LDS 512 Del 28 de julio al 3 de agosto del 2013

www.lucesdelsiglo.com del siglo

PERIODISMO VERDAD

Deserción preocupante en Cancún

VIOLENCIAROBAN TRANQUILIDAD AL PARAíSO

ELECCIONES EL SINUOSO CAMINO A LA ANULACIÓN

DIF EN ABANDONO LA LEY DE DONACIÓN DE ALIMENTOS

Entre 20 y 30 por ciento de los alumnos

de secundaria abandonan sus estudios

por diversas causas, principalmente por

la pobreza, la violencia y la mala calidad

de las escuelas públicas

Del 28 de julio al 3 de agosto del 2013 Año 10, Cancún, Quintana Roo $10.00

512

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10/ Entre los más peligrososEl Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia colocó a Cancún en el mismo estrato de violencia de urbes como Ciudad Juárez o Acapulco.

14/ ExpuestasComienzan a salir pruebas de las irregularidades en los comicios del 7 de julio, reportadas por el PRD y el PAN, con el propósito de revertir los resultados adversos conseguidos.

18/ Rumbo al parlamentarismoLa reforma política planteada por el PAN y el PRD busca acotar los poderes y facultades del Ejecutivo y fortalecer al Legislativo.

22/ Salvar al campoLas organizaciones campesinas buscan que el gobierno federal firme un Pacto por el Campo, con el objetivo de terminar con el abandono del campo, el cual ha traído malnutrición y depen-dencia alimentaria.

26/ Sin alcancesAunque la ley para fomentar la donación de alimentos involucra al DIF en dicha tarea, la dependencia no participa cabalmente en esa responsabilidad.

Contenido/. 28 julio 2013/No.512

Joaquín Paredes FuentePresidente / Fundador ( )

Norma Madero de ParedesPresidenta

EDITORIALDirector General

Agustín Ambriz HernándezEdición

Enrique Huerta Morales Redacción

Isela SerranoReporteros

Hugo David PérezGonzalo Ramos

Articulistas

José Luis CarrilloPatricia SánchezSalvador Ramos

EDITOR GRáFICOCésar Santillán FloresDISEñOMauricio PeñaNoé García Gutiérrez

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TELÉFONOS(998) 847.5778(998) 847.5992

Certificado de Licitud y Contenido de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Número: CC PRI. S/11598Expediente: 1/432 (98/14087)Periodismo Verdad Luces del Siglo, revista semanal enero del 2012. Editor responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva otor-gado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04–2011–112513132200–102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido 15479. Domicilio de la Publicación: Av. Reforma, Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77524Tiro certificado y foliado: Diez mil ejemplares.Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabi-lidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa editorial.

PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

LUCES DEL SIGLO se distribuye y circula en las tiendas Oxxo, locales cerrados y puestos de periódicos.

30/ Al descubiertoDesmenuza el Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna las malas artes de operadores del Estado para escamotear recursos financieros al sector inmobiliario y favorecer en exclusiva a Homex, GEO, Urbi, ARA, SARE y Hogar B.

32/ Cuentas chinasTan sólo en el número de empleos que podría generar el Dragon Mart Cancún, en el portal de internet oficial de la empresa hay inconsistencias en los datos.

41/ ¿...de reversa?Por José Carrillo42/ ¿Qué hizo el PAN para ganar las elecciones de 2013? (Parte II)Por Octavio Pérez Priego43/ Cabilderos, poder supremoPor Georgina Howard44/ Entre pitos y flautasPor Patricia Sánchez Carrillo45/ Blablabla

ABANdoNo dE AulASViolencia, pobreza e infraestructura deficiente de las escuelas públicas ocasionan que de cada 100 adolescentes que entran a la secundaria, 30 deserten.

04 / lucesdelsiglo.com04 / lucesdelsiglo.com

Precariedad laboralLuego de que el presiente Enrique Peña Nieto lanzara la Cruzada Nacional Contra el Empleo Informal, ceremonia en la que reconoció que seis de cada 10 empleos en el país son informales, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, denunció que alrededor de 100 mil empleados públicos bajo el mando del gobierno federal no cuentan con seguridad social ni prestaciones y se encuentran en la precariedad laboral. Por su parte, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, detalló que en los estados del sureste se presentan los mayores índices de informalidad. Y una vez más aventuró a modo de eslogan que para cambiar tal situación son perentorias las “reformas estructurales”, como la energética. (EHM)

dbreves/

Más vigilancia fronterizaEl presidente Enrique Peña Nieto pactó con la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Janet Napolitano, el establecimiento de una red de seguridad transfronteriza. En dicha red se intensificarán los patrullajes a ambos lados de la frontera, se detectarán zonas de riesgo, así como el intercambio de información en tiempo real entre policías de ambas naciones. Además, la funcionaria del vecino del norte firmó con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Memorándum de Entendimiento sobre Comunicaciones Transfronterizas, y reconocieron la necesidad de fortalecer la seguridad en la frontera sur de México para lograr un flujo migratorio más ordenado. (EHM)

ImplacablesHa estado muy activa la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Primero multó con 684 mil 584 pesos a la empresa McDonald’s por las imágenes y leyendas inexactas en su producto “Cajita Feliz”, además de ordenar la suspensión de los anuncios de dicha mercancía. Asimismo, por incurrir en prácticas abusivas como no exhibir tarifas de hospedaje en montos totales, aplicar costos indebidos, carecer de información a la vista del consumidor de días y horarios de atención, así como lo referente al reembolso, entre otras. La Profeco informó que colocó sellos de suspensión en 15 hoteles de la Ciudad de México, entre los que se sobresalen el María Isabel Sheraton, dos de la cadena Marriot y otros dos de la cadena Fiesta Americana, el hotel Hilton y el W Mexico City. (EHM)

A 13 años de distanciaEn ocho mensualidades, el PRD finiquitará la deuda que tiene con el IFE, que deriva de una multa cuyo monto asciende a 25.1 millones de pesos. Este caso, que se remonta al plantón lopezobradorista en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, en 2006, y cuya sustancia no es de índole electoral sino de derecho mercantil, porque responde a un proceso legal en reclamo de un pago por el cobro de 11 facturas a nombre de Rafael Goycoolea, quien rentó pantallas, sonido y transmisiones satelitales durante los 47 días que duró el plantón encabezado por el ex candidato presidencial. Así las cosas, mensualmente el sol azteca pagará 3 millones 141 mil pesos extraídos de sus recursos, según el dictamen aprobado en sesión extraordinaria. (EHM)

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Costoso errorEl Ayuntamiento de Solidaridad cedió un terreno costero en Puerto Aventuras a la empresa Calizas Industrializadas del Carmen (Calica), como garantía de 11 millones 331 mil 621 pesos que, por “un error”, tuvo que desembolsar ese consorcio al cubrir su impuesto predial. Calica explota tierra caliza en la zona costera desde 1986. El juez, al emitir el fallo a su favor, consideró que la Comuna no cumplió con las firmas que la ley exige para investir de legalidad al cobro. El alcalde interino, Rafael Kantún, detalló que el terreno cedido tiene una extensión de 34.6 mil metros cuadrados, con un avalúo catastral de 9.8 millones de pesos. El terreno será reincorporado al patrimonio municipal cuando el Ayuntamiento cubra totalmente su deuda. (EHM)

¿Dónde están las pistolas?La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos reportó que 190 mil 342 armas de fuego fueron denunciadas como extraviadas o robadas durante 2012 en todo el país, de las cuales 16 mil 667 (9 por ciento) fueron vendidas a personas que tenían licencia federal para la posesión de armas. Texas fue el estado con más reportes de robo y extravío ante el Centro Nacional de Información Criminal, con 18 mil 874, una décima parte del total nacional. Pistolas y rifles fueron las armas de fuego más comunes en dichos reportes. (EHM)

Saldo de guerraEl Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia dio a conocer en un reporte que indica que el conflicto colombiano ha dejado unos 220 mil muertos entre 1958 y 2012, de los cuales el 81.5 por ciento eran civiles. Además, por cada combatiente, cuatro civiles han muerto. Asimismo, de 1985 a 2012, se han registrado 25 mil 7 desaparecidos, y mil 754 personas fueron víctimas de violencia sexual en dicho periodo. Además, de 1970 a 2010 ha habido 27 mil 23 personas secuestradas. Lo alarmante es que 4 millones 744 mil colombianos han sido desplazados, tan sólo de 1996 a 2012, casi la población de Irlanda o Costa Rica. El reporte fue entregado al presidente de ese país sudamericano, Juan Manuel Santos. (EHM)

Poca fe en comité contra la trata Fue instalado el Comité Municipal de Participación Ciudadana en Contra de la Trata de Personas, aunque los activistas mantienen sus reservas en torno de las bondades con las que fue dado a conocer el proyecto. La presidenta del Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo, Eva Aguilar, explicó que la ley estipula que estos comités no deben de ser ciudadanos; son responsabilidad del gobierno. “En cuanto llegue otra administración, van a quitarlo. Será debido a que la ley no ordena, ni especifica que sean consejos ciudadanos”, mencionó la también integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe Contra la Trata de Personas. Los activistas señalaron que la trata de personas es un delito frecuente en los destinos turísticos nacionales; como Cancún, por ejemplo, y que todo el trabajo se lo están dejando a las ONG´s. (EHM)


dcomunidad/Educación

Deserción escolar, cuenta pendiente en Quintana Roo

/La pobreza y la violencia, aunadas a la pésima calidad de las escuelas, han orillado a que cada vez más alumnos de secundaría y bachillerato

dejen sus estudios

/ 07/ 07

Por Hugo David Pérez

Qintana Roo sigue obte-niendo bajas calificacio-nes en educación. No obs-tante que se ubica en los

últimos lugares a nivel nacional en cobertura educativa, la deserción escolar en secundarias y preparato-rias amenaza con convertirse en un problema mayor que cada año deja a miles de jóvenes en la calle.

En Quintana Roo, según ci-fras de la Secretaría de Educa-ción Pública (SEP), durante el ciclo escolar 2011-2012 sólo 8 de cada 10 niños en edad de ir a la secundaria pudieron hacerlo, mientras que el pa-norama empeoró en el bachi-llerato, donde sólo el 60 por ciento de los jóvenes continuó sus estudios.

Igualmente graves son los números de la deserción es-colar. En el mismo ciclo, poco más de 4 mil alumnos abando-naron la secundaria, mientras que 6 mil 574 estudiantes hi-cieron lo mismo a nivel prepa-ratoria, cifras que son todavía más alarmantes si se toma en cuenta que en un mismo año más de 10 mil jóvenes dejaron de lado sus estudios.

Aunque la SEP calcula que la deserción a nivel secunda-rias en Quintana Roo es del 5.6 por ciento y en bachillerato del 13.4 por ciento, en Cancún -la ciudad más poblada y motor económico de la entidad- los números en estos rubros se disparan, ya que hay secunda-rias cuyo promedio de deser-ción oscila entre el 20 y el 30 por ciento, mientras que en el nivel medio superior el aban-dono escolar ha alcanzado hasta 50 puntos porcentuales.

A nivel nacional las cosas no son diferentes, hace unas semanas el subsecretario de Educación Media Superior, Ro-dolfo Tuirán, habló del “dra-ma del abandono escolar”, durante la presentación del Sistema de Alerta Temprana

de Deserción Escolar, con el que buscan rescatar a los más de 650 mil estudiantes que anualmente desertan del ni-vel medio superior.

“Es como si cada día aban-donaran la escuela alrededor de mil 800 jóvenes, lo que re-percute de manera extraordi-naria en su trayectoria de vida, los obliga a insertarse en el mercado laboral con cualquier ocupación, o a caer en el mal llamado fenómeno de los ni-nis”, explicó el funcionario.

Según la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior, realizada por la SEP, los principales factores para dejar la escuela son la maternidad, el escaso gusto por el estudio, el apoyo econó-mico y afectivo de la familia,

tudio aclara que los jóvenes con las notas más bajas tienen ma-yor probabilidad de abandonar sus estudios superiores, hasta en 45 puntos porcentuales.

Expertos coinciden en que este panorama es poco halaga-dor para las próximas genera-ciones ante la incapacidad de los gobiernos federal y estatales para echar a andar políticas pú-blicas que mejoren la cobertura y calidad en infraestructura de las escuelas, pero sobre todo por el contexto social en el que se desenvuelven los jóvenes.

Cobertura y calidad. Para Celina Izquierdo Sánchez, se-cretaria técnica del Observa-torio de Violencia Social y de Género de la Universidad del Caribe, los principales factores para que un joven abandone la escuela tienen que ver con la cobertura y la calidad del sis-tema educativo.

En primer lugar, explica, la cobertura va de la mano con el acceso efectivo a los plan-teles. No importa que existan las escuelas. Si los jóvenes no tienen un rápido acceso a ellas, estarán en riesgo de dejar de asistir.

“Tenemos el ejemplo de la franja de zonas irregulares, ahí no existen secundarias ni prepa-ratorias, lo que imposibilita a los chicos de esas regiones seguir en el sistema escolarizado. Fi-

“Los factores educativos, es decir, aquellos que ocurren y dependen directamente de la dinámica es-colar, resultaron relevantes para predecir y comprender el fenómeno de la deserción”, indica la Encuesta Nacional de Deserción en la Educa-ción Media Superior.

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así como la condición socioe-conómica del estudiante.

Por otro lado se encuentran los factores propios de la es-cuela, como la reprobación, la asistencia y el promedio.

“Los factores educativos, es decir, aquellos que ocu-rren y dependen directa-mente de la dinámica esco-lar, resultaron relevantes para predecir y comprender el fenómeno de la deserción”, señala la encuesta.

Las cifras revelaron tam-bién que 51 por ciento de los desertores habían reprobado alguna materia, el 20 por cien-to varias asignaturas y 6.5 por ciento más de las permitidas. En cuanto a calificaciones, el es-

Celina Izquierdo Sánchez.


dcomunidad/Educación

nalmente tiene que ver con una cobertura francamente deficiente”, detalla.

En segundo lugar está la ca-lidad de las instalaciones. Para la académica, se está obligan-do a los jóvenes a asistir a lu-gares deplorables que no son aptos para el estudio.

“No son espacios donde 35 niños, con estas altísimas tem-peraturas, puedan concentrar-se a estudiar”, ejemplifica.

“Si tuviéramos que ir a los baños –a donde van 600 niños, 300 en la mañana y 300 en la tarde–, tapados todo el tiempo, asquerosos, malolientes y mal diseñados, seguramente to-dos los adultos desertaríamos. Nadie soportaría eso, y aún así pretendemos que los niños aprendan en esas instalaciones de tan baja calidad”, comenta Izquierdo Sánchez.

Un tercer factor es la cali-dad educativa. Según la pro-fesora no todo tiene que ver con los maestros, sino con el sistema que se les ha impues-to, el cual les obliga a dedicar

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Según la SEP, en Quin-tana Roo, durante el ciclo escolar 2011-2012, 8 de cada 10 ni-ños en edad de ir a la secundaria pudieron hacerlo, mientras que en el bachillerato sólo el 60 por ciento de los jóvenes continuó sus estudios.

Escuelas en Cancún con mayor número de deserción y reprobación.1 La información estadística corresponde al inicio del ciclo escolar: 2011-2012.

“Cancún es una entidad que en 13 años va a doblar su población, tendríamos que estar haciendo todo para sa-tisfacer con calidad a nues-tra población actual y traba-jando muy duro por los que vienen en camino, pero no veo a futuro esta planeación. Estoy convencida que estos cambios en la educación ne-cesitan una conciencia y una política pública muy asertiva para que pase del discurso a las acciones”, finaliza.

Educación y seguridad. Otro de los fenómenos que se suma al pesado lastre de la deserción es la inseguridad. Algunas de las escuelas se-cundarias donde el índice de deserción y reprobación supe-ra el promedio estatal, se ubi-can en las regiones donde se comenten más delitos o faltas administrativas.

El diputado con licencia Bal-tazar Tuyub Castillo señala que antes se escogía una escuela por el nivel académico o la cercanía con el hogar, pero ahora una de

una buena parte de su tiempo en actividades administrati-vas, en lugar de estar frente a un grupo.

Todos estos factores son, para la investigadora, el pre-sagio de un futuro nada ha-lagador para la educación en México y en Quintana Roo, ya que desde ahora no se está planeando una estrategia que beneficie e impulse el estudio en las futuras generaciones.

NOMBRE DE LA ESCUELA

NOMBRE DE LA ESCUELA

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POBLACIÓNESCOLAR¹

POBLACIÓNESCOLAR¹

DESERCIÓN DESERCIÓN

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Se ha vuelto importante ver en qué zona quedaste y sobre todo el horario, mu-chos chicos ya no quieren ir en la tarde por temor a que los asalten”

Baltazar Tuyub, diputado local con licencia

Supermanzanas con mayor indice delictivo y escuelas con mayor deserción.

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las principales preocupaciones es la seguridad.

“Se ha vuelto importan-te ver en qué zona quedaste y sobre todo el horario, muchos chicos ya no quieren ir en la tarde por temor a que los asal-ten”, asegura.

Para el periodo escolar 2011-2012, la Escuela Secundaria Técnica número 17 “José Ma-ría Morelos y Pavón”, ubicada

en la región 96, promedió 20 por ciento de deserción escolar y 27 por ciento de reprobación en el turno vespertino. En la misma zona y rango de tiem-po, la Secretaría de Seguridad Púbica municipal contabilizó 372 delitos.

En el mismo ciclo escolar, en la región 102, se registra-ron 397 delitos y faltas admi-nistrativas, en tanto que la escuela secundaria número 19 “Ciudades Hermanas Oaxaca-Cancún” tuvo 10 por ciento de deserción escolar y 26.7 por ciento de reprobación sólo en su turno vespertino.

Otro ejemplo de la presión que ejerce la inseguridad es la Es-cuela Secundaria General núme-ro seis, “Belisario Domínguez”, ubicada en la región 64, zona donde se cometieron 348 delitos y el nivel de deserción fue de casi 10 por ciento en ambos turnos, mientras que el índice de repro-bación llegó al 30 por ciento.

Tuyub Castillo señala que el gobierno estatal debe im-plementar mecanismos para detener la deserción escolar, sobre todo cuando se vincula con la violencia y el crimen.

“Necesitamos asegurar la integridad de los jóvenes den-tro y fuera de las escuelas. Que los chicos sepan que cuando van a la escuela están seguros, si no, cómo los vamos a moti-var a seguir yendo”, comenta.

El panista lamenta que el endeudamiento del estado no permitirá mejorar las condi-ciones educativas y ni siquie-ra podrá ofrecer alternativas a quienes dejen sus estudios.

“El panorama no es nada alentador, esto va ir en detri-mento de todos los alumnos que están sufriendo dentro y fuera de las aulas, seguire-mos viendo miles y miles de jó-venes dejando la escuela, y ni siquiera empleo les podremos ofrecer”, puntualiza./

10 / lucesdelsiglo.com

dcomunidad/Seguridad pública

Repunta la violencia en Quintana Roo

/ La estrategia nacional para prevención del delito incluye a Benito Juárez como uno

de los 11 municipios con mayor incidencia delictiva del país, al lado de focos rojos

como Ciudad Juárez, Acapulco y la zona metropolitana de Monterrey

/ 11

Por Gonzalo Ramos

En el paraíso del Caribe mexicano ocurren has-ta seis violaciones por semana y por lo menos

cuatro familias al mes sufren la angustia de no poder reunir la cantidad necesaria de dine-ro para el rescate de un fingido secuestro. La incidencia de este tipo de delitos ha colocado a Can-cún en la mira del Programa Na-cional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, aparejándola con urbes violen-tas como Ciudad Juárez, Chihua-hua, o Acapulco, Guerrero.

Tras varios años ocupando deshonrosos primeros lugares, la entidad recibirá de la federa-ción 57 millones de pesos para la implementación de dicho programa, de los cuales 21.6 se destinaron al municipio de Othón P. Blanco y 35.3 millones fueron para Benito Juárez.

La diferencia a favor de Be-nito Juárez está justificada por los altísimos porcentajes delic-tivos a que ha llegado Cancún: en incidencia delictiva, 45.94 por ciento; en homicidio doloso, 64.97 por ciento, y en robo con violencia, 48.44 por ciento.

Aunque en violencia de otra naturaleza se mantiene por deba-jo de la media nacional, el munici-pio ocupa hoy el segundo lugar en violaciones, únicamente antecedi-do por Ciudad Juárez, Chihuahua: 142 casos denunciados en lo que va del año, lo que equivale a 24 de-litos de este tipo cada mes.

Quintana Roo se ha mante-nido también en el top ten de la extorsión. Ocupó el tercer lugar nacional en 2011, sólo debajo de Morelos y Baja California; mas para el año siguiente se alzó con el deshonroso primer lugar, con 229 casos, y en lo que va de 2013 ocupa ya el cuarto lugar nacio-nal, con una tasa de 4.72 casos por cada 100 mil habitantes.

Lo anterior quiere decir que cada mes una decena de fami-lias sufren el calvario por el que pasaron los padres de la joven

Natalia Buxade, reportada el 20 de junio como desaparecida y encontrada al día siguiente en un hotel de Playa del Carmen, después de haber sido sometida a una extorsión vía telefónica.

Otro delito frecuente es el robo, del que se reportaron en 2012 más de 14 mil 200 casos y en lo que va de 2013 se inves-tigan otros 6 mil 990 robos, la mayoría de ellos sin violencia. En el caso de homicidios, el año pasado se denunciaron 639 eje-cuciones, mientras que de enero a junio de 2013 los reportes to-talizan 311 asesinatos.

A estos datos oficiales habría que sumar los casos que no se denuncian. De acuerdo con in-formes del centro de análisis México Evalúa, en Quintana Roo el Índice de Víctimas Visi-bles e Invisibles (IVVI), basado en estimaciones de delitos no denunciados, ha pasado de 2.29 durante el gobierno de Joaquín Hendricks Díaz (1999-2005) a 14.99 en el mandato de Félix González Canto (2005-2011), y llegó hasta 22.08 al comienzo del sexenio de Roberto Borge Angulo (2011-2016).

Esto significa, por ejemplo, que de 2005 a la fecha se dis-paró el número de extorsiones en Quintana Roo. En efecto, de una tasa de 6.33 delitos por cada cien mil habitantes durante el gobierno de Hendricks Díaz, pa-saron a 72.08 al dar inicio el se-xenio de Borge Angulo.

Juventud en riesgo. De acuer-do con un análisis de la Confe-deración Patronal de la Repúbli-ca Mexicana (Coparmex), en los dos municipios quintanarroen-ses incluidos en la estrategia, la

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2013

Municipios prioritarios:• Ciudad Juárez, Chihuahua• Zapopan, Jalisco• Tapachula, Chiapas• Acapulco, Guerrero• Comarca Lagunera, Coahuila • Lerdo, Durango• Iztapalapa, Distrito Federal• Ecatepec, Estado de México• Cuernavaca, Morelos• Monterrey, Nuevo León• Benito Juárez, Quintana Roo


dcomunidad/Seguridad pública

población que se halla entre los 15 y los 29 años de edad repre-senta 30 por ciento de la pobla-ción total nacional, y esto encien-de alarmas porque 35 por ciento de los delitos que se producen en México los cometen jóvenes me-nores de 25 años de edad.

Estudios en poder de Luces del Siglo revelan que en las re-giones de Cancún donde hay altos niveles de deserción es-colar, reprobación o resultados mediocres en la Prueba Enlace, hay una relación directa con el incremento en la cantidad de delitos y faltas administrativas.

Tan sólo en la región 95 de Cancún se registraron, en 2011, más de 500 agravios a la ley llevados a cabo por jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 15 y los 29 años, sector que representa el 31 por ciento del total de la población de la zona.

A unos metros, en la región 96, se encuentra la secundaria técnica número 17 “José María Morelos y Pavón”, segundo lu-gar en deserción escolar en el municipio. Tan sólo en 2011, en esa zona fueron cometidos casi 400 delitos entre la pobla-ción juvenil.

Datos del secretariado eje-cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reve-lan que, hasta el pasado mes de junio, había 249 investigaciones por delitos sexuales, lo que deja entrever un incremento de 40 agresiones adicionales respec-to al mismo período de 2012. Al cierre del año pasado, se investi-garon 446 agravios.

El Programa. Desde sus pri-meros minutos como presiden-te de México, Enrique Peña Nie-to intentó sacudir al país de ese mal sueño denominado “guerra contra el narcotráfico”, y pro-puso como uno de sus ejes de gobierno un plan denominado “México en Paz”. Fue el marco para el Programa Nacional para la Prevención Social de la Vio-lencia y la Delincuencia, como una de las trece acciones que propone su gobierno.

Según las bases de ese pro-grama, entre 2001 y 2011, a pesar de que el presupuesto destinado a la Secretaría de Se-guridad Pública (SSP) aumentó 538 por ciento —al pasar de seis mil 300 a 40 mil 500 millones de pesos—, la incidencia delicti-va enmarcada en la jurisdicción

del fuero federal aumentó 83 por ciento. O sea, de 78 mil 309 casos en 2001 pasó a 142 mil 971 al final de 2011.

El pasado 19 de julio, en se-sión extraordinaria de la Comi-sión Permanente de Contralores Estados-Federación, el subse-cretario de Prevención y Parti-cipación Ciudadana de la Segob, Roberto Campa Cifrián, presen-tó el programa y reveló que se han destinado, en total, más de 2 mil 500 millones de pesos para atender 57 demarcaciones iniciales que comprende el plan.

Parte de dicha estrategia es el trabajo conjunto de una co-misión intersecretarial liderada por la Secretaría de Goberna-ción (Segob) e integrada por las secretarías de Hacienda y Crédi-to Público (SHCP), de Desarrollo

Fuente: Índice de Víctimas Visibles e Invisibles (IVVI) México Evalúa, 2011

El sustento legal de este programa se encuentra en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, integrada por 30 artículos en siete capítulos. Desde enero de 2012 fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Social (Sedesol), de Economía (SE), de Educación Pública (SEP), de Salud, de Comunica-ciónes y Transportes (SCT), de Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Varios analistas han critica-do las endebles bases del pro-grama, e incluso un sondeo que levantó la casa encuestadora Parametría arrojó entre sus re-sultados que 53 por ciento de la población prefiere que se empleen estos recursos en una mejor capacitación y equipa-miento policial, además de que la mayoría consideró que si la estrategia da resultados, éstos se podrán conocer entre el me-diano y el largo largo plazo, por lo que aún se vislumbra lejana la meta de un “México en Paz”. /

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dpolítica/Elecciones

Por Sergio Caballero

Al día siguiente de la jor-nada electoral del 7 de julio, los comerciantes del municipio de José

María Morelos se enfrentaron a un problema poco usual: desde temprana hora se quedaron sin cambio en las cajas registradoras de sus negocios.

El lunes ocho de julio, la ma-yor parte de los pobladores de esta demarcación, considerada entre las más pobres de la en-tidad, acudieron a abastecerse de comestibles en los comer-cios, y – lo inusual a mitad de quincena– pagaron con puros billetes de 500 pesos.

En cuestión de un par de horas, la falta de monedas y billetes de menor denomi-nación provocó el caos entre comerciantes y habitantes que no entendían bien a bien lo que pasaba.

“Son los billetes de 500 pesos con los que el PRI estuvo com-prando votos”, precisa Andrés Flota Castillo, candidato del PRD a la presidencia municipal de José María Morelos, quien la noche de la jornada electoral iba arriba en los resultados prelimi-nares pero después, misteriosa-mente, resultó perdedor.

Documentan PAN y PRD evidencias de fraude electoral

/ Las irregularidades, observadas en las elecciones municipales en José María Morelos e Isla Mujeres,

apenas son la punta del iceberg del monumental frau-de que se perpetró en Quintana Roo

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Esa noche, tanto el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el senador Miguel Chico Herrera, como el dirigente esta-tal, Pedro Flota Alcocer, se apre-suraron a anunciar el “carro completo” en la mayoría de los municipios y los distritos, pero reconocieron que los números no les eran favorables en José María Morelos.

De hecho, los reportes emi-tidos desde el cuartel general del PRI en Chetumal a sus co-mités municipales establecían que iban abajo no sólo en José María Morelos sino también en Isla Mujeres.

Sin embargo, minutos des-pués el PRI ya tenía el “carro completo” en las elecciones de los 10 ayuntamientos.

De todo el proceso electoral, la oposición ha logrado docu-mentar con mayor precisión el fraude electoral en José María Morelos, porque se constata-ron irregularidades en el 75 por ciento de las casillas instaladas en esta demarcación de la zona maya, colindante con el estado de Yucatán.

La impugnación promovida por el PRD ya está en manos de la justicia electoral y, de comprobarse, vendría a des-cubrir la punta del iceberg del monumental fraude cometido por la maquinaria priísta para quedarse con los 10 ayunta-mientos y con 14 de los 15 distritos legislativos.

Entre las evidencias do-cumentadas destaca la fal-sificación y duplicidad de la papelería electoral en 11 ca-sillas, lo que hace presumir que el PRI no actuó solo sino que hubo concurrencia del Instituto Electoral de Quinta-na Roo (Ieqroo).

El candidato del PRD a la pre-sidencia municipal de José Ma-ría Morelos, Flota Castillo, dice contar en su poder con 32 actas de las casillas en las que se esta-blecen irregularidades.

Al respecto, el representante perredista ante el Consejo Mu-

nicipal del Ieqroo, Freddy May Vargas, destaca que fueron fal-sificadas 11 actas de escrutinio y cómputo en el proceso del cie-rre de casillas.

De ahí las contradicciones entre los resultados prelimi-nares anunciados en la se-sión permanente del Consejo Municipal del Ieqroo y los re-gistrados por el Programa de Resultados Electorales Prelimi-nares (PREP) en la página web de propio Ieqroo.

Salta a la vista la existen-cia de 11 actas duplicadas, las cuales tienen el mismo folio pero resultados diferentes, precisa May.

En este sentido, Saúl Ríos, coordinador de campaña de An-drés Flota, afirma que las actas duplicadas corresponden a las casillas 264 Básica (B), 264 Con-tigua (C), 263 C2, 264 C1, 262 C2, 265 B, 265 C2, 266 B, 268 C2, 269 B, 266 C1 y 270 B.

May Vargas hace hincapié en que esta duplicidad de actas fue descubierta durante el cómpu-to, la misma noche del 7 de julio.

Las primeras once actas pre-sentadas en la mesa del Consejo Municipal del Ieqroo llevaban resultados diferentes a los di-vulgados casi de manera simul-tánea en el PREP.

Ante tal confusión, a la presi-denta del Consejo Municipal del

Ieqroo, Wendy Chan Caamal, no le quedó de otra más que sus-pender el conteo preliminar y el PREP. Los resultados dejaron de fluir a las 23:30 horas.

Aproximadamente tres ho-ras después se reanudaron los dos cómputos, y entónces sí comenzó a fluir el conteo pre-liminar y el PREP.

“Este incidente costa en el acta de la sesión permanen-te del Consejo Municipal del Ieqroo, y forma parte del expe-diente para solicitar la anula-ción de esta elección”, señaló Saúl Ríos.

Sin embargo, May Vargas está plenamente convenci-do que se había preparado la falsificación y la duplicidad de todas las actas de las 43 casillas instaladas en el muni-cipio. Y agrega que si sólo tie-nen evidencia de 11 actas es porque ese número es el que llevaban cuando descubrieron las irregularidades.

Además, el PRD de José María Morelos logró documentar que 14 casillas cambiaron de domi-cilio el mismo día de la jornada electoral, sin contar con la auto-rización del Consejo Municipal del Ieqroo.

En este sentido, May Vargas resalta que los funcionarios de casilla no estaban facultados para realizar cambios de los do-

la aspirante a la presidencia municipal de Isla Mujeres por el PAN, Alicia Ricalde, exigió en la Cámara de diputados que los comicios del 7 de julio sean anulados por las irregularidades.


micilios porque esa decisión le corresponde al Consejo Mu-nicipal del Ieqroo, en el marco de la sesión permanente de la jornada electoral.

La tercera evidencia son otros siete paquetes electorales que llegaron a la sede del Con-sejo Municipal del Ieqroo sin las actas exhibidas al exterior. A pesar de esa irregularidad, de todas formas fueron incluidas en los cómputos tanto de los re-sultados preliminares como los del PREP.

“¿Cómo pudieron saber el contenido de las actas? A no ser que abrieran los paquetes, y esto es ilegal, y por lo tanto también debe anularse”, advir-tió Flota Castillo.

Por todas estas irregulari-dades, el candidato perredista busca la anulación total de la elección y, según él, hasta le es-tarían sobrando actas para lo-grar su cometido.

De acuerdo con el marco le-gal electoral del estado, se de-ben demostrar irregularidades en el 20 por ciento del total de las casillas para que proceda la anulación de toda la elección en este municipio.

Y tan sólo con las 11 actas duplicadas y falsificadas su-man 26 por ciento de las ca-sillas instaladas.

En total, el PRD asegura tener evidencias de irregularidades en 32 actas de escrutinio y cómpu-to; es decir, 75 por ciento del to-tal de las mesas de votación ins-taladas en José María Morelos el pasado 7 de julio.

Gobernador imperial. En el municipio de Isla Mujeres tam-bién salieron a flote evidencias de fraude, por lo que el PAN promovió la anulación de las elecciones a la presidencia mu-nicipal que le dieron el triunfo al priista Agapito Magaña.

Después de las elecciones, la candidata del PAN, Alicia Rical-

Actas con irregularidades en las elecciones del municipio de

José María Morelos

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Quintana Roo, y la destitución de Bibiano Villa, secretario de Seguridad, quien desde las dos de la tarde se apostó en el municipio, en la parte conti-nental, para vigilar, para pro-teger la movilización del PRI, para inhibir el voto libre y ciu-dadano, para ir a sacar a los delincuentes electorales, vio-lando toda ley, sin ministerio público previo, intimidando a la policía municipal”.

Por su parte, Francisco So-tomayor Chávez, quien asistió como observador electoral, explicó que en la entidad se presentó una denuncia ante la representación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), pero inexplicablemente el respon-sable del área se negó a tomar en cuenta el testimonio y las pruebas que documentaban los ilícitos.

Dichas pruebas consisten en la detención de dos jóvenes que la víspera de las elecciones fueron descubiertos a bordo de una camioneta propiedad del candidato priísta a diputado por el distrito XIV, Juan Carrillo. Distribuían volantes con una encuesta electoral falas que le daba el triunfo.

El delito consistió en que “los volantes se estaban dis-tribuyendo en plena veda electoral”. La policía munici-pal detuvo el vehículo y a los tripulantes y comprobó que la tarjeta de circulación está a nom-bre del candidato priísta. A pe-sar de estos elementos, el fun-cionario de la Fepade se negó a iniciar la averiguación.

El propio diputado Sotoma-yor tomó video sobre esta ne-gativa y lo difundió más tarde a través de las redes, pero ni aun así se rectificó.

Por todas estas irregulari-dades, el líder de la bancada panista, Luis Villareal García, reiteró la advertencia de no apoyar ninguna reforma de carácter económico en tanto no exista primero una en ma-teria político-electoral. /

de, presentó en la capital del país varios videos que docu-mentan las irregularidades que el gobierno del estado y el PRI cometieron durante la jornada electoral en esta demarcación del norte del estado. Entre ellas destaca el acarreo de “turistas electorales” provenientes de Yu-catán, la intervención de escol-tas del gobernador Roberto Bor-ge Angulo comprando el voto de los electores, así como amedren-tamiento a cargo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Bibiano Villa Castillo.

En calidad de diputada fede-ral, cargo para el que había soli-citada licencia, Ricalde presentó un video en el que Villa Castillo llega a la sede de la Dirección Municipal de Seguridad Públi-ca, en la zona continental de Isla Mujeres, para liberar a dos personas que fueron detenidas cuando transportaban, a bordo de una “combi” del sindicato de taxistas local, a un grupo de per-sonas. Tenían en su poder varios sobres con dinero y copias del listado nominal.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, en la que estuvo acompañada por sus com-pañeros panistas y por el líder de la bancada, Luis Alberto Villa-rreal, la aún candidata resumió:

“Esta elección no fue entre partidos, fue una elección de Estado; el gobernador Roberto Borge operó con el dinero pú-blico la elección a favor del PRI en todo Quintana Roo, y las cor-poraciones policiales también lo hicieron, por lo que esto sólo demuestra el grave retroceso que tenemos en la entidad para los ciudadanos. Contamos con los elementos para impugnar los resultados. No perdimos la elección, nos la robaron, y con esto se pierde la oportunidad de que los isleños tengan un go-bierno responsable y honesto”.

Calificó al mandatario estatal como “un gobernador imperial”, y aseguró que ahora, desde el Congreso, todo la nación se ente-rará de la clase de político que es.

Concluyó:“Vengo a exigir la anulación

de la elección en Isla Mujeres,

“Esta elección no fue entre partidos, fue una elección de Estado; el gobernador Roberto Borge operó con el dinero público la elección a favor del PRI en todo Quin-tana Roo”.

Alicia Ricalde


dpolítica/Congreso

Acotaría reforma política al Ejecutivo

/ Las fracciones parlamentarias de PAN y PRD en el Senado tienen lista una reforma que preten-de –por fin– ponerle punto final a la era del presi-dencialismo en México y para transitar hacia un

régimen parlamentarismo.

Por Juan Manuel Coronel

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La reforma político-elec-toral que fue presentada al pleno de la Comisión Permanente por los se-

nadores del Partido Acción Na-cional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) incluye en uno de sus aparta-dos la propuesta de un sistema semiparlamentario con gobier-nos de coalición que debilita-rían las atribuciones del presi-dente de la República.

El senador de Acción Nacio-nal, Ernesto Cordero, asegura que el sistema político mexi-cano necesita renovarse de forma audaz, para lo cual se necesita ser “valientes” en las decisiones que se deben tomar en el congreso.

En el texto de la propuesta de los senadores panistas y al-gunos perredistas, se plantea la creación de un Jefe de Gabi-nete que encumbrará el poder del congreso. Esta nueva figura podrá presentar iniciativas de ley, sustituir al presidente de la República en su ausencia, coordinar al gabinete, así como conducir las políticas entre el presidente con los demás po-deres y los gobiernos estatales.

Éste documento que impul-san los senadores afines al ex presidente de la bancada del PAN, Ernesto Cordero, será la carta de cambio con la cual se procederá a discutir en el se-nado las reformas en materia financiera que impulsa el pre-sidente Enrique Peña Nieto, como la energética y la fiscal.

“Después de las elecciones tenemos que reafirmar y con-solidar nuestro sistema político en tres temas: cómo se accede al poder, cómo se ejerce el po-der y mecanismos de transpa-rencia y rendición de cuentas. Nos parece que es fundamental que en esta agenda se incluya la segunda vuelta y la reelec-ción de legisladores, se ponga sobre la mesa y se discuta”, re-fiere en entrevista el senador.

De acuerdo con Ernesto Cor-dero, la apertura democrática

no ha terminado y se deben debatir otras iniciativas, por lo que apeló a la conciencia de las diferentes fuerzas políticas para acelerar el proceso.

“Está es una de las refor-mas estructurales más im-portantes y por supuesto que es importante que se atienda y está todo sobre la mesa. Es aquí donde se tiene que dar el debate y no hay por qué no entrarle a la discusión, no tenemos por qué posponerlo, hay que acelerar esto”.

Cuestionado sobre la resis-tencia que seguramente ten-drá la bancada del PRI respec-to a la iniciativa de restarle poder al presidente, Cordero confía en que la reforma polí-tica tendrá éxito.

“Hay temas en los cuales el gobierno no se siente cómodo, como es el tema de la segunda vuelta y la reelección conse-cutiva de servidores públicos, pero yo creo que son iniciativas muy buenas, son iniciativas para las que el país está listo, somos un caso de excepción en muchas partes del mundo, lo que ocurre en el sistema polí-tico en México es muy raro, ya pocos países tienen un sistema político como el nuestro, y es el momento de hacer los cambios que el país necesita”, asegura.

De acuerdo con la iniciativa, el presidencialismo se ha ido debilitando durante las últimas tres décadas y en este tiempo el Parlamento se ha vuelto un interlocutor fortalecido con ca-pacidad, incluso, de ejercer po-der a través del chantaje y de la parálisis legislativa, como ocu-rrió cuando el PAN mantuvo la presidencia y el PRI fue el prin-cipal opositor a que se llevarán a cabo las reformas estructura-les que hoy les urge aprobarlas porque volvieron a recuperar la silla presidencial.

La figura del jefe de gabine-te encumbrará ahora el poder que desea el Congreso. Se tra-ta de un delegado presiden-cial que adecuará la carga de

trabajo presidencial, atenuará la concentración extrema de facultades, será un enlace fun-cional ante el Congreso y un mediador político.

Entre sus principales atri-buciones están: presentar ante el Congreso iniciativas de ley o de reforma a la Constitu-ción, participar en la discusión de las mismas ante las comi-siones respectivas; coordinar las reuniones del Gabinete; encauzar las relaciones del Ejecutivo federal con los otros Poderes y con las entidades federativas; y conducir las po-líticas relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo.

“Al coordinar el trabajo del Ejecutivo con la supervisión por parte de las Comisiones le-gislativas, se establece un siste-ma efectivo de controles y con-trapesos democráticos”, refiere la iniciativa.

Al presentar el paquete de propuestas en la tribuna, el senador del PRD, Alejandro Encinas, aseguró que se de-ben dejar atrás las reformas en abonos y las reformas chiquitas para pasar a las plenamente integrales.

“Es una realidad indiscuti-ble, se ha agotado el sistema presidencialista que en el pa-sado se apoyaba en la hege-monía de un partido”, enfatizó

El La figura del Jefe de Gabine-te encumbrará ahora el poder que desea el Congreso. Se trata de un delegado pre-sidencial que adecuará la carga de traba-jo presidencial, atenuará la concentración extrema de facultades, será un enlace funcional ante el Congreso y un mediador político.

Ernesto Cordero.


dpolítica/Congreso

en su discurso y agregó que se busca transformar los meca-nismos de ejercicio del poder público fortaleciendo el equili-brio y los contrapesos entre los poderes de la Unión.

Nuevo diseño. Desde la academia varios han sido los investigadores que se pro-nuncian por una reforma de fondo del actual sistema po-lítico mexicano, aunque entre ellos prevalecen diferencias sobre si orientarla hacia un diseño presidencialista de-mocrático, semipresidencia-lista, semiparlamentario o, de plano, parlamentario.

Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, parte de que México debe transitar del régimen pre-sidencial autoritario a otro sis-tema presidencial que consoli-de la democracia y reequilibre las relaciones de poder.

Para ello, propone reformas constitucionales que incluyan los siguientes elementos: la reelección de los legisladores; el referéndum; las interpe-laciones a los secretarios de Estado; la ratificación del ga-binete por el Senado; el ser-vicio civil tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecuti-vo; la creación de organismos gubernamentales, únicamente a través de la ley; la creación de nuevos órganos constituciona-les autónomos; la ampliación de los periodos ordinarios del Congreso; la duración de los periodos presidencial y legis-lativo; la presencia de un jefe de gabinete, y la formulación de iniciativas bloqueadas.

En el polo opuesto se ubica la propuesta del doctor Jaime Cárdenas, quien se pronuncia a favor del diseño de un siste-ma parlamentario, toda vez que éste tiene, frente al siste-ma presidencial, las ventajas siguientes: a) flexibilidad; b) existen soluciones constitucio-nales para la confrontación en-tre el Legislativo y el Ejecutivo; c) no se produce la parálisis del

El difícil camino de la aprobación de las reformas

El artículo 135 de la Constitución señala que para que ésta pueda ser adicionada o re-formada se requiere del voto a favor de dos terceras partes del total de los legisladores, y que posteriormente los cambios los apruebe la mayoría de las legislaturas de los estados.

Para lograr una reforma constitucional se necesita de una mayoría absoluta, lo que quiere decir que por lo menos 332 diputados de un total de 500 tienen que dar su aproba-ción para que cualquier cambio en el texto constitucional surta efecto.

Las reformas que están en el tintero, como la hacendaria, la energética y la política, inex-cusablemente tendrán que gozar de la aceptación de por lo menos dos terceras partes de los integrantes del recinto legislativo de San Lázaro, lo cual se antoja difícil ante el panora-ma y las declaraciones formuladas por los principales líderes de los partidos políticos.

Si se suma a los integrantes de las bancadas del PRI, el PVEM y el Panal, se obtienen 251 votos; dan justo una mayoría relativa. Pero esto no es suficiente si de lo que se trata es de efectuar cambios en la Constitución.

El PAN, el PRD y MC totalizan 235 sufragios. Esta situación obligará a los partidos polí-ticos a cabildear, si es que quieren que se aprueben los cambios constitucionales, lo cual se ve muy difícil y complica que las susodichas reformas se lleguen a dar.

Para que una iniciativa sea una reforma a las leyes federales, tiene que tener la apro-bación de la “mitad más uno”. Esto quiere decir, de los 500 integrantes de la Cámara baja, que con 251 legisladores que voten a favor, se lograrán dichos cambios.

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Legislativo o los impasse entre los poderes; d) fortalece el sis-tema de partidos; e) favorece los juegos de suma positiva; f) se trata de un modelo diseñado para la cooperación política; g) no es deficiente en términos de legitimidad moral, y h) genera estabilidad política.

“Como ha quedado de ma-nifiesto”, explica, “el régimen presidencial para el México futuro que aspira a ser demo-crático no es el mejor diseño para combinar gobernabilidad democrática. Pareciera más adecuado un régimen parla-mentario con voto de censu-ra constructivo. Sin embargo, como el parlamentarismo im-plicaría un cambio radical en el diseño institucional tradicio-nal, muchos piensan en acotar el régimen presidencialista por un régimen presidencial demo-crático que sea controlado y fis-calizado por el Poder legislativo y Ejecutivo, que tenga límites en el federalismo y en el municipio libre, además de que simultá-neamente se dieran otros cam-bios en la esfera electoral o en la autonomía de algunos órganos básicos de control”.

En opinión del politólogo Germán Pérez Fernández del Castillo, la propuesta del siste-ma semiparlamentario o par-lamentario es un salto al vacío y un disparo al aire con el úni-co propósito de entregarle el poder al Congreso.

Para el también académico de la UNAM, esto es un intento de debilitar al Ejecutivo cuan-do éste se ha ido debilitando ya y da más la sensación de ser una amenaza al PRI que al pre-sidencialismo. A su juicio, el presidencialismo no ha cadu-cado, sólo habría que moderni-zarlo y ponerle límites.

“El parlamentarismo sería la transición al poder de los parti-dos. Significa darle el poder al sistema partidista en donde no se tienen los incentivos para las coaliciones. Significa la parali-zación política.”, refiere y agre-

ga que “los partidos políticos en México están fraccionados, están rotos, son irresponsables. ¿A ellos les vamos a dar la go-bernabilidad del país a través de un sistema parlamentario?”.

El doctor en filosofía política por la universidad de Frankfurt, Alemania, contrasta las expe-riencias europeas de sistemas parlamentarios y explica que en países como Francia y Ale-mania, el presidente se vuelve una figura de representación del estado que no tiene ningu-na incidencia real en la resolu-ción de los conflictos.

“Como se propone, la figura del jefe de gabinete se conver-tiría en lo que hoy es el pre-sidente de la República y el presidente de la República se volvería lo que es más o menos el rey en España o el presidente en Alemania, que son figuras muy disminuidas que en caso de conflicto, pueden incidir como representantes del Esta-do”, explica.

Panorama complicado. La reforma político-electoral que planea el senado, tiene un es-cenario complicado que podría llevar a su posible estanca-miento en el Congreso.

La Constitución tiene 136 ar-tículos, la iniciativa contempla la reforma de 37 de ellos. Esto significa una reestructuración de casi el 30 por ciento de la car-ta magna. Además, de los cam-bios constitucionales, en las sec-ciones que atañen a la justicia electoral, se necesitaría rehacer varias secciones del Código Fe-deral de Instituciones y Procedi-mientos Electorales (Cofipe).

Existen temas polémicos como quitarle el fuero a to-dos los servidores públicos, incluyendo al presidente; re-elección de legisladores y au-toridades municipales hasta por 12 años; autonomía de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Es-pecializada para la Atención de Delitos Electorales; entre varios otros puntos que debe-

rán ser analizados por los se-nadores a partir de la segunda quincena de agosto.

Entrevistado por este sema-nario, Fernández del Castillo vaticina el fracaso de la inicia-tiva debido a que no podrá ser resuelta en un solo periodo de sesiones. Considera que es des-medido, incluso para lograrlo en un sexenio.

Sin embargo, los partidos de oposición exigieron que la re-forma político electoral sea dis-cutida antes que las reformas económicas. De otra forma, las propuestas de Enrique Peña Nieto podrían ser bloqueadas en las cámaras.

“Hay puntos específicos que van a ser debatidos y que forman parte de un debate pactado entre las fuerzas polí-ticas y el gobierno federal que están en el Pacto por México, cuestiones como la segunda vuelta, la reelección directa de legisladores y presidentes municipales, pero no más”, adelanta el académico.

Asimismo refiere que el go-bierno de Enrique Peña Nieto está apostando a que se bajen las aguas del conflicto en Ac-ción Nacional y también del proceso electoral pasado.

Debido a ese conflicto entre las corrientes panistas, el diri-gente nacional del blanquia-zul, Francisco Madero, impulsó otra reforma política dentro del Pacto por México.

El eje que articula su pro-puesta es la creación de un Ins-tituto Nacional Electoral con el cual desaparecerán los 32 Institutos Electorales de los es-tados y creará el Instituto Na-cional Electoral para sustituir al Instituto Federal Electoral (IFE), y el cual se encargaría de organizar todas las elecciones en el país.

Hasta el momento, entre los panistas no existe un acuerdo para determinar cuál de los dos documentos será el que final-mente se lleve discusión al re-cinto parlamentario./

Como ha quedado de manifiesto, explica, el régimen presi-dencial para el México futuro que aspira a ser democrá-tico no es el mejor diseño para combinar gobernabilidad democrática. Pareciera más adecuado un régimen parlamenta-rio con voto de censura constructivo. Sin embargo, como el par-lamentarismo implicaría un cambio radical en el diseño institucional tradicional” Jaime Cárdenas.


dpolítica/Campo

Piden organizaciones un Pacto por el Campo

/ Así como se dio un Pacto por México para la aprobación de las “reformas estructurales”, dos colectivos señalan que hay que cambiar la política agrícola que ha ocasionado el abandono en el sector primario

Por Enrique Huerta

Ante el abandono de la producción agrícola, que ha originado que la mitad de los alimentos que se consumen en el país sean importados, organizaciones campesinas exigen al gobierno federal que se instale una mesa de negociación que dé luz a un Pacto por el Campo.

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Al principio del sexenio, el presidente Enrique Peña Nie-to convocó a los tres partidos políticos más grandes del país –PRI, PAN y PRD–, además de a dependencias como la Secre-taría de Gobernación (Segob) y al Congreso, a que firmaran el Pacto por México para acelerar la aprobación de las “reformas estructurales”, de las cuales al-gunas ya se dieron, como la de educación o la de telecomunica-ciones, pero faltan otras como la hacendaria o la energética.

En ese mismo sentido va el Pacto por el Campo propuesto por organizaciones campesi-nas, con el cual se busca que el agro mexicano reverdez-ca y vuelva a ser productivo, porque el diagnóstico de éstas es d eva s t a d o r : e l c a m p o e s t á en condiciones paupé-rrimas y en el abandono total.

El presidente nacional del CEN de la Confederación Nacio-nal Campesina (CNC), el senador Gerardo Sánchez García, advier-te que 12 millones de personas que habitan en el campo pade-cen pobreza extrema y hambre.

En cuanto a los recursos fe-derales en apoyo a la produc-ción agraria, el diputado del PRD Mario Rafael Méndez Martínez afirma que cerca del 80 por cien-to de los campesinos no tienen acceso a esos fondos porque las grandes empresas agroalimen-tarias acaparan la mayor parte del presupuesto destinado al desarrollo rural.

El legislador comenta que de los 313 mil 789 millones 900 mil pesos etiquetados para este año en el Programa Especial Concu-rrente para el Desarrollo Rural Sustentable, el 60 por ciento se lo llevan las grandes empresas nacionales y extranjeras.

Por ello, propone que el Congreso revise las reglas de operación de los programas destinados al campo, facultad que a la fecha sólo tiene el Eje-cutivo, además de eliminar la discrecionalidad y la burocracia con que operan, pues estos fac-

tores ocasionan que se devuelva hasta 30 por ciento de todo el presupuesto etiquetado para el medio rural.

Otro aspecto que afecta la productividad del sector prima-rio es el despojo de tierras que sufren los campesinos.

Víctor Suárez, director eje-cutivo de la Asociación Nacio-nal de Empresas Comercializa-doras de Productos del Campo (Anec), dice que “se está impul-sando el despojo de las tierras de los campesinos por parte de las empresas mineras, aquellas que pretenden apropiarse de los recursos forestales, e inclu-so con los megaproyectos con los que buscan apropiarse del agua y de los campos eólicos”. Y eso sin contar con los atrope-llos del crimen organizado.

La docena de organizaciones campesinas aglutinadas en el Frente Amplio Campesino (FAC) pronostica que de continuar el abandono en el campo nacio-nal, la dependencia alimentaria aumentará, para 2030, hasta el 75 por ciento, lo que quiere de-cir que tres cuartas partes de los alimentos consumidos en Méxi-co serán importados.

Por ello, tanto la Anec como el FAC han pedido que se instale una mesa de negociación con el gobierno federal y se concrete un pacto que impulse una polí-tica agraria distinta.

“El tema de fondo es que el modelo de agricultura ha fraca-

sado y debe ser sustituido por otro completamente diferen-te. En los últimos 30 años se ha abandonado a la mayor parte de los productores y se ha privile-giado nada más a una minoría de rentistas y de grandes corpo-raciones agroalimentarias, pro-fundizando el desplome de la producción, aumentando la des-igualdad, la pobreza, propician-do la migración, el deterioro de los recursos naturales, el aban-dono del campo, lo que también ha propiciado el desarrollo de las bandas del crimen organiza-do en vastas regiones rurales del país por el abandono del gobier-no”, explica Suárez, quien luego apunta que en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto no ha habido seña-les de que habrá una nueva po-lítica agraria .

La unión hace la fuerza. Víc-tor Suárez, director ejecutivo de la Anec, señala que su propues-ta de Pacto por el Campo fue elaborada conjuntamente con el Consejo Nacional de Organi-zaciones Campesinas, Consejo Nacional de Organismos Rura-les y Pesqueros y el Congreso Agrario Permanente.

El documento ya llegó a la Segob e incluso ya se tiene pac-tada una reunión con el titular de esa dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, para de-terminar si hay voluntad polí-tica del gobierno federal para negociar cambios.

Suárez advierte que su pro-puesta gira en torno a una agenda común para impulsar cambios de fondo en las políti-cas agroalimentarias, pesque-ras y forestales.

Con este acuerdo, detalla, se pretende formar un frente común para exigir un diálogo y negociar con el gobierno “pun-tos de fondo para el cambio de las políticas hacia el sector agro-pecuario del país”.

Explica que este documento incluye propuestas y demandas comunes en torno a cinco ejes, como fortalecer la soberanía

Gerardo Sánchez García, dirigente de la Confede-ración Nacional Campesina (CNC).


dpolítica/Campo

alimentaria y el fomento a la productividad de la agricultura y economía campesina; brindar desarrollo social y combatir a la pobreza; el manejo sustentable de los recursos naturales y de las tierras; el financiamiento público y ahorro para la agri-cultura campesina, y garantizar la equidad, las libertades demo-cráticas y el fortalecimiento de los derechos humanos de los campe-sinos y de los pueblos indígenas.

Por su parte, el Frente Amplio Campesino (FAC), que aglutina a 12 organizaciones —entre otras, la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Cam-pesinas y El Barzón—, dio a co-nocer que estaba trabajando en la elaboración de un documento para la instalación del Pacto por el Campo.

Alfonso Ramírez Cuéllar, lí-der de El Barzón, explica que en su propuesta de pacto se bus-ca establecer con el gobierno nuevas metas de producción en productos como maíz, frijol, trigo y arroz, para garantizar la soberanía alimentaria, además de que se atiendan las deman-das de los pequeños producto-res y campesinos.

Ramírez Cuéllar señala que para el FAC es importante dar-le celeridad al asunto, pues el Pacto tiene que estar estableci-do antes de que los diputados aprueben el presupuesto del si-guiente año.

“No queremos que nos vayan a ‘sorprender’ con un presu-puesto igual al de los últimos 20 años, que solamente beneficia a los ricos, que muestra un gran desprecio a la agricultura”, dice.

Tanto el FAC como la Anec reconocen que la unión hace la fuerza y ya han tenido acer-camientos para afinar detalles, con el objetivo de fusionar sus propuestas en un mismo docu-mento y establecer un procedi-miento de negociaciones con el gobierno federal.

Tanto Víctor Suárez como Alfon-so Ramírez Cuéllar ven muy facti-ble que se pueda dar esta unión.

“Están muy claros los puntos que queremos y cuáles son las cosas que no queremos. No hay grandes diferencias, lo que ha sucedido es que en la diversidad de historias y trayectorias de or-ganizaciones y personalidades, pues de repente hay puntos de desencuentro, pero en esencia coincidimos en una agenda de cambios de fondo”, explica el di-rector ejecutivo de la Anec, Víc-tor Suárez, quien aclara que las negociaciones con el FAC se están haciendo paralela-mente a las realizadas con el gobierno federal.

El primero es la creación de la Ley de Seguridad Alimenta-ria, con la cual se modificará el marco legal para integrar en ella metas y recursos multianuales, revisables cada siete años; el segundo punto es crear un siste-ma fito zoosanitario y pesquero, de normalización e inocuidad, para proteger la planta produc-tiva nacional y rediseñar el de inocuidad alimentaria.

La tercera demanda es fo-mentar la productividad y com-petitividad, a través de la mo-dernización del Sistema de Investigación, Innovación, De-sarrollo Tecnológico y Asisten-cia Técnica al campo, así como crear un Sistema Financiero y de Aseguramiento cuyo eje sea un nuevo Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.

La cuarta petición es la inser-ción en el mercado global de los productores mexicanos, además de combatir prácticas desleales de los socios comerciales.

El quinto punto trata sobre rediseñar las instituciones del gobierno para servir a los pro-ductores con eficacia, honesti-dad y transparencia.

La confederación campesi-na señala que por su parte ya comenzaron a trabajar con el gobierno federal y celebran que hay la disposición para negociar.

“La CNC es la principal or-ganización campesina de Mé-xico, con alrededor de cinco millones de productores que se encuentran en los más de 30 mil núcleos agrarios que existen en México. Con ese carácter impulsa la firma con el gobierno federal de un Pac-to para el Campo por México”, indica Gerardo Sánchez.

Para esta organización, la situación actual de abando-no en el campo es responsa-bilidad del régimen panista, tras 12 años en la Presidencia de la República, periodo en el que, según la CNC, se heredó un desastre en la producción de maíz, caña de azúcar, café,

Por su parte, Ramírez Cuéllar admite que aunque hay dife-rencias, éstas no son sustancia-les y pueden ser superadas.

“Las diferencias están con el gobierno, con los grandes em-presarios, que solamente quie-ren su beneficio”, remata.

La otra propuesta. La orga-nización que también ha teni-do acercamiento con el gobier-no federal en pos de negociar un Pacto por el Campo es la Confederación Nacional Cam-pesina (CNC).

Esta organización, que agru-pa al sector campesino en el PRI, participó en la instalación del Diálogo del Pacto Rural con el Gobierno Federal “Pacto por Mé-xico para el Campo”, en la cual su presidente, el senador Gerar-do Sánchez García, pidió que se establezcan cinco puntos.

Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de El Barzón.

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arroz y hule, además de que se incrementaron las impor-taciones alimenticias de Sud-áfrica, Estados Unidos y nacio-nes asiáticas.

Es el momento. Víctor Suárez, director ejecutivo de la Anec, indica que ahora es el mo-mento en que se necesitan los cambios de fondo para salvar al agro mexicano.

“Es lo que nosotros queremos llevar a cabo y es el espíritu del documento que nosotros pre-sentamos y acordamos. Es lo que necesita el país, y no más políticas fracasadas, no simula-ción, no cambios cosméticos, no queremos que el gobierno inter-prete que queremos prebendas, ni programitas, ni cuotas, sino lo que queremos son cambios de fondo”, argumenta.

Dice que “hay que abrazar esta causa común para que el gobierno se dé cuenta y se convenza de que ya es tiempo de dejar a un lado las políticas neoliberales que solamente han beneficiado a las grandes corporaciones agroalimenta-rias multinacionales”.

Suárez señala que hay que parar el abandono del campo, de no menospreciar a los campesi-nos, de dejar de apostar por la dependencia alimentaria y por las grandes corporaciones.

“Es lo que necesitamos hacer, porque la situación del campo es realmente angustiante, de-sastrosa, vemos cómo aumen-tan las ganancias de grandes corporaciones como Bachoco, como Gruma, aumentan los pre-cios del pollo, del huevo y la gen-te se ve afectada de una manera muy severa”, lamenta.

Sobre si cree que habrá dis-posición del gobierno federal de sentarse a negociar un cam-bio radical en las políticas agra-rias, Suárez dice que la unidad será la clave de que se realicen los cambios.

“Solamente podremos obli-gar al gobierno a tener disposi-ción si vamos unidos, dentro de una agenda común de cambio de fondo y si hacemos que des-

de todas las regiones rurales del país, todos los ejidos, comunida-des, nos movilicemos y nos de-cidamos a exigir nuestros dere-chos”, indica.

Asimismo, el líder de El Bar-zón, Alfonso Ramírez Cuéllar, advierte que el Pacto por el Cam-po, ni las propuestas de cambio en las políticas agrarias serán aceptadas de manera inmediata ni dócil, porque se defienden los intereses de los multimillona-rios y de las trasnacionales.

Ante la posibilidad de que el gobierno federal no acepte el Pacto por el Campo, o que ni siquiera se siente en la mesa de diálogo, tanto la Anec como el FAC tienen contempladas mo-vilizaciones, caravanas, mani-festaciones a lo largo y ancho del país.

“Tenemos movilizaciones para el 12 de agosto en todos los estados y para el 30 de octu-bre, a nivel nacional. Van a salir caravanas de jornaleros hacia el Distrito Federal”, comentó Ramírez Cuéllar.

El director ejecutivo de la Anec, Víctor Suárez, es lapidario sobre la obligación de aceptar un Pacto por el Campo y de la necesidad de cambiar las políti-cas agrarias del país.

“Hay que obligar al gobierno mexicano a que entienda de que no podemos esperar más, no aguantamos más, no hay que jugar con el fuego, porque la situación está verdadera-mente mal para la gente del campo y del país, y esto puede reventar”, advierte./

Víctor Suárez, director ejecutivo de Anec.


dcomunidad/Desarrollo social

Inoperante la Ley de Donación de Alimentos/ Aprobada en abril, esta norma involucra a dependencias gubernamentales como el DIF, aunque en realidad el trabajo y los es-fuerzos los realizan las asociaciones civiles, como el Banco de Alimentos.

Por Karla Ortega

A tres meses de haber sido promulgada la Ley para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos en Quintana Roo, el Sis-tema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que es la dependencia encargada de que se ponga en práctica, no

ha cumplido cabalmente con esa responsabilidad, según el coordi-nador estatal de Bancos de Alimentos, José Ángel Romero Espinosa.

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“El DIF promoverá la asisten-cia alimentaria altruista y coor-dinará los esfuerzos públicos y privados”, establece el artículo cuarto del reglamento de la ley de donación de alimentos, publi-cada en el Diario Oficial de Quin-tana Roo el pasado 30 de abril.

También se indica que el ob-jetivo primordial de esta ley es difundir, orientar y regular las donaciones de alimentos suscep-tibles para consumo humano.

Pero la realidad es que la dependencia solicita apoyo al Banco de Alimentos, en lugar de otorgarlo.

Esta situación, platica Rome-ro Espinosa, se observa en el caso de los comedores comuni-tarios, en el que en ocasiones el Banco de Alimentos provee los insumos para que el DIF cumpla con su obligación de combatir y erradicar la pobreza alimentaria mediante los programas sociales.

Señala que la nueva legis-lación no plantea nuevas pro-puestas, sino que reafirma si-tuaciones que ya acontecen en la entidad, como es el proceso de rescate de los alimentos.

La novedad que sí establece esta ley, es una función más activa por parte del DIF quintanarroense en la distribución de los alimentos, lo cual no se está cumpliendo.

El problema del hambre. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se desperdician 1.3 billones de toneladas de ali-mento, el equivalente a un ter-cio de la comida producida en todo el mundo.

Según el organismo internacio-nal, la pérdida de alimentos se pro-duce principalmente en las eta-pas de producción –recolección, procesamiento y distribución–, mientras que el desperdicio ocurre generalmente en los niveles mino-ristas y en el consumo.

Organismos internacionales definen a la pobreza alimenta-ria como la incapacidad para ob-tener los víveres indispensables en una canasta básica completa que permitan una alimentación sana y balanceada.

José Ángel Romero

“En un mundo de 7 mil millo-nes de habitantes, que se prevé que aumentará a 9 mil millones de habitantes en 2050, el des-perdicio de alimentos no tiene sentido ni a nivel económico, ni ambiental, ni ético”, asegu-ró el secretario general adjunto de la ONU y director ejecutivo del Programa de las naciones unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Achim Steiner.

Según la Asociación Mexi-cana de banco de Alimentos (AMBA), a nivel nacional se desechan diariamente 30 mil to-neladas de alimentos, que bien podrían beneficiar a 40 mil per-sonas. Los alimentos que más se desperdician son tortillas, pan, cereales, frutas, verduras, leche y sus derivados.

La mayor parte del desperdi-cio de comida a nivel nacional se registra en centrales de abasto, tiendas de autoservicio, restau-rantes, hoteles, mercados, así como en miles de hogares.

La AMBA es una organización no gubernamental que cuenta con una red de 65 instituciones en todo el país y que, durante el 2011, pudieron recuperar cerca de 120 mil toneladas de comida conside-rada como desperdicio, es decir, 328 toneladas diarias, las cuales sirvieron para alimentar a un mi-llón 300 mil personas en México.

Las cifras del Consejo Nacio-nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), son escalofriantes, en 2010 a ni-vel nacional el 24.9 por ciento

de la población padeció carencia por acceso a la alimentación.

A nivel local, el 19 por cien-to de los cancunenses carece de acceso a la alimentación, sin embargo el municipio de Benito Juárez (donde se encuentra Can-cún) quedó fuera de la Cruzada Nacional contra el Hambre, jun-to con Othón P. Blanco, luego del recorte de localidades, que de 400, quedaron sólo 80 como beneficiadas de dicho programa del gobierno federal.

Titánica labor. La distribu-ción de alimentos entre la po-blación que padece hambre es un trabajo que el Banco de Alimentos en Quintana Roo ha desarrollado desde hace siete años, bajo la tutela de la AMBA.

Además de la distribución de alimentos, otro de los objetivos del Banco de Alimentos es res-catar aquellos que están aptos para el consumo humano, pero que ya no pueden comerciali-zarse normalmente.

En Cancún, la mayoría de la merma proviene principalmente de las grandes cadenas comer-ciales, aunque gran parte de las donaciones que recibe el Banco de Alimentos en el estado pro-viene de los supermercados.

“Aproximadamente el 70 por ciento de las donaciones capta-das por el Banco de Alimentos proviene de supermercados lo-cales como Walmart, Chedraui, Comercial Mexicana, Cotsco.

“El resto procede de donacio-nes directas o vía gestión nacio-


dcomunidad/Desarrollo social

nal y de la industria hotelera quien apenas proporciona el 5 por ciento”, expone Romero.

Gracias a la ayuda proporcio-nada por el Banco de Alimentos, tan sólo en Quintana Roo, más de 19 mil personas sobreviven al hambre.

“El municipio de Benito Juárez tiene un auge enor-me en la carencia alimen-taria, recibe el 60 por ciento del apoyo proporcionado por este programa. Playa del Car-men capta el 20 por ciento; el resto es repartido entre Che-tumal, Felipe Carrillo Puerto y Cozumel”, detalla.

El coordinador estatal de estos centros de ayuda admi-te que sí ha habido esfuerzos para que los hoteleros se in-volucren en la donación de la comida, aunque esto no ha podido concretarse, debido a la falta de recursos materiales para el manejo y la entrega de los alimentos.

Sobre la distribución de las do-naciones alimenticias, Romero ex-plica que una vez que el alimento se almacena, estratégicamente se reparte a las diferentes sedes.

La Ley para Fomentar la Do-nación Altruista de Alimentos menciona que “los bancos de alimentos deben contar con personal capacitado y equi-po para conservar, manejar y transportar los productos” y, según José Ángel Romero cum-plen con este requisito.

Explica que en la cuestión del almacenamiento, el Banco de Alimentos tiene que cumplir con estándares impuestos por los donantes.

“Por ejemplo, uno de nues-tros benefactores es Nestlé y necesita que cumplamos en nuestros almacenes con los re-glamentos que ellos tienen en los suyos”, detalla.

El responsable de los Bancos de Alimentos a nivel estatal, José Ángel Romero, advierte que “básicamente un Banco de Alimentos funciona como una empresa, donde hay que pagar

seguros, tenencias, cambiar llantas, aceites. No tenemos subsidio de ninguna empresa o de alguna dependencia, todo lo que generamos es por medio de las cuotas de recuperación y de otros programas que tenemos”.

Pero la Ley para la Donación Altruista de Alimentos permite cobrar una cuota de recupera-ción de hasta 10 por ciento del valor del producto, esto con el fin de contribuir a la continuación de la operación del programa.

“En algunos casos, si el bene-ficiario no tiene los recursos para poder acceder al programa, recibe ya sea un descuento de la cuota de recuperación o una donación total”, aclara el coordinador.

Para ser beneficiado del Ban-co de Alimentos, las personas en situación de carencia ali-mentaria son registradas en un padrón, tarea que según la ley de donación de alimentos, tam-bién le corresponde al DIF, pero que tampoco lleva a cabo, expli-ca José Ángel Romero.

Para estar inscrito en el pa-drón del Banco de Alimentos, cada familia debe presentar acta de nacimiento de los inte-grantes, credencial de elector de jefe de familia, comprobante de domicilio, comprobante de in-gresos (en caso de tenerlo) y lle-nar un estudio socioeconómico, que determinará si es factible el

apoyo. Una vez inscritos se les entrega una credencial que los acreditará como beneficiario.

Hay dos formas de hacer lle-gar el alimento a las personas que lo necesitan, ya sea que se atienda a las personas directa-mente en cualquiera de las se-des o que un grupo vaya a las comunidades necesitadas, lo que supone un mayor esfuerzo.

La ayuda se reparte en pa-quetes nutricionales que el Banco de Alimentos arma y se componen del 70 por ciento de abarrotes, 20 por ciento de fruta y verdura y el resto de pan.

Beneplácito por la ley. Para el responsable de los bancos de ali-mentos en Quintana Roo, José Án-gel Romero, la ley de donación de alimentos es un gran paso, ya que hay una regularización por parte de la autoridades estatal con res-pecto a los bancos de alimentos, sin embargo aún parece haber una brecha enorme entre lo pro-mulgado y en lo que se hace.

“Se requiere de infraestruc-tura, no es como que usted tiene un cuarto de 2 por 2 y tiene to-das las intenciones y entonces usted se convierte en un banco de alimentos”, dice Romero.

Romero Espinosa ve con bue-nos ojos que las autoridades esta-tales regulen el funcionamiento de estos centros de ayuda y ase-gura que por el tamaño de la en-comienda, “sumar es la clave”.

“Mientras nos repartamos el trabajo, que es muchísimo, noso-tros estamos para vincular y para ayudarnos”, declara.

Romero Espinosa admite que el problema del hambre radica en que no hay equidad en la distribución de los ali-mentos, porque hay gente que no tiene la posibilidad de que el producto llegue a su comuni-dad”, explica.

“Allí está el alimento pero no hay forma de distribuirlo y es lo que hacemos los bancos de alimentos: vamos y rescatamos ese aliento que está apto para el consumo humano pero que no se puede distribuir”, detalla./

No tenemos subsidio de ninguna empresa o de alguna dependencia, todo lo que generamos es por medio de las cuotas de recuperación y de otros pro-gramas que tenemos”.

José Ángel Romero

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Por Roxana Bermúdez Howard

La crisis que vive el sector inmobiliario e hi-potecario de México tiene su origen en la sobrevaluación del valor de las viviendas que se adjudicaron o fueron vendidas en el

lapso que va de 2001 a 2012. Esto debido a que las seis principales desarrolladoras: HOMEX, GEO, URBI, ARA, SARE y HOGARB cotizan en el índice Habita de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La sobrevaluación inducida en los dos últi-mos sexenios presidenciales fue para lograr un crecimiento permanente de las ventas, man-tener los precios de las acciones en el mercado bursátil, y sus utilidades.

El esquema descrito se evidenció hacia fina-les de 2008, como efecto de la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Así, el 13 de marzo de 2009, para evitar el colapso del sector inmobiliario de México, el presidente Felipe Calderón Hinojosa puso en marcha su primer rescate.

Fue a través del Pacto Nacional por la Vi-vienda para Vivir Mejor que les fueron otor-gados 60 mil 150 millones de pesos, recuerda José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivien-da Digna (FMD-VD). Un año mas tarde. el 13 de marzo de 2010, recibieron otros 16 mil millo-nes de pesos.

Aplican

Fobaproa inmobiliario/ Con recursos públicos rescatan a las seis desarrolladoras de vivienda responsables de la crisis financiera que padece este sector

De tal manera, agrega, lo que en total fue destinado como apoyo a este sector sumó 76 mil 150 millones de pesos.

El rescate se encaminó a man-tener estables los indicadores Habita de las seis empresas que cotizan en la bolsa.

Tan es así, refiere, que del monto total del rescate, más de 30 mil millones de pesos se des-tinaron a la construcción, 10 mil millones fueron invertidos en ga-rantías con la finalidad de indu-cir las inversiones provenientes del sector privado y los restantes 19 mil 500 millones de pesos fue-ron para créditos individuales.

Mientras que en Estados Unidos y en España sus gobier-nos frenaron las operaciones de construcción y venta de vi-viendas en el transcurso de la crisis hipotecaria, las autorida-des de México las financió. Lo llevó a cabo con recursos de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Mientras Estados Uni-dos y España frenaron todas las operaciones de construcción y ven-ta de vivienda durante la crisis hipotecaria, el gobierno mexicano las financió con recursos de la Sociedad Hipote-caria Federal (SHF).

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Sin embargo, a raíz de la crisis económica el financia-miento que se otorgó para adquisición de viviendas del 2002 al 2008 se convirtió en crédito viejo. Y los que se otor-garon con recursos del rescate inmobiliario e hipotecario del 2008 al 2012 cayeron en carte-ra vencida.

En pocas palabras, el rescate por más de 76 mil millones de pesos que el hoy ex presidente Calderón otorgó a este sector no logró frenar la crisis inmo-biliaria que ahora nos alcanza.

El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna anticipó, en marzo de 2010, que este rescate tendría sus efectos negativos en 2013.

“Tuvimos razón sobre la cri-sis inmobiliaria e hipotecaria que estalló en el 2008-2009, la que el gobierno pretendió ocultar. Hoy nuevamente han comenzado a rescatar a las seis principales desarrolladoras”, alerta Pérez Espinoza.

La crisis se ve reflejada tam-bién en la salud financiera de la SHF, puesto que incluso la Audi-toría Superior de la Federación ha declarado que el menciona-do banco de desarrollo empleó criterios discrecionales en la autorización y otorgamiento de líneas crediticias, sobre todo porque aprobó dispensas con-tractuales y excepciones norma-tivas a Sofoles-Sofomes, librán-dola de la obligación de obtener cada año una calificación mí-nima “AA” de Standard&Poors y de Moody’s.

Con estas prácticas, según la ASF, se incumplió el ordena-miento del artículo 19, primer párrafo, de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.

“Estas dispensas contrac-tuales y el deterioro de los in-termediarios no bancarios han contribuido a fomentar el pago de sus adeudos en especie”; es decir, desde 2009, según expuso la ASF, mediante la celebración de convenios de reconocimien-to de adeudos y dación en pago.

“Todo demuestra que la SHF no está ejerciendo sanas prác-ticas y usos bancarios”. Por ejemplo, las daciones en pago pasaron del 8.7 por ciento del total de sus activos (en 2009) al 30.7 por ciento.

Además, la cartera de crédi-tos de SHF al 31 de de diciem-bre de 2012 fue de 61 mil 454 millones de pesos, y el 30.7 por ciento de las daciones en pago representa 18 mil 439 millo-nes de pesos más.

Este reconocimiento de adeudos y dación de pagos, in-sistió el especialista, es resul-tado de la sobrevaluación de las viviendas para mantener estables los indicadores Habi-ta de HOMEX, GEO, URBI, ARA, SARE y HOGARB.

En suma, los 76 mil 150 mi-llones de pesos que costó el rescate total del sector inmo-biliario fueron para beneficiar a siete sofoles y a seis desarro-lladoras, no para favorecer al sector inmobiliario, dijo.

De ahí que no hay justifica-ción para que el titular de SHF,

Jesús Alberto Cano Vélez, haya iniciado el rescate de las seis principales desarrolladoras que cotizan en la BMV. Por lo pronto, la SHF anunció un nue-vo programa en el que HOMEX obtuvo un crédito puente por 144 millones de pesos que le otorgó ABC Capital, de Mario Laborín (ex director de Nafin).

En este esquema, la Socie-dad Hipotecaria Federal otor-gará 15 mil millones de pesos durante este año, a fin de que las desarrolladoras puedan re-vertir el “mal curso” que han seguido en los últimos ocho meses, indicó el experto.

Pero no sólo eso. El titular de Infonavit, Alejandro Murat Hi-nojosa, anunció un subsidio de tres mil 500 millones de pesos para apoyar a las desarrollado-ras a través del Fondo de Estí-mulo a la Vivienda Vertical.

Las empresas van a recibir 70 por ciento de los recursos cuando comprueben 50 por ciento de avance de las obras.

Proseguirá, en consecuen-cia, la impunidad de las desa-rrolladoras inmobiliarias. /

“Tuvimos razón sobre la crisis inmobiliaria e hipotecaria que estalló en el 2008-2009 y que el gobierno pretendió ocultar. Hoy nuevamente han comenzado a rescatar a las seis principales desarrolladoras”.

José Humbertus Pérez Espinoza


dpolítica/Dragon Mart

Con inconsistencias, resucitan al Dragon Mart

/ “Que no te cuenten cuentos chinos. Infórmate”, sugiere la empresa promotora del proyecto; sin embargo, desde su portal oficial se hacen presentes las contradicciones

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La situación le-gal del proyec-to es la misma. Esperarnos que resuelvan las autorida-des federales el tema de im-pacto ambien-tal y el tema de litigio por la licencia de construcción que otorgó el gobierno municipal”

Alejandra Serrano, coordinadora del sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Por Isela Serrano

Un par de días después de las elecciones del 7 de julio, y con el triunfo del priísta Paul

Carrillo en las elecciones a pre-sidente municipal de Benito Juárez, sobre la carretera fede-ral, en la entrada del predio “El Tucán”, apareció un espectacu-lar del Dragon Mart Cancún.

En el anuncio puede leerse: “Aquí se generarán 8 mil 500 empleos. Que no te cuenten cuentos chinos. Infórmate”. Sin embargo, al acudir el sitio web ( w w w. d ra g o n ma r t c a n c u n .com), la empresa nuevamente distorsiona los datos.

“En Dragon Mart se tiene previsto la generación en for-ma permanente de 8 mil 550 empleos directos y 3 mil em-pleos indirectos a mexicanos”, según el portal de interntet. La suma de ambas cifras, da un total de 11 mil 550 fuentes de trabajo.

de mostrador y vendedores; los 200 estibadores, los 200 puestos administrativos; los mil 500 profesionistas; los mil técnicos y los mil puestos de mantenimiento que señala el portal, el resultado son 8 mil 900 puestos laborales.

Real Estate Dragon Mart Cancún ha acusado insistente-mente que “intereses oscuros” generan confusión y desin-formación entre la población, pero en su propia página de internet, en el que la empre-sa pide establecer un diálogo ciudadano, asegura que “ya en operación los 600 inversionis-tas expositores darán empleo a 7 mil 500 mexicanos”.

El proyecto Dragon Mart Cancún ha sufrido múltiples modificaciones. Pasó de ser una inversión 100 por ciento china a ser un centro de ex-hibición, con capital 90 por ciento de origen mexicano, donde se promoverían pro-ductos provenientes de Brasil, Canadá, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Corea, Japón y Vietnam; más tarde, de ser un proyecto de comercio internacional se convirtió en inmobiliario turístico.

Los problemas de fondo. Al referirse al tema del es-pectacular que apareció en la carretera, Alejandra Serrano, coordinadora del sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), asegura que se trata de una estrategia de mercadotecnia por parte de la empresa, pero aclara que el proyecto continúa sin resolver los problemas de fondo y sigue sin tener la licencia de cons-trucción, la cual le fue negada por el ayuntamiento de Benito Juárez el 24 de abril.

“El proyecto sigue siendo in-viable desde la perspectiva de legislación ambiental. Segui-mos en litigio en cuanto a la autorización que dio el gobier-

no del estado en materia de impacto ambiental y tenemos una denuncia que no ha re-suelto la Profepa en cuanto a la solicitud de la Manifestación de Impacto Ambiental federal, que debe tener el proyecto”.

Puntualizó que el Cemda, al no ser un partido político, ni estar abocado a cuestiones partidistas, sino de la aplica-ción de la ley, espera que las autoridades local, estatal y fe-deral se aboquen a resolver el tema conforme a la ley.

Interrogada respecto a si no teme Cemda que pueda co-menzar a construirse el Dragon Mart sin contar con la licencia de construcción como ha ocu-rrido en otras ocasiones con la edificación de hoteles, centros comerciales y otros proyectos en Benito Juárez y la Riviera Maya, la abogada ambientalis-ta respondió: “es un proyecto que ha tenido mucho segui-miento. No creo que los pro-moventes, a pesar de las omi-siones legales que han tenido, lleguen a incurrir en una ilega-lidad de este tamaño. Sería la cereza del pastel”.

Reconoció que aunque en México es difícil la aplicación de la ley ambiental, sería su-

Pero un par de renglones abajo, se especifica que se-rán 5 mil 550 empleos di-rectos y 3 mil indirectos, y no los 8 mil 550 empleos directos prometidos.

Y en el desglose, si se suman los mil gerentes o administra-dores; los 4 mil encargados

Tulio Arroyo.

Alejandra Serrano.


dpolítica/Dragon Mart

mamente delicado que ésta se manejara basada en un cam-bio de administración, cuando la ley sigue siendo la misma y el Programa de Ordenamien-to Ecológico Local (POEL) no ha cambiado.

Piden presentar acuerdo comercial con China. En en-trevista por separado, Luis Foncerrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), dijo que los argumen-tos técnicos y legales contra el proyecto mantienen su vigen-cia, y los problemas que ha presentado consistentemente siguen siendo exactamente los mismos, a pesar de que cambie de partido la presiden-cia municipal.

El economista advirtió que si las preocupaciones en ma-teria política comercial, in-dustrial, migración y medio ambiente que se han denun-

ciado siguen sin subsanarse, no existen argumentos para que un gobierno emprenda un proyecto, cuando se han demostrado las objeciones y resultados que provocaría.

“El gobierno está para servir al pueblo, no está para estor-bar el desarrollo de la socie-dad. Si un proyecto va a afec-tar el bienestar de la población y el paisaje –tal como lo plan-tean los empresarios y grupos preocupados– no se debe ir en contra de los intereses de la po-blación”, insistió.

En torno al proyecto, que consiste en 3 mil 40 locales, 722 viviendas, restaurantes, bodegas y una explanada, construidas en un terreno de 561 hectáreas en Puerto Mo-relos, Foncerrada Pascal ma-nifestó que la administración del presidente municipal elec-to, Paul Carrillo de Cásares “tiene la enorme responsabi-lidad de volver a escuchar la opinión de la población”.

Durante su campaña, el can-didato de la coalición “Para que tú ganes más”, integrada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, aseguró que llegado el mo-mento respetaría la decisión del juez, porque “mi partido es el de la legalidad”, dijo.

Foncerrada Pascal hizo un llamado a empresarios y auto-ridades a presentar el acuerdo comercial con China y ofrecer una solución a los problemas que se han señalado. “Invita-mos a que participen y opinen

Luis Antonio Foncerrada Pascal.

Con casi el 60 por ciento de los votos, cibernautas opinan que en “nada” beneficiará a los comerciantes mexicanos entrar al mercado chino; sin embargo, el polémico proyecto plantea lo contrario, que el mercado chino entre a México.

La empresa ha acusado a “intereses oscuros” de distorsio-nar la información y generar contradicciones.

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y si arbitraria o unilateralmen-te quieren llevar a cabo el pro-yecto, que sea bien señalado quién el responsable”, advirtió.

En tanto, el presidente de la agrupación Ombligo Verde, Tulio Arroyo, expuso que el ayuntamiento de Benito Juá-rez puede otorgar la licencia de construcción al proyecto, siempre que no haya violacio-nes de otras índoles, como las que señalaron expertos duran-te la instalación del comité de análisis del proyecto, realizado el 26 de febrero y convocado por el edil Julián Ricalde.

Las razones de la negativa. Por la incompatibilidad con las disposiciones legales vigentes en el predio “El Tucán”, estar sobredensificado y presentar un proyecto diferente al auto-rizado por el gobierno de Quin-tana Roo, en el mes de abril el ayuntamiento de Benito Juá-rez negó la licencia de obra nueva a Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas.

La empresa acusó al munici-pio de haber politizado el tema

con fines electorales y optó por demandar a la autoridad municipal, argumentando el incumplimiento del plazo en la entrega de la resolución.

Actualmente, el caso se en-cuentra en el Tribunal Supe-rior de Justicia de Quintana Roo, órgano que otorgó la am-pliación de la demanda admi-nistrativa, por considerar que la Secretaría de Ecología y De-sarrollo Urbano demoró en la entrega de la resolución.

Francisco Villarreal Escobe-do, encargado de la Dirección del Jurídico municipal, infor-mó en su oportunidad que el caso está en manos del magis-trado doctor Manuel Ávila Fer-nández, y alertó que si hubiera una sentencia “a modo”, el fa-llo sería definitivo.

“Es la única instancia (…) como se trata de materia admi-nistrativa, la cual está en juicio un acto de autoridad, no existe legitimación para interponer el juicio de amparo”, señaló sobre lo que ha determinado la Su-prema Corte de Justicia.

El ayuntamiento impuso una multa de más de 2 millo-nes de pesos a la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún por haber removido 87 hectá-reas de selva media en Puerto Morelos. Ante el silencio que mantienen las autoridades fe-derales y ante la posible afec-tación que pudiera provocar el proyecto a la planta produc-tiva nacional, la resolución del juez está pendiente y con ella el futuro de la economía del país./

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En el propio portal de la empresa, al referirse al rubro del empleo, Dragon Mart Cancún presenta diversas cifras.

Francisco Villarreal Escobedo.

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/ 4142 / lucesdelsiglo.com

Contrario a lo que sucede con el resto de la indus-tria mexicana, parece que el transporte federal

de carga avanza exactamente a la inversa, es decir, en reversa al con-vertirse en un lastre que frena el desarrollo del país.

Y como los cangrejos, todo indi-ca que este poder fáctico, al cual ninguna autoridad parece poder meter en orden, se la pasa dando tumbos y dando “un pasito para adelante y dos pasitos para atrás”, enlutando diariamente a muchas familias mexicanas que tienen la desgracia de toparse con ellos en las carreteras federales.

Porque los números no mienten, porque en escasos cuatro años los empresarios transportistas han cuadruplicado no su eficiencia, sino el número de accidentes fata-les en los que se ven envueltos los operadores del transporte federal de carga.

Y contrariamente a lo que vemos todos los mexicanos con su contra-parte del servicio federal de pasaje-ros, en donde vemos unidades mo-dernas conducidas por operadores capacitados; en el servicio de carga nos encontramos exactamente con lo contrario.

Gobiernos federales van y vie-nen, cambian los colores de los partidos en el poder y, nadie es ca-paz de ordenar y obligar a cumplir la ley a los empresarios del trans-porte de carga, en una situación que se antoja de complicidades evidentes, ante los respaldos fi-nancieros que estos grupos facili-tan en las campañas políticas de todos los partidos.

Por compartirles sólo un dato del grave problema que enfrenta el transporte de carga mexicano en materia de seguridad; mientras que en el 2009 solamente se regis-

traron dos accidentes por día, en el que se vieron invo-lucrados estas unidades, en lo que va del 2013, la cifra ya va por encima de los nueve diarios, y puede cerrar este año muy por encima.

¡Casi diez accidentes diarios en los que se ven envueltos las unidades de carga en la Red Federal de Carreteras!

Es un hecho que con estos números los discursos “modernizadores” de cualquier autoridad se topan en pared, al quedar confirmado en los hechos que el gobierno federal tiene un grave problema que re-solver, mismo que amenaza la productividad nacio-nal y pone en riesgo la seguridad de los mexicanos.

En la gran parte de los accidentes en que se ven envueltas estas unidades, las razones son simples; el exceso de velocidad con que son conducidas, la nula capacitación de los operadores, las malas condiciones mecánicas, pero sobre todo el exceso de peso.

Según reportes periodísticos adjudicados a Caminos y Puentes Federales (Capufe), durante el período del 2011 al 2013, se registraron en 54 carreteras 5 mil 321 accidentes en los que se vieron involucradas unidades de transporte de carga.

Además de ser dos de las rutas más transitadas en Mé-xico, las autopistas de cuota, México-Querétaro y Méxi-co-Puebla, son las que más accidentes registraron, al sumar entre ambas casi mil.

Otra de las rutas con mayor incidencia de accidentes son: la Monterrey-Nuevo Laredo, Guadalajara-Colima, Irapuato-Querétaro, Puebla-Acatzingo, Ciudad Men-doza-Córdoba, entre otras.

Lo reitero, los números no mienten y en casi el 73 por ciento de los accidentes registrados el operador de la pesada unidad aparece como el responsable directo y solamente en un 15 por ciento las condiciones de la carretera son las que ocasionaron los hechos.

Pero, ¿cómo exigirle a un conductor que controle de manera responsable una unidad cuando lleva casi el doble de carga y mide el doble para lo que fue diseñada?

Aún cuando son exactamente los mismos tractoca-miones y las mismas plataformas, en México la Nor-ma Oficial Mexicana permite cargar hasta 85 tonela-das por unidad, mientras que en Estados Unidos es de 42 y en Canadá llega a 56.

En lo que se refiere a las dimensiones de las platafor-mas de carga, en México esta misma norma autoriza que lleguen a medir hasta 33 metros, mientras que en Canadá y Estados Unidos es de 24 metros.

Cientos de familias mexicanas víctimas de los accidentes en que se han visto involucradas los fa-mosos trailers de doble caja cono-cidos como “fullers”, no encuen-tran eco en ninguna autoridad de ninguno de los niveles de gobier-no, y queda confirmado que este poder fàctico, está por encima de la Ley.

Urge que la Comisión de Trans-portes de la Cámara de Diputados demuestre su interés por servir a los mexicanos que votaron por ellos, y agilice la discusión y apro-bación de la iniciativa de reformas al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que plantea que el peso de las uni-dades de carga no debe exceder las 22 toneladas y su longitud no debe superar los 22 metros.

Es obvio que con esta nueva legislación no solamente ten-dríamos carreteras más seguras para todos los mexicanos, sino mayor y mejor conservadas, al no sufrir el deterioro constante por la circulación de auténticos “ferrocarriles carreteros”.

Nadie tiene ninguna duda que este es el momento del nue-vo gobierno que presume a los mexicanos estar “en movimien-to”, para mandar un mensaje legitimador en una industria en la que todos sabemos no está cumpliendo ninguna de las le-yes que, al menos en teoría, deberían regularla.

Si el equipo del presidente Enri-que Peña Nieto y los legisladores federales se deciden a acabar con las ilegalidades de este gremio, mi-llones de mexicanos usuarios de las carreteras federales...

¡Les pondríamos un monumento!

Muchas gracias./[email protected]

OpinionPienso... Luego Insisto

Por José Carrillo Ramos

¿...de reversa?

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¿Sabes cuantas casillas se ins-talaron en el municipio de Benito Juárez? Se instalaron, de acuerdo al Programa de

Resultados Preliminares, 764 casi-llas. En este municipio el PAN no presentó candidato a la alcaldía y, por tanto, tampoco a ninguna de las regidurías; este punto llama la atención en gran forma. Benito Juárez es un municipio no simpati-zante del PRI, como lo demuestran los resultados de las elecciones federales anteriores. Las gráficas muestran datos interesantes. En las elecciones para presidente de la Re-

buen número de candidatos fueron designaciones del CEN.

Como resultado, el electorado les dio la espalda, y esta historia termi-na con la renuncia del presidente nacional Germán Martínez.

Con lo anterior en mente, la for-ma de actuar del Comité Ejecutivo Estatal del PAN para las elecciones de este julio resulta incomprensible. No hay forma de justificar el no ha-ber afrontado la elección solos o en una coalición verdadera con el Parti-do de la Revolución Democrática.

El resultado es terrible para am-bos partidos. De las 764 casillas instaladas en el municipio, la pro-puesta del PRD gana 13 casillas. El 1.7 porciento del total.

¿Dónde quedaron los 72 mil 927 votos obtenidos por la coalición PAN – PRD en 2010 en Benito Juá-rez? En este proceso, el PRD obtie-ne sólo 37 mil 163 votos. ¿Dónde quedaron los 55 mil 752 votos del PRD en 2007? Ambos partidos fir-maron su destino al no concretar la coalición. ¿Errores, maquinaciones, torpeza….? No lo sabremos, pero lo que está claro es que el presidente estatal del PAN lo hizo muy, pero

¿Qué hizo el PAN para ganar las elecciones del 2013? (parte II) Por Octavio Pérez Priego

Opinion

Diputados federales

pública en 2006, el PAN obtuvo casi el doble que los votos a favor que el PRI; en 2012 el PRI consiguió dos ter-cios de los votos que los logrados por el PAN. En 2000, sin comentarios.

El PRI perdió las elecciones para presidente de la República en Benito Juárez en el último proceso electoral.

La elecciones para diputados fe-derales por el principio de mayoría relativa reflejan también una ten-dencia al no PRI, salvo las elecciones intermedias del 2003, con resultados atípicos y difíciles de explicar, y las de 2009 que tuvieron una explica-ción clarísima en las formas del Co-mité Ejecutivo Nacional del PAN: un

muy mal. No sólo fracasó en el intento de coalición, sino que siguió con una vacilada de “asociación de facto” o un acuerdo de buena voluntad que no fue capaz de convencer ni a panistas ni a perredistas. Ambos le dieron la espalda a sus dirigencias, no vo-taron. Tal vez muchos por falta de comprensión del significado de la asociación de facto, o por ignorancia de las estrategias de sus dirigencias, el caso es que no votaron.

Las acciones del presidente del PAN dejan mucho que desear. Ante la desaparición de la coalición in-tenta, sin la menor cortesía para la militancia, por decir lo menos, una asociación sacada del som-brero del mago electoral. Y no con-forme con eso, se pone a jugar con los miembros de la planilla para el Ayuntamiento de una forma escandalosa, quitando y ponien-do candidatos propietarios y su-plentes a su saber y entender, por cierto limitado, ya que al final no le salieron las cuentas.

Eduardo Martínez debe renun-ciar a la presidencia estatal del Par-tido Acción Nacional./

[email protected]

Presidente de la República en Benito Juárez


Los entuertos Por: Georgina Howard

La reforma para regular el endeudamiento de estados y municipios que aprobaron los diputados en su fugaz

periodo extraordinario, otorga un poder supremo a la Cámara Alta.

Ahora será el Senado de la Repú-blica el que levantará el dedo para dar su venia y determinar quién se endeuda y quién no.

Aunque todavía falta su ratifica-ción, con estas modificaciones se fortalecerá una nueva casta, la de los cabilderos.

Serán ellos quienes mediarán entre los gobernadores y presi-dentes municipales para reali-zar el clásico lobbying, entre la dinastía senatorial.

Por lo pronto, en esta reforma constitucional queda establecido que la contratación de créditos en los estados y municipios se hará mediante licitación públi-ca para asegurar mejores condi-ciones de mercado.

El dictamen modifica diversas disposiciones de la Constitución para establecer principios, contro-les y lineamientos que promuevan un uso ordenado y sostenible del fi-nanciamiento, a fin de evitar el uso incorrecto de los recursos obtenidos vía deuda pública.

En los últimos 12 años, la deuda de estados y municipios aumentó en más de 130 por ciento, sin que se conozca a detalle el destino de los recursos, las tasas a las que fueron contraídos los créditos y las razones que justificaron su contratación.

Con este mandato se podrá expedir leyes en materia de res-ponsabilidad hacendaria para el manejo sostenible de las finanzas

públicas en la Federación, los estados, municipios y el Distrito Federal.

Las entidades y municipios tendrán la posibilidad de contraer empréstitos cuyos recursos se destinen a su re-financiamiento o reestructura, y no sólo a inversiones públicas productivas.

***FED, pieza claveDe acuerdo con CIBanco, de nueva cuenta el protago-

nista de la semana fue el presidente de la FED de Estados Unidos, Bernanke, quien aseguró que no existe un plan preestablecido sobre cuándo iniciar con la reducción de la compra mensual de bonos por 85 mil millones de dólares.

Con esto, resurgen las esperanzas de los que quieren que se retrase esta reducción, alimentando la especulación a favor de las inversiones con mayor riesgo y rendimiento.

Sin embargo esto ha ocasionado que se acelere la apre-ciación de varias monedas de países emergentes, y el peso mexicano no es la excepción.

Lo cierto es que el presidente de la FED no logra con-vencer al mercado de que una próxima salida en su pro-grama de compra de bonos, no significa que restringirá su política monetaria y que se tiene prevista para me-diados del 2015.

Muchos especulan que esta medida se dará antes de que Bernanke deje su cargo en la Reserva Federal para enero del 2014.

*** Todo listoLa Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

ya anunció que para poner en marcha dos nuevas cade-nas de televisión abierta digital, se requerirá una inver-sión de 200 millones de dólares.

Serán 100 millones para cada una sólo para infraes-tructura, ya que el monto no incluye el pago de dere-chos por uso y explotación de espectro.

Por lo pronto, se espera que la SCT licite estas dos ca-denas en los primeros seis meses de operaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Aunque no ha recibido cartas de interés de la inicia-tiva privada para participar, confirmó que hay interés de inversionistas extranjeros por entrar en la licitación.

Cuando el río suena es que agua lleva, así que no se sorprenda si algunos de los grandes consorcios de otros países aparecen por ahí.

*** Cero facturación electrónicaEn México el 80 por ciento de las 3.5 millones de

empresas que están obligadas a migrar antes del 2014

al nuevo esquema de facturación dispuesto por el Servicio de Admi-nistración Tributaria (SAT), aún no cuenta con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), advirtió la firma mexicana wFactura.

De acuerdo a su análisis, las em-presas invierten de dos horas has-ta tres meses, dependiendo de las complejidades técnicas que presen-ten, para poder migrar su factura-ción al esquema CFDI a través de un Proveedor Autorizado de Certifica-ción (PAC) del SAT.

En el SAT existen 223 mil 930 empresas que ya cuentan con la facturación CFDI, lo que represen-ta alrededor del seis por ciento del total de compañías que, por tener ingresos mayores a 250 mil pesos anuales, están obligadas a adoptar el nuevo esquema de facturación.

La transición de las empresas a la facturación CFDI es lenta debi-do principalmente al desconoci-miento, a la costumbre de dejarlo al último momento o, en caso de que ya lo hayan iniciado, a lo tar-dado que para algunas empresas representa este cambio por las complejidades técnicas.

*** EN CORTO Genius presentó su Cam Mou-

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Cabilderos, poder supremo

Opinion

44 / lucesdelsiglo.com / 45

Como diría mi chichí Ofe, “entre pitos y flautas” han transcurrido prác-ticamente los primeros

meses del sexenio, donde ha ha-bido de todo. Se han logrado sacar algunas reformas y aunque faltan sus reglamentos, el Pacto por Mé-xico continúa pese al manoseo electoral, sin faltar las malas inter-pretaciones, sombrerazos, codazos y puntapiés por debajo de la mesa. Estas actitudes hacen recordar al inolvidable José Alfredo Jiménez con su clásica “porque estás que te vas, que te vas, que te vas y no te has ido”.

Hablando claro, en materia económica lo que al principio del gobierno de Peña Nieto fue una euforia optimista, se ha tornado en preocupación e incertidum-bre. La economía sigue sin cre-cer lo prometido, lo que es peor, pese a todos los anuncios hechos en materia de inversión, la liquidez sigue brillando por su ausencia, y es que dicen los que saben de estos temas, que las llaves del dinero siguen “cerradas”, ya que a estas alturas del partido, los niveles de subejercicio del gasto público son muy altos.

En días pasados, se anunció con bombo y platillo la primera deten-ción de un capo (no político) impor-tante en lo que va del sexenio, vaya tan así lo fue, que de inmediato salió a relucir la desconfianza que tenía el gobierno de Estados Uni-dos, de que esta administración no continuara la lucha contra el narco-tráfico. La captura del “Z-40” fue un bálsamo al gobierno de Peña Nieto en medio de los nubarrones que se presentan en el panorama eco-nómico y político, tranquilizando a los vecinos del norte porque la lucha continúa. Bien por las Fuer-zas Armadas de nuestro país, sin duda de las pocas instituciones dignas y confiables que tenemos.

Siguiendo en el ámbito de la PGR, habrá que reco-nocer la actuación del procurador Jesús Murillo Ka-ram, al proceder con prontitud y acabar con la injus-ticia que se estaba cometiendo con la joven maestra de 23 años, Ángel de María Soto, a quien le habían “sembrado una maleta con droga”. En este caso dos fueron los factores fundamentales para su feliz reso-lución: el papel de las redes sociales y la sensibilidad del procurador.

Otro tema que dará mucho de qué hablar y causa-rá cantidad de úlceras gástricas, es la próxima pues-ta en operación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley de La-vado de Dinero, por todo lo que va a representar.

Si observáramos esto como un iceberg, su “punta” sería el combate a la delincuencia organizada, pero bajo el agua viene un combate fuerte a la evasión fis-cal, donde habrá una delgada línea con el “terrorismo fiscal”. En ambos casos estoy de acuerdo en combatir-los, no existe la menor duda que debemos luchar para erradicar tanto la delincuencia, como la evasión fiscal, que causan gran daño a México. El problema es que esto se puede volver un arma de represión o persecu-ción política y vea usted por qué.

A partir del 12 de octubre del presente año, se tendrá que avisar a las autoridades correspondien-tes de las siguientes operaciones, no importando la forma de pago: Comercialización de automóviles, de $415,759 o sea el equivalente a 6,420 salarios mínimos en adelante. Notarios Públicos, por la creación y transmisión de derechos reales (excep-tuando Infonavit) de $ 1,036,160 (16,000 salarios mínimos) en adelante, por la constitución y mo-dificación de personas morales, fideicomisos tras-lativos de dominio o garantía de $519,699 (8,025 salarios mínimos) en adelante. Comercialización de joyas, relojes y metales preciosos de $103,940 (1,605 salarios mínimos) en adelante. Compra de casa o construcción de $519,699 (8,025 salarios mí-nimos) en adelante. También se observarán otras cosas como el uso de tarjetas de crédito, cheques de viajero, apuestas y sorteos.

Imagine amable lector, que se compra un depar-tamento de 2 millones de pesos, el notario deberá avisar de la operación, se harán los cruces corres-pondientes de información y Hacienda indagará en sus declaraciones de impuestos sus ingresos de los últimos 5 años. Como le dije, esto podría ocasionar una verdadera cacería, no precisamen-te contra los delincuentes, sino contra la sociedad, por eso más vale estar al día con “Lolita”. Dirían los

economistas que se trata de una ley recesiva, que hará mas lento el comercio formal y propiciará más el informal, cuando menos en el corto y mediano plazo.

Las esperadas y polémicas re-formas hacendaria y energética, son sin duda la cereza en el pastel del Pacto por México, aunque ésta no esté precisamente en “almí-bar”. La reforma hacendaria dará de qué debatir, ya que son años de “parches” y misceláneas fisca-les sin concretar una verdadera reforma, por lo que las políticas fiscales que se propongan harán poner el grito al cielo a más de uno, empezando con el aumento de la recaudación, lo cual tendrá que ver con el manejo del IVA. La tan cacareada reforma energética no puede darse sin la hacendaria, las actuales condiciones fiscales de Pemex hacen inviable cual-quier intento de concesión, mo-dernización o asociación, ningún inversionista en sus cinco senti-dos estaría dispuesto a invertir un solo peso bajo esas condicio-nes; luego entonces, la Secretaría de Hacienda tendrá que ver de dónde repone esos ingresos.

Así las cosas, no es raro ver como la Bolsa Mexicana de Va-lores no reacciona y ha dejado escapar la euforia que vivió al inicio del sexenio, los mercados financieros suelen adelantarse a los acontecimientos y si ve-mos lo que ocurre con la Bolsa, podemos deducir que las expec-tativas sobre las reformas que están por venir, ya no son tan optimistas como lo eran hace ocho meses. A fin de cuentas, en las Bolsas se venden y se compran expectativas.

Buenos amigos, aprovecho el tiempo para hacer varias compri-tas antes de que los impuestos me atrapen. Hasta la próxima, soy su amiga Patricia Sánchez Carrillo./

Entre pitos y flautasPor Patricia Sánchez Carrillo

Opinion


¿Quién va a gobernar?“Pues claro que el gobernador estaba contento, ni modo que oculte la alegría de que su partido ganó de calle las elecciones, si bien Paul Carrillo ganó con el 18 por ciento de los votantes de Benito Juárez, pues la oposición perdió por tener menos de esos votos; por otro lado, hay que recordar que en la democracia se gana con un voto de diferencia, no veo el por qué satanizar lo antes mencionado”. / Jorge Pérez

“Vamos a ver en este tiempo que gobiernan ¿qué es lo que van hacer ?.... Al final vere-mos quién tenía la razón. ¿Cómo estaremos nosotros y el estado? Si robaron o trabajaron y si hay nuevos millonarios, si esos del PRI son honrados, honestos o rateros, corruptos”./ Arturo Arenas

“Ese 70% no tiene voz, porque el no votar sólo deja ver su falta de responsabilidad como ciudadanos, porque el no votar significa su falta de valor de luchar por lo que quieren para México, yo voto y exijo como ciudadana, sea del partido que uno analice y cumpla sus expec-tativas, simplemente voto porque quiero un mejor México para mí y mis hijos”./Norma Orozco Medina

La lenta muerte de Los Zetas

“Pobre México. La violencia del crimen organizado es una amenaza latente que trastoca la normalidad de millones de mexicanos en regiones extremadamente peligrosas”./ José Gonzalo Merino Casarín

BLA,BLA,BLA/. Dinos tu verdad

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LA PREGUNTA¿Qué opina sobre que Cancún esté incluido dentro de las 11 ciu-dades más violentas

del país ?

La Pregunta ¿Qué opina sobre que ningún municipio de Quintana Roo haya sido incluido en la Cruzada con-tra el Hambre?

“Muy mal, aquí en Quintana Roo hay mucha gente en extrema pobreza que a veces no tiene para comer”./ Yenssy Medina Quiroz

“Gobernantes indolentes, en oficinas millonarias que no pueden ver la miseria en la que se encuentra la mayoría de la población, solamen-te hay que ver a todas las personas que están vendiendo lo que pueden en los semáforos”./ Miguel Ángel Fernández Rodríguez

“Me parece bien. En Quintana Roo no necesitamos programas que enaltecen la miseria humana. Nece-sitamos ciudadanos comprometidos, capaces de luchar contra la clase política gobernante”./ Antonio Ramos

“La gente no necesita limosnas, lo que necesita es trabajo, seguridad, servicios médicos”./ Arturo Arenas

“No se incluyó porque ya se gastó mucho en las campañas electorales”./ Mónica Ledezma


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LDS 512 Del 28 de julio al 3 de agosto del 2013

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