LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DE URIBE: 2002 -2010

POR TEÓFILO VÁSQUEZINVESTIGADOR CINEP - ODECOFI

Tras 8 años de gobierno del presidente saliente es necesario un balance del eje central de su gestión que fue sin lugar a dudas la política de defensa y seguridad democrática (PDSD) y su segunda etapa, la política de consolidación de la misma (PCSD). Tanto la PDSD como la PCSD tenían como objetivo en líneas generales: recuperar el control de territorio por parte del Estado para garantizar la vigencia del Estado de derecho; combatir el narcotráfico y otras formas de crimen organizado; y promover la seguridad y la ciudadanía. 1

Hay consenso sobre la disminución de la intensidad del conflicto, sobre una baja de los homicidios en general y de los indicadores más directamente asociados al conflicto amado1. Las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) disminuyeron en un 48% y las acciones bélicas en un 81% (Ver Gráfico1). También los homicidios disminuyeron de 28.897 en 2002 a 16.296 en 2009, es decir un 43%; los homicidios políticos en un 69% y los muertos en combate se redujeron en un 75% (Ver Gráfico 2).

Pero un balance de la efectividad y de las implicaciones de esta política para el país no se puede reducir al ámbito militar medido estadísticamente, lo anterior por obvio que parezca, la guerra y la paz son también un asunto estrechamente relacionado con aspectos políticos, económicos y sociales. En ese objetivo este

1 En esa opinión coinciden tanto las agencias gubernamentales como las organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento estadístico al conflicto armado en Colombia: Vicepresidencia, Ministerio de Defensa, Fundación Seguridad y Democracia, CERAC y CINEP.

artículo analizara las trasformaciones militares y territoriales del conflicto armado y su relación con el contexto político y económico, examinando los cambios de la confrontación entre el Estado y las FARC y las mutaciones del fenómeno paramilitar.

Un nuevo escenario estratégico de la guerra

Desde el gobierno de Pastrana se logró conjurar el objetivo de las FARC de pasar a una nueva etapa de la guerra, que consistía en romper el empate militar que durante años mantuvo con el Estado. Ese propósito se logró en medio de las negociaciones de Caguàn y en buena medida gracias a la ayuda miliar de los EE.UU. que se concreto a través del Plan Colombia2.

Lo anterior se ha profundizado en estos 8 años, lo que era antes un empate militar es actualmente un balance negativo en los aspectos tácticos y estratégicos para las FARC. Ya que como nunca antes la Fuerza Pública retomó y mantuvo la iniciativa militar contra esta organización guerrillera y es evidente la disminución de su accionar y de su presencia territorial3. En estos años han sido contundentes los golpes militares del Estado contra las FARC, es evidente su aislamiento internacional y el rechazo que concita en importantes sectores de la opinión pública, situaciones que el gobierno, hábilmente, puso a su favor en el terreno político.

Sin embargo, las FARC han dado muestras de una gran capacidad de reacomodamiento4 e incluso de reactivación militar5. Lo anterior es evidente en los siguientes escenarios regionales: en el Caguán a pesar del despliegue de

2 Observatorio de Derechos Humanos y DIH. (2008) Impacto de la Política de Seguridad Democrática: sobre la conformación armada, el narcotráfico y los derechos humanos. Vicepresidencia de la República. Contenido en: http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/publicaciones/estu_tematicos/impacto_poli_segdemocratica.pdf3 Ibíd.

tropas del Plan Colombia6 los resultados de la Fuerza Publica no han sido tan exitosos; además las FARC logro consolidar las fronteras como nuevas retaguardias estratégicas políticas y militares; también logró, siguiendo la colonización cocalera, fortalecerse en la Amazonía oriental y el pacifico nariñense y caucano; y se mantiene a la ofensiva en las zonas circundantes al macizo del nevado del Huila, especialmente en el norte del Cauca y sur de Tolima (Ver Mapa).

Con respecto al Estado y la Fuerza Pública, si bien son notables los avances en seguridad en los principales ejes y nodos económicos del país, es decir las regiones más integradas han sido aseguradas7. El conflicto armado se traslado con sus efectos negativos en materia de derechos humanos a las regiones donde la guerrilla se retiro tras su repliegue táctico8 y donde la Fuerza Pública desarrolla grandes operativos en una lógica de reconquista. El resultado es que la recuperación del territorio ha tenido efectos heterogéneos en las diversas regiones del país: lo que es alborozo y seguridad para las regiones integradas y sus respectivas élites es zozobra e inseguridad para los campesinos y colonos de las regiones de presencia histórica de la guerrilla.

En el terreno político los cambios no son ni drásticos ni alentadores, aun a pesar de la nueva situación militar. De un lado, la lucha contra las FARC y los éxitos en materia de seguridad han sido utilizados por el gobierno para eludir discusiones céntrales como: la crisis institucional que se produjo como resultado del estilo caudillista y mesiánico de Álvaro Uribe; el retroceso en las condiciones socioeconómicas de los colombianos pobres que tiene una de sus expresiones más nítidas en la grave crisis del sistema de salud; y la galopante corrupción que rodea a las altas esferas del gobierno y a la contratación publica con particulares cercanos al ejecutivo. Y por su parte, las FARC no dan señales de cesar en su empecinamiento bélico, al contrario, se puede afirmar, conociendo su dogmatismo político, que 8 años de gobierno de derechas justifican -para esta guerrilla- su alzamiento armado.

En relación con la paz el balance fue negativo. En primer lugar, no fue posible ni siquiera el intercambio humanitario y las dos partes no cedieron en sus propósitos políticos y militares. Es más, el retroceso fue innegable ya que el gobierno decidió desconocer que estemos en medio de un conflicto armado, a partir de denominar a las FARC como una amenaza terrorista contra la democracia colombiana. Y las FARC, por las razones que ya indicamos, no

4 Granada, Soledad, Restrepo, Jorge A y Vargas, Andrés R. (2009). “El agotamiento de la política de seguridad: evolución y transformaciones recientes en el conflicto armado colombiano”. En: Restrepo, Jorge A. y Aponte, David (eds.). Guerra y Violencias en Colombia Herramientas e Interpretaciones (pp. 27-124). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, CERAC.5 Ávila, Ariel (2009) “La guerra de las Farc y la guerra contra las Farc”. En Revista Arcanos, No. 15. Contenido en: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/arcanos/arcanos15_abril_2010_files/arcanos1.pdf6 Para un examen de los detalles del Plan Patriota, ver: Bedoya, Jineth. (2008) En las Trincheras del Plan Patriota. Bogotá, Intermedio.7 Vicepresidencia (2008) Opp. cit.; y Granada, Soledad, Restrepo, Jorge A y Vargas, Andrés R. (2009) Óp. Cit.8 Granada, Soledad, Restrepo, Jorge A y Vargas, Andrés R. (2009) Óp. Cit.

parecen haber sido permeadas políticamente a pesar del retroceso militar y de su poca legitimidad nacional e internacional.

El paramilitarismo: entre la negociación y rearme

Sin solución de continuidad el país pasó de las discusiones sobre la negociación con las extintas AUC a las preocupaciones por la reactivación del fenómeno paramilitar. En efecto, cuando aun todavía son inciertos los resultados de la ley de Justicia y Paz en relación con la verdad y la reparación de las víctimas, el ejecutivo no termina por encontrar el diseño apropiado para ejecutar una política de desmovilización y reinserción de los paramilitares rasos9 y el problema de la “parapolítica” aun perdura. Hasta el mismo gobierno esta alarmado por la violencia generada por las denominadas bandas criminales10 o fenómeno neoparamilitar11.

Entre 2002 y 2009, estos grupos no dan señales del mismo retroceso en su accionar violento que las guerrillas ya que las infracciones al DIH de las que son responsables solo disminuyeron en un 23%, frente al 82% de las acciones de las FARC (Ver Gráfico 3). Es más, como en el pasado su accionar estuvo dirigido contra la población civil, siendo responsables del 42% de las infracciones al DIH entre el 2002 y 2009, en comparación con el 34% de la Fuerza Publica, el 19% de las FARC y tan solo el 2% del ELN (Ver Gráfico 4).

9 Observatorio de Derechos Humanos y DIH. (2009) Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: una mirada cruzada sobre Centroamérica. Vicepresidencia de la República.10 El pasado 9 de julio el gobierno anuncio la conformación de un bloque de búsqueda para combatir a estos grupos, ver: El Tiempo, julio 9 Pág. 1 y 2 11 Romero y Arias. (2010) “Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines: crecen sus acciones ¿qué dice el gobierno?, en Revista Arcanos, No. 15, Contenido en: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/arcanos/arcanos15_abril_2010_files/arcanos3.pdf; y Granada, Restrepo y Tobón (2009) “Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano”. En: Restrepo, Jorge A. y Aponte, David (eds.). Guerra y Violencias en Colombia Herramientas e Interpretaciones (pp. 467-502). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, CERAC.

El paramilitarismo no ha reducido su presencia territorial, ni el control de la actividades económicas (legales e ilegales) y de la vida social y política de importantes centros urbanos como Medellín y zonas rurales como Urabá, el sur de Córdoba, el bajo Cauca, el bajo y medio Ariari y las sabanas del Vichada en los Llanos Orientales, así como también en la costa Pacifica en Nariño y Cauca. Pero esa presencia y control se hace con una diferencia importante en comparación con la etapa de las AUC: ya no se trata del precario equilibrio de grupos federados en un objetivo contraguerrillero. En la actualidad, son una amalgama de grupos, redes y franquicias que se disputan o hacen alianzas, incluso con las guerrillas, para mantener sus dominios territoriales (Ver Mapa).

En relación con el ámbito político, el fracaso del gobierno por desmontar el fenómeno paramilitar por la vía de la negociación se enfrentó a un contexto nacional e internacional que tanto el ejecutivo y los jefes paramilitares se empecinaron en desconocer: una comunidad internacional y una opinión publica nacional cada vez menos tolerante con los crímenes de las autodefensas y sus relaciones con el narcotráfico.

Con respecto a los problemas estructurales y de mediano plazo, las fallidas negociaciones y el actual rearme se explican por que ni en la agenda de negociación, ni en las prioridades de gobierno estuvieron presentes tomar medidas y acciones para enfrentar tres problemas, que a nuestro juicio reproducen el fenómeno paramilitar, y por consiguiente, la violencia en general: el problema agrario, es decir la distribución más equitativa de la tierra y la devolución de las tierras a los campesinos despojados y desplazados12, etc.; el empoderamiento de las élites emergentes relacionadas con el narcotráfico13; y finalmente, un tercero, donde convergen los anteriores, la democratización de la política regional y local.

Al contrario, diversos aspectos permiten concluir que estos tres ejes se profundizaron o se eludieron. En primer lugar, la política agraria favoreció abiertamente a los grandes empresarios agrícolas y las elites rurales. El narcotráfico, es decir, el cultivo de coca, la producción y la exportación de cocaína persiste o su reducción es minima: se mantiene lo que los expertos denominan el efecto de traslado de los cultivos tanto a nivel internacional como al interior del país. En efecto, mientras que en Colombia el área sembrada disminuyo en un 16% entre 2004 y 2009, en Perú aumento en un 19% y en Bolivia en un 12%. Y las diferencias por departamentos en Colombia son aun mayores, ya que en Nariño, Córdoba y Cauca aumentaron en un 16%, 81% y 385%, respectivamente, en muchos casos siguiendo las transformaciones geográficas del conflicto14.

12 Para un análisis regional del proceso de despojo, ver: Reyes, Alejandro. (2009) Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia, Bogotá, Norma.13 Para un análisis de este fenómeno, ver: Duncan, Gustavo. (2006) Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Editorial Planeta Colombia, Bogotá.

En segundo lugar, las expresiones políticas del narcotráfico y el paramilitarismo no fueron frontalmente atacadas. Es más, como en el caso de los “parapolíticos” recibieron el apoyo abierto o soterrado del gobierno a tal grado que gran parte de las colisiones entre el poder judicial y el ejecutivo giraron alrededor de estos escándalos. Y finalmente, ni que decir del deterioro de la calidad de la democracia local y regional, ya no solo por cuenta la presión de los grupos armados, sino por el remozamiento del clientelismo y las graves fallas institucionales del sistema electoral.

El balance con respecto a los paramilitares es negativo para el gobierno, ya que la tentativa del gobierno de negociar para sólo legalizar la contrarreforma agraria y los órdenes políticos locales y regionales que las AUC construyeron a través del terror entre los años 1997 y 2002, fracasó y el rearme es irreversible.

En síntesis, los 8 años del gobierno Álvaro Uribe en materia de paz y guerra se pueden resumir así: guerra con las FARC, negociación con las AUC y pasividad con el rearme paramilitar. En efecto, el esfuerzo bélico y la estrategia militar se han enderezado a la derrota de las FARC, lo que contrasta con la defensa del fallido proceso de negociación con las AUC y la falta de resultados más efectivos ante el rearme paramilitar.

14 Datos tomados de UNODOC (2009) Colombia: monitoreo de cultivos de coca 2009, Bogotá, UNODOC-Gobierno de Colombia, Pp. 14, 17 y procesados por CINEP.

Bogotá, Julio de 2010.