

Duarte, apunta, no termina de meterse en escándalos que han rebasado el ámbito na-cional, como con los tuiteros acusados de terrorismo y sabotaje, y aunque está come-tiendo graves errores en materia de comu-nicación social, “lo que nos pega a todos es que está coartando la libertad de expresión y el derecho a la información, como haber se-cuestrado la revista Proceso con la intención de que no nos enteráramos del reportaje de-dicado a Veracruz en el tema de la violencia”.

El legislador perredista Rogelio Franco Castán cuestionó también la política de este gobierno de ocultar la información al decla-rarla protegida para que ni el Instituto Vera-cruzano de Acceso a la Información pueda enterarse de cuánto se ejerce en esa área de la administración estatal.

Señala que, en lugar de ocultar la infor-mación, el gobierno debería buscar herra-mientas que le permitan difundir con eficacia, prontitud y certeza “situaciones de riesgo ge-neradas por la ola de violencia que hoy en-frentamos en la entidad”, ya que esta situa-ción sólo ha provocado rumores y psicosis.

“Más que amenazar y meterle temor a la gente de que podría ser aprehendida o encar-celada por difundir por algún medio hechos que ponen en riesgo su vida y la de sus fami-liares, debería ver en positivo y construir cana-les inmediatos de comunicación que permitan a la sociedad prevenir esos riesgos”, subraya.

El perredista se suma a las voces que han criticado que la edición de Proceso de la se-mana pasada haya sido secuestrada en Ve-racruz. “Es lamentable y bochornoso que es-to ocurra en el estado, cuando toda la sociedad sabe lo que está pasando en la entidad en el te-ma de violencia y que hay graves problemas de inseguridad, problema que insisten en ocultar”.

En tanto, para organizaciones civiles del colectivo Caravana por la Paz en Xalapa, en solidaridad con el movimiento encabezado por Javier Sicilia, el hecho de que el gobier-no estatal trate de ocultar la información, lo haga a medias o con tendencia, “hace mu-cho daño a la ciudadanía”.

Y es que esta situación sólo genera con-fusión, mayor inseguridad, miedo, psicosis e histeria entre la población “al no saber con certeza qué es lo que realmente está pasan-do, cuando cada día hay sucesos más esca-lofriantes, como los 35 cuerpos que fueron arrojados hace unos días en la vía pública en Boca del Río”, dice a este semanario el activista Carlos Ortega.

Éxodo

La incertidumbre y el terror en el gremio han dado pie a un éxodo silencioso. El caso más reciente es el del caricaturista Rafael Pine-

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Duarte. Inercias y mentiras

Herrera Beltrán. Lucimiento mediático

Continúa...

PGR/SIEDO/UEIDCS/256/2008, inte-grada por la PGR en contra del presunto narco colombiano Ever Villafañe Martí-nez o Marco Antonio Espinoza Tovali. La compañera sentimental de éste, Altagracia Espinoza Aguilar, refiere ahí que tanto ella como su novio fueron secuestrados por La Policía del Calendario el 30 de julio de 2008, cuando circulaban por la carretera libre a Cuernavaca, Morelos.

Ella declara que los sicarios al servicio de El Mayo la torturaron al tiempo que le mostraban fotografías de Arturo Beltrán Leyva, capo que presuntamente estaba re-lacionado con Villafañe y a quien Zamba-da pretendía eliminar.

Además, a principios del presente año, el Frente Nacional de Lucha por el Socia-lismo (FNLS) denunció que en Chiapas operan grupos paramilitares que tienen asoladas a poblaciones como Las Perlas, en el municipio de Altamirano, y El Carri-zal, comunidad de Ocosingo.

En un comunicado, ese frente denun-ció que los paramilitares están encabeza-dos por Humberto Castellanos y acusaron al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, de auspiciar el surgimiento de este tipo de organizaciones en todo el estado “para aca-llar a los grupos de campesinos disidentes”.

El 23 de septiembre, dos días después de que fueron arrojados 35 cadáveres de presuntos zetas en plena zona turística de Veracruz-Boca del Río, apareció en el portal conocido como El Blog del Narco

un video en el que cinco personas encapu-chadas, desarmadas y totalmente vestidas de negro hablan sobre ese hecho y hacen pública la existencia de su nueva organi-zación: Los Matazetas.

También dijeron ser miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, un brazo del cártel de Sinaloa que, según las autoridades, proviene de la célula que en-cabezó Nacho Coronel, muerto el 29 de julio de 2010 durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio jalisciense de Zapopan.

La aparición de este grupo paramilitar que dice tener la misión de limpiar al es-tado de Veracruz de los grupos que extor-sionan y secuestran –además de “respetar a los poderes ejecutivos” tanto federal co-mo estatal y comprender que las Fuerzas Armadas no puedan actuar al margen de la ley–, causó temor porque aviva la sos-pecha de que los grupos paramilitares em-piezan a suplantar al Estado en tareas de esta naturaleza.

Los Matazetas ofrecieron una “disculpa” al pueblo veracruzano por la violencia que se ha desatado, al tiempo de que se adjudica-ron la muerte de los 35 presuntos zetas. Sin embargo, el gobierno de Veracruz niega la existencia del grupo paramilitar y de manera conjunta con la PGR investiga la masacre.

Por su parte, el gobierno federal reco-noció la existencia del grupo, pero tuvo el cuidado de no referirse directamente a él como Matazetas. El 27 de septiembre,

NARCOTRÁFICO

sin entrar en detalles, el secretario de Go-bernación, José Francisco Blake, leyó un comunicado en el que expuso que el go-bierno federal es el que encabeza la lucha contra el crimen organizado con funda-mento en la ley y a través de las institu-ciones formalmente constituidas para ello.

Sin nombrar a los Matazetas, cuyo vi-deo han visto más de 65 mil personas en internet, Blake Mora añadió: “Cualquier otra expresión al margen de la ley que pre-tenda erigirse en combatiente del crimen carece de legitimidad necesaria y, con independencia de la causa o motivación, enfrentará la fuerza del Estado”.

Un día después, el 28 de septiembre, Alejandra Sota Mirafuentes, vocera del gobierno federal, negó que en el país ope-ren paramilitares, y se refirió implícita-mente a Los Matazetas al reiterar: “Todo grupo que actúa al margen de la ley, que pone en riesgo la tranquilidad, la segu-ridad y la dignidad de las personas, será perseguido y llevado ante la justicia.

“Veracruz no será la excepción. La ubicación geográfica de Veracruz lo con-vierte en un punto estratégico para redes criminales. Su infraestructura portuaria y su colindancia con Tabasco y Chiapas, es-tados fronterizos con Guatemala, y por el otro lado con Tamaulipas, la frontera con el mayor intercambio comercial con Esta-dos Unidos, hacen de la entidad un paso codiciado para el trasiego de drogas hacia el centro y norte del país.”

Edgardo Buscaglia cuestiona que el gobierno federal no reconozca directa-mente a los grupos paramilitares, pues señala que en varias entidades del país ya suplantaron al propio Estado:

“Hay diversos grupos paramilitares que ofrecen resolver homicidios, cobrar una deuda o investigar casos de desapari-ciones. Esto es evidente en Guerrero, en Durango y en Sinaloa, bolsones territoria-les donde ya es claro el Estado fallido. De seguir esa orgía de corrupción y de finan-ciamiento electoral por parte del narco, y en este caos institucional, no veo para México otro fin que precipitarse a un abis-mo como el que vive Afganistán.”

–¿Qué pasa con las clases empresarial y política? ¿Están dormida?

–Tratan de proteger sus propios intere-ses pero no se dan cuenta de que colectiva-mente están perdiendo todo. Eso en teoría de los juegos se llama “el dilema del pri-sionero”. La reacción de los empresarios vendrá cuando el narco les penetre sus círculos sociales, les derribe sus aviones o les haga estallar bombas en sus casas o empresas, como pasó en Colombia.

“La clase empresarial actuará cuando sienta tanto dolor y sufrimiento como los padres o las madres de Ciudad Juárez que han perdido a sus seres queridos, y vivan el calvario de no encontrarlos.”

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Torreón. Narcomanta contra “El Chapo”

Continúa...

privados se dedican a eliminar a los delin-cuentes de cualquier cártel.

El pasado 20 de julio, alrededor de las siete de la noche, dos menores de edad se bajaron de un vehículo en la Rotonda de los Duendes, en dicha localidad. Portaban armas largas. Ahí se hallaba estacionada una patrulla conducida por el agente de tránsito José Antonio Coronado Ábre-go, quien fue acribillado por los jóvenes. Después de asesinar al oficial metieron un papel en una bolsa de su pantalón con un texto dirigido al alcalde y a los jefes poli-ciacos municipales:

“Saludos a los nuevos jefes aquí esta-mos. Juanito y Chuyito ponganse al tiro por-que nos van a conocer. Mauri vamos a jalar parejos que no? Atte. Comandante Azero.”

A las 13:15 del día siguiente Romel Alán Treviño Villarreal, El Comandante Azero, conducía por la calzada San Pedro, a pocos metros de donde fue acribillado el agente de tránsito. Un auto le cerró el paso y desde otra camioneta accionaron fusiles de asalto contra el conductor y su acompañante, Jonathán Velasco Mendo-za, quien quedó herido y fue trasladado a un hospital.

“El chiste le duró al señor 12 horas, por-que ni siquiera tuvo oportunidad, al final de cuentas, ni de asentarse. Alguien lo mató y pasó a mejor vida”, dijo Mauricio Fernán-dez, alcalde de San Pedro al confirmar que Romel Alán era El Comandante Azero.

Fernández aseguró que “según sus fuentes”, Treviño Villarreal había llegado a San Pedro procedente de Durango e in-tentaba quedarse con la plaza. “Después de su muerte volvió todo a la tranquili-dad”, enfatizó el alcalde, famoso desde antes de tomar posesión al anunciar que formaría un “grupo rudo” para sacar a los narcotraficantes y secuestradores de su municipio.

En San Pedro Garza García, parte de la zona metropolitana de Monterrey, habitan los ejecutivos de algunas de las mayores empresas del país: Cemex, Alfa, Vitro, Femsa, Gruma-Banorte, Villacero-Afir-me, entre otras.

Estos ejecutivos colaboran con el al-calde Mauricio Fernández –miembro de la familia que controla la mayoría de las ac-ciones del Grupo Alfa– para invertir 2 mil millones de pesos a fin de blindar y aislar a San Pedro de la violencia que aqueja a la vecina Monterrey. Parte de esa inversión se destinará a colocar más de 2 mil cáma-ras de alta tecnología para cubrir todos los puntos del municipio.

El cable del cónsul

El Grupo de los Diez, los empresarios más importantes de Monterrey, está preocupa-do por el aumento de los secuestros y para prevenirlos ahora trabaja con consultores

NARCOTRÁFICO

estadunidenses e incluso capacita a fuer-zas estatales en sus academias privadas para evitar que la inseguridad se extienda a San Pedro, según algunos de los cables del Departamento Estado difundidos por WikiLeaks.

Un cable confidencial, elaborado el 28 de enero de 2010 por Bruce Williamson, cónsul de Estados Unidos en Monterrey, describe esas acciones:

“El director ejecutivo de la Caintra, una de las más importantes asociaciones de la industria de Monterrey, dijo a fun-cionarios del consulado que la comunidad empresarial está dispuesta a ofrecer toda la ayuda que se necesita. Mientras tanto, Mauricio Ramos, un experto de una res-petada empresa de seguridad que trabaja con la industria privada, financia una or-ganización antisecuestros, Planificación Consultores (con sede en Monterrey), y ha ofrecido todo su apoyo.

“Ramos encabeza el esfuerzo del Grupo de los Diez (las empresas éli-te de la ciudad) dirigido a fortalecer las capacidades de la unidad antisecuestros del estado, presionando por cambios en el Código Penal que rige en la entidad”, especificó Williamson, experto en cues-tiones de seguridad.

Mauricio Ramos se ha desempeñado también como asesor de Femsa y ha co-laborado en la “academia” que tiene esa empresa para capacitar a escoltas privados y donde incluso se han entrenado jefes po-liciacos del estado.

“La prevención del secuestro es la ra-zón principal para que los jefes de algu-nas de las compañías más influyentes de Monterrey fundaran la empresa Consulto-res de Planificación de Ramos. El sector empresarial continúa ofreciendo su apoyo cuando sea necesario. Por ejemplo, an-

te la ausencia de una moderna Academia de Policía en el estado, la empresa Femsa –una de las empresas más exitosas de la ciudad– está ofreciendo facilidades para formar en técnicas de seguridad a personal estatal”, agrega el cónsul.

Cabe mencionar que los escoltas capa-citados en la academia de Femsa no han salido bien librados cuando se han enfren-tado con sicarios: El 20 de agosto de 2010, hacia las 14:30, escoltas de Femsa que patrullaban las inmediaciones del Colegio Americano, en el municipio metropolita-no de Santa Catarina, se toparon con un convoy de delincuentes armados.

Éstos confundieron a los escoltas con miembros de un grupo rival, por lo que se desató un tiroteo que duró varios minutos y causó pánico entre los alumnos del Co-legio Americano, donde estudian hijos de los directivos de empresas y de diplomá-ticos del consulado de Estados Unidos en Monterrey.

Al término del intercambio de tiros, dos escoltas estaban muertos y sus cuer-pos fueron recogidos por los delincuentes; cuatro más fueron levantados.

Horas después, la empresa emitió un comunicado en el que informó que “la Agencia Estatal de Investigaciones fue notificada por parte de Femsa sobre la muerte de los dos escoltas y la liberación de los cuatro que fueron plagiados”, quie-nes fueron abandonados en un auto afuera de la empresa.

El incidente, que primero se reportó como el intento de secuestro del hijo de un “prominente empresario”, hizo que el Departamento de Estado estadunidense ordenara sacar de Monterrey a todos los hijos de su personal diplomático.

El decreto del Departamento de Estado terminó por agudizar la crisis de inseguri-

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Fernández Garza. Blindaje cuestionado

MONTERREY, NL.- La for-mación de comandos que se ostentan como mataze-tas no constituye un fenó-meno reciente. Al menos en el caso de Monterrey y

su zona metropolitana, actúan de hecho desde marzo de 2010. Se trata de grupos que presuntamente pertenecen a los cárte-les del Golfo y de Sinaloa, así como a La Familia Michoacana.

Distintas versiones sostienen además que en San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio de mayor ingreso per cápita de México, grupos paramilitares

Grupos paramilitares de matazetas , como el que irrumpió hace dos semanas en Veracruz, operan desde el año pa-sado en Monterrey y están conformados por cárteles riva-les, aunque también destaca el caso de los Rudos de San Pedro Garza García, quienes se propusieron preservar la pureza del municipio más rico del país. Pero las acciones de estos “justicieros” no han hecho más que impulsar la espiral de violencia en la capital de Nuevo León.

“justicieros”de Nuevo León

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lLa captura de “Chico Malo” y su socio

NARCOTRÁFICO

VERÓNICA ESPINOSA

CALERA, ZAC.- Antes de llegar a Río Frío, la carretera que sale de la cabecera municipal marca un camino de terracería que termi-na en el predio Las Negritas, un relleno sanitario convertido hoy

en un inmenso crematorio clandestino pa-ra las víctimas de la guerra emprendida por el gobierno federal contra el narco.

Ahí la humareda es permanente; ahí también se localizó la primera narcofosa si-milar a las de San Fernando y Durango, con miles de minúsculos fragmentos de huesos humanos de las víctimas de los sicarios que merodean por los territorios en disputa.

Un grupo de arqueólogos y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y alumnos de Criminología de la Universi-dad Autónoma de Durango (campus Zaca-tecas) llevan dos meses intentando recons-truir el escenario para determinar cómo fue la matanza en el predio Las Negritas.

Aquí, dicen, no entraron retroexcava-doras ni palas, como en San Fernando y Durango. ¿La razón?: Cientos, miles de pequeños fragmentos de osamentas huma-nas enterrados y semienterrados en medio de montones de huesos de mango, cásca-ras de fruta y otros desechos tienen el co-lor y el olor de la ceniza. Están calcinados.

No se sabe desde cuándo; tampoco se dice quiénes los ejecutaron. Aunque no hay que adivinar mucho, pues alrededor del lugar se encontraron cientos de cas-quillos y balas.

No hay más sombra que la de algunos huizaches y nopaleras en los alrededores; también una derruida construcción de adobe sin techo, desde donde policías ministeriales vigilan las labores forenses. Lo hacen sólo durante el día, porque de noche, como ocurre en diversos puntos, Zacatecas es de nadie.

La entidad está vulnerada por la in-capacidad del gobierno que encabeza el priista Miguel Alonso Reyes –cuyo gabi-nete de seguridad se encuentra en crisis y sus policías son insuficientes o carecen de certificación– y endeudado por la cons-trucción de tres bases del Ejército que, co-mo cuota mínima, debe pagar para la sal-vaguarda de los zacatecanos.

La más grande de las bases se levanta ya en Fresnillo –ocupa el doble de superfi-

Ante la violencia criminal que envuelve a Zacatecas y exhibe la inoperancia del sistema de seguridad del gobierno de Miguel Alonso Reyes, la Secretaría de la Defensa Nacional comenzó a construir tres bases mi-litares para enfrentar a la delincuencia organizada. Mientras tanto, peritos forenses de la procuraduría es-tatal, apoyados por especialistas de las universidades de Zacatecas y Durango, llevan dos meses tratando de identificar los miles de fragmentos de osamentas hu-manas localizadas en el tiradero de Las Negritas, lu-gar que sintetiza el horror que viven los zacatecanos.

En Zacatecas,radiografía del horror

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dad que priva en la capital de Nuevo León, que comenzó en marzo de 2010 cuando en la ciudad aparecieron numerosas mantas anunciando una alianza entre el cártel del Golfo, el de Sinaloa y La Familia Michoa-cana contra Los Zetas.

La “narcoguerra” que encabezó el cártel del Golfo contra su antiguo brazo armado provocó que el número de asesi-natos violentos creciera exponencialmen-te en la zona metropolitana de Monterrey, de 4.6 millones de habitantes.

Según la Procuraduría General de Jus-ticia de Nuevo León en 2009, los crímenes relacionados con la delincuencia organi-zada apenas eran 267; el siguiente año se dispararon a 828 y en lo que va de 2011 ya son más de mil 400.

El cártel del Golfo envió a varios comandos para limpiar de zetas Nuevo León. Uno lo encabezaba Yahir Pérez López, quien se concentró en eliminar a los policías que colaboraban con el gru-po rival. La caída del Yahir comenzó el pasado 4 de febrero cuando agentes de la Policía Federal (PF) le marcaron el alto a una camioneta:

“Una vez detenida la marcha del ve-hículo, los elementos de la Policía Federal realizaron una revisión minuciosa de la uni-dad, en la que encontraron un compartimen-to oculto entre la barra del chasis y el piso, donde estaban escondidas una gran cantidad de cartuchos y armas”, precisó un comuni-cado de la PF.

El conductor se identificó como Rober-to Pérez Mayorga, El Mayorga, de 38 años, “quien refirió que pertenece a la organización delictiva cártel del Golfo, y que el cargamento lo llevaba a una casa de seguridad ubicada en el municipio de Guadalupe, que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey”.

Horas después, la PF realizó un operativo en la colonia Bosques del Country, en Gua-dalupe, donde capturaron a Yahir Pérez y 14 cómplices, entre ellas un menor de edad, a quienes les decomisaron 11 armas largas.

Yahir “ha confesado, junto con alguno de sus integrantes de la banda, más de 21 homicidios, de los cuales se derivan mu-chos de los actos de violencia que el esta-do ha venido recibiendo desde el pasado mes de octubre”, informó en su momento Jorge Domene, portavoz del Consejo de Seguridad estatal. Entre otros asesina-tos que cometió están los de 10 policías, agentes de tránsito y celadores.

También confesó haber ordenado el lanzamiento de dos granadas al cuartel de la Zona Norte de la Secretaría de Seguri-dad Pública del estado y una serie de ata-ques con granadas contra el penal de Topo Chico así como atentados con explosivos contra cuarteles de la policía estatal y cor-poraciones municipales.

“Grupo Rudo”

En el caso de los paramilitares, el Grupo Rudo creado por el alcalde de San Pedro

–y aparentemente ya desmantelado– es el mejor ejemplo de los esfuerzos privados por evitar que la delincuencia organizada opere en ese municipio.

Curiosamente los “rudos” estuvieron encabezados por Alberto Mendoza Con-treras, El Chico Malo, quien después fue miembro el cártel de los Beltrán Leyva y fue capturado por la Marina el 18 de mar-zo de 2010.

“Resultado de las operaciones de in-teligencia naval fue asegurado Mendoza Contreras así como Hugo López Reyes, junto con dos vehículos, 322 mil pesos en efectivo, 14 teléfonos celulares, dos computadoras, cinco armas largas y equipo de espionaje de alta tecnología”, precisó un comunicado de la Armada después de su captura.

La Marina aseguró que Mendoza Con-treras operaba en la plaza de San Pedro Garza García desde finales de 2009 ade-más de trabajar para los hermanos Beltrán Leyva también realizaba operaciones de espionaje para los jefes de otros cárteles, como Nacho Coronel y Juan José Esparra-goza, El Azul.

Supuestamente otro de los integrantes del Grupo Rudo era Francisco Martínez Cárdenas, hijo del exgobernador Alfonso Martínez Domínguez, quien también fue detenido por la Armada.

Francisco Martínez fue señalado como uno de los tres pilares de los ru-dos, junto al exsecretario de Seguridad Municipal Luis Cortés Ochoa y El Chi-co Malo. Se encargaba de “pasarles la charola” a los empresarios dueños de antros de San Pedro para financiar al grupo.

El Grupo Rudo fue el que ubicó a Héc-tor El Negro Saldaña, otro exmiembro del cártel de Arturo Beltrán Leyva, quien abandonó esa banda para dedicarse a se-cuestrar jóvenes que salían de los exclu-sivos antros y exigir pagos millonarios a sus familias. Además extorsionaba a los bares, antros y discotecas del municipio exigiendo entre 100 mil y 250 mil pesos mensuales.

El Negro Saldaña, quien se paseaba por San Pedro en un Lamborghini sin placas, había puesto precio a la cabeza de Mauricio Fernández. Sin embargo otros sicarios lo ubicaron primero y lo ejecutaron; su cuerpo y los de su herma-no y dos personas más fueron hallados en una camioneta en la delegación Mi-guel Hidalgo del Distrito Federal en oc-tubre de 2009.

Sus asesinos dejaron dos cartulinas con sendos mensajes: “Por secuestrador” y “Job 38:15”, un versículo bíblico que dice “Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebran-tado”. Un raro mensaje para el tradicio-nal sicario que opera en México.

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AVISO A LOS LECTORES

Los cárteles del narcotráfico continúan imponiendo su ley en prácticamente todo el país. Proceso asume la política de proteger a sus reporteros y corresponsales presentando –de manera excepcional— ciertas notas y reportajes relacionados con el narcotráfico sin su firma. Del contenido de esos trabajos se hace responsa-ble nuestra casa editorial.

“Zetas” caídos en Monterrey. Cuota de sangre

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Cenizas de muerte

Entre los cerros de cenizas humeantes del predio Las Negritas, los arqueólogos ha-llaron el fragmento de una vértebra que, según las pruebas de genética de los peri-tos de la procuraduría estatal, perteneció a Ernesto Cordero Anguiano, uno de los ca-zadores originarios de León, cuyas desapa-riciones fueron denunciadas ante una dele-gación de la Organización de las Naciones Unidas que visitó el país en marzo pasado (Proceso 1796).

Por el hallazgo, se presume que ocho de los 10 cazadores que en diciembre de 2010 viajaron a practicar la cinegética en la Sierra de Morones, al suroeste de Zaca-tecas, fueron ultimados en ese lugar. El día 6, habían sido capturados por preventi-vos del municipio El Plateado de Joaquín Amaro, quienes los entregaron a un gru-po armado en una gasolinera de la capital, según el procurador Arturo Nahle García.

Elementos de la Secretaría de la De-fensa Nacional (Sedena) aseguran que An-tonio Martínez Olivares, oriundo de Jalis-co y uno de los dos cazadores que lograron escapar –el otro fue un menor–, los llevó a Las Negritas el 6 de julio último.

Así fue como salió a la luz lo que ocu-rrió en el tiradero, ubicado a cinco kilóme-tros de la cabecera de Calera. Hoy, los lu-gareños aún tiran ahí sus bolsas y cajas de basura, como constató Proceso el pasado 28 de septiembre.

“Es un basurero. Los vecinos aseguran que por ahí llegaron a ver gente armada y también soldados. Antonio Martínez dice que de ahí corrió cuando los estaban tortu-rando (a los cazadores) y se escondió tras unos matorrales. Desde ahí escuchó las rá-fagas de disparos”, asegura el procurador.

A principios de agosto, los peritos de la procuraduría comenzaron sus pesqui-sas de campo que, dicen, no saben cuán-do terminarán.

Hasta agosto pasado, la fábrica Jugos del Valle, cuyas oficinas se encuentran en Calera, arrojaba sus desechos en ese depó-sito. Dejó de hacerlo cuando llegaron los peritos forenses.

El tiradero ocupa una hectárea y tiene una rampa de varios niveles en los que se acumulaban basura, desechos y, ahora se sa-be, osamentas humanas.

Al principio, la procuraduría pidió ayuda a la Unidad de Antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, lue-go al personal de Criminología del cam-pus Zacatecas de la Universidad Autóno-ma de Durango para el diseño y aplicación de un proyecto de excavación. El procu-rador Nahle asegura que se han encontra-do miles de fracciones óseas en ese lugar.

–¿Se sabe cuándo comenzaron a ser arrojados y quemados?

–No se ha podido determinar la anti-

güedad de los restos. El 99% está calcina-do; además, la flora y la fauna han contri-buido al deterioro de los restos.

Los trabajos forenses son coordina-dos por Antonio Muñoz Quintero, direc-tor de Servicios Periciales de la procura-duría, quien asegura a la reportera que ésta es una experiencia inédita en Zacatecas:

“Es una especie de excavación que ha-cía las veces de relleno. Eso generó mu-chos problemas. La gran cantidad de desechos que estaban por encima, sedi-mentando los restos. Hicimos un rastreo para delimitar el terreno, que se dividió en cuadrantes para ubicar los sitios donde se encuentra cada pieza.”

Muñoz Quintero comenta que aquí no se quiso caer en errores, como en San Fer-nando o Durango, donde “por la premura, o por lo inédito del fenómeno, no se en-tendió que éste es un peritaje fino. Lo de menos hubiera sido meter una excavadora o gente con picos y palas para escarbar”.

El predio se dividió en cuadrantes de cinco metros cuadrados. Hoy, los trabajos se concentran en el cuadrante 34 oeste. Ca-da día, dice, se encuentran alrededor de 200 minúsculos fragmentos en promedio. Una vez localizados son cepillados y se separan para embalarlos en bolsas de seguridad se-lladas; luego son trasladados a las instala-ciones de medicina legal y de ahí a las de genética forense, para su análisis.

Vértebras, partes de fémur, de cráneos, de costillas, de omóplatos, dientes, que son las piezas humanas que más soportan el calor, son de suma utilidad para la iden-tificación morfológica y genética, explica Muñoz Quintero.

Hasta ahora, dice, se han analizado 3 mil de los 4 mil minúsculos fragmentos, y eso que sólo se ha excavado alrededor de una tercera parte del predio. Y aclara que la identificación se complica porque los restos “estuvieron sometidos un largo tiempo al fuego directo”.

–¿Está confirmado que son humanos? –Completamente.

Violencia desbordada

En 2002, el relleno sanitario de Las Negri-tas fue clausurado, pero dos años después fue reabierto. Hoy, los fragmentos calci-nados confirman que ese relleno se utilizó para la cremación de personas.

Aquí también “hemos encontrado cien-tos de casquillos de bala y proyectiles de pequeño y grueso calibre, elementos que indican que hubo una inhumación; también cadenitas, dijes, anillos, botones, cremalle-ras, ropa, monedas”, dice Muñoz Quintero.

Y se pregunta: “¿Quién iba a pensar que íbamos a tener un caso de este tipo en Zaca-tecas? Creo que nadie... Cuando me pregun-tan qué es lo más feo que he visto. Yo res-pondo: primero defínanme qué es lo feo”.

Además de su labor en Las Negritas, los peritos de la procuraduría tienen que auscultar los cuerpos de los muertos en los enfrentamientos que ocurren en todos los puntos cardinales del estado.

El 17 de septiembre le tocó a Mezqui-tal del Oro, cuando tropas del Ejército se toparon con un convoy de vehículos de presuntos sicarios del cártel del Golfo y se desató la balacera. Los soldados captura-ron a cuatro personas y aseguraron 11 ar-mas largas, dos fusiles, varias granadas y más de 12 mil cartuchos de diferentes ca-libres, además de 48 kilos de mariguana.

También encontraron pantalones tipo militar y 11 camisetas con un bordado pe-culiar: “Tamaulipas-Zacatecas”.

De los detenidos, dos fueron consigna-dos y enviados al Centro de Readaptación Social de Villa Aldama, en Veracruz; otros dos menores, uno de Guatemala y otro de Tabasco, fueron recluidos en el Centro de Internamiento Juvenil de Zacatecas.

Tres días después, un comando de pre-suntos zetas llegó al centro juvenil y pidió al personal que les entregara a los dos me-nores. Los custodios sacaron a los adoles-centes de 14 y 17 años. Ambos fueron arro-jados al piso por los sicarios, quienes los esposaron y golpearon antes de llevárselos.

El día 23, agentes de Jalisco partici-paron en un enfrentamiento con hombres armados en Huejúcar, que se extendió al municipio zacatecano de Tepetongo. En su huida, los sicarios dispararon a la fa-chada de la presidencia municipal y a la comandancia de policía.

Horas después, ese comando sacó del hospital de Jerez a ocho enfermeros, a va-rios médicos y se los llevó en tres ambu-lancias a Huejúcar, para que atendieran a sus compañeros heridos. Los soltaron al día siguiente.

El 25 de septiembre, Los Zetas ataca-ron la comandancia de Trinidad García de la Cadena, otro municipio colindante con Jalisco. En la refriega murieron tres jóve-nes de 15 y 16 años que viajaban en un au-to que se cruzó con ellos en la carretera.

De camino a Trinidad, los ministeriales localizaron cinco camionetas de Los Zetas, aún con armas y granadas en su interior, pero sin ningún ocupante. Los vehículos tenían impactos de bala.

El día 27 apareció en Youtube un video titulado Confesión de zetas en García de la Cadena. En él, tres hombres maniatados y golpeados admiten haber sido responsables del ataque a la comandancia. Una voz en off los interroga y enumera a los presuntos co-mandantes zetas que ordenaron esa y otras acciones violentas, incluida la matanza de los migrantes en San Fernando.

Y advierte: “Aquí tienen a los bastar-dos zetas que cometieron el atentado y mataron gente inocente, para que se den cuenta de que fueron detenidos...”.

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cie que la Zona Militar de Guadalupe–. El 6 de septiembre, cuando colocó la primera piedra en Fresnillo, Alonso Reyes anunció que su gobierno destinará 600 millones de pesos a las tres sedes.

Los grupos que se disputan el territorio –Los Zetas y los cárteles Unidos y del Gol-fo– se desplazan en caravanas de lujosos ve-hículos por las carreteras del sur del estado, por Fresnillo, por Villanueva, por Mazapil.

Es común que sicarios de los cárteles Unidos y del Golfo entren a las plazas y adviertan a los uniformados y a la pobla-ción que acaban de exterminar a sus riva-les de Los Zetas. Así lo hicieron el pasado 10 de septiembre en Juchipila, a 200 kiló-metros de la capital.

El desafío entre las bandas delincuen-ciales es abierto. Y en ese escenario tam-bién hay fricciones que cimbran al PRI y al PAN. El 8 de septiembre último, mien-tras Alonso Reyes presentaba su primer in-forme ante el Congreso –sus invitados eran Enrique Peña Nieto, Humberto Moreira y el senador Manlio Fabio Beltrones–, en Vi-llanueva un grupo de policías federales y si-carios tuvieron un enfrentamiento.

En la refriega murieron siete sicarios y dos agentes, mientras que 11 compañeros suyos resultaron heridos, de acuerdo con el reporte oficial. No obstante, hace tiem-po que las cifras ya no concuerdan con los testimonios de los lugareños.

Un día antes, el 7 de septiembre, Los Zetas habían levantado a dos federales en la carretera 71 cuando patrullaban el tra-mo Aguascalientes-Luis Moya.

El día 13 por la mañana, a la Policía Mi-nisterial llegó una llamada en la que se le in-formaba del hallazgo de cuatro cadáveres en un camino cercano a la comunidad de Estan-cia de Ánimas, municipio de Villa de Gonzá-lez Ortega. Los cuerpos estaban atados con cinta canela –uno incluso tenía las manos es-posadas– y con un mensaje en el cual se leía que se trataba de “los responsables de levan-tar a los dos federales”.

Los pobladores son testigos de las ma-tanzas en plazas y localidades, como la de Mezquital; del ataque a la comandancia de Trinidad García de la Cadena; del halco-neo de preventivos municipales, como en Guadalupe o en la capital; de la incursión armada a hospitales, como en Jerez o Fres-nillo, para obligar al personal a atender a los sicarios heridos en los enfrentamientos con grupos rivales; innumerables solda-dos, marinos y federales muertos en esta guerra, cuya cifra negra permanece inten-cionalmente oculta.

En las escuelas, los directivos se ente-ran incluso por videos de la forma en que los sicarios ingresan a las aulas de prepa-ratorias de Fresnillo, feudo de Los Zetas, y ofrecen a los alumnos arma, vehículo y 5 mil pesos mensuales para que se vayan con ellos. Le

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Las Negritas. Crematorio clandestino

Las cifras que aporta un diagnóstico reciente del De-partamento de Justicia de Estados Unidos contradicen el discurso del presidente Barack Obama, quien insiste en que se va ganando la lucha contra el tráfico de dro-gas en su país. El informe apunta a lo contrario. Destaca que en poco tiempo consolidarán su poderío las organi-zaciones mexicanas del narcotráfico que operan en EU y estima que el costo que la sociedad estadunidense paga por el consumo de drogas asciende a más de 200 mil millones de dólares al año.

J. JESÚS ESQUIVEL

WASHINGTON.- En su diag-nóstico sobre la presencia de los cárteles mexicanos en Estados Unidos, el go-bierno de Barack Obama asegura que éstos seguirán

dominando el tráfico de drogas al mayo-reo y es previsible que en el futuro conso-liden sus posiciones mediante la colabora-ción con pandillas locales.

“De los siete principales cárteles mexi-canos –Sinaloa, Los Zetas, Golfo, Juá-rez, Beltrán Leyva, La Familia Michoa-cana y Tijuana–, el de Sinaloa es el más prominente, porque sus integrantes trafi-can las principales drogas ilícitas que se consumen y porque su amplia red de dis-tribución las lleva a todas las regiones del país”, indica la Evaluación Nacio-nal sobre la Amenaza de las Drogas 2011 (NDTA), que dio a conocer hace unos días el Departamento de Justicia.

El reporte de 65 páginas, cuya copia tie-ne Proceso, destaca un dato más preocu-pante: en sólo dos años creció más de 500% la presencia de los cárteles mexicanos en Estados Unidos. Y precisa: “Las organi-zaciones trasnacionales del crimen (OTC) asentadas en México estaban operando en más de mil ciudades estadunidenses duran-te 2009 y 2010”.

La NDTA correspondiente a 2008 re-veló que ese año los cárteles mexicanos tenían presencia en 200 ciudades (Proce-so 1649).

Las conclusiones y datos del último re-porte (que incluyen gráficas, mapas y esta-dísticas) sobre la amenaza de las drogas en Estados Unidos contradicen a Obama, pues el mandatario insiste en que se está ganan-

do la lucha contra el narcotráfico y sigue a la baja el consumo de estupefacientes.

“La habilidad de los cárteles mexicanos en la producción y distribución de marigua-na, metanfetaminas y heroína garantizará la rápida disponibilidad de las drogas en los mercados de Estados Unidos”, destaca la NDTA elaborada por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC) del De-partamento de Justicia.

La encuesta, que terminó de elaborarse en agosto pasado y se dio a conocer la últi-ma semana del año fiscal 2011 –que acabó el pasado 30 de septiembre–, presenta conclu-siones muy poco halagüeñas respecto del fu-turo de la lucha contra el narcotráfico. El he-cho de que los cárteles mexicanos dominen la producción, trasiego, distribución y venta de las drogas en este país es, para el Depar-tamento de Justicia, un indicio de la derrota.

“Estas ventajas son inmunes a cambios significativos en el corto plazo y garanti-zan el dominio de los cárteles mexicanos por lo menos para varios años”, subraya el estudio.

Control total

El informe que recopila las investigacio-nes y conclusiones de todas las agencias federales, estatales y locales dedicadas a combatir el tráfico y consumo de drogas enfatiza además que el cártel de Sinaloa quiere ser la principal potencia criminal en todo el país:

“Desde 2004, Joaquín El Chapo Guz-mán, líder de esa organización delictiva, in-tentó monopolizar el mercado de las drogas de Estados Unidos”, establece el reporte.

El gobierno de Obama le atribuye a este grupo gran capacidad de dominio, porque considera que es una de las pocas OTC que pueden obtener grandes cantidades de co-caína procedente de Sudamérica. También es capaz de producir enormes volúmenes de heroína, mariguana y metanfetaminas.

Cada año, el Departamento de Justi-cia presenta –mediante la NDTA– un pa-norama positivo de la lucha contra las drogas. No obstante el contenido de su último informe –como ya se indicó– des-miente a la Casa Blanca respecto de la presunta disminución en el consumo do-méstico de estupefacientes.

“Sigue incrementándose el abuso en el consumo de varias de las principales drogas ilícitas, incluidas la heroína, la mariguana y las metanfetaminas”, puntualiza la NDTA.

Agrega: “Se estima que 8.7% de los es-tadunidenses mayores de 12 años (21.8 mi-llones de personas) eran consumidores de drogas en 2009. Esto representa un incre-mento estadístico significativo de 8% res-pecto de las cifras de 2008”.

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El fiscal Holder. Datos preocupantes

NARCOTRÁFICO

consolidansu presencia en EU

los cárteles mexicanosHuele a derrota:

En ese sentido, el Departamento de Jus-ticia anota que de acuerdo con el Sondeo Nacional sobre el Uso de Drogas y Salud, los jóvenes adultos de entre 18 y 25 años son actualmente el grupo más grande de consumidores de drogas en Estados Unidos.

El creciente apetito de los estaduniden-ses por los enervantes permite que en los 50 estados del país, además de los cárte-les mexicanos, operen OTC colombianas, asiáticas, africanas y cubanas. Sin embar-go, el Departamento de Justicia insiste en que las organizaciones criminales mexica-nas aventajan a sus competidores porque controlan las rutas del trasiego dentro del territorio estadunidense. Pero sobre todo a lo largo y ancho de la frontera sur.

En la descripción respecto de la presen-cia, dominio y poder de los siete cárteles del narcotráfico de México en Estados Uni-dos, el Departamento de Justicia clasifica así el reparto del territorio y del mercado:

El cártel de Sinaloa domina las regio-nes de Florida/Caribe, los Grandes Lagos, medio-Atlántico, Nueva Inglaterra, Nue-va York/Nueva Jersey y Pacífico. También prevalece en el sureste, suroeste y centro-oeste. Además, es el principal proveedor de cocaína, heroína, mariguana, metanfe-taminas y éxtasis.

Los Zetas, que trafican cocaína y mari-guana, tienen presencia en las regiones de Florida/Caribe, los Grandes Lagos, sures-te y suroeste.

El cártel del Golfo cuenta con células de operación para el trasiego de cocaína y ma-riguana en las regiones de Florida/Caribe, medio-Atlántico, Nueva Inglaterra, Nueva York/Nueva Jersey, sureste y suroeste.

El cártel de Juárez introduce cocaína y mariguana a las regiones de los Grandes Lagos, Nueva York/Nueva Jersey, Pacífi-co, sureste, suroeste y centro-oeste.

La organización de los Beltrán Leyva

mueve cocaína, heroína y mariguana en las regiones sureste y suroeste.

La Familia Michoacana se encarga de la distribución y venta de cocaína, heroí-na, mariguana y metanfetaminas en las regiones sureste y suroeste, mientras el cártel de Juárez trafica cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas en los Gran-des Lagos, Pacífico y suroeste.

Sin datos

El creciente mercado de consumo de dro-gas en este país propicia un mayor trasiego de todo tipo de enervantes y genera, a su vez, otras consecuencias negativas. Ya de-sató aquí una feroz rivalidad y lucha entre los cárteles mexicanos, por el control de los corredores y plazas del tráfico de dro-gas en la frontera.

En su capítulo sobre la violencia y cri-men relacionados con el trasiego de dro-gas en la frontera sur, el informe de la NDTA sostiene que aunque no tiene datos confiables para analizar la tendencia de la narcoviolencia, sí puede concluir que és-ta se concentra, sobre todo, en la frontera norte de México.

“En comunidades de la frontera sur se han reportado casos aislados de crímenes como secuestros, robos e invasiones a ca-sas particulares por parte de personas in-volucradas en el tráfico de drogas”, dice el informe. No obstante, el Departamento de Justicia aclara que la información que po-see no es suficiente para realizar un análi-sis confiable sobre la tendencia de la nar-coviolencia en el país.

El gobierno de Obama considera que los cárteles mexicanos introducen la mayor parte de la cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas a través de la frontera sur.

“Los traficantes utilizan cualquier vía imaginable para su labor; por aire, mar y

por la frontera con Canadá. Sin embargo, la frontera con México supera con mucho las cantidades de droga que se mueven por todas las demás rutas combinadas”, acla-ra la NDTA.

Por la frontera sur de Arizona y Cali-fornia los narcos mexicanos introducen los mayores volúmenes de cocaína, heroí-na y metanfetaminas. El informe también detalla que la mayor parte de la mariguana entra por las zonas más remotas de la fron-tera de Arizona.

En el informe del Departamento de Justicia se indica que por lo general los traficantes mexicanos “introducen peque-ñas cantidades de enervantes en automó-viles y camionetas que se mezclan con el tráfico transfronterizo. Las grandes canti-dades de mariguana entran en vehículos de carga comercial y privada”.

Otros métodos usados por los cárteles de México para el trasiego de drogas a Es-tados Unidos son los túneles, que por lo general se construyen en las zonas fronte-rizas de Arizona y California.

El Departamento de Justicia también subraya que cada vez con más frecuencia, y para eludir la vigilancia estaduniden-se en la frontera sur, los narcotraficantes mexicanos utilizan “aviones ultraligeros” con capacidad de carga de hasta 100 kilos. También destaca que por su peso y dimen-siones estas naves son difíciles de detectar.

En el rubro correspondiente a los “mé-todos de transporte” ultraligeros que usan los narcos mexicanos, el NDIC se refiere a “los otros vehículos” utilizados por ellos.

“Para el transporte de mariguana a las costas del sur de Texas y de California los narcotraficantes usan pequeñas embarca-ciones conocidas como pangas. Este méto-do podría incrementarse conforme aumen-te y se fortalezca la vigilancia terrestre a lo largo de la frontera”, determina la NDTA.

En el reporte se plantea que el crecien-te negocio del tráfico, venta y distribución de drogas en Estados Unidos represen-ta para las OTC –principalmente para los cárteles de México que dominan el merca-do– ingresos anuales por varias “decenas de miles de dólares”. Y aunque la NDTA no hace una estimación precisa de las ga-nancias que deja a los narcotraficantes el consumo de drogas de los estadunidenses, calcula en casi 200 mil millones de dóla-res el impacto negativo que tiene este pro-blema para la economía local.

“En 2007, fue de más de 193 mil mi-llones de dólares la estimación del costo económico para la sociedad por el consu-mo de drogas”, puntualiza el reporte.

Y concluye: “Este estimado refleja un costo directo e indirecto relacionado con el crimen que asciende a 61 mil 400 millones de dólares; de 11 mil 400 millones de dóla-res por sanidad y 120 mil 300 millones de dólares por la pérdida de productividad”.

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Muros vulnerados

NARCOTRÁFICO

Continúa...

rían únicamente dos integrantes del movi-miento ciudadano.

Emilio Álvarez Icaza, encargado de las negociaciones con el gobierno federal, y el propio Javier Sicilia rechazaron la im-posición gubernamental y exigieron a Fe-lipe Calderón que honre su palabra de rea-lizar un segundo diálogo público con el mismo formato que el primero: con un grupo de familias afectadas, abierto y con el fin de escuchar las propuestas del mo-vimiento para realizar un cambio a la ac-tual estrategia del gobierno en el combate al crimen organizado.

Sicilia advierte que el gobierno de Cal-derón le está cerrando la puerta al que pue-de ser el último movimiento ciudadano que intenta sacar al país de la situación de emer-gencia de una forma pacífica:

“Nosotros no rompemos el diálogo, no nos vamos a radicalizar, pero podríamos ser el último movimiento ciudadano pací-fico que demanda el restablecimiento del tejido social. Si el gobierno no aprovecha esta oportunidad, se puede abrir más la bre-cha social y los grupos más radicales po-drían tomar otros caminos. Los miembros del gobierno no pueden alardear de igno-rancia, de que no leen la historia del país: saben que en momentos de crisis como los que vivimos es cuando aparecen los grupos revolucionarios.”

Añade, en entrevista: “Cuando hay una emergencia nacional y los gobiernos son omisos y abonan a esa emergencia por omi-sión o por desprecio a los ciudadanos, vie-nen las revoluciones. Ahí están la guerra de independencia, la revolución francesa, la Revolución Mexicana, todas las revolucio-nes que vienen de procesos de descomposi-ción en los cuales el Estado está absoluta-mente lejos de la ciudadanía y cierra todas las posibilidades de trabajar con ella para rehacer el tejido social.

“Nosotros estamos dando una vía, una salida pacífica para caminar con los ciu-dadanos y acortar esa brecha para salvar a la nación; pero hay un profundo despre-cio. Esta forma de tratar al movimiento y de traición al diálogo manda muy malos men-sajes para la posibilidad de dialogar.”

–¿Se está agotando la paciencia de la ciudadanía?

–Pues sí, ya de por sí el descrédito de la clase política es inmenso; ahora con esta si-mulación del diálogo y de la democracia, con esta ceguera y obstinación, la clase po-lítica está abonando más a la descomposi-ción del país, al caldo de cultivo que existe para que venga todo lo demás, la llegada de las revoluciones.

Estrategia de debilitamiento

Los representantes del movimiento recono-cen la existencia de otras organizaciones de víctimas de la violencia, pero aclararon que

el acuerdo con Calderón fue que el encuen-tro sería con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, no con grupos y perso-nas cercanas a la postura oficial.

En un seguimiento que hizo Proceso (edición 1816) de las actuaciones y discur-sos de María Elena Morera, Alejandro Mar-tí e Isabel Miranda de Wallace, se compro-bó que sus agrupaciones han respaldado sin reparos la estrategia federal de seguridad. Incluso, en el movimiento ciudadano y en círculos del PAN se ha comentado que es-te partido tiene candidaturas legislativas pa-ra esas tres personas.

La interpretación de Sicilia y Álvarez Icaza es que ahora el gobierno pretende enfrentar a las organizaciones de víctimas entre sí y de ese modo debilitar a su movi-miento. Sin embargo, aclararon que ellos no caerían en una confrontación y que es-tán dispuestos a asistir a otra reunión, más amplia, que incluyera a los otros grupos.

Al conocer la respuesta que dio el subse-cretario Gutiérrez González la tarde del 29 de septiembre –el cambio de formato con el argumento de que ninguna agrupación de víctimas tiene “exclusividad”–, Álvarez Icaza y Sicilia insistieron en que el acuer-do con Calderón es que él dialogaría con el Movimiento por la Paz con Justicia y Digni-dad, por lo que reiteraron la cita al Ejecutivo

para el 7 de octubre a las 10:00 horas en el alcázar del Castillo de Chapultepec.

Álvarez Icaza dice, también en entre-vista, que lo sorprendió la nueva posición del gobierno porque el encuentro se cons-truyó inicialmente en una lógica muy dis-tinta. De entrada, explica, se pensó que par-ticiparan víctimas de la violencia que no lo habían hecho, aunque en igual número de las que intervinieron en el primer encuen-tro. Asimismo, se planteó que la comisión de seguimiento y representantes de las cua-tro mesas de trabajo tomaran la palabra an-tes o después que el presidente.

“Se trabajaron varias propuestas –con-tinúa el exombudsman capitalino–, se pre-sentó la nuestra de que el encuentro fuera abierto a los medios, como se hizo en el de Chapultepec y en el Museo de Antropolo-gía, porque tiene que ser de cara a la na-ción y un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia.

“La respuesta de la Secretaría de Go-bernación fue proponer otro formato: una reunión cerrada, con otras organizaciones, con otros temas y reducir la presencia del movimiento a dos personas. Esto no da-ría la condición para que ni siquiera la co-misión de seguimiento pudiera participar. Claramente se vio la intención de diluir o disminuir al movimiento.”

VIOLENCIA SOCIAL

Después de tres meses de conversaciones, a última hora el gobierno federal cambió la propuesta del for-mato para el segundo encuentro pactado entre Feli-pe Calderón y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Esta decisión pone en riesgo el diálogo pro-metido por el presidente con las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, por lo que Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza la interpretan como una estrategia para debilitar a la organización en el inicio formal de las campañas electorales.

JOSÉ GIL OLMOS

La mañana del 28 de septiembre, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González, sor-prendió a los representantes del Movimiento por la Paz con Justi-cia y Dignidad al anunciarles que

al siguiente encuentro con Calderón asisti-rían también “otros grupos sociales” inte-resados en el tema de la seguridad. Parti-cularmente se integrarían personas que han estado cerca del gobierno, como María Ele-na Morera e Isabel Miranda de Wallace.

Además, anunció un nuevo formato, no acordado en las 18 reuniones de los últimos tres meses: se realizaría en un lugar cerrado a la prensa, sin la posibilidad de un diálogo del presidente con las víctimas, y participa-

Miguel Dimayuga

contra SiciliaOtra guerra de Calderón, ahora

28 1822 / 2 DE OCTUBRE DE 2011

Continúa...

Lo grave, agrega, es que así se le cie-rran puertas y ventanas a la paz, pero tam-bién al diálogo mismo:

“Me parece que el gobierno federal es-tá poniendo en riesgo el diálogo y no está entendiendo la emergencia nacional que se vive. Ante este clima de violencia, el capi-tal ético, la apuesta y la valía ética del mo-vimiento tienen que ver justamente con que pudo visibilizar a las víctimas que eran con-sideradas daños colaterales, les puso nom-bre y apellido a víctimas pobres, invisibles, que no tenían más que la experiencia del maltrato y el desdén de la autoridad. Eso es lo significativo del movimiento.”

En contraste, insiste, con la nueva pro-puesta oficial Calderón está optando por no corresponder a la esperanza de las víc-timas de la violencia:

“Podrán decir que no somos los úni-cos; por supuesto que no. Podrán decir que no tenemos la exclusividad; jamás lo he-mos pretendido. El hecho real es que se trata de un gesto muy poderoso y preocu-pante, de darle la espalda a las víctimas que depositaron su confianza en él.”

Y señala que de los 23 casos de críme-nes que se expusieron en la mesa de diálogo en Chapultepec el 23 de junio, sólo el asesi-nato de Juan Francisco Sicilia Ortega ha si-do resuelto: “Me parece que el presidente no aprecia la dimensión de que no es un pro-blema de sólo atender el caso de Javier Sici-lia, sino de todas las víctimas que existen en el país y que se han acercado al movimiento para ser escuchadas. Eso es lo grave de que le dé la espalda”.

La agenda electoral

El próximo 7 de octubre, día para el cual el Movimiento por la Paz citó a Calderón pa-ra el diálogo, también arrancan formalmen-te las campañas electorales que concluirán en julio de 2012 con la elección del nuevo presidente de la República y la renovación del Congreso de la Unión. Los representan-tes de la organización señalan que este con-texto está influyendo en la nueva estrategia del gobierno federal.

–¿Es un desdén al movimiento? Por-que parece que en el gobierno ya le saca-ron provecho al primer encuentro –se le plantea a Álvarez Icaza.

–Me parece que es algo más: probable-mente ya están viendo todo desde el pun-to de vista electoral, ya están en la lógica de no querer correr riesgos; están en otra agenda y no están dispuestos a abrir a la discusión la Ley de Seguridad Nacional o la democratización de los medios.

Al respecto, Javier Sicilia observa que además de la estrategia de debilitamiento y desacreditación, el gobierno de Calderón está actuando en una lógica de poder elec-toral, sin ver que la cancelación del diálogo tendrá costos políticos para 2012.

–¿Para qué debilitar el movimiento?–Porque viene el año electoral, quie-

ren posicionarse, y supongo que hay gru-pos duros dentro del gobierno que quizá se están acomodando en los tiempos elec-torales. Son los grupos duros, que traen un anquilosamiento político y reaccionan co-mo si estuviéramos viviendo un país de hace 10 años, que tratan de borrar, dismi-nuir o de negar al movimiento.

–¿Qué significaría que no haya un en-cuentro con Calderón?

–Un mal mensaje a la nación, darle la ra-zón a los grupos más duros de que es inútil dialogar con el gobierno, de que el gobier-no traiciona, hace trampas, no es serio, está lejano de los ciudadanos, de la vida política, del corazón del país. Daría un pésimo men-saje a la nación y a los ciudadanos que me-diante el diálogo intentan precisamente sal-var al país.

Las consecuencias de sabotear el en-cuentro, indica el poeta, serían un mayor descrédito de los políticos, que repercutirá en las elecciones “porque ya no dialogan, no hablan, van en su proceso de locura pro-tegiendo intereses y guiando al país al te-rror y al desastre que estamos viviendo. Se-ría la confirmación de que la democracia es una simulación”.

–¿Cree que se pueda agravar la situa-ción que vive el país?

–Pues abonaría, por desgracia, a esto. Abonaría a lo que he dicho: a las eleccio-nes de la ignominia, porque al empezar los procesos políticos está aumentando la vio-lencia, están apareciendo los paramilitares y los ciudadanos no saben qué hacer. Qui-zá veamos las urnas vacías por la violencia y el horror que acompaña e invade el terre-no de la democracia, la cual empieza a ser rehén de la lucha política, del crimen y de la guerra. Esa será la ignominia a la que van

las elecciones, en donde se hace casi invisi-ble la línea entre políticos y delincuentes, lo que es gravísimo.

Sin embargo, él no percibe que el Mo-vimiento por la Paz se debilite:

“No, el movimiento mantiene su mo-ral, su ética, la palabra verdadera; ha man-tenido luz sobre la oscuridad y esa ha si-do su condición. No hay debilitamiento, el movimiento sigue siendo importante por-que da una esperanza, una ventana de luz en medio de la mentira, del horror, la si-mulación y el crimen.”

Por eso reitera que la ausencia de diálogo le hace daño al ejercicio político y a la credi-bilidad del Estado, no al movimiento de víc-timas de la violencia, ya que éste “sigue en su lógica: dialogando, uniendo y constru-yendo. No nos hace ningún daño, porque no perseguimos ningún interés político. Somos lo que somos desde que salimos, desde antes de salir. Somos una dignidad para el país”.

–¿No cree que puedan calificarlos a ustedes como intransigentes?

–No. Si hay una intransigencia es del gobierno, que quiere diálogos domestica-dos y a modo, y eso no fue lo que prome-tieron. Nosotros vamos a honrar la palabra, estaremos en un diálogo de cara a la nación, como fue y debe seguir siendo. Si no van, estarán sus sillas vacías y podrán responder como quieran, en los medios que deseen.

En tanto, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad irá el 7 de octubre al Castillo de Chapultepec, preparará la me-sa de diálogo con una silla reservada con el nombre de Felipe Calderón y otras para su gabinete. Acudirán las víctimas dispuestas a hablar de su tragedia y se planearán pro-puestas de diversos especialistas para hacer cambios en la estrategia de combate al cri-men organizado y avanzar en la pacifica-ción del país.

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Martí, Miranda y Morera. “Oficialismo”

VIOLENCIA SOCIAL

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Para su sorpresa, en junio pasado el ban-co le envió una notificación advirtiéndo-le que le confiscaría ese dinero, ya que en “tres años consecutivos” no había realiza-do ningún depósito ni retiro en su cuen-ta de ahorro.

Indignado, relata el propio González:“Me molestó muchísimo esa notifica-

ción del banco. No podía creer que fue-ran a quitarme mi dinero de esa manera tan arbitraria. Y sólo porque mi cuenta estaba inactiva. Por fortuna, se me dio un plazo para sacar mis ahorros, cosa que hice inmediatamente.”

–¿Esa fue toda la explicación que le dio el banco?

–También me informó que los de-más bancos están tomando esa medida, de acuerdo con una ley que ordena confis-car las cuentas inactivas que no excedan el

equivalente a 300 días de salario mínimo. O sea, le están quitan-do su dinero a quienes tienen de 17 mil pesos para abajo.

–¿Y a dónde se canalizará ese dinero?

–Dizque a una cuenta global que supuestamente se destinará a la beneficencia pública. Pero aho-ra el PAN ya presentó una iniciati-va para que el dinero pase a manos de las Fuerzas Armadas. En pocas palabras, para apoyar al Ejército en su guerra contra el narco… Así hasta podrán quitarnos nuestras ca-sas con el pretexto de que no las ha-bitamos las 24 horas del día.

En efecto, las 40 instituciones bancarias del país están incautando esas cuentas a los pequeños ahorra-dores desde febrero de 2008, cuan-do entró en vigor la reforma al ar-tículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, que además ordena de-positar el dinero confiscado en una “cuenta global” destinada a la “be-neficencia pública”.

Sin embargo, en julio pasado, el diputado panista Julio Castellanos Ramírez presentó una iniciativa para que esos recursos no vayan a la bene-ficencia, sino a las Fuerzas Armadas, ya que –asegura su propuesta– es ne-cesario “reconocer a los militares por su invaluable labor a favor de los mexi-canos ante situaciones de inseguridad y desastres”.

Entrevistado por Proceso, Castella-nos recalca:“Las Fuerzas Armadas merecen nues-

tro respeto y admiración. Los militares siempre están prestos a ayudar a la gente. Me preocupan particularmente los milita-res en retiro, quienes viven en condiciones deplorables después de haber expuesto muchísimo su vida. Por eso propongo que el dinero incautado a los pequeños ahorra-

dores pase a manos de las Fuerzas Arma-das mexicanas, cuyo patriotismo es verda-deramente heroico.”

–Su iniciativa se presta a suspicacias... Puede ir encaminada a sufragar la actual lucha del Ejército contra el narcotráfico…

–Es una iniciativa polémica, lo reconoz-co. Pero nada tiene que ver con la etapa ac-tual tan controvertida. Incluso creo que ni el mismo Ejército quiere desempeñar el pa-pel que se le dio en esta lucha contra el nar-cotráfico. Mi propuesta toma más bien en cuenta el papel del Ejército en desastres na-turales, como en los terremotos e inunda-ciones, donde siempre apoya a la población civil afectada… Pero en fin, mi iniciativa está abierta al debate y a la discusión.

Despojo a los más pobres

Es en el mismo Congreso donde la inicia-tiva del PAN está provocando rechazo, so-bre todo del senador Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo, quien denuncia:

“De manera arbitraria y abusiva ya le están quitando sus recursos a los pequeños ahorradores, que es la gente más pobre del país, a quien ni siquiera le dan derecho de audiencia. Simplemente le roban sus aho-rros. Y ahora la iniciativa del PAN quiere darle esos recursos a las Fuerzas Armadas para financiar la lucha contra el narcotrá-fico. ¡Es una injusticia total!

–¿Una incautación de guerra?–Es una cooperación forzosa a la que

están sometiendo a los más pobres. Yo me pregunto: ¿Por qué no incautan las cuen-tas bancarias de los ricos? ¿Por qué sólo confiscan las cuentas de ahorro de 17 mil pesos para abajo? Siempre los más pobres deben pagar los platos rotos.

En su despacho del Senado, Monreal indica que hay muchísima gente que abre

una pequeña cuenta de ahorro para afron-tar en el futuro una emergencia, una en-fermedad o cualquier gasto imprevisto. La mayoría de esos pequeños ahorrado-res –dice– son ancianos, subempleados, pensionados, trabajadores del sector in-formal, empleados mal pagados y sin ac-ceso a la seguridad social…

Agrega que también son muy comunes las cuentas abiertas por los connaciona-les radicados en Estados Unidos, quienes al venir por una temporada a México sue-len hacer esos ahorros, de los que luego se desentienden pensando que están a buen resguardo. O bien, dice, es frecuente el ca-so de pequeños ahorradores que fallecen dejando abierta una cuenta bancaria, en ocasiones sin haberle dicho a su familia.

Añade Monreal: “Hay una infinidad de razones por las

que la gente abre esas cuentas bancarias, depositando ahí sus ahorros que juntaron con muchísimo esfuerzo. Imagínese que luego lleguen a la ventanilla del banco y les digan: ‘Ya te quitamos tu dinero para dár-selo al Ejército’. ¡No se vale! ¡Es una vil injusticia!

“Se argumenta que esos ahorros se es-tán incautando porque están en cuentas in-activas en las que ya no se hacen ni de-pósitos ni retiros. Eso es una falacia, pues para los bancos todo el dinero de sus aho-rradores lo invierten o lo prestan con altos intereses, obteniendo un lucro desmedido. Además cobran comisiones.”

–Pero sólo están incautando cuentas pequeñas…

–Quizá esas sumas de dinero no sean significativas para los ricos o para la Se-cretaría de Hacienda. Pero sí lo son para el sector más pobre de la población, que es precisamente al que se está afectando con esas confiscaciones.

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Castellanos. Artífice

BANCA

legalizado a cuentahabientes

A la muy larga lista de abusos legalizados que el sector bancario del país comete contra los cuen-tahabientes se sumó otro más, avalado por una ley ventajosa: la confiscación de cuentas de ahorro “inactivas”. Gracias a esa ley, impulsada por el PAN, las cuentas que se encuentran en esa cir-cunstancia y cuyo monto equivalga a 300 días de salario mínimo –es decir, hasta por 17 mil pesos– son transferidas a la “beneficencia”. Pero ahora otra iniciativa panista quiere ir todavía más lejos: que el di-nero se entregue a las Fuerzas Armadas. La pregunta es: ¿Dónde están esos fondos robados a los cuentaha-bientes? Nadie informa, nadie sabe…

RODRIGO VERA

Para afrontar algún gasto im-previsto, Eduardo González depositó 15 mil pesos en una cuenta que abrió en el banco HSBC. Y ahí mantenía esos ahorros porque ninguna ur-gencia lo obligaba a sacarlos.

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Juá

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tende es darles un mejor futuro a los sol-dados en retiro.”

Dice textualmente la iniciativa:“Las Fuerzas Armadas mexicanas son

un claro ejemplo de valor y coraje, así co-mo de solidaridad y sentido humano cuan-do el pueblo mexicano lo ha requerido. Hombres y mujeres que todos los días ex-ponen su vida y salud para protegernos re-quieren ser valorados y recompensados, especialmente cuando se encuentran en edad de retiro, por lo que debemos con-siderar diversos medios para apoyar a es-te importante sector que tanto ha dado al pueblo mexicano.”

La iniciativa también propone que des-pués de ser incautados los ahorros, éstos pasen al “fondo global”, donde deben per-manecer por siete años, en los cuales el ahorrador aún puede reclamarlos. De no ser así, pasarán directamente al ISSFAM. Ade-más, pide que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lleve un “registro público” de los clientes de la ban-ca que se vean afectados con la medida.

En sus oficinas de la Cámara de Dipu-tados, recalca Julio Castellanos:

“Actualmente, al ahorrador no se le notifica debidamente de que su cuenta se-rá incautada. Por lo que propongo que le llegue una notificación personalizada a su domicilio y también a través de medios electrónicos. Quiero que se le reconozca ese derecho.”

–¿En qué etapa va su iniciativa?–La presenté ante la Comisión Per-

manente el pasado 6 de julio. Ya se tur-nó a la Comisión de Hacienda, de la que soy miembro. Veremos qué pasa. Y repito, quiero que se discuta y que haya transpa-rencia, para que nadie se robe el dinero de los ahorradores.

Mientras tanto, en la Condusef aún no tienen cifras sobre el número de cuenta-habientes afectados. “Todavía no precisa-mos el volumen de los perjudicados por esa ley”, dice Marco Carrera, vocero del organismo.

Sin embargo, señala que en 2010 les lle-garon 50 quejas por cuentas incautadas, y en lo que va de este año han recibido nue-ve. Aclara que son muy pocos los afectados que acuden a la Condusef.

Carrera coincide en que los afectados pueden ser ancianos, migrantes y gente de pocos recursos, aunque también incluye a personas pudientes que se olvidaron de que tenían una pequeña cuenta de ahorro.

“Es gente que no tiene necesidad de estar cuidando ese dinero, porque tiene va-rias cuentas bancarias o porque sencilla-mente lo olvidó. Eso le puede pasar a un Carlos Slim, a quien, por decir algo, en-tre sus 100 cuentas bancarias se le traspa-peló una pequeña cuenta con 17 mil pe-sos”, dice.

–¿Cuántos bancos están incautando esas cuentas?

–Aproximadamente 40 instituciones bancarias en todo el país. Desde 2008, to-das deben acatar esa disposición de la Ley de Instituciones de Crédito y enviar sus confiscaciones a una cuenta global.

–¿Qué cantidad de dinero hay actual-mente acumulada en ese fondo global?

–¡No lo sabemos!... ¡No lo sabemos!... Esa información no la tenemos, como tam-poco sabemos sobre el número de cuentas incautadas.

Al respecto, comenta el senador Monreal:

“Esa cuenta concentradora está a dispo-sición de la Secretaría de Hacienda. Desde hace tiempo le estoy pidiendo a Hacienda que informe sobre el monto de esos multi-millonarios recursos.”

–¿Y qué ha pasado?–No he obtenido ninguna respuesta.

Ignoramos el monto de los recursos acu-mulados. Nada sabemos sobre ese dinero que le están quitando al pueblo. Hay mu-cha opacidad.

BANCA

“Ese tipo de leyes y de iniciativas son las que están aprobando por mayoría el PAN y el PRI, y normalmente golpean a la población de menos recursos económi-cos. Para los legisladores panistas y priis-tas la gente pobre simplemente no existe, por eso le están exprimiendo al máximo sus pocos recursos.”

A Monreal le indigna aún más el he-cho de que esos ahorros intenten ser trans-feridos al rubro de la seguridad, al que se le han canalizado muchos recursos.

“El gobierno actual está insistiendo de manera reiterada en el tema de la seguri-dad. No le interesa ningún otro. Está re-forzando los cuerpos de seguridad, desti-na más recursos para comprar tanques y armamento, para construir cárceles o para tener más jueces. Por eso ahora quiere uti-lizar los ahorros incautados en ese rubro.”

–¿Realmente necesitarán ese dinero las Fuerzas Armadas?

–Mire, los recursos más cuantiosos de los últimos años han sido destinados pre-cisamente a las Fuerzas Armadas, lo mis-mo que a la Secretaría de Seguridad Pú-blica y a la Procuraduría General de la República. Pero los militares y los mari-nos han sido los sectores más beneficiados económicamente.

Efectivamente, con la llegada de Feli-pe Calderón a la Presidencia de la Repúbli-ca –y su declaración de guerra al narcotrá-fico–, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) prácticamente duplicaron su presupuesto anual de 2006 a 2011.

En 2006, la Cámara de Diputados asig-nó al Ejército y Fuerza Aérea 26 mil 31 millones de pesos. Para este 2011, casi le duplicó la suma al asignarle 50 mil 39 mi-llones de pesos.

A la Semar –que también está partici-pando muy activamente en el combate al narcotráfico–, en 2006, le dieron 9 mil 100 millones de pesos. Y para este año le du-plicaron esa cantidad al asignarle 18 mil 270 millones de pesos.

Además, ambas secretarías han reci-bido dinero extra al presupuestado, con el que han comprado armamento, vehículos blindados, equipos de radiocomunicación, helicópteros, o bien, destinan esos recur-sos para pagar “compensaciones” al per-sonal de tropa.

Por ejemplo, en 2010 la Sedena reci-bió un presupuesto de 43 mil 632 millones de pesos. Pero ese año terminó ejerciendo 52 mil 597 millones. Es decir, 8 mil 965 millones extras, que representaron 20% de incremento a los recursos originales, se-gún se desprende del informe de la cuen-ta pública de 2010 que el Ejecutivo envió al Congreso.

Y así, año con año, el Ejecutivo tam-bién ha utilizado partidas extras, sin aval del Congreso, para dárselas al Ejército y a la Marina, según información estadística publicada en el diario La Jornada el pasa-do 6 de septiembre.

Recalca el senador Monreal:“Es muy preocupante esa iniciativa

que el PAN presentó en la Cámara de Di-putados, a través del diputado Julio Caste-llanos. Con ella, quedan claras las inten-ciones panistas de darle todavía mucho más recursos al Ejército.”

Señala que, en contrapartida, él pre-sentó una iniciativa en el Senado para que se modifique el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito y ahí ya no se es-tipule que esos ahorros incautados vayan a la beneficencia pública, sino que se les de-vuelvan a los propios ahorradores.

“En mi iniciativa, propongo que no se prive de sus ahorros a los titulares de las cuentas bancarias, que se les dé el derecho de retirarlas cuando ellos quieran y dispo-ner de su dinero cuando les plazca”, dice.

Monreal extiende el documento de su iniciativa –presentada el pasado 3 de marzo–; ahí se señala que el artículo 61 deja “en indefensión” a un sector de la sociedad que cuenta con pocos recur-sos. Ya de por sí –agrega– “en la admi-nistración del señor Calderón se ha incre-mentado la tasa de pobreza de 31.7% a 34.8%, generando una brecha mayor de desigualdad social”.

–Pero ustedes los legisladores fueron quienes modificaron ese artículo para confis-car los ahorros y dárselos a la beneficencia.

–Sí, es cierto. Y fue una legislación aprobada por las dos cámaras. Nadie re-paró en sus repercusiones tan graves. Nos pasó de noche esta legislación. No debi-mos aprobarla. Fue un error del Legislati-vo. Por eso trato de enmendar el error me-diante mi iniciativa.

–Pero ya hay dos iniciativas: la del PAN, que quiere darle esos recursos al Ejército, y la de usted, que quiere que re-gresen a los ahorradores.

–Sí, son dos iniciativas totalmente opuestas, van por caminos contrarios. Ya veremos si alguna de las dos se aprueba en el Congreso. No soy ingenuo, es probable que se le entregue ese dinero al Ejército, pues la alianza PAN-PRI es capaz de co-meter las peores atrocidades.

Por su lado, el diputado Julio Castella-nos defiende su propuesta:

“Como actualmente está la ley, esos ahorros irán a la beneficencia pública. ¿Pe-ro qué es la beneficencia pública? ¿Un gru-po de burócratas de la Lotería Nacional? No lo sabemos. Ignoramos el destino de esos recursos. La beneficencia es un ente muy vago. Por lo menos, los ahorradores deberían saber con certeza a dónde van sus ahorros y qué se va a hacer con ellos.

“Por eso, mi iniciativa propone un des-tino muy focalizado; que esos ahorros prescriban a favor del Instituto de Segu-ridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Lo único que pre-

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Monreal. Contrainiciativa

Ahorradores. Despojo

Continúa...

tal mexicana era un “socio de referencia” y miembro del “núcleo duro” de Repsol, empresa que ocupa el décimo lugar entre las principales petroleras del mundo, con presencia en más de 30 países.

Sin embargo, el pasado 29 de agosto Sacyr-Vallehermoso y Pemex sorprendie-ron a sus socios en España, al empresaria-do de este país y a la clase política mexica-na con el anuncio de su nuevo pacto para “sindicar sus derechos de voto en Repsol” y poder “votar de forma conjunta en las decisiones relevantes que se tomen en la petrolera”, según el comunicado conjunto de ambas empresas emitido el mismo día.

Pero el 28 de septiembre la alianza pa-recía acabada. En una ríspida sesión del Consejo de Administración de Repsol se to-mó el acuerdo de “instar a Pemex y a Sacyr-Vallehermoso a dejar sin efecto el acuerdo de accionistas”. Salvo el representante de Pemex y dos de Sacyr, los demás miembros del Consejo apoyaron a Brufau, a quien le manifestaron su “total confianza en la ges-tión que se viene llevando a cabo”.

Además el consejo acordó examinar si esa alianza había causado daños a la petro-lera y ordenó que una comisión examine si hay un “conflicto de intereses” en las pre-tensiones de Pemex de capturar beneficios concretos de Repsol. Esto abriría el camino para que cualquier accionista pueda pedir la salida de los representantes de Sacyr del Consejo de Administración.

Aunque Sacyr y Pemex anunciaron que impugnarían los acuerdos del Conse-jo de Administración de Repsol, su inten-to de aliarse para aumentar su influencia en la petrolera parecía quedar en le-tra muerta, pese a que manifestaron su compromiso de que Repsol segui-ría siendo una compañía de “bande-ra española, independiente y líder en el sector energético ibero-latinoame-ricano”, según el comunicado del 29 de agosto.

En éste ambas compañías inclu-yeron una inusual crítica a la gestión de Brufau. Consideraron “que Repsol no está valorada adecuadamente. Por tanto, fomentarán la adopción de me-didas tendientes a que el mercado re-conozca su verdadero potencial”.

De acuerdo con estas premisas, el 2 de septiembre Pemex confirmó que había incrementado su paquete ac-cionario de 4.8% a 9.8%; estas accio-nes “sindicadas” con 20% de Sacyr-Va-llehermoso alcanzarían en conjunto 29.8% de los títulos de Repsol.

Ambas empresas tuvieron cuida-do de no rebasar 30% de las acciones, lo que las hubiera obligado a cumplir con una norma de la legislación espa-ñola, la de lanzar una Oferta Pública de Adquisición para comprar 100% de la empresa.

En México, los directivos de Pemex ha-bían acelerado los preparativos de su es-trategia. “Recibieron el visto bueno del presidente Calderón y (agilizaron los pre-parativos) antes de la salida de Ernesto Cor-dero de la Secretaría de Hacienda”, explica el consultor financiero antes citado.

“En esa operación fue clave la gestión de Ignacio Quesada –director de Finanzas de la paraestatal (y) hombre muy cercano a Cordero–, para que Hacienda agilizara los recursos públicos con el propósito de comprar las acciones”, dice.

El consultor sostiene que Calderón te-lefoneó al presidente español, José Luis Ro-dríguez Zapatero, para comunicarle la am-pliación de capital de Pemex y el acuerdo con Sacyr-Vallehermoso “en el ánimo de allanar la operación política de la alianza”.

Pemex había diseñado su estrategia de internacionalización desde 2007. Uno de sus “planteamientos más sólidos” era precisamente el incremento de su partici-pación en Repsol, asegura y agrega: “En mi despacho sabemos de primera mano que Brufau conoció desde 2007 los planes de internacionalización de Pemex, que pre-veía impulsar proyectos conjuntos con Repsol y mostró su beneplácito por esa só-lida sociedad, pero otras prioridades polí-ticas del gobierno mexicano pospusieron la decisión”.

La alianza

La alianza de Pemex y Sacyr-Vallehermo-so fue operada por el presidente de ésta, Luis del Rivero, dueño de 13% de las accio-

nes de la constructora y cuya fortuna es de mil 900 millones de euros, según asen-tó el periodista Jesús Salgado en su libro Riquísimos (2009).

Agobiado por la deuda de alrededor de 5 mil millones de euros que contrajo pa-ra pagar su participación en Repsol, desde 2008 Del Rivero ha hecho cuatro intentos fallidos para obtener liquidez o incremen-tar su influencia en la petrolera.

En noviembre de 2008, aún sin cum-plir dos años en Repsol, entabló negocia-ciones con la petrolera rusa Lukoil para venderle su participación, que es de 20%, lo que abrió un intenso debate político en España. El Partido Popular (PP) se opuso por considerarlo riesgoso para el papel es-tratégico de Repsol en el sector energéti-co español.

Brufau también se opuso a esa ope-ración. El 27 de ese mes, en el foro Espa-ña Innova, dijo que no se justificaba la incorporación de una nueva entidad esta-tal, “salvo el caso de Petróleos Mexicanos, que por razones históricas está en la em-presa (y cuya) participación ha sido posi-tiva y fructífera en el pasado y en el pre-sente de Repsol”, consignó un cable de Notimex.

Después Del Rivero volvió a intentar-lo con las petroleras Sinopec (china) y Es-sar (India), pero nunca se concretaron las operaciones. Entonces modificó su estra-tegia: se alió con Pemex para aumentar su influencia en el gobierno corporativo de Repsol.

Esto provocó una enconada pugna en-tre los socios de la petrolera española: el

5 de septiembre sus directivos pidie-ron a la Comisión Nacional de Ener-gía (CNE) investigar la operación de Pemex, alegando que por ser una empresa extracomunitaria la auto-ridad reguladora les debía autorizar el acuerdo para sindicar sus acciones en Repsol, que es una empresa regu-lada, consignó el periódico Público en su edición del 6 de septiembre.

Según ese argumento, Repsol busca defender “la seguridad jurí-dica de sus actividades reguladas y estratégicas”.

También Gas Natural (de la que Repsol posee 31.2%) solicitó a la CNE “personarse” como parte interesada cuando esa autoridad decidiera ana-lizar el pacto Sacyr-Pemex y pidió que se le mantuviera informada de los objetivos de la petrolera mexica-na, según un cable de EFE del pasado 25 de septiembre.

No obstante, el 29 de septiembre la CNE anunció que no analizará el pacto de accionistas pues, afirmó, sí “cumple con las normas”.

En esa ofensiva el asesor indepen-diente de la gasera española el expre-

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Brufau. Indignación

INTERNACIONAL / ESPAÑA

MADRID.– A mediados de agosto pasado, Antonio Brufau, presidente de la trasnacional Repsol-YPF, se entrevistó en la Ciu-dad de México con Juan José Suárez Coppel, direc-

tor general de Pemex. Brufau viajó desde Madrid para saber

si eran ciertos los rumores sobre los pla-nes de la paraestatal de incrementar su participación en la petrolera hispano-ar-gentina en alianza con la constructora Sa-cyr-Vallehermoso (propietaria de 20% de Repsol), con cuyos directivos Brufau man-tiene desde hace cinco años fuertes pug-nas por el control de la empresa. Suárez Coppel le respondió que no había nada al respecto y Brufau confió en su palabra.

Desde su llegada a la presidencia de Repsol, Brufau –expresidente de Gas Natu-ral y exdirectivo de La Caixa– había man-tenido una magnífica relación con Pemex, explicó un consultor financiero español.

En noviembre de 2004, La Caixa (due-ña de 13% de la petrolera española) tuvo el respaldo de Pemex para impulsar a Bru-fau a la presidencia de Repsol; más de una vez el ejecutivo aseguró que la paraesta-

“madruguete trasatlántico”En su intento por aumentar su participación acciona-ria y su influencia en Repsol, Pemex quedó en medio de la disputa de intereses que tienen los socios de esa compañía. Su alianza con la empresa Sacyr-Valleher-moso –realizada sin oficio político– provocó el rechazo del Consejo de Administración de Repsol, solicitudes de investigación por supuestos “daños” y “conflicto de in-tereses”, y una campaña mediática que acusa a Pemex de querer “aprovecharse” de la petrolera hispana y de poner en riesgo su “españolidad”.

ALEJANDRO GUTIÉRREZ Fallido

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A raíz de la nueva estrategia de Pemex, los miembros de la dirección de Repsol ini-ciaron una ofensiva mediática que encar-garon a la firma de consultores de comuni-cación Llorente y Cuenca; ésta filtró a los medios españoles el informe de la paraes-tatal titulado Contexto del aumento de parti-cipación de Pemex en Repsol, según confir-maron fuentes diplomáticas.

Con base en ese informe –que La Jorna-da publicó el pasado 13 de septiembre–, los medios españoles enfatizaron las supues-tas intenciones de Pemex de “capturar” be-neficios de Repsol a bajo precio, de apro-vecharse de su tecnología de punta para explorar en aguas profundas y de poner en riesgo la “españolidad” de la petrolera.

Fue el caso del periódico El País. En su editorial del 22 de septiembre, titulado La in-tención de Pemex, abonó en las sospechas: “Pemex aspira a controlar Repsol, junto con Sacyr, para cambiar su gestión y trasladar fuera de España algunas decisiones clave aprovechando la debilidad de la constructo-ra y las carencias de un gobierno terminal (el del presidente José Luis Rodríguez Zapate-ro). Esta sería la razón oculta. (…) Para evitar cualquier duda sobre la gestión española de Repsol, para impedir que un artificio socie-tario diluya la gestión nacional, es impres-cindible que Pemex y el gobierno mexicano expliquen sus intenciones”.

Aquellos tiempos

Este tono de los políticos y los medios es-pañoles contrastó con el que hubo en 1979 cuando se restablecieron las relaciones di-plomáticas con España y a petición del mo-

tes 27, un día antes de la sesión del Conse-jo de Administración de Repsol, se explo-ró la idea de “mantener el pulso” en esta pugna.

La razón: “Entre más tiempo pase, más terreno pierde Del Rivero, sobre todo des-pués de las elecciones (por la presidencia de España, del próximo 20 de noviembre). Del Rivero se ha significado políticamen-te apoyándose en el paraguas del ministro de Industria, Miguel Sebastián. Si gana el PP, su asalto a Repsol corre peligro de des-vanecerse”, aseguró la publicación.

Entrevistado antes de la sesión del miércoles 28 del Consejo de Administración de Repsol, el consultor español ya advertía: “Creo que a los directivos de Pemex les faltó tacto político para construir esta operación. Tengo la sensación de que Luis del Rivero los envolvió y él es un personaje muy inte-ligente y volátil… pero también con fuertes confrontaciones en el seno de Repsol. Y de esta pugna creo que habrá socios que sal-drán muy raspados”.

narca hispano, México firmó un acuerdo para que Pemex invirtiera en Petróleos del Norte (Petronor); la paraestatal mexicana adquirió 34% de las acciones de la petrole-ra española.

El presidente de ésta, Nemesio Fernán-dez Cuesta, afirmó que la operación “rom-pía el círculo de desconfianza y frustración de las iniciativas empresariales” y destacó cómo “México ha apostado por el futuro y ha elegido el País Vasco para ello”, según El País del 1 de ju-lio de 1980.

En 1981, al elevar las cuotas de compra de hidrocarburos mexica-nos cuando México enfrentó la cri-sis por la caída del precio del crudo, el entonces presidente español Jo-sé Calvo Sotelo dijo que era “como un gesto de gratitud con México por haber mantenido el suministro de hidrocarburos a la península en la época en que había escasez en el mercado”, publicó el mismo medio el 20 de julio de ese año.

En 1987, Pemex aceptó vender sus acciones para que el nuevo hol-ding estatal español Repsol, a cargo del Instituto Nacional de Hidrocar-buros (INH) absorbiera a Petronor.

A cambio, Pemex y BBVA, el otro socio, recibieron acciones de Repsol y formaron parte de su Con-sejo de Administración. El Boletín Oficial de las Cortes Generales fe-chado el 13 de enero de 2006 publi-có el informe de fiscalización global de las privatizaciones de las empre-sas estatales españolas, que se lle-

vo de Repsol, “porque sentimos que el he-cho de que Antonio Brufau sea director y presidente del Consejo de Administración y que los consejeros sean sus amigos, es una práctica terrible y que hay mucho va-lor en cambiarla”.

El informe Contexto del aumento de par-ticipación de Pemex en Repsol, elaborado por la paraestatal mexicana y fechado el 1 de septiembre, señala que el crecimiento de su participación de 4.8% a 9.8% tuvo un costo aproximado de mil 600 millones de dólares, de los cuales 40% fue “gasto líqui-do” por parte de su filial PMI Holdings, con un costo de 600 millones de dólares.

El restante 60% sería por medio de compra de deuda, es decir, aproximada-mente mil millones de dólares, explica di-cho informe, que agrega que Pemex asegu-ra que esta parte “tendrá un costo reducido dado que será cubierta con los dividendos de las acciones”.

La adquisición de las acciones se efec-tuó mediante compras en el mercado y

operaciones con entidades como HSBC, Credit Agricole CIB, Natixis y Grupo Finan-ciero Inbursa.

Pemex está representada en Repsol por las sociedades PMI Holdings Petró-leos España SL y la sociedad anónima Pe-mex Internacional España, que tienen co-mo presidente a Roberto Lorenzo Carmona Jiménez y como consejero delegado y vice-presidente a José Manuel Carrera Panizzo, quien desde diciembre pasado represen-ta a la paraestatal en el Consejo de Admi-nistración de Repsol, de acuerdo con docu-mentos del Registro Mercantil de España en poder de este semanario.

Los apoderados no consejeros en am-bas sociedades son miembros del despa-cho de abogados y asesores tributarios Garrigües, entre ellos el español Iñigo Bas-tarreche Sagües, de acuerdo con los docu-mentos citados.

En reuniones informales del Conse-jo de Administración de La Caixa, dadas a conocer por el periódico Público el mar-

varon a cabo en los gobiernos de Felipe Gon-zález y José María Aznar.

En él se señala que, la pérdida de Rep-sol de su condición de sociedad estatal y la venta de acciones a la paraestatal mexicana, “formó parte de un acuerdo estratégico de cooperación suscrito entre Pemex y el INH, por el que éste vendió aquella participación y adquirió la de Pemex en Petronor”.

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aCalderón. Avales

INTERNACIONAL / ESPAÑA

sidente español Felipe González criticó la alianza Sacyr-Pemex porque no supone una garantía de “españolidad” de Repsol. “La tesis que he oído decir de que ‘a mí sí me garantizan la españolidad de Repsol…’ no me la creo”, dijo en entrevista con la Ca-dena Ser, el 4 de septiembre. “Lo que tendrá (Pemex) es la obligación de defender los in-tereses mexicanos como empresa públi-ca”, dijo.

Añadió: “Repsol tiene participación en el desarrollo nuclear de España y en el de-sarrollo gasístico y, por tanto, en un mer-cado regulado. Que después de hacer el análisis la CNE dictamina ‘a’, ‘b’ o ‘c’, per-fecto, pero si lo hace previamente no lo entiendo muy bien; o sí, lo entiendo muy bien y no me gusta”.

“Quiero voz, quiero voto”

Tras la ríspida sesión del Consejo de Admi-nistración de Repsol, en México Suárez Co-ppel tendrá que comparecer ante la Cáma-

M ADRID.- Como ningún otro presi-dente mexicano, Felipe Calderón abrió las puertas a los inversionis-tas españoles.

Pero le pagan mal. La alianza anuncia-da por Pemex con Sacyr-Vallehermoso para “sindicar” sus acciones (29.8%) de Repsol ocasionó un airado rechazo en España por la supuesta intención de la paraestatal de romper la “españolidad” de la petrolera, que en realidad es hispano-argentina.

El portavoz económico del Partido Po-pular (PP), Cristóbal Montoro, fue uno de los más duros críticos. El 27 de septiembre, en el foro Cinco Días, señaló que su partido no comparte que las empresas públicas de otros países inviertan en España. “No nos gustan las empresas públicas invirtiendo en nuestro país”, señaló.

En aras de atemperar el tono de la pug-na, el embajador mexicano en España, Jor-ge Zermeño, trató de resaltar el buen am-biente de negocios que tienen los españoles en México durante la inauguración del fo-ro de Responsabilidad Social Empresarial México-España, el pasado 13 de septiem-bre. Dijo que actualmente “la inversión es-pañola en México es superior a 38 mil mi-llones de dólares, con más de 3 mil 200 empresas trabajando en México”.

España es el segundo inversor después

La “reconquista” españolaALEJANDRO GUTIÉRREZ

de Estados Unidos. BBVA-Bancomer es el primer banco en México y sus filiales en este país le reportan 40% de los dividendos tota-les; Santander es el tercer banco en el país y le ha dado a la matriz española 10% del to-tal de sus ganancias en el primer semestre de este año.

El gobierno de Calderón les ha otorga-do a las principales constructoras y energé-ticas hispanas 40% de los contratos de su plan de infraestructura en los ramos de ca-rreteras y generadoras de electricidad, entre otras obras.

Aeropuertos Españoles para la Navega-ción Aérea, del gobierno español, detenta junto con Abertis un paquete accionario del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Sus socios mexicanos lo demandaron por la vía civil, en febrero pasado, por violar las leyes de Vías Generales de Comunicación y la de Aero-puertos, que prohíben que algún gobierno ex-tranjero o empresas dependientes de él con-trolen instalaciones estratégicas de la nación.

Un consultor financiero español al tanto de los pormenores del caso Repsol-Pemex dice a Proceso: “Fuera del gobierno (espa-ñol) la reacción ha sido muy desproporcio-nada aludiendo a un nacionalismo ramplón, en una compañía que difícilmente perderá la dirección española”.

Familiarizado con inversiones españo-

las en México y Latinoamérica, el entrevista-do dice que “en particular el presidente Cal-derón ha sido muy abierto a la inversión de compañías españolas”.

Críticas

El aspirante a la candidatura presidencial Andrés Manuel López Obrador ha sido un crítico de esa apertura a las empresas espa-ñolas, en especial Repsol. Ésta “es la em-presa preferida de Calderón”, dijo durante una gira por Pánuco, Veracruz, el pasado 2 de septiembre.

El 1 de abril de 2008, López Obrador de-nunció que desde 2005 el gobierno mexica-no había entregado “información privilegia-da” a Repsol sobre operaciones futuras, lo que derivó en un contrato con la Comisión Federal de Electricidad para el suministro de gas, lo que, sostuvo, causó un daño al patri-monio nacional por más de 655 millones de dólares.

En marzo de 2004, cuando Calderón era secretario de Energía, Pemex le otorgó a Repsol el primer Contrato de Servicios Múl-tiples (CSM) para las obras de desarrollo, infraestructura y mantenimiento de los yaci-mientos de gas natural de la Cuenca de Bur-gos (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas).

Un diagnóstico elaborado por la UNAM para el Senado concluyó que los CSM son “ilegales” y que el asignado a Repsol le per-mitía elaborar gas metano y otros hidro-carburos que “la ley clasifica como perte-necientes a la petroquímica básica y cuya explotación está reservada al Estado”, se-gún La Jornada en su edición del 19 de abril de aquel año.

ra de Diputados esta semana para explicar la estrategia seguida en Repsol.

El director de Pemex voló de urgencia a Madrid días antes de la sesión de la petro-lera española a fin de reunirse con algunos de sus socios –entre ellos los directivos de La Caixa– para explicarles las ventajas del aumento de su participación, según publi-có La Jornada el 27 de septiembre citando una fuente de “muy alto nivel”, que agregó que Pemex no tienen ningún interés en to-mar el control de Repsol, pero dejó clara su pretensión: “Quiero voz, quiero voto”.

“Lo que busco es tener mayor voz y ma-yor influencia en la estrategia de la empre-sa y las decisiones que se toman, y mejorar las prácticas del gobierno corporativo para bien de las dos empresas”, señaló.

En su opinión, Repsol podía aportar a Pemex su experiencia en la explotación en aguas profundas y en tecnología para exploración.

La misma fuente aceptó que Pemex deseaba cambios en el gobierno corporati-

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