Conflictos territoriales de los pueblos indgenas en Colombia

La Tierra contra la muerte Conflictos territoriales de los pueblos indgenas en ColombiaCentro de Cooperacin al Indgena CECOIN Organizacin Indgena de Antioquia OIA Observatorio Indgena de Polticas Pblicas de Desarrollo y Derechos tnicos

Juan HoughtonEditor

Geovany Martnez Toro

Sistema de Informacin Geogrfica

Hernn Molina EcheverriDocumentacin Fotografas Produccin

Carlos Gmez, Archivo Cecoin, Archivo ONIC, Archivo OIA, Archivo Grupo Semillas Marta Rojas Martha Isabel Gmez

Diseo y diagramacin

Mara Jos Daz GranadosRevisin de textos Impresin

Ediciones Anthropos ISBN 978-958-95143-6-8 Primera edicin, febrero 2008 La presente publicacin ha sido elaborada con la asistencia de la Unin Europea. El contenido de la misma es responsabilidad de Cecoin y en ningn caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unin Europea. Se autoriza su reproduccin parcial o total citando la fuente. Se agradece enviar copia.

Contenido

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Presentacin

Guillermo Tascn Gonzlez

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Desterritorializacin y pueblos indgenasJuan Houghton

INTRODUCCIN

La autonoma y los conflictos ambientales en territorios indgenasGloria Amparo Rodrguez

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Legalizacin de los territorios indgenas en ColombiaJuan Houghton

La pRObLemTICa De TIeRRas De LOs pUebLOs INDgeNas

Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007): contra los pueblos indgenasObservatorio Indgena de Seguimiento a Polticas Pblicas y Derechos tnicos

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Situacin territorial del pueblo de los Pasto de NarioJairo Guerrero Dvila

El derecho a la tierra (negado) de los indgenas pijaos del TolimaJulio Morales, Elvia Renjifo y Ninfa Vera

223 231

gRaNDes pROyeCTOs De INfRaesTRUCTURaMegaproyectos y territorios indgenasHctor Mondragn

La IIRSA: o el mega-ordenamiento de los territorios indgenasGeovany Martnez, Juan Houghton

279 313

Estrategia petrolera en los territorios indgenasJuan Houghton

INvasIN peTROLeRa

Estercus daemonis. O breve resea de los procesos de agresin al pueblo barEdwin Arciniegas Carreo

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Situacin territorial de los indgenas uwa del Gran Resguardo Unido Uwa, Santander, Norte de Santander y BoyacJulia Madariaga

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La nueva conquista: minera en territorios indgenasObservatorio Indgena de Seguimiento a Polticas Pblicas y Derechos tnicos

La CONqUIsTa mINeRa

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Megaproyectos mineros en territorios de comunidades negras e indgenas del bajo y medio Atrato. El proyecto minero Mand Norte

Jos Ubeimar Arango Arroyave, Nury Yagar, Adriana Arboleda Betancur

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Anglo Gold Ashanti: la voracidad de las transnacionales de la muerte y el saqueoJorge Elicer Molano

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ahORa, LOs agROCOmbUsTIbLesArdila Llle frente al pueblo Nasa. La caa de azcar en el norte del CaucaHctor Mondragn

aNeXO mapas

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presentacin

A la memoria de Anatolio Quir Guaua, y a los miles de mujeres y hombres de maz que nos ensean an a liberar la Madre Tierra.

Una oleada de nuevos conquistadores, como los que nos corrieron hace 500 y menos aos hacia la parte ms alejada de las montaas y de la selva, ha vuelto. Podramos decir mejor que no se han ido nunca; pero lo de ahora es ms violento, ms intenso, con ms dinero, con armas ms destructivas. La fiebre del oro y la plata de la primera conquista hizo que no vieran los bosques, el agua, el conocimiento; de pronto la codicia nos salv a muchos pueblos, porque se llevaron apenas lo ms visible y lo que era valioso en ese entonces. Pero ahora todo puede convertirse en oro, en dinero. Vienen hasta por los olores de las plantas, por las palabras bonitas de los abuelos y las abuelas, por el conocimiento de los sailas y los jaibans, hasta por un sitio que solo tiene el mrito de estar ms cerca de un ro, del mar, de Europa o de Estados Unidos; con esas cosas sagradas pueden hacerse negocios y se las quieren llevar. Un montn de barriales y de lomas peladas donde le ha tocado vivir a muchos pueblos, y donde la gente se sinti un poco segura frente a los primeros conquistadores, ahora son invadidos para sacar petrleo, molibdeno y otros minerales que hasta estos aos nos enteramos del nombre y hasta de que existan. Las selvas y sabanas que hemos cuidado, y donde no podan encontrarnos, ahora estn vigiladas con satlites, llenas de huecos de exploracin ssmica, entregadas a empresarios de la biodiversidad y el turismo. Sobre nuestros territorios los empresarios y el Estado pintan mapas de recursos naturales donde nunca aparece un indio, y hablan de las tierras como si fueran baldas; otra vez no tenemos alma, no somos seres humanos; con esos mtodos nos sacan a la fuerza para que les quede libre el espacio donde van a herir a la naturaleza, o nos obligan a que negociemos de igual a igual con la gente que viene armada de fusiles y de montones de plata. stos no son buenos tiempos para los territorios indgenas. No son buenos tiempos tampoco para la Madre Tierra. El Observatorio Indgena de Polticas Pblicas de Desarrollo y Derechos tnicos una herramienta de trabajo que la Organizacin Indgena de Antioquia (OIA) y el Centro de Cooperacin al Indgena (Cecoin) hemos constituido para analizar estos procesos, ha venido documentando estas diferentes problemticas territoriales que vivimos los pueblos indgenas de Colombia. El libro que presentamos, La Tierra7

contra la muerte: conflictos territoriales de los pueblos indgenas en Colombia, muestra que en todos los rincones del pas, sobre todo en esos rincones donde vivimos nosotros, la conquista y la colonizacin avanzan. Puede decirse que este libro es una especie de crnica de la conquista. Pero muestra tambin que en algn lugar, en muchos lugares, la gente originaria de estas tierras resiste. Los indgenas le hemos aportado a este pas una profunda conciencia de que el territorio y la Madre Naturaleza son nuestra nica posibilidad de existir; y desde esa conciencia es que nos movilizamos para defender al uno y a la otra. El libro sintetiza el trabajo que el grupo de anlisis del Observatorio ha realizado en los ltimos dos aos, y los aportes de investigadores e investigadoras igualmente comprometidos con los derechos de los pueblos y con el derecho a tener una vida buena. Recoge anlisis tericos y debates polticos sobre los territorios, documentos de denuncia e informes sobre problemticas puntuales, as como el trabajo realizado para constituir un sistema de informacin geogrfica que est al servicio de las organizaciones indgenas y populares. El captulo introductorio Desterritorializacin y pueblos indgenas, caracteriza la poltica del Estado contra los derechos territoriales indgenas: la alianza del latifundio y el capital financiero, y su articulacin con el narcotrfico, que define el rgimen poltico en su conjunto; el uso de mtodos de control indirecto sobre los territorios, en particular los encadenamientos y las alianzas productivas, con las cuales se involucra a los pueblos indgenas en los negocios del gran capital; el quitar todo contenido econmico real a las instancias de gobierno, y la privatizacin de los territorios, que se entregan a las empresas como fincas donde no vale ni la ley indgena ni la ley nacional; la continuacin de la conquista de los territorios con su entrega a amigos del gobierno y a paramilitares, volviendo a declarar baldos lo que son territorios de indgenas; el descuartizamiento de los territorios separando las aguas, el subsuelo, la biodiversidad, los bosques, para poder meterlos en los mercados; la superposicin de jurisdicciones sobre las autoridades indgenas y la militarizacin. El captulo termina analizando la respuesta indgena, nacida de una conciencia territorial que nadie puede ya desconocer, donde venimos profundizando el ejercicio de autoridades y gobiernos propios a nivel local y regional, ocupando cada vez ms el territorio, creando redes y alianzas territoriales con los campesinos y los afrodescendientes. Este ensayo resume lo que hemos venido diciendo desde el movimiento indgena: que la poltica del Estado es contra nosotros, contra nuestros territorios y contra la Madre Naturaleza. En el segundo captulo, la profesora Gloria Amparo Rodrguez analiza La autonoma y los conflictos ambientales en territorios indgenas; es un texto complepReseNTaCIN

mentario al que analiza las polticas generales del Estado, esta vez con un nfasis en las dimensiones jurdicas de los conflictos, las obligaciones estatales en materia

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de proteccin de los derechos, y el aporte sustancial al patrimonio natural del pas hechos por los pueblos indgenas. La segunda parte del libro analiza la poltica de tierras del gobierno colombiano, a partir de diversos trabajos realizados por el Observatorio sobre el tema. En la Legalizacin de los territorios indgenas en Colombia, se demuestra que la recuperacin de las tierras ancestrales y la liberacin de la Madre Tierra han sido durante estos cuarenta aos ms eficientes que el Incora y el Incoder juntos, y muestra la hipocresa de los funcionarios del gobierno que insisten en hablar de los millones de hectreas tituladas a los indgenas siendo ciegos ante las tierras que siguen siendo usurpadas. El Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007): contra los pueblos indgenas es un texto que sintetiza varios documentos elaborados por Hctor Mondragn, Juan Houghton y el grupo de seguimiento al Estatuto Rural; en l se analiza el que constituye el ms grande retroceso en materia legal sobre los derechos territoriales indgenas en cuarenta aos, una contrarreforma agraria hecha sobre una reforma que nunca se cumpli. Completan este captulo dos estudios de caso sobre la problemtica de tierras: Situacin territorial del pueblo de los pasto de Nario, de Jairo Guerrero Dvila, un estudioso de la situacin en la regin, y El derecho a la tierra (negado) de los indgenas pijaos del Tolima, informe elaborado por un equipo de trabajo del Consejo Regional Indgena del Tolima (CRIT), encabezado por Julio Morales. La tercera parte del libro es un panorama del conjunto de acciones, proyectos, normativas, que en materia de industrias extractivas e infraestructura tienen lugar en los territorios indgenas. Dos artculos iniciales abordan los grandes proyectos de infraestructura en territorios indgenas. Hctor Mondragn presenta en Megaproyectos y territorios indgenas una valoracin poltica de lo que significa la nueva conquista, a sangre y fuego, de las tierras de los indios, a travs de un plan que utiliza la violencia como mtodo de desarrollo; un plan que a pesar de lo avanzado apenas comienza, y que tiene en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos su expresin ms ordenada. El texto se complementa con una valoracin sobre la Iniciativa de Integracin de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSS); en La IIRSA: o el mega-ordenamiento de los territorios indgenas, el grupo de anlisis del Observatorio sintetiza las ms importantes agresiones que en materia de infraestructura estn viviendo los pueblos indgenas para ordenar sus territorios en favor de las industrias extractivas, un reordenamiento que no solo modifica los territorios indgenas sino que crea de hecho unas regiones por encima de los Estados nacionales. Otros tres artculos muestran la dimensin de la industria petrolera en territorios indgenas: Estrategia petrolera en los territorios indgenas, un balance del grupo de anlisis del Observatorio sobre el tema, aborda las razones que mueven al Estado a feriar la sangre de la tierra, como lo llaman los Uwa, en los mercados9pReseNTaCIN

internacionales; presenta el mapa de los bloques petroleros con los cuales se niegan los derechos territoriales indgenas, y dedica un largo apartado para analizar las estrategias estatales dirigidas a debilitar la oposicin indgena a la explotacin de los recursos naturales. Este tema se profundiza en dos textos que describen la resistencia de los indgenas bar y uwa contra la industria petrolera: Edwin Arciniegas Carreo nos brinda en Estercus daemonis: o breve resea de los procesos de agresin al pueblo bar, la historia de despojo del gran territorio de ese pueblo a manos de las transnacionales, mientras Julia Madariaga en Situacin territorial de los indgenas del gran Resguardo Unido Uwa reconstruye la historia reciente de la lucha de este pueblo contra la Oxy y Ecopetrol, caracterizada por una profunda conviccin de su deber de defender el equilibrio de todo el mundo. La nueva conquista: minera en territorios indgenas, trabajo del grupo de anlisis del Observatorio, muestra en toda su dimensin el desafo que tenemos los indgenas frente a la minera, que se puede resumir en una frase: en casi la totalidad de los territorios indgenas andinos y una porcin importante de los territorios de los llanos existen solicitudes de expedicin de ttulos mineros; una situacin como sta, con los antecedentes de violaciones de derechos humanos por las transnacionales, debe obligarnos a preparar la ms grande respuesta posible. Precisamente a este ltimo tema se refiere Jorge Elicer Molano en Anglo Gold Ashanti: la voracidad de las transnacionales de la muerte y el saqueo, resultado de una investigacin sobre la intervencin de la AGA-Kedahda en todo el mundo y en Colombia, que muestra la vinculacin entre el asesinato de varios lderes sociales del sur de Bolvar y la llegada de esta empresa a la regin. Por su parte, Jos Ubeimar Arango Arroyave y Nury Yagar, como parte de un proyecto de la Organizacin Indgena de Antioquia (OIA) en el Atrato Medio, y Adriana Arboleda Betancur, desde el acompaamiento que la Corporacin Jurdica Libertad hace a las comunidades afrodescendientes e indgenas de la regin en defensa de sus derechos territoriales, presentan el artculo Megaproyectos mineros en territorios de comunidades negras e indgenas del bajo y medio Atrato: el proyecto minero Mand Norte muestran cmo la Muriel Mining reproduce el mismo esquema de intervencin de todas las empresas mineras. La presentacin de las agresiones territoriales contra los pueblos indgenas termina con un artculo de Hctor Mondragn sobre el avance de las plantaciones para producir combustibles sobre los territorios indgenas; en Ardila Llle frente al pueblo Nasa quedan en evidencia las razones por las cuales el gobierno no ha cumplido las obligaciones impuestas por el sistema jurdico internacional por la masacre de El Nilo: el inters por entregar al nuevo negocio de los agrocombustibles lo que debe ser para la vida y la alimentacin de los pueblos indgenas.pReseNTaCIN

La Tierra contra la muerte: conflictos territoriales de los pueblos indgenas en Colombia, en suma, presenta un amplio panorama sobre los principales pro-

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blemas territoriales de los pueblos indgenas en la poca actual. Nuestro compromiso es mantener la tarea de analizar estos retos e impulsar las alternativas que los pueblos indgenas venimos construyendo para enfrentarlos, ampliando cada vez el campo y la profundidad de los anlisis. Desde el Observatorio Indgena de Polticas Pblicas de Desarrollo y Derechos tnicos estamos convencidos de que slo el trabajo conjunto con muchas organizaciones e instituciones del movimiento indgena podr generar las herramientas adecuadas al proyecto de autonoma territorial de nuestros pueblos. Hemos contado para ello con la contribucin de la Unin Europea y la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional (AECI), a quienes manifestamos nuestro reconocimiento. Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo solidario y efectivo de nuestros compaeros y compaeras de Mugarik Gabe, y del Grupo Intercultural Almciga, las instituciones con que nos dimos a la tarea de construir el Observatorio, as como de la contribucin siempre fraterna y eficaz del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indgenas (Iwgia). El estmulo permanente, la confianza que nos dieron, y la paciencia que mostraron durante esta primera etapa del Observatorio solo la podemos reconocer con el compromiso mutuo de seguir en esta terca tarea de defender la Madre Tierra, la vida toda, ante el proyecto de muerte que impulsan los seores del dinero y de la guerra.Guillermo Tascn Gonzlez

Presidente Comit Ejecutivo Organizacin Indgena de Antioquia (OIA)

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Introduccin

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Desterritorializacin y pueblos indgenas1

Juan Houghton2

Tras diez aos de aparicin del libro Tierra profanada (Cecoin, GhK, ONIC, 1996) se han hecho realidad todas las amenazas all consignadas. La figura de reas protegidas se ha convertido en un mecanismo de despojo de la autoridad en los territorios indgenas, las carreteras en territorios tule y cham consolidaron una nueva dinmica econmica en la regin, la Hidroelctrica Urr I fue impuesta a sangre sobre los embera kato, la Salvajina cumpli toda su promesa de daos ambientales y sociales, el petrleo avanz an ms sobre el piedemonte amaznico, toda la Orinoquia est organizada en torno de polgonos en poder de las grandes corporaciones explotadoras del crudo, y el nuevo Cdigo de Minas quit todos los derechos indgenas a impedir el avance minero u obliga a las comunidades a ser parte de l. Los autores del mencionado libro tuvieron un propsito explcito: sensibilizar a los agentes involucrados en la planeacin y el desarrollo, alertar a la comunidad nacional sobre los riesgos de una intervencin inapropiada en territorios frgiles, dotar a los pueblos indgenas de herramientas para responder a los desafos. El balance del impacto de Tierra profanada, a la luz de lo acontecido hasta ahora, es dual. Por una parte, la obra permiti sintetizar un esfuerzo enorme de toma de conciencia territorial por los pueblos indgenas ocurrido en la dcada de los noventa en el que estuvieron involucradas las principales organizaciones indgenas, la academia y, sobre todo, las comunidades locales; ese solo logro vale para ubicarlo como un paradigma del1 Esta Introduccin aparece en el libro TLC y pueblos indgenas (Cecoin, 2007) con un nombre similar. Se han agregado apartes sobre la intervencin del capital privado. 2 Investigador, Cecoin.

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anlisis territorial indgena. Por otra, Tierra profanada result proftica ms que disuasiva; muy pocas de las obras proyectadas que all se researon pudieron ser impedidas o reformuladas a pesar de las serias advertencias sobre los impactos que afectaran a los pueblos indgenas, afrodescendiente y campesino. Hace diez aos vivamos uno de los mejores momentos del avance normativo y jurisprudencial en materia de derechos indgenas. Las organizaciones indgenas y las comunidades acadmicas cercanas, con razones de peso, entendan que la dinmica nacional pasaba entonces por el desarrollo legislativo de la Constitucin de 1991, y por la funcin progresista de la Corte Constitucional; las sentencias sobre derechos territoriales indgenas, y la posibilidad de constituir las entidades territoriales indgenas eran esperanzadoras. Ya se vean los nubarrones de la contrarreforma neoliberal incubada en el seno de la propia Constitucin, pero no tenamos aprehendida an la total magnitud de la agresin. Desde entonces se ha configurado una cascada de transformaciones polticas, normativas y econmicas sobre podramos decir contra los territorios indgenas. Esta publicacin tiene el propsito de caracterizar estas transformaciones. En trminos generales, sostenemos que no se trata solamente de una profundizacin de viejas agresiones territoriales, sino de un cambio en la espacialidad del capital en el marco de la recolonizacin del mundo: el territorio, y sobre todo los territorios indgenas, son entendidos de nuevo como empresas coloniales. Un imperio dictamina normas supranacionales que convierten los territorios en tanto espacio poltico en mero espacio de apropiacin privada. De nuevo nos encontramos frente a regmenes polticos que combinan la soberana y la propiedad privada como unidad indisoluble; se trata de una reedicin del seoro medieval. Los pueblos indgenas tienen una memoria reciente de estas formas polticas: el terraje en el Cauca, el endeude en la Amazonia, el esclavismo cauchero, la servidumbre de los cultivos industriales de coca, la adscripcin obligada a los cultivos de palma, son fenmenos no solo recientes sino que se mantienen hasta el presente, marcados por la aplicacin de la justicia privada y el gobierno del patrn. La respuesta indgena a la nueva empresa colonial, caracterizada por la desposesin y la privatizacin, es creadora y al mismo tiempo ancestral. La confianza en que una relacin respetuosa con la naturaleza es fuente de vida, y que el autogobierno de los pueblos permite garantizar su pervivencia, se suma a un despliegue generoso de ideas nuevas para liberar la Madre Tierra, controlar el territorio y reconstruir la naturaleza profanada.

La espacialidad del capitalismo (neoliberal)La presentacin en sociedad de la nueva etapa de expansin capitalista tuvo en el continente americano una frmula conocida, aunque aparentemente hoy en desuso: la constitucin del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA). La referencia al hecho de que se trataba de un rea no pas desapercibida, aunque la interpretacin y anlisis del ALCA se centraron ms corrientemente dentro de las transformaciones comerciales, en las cuales la lectura crtica ms expandida ha sido la de la nueva y ms profunda divisin (internacional e intranacional) del trabajo. Aunque la divisin del trabajo tiene una dimensin espacial, la visin propiamente territorial del nuevo momento del capital fueJUaN hOUghTON

rpidamente entendida por varios analistas y centros de investigacin en tres dimensiones: la nueva distribucin de los recursos naturales, la configuracin militar del conti-

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nente asociada a la necesidad de controlar esas fuentes de recursos, y el reordenamiento territorial de los Estados-naciones. Para los pueblos indgenas, cada una de estas dimensiones es altamente relevante. En especial, porque a la par de la renuncia del Estado a la soberana territorial que viene de tiempo atrs, se ha presentado un cambio en la conciencia territorial indgena, dirigida de forma cada vez ms clara a la conformacin como comunidades polticas con reconocimiento internacional. Esta creciente conciencia territorial hace an ms explcito el conflicto que sobre su espacialidad se cierne desde las polticas del Estado y el capital. Por otra parte, porque la suscripcin del Tratado de Libre Comercio (TLC) por el gobierno colombiano, y su posterior aprobacin inconstitucional por parte de las mayoras oficialistas del Congreso, no obstante la suspensin de su trmite en el Congreso de los Estados Unidos, ha estado acompaada de un conjunto de leyes que configuran y prefiguran la nueva espacialidad que requiere el libre comercio. Lo que probablemente se aprobar como TLC ya ha sido incluido en gran medida como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, la Ley General Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural, y se incluir en la propuesta de la ley de aguas que se presentar prximamente en el Congreso, normas todas relacionadas con el Plan Visin Colombia 2019. Dichas normas han sido entendidas por las organizaciones indgenas como evidentes formas de expropiacin territorial. La adecuacin del pas al libre comercio excede el articulado del TLC con Estados Unidos y el Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea, y se acerca ms a la legislacin mercantil impulsada e impuesta por la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). Estos dos elementos la creciente conciencia territorial de los pueblos indgenas y la conciencia de que la poltica econmica de los ltimos gobiernos es esencialmente desterritorializadora, obligan a una caracterizacin de las transformaciones que a este nivel se presentan y sus impactos sobre los pueblos indgenas. Las nuevas condiciones producidas e impuestas por el reordenamiento del capital en los territorios indgenas no son especficas a los pueblos indgenas. No obstante, en tanto una parte importante del territorio nacional es a su vez territorio y propiedad de grupos tnicos, estas condiciones adoptan una forma marcada por el encuentro conflictivo entre el proyecto territorial indgena (y afrodescendiente) y el proyecto de ordenamiento espacial del capital. De este modo, el vaciamiento poltico de la territorialidad nacional-estatal, la privatizacin de los territorios a escala regional, la expropiacin y desposesin directa de los territorios que se encuentran por fuera de la frontera agrcola, la financiarizacin de los territorios y el patrimonio natural, los resultados de la aceleracin de la naturaleza por efectos de la biotecnologa y la imposicin de modelos agrcolas de tardo rendimiento, los cuales constituyen el centro de estas transformaciones, tienen un impacto muy especfico sobre los territorios indgenas, cuya configuracin natural, poltica y simblica actual resulta altamente contrastante con la espacialidad del resto del pas. El nuevo orden territorial del capitalismo se ha presentado segn varios modelos durante la ltima dcada. Un primer enfoque, quiz ya en desuso y criticado por Rosenberg (2004), presenta la dinmica actual como globalizacin, siendo sus caractersticas principales la desterritorializacin, la disolucin de las soberanas y los accesos no localizados al mercado y a la poltica; segn esta caracterizacin, no estaramos hablando propiamente de un nuevo orden territorial del capitalismo, sino de un nuevo orden territorial en el17INTRODUCCIN

cual el capital estara subsumido pero no lo determinara; vale decir, ms all del capital, la globalizacin sera la superacin de las soberanas territoriales del capital. En cierto modo, el mercado global es imaginado ya no ms como mercado capitalista sino como intercambio no localizado de productos. Cmo es que los productos llegan a estar listos para el intercambio, de qu manera se producen, es un asunto menor para los tericos de la globalizacin; se trata de la utopa inmaterial del capitalismo, en la cual todo el movimiento fsico de las mercancas desaparece y da lugar al no-lugar del capital financiero, justamente aquel dinero que produce dinero.3 Una segunda versin muestra el nuevo orden como mundializacin, en la cual los territorios nacionales dan paso a un solo territorio mundial, y lo que apareca como dinmicas nacionales de la economa debera ser visto ahora en formas ampliadas: mercado mundial, gobierno mundial, sociedad civil mundial, soberana mundial. La particularidad de este enfoque es que no niega el carcter territorial de la nueva espacialidad del capital, sino que le quita como referente la espacialidad exterior (el tercer mundo, las colonias), y la convierte en espacialidad interna (patio trasero, rea de libre comercio). El fondo de esta teora es la despolitizacin del territorio, pues al convertirse todo en espacio interno ya no se rige por las lgicas de la soberana poltica sino por las de la posesin privada; el espacio se hace, en consecuencia, corporativo y lo que rige es un cdigo civil mundial: las normas de la OMC. El problema de esta concepcin es que no logra incluir satisfactoriamente en su teora los intensos movimientos populares por gobernar el espacio y el patrimonio natural, vale decir, no puede incorporar la dimensin poltica de las resistencias populares ante el neoliberalismo, y solo las reconoce como resistencias internas del sistema a lo sumo resistencias reivindicativas o, en el mejor de los casos, como movimientos sociales. Tanto la tesis de la globalizacin como la de la mundializacin dicen poco a los pueblos indgenas. Esencialmente porque su anlisis parte de la sobrevaloracin tanto de la forma-Estado como de su posterior declive en tanto determinantes para caracterizar cambios de poca; o porque el sujeto social y poltico se disuelve en mltiples dinmicas no necesariamente econmicas que no estn articuladas ni jerarquizadas; o porque estn presos de los procesos europeo y estadounidense cuya dinmica visible es la redefinicin de fronteras mercantiles y nacionales. Ambas visiones abordan partes importantes de la espacialidad del capital, pero no de aqulla resultante de esta dinmica cuando se enfrenta con la de los pueblos subordinados o colonizados. La insistente prdica de que tanto la globalizacin como la mundializacin son hechos inditos y no conmensurables con categoras anteriores, deviene en mecanismo de ocultamiento de la persistente ampliacin del capital desde el siglo XV. Con la guerra contra Irak, y las continuas operaciones militares contra pases desobedientes, sin embargo, reapareci con una fuerza impensada el viejo concepto de imperialismo, y su par terico: el colonialismo. La sobreideologizacin de estos dos conceptos en dcadas pasadas redujo en muchas esferas acadmicas su fuerza explicativa; no obstante, su capacidad descrip3 Rosenberg, en un conjunto de ensayos demoledores, muestra cmo los ejemplos empricos de desterritorializacin del capital y de la vida presentados por Giddens y otros seguidores suyos como prueba de la nueva poca que vivimos, se caen de su peso por su inmediata referencia territorial, vindose obligado a refugiarse en una teora psicoanaltica del espacio y la intimidad.

JUaN hOUghTON

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tiva de las transformaciones territoriales y de las relaciones entre los centros desarrollados y los mercados emergentes, as como su potencial explicativo de los flujos del capital financiero, le han permitido mantenerse como la teora por superar. La forma de intervencin abiertamente militar de las economas del Norte, los cambios en las fronteras impuestos por las metrpolis, la apropiacin de los recursos naturales por va de desposesin, y la transformacin de los mecanismos de extraccin de riquezas por va del endeudamiento pblico, han evidenciado los lmites (y casi la ingenuidad) de las teoras de la globalizacin y la mundializacin, y fortalecido el lugar de las diferentes versiones sobre el imperialismo y el colonialismo. Los dos conceptos resultan ser claramente ms adecuados para caracterizar la problemtica de los pueblos indgenas, que con la moda ciberntica de los zapatistas haban sido ubicados en el altar de los fetiches de la globalizacin, pero que se sintieron incmodos en un lugar que les daba reconocimiento simblico transterritorial al tiempo que ocultaba la prdida de sus territorios. Una vez las comunidades chiapanecas con sus municipios zapatistas y sus caracoles,4 los pueblos indgenas de Bolivia y Ecuador con sus propuestas constituyentes, los pueblos indgenas de Colombia con sus iniciativas de entidades territoriales indgenas, mostraron con claridad que su reivindicacin de los territorios se emparentaba con una dimensin tpicamente moderna de la soberana, qued evidenciado que la desterritorializacin no era otra cosa que el traspaso de la territorialidad indgena a manos de los capitales, y que la mundializacin solo era la forma terica de la privatizacin territorial. En otras palabras, el territorio no haba desaparecido como dimensin social y poltica de los pueblos, tampoco como dimensin del capital, y la nueva colonizacin y saqueo tenan una forma muy conocida por los indgenas. Esto se hace ms evidente con un breve repaso de las transformaciones econmicas recientes. Es reconocido que el desarrollo del capital no es un proceso lineal sino cclico, en el que se expande, crece y se contrae destruyendo capital fijo y recomponindose territorialmente, para luego reanudar con nuevos elementos un nuevo ciclo de copamiento del mundo. Se trata de un proceso que solo en cierto modo podra llamarse globalizacin, solo que sta sera apenas una caracterstica de tal expansin: la de recomponer las fronteras y competencias geogrficas. En tal sentido, el ajuste neoliberal y los tratados de libre comercio que le acompaan no son ms que parte de la respuesta a una onda histrica recesiva de gran longitud. Lo que aceptan los diversos analistas econmicos, incluidos los defensores del neoliberalismo, es que el punto de partida de los cambios actuales est en los aos sesenta, cuando se percibe que el capitalismo sufre una crisis de sobreproduccin evidenciada en la cada de la tasa de ganancia. La cada es dramtica: mientras en los aos de posguerra la tasa de ganancia luego de impuestos lleg a estar en 12 13% anuales, en la mayora de los pases europeos y en Estados Unidos, desde los aos setenta y hasta hoy no llega al 5% en promedio, sin contar los casos de destruccin de riqueza; en la actualidad no se han podido recuperar ganancias similares a las de los aos cincuenta y sesenta. En 1970 esta crisis se visualiza apenas como coyuntural; an as, trae como consecuencia el inicio

4 Los caracoles son asociaciones de municipios zapatistas que amplan su incipiente lgica de administracin municipal hacia formas de control territorial regional.

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INTRODUCCIN

de un desplazamiento masivo de capitales que estaban en la industria hacia la inversin en crditos y en distintas modalidades de capital financiero. Pero en los aos setenta la crisis de precios del petrleo cambia la percepcin sobre la dimensin de la crisis del capital en su conjunto. Los pases compradores de petrleo incrementaron sus costos, y las industrias debieron reconfigurarse en su totalidad, porque la crisis cobij todas las fases de la economa, y el modo de vida/consumo occidental (adicto al petrleo) entr en franco cuestionamiento. Al mismo tiempo, las grandes sumas de dinero acumuladas por los pases productores de petrleo se guardan en los bancos de los pases ricos, sirviendo como colchn para la crisis pero presionando a su colocacin en todo el mundo, dando lugar al masivo endeudamiento pblico de los pases pobres, que eran igualmente afectados por la fase recesiva del ciclo econmico y se encontraban en serios aprietos presupuestarios, de manera que recibieron con optimismo el flujo de recursos. La continuidad de la crisis dispara otros procesos en donde los grandes ncleos de la industria buscan nuevos espacios de acumulacin de capital uno de cuyos ejes es la aceleracin de la naturaleza por efectos de la biotecnologa, la recuperacin de las prdidas y el cobro coactivo de las deudas. Sin cambios positivos en la tasa de ganancia, y menos en el tercer mundo, los pases no tienen otra opcin que el ajuste estructural que les imponen los acreedores y el remate de sus bienes pblicos (sistemas de seguridad social, sistemas de servicios pblicos, sistemas de subsidio al mercado interno). Se consolida entonces el ideario de privatizar todos los sistemas de seguridad social y la urgencia de ampliar mercados y fuentes de acumulacin. Lo que antes era un derecho se transforma en foco de produccin, lo que eran bienes no transables entran en el mercado, lo que eran dimensiones sagradas se convierten en fuentes de negocios. An as, se mantiene el estancamiento. En Estados Unidos se convierte en poltica regular los autoprstamos del Estado; el dficit fiscal estadounidense se dispara a niveles impensados, y el dficit comercial es creciente. Pero hay que pagar en algn momento. Llega el turno de las grandes corporaciones: stas tambin empiezan a endeudarse ms all de lo conocido, mediante la emisin de bonos que captan el ahorro social. Desde entonces se habla de la financiarizacin de la economa como estrategia para aumentar (en realidad mantener) la tasa de ganancia. Este desplazamiento en esencia consiste en tomar prestado ganancias posibles y futuras, lo que tendr severos impactos territoriales, como veremos, pues la produccin futura solo puede asegurarse mediante en control de las fuentes de valor, esencialmente recursos naturales y mano de obra. El cuadro se completa con las presiones poltico-militares que se empiezan a ejercer desde las economas ms desarrolladas sobre los pases pobres para abrir sus mercados y garantizar suministro de materias primas baratas. Los capitales que se han volcado a la especulacin financiera tambin presionan, requieren y controlan diversas modalidades de guerras territoriales; para controlar los recursos naturales, para vender inmensas sumas en medios de guerra y recuperar sus inversiones y, en suma, para ser subsidiados por el presupuesto pblico. Lo cual, por supuesto, no constituye ninguna novedad en la historia del capital. Dos elementos resultan pertinentes para ampliar esta discusin a los fenmenos teJUaN hOUghTON

rritoriales contemporneos. En primer lugar lo anotado por Inmanuel Wallerstein (1995)

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sobre localizacin-deslocalizacin productiva. Wallerstein,5 quien tiene el mrito de haber redocumentado lo que los tericos clsicos haban sealado en el siglo XIX acerca de un proceso de formacin del mercado mundial que parti desde el siglo XV, seala que en materia de costos el capital debe asumir los de la fuerza de trabajo de todo el proceso productivo, incluido el de los insumos y las materias primas, y los costos de las transacciones que implica la distribucin; cada uno de los cuales es inversamente proporcional al otro:Esencialmente, es una cuestin de ubicacin. Para minimizar los costes de transacciones, es menester concentrar las actividades geogrficamente, es decir, en zonas de altos costes de fuerza de trabajo. Para reducir los costes de fuerza de trabajo, es til dispersar las actividades productivas, pero inevitablemente eso afecta negativamente los costes de transacciones. Por lo tanto, desde hace por lo menos 500 aos, los capitalistas reubican sus centros de produccin de ac para all, cada 25 aos ms o menos, en correlacin esencial con los ciclos de Kondratieff. En las fases A, priman los costes de transacciones y hay centralizacin, y en las fases B, priman los costes de fuerza de trabajo y hay la fuga de fbricas (Wallerstein, 1995).

Por su parte, David Harvey (2007), desde la geografa crtica hace nfasis en la necesidad que existe para toda desterritorializacin de tener como correlato fuertes territorializaciones, poniendo una vez ms en cuestin la tesis de la disolucin del espacio que proponen los tericos duros de la globalizacin. Sostiene:Desde el punto de vista de la circulacin del capital, el espacio aparece en primer lugar como una mera incomodidad, un obstculo que hay que superar. El capitalismo, se caracteriza necesariamente por un esfuerzo perpetuo de superar todos los obstculos espaciales y aniquiliar el espacio mediante el tiempo. Pero resulta que estos objetivos solo se pueden alcanzar mediante la produccin de configuraciones espaciales fijas e inmviles (sistemas de transporte y dems). En el segundo caso, por lo tanto, encontramos la contradiccin: la organizacin espacial es necesaria para superar el espacio... El impulso de revolucionar las fuerzas productivas es tan fuerte en este terreno como en cualquier otro. La historia del capitalismo ha estado marcada, en consecuencia, por drsticas reducciones en el coste o en el tiempo del movimiento junto con mejoras en la continuidad del flujo (Harvey, 2007, pp. 348-349) (nfasis agregado).

Para Harvey tampoco en la etapa actual hay propiamente un cambio en la dinmica fundamental del capital ni en la dimensin del espacio; los cambios en el espacio son resultantes de dinmicas normales de los procesos de acumulacin. Seala que la fbrica es el punto de encuentro entre el capital y el trabajo, en tanto la ciudad (y por ende los procesos de urbanizacin) constituyen la solucin del capital a la necesidad de minimizar costes y el tiempo de movimiento. Estos propsitos producen lo que Harvey llama coherencia estructurada del territorio, que generalmente adopta la forma del Estado territorial moderno centrado en modalidades diversas de urbanizacin del espacio. Esta coherencia, sin embargo, se ve atacada por los propios desarrollos tecnolgicos y los excedentes de capital, de manera que en momentos de crisis de determinada forma econmica los lmites de las regiones se hacen porosos e inestables, sobre todo los de los dbiles territorios estructurados frente a los ms poderosos. Como consecuencia, las grandes inversiones en capital fijo para configurar la espacialidad que requiere una forma dada del capital (por ejemplo la actual formacin neoliberal), deben ser (sern) constantemente destruidas para dar paso a nuevas configuraciones espaciales que den soporte a los flujos que requieran etapas posteriores.5 Sin duda junto con Ferdinand Braudel.

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INTRODUCCIN

Lo que queda claro es que la organizacin del espacio del capital requiere de cambios permanentes para que soporte los procesos de acumulacin de valor, pero ello implica un gasto no redimible cada vez ms creciente que no estn dispuestas a asumir las grandes corporaciones transnacionales, las ms urgidas de garantizar el flujo de recursos y mercancas. Estos gastos en infraestructura fija deben ser (son) exteriorizados por parte de las empresas, e interiorizados por parte de los Estados, vale decir, incorporados en los presupuestos pblicos; como es creciente el dficit fiscal, se incrementan las deudas pblicas y se amplan los crditos para las grandes inversiones en capital fijo.6 Una parte de esta infraestructura se construye y redime mediante un nmero creciente de contratos de concesin a las empresas transnacionales y nacionales; se trata de la cesin de los bienes pblicos a los privados. No obstante, estas modalidades no resuelven el problema de la movilidad del capital, que rpidamente debe abandonar las infraestructuras ante los cambios en las fuentes y los flujos de materias primas y mercancas. De este modo, la obsolescencia de las mercancas se incorpora ineludiblemente en las infraestructuras y tambin en las materias primas. La historia del capitalismo muestra que en cualquier momento se volver a ellas, pero entre tanto nadie quiere pagar por su lucro cesante, ni por su depreciacin, ni por su deterioro; el abandono del territorio y de las infraestructuras (que algunos llaman pases o regiones sin futuro) es la forma de dejar a su suerte lo que nadie quiere asumir. La contraparte es que las poblaciones sin futuro tienden a recomponer el territorio a su medida, a crear espacios de vida y economa que vuelven a convertirse en posibles escapatorias para la reestructuracin del capital frente a la crisis segura. Entonces, el ciclo de reordenamiento de los territorios se reanudar, con obvias innovaciones. Siendo as, agregaramos que el control e integracin territorial se configuran como el componente clave ante dichas situaciones de porosidad y volatilidad previsibles, para garantizar el suministro seguro de materias primas y el flujo permanente para la produccin. La necesidad de tener el control de los recursos naturales, all mismo donde se encuentran, antes que la acumulacin fsica de los mismos, depende de un hecho largamente analizado por el capital que se ha hecho consciente de la volatilidad de las fuentes de acumulacin de valor. La propiedad resulta costosa para el capital cuando los bienes tienen que esperar tiempos muy extendidos para la realizacin del valor; por ello el control resulta ser el nuevo y pertinente mecanismo de intervencin. La localizacin y deslocalizacin productiva (Wallerstein), as como la conformacin de la coherencia estructural del territorio (Harvey), dan sustento evidente a lo que en materia territorial implica la divisin internacional de la produccin agrcola. Puesto que el mercado metropolitano tiene como principio reducir los tiempos de produccin y circulacin de alimentos para reducir los costos y aumentar la productividad, deben resolverse no solo la distancia de las materias primas y los mercados, sino tambin los tiempos de la naturaleza. La agricultura metropolitana realiz una fuerte intervencin en la estructura de costos en la dcada de los cuarenta como respuesta a la crisis de los aos treinta en Estados Unidos; se hizo no slo una gran inversin en el sector rural para garantizar el suministro de alimentos mediante diversos subsidios a la produccin de alimentos, sino que elJUaN hOUghTON

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6 sta es una de las razones ms poderosas para dudar de la tesis de la disolucin del Estado territorial.

componente en tecnologa increment de forma notable la productividad. El modelo de seguridad alimentaria nacional mediante subsidios y tecnologa intensiva fue adoptado tambin en la Europa de la posguerra. Por otro lado, en general los tiempos de la naturaleza no pueden reducirse, por lo que en los aos de la posguerra se repartieron los productos por regiones segn los ciclos de la naturaleza, creando especializaciones agrcolas enfocadas al mercado metropolitano; este ordenamiento agrcola del mundo estableci reas de produccin permanente (especialmente en zonas ecuatoriales) y estacionales (sobre todo en el norte) siendo estas ltimas las que concentran la produccin agrcola del mundo. La presin en los mercados locales metropolitanos por una produccin agrcola marcada por la sobreproduccin, en especial de granos y cereales en el norte, junto a la aceleracin de los tiempos de la naturaleza mediante biotecnologa, condiciona nuevos ordenamientos agrcolas en todo el mundo, haciendo que las antiguas especializaciones deban ser abandonadas para suministrar otros productos a los pases del norte, presentndose la crisis de las coherencias estructuradas de los territorios (alteracin y ruptura de la produccin nacional de alimentos en el sur), relocalizaciones productivas (nuevas fuentes de materias primas renovables como madera y agrocombustibles), y la urgencia por el control de la biodiversidad. En sntesis, tenemos como componentes centrales de la ampliacin de los mercados por el capital neoliberal el ordenamiento, la expropiacin, la privatizacin y el control territoriales. Todos los cuales aparecen claramente al ver los procesos de ordenamiento territorial en el mundo.

Nueva espacialidad y polticas territoriales7La problemtica de la tierra (entendida en trminos polticos y socioeconmicos) sigue siendo definitoria para la realidad del pas. Y la de los territorios indgenas marca una situacin especial. Las dos afirmaciones son pertinentes, pues en algn momento de los debates acadmicos se ha planteado que la tierra en la sociedad del conocimiento y de la informacin ya no tiene igual importancia; resultan pertinentes de igual modo para precisar que las dinmicas mundiales del capital no obstan para que los procesos polticos locales den forma especfica a los ordenamientos territoriales de cada pas. En el caso colombiano vemos, como en ninguno otro, que el tema de la tierra determina la vida poltica y econmica del pas, y sus formas de representacin ideolgica y cultural; no por casualidad el rgimen poltico expresa una alianza de dcadas entre el latifundio y la industria, primero, y ahora entre aqul y el capital financiero. La solucin al problema de la tierra ha sido determinante en el continente para la constitucin de los sistemas polticos. De manera general podemos sealar que las soluciones han sido o populares, o industrializantes o latifundistas. En el caso de Bolivia y Mxico tuvieron lugar verdaderas revoluciones campesinas y populares que derrotaron

7 Entre el 29 de julio y el 25 de julio de 2007 el Observatorio tnico de Cecoin realiz una serie de conversatorios sobre los modelos territoriales que se configuran como resultado de los tratados de libre comercio que se vienen imponiendo en el continente. Participaron en ellos los investigadores Daniel Libreros Caicedo, Hctor Mondragn, John Jairo Molina, Daro Fajardo Montaa, Hernn Posada y Aurelio Surez, y el Grupo de Anlisis de Cecoin. En dilogo con sus puntos de vista hemos realizado la presente resea que recoge en buena medida algunos de sus anlisis y enfoques, aunque expresa exclusivamente nuestra lectura sobre ellos.

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INTRODUCCIN

el latifundio, posicionaron a las organizaciones agrarias populares, y significaron quiebres histricos de los regmenes polticos que siguen teniendo vigencia. Tambin se han dado casos de los triunfos de las clases burguesas industriales con apoyo obrero, como es el caso del peronismo en Argentina, que permitieron la industrializacin de la produccin agraria, y que en el caso colombiano tuvo su intento en el primer gobierno de Lpez Pumarejo. Uno de los pocos pases en donde no se han dado revoluciones o quiebres de origen popular, ni tampoco derrotas del latifundio a manos de los sectores industriales, es Colombia, que junto con Guatemala y El Salvador comparten el deshonroso lugar de pases donde nunca ha habido intentos serios de reforma agraria; por el contrario, desde cuando fue expedida la Ley 200 de 1936 (de reforma agraria) en Colombia son recurrentes las alianzas entre una temerosa clase capitalista urbana y el latifundio, cuando no verdaderas derrotas o copamientos militares de los sectores industriales a manos de los ejrcitos terratenientes, siempre en una inacabada reaccin a los frustrados intentos reformistas de Lpez. Slo en la etapa del gaitanismo se configur una real lucha en contra del latifundio desde el movimiento popular, que fue acallado por el crimen masivo de ms de 300.000 campesinos en la llamada Violencia. Desde entonces se ha mantenido e incrementado la figura del gamonalismo o latifundismo armado; los que en un principio fueron grupos sicariales al servicio de terratenientes, dieron paso en los aos ochenta a empresarios rurales y latifundistas que armaron los primeros ejrcitos paramilitares; al mismo tiempo, el narcotrfico cop a latifundistas tradicionales, trayendo a los carteles y de paso a los paramilitares. Esta solucin latifundista al problema de la tierra ha implicado un serio problema para la expansin del capital, pues en tanto el monopolio de la tierra permanece como rasgo central del sistema econmico, los costos de la produccin agrcola son ms elevados y la articulacin con la industria es precaria, pues se trata de un latifundio improductivo. Por otra parte y es lo que determina de forma central la situacin poltica colombiana en los ltimos ochenta aos, a partir del triunfo hacendista (en ocasiones para no dejarse liquidar, en ocasiones para subordinarse abiertamente a las clases industriales) se configur en el pas un rgimen poltico que ha incluido siempre la alianza con el latifundio, vale decir, con formas serviles de las relaciones sociales de produccin; esta alianza se basa en el poder electoral-clientelista y militar de dicho latifundio, que interviene no solo para mantener sus propias formas econmicas sino que presta servicios armados a sus aliados, cumpliendo el papel de domesticador de las clases peligrosas; es obvio, en consecuencia, que difcilmente puedan implementarse medidas polticas que reviertan la situacin, pues no solo controlan las corporaciones pblicas sino que a travs del chantaje inmovilizan a las clases dominantes urbanas. En Colombia el latifundio, mediante el control del aparato poltico, no ha permitido siquiera el pago de impuestos prediales, y se autorizan regularmente los subsidios que le permiten mantenerse sin producir. Por ello, a diferencia de otros procesos donde el desarrollo econmico presion que los latifundistas se transformaran en capitalistas para sobrevivir econmicamente, en Colombia las clases urbanas e industriales tradicionalesJUaN hOUghTON

retomaron el control de la economa a travs de su reconversin terrateniente y el narcotrfico. El latifundio no facilita la expansin del capital, y es un obstculo a los modelos

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de produccin capitalista. Por ello se ha ido conformando lo que en algunos mbitos se denomina capitalismo burocrtico, caracterizado por la intervencin del Estado para subsidiar con el presupuesto pblico la baja productividad de diversos sectores econmicos. En tal contexto se da la reconfiguracin territorial del pas, que afecta directamente a los pueblos indgenas.La alianza del latifundio y el capital financiero: financiarizacin del territorio y articulacin con el narcotrfico

El hecho de que el monopolio de la tierra no se haya subordinado al capitalismo moderno especialmente a la industria y el mercado nacional, y en esencia sea contradictorio con aqul, no significa que sea imposible su articulacin. De hecho, la lgica del capital transnacional especialmente financiero se inserta en el contexto de triunfo terrateniente; slo que esta articulacin es altamente regresiva, pues lo que aparece es la combinacin perversa de capitalismo junto a formas productivas feudales y de servidumbre. El capital financiero subordina el sector real de las economas a travs del endeudamiento, que absorbe gran parte de la ganancia, y que presiona para que la industria dirija sus capitales hacia los productos financieros; pero esencialmente el fenmeno de control se hace realidad cuando los bienes se representan en el mercado financiero, que infla de manera especulativa los valores sobre la base de imaginar ganancias posibles o futuras. Las industrias se financiarizan e incrementan sus ganancias principalmente mediante la transaccin de sus ttulos de deuda, bonos y acciones, en una cadena continua de venta de ilusiones donde todos los participantes ocultan lo evidente: que se trata de una burbuja que solo puede sostenerse si sigue creciendo. La totalidad de las grandes corporaciones derivan sus principales utilidades de estas formas especulativas antes que de las ventas materiales de los productos; los departamentos de valores se han convertido en los verdaderos directores de las empresas, por encima de las reas de produccin. La especulacin requiere una base material para poder continuar su ciclo, pues la produccin de valores ficticios posibles o futuros, a medida que se incrementa, se hace ms frgil y sobre todo poco confiable. Ello exige que la fuente de los valores ficticios est cada vez ms asegurada, tenga menos riesgos y sea visiblemente generadora de confianza en los inversionistas. Esto se aplica tambin en los ttulos de deuda pblica de los pases; el llamado riesgo pas, la calificacin que los prestamistas otorgan a los Estados para valorar sus ttulos o bonos, no es otra cosa que la certificacin de que el pago por impuestos futuros es seguro, que existen los medios coactivos para que se realicen, y que los prestatarios son confiables polticamente (quieren pagar los tributos al capital) y militarmente (pueden cobrrselos a sus ciudadanos). Las transnacionales petroleras y mineras, las grandes obras de infraestructura construidas con crditos, las cadenas madereras, y ahora las plantaciones forestales, no pueden pensarse si no estn insertas en relaciones diseadas para garantizar que los crditos (corrientes o especulativos) efectivamente sern pagados. Por ello la necesidad del control a todo trance; sin control sobre los procesos productivos no hay confianza; sin confianza no hay inversin, sin ella no hay especulacin. Mediante la alianza financiera y latifundista armada, los territorios y recursos son controlados a travs de concesiones estatales y de alianzas empresariales (redes y cadenas productivas); y las transnacionales25INTRODUCCIN

relanzan los procesos de valorizacin mediante la titularizacin de los territorios (bonos, acciones) o su incorporacin en redes empresariales (Giraldo, 2001). Para que las grandes corporaciones multinacionales relancen los procesos de valorizacin mediante la especulacin, el latifundio armado debe articularse como agente de control de los recursos estratgicos que precisa el capital; las figuras especulativas (ttulos, bonos, acciones) requieren como base de apoyo la disponibilidad permanente, la seguridad jurdica y poltica, y la garanta material de la produccin futura; por ello, dentro de las funciones de agente de control que cumple el latifundio frente al capital financiero est incluida la ms agresiva limitacin a la organizacin popular, al progreso normativo y al cumplimiento de los derechos sociales, econmicos y culturales. Por lo mismo, las transnacionales asociadas al latifundio financian activamente dichos dispositivos de control mediante cuerpos armados mercenarios. As se consolida la fusin del latifundismo con las transnacionales, donde el latifundio armado domestica a la oposicin poltica y garantiza el funcionamiento prctico del capital, a cambio de lo cual mantiene sus privilegios en la renta. La altsima rentabilidad del capital financiero especulativo le permite compartir las rentas que extrae del conjunto de la economa mundial, con stos, sus agentes de presa. El reciente reconocimiento por la Chiquita Brands de que haba financiado grupos paramilitares y transportado armas, y las denuncias hechas a la Drummond por el asesinato de sindicalistas, no hacen parte de situaciones anmalas de algunos criminales enquistados en dichas empresas, sino de una necesidad de la implantacin del capital financiero y transnacional. Por otra parte, el territorio en muchos casos ya no requiere ser apropiado fsicamente, sino que el control se mantiene a travs de la financiarizacin, donde la negociacin de bonos es la que prevalece. Los capitales se apropian de ms riqueza natural sin necesidad de tener la propiedad de las tierras, tal como se evidenci en la descolonizacin de tierras en frica, cuyo control a travs de grandes inversiones y proyectos financieros sigue presente, siguiendo el modelo del presupuesto pblico tributando a los negocios privados. Por ello mismo, al capital transnacional le interesa poner en orden las rutas comerciales y tener control territorial de las zonas de su inters, as el 80% de las tierras est en manos de fuerzas opositoras o criminales. En estos casos, el control de territorios, cadenas y redes productivas resulta ms relevante que la propiedad o posesin de los mismos, que incluso son reconocidos a las comunidades locales para incluirlas en el nivel ms bajo, riesgoso y poco rentable de los nuevos negocios. Es lo que ha pasado con los yacimientos en territorio uwa donde sin explotar un barril de petrleo se han realizado transacciones por miles de millones de dlares, o con empresas farmacuticas que con la simple concesin de derechos de prospeccin en parques naturales mantienen sus procesos de valorizacin, o las cadenas productivas (maderera, aceitera) que incorporan libremente los territorios indgenas como suministradores de recursos sin necesidad de promover expropiaciones abiertas. Y es el capital transnacional, adicionalmente, el que requiere con ms urgencia la adecuacin de las infraestructuras de transporte para facilitar la movilidad de materias primas y mercancas, y como evidencias de que controlan los suministros futuros de valor.JUaN hOUghTON

Oleoductos, viaductos, puentes, canales fluviales, acuapistas, son las nuevas exigencias del capital. En este escenario de nuevo se articula la alianza con el latifundio. Las clases

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industriales haban insistido durante los aos sesenta y setenta en el desarrollo de la infraestructura como un requerimiento para el desarrollo de un mercado interno; ante su derrota econmica y poltica, el relanzamiento del capital se da por va de los sectores econmicos ligados a la exportacin, de manera que se abandona el modelo de integracin nacional por una nueva coherencia estructurada del territorio, esta vez dirigida hacia y para los mercados externos. El latifundio entiende sus nuevas posibilidades de renta: la garanta de su control territorial para la infraestructura extractiva y exportadora, a cambio de la valorizacin de sus inmensos predios y de un flujo de regalas incrementado; la compra forzada y violenta de las tierras aledaas a los posibles emprendimientos en infraestructura se convierte en una constante de la economa nacional; el solo anuncio de los grandes megaproyectos es performativo en materia de impactos, pues dinamiza de manera inmediata los procesos de valorizacin especulativa de la tierra, la llegada de actores del latifundio armado, y el ordenamiento del territorio a nivel municipal o regional mediante el ajuste de los trminos legales y los cambios de vocacin de la tierra. El latifundio no vivir transformaciones hacia la produccin, como lo presenta el Ministerio de Agricultura, sino que mantendr sus modalidades rentsticas. Y esto es as porque ni siquiera los grandes empresarios agrcolas podrn sostenerse del todo con las nuevas modalidades productivas, en tanto los cultivos que se promueven son los de tardo rendimiento; la dependencia de las financiaciones bancarias har que estas instituciones entren a controlar la produccin agrcola y reordenar el territorio. Salvo, por supuesto, los empresarios directamente ligados al narcotrfico que utilizan estos modelos como formas de lavado de activos antes que de inversin productiva, y que podrn esperar rendimientos en el largo plazo o incluso renunciar a ellos; y los empresarios que por elevados subsidios estatales pueden tener alguna posibilidad de competir con la produccin de pases como Brasil donde la renta de la tierra es menor. El ejemplo ms diciente en esta etapa en Colombia es el de los agrocombustibles con base en caa de azcar, que se ha anunciado como la alternativa productiva y ambiental para el campo. Lo cierto es que mientras en Brasil producir un galn de etanol de caa de azcar cuesta 83 centavos de dlar, en Colombia cuesta 1,25 dlares, un precio claramente no competitivo en el mercado. Para resolver el problema de la ausencia de mercado para un combustible ms costoso que el petrleo, el gobierno actual ha expedido una norma que obliga a combinar la gasolina con el etanol proveniente de la caa de azcar con el pretexto de proteger el medioambiente y con ello obligar a los consumidores del mercado interno a comprarlo; el resultado es que consumimos a altos precios el etanol subsidiado y exportamos a ms bajo precio el petrleo nacional. Otro tanto ocurre con la palma aceitera, cuya rentabilidad se debe a razones no econmicas ni productivas: primero porque le roban mediante la violencia la tierra a las comunidades rurales y, segundo, porque los cultivos de palma son una forma de lavar dinero de la coca; a lo cual debe sumarse, por ejemplo, que los financiadores de la campaa de Uribe Vlez son los dueos de los viveros de palma, posteriores beneficiarios de los circuitos de riego y las represas que se construirn con costo al presupuesto nacional pero con destinacin especfica. En suma, un gran conjunto de subsidios y complicidades para permitir que los dineros del narcotrfico sean legalizados.27INTRODUCCIN

Control indirecto, encadenamiento y alianzas

Una especial importancia para el modelo de control territorial y militar directo tiene el complemento que se hace mediante el control indirecto por va de la hipoteca de las comunidades rurales propietarias de las tierras. Las llamadas alianzas estratgicas y los encadenamientos productivos, son las dos figuras de la subordinacin de las comunidades rurales a las grandes transnacionales o empresas nacionales. Se trata de modalidades de contratos aparentemente voluntarios en los que la comunidad se compromete a la prestacin de un servicio o al suministro de un bien, en condiciones de exclusividad y durante un trmino prolongado, aceptando asumir los riesgos por el cambio en la situacin ambiental, financiera o de rentabilidad, y renunciando a modificar tanto su voluntad como las condiciones de los contratos. Es una mera apariencia de contratos libres, puesto que en gran medida operan como condicionamientos para acceder a crditos y subsidios; como los resguardos y las tierras comunales de los pueblos indgenas no pueden ser hipotecados, se presiona a stas para que conformen asociaciones productivas o cooperativas (a veces mixtas con los empresarios y comercializadores) que puedan acceder a crditos en modalidades de anticipos, cada vez ms necesarios por el hecho de que son las comunidades las que deben asumir los riesgos y las prdidas del negocio; aunque no aparece as en las minutas, los bienes comunales (casi siempre recursos naturales) figuran como prendas de garanta. Para quienes han tenido conocimiento de las formas de explotacin de recursos naturales en territorios indgenas, estos contratos de alianzas estratgicas y encadenamientos recuerdan la modalidad del endeude que fue generalizado en la poca de las caucheras, cuando comunidades enteras deban trabajo a los empresarios hasta por treinta y cuarenta aos, y se adoptaron compromisos familiares en los cuales hasta los hijos por nacer tenan compromisos de suministro del ltex. Especialmente con los proyectos madereros articulados a Colombia Forestal, un nmero importante de comunidades afrodescendientes y algunas indgenas han realizado acuerdos de encadenamiento productivo para el suministro de madera. Los acuerdos no solo permiten eludir las consultas previas y los consentimientos obligados que exige la ley, los cuales son obviados con mecanismos de corrupcin casi abiertos, sino que incluyen clusulas que sujetan a las comunidades por dcadas a las transnacionales (que operan localmente con asociaciones empresariales nacionales o cooperativas comunitarias), lo que les permite a stas mostrar ante los inversionistas los avales y las garantas que requiere la especulacin. Por supuesto, se trata de tener el control de todo el proceso de valorizacin, pero tambin de externalizar los riesgos en la produccin, los costos ambientales, las circunstancias polticas inestables, la presin poltica de comunidades afectadas por impactos socio-ambientales negativos, etc.; los casos de comunidades indgenas como Chigorod articuladas a la cadena de la madera y el mueble de Antioquia muestran que los aparentes negocios favorables no lo son, y que las comunidades deben asumir, apenas empezado el negocio la destruccin del bosque, los sobrecostos laborales y el desgaste poltico. Adems del sector maderero tenemos encadenamientos productivos tambin en las plantaciones de banano en regiones como Urab, que obligan a las comunidades a sumiJUaN hOUghTON

nistrar este producto por varios aos con compromisos de exclusividad y autorizacin para que agentes de las corporaciones transnacionales intervengan libremente sus terri-

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torios. Este tipo de acuerdos de larga duracin, con clusulas leoninas, en la prctica convierten a las comunidades en tributarios del gran capital sin tener casi ninguna ventaja, al tiempo que los territorios son representados como papeles financieros en los mercados especulativos. La dependencia de las comunidades rurales a las grandes corporaciones o a los llamados encadenamientos est ntimamente relacionada con la produccin agrcola de tardo rendimiento. En tanto las nuevas prioridades productivas que se han impuesto al campo en el tercer mundo son las exportaciones de agrocombustibles y maderas, todas ellas negocios de alta inversin y largo plazo que no permiten retornos en menos de diez aos, ningn campesino, ni las comunidades afrodescendientes o indgenas lograrn sostenerse.Vaciamiento poltico de la territorialidad y privatizacin del territorio

Desde inicios del siglo pasado en los pases desarrollados el Estado de Bienestar o benefactor tuvo un papel determinante como motor del desarrollo econmico y como muro de contencin de las clases trabajadoras radicalizadas.8 En Colombia, aunque el Estado no cumpli roles similares a los europeos o al cumplido por los grandes Estados latinoamericanos, debi sin embargo crear y garantizar condiciones bsicas para la reproduccin ampliada del capital. En los aos setenta se da inicio a un cambio en el papel del Estado. La decreciente tasa de ganancia presiona a las lites gobernantes a liberar los recursos destinados a los derechos sociales agenciados por los Estados y destinarlos a una nueva etapa de acumulacin de capital o al pago de las deudas pblicas. El gasto social, los subsidios, las lneas de crdito de redescuento, ahora son vistos de una mala forma y son desmontados. El nfasis pas del Estado como agente econmico directo, al Estado como regulador. Sin embargo, el desmonte de los presupuestos de inversin convirti en gran medida al Estado en un cascarn sin funciones ni capacidad real de ordenamiento econmico, a lo cual se suma la renuncia expresa a gobernar el territorio como parte del repliegue ante el capital privado. Esto tiene expresin en la realidad rural y territorial colombiana. En primer lugar, en materia de distribucin de la propiedad. Hasta 1991 la legislacin existente era heredera de un encuentro conflictivo entre las movilizaciones campesinas de los aos setenta y las orientaciones de la Alianza para el Progreso impulsada desde Estados Unidos para prevenir procesos de levantamiento popular. En tal legislacin la accin del Estado era definitiva en el tema de las tierras, pues gracias a la Ley 135 de 1961 el Estado tena la funcin de la distribucin, considerada una funcin estratgica de la poltica econmica, y herramientas como la expropiacin por va administrativa. Pero en la Constitucin Poltica de 1991 se abre el camino para que dos aos despus la Ley 160 de Reforma Agraria le quite el poder al Estado para intervenir y definir los aspectos de relevancia en materia de tenencia de la tierra. A partir de entonces queda explcito el propsito de que sea el mercado de tierras el que las distribuya y garantice el acceso de los campesinos a ellas. Por supuesto, tal agente

8 Es reconocido por la mayora de los analistas que en Colombia, y en general en los pases del llamado Tercer Mundo, no vivimos como tal el Estado de bienestar o benefactor. Ello no implica, sin embargo, que los Estados hayan sido solamente agentes de orden en estos pases; es ms, la generacin de una economa y una sociedad civil en varios pases correspondi a estos Estados, como se evidencia en Mxico, Argentina y Brasil, donde el cepalismo tuvo en verdad agarre entre las burguesas nacionales y las lites burocrticas, y se concret en importantes procesos de industrializacin.

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INTRODUCCIN

abstracto en realidad es la mscara de los agentes privados (es decir, los terratenientes) como orientadores de la distribucin racional de las tierras, en cumplimiento de una poltica del Banco Mundial. El Estatuto de Desarrollo Rural, recientemente aprobado, asume esta posicin de manera explcita. Como resultado de esta lnea, lo que se ha concretado en el pas son los 4 millones de hectreas en manos de los paramilitares. De acuerdo con estadsticas oficiales, la concentracin de la tierra en Colombia muestra ndices crticos de desigualdad en la distribucin de la propiedad de la misma. Segn el Instituto Geogrfico Agustn Codazzi (2002), para inicios de la dcada ms de 3 millones 500 mil propietarios, es decir el 99,5% de todos los propietarios rurales, posean predios menores a las 200 hectreas, sumando un poco ms de 23 millones 300 mil hectreas, es decir, el 34% de todos los predios rurales registrados por el IGAC. Mientras solamente 7.363 propietarios de predios superiores a las 1.000 hectreas, el 0,2% del total, concentraban 35 millones de hectreas, el 52% del total. Esta enorme concentracin de la tierra, expresada en un ndice de concentracin del 0,85 (donde 1 es la mxima concentracin) evidencia que la reforma agraria es una asignatura pendiente del Estado colombiano. La cesin al mercado y a las empresas como ordenadores del territorio tiene otras expresiones. Las concesiones a los grandes empresarios de la madera, los agrocombustibles y las industrias extractivas minero-energticas no solo son econmicas, sino que fungen como ordenadores polticos de lo territorial pblico. Esto es evidente en varias funciones tpicamente estatales: las funciones de polica que se entregan a las empresas madereras y minero-energticas, las cuales cumplen mediante ejrcitos privados o mercenarios, que no solo protegen la propiedad sino que reprimen comportamientos considerados peligrosos; las funciones de control y proteccin del medioambiente, explcitamente otorgadas a los ingenieros forestales de las plantaciones en la recientemente aprobada y declarada inconstitucional Ley General Forestal, y que no solo implican una privatizacin del papel indelegable del Estado sino una perversa forma de convertir en agente de control al que debe ser controlado; la gestin de las reas protegidas dadas en concesin a empresarios privados, como se expresa en las concesiones de los parques naturales a agencias de viajes como Aviatur.9 Una tercera modalidad es la creacin de regiones empresariales y zonas francas agrcolas, donde no rige la legislacin nacional sino las normas empresariales transnacionales. El Estatuto de Desarrollo Rural autoriza la creacin de las zonas de desarrollo empresarial en zonas baldas donde tendrn vigencia normas especiales que faciliten la incorporacin de tecnologas y el aumento de produccin por medio de la inversin de capital (art. 90); ya la Ley General Forestal haba otorgado a las grandes plantaciones forestales exenciones de impuestos. Con esas dos normas, el campo se convertir en una inmensa zona franca donde el Estado renuncia a ejercer control y lo delega abiertamente en los propietarios privados. En Santa Marta se ha constituido la primera zona franca de agrocombustibles a la cual se ha autorizado organizar la produccin de casi 900 familias, que ni siquiera tendrn vinculaciones laborales sino que harn parte de encadenamientos9 En sentido formal, se trata de la cesin de la administracin de algunas instalaciones y la autorizacin para la realizacin de actividades con fines de ecoturismo; en sentido real, significa que la mayor cantidad de recursos y personal en campo que manejar la empresa concesionaria frente al presupuesto y nmina del equipo administrativo de cada Parque, se traducir en una sustitucin efectiva de la funcin pblica por la empresa privada.

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productivos, la forma moderna de la servidumbre. Esta modalidad es la que se establecer para todas las grandes plantaciones de palma aceitera y otras fuentes de etanol. Las presiones sobre los territorios indgenas que tienen exenciones de impuestos sern las prximas iniciativas, que ya tienen una cabeza de playa en la zona turstica del Cabo de la Vela en territorio wayu, la forma criolla de los casinos en las reservaciones indgenas de Estados Unidos. No est de ms recordar que varias regiones del pas funcionan como tal sin que legalmente lo sean; es el caso de las regiones bananeras, en las que no rige otra ley que la de las empresas ni otra justicia que la de los paramilitares, o en las petroleras donde extensiones inmensas del territorio nacional convertidas en bloques petroleros se eximen de toda legalidad pblica. Las reas pblicas empresariales han tenido experiencias en Colombia sobre todo en el mbito urbano, una de las cuales es TransMilenio, que tiene un evidente papel de ordenamiento territorial pero no se rige por ninguna norma pblica sino exclusivamente por las prioridades privadas, y subordina abiertamente todos los sistemas pblicos de seguridad, informacin, salud, etc.; a nivel ms amplio, la primera de las llamadas gerencias regionales se inaugur con el Fondo de Reconstruccin del Eje Cafetero, luego del terremoto de 1998, que canaliz casi la totalidad de los recursos pblicos destinados a la reconstruccin de la zona, cuya direccin fue copada totalmente por los empresarios y comerciantes. El complemento de esta poltica es la subordinacin de las instituciones pblicas al imperio de la legislacin privada, y de los entes territoriales al derecho comercial. La autorizacin a los entes territoriales locales para el endeudamiento pblico que tuvo lugar con la Constitucin de 1991, la cual en su momento apareci como una conquista de la descentralizacin administrativa, en realidad ocultaba el propsito de incorporar los presupuestos pblicos en el mercado de valores y crditos bancarios; en efecto, los diversos emprstitos que se multiplicaron en la dcada pasada se acompaaron del compromiso de aceptar la vigencia de las leyes privadas. Con ello, los entes pblicos en la prctica renunciaron a que fuera el Consejo de Estado quien rigiera los contenciosos entre empresas y organismos pblicos; a lo anterior se suma la adhesin de Colombia al Centro de Iniciativas Emprendedoras (Ciade) para la resolucin de conflictos con empresas multinacionales, la aplicacin de leyes de quiebra y concordato a municipios y departamentos (como lo establece la Ley 550), y la sumisin a los tribunales de arbitramento de los entes territoriales. El territorio, en estas condiciones, claramente deja de ser un bien pblico intangible. O, mejor, se hace intangible para la ciudadana y totalmente apropiado por las empresas y corporaciones. No solo los gobiernos no gobiernan sino que pasan a ser puros gerentes o agentes al servicio de los grandes proyectos que se desarrollan en sus jurisdicciones; esta situacin ya se present con el caso de la hidroelctrica Urr I en el departamento de Crdoba, que afect al pueblo embera kato, donde el gran volumen presupuestal de la empresa (de capital mixto, mayormente pblico pero de origen crediticio, y que se gerencia por el rgimen privado) y la masa de contratos por disponer, la convirti en la nueva institucionalidad del departamento. Y, adicionalmente, en casos de conflicto no rige la legislacin pblica sino el derecho comercial. Esta forma de organizacin del territorio en forma corporativa es la adecuacin ms clara al nuevo feudalismo que se impulsa desde la31INTRODUCCIN

alianza latifundista-financiera mundial, en la cual el propietario deviene en gobernante, y el ciudadano es esencialmente sbdito del patrn antes que constituyente primario, en otras palabras, el capital rentista establece con los ciudadanos una relacin tributaria.Expropiacin y desposesin directa de los territorios que se encuentran por fuera de la frontera agrcola

Junto a la privatizacin del territorio, el capital avanza mediante la acumulacin por desposesin. Dado que el capital ya no genera mayor riqueza, las inversiones externas directas consisten en la compra de empresas pero no se invierte para generar produccin nueva; la saturacin del capital afecta la ganancia transnacional, que debe concentrarse en su mxima expresin. El agotamiento de los espacios de valorizacin le obliga entonces a reeditar frmulas de saqueo directo de los recursos y la conquista territorial. Los casos de Irak, Afganistn o Sudn son dicientes. El imperialismo ambiental, la definicin de inmensas reas del globo como patrimonio de la humanidad, la incorporacin al mercado de bosques y pramos, la declaracin de zonas sin soberana, resultan urgencias vitales para la expansin, como seala Wallerstein. Todas estas modalidades tienen lugar en Colombia, en especial en los territorios indgenas y afrodescendientes. La ms grave es la falsificacin por parte del gobierno nacional de la definicin del territorio nacional que establece la Constitucin Poltica; en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos la definicin del territorio colombiano excluye el subsuelo, el mar territorial, la zona econmica exclusiva, la zona contigua, el espectro electromagntico y la rbita geoestacionaria (art. 109 CP). Hay una evidente relacin entre esta definicin y el hecho de que Estados Unidos solo reconoce las 12 millas del mar territorial y reiteradamente han manifestado que debe ampliarse el carcter de aguas internacionales; una definicin como sta permite que las explotaciones de recursos naturales y biolgicos (bancos de atn y riquezas de la biota acutica) en la plataforma submarina pueda realizarse sin pago de impuestos o autorizaciones explcitas del Estado colombiano. Por otra parte, la sola exclusin de la soberana sobre el subsuelo abre el espacio para posteriores privatizaciones plenas de los recursos petrolferos como se pretendi en Bolivia y Argentina. El caso de la rbita geoestacionaria y el espectro electromagntico es perfectamente compatible con lo que hemos llamado zonas sin soberana o, en trminos blicos, tierra de nadie, que permite al capital apropiar sin frmula de compra alguna los espacios para colocacin de satlites y desarrollar las industrias de las telecomunicaciones. El segundo mecanismo es la legalizacin de verdaderas acciones de conquista donde el derecho se funda en la violencia ms evidente, en una nueva campaa de invasin sobre territorios indgenas, afrodescendientes y campesinos. Las empresas transnacionales y los grandes empresarios agrcolas que como anotamos se han convertido en narcotraficantes, son los grandes beneficiarios de las zonas de desarrollo empresarial; a diferencia de los campesinos, a quienes se prohbe tener acceso a ms de un predio, y adems se les exige produccin estable del suelo, los grandes empresarios y las transnacionales en cambio pueden tener varias adjudicaciones de tierras si muestran que las destinarn a la produccin para la exportacin, es decir, cultivos de tardo rendimiento que requierenJUaN hOUghTON

una inversin mnima en trabajo. En principio se trata de concesiones en usufructo, pero las transnacionales y los grandes empresarios pueden aspirar a tomar las propiedades

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demostradas del Estado y tambin las de los desplazados, campesinos, afros y territorios indgenas no legalizados, como si stas fueran baldas y demandar derechos de propiedad (art. 161). En este sentido se aplica el sistema de Malasia que consiste en la disposicin de que todas las tierras indgenas son propiedad del Estado, las cuales se dan a los particulares en calidad de concesin temporal con la obligacin de que stos las exploten de forma competitiva. Se trata de un modelo de industrializacin y valorizacin del campo. En Colombia el sistema malayo se pervierte an ms, porque no se presiona la industrializacin y la mayor productividad del agro, sino que la ocupacin con cultivos no alimentarios (palma aceitera, por ejemplo) es solo un pretexto para hacerse a la propiedad de la tierra. El modelo se hace as an ms regresivo, pues lo que interesa es seguir siendo latifundistas, antes que insertarse en el sistema capitalista; la renta de la tierra sigue aumentando, el carcter regresivo del Estado no se modifica, y ahora tiene una nueva modalidad de valor, esta vez mediante la renta absoluta. Los terratenientes, con el fin de aumentar la renta diferencial, le quitan tierras nuevas a los campesinos y a las comunidades indgenas y afros, hacindose as a una renta absoluta. El despojo por vas ilcitas e ilegales es una realidad aceptada por el Estado. En junio de 2005 el vicecontralor de la Repblica, poniendo la discusin en similares trminos que las universidades en investigaciones independientes,10 seal que los narcotraficantes se haban apropiado de casi un 50% de las mejores tierras del pas, mientras que cerca de un 70% de los propietarios, en particular los pequeos campesinos, slo posean el 5% del rea (Contralora General de la Repblica, 2005). A las formas de articulacin obligada en las cadenas productivas se suman mltiples formas combinadas para apropiarse de la tierra. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) se ha dado a la tarea de legalizacin de las tierras adquiridas violentamente por los narcotraficantes y paramilitares. Lo primero fue mediante la aparicin de escrituras privadas, como hicieron en Jiguamiand, donde validaron escrituras previas de empresarios de palma; en este caso una resolucin del Incoder titul tierras que ya estaban tituladas a comunidades afro en el bajo Atrato. La segunda forma consiste en titulacin de tierras que no estn tituladas y aparecen como baldas, como aconteci con la titulacin de 16.330 hectreas de tierras supuestamente baldas en el Vichada a amigos del presidente vinculados directamente con el narcotrfico, tierras que corresponden a territorios indgenas. La tercera forma ha sido autorizar los contratos de arrendamiento del territorio donde la garanta es el vuelo forestal. Tienen lugar tambin los actos de corrupcin; algunos lderes ya estn negociando con las multinacionales y con los interesados en las tierras. La desposesin se hace an ms evidente con la introduccin de normas que pretenden conculcar los derechos de los pueblos indgenas sobre sus propiedades. Las expresiones de funcionarios pblicos sobre su propsito de reducir las cantidades de tierras de

10 La importancia de la informacin de la Contralora no es la novedad, pues se trata de una informacin que de tiempo atrs circulaba en mbitos acadmicos y de las organizaciones sociales, sino el reconocimiento por parte de un rgano pblico encargado de la vigilancia del patrimonio econmico de la nacin. Previamente, Alejandro Reyes Posada, el CEDE de la Universidad de los Andes y el CID de la Universidad Nacional haban revelado cifras similares; incluso el PNUD haca referencias a este proceso de desposesin; sin contar los clculos de instituciones no gubernamentales que tienen vnculos con el movimiento popular.

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INTRODUCCIN

los indgenas se concreta en la incorporacin de una norma que otorga al Incoder y a la Unidad de Tierras la posibilidad de discutir los ttulos de resguardos de origen colonial con el argumento de darle legitimidad a terceros poseedores de buena fe, al tiempo que la norma central posibilita la prescripcin adquisitiva de dominio a los cinco aos, aunque se trate de predios que hagan parte de territorios tradicionales indgenas, sin contar con que en el resto del pas legaliza totalmente el robo de tierras a los campesinos.Ampliacin de la frontera agrcola

La enorme presin sobre la frontera agrcola se evidencia en el hecho de que el 86,5% de las tierras destinadas a reforma agraria, y que hacen parte del Fondo Nacional Agrario, provienen de baldos. La tesis gubernamental ha sido que la suspensin en la titulacin de tierras para los campesinos y afrodescendientes en todo este periodo obedece a la amplia titulacin para los pueblos indgenas, ocultando lo evidente: la pasmosa concentracin de la tierra en las zonas de donde han sido expropiados y expulsados los campesinos (esencialmente los valles interandinos y la Costa Atlntica), y la ampliacin de la frontera agrcola sobre los territorios indgenas y afros, que pas de 35,4 millones de hectreas en 1984 a 50,7 millones de hectreas en 1996 (Fajardo, 2002), precisamente los aos de mayor titulacin para los pueblos indgenas; en otras palabras, la titulacin de tierras a los indgenas se realiz a la par de la mayor expropiacin de territorios tradicionales. No obstante, dichos baldos no han sido titulados a afrodescendientes e indgenas (salvo en el Pacfico), sino principalmente a campesinos pobres y medianos, y en algunos casos devueltos a los propios narcoterratenientes, lo que promueve procesos de colonizacin sobre selvas, y conflictividad en la frontera agrcola. Con la aprobacin del Estatuto Agrario los beneficiarios sern directamente los grandes empresarios, que podrn solicitar extensiones amplsimas del territorio de sabanas y selvas para cultivos de tardo rendimiento con destino a la exportacin, especialmente palma aceitera, higuerilla o bosques de teca, que estn previstas en las sabanas de la Orinoquia (territorio sikuani, guayabero, sliva), selvas del Pacfico (territorio de la gran familia embera) y relictos de bosque natural en territorios indgenas no titulados del piedemonte amaznico (especialmente Putumayo, Caquet y Meta), sin contar la continuidad de explotaciones madereras en el Trapecio Amaznico (territorio tikuna y cocama). Con ello la titulacin de baldos, que era la vlvula de escape a la titulacin indgena, afrodescendiente y campesina, ya no podr cumplir dicho papel, represndose an ms la demanda territorial, aumentando la conflictividad intertnica en selvas tituladas, o presionando acciones polticas de recuperacin y liberacin de la Madre Tierra, como han sealado las organizaciones indgenas del Cauca. La Ley General Forestal, que en realidad era una norma para la explotacin maderera, abri un boquete a la incorporacin de los bosques naturales en el mercado, mediante la aprobacin de la figura del vuelo forestal como un bien independiente del suelo, y por tanto susceptible de ser utilizado como prenda de garanta, objeto de transaccin y sustrato de medios financieros. Puesto que el vuelo ya no requiere de la propiedad de la tierra para ser comercializado, la expansin de la frontera agrcola solo requiere unaJUaN hOUghTON

asociacin libre por parte del propietario con el comercializador. Como quiera que el Estado es an propietario de unos 12 millones de hectreas de bosques naturales, estn

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previstas las concesiones de estas tierras para proyectos de reforestacin que no son otra cosa que grandes plantaciones forestales que presionarn an ms el avance de la frontera agrcola. No sobra recordar que la propiedad del Estado sobre estas tierras es discutible, en tanto son reclamadas por los pueblos indgenas, los afrodescendientes y los campesinos que las habitan desde tiempos inmemoriales. La empresarizacin del campo tiene un componente adicional con la autorizacin al Ministerio de Agricultura, en el Estatuto de Desarrollo Rural, para que sea el que defina los lmites de la frontera agrcola, establezca el uso actual y potencial del suelo, y ordene las zonas geogrficas de acuerdo con caractersticas biofsicas, condiciones econmicas, sociales y de infraestructura. Esta norma desmonta la funcin de control que sobre la materia tena el Ministerio del Ambiente; y establece con claridad que el principio de ordenamiento del territorio en reas rurales ser el favorecimiento de las reas de desarrollo empresarial.Desagregacin territorial

Dos elementos coadyuvan a definir la sustancia jurdica del territorio indgena en trminos de derecho a los recursos naturales y a definir los planes de vida; por una parte, el carcter inalienable e imprescriptible de los territorios, por otra, la integridad de los mismos; es decir, su intangibilidad y su indivisibilidad. En el caso colombiano ambos elementos tienen estatus constitucional. Estas dos dimensiones de entrada chocan con la lgica del mercado, que requiere continuos procesos de divisin/especializacin del trabajo, de la naturaleza y del consumo; el mercado no solo requie