MATRIMONIO POR INMINENTE PELIGRO DE MUERTE

ARTICULO 268

Si alguno de los contrayentes se encuentra en inminente peligro de muerte, el

matrimonio puede celebrarse sin observar las formalidades que deben

precederle. Este matrimonio se celebrará ante el párroco o cualquier otro

sacerdote y no produce efectos civiles si alguno de los contrayentes es

incapaz.

La inscripción sólo requiere la presentación de copia certificada de la partida

parroquial.

Dicha inscripción, sobreviva o no quien se encontraba en peligro de muerte,

debe efectuarse dentro del año siguiente de celebrado el matrimonio, bajo

sanción de nulidad.

Comentario

El artículo 268 se ocupa del matrimonio in extremis o de urgencia, aquél que se

celebra prescindiendo de las formalidades legales e inclusive ante autoridad

diferente al alcalde, por motivo de que uno o ambos contrayentes se

encuentren en inminente peligro de muerte.

En casos como éstos la celebración del matrimonio la realiza el párroco o

cualquier sacerdote, sin observar ninguna de las formalidades requeridas por el

artículo 248. A pesar de que no se exigen las formalidades, a causa de la grave

situación del o de los contrayentes, la ley no ampara vicio alguno. En esa línea

el mismo párroco o cualquier persona con legítimo interés que conozca tal

acontecimiento podrá oponerse a la celebración del acto si existe algún

impedimento legal, en cuyo caso se detendrá el procedimiento, o en su defecto

se concluirá el acto, bajo el riesgo de declararse nulo.

Además, durante la celebración del matrimonio, la autoridad deberá poner

mucho énfasis en la afirmación de la pretensión de matrimonio emitida por los

contrayentes, la misma que deberá ser indubitable, sobretodo por quien se

encuentra en tan delicada situación. Esto, para evitar lo criticado duramente por

Manuel Lorenzo de Vidaurre, en relación a la misma norma contenida en el

Código de 1936 (artículo 120), en cuanto al peligro que conlleva contraerse un

matrimonio bajo presión o fraudulentamente, descartando la posible

manipulación que pueda realizar uno de los pretendientes contra los intereses

de su pareja.

La celebración del acto matrimonial ante el párroco o cualquier otro sacerdote

parece ser la opción más acertada en casos extremos como el que se ocupa el

artículo 268, al amparo de la significativa devoción católica existente en nuestro

país, expresada en términos de un alto porcentaje. Sin embargo, debe tomarse

en consideración que el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú

de 1993 expresa que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que

nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,

opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. En consecuencia,

¿por qué no considerar legalmente procedente la ceremonia de matrimonio

celebrada ante autoridad religiosa distinta a la católica para casos de inminente

peligro de muerte de un miembro de su grupo religioso?, caso contrario, ¿ante

quién recurriría el mormón, testigo de Jehová, evangélico o cristiano? ¿qué

harán los agnósticos?

Frente a esta realidad puede afirmarse que al referirse el artículo 268 a la

celebración del matrimonio ante párroco o cualquier otro sacerdote, no supone

discriminación alguna respecto a la religión que profesa el contrayente, por lo

cual el director de la ceremonia podrá ser la autoridad de su religión, siempre

que ejerza un rango similar al sacerdote o párroco católico.

Además, sería pertinente considerar que no sea "exclusivamente" el párroco o

cualquier otro sacerdote quienes tengan aptitud para celebrar la ceremonia del

matrimonio, sino que pueda ser también el alcalde, o autoridad civil designada

por éste, asimismo los directores o jefes de hospitales o establecimientos

análogos, en circunstancias en las que ello sea posible.

De otro lado, consideramos que el último párrafo del artículo bajo comentario

no tiene mayor sustento. No es posible que se limite a un año el plazo en el

cual debe inscribirse el matrimonio ante la autoridad civil y menos aún

sancionar con nulidad el incumplimiento de este plazo. A nuestro criterio, la

declaración de matrimonio y el consentimiento de las partes han sido

realizadas para tener vigencia indefinida, las cuales concluyen, solo en el

momento que se demanda la separación de cuerpos o el divorcio. La ley ni la

autoridad pueden reservarse el privilegio de decidir hasta cuándo se

considerará cónyuges a la pareja que contrajo matrimonio y que no tiene

propósito alguno de romper su vínculo, solo por el hecho de no haber

registrado el acto.

Por último, es pertinente dejar constancia de que el supuesto del artículo 268

es diferente a los casos contenidos en los artículos 260, 261 Y 265. Estas

últimas normas disponen, respectivamente, que la celebración de la ceremonia

matrimonial puede delegarse, puede autorizarse a otro alcalde y puede

excepcionalmente llevarse a cabo fuera del local municipal. En todos esos

casos no se trata de situaciones in extremis o por inminente peligro de muerte

de alguno o de ambos contrayentes, sino que son situaciones justificadas por

otras causas que permiten acudir a la delegación o al cambio de lugar, pero no

a prescindir de las demás formalidades y requisitos.

La inminencia del peligro de muerte a que alude el artículo 268 explica el

porqué no hay obligación de cumplir dichos requisitos y formalidades, pudiendo

tratarse de contrayentes con enfermedad terminal o en estado de salud física

tan grave que permita concluir que no les alcanzará la vida para someterse a

los engorrosos trámites previos a la ceremonia matrimonial.

PRUEBA DEL MATRIMONIO

ARTICULO 269

Para reclamar los efectos civiles del matrimonio debe presentarse copia

certificada de la partida del registro del estado civil. La posesión constante del

estado de matrimonio, conforme a la partida, subsana cualquier defecto

puramente formal de ésta.

Comentario

1. El título de estado de familia

El acto jurídico matrimonial emplaza (ubica) en un determinado estado de

familia a sus intervinientes: "estado de familia de casados del cual se van a

derivar derechos familiares subjetivos (derecho a pedir alimentos, derecho a

heredar del cónyuge supérstite) y deberes correlativos (deber de cohabitación,

entre otros), pero tal emplazamiento requiere del título de estado de familia

formalmente había para su oponibilidad, es decir, se trata de "instrumentos

públicos", los mismos que crean la presunción legal de verdad de su contenido

en los términos prescritos por el Código Civil.

El título de estado de familia, de un lado, alude al instrumento o conjunto de

instrumentos públicos de los cuales emerge el estado de familia; en este caso

nos referimos al "título de estado formalmente hábil".

El "título de estado formalmente hábil hace oponible el estado de familia erga

omnes y permite ejercer los derechos y deberes que corresponden a dicho

estado de familia; es decir, el título formalmente hábil de estado de familia

permite la oponibilidad del estado de familia y lo prueba, pudiendo los

cónyuge~ actuar en sede judicial para hacerla valer, así como para ejercer los

derechos y deberes subjetivos familiares que se derivan del estado de familia

ante quienes pretendan desconocerlo".

De otro lado, el título de estado de familia alude al "título de estado en sentido

material o sustancial". En este caso, nos referimos a la causa de un

determinado emplazamiento. Así, la celebración del matrimonio civil ubica a

sus intervinientes en el estado de familia de casados.

Todo título de estado de familia formal presupone un título material de estado

de familia adecuado que es causa del emplazamiento; de esta manera, la

partida de registro del estado civil de matrimonio presupone la celebración del

acto matrimonial. Sin embargo, podría ocurrir que el título formal no se

correspondiera con el presupuesto sustancial, en cuyo caso deberá ser

destruido en sede judicial y, en tanto ello no ocurra, se entenderá que existe

concordancia entre ambos y por consiguiente, sus intervinientes se hallarán

emplazados en el estado de familia de casados con las implicancias jurídicas

que de ello se deriven y la consecuente oponibilidad erga omnes.

2. Prueba ordinaria

En nuestro ordenamiento legal el ''título formalmente hábil del estado de

familia" es la "partida del Registro de Estado Civil", la que constituye la prueba

ordinaria de la celebración del acto jurídico matrimonial, no siendo una

formalidad sustancial de éste (se requiere ad probationem y no ad sustantium

causa).

Deberá tenerse en cuenta que también constituyen prueba ordinaria de la

celebración del matrimonio las "partidas parroquiales" relativas a matrimonios

religiosos celebrados entre católicos, según el rito canónico, en lugar donde no

existía Registro Civil y con anterioridad a la dación del Decreto Ley NQ 6869 de

fecha 4 de octubre de 1930. El Decreto Ley NQ 6869 estableció que el único

matrimonio que tiene valor ante la leyes el civil, sean católicos o no los

contrayentes. Anteriormente el Código Civil de 1852 reconocía pleno efecto

civil al matrimonio religioso celebrado entre católicos según el rito canónico (el

matrimonio civil solo existió para los no católicos, desde el 23 de diciembre de

1897).

Respecto a la veracidad del contenido de las partidas parroquiales el artículo

400 inc 3° del derogado Código de Procedimientos Civiles de 1912 señalaba

que las partidas parroquiales eran "instrumentos públicos"; en consecuencia,

éstas, por sí solas, acreditaban la celebración del matrimonio religioso. Por

mandato expreso del artículo 1827 (segunda parte) del Código Civil de 1936,

las partidas parroquiales referentes a los hechos realizados antes de su

vigencia conservaban la eficacia que les atribuían las leyes anteriores. El

Código Civil vigente recoge este mismo principio en el artículo 2115, señalando

que las partidas parroquiales referentes a los hechos realizados antes del14 de

noviembre de 1936, conservan la eficacia que les atribuyen las leyes

anteriores. Solo en este contexto las partidas religiosas constituyen títulos

formalmente hábiles de estado de familia.

Desde el 4 de octubre de 1930 a la fecha, el único matrimonio que tiene valor

legal, sin interesar si se realiza entre católicos o no, es el civil. En

consecuencia, las partidas parroquiales relativas a los matrimonios celebrados

con posterioridad al 4 de octubre de 1930 no constituyen prueba ordinaria del

matrimonio.

3. subsanación de defecto formal. Prueba supletoria

Cualquier defecto formal de la partida de matrimonio puede ser subsanado por

"la posesión constante del estado matrimonial conforme a la partida", siendo

ello la prueba supletoria de la celebración del acto jurídico matrimonial. La

posesión constante del estado matrimonial tiene pues un valor convalidante si

existe la partida del Registro de Estado Civil y en ella hay vicios formales que

pudiesen poner en duda la celebración del matrimonio.

Por "posesión constante del estado matrimonial conforme a la partida"

debemos entender a la situación de hecho que se da entre aquellos que han

sido titulados como casados -así aparecen del tenor de la partida- y se les ha

reputado siempre como tales en sus relaciones sociales, comerciales o de otra

índole, sin haberse discutido o contestado tal estado civil (CORNEJO

CHÁVEZ).

El defecto subsanable es el puramente formal (por ejemplo, errores

ortográficos, omisión o error en los nombres de los contrayentes o

intervinientes en el acto, etc.); la partida así subsanada (mediante la posesión

constante del estado matrimonial conforme a la partida) acredita la celebración

del matrimonio. Quedan fuera de los alcances de la norma aquellos defectos

materiales o sustantivos que constituyen impedimentos matrimoniales y atacan

la validez del matrimonio por adolecer de un vicio esencial al momento de su

celebración (impedimenta dirimenta).

PRUEBAS SUPLETORIAS DEL MATRIMONIO

ARTICULO 270

Comprobada la falta o pérdida del registro o del acta correspondiente, es

admisible cualquier otro medio de prueba.

Comentario

Puede ocurrir que el acto matrimonial se haya celebrado pero que no se cuente

con el título de estado formalmente hábil -la partida del registro de estado civil-

para su oponibilidad erga omnes.

Ante la imposibilidad de presentar la copia certificada de la partida del Registro

de Estado Civil, por pérdida o falta del registro o del acta correspondiente la

norma autoriza a probar la celebración del acto jurídico matrimonial por otro

medio, pero tal actuación de pruebas podrá llevarse adelante siempre y cuando

previamente se acredite la imposibilidad de obtener la "prueba ordinaria del

matrimonio" por la falta o pérdida del registro o del acta correspondiente. De

ahí su carácter de prueba supletoria.

El hecho a probarse es la "celebración del acto jurídico matrimonial", para lo

cual podrá utilizarse todo aquello que lleve a demostrar y cree convicción de

que el matrimonio fue efectivamente celebrado (por ejemplo, la declaración de

testigos que asistieron a la boda, los partes de matrimonio, publicaciones

relativas al matrimonio, etc.).

Deberá tenerse en cuenta que esta prueba reposa sobre una presunción 'Juris

tamtum"; es decir, si se acredita fehacientemente que no hubo matrimonio, la

prueba pierde sus efectos.

LA SENTENCIA PENAL COMO PRUEBA DEL MATRIMONIO

ARTICULO 271

Si la prueba del matrimonio resulta de un proceso penal, la inscripción de la

sentencia en el registro del estado civil tiene la misma fuerza probatoria que la

partida.

Comentario

No es la finalidad de una sentencia penal pronunciarse sobre la existencia del

matrimonio. Su objeto es imponer una condena o absolver al acusado de haber

cometido un delito.

La imposición de una condena a quien perjudicó una partida de matrimonio

mediante acto delictuoso, supone la comprobación del delito y, por lo tanto,

evidencia la celebración del acto jurídico matrimonial y la preexistencia de la

partida. No habría pues razón alguna para negar tal celebración. La sentencia

penal, por vía de consecuencia, representa la prueba de la celebración del acto

jurídico matrimonial; sin embargo, en ningún caso, la sentencia penal puede

resolver sobre la existencia del matrimonio.

Solo así es posible entender el efecto que se le quiere dar a la sentencia penal

en tanto se le considera una prueba. Sin embargo, debe acotarse también que

no sería posible inscribir una sentencia penal en el Registro de Estado Civil,

toda vez que ésta no resuelve jurisdiccionalmente sobre la celebración del

matrimonio.

POSESIÓN CONSTANTE DEL ESTADO DE CASADOS

ARTICULO 272

La posesión constante del estado de casados de los padres, constituye uno de

los medios de prueba del matrimonio, si hubiesen muerto o se hallasen en la

imposibilidad de expresarse o de proporcionar información.

Comentario

1. La posesión constante del estado de casados podrá ser usada

excepcionalmente como medio probatorio cuando son los hijos los interesados

en demostrar que sus padres contrajeron matrimonio, pero no cuentan con el

título de estado formalmente hábil como medio de prueba.

En este caso, la posesión constante del estado de casados de los padres tiene

relevancia jurídica como medio de prueba supletoria de la celebración del

matrimonio, pues permite a la ley presumir ''iuris tantum" que quienes se han

conducido "públicamente" como si estuvieran emplazados en el estado de

casados han celebrado el acto jurídico matrimonial (por ejemplo, uso por la

mujer del apellido del que públicamente es reconocido como su marido, habitar

en domicilio común, etc. ... ).

Nótese que la posesión constante del estado de casados no es -en rigor- una

prueba suficiente, pues el hecho a probarse es la celebración del acto jurídico

matrimonial y no la vida en común, ya que esto último no presupone

necesariamente la celebración del matrimonio (BOSSERT, ZANNONI).

Sin pretender una enumeración taxativa, se entiende que están incluidos en los

alcances de esta norma, los casos de muerte presunta de los padres, de

declaración de ausencia, de los privados de discernimiento o de desaparición.

La muerte presunta equivale a la muerte natural; la ausencia declarada

judicialmente así como el hecho de encontrarse desaparecida una persona

revelan la imposibilidad de expresarse o de proporcionar información.

DUDA SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO

ARTICULO 273

La duda sobre la celebración del matrimonio se resuelve favorablemente a su

preexistencia si los cónyuges viven o hubieran vivido en la posesión constante

del estado de casados.

Comentario

Cuando se alude a la prueba del matrimonio se atiende a su necesaria

oponibilidad. El acto jurídico matrimonial, puesto que emplaza en un

determinado estado de familia, exige obviamente esa oponibilidad. Lo cual nos

enfrenta con el requerimiento de la prueba a través del título de estado de

familia, desde el punto de vista formal.

El régimen legal de la prueba del matrimonio es especial, por cuanto no sigue

el criterio de someter la comprobación del casamiento a los principios del

derecho común, y porque reconoce otros medios probatorios del mismo que la

sola inscripción en el Registro Civil, en las justificadas circunstancias

expresamente previstas en la ley.

En primer lugar y visto como una cuestión que no es de forma sino de prueba,

porque no se requiere ad sustantiam sino ad probationem, la partida del

registro del estado civil se constituye en la prueba ordinaria del matrimonio.

En segundo lugar, y como la aplicación rígida del primer criterio haría imposible

la prueba del matrimonio, comprobada la falta o pérdida del registro o del acta

correspondiente, se autoriza todo elemento de convicción que conduzca a

remediar la inexistencia de la partida, por lo mismo que si el registro prueba el

casamiento, no es aquél, como se ha expuesto antes, formalidad sustancial del

acto. Esto supone que, en primer término, se acredite el hecho de la falta o

pérdida del registro y, en segundo lugar, la actuación de pruebas que acrediten

la realización de las diligencias previas y de la ceremonia del casamiento.

En tercer lugar y en situaciones excepcionales determinadas en la ley, se

admite a la posesión de estado matrimonial como la prueba supletoria del

matrimonio. Ésta procede para subsanar cualquier defecto puramente formal

de la partida; constituye uno de los medios de prueba, si los cónyuges

hubiesen muerto o se hallasen en imposibilidad de expresarse o de

proporcionar información; y, en caso de duda sobre la celebración del

matrimonio, es prueba favorable a su preexistencia, como se señala en el

presente artículo.

Esta disposición resuelve en sentido afirmativo, si entre las pruebas se halla la

de posesión de estado de casados, las vacilaciones en el espíritu del juzgador

en aquellos casos en que se busca suplir la prueba ordinaria del matrimonio, en

los que cabe la posibilidad de que los elementos de convicción que se aporten

no llenen plenamente la finalidad que con ellos se quiere lograr.

Se trata de una norma que se sustenta en la equidad, llamada a funcionar más

que en otra relación jurídica en ésta, cuando se está frente a una unión que ha

creado lazos familiares tenidos como matrimoniales en el consenso público que

patentiza la posesión de estado. Ésta importa que, en la realidad, los cónyuges

notoriamente hagan o hubiesen hecho vida de tales.

Sin embargo y sobre este último punto, la posesión de estado matrimonial no

debe ser invocada como prueba suficiente porque, obviamente, el hecho a

probar es la celebración del matrimonio y no la vida común que no presupone

necesariamente la celebración del acto matrimonial y que se confunde con la

posesión de estado de convivientes.

INVALIDEZ DEL MATRIMONIO

CAUSALES DE NULIDAD DEL MATRIMONIO

ARTICULO 274

Es nulo el matrimonio:

1.- Del enfermo mental, aun cuando la enfermedad se manifieste después de

celebrado el acto o aquél tenga intervalos lúcidos. No obstante, cuando el

enfermo ha recobrado la plenitud de sus facultades, la acción corresponde

exclusivamente al cónyuge perjudicado y caduca si no se ejercita dentro del

plazo de un año a partir del día en que cesó la incapacidad.

2.- Del sordomudo, del ciegosordo y del ciegomudo que no sepan expresar su

voluntad de manera indubitable. Empero, si aprenden a expresarse sin lugar a

duda, es de aplicación lo dispuesto en el inciso 1.

3.- Del casado. No obstante, si el primer cónyuge del bígamo ha muerto o si el

primer matrimonio ha sido invalidado o disuelto por divorcio, sólo el segundo

cónyuge del bígamo puede demandar la invalidación, siempre que hubiese

actuado de buena fe. La acción caduca si no se interpone dentro del plazo de

un año desde el día en que tuvo conocimiento del matrimonio anterior.

Tratándose del nuevo matrimonio contraído por el cónyuge de un desaparecido

sin que se hubiera declarado la muerte presunta de éste, sólo puede ser

impugnado, mientras dure el estado de ausencia, por el nuevo cónyuge y

siempre que hubiera procedido de buena fe. En el caso del matrimonio

contraído por el cónyuge de quien fue declarado presuntamente muerto, es de

aplicación el artículo 68.

4.- De los consanguíneos o afines en línea recta.

5.- De los consanguíneos en segundo y tercer grado de la línea colateral. Sin

embargo, tratándose de tercer grado, el matrimonio se con valida si se obtiene

dispensa judicial del parentesco.

6.- De los afines en segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio

anterior se disolvió por divorcio y el ex cónyuge vive.

7.- Del condenado por homicidio doloso de uno de los cónyuges con el

sobreviviente a que se refiere el artículo 242, inciso 6.

8.- De quienes lo celebren con prescindencia de los trámites establecidos en

los artículos 248 a 268. No obstante, queda con validado si los contrayentes

han actuado de buena fe y se subsana la omisión.

9.- De los contrayentes que, actuando ambos de mala fe, lo celebren ante

funcionario incompetente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil

o penal de éste. La acción no puede ser planteada por los cónyuges.

1. Invalidez del matrimonio

Uno de los problemas fundamentales vinculados con la invalidez del

matrimonio lo constituye la determinación de si las disposiciones del Capítulo

Quinto del Título I de la Sección Segunda del Libro 111 del Código Civil -que a

tal materia se refieren- forman un régimen especial que se basta a sí mismo, o

bien si le son aplicables subsidiariamente las normas sobre la invalidez de los

actos jurídicos contenidas en el Título IX del Libro 11 del mismo Código Civil.

Al respecto, la doctrina sustenta la tesis de la especialidad, según la cual el

régimen de invalidez del matrimonio difiere de la regulación adoptada para el

acto jurídico en general; por lo que se excluye la aplicación a aquél de estas

últimas disposiciones. Esto es así, porque el matrimonio es un acto jurídico,

pero de naturaleza tan trascendental para el orden social que requiere normas

especiales que regulen su invalidez, ya que ésta puede acarrear la disolución

de la familia y la colocación de los cónyuges en la categoría de concubinos. Es

muy distinto, pues, invalidar un acto que solo produce consecuencias

patrimoniales que uno que da origen a un sinnúmero de relaciones de orden

familiar. Y la invalidez debe fundarse en motivos claramente determinados,

pues no cabe admitir que se generalicen situaciones de duda con respecto a la

validez del matrimonio, que necesariamente surgirían en caso de admitirse la

ampliación de las causales del régimen general de invalidez del acto jurídico y

del número de personas con derecho de ejercer la pretensión respectiva sobre

la base de disposiciones creadas con miras a regular situaciones de

importancia exclusivamente patrimonial.

En conclusión, ta formación histórica de la teoría de la invalidez del matrimonio

y la naturaleza del acto determinan la especialidad del régimen de invalidez del

matrimonio y que no le son aplicables las reglas sobre invalidez de los actos

jurídicos en general.

La ausencia de alguno de estos elementos estructurales del acto jurídico

matrimonial provoca -para la doctrina- su inexistencia, por cuanto en realidad

no hay matrimonio y porque tampoco existe texto legal expreso que declare su

nulidad. Sin embargo, no está demás señalar que en nuestra legislaciÓn, por

su falta de regulación expresa como causales de nulidad, la falta de diversidad

de sexos de los contrayentes y la ausencia de consentimiento prestado por

ellos, se constituyen como los únicos supuestos evidentes de inexistencia del

matrimonio. Y es que no cabe duda de que la igualdad de sexo de los

contrayentes implica una causa fundamental para desconocer toda eficacia

jurídica al aparente matrimonio así celebrado; razón por la cual, es inútil su

regulación expresa. Lo mismo ocurre si no concurre el consentimiento

matrimonial. Al respecto, no debe perderse de vista que la especialidad en

materia de invalidez del matrimonio también se presenta en la inexistencia del

matrimonio y determina que no se permita sostener la actuación de buena fe de

quienes lo celebran, que no produzca ningún efecto civil y que pueda ser

invocada por cualquier interesado en forma perpetua.

Empero, se debe resaltar que hay otros dos supuestos no previstos en el

régimen matrimonial-por una falta de concordancia legislativa- y que

constituyen en sí mismos causales para su invalidez; éstos son: el matrimonio

celebrado por quienes están relacionados por el parentesco adoptivo y el

matrimonio celebrado entre el procesado como partícipe en el homicidio doloso

de uno de los cónyuges, con el sobreviviente. En ambas circunstancias, se ha

infrinjido un impedimento dirimente y es evidente que los contrayentes

adolecen de aptitud nupcial. Siendo ésta un elemento estructural o esencial del

acto jurídico matrimonial y no estando estas eventualidades reguladas

expresamente como causales de nulidad, se confirma la inexistencia del

matrimonio celebrado por quienes no tienen aptitud nupcial en estos casos

señalados.

No obstante y conservando la especialidad, también se sostiene que esos

matrimonios así ceíebrados son nulos en aplicación de la disposición del

artículo V del Título Preliminar del Código Civil, que constituye una norma

general que comprende todas las situaciones en que las prohibiciones de las

leyes no vayan acompañadas de los efectos que la contravención provoca.

Esto se aprecia fácilmente si se considera que el artículo 234 del Código Civil,

al contener -en sede del Derecho de Familia- el concepto de matrimonio para

nuestro sistema jurídico, constituye una norma de orden público.

Las consecuencias de la doctrina de la especialidad se aprecian en el régimen

legal de invalidez del matrimonio, a saber:

a) La invalidez matrimonial está gobernada por principios propios, que

vienen del principio de favorecer las nupcias, por lo que la nulidad absoluta y la

relativa del matrimonio no coinciden totalmente en sus efectos con la nulidad

absoluta y la relativa de los actos jurídicos en general.

Así, si cotejamos las disposiciones de nuestro Código Civil, advertimos que

explícitamente contiene solamente la distinción entre nulidad absoluta del

matrimonio y nulidad relativa. Sin embargo, las causales de invalidez del

matrimonio no se diferencian por la forma o modo de presentarse el vicio, por

su ostensibilidad. No puede sostenerse, por ejemplo, que existen matrimonios

nulos que se reputan tales aunque su nulidad no haya sido juzgada. Toda

nulidad de matrimonio es siempre dependiente de juzgamiento. Y esto es así

ya que, fuere o no manifiesto el vicio que presenta el acto jurídico matrimonial,

si el matrimonio fue contraído de buena fe por el cónyuge, produce hasta el día

en que se declare su nulidad todos los efectos de un matrimonio válido (artículo

284 del Código Civil), con lo que no se produce el efecto fundamental de la

nulidad de los actos jurídicos. Y aun en los casos en que el matrimonio hubiese

sido contraído de mala fe por ambos cónyuges, la nulidad no perjudica los

derechos adquiridos por terceros que de buena fe hubiesen contratado con los

supuestos cónyuges (artículo 285 del Código Civil).

Por ello, si aplicáramos los criterios clasificatorios de las nulidades que se

efectúan en el Código Civil respecto de los actos jurídicos en general,

deberíamos concluir que se está siempre ante supuestos de matrimonios

anulables y no nulos, que, como tales, se reputan válidos mientras no sean

anulados; y solo se los tendrá por nulos desde el día de la sentencia que los

anulase (artículo 222 del Código Civil).

Por consiguiente, ha de reconocerse que la invalidez matrimonial está

gobernada por principios propios, que vienen del principio de favorecer las

nupcias, y que la nulidad absoluta y la relativa del matrimonio no coinciden

totalmente en sus efectos con la nulidad absoluta y la relativa de los actos

jurídicos en general; lo que confirma la teoría de la especialidad.

b) En cuanto a las causales de invalidez del matrimonio: no hay otras causales

que las expresamente previstas en la ley, es decir, las enumeradas en los

artículos 274 Y 277 del Código Civil.

Sobre este punto, debe observarse que la invalidez del matrimonio traduce la

falta o defecto de algunos elementos estructurales que la ley exige para que el

acto jurídico matrimonial produzca, en plenitud, sus efectos propios. Tales

elementos estructurales se sintetizan en: a) la exigencia de aptitud nupcial en

los contrayentes (es decir, ausencia de impedimentos dirimentes), b) la

prestación de un consentimiento no viciado, y c) la observancia de la forma

prescrita para su celebración.

En ese orden de ideas, las causas de nulidad del matrimonio son los

impedimentos de enfermedad mental, sordomudez, ligamen, parentesco y

crimen; regulándose, además, la inobservancia de la forma prescrita, de

posible convalidación, y la intervención de autoridad incompetente para

celebrar el matrimonio, con la actuación de mala fe por parte de ambos

contrayentes. Por su parte, las causas de anulabilidad del matrimonio son los

impedimentos de impubertad legal, sanidad nupcial y rapto; regulándose,

además, la privación de las facultades mentales por una causa pasajera, los

vicios de la voluntad del error en la persona y de la intimidación, la impotencia

absoluta (o imposibilidad de realizar la cópula sexual) y la intervención de

autoridad incompetente para celebrar el matrimonio, con la actuación de buena

fe de por lo menos uno de los contrayentes.

c) Respecto de la legitimidad para ejercitar la pretensión de invalidez del

matrimonio, sea nulidad o anulabilidad, la ley en forma expresa señala los

casos de reserva de su ejercicio en favor de uno o de ambos cónyuges, toda

vez que las nupcias los vinculan directamente; pudiendo sus herederos, en

esos supuestos, solo continuar el proceso ya iniciado (artículo 278 del Código

Civil). Para aquellas situaciones en las que no se ha realizado la reserva

expresa a favor de los cónyuges, rige el principio de que la pretensión puede

ser ejercitada por todos los que tengan legítimo interés; pudiendo los

herederos, además, continuar el proceso ya iniciado (artículo 279 del Código

Civil).

Por la necesidad de salvaguardar el orden público, se impone al Ministerio

Público la obligación de interponer la demanda respectiva y se faculta al juez

de Familia declararla de oficio cuando sea manifiesta (artículo 275 del Código

Civil). Debe advertirse que, por esta misma razón la regla del nemo auditur,

vale decir el principio que veda alegar la propia torpeza, decae en el régimen

de invalidez del matrimonio; por lo que puede ejercitar la pretensión cualquiera

de los cónyuges Y no solo el cónyuge que ignoró la existencia del

impedimento.

Resulta importante resaltar que en nuestra legislación se comprueba una

evidente incongruencia entre las disposiciones relacionadas con la legitimación

activa contenidas en el artículo 274 respecto de la regla del artículo 275 del

Código Civil. Y es que esta última disposición sentencia que la pretensión de

nulidad del matrimonio puede ser ejercitada por quienes tengan un legítimo

interés, mientras que el artículo 274 establece los casos en que la pretensión

de nulidad del matrimonio está reservada a favor de los cónyuges. Sin

embargo, esta incongruencia se resuelve considerando el principio de

favorecer las nupcias que gobierna la especialidad del régimen.

d) Siendo las acciones de estado de familia imprescriptibles por estar referidas

a la persona en sí misma, la pretensión de invalidez del matrimonio también

goza de esa misma característica. Sin embargo y por el principio de favorecer

las nupcias, se establecen en la ley los supuestos en que esa característica se

extingue por caducidad, tanto en casos de nulidad como de anulabilidad;

produciendo, de esta manera, la convalidación del matrimonio. Ello es así por

cuanto el interés en afianzar la unión matrimonial exige eliminar la

incertidumbre que importaría el mantener vigente la pretensión en el tiempo. En

tal sentido, cuando no se establezca un plazo de caducidad, la pretensión

puede ser ejercitada en todo momento, lo que imposibilita la convalidación del

matrimonio; en cambio, previsto un plazo de caducidad y no habiéndose

ejercitado la pretensión oportunamente, el matrimonio queda convalidado.

Resulta importante resaltar que en nuestra legislación se comprueba otra

evidente incongruencia entre las disposiciones relacionadas con esta materia.

Así, el artículo 276 establece que la acción de nulidad no caduca;

desconsiderando que en el artículo 274 del Código Civil se han contemplado

los casos en que caduca la pretensión de nulidad. Al respecto, esta

incongruencia también se resuelve considerando el principio de favorecer las

nupcias que gobierna la especialidad del régimen.

e) Como queda expuesto, el principio de favorecer las nupcias determina la

regulación expresa de los casos en que la unión matrimonial deba

convalidarse. Esa convalidación también se produce cuando se verifican los

supuestos de hecho contemplados en la ley. Así, tratándose de la nulidad del

matrimonio por haber sido celebrado entre parientes consanguíneos del tercer

grado de la línea colateral, aquél se convalida si se obtiene la dispensa judicial

del parentesco (inciso 5 del artículo 274 del Código Civil); con relación a la

nulidad del matrimonio celebrado con prescindencia de la forma prescrita,

aquel se convalida si se subsanan las omisiones en que se ha incurrido (inciso

8 del artículo 274 del Código Civil); en lo que se refiere a la anulabilidad del

matrimonio del impúber, aquél se convalida por alcanzar éste la mayoría de

edad y cuando la mujer ha concebido (inciso 1 del artículo 277 del Código

Civil).

f) La sentencia que declara la invalidez de un matrimonio, sea por nulidad o por

anulabilidad, es declarativa y proyecta sus efectos hacia el futuro -ex nunc-, por

lo que el matrimonio así celebrado produce los efectos de un matrimonio válido

hasta que se declara la invalidez. Esto es así, por las consecuencias negativas

que provocaría la aplicación del principio general en cuanto a los efectos de la

nulidad de los actos jurídicos en general, lo que no solo afectaría el vínculo

conyugal, sino que también incidirían en todo el cúmulo de situaciones

familiares creadas hasta la sentencia de invalidez.

Los efectos del matrimonio se producen a favor del cónyuge que actuó de

buena fe al momento de su celebración, la que no se ve perjudicada por el

conocimiento posterior del vicio que provoca la invalidez. La mala fe de los

cónyuges consiste en el conocimiento que hubieran tenido, o debido tener, al

día de la celebración del matrimonio, del impedimento o circunstancia que

causare la invalidez; lo que debe ser alegado y probado, por cuanto se

presume la buena fe.

En tal sentido, el matrimonio contraído de buena fe por un cónyuge produce a

su favor, hasta el día en que se declare su nulidad, todos los efectos de un

matrimonio válido (artículo 284 del Código Civil); sin que la mala fe por ambos

cónyuges perjudique los derechos adquiridos por terceros que de buena fe

hubiesen contratado con los supuestos cónyuges (artículo 285 del Código

Civil).

Como se ha explicado, la invalidez del matrimonio traduce la falta o defecto de

algunos elementos estructurales que la ley exige para que el acto jurídico

matrimonial produzca, en plenitud, sus efectos propios. Tales elementos

estructurales se sintetizan en: a) la exigencia de aptitud nupcial en los

contrayentes (o sea, ausencia de impedimentos dirimentes); b) la prestación de

un consentimiento no viciado; y c) la observancia de la forma prescrita para su

celebración. En ese orden de ideas, los artículos 274 y 277 del Código Civil

contemplan la regulación de las causas de invalidez del matrimonio basada en

haberse contraído las nupcias contraviniendo impedimentos dirimentes, en la

existencia de defectos en el consentimiento matrimonial yen la inobservancia

de la forma prescrita; contemplándose, también, a la impotencia absoluta.

2. El artículo 274 del Código Civil. Es nulo el matrimonio:

a) Del enfermo mental, aun cuando la enfermedad se manifieste después de

celebrado el acto o aquél tenga intervalos lúcidos. No obstante, cuando el

enfermo ha recobrado la plenitud de sus facultades, la acción corresponde

exclusivamente al cónyuge perjudicado y caduca si no se ejercita dentro del

plazo de un año a partir del día en que cesó la incapacidad

Se trata de una causal de nulidad del matrimonio relacionada con la

aptitud nupcial de uno de los contrayentes, quien padece de enfermedad

mental crónica, aunque tenga intervalos de lucidez.

El fundamento de la norma es doble: en primer lugar, la protección del enfermo

mental que ha otorgado un acto jurídico de la importancia del matrimonio sin

discernimiento; en segundo término, la protección del sano, a quien no parece

justo imponer la carga de una unión perpetua con un enfermo mental si obró

ignorando la enfermedad.

Debe destacarse que la previsión legislativa se refiere a la situación de hecho

de la enfermedad mental sin relación con la interdicción civil por esta misma

causal. Pero la existencia de esto último no es del todo indiferente, sino que

influye sobre la carga de la prueba. Si existe sentencia de interdicción civil,

como que ella supone que se ha acreditado judicialmente la demencia, resulta

innecesario volverla a probar; quien sostenga la rehabilitación en el momento

del matrimonio es quien deberá acreditarla. En cambio, si no existe sentencia

de interdicción civil, corresponde a quien ataca el matrimonio demostrar la

enajenación mental al tiempo de celebrarlo.

De otro lado y en consideración al criterio mayormente aceptado sobre la

génesis de la enfermedad mental que la aprecia como una anomalía congénita

y que se manifiesta por diversos estímulos o factores potencialmente

provocadores de su evolución natural que la conducen al estado crónico, es

que se admite la vigencia de la causal para demandar la invalidez aun cuando

la enfermedad mental se manifieste después de celebrado el matrimonio.

La disposición legal también destaca la vigencia de la causal para demandar la

invalidez del matrimonio si el enfermo mental tiene intervalos de lucidez; los

que se presentan, según la apreciación generalmente aceptada, en ciertos

casos de restablecimiento de la normalidad, como en las psicosis intermitentes

con accesos separados por épocas de lucidez perfecta y de bastante duración,

que constituyen estados de auténtica salud.

Respecto de la legitimación activa por esta causal y con relación a la extinción

de la imprescriptibilidad de la pretensión de nulidad del matrimonio por la

caducidad, la ley expresamente regula un régimen para el supuesto en que el

enfermo ha recobrado la plenitud de sus facultades mentales; estando implícito,

a partir de considerar las características del régimen legal de invalidez del

matrimonio, el tratamiento legal para el caso contrario: cuando el enfermo aún

no recupera sus facultades mentales.

Para la primera circunstancia, reserva su ejercicio a favor del cónyuge

perjudicado y caduca dentro del plazo de un año a partir del día en que cesó la

incapacidad. Al respecto, debe considerarse que con la denominación

"cónyuge perjudicado" se alude, de acuerdo con la situación de hecho que se

presente, tanto al cónyuge que descubre, luego de recobrar sus facultades

mentales, haber contraído matrimonio siendo enfermo mental; como, también,

al cónyuge sano a quien se le revela la enfermedad mental que padeció su otro

consorte.

Para el segundo evento no realiza reserva alguna del ejercicio de la pretensión,

por lo que, mientras el cónyuge enfermo no recupere sus facultades mentales,

rige el principio de que la pretensión puede ser ejercitada por todos los que

tengan legítimo interés. Asimismo, no establece un plazo de caducidad, por lo

que la pretensión puede ser ejercitada en todo momento, mientras el cónyuge

enfermo no recupere sus facultades mentales.

La revisión de las previsiones legales descritas evidencia que el cómputo del

plazo de caducidad se inicia a partir de un momento que no puede ser

señalado con precisión, si se considera que la "cesación de la incapacidad" no

es un hecho que tiene lugar en un instante exacto y determinado. Por ello se

propone como supuesto de hecho convalidante, para el enfermo mental, el

continuar la vida común después de recobrada la razón; y, para el sano, el

continuar la vida marital después de conocer el estado mental del otro

contrayente. En cualquiera de esas circunstancias, es obvio que se acepta el

matrimonio pese a la falta de voluntad o al error sufrido; por lo que queda

convalidado y la pretensión no puede ser ejercida.

b) Del sordomudo, del ciegosordo y del ciegomudo que no sepan expresar su

voluntad de manera indubitable. Empero si aprenden a expresarse sin lugar a

duda, es de aplicación lo dispuesto en el inciso 1)

Se trata de otra causal de nulidad del matrimonio relacionada con la

aptitud nupcial de uno de los contrayentes, quien siendo sordomudo,

ciegosordo o ciegomudo no sabe expresar su voluntad de manera indubitable.

El fundamento de la norma es evidente: es la protección a las personas que se

encuentran en dificultad para consentir indubitable mente al matrimonio.

Asimismo, debe destacarse que la previsión legislativa se refiere a la situación

de hecho del sordomudo, ciegosordo o ciegomudo que no sabe expresar su

voluntad indubitable mente sin relación con la interdicción civil por esta misma

causal. Pero, y como en el caso anterior, la existencia de esto último no es del

todo indiferente, sino que influye sobre la carga de la prueba. Si existe

sentencia de interdicción civil, como ella supone que se ha acreditado

judicialmente tal situación de hecho, resulta innecesario volverla a probar;

quien sostenga que sí sabía expresarse indubitablemente en el momento del

matrimonio es quien deberá acreditarla. En cambio, si no existe sentencia de

interdicción civil, corresponde a quien ataca el matrimonio demostrar tal

dificultad al tiempo de celebrarlo.

Respecto de la legitimación activa por esta causal y con relación a la extinción

de la imprescriptibilidad de la pretensión de nulidad del matrimonio por la

caducidad, la ley expresamente regula un régimen para el supuesto en que el

cónyuge afectado con el impedimento aprende a expresarse sin lugar a dudas;

estando implícito, a partir de considerar las características del régimen legal de

invalidez del matrimonio, el tratamiento legal para el caso contrario: cuando el

cónyuge afectado con el impedimento aún no aprende a expresarse en forma

indubitable.

Para la primera circunstancia, reserva su ejercicio a favor del cónyuge

perjudicado y caduca dentro del plazo de un año a partir del día en que

aprendió a expresar su voluntad de manera indubitable. Al respecto, debe

considerarse que con la denominación "cónyuge perjudicado" se alude a aquél

impedido que, después de contraer matrimonio, aprendió a expresar su

voluntad.

Para el segundo evento no se realiza reserva alguna del ejercicio de la

pretensión; por lo que, mientras el cónyuge afectado no aprende a expresarse

indubitablemente, rige el principio de que la pretensión puede ser ejercitada por

todos los que tengan legítimo interés. Asimismo, no establece un plazo de

caducidad; por lo que la pretensión puede ser ejercitada en todo momento,

mientras el cónyuge afectado no se exprese de manera indubitable.

c) Del casado. No obstante, si el primer cónyuge del bígamo ha muerto o si el

primer matrimonio ha sido invalidado o disuelto por divorcio, solo el segundo

cónyuge del bígamo puede demandar la invalidación, siempre que hubiese

actuado de buena fe. La acción caduca si no se interpone dentro del plazo de

un año desde el día en que tuvo conocimiento del matrimonio anterior.

Tratándose del nuevo matrimonio contraído por el cónyuge de un desaparecido

sin que se hubiera declarado la muerte presunta de éste, solo puede ser

impugnado, mientras dure el estado de ausencia, por el nuevo cónyuge y

siempre que hubiera procedido de buena fe. En el caso del matrimonio

contraído por el cónyuge de quien fue declarado presuntamente muerto, es de

aplicación el artículo 68

Esta causal de nulidad supone la subsistencia de un matrimonio civil anterior;

esto es, que el primer matrimonio civil no sea disuelto por la muerte de uno de

los cónyuges o por el divorcio o por la invalidez del mismo.

Se fundamenta en la protección de la institucionalización de la unión

intersexual monogámica, de un solo hombre con una sola mujer; quiere decir

que la existencia de un vínculo matrimonial subsistente impide la constitución

de otro Vínculo matrimonial.

Respecto de la legitimación activa por esta causal y con relación a la extinción

de la imprescriptibilidad de la pretensión de nulidad del matrimonio por la

caducidad, la ley expresamente distingue un régimen para los siguientes

supuestos:

a) El nuevo matrimonio contraído por una persona casada;

b) El nuevo matrimonio contraído por el cónyuge de un desaparecido sin que

se hubiera declarado la muerte presunta de éste; y,

c) El matrimonio contraído por el cónyuge de quien fue declarado

presuntamente muerto.

Para la primera circunstancia, expresamente regula el caso de que el primer

matrimonio se haya extinguido, sea porque ha muerto el primer cónyuge del

bígamo o si aquél ha sido invalidado o disuelto por divorcio; estando implícito, a

partir de considerar las características del régimen legal de invalidez del

matrimonio, el tratamiento legal para el caso contrario: cuando el primer

matrimonio está vigente.

Cuando el primer matrimonio se ha extinguido, reserva su ejercicio a favor del

segundo cónyuge del bígamo, siempre que haya actuado de buena fe, y

caduca dentro del plazo de un año a partir del día en que tuvo conocimiento del

matrimonio anterior. En cambio, cuando el primer matrimonio está vigente no

se realiza reserva alguna del ejercicio de la pretensión; por lo que rige el

principio de que la pretensión puede ser ejercitada por todos los que tengan

legítimo interés, incluso por el propio bígamo. Asimismo, no establece un plazo

de caducidad; por lo que la pretensión puede ser ejercitada en todo momento,

mientras el primer matrimonio esté vigente.

Tratándose del nuevo matrimonio contraído por el cónyuge de un desaparecido

sin que se hubiera declarado la muerte presunta de éste, expresamente regula

el caso de subsistir la ausencia. En este supuesto reserva el ejercicio de la

pretensión al nuevo cónyuge, siempre que hubiera procedido de buena fe y

mientras dure el estado de ausencia. Está implícito que, si la ausencia concluye

por la reaparición del desaparecido, serán aplicables las disposiciones

anotadas para el caso de que el primer matrimonio esté vigente.

En cambio, si la ausencia termina por la declaración de muerte presunta del

desaparecido, el cónyuge supérstite podrá contraer válidamente un nuevo

matrimonio por cuanto la muerte pone fin a la persona (artículo 61 del Código

Civil). En ese sentido, si el declarado muerto presunto reaparece y obtiene su

reconocimiento de existencia, ello no invalidará el nuevo matrimonio que

hubiere contraído su ex cónyuge.

d) De los consanguíneos o afines en línea recta. De los consanguíneos en

segundo y tercer grado de la línea colateral. Sin embargo, tratándose del tercer

grado, el matrimonio se convalida si se obtiene dispensa judicial del

parentesco. De los afines en segundo grado de la línea colateral cuando el

matrimonio anterior se disolvió por divorcio y el ex cónyuge vive

En las disposiciones legales citadas se contempla al parentesco

consanguíneo o afín, en línea recta o colateral, respectivamente, como

causales de nulidad del matrimonio. Así, se establece que:

a) El parentesco afecta de nulidad al matrimonio celebrado por los

consanguíneos y afines en línea recta, en todos y cada uno de sus grados;

b) El parentesco afecta de nulidad al matrimonio celebrado por los

consanguíneos en segundo y tercer grado de la línea colateral; y,

c) El parentesco afecta de nulidad al matrimonio celebrado por los afines en

segundo grado cuando el matrimonio que lo produjo se disolvió por divorcio y el

ex cónyuge vive.

Para todos estos casos no se realiza reserva alguna del ejercicio de la

pretensión; por lo que rige el principio de que la pretensión puede ser ejercitada

por todos los que tengan legítimo interés, incluso por el propio afectado con el

impedimento. Asimismo, no se establece un plazo de caducidad; por lo que la

pretensión puede ser ejercitada en todo momento.

Téngase presente que, en atención al principio de favorecer el matrimonio, se

regula expresamente la convalidación del matrimonio contraído por quienes

están vinculados por el parentesco consanguíneo en tercer grado, si se obtiene

su dispensa judicial.

Debe destacarse que la afinidad no subsiste como impedimento matrimonial

después de la invalidación del matrimonio que la creó. Ello es así por cuanto

invalidado un matrimonio, como principio todos sus efectos desaparecen con

efecto retroactivo; claro está que ese principio reconoce excepciones, pero

éstas están determinadas en la ley y entre ellas no se encuentra la subsistencia

de la afinidad.

Obsérvese que, no obstante tratarse de un impedimento dirimente, nuestro

. Código Civil no regula expresamente el caso del parentesco adoptivo como

causal de nulidad del matrimonio; resultando evidente que los contrayentes

adolecen de aptitud nupcial. Siendo ésta un elemento estructural o esencial del

acto jurídico matrimonial y no estando esa eventualidad regulada

expresamente como causal de nulidad, se confirma la inexistencia del

matrimonio celebrado por quienes no tienen aptitud nupcial, en este caso

señalado; aunque y conservando la especialidad del régimen de invalidez,

también se aprecia en tal supuesto un caso de nulidad virtual por contravenirse

el artículo 234 del Código Civil que contiene el concepto de matrimonio para el

sistema jurídico peruano.

e) Del condenado por homicidio doloso de uno de los cónyuges con el

sobreviviente a que se refiere el artículo 242, inciso 6)

Obsérvese que se sanciona solo la nulidad del matrimonio celebrado entre el

condenado como partícipe en el homicidio doloso de uno de los cónyuges con

el sobreviviente; omitiéndose el caso del procesado por esta causa, supuesto

contemplado en el impedimento matrimonial a que se refiere el artículo 242,

inciso 6, del Código Civil.

Para el caso expresamente regulado no se realiza reserva alguna del ejercicio

de la pretensión; por lo que rige el principio de que la pretensión puede ser

ejercitada por todos los que tengan leg ítimo interés, inclusive por el propio

afectado con el impedimento. Asimismo, no se establece un plazo de

caducidad; por lo que la pretensión puede ser ejercitada en todo momento.

Como se ha anotado, no obstante tratarse de un impedimento dirimente,

nuestro Código Civil no regula expresamente el caso del procesado por esa

causa que contrae nupcias con el cónyuge supérstite como causal de nulidad

del matrimonio; resultando evidente que, en tal supuesto, los contrayentes

también adolecen de aptitud nupcial. Siendo ésta un elemento estructural o

esencial del acto jurídico matrimonial y no estando esa eventualidad regulada

expresamente como causal de nulidad, se confirma la inexistencia del

matrimonio celebrado por quienes no tienen aptitud nupcial, en este caso

señalado; aunque y conservando la especialidad del régimen de invalidez,

también se aprecia en tal supuesto un caso de nulidad virtual por contravenirse

el artículo 234 del Código Civil que contiene el concepto de matrimonio para el

sistema jurídico peruano.

f) De quienes lo celebren con prescindencia de los trámites establecidos en los

artículos 248 a 268. No obstante, queda convalidado si los contrayentes han

actuado de buena fe y se subsana la omisión

Como se sabe, la legitimidad de la unión matrimonial es un concepto elástico y

mutable, ya que depende de las formas matrimoniales que son concretamente

el conjunto de solemnidades requeridas por la ley para el reconocimiento

jurídico del vínculo matrimonial. Entre esas solemnidades se comprende la

intervención de la autoridad competente para su celebración, quien se limita a

verificar la identidad de los contrayentes, a comprobar su aptitud nupcial y a

recibir la expresión del consentimiento matrimonial; garantizando, así, la

formalización del matrimonio con sujeción a las disposiciones del Código Civil.

Sobre este último punto debe recordarse que en el momento actual y de

acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, la forma civil obligatoria es la única

reconocida como productora de los efectos legales previstos para el

matrimonio. En tal virtud, se trata de una forma prescrita ad solemnitatem -por

lo que expresamente se sanciona con nulidad su inobservancia- que, por virtud

del principio de favorecer las nupcias, se ve atenuada en cuanto a sus efectos

en caso de inobservancia, al permitirse su convalidación si los contrayentes

han actuado de buena fe y subsanan las omisiones en que incurrieron;

desvaneciéndose la potencial nulidad.

La subsanación de las omisiones importa realizar aquello que se dejó de hacer

involuntariamente. Así, por ejemplo, presentar copia certificada de la partida de

nacimiento, no exigida en su momento por considerarse suficiente la entrega

de fotocopia del documento de identidad de los contrayentes; realizar la

publicación del edicto matrimonial, no efectuado oportunamente al no haber

sido proporcionado por la municipalidad respectiva; etc.

De acuerdo con lo regulado, no se realiza reserva alguna del ejercicio de la

pretensión; por lo que rige el principio de que la pretensión puede ser ejercitada

por todos los que tengan legítimo interés, inclusive por el propio afectado con el

impedimento. Asimismo, no se establece un plazo de caducidad; por lo que la

pretensión puede ser ejercitada en todo momento.

g) De los contrayentes que, actuando ambos de mala fe, lo celebren ante

funcionario incompetente, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil

o penal de éste. La acción no puede ser planteada por los cónyuges

Como se ha indicado, la intervención de la autoridad competente para

celebrar el matrimonio es una de las solemnidades esenciales requeridas por la

ley para el reconocimiento jurídico del vínculo matrimonial.

La competencia de la autoridad viene determinada por la función misma y por

el territorio. Lo primero se aprecia cuando la ley reconoce que los llamados a

celebrar el matrimonio son el alcalde, el registrador y el comité especial, en las

comunidades campesinas y nativas. En tal sentido, si el matrimonio civil lo

realiza un juez de paz o un notario público, aquél ha sido celebrado por un

funcionario incompetente. Lo segundo se observa cuando la ley establece que

la autoridad competente por razón del territorio es la del domicilio de cualquiera

de los contrayentes. Para tal efecto se exige presentar la prueba del domicilio a

fin de vincular a la autoridad competente. En tal virtud, si el matrimonio civil se

realiza ante una autoridad de una jurisdicción diferente de la del domicilio de

los contrayentes, aquél también ha sido celebrado ante un funcionario

incompetente.

La presente disposición legal se refiere a la nulidad del matrimonio celebrado

ante funcionario incompetente por contrayentes que han actuado ambos de

mala fe.

En este supuesto y respecto de la legitimación activa por esta causal, se realiza

una reserva negativa con relación a los cónyuges cuando se alega la nulidad

del matrimonio; es decir, que en este supuesto, la pretensión no puede ser

ejercitada por los contrayentes. Se concluye, entonces, que la pretensión

puede ser ejercitada por todos los que tengan legítimo interés.

Con relación a la extinción de la imprescriptibilidad de la pretensión de invalidez

del matrimonio por la caducidad, la ley no establece expresamente plazo de

caducidad para el caso de nulidad; concluyéndose, entonces, que la pretensión

puede ser ejercitada en todo momento.