LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA · 2020. 2. 13. · La instancia judicial, entonces, se inicia...
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LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por Roberto G. Loutayf Ranea y Ernesto Solá (Publicado en la obra colectiva “Tratado de los Recursos. Libro en homenaje al Prof. Adolfo A. Rivas”, Director Marcelo Sebastián Midón, Coordinadores María Valeria Di Bernardo y Alejandro Francisco Luna, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, 2013, tomo II, págs. 217 y ss.) LAS INSTANCIAS. LA SEGUNDA INSTANCIA NATURALEZA DEL RECURSO DE APELACIÓN Y LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA a) El recurso de apelación es un recurso “ordinario” y el tribunal asume la plenitud de la /jurisdicción en aquello que ha sido objeto de apelación y de agravio b) Es un recurso que debe ser resuelto por un tribunal de grado distinto del que dictó la /resolución recurrida c) El recurso de apelación es una vía de revisión de la resolución recurrida d) Es un recurso positivo LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA La doble limitación del tribunal de alzada El principio de congruencia La sentencia de segunda instancia y la congruencia La sentencia de segunda instancia y el principio que prohíbe la “reformateo in peius” La sentencia de segunda instancia no puede pronunciarse sobre capítulos no propuestos a /la decisión del juez en grado Errores manifiestos contenidos en la sentencia de primera instancia LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA FRENTE A LAS OMISIONES DE LA SENTENCIA EN GRADO La sentencia de segunda instancia y las “apelaciones implícitas” LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y EL PRINCIPIO “IURA NOVIT CURIA” REQUISITOS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Generalidades Redacción La sentencia judicial es un instrumento público Lugar y fecha Nombre y apellido de las partes Relación de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio Fundamentación Normas que la regulan Deber del tribunal de fundar las sentencias La fundamentación es una exigencia del sistema republicano Los jueces no se encuentran compelidos a seguir todas las argumentaciones de las /partes ni /a hacer referencia a todas las pruebas producidas Las apelaciones implícitas Fundamentos de hecho y de derecho Vicios de la sentencia subsanables por el recurso de apelación Remisión a otra sentencia Remisión al dictamen fiscal La fundamentación debe constituir derivación razonadq del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa Congruencia interna de la sentencia
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LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Por Roberto G. Loutayf Ranea
y Ernesto Solá
(Publicado en la obra colectiva “Tratado de los Recursos. Libro en homenaje al Prof. Adolfo A.
Rivas”, Director Marcelo Sebastián Midón, Coordinadores María Valeria Di Bernardo y Alejandro Francisco
Luna, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, 2013, tomo II, págs. 217 y ss.)
LAS INSTANCIAS. LA SEGUNDA INSTANCIA
NATURALEZA DEL RECURSO DE APELACIÓN Y LA SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA a) El recurso de apelación es un recurso “ordinario” y el tribunal asume la plenitud de la /jurisdicción en aquello que ha sido objeto de apelación y de agravio
b) Es un recurso que debe ser resuelto por un tribunal de grado distinto del que dictó la /resolución recurrida
c) El recurso de apelación es una vía de revisión de la resolución recurrida
d) Es un recurso positivo
LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
La doble limitación del tribunal de alzada
El principio de congruencia La sentencia de segunda instancia y la congruencia
La sentencia de segunda instancia y el principio que prohíbe la “reformateo in peius”
La sentencia de segunda instancia no puede pronunciarse sobre capítulos no propuestos a /la decisión del juez en grado
Errores manifiestos contenidos en la sentencia de primera instancia
LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA FRENTE A LAS OMISIONES DE LA
SENTENCIA EN GRADO
La sentencia de segunda instancia y las “apelaciones implícitas”
LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y EL PRINCIPIO “IURA NOVIT CURIA”
REQUISITOS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Generalidades
Redacción
La sentencia judicial es un instrumento público
Lugar y fecha Nombre y apellido de las partes
Relación de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio
Fundamentación Normas que la regulan
Deber del tribunal de fundar las sentencias
La fundamentación es una exigencia del sistema republicano
Los jueces no se encuentran compelidos a seguir todas las argumentaciones de las /partes ni /a hacer referencia a todas las pruebas producidas
Las apelaciones implícitas
Fundamentos de hecho y de derecho Vicios de la sentencia subsanables por el recurso de apelación
Remisión a otra sentencia
Remisión al dictamen fiscal La fundamentación debe constituir derivación razonadq del derecho vigente con
aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa
Congruencia interna de la sentencia
Decisión expresa, positiva y precisa
Plazo para el cumplimiento de la sentencia
Pronunciamiento sobre costas y honorarios Costas Honorarios
Firmas Generalidades Firma de los jueces
Firma de los secretarios
MAYORÍA
El art. 271 del CPCCN
Es necesaria la presencia de todos los miembros del tribunal
Orden de la votación
Votos individuales. Adhesión
Mayoría
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LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
LAS INSTANCIAS. LA SEGUNDA INSTANCIA
Según el Diccionario de la Real Academia, “instancia” es la acción y el efecto de
instar. E “instar” significa pedir, solicitar. La instancia, entonces, es una petición, una
solicitud; pero por extensión también se llama instancia al procedimiento que sigue a esa
solicitud. Si ese requerimiento se hace a una autoridad, la misma constituye una instancia; y
también se denomina así al procedimiento subsiguiente hasta la respuesta de esa autoridad,
que en el caso de los jueces es la sentencia que atiende a esa petición; en tal sentido se ha
señalado que la instancia judicial comprende toda petición que se hace valer en justicia1
Podetti señala que, en términos generales, instancia es toda solicitud; pero adquiere
un significado específico cuando la solicitud se hace al poder jurisdiccional, es decir, a los
jueces; en estos casos se llama instancia a “toda petición inicial de un proceso, trámite o
procedimiento, dirigida a un juez para que satisfaga un interés legítimo del peticionante”; y
por extensión se llama así también a todo el procedimiento, desde la aludida petición hasta la
resolución respectiva, dividiéndose en primera, segunda y tercera instancia; en instancias
ordinarias y extraordinarias, principales y accesorias o incidentales, etcétera2.
1 CSJN, 11-4-56, L.L. 82-694; Id. 15-7-70, E.D. 33-422. 2 PODETTI, Ramiro: “Tratado de los actos procesales”, Buenos Aires, Ediar, 1955, pág. 349.
La instancia judicial, entonces, se inicia con la petición o planteo de parte y termina
con la notificación de resolución judicial que atiende a ese planteo. La instancia ante los
jueces normalmente se realiza en ejercicio del derecho de acción; en este sentido se formula
una concreta pretensión procesal, que debe ser sustanciada con la otra parte a través de un
proceso contencioso o contradictorio; y la sentencia que se emite constituye el ejercicio de la
función jurisdiccional. Pero hay otras peticiones que se dirigen a los jueces, en donde el
peticionante no presenta un conflicto ni pide su solución sino que se limita a hacer otro tipo
de planteo, que por su vinculación con el derecho, se ha atribuido su conocimiento a los
jueces; tales peticiones son la que dan lugar a la denominada “jurisdicción voluntaria” en la
que la respuesta judicial no constituye propiamente ejercicio de función jurisdiccional sino
administrativa (pero no es el supuesto al que vamos a tratar en este trabajo).
La primera instancia judicial se inicia con la demanda (principal o incidental), y
concluye con la notificación de la sentencia de primera instancia a todas las partes3. En este
sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que por instancia se entienden
todos los actos procesales que se inician con la interposición de la demanda y así
sucesivamente hasta la notificación del pronunciamiento definitivo que es el objetivo de
tales acciones4.
La segunda instancia se inicia con el escrito de interposición del recurso de
apelación (que puede ser fundado o no, según lo disponga el ordenamiento jurídico), y
concluye con la notificación a las partes de la sentencia del tribunal de apelaciones que le da
respuesta. Pueden existir otras instancias si las admite el ordenamiento jurídico.
El proceso, en cambio, se inicia con la demanda (principal o incidental); pero termina
con la sentencia firme que decide esa demanda original. Un proceso, entonces, puede
comprender una o varias instancias.
La sentencia de segunda instancia, entonces, es la que da respuesta al recurso de
apelación que se haya interpuesto contra el fallo de primera instancia.
NATURALEZA DEL RECURSO DE APELACIÓN Y LA SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA
a) El recurso de apelación es un recurso “ordinario”y el tribunal asume la plenitud
3 MAURINO, Alberto Luis: “Perenciòn de la instancia en el proceso civil”, Buenos Aires, Astrea, 2003,
pág. 32. 4 CSJN, 26-12-95,Rep.J.A.1999-219, nº 8; CNCiv., Sala E, 12-4-96, L.L. 1996-D-854, 38.842-S.
de la jurisdicción en aquello que ha sido objeto de apelación y de agravio
a-1) Los recursos pueden ser:
Ordinarios son aquellos que se dan con cierto carácter de normalidad dentro del
ordenamiento procesal. Y por tal causa, por un lado, no se exigen motivos específicos para
su interposición y admisión sino que basta con alegar el perjuicio que ocasiona la resolución
recurrida; y por el otro, los poderes jurisdiccionales del tribunal ad quem no están limitados,
sino que este tribunal tiene la misma amplitud para conocer lo que es materia de recurso que
la que tenía el juez a quo para conocer del mismo asunto en primera instancia. En tal sentido
señalan Fassi y Yáñez que se denominan "ordinarios" a los recursos que tienen por objeto
reparar, en forma genérica, los defectos que pueden contener las resoluciones judiciales.
Fundamentalmente consisten en errores de juzgamiento (errores in iudicando) sea en lo
atinente a la apreciación de los hechos y valoración de las pruebas (errores in iudicando
factis) o en la aplicación de la ley (errores in iudicando iuris), o en vicios respecto de la
propia resolución por inobservancia de los requisitos legales, o en defecto en la construcción
de la sentencia. En principio la amplitud del conocimiento acordado al órgano competente
para resolver los recursos ordinarios, coincide con la que corresponde al órgano que dictó la
resolución impugnada5.
Extraordinarios, por el contrario, se dan en supuestos más limitados. Para su
interposición se exigen motivos específicos y determinados; y el órgano jurisdiccional de
alzada no tiene la misma amplitud que el de la instancia anterior, sino que su función se
encuentra limitada a decidir sobre las cuestiones específicas que constituyen el objeto del
recurso. Dicen Cortez Domínguez, Gimeno Sendra y Moreno Catena que en los recursos
"ordinarios" no es necesario especificar la causa o motivo del recurso bastando con alegar el
perjuicio de la resolución recurrida, como ocurre con el de apelación; en los
"extraordinarios", se necesita precisar al momento del recurso el motivo o motivos concretos
que dan lugar al mismo, siendo necesario que el motivo alegado esté admitido como tal por
la ley6.
Finalmente existen los llamados recursos excepcionales, a través de los cuales se
impugna la autoridad de cosa juzgada de una sentencia judicial, y que constituyen, más bien,
5 Debe confirmarse el pronunciamiento de la Alzada que revocó el fallo del inferior e hizo lugar al reclamo
resarcitorio intentado en una acción de reivindicación, toda vez que el recurso de apelación interpuesto por la
accionante respecto de la pretensión rechazada en grado, otorgó a la Cámara de Apelaciones la atribución de
resolver sobre el punto con los mismos poderes y competencia que el juez de primera instancia (ST La Pampa,
Sala A, 28-6-2010, RFep.L.L. 2010-1128, n° 18). 6 Cortez Domínguez, Valentín; Gimeno Sendra, Vicente y Moreno Catena, Víctor: "Derecho Procesal Civil.
Parte General", Madrid, Colex, 2003, pág. 378/379.
acciones independientes; y ello, porque cuando se impugna una sentencia firme, esa
impugnación no es un estadio dentro de un mismo proceso, sino que implica una nueva
pretensión que da origen a un nuevo proceso7.
a-2) La apelación es un recurso ordinario (dice Guasp que es el recurso ordinario por
antonomasia de todo el derecho procesal civil8) Por tal motivo, al momento de dictar la
sentencia de segunda instancia el tribunal de apelaciones asume la plenitud de la
jurisdicción para conocer de lo que ha sido objeto de recurso y agravio de la misma manera
que la tenía el juez en grado; es decir, el tribunal de alzada tiene idéntico poder y amplitud
de conocimiento que el juez de primera instancia9. Como destacan Fassi y Yáñez, se trata
propiamente de una característica de los recursos ordinarios, en los que, la aptitud de
conocimiento que se acuerda al órgano competente para resolverlos, coincide con la que
corresponde al órgano que dictó la resolución impugnada dentro del marco de lo apelado10
.
En tal sentido se ha resuelto que cuando un expediente llega a la Cámara en virtud de un
recurso de apelación, es el tribunal de alzada quien adquiere la plenitud de la jurisdicción,
ocupando desde entonces la misma posición que tenía el juez de la primera instancia; le
corresponden idénticos deberes y derechos11
. Puede, entonces, confirmar, reformar en todo o
en parte o sustituir la sentencia recurrida12
.
Y por esta amplitud de conocimiento, en caso de revocar lo decidido en la instancia
anterior, por aplicación de las denominadas “apelaciones implícitas”, el tribunal de alzada
debe pronunciarse también sobre aquellas cuestiones planteadas por el vencedor en primera
instancia que han sido rechazadas o no consideradas por la sentencia en grado13
, porque las
7 FAIRÉN GUILLEN, Víctor: “Estudios de derecho procesal”, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1955,
pág. 351-356. 8 GUASP, Jaime: “Derecho Procesal Civil”, Madrid, Instituto de Estudios Polìticos, tomoII, 1968, pág. 730. 9 GÓMEZ ORBANEJA, Emilio y HERECE QUEMADA, Vicente: “Derecho Procesal Civil”, Madrid,
Artes Gráficas Ediciones, t. II, 1969, pág. 157-158. 10 Fassi, Santiago y Yáñez, César: "Código Procesal Civil y Comercial", Bs. As., Astrea, tomo 2, pág. 1989,
pág. 252.
Esta Cámara, en la medida de los recursos que abren su competencia funcional, es el juez de la causa con
las mismas atribuciones del magistrado de primera instancia (CCivCom San Francisco, 12-8-88, Rep.L.L.1989-
1537, n° 14). La apelación devuelve a la sala la plenitud del ejercicio de la jurisdicción, por lo cual corresponde que entre
a considerar el fondo de la cuestión (CNCiv., Sala C, 11-5-2004, E.D. 208-80). 11 CApel.Civ.Com. Lomas de Zamora, Sala I, 16-3-2006, E.D. 218-316. 12 CNCiv., Sala C, 11-5-2004, E.D. 208-80.
Cuando se trata de um error in iudicando corresponde revocar la sentencia y no anularla, ya que el error de
procedimiento es el que puede invalidarla (CNCiv., Sala C, 3-6-70, Rep.E.D.5-954, nº 61). 13 Corresponde considerar en la alzada las defensas oportunamente interpuestas por la parte que no apeló al
resultarle favorable la sentencia de la instancia anterior (CSJN, 3-7-90, "Corones vs. Marvall", L.L. 1990-D-
536).
El hecho de que el vencedor en primera instancia no haya reiterado una defensa ante la alzada no obsta su
tratamiento en caso de que la Cámara de apelaciones decida dejar sin efecto la sentencia de grado, ya que al no
mismas quedan implícitamente sometidas a su decisión por el recurso de la contraria, por
más que el interesado no las haya reiterado en la alzada14
.
Pero, cabe destacar que, si bien el tribunal de alzada tiene esa amplitud de
haber podido atacar el fallo que le había sido favorable, no corresponde interpretar el silencio como un
abandono de las alegaciones invocadas con anterioridad, máxime cuando la intención de renunciar no se
presume (CSJN, 28-9-04, B. de K.S., G.H. vs. Guevara, Juan", L.L. 2005-A-712).
Las alegaciones o defensas propuestas en primera instancia por la parte vencedora que no ha apelado por
haberle sido favorable el resultado del pleito, quedan sometidas al tribunal de alzada en el supuesto que en esa
instancia sea revocado el pronunciamiento (SCBs. As., 28-5-96, Rep.L.L. 1996-1945, n° 34, y DJBA 151-46239).
Cuando las decisiones resultan favorables a las pretensiones de una de las partes, esta última no puede
apelar la sentencia, aunque existan fundamentos, motivos o consideraciones que le resulten adversas. Debe
atenderse a las pretensiones deducidas y su satisfacción, y si la resolución es favorable a las pretensiones de la
parte no hay interés que justifique el recurso. Si la parte contraria apela, quedan implícitamente sometidas a la
decisión del tribunal de segunda instancia, todas aquellas defensas o fundamentos oportunamente planteados
por el vencedor y que fueron rechazados o no considerados por la decisión en grado (TSCórdoba, sala civ. y
com., 3-6-97, Rep.L.L. 1997-2246, n° 31, y LLC 1997-870).
Las defensas invocadas originariamente por la parte apelada y mantenidas en la litis deben ser tratadas por
el tribunal que revisa la sentencia, pues de lo contrario se perjudicaría a quien triunfa en la instancia de mérito,
que no puede recurrir un pronunciamiento que lo favorece (CJSalta, 5-2-98, Rep.L.L. 1999-2168, n° 101, y LL NOA, 1999-335).
Cuando en su expresión de agravios, el apelante ataca la totalidad de lo resuelto en la anterior instancia,
peticionando la completa revocación del fallo, es resorte del tribunal de alzada conocer respecto de todas las
argumentaciones esgrimidas por las partes, hayan o no sido tratadas por el sentenciante de grado, asumiendo así
la jurisdicción en plenitud. Es que, en tales términos, el efecto de la apelación importa la sumisión integral del
proceso a la Cámara, quien conoce ex novo sobre todas las cuestiones controvertidas con poderes idénticos, en
su extensión y contenido, a los del juez de grado (CNCiv., Sala H, 19-2-96, L.L. 1998-D-918, J. Agrup. caso
12.942).
Quien resulta vencedor de un juicio no puede recurrir del fallo ya que como el interés es la medida de la
acción, el agravio lo es del recurso, no obstante en caso de que el vencido se alce contra el mismo, todas las
defensas esgrimidas por aquél quedan planteadas al órgano ad quem (CCivCom Morón, sala II, 30-3-95,
Rep.L.L. 1996-1942, n°5, y LLBA 1996-295; íd., ïd., 31-8-99, Rep.L.L. 2000-2117, n° 100, y LLBA, 2000-1259).
Cuando el tribunal de alzada revoca la decisión de primera instancia debe resolver directamente, es decir
que no debe devolver la causa al juez de origen para que se pronuncie sobre argumentos no analizados en la
sentencia recurrida, todos los temas que integran la relación procesal: es lo que se conoce con el nombre de
"apelación implícita", aunque -en rigor- no se debería considerar "recurso", ya que no hay expresión de
voluntad en tal sentido por parte de los litigantes, sino el ejercicio de un deber impuesto por la ley al tribunal
revisor. No se considera violado el principio de tantum devolutum quantum apellatum que restringe la
actuación de alzada a los únicos temas que hayan sido materia de agravio, por la circunstancia de tratar
aspectos del decisorio apelado que no fueron incluidos en la memoria del recurrente, ya que aquellas defensas,
argumentos o motivos alegados por el vencedor en primera instancia que fueron rechazados o no considerados
por el a quo quedan -mediante el recurso concedido al vencido- implícitamente sometidas al conocimiento del tribunal de segundo grado (C1°CivCom Mar del Plata, Sala II, 7-9-99, L.L. 2000-B-891, J. Agrup. caso 14.954;
E.D. 187-518, y LLBA, 2000-51).
La existencia de cuestones litigiosas planteadas y no decididas en primera instancia faculta a la Cámara de
Apelaciones para expedirse directamente sobre ellas, ya que la concesión del recurso de apelación le somete a
su conocimiento todo el material litigioso (CNFedCivCom., sala II, 7-6-2000, L.L. 2001-B-860, J. Agrup. caso
15.554). 14 El hecho de que el vencedor en primera instancia no haya reiterado una defensa ante la alzada no obsta su
tratamiento en caso de que la Cámara de apelaciones decida dejar sin efecto la sentencia de grado, ya que al no
haber podido atacar el fallo que le había sido favorable, no corresponde interpretar el silencio como un
abandono de las alegaciones invocadas con anterioridad, máxime cuando la intención de renunciar no se
presume (CSJN, 28-9-04, B. de K.S., G.H. vs. Guevara, Juan", L.L. 2005-A-712).
conocimiento, ello es siempre dentro de los límites que marcan la apelación y los agravios15
.
Por lo tanto, si se apela de la totalidad de la sentencia en grado, todas las cuestiones que han
sido materia del litigio pasan al tribunal ad quem con la misma extensión y amplitud con que
fueron sometidas al magistrado de grado16
. Y si se apela solamente de una parte de la
sentencia, o si habiéndose apelado de la totalidad sólo se expresa agravios con relación a una
parte de ella, el tribunal de apelaciones tiene la amplitud de conocimiento para revisar
únicamente lo que ha sido materia de apelación o de agravio.
b) Es un recurso que debe ser resuelto por un tribunal de grado distinto del que
dictó la resolución recurrida
Hay recursos en que el mismo juez que dictó la resolución impugnada es el
competente para conocer del mismo (p. ej., el recurso de reposición). Y hay otros recursos en
que el que tiene competencia para resolverlos es un tribunal de grado superior. El recurso de
apelación es un recurso que debe ser resuelto por un tribunal distinto y de grado superior al
que emitió la resolución recurrida17
, que se lo suele denominar como tribunal de alzada, y
es, por lo tanto, el que debe dictar la sentencia de segunda instancia.
c) El recurso de apelación es una vía de revisión de la resolución recurrida
Han existido dos formas de concebir al recurso de apelación.
15 Los tribunales de alzada no pueden exceder la jurisdicción que acuerdan los recursos concedidos ante
ellos, pues si prescinden de esa limitación y resuelven cuestiones ajenas a las pretendidas por las partes, se
afectan la garantía constitucional de la defensa en juicio (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace
suyo) (CSJN, 13.12.2001, "Mazza, Angel", Rep.L.L. 2002-1728, n° 28, y DJ 2002-I-665). El tribunal de apelación no puede pronunciarse en torno a aquellas cuestiones decididas en primera
instancia, respecto de las cuales no ha mediado recurso, pues dicha decisión sería incongruente y viciada, por
tanto, de arbitrariedad (CNCiv., Sala A, 3-3-97, L.L. 1997-B-807, 39.412-S).
La jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos
concedidos, los cuales determinan el ámbito de la competencia decisoria. La transgresión de tales topes
significa una lesión al derecho constitucional de defensa en juicio (STFormosa, 18-6-96, Rep.L.L. 1997-2249,
n° 69, y LL Litoral, 1997-464).
No corresponde a los tribunales de apelación exceder la jurisdicción devuelta que le acuerdan los recursos
concedidos por ante ellos, pues sus facultades quedan enmarcadas dentro de las dos grandes vertientes que
ofrecen por un lado el postulado de congruencia y, por el otro, el sistema dispositivo (CNFed.CivCom., Sala II,
30-3-99, L.L. 1999-D-823, J. Agrup., caso 14.174). 16 Si el apelante del fallo de primera instancia impugnó en sus agravios la totalidad de lo resuelto en él,
revirtió a la Cámara la plenitud de su jurisdicción (CSJN, 4-8-77, L.L. 1978-A-204).
Cuando en su expresión de agravios, el apelante ataca la totalidad de lo resuelto en la anterior instancia,
peticionando la revocación del fallo, el efecto de la apelación importa la sumisión integral del proceso a la
Cámara, quien conoce ex novo sobre todas las cuestiones controvertidas, con poderes idénticos, en su extensión
y contenido, a los del juez en grado (CNCiv., Sala H, 29-2-96, L.L. 1998-D-918, J. Agrup., caso 12.942).
Cuando la sentencia favorable a una de las partes es apelada por la otra, todas las cuestiones que han sido
materia del litigio pasan al tribunal ad quem con la misma extensión y amplitud con que fueron sometidas al
magistrado de grado (CCivCom Quilmes, sala II, 15-3-99, Rep.L.L. 1999-2165, n° 74, y LLBA 1999-613). 17 IBÁÑEZ FROCHAM, Manuel: “Tratado de los recursos en el proceso civil”, Buenos Aires, La Ley,
1969, págs. 53-54.
c-1) El sistema amplio o de “renovación del proceso” considera a la apelación como
un nuevo juicio (novum iudicium), en cuanto se permite en el procedimiento del recurso la
interposición de nuevas pretensiones, defensas y pruebas.
c-2) El sistema restringido, por el contrario, no permite introducir en el
procedimiento recursivo el planteo de nuevas pretensiones, defensas, ni producir pruebas; es
decir, no permite la renovación plena del debate sino que el tribunal de apelación se limita a
la “revisión de la sentencia” dada por el juez de primera instancia sobre las pretensiones y
defensas planteadas por las partes en los escritos introductorios, basándose en el mismo
material de conocimiento con que contaba el juez en grado18
.
c-3) El recurso de apelación, tal como lo conciben los ordenamientos procesales
argentinos, adopta el sistema de revisión de lo decidido por el juez de primera instancia19
;
pero con algunas concesiones al sistema de renovación del proceso en cuanto en
determinados y excepcionales casos se permite en el trámite de la apelación libre la
alegación de hechos nuevos y la producción de determinadas pruebas (arts. 260 y cc.
CPCCN) -no en la apelación en relación (art. 275)-20
.
18 REIMUNDÍN, Ricardo: “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Editorial Viracocha, 1956, tomo II,
pág. 80. 19 No es admisible que en la alzada se decida dejando de lado el contenido de la relación procesal, tal como
ha sido trabada en los escritos constitutivos del proceso por ser ello coherente con la naturaleza jurídica de la
apelación, la cual no configura un nuevo juicio en el que puedan admitirse planteos diversos a los que
originalmente fueron debatidos en primera instancia. (CNCom., Sala C, 22-6-93, L.L. 1994-C-103, DJ 1994-I-
567, y E.D. 157-165; CFed.Córdoba, Sala B, 7-5-97, Rep.L.L. 1997-2250, n° 73, y LLC 1997-1061).
El tribunal de alzada, en principio, no puede pronunciarse sobre capítulos no propuestos al juez de primera
instancia, pues nuestro ordenamiento procesal está organizado para impedir que la segunda instancia se
convierta en un nuevo juicio (CNCiv., Sala E, 12-3-98, L.L. 1999-A-174, y DJ 1999-I-377). El tribunal de alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se encuentra limitado a tratar sólo aquéllo que fue
materia de conocimiento en primera instancia (CNCiv., Sala F, 15-2-99, L.L. 2000-A-608, J.Agrup., caso
14.719; Id. Id., 6-9-2000, E.D. 196-49).
El recurso de apelación no implica una pretensión distinta o autónoma con respecto a la pretensión
originaria, sino una eventual derivación de ésta que constituye el objeto del proceso y a la que no puede
modificar sus elementos (CNCiv., Sala J, 25-10-99, L.L. 2000-A-607, J. Agrup. caso 14.715).
La competencia en la alzada sólo se abre para la revisión de la justicia y acierto del decisorio, y no para el
dictado de un pronunciamiento ex novo, por lo cual es menester destruir la convicción que emerge de la
motivación de la sentencia de primera instancia (C8°CivCom Córdoba, 9-2-98, Rep.L.L. 1998-2163, n° 67, y
LLC 1998-728).
Como la apelación no configura un nuevo juicio, el tribunal ad quem sólo puede emitir pronunciamiento válido respecto a las cuestiones involucradas en la pretensión de la actora y en las oposiciones de la demandada
(C4°Civ.Com.Minas, Paz y Tributario, Mendoza, 10-7-97, L.L. 1998-D-490).
La segunda instancia es un medio de revisión del pronunciamiento emitido por el inferior y de los capítulos
litigiosos propuestos al mismo, y no una renovación plena del debate; por lo que deben excluirse los temas no
incorporados en los escritos de constitución del proceso, no pudiendo ser incorporados en la expresión de
agravios (CCivCom. y Minería San Juan, sala II, 27-7-98, Rep.L.L. 1999-2166, n° 79, y LL Gran Cuyo 1999-
810). 20 Uno de los límites impuestos por el ordenamiento ritual al Tribunal de Alzada es el relativo a que las
cuestiones que no fueron propuestas al a quo no pueden serlo en segunda instancia, con excepción de los
hechos nuevos y documentos de acuerdo con los arts. 260, 277 y cc. del cód. procesal (CNCiv., Sala L, 6-3-
2002, E.D. 200-353).
En estos ordenamientos, entonces, la sentencia de segunda instancia, y como
principio, debe limitarse a revisar lo decidido por el juez en grado con relación a las
pretensiones y defensas opuestas en la instancia anterior21
; y en tal cometido debe basarse en
las probanzas allí aportadas, aunque también debe valorar los hechos y pruebas que se
hicieron valer en el trámite de la apelación de conformidad a los arts. 260 y cc. del CPCCN.
Aparte de ello, debe también resolver sobre intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones
derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia (art. 277 del mismo
Código)22
, e igualmente sobre los puntos omitidos en la sentencia de grado anterior (art.
Algo similar ocurre en el Derecho español: Cortés Domínguez, Gimeno Sendra y Moreno Catena señalan
que cuando se habla de doble instancia se está haciendo referencia a un sistema procesal organizado de tal
modo que la cuestión es susceptible de dos exámenes sucesivos, de una doble decisión sobre el tema de fondo,
sobre el objeto del proceso y del debate planteado, por parte de dos órganos judiciales distintos, de modo que la
decisión de segunda instancia prevalece en definitiva sobre la primera; se trata de un sistema de apelación
limitada en que el tribunal superior debe basar su examen en los mismos materiales de que dispuso el juez
inferior, sin que las partes puedan introducir nuevos hechos y pruebas más que por excepciones legalmente
tasadas; el recurso, entonces, da lugar simplemente a una revisión de la primera instancia, no siendo su
finalidad sustanciar un nuevo proceso, un segundo o nuevo juicio, sino controlar la legalidad de la primera
sentencia, atendidos los materiales con los que contó el juez, como una continuación del primer juicio (Cortés
Domínguez, Valentín; Gimeno Sendra, Vicente y Moreno Catena, Víctor: "Derecho Procesal Civil. Parte General”, Madrid, Colex, 2003, pág.383/385).
21 En tanto la jurisdicción de la alzada está circunscripta en la medida del recurso, sólo está habilitada para
entender en la materia correspondiente siempre que hubiere sido propuesta a la decisión del juez de primera
instancia. Esta derivación del principio dispositivo que prohibe a los jueces pronunciarse sobre puntos que no
hubieren sido objeto de la controversia, encuentra expresa consagración en la norma del art. 277 del Cód.
Procesal (CNCiv., Sala A, 29-3-89, L.L. 1989-D-537).
Resulta inadmisible la introducción por vía del recurso de apelación, de pretensiones o defensas ajenas a las
que fueron objeto de debate en la instancia precedente (CNCiv., Sala F, 8-7-88, L.L. 1989-C-379; Id., Sala A,
12-6-96, L.L. 1996-E-653, 39.027-S; Id., Sala E, 11-9-92, L.L. 1993-D-47 CNFed.Cont.adm., sala IV, 7-12-
90, L.L. 1991-C-133, y DJ 1991-2-259).
Los hechos no sometidos a la decisión del juez de primera instancia, no pueden ser tratados por la alzada
(art. 277 Cód. Procesal) (CNTrab., sala X, Rep.L.L. 2002-1807, n°60, y DT 2001-B-1172). No resulta viable que en la instancia revisora se plantee el análisis de una cuestión que no fue propuesta en
la demanda y que, por ende, no integró la litis, dado que ello importaría vulnerar el principio de congruencia
que debe regir el procedimiento (arts. 163 inc. 6 y 277 Cód. Proc.) (CNTrab., sala I, 21-4-97, Rep.L.L.1998-
2164, n° 74, y DT 1998-A-53; CNFed.Civ. y Com., sala II, 10-8-2000, L.L. 2001-B-650; CNCiv., Sala E, 1-7-
03, Rep.L.L. 2003-1797, n° 36, y DJ 2003-3-460).
El tribunal ad quem carece de atribución para resolver sobre ningún capítulo, que no hubiese sido propuesto
a decisión del inferior y para establecer este límite debe recurrirse a los escritos que comprenden la pretensión y
la oposición, en cuanto estos con forman la relación procesal -sujeto, causa, objeto- delimitando el marco
decisorio (CCivCom Azul, 17-4-97, Rep.L.L. 1998-2164, n° 75, y DJBA, 154-3499).
22 De conformidad al art. 277 del CPCCN, el tribunal de alzada no podrá fallar sobre capítulos no
propuestos a la decisión del juez de 1° Instancia, porque el principio de congruencia limita tanto la sentencia de primera como la de segunda instancia. La regla general es coherente con la naturaleza de la apelación, que no
configura un nuevo juicio en el que, como tal, sea admisible la deducción de pretensiones u oposiciones ajenas
a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente. Pero este principio reconoce algunas excepciones,
como es el caso de los hechos nuevos (CFed.Córdoba, Sala B, 7-5-97, Rep.L.L. 1997-2250, n° 73, y LLC
1997-1061).
No es admisible que en la alzada se decida dejando de lado el contenido de la relación procesal, tal como ha
sido trabada en los escritos constitutivos del proceso por ser ello coherente con la naturaleza jurídica de la
apelación, la cual no configura un nuevo juicio en el que puedan admitirse planteos diversos a los que
originalmente fueron debatidos en primera instancia. Asimismo, la transgresión a lo preceptuado por el art. 277
del Cód. Procesal puede implicar lesión al derecho constitucional de defensa en juicio (CNCom., Sala C, 22-6-
93, L.L. 1994-C-103, DJ 1994-I-567, y E.D. 157-165).
278), aspectos éstos últimos sobre los que no hace una revisión -porque no ha existido
pronunciamiento del juez en grado- sino que decide en primera instancia23
.
d) Es un recurso positivo
Los recursos “positivos” son aquellos en que el tribunal de alzada debe dictar un
nuevo pronunciamiento sobre los aspectos apelados (iudicium rescissorium), y en tal sentido
puede confirmar, revocar o modificar lo decidido por el juez de la instancia anterior.
Los recursos “negativos”, en cambio, son aquellos en donde el tribunal se limita a
dejar sin efecto la sentencia impugnada y dispone el reenvío de la causa para que se dicte
nuevo fallo (iudicium residens)24
.
El recurso de apelación es un recurso positivo, y por lo tanto, el tribunal de alzada
debe pronunciarse en su sentencia sobre todas las cuestiones de fondo; y no puede reenviar
la causa debidamente sustanciada en la instancia anterior para que sea allí fallada
nuevamente25
. En consecuencia, según el resultado a que arribe el tribunal, la sentencia de
segunda instancia que dicte puede confirmar, revocar o modificar total o parcialmente la
resolución de primera instancia en aquello que ha sido objeto de apelación26
.
LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y EL PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA
La doble limitación del tribunal de alzada
23 Sobre el tema, ver ASPELICUETA, Juan J: “Los poderes-deberes de la alzada ante la revocación de una
defensa de fondo (reenvío o competencia plena”, E.D. 157-155.
24 FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Buenos
Aires, Astrea, tomo 2, 1988, pág. 252; GOZAÍNI, Osvaldo A.: “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Ediar, t. I, vol. II, 1992, pág. 777; de los SANTOS, Mabel: “Una desviación práctica de los recursos ordinarios de
apelación y nulidad: el reenvío”, J.A. 1999-III-1104.
25 SC Buenos Aires, 2-11-93, Rep.L.L. 1993-1421, nº 32; DJBA, 145-7735, y E.D- 157-155.
Cuando un tribunal de alzada revoca la decisión de primera instancia debe resolver directamente, es decir
que no debe devolver la causa al juez de origen para que se pronuncie sobre las otras defensas o argumentos no
analizados en la sentencia recurrida, sino que el tribunal ad quem debe resolver todos los temas que integran la
relación procesal: es lo que se conoce con el nombre de "apelación implícita", aunque -en rigor- no se debería
considerar "recurso", ya que no hay expresión de voluntad en tal sentido por parte de los litigantes, sino el
ejercicio de un deber impuesto por la ley al tribunal revisor (C1°CivCom Mar del Plata, sala II, 7-9-99, L.L.
2000-B-891, J. Agrup., caso 14.951; LLBA, 2000-51, y E.D. 187-520).
El tribunal de alzada debe resolver -en ejercicio de su potestad plena- todos los temas que integran la relación procesal, por lo que no debe acudir al reenvío de la causa al juez a quo a tales fines, en tanto la
garantía de la doble instancia no exige la existencia de dos resoluciones sino tan sólo que el capítulo resuelto
haya sido propuesto en ambas instancias (CCivComLaboral y Paz Letrada Curuzú Cuatiá, 6-6-97, Rep.L.L.
1998-2163, n° 62, y LL Litoral 1998-I-318).
26 COUTURE, Eduardo J.: “Fundamentos del derecho procesal civil”, Buenos Aires, Depalma, 1993, págs.
366-367.
La alzada tiene amplios poderes sobre el objeto litigioso, pues juzga sobre los hechos y el derecho tal como
el a quo, de suerte que puede confirmar, reformar en todo o en parte, o sustituir la sentencia recurrida,
soluciones a las que se arriba a través de motivos propios o que concuerden con los del pronunciamiento en
revisión, bien que siempre ajustándose al deber de fundar, es decir, de expresar y exponer razonadamente los
sustentos de la resolución que expida (CNCiv., Sala C, 11-5-2004, E.D. 208-80).
En nuestro sistema procesal, el ámbito de conocimiento del tribunal de apelación
tiene un doble orden de limitaciones: a) en primer lugar, el tribunal de alzada está limitado
por las pretensiones y defensas planteadas en los escritos introductorios del proceso27
; b) y
en segundo lugar, y siempre dentro del marco de las pretensiones planteadas en primera
instancia, el tribunal de alzada está limitado por el alcance que las partes han dado a los
recursos de apelación, tanto al interponerlos como al expresar los agravios28
.
Tales limitaciones marcan el ámbito con relación al cual debe pronunciarse el
tribunal de alzada con motivo de los recursos interpuestos. Y, para no conculcar el principio
de congruencia, la sentencia de segunda instancia debe respetar tales límites: no puede
excederlos29
, ni dejar de pronunciarse sobre alguno de los puntos que llegaron a su
conocimiento en virtud de la apelación, y tampoco puede pronunciarse sobre una cuestión
distinta a las planteadas por las partes30
El principio de congruencia
Jaime Guasp, define al Principio de Congruencia" como "la conformidad que debe
existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso,
más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto"31
. Peyrano, a su vez,
considera a la congruencia como "la exigencia de que medie identidad entre la materia,
partes y hechos de una litis incidental o sustantiva y lo resuelto por la decisión jurisdiccional
que la dirima"32
. Es decir, la observancia de la regla de congruencia requiere una rigurosa
"conformidad entre la sentencia (definitiva o interlocutoria) y los sujetos, el objeto y la causa
27 El tribunal de alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se encuentra limitado a poder tratar sólo aquello
que fue materia de conocimiento en la primera instancia; es decir que existe un límite máximo, determinado por
los capítulos propuestos a la decisión del juez (CNCiv., Sala F, 6-9-2000, E.D. 196-49). 28 SC Buenos Aires, 3-7-80, E.D. 90-745; Id., 10-10-78, Rep.E.D. 13-752, n° 44; CApel.Civ.Com. Mar del
Plata, Sala II, 26-5-2005, E.D. 216-438. 29 Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario cuando la alzada excedió el límite de su competencia
apelada con menoscabo de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y de la propiedad, aún dejando
a salvo que, en principio, las cuestiones de índole procesal son ajenas a la instancia del artículo 14 de la ley 48
(CSJN, 9-12-2009, “Kruzic, Adriana Leonor vs. Air Plus Argentina”, Fallos 332:2698, con cita de Fallos:
321:2998; 330:1849, entre muchos otros. En igual sentido, CSJN, 27-11-2007, “Abrego, Jorge Edgardo vs.
Encotel, cita La Ley Online AR/JUR/7779/ 2007) 30 Es descalificable el fallo que, cambiando los términos del litigio adopta una solución que resulta extraña
al conflicto efectivamente sometido a la jurisdicción, con mengua del debido proceso (CSJN, 29-9-2009,
“Malizia vda. de Cecchini, Norma, vs. La Buenos Aires New York Life Seguros de Vida”, Fallos 332:2146).
31 GUASP, Jaime: "Derecho Procesal Civil", Madrid, Instituto de Estudios Políticos, tomo I, 1968, pág.
517; conf. PALACIO, Lino Enrique: "Derecho Procesal Civil", Bs. As., Abeledo-Perrot, tomo V, 1975, tomo I,
1987, pág. 561; DÍAZ, Clemente: "Instituciones de Derecho Procesal", Jurisdicción y Competencia, tomo II-A,
Bs. As., Abeledo Perrot, 1972, pág. 228/229.
32 PEYRANO, Jorge Walter: "El Proceso Civil", Bs. As., Astrea, 1978, pág. 64. Conf. DE LOS SANTOS,
Mabel: "Los Hechos en el Proceso y la Flexibilización del Principio de Congruencia", en la obra colectiva "Los
Hechos en el Proceso Civil", Director Augusto M. Morello, La Ley, 2003, pág. 59 y ss., específicamente
pág.63.
que individualizan a la pretensión y a la oposición o en su caso, a la demanda incidental y a
su contestación"33
.
La jurisprudencia, a su vez, ha señalado que se entiende por congruencia la
conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que
constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese
objeto, de modo entonces que se exige una rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos,
objeto y la causa que individualizan a la pretensión y a la oposición34
. La conformidad entre
la sentencia y la demanda en cuanto a las personas el objeto y la causa es ineludible
exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio relativos a la bilateralidad,
igualdad y equilibrio procesal35
.
Morello, precisa que "la congruencia se concreta en definitiva en una comparación
entre dos vértices: las pretensiones de las partes y la resolución del juzgador. Para
comprender cabalmente al primero de ellos no hace falta identificarlo con los conceptos de
demanda, de pretensión o de acción. Tales expresiones en su ajustada manifestación litigiosa
33 PALACIO, Lino E. y ALVARADO VELLOSO, Adolfo: "Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación", Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo 2, 1988, pág. 114.
La pretensión que constituye el contenido concreto del derecho de acción, y que en el ámbito civil se
cristaliza en la demanda (principal o incidental) contiene tres elementos fundamentales: sujetos, objeto y causa
petendi. Ellos fijan los límites a los que debe ceñirse el tribunal para respetar la regla de congruencia
(FERNÁNDEZ, Raúl E.: "La sentencia como órgano del control social del derecho en el pensamiento de
Alfredo Poviña (especial referencia al principio de congruencia)", en la obra colectiva "Alfredo Poviña (in
memorial", Director Olsen A. Ghirardi, Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba, Instituto de Filosofía del Derecho, 2004, págs.79 y ss., específicamente pág. 87).
La Congruencia debe verificarse en tres planos:los sujetos del proceso, los hechos y el objeto del juicio (la
pretensión o pretensiones deducidas (DE LOS SANTOS, Mabel: "Los Hechos en el Proceso y la
Flexibilización del Principio de Congruencia", en la obra colectiva "Los Hechos en el Proceso Civil", Director Augusto M. Morello, La Ley, 2003, pág. 59 y ss., específicamente pág.63).
34 CNCiv., Sala A, 13-12-76, E.D. 73-234; Id. Id., 3-12-81, L.L. 1982-B-44; Id., Sala B, 17-11-81, E.D. 98-
362; Id. Id., 29-4-77, L.L. 1977-C-492, y E.D. 74-406; Id. Id., 19-4-82, J.A. 1984-IV-304; Id., Sala C, 9-10-78,
E.D. 84-384; Id. Id., 31-12-78, L.L. 1979-A-576, caso 3552; Id., Sala D, 10-8-71, J.A. 1972-13-317, y L.L.
151-650, 30.420-S; Id., Sala G, 24-12-85, L.L. 1986-B-15; Id. Sala F, 23-6-82, E.D. 121- 670, 867-SJ;
CNCom., Sala A, 11-9-81, E.D. 96-529; Id., Sala B, 5-8-66, L.L. 124-487, y J.A. 1966-IV-635.
Respetar el postulado de la congruencia no significa atenerse exclusivamente a los términos de la
pretensión, porque el thema decidendum se integra no sólo con la pretensión o pretensiones que constituyen el
objeto del proceso, sino también con la oposición u oposiciones que perfilan ese objeto (ST La Pampa, Sala A,
8-5-2008, L.L. Patagonia, 2008-455, y Rep.L.L. 2008-1360, nº 22).
35 CJBuenos Aires., 13-7-71, E.D. 41-778. Conf. FENOCHIETTO, Carlos y ARAZI, Roland: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Bs. As., Astrea, tomo I, 1993, pág. 139 y nota 30.
La sentencia debe ajustarse a los términos de la demanda en cuanto a las personas, al objeto y la causa, y a
los jueces les está vedado apartarse de los términos de la relación procesal pronunciándose sobre cosas no
pedidas (CNCiv., Sala D, 22-6-72, E.D. 47-175; Id. Id., 7-10-71, E.D. 40-652).
Si bien en virtud del aforismo iura novit curia, el juez puede y debe corregir cualquier error de las partes en
la calificación de la acción o la excepción o en el derecho invocado, no puede pronunciarse sobre cosas no
pedidas o planteadas por ellas en los escritos de demanda o contestación (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° cód.
procesal). Entre la demanda y el fallo debe necesariamente existir correspondencia en cuanto a las personas, el
objeto y la causa (CNCiv., Sala D, 18-9-70, E.D. 38-271. Conf CNCom., Sala D, 28-8-09, “Bailo Cooperativa
de Vivienda vs. Minera Fame S.A.”, La Ley Online, AR/JUR/13005/2008. Ver también Diéguez, Jorge
Alberto: “Principio de Congruencia, L.L. revista del 2-2-2011, nº 10).
deben ser tomadas en un sentido amplio, comprensivo de la pretensión propiamente dicha,
en la línea explicitada por Carnelutti, Guasp y Palacio, es decir comprensiva de la oposición
del demandado. Lo que se visualiza como punto de arranque para arribar a la exteriorización
más aprehensible de este fenómeno, son las posiciones adoptadas por las partes en sus
escritos postulatorios o de alegación en tanto éstos vinculan al juez en una forma total. Y así
lo sostenemos, porque el juzgador debe resolver o expedirse sobre todas ellas dentro de los
lindes máximo y mínimo de la pretensión y de las peticiones de la actora y de la oposición
latu sensu del demandado, en el modo y forma en que han sido formuladas y han quedado
fijadas; además, no puede decidir posiciones diversas"36
.
El Principio de Congruencia es una manifestación o expresión del "Principio
Dispositivo" en sentido material37
que reconoce fundamento en la garantía de la
inviolabilidad de la propiedad38
. Pero sus prescripciones se dirigen al órgano jurisdiccional,
advirtiéndole, justamente, que no puede avanzar sobre el poder de disposición de las
partes39
, procurando de tal manera evitar cualquier eventual exceso de autoridad de oficio40
.
Es decir, la congruencia mira a la actividad de la Jurisdicción, al acto de resolver41
; sus
prescripciones se dirigen, entonces, al órgano jurisdiccional42
.
El Principio de Congruencia tiene también relación con la garantía de la
inviolabilidad de la defensa en juicio: tal garantía es un postulado necesario que también se
36 MORELLO, Augusto M.: "Prueba, Incongruencia, Defensa en Juicio", Bs. As., Abeledo-Perrot, 1977,
pág. 37/38.
37 El principio de congruencia es una proyección del principio dispositivo exigiendo que la sentencia
definitiva se refiera estrictamente al objeto procesal planteado como pretensión de las partes; por lo cual, sólo
éstas podrán quedar alcanzadas por el pronunciamiento; y los hechos referidos serán, únicamente, los alegados por las partes (GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo: “El principio de Congruencia frente al Principio Dispositivo”, L.L.
2007-C-1308, específicamente pág.1324).
El principio de congruencia, constituye la columna vertebral del dispositivismo del proceso, en la medida en
que liga al juez a las pretensiones que se debaten en aquél (CNCiv., Sala F, 6-9-2000, E.D. 196-49).
38 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que afectan las garantías
constitucionales reconocidas por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional los pronunciamientos judiciales
que acuerdan derechos que exceden el límite cuantitativo fijado en la demanda (CNCiv., Sala G, 28-9-07, E.D.
227-37, en donde se citan los fallos de la CSJN de Fallos 311:2019; 317:1333: 327:3560).
El carácter constitucional del principio de congruencia, como expresión de la defensa en juicio y del
derecho de propiedad, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a
proteger los derechos y no a perjudicarlos. El principio de congruencia se sustenta en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (CSJN, 25-2-92, "Ferreyra, Andrea vs. Ulloa, Carlos", E.D. 148-463; Id., 13-10-94,
“Concencioca, Juan M. vs. Municipalidad de Bs. As.”, Fallos 317-1313, y L.L. 1995-B-316).
La sentencia en el proceso civil no puede exceder lo reclamado en la demanda, so pena de lesionar las
garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio (CNCiv., Sala E, 28-9-76, E.D. 73-175).
39 LOUTAYF RANEA, Roberto G.: "Principio Dispositivo", en Revista de Estudios Procesales, editada
por el Centro de Estudios Procesales de Rosario, n° 12, junio de 1972.
40 PEYRANO, Jorge W.: "El Proceso Civil", Bs. As., Astrea, 1978, pág. 64. 41 DEVIS ECHANDÍA, Hernando: "Nociones Generales de Derecho Procesal Civil", Madrid, Aguilar,
1966, pág. 540. 42 LOUTAYF RANEA, Roberto G.: "Principio Dispositivo", en Revista de Estudios Procesales, editada por
el Centro de Estudios Procesales de Rosario, n° 12, junio de 1972
ha reconocido a los individuos para procurar un adecuado ejercicio de la función
jurisdiccional que ha asumido el Estado. Si al organizarse el mismo se ha prohibido la
justicia por mano propia, y el Estado ha asumido el deber de otorgarla (Jurisdicción) y se ha
reconocido y concedido a las personas la posibilidad de solicitarla (derecho de acción),
frente a un caso concreto en que una persona solicita al Estado la protección jurisdiccional
(pretensión procesal), el juez (órgano estatal a quien se le ha atribuido la función de juzgar)
tiene el deber de dar adecuada respuesta a ese reclamo, dentro del marco de los hechos y
peticiones de las partes, para no incurrir en denegación o exceso de justicia, tan malo una
como otra cosa, y que implican afectación de la defensa en juicio43
.
El principio de congruencia, entonces, tal como ya se señaló, se refiere a la
conformidad que debe guardar la sentencia con las pretensiones y oposiciones de las partes44
.
Consecuentemente, alude a la adecuación de la decisión con: a) los pedimentos de las partes;
b) los sujetos que participan en el litigio45
; y c) los hechos alegados por las partes como
fundamento de sus respectivas posiciones46
, que constituyen elementos o circunstancias
propias de las pretensiones y oposiciones47
. Esta conformidad no implica identidad, sino que
en la tarea de juzgar el órgano encargado de hacerlo debe dar respuesta a todos los
pedimentos, respecto a todos los sujetos involucrados, y tomando en cuenta los hechos
oportunamente invocados por las partes.
43 La vigencia real de la garantía constitucional de defensa en juicio reclama el acatamiento del denominado
principio de congruencia o correspondencia (CSJN, 18-11-2008, “Minelli, Carina Silvana vs. Federico, Horacio
Héctor”, Fallos 331:2578).
Es evidente la íntima vinculación entre la congruencia y la garantía de la defensa en juicio (art. 18 C.N.)
habida cuenta que si no se respetaran los términos de la pretensión, excediendo su objeto, involucrando en la litis a quien no ha sido parte o introduciendo hechos que no han sido materia de debate (y defensa) podría
conculcarse la referida garantía tan cara al debido proceso adjetivo (DE LOS SANTOS, Mabel: "Los Hechos
en el Proceso y la Flexibilización del Principio de Congruencia", en la obra colectiva "Los Hechos en el
Proceso Civil", Director Augusto M. Morello, La Ley, 2003, pág. 59 y ss., específicamente pág. 63). 44 ST La Pampa, Sala A, 8-5-2008, L.L. Patagonia, 2008-455, y Rep.L.L. 2008-1360, nº 22. 45 En virtud del principio de congruencia la sentencia sólo puede y debe referirse a las partes en juicio
(CSJN, 11-6-98, “Civilotti, Julio Omar vs. Vega, Juan M.”, Rep.E.D. 33-947, nº 7
Corresponde anular la sentencia que rechazó una acción de daños y perjuicios deducida por dos
damnificados del mismo accidente, pues el fallo en crisis, en su parte dispositiva, se ha circunscripto a
desestimar la acción promovida por uno de los accionantes, omitiendo toda referencia respecto de la demanda
incoada por el otro (CCiv.Com. Quilmes, Sala II, 15-9-2008, L.L. Buenos Aires 2009-114, y Rep.L.L. 2009-1078, nº 6).
Es nula la sentencia que decide en favor o en contra de quien no ha intervenido en la relación procesal
(CNCiv., Sala D, 9-2-68, E.D. 22-828). 46 Establecidos claramente los hechos de la causa, asentada correctamente la base fáctica del reclamo, el
encuadramiento del actor en una u otra vertiente de responsabilidad (contractual o extracontractual) y su
reconducción o reencuadramiento por el juez a la otra, no afecta los derechos del demandado, ni le impide
defenderse adecuadamente, menos aún cuando se ha reencauzado la responsabilidad extracontractual hacia la
contractual (CApel. Trelew, voto del doctor López Mesa, 26-3-2009, L.L. Patagonia 2009-1001, y Rep.L.L.
2009-1079, nº 10). 47 La congruencia debe darse en el triple orden de los sujetos, del objeto y de la causa petendi (GOZAÍNI,
Osvaldo Alfredo: "El principio de congruencia", L.L. 1996-E-606, ap. II).
Hay determinados supuestos en que se permite una flexibilización del principio de
congruencia. Así, por ejemplo, en el ámbito de las medidas cautelares (art. 204 CPCCN), en
materia laboral (art. 56 de la ley 18.345 de Organización y procedimiento de la Justicia
Nacional del Trabajo), en reclamos de daños y perjuicios (cuando se solicita una
determinada suma con la aclaración de “lo que en más o en menos surja de la prueba”)48
, etc.
En el XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal realizado en la ciudad de Santa Fe
durante los días 8, 9 y 10 de junio del año 2011, se han señalado como conclusiones
medulares, entre otras, que “Los principios se mantienen inalterables en su esencia, como
generadores de un proceso justo, pero en su operatividad se produce un deslizamiento que
altera su escala jerárquica y genera el nacimiento de nuevos principios o derivaciones con
miradas optimizantes de los mismos”; y específicamente que la “flexibilización del principio
de congruencia es admisible como excepción cuando la ley lo permita, sin alterar el derecho
de defensa de las partes, garantizando una tutela judicial efectiva”.
Y en cuanto a las pruebas, si bien debe existir igualmente adecuación de la decisión
judicial con el resultado de las pruebas producidas como exigencia de la garantía de la
defensa en juicio, tal adecuación no hace propiamente a la congruencia por cuanto las
pruebas constituyen elementos que el juzgador debe valorar para concluir si se han
acreditado o no los hechos invocados por las partes como fundamentos de sus respectivas
pretensiones y oposiciones, pero no son elementos de estas últimas, que es con las que la
sentencia debe guardar conformidad en virtud del principio de congruencia.
La sentencia de segunda instancia y la congruencia
En el recurso de apelación el Principio de Congruencia está señalado por el aforismo
latino "tantum devolutum quantum appellatum". El Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación alude a este principio en el art. 271 cuando en su última parte dice que en la
sentencia "se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del
juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios". Un texto similar contiene
48 Si la suma reclamada en la demanda lo fue con la salvedad de “lo que en más o en menos resulte en
definitiva de la prueba”, la condena impuesta en el fallo puede exceder el monto de la reclamación, sino que
ello signifique decidir más allá de lo pedido, teniendo en cuenta las circunstancias del caso (CNCiv., Sala A,
11-6-70, E.D. 34-237).
Si en la demanda se indicó la suma cuyo cobro se perseguía, pero se hizo la salvedad expresa de que se
reclamaba “lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse”, no existe óbice constitucional para que
el fallo condene por un monto que sobrepase el de la petición originaria (CNCiv., Sala D, 16-10-70, E.D. 37-
787).
Pero también se ha resuelto que no corresponde incluir en la condena la suma correspondiente a un rubro no
requerido en la demanda, cuando se haya usado la expresión “lo que en más o en menos resulte de la prueba a
producirse en autos” (CNCiv., Sala C, 11-5-72, E.D. 43-522).
el art. 266 del Código de Salta, y demás ordenamientos procesales provinciales que han
seguido al Código nacional. Es que el Tribunal de alzada no realiza un nuevo juicio, sino que
se encuentra limitado al poder tratar sólo aquello que fue materia de conocimiento en la
primera instancia; es decir que existe un límite máximo, determinado por los capítulos
propuestos a la decisión del juez49
.
Nuestra organización procesal impone, pues, una limitación apriorística al
conocimiento del tribunal de alzada, que no puede ir más allá de la competencia que le ha
sido devuelta por el recurso –tantum devolutum quantum appellatum-50
.
La Congruencia del pronunciamiento que resuelva el recurso de apelación se refiere a
dos aspectos:
a) Por un lado, en relación con las pretensiones oportunamente introducidas en
primera instancia: a ello se refiere la última parte del art. 271 del CPCCN cuando dice que la
sentencia de la Alzada debe examinar las cuestiones de hecho y de derecho "sometidas a la
decisión del juez de primera instancia" que hubiesen sido materia de agravios. También se
refiere a este aspecto de la congruencia el art. 277 que textualmente dice: "El tribunal no
podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia" salvo
"intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la
sentencia de primera instancia". También se refiere a lo mismo las prescripciones del art.
163 inc. 6° en cuanto establecen que la sentencia de primera instancia debe contener la
decisión expresa, positiva y precisa "de conformidad con las pretensiones deducidas en el
juicio", que también rigen para la sentencia definitiva de segunda instancia, dada la remisión
que efectúa el art. 164, párrafo 1°51
; porque las resoluciones judiciales deben ser adoptadas
teniendo en cuenta las circunstancias existentes al momento de la decisión52
. Finalmente, el
art. 34 inc. 4° contiene una prescripción general cuando establece entre los deberes de los
49 CNCiv., Sala F, 6-9-00, E.D. 196-49. 50 CSJN, 18-11-2008, “Minelli, Carina, Silvana vs. Federico, Horacio Héctor”, Fallos 331:2578. 51 AZPELICUETA, Juan J.: "La reforma en perjuicio del apelante reformatio in peius", E.D. 66-595;
LOUTAYF RANEA, Roberto G.: "El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil", Bs. As., Astrea,
tomo 1, 1989, pág. 116).
El art. 332 inc. 1º del CPCC de la Provincia de Córdoba prescribe expresamente que la “sentencia dictada en segunda instancia, sólo podrá recaer sobre puntos que hubieren sido sometidos a juicio en la primera parte,
salvo que se trate de: 1) Hechos constitutivos, extintivos o modificatorios de la situación jurídica existente en
oportunidad de contestarse la demanda…”. Se ha precisado que la norma se refiere a hechos posteriores a la
sentencia de primera instancia (FERREYRA de DE LA RÚA, Angelina y GONZÁLEZ DE LA VEGA de
OPL, Cristina: “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba. Comentado y concordado”,
Buenos Aires, La Ley, 2006, t. II, pág. 661; LÓPEZ CARUSILLO, María M. y BADRÁN Juan P.: “El
principio de congruencia en la alzada. Ley procesal local”, L.L. Córdoba, 2011-353). 52 CSJN, Fallos 330:4045; 330:5070; 331:1869; Cámara Federal de Apelaciones de Salta,, 21-6-06. “Reyes,
Rodolfo Carlos vs. Policía Federal Argentina – Delegación Jujuy s/ Medida Cautelar”; conf. LÓPEZ
CARUSILLO, María M. y BADRÁN Juan P.: “El principio de congruencia en la alzada. Ley procesal local”,
L.L. Córdoba, 2011-353.
jueces el de "fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad,
respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia"53
.
En este sentido se ha señalado que el principio de congruencia que limitó la sentencia
de primera instancia, limitará del mismo modo la de segunda: el límite del poder de la alzada
lo constituye el thema decidendum propuesto por las partes en los escritos de constitución
del proceso54
. Es que el tribunal de alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se encuentra
limitado a poder tratar sólo aquello que fue materia de conocimiento en la primera instancia;
es decir que existe un límite máximo, determinado por los capítulos propuestos a la decisión
del juez55
.
b) Pero la sentencia de la alzada también debe ser congruente con las cuestiones que
hayan sido materia de apelación y de agravios. Es decir, el tribunal de alzada está limitado en
su conocimiento por lo que haya sido materia de apelación y lo que haya sido materia
también de agravios (art. 271 CPCCN), salvo que con posterioridad haya renunciado a algún
punto de la apelación que queda por tal motivo excluido de la apelación56
. Por lo tanto,
quedan también excluidas del conocimiento del tribunal de alzada aquellas cuestiones
resueltas en primera instancia en contra del apelante que no fueron objeto de apelación y, por
tal motivo, quedaron firmes57
.
En este aspecto, reiteradamente ha dicho la Corte Suprema que la jurisdicción de los
tribunales de apelaciones está limitada por el alcance de los recursos concedidos que
determinan el ámbito de su facultad decisoria y que la prescindencia de tal limitación
infringe el principio de congruencia que se sustenta en los arts. 18 y 17 de la Constitución
Nacional; y que corresponde revocar la decisión que se ha apartado del adagio "tantum
devolutum quantum appellatum" al decidir más allá de su jurisdicción, vulnerando así
53 Los tribunales de apelación no pueden exceder, en materia civil, la jurisdicción devuelta por los recursos
deducidos ante ellos, limitación ésta que tiene jerarquía constitucional (CSJN, 2-10-90, E.D. 141-115, con nota
de BIDART CAMPOS, Germán J.: "El principio de congruencia en los tribunales de alzada").
La alzada no puede considerar cuestiones no articuladas oportunamente en primera instancia, pues, de
hacerlo, se dejaría de lado el principio de congruencia establecido en el art. 34 inc. 4° del cód. procesal, cuya aplicación es obligatoria para los jueces, quienes deben decidir todas las cuestiones promovidas por las partes,
de conformidad a la forma como quedó trabada la relación procesal (CNCiv., Sala A, 17-12-70, E.D. 37-314). 54 CNCiv., Sala F, 6-9-2000, E.D. 196-49. 55 CNCiv., Sala F, 6-9-2000, E.D. 196-49. 56 CNCiv.Com.Fed., Sala III, 28-9-2004, E.D. 210-348. 57 PALACIO, Lino E. y ALVARADO VELLOSO, Adolfo: “Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación”, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo 6, 1992, pág. 422.
Más allá del acierto o error de lo decidido, la alzada no puede pronunciarse sobre cuestiones firmes porque
ello afecta la garantía constitucional de defensa en juicio y el derecho de propiedad (CCiv.Com., Azul, 19-3-96,
L.L. Buenos Aires, 1996-358, y DJBA, 150-3245, fallo citado por GOZAÍNI, Osvaldo A.: “Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación”, Buenos Aires, La Ley, tomo II, 2006, pág. 111.
garantías fundamentales58
.
Igualmente el Alto Tribunal ha señalado que los tribunales de alzada no pueden
exceder la jurisdicción que les acuerdan los recursos concedidos ante ellos pues si
prescinden de esa limitación y resuelven cuestiones ajenas a las pretendidas por las partes se
afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio59
. En otra oportunidad ha resuelto
que corresponde descalificar la sentencia que omite un pronunciamiento razonado sobre los
agravios expuestos por el recurrente y no realiza el examen crítico de problemas conducentes
para la solución del litigio, porque ello implica violación del principio de congruencia ínsito
en la garantía del debido proceso del justiciable60
.
58 CSJN, 25-2-92, E.D. 148-464.; Id., 13-8-92, E.D. 149-635, con nota de BIDART CAMPOS, Germán J.:
"Principio de Congruencia en la Alzada y arbitrariedad de sentencia". Dice Bidart Campos que la decisión del
tribunal de Alzada que resuelve una cuestión que no le había sido articulada en el recurso de apelación importa
violación de la defensa en juicio y el derecho de propiedad; es violación al principio de congruencia,
"conforme al cual lo que decide un tribunal -sea de primera instancia o de alzada- se debe limitar a las
pretensiones que ante él se han articulado. Lo que no se impetra en una vía recursiva, está fuera de lo que debe
decidir un tribunal de alzada. Acaso cabe formularlo de otro modo: ese exceso que implica sentenciar sin
jurisdicción ni competencia sobre determinada cuestión equivale a fallar extrapetita, es decir, fuera de lo
pedido"; y resolver extrapetita es una causal de arbitrariedad de la sentencia que así lo hace. Corresponde dejar sin efecto la sentencia si la Cámara ha excedido los límites de su jurisdicción al
pronunciarse sobre un problema que no se encontraba habilitada para resolver, con menoscabo de la garantía de
la propiedad y de la defensa en juicio (en el caso, en primera instancia se rechazó la demanda contra una de las
codemandadas y se condenó a la otra; el actor no apeló, haciéndolo sólo la condenada, y la Cámara revocó la
sentencia e hizo lugar a la demanda contra la codemandada que había quedado eliminada del litigio) (CSJN,
27-2-70, E.D. 31-640).
La jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los recursos
concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria (CSJN, 11-7-69, E.D. 28-48).
En materia civil, la jurisdicción de los tribunales de segunda instancia está limitada por el alcance de los
recursos concedidos para ante ellos, que determinan el ámbito de su competencia devuelta, y el
pronunciamiento dictado con prescindencia de tales limitaciones causa agravio a las garantías constitucionales
de la defensa en juicio y de la propiedad (CSJN, 12-12-69, E.D. 30-636; Id., 15-4-70, E.D. 32-22). Puesto que la competencia del tribunal de apelación se encuentra limitada por los agravios contenidos en los
recursos concedidos, cabe concluir que, en el caso, la Cámara ha incurrido en exceso de jurisdicción, ya que se
ha pronunciado sobre el fondo del litigio, a pesar de que la demandada, en su memorial planteó argumentos
exclusivamente relativos a la demanda de prescripción (CSJN, 9-11-00, Rep.E.D. 35-1275, n° 201).
Es procedente el recurso extraordinario si la sentencia impugnada traduce un exceso en el límite de la
potestad jurisdiccional del a quo, al resolver acerca de capítulos no propuestos en el correspondiente memorial
de agravios, pues importa el menoscabo de garantías constitucionales consagradas en los arts. 17 y 18 de la
Constitución Nacional (CSJN, 26-3-96, Rep.E.D. 30-1111, n° 170; Id., 18-11-99, Rep. E.D. 35-1276, n° 203).
Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de la Cámara que, a pesar
que la apelación deducida versaba únicamente sobre la competencia de los tribunales en razón de la materia,
hizo lugar a la traba de una medida cautelar requerida el juez de primera instancia y sobre la cual éste no se había expedido (CSJN, 12-9-95, E.D. 165-291).
Viola el principio de congruencia y excede el ámbito de la jurisdicción del tribunal, la sentencia de la
Cámara de apelaciones que desestimó la acción de amparo cuando sólo estaba habilitado para resolver la
apelación interpuesta contra la medida cautelar otorgada en primera instancia (CSJN, 28-3-2006, “Mignone,
Mario vs. Telefónica Argentina y otro”, Fallos 329:899, y La Ley Online cita AR/JUR/5062/2006). 59 CSJN, Fallos 329:3757.
La jurisdicción de la Cámara se encuentra limitada por el alcance de los recursos concedidos y los
fundamentos contenidos en la expresión de agravios. Si tal premisa no se respeta, se viola el principio de
congruencia que se sustenta en los arts. 17 y 18 de la Constituciòn Nacional (CNCont.-adm. Fed., Sala V, 1-8-
2005, E.D. 215-315).
60 CSJN 2-12-99, Rep.E.D. 35-1276, n° 211.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha dicho que el carácter
constitucional del principio de congruencia, en lo que hace a los límites de la jurisdicción de
las Cámaras dados por el alcance de los recursos concedidos, como expresión del derecho de
propiedad y de la defensa en juicio, obedece a que el sistema de garantías constitucionales
del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos. Por ello, lo esencial
es que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según
la ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales sin hacer
prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se
realizan las esencias61
.
La sentencia de segunda instancia y el principio que prohíbe la “reformateo in
peius”
El principio que prohíbe la reformatio in peius, prescribe que la sentencia de
segunda instancia no puede empeorar la situación del apelante en los casos en que no ha
mediado recurso del adversario. Por lo tanto, sólo es posible reformar la decisión apelada en
perjuicio del apelante si ha mediado también un recurso de apelación de la parte contraria
sobre el mismo aspecto de la decisión que se pretende revisar y que el mismo hubiera
resultado exitoso62
. Es decir, a falta de recurso de la contraparte, no se puede privar al
recurrente de lo otorgado o reconocido en el fallo anterior, o condenarlo por lo que no se
admitió y fue rechazado en él63
.
Es que, como lo señala Fernández, quien recurre una decisión que le causa agravio, lo
hace para lograr estar en una mejor situación que aquella en la que fue colocado por la
decisión cuestionada; por ende, recurre para mejorar su posición no para empeorarla64
. La
Es arbitrario el pronunciamiento que omitió considerar debidamente los argumentos expuestos en el
memorial, lo que ocasiona una lesión al derecho de defensa del apelante, en tanto conduce a una restricción
sustancial de la vía utilizada sin fundamentación idónea suficiente (CSJN, "Goldadler vs. Kleidermacher", Rep.
E.D. 34-824, n° 188).
Corresponde habilitar la instancia extraordinaria si la sentencia de la Cámara omitió considerar planteos
conducentes de la apelante, dirigidos a privar de sustento la pretensión de la actora, omitiendo la aplicación de
normas de derecho administrativo, en claro apartamiento de la normativa aplicable al caso, todo ello con grave afectación del derecho de defensa en juicio (CSJN 5-12-00, Rep.E.D. 35-1280, n° 236).
61 CSJN, 13-10-94, "Concencioca, Juan vs. Municipalidad de Buenos Aires", L.L. 1995-B-316; DJ 1995-I-
749, y E.D. 162-193; Id., 27.12.06, “Gómez, Carlos Alberto vs. Argencard S.A.”, 27-12-06, Fallos 329:5903;
Id., 9-12-09, “Kamzic, Adriana Leonor vs. Air Plus Argentina”, Fallos 332:2698. 62 PEYRANO, Jorge W.: “La reformatio in peius y la flexibilización de la congruencia petitoria: un difícil
equilibrio. In memoriam de Augusto Morello y Guillermo Jorge Enderle”, E.D. 233-249.
63 CFed. Mendoza, sala A, 17-6-91, Rep.L.L. 1991-1421, n° 15, y DJ, 1991-2-513.
El principio de la "reformatio in peius" impide empeorar la situación del recurrente (SCBs. As., 3-5-95,
Rep.L.L. 1995-1847, n° 128, y DJBA, 149-3963).
64 Fernández, Raúl E.: "Impugnaciones ordinarias y extraordinarias en el CPCC de Córdoba", Córdoba,
Alveroni Ediciones, 2006, pág. 107.
finalidad de la doble instancia radica en corregir o enmendar los agravios que al apelante le
causa una sentencia errónea o injusta, más no beneficiar a quien o quienes se han
manifestado conformes con la primera sentencia, Por ello, el tribunal de segunda instancia
no puede reformar en perjuicio del apelante si su contraria ha consentido el pronunciamiento,
pues tal proceder lesiona la equidad a la vez que prescinde del valor de la cosa juzgada65
.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado arbitraria la sentencia de
segunda instancia que incurre en violación de reformatio in peius y colocó a los únicos
apelantes en peor situación que la resultante de la sentencia recurrida, lo que constituye una
violación en forma directa e inmediata a las garantías de defensa en juicio y de propiedad66
.
De igual modo el Alto Tribunal ha descalificado aquellas sentencias que exceden de la
capacidad de revisión atribuida, porque el tema no está comprendido en la apelación con
fundamento en que tales decisiones vulneran los derechos de propiedad y defensa en juicio67
.
La sentencia de segunda instancia no puede pronunciarse sobre capítulos no
propuestos a la decisión del juez en grado
El art. 277 del CPCCN dispone que el tribunal de apelaciones al dictar la sentencia de
segunda instancia “no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de
primera instancia. No obstante, deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u
otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia”.
La norma transcripta contempla en su primera parte un principio general; y en la
segunda una excepción.
a) El principio general es que la sentencia de segunda instancia “no puede fallar
65 STCorrientes, 22-6-98, Rep.L.L. 1999-2164, n° 63, y LL Litoral, 1998-2-842.
La prohibición de reformatio in peius significa que a falta de recurso contrario, no se puede agravar,
perjudicar o empeorar la sitación obtenida por el recurrente, de modo que se contraríe el objeto defensivo del
recurso y se lo prive de su finalidad específica de obtener una ventaja o resultado más favorable al proceso
(CNCiv., Sala A, 30-12-96, L.L. 1997-B-793, 39.331-S).
La finalidad de la doble instancia radica en corregir o enmendar los agravios que al apelante le causa una
sentencia errónea o injusta, más no beneficiar a quien o quienes se han manifestado conformes con la primera
sentencia, Por ello, el tribunal de segunda instancia no puede reformar en perjuicio del apelante si su contraria ha consentido el pronunciamiento, pues tal proceder lesiona la equidad a la vez que prescinde del valor de la
cosa juzgada (STCorrientes, 22-6-98, Rep.L.L. 1999-2164, n° 63, y LL Litoral, 1998-2-842).
El límite de la jurisdicción que resulta de los recursos deducidos ante un tribunal u órgano de grado es de
jerarquía constitucional sin que pueda colocarse al apelante en peor situación de la que estaría de no haber
recurrido -prohibición de reformatio in peius- (CFed. Seg. Social, sala I, 27-2-01, Rep. L.L. 2002-1728, n° 34,
y DT, 2002-A-1111).
66 CSJN, 2-7-96, "Ozafraín vs. BCRA.", Rep. E.D. 31-765, n° 335 a 337; Id., 17-3-09, “Sanoli, María
Marcela”, Fallos 332:523; Id. 17-3-2009, “Savioli, María Elena”, Fallos 332:523, com cita de Fallos 325:3318;
326:4237, entre muchos otros 67 CSJN, 29-09-09, “Malizia, Viuda de Cecchini, Norma Susana vs. La Buenos Aires New York”, Fallos
332:2146, con cita de Fallos 322:285; 324:4146, entre otros.
sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia”. Según ya se ha
señalado, la sentencia de segunda instancia debe ser congruente con las pretensiones y
defensas planteadas por las partes en sus escritos postulatorios. Tales pretensiones y defensas
constituyen un límite que no puede exceder el tribunal de apelaciones por aplicación del
principio de congruencia, que en este aspecto, no sólo alcanza al juez de primer grado, sino
también al tribunal de alzada, ya que los ordenamientos procesales argentinos han adoptado
para el recurso de apelación el sistema de revisión de la sentencia de primera instancia, y
no aquel que lo concibe cono un nuevo proceso. Por ello, como destaca Palacio, la regla
general que consagra la norma en cuestión es coherente con la naturaleza jurídica de la
apelación, que no configura un nuevo juicio en el que sea admisible la deducción de
pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia
precedente68
. En sentido coincidente -refiriéndose al Derecho español, que en este aspecto es
similar a los ordenamientos argentinos- Cortez Domínguez, Gimeno Sendra y Moreno
Catena señalan que en un sistema de apelación limitada como el español, el tribunal superior
ha de basar su examen en los mismos materiales de que dispuso el juez inferior, sin que las
partes puedan introducir nuevos hechos y pruebas más que por excepciones legalmente
tasadas. De manera que, agregan luego, en el sistema de apelación limitada el recurso va a
dar lugar simplemente a una revisión de la primera instancia, no siendo su finalidad
sustanciar un nuevo proceso, un segundo o nuevo juicio, sino controlar la legalidad de la
primera sentencia, atendiendo los materiales con los que contó el juez, como una
continuación del primer juicio69
.
Debe tenerse en cuenta que los ordenamientos procesales han adoptado el sistema de
68 PALACIO, Lino E.: “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo V, 1975, pág. 460.
Conf. CNCiv., Sala F, 6-2-97, E.D. 173-242; Id. Id., 6-9-2000, E.D. 196-49.
El tribunal de alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se encuentra limitado al poder tratar sólo
aquello que fue materia de conocimiento en la primera instancia. Es decir, que existe un límite máximo,
determinado por los capítulos propuestos a la decisión del juez (CNCiv., Sala F, 6-9-2000, E.D. 196-49).
Si el argumento invocado por el recurrente no fue introducido en primera instancia resulta
extemporáneo hacerlo en la alzada, pues no pueden ser objeto de tratamiento los agravios que, por no haber
sido propuestos a la decisión de los tribunales anteriores aparecen como fruto de una reflexión tardía (del voto
del doctor Petracchi) (CSJN, 14-9-2000, "Pérez Companc vs. Dirección Gral. de Aduanas", E.D. 196-27). El recurso de apelación ante el tribunal de segunda instancia no importa un nuevo juicio en el cual sea
admisible la deducción de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la anterior.
Así, el tribunal está impedido de conocer en cuestiones planteadas recién en el escrito de expresión de agravios,
aun cuando sean introducidas bajo la apariencia de meros argumentos de derecho (CNCiv., Sala F, 24-9-98,
L.L. 1999-D-823, J. Agrup., caso 14.175).
Si bien el recurso de apelación abre la jurisdicción de alzada a los efectos de resolver la justicia de las
resoluciones impugnadas, de ninguna manera posibilita decidir en grado de apelación con prescindencia o más
allá de las cuestiones planteadas ante el juez de primer grado (SCMendoza, sala I, 24-4-01, Rep.L.L. 2001-
1807, n° 57, y LL Gran Cuyo, 2001-643). 69 Cortez Domínguez, Valentín; Gimeno Sendra, Vicente y Moreno Catena, Víctor: "Derecho Procesal
Civil. Parte General", Madrid, Colex, 2003, pág. 385.
la “doble instancia”. En este aspecto las reglas de distribución del trabajo que determinan la
competencia entre los jueces han seguido un criterio funcional; y para esta nueva etapa que
se origina con el recurso de apelación, ha previsto que su conocimiento corresponda a un
tribunal distinto y de grado superior al de primera instancia70
. El proceso es único; y el
recurso de apelación, entonces, es una etapa o instancia dentro de ese proceso. Y al ser una
etapa dentro de un único proceso, el contenido u objeto de esta nueva etapa nunca puede
exceder –salvo los supuestos excepcionales previstos por la ley- del contenido u objeto del
proceso planteado en la primera instancia.
La expresión “capítulos” no propuestos a decisión del juez de primera instancia
contenida en el art. 277 se refiere no sólo a los puntos de interés para las partes, sino también
a todos aquellos planteos o defensas que sólo pueden ser objeto de pronunciamiento por el
órgano jurisdiccional si han sido expresamente alegados por los interesados en la etapa
oportuna y adecuada del proceso, de manera que sea posible el ejercicio del derecho de
defensa por la contraria y la prueba de los hechos que les sirve de fundamento71
. No es
admisible la deducción de pretensiones ajenas a las que fueron objeto de debate en la
instancia precedente72
. Y la solución se justifica porque si el tribunal de alzada pudiera tratar
capítulos no esgrimidos en primera instancia o fundados en hechos no articulados en ella,
importaría alterar los términos en que quedó trabada la litis, con menoscabo del derecho de
defensa y violación de una expresa prohibición legal73
.
No constituyen “capítulos” en los términos del artículo 277 del CPCC, entonces, las
normas jurídicas o los argumentos de derecho cuya aplicación debe realizar el juzgador de
conformidad al principio iura novit curia74
, que rige en todos los grados de la jurisdicción75
.
70 Dice Alsina que en los sistemas judiciales que admiten la doble o triple instancia, se supone la existencia
de dos o màs tribunales para conocer en las distintas instancias, siendo función de los tribunales de las
instancias ulteriores la de rever las decisiones de los de las instancias anteriores cuando los litigantes han
interpuesto los recursos pertinentes: hay entre los distintos tribunales distinta competencia, por razón del grado
(ALSINA, Hugo: “Tratado Teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Buenos Aires, Ediar,
tomo II, 1957, pág. 511). 71 No puede plantearse por primera vez en la alzada aquello que el órgano jurisdiccional no hubiera podido
esgrimirlo en base al principio iura novit curia, o que altere los términos en que quedó trabada la litis (CNCiv., Sala E, 26-8-76. L.L. 1976-D-268).
72 CNCiv., Sala F, 2-7-82, E.D. 102-357; Id. Id., 13-8-82, E.D. 101-789. 73 CNCiv., Sala C, 12-5-83, L.L. 1984-A-489, 36.542-S; Id., Sala E, 20-11-75, L.L. 1976-B-276. 74 SCBs. As., 24-9-96, Rep.L.L. 1996-1945, n° 33, y DJBA, 151-6643.
Si bien la argumentación formulada en la expresión de agravios no la esgrimieron los apelantes en su escrito
de responde, tratándose de un asunto que hace al derecho, puede ser considerada en la alzada (art. 163 inc. 5º
Cód. Procesal) (CNCiv., Sala E, 25-11-71, L.L. 148-661, 29.434-S).
La prohibición impuesta por el art. 277 del Cód. Procesal al tribunal de segunda instancia para fallar sobre
capítulos no propuestos al inferior, no debe confundirse con los argumentos jurídicos que sobre ellos
desarrollen las partes. En este orden de ideas, la Cámara se encuentra facultada para tratar cuestiones que, aun
cuando no hayan sido propuestas por el recurrente con anterioridad a los agravios, se encuentren vinculadas
b) La excepción al citado principio general, es decir, los “capítulos no sometidos al
juez de primera instancia que sí pueden ser planteados y resueltos en la alzada, según lo
señala la segunda parte del art. 277 del CPCCN), son “los intereses y daños y perjuicios, u
otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia”76
; se
trata del “ius superveniens”, es decir, de hechos íntimamente vinculados con los litigios, que
inciden sobre los mismos y que sobrevinieron con ulterioridad al pronunciamiento del fallo
de la instancia de origen77
.. Y también puede analizar y pronunciarse el tribunal de alzada
sobre los hechos nuevos y pruebas que el art. 260 del mismo Código admite en el trámite de
la apelación78
, sin perjuicio de los “hechos constitutivos, modificativos o extintivos,
producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen
sido invocados oportunamente como hechos nuevos” a que alude el art. 163 inc. 6º, segundo
párrafo del CPCC, prescripción que también rige para el tribunal de apelaciones de
conformidad al art. 16479
.
Para que el tribunal de alzada puede pronunciarse sobre estas cuestiones es necesario
con el derecho (C2°CivCom Minas y Trabajo, Catamarca, 2-6-97, Rep.L.L. 1999-2166, n° 88, y LL NOA,
1998-699). 75 CNTrab. Sala II, 27-2-67, L.L. 131-1114, 17.766-S.
Compete al recurrente indicar la causa petendi de su impugnación y al tribunal encauzarla jurídicamente. El
principio "iura novit curia" permite al tribunar ejercer una actividad que responde al poder-deber de la
judicatura de formular la afirmación del derecho que se adecua al caso (TSCórdoba, sala civ. y com., 26-11-97,
Rep. L.L. 1998-2162, n° 59, y LLC, 1998-241). 76 El tribunal no puede expedirse sobre temas que no fueran propuestos a la decisión del a quo. Sí debe
hacerlo sobre aquellas cuestiones derivadas (CNCiv., Sala B, 4-7-91, L.L. 1992-A-485, J. Agrup., caso 7574).
La sentencia de segunda instancia no puede pronunciarse acerca de cuestiones no sometidas a la decisión del juez de 1° instancia, salvo los supuestos de excepción enunciados en el Código Procesal (en el caso, en el
art. 246 del CPCC de Santa Fe) ( CCivCom Rosario, sala III, 18-2-97, Rep.L.L. 1997-2250, n° 79, y LL
Litoral, 1997-1081).
El tribunal de alzada se encuentra facultado para resolver sobre las situaciones que intermedian entre lo
decidido en la instancia de origen y los agravios formulados por el apelante, siempre que la solución a la que se
arribe se encuentre implícitamente sometida a su jurisdicción (C1°CivCom Paraná, 23-12-97, L.L. 1998-E-879,
41.078-S, y LL Litoral, 1998-I-798). 77 CNCiv., Sala C, 22-2-79, L.L. 1979-B-573; Id., Sala D, 13-8-76, J.A. 1977-II-458. 78 Uno de los límites impuestos por el ordenamiento ritual al Tribunal de Alzada es el relativo a que las
cuestiones que no fueron propuestas al a quo no pueden serlo en segunda instancia, con excepción de los
hechos nuevos y documentos de acuerdo con los arts. 260, 277 y cc. del cód. procesal (CNCiv., Sala L, 6-3-2002, E.D. 200-353).
De conformidad al art. 277 del CPCCN, el tribunal de alzada no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a
la decisión del juez de 1° Instancia, porque el principio de congruencia limita tanto la sentencia de primera
como de segunda instancia. La regla general es coherente con la naturaleza de la apelación, que no configura un
nuevo juicio en el que, como tal, sea admisible la deducción de pretensiones u oposiciones ajenas a las que
fueron objeto de debate en la instancia precedente. Pero este principio reconoce algunas excepciones, como es
el caso de los hechos nuevos (CFed.Córdoba, Sala B, 7-5-97, Rep.L.L. 1997-2250, n° 73, y LLC 1997-1061). 79 Aunque el tribunal de alzada no puede expedirse sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de
primera instancia, sí debe resolver respecto de aquellas cuestiones derivadas de hechos posteriores a la
sentencia apelada, resultando aplicable en lo pertinente la preceptiva del art. 163 inc. 6°, párr. 2° de la ley
procesal (CNCiv., Sala B, 4-7-91, E.D.143-660).
que exista una petición de parte formulada en la respectiva expresión de agravios80
, lo que
resulta lógico y coherente con el principio dispositivo que también rige en el recurso de
apelación.
Y lógicamente, para cumplir con el principio de contradicción -que hace a la garantía
constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio-, debe brindarse a la parte contraria
la posibilidad de oponer las defensas que hagan a su derecho.
La sentencia de segunda instancia debe observar también el principio de congruencia
en lo que se refiere a estas cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de
primera instancia que el ordenamiento procesal autoriza a plantearlas en el trámite del
recurso de apelación.
Errores manifiestos contenidos en la sentencia de primera instancia
Como ya se señaló, la sentencia de segunda instancia encuentra sus límites en
aquellas cuestiones que han sido objeto de apelación y agravio. Sin embargo, se ha
reconocido la atribución –o deber- del tribunal de apelaciones para corregir aquellos errores
materiales flagrantes de la sentencia de primera instancia, aunque no hayan merecido agravio
de parte, cuando no hacerlo importaría permitir una injusticia evidente, o dejar una solución
de imposible cumplimiento material. En tal sentido, frente a una sentencia con tales defectos,
se ha dicho que dejarla subsistente implicaría una inexcusable indiferencia del tribunal sobre
la justicia del caso, sobre todo teniendo presente que los jueces, en la realización del
derecho, deben atender, antes que a rigorismos formales a aquellas soluciones que mejor
armonizan con los principios y garantías constitucionales81
.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que los errores aritméticos o de
cálculo en que incurra una decisión deben ser necesariamente rectificados por los jueces, sea
a pedido de parte o de oficio82
.
LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA FRENTE A LAS OMISIONES DE LA
80 IBAÑEZ FROCHAM, Manuel: “Tratado de los recursos en el proceso civil”, Buenos Aires, La Ley,
1969, pág. 159; LOUTAYF RANEA, Roberto G.: “El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil”,
Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 2009, pág. 199.
El art. 272 del Cód. Proc. De la provincia de Buenos Aires no autoriza al órgano de alzada a pronunciarse
de oficio sobre las cuestiones no propuestas a decisión del juez de primera instancia, pero derivadas de hechos
posteriores a la sentencia dictada por éste, sino que supone que el litigante interesado en que tales cuestiones se
resuelvan las haya planteado ante el tribunal (SC Buenos Aires, 28-11-78, Rep.E.D. 13-752, nº 46). 81 CNCiv.,Com.Fed., Sala II, 6-11-97, E.D. 177-295, con nota aprobatoria de WETZLER MALBRAN,
Alfredo: “La limitación de la jurisdicción de la alzada y el error manifiesto no comprendido en los agravios.
Deberes adicionales del tribunal”, E.D. 177-296. 82 CSJN, 20-12-94, “Iglesias, Germán”, Rep.E.D. 29-695, nº 11.
SENTENCIA EN GRADO
El art. 278 del CPCCN establece que al dictar la sentencia de segunda instancia el
tribunal “podrá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque
no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al
expresar agravios”. Con la solución propiciada por esta norma se procura economía
procesal83
.
Cuando esta norma alude a los “puntos” omitidos en la sentencia de primera
instancia, se está refiriendo a los puntos del petitorio que constituyen objeto de reclamación
y no a los argumentos o fundamentos dados para sostener las peticiones; se trata de “puntos
de interés” para el apelante, es decir, “puntos” o peticiones concretas cuyo acogimiento o
rechazo benefician o perjudican al recurrente84
. En ese sentido se ha apuntado que se trata de
postulaciones o pretensiones concretas, y no de simples argumentaciones, defensas, motivos,
alegaciones de hecho o de derecho introducidas por el triunfante en primera instancia en la
totalidad de su reclamo y que no fueran tratadas o fueran desestimadas por el a quo, que
justifican las denominadas “apelaciones implícitas”85
.
El artículo en cuestión establece como requisito para que el tribunal de alzada pueda
pronunciarse sobre las cuestiones omitidas por la sentencia en grado, que haya una petición
expresa de la parte interesada. Y el momento para formular ese pedido, tal como
expresamente lo consigna la norma en comentario, es en la oportunidad que se brinda al
apelante para expresar los agravios, lo cual presupone que el interesado haya interpuesto y se
haya concedido el recurso de apelación86
. El apelante debe limitarse a formular la solicitud
en cuestión, y nada más; porque no puede expresar agravios en los términos del art. 265 del
CPCCN, ya que ello es imposible porque no puede hacerse una “crítica concreta y razonada
de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas” si no ha existido
pronunciamiento en primera instancia.
No es obstáculo para que el tribunal de alzada se pronuncie sobre la cuestión omitida
el hecho que el interesado no haya planteado oportunamente aclaratoria ante el juez en grado
en los términos del art. 166 inc. 2º del CPCCN: así lo señala expresamente el artículo 278.
Pero si se ha interpuesto aclaratoria y el juez en grado ha subsanado la omisión, la situación
83 CNEsp.Civ.Com., Sala III, 10-4-75, L.L. 1975-C-125. 84 LOUTAYF RANEA, Roberto G.: “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Buenos Aires,
Astrea, tomo 1, 2009, pág. 173. 85 PEYRANO, Jorge W. “Apostillas sobre la denominada “apelación implícita”, E.D. 187-519;
ASPELICUETA, Juan J. y TESSONE, Alberto: “La alzada. Poderes y deberes”, La Plata, Platense, 1993, pág.
170. 86 CNCiv., Sala A, 26-10-77, L.L. 1978-C-363; Id. Id., 16-9-80, E.D. 90-829.
escapa del supuesto contemplado por el art. 278, ya que no existe ninguna omisión del a
quo; y sólo cabe en tal supuesto que el perdidoso interponga apelación y expresa
oportunamente los agravios contra lo decidido.
El tribunal de apelaciones al pronunciarse sobre la cuestión omitida actúa como juez
de primera instancia: resuelve la cuestión y no revisa nada. Y ello no afecta la garantía de la
defensa en juicio dado que la doble instancia no es requisito de esa garantía87
; y por lo tanto
no es inconstitucional que sólo haya una instancia88
. Más aún, teniendo en cuenta que si el
recurrente hubiera querido el doble pronunciamiento podría haber interpuesto aclaratoria, tal
como lo permite el citado art. 166 inc. 2º del ordenamiento nacional; y si no lo ha hecho y ha
preferido recurrir al tribunal de apelaciones por la vía del art. 278, ello obedece a su propia
voluntad, razón por la que no puede alegar violación alguna al debido proceso.
La sentencia de segunda instancia y las “apelaciones implícitas”
La sentencia de segunda instancia debe revisar y pronunciarse sobre las partes de la
sentencia que han sido objeto de apelación y de agravios.
Sin embargo, se presenta una situación particular en aquellos supuestos de planteos,
defensas, argumentos o motivos oportunamente introducidos por el vencedor y que fueron
rechazados o no considerados por la sentencia de primera instancia. Debe destacarse que
tales planteos fueron realizados por la parte que, en definitiva, resultó vencedora según la
sentencia en grado; y por tal motivo, es decir, al ser ganadora, carece de interés para apelar la
sentencia que le es favorable89
. Sería el caso, p. ej., de una demanda de desalojo en que se
invocan varias causales que de prosperar tienen la misma eficacia, y la sentencia en grado
87 CSJN, 8-9-77, "Juiz", Fallos 298-665; íd., 20-11-79, "Juárez", Fallos 301-1066; íd., 10-12-81, "Loza",
Fallos 303-1929; íd., 18-6-85, "Bonorino Peró", Fallos 307-966; íd., 16-2-89, "Travaglio", Fallos 312-195, y
E.D. 134-850, n° 18; íd. 25-8-98, E.D. 184-61.
La garantía de la defensa en juicio no requiere la doble instancia judicial (CSJN, 26-5-52, Fallos 222:509;
Id., 20-8-58, Fallos 241:195; Id., 24-6-64, Fallos 259:89; Id., 20-10-71, Fallos 281:67. 88 BIDART CAMPOS, Germán J.: “Manual de la Constitución reformada”, Buenos Aires, Ediar, t. II,
2005, pág. 331 y 332; SAGÛÈS, Nèstor P.: “Elementos de derecho constitucional”, Buenos Aires, Astrea, tomo
2, 2003, pág. 788. 89 Las defensas invocadas originariamente por la parte apelada y mantenidas en la litis deben ser tratadas
por el tribunal que revisa la sentencia, pues de lo contrario se perjudicaría a quien triunfa en la instancia de
mérito, que no puede recurrir un pronunciamiento que lo favorece (CJSalta, 5-2-98, Rep.L.L. 1999-2168, n°
101, y LL NOA, 1999-335).
Cuando las decisiones resultan favorables a las pretensiones de la parte, ésta no puede apelar de la sentencia
aunque existan fundamentos, motivos o consideraciones que le resulten adversas, por cuanto no existe interés
que justifique su recurso. Pero ante el recurso interpuesto por el vencido, no sólo los argumentos y defensas
alegados por el vencedor y rechazados por la sentencia de primera instancia pasan a conocimiento de la alzada,
sino también aquellos que no han sido considerados por la sentencia de grado, sin que sea necesario devolver la
causa al juez de primera instancia para que se pronuncie sobre el punto (CCiv.Com., Rosario, sala IV, 10-3-93,
L.L. 1994-A-219).
hace lugar a la demanda por una sola de las causales, y desecha o no considera las demás;
igualmente ocurre con la defensa de prescripción que es desestimada por la sentencia de
primera instancia, pero el demandado resulta vencedor en virtud de otras defensas.
En estos supuestos, si bien el vencedor no podía apelar de la sentencia que le era
favorable, no significa que esas cuestiones rechazadas o no consideradas por la sentencia en
grado hayan quedado definitivamente juzgadas o eliminadas del litigio, ya que no hay
abdicación o renuncia expresa o tácita a ellas90
. Por el contrario, quedan implícitamente
sometidas al conocimiento del tribunal de alzada en virtud del recurso interpuesto por la
parte perdedora91
- de allí la denominación de “apelaciones implícitas”-.
Y si el tribunal de alzada en virtud de la apelación expresa interpuesta por la vencida
revoca lo decidido por la sentencia de primera instancia, no puede resolver en definitiva el
asunto sin antes haber considerado tales cuestiones92
. Es decir, si el tribunal de apelación
90 PEYRANO, Jorge W.: “Apostillas sobre la denominada “apelación Implícita”, E.D. 187-519.
El hecho de que el vencedor en primera instancia no haya reiterado una defensa ante la alzada no obsta su
tratamiento en caso de que la Cámara de apelaciones decida dejar sin efecto la sentencia de grado, ya que al no haber podido atacar el fallo que le había sido favorable, no corresponde interpretar el silencio como un
abandono de las alegaciones invocadas con anterioridad, máxime cuando la intención de renunciar no se
presume (CSJN, 28-9-04, B. de K.S., G.H. vs. Guevara, Juan", L.L. 2005-A-712).
La circunstancia de que las potestades de los tribunales de segunda instancia se hallen constreñidas por la
extensión del recurso, no implica que queden excluidas de su conocimiento aquellas cuestiones que,
oportunamente planteadas por la parte vencedora, fueron no obstante, desestimadas o no tratadas por la
sentencia de primera instancia (ST Río Negro, Sala Civil, Com. y Minería, voto del doctor Balladini, 11-12-
2007, L.L. Patagonia, 2008-165, y Rep.L.L. 2008-1363, nº 44). 91 Corresponde considerar en la alzada las defensas oportunamente interpuestas por la parte que no apeló al
resultarle favorable la sentencia de la instancia anterior (CSJN, 3-7-90, "Corones vs. Marvall", L.L. 1990-D-
536).
Las alegaciones o defensas propuestas en primera instancia por la parte vencedora que no ha apelado por haberle sido favorable el resultado del pleito, quedan sometidas al tribunal de alzada en el supuesto que en esa
instancia sea revocado el pronunciamiento (SCBs. As., 28-5-96, Rep.L.L. 1996-1945, n° 34, y DJBA 151-
46239.
Cuando las decisiones resultan favorables a las pretensiones de una de las partes, esta última no puede
apelar la sentencia, aunque existan fundamentos, motivos o consideraciones que le resulten adversas. Debe
atenderse a las pretensiones deducidas y su satisfacción, y si la resolución es favorable a las pretensiones de la
parte no hay interés que justifique el recurso. Si la parte contraria apela, quedan implícitamente sometidas a la
decisión del tribunal de segunda instancia, todas aquellas defensas o fundamentos oportunamente planteados
por el vencedor y que fueron rechazados o no considerados por la decisión en grado (TSCórdoba, sala civ. y
com., 3-6-97, Rep.L.L. 1997-2246, n° 31, y LLC 1997-870). 92 Cuando el tribunal de alzada revoca la decisión de primera instancia debe resolver directamente, es decir
que no debe devolver la causa al juez de origen para que se pronuncie sobre argumentos no analizados en la
sentencia recurrida, todos los temas que integran la relación procesal: es lo que se conoce con el nombre de
"apelación implícita", aunque -en rigor- no se debería considerar "recurso", ya que no hay expresión de
voluntad en tal sentido por parte de los litigantes, sino el ejercicio de un deber impuesto por la ley al tribunal
revisor. No se considera violado el principio de tantum devolutum quantum apellatum que restringe la
actuación de alzada a los únicos temas que hayan sido materia de agravio, por la circunstancia de tratar
aspectos del decisorio apelado que no fueron incluidos en la memoria del recurrente, ya que aquellas defensas,
argumentos o motivos alegados por el vencedor en primera instancia que fueron rechazados o no considerados
por el a quo quedan -mediante el recurso concedido al vencido- implícitamente sometidas al conocimiento del
tribunal de segundo grado (C1°CivCom Mar del Plata, Sala II, 7-9-99, L.L. 2000-B-891, J. Agrup. caso 14.954;
E.D. 187-518, y LLBA, 2000-51).
considera procedentes los agravios del recurrente, no por ello debe acoger el recurso de
apelación y revocar la sentencia, sino que debe conocer y resolver también esas cuestiones
rechazadas o no consideradas por el juez de primera instancia. En tal sentido se ha decidido
que cuando en su expresión de agravios, el apelante ataca la totalidad de lo resuelto en la
anterior instancia, peticionando la completa revocación del fallo, es resorte del tribunal de
alzada conocer respecto de todas las argumentaciones esgrimidas por las partes, hayan o no
sido tratadas por el sentenciante de grado, asumiendo así la jurisdicción en plenitud: es que,
en tales términos, el efecto de la apelación importa la sumisión integral del proceso a la
Cámara, quien conoce ex novo sobre todas las cuestiones controvertidas con poderes
idénticos, en su extensión y contenido, a los del juez de grado93
.
No debe el tribunal de apelaciones devolver o reenviar la causa al juez de primera
instancia en caso que éste no haya considerado tales cuestiones; y menos aún: si se trata de
cuestiones rechazadas porque ya se ha pronunciado al respecto. Como dice Morello, lo ideal
respecto de la actuación de las cámaras es que ejerzan competencia positiva, impidiendo la
corruptela de un reenvío oscuro y complicante94
.
Las opiniones han sido divergentes sobre si es necesario que el vencedor reitere esas
cuestiones en segunda instancia. Hay quienes consideran que es necesario que el vencedor
reedite estas cuestiones al contestar la expresión de agravios o memorial de la otra parte95
.
Por el contrario, otra opinión –que compartimos- entiende que no es necesaria tal reiteración,
sino que quedan implícitamente sometidas a la decisión de la alzada en virtud del recurso
interpuesto por la parte contraria96
.
LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y EL PRINCIPIO “IURA NOVIT
La existencia de cuestones litigiosas planteadas y no decididas en primera instancia faculta a la Cámara de
Apelaciones para expedirse directamente sobre ellas, ya que la concesión del recurso de apelación le somete a
su conocimiento todo el material litigioso (CNFedCivCom., sala II, 7-6-2000, L.L. 2001-B-860, J. Agrup. caso
15.554). 93 CNCiv., Sala H, 19-2-96, L.L. 1998-D-918, J. Agrup. caso 12.942. 94 MORELLO, Augusto M.: “El proceso civil moderno”, La Plata, Platense, 2003, pág. 395. 95 COLOMBO, Carlos J.: “Código Procesal Civil y Comercial de la Naciòn. Anotado y comentado”,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo II, 1975, pág. 574-575; CNCiv., Sala B, 15-10-74, L.L. 1975-A-393; Id.,
Sala C, 10-7-63, L.L. 112-107. 96 PALACIO, Lino E.: “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo V, 1975, pág.466;
HITTERS, Juan Carlos: “Técnica de los recursos ordinarios”, La Plata, Platense, 1985, pág.422 a 424, 425 y
426; PONCE, Carlos R.: “La apelación adhesiva e incidental”, L.L. 1987-A-1093; CSJN, 28-9-04, L.L. 2005-
A-712; SC Buenos Aires, 7-11-65, Rep.L.L. 1970-1509, nº 100; CNCiv., Sala A, voto del doctor Llambías, 5-
6-63, E.D. 4-938; Id., Sala C, voto del doctor Belluscio, 7-10-75, E.D.68-456.
El silencio ante la alzada del litigante que no apela en razón de haber triunfado en el proceso o en un
aspecto parcial, no debe ser tomado como manifestación de voluntad en el sentido de prestar acuerdo al fallo en
la parte en que éste desestima alguna de sus alegaciones, las cuales pueden ser examinadas y resueltas a su
favor en la Cámara (SCBuenos Aires, 9-11-82, Rep.L.L. 1983-1867, nº 65).
CURIA”
Ningún inconveniente existe, dice Guasp, y legal y teóricamente se admite, que, con
respecto a las normas de derecho, el juzgador pueda desempeñar un papel activo, es decir,
utilizar como instrumento de su fallo, en cuanto motivación jurídica, preceptos que ninguna
de las partes haya invocado o que hayan sido manejados errónea o defectuosamente por
ellas: "iura novit curia"; "narra mihi factum dabo tibi ius"97
. Y en esta tarea de aplicar la
norma que rige el caso, debe el juez calificar en la forma jurídica adecuada los hechos
alegados y pretensiones deducidas por las partes, aunque ello difiera de la calificación
realizada por ellas; es en este aspecto que el art. 163, inc. 6° del CPCCN dice que la
sentencia debe decidir en forma expresa, positiva y precisa las pretensiones deducidas en el
juicio "calificadas según correspondiere por ley..."98
.
El tribunal, entonces, no está obligado a seguir a los litigantes en sus planteamientos
jurídicos, pues los que son objeto de decisión son los petitorios, no las razones en que se
pretende sustentarlos99
. O sea que si bien las partes pueden presentar argumentaciones acerca
de las normas legales que creen aplicables al caso, el juez no está vinculado por tales
alegaciones, sino que tiene que aplicar la norma que rige el caso, aun cuando sea distinta de
las invocadas por aquellas100
. Si el juez quedara atrapado en las normas que las partes
sugieren como aplicables en el caso, ello significaría una limitación severa a la función
jurisdiccional101
.
97 GUASP, Jaime: "Derecho Procesal Civil", Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, tomo I,
págs. 319/320. 98 Las posiciones de las partes deben ser calificadas según corresponda por ley por aplicación del
principio iura novit curia (CNCont.-adm., Fed., Sala III, 26-2-02, E.D. 199-25).
El juez debe elegir y aplicar el precepto jurídico con independencia del nombre jurídico que las partes
hayan dado a la relación (CNCiv.,Sala C, 11-9-01, E.D. 196-337). 99 CNCiv., Sala D, 30-9-69, E.D. 31-114. 100 ROCCO, Ugo: "Tratado de Derecho Procesal Civil", traducción de Santiago Sentís Melendo y
Marino Ayerra Redín, Bs. As. -Depalma-, Bogotá-Temis-, tomo II, 1970, pág. 251.
Conforme a la regla iura novit curia, el juzgador tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos
litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola
en las normas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos o argumentos jurídicos que enuncien las
partes (CSJN, 7-5-98, Rep.E.D. 33-730, n° 38).
Conforme con la regla iura novit curia el juez tiene la facultad y el deber de examinar los litigios y dirimirlos según el derecho vigente, calificando de modo autónomo la realidad fáctica y subsumiéndola en las
normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes (CSJN, 4-5-93,
Rep. E.D. 28-459, n° 16; íd., 8-3-94, Rep. E.D. 29-543, n° 20/21; CNCom., Sala B, 14-2-05, E.D. 212-107).
A las partes incumbe exponer el derecho en que fundan sus respectivas pretensiones, con el objeto de
facilitar la calificación jurídica de la relación sustancial que se invoca: pero si esa calificación no fuera la
adecuada, deberá hacerlo el magistrado con prescindencia de la normativa invocada por la parte (iura novit
curia) (CNCiv., Sala F, 14-6-85, E.D. 117-632, 521-SJ).
Al juez corresponde la aplicación del derecho de acuerdo a los hechos probados y pese a la errónea
invocación de aquél (en el caso, se demandó por reivindicación cuando correspondía pedir la restitución de un
inmueble dado en comodato precario) (CNCiv., Sala E, 13-3-69, Rep. E.D. 4-1046, n° 36). 101 C5°ApelCivCom Córdoba, 11-11-96, E.D. 175-65.
Es decir, en la fundamentación jurídica, y por aplicación del principio iura novit
curia, el tribunal debe seleccionar la norma jurídica aplicable al caso sometido a
resolución. Y en la aplicación de la norma seleccionada, debe el juez, como aspectos
específicos de tal tarea, calificar adecuadamente la relación jurídica sustancial (o realidad
fáctica) que vincula a las partes, como también las pretensiones planteadas. Todo ello,
dentro del marco de los pedimentos de las partes y hechos alegados y debidamente probados
-es decir, respetando el principio de congruencia-102
, y con prescindencia de la
fundamentación jurídica y calificaciones que ellas hayan realizado103
.
Si bien el juez tiene libertad para aplicar la norma que considere que rige en el caso,
no puede alterar la relación procesal104
; es decir no puede cambiar los términos por los que
se trabó la litis105
. Lo contrario importaría violación a la garantía de la defensa en juicio y a
102 LOUTAYF RANEA, Roberto G.: "Principio Dispositivo", en Revista de Estudios Procesales, del
centro de Estudios Procesales de Rosario, n° 12, año 1972; PEYRANO, Jorge W.: "El Proceso Civil. Principios
y Fundamentos", Bs. As., Astrea, 1978, pág. 99.
El empleo del principio iura novit curia debe ser respetuoso del de congruencia, dado que el juez debe
aplicar la norma inherente al caso, pero siempre enmarcado dentro de las situaciones presentadas por las partes, pues tal adagio no autoriza a cambiar la pretensión interpuesta ni a modificar los términos en que ha quedado
trabada la litis; lo contrario importaría conculcar la garantía de defensa en juicio y las reglas del debido proceso
(CApelCivCom Mar del Plata, sala I, 23-6-98, E.D. 181-592). 103 CSJN, 25-9-2001, “Teresa de Jesús Correa”, Fallos 324:2946. 104 CJBs. As., 3-7-84, Rep. E.D. 20-B, 1038, n° 51.
Si bien la relación procesal se halla integrada por los hechos aducidos por las partes en sus escritos de
demanda y contestación, los jueces tienen el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el
derecho vigente y aplicable a cada caso, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes (CSJN,
30-8-67, E.D. 20-390).
La calificación de las relaciones jurídicas que compete a los jueces (iura novit curia) no autoriza un
apartamiento de la relación procesal o de lo que resulta de los términos de la litis (CSJN, 25-2-92, E.D. 148-
462, con nota de BIDART CAMPOS, Germán J.: "El principio de congruencia", E.D. 148-466). El principio iura novit curia importa que los jueces no están vinculados por la calificación que las
partes dan a sus pretensiones y que incluso pueden suplir el derecho mal invocado por aquellas, pero esa
facultad no se extiende a alterar las bases fácticas del litigio, ni la causa petendi, ni tampoco a la admisión de
hechos o defensas no esgrimidas por las partes (CSJN, 26-10-99, Rep.E.D. 35-1117, n° 51).
En uso del principio iura novit curia se permite al juzgador calificar la acción aunque las partes le
hayan dado otra denominación si del estudio de los hechos que ellas prueban y sobre los cuales arguyen, resulta
en criterio del magistrado que puede variar la determinación de aquél, mientras la relación procesal emergente
de la respectiva posición de las partes no se haya cambiado, ni el objeto perseguido mediante la acción o la
reconvención tampoco (CNCiv., Sala F, 25-11-65, E.D. 14-743). 105 CSJN, 3-9-87, J.A. 1988-IV-478; CJSalta, Sala II, 8-10-65, L.L. 121-225; CNCiv., Sala D, 6-8-76,
E.D. 72-454; CNCont.-adm. Fed., Sala II, 27-6-00, E.D. 189-166; CApelCivCom Mar del Plata, sala I, 23-6-98, E.D. 181-592.
El principio iura novit curia no autoriza a cambiar la acción interpuesta ni a modificar los términos en
que ha quedado trabada la litis; lo contrario importaría conculcar lisa y llanamente la garantía de la defensa en
juicio faltando a las reglas del debido proceso, lo que tiene raigambre constitucional lo mismo que el principio
de la igualdad ante la ley (arts. 18 y 16, Constitución Nacional) asegurado por el código procesal al tratar los
deberes de los jueces (CNCiv., Sala F, 22-6-83, E.D. 105-357).
Si la pretensión excede los términos en que quedara trabada la litis, su tratamiento violaría el principio
de congruencia y el derecho de defensa en juicio del contrario, que no ha tenido ocasión de expedirse acerca del
punto. Por ende, la negativa del juez a tratar el tema ninguna relación guarda con el principio iura novit curia,
dado que, por aplicación de éste, el juzgador se encuentra facultado sólo para suplir o modificar el encuadre
jurídico efectuado por las partes, más no lo autoriza a decidir sobre puntos que no han sido materia de debate
las reglas del debido proceso106
, como también al principio de igualdad ante la ley,
garantizados por los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional107
. Debe tenerse en cuenta que
cada pretensión procesal se identifica por el hecho que la genera, y no por la acertada o
errónea cita del precepto legal invocado en la demanda, ni por la designación con que la
haya individualizado el demandante108
.
Según lo ha señalado la jurisprudencia, de conformidad al principio "iura novit
curia" el juzgador tiene no sólo la facultad sino el deber de discurrir los conflictos litigiosos
y resolver según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y
subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos
que enuncian las partes109
.
El principio iura novit curia rige en todos los grados de la jurisdicción110
. Por lo
tanto, para el dictado de la sentencia de segunda instancia, el tribunal de apelaciones, dentro
de lo que ha sido materia de recurso, puede aplicar el principio en cuestión111
, pero siempre
entre ellas (CNCiv., Sala E, 17-4-84, E.D. 110-161, con nota de MATERA, Marta del Rosario; ST Neuquén, 6-
6-84, E.D. 114-354). 106 CApel. CivCom Mar del Plata, sala I, 23-6-98, E.D. 181-592. 107 CNCiv., Sala F, 22-6-83, E.D. 105-357; CApelCivCom Mar del Plata, sala I, 23-6-98, E.D. 181-
592; CSJN, Fallos 313:983 y sus citas. 108 CNCiv., Sala D, 25-11-80, E.D. 20-B, 1037, n° 49.
El juez puede juzgar como de manutención en la posesión el interdicto interpuesto como de recobrar,
porque lo único que cambia es la rotulación del derecho (C2° CivCom La Plata, Sala I, 8-5-51, L.L. 63-390, y
J.A. 1951-III-5; CApel.CC. Salta, Sala I, 20-5-92, "Ruiz vs. Ruiz", Protocolo año 1992, pág. 208).
A los jueces corresponde la aplicación del derecho de acuerdo a los hechos probados y pese a la
errónea invocación de aquél (en el caso se demandó por reivindicación cuando correspondía pedir la restitución
de un inmueble dado en comodato precario) (CNCiv., Sala E, 13-3-69, Rep. E.D. 4-1046, n° 36). 109 CSJN, 31-5-99, Rep.E.D. 34-711, n° 72; Id., 17-3-98, Rep.E.D. 33-730, n° 37; Id., 7-5-98,
Rep.E.D. 33-730, n° 38; Id., 8-3-94, Rep.E.D. 29-543, n° 20/21; Id., 2-3-2011, “Guerrero, Estela Mónica vs. Insegna, Rubén Leandro”, L.L. 2011-B-499; La Ley Online AR/JUR/1712/2011; L.L. 2011-D, fallo nº
115.598, con nota de PEYRANO, Jorge W.: “El ejercicio del iura novit curia como deber funcional de los
magistrados”; en este fallo de la Corte se citan los antecedentes publicados en Fallos 323:2456; 324:2946;
326:3050; CNCont.-adm. Fed., Sala I, 23-11-95, E.D. 168-409; CNCiv., Sala D, 11-9-01, E.D. 201-62.
Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en el marco del art. 31 de la Constitución
Nacional y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación consagrada en los precedentes “Strada” -8-
4-86; Fallos 308:490- y “Di Mascio” -1-12-88; Fallos 311:2478- sostener, como fundamento de la denegación
por parte del superior tribunal local de un recurso casatorio, un erróneo encuadramiento legal del reclamo en
función de una normativa derogada importa soslayar que los jueces tienen no sólo la facultad, sino también el
deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad
fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes. Corresponde al juez de la causa fijar el marco jurídico debido, conforme al principio iura novit curia (CSJN,
del dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte hace suyo, 2-3-2011, “Guerrero, Estela Mónica”, L.L. 2011-
B-499, y L.L. 2011-D, fallo nº 115.598) 110 CNTrab. Sala II, 27-2-67, L.L. 131-1114, 17.766-S.
Compete al recurrente indicar la causa petendi de su impugnación y al tribunal encauzarla jurídicamente. El
principio "iura novit curia" permite al tribunar ejercer una actividad que responde al poder-deber de la
judicatura de formular la afirmación del derecho que se adecua al caso (TSCórdoba, sala civ. y com., 26-11-97,
Rep. L.L. 1998-2162, n° 59, y LLC, 1998-241). 111 El principio según el cual la jurisdicción del órgano ad quem se abre en función del alcance de la
apelación, no obsta a que el mismo se pronuncie de conformidad con la regla “iura novit curia”, es decir, que
ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión
sobre los "capítulos" propuestos a decisión del juez de primera instancia, conforme a lo
dispuesto por el art. 277 del CPCCN, salvo los supuestos excepcionales que la citada norma
permite introducir en segunda instancia ("... intereses y daños y perjuicios, u otras
cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia"). En tal
sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el principio según el cual la
jurisdicción del órgano ad quem se abre en función del alcance de la apelación, no obsta a
que el mismo se pronuncie conforme a la regla iura novit curia, es decir, que ha de realizar
la calificación jurídica que corresponde de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la
misión de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las
partes112
.
REQUISITOS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Generalidades
El art. 164 del CPCCN se refiere a la “sentencia definitiva de segunda o ulterior
instancia”, y establece que la misma “deberá contener, en lo pertinente, las enunciaciones y
requisitos establecidos en el artículo anterior y se ajustará a lo dispuesto en los arts. 272 y
281”. Y el segundo párrafo regula el tema de la “publicidad” de las sentencias.
El art. 272 dispone que “concluido el acuerdo, será redactado en el libro
correspondiente suscripto por los jueces del tribunal y autorizado por el secretario”. Y el
párrafo siguiente dice que “inmediatamente se pronunciará la sentencia en el expediente,
precedida de copia íntegra del acuerdo, autorizada también por el secretario”. Finalmente,
el último párrafo señala que “podrá pedirse aclaratoria en el plazo de cinco días”.
El art. 281 del Código nacional, a su vez, alude a las sentencias de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Es decir, los principales artículos del Código Nacional que establecen los requisitos
de la sentencia de segunda instancia son los arts. 163 y 164.
de la justicia es aplicar el derecho independientemente de los planteos de las partes (CSJN, 20-3-75, L.L. 1979-
B-484; J.A. 1975-28-300; Id., 1-2-79, L.L. 1980-D-768, 35.731-S; CNCiv., Sala C, 17-9-76, L.L. 148-661,
29.434-S). 112 CSJN, 20-3-75, L.L. 1979-B-484, J.A. 28-1975-360, y E.D. 63-142.
Si bien los poderes de la alzada están reducidos a los límites fijados por el apelante aún cuando se trate
de la aplicación de leyes de orden público, se halla habilitado para tratar las cuestiones oportunamente
planteadas y tratándose de la errónea invocación del derecho por imperio del principio iura novit curia está
facultado para determinar la norma aplicable con independencia de las partes, en tanto se respeten las
circunstancias de hecho del proceso, pues de lo contrario se restringe indebidamente el derecho de defensa
(STRío Negro, 18-15-75, L.L. 1976-C-442, 33.730-S).
Redacción
Nuestros ordenamientos procesales no tienen disposiciones específicas sobre la
redacción de las sentencias, razón por la que queda librada al criterio judicial. Pero una
premisa fundamental es que se utilice un tipo de redacción que asegure con mayor eficacia
posible su claro entendimiento113
, así las partes pueden conocer los fundamentos que tuvo en
cuenta el juez para tomar la decisión. Como dice Andruet, si la resolución de un juez resulta
poco o nada comprensible debido a un estilo discursivo, ello no se compadece con la función
pública que cumple, donde el objetivo de la comprensión por parte del litigante y del
ciudadano tiene claras connotaciones pedagógicas además de tutelar el principio de defensa
en juicio: para el litigante, no comprender lo que dice una decisión judicial que le ha sido
dictada, es una manera de cercenar su legítimo derecho de defensa en juicio114
.
También se ha dicho que las sentencias deben ser cortas, concisas y breves115
, sin
perjuicio de que contengan una adecuada fundamentación, tanto en cuanto a los hechos,
como al derecho, aspecto este último en donde debe tomarse en cuenta las fuentes del
derecho, en especial, legislación, jurisprudencia y doctrina.
La sentencia judicial es un instrumento público
Conforme lo ha señalado la doctrina, la sentencia judicial constituye un instrumento
público en los términos del art. 979 inc. 2º del Código Civil, por tratarse de un acto otorgado
por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y en la forma en que las leyes lo
113 COUTURE, Eduardo J.: “Fundamentos del derecho procesal civil”,Buenos Aires, Depalma, 1993,
pág.291-292; PARRY, Adolfo E.: “Nulidad de sentencia por defectos de forma”, en Revista de Derecho
Procesal, Director Hugo Alsina, Buenos Aires, Ediar, 1944, Primera Parte, pág. 18 y ss., específicamente pág.
23.
Dice Torres que si bien existe la necesidades técnicas ineludibles en el trabajo dirario, a contrario de
quienes se aferran a un lenguaje pretensioso como sinónimo de calidad en la labor judicial, propicia su
utilización, pero con su traducción o explicación en términos claros para el común de la población; pues, nada
resultará mejor que retratar la imagen judicial a partir de un lenguaje siempre sencillo y claro, que construya un
canan comunicativo con la sociedad y, como derivación directa, una devolución de confianza. Señala luego que
la actividad de los operadores judiciales debe apoyarse en palabras acesibles al común de la gente, lo que no
significa renunciar a los términos técnico, sino que éstos –por razones de comprensibilidad- no pueden alejarse demasiado del significado vulgar dado por el hombre común, pues de lo contrario la actividad judicial se
convertiría en algo accesible a pocos pero con efectos inmediatos y mediatos sobre personas y la sociedad
misma, que ni siquiera la comprenderán (TORRES, Sergio: “Hacia un lenguaje democrático”, trabajo
publicado en Justicia Argentina Online. La mirada de los Jueces, Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Centro de Información judicial, año 2011, pág. 81, específicamente, pág. 90-91). 114 ANDRUET, Armando S. (h): “Acerca del judicialismo o autoritarismo judicial”, en Discusiones en
torno del Derecho Judicial, Director Olsen A. Ghirardi, Córdoba, Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba. Instituto de Filosofía del Derecho, 2008, pág. 13 y ss., específicamente pág. 46; “¿Es
posible el autoritarismo judicial”, L.L. 2010-A-834m III, 2. 115 PARRY, Adolfo E.: “Nulidad de sentencia por defectos de forma”, en Revista de Derecho Procesal,
Director Hugo Alsina, Buenos Aires, Ediar, 1944, Primera Parte, pág. 18 y ss., específicamente pág. 28.
determinan116
. Y es importante el cumplimiento de las formas prescriptas por las leyes,
porque tal es un requisito que hace a la validez del acto; debe tenerse en cuenta que el art.
986 del Código Civil establece que “para la validez del acto es preciso que se hayan llenado
las formas prescriptas por las leyes, bajo pena de nulidad”117
.
Lugar y fecha
El inciso 1º del art. 163 del CPCCN indica que la sentencia debe contener la
“mención del lugar y fecha”.
El “lugar” se refiere al punto geográfico en que se dicta la sentencia118
. Ese lugar es,
naturalmente, el lugar de la sede del órgano jurisdiccional119
.
La “fecha” es la correspondiente al día en que se firma la misma120
. La fecha debe
ser completa, es decir, se debe consignar el día, mes y año121
. Debe tratarse de un día hábil:
en tal sentido el art. 152 del CPCCN dispone que las “actuaciones y diligencias judiciales se
practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad”, regla que también comprende a
los actos que realice el juez en el carácter de tal122
, y en particular a la sentencia. La
indicación de la fecha de la sentencia permite establecer si fue emitida en día hábil y si lo fue
dentro del plazo que fija la ley para su dictado (art.34 inc. 3º CPCCN)123
.
Se ha considerado que la sentencia debe expresar su fecha bajo pena de nulidad124
:
en tal sentido se ha resuelto que la omisión de fecha de la sentencia genera un supuesto de
nulidad expresamente contemplado en la ley adjetiva, el cual deviene operativo sin
116 FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado
y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 772; ORELLE, José María, en “Código Civil y leyes complementarias”, Director Augusto C. Belluscio y Coordinador Eduardo A. Zannoni, Buenos Aires, Astrea,
tomo 4, 1994, págs. 482-483 y 487-488. 117 BORDA, Guillermo A.: “Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General”, Buenos Aires, Editorial
Perrot, tomo II, 1970, págs. 191-192, § 969. 118 FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado
y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 772. 119 GUASP, Jaime: “Derecho Procesal Civil”, Madrid, Instituto de Estudios Polìticos, tomo II, 1968, pág.
774. 120 FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado
y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 772-773, quienes citan los siguientes fallos: Cciv.2ªCap.,
12-4-20, J.A. 4-184; Id., 30-3-25, J.A. 15-314. 121 ALSINA, Hugo: “Tratado Teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Buenos Aires,
Ediar, tomo IV, 1961, pág. 74; FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial.
Comentado, concordado y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 772, quienes citan los siguientes
fallos: Cfed. Cap., 11-4-18, GF, 26-33; CcivCom. Santa Fe, Sala III, 1-10-79, Zeus 21-J-62. 122 ALSINA, Hugo: “Tratado Teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Buenos Aires,
Ediar, tomo IV, 1961, pág. 74. 123 ALSINA, Hugo: “Tratado Teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Buenos Aires,
Ediar, tomo IV, 1961, pág. 74, PALACIO, Lino E.: “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot,
tomo V, 1975, pág. 428. 124 FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado
y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 772.
necesidad de invocar perjuicio alguno, por cuanto dicha omisión obsta a su eficacia como
instrumento público de conformidad a lo establecido por el art. 979 del Código Civil125
. Sin
embargo, se ha considerado que las nulidades que podrían resultar de la falta de fecha de la
sentencia son susceptibles de ser purgadas, si por otros medios puede ser subsanadas126
; así,
se ha resuelto que no es nula la sentencia cuya fecha está incompleta por consignar
solamente mes y año habiéndose omitido la determinación del día, si éste resulta de otras
constancias de la causa, como ser, del propio escrito de apelación del recurrente127
, o del
sello del juzgado estampado al dorso de la resolución en donde consta la fecha de su registro,
obrando a continuación otro sello que da cuenta del préstamo del expediente el mismo día al
abogado de la parte que firma la constancia128
; también se ha considerado válida la sentencia
que omite indicar el mes en que se ha dictado, si tal omisión puede subsanarse a través de
otros elementos indiscutibles129
.
Nombre y apellido de las partes
De conformidad al art. 163 inc. 2º del CPCCN, la sentencia también debe contener el
“nombre y apellido de las partes”. Debe entenderse que la norma se refiere no sólo a las
personas individuales o humanas, sino también a las personas de existencia ideal cuya
denominación debe precisarse130
.
Cuando las partes han actuado por medio de representantes, no es necesario indicar el
125 CCiv.Com., Santa Fe, Sala I, 9-4-2007, Rep.L.L. 2007-1165, nº 10, y L.L. Litoral, 2007-1009. Conf.
FENOCHIETTO, Carlos A. y ARAZI, Roland: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Buenos
Aires, Astrea, tomo 1, 1993, pág. 618. 126 CNCiv., Sala D, 27-5-66, L.L. 123-632 y E.D. 23-622; CCiv.Com. Salta, Sala III, 19-11-84, Protocolo
año 1984, pág. 1115. Conf. FENOCHIETTO, Carlos A. y ARAZI, Roland: “Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1993, pág. 618.
Si bien de ordinario la omisión de fechar una sentencia se constituye en una causal de nulidad de la misma,
ello no puede ocurrir cuando tal requisito se desprende o puede inferirse de las demás circunstancias
relacionadas con el acto (SC Buenos Aires, 4-3-80, Rep.E.D. 15-821, nº 10; Cciv.Com. Salta, Sala I, 26-5-92,
protocolo año 1992, pág. 220).
Por el contrario, se ha resuelto que la sentencia que omite señalar el día en que fue dictada es nula, no obstando a ello que indicara solamente el mes y año, pues el Código Procesal exige bajo sanción de nulidad el
lugar y la fecha de la decisión; no obstando a ello la existencia de la fecha en el original obrante en el protocolo
del juzgado, puesto que el ejemplar que se agrega a los autos debe ser copia fiel del original (Cciv.Com. Santa
Fe, Sala III, 1-10-59, Rep.L.L. 1983-2203, nº 13). 127 Ccom.Cap, 28-7-30, J.A. 33-880; CNCiv., Sala A, 31-3-59, J.A. 1959-IV-328. 128 CCiv.Com. Salta, Sala III, 19-11-84, Protocolo año 1984, pág. 1115. 129 CNCiv., Sala C, 16-2-56, L.L. 82-296; ALSINA, Hugo: “Tratado Teórico práctico de Derecho Procesal
Civil y Comercial”, Buenos Aires, Ediar, tomo IV, 1961, pág. 75 y 76, PALACIO, Lino E.: “Derecho Procesal
Civil”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo V, 1975, pág. 22, nota 24. 130 FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado
y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 773.
nombre de éstos131
.
La designación de las partes tiene importancia porque la decisión final sólo puede
referirse a las partes en litigio, y por tal motivo debe individualizárselas expresamente con
sus nombres completos132
. Debe tenerse en cuenta que el principio de congruencia
(establecido en el art. 163 inc. 6º y 34 inc. 4º del CPCCN) exige conformidad o adecuación
de la sentencia a los sujetos, objeto y la causa que individualizan a la pretensión y a la
oposición133
, es decir con los sujetos en litigio, pedimentos de las partes y hechos
alegados134
.
Es nula la sentencia que se dicta en relación con quien no ha sido parte en el juicio135
.
Relación de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio
Toda sentencia debe contener también una “relación sucinta de las cuestiones que
constituyen el objeto del juicio” (art. 163 inc. 3º CPCCN). Tal relación y la individualización
de las partes es lo que normalmente se designa como “resultandos”136
.
Tratándose de la sentencia de primera instancia, en esencia, ello significa que debe
hacer una síntesis de las pretensiones y oposiciones deducidas; aunque puede también hacer
constar en forma somera las distintas etapas del proceso (p. ej., si se abrió la causa a prueba,
las pruebas producidas, los alegatos, el llamamiento de autos para sentencia)137
, pero su
omisión afecta la validez de la decisión. Como lo indica la norma, la relación que debe
contener la sentencia debe ser “sucinta”, es decir, breve, aunque sin caer en ningún
131 PALACIO, Lino E.: “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo V, 1975, pág. 445-
446. 132 ALSINA, Hugo: “Tratado Teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Buenos Aires,
Ediar, tomo IV, 1961, pág. 78.
133 CNCiv., Sala A, 13-12-76, E.D. 73-234; Id. Id., 3-12-81, L.L. 1982-B-44; Id., Sala B, 17-11-81, E.D.
98-362; Id. Id., 29-4-77, L.L. 1977-C-492, y E.D. 74-406; Id. Id., 19-4-82, J.A. 1984-IV-304; Id., Sala C, 9-10-
78, E.D. 84-384; Id. Id., 31-12-78, L.L. 1979-A-576, caso 3552; Id., Sala D, 10-8-71, J.A. 1972-13-317, y L.L.
151-650, 30.420-S; Id., Sala G, 24-12-85, L.L. 1986-B-15; Id. Sala F, 23-6-82, E.D. 121- 670, 867-SJ;
CNCom., Sala A, 11-9-81, E.D. 96-529; Id., Sala B, 5-8-66, L.L. 124-487, y J.A. 1966-IV-635. 134 CNCiv., Sala D, 22-6-72, E.D. 47-175; Id. Id., 7-10-71, E.D. 40-652.
La sentencia debe limitarse a afectar con sus decisiones a quienes forman parte del proceso con arreglo a las
acciones deducidas en el juicio, es decir que debe haber conformidad entre la sentencia y la demanda, en cuanto
a las personas, el objeto y la causa, porque el juez no puede apartarse de los términos en que ha quedado planteada la litis en la relación procesal, salvo los casos de consolidación o extinción del derecho durante la
tramitación del proceso (C3ªCiv.Com. Minas, Paz y Trib. Mendoza, 15-3-85, E.D. 114-282). 135 Razones de justicia, que en nuestro derecho tienen jerarquía constitucional, imponen la necesidad de que
la sentencia no se extienda a aquellos interesados que hayan carecido de oportunidad individual de defensa en
el proceso (CNCiv., Sala B, 13-9-79, E.D. 87-742).
La sentencia sólo puede afectar a quienes hubieran intervenido en el proceso en calidad de parte y no puede
aprovechar ni perjudicar a terceros que han permanecido ajenos al proceso res inter alios iudicata nuque
prodese neque necere potest (CNCiv., Sala F, 9-4-80, E.D. 89-629). 136 CNCom., Sala C, 3-11-80, L.L. 1981-C-140. 137 FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado
y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 773. Conf. CNCom., Sala C, 3-11-80, L.L. 1980-C-140.
extremo138
. Al respecto se ha dicho que tratarse de una síntesis conceptual de la materia
litigiosa, pero no la narración del juicio, ni la repetición abreviada de los escritos139
.
En el caso de la sentencia de segunda instancia, si bien puede contener una relación
sucinta de las pretensiones y oposiciones planteadas en primera instancia (o remitirse a la
relación de antecedentes realizada en la sentencia en grado140
), lo principal para cumplir con
esta exigencia es indicar las cuestiones que son objeto de agravios. Debe tenerse en cuenta
que la sentencia de la alzada sólo debe examinar las cuestiones de hecho y de derecho
sometidas a decisión del juez de primera instancia “que hubiesen sido materia de agravios”
(art. 271 in fine del CPCCN); por tal motivo es lógico que en ella se haga la relación de
aquellas cuestiones sobre las que debe pronunciarse. Y si se plantea, debe hacerse también
una relación sobre lo vinculado a “intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones
derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia”, sobre lo que también
debe recaer el pronunciamiento de la alzada (art. 277).
Como señala Alsina, la omisión de alguna circunstancia que no influya en la
decisión, no afecta la validez de la sentencia, ya que debe primar un criterio
circunstancial141
.
Normalmente esta relación se hace en los comienzos de la sentencia. Sin embargo, es
posible que la sentencia se refiera sólo a las cuestiones principales en esta parte de la
resolución; y la relación y tratamiento de las otras cuestiones las haga con posterioridad.
Evidentemente, ello depende de la forma que quiera estructurar la sentencia el magistrado.
Pero la diferente ubicación no puede constituir un vicio que invalide la decisión.
Fundamentación
Normas que la regulan. Luego de la relación sucinta de las cuestiones señaladas en el
inciso anterior, el art. 163 en los incisos 4º y 5º se refieren a los “considerandos”, motivos o
fundamentos de la sentencia; es decir, el razonamiento o juicio lógico respecto a las
cuestiones sometidas a juzgamiento. En tal sentido el inciso 4º dispone que la sentencia debe
contener “la consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso
anterior”. Y el inciso 5º, en su primer párrafo, señala que la sentencia debe contener “los
138 Carecen de trascendencia ciertas omisiones del juzgador que hacen sólo a la parte del fallo (“Vistos”)
que se refiere a la relación de cuestiones que constituyen el objeto del pleito y no a los fundamentos de la
sentencia, pues a ese efecto no es exigible (art. 163 inc. 3º, cód. procesal) más que una “relación sucinta”
(CNCiv., Sala C, 23-6-69, E.D. 28-469). 139 CNCom., Sala D, 28-7-76, E.D. 73-188. 140 CNCom., Sala C, 16-12-75, L.L. 1977-A-547, 33.953-S. 141 ALSINA, Hugo: “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Buenos Aires,
Ediar, tomo IV, 1961, pág. 80.
fundamentos y la aplicación de la ley”. Lógicamente, tratándose de la sentencia de segunda
instancia que resuelve un recurso de apelación, las consideraciones que debe hacer lo son
respecto de cada una de las cuestiones planteadas en primera instancia que hubiesen sido
materia de agravios (art. 271, segundo párrafo del CPCCN) y también de los “intereses y
daños y perjuicios, u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de
primera instancia”, si ha existido petición de parte142
.
Deber del tribunal de fundar las sentencias. Por su condición de órganos de
aplicación del derecho, los jueces tienen el deber de fundar sus decisiones143
. Y es arbitrario
el pronunciamiento, y ocasiona una lesión al derecho de defensa en juicio del apelante, que
omite fundamentar debidamente las cuestiones que le ha sometido a resolución en su escrito
de agravios144
. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que es condición de
validez de las sentencias judiciales que éstas sean fundadas y constituyan derivación
razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa145
.
Esta exigencia, al decir del Alto Tribunal, no se orienta exclusivamente a contribuir a
mantener el prestigio de la magistratura, sino que procura la exclusión de decisiones
irregulares146
; y que no se satisface en circunstancias en que se omite la consideración de
elementos conducentes para la solución del caso, o se interpretan las normas en términos que
equivalen a su virtual prescindencia147
.
También ha puntualizado el Alto Tribunal que toda sentencia constituye una unidad
lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los
presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación148
, ya que no es sólo el
imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los
alcances del pronunciamiento, sino que estos dos aspectos dependen también de las
motivaciones que sirven de base a la decisión149
. En este sentido se ha resuelto que la
142 LOUTAYF RANEA, Roberto G.: “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Buenos Aires,
Astrea, tomo 1, 2009, pág. 198-199. 143 CSJN, 10-10-96, E.D. 176-410.
La motivación es una calidad o requisito de naturaleza esencial de la sentencia (CSJN, 26-5-71, E.D. 37-
332). 144 CSJN, 7-9-99, Rep.E.D. 34-824, nº 188. 145 CSJN, 16-3-99, “Efflind, Jorge Ricardo”, Rep.E.D. 34-879, nº 3; Id., 5-10-99, “Daman S.A.”, Rep.E.D.
35-1372, nº 3; Id., 27-6-02, “Di Benedetto, Diego Fernando”, E.D. 200-272; Id., 3-3-03, “Palomeque, Aldo
René”, E.D. 203-181. 146 CSJN, 10-10-96, E.D. 176-410.
147 CSJN, 14-9-2000, “Labombarda, Fernando vs. Transportes Benozo SRL.”, Fallos 323:2468, con cita de
Fallos 319:2264; 312:1720; 317:39. 148 CSJN, 10-4-90, L.L. 1990-D-240; Id., 4-8-2009, L.L. 2009-E-361; Id., 11-6-98, “Civilotti, Julio”,
Rep.E.D. 33-946, nº 2; Id., 10-8-93, “Aguirre, Ramón”, Rep.E.D. 28-619, nº 1. 149 CSJN, 20-2-86, “Industrias Metalúrgicas Pescarmona”, Fallos 308:139, y L.L. 1986-B-566; Id., 4-8-
2009, “Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea”, L.L. 2009-E-361.
sentencia debe interpretarse en su totalidad, o sea, también de acuerdo con lo que resulta de
sus considerandos150
.
La fundamentación es una exigencia del sistema republicano. La fundamentación es
una exigencia del régimen republicano, que requiere la publicidad de los actos de gobierno.
Y en el particular caso de las sentencias, se exige como garantía para los habitantes, ya que
de tal manera pueden controlar los actos de los magistrados, e impugnarlos, en su caso. En
tal sentido se ha dicho que la fundamentación de la sentencia constituye una exigencia del
funcionamiento del estado de derecho y de la forma republicana de gobierno151
Los jueces no se encuentran compelidos a seguir todas las argumentaciones de las
partes ni a hacer referencia a todas las pruebas producidas. Reiteradamente ha dicho la
Corte Suprema de Justicia de la Nación que los jueces no se hallan compelidos a seguir a las
partes en todas las argumentaciones o razones aducidas, ponderando una por una y
exhaustivamente, sino sólo aquellas que consideren conducentes, o sea, esenciales y
decisivas para fundar sus conclusiones y llegar a la justa dilucidación del litigio152
, ni
“expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de
las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa” (art. 386, segundo párrafo,
CPCCN)153
. Es decir, sólo deben analizar y decidir los capítulos y cuestiones, como también
150 CNCiv., Sala B, 6-10-70, E.D. 37-436. 151 CNCasación Penal, sala 1, 9-4-97, Doctrina Judicial 1997-3-814; 1998-I-684.
El sentido republicano de la justicia exige la fundamentación de las sentencias, porque esta última es la
explicación de sus motivaciones (CSJN, 28-4-92, “Orgeira”, L.L. 1992-D-648, Jurisp. Agrup., caso 8220).
La motivación responde a la necesidad de justificar la razonabilidad del mandato judicial: es fuente de
justificación de la sentencia (SAGÜÉS: "El recaudo de la fundamentación como condición de la sentencia
constitucional", E.D. 97-943, ap. III). 152 CSJN, 18-3-70, L.L. 139-764, 24.057-S; Id., 16-12-70, Fallos 278:271; Id. 8-2-74, J.A. 21-1973-
182; Id. 5-8-80, Fallos 302:827; Id. 8-9-81, Fallos 303:1303; 24-3-88, L.L. 1988-D-63; Id., Fallos 250:36; Id.
Fallos 262:222; Id., Fallos 266:178; SC Buenos Aires, 3-7-79, Rep. E.D. 14-843, nº 12; CNCiv., Sala A, 7-7-
83, L.L. 1983-D-98; Id. Sala B, 18-2-80, L.L. 1980-C-214; Id. Id., 17-6-80, E.D. 91-274, y J.A. 1980-IV-101;
Id., Sala C, 30-7-74, L.L. 1975-A-817, n° 656, y J.A. 24-1974-319; Id., Sala D, 17-3-83, E.D. 89-341; Id., Id.,
7-12-81, L.L. 1982-A-87; Id., Sala E, 16-2-84, L.L. 1984-C-414; Id., Sala F, 9-9-69, L.L. 138-987, 23.887-S, y
J.A. 1970-V-57; CNCom., Sala A, 15-12-77, E.D. 78-531; Id., Sala B, 14-8-70, L.L. 144-624, 27.741-S; Id.,
Sala C, 22-6-70, L.L. 139-514.
Los jueces no necesitan seguir todos los argumentos que se esgriman, pues no se puede negar la
libertad del juzgador para desenvolver con método los argumentaciones y razonamientos lógicos que siga,
según su análisis de la prueba, conforme al alcance de esos puntos integrantes de la litis, siempre que mencione circunstancialmente los elementos de juicio de que se vale en su raciocinio (CNCiv., Sala C, 30-7-68, E.D. 24-
268).
No es necesario que se ponderen todas las cuestiones propuestas por el recurrente, sino sólo aquellas
que se estimen decisivas para la solución del litigio (CSJN, 8-8-89, Rep.E.D. 24-688, nº 6).
Los jueces no están obligados a analizar todos los planteos de las partes, pues basta con que lo hagan
respecto de aquellos que consideren esenciales y decisivos para el fallo de la causa (CSJN, 22-11-84, “Munilla,
Julio”, Rep.E.D. 19-1222, nº 24).
Los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos utilizados por las partes sino aquellos que
estimen decisivos para la solución del caso (CSJN, 13-6-85, “Orlandoni, Américo”, Rep.E.D. 19-1222, nº 23). 153 CSJN, 29-4-70, L.L. 139-617; Id., 17-8-71, L.L. 144-611, 27.641-S; Id., 23-11-76, Fallos 296:445; Id.,
30-11-76, L.L. 1977-B-218; Id., 16-5-78, Fallos 300:535; 10-4-80, Fallos 302:253; Id., 3-3-81, E.D. 93-716;
ponderar las probanzas que resultan pertinentes para la correcta solución del litigio154
(aunque no resulta necesario tomar en cuenta aquellos temas que son desplazados por la
conclusión a que llega el sentenciante155
). Pero es nula la sentencia que omite tratar temas
conducentes para componer el litigio156
; o valorar pruebas decisivas que llevarían a una
solución contraria a la sostenida157
. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
debe descalificarse como acto judicial válido la sentencia que se apoya en argumentos que le
dan fundamentación sólo aparentes e ineficaces para sostener la solución adoptada158
.
Id., 1-4-82, Fallos 304:451; Id., 8-6-82, Fallos 304:819; CNCiv., Sala B, 18-7-75, L.L. 1975-D-365; Id., Sala C, 19-8-76, L.L. 1978-B-663, 34.593-S.
La tacha de arbitrariedad no cubre las discrepancias del apelante respecto de la ponderación de las pruebas
efectuadas por los jueces de la causa. La sola omisión de considerar determinada prueba, no configura agravio
atendible en ese marco si el fallo pondera y decide aspectos singulares de la cuestión y la resuelve con otros
elementos de juicio (CSJN, 13-6-2006, E.D. 220-35, con cita de Fallos 310:1162). 154 CSJN, 18-9-80, Rep. E.D. 14-736, nº 69; Id., 10-7-74, L.L. 156-905, nº 905; CNCiv., Sala B, 18-7-75,
L.L. 1975-D-365; Id., Sala C, 19-8-76, L.L. 1978-B-663, 34.593-S; CNCom., Sala A, 22-7-80, E.D. 89-508.
Los jueces no se encuentran obligados a tratar todas las cuestiones y argumentos desarrollados por las
partes, ni todas las pruebas producidas, sino sólo aquellos aspectos que consideren conducentes y decisivos
para fundar sus conclusiones y brindar la mejor solución al litigio (CSJN, 29-4-70, L.L. 139-617; Id., 17-8-71,
E.D. 43-403, y L.L. 145-346; Id., 20-9-88, Rep.E.D. 23-480, nº 22; Cciv.Com. Salta, Sala III, 3-3-97, Protocolo año 1997, pág. 127).
La decisión contenida en el acto jurisdiccional para ser válida debe consultar y tomar en consideración
todos los aspectos de la cuestión a resolver que posean entidad suficiente para condicionarla (CS Tucumán,
Sala laboral y Cont.-adm., 30-3-2009, L.L. NOA, 2009-453, y Rep.L.L. 2009-1080, nº 22). 155 SCBuenos Aires, 3-7-79, Rep. E.D. 14-843, nº 11. 156 CSJN, 30-4-90, L.L. 1990-D-237.
Es arbitraria y, por consiguiente, nula, la sentencia que arriba a conclusiones decisivas sin dar razón
suficiente de las mismas y omite considerar cuestiones conducentes para la decisión del litigio (CS Tucumán,
26-5-08, L.L. NOA, 2008-667, y Rep.L.L. 2008-1361, nº 32). 157 CSJN, 23-4-91, L.L. 1991-E-851, nº 195.
La falta de consideración de un elemento probatorio sólo posee virtualidad para provocar la anulación del
decisorio cuando, en el entorno de la motivación contenida en el fallo cuestionado, aquel aparece con eficacia decisiva para la dilucidación de la causa, de modo tal que, de haber sido tomado en cuenta, hubiese justificado
una decisión contraria a la adoptada (ST Córdoba, Sala Civil y Com., 24-9-2007, L.L. Córdoba, 2008-151, y
Rep.L.L. 2008-1363, nº 45).
Resulta procedente declarar la nulidad del pronunciamiento que admitió el reclamo laboral de la
trabajadora, en tanto omitió completamente considerar la prueba documental aportada que permitiría acreditar
con suficiente respaldo, no sólo la fecha en que se inció la relación laboral entre las partes, sino también
analizar la excepción de legitimación pasiva opuesta por uno de los codemandados, conduciendo a una decisión
distinta sobre las cuestiones sometidas a la decisión jurisdiccional (ST Formosa, 7-3-2007, L.L. Litoral, 2007-
868, y Rep.L.L. 2007-1170, nº 55).
Resulta procedente anular el pronunciamiento que valora en forma parcial y no integrada las pruebas y
constancias de autos, conducentes a la solución del litigio (CS Tucumán, Sala Civil y Penal, 11-6-2007, L.L. NOA, 2007-925, y Rep.L.L. 2007-1171, nº 67).
Resulta arbitraria la sentencia por la cual la Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia que
había admitido parcialmente la demanda por despido pues, reposa en un juicio valorativo que resulta parcial
por prescindir sin fundamento de la ponderación de pruebas que resultaban conducentes para la decisión del
caso, incurriendo en la tergiversación de la real causa por la que el a quo tuvo por justificado el despido
indirecto, endilgándole a su pronunciamiento un vicio que no contiene, y derivando de allí, un análisis de los
hechos y de la prueba que resulta inconciliable con las constancias de la causa (ST Entre Ríos, Sala III, trabajo,
16-4-2009, L.L. Litoral 2009-1107, y Rep.L.L. 2009-1081, nº 30). 158 CSJN, 4-10-94, Rep.E.D. 29-696, nº 15.
Corresponde invalidar la sentencia cuando la alzada no ha valorado adecuadamente las pruebas a la luz de
las reglas de la sana crítica y la sentencia no constituye una derivación razonada del derecho vigente, lo cual
Y con relación a la sentencia de segunda instancia, se ha precisado que el tribunal de
alzada no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y
argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son
conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento
válido159
. El tribunal de alzada no está limitado en su razonamiento por la argumentación del
recurrente; debe ceñirse, sí, a los puntos objetados, pero dentro de ellos tiene amplias
facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el a quo, incluso el juez de la apelación
puede utilizar distintos fundamentos de derechos de los invocados por las partes y por el juez
de primera instancia160
. Cuando un expediente llega a la Cámara en virtud de un recurso de
apelación, es el tribunal de alzada quien adquiere la plenitud de la jurisdicción, ocupando
desde entonces la misma posición que tenía el juez de la primera instancia; le corresponden
idénticos deberes y derechos161
.
Las apelaciones implícitas. La sentencia de segunda instancia, como ya se señaló,
también debe analizar, en su caso, las denominadas “apelaciones implícitas”, es decir,
aquellas cuestiones, defensas o argumentos planteados en primera instancia por el vencedor
y que fueron desestimados o no considerados por la sentencia en grado. Por lo tanto, si el
tribunal de alzada considera procedentes los agravios del recurrente, no por ello debe acoger
el recurso de apelación y revocar la sentencia, sino que debe conocer y resolver también
sobre las cuestiones planteadas por el vencedor que fueron rechazadas o no consideradas por
el juez de primera instancia, las que no quedan excluidas de la apelación interpuesta por la
otra parte, sino que, resultándole imposible al vencedor apelar por carecer de interés al serle
favorable la sentencia en grado, quedan sometidas implícitamente a consideración y
resolución de la alzada por el recurso interpuesto por el perdidoso162
, aún cuando el vencedor
redunda en menoscabo del debido proceso y del derecho de defensa en juicio (CSJN, 27-6-2002, E.D. 200-
272). 159 CSJN, 16-12-70, Fallos 278:271; CNFed. Cont.-adm. Sala III, 8-4-2011, L.L. revista del 1º de julio de
2011, fallo nº 115.576.
Resulta innecesario que la alzada se pronuncie sobre el acierto o desacierto de las consideraciones
abstractas formuladas por el juez de primera instancia, y de las que se agravia el apelante, si ellas no son las que sirven de fundamento a la sentencia recurrida (CNCiv., Sala C, 31-3-75, E.D. 65-484).
160 CNCiv., Sala F, 27-8-79, E.D. 87-250.
El tribunal de alzada puede confirmar uma sentencia com argumentos distintos a los del inferior (CSJN, 29-
12-71, E.D. 42-640). 161 CApel.Civ.Com. Lomas de Zamora, Sala I, 16-3-2006, E.D. 218-316. 162 Corresponde considerar en la alzada las defensas oportunamente interpuestas por la parte que no apeló al
resultarle favorable la sentencia de la instancia anterior (CSJN, 3-7-90, "Corones vs. Marvall", Fallos 313:577,
y L.L. 1990-D-536).
El hecho de que el vencedor en primera instancia no haya reiterado una defensa ante la alzada no obsta su
tratamiento en caso de que la Cámara de apelaciones decida dejar sin efecto la sentencia de grado, ya que al no
haber podido atacar el fallo que le había sido favorable, no corresponde interpretar el silencio como un
no haya reiterado en la alzada esas cuestiones163
.
Fundamentos de hecho y de derecho. Así como las partes en sus escritos
introductorias deben invocar los “hechos” en que fundan sus pretensiones u oposiciones
(arts. 330 inc. 4º y 356 inc. 2º CPCCN), así como el derecho que consideran aplicable (art.
330 inc. 5º y 356 inc. 3º), del mismo modo el juzgador, en oportunidad de dictar la sentencia,
debe también exponer los fundamentos de hecho (fácticos) y jurídicos. En los fundamentos,
entonces, se indican los hechos probados164
(a la luz de las pruebas producidas) y las normas
jurídicas en que se apoya la decisión; es decir, la fundamentación fáctica y jurídica explica el
porqué del mandato que toda sentencia contiene165
. En tal sentido dice el art. 271 del
CPCCN, la “sentencia se dictará por mayoría, y en ella se examinarán las cuestiones de
hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido
materia de agravios”. La debida fundamentación no se satisface cuando se omite la
abandono de las alegaciones invocadas con anterioridad, máxime cuando la intención de renunciar no se
presume (CSJN, 28-9-04, "B. de K.S., G.H. vs. Guevara, Juan", L.L. 2005-A-712).
Las alegaciones o defensas propuestas en primera instancia por la parte vencedora que no ha apelado por haberle sido favorable el resultado del pleito, quedan sometidas al tribunal de alzada en el supuesto que en esa
instancia sea revocado el pronunciamiento (SCBs. As., 28-5-96, Rep.L.L. 1996-1945, n° 34, y DJBA 151-
46239.
Cuando las decisiones resultan favorables a las pretensiones de una de las partes, esta última no puede
apelar la sentencia, aunque existan fundamentos, motivos o consideraciones que le resulten adversas. Debe
atenderse a las pretensiones deducidas y su satisfacción, y si la resolución es favorable a las pretensiones de la
parte no hay interés que justifique el recurso. Si la parte contraria apela, quedan implícitamente sometidas a la
decisión del tribunal de segunda instancia, todas aquellas defensas o fundamentos oportunamente planteados
por el vencedor y que fueron rechazados o no considerados por la decisión en grado (TSCórdoba, sala civ. y
com., 3-6-97, Rep.L.L. 1997-2246, n° 31, y LLC 1997-870).
Las defensas invocadas originariamente por la parte apelada y mantenidas en la litis deben ser tratadas por
el tribunal que revisa la sentencia, pues de lo contrario se perjudicaría a quien triunfa en la instancia de mérito, que no puede recurrir un pronunciamiento que lo favorece (CJSalta, 5-2-98, Rep.L.L. 1999-2168, n° 101, y LL
NOA, 1999-335). 163 PALACIO, Lino E.: “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo V, 1975, pág.466;
HITTERS, Juan Carlos: “Técnica de los recursos ordinarios”, La Plata, Platense, 1985, pág.422 a 424, 425 y
426; PONCE, Carlos R.: “La apelación adhesiva e incidental”, L.L. 1987-A-1093; CSJN, 28-9-04, L.L. 2005-
A-712; SC Buenos Aires, 7-11-65, Rep.L.L. 1970-1509, nº 100; CNCiv., Sala A, voto del doctor Llambías, 5-
6-63, E.D. 4-938; Id., Sala C, voto del doctor Belluscio, 7-10-75, E.D.68-456. 164 Destaca Vigo que Larenz ha llamado la atención sobre que el momento de mayor discrecionalidad
judicial y de más difícil control es precisamente el de las decisiones sobre los hechos. (VIGO, Rodolfo Luis:
"De la Ley al Derecho", México, Editorial Porrúa, 2003, pág. 47, citando a Larenz, K.: "Metodología de la
Ciencia del Derecho", Barcelona, Ariel, 1994, pág. 275). Y agrega luego que frente a aquella racionalidad empírica del paradigma decimonónico que llegaba a atribuir a los juicios de hecho una naturaleza deductiva,
hoy se comprende que más que verdades absolutas en los hechos, lo aconsejable es el camino que viene dado
"por la hipótesis más probable, o sostenida por mayores elementos de confirmación" (VIGO, Rodolfo Luis:
"De la Ley al Derecho", México, Editorial Porrúa, 2003, pág. 47, citando a TARUFFO, M.: "Modelli di prova e
di procedimento probatorio", en Rivista di dirittro processuale, año XLV, n° 2, 1990, pág. 444). 165 La motivación de una sentencia es el itinerario lógico que el juez recorre para llegar a la conclusión
(CNPenal Económico, sala B, 29-12-99, L.L. 2000-C-471).
La exposición de los fundmentos de la decisión, referidos tanto a los hechos como al derecho, es
inexcusable, y debe producirse de alguna manera en la sentencia, no sólo porque así lo exige el art. 163 inc. 6º
del cód. procesal, sino también porque su omisión afecta gravemente el derecho de defensa (CNCiv., Sala D, 4-
7-69, E.D.33-44).
consideración de elementos conducentes para la solución del caso, o se interpretan las
normas en términos que equivalen a su virtual prescindencia166
.
Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el ingente papel que en la
elaboración del derecho se asigna a los jueces, sólo reconoce como límite el requerimiento
de que sus sentencias estén sustentadas de manera objetiva y seria, pues las que sólo
traducen posturas subjetivas de los magistrados, no son vividas como jurídicas. Las
sentencias deben circunscribirse a meritar lo elementos fácticos y jurídicos necesarios para
resolver la causa y omitir consideraciones extrañas a su solución, o innecesarias para la
decisión del caso concreto167
.
Para pronunciarse sobre los hechos probados debe el tribunal hacer una “valoración”
de las pruebas producidas a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCCN).
Valoración o apreciación de la prueba significa establecer “cuánto vale la prueba”, es decir,
qué grado de verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso168
;
se procura establecer la eficacia que tienen los diversos medios de prueba producidos para
crear convicción en el magistrado sobre la existencia o inexistencia de los hechos objeto del
litigio, y la influencia que ello tiene en su decisión169
. Y las reglas de la sana crítica son las
que provienen de las ciencias, la técnica, la experiencia, la lógica y el marco normativo170
.
Debe reiterarse que el artículo citado señala en su última parte que los jueces “no tendrán el
deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino
únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”. Por lo tanto,
afecta la validez de la sentencia la falta de consideración de un elemento probatorio que tiene
eficacia decisiva para la dilucidación de la causa, de modo tal que, de haber sido tomado en
cuenta, hubiese justificado una decisión contraria a la adoptada171
. La Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha dejado sin efecto la sentencia que exhibe un error evidente que
excluye el mínimo de razonabilidad a que está subordinado el análisis de los hechos de la
causa172
.
Y en la aplicación del derecho rige el principio iura novit curia, en virtud del cual
166 CSJN, 14-9-2000, “Lobombarda, Fernando vs. Transportes Benozo SRL.”, Fallos 323:2468, con cita de
Fallos 319:2264; 312:1720; 317:39. 167 CSJN, 11-10-84, “Sasetru S.A.”, Fallos 306:1472, y L.L. 1984-D-437; Id.,8-6-93, “Buombicci, Neli”,
Fallos 316:1190, y L.L. 1994-A-342. 168 FALCÓN,Enrique M.: “Tratado de la prueba”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 2003, pág. 546. 169 COUTURE, Eduardo J.: “Fundamentos del derecho procesal civil”, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág.
257; ALSINA, Hugo: “Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Buenos Aires, Ediar,
tomo III, 1961, pág. 302. 170 FALCÓN,Enrique M.: “Tratado de la prueba”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 2003, pág. 572-573. 171 TS Córdoba, Sala Civil y Com., 24-9-2007, L.L. Córdoba, 2008-151, y Rep.L.L. 2008-1363, nº 45. 172 CSJN, 19-10-78, L.L. 1981-B-560, 35.904-S.
corresponde al juez calificar la relación sustancial en litigio y determinar la norma jurídica
que la rige, aunque las partes no la invoquen o lo hagan de manera errónea173
, siempre que
con ello no se alteren los hechos ni la causa petendi, ni se introduzcan pretensiones o
defensas no articuladas174
.
Aplicar la ley, dice Calamandrei, es “encontrar cuál es la norma jurídica que mejor se
adapta y que está en contacto con las circunstancias del caso concreto y, como consecuencia,
establecer la certeza respecto de cuál es el comportamiento que otros habrían debido tener en
concreto, en ejecución de aquella norma”. El juzgador, agrega, aplica la ley en cuanto
“califica y regula de conformidad con la ley, el comportamiento ajeno”: Y como conclusión
de esta operación de aplicación de la ley al hecho, “el juez proclama cuál es el mandato
concreto que regula el caso controvertido: esta proclamación oficial, en virtud de la cual la
opinable conclusión de un razonamiento se transforma en individualizada voluntad de la ley,
es lo que distingue a la declaración jurisdiccional de certeza del dictamen, no oficial y
siempre discutible, de un jurista privado”175
.
Como principio, la sentencia deben consignar los preceptos vigentes que el tribunal
considera aplicables para la solución del caso176
. Sin embargo, también se ha considerado
173 GUASP, Jaime: “Derecho Procesal Civil”, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, tomo I, 1968, pág.
319-320; CNCiv., Sala F, 14-6-85, E.D. 117-632, nº 521; CNCom., Sala B, 30-9-83, Rep.E.D. 20-B-1039, nº
65.
Según la regla iura curia novit, el juzgador tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos litigiosos y
dirimirlos conforme el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las
normas que las rigen, con prescindencia de los fundamentos o argumentos que enuncien las partes (CSJN, 3-6-
2008, “Tomasella”, Fallos 331:1382, y L.L. 2008-D-530).
La prerrogativa que tiene todo juzgador para calificar autónomamente –en virtud del principio iura novit curia- los hechos de la causa y subsumirlos en las normas jurídicas que los rigen, con independencia de las
alegaciones de los litigantes y del derecho por ellos invocados, permite examinar libremente el contenido de los
escritos constitutivos de la litis y dar a la controversia una solución jurídica acorde con los textos legales
(CNCiv., Sala E, 3-12-07, E.D. 228-191). 174 CSJN, 15-12-87, E.D. 128-618; Id., 3-9-87, J.A. 1988-IV-478; CNCiv., Sala E, 17-4-84, E.D. 110-181.
Conf. PALACIO, Lino E.: “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo V, 1975, pág.447-
448.
Si bien los jueces no están vinculados por la calificación jurídica de las partes, en virtud del principio "iura
novit curia", pudiendo enmendar o reemplazar el derecho mal invocado, no están facultados para alterar las
bases fácticas del proceso y la "causa petendi" (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo)
(CSJN, 24-6-2004, “Sorba, Luis”, Fallos 327:2471). La impugnación concerniente a los alcances del adagio "iura novit curia" justifica habilitar la instancia
extraordinaria, pues si bien en principio determinar las cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena al
ámbito del remedio federal, ello admite excepción cuando media manifiesto apartamiento de la relación
procesal, lo que ocurre cuando la sentencia se funda en el acogimiento de una defensa no alegada, pues la
calificación de las relaciones jurídicas que compete a los jueces no se extiende a la admisión de defensas no
esgrimidas, ni autoriza a apartarse de lo que tácitamente resulta en los términos de la litis (CSJN, 25-2-1992,
“Cúneo Libarona”, Fallos 315:103, y L.L. 1992-C-272). 175 CALAMANDREI, Piero: “Instituciones de derecho procesal civil”, traducción de Santiago Sentís
Melendo, Buenos Aires, Ejea, 1973, tomo I, pág. 173. 176 Los magistrados tienen la facultad y el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el
derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que
debidamente fundada la sentencia que se funda en principios doctrinarios o
jurisprudenciales177
. Igualmente ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el
principio jurisprudencial conforme con el cual las sentencias judiciales deben ser motivadas
en derecho, no es óbice para que las consideraciones de hecho puedan satisfacer las
exigencias de la debida fundamentación, si la decisión apelada puede ser referida a normas
obvias que no requieren declaración expresa178
. Resulta también excusable la omisión de
citas legales cuando la materia controvertida reviste predominante carácter fáctico179
.
El doctor Lorenzetti ha señalado que la arbitrariedad no puede resultar de la sola
disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un
apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica, y esta última requiere, a
su vez, que la decisión contenga una precisa descripción de los hechos con relevancia
normativa, y si no se aplica la regla, deben darse los fundamentos por los cuales resulta
inaplicable, inválida o es corregida por razones de principios coherentes y consistentes, que
resulten constitucionalmente fundados, ya que la labor de administrar justicia no se basa en
la sola voluntad o en el derecho libremente aplicado, sino en leyes, ya que nadie está sobre
ellas, siendo que la Constitución estableció un Poder Judicial integrado por jueces que
actúan conforme a reglas que la comunidad debe conocer, y a las que deben ajustarse para
que las soluciones sean previsibles, todo lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación
debe hacer respetar porque constituyen un elemento de la garantía constitucional del debido
las rigen con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes (CSJN, 17-12-87, “Galassi, Antonio”, Fallos 310:2733, y L.L. 1988-B-550).
La omisión de aplicar las normas legales vigentes en la materia de que se trata, implica que la sentencia deja
de constituir una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias de la causa, lo que
justifica su descalificación como acto judicial válido (CSJN, 19-4-88, “Collado de Veiras”, L.L. 1989-D-155). 177 CSJN, 27-8-71, L.L. 144-613, 27.655-S.
Lo que el Código Procesal impone al juez es que la sentencia que pronuncie sea fundada en derecho, siendo
en consecuencia el deber del juzgador el fundar en derecho su pronunciamiento y no imprescindiblemente, citar
tal o cual artìculo de la ley (CCom.Cap., 31-12-42, L.L., 30-461). La fundamentación en la ley impuesta al
sentenciante no se traduce en una simple enumeración de textos legales. La imposición es mucho más rigurosa,
ya que la exigencia se explicita en la aplicación de la norma jurídica al caso concreto, lo que connota que lo
querido es la actuación de la norma en lo resuelto, teniendo como líimites la pretensión del actor y la resistencia u oposición del demandado; es por ello que la inexistencia de citas legales en un fallo dictado de acuerdo a
derecho no es nulo; en cambio sí lo es aquél que pese a tener cita legal no resuelve la cuestión con arreglo al
derecho, es por ello que la jurisprudencia tiene dicho que “no es necesario que en la sentencia se citen
expresamente las disposiciones legales que se aplican, cuando de ella resulta la ley o doctrina aplicable al punto
en discución; la omisión de citas legales tampoco es causa de nulidad, si el juez cumple decidiendo la cuestión
de acuerdo a la ley (CCom.Cap., 30-12-39, J.A. 69-334; CCom.Cap. 7-2-40, J.A. 69-790) (CApel.Civ.Com.
Salta, Sala III, 20-8-73, “Corrales vs. Mattioli”, fallo publicado en “Boletín Judicial – Provincia de Salta”, nª
XI, 1974, pág. 131) 178 CSJN, 7-8-70, Fallos 277:310; E.D. 33-294, y L.L. 141-650, 25.368-S; Id., 13-7-78, “Inquimet S.A.”,
E.D. 79-515. 179 CSJN, Fallos 258-13; CNCom., Sala C, L.L. 102-906, 6803-S.
proceso180
.
Vicios de la sentencia subsanables por el recurso de apelación. La jurisprudencia, en
general ha preferido estar por la validez del acto jurisdiccional y considerar improcedente la
declaración de nulidad de la sentencia, si por la vía del recurso de apelación se puede
subsanar el vicio y dar adecuada respuesta a los agravios del recurrente181
. Y ello porque es
postulado en la materia que no cabe declarar nulidades sólo en interés de la ley182
.
Excepcionalmente se ha admitido la procedencia del recurso de nulidad, cuando los agravios
no podían ser reparados por el recurso de apelación, como ocurre en los supuestos de
sentencias carentes de fundamentación que impiden al recurrente expresar agravios y al
tribunal de alzada ejercer la función revisora183
.
Remisión a otra sentencia. Si de la relación de las cuestiones planteadas surge que el
asunto es similar al considerado en otros fallos, se ha admitido la validez de la remisión a los
fundamentos dados en otra sentencia184
. Si el antecedente a que se remite resolvió una
cuestión entre las mismas partes, basta la sola remisión185
; pero si se trata de una resolución
dictada en asunto entre otras partes, debe acompañarse copia de la misma, que es la forma
que tienen de conocer los fundamentos, más allá de su publicación en revistas
especializadas186
.
En casos sustancialmente análogos la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
hecho remisión a los decididos con anterioridad cuando fueron numerosos187
.
La remisión a los fundamentos dados por al juez de primera instancia, dice
Fenochietto, importa una desconsideración a los agravios expuestos por el recurrente, a la
180
CSJN, voto del doctor Lorenzetti, 15-6-2010, “Previfort S.A.”, Fallos 333:1062. 181 CNCiv., Sala A, 3-5-2007, E.D. 223-135; Id. Id., 22-12-2005, E.D. 217-465; Sala C, 21-3-81, E.D. 94-
396; Id., Sala G, 26-5-81, E.D. 94-632; CNCom., Sala C, 20-5-70, L.L. 141-309; CApelCiv.Com. Salta, Sala
III, 14-3-85, Protocolo año 1985, pág. 149; CPaz Jujuy, 29-3-70, L.L. 143-587, 26.763-S, y J.A. 8-1970-808;
CCiv.Com.Trab. y Cont.-adm. Villa Dolores, 3-8-2010, L.L. Córdoba, 2010-1179 y Rep.L.L. 2010-1262, nº 52;
HITTERS, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Ordinarios”, La Plata, Platense, 1985, pág. 524; PARRY,
Adolfo E.: “Nulidad de la sentencia por defectos de forma”, en Revista de Derecho Procesal”, Director Hugo
Alsina, Buenos Aires, Ediar, 1944, Primera parte, pág. 18 y ss., específicamente pág. 21-22. 182 HITTERS, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Ordinarios”, La Plata, Platense, 1985, pág. 526:
CNCiv., Sala F, 8-8-68, L.L. 134-502; E.D. 29-121, y J.A. 1-1969-999, nº 84; Id. Id., 25-2-69, L.L. 135-680. 183 SC Buenos Aires, 26-9-78, Rep.E.D. 14-841, nº 24; CNCiv., Sala A, 3-6-76, E.D. 69-394. 184 La remisión a un fallo anterior sin reproducir los argumentos allí expuestos no importa privar a la
decisión de fundamento legal (CNFed., Sala cont..adm., 30-3-64, E.D. 8-756, y L.L. 115-210). 185 FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado
y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 776. 186 Cabe revocar la sentencia en grado, pues no posee sustento jurídico propio, dado que la Cámara se
refiere a los fundamentos brindados en otras causas que omite reseñar o transcribir, circunstancia que obsta al
ejercicio de la función revisora de este Tribunal, dado que impide conocer la procedencia del recurso
extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la misma parte (SC Buenos Aires, 15-9-2010, La Ley
Online, cita AR/JUR/5917/2010). 187 CSJN, 27-11-72, L.L. 149-409.
vez que una violación al principio constitucional del debido proceso que exige que la
sentencia sea un acto motivado y razonado188
. Si existen agravios suficientes (en los
términos exigidos por el art. 265 del CPCCN), el tribunal de alzada debe darles respuesta;
caso contrario, y por más que sean suficientes y acertados las motivaciones o fundamentos
de la sentencia apelada, el tribunal de alzada no da los motivos de su confirmación cuando se
remite a los fundamentos de aquella189
. Y si no hay agravios suficientes, corresponde
declarar desierto el recurso (art. 266)
Remisión al dictamen fiscal. Si el dictamen fiscal analiza adecuadamente la cuestión
a resolver, y el tribunal comparte lo allí expuesto, puede hacer remisión al mismo190
.
Tratándose de la sentencia de segunda instancia, es válida la remisión al dictamen del
fiscal de cámara, que se emite después de dictada la sentencia recurrida, si en el mismo se
analizan los agravios expuestos por la parte recurrente y se expone el dictamen
correspondiente191
. Por el contrario, no sería válida la remisión a un dictamen anterior a la
sentencia en el que no se toman en cuenta los agravios del apelante; así como el art. 266 del
CPCCN establece que no basta como expresión de agravios la remisión a “presentaciones
anteriores”, de igual manera, tampoco es suficiente la remisión a un dictamen anterior que no
analiza los agravios del apelante, que es lo que debe analizar el tribunal de alzada para dictar
una sentencia válida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho este tipo de remisión en
numerosos pronunciamientos192
.
La fundamentación debe constituir derivación razonadq del derecho vigente con
aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Reiteradamente ha señalado la
Corte Suprema de Justicia de la Nación que es condición de validez de las sentencias
judiciales que sean fundadas y constituyen derivación razonada del derecho vigente con
188 FENOCHIETTO, Carlos E. en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, FENOCHIETTO,
Carlos E. y ARAZI, Roland, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1993, pág. 109. 189 DÍAZ, Clemente: “Instituciones de derecho procesal”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo II-A, 1972,
pág. 228.
La fundamentación de la sentencia definitiva de segunda instancia no puede suplirse con remisión a lo
expuesto en el fallo de primera instancia (SC Buenos Aires, 9-12-59, J.A. 1960-IV-54, nº 522). 190 CSJN, 26-3-96, “Macasa S.A.”, Rep.E.D. 30-1118, nº 5.
No es nula la resolución que hace suyos los fundamentos del dictamen fiscal (CNCiv., Sala B, 8-3-62, E.D.
2-813). 191 El hecho de haberse remitido la sentencia apelada a los fundamentos del dictamen del fiscal de Cámara,
no descalifica al pronunciamiento como acto judicial (CSJN, 26-3-96, Rep.E.D. 30-1188, nº 5; Id., 14-11-85,
Rep.E.D. 20-B-1311, nº 20).
La remisión al dictamen del fiscal de cámara no importa, por parte del tribunal, una indebida delegación de
facultades, ni la renuncia a su función de juzgar (CNCom., Sala A, 28-12-66, E.D. 19-792). 192 CSJN, 16-12-2008, “Arno Seewald S.A.”, E.D.231-404; Id., 7-4-2009, “Empresa de Combustible Zona
Común S.A.”, E.D. 232-441; Id., 2-6-2009, “Levín,Ernesto Ariel”, E.D. 233-169; Id., 2-3-2011, “Guerrero,
Estela Mónica”, L.L. 2011-B-499, y L.L. 2011-D, fallo nº 115.598.
aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa193
.
Por el contrario, el Alto Tribunal ha considerado ineficaces para sustentar una
decisión las consideraciones genéricas194
. Ha señalado también que debe descalificarse
como acto judicial válido la sentencia que se apoya en argumentos que le dan
fundamentación sólo aparentes e ineficaces para sostener la solución adoptada195
; que son
arbitrarias la sentencias que prescinden de aplicar la ley pertinente con fundamentación
tan sólo aparente y sin más base que la afirmación dogmática de quienes suscriben el fallo,
pues se afecta de ese modo el debido proceso legal (art. 18, Constitución Nacional)196
; que
corresponde hacer lugar al recurso extraordinario si la sentencia recurrida se apoya en
argumentos que le otorgan fundamentación sólo aparente, ineficaces para sostener la
solución adoptada y coloca a la recurrente en una situación lindante con la privación de
justicia, traduciendo en forma directa e inmediata el menoscabo de las garantías
constitucionales invocadas por aquélla (art. 18, Constitución Nacional)197
; que debe dejarse
sin efecto la sentencia que ha extinguido la acción intentada por el recurrente por cuanto
constituye una decisión sin fundamento jurídico o fáctico que autorice el proceder dispuesto,
dado que sólo argumenta una afirmación dogmática de quienes suscriben el fallo, que sólo
satisface en forma aparente la necesidad de ser derivación razonada del derecho vigente con
adecuada referencia a los hechos de la causa198
.
Congruencia interna de la sentencia. La congruencia formal o interna de la sentencia
se refiere a la conformidad de “la sentencia consigo misma”199
; es decir a la conformidad
que debe existir en la misma sentencia entre los fundamentos expresados en los
considerandos y el mandato expresado en la parte dispositiva200
. En tal sentido la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que una sentencia judicial constituye un todo
193 CSJN, 27-8-71, E.D. 43-403, y L.L. 145-346; Id., 20-9-88, Rep. E.D. 23-480, nº 22; Id., 16-3-99,
Rep.E.D. 34-879, nº 3; Id., 16-3-99, “Efflind, Jorge Ricardo”, Rep.E.D. 34-879, nº 3; Id., 5-10-99, “Daman
S.A.”, Rep.E.D. 35-1372, nº 3; Id., 27-6-02, “Di Benedetto, Diego Fernando”, E.D. 200-272; Id., 3-3-03,
“Palomeque, Aldo René”, E.D. 203-181.
Al basarse la sentencia en fundamentos tan sólo aparentes, que no constituyen una derivación razonada del
derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa, y al haber omitido el tratamiento
de extremos conducentes para la solución de las cuestiones propuestas, la hacen descalificable como acto jurisdiccional válido, y corresponde dejarla sin efecto (CSJN, 2-4-98, L.L. 1998-C-783, y DJ 1998-3-309).
194 CSJN, 5-4-95, “Concordia Refrescos S.A.”, Rep.E.D. 29-696, nº 14. 195 CSJN, 4-10-94, Rep.E.D. 29-696, nº 15. 196 CSJN, 1-12-98, “Casal, Alfredo”, Fallos 321:3415, y L.L. 1999-D-248. 197 CSJN, 20-8-96, “Cantera Timoteo S.A.”, L.L. 1996-E-534, y DJ 1997-I-360; Id., Fallos319:1687; Id.,
Fallos 324:1994. 198 CSJN, 28-4-88, “Laurenz, Héctor E.”, L.L. 1988-D-73. 199 GUASP, Jaime: “Derecho Procesal Civil”, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, tomo I, 1968, pág.
935. 200 DÍAZ, Clemente: “Instituciones de derecho procesal civil”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo II-A,
1972, pág. 229 y nota 113.
indivisible en cuanto a la recíproca integración de su parte dispositiva con los fundamentos
que la sustentan201
; que toda sentencia constituye una unidad en la que la parte dispositiva no
es sino la conclusión final y necesaria del análisis de los presupuestos de hecho y legales
tenidos en cuenta en su fundamentación202
. Y ha dejado sin efecto el pronunciamiento
descalificable por autocontradictorio, si los fundamentos y las conclusiones no guardan la
concordancia que deben tener203
; porque constituye una causal con entidad para invalidarlo
la falta de coherencia entre los considerandos y la parte dispositiva del fallo204
.
La jurisprudencia ha sido discordante sobre cual parte de la sentencia debe primar en
caso de contradicción. Así, en un sentido se ha decidido que si existe una manifiesta
contradicción entre los considerandos y la parte dispositiva y ninguna de las partes formuló
oportunamente el recurso de aclaratoria, debe predominar la parte dispositiva, que es la única
que se notifica a los interesados205
. Por el contrario, un fallo de una Cámara Nacional ha
resuelto que si la conclusión expuesta en la parte dispositiva de una sentencia, contradice el
razonamiento y la voluntad puesta de manifiesto en los fundamentos y en la relación con la
causa en cuestión, debe estarse a lo que surge de esos fundamentos206
. Como principio,
resulta más justo este último criterio por cuanto procura que prevalezca el verdadero del
tribunal, el que puede advertirse de los considerandos; y si la parte dispositiva dispone otra
cosa, debe entenderse que se ha incurrido en un error material. En este sentido se ha resuelto
que los errores materiales de la sentencia se configuran cuando en la parte dispositiva se
concluye resolviendo algo que contradice el razonamiento y la voluntad puesta de manifiesto
por el juez en los fundamentos del pronunciamiento y en relación con la causa en cuestión,
es decir, lo sentenciado no refleja o contradice lo que enuncia el pensamiento del magistrado
al explicitar los motivos207
.
Sin embargo, el Tribunal cimero de nuestra República ha dicho que ese defecto de
201 CSJN, 14-4-88, “Martínez, Eloisa vs. Provincia de Córdoba”, L.L. 1988-D-248, y La Ley Online
AR/JUR/686/1988; Id., 8-2-90, L.L. 1990-B-524 202 CSJN, 4-9-84, E.D. 111-97. 203 CSJN 3-5-79, L.L. 1979-C-605, 35.231-S; Id., 24-11-80, Rep.L.L. 1982-2186, nº 417; Id., 24-12-81,
Rep.L.L. 1983-2047, nº 704.
La sentencia que contiene una contradicción respecto de la imposición de costas es nula, porque en los considerandos se las impuso al tercero citado y en la parte dispositiva se las imputó al accionante, razón por la
cual no reúne las condiciones para su validez como acto jurisdiccional (ST Chaco, Sala I, Civ.Com. y Lab., 5-
7-2010, L.L. Litoral, 2010-991, y Rep.L.L. 2010-1262, nº 51). 204 CSJN, 6-8-81, Rep.L.L. 1983-2047, nº 703; Id., 10-3-88, Rep.E.D. 22-500, nº 393.
La falta de coherencia entre la conclusión y los fundamentos que la sostienen, se traduce en una grave
lesión a la garantía de la propiedad del perjudicado, incompatible con el adecuado servicio de justicia que
garantiza el art. 18 de la Const. Nacional (CSJN, 18-10-88, L.L. 1989-B-173, y DJ 1989-471). 205 CNCiv., Sala B, 12-9-75, E.D. 67-165 206 CNCom., Sala B, 16-2-2011, “Clementi, Marcelo Hermes vs. HSBC Bank Argentina S.A.”, Rep. L.L.
2011, voz “Sentencia” 207 CNCiv., Sala I, 29-4-97, E.D. 177-489.
discordancia entre los considerandos y la parte dispositiva puede ser subsanado en la
instancia ordinaria mediante el pertinente pedido de aclaratoria, y aún puede serlo en virtud
de lo dispuesto en el art. 166 inc. 1º del CPCCN)208
.
Decisión expresa, positiva y precisa
El art. 163 inc. 6º del CPCCN establece que la sentencia debe contener “la decisión
expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio,
calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y
condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte”.
Ya se ha destacado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que toda
sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión
necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su
fundamentación209
; y que es procedente dejar sin efecto una sentencia cuando los votos que
en apariencia sustentan la decisión no guardan entre sí la mínima concordancia lógica y
argumental requerida a los fallos judiciales210
.
Toda sentencia debe decidir el asunto sometido a juzgamiento. El art. 15 del Código
Civil establece que “los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio,
oscuridad o insuficiencia de las leyes”. Este artículo prohíbe a los jueces absolver la
instancia211
. Como son los órganos del Estado encargados de la función jurisdiccional y
resolver los conflictos que se le plantean, consecuencia lógica de ello es que tienen los jueces
el deber de fallar, pues de no cumplirse ello implicaría denegación de justicia212
. No pueden,
entonces, emitir un non liquet213
(“no está claro”) cuando no encuentran una normativa
directamente aplicable, porque se parte de la premisa de que el ordenamiento jurídico es
pleno. Y el artículo 16 del mismo Código señala cómo deben proceder frente a los casos que
no tienen solución legal expresa. La obligación de fallar es una obligación de derecho
público a cargo del juez.
208 CSJN, 30-3-82, Rep.L.L. 1983-2047, nº 706; CApel.Civ.Com Salta, Sala V, 4-10-90, Protocolo año
1990, pág. 853; Id. Sala III, 10-3-93, Protocolo año 1993, pág. 150. 209 CSJN, 27-6-89, E.D. 134-723; Id., voto del doctor Fayt, 13-6-89, E.D. 133-835; Id.,10-4-90, L.L. 1990-
D-240; Id., 11-6-98, “Civilotti, Julio”, Rep.E.D. 33-946, nº 2; Id., 10-8-93, “Aguirre, Ramón”, Rep.E.D. 28-
619, nº 1; Id., 4-8-2009, L.L. 2009-E-361. 210 CSJN, 5-9-2006, “Barrera, Genaro vs. Salvador Agliano y José Ritorno”, Fallos 329:3559. 211 LAVALLE COBO, Jorge E.: “Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y
concordado”, Belluscio Director, Zannoni, Coordinador, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1993, pág. 75. 212 LLAMBÍAS, Jorge Joaquín: “Código Civil Anotado”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo I, 1978, pág.
38. 213 FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado
y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 797.
De conformidad al transcripto art. 163 inc. 6ª del CPCCN, el juez debe pronunciarse
sobre las pretensiones deducidas. Como se ha señalado, el concepto de “pretensión” a que se
refiere este inciso representa la noción concreta del objeto perseguido, en función, según el
caso, de la causa por la cual se pide214
.
La decisión debe ser expresa y positiva: es decir, debe hacer lugar o rechazar, total o
parcialmente, la demanda y la reconvención en su caso (salvo que hubiera sobrevenido
sustracción de materia). Si se acoge el reclamo, debe dictar el concreto pronunciamiento
jurisdiccional solicitado en la demanda o reconvención; y si se hace lugar a la oposición de
la demandada, la decisión debe rechazar la pretensión del actor. Rige en ello, como ya se
señaló, el principio de congruencia, al que se refiere la norma en cuestión cuando dice que la
decisión expresa, positiva y precisa debe ser “de conformidad con las pretensiones
deducidas en el juicio…”. La decisión también debe ser precisa, es decir, que no deje lugar a
dudas215
.
Y con relación a la sentencia de segunda instancia, debe tenerse en cuenta que el
recurso de apelación es un recurso positivo, y por lo tanto, el tribunal de alzada debe
pronunciarse en su sentencia sobre todas las cuestiones de fondo (iudicium rescissorium); a
diferencia de los recursos negativos en que el tribunal se limita a dejar sin efecto la sentencia
impugnada y dispone el reenvío de la causa para que se dicte nuevo fallo (iudicium residens).
Es decir, al ser la apelación un recurso positivo, no puede el tribunal de alzada limitarse a
dejar sin efecto la sentencia en grado y reenviar la causa para que sea el a quo quien dicte
nuevo pronunciamiento, sino que es el mismo tribunal de apelaciones quien debe hacerlo en
el mismo acto216
-siempre, lógicamente que la cuestión a resolver se encuentre debidamente
sustanciada en la instancia anterior-217
. En consecuencia, según el resultado a que arribe el
214 SC Buenos Aires, 14-4-70, E.D. 33-46. 215 CHIAPPINI, Julio O.: “¿Cómo se redacta la parte dispositiva de una sentencia judicial?”, E.D. 202-669,
ap. III.
216 SC Buenos Aires, 2-11-93, Rep.L.L. 1993-1421, nº 32; DJBA, 145-7735, y E.D- 157-155.
Cuando un tribunal de alzada revoca la decisión de primera instancia debe resolver directamente, es decir
que no debe devolver la causa al juez de origen para que se pronuncie sobre las otras defensas o argumentos no
analizados en la sentencia recurrida, sino que el tribunal ad quem debe resolver todos los temas que integran la relación procesal: es lo que se conoce con el nombre de "apelación implícita", aunque -en rigor- no se debería
considerar "recurso", ya que no hay expresión de voluntad en tal sentido por parte de los litigantes, sino el
ejercicio de un deber impuesto por la ley al tribunal revisor (C1°CivCom Mar del Plata, sala II, 7-9-99, L.L.
2000-B-891, J. Agrup., caso 14.951; LLBA, 2000-51, y E.D. 187-520).
El tribunal de alzada debe resolver -en ejercicio de su potestad plena- todos los temas que integran la
relación procesal, por lo que no debe acudir al reenvío de la causa al juez a quo a tales fines, en tanto la
garantía de la doble instancia no exige la existencia de dos resoluciones sino tan sólo que el capítulo resuelto
haya sido propuesto en ambas instancias (CCivComLaboral y Paz Letrada Curuzú Cuatiá, 6-6-97, Rep.L.L.
1998-2163, n° 62, y LL Litoral 1998-I-318). 217 Si el tribunal de alzada deja sin efecto la sentencia de primera instancia por un vicio en el procedimiento
anterior a ella (en los casos en que el ordenamiento procesal lo permite), en tal caso, el tribunal de alzada no
tribunal, la sentencia de segunda instancia que dicte puede confirmar, revocar o modificar
total o parcialmente la resolución de primera instancia en aquello que ha sido objeto de
apelación218
.
Pueden, entonces, presentarse tres situaciones. Una, que el tribunal de alzada rechace
el recurso de apelación por considerar infundados los agravios del recurrente; en este caso la
decisión debe limitarse a declarar tal circunstancia. La otra situación se presenta en los
supuestos en que el tribunal del recurso hace lugar a la apelación (total o parcialmente); en
este caso, si el acogimiento de la apelación significa el rechazo de la demanda, la sentencia
debe hacer lugar al recurso y, en su consecuencia, rechazar la demanda planteada; pero si el
acogimiento de la apelación implica también el acogimiento de la demanda, la sentencia de
segunda instancia, además de hacer lugar a la apelación, debe emitir pronunciamiento de
conformidad con la pretensión formulada. Y si el acogimiento de la apelación significa
solamente la modificación de algunos de los puntos de la sentencia en grado, debe indicar en
qué sentido se modifica la sentencia de primera instancia. Señala Guasp que el contenido de
la sentencia de segunda instancia es: “o la desestimación del recurso de apelación y la
confirmación del fallo de primera instancia, o la estimación del recurso eliminando ese fallo
y dictando, en el mismo acto, otro que se entienda más ajustado a derecho”219
.
El párrafo del art. 163 inc. 6º que dice que la sentencia debe contener la decisión
expresa, positiva y precisa, “de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio…”
se refiere al “principio de congruencia”, que ya ha sido analizado supra en el título “LA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA”, al
que cabe remitir.
Y la parte siguiente en cuanto alude a que la sentencia debe contener la decisión
expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio,
“calificadas según correspondiere por ley…”, alude al principio “iura novit curia”, que ya
ha sido analizado en el título “LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y EL
PRINCIPIO ‘IURA NOVIT CURIA’”, al que corresponde remitir.
podría emitir un pronunciamiento positivo, sino que debe reenviar la causa a primera instancia para que se
sustancie debidamente el procedimiento que ha sido anulado, y luego de ello dicte un nuevo fallo.
218 COUTURE, Eduardo J.: “Fundamentos del derecho procesal civil”, Buenos Aires, Depalma, 1993,
págs. 366-367.
La alzada tiene amplios poderes sobre el objeto litigioso, pues juzga sobre los hechos y el derecho tal como
el a quo, de suerte que puede confirmar, reformar en todo o en parte, o sustituir la sentencia recurrida,
soluciones a las que se arriba a través de motivos propios o que concuerden con los del pronunciamiento en
revisión, bien que siempre ajustándose al deber de fundar, es decir, de expresar y exponer razonadamente los
sustentos de la resolución que expida (CNCiv., Sala C, 11-5-2004, E.D. 208-80). 219 GUASP, Jaime: “Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil”, Madrid, 1948, t. I, pág. 935; “Derecho
Procesal Civil”, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, tomo II, 1968, pág. 774.
Plazo para el cumplimiento de la sentencia
El art. 163 inc. 7º del CPCCN dispone que la sentencia también debe contener “el
plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución”, prescripción
que también resulta de aplicación a la sentencia de segunda instancia de conformidad a lo
que dispone el art. 164. La sentencia de segunda instancia debe cumplir con este requisito,
cuando hace lugar al recurso de apelación, y debe imponer al demandado (o reconvenido) el
cumplimiento de una condena.
La determinación del plazo queda librada al criterio discrecional del tribunal220
, salvo
que la ley fije uno específico221
, como ocurre con el art. 686 con relación al lanzamiento en
el juicio de desalojo222
.
Debe tenerse en cuenta que el plazo en cuestión es para el cumplimiento de una
obligación sustancial; por lo tanto su cómputo obedece a las prescripciones del Código Civil
(art. 28 y cc.) y no a las del Código Procesal223
. Y cuando el plazo lo fija la sentencia de
segunda instancia, comienza a correr a partir de su notificación224
, salvo que la decisión
contuviera una referencia distinta sobre el inicio del plazo.
Si la sentencia no contiene plazo, es ejecutable desde el mismo momento de quedar
ejecutoriada225
; la notificación de la sentencia importa el requerimiento al condenado.226
.
Pronunciamiento sobre costas y honorarios
El art. 163 inc. 8º del CPCCN establece que la sentencia debe también contener el
“pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios…”; y esta disposición también
220 PALACIO, Lino E. y ALVARADO VELLOSO, Adolfo: “Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación”, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo 4º, 1989, pág. 412. 221 PALACIO, Lino E.: “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo V, 1975, pág. 440. 222 PALACIO, Lino E. y ALVARADO VELLOSO, Adolfo: “Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación”, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo 4º, 1989, pág. 412-413. 223 FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado
y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 821; PALACIO, Lino E. y ALVARADO VELLOSO,
Adolfo: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo 4º, 1989, pág.
413; CNCiv. Sala D, 23-4-84, E.D. 111-674; Id., Sala G, 28-7-83, E.D. 106-527; Id. Id., 11-4-84, E.D. 110-419; CApelCiv.Com. Salta, 28-10-80, Protocolo año 1980, pág. 461.
224 CNCiv., Sala B, 7-6-79, Rep.E.D. 14-940, nº 56; CJSalta, Sala III, 23-5-74, Protocolo año 1974, pág.
332. 225 PODETTI, Ramiro y GUERRERO LECONTE, Víctor: “Tratado de las Ejecuciones”, Buenos Aires,
Ediar, 1968 tomo B, pág. 261.
La sentencia que no fija plazo al deudor para su cumplimiento es ejecutable desde el momento mismo de
quedar consentida o ejecutoriada (C1ªCiv.Com. Mar del Plata, Sala I, 19-8-71, E.D. 44-248) 226 CJSalta, Sala III, 8-8-77, Protocolo año 1977, pág. 354; PALACIO, Lino E. y ALVARADO VELLOSO,
Adolfo: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo 4º, 1989, pág.
411; FERNÁNDEZ, Raymundo L.: “Código de Procedimiento Civil y Comercial concordado y anotado”,
Buenos Aires. Impresora Argentina, 1942, pág. 285, nota 188 bis.
resulta aplicable a la sentencia de segunda instancia de conformidad a lo que dispone el art.
164.
Costas. En general, las disposiciones sobre costas están establecidas en los arts. 68 a
77 del CPCCN. El primero de los artículos marca como principio general que “la parte
vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo
hubiese solicitado”; y el párrafo siguiente indica los supuestos en que el juez la puede eximir
total o parcialmente de esta responsabilidad. De conformidad a este artículo 68, y a lo
establecido en el art. 163 inc. 8º, al no ser necesario petición de parte para imponer las
costas, el pronunciamiento al respecto constituye un deber del órgano jurisdiccional227
; que
rige tanto en el supuesto de imposición de costas como en el de exención228
.
Sin embargo, con relación al recurso de apelación, el art. 279 del CPCCN contiene
una prescripción especial para la sentencia de segunda o ulterior instancia: dice que “cuando
la sentencia o resolución fuere revocatoria o modificatoria de la de primera instancia, el
tribunal adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido de su
pronunciamiento, aunque no hubiesen sido materia de apelación”. Es decir, reitera el deber
de efectuar de oficio el pronunciamiento sobre costas de acuerdo al resultado de la apelación.
Si el tribunal de alzada acoge el recurso y revoca en su totalidad la sentencia de
primera instancia, en tal caso, por ser el apelado el vencido debe soportar las costas de
conformidad al principio general del art. 68 del CPCCN229
; y ello aun cuando la parte
vencida no hubiera contestado la expresión de agravios que se le corrió traslado230
. Cuando
la sentencia de segunda instancia revoca la de primera instancia y utiliza la expresión “con
costas”, ello significa que tal imposición corresponde a ambas instancias231
.
Si la sentencia de segunda instancia no hace lugar al recurso, debe imponer las costas
del recurso al apelante vencido232
, salvo que encontrare mérito para eximirlo. En este sentido
227 LOUTAYF RANEA, Roberto G.: “Condena en costas en el proceso civil”, Buenos Aires, Astrea, 1998,
pág. 223; “El Recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Buenos Aires, Astrea, tomo 2, 2009, pág.
323. 228 CNCiv., Sala D, 22-7-71, E.D. 41-603; L.L. 146-653, 28.617-S. 229 LOUTAYF RANEA, Roberto G.: “Condena en costas en el proceso civil”, Buenos Aires, Astrea, 1998,
pág. 335; “El Recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Buenos Aires, Astrea, tomo 2, 2009, pág.
324; CJSalta, Sala I, 3-9-69, L.L. 142-587, 26.755-S. 230 CNCom., Sala A, 13-8-69, Rep. E.D. 4-439, nº 285, y E.D. 31-974, nº 310. 231 CApelCiv.Com. Salta, Sala III, 7-9-81, Protocolo año 1981, pág. 979.
Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia apelada decidiendo de modo definitivo el
pleito, las costas impuestas no pueden ser sino las irrogadas en la totalidad de las instancias (art. 279, Cód.
Procesal), sin que obste a ello la circunstancia de que el tribunal a quo haya dispuesto que debían ser
distribuidas por su orden, puesto que tal decisión fue apelada por ambas partes (CSJN, 25-10-2005,
“Delphian”, L.L. 2006-A-454). 232 SC Buenos Aires, 19-3-63, Rep.L.L. 1965-371, nº 206; CNCiv., Sala C, 24-12-68, L.L. 136-1085,
22.231-S.
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que si no prospera ninguno de los rubros
que integran los agravios, y no concurren circunstancias de excepción que autoricen un
apartamiento, corresponde aplicar el principio general que establece la imposición de costas
al vencido233
.
La imposición de costas a una de las partes no significa necesariamente que deban
regularse honorarios a los profesionales de la contraria, sino que ello sólo debe hacerse si ha
existido trabajo profesional que justifique la retribución.
No obstante la derrota de una de las partes, el tribunal de alzada puede exonerar del
pago de las costas al vencido si encontrare mérito para ello o declararlas por su orden de
conformidad con el art. 68, párr. 2º del Código citado234
, debiendo en tal caso expresar los
motivos en que se funda bajo pena de nulidad, tal como lo requiere el artículo en cuestión.
Para eximir de costas, la sentencia de segunda instancia puede utilizar tales palabras, las
expresiones “no se imponen las costas al vencido”, o “sin costas”, o “costas por su orden” o
“costas por el orden causado”235
; pero esta expresión “sin costas” no significa que no
proceda regulación de honorarios que estén devengados (que deben ser retribuidos), sino
sólo que las costas son por su orden236
. Consecuencia de esta forma de declaración de las
costas, cada litigante debe pagar las que ha causado y la mitad de las comunes, siendo estas
últimas las ocasionadas por la actividad conjunta de ambas partes o la oficiosa del órgano
jurisdiccional237
.
Si el recurso de apelación sólo progresa parcialmente, existe vencimiento parcial y
mutuo, en cuyo caso corresponde la aplicación de las pautas señaladas por el art. 71 del
CPCCN238
. Las costas generalmente se distribuyen en la medida en que ha prosperado el
recurso interpuesto239
.
Finalmente cabe señalar que cuando el decisorio guarda silencio y no se expide sobre
imposición de costas, y tal pronunciamiento ha quedado firme, debe entenderse que las
233 CSJN, 28-4-72, L.L. 149-600, 30.030-S. 234 SCBuenos Aires, 28-7-64, E.D. 14-269. 235 LOUTAYF RANEA, Roberto G.: “Condena en costas en el proceso civil”, Buenos Aires, Astrea, 1998,
pág. 233 y ss.; “El Recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Buenos Aires, Astrea, tomo 2, 2009,
pág. 324; COLOMBO, Carlos J. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado”,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1975, t. I, pág. 164; CNCiv., Sala F, 22-5-73, E.D. 49-621. 236 CNCiv., Sala F, 22-5-73, E.D. 49-621; Id., Id., 2-2-82, Rep. E.D. 18-315, nº 31. 237 CNCiv., Sala F, 16-8-78, E.D. 80-481; Id., Sala G, 18-2-83, Rep.E.D. 18-315, nº 29; FASSI, Santiago C.
y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado y anotado”, Buenos Aires,
Astrea, tomo 1, 1988, pág. 416. 238 SC Buenos Aires, 10-12-63, Rep.L.L. 1964-381, nº 201. 239 CNCont.adm.Fed., Sala II, 29-12-77, L.L. 1979-A-589, 34.986-S.
mismas son por el orden causado240
.
Honorarios. Además del pronunciamiento sobre costas, el inc. 8º del art. 163 dispone
que la sentencia debe contener la regulación de honorarios. Ello, lógicamente, siempre que
sea posible. Hay, sin embargo, supuestos en que no puede practicarse la regulación en tal
oportunidad, lo que ocurre cuando al momento de la sentencia no se conoce el monto del
juicio o base regulatoria241
.
La regulación de honorarios, debe contener fundamentación, la que debe exponerse
en los considerandos de la sentencia; y es nulo el auto que carece de la misma242
. En
supuestos claros, basta con la cita de los artículos respectivos. Pero como ha señalado la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay casos en que la mera cita de las normas
utilizadas puede no ser suficiente, si en la especie se requiere mayores explicaciones sobre
las pautas utilizadas, como ocurre cuando hay sustancial variación de criterio entre las
regulaciones practicadas en ambas instancias243
.
De todas maneras, la omisión de practicar la regulación de honorarios en la sentencia
no determina la nulidad de la resolución, ni la caducidad de los derechos del profesional
dado que puede practicarse con posterioridad244
.
Firmas
240 CSJN, 2-5-58, “Diego P. Feune de Colombí”, Fallos 240:415; Id., 21-12-60, “Ramón Zas”, Fallos
248:730; Id., 13-11-67, “Pastor Linares”, Fallos 269:282; Id., 18-11-75, “S.A. Cía. Aseguradora Argentina”,
Fallos 293:409; Id., 27-12-96, “Tulio Franzosi”, Fallos 319:3361; Id., 7-4-98, “Héctor Daniel López”, Fallos
321-724; Id., 5-12-83, “Tamasi”, Rep.E.D. 18-315, nº 28; CNCiv., Sala A, 27-8-68, E.D. 25-500; Id. Id., 2-12-
69, E.D. 31-975, n° 313;Id. Id., 13-2-73, E.D. 52-457; Id. Id., 31-5-93, L.L. 1994-C-270; Id. Sala B, 22-7-68, L.L. 135-1079, 20.667-S; Id. Id., 10-8-86, L.L. 124-1151, 14.512-S; Id., Sala C, 10-10-67, E.D. 25-441; Id. Id.,
19-2-91, L.L. 1992-A-494, n° 7659; Id., Sala D, 29-10-85, L.L. 1986-A-634, 37.132-S; Id., Sala E, 2-8-68, L.L.
135-1079, 20.666-S; Id., Sala F, 22-2-72, E.D. 44-358; CNCom., Sala B, 8-8-75, E.D. 68-222; CFed. Bahía
Blanca, Sala II, 12-11-91, E.D. 149-229; CFed. Resistencia, 31-5-83, E.D. 106-451, y J.A. 1948-III-547; C.
Apel.Civ.Com. y Lab. Gualeguaychú, 2-2-2011, en la causa “SANTOS, Sergio Javier y otra s/Beneficio de
litigar sin gastos”, Expte. N° 2638/C; Id., 13-4-2011, en la causa “SÁNCHEZ, Julio Ramón s/ Beneficio de
litigar sin gastos”, Expte. N° 2732/C; FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D: “Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 415, § 20; PALACIO, Lino E. y
ALVARADO VELLOSO, Adolfo: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Santa Fe, Rubinzal y
Culzoni, tomo III, pág. 91; CHIAPPINI, Julio: “Costas y honorarios”, Santa Fe, Panamericana, 1995, pág. 28. 241 CNCiv., Sala D, 3-3-69, L.L. 135-1024; CHIAPPINI, Julio: “La regulaciones de honorarios deben
fundarse”, E.D. 214-759, ap. III in fine; FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y
Comercial. Comentado, concordado y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 822, § 63;
PALACIO, Lino E. y ALVARADO VELLOSO, Adolfo: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”,
Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo III, pág. 414. 242 CHIAPPINI, Julio: “Las regulaciones de honorarios deben fundarse”, E.D. 214-759. 243 CSJN, 3-2-87, E.D. 129-119. 244 CNCom., Sala C, 5-4-63, E.D. 6-192; FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil
y Comercial. Comentado, concordado y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 822, § 63;
CHIAPPINI, Julio: “Las regulaciones de honorarios deben fundarse”, E.D. 214-759, ap. III; PALACIO, Lino
E. y ALVARADO VELLOSO, Adolfo: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Santa Fe, Rubinzal
y Culzoni, tomo III, pág. 414.
Generalidades
El inciso 9º del art. 163 del CPCCN establece como requisito de la sentencia la
“firma del juez”. En el caso de la sentencia de segunda instancia debe tener la firma de “los
jueces del tribunal”, la que debe estar “autorizada también por el secretario” (art. 272). Es
decir, la deben firmar todos jueces los votantes245
.
La firma consiste en la transcripción, al pie del documento, por cada uno de los
magistrados, de sus nombres y apellidos, más el signo acostumbrado o rúbrica en la forma
que suela hacerlo el firmante246
.
Firma de los jueces
La firma de la sentencia por el juez “constituye un elemento sin el cual el documento
no tiene existencia”247
. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la firma
del juez en la sentencia es, como regla general, requisito esencial para que un
pronunciamiento judicial exista como tal248
. En un caso en que un secretario había suscripto
una resolución que excedía sus facultades e importaba el ejercicio de potestad jurisdiccional
propia de los jueces, la Corte ha considerado que tal actuación no constituye un acto
jurisdiccional, razón por la que declaró su nulidad y de todo lo actuado a consecuencia de
ella249
.
Con relación a la sentencia de segunda instancia, ha dicho la Corte Suprema que la
firma del juez en la sentencia es, como regla general, requisito esencial para que un
pronunciamiento judicial exista como tal --conf. art. 163, inc. 9° del Cód. Procesal, aplicable
245 PARRY, Adolfo E.: “Nulidad de la sentencia por defectos de forma”, en Revista de Derecho Procesal”,
Director Hugo Alsina, Buenos Aires, Ediar, 1944, Primera parte, pág. 18 y ss., específicamente pág. 27. 246 GUASP, Jaime: “Derecho Procesal Civil”, Madrid, Instituto de Estudios Polìticos, tomo I, 1968, pág.
525.
En un caso, de conformidad a lo que se desprende del art. 3633 y de la nota del art. 3639 del Cód. Civil,
referidos a los testamentos, se ha resuelto que no es necesario que la firma entera del juez conste de nombres y
apellidos, sino que es suficiente aquella forma habitual usada por el juez para suscribir las sentencias y autos
señalados en el art. 43 del Cód. Procesal de la provincia de Salta y su concordante el art. 21 de la ley de
organización de los tribunales nº 1173 (CJSalta, Sala III, 7-3-74, Protocolo año 1974, pág. 99, publicado en
“Boletìn Judicial – Provincia de Salta”, nº XII, año 1974, pág. 142). 247 COUTURE, Eduardo J.: “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág.
296; MORELLO, Augusto M. SOSA, Gualberto L. y BERIZONCE, Roberto O.: “Códigos procesales en lo
Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y anotados”, Buenos Aires –Abeledo-Perrot-, La Plata –Platense-, tomo II-C, 1982, pág. 57; FENOCHIETTO, Carlos E. en Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación”, FENOCHIETTO, Carlos E. y ARAZI, Roland, Buenos Aires,
Astrea, tomo 1, 1993, pág. 630.
Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación deducido contra la sentencia que carece de la
rúbrica del magistrado interviniente, pues al no reunir uno de los requisitos esenciales para revestir la calidad
de acto procesal, debe reputarse inexistente, carente por completo de virtualidad jurídica (CGarantías en lo
Penal, Mar del Plata, Sala I, 1-9-2006, L.L. Buenos Aires 2007-78, y Rep.L.L. 2007-1165, nº 9. 248 CSJN, 21-4-92, L.L. 1992-C-516; Id., 23-11-95, “Carello, María Teresa vs. Caja Nacional de Previsión
para Trabajadores Autónomos”, Fallos 318:2418, y La Ley Online AR/JUR/4375/1995. 249 CSJN, 12-7-2011, “Recurso de hecho deducido por G.C.G. en la causa G., G.C.”, L.L. 2011, fallo nº
115.846, en donde se cita Fallos 328:4150; 330:2131.
a este caso según el art. 164 mismo ordenamiento--, máxime si la rúbrica faltante resulta
claramente imprescindible para que quede conformada la voluntad mayoritaria del tribunal a
quo, del modo que se exige en los arts. 271 y 272 del Cód. Procesal. En este supuesto la
Corte ha declarado de oficio la nulidad de una sentencia ante la falta de firma de un juez de
la Cámara con el argumento que es misión indeclinable del Tribunal corregir la actuación de
la cámara nacionales cuando aparezca realizada con transgresión de los principios
fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia, incluso
porque dichos tribunales están bajo apercibimiento de la Corte Suprema, entre otras razones
para el control del cumplimiento de las disposiciones que regulan la construcción y el
funcionamiento de aquellos250
.
El art. 119 del Reglamento para la Justicia Nacional dispone que en “todas las
decisiones de las cámaras nacionales de apelaciones o de sus salas intervendrá la totalidad
de los jueces que la integran”; pero “en caso de vacancia, ausencia u otro impedimento, del
que debe haber en todos los casos constancia formal en los autos, la decisión podrá ser
dictada por el voto de los restantes, siempre que constituyan la mayoría absoluta de los
miembros de la Cámara o Sala y que concordaran en la solución del juicio”. Sobre el tema
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que debe rechazarse el pedido de nulidad
de la sentencia formulado sobre la base de jueces integrantes de la respectiva sala, cuando de
los fundamentos de la misma surge que la ausencia de uno de los jueces se debió a razones
de enfermedad y, tal como lo dispone la norma transcripta, la decisión fue dictada por el voto
de los restantes jueces que constituían mayoría absoluta y concordaron en el resultado del
juicio251
. Por el contrario, se ha considerado que constituye una clara violación al art. 109 del
Reglamento para la justicia nacional, y, por consiguiente, un agravio a la garantía de la
defensa en juicio, la falta de constancia formal de la firma de uno de los jueces de la cámara
que justifique su intervención en el acuerdo, sin que la escueta mención de los magistrados
intervinientes en el sentido de que “… firman los suscriptos por aplicación del art. 109 del
Reglamento para la justicia nacional…” corrija el vicio apuntado252
. (Sobre el tema, ver
también el título siguiente: “MAYORIA”, subtítulo “Supuestos en que un miembro del
tribunal no tiene necesidad de emitir voto”.
Firma de los secretarios
Con relación a la firma del secretario, se ha resuelto que no afecta la validez de la
250 CSJN, 21-4-92, “Asociación Personal Aeronáutico”, Fallos 315:695, y L.L. 1992-C-516. 251 CSJN, 28-4-98, E.D.178-728. 252 CSJN, 9-2-89, “Cademartori S.A. S/quiebra vs. Viviendas Suffern y otro”, L.L. 1989-C-175, La Ley
Online AR/JUR/647/1989.
sentencia la falta de autorización del secretario ya que su firma “no pertenece a la esencia del
documento sino a su prueba: simplemente es un refuerzo de autenticidad, inútil dentro de la
técnica de los instrumentos públicos, que dentro del sistema probatorio producen prueba por
sí mismos”253
; en tal sentido dice Podetti que la firma del juez, depositario de la jurisdicción,
no necesita ser legalizada o autorizada por funcionario o encargado de dar fe254
.
MAYORÍA
El art. 271 del CPCCN. De conformidad con el art. 271 del CPCCN, el acuerdo se
realizará con la presencia de todos los miembros del tribunal y del secretario. La votación se
hará en el orden en que los jueces hubiesen sido sorteados. Cada miembro fundará su voto o
adherirá al de otro. Y en la parte final establece que la “sentencia se dictará por mayoría…”.
Es necesaria la presencia de todos los miembros del tribunal. Como primer
postulado, debe señalarse que el acuerdo para dictar sentencia se debe realizar con la
presencia de todos los miembros del tribunal. Se trata de todos los miembros titulares del
tribunal. Y también los que hubieran sido convocados por recusación o excusación, licencia
de algunos de aquellos, o por vacancia que se haya producido.
Supuestos en que un miembro del tribunal no tiene necesidad de emitir voto. El art.
109 del Reglamento para la Justicia Nacional establece que en “todas las decisiones de las
cámaras nacionales de apelaciones o de sus salas intervendrá la totalidad de los jueces que
la integran. Sin embargo, en caso de vacancia, ausencia u otro impedimento, del que debe
haber en todos los casos constancia formal en los autos, la decisión podrá ser dictada por el
voto de los restantes, siempre que constituyen la mayoría absoluta de los miembros de la
cámara o sala y que concordaran en la solución del juicio”. Sobre el tema, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la sentencia de la Cámara de Apelaciones es
violatoria del citado artículo si sólo fue suscripta por dos de los integrantes de la sala, sin que
la mención de la ausencia circunstancial del tercer miembro alcance a configurar algún
253 COUTURE, Eduardo J.: “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág.
250, Conf. LOUTAYF RANEA, Roberto G.: “El secretario judicial”, en Revista de Derecho Procesal, del
Centro de Estudios Procesales de Rosario, dic. 1976, nº 28, pág. 35 y ss. “Algunos aspectos vinculados al
secretario judicial”, Revista FAM (Organo de Difusión de la Federación Argentina de la Magistratura), año II,
nº 5, jun. 2001.
El art. 163, inc. 9º del CPCC de la Provincia de Salta exige que las sentencias definitivas deben contener
además de la firma del juez la del secretario. Si la sentencia carece de firma del secretario, se trata de un simple
vicio procesal que no determina su nulidad (CApel.Civ.Com. Salta, Sala IV, 27-9-82, Protocolo año 1982, pág.
328-332, citado por LOUTAYF RANEA, Roberto G. y MONTALBETTI DE MARINARO, María C.: “Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta. Anotado con jurisprudencia local”, Salta, Ediciones
Noroeste Argentino, tomo III, 1995, pág. 58, nº 194; Id., Sala III, 28-10-2002, Protocolo año 2002, pág. 1010). 254 PODETTI, Ramiro: “Teoría y técnica del proceso civil”, Buenos Aires, Ediar, 1963, pág. 177.
supuesto de excepción al pronunciamiento de los tribunales colegiados, que supone la
actuación de todos los miembros que lo componen255
. Coincidentemente, ha señalado que
constituye una clara violación al art. 109 del Reglamento para la justicia nacional, y, por
consiguiente, un agravio a la garantía de la defensa en juicio, la falta de constancia formal de
la firma de uno de los jueces de la cámara que justifique su intervención en el acuerdo,, sin
que la escueta mención de los magistrados intervinientes en el sentido de que “… firman los
suscriptos por aplicación del art. 109 del Reglamento para la justicia nacional…” corrija el
vicio apuntado256
. En otra oportunidad ha considerado que debe rechazarse el pedido de
nulidad de la sentencia formulado sobre la base de que aquélla fue suscripta sólo por dos de
los jueces integrantes de la respectiva sala, ya que, de los fundamentos de ésta surge que la
ausencia de uno de los jueces se debió a razones de enfermedad y, tal como lo dispone el art.
109 del Reglamento para la Justicia Nacional, la decisión fue dictada por el voto de los
restantes jueces que constituían mayoría absoluta y concordaron en el resultado del juicio257
.
Un texto en cierta manera similar contiene el art. 141, ap. II, segundo párrafo del
Código de la Provincia de Mendoza. Establece el mismo que “en caso de vacancia, licencia
u otro impedimento similar del que debe haber, en todos los casos, constancia formal en los
autos, la decisión podrá ser dictada por el voto de los restantes, siempre que constituyeran
la mayoría absoluta de los miembros del Tribunal o Sala y que concordaren en la solución
de la cuestión o cuestiones a resolver”. La Corte de Justicia de Mendoza ha resuelto que la
falta de firma de la sentencia de uno de los integrantes del Tribunal sin expresa constancia de
su ausencia constituye un vicio encuadrable en el art. 150 inc. 4º del Código Procesal Civil
de la provincia y provoca indefectiblemente la nulidad de la sentencia por lesionar las
normas del debido proceso258
.
En la Provincia de Santa Fe, el art. 26 de la ley 10.160 (Orgánica del Poder Judicial)
establece: “Para dictar sentencia válida se requiere el voto totalmente concordante de dos
jueces. En caso de votación de todos los componentes de una cámara o sala, el
pronunciamiento válido se emite por mayoría absoluta de votos totalmente concordantes. En
255 CSJN, 2-2-93, L.L. 1993-B-230, y DJ, 1993-I-708. 256 CSJN, 9-2-89, “Cademartori S.A. S/quiebra vs. Viviendas Suffern y otro”, L.L. 1989-C-175, La Ley
Online AR/JUR/647/1989. 257 CSJN 28-4-98, E.D. 178-728. 258 SC Mendoza, Sala I, 7-5-2008, L.L. Gran Cuyo, 2008-558, y Rep.L.L. 2008-1359, nº 9, 10 y 11. El voto
de la doctora Kemelmajer de Carlucci ha considerado que corresponde declarar en el caso la nulidad de la
sentencia, pues de conformidad a la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el vicio en
cuestión es de tal gravedad que, en sí mismo justifica la invalidez. En cambio el doctor Romano , en disidencia,
entendió que no correspondía declarar la nulidad pues el recurrente ha omitido especificar el gravamen que el
vicio le ocasiona, tratándose de un simple error material que no tiene entidad suficiente como para fulminar el
acto atacado, en tanto ello importaría incurrir en un exceso de rigor formal.
caso de no lograrse tal mayoría se ordena la integración con otros jueces en número
suficiente para obtenerla. La opinión de la mayoría puede ser llevada por uno de los jueces;
la de la minoría del mismo modo”. En la práctica judicial cuando el tercer miembro del
tribunal toma conocimiento de los autos y advierte la existencia de dos votos concordantes,
puede abstenerse de emitir opinión invocando la norma transcripta259
. Pero la Corte de
Justicia de Santa Fe ha señalado que para que la sentencia de segunda instancia sea válida es
suficiente con el voto de dos jueces, pero ello no significa que a priori algún miembro de la
cámara quede descartado del estudio de la causa, pues la facultad de abstención de votar que
prevé el citado art. 26 de la ley orgánica debe ser ejercido de forma expresa y personalmente
acreditada260
.
Un texto similar contiene la Ley nº 7824/2010 de la Provincia de Salta, la que en su
art. 7º modifica el art. 2º de la ley 5595 y dispone que “La Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial estará compuesta por quince (15) jueces y funcionará dividida en cinco
(5) salas de tres (tres) miembros cada una”. Y el art. 8 de la primera de las leyes citada
introduce el art. 2 bis a la segunda, y establece que “para dictar sentencia válida se requiere
el voto totalmente concordante de dos (2) Jueces. En caso de votación de todos los
componentes de una Cámara o Sala, el pronunciamiento válido se emite por mayoría
absoluta de votos totalmente concordantes”.
Orden de la votación. En segundo lugar, el art. 271 del CPCCN dispone que la
votación debe hacerse en el orden en que lo jueces hubiesen sido sorteados. Lo vinculado al
sorteo de la causa está legislado en los arts. 268 y 269.
Votos individuales. Adhesión. La sentencia definitiva de segunda instancia (que
resuelve un recurso concedido en forma libre –art. 243 CPCCN-) debe contener votos
individuales de los jueces que integran el respectivo tribunal de alzada.
Al respecto dice el art. 271 del CPCCN que “cada miembro fundará su voto o
adherirá al de otro”261
. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la validez
del voto de adhesión262
, es decir, aquel que remite a los fundamentos de un juez preopinante,
259 CCiv.Com. Rosario, Sala I, 24-6-99, E.D. 185-271. 260 CS Santa Fe, 11-12-2002, Rep.L.L. 2003-1985, nº 4, y L.L. Litoral 2003-1109. 261 Si bien los tribunales colegiados tienen la obligación legal de preservar la individualidad de los votos
constitutivos de la sentencia, ello no implica que los magistrados que hubieran sido desinsaculados en segundo
y tercer término y coincidiendo con la opinión del magistrado precedente, tanto en la descripción y valoración
de las cuestiones fácticas que fijan la litis, cuanto en los fundamentos jurídicos y normas legales aplicables para
la solución de las cuestiones traídas a su decisión, deban repetir en sus respectivos votos las consideraciones a
la que adhieran, bastando con la expresión de voluntad concreta de cada uno de ellos de remitirse a los motivos
expuestos por el otro juez miembro del tribunal (CJCatamarca, 29-2-08, L.L. NOA, 2008-451, y Rep.L.L.
2008-1362, nº37). 262 CSJN, 6-12-57, Fallos 239:341; Id., 27-11-63, Fallos 257:66, y L.L. 1976-A-375.
sin reproducirlos263
. Pero se ha señalado que la adhesión requiere que el magistrado haga una
manifestación expresa en tal sentido264
.
Mayoría. El art. 271 del CPCCN establece en su parte final que la “sentencia se
dictará por mayoría…”. Se ha entendido que se trata de la mayoría absoluta de los jueces
que integran el tribunal265
; así, si el tribunal está compuesto por tres miembros, la mayoría
absoluta la conforman dos; si el tribunal está compuesto por cinco miembros, la mayoría
absoluta la conforman tres.
Si existen discrepancias en la solución del litigio se debe integrar el tribunal con
nuevos jueces, hasta lograr esa mayoría. Pero debe tenerse en cuenta que la mayoría que hay
que lograr es con relación a los miembros titulares del tribunal, y no respecto del número que
llegue a formarse como consecuencia del llamamiento a integración. En tal sentido se ha
resuelto que si está conformada la Cámara en sus salas con tres jueces, si entre ellos no hay
concordancia de opiniones, la de un cuarto coincidente con la de algunos de los anteriores
bastará para conformar una mayoría ya ilevantable; y agrega el fallo que ello a despecho de
la literalidad normativa (dec. Ley 1285/58, t.o. 26, RJN: 109), ya que exige mayoría
absoluta, la cual está normada contemplando la hipótesis de la constitución inicial del
tribunal, que es siempre con números impares266
.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que lo que da validez a la
sentencia y fija sus alcances no es solamente el imperio del tribunal ejercido concretamente
en la parte dispositiva, porque ésta depende también de las motivaciones en que se basa el
pronunciamiento267
.
263 PALACIO, Lino E. y ALVARADO VELLOSO, Adolfo: “Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación”, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo 6, 1992, pág. 421. 264 CSJN, voto de la mayoría, 9-6-2010, L.L. Buenos Aires, 2010-1265, y Rep.L.L. 2010-1258, nº 19 y 20.
En este voto se ha considerado que procede la declaración de nulidad de la sentencia recurrida pues la
manifestación realizada por el vocal de “votar por la negativa” sólo importa exteriorizar su voluntad de
compartir sólo el sentido de la decisión propuesta por el juez ponente, sin que pueda verificarse si compartieron
los fundamentos expresados en el sufragio que abriò el acuerdo de la Cámara. En su dicidencia los doctores
Negri, Kogan y Soria entendieron que, habiéndose aclarado en el expediente que se omitió consignar en el
pronunciamiento de uno de los jueces “por la negativa” que el mismo se dictó “por las mismas consideraciones” que su colega, afirmar que dicho voto no significa adhesión expresa y que por ello el fallo
carece de voto individual resulta manifiestamente insostenible, siendo vàlida la decisión (Rep.L.L. 2010-1258,
nº 18) 265 PALACIO, Lino E.: “Derecho Procesal Civil”,Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo V, 1975, pág. 472. 266 CFed. Apelaciones de Bahía Blanca, Sala II, 25-10-2005, “Paz, Víctor”, L.L. Buenos Aires 2006-75;
Cita La Ley Online: AR/JUR/4620/2005. 267 CSJN, 4-5-82, E.D. 99-678; Id., voto de los doctores Levene, Fayt y Belluscio, 6-3-93, E.D. 153-673;
Id., 4-8-2009. “Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea, L.L. 2009-E-361.
La sentencia configura un todo indivisible demostrativo de una unidad lógico jurídica y no es sólo el
imperio del tribunal ejercido puntualmente en la parte dispositiva lo que da validez y fija sus alcances (CSJN,
5-9-2002, “Onofre, Francisco R.”, Fallos 325:2219), ya que estos aspectos dependen también de la motivación
En igual sentido se ha considerado que la mayoría necesaria, no es sólo respecto a la
solución del asunto o parte dispositiva sino también de los fundamentos; es decir, se requiere
la existencia de votos coincidentes sobre cada uno de los puntos o capítulos que integran la
litis; y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado sin efecto una sentencia cuando
los votos que en apariencia sustentan la decisión no guardan entre sí la mínima concordancia
lógica y argumental requerida a los fallos judiciales268
.
También ha señalado la Corte que las sentencias de los tribunales colegiados no
pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales de sus
integrantes, sino como un producto de un intercambio racional de idea entre ellos269
.
Pero no necesariamente deben existir fundamentos iguales (porque de ser así, la
exigencia de votos individuales resultaría un requisito sin sentido, pues no sería otra cosa
que exigir una reiteración de fundamentos por cada miembro del tribunal), sino que cada
juez puede dar sus fundamentos aunque no sean los mismos o difieran de los dados por los
otros miembros270
. La sustancial coincidencia en los fundamentos que requiere la Corte
Suprema de Justicia de la Nación271
hace referencia a la necesidad que éstos no sean
contrapuestos272
, contradictorios273
, antagónicos274
, incompatibles275
o excluyentes entre
que sirven de base a la decisión (CSJN, 27-12-2005, “Fontana, Alejandro vs. Bustos Fierro, Marcelo”, Fallos
328:4739). 268 CSJN, 5-9-2006, “Barrera, Genaro vs. Salvador Agliano y José Ritorno”, Fallos 329:3559. 269 CSJN, 5-9-2006, “Barrera, Genaro vs. Salvador Agliano y otro”, Fallos 329:3559, con cita de Fallos
312:1500. 270 La discrepancia teórica o doctrinaria entre los fundamentos de los votos emitidos por los camaristas no
causa la nulidad de la sentencia (SC Buenos Aires, 29-8-50, Dig.L.L., XI-1619, nº 1576).
El art. 94 de la Constitución de la provincia de Santa Fe no exige que cada integrante del tribunal colegiado exprese las mismas consideraciones contenidas en el voto al que se adhiere, superabundancia que resultaría
inaceptable (CJ Santa Fe, 6-3-51, Juris, 2-63, y Dig.L.L. XI-1739, nº 3205).
271 La validez de la sentencia depende no sólo de que la mayoría convenga en lo atinente a la parte
dispositiva sino que también ostente una sustancial coincidencia en los fundamentos que permitan llegar a una
conclusión adoptada por mayoría absoluta (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo).
(CSJN, 11-6-03, “Olguín, Oscar”, Fallos 326:1885, y L.L. 2003-E-237; Id., 10-4-90, “Rossi Muñoz,
Adalberto”, Fallos 313:475, y L.L. 1990-D-240; Id., 23-8-2005, “Acuña, Ramón P.”, Fallos 328:3148; L.L.
2005-F-725, y cita La Ley Online: AR/JUR/3018/2005; CFed. De Mar del Plata, 19-8-2010, L.L. Buenos
Aires, 2010-1155, La Ley Online, cita AR/JUR/45733/2010).
Es invàlida la sentencia si no existen dos opiniones sustancialmente coincidentes con la solución del caso a
la luz del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional (CSJN, 14-11-2006, “Cruz, Bernardo Oscar”, Fallos 329:5103; Id., 5-9-2002, “Onofre, Francisco R.”, Fallos 325:2219; Id., 5-12-82, “Araujo, Francisco M.”, Fallos
305:2218).
Si bien lo referente al modo en que emiten sus votos los jueces de los tribunales colegiados y lo atinente a
las formalidades de la sentencia, es materia ajena al recurso extraordinario, corresponde hacer excepción a
dicha regla cuando no existe mayoría de opiniones sustancialmente coincidentes sobre la solución de la
cuestión debatida, lo que invalida el pronunciamiento (Del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace
suyo) (CSJN, 30-5-06, “Crimer, David”, L.L. 2006-D-155; Id., 27-12-2005, “Fontana, Alejandro vs. Bustos
Fierro, Marcelo”, Fallos 328:4739). 272 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado sin efecto una sentencia en que los argumentos de
la mayoría no sólo diferían entre sí sino que se contraponían (CSJN, 11-6-03, “Olguín, Oscar”, Fallos
326:1885, y L.L. 2003-E-237).
sí276
, o discordantes277
, o que no tienen la afinidad acumulativa indispensable278
, o que
resulte imposible articular los votos de los jueces de modo que puedan confluir en una única
decisión279
; pero no exige que sean iguales. Es decir, lo que se procura es que los
fundamentos puedan acumularse280
, y no que se excluyan mutuamente o resulten
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y del decreto
1563/2004, si del pronunciamiento recurrido resulta claro que, si bien dos de los jueces del a quo coincidieron
en la solución final de revocar la sentencia apelada ante sus estrados, partieron, de premisas y argumentos
discordantes, razón por la cual no hay opiniones en mayoría coincidentes sobre los fundamentos expuestos para
llegar a la solución expresada en la parte dispositiva de la sentencia (CSJN, 4-8-2009. “Cámara Argentina de
Bases de Datos y Servicios en Línea, L.L. 2009-E-361). 273 Si bien tres de los cinco camaristas coinciden en la solución final de rechazo de la demanda, parten de
premisas y, en ciertos casos, de argumentos contradictorios. De tal modo, no hay opiniones en mayoría
coincidentes sobre los fundamentos que permiten llevar a la solución de las cuestiones controvertidas (CSJN,
21-8-2003, “Iguera, Roberto O.”, Fallos 326:2783; L.L. 2004-A-18; y E.D. 207-60, con nota de Gozaíni,
Osvaldo A.: “Revocación de la sentencia de Cámara por ausencia de mayorías coincidentes”, E.D. 207-83).
No existe mayoría necesaria de opiniones en la sentencia cuyos votos contienen motivaciones
contradictorias (TSJ Córdoba, Sala Civ.Com., 18-9-98, Rep.L.L. 1998-2393, nº 24).
Si una sentencia contiene motivos contradictorios entre sí, ello equivale a la falta de motivación, porque los
motivos contradictorios se destruyen recíprocamente y dejan al pronunciamiento sin sustento legal (TS
Córdoba, Sala Penal y Correccional, 13-5-57, Dig.L.L. XI-1694, nº 2602). 274 Si la resolución emanada de un tribunal colegiado cuenta con tres motivaciones antagónicas o
sustentadas en argumentos divergentes entre sí –en el caso, uno de los jueces declaró extemporáneo el planteo de inconstitucionalidad formulado, el otro lo declaró tempráneo y lo admitió, y el tercero lo consideró
extemporáneo pero igual voto en el mismo sentido que el segundo-, el pronunciamiento carece de toda
justificación racional, quebrándose su concordancia intrínseca, siendo inconsistente su fundamentación y
existiendo extraneidad entre la motivación sentencial y la conclusión judicial, toda vez que la mayoría debe
sustentarse en las mismas razones o en argumentos que resulten compatibles jurídicamente entre sí gozando de
esta manera de una afinidad acumulativa indispensable para considerar válida y eficaz la adhesión que se
formula (TSJ Córdoba, Sala Civ.Com., 3-10-2003, L.L. Córdoba 2004-999). 275 La mayoría debe sustentarse en las mismas razones o en argumentos que resulten compatibles
jurídicamente entre sí gozando de esta manera de una afinidad acumulativa indispensable para considerar
válida y eficaz la adhesión que se formula (TSJ Córdoba, Sala Civ.Com., 3-10-2003, L.L. Córdoba 2004-999). 276 No existe mayoría necesaria de opiniones en la sentencia cuyos votos se apoyan en argumentos
esenciales que se excluyen jurídicamente, sin tener la afinidad acumulativa indispensable o contienen motivaciones contradictorias (TSJ Córdoba, Sala Civ.Com., 18-8-98, Rep.L.L. 1998-2393, nº 24).
Cuando los votos dados en el acuerdo se apoyan en argumentos que se excluyen jurídicamente, se destruye
la afinidad acumulativa indispensable para considerar válida y eficaz la adhesión que se formula, para lograr la
mayoría de opiniones que hace a la existencia misma de la decisión que exige el art. 156 de la Constituciòn
provincial (SC Buenos Aires, 31-7-56, L.L. 85-560). 277 CSJN, 30-5-2006, “Crimer, David”, L.L. 2006-D-510, y DJ 2007-I-192. 278 La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto que corresponde anular de oficio el fallo
de la Cámara de Apelaciones si los jueces que lo dictaron, aunque en definitiva concordasen en la solución,
sustentaron sus votos en fundamentos sin afinidad acumulativa, lo que excluye la mayoría de opiniones
requeridas por la Constituciòn (SC Buenos Aires, 26-4-64, “Bentivoglio vs. Arana”, citado por COLOMBO,
Carlos J.: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y comentado”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, t. II, 1975, pág. 569).
Cuando los votos dados en el acuerdo se apoyan en argumentos que se excluyen jurídicamente, se destruye
la afinidad acumulativa indispensable para considerar válida y eficaz la adhesión que se formula, para lograr la
mayoría de opiniones que hace a la existencia misma de la decisión que exige el art. 156 de la Constituciòn
provincial (SC Buenos Aires, 31-7-56, L.L. 85-560). 279 CSJN, voto de la doctora Argibay, 23-8-2005, Fallos 328:3148, L.L. 2005-F-726, y cita La Ley Online:
AR/JUR/3018/2005. 280 Corresponde anular de oficio el fallo de la cámara de apelación, si los jueces que lo dictaron,
aunque en definitiva concordaron en la solución, sustentaron sus votos en fundamentos sin afinidad
acumulativa, lo que excluye la mayoría de opiniones requeridas por la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires (SCBuenos Aires, 26-4-66, E.D. 29-793).
contradictorios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada en el caso por conjueces (y
aunque pueda ser opinable la aplicación del criterio al caso que analizaba), ha dicho que la
habitual divergencia de opiniones o fundamentos de los votantes, aun cuando por ella no se
obtenga mayoría doctrinaria sobre el tema en consideración, no es obstáculo para que se
estime lograda una mayoría real, cuando sobre el fondo del asunto haya vencedor y vencido
en el pleito a través del cómputo de las conclusiones a que los jueces del tribunal colegiado
arriben (en disidencia el doctor Benchetrit Medina consideró que en el caso no ha existido
una mayoría real de los integrantes del tribunal)281
.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a su vez, ha resuelto que existe
mayoría de opiniones aun cuando el juez de segundo voto funde el suyo en razonamientos
distintos, si no obstante ello, expresamente adhirió al sufragio del que lo precediera282
.
Es decir, y como principio, debe interpretarse con criterio restrictivo y actuarse
prudentemente en lo relativo a la declaración de invalidez de una sentencia por tener los
votos de la mayoría fundamentos diferentes, en los supuestos dudosos, si existe coincidencia
en la solución definitiva del litigio y los fundamentos conducen a ella, es preferible optar por
la validez de la sentencia que lo resuelve que dejarla sin efecto; al quedar resuelto el litigio,
la función jurisdiccional ha cumplido con su cometido; resulta, entonces, más valioso
reconocerle eficacia a la sentencia en cuestión que dejara sin efecto ante la posibilidad que
en el futuro se presentaran problemas relativos a la cosa juzgada (los que, por otra parte,
pueden nunca ocurrir)283
.
Entre los casos en que se ha dejado sin efecto un pronunciamiento, pueden citarse los
siguientes: a) cuando en la sentencia se advierte que uno de los jueces preopinantes declara
desierto el recurso y propone confirmar el fallo de 1ª instancia, otro, en cambio rechaza el
recurso por razones de fondo, el pronunciamiento carece de esencia, es decir, de unidad
lógica jurídica, cuya validez depende no sólo de que la mayoría convenga en lo atinente a la
parte dispositiva, sino que también ostente una sustancial coincidencia en los fundamentos
que permitan llegar a una conclusión adoptada por la mayoría absoluta de los miembros del
tribunal; la falta de coincidencia del primer voto en sí mismo, en cuanto declara desierto el
recurso y después propone confirmar el fallo de la primera instancia, y por el otro, la
281 CSJN, 3-10-88, Fabris, Marcelo H”, Fallos 311:2023; GOZAÍNI, Osvaldo A.: “Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación”, Buenos Aires, La Ley, 2006, tomo II, pág. 108. 282 SC Buenos Aires, 4-8-98, Rep.L.L. 1998-2394, nº 34; L.L. Buenos Aires, 1998-1220, y DJBA, 155-
6244. 283 LOUTAYF RANEA, Roberto G.: “El Recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Buenos Aires,
Astrea, tomo 2, 2009, pág. 293-295.
inexistencia de una mayoría válida de votos en sentido concordante, descalifica la sentencia
como acto jurisdiccional válido284
. b) Cuando uno de los jueces declaró extemporáneo el
planteo de inconstitucionalidad formulado, el otro lo declaró temporáneo e hizo lugar al
mismo, y el tercero lo consideró extemporáneo pero igual votó en el mismo sentido que el
segundo, supuesto en que se entendió que el fallo adolecía de la afinidad necesaria para su
acumulación285
. c) Cuando uno de los magistrados no se pronunció sobre el rubro daño
moral, otro se opuso, y otro lo admitió286
. d) Cuando el juez que se pronunció en primer
término propició la confirmación de fallo de primera instancia que rechazó la demanda con
arreglo a consideraciones atinentes la excepción de cosa juzgada opuesta por el demandado
mientras que el magistrado que lo hizo en segundo término no adoptó decisión alguna sobre
ese tema en tanto consideró que la solución confirmatoria se imponía por los motivos que
desarrolló respecto del fondo del litigio, y, finalmente, el tercer juez de la sala no
participó287
. e) Cuando el primer voto se inclina por declarar la nulidad parcial del fallo de
primera instancia; el segundo opina que debe declararse la nulidad parcial de ese fallo; y el
tercero por la desestimación de la apertura revisora del tribunal superior, no obstante lo cual,
a fin de computar la mayoría emergente, el tercer magistrado adhiere al primer voto,
contrariando su convencimiento y la conclusión razonada que ante había expresado288
.
PUBLICIDAD DE LAS SENTENCIAS
El segundo párrafo del art. 164 del CPCCN establece que “las sentencias de
cualquier instancia podrán ser dadas a publicidad salvo que, por la naturaleza del juicio,
razones de decoro aconsejaren su reserva, en cuyo caso así se declarará. Si afectare la
intimidad de las partes o de terceros, los nombres de éstos serán eliminados de las copias
para la publicidad”.
La publicidad de la sentencia es una exigencia del sistema republicano de gobierno
adoptado por la República Argentina (art. 1 de la Constitución Nacional), uno de cuyos
presupuestos es la “publicidad de los actos de gobierno”. Por tal motivo, como el Poder
Judicial conforma el gobierno del Estado, las sentencias que dictan los jueces deben darse a
284 CSJN, 10-4-90, “Rossi Muñoz, Adalberto”, Fallos 313:475, y L.L. 1990-D-240. 285 TSJ Córdoba, Sala Civil y Com., 3-10-2003, L.L. Córdoba, 2004-999. 286 ST La Pampa, 23-3-2010, Rep.L.L. 2010-1256, nº 2. 287 CSJN, 14-11-2006, “Cruz, Bernardo Oscar”, Fallos 329:5103. 288 CSJN, Fallos 304:590. GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”,
Buenos Aires, La Ley, tomo II, 2006, pág. 109.
publicidad289
. A tales efectos resultan de esencial importancia la fundamentación de la
sentencia, que es lo que permite conocer las causas y motivos que determinaron la decisión.
Sin embargo, tal postulado no reviste carácter absoluto. La misma norma contiene
dos excepciones: a) en primer lugar, cuando “por la naturaleza del juicio, razones de decoro
aconsejaren su reserva, en cuyo caso así se declarará”: en estos casos, entonces, no se debe
publicar la sentencia, pero es necesario que exista un pronunciamiento expreso del tribunal
en tal sentido; b) en segundo lugar, “si afectare la intimidad de las partes o de terceros”, en
cuyo caso “los nombres de éstos serán eliminados de las copias para la publicidad”; en tales
supuestos, la sentencia se puede publicar, pero con la eliminación de las partes o terceros
cuya intimidad pudiera afectarse; en la práctica sólo se indican las iniciales290
.
(Lo siguiente, no va)
En otro caso se ha considerado que carece de una mayoría de opiniones
sustancialmente coincidentes en la fundamentación del criterio suspensivo o interruptivo de
la prescripción que le permita sustentar debidamente su parte dispositiva, si la minoría
descartó el beneficio para litigar sin gastos y la presentación efectuada en sede penal tuvieran
aptitud para evitar la prescripción, el segundo voto, entendió que la sola “querella” reunión
las cualidades suficientes para suspender el curso de la prescripción de la acción civil, y el
tercero voto, juzgó con virtualidad interruptiva de la prescripción al beneficio de litigar sin
gastos291
. Sin embargo, creemos que en este caso no hubiera correspondido invalidar la
sentencia por cuanto existían fundamentos, si no iguales, que eran perfectamente
compatibles.
289 FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado
y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 825.
Es esencial en todo sistema republicano la publicidad de los actos de gobierno, no pudiendo negarse que
revisten aquella condición en un sentido lato las sentencias definitivas. Esa es la razón por la cual están
llamadas a ser difundidas y tal publicidad debe ser preservada tanto más, cuando en el proceso civil nacional,
de hecho, es muy menguada la posibilidad de que la sociedad fiscalice la administración de justicia (CNCiv.,
Sala I, 11-10-2001, E.D. 196-580). 290 FASSI, Santiago C. y YÁÑEZ, César D.: “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, concordado
y anotado”, Buenos Aires, Astrea, tomo 1, 1988, pág. 825. 291 CSJN, 5-9-2002, “Onofre, Francisco R.”, Fallos 325:2219.
En otro caso también ha dejado sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de
Provincia en que los dos votos que coinciden en la solución final parten de premisas y de
argumentos que no son coincidentes, dado que un juez consideró que el recurso no cumplía
con el recaudo de fundamentación autónoma y el otro concluyó que no se había acreditado
su deducción en término292
. En este caso, tampoco compartimos la solución dada por el Alto
Tribunal: contrariamente a lo expuesto por la doctora Argibay en su voto, entendemos que
era posible la articulación de los votos para confluir en la decisión que se había dado al
asunto.
La misma solución adoptó la Corte en un supuesto en que el juez que se pronunció en
primer término propició la confirmación de fallo de primera instancia que rechazó la
demanda con arreglo a consideraciones atinentes la excepción de cosa juzgada opuesta por el
demandado mientras que el magistrado que lo hizo en segundo término no adoptó decisión
alguna sobre ese tema en tanto consideró que la solución confirmatoria se imponía por los
motivos que desarrolló respecto del fondo del litigio, y, finalmente, el tercer juez de la sala
no participó293
. Y tampoco compartimos la solución porque los fundamentos no son
contradictorios ni excluyentes y resulta perfectamente posible su articulación a los efectos de
la decisión adoptada
292 CSJN, 23-8-2005, “Acuña, Ramón P.”, Fallos 328:3148., y L.L. 2005-F-726. 293 CSJN, 14-11-2006, “Cruz, Bernardo Oscar”, Fallos 329:5103.
