La pobreza en el pensamiento político

LA POBREZA EN EL PENSAMIENTO POLITICO.

ESPAÑA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

POVERTY, SPAIN, HISTORY, 19th. Century

Carmen López Alonso

Este artículo se publicó en Historia Social, nº 13, pp. 139-156 .

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"Realmente no hacía falta una revolución para explicar al universo que la extrema desproporción de las fortunas es el origen de muchos males y de muchos crímenes, pero estamos asimismo convencidos que la igualdad de bienes es una quimera. Yo la creo menos necesaria para el bienestar privado que para la felicidad pública. Pero, al parecer, se trata más de hacer la pobreza honorable que de proscribir la opulencia".

Robespierre. Discurso del 24 de abril de 1793

I. DERECHOS Y NECESIDAD

No son nuevas estas palabras que Robespierre pronuncia ante la Convención en la que se debate la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Más de un pensador del XVI las hubiera suscrito. Lo que realmente supone una ruptura radical es el planteamiento secularizado de las bases sobre las que descansan los derechos y la puesta en cuestión del que es clave de bóveda de todos los demás: el derecho de propiedad. En tanto que numerosos artículos defienden la libertad de su ejercicio, nada se dice, afirma Robespierre, para "determinar su carácter legítimo", de tal modo que la declaración "parece hecha, no para los hombres, sino para los ricos, para los acaparadores, para los agiotistas y para los tiranos". Entre las medidas que propone para reformar estos vicios están los artículos que se incorporarán a la Constitución jacobina de 1793. Marcados todos por una indiscutible moral igualitaria, hay algunos que, en adelante, y en buena medida hasta hoy mismo, tendrán una indudable influencia en las discusiones y propuestas de arreglo del problema de la pobreza y la asistencia a los necesitados. Me refiero a la afirmación de que la sociedad viene obligada a procurar la subsistencia de todos sus miembros, "ya sea proporcionándoles trabajo, ya sea asegurando los medios de existencia a quienes están incapacitados para trabajar", y a su concreción práctica: la obligación de contribuir a esta ayuda, que es "una deuda del rico hacia el pobre". La ley, y no la caritativa y caprichosa voluntad individual, ni la obligación religiosa, será quien determine el modo en que habrá de saldarse dicha deuda.

Estos artículos quedaron en una mera declaración programática: la Constitución de 1793 rodó, junto con las cabezas de los jacobinos. Pero su impacto se puede encontrar en las asociaciones obreras alemanas anteriores a las revoluciones de 1848 (1) así como en la mayoría de los planteamientos sociales críticos del resto de Europa (2), España incluida.

Evidentemente, antes de que los jacobinos afirmaran el derecho al trabajo y, como corolario, a la asistencia, se había reflexionado, largo y tendido, sobre la pobreza. Esta se había convertido en un tema estrella desde el momento en que, coincidiendo con el renacimiento urbano de la baja edad media, hace su aparición problemática: gentes "sin señor y sin oficio", vagabundos, jornaleros que piden salarios excesivos, pobres voluntarios, ordenes mendicantes o movimientos heréticos. Creo que está suficientemente demostrado ese origen, así como la continuidad en muchos de los temas que formarán el corpus del debate sobre los pobres y la pobreza a lo largo de todo el antiguo régimen, tanto en el caso de España(3) como

___________________________ Carmen López Alonso “La pobreza en el pensamiento político. España siglo XIX” (publicado en Historia Social , nº 13, pp. 139-156)

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en el de Europa (4) . Un debate que, en el XVI, se establece en términos de enfrentamiento entre dos conceptos básicos: la justicia y la misericordia. Se han escrito ríos de tinta, algunos un tanto repetitivos, sobre el tema y, aún a riesgo de caer en lo que se critica, creo que es necesario recordar que en la discusión sobre la conveniencia o no de regular la limosna y ejercer un control sobre los pobres, dándoles o no licencia para pedir siempre que cumplan determinados requisitos (vid. orden de 1540), lo que se pone en cuestión es no solo el tema de la justicia, expresado en la máxima paulina "el que no trabaje que no coma", sino el de la libertad individual(5) . Es cierto que la crítica del control que D. de Soto hace en nombre de aquélla, apenas oculta la defensa de unos intereses religiosos(6), pero también lo es que acierta a plantear una cuestión clave cuando sostiene que no se puede prohibir mendigar ni regular la limosna a no ser que previamente se haya garantizado el trabajo y la subsistencia a todos. De otro modo no cabe impedir que aquellos que lo precisen vayan a buscar su vida donde mejor les resulte (7).

La vinculación entre pobreza y trabajo estará presente en todos los planes de arreglo de la asistencia del Antiguo Régimen. Pero creo que los términos no son los mismos: lo que en la deliberación de 1545 era enfrentamiento entre dos concepciones del poder y sus límites -que traducía, evidentemente, todo el trasfondo de lucha político religiosa de la Europa de la reforma frente a la contrarreformista- en los planes concretos de los economistas del XVII y, más aún, de los reformadores ilustrados, lo que está en cuestión es un asunto económico global; se trata de hacer frente a la crisis, convirtiendo en súbditos útiles a la multitud de gentes que, a pesar de ser robustas y hábiles, viven sin trabajar. La cuestión central no es tanto la capacidad y los límites del poder político cuanto su necesaria vinculación al logro del "bien común", del bienestar de todos los habitantes del país. La pobreza es un problema económico, y no se habla de derecho al trabajo sino de obligación de trabajar (la idea keynesiana del pleno empleo asienta sus raíces en el optimista XVIII). Al poder político le toca fomentar el trabajo y educar en saberes útiles: esto ya estaba en el programa de Pérez de Herrera y los mercantilistas desde mediados del Quinientos y está, claramente, en todos los planes de reforma de los ilustrados, de los que es buena muestra el proyecto de B. Ward de "aumentar en el concepto político el número de naturales de España hasta dos o tres millones más", cosa que se logra cuando "de un hombre, que no trabaja ni da utilidad ninguna a la república, se hace un vasallo útil inclinándole a la industria"(8) . La política de fomento, mucho más global en su intento que la de tiempos anteriores, tiene como su otra cara la de la represión de los ociosos, vagos y malentretenidos, por una parte, y la de la ordenación de la asistencia a los pobres verdaderos, por otra. Esta va a ir siendo progresivamente controlada por el Estado, que intenta de nuevo, y con desigual éxito, racionalizarla y encauzar la acción de los elementos religiosos. A la par, una política de estímulo de las iniciativas privadas va dando cabida, junto a las actividades caritativas, las que, más secularizadas, se basan en motivos filantrópicos y de justicia social y de las que el exponente más claro son las Sociedades Económicas de Amigos del País.

De todos modos, el cambio producido es, fundamentalmente, de orden cuantitativo(9). Las bases sobre las que se asienta la ordenación todavía están lejos de enlazar con el debate político que el tema de la pobreza había provocado a mediados del XVI. Se habla de derechos y de obligaciones, cierto, pero en compartimentos estancos. Solo con la idea de igualdad radical entre los ciudadanos cabe el planteamiento, ya secularizado, sobre derechos, y deberes, de ciudadanos y sociedad. Estas ideas, no solo en su vertiente jacobina sino en la línea liberal moderada del pensamiento francés o de la ilustración escocesa repercutirán en nuestro país de forma estrangulada, debido en buena parte a las medidas de cierre ideológico y a las renovadas alianzas entre trono y altar (vía Inquisición), que se producen tras 1789 (10). El debate sobre la pobreza, que no es solo económico y político, sino también moral, sufrirá, y mostrará, los efectos del peculiar proceso de transición liberal en España.


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II. POBREZA Y REVOLUCION LIBERAL EN ESPAÑA

a. La regulación de la beneficencia: de 1812 a la Ley General de 1849.

El debate sobre las causas y remedios de la pobreza y la ordenación de la asistencia forma parte esencial de la construcción del régimen liberal y es sabido que desde los difíciles comienzos del liberalismo en el XVIII (11) , hasta el final de la primera guerra carlista, la desaparición del antiguo régimen se hace en España a trompicones. No es el conflicto previo entre sociedad y poder lo que conduce a la revolución, sino la guerra contra Francia. Una guerra que, sostenida "apoyados en el fanatismo popular y el mayor atraso de la época"(12), forzó a que la constitución de 1812, que pide que los españoles sean justos y benéficos, hiciera amplias concesiones a la religión. Sin embargo, en los artículos referentes a la beneficencia queda claro que ésta es asunto que le corresponde al poder civil, siendo los ayuntamientos los encargados de cuidar de los establecimientos de beneficiencia, correspondiendo a las diputaciones velar por el cumplimiento de sus fines y elevar al gobierno los remedios a los abusos que se observaran (arts. 321 y 335). No importa que la constitución fuera, en aquel momento, un espejismo (13). La lucha que se apunta por el control de la beneficencia queda ya planteada desde el principio.

Aunque no entremos en una detallada exposición de la legislación sobre beneficencia, que todavía está esperando un estudio crítico en detalle (14) debemos referirnos a ella como una pieza clave en el quebrado proceso político del país. Había ya puntos de no retorno en la vuelta al régimen absoluto y las medidas, tanto del primer sexenio como de la década del 23 al 33 seguían teniendo un sentido crecientemente centralizador, lo que, en opinión de un influyente contemporáneo, "abría el camino a reformas ulteriores, obedeciendo tal vez al impulso de los principios liberales cuando creían moverse en dirección opuesta"(15). Pero donde aparece de modo evidente el ánimo centralizador es en la ley de beneficencia del trienio (6 febrero 1822), que amplía en gran parte los principios constitucionales del 12. Políticamente, lo más destacable de esta ley es la reducción de todos los bienes de beneficencia a una sola clase, sin tener en cuenta cual fuera su origen (16) y la creación de las Juntas Municipales de Beneficencia como auxiliares de los ayuntamientos en este campo. Hay una clara tendencia a la intervención estatal y a la centralización en sus medidas de unificación y ordenación clasificada de toda la beneficencia, en su uniformización (17)y secularización: entre los miembros de las Juntas, nombrados por los ayuntamientos, no se encontraba ningún eclesiástico, lo que no fue obstáculo para afirmar que "las juntas municipales preferirán en lo posible a las Hermanas de la Caridad" especialmente para las casas de maternidad y la asistencia a los enfermos en los hospitales(18). También se sigue una línea similar en las disposiciones relativas a las llamadas "casas de socorro", consideradas como "asilos de la involuntaria pobreza" y en las que los acogidos habrán de trabajar, "tomando las debidas precauciones para que con este motivo no decaigan las fabricas particulares" (art.74); el fruto del trabajo será empleado en el mantenimiento de los acogidos, y el excedente que quede pasará a engrosar un fondo de ahorros que le será entregado al partir, una vez que la Junta de Beneficencia haya dado, por escrito, su autorización (art. 80). Estas casas se encargarán asimismo de dar trabajo a las personas de la provincia que carezcan de medios de subsistencia (art.77), pero en ningún caso podrán ser utilizadas como correccionales o lugares de castigo para "ninguna persona, sea de la clase que fuere" (art.73). La ley, como se ve, sigue en buena medida la línea de otros países europeos, fundamentalmente Inglaterra, si bien en este caso la centralización iba a acompañada por un intento global de control y de arreglo de la administración que no está presente en la española (19).

La ley de beneficencia se deroga en 1823, al igual que se hace con todas las disposiciones del trienio, y, lo mismo que en los demás casos, tampoco aquí se produce un total retorno. Los intentos centralizador es siguen presentes y vuelven a reaparecer con claridad en la R.O. de 16 de junio de 1833 por la que se intenta estructurar la beneficencia, aunque dando al clero un gran protagonismo dentro de las juntas de caridad (notar el significativo cambio de denominación).(20)


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Los incipientes aires de cambio que trae la muerte del rey quedan plasmados en la Instrucción que el 30 de noviembre de 1833 es enviada por Javier de Burgos a los subdelegados de Fomento (21). Tras el severo juicio del reinado de Fernando VII, que ha dejado al "país sin instituciones, sin códigos, sin administración, dominado por la lepra de abusos envejecidos", defiende la urgencia de unas reformas, que habrán de hacerse bajo un "regimen absoluto, ilustrado y paternal" que proteja no solo al labrador robusto o al capitalista opulento, sino al pobre, al enfermo y al desvalido. Pero que lo haga con eficacia, evitando que la ayuda se vuelva contra los mismos que la reciben. La eficacia exige una ordenación del gasto, para lo que J. de Burgos pide que los subdelegados hagan una memoria sobre la situación que sirva para fijar un plan general, reuniendo todos los fondos con que se cuenta y administrándolos con el menor coste posible. Las líneas básicas de la ley de 1822 se repiten: lo hace su tendencia centralizadora, su recomendación del socorro a domicilio cuando ello fuera posible o su intento de supresión de la mendicidad, al establecer, entre otras medidas, talleres de trabajo dentro de los hospicios. La R.O. de 26 de marzo de 1834 materializa en parte la Instrucción: las juntas provinciales, que se ponen bajo la presidencia de los subdelegados, encargados de examinar las cuentas y corregir los abusos, no estarán formadas por el clero o la nobleza, sino por personas capaces, conocedoras de la ciencia económica e interesadas en el bien de sus semejantes (22). La beneficencia, centralizada en el ministerio de la Gobernación, es un componente básico del proyecto global de J. de Burgos, por el que se trata de construir una administración que asegure su permanencia, por encima de los cambios de gobierno, y se convierta en elemento esencial de estabilidad.

La transformación en el régimen político y municipal permite que en 1836 se vuelva a poner en vigor la ley de febrero de 1822, a la par que se encarga a una comisión la elaboración de un nuevo plan de beneficencia. Es sabido que el proceso es largo y no cristalizará hasta que, bajo el gobierno moderado, y una vez llevada a cabo la desamortización eclesiástica, se apruebe la ley de 20 de junio de 1849 y su reglamento de 14 de mayo de 1852 (en el intermedio, las negociaciones con Roma habían desembocado en la firma del Concordato por el que la Iglesia recuperaba buena parte de su poder económico y su influencia en el terreno de la enseñanza) (23). El proyecto del gobierno censura el carácter centralizador de la ley de 1822 y defiende que queden en manos privadas las fundaciones y establecimientos benéficos particulares. El resto de las instituciones se consideran de carácter público. El informe del Senado insiste en la defensa de las instituciones de beneficencia católicas, de su papel en la historia y de su espíritu caritativo, criticando la secularización y otras "utopías", como los talleres nacionales o las tasas de pobres inglesas. La ley que se aprueba no ha perdido por completo las características centralizadoras, pero aunque la dirección de la beneficencia siga en manos del gobierno, el peso de la iglesia se deja notar de nuevo, no solo en el respeto a los establecimientos particulares, sino en la composición de las Juntas de beneficencia, tanto la general como las provinciales y las municipales, en las que, junto a las autoridades civiles, participan las eclesiásticas, además de una representación de las corporaciones populares, los patronos de los establecimientos y un número de plazas de libre nombramiento (24). El objetivo general de la ley es atender a la subsistencia y las necesidades sanitarias de los menesterosos que, de forma involuntaria, sufren privaciones o necesidades, sin muchas más especificaciones. La tradicional vinculación entre beneficencia y sanidad sigue presente, al igual que la afirmación de su carácter asistencial y no correccional (25). Lo fundamental no es, en todo caso, el derecho del pobre a la asistencia, que no se reconoce (26), sino el debate que subyace sobre el poder. Debate en el plano teórico y en su materialización: de hecho, y aún a falta de más estudios detallados sobre la actuación de las Juntas de Beneficencia en el nivel local, bien se puede decir que éstas forman parte importante del poder efectivo de la ciudad, no solo en lo relativo al control del comportamiento de la población, sino por las decisiones económicas que toman (27).

b.- Pobreza y progreso

También en el tema de la pobreza se deja sentir sobre el fondo conceptual, de raíz ilustrada, de los liberales españoles, la influencia de las ideas y temores presentes en Europa, de las que muchos se impregnan en sus períodos de forzado exilio político. Apenas es objeto de debate la diferenciación, resuelta desde hace tiempo en el nivel teórico, entre pobres verdaderos y pobres válidos, término con el que se sigue denominando a los individuos robustos que, pudiendo trabajar, viven de la ayuda ajena. El verdadero cambio se produce con respecto a


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estos últimos y lo que preocupa, incluso antes de que el problema se plantee como realidad acuciante en España, es el pauperismo. Este término, que pasará a formar parte del vocabulario político español y europeo(28), comienza a ser empleado en Inglaterra con ocasión del debate sobre las nuevas Leyes de Pobres (1834) para diferenciar dos grupos que las leyes isabelinas no separaban: los pobres (enfermos, viejos, huérfanos, víctimas de calamidades públicas, etc.), y los "pauper", los trabajadores pauperizables.

La identificación entre pobre y trabajador hecha en la mayor parte de los textos españoles de la primera mitad del XIX, no solo es resultado del contexto precapitalista del momento (29) sino que también muestra la preocupación por la pobreza asociada al trabajo, que caracteriza todo el pensamiento europeo de la época. La beneficencia no es el corolario forzoso de este tipo de pobreza. Por ello conviene distinguir, al hablar de pobreza en general, entre lo que son planes económicos globales y lo que son intentos de construir un aparato administrativo que, como quería J. de Burgos, permanezca por encima de los gobiernos y constituya una base firme sobre la que asentar el Estado. Aunque ambos discursos están con frecuencia imbricados, es en este segundo grupo en el que entrarían los planes de control y arreglo de la beneficencia cuya necesidad es reconocida por prácticamente todos los contemporáneos, que también están de acuerdo en que la beneficencia no debe resultar perjudicial ni al país ni a los que la están recibiendo. Las coincidencias desaparecen a la hora de interpretar cómo lograrlo (centralización y control estatal versus dominio eclesiástico y defensa de la autonomía de las fundaciones particulares) y ya se ha señalado como la evolución de la legislación responde a la clara tendencia conservadora y defensiva del gobierno moderado y a la renovada influencia eclesiástica en la política española.

El giro hacia la moderación se produce ya durante el trienio cuando, entre los liberales, aparecen manifestaciones de creciente recelo ante el radicalismo exaltado. La fórmula, en muy citada frase de Martínez de la Rosa, es la defensa de la libertad sin alterar un ápice el tronco de la propiedad. Sobre estos dos pilares es posible la consecución de la riqueza. Ha llegado el tiempo de la civilización, de la materialización del progreso, de la libertad dentro del orden. Frente a los excesos jacobinos y las proclamas de derechos absolutos, el imperio de los hechos, del justo medio, de la razón materializada en las clases inteligentes y propietarias.

El viejo optimismo ilustrado que resuena en el "!Enriqueceos!" de Guizot, sigue presente en los proyectos económicos de los años treinta, a pesar de que la confianza en la matemática armonía del mundo ya ha comenzado a resquebrajarse. Malthus desencadena la duda en 1798 con su Ensayo sobre la población, donde rebate la teoría del progreso de A. Smith, subvirtiendo las bases económicas y morales sobre las que descansa y elevando a la pobreza a incontrovertible ley natural (30). La condena de la asistencia a los pobres y su crítica a la industrialización van a tener una gran influencia en el pensamiento europeo de la primera mitad del XIX, aunque solo sea a través de las múltiples criticas que se le hacen (31).

La tensión entre ambos planteamientos se encuentra claramente presente en el decenio de los treinta, destacando en el Curso de Economía Política (1828) de A. Flórez Estrada (32), el estudio económico de mayor entidad de toda la época, en el que se siguen encontrando muchas de las ideas expuestas en su "Constitución para la nación española" de 1809. La fuerza de una nación, afirmaba entonces, reside en que sus ciudadanos sean ricos; siendo el interés del individuo el motor de toda acción y dado que todo hombre desea obtener la riqueza, es necesario que haya una constitución que, al garantizar los bienes que F. Estrada considera imprescriptibles (seguridad, libertad e igualdad de condiciones), logre que todas las clases estén interesadas en el mantenimiento de la patria. Entre las varias medidas que propone está el nombramiento, por el soberano (el Congreso), de un Tribunal de Socorros Públicos cuyo objeto será desterrar la mendicidad. Los ciudadanos que reciban las "limosnas de la nación" (1/7 del fondo atribuido por Hacienda al tribunal) habrán de invertirlas productivamente, ya en agricultura, ya en fábricas, presentado un certificado a los seis meses. El capital restante habrá de emplearlo el tribunal en la concesión de créditos, a bajo interés, con el fin de "fomentar la agricultura y fábricas tan atrasadas en España, lo que tanto debe contribuir a la felicidad de la nación"(33). Es el ciudadano quien debe "subvenir a los gastos de la Patria a razón de sus haberes", salvo cuando carezca de ellos: "los que no tienen con qué subsistir, o les falta una parte de subsistencia, en vez de contribuir al Estado, les contribuye éste, pues tiene que


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mantenerlos en la ociosidad pordioseando cuando le contribuirían si les proporcionase una subsistencia y los emplease en un trabajo útil?".(34)

La solución a la miseria de los pueblos está en la riqueza. La economía política, que enseña como aumentar la renta del estado, haciendo menos pesado el gravamen sobre el contribuyente, es el instrumento. El trabajo productivo, liberado de las trabas que sobre él pesan, es la fórmula de esta ciencia económica, y también moral, (ya que elimina la miseria que, según F. Estrada, no solo impide las mejoras sociales sino que produce crímenes)(35). El problema, sin embargo, no se resuelve con el mero trabajo, fuente de riqueza y unica justificación de la propiedad, sino que es preciso atender, además de a la producción, a la distribución, tema que, para él, como para la mayoría de los pensadores del momento, constituye uno de los factores clave en la explicación de la cuestión social. Rebatiendo la afirmación de Malthus, sostiene que no es el crecimiento de la producción lo que conlleva la pobreza sino la falta de recursos para poder consumir. La causa principal de la miseria del trabajador, la mala recompensa que se da al trabajo, es debido a que la tierra está apropiada en manos de pocos individuos. Solo mediante una buena distribución de la misma se podrá establecer "un gobierno paternal y con fuerza suficiente a destruir los conatos incívicos e inmorales de enriquecerse sin trabajar" y que cuente con "medios oportunos a proporcionar trabajo a todos los asociados", evitando la lacra y el disolvente social de la miseria, que amenaza con "convertir en campo de batalla la sociedad entera"(36). La solución, similar a la propuesta en su crítica a la desamortización de Mendizábal (37), es que el gobierno, de forma prudente y sin dañar los intereses creados, se haga cargo de la tierra, que "no puede apropiarse, por no ser producto del hombre", arrendándola a sus cultivadores directos, por una renta módica, y garantizando, a quienes trabajan, el disfrute del fruto íntegro de su industria. "No hay otra alternativa; o continuar la lucha de los dos partidos en que se halla dividido en género humano o dar al trabajo la recompensa debida"(38) Contrario a la intervención del gobierno en la industria y a los establecimientos mixtos de beneficencia y trabajo, que hacen una competencia desleal, como muestran los ejemplos ingleses, considera que la única intervención aceptable por parte del Estado es el afianzamiento del derecho de propiedad, la garantía de la libre elección del trabajo y el fomento de la instrucción de los trabajadores y las clases menesterosas. El mal viene de la ignorancia y la educación mejorará la industria y las costumbres y será medio imprescindible para lograr la armonía social (39). Este enfoque utilitario y armónico, de clara raigambre ilustrada, es el mismo de sus tesis sobre el trabajo asalariado. También aquí existe una armonía entre las clases, que Flórez Estrada entiende como entrelazamiento de intereses; es necesario, dirá, superar la "cuota natural" (la precisa para que el trabajador pueda subsistir y su clase no se extinga) ya que los salarios altos, al fomentar la actividad, son de interés general, en tanto que si están por debajo del nivel de subsistencia provocan la miseria y la criminalidad.

En ese mismo sentido se expresa todo el pensamiento de la época, aun cuando sobre él se deja sentir el peso de los argumentos pesimistas de tipo malthusiano. El crecimiento económico es la fórmula para hacer frente a la miseria y para reconstruir el orden social, evitando peligrosas dicotomías y fomentando el surgimiento de grupos intermedios, pues "a proporción que se multiplican las riquezas, se aumenta el número de ciudadanos independientes y, por tanto, se hacen más semejantes las clases de la sociedad porque participan de los mismos goces y placeres" (40). La formación de una clase media propietaria, gozne de equilibrio y vía de acercamiento entre los dos extremos, es el camino para superar la miseria (que solo produce miseria, se dirá), y también la condición para estabilizar la revolución liberal. Creo que la repetitiva visión dicotómica de la sociedad (41) funciona, más que como descripción de la realidad, como contramodelo a superar. Así aparece claramente en Florez Estrada y en la declaración de objetivos de los decretos desamortizadores, al igual que entre sus defensores y sus críticos. Las distancias están en el modo de lograr esa estructura equilibrada, no en el objetivo de fondo, excepto en una parte de los llamados socialistas utópicos, aunque nadie defiende la pobreza y menos aún el pauperismo. El horizonte es burgués y la figura del indigente que pide limosna sigue llevando toda la carga negativa de antaño y solo entre algunos escritores románticos aparecerá dibujada con tonos favorables, como imagen máxima de la libertad individual. Pero, igual que en el caso del bandido, el pirata y otros personajes marginales, no se tratará nunca de un retrato de la pobreza sino de un símbolo frente a la sociedad burguesa que se critica. Un buen ejemplo es el poema de


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Espronceda, "El mendigo", cuyo tono es bastante distinto a sus artículos de crítica a la desamortización o en defensa de la radical igualdad entre los hombres.(42)

c.- Los riesgos del crecimiento

La revolución ha terminado y hasta Donoso, todavía liberal, le dedica un encendido canto fúnebre (43). Pero existe una clara conciencia de que, para afianzarla dentro de esa armonía triangular cuyo paradigma es la monarquía burguesa de Luis Felipe, es preciso acompasar los extremos excesivos que amenazan ese equilibrio y que, en España, no consisten solo en las grandes diferencias de riqueza sino en las distancias políticas que desembocan en la guerra carlista, cuyo carácter social es incuestionable (44). La mayor parte de la reflexión sobre la pobreza no sobrepasa ese horizonte que tiene como límite una visión armónica, y jerarquica, del orden social. Aunque, para algunos, como ocurre con los reaccionarios, la armonía se encuentre en un hipotético pasado al que volver. El problema del pauperismo se presentará, en ese caso, como un resultado necesario de la revolución liberal, por la que se ha perdido la antigua caridad cristiana que caracterizaba el comportamiento de las rigidas jerarquías del antiguo régimen. Estos ultraconservadores que, ya sean carlistas, integristas o neocatólicos, se presentan a sí mismos como una anticipada reserva espiritual de Occidente (45)coinciden básicamente en la afirmación de que el único remedio al problema de la pobreza consiste en una vuelta a la España antigua, en la que "no faltaba a los míseros el pan del convento; tenían en las posesiones de la Iglesia su propiedad los pobres y, sobre todo, las Universidades repartían la ciencia a los hijos de los pobres", y en la que "los frailes, hijos del pueblo, eran los naturales intermediarios entre los pobres y humildes y los encumbrados y grandes; a éstos predicando caridad, a aquéllos, resignación" (46).

Más matizada, pero igualmente reticente ante los costes de la revolución liberal y la incipiente industrialización, es la postura de Balmes que, buen analista del proceso económico catalán de los años cuarenta, afirma que la pobreza es resultado, no de la civilización y el progreso técnico, necesarios e irreversibles en opinión del canónigo de Vich, sino de la mala distribución. Aunque admite que el capital es esencial para el progreso, sostiene que es preciso poner coto al exceso de acumulación, aspecto en el que falla la economía política, que "muy adelantada como ciencia puramente material lo está muy poco como social" (47). Al referirse a la nueva sociedad industrial e influído, como muchos en su época, por el cristianismo social francés, también habla Balmes de nuevo feudalismo y, en un juego de espejos, en que la defensa del antiguo orden queda oculta bajo la crítica a los efectos sociales del cambio económico, coloca a la fábrica en el lugar del castillo y a los nuevos burgueses en el de los antiguos señores, con la diferencia de que, salvo algunos casos, por lo general los nuevos ricos no cumplen con sus deberes de protección benéfica (48) y el pobre queda incluso en peor situación que la del siervo o el esclavo (49). En un planteamiento característico del pensamiento conservador de la época, el más consciente, en un primer momento, de la importancia del problema social (50), en el que combina el realismo, la funcional defensa de la propiedad y el orden y el recurso a la utilización de sistemas que los trabajadores están desarrollando como instrumentos para mejorar su condición, Balmes advierte acerca de los peligros que acechan tras esta explosiva situación y pide a las clases acomodadas que pongan un inmediato remedio. En primer término está la beneficencia, que en modo alguno debe ser un acto meramente administrativo y que no ha de limitarse a la caridad inmediata sino atender "también a la educación e instrucción de la clase más numerosa". Ahora bien, "la fundación de escuelas será estéril, cuando no dañosa, mientras no estén cimentadas sobre la religión" y en tanto no sean sus ministros quienes la dirijan (51). Es necesario, además, adaptarse a los nuevos tiempos y reconocer la irreversibilidad del progreso, por lo que recomienda a los amos adelantarse a las asociaciones obreras y "salir al encuentro de las necesidades a cuya satisfacción se las destina". Las cajas de ahorro son la respuesta para enfrentar a las que tienen como objetivo el socorro mutuo, por lo que Balmes aconseja "que todos los que tienen algo que perder procuren que la institución de la caja de ahorros se arraige en el país" y que "los pobres se aficionen a deponer en ella lo que hayan podido reunir después de satisfechas las atenciones imprescindibles"(52). Y, en lo relativo a los conflictos entre capital y trabajo, Balmes, que afirma que los intereses de todas las clases están entrelazados (53), pero que no cree que haya una coincidencia entre los de pobres y ricos (54), recomienda, para armonizar el conflicto y conseguir un salario justo, la creación de unos "tribunales de paz", especie de comisiones mixtas compuestas de fabricantes


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y trabajadores, que se encargarían de resolver amistosamente los conflictos, sin que sus decisiones tuvieran carácter coactivo (55).

Ya en el decenio de los treinta se habían escuchado voces de alerta que hablaban de la necesidad de atacar el mal en su raíz, criticando la limosna como germen de vagancia y recomendando la reorganización de la asistencia. Así, por ejemplo, la de Garcia de Longoria que, en 1833, recomienda la creación de un Banco General de Beneficencia, a cuyo fondo habían de contribuir todas las clases de la sociedad y que, al conceder emprestitos al 3 por ciento a familias laboriosas, para ser empleados en actividades utiles, eliminaría los abusos que se daban en la beneficencia y desterraría la vagancia y el pordioseo (56).. De todos modos, es en los años cuarenta cuando crece el interés por el pauperismo, en parte debido a la situación europea, pero también a la germinación de las ideas socialistas (utópicas) y a la aparición del primer asociacionismo obrero, y muchos comparten la tesis balmesiana de que el fenómeno tardará en aparecer en España, dado su lento desarrollo industrial, pero que, cuando lo haga, será aún más temible que en Francia o en Inglaterra porque aquí la sociedad no está aún bien cimentada (57).De ahí la urgencia de poner remedio antes de que sea tarde.

Es también entonces cuando crece la crítica a la beneficencia tradicional, que no puede hacer frente a los problemas de la nueva sociedad, (58) a la par que se pone en cuestión la utilidad de las medidas meramente represivas de la vagancia. Para Posada Herrera ésta no solo es resultado de la educación y las costumbres, sino también "de la organización de la industria, de la distribución de la propiedad territorial, del movimiento de los millones de fuerzas que contribuyen a producir y al justo repartimiento de lo producido". En consecuencia, antes de reprimir es preciso crear un sistema de beneficencia eficaz que procure dar trabajo a los pobres robustos, socorra a los impedidos y ayude a "las instituciones que impiden la ignorancia, imprevisión y vicios de las clases obreras" (59). Aquí están enunciados los pilares sobre los que pivota el arreglo del problema del pauperismo: el trabajo, la mejora de la organización de la industria y la distribución por un lado; por otro, el cultivo de tres elementos que permitirán la articulación de la sociedad: la educación, la previsión y la moralización de las clases bajas.

En este sentido hay que hablar de horizonte burgués. No obstante las diferencias aparecen en cuanto se trata de desarrollar estos pilares. Y así, en el tema del trabajo, R. de la Sagra, en su primera etapa, considera que la revolución política, ya hecha, debe ser completada con una revolución social que, promovida por el gobierno, regule las relaciones sociales y garantice el trabajo, al igual que lo hace con la propiedad, redistribuyendo la renta a través de un gasto público que atenúe las crisis industriales y la miseria obrera, impidiendo que los salarios queden reducidos al mínimo, suprimiendo el empleo infantil y neutralizando la explotación mediante la participación en los beneficios (60). En un sentido similar, A. Borrego, uno de los liberales conservadores más lúcidos de la época, sostendrá que constituye un deber de los gobernantes que el "pueblo sea libre y tenga pan, ilustración y trabajo: no como gracia, no como don de los que rigen sus destinos, sino como primera, indispensable obligación" (61). Los medios propuestos por Borrego en 1838 son la creación de un sistema de obras públicas de capital mixto que fomente el crecimiento y actúe como regulador frente al paro, así como la fijación, por parte del estado, de un mínimo salarial, junto con el fomento de las actividades asistenciales de las asociaciones patronales (62). En cambio, en los planteamientos ultraconservadores es visto como un integrante más del sistema de beneficencia, sin viso alguno de derecho a él por parte de los ciudadanos, siendo labor del gobierno, como dirá Bravo Murillo años después, "castigar duramente los crímenes contra la propiedad y proporcionar trabajo a las clases pobres por medio de buenas leyes de beneficencia pública" (63).

También en medios fourieristas y republicanos se pedirá la intervención del estado en la economía; Abreu, por ejemplo, propone que la nación se haga cargo de "producir y de distribuir" y que se forme una comisión de proletarios elegida por las Cortes que presente anualmente medidas para el bienestar del proletariado (64). Pero es la asociación la solución predominante en estos círculos, sobre todo tras la unión de los tejedores de Cataluña en 1840. En su prensa se defiende como el mejor método, mucho más eficaz que la insurrección, no solo para tratar con los capitalistas sino también con el gobierno (65). Es la asociación el camino para lograr una mejor distribución de las fortunas, aunque no su imposible nivelación: una distribución equitativa, no igualitaria(66). Todo ello dentro, siempre, del respeto a la propiedad: la propiedad no es un robo, como diría Proudhon, lo malo es su distribución (67). No ___________________________ Carmen López Alonso “La pobreza en el pensamiento político. España siglo XIX” (publicado en Historia Social , nº 13, pp. 139-156)

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obstante, los contenidos que a la palabra se dan son múltiples y no siempre indica una coligación de clase. Buena prueba son las memorias que, sobre el pauperismo, publica la SEAP(68) que, aunque denuncian la explotación, rechazan como solución las respuestas fourieristas de la organización del trabajo y las asociaciones de clase, al igual que la intervención estatal en otra cosa que no sea la regulación legislativa (69). Sin embargo, se encontrará una defensa armonista de la asociación general obrera y cooperativista en Cervera, por ejemplo, en tanto que para Monlau la asociación, pero la del capital y el trabajo, es un medio para lograr la democracia. Por su parte, otro de los colaboradores de la Matritense, Seoane, que defiende la asociación de la industria y la agricultura, se mostrará en contra de la organización del trabajo, proponiendo la creación de "establecimientos sociales" en los que también participarían los capitalistas y propietarios (70). En todo caso, como ha señalado A. Elorza(71), desde finales de la década, con la referencia de Proudhon y su Banco del Pueblo, el crédito aparece como el instrumento para transformar la sociedad y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y, junto a ello, la educación popular, entendida como vía para el logro de la democracia. Es la democracia, en ultima instancia, la que, para republicanos y demócratas, constituye la pieza fundamental para solucionar el problema social.(72)

"Maravilloso don de la palabra..."

Las palabras, sobre cuya elasticidad ironizaba Larra, coinciden; los objetivos, no. También se habla, como hemos visto, de fomentar la previsión y el crédito y no es extraño que éstos sean elementos fundamentales en los programas que tratan de asegurar en el poder a las clases acomodadas, en quienes reside "la vida, la inteligencia, el nervio y la savia de la nación", clases que se verán engrosadas, como dice Borrego, "por el ingreso de los pobres que han adquirido instrucción y bienes de fortuna" (73). En el programa del partido monárquico constitucional recomienda que, como paso previo, éste lleve a cabo una penetración en la sociedad civil, mediante montepíos y cajas de ahorro que enseñen la previsión a los jornaleros (y eviten que caigan en la pobreza), y, sobre todo, a través de cátedras gratuitas de enseñanza en las capitales de provincia. La misión educadora se entiende como "tutoría de las clases menesterosas". También Balmes insistía en ello, pero encargando la tutela a las instituciones religiosas, al igual que harán Nocedal y los neocatólicos o, poco antes, Donoso, que defensor de la prensa en una primera etapa, en su ultima época clama contra ese "tropel de periodistas oscuros y de ignorantísimos charlatanes", que ha usurpado a la iglesia su poder de enseñar(74). R. de la Sagra en sus Lecciones de economía política (1840) también defiende los efectos positivos de la educación, si bien, años después, advertirá contra el riesgo de aumentar el número de proletarios instruídos(75)

La vieja fórmula ilustrada de la educación está en todos, insistiendo más en la instrucción profesional los conservadores como Pastor Díaz, Posada o el mismo Borrego, mientras que los demócratas, sin olvidar este aspecto, abogan por una educación integral, porque "es indispensable que el pueblo se instruya: la instrucción es la condición necesaria de su emancipación política, como ésta lo es de su emancipación social. Sin la conquista de los derechos políticos las clases trabajadoras no alcanzarán nunca sus derechos sociales" (76). La revolución no ha termino, por lo que no puede completarse, como pretendía R. de la Sagra, con la revolución social. Esta, afirma Pi y Margall, no está debidamente preparada, le falta determinar bien sus principios y, para ello, es preciso primero la democracia, que "no es aún la emancipación definitiva del proletariado, pero da las condiciones de esa emancipación definitiva" (77).

La cuestión vuelve a su originario terreno político, en donde el debate sobre el sufragio universal se va a doblar con el que se produce sobre la pobreza. Es conocido el discurso conservador: el poder político, para ser eficaz, debe corresponderse con el poder social. Y éste reside "en las clases propietarias, comerciales e industriosas", las unicas que, como dirá Donoso, son inteligentes y, "sólo la inteligencia da la legitimidad" (78); la pobreza, en cambio,"es signo de estupidez".(79) Menos burda es la argumentación que rechaza el sufragio universal como triunfo del número, la fuerza bruta y la demagogia, apoyada en la ignorancia y el analfabetismo, lo que lo convierte en una falacia por cuanto está sujeto a la manipulación de los poderosos. El caciquismo, por tanto, no como crítica sino como argumento, ya que con el sufragio universal seguiría votando "el influyente, el rico, el propietario" que es "el que dispone


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de los demás; y cuando éstos depositan en la urna sus papeletas, votan lo que ha indicado esa persona influyente"(80).

No obstante, el problema se encuentra más allá, pues no se está ante una mera utopía filosófica sino frente a un intento real de materializar las ideas (81). El triunfo del sufragio universal supone el del socialismo, que los conservadores considerarán como resultado ultimo de los principios abstractos del liberalismo, igualdad y libertad los más corrosivos, y que conlleva el desorden y la disolución de la sociedad, de la que ataca su fundamento, la propiedad. Tanto en las respuestas reactivas como en las reaccionarias (82), es el temor al desarrollo lógico de los hechos lo que subyace al discurso. Porque, como se pregunta un diputado en Son tan idiotas los pobres que no conozcan que son en las naciones 1855, "¿ cuarenta contra uno?...A mi no me quita nadie la idea de que los pobres tienen ganas de no ser pobres y si tienen en su mano el medio de conseguirlo, lo emplearán"(83).

La existencia de la pobreza, y el problema de la igualdad, están en el núcleo del debate político. Sobre todo tras la revolución del 48, cuyo carácter social todos reconocen y cuya legitimidad cuestionan los conservadores liberales que defendieron la que derrocó al antiguo régimen. Aunque solo los más recalcitrantes piensan que la igualdad únicamente puede conducir a la desaparición de los ricos y la generalización de la pobreza. "'No haya pobres' dicen los socialistas. Y los Qué ilusión! Lopobres creen al oírlos que todos pueden convertirse en ricos...¡ que es posible es que no haya ricos; y así sucedería necesariamente si el socialismo, por desgracia, llegara a plantearse", sostiene Bravo Murillo (84) en tesis compartida, entre otros, por Pastor Díaz, tanto en los artículos publicados en La Defensa de la Sociedad (85), como en Los problemas del socialismo, que tanto elogiara Cánovas. Los riesgos del llamado "socialismo gubernamental" no son solo, como sostiene Donoso, la anulación del individuo y el caos, sino la miseria general, porque, al quitar el estímulo de la necesaria acumulación, se estanca la industria y la condición obrera se hace más miserable y peor retribuida que en el régimen de libre concurrencia. La sociedad se convierte en prisión y el obrero en un esclavo. (86) La solución tampoco está en los impuestos sobre la riqueza: cierto que éstos favorecen la igualdad, pero la de la miseria (87). La unica salida está en el desarrollo económico libre y, para atender a los problemas de la pobreza, en el Evangelio y en su moral basada en la caridad.

En realidad, a pesar de la crítica moral que existe, no solo en España, al excesivo culto a la riqueza, (88) apenas se cuestiona el modelo de crecimiento. En cuanto al modo de hacer frente a su precio en pobreza, las respuestas se van haciendo divergentes. Aunque contrarios a la intervención estatal, los conservadores más abiertos, los progresistas y el sector individualista de los demócratas, sostendrán que al estado le toca participar esencialmente a través del establecimiento de las leyes que permitan el fomento del trabajo y la previsión obrera, es decir, evitando que haya innecesariamente pobres, e impidiendo la mendicidad (89), así como mediante el control de la beneficencia para los verdaderamente necesitados (examen, clasificación de los atendidos y de los establecimientos), si bien también se defiende su colaboración, no interventora, con las instituciones de beneficencia particular, considerando siempre que el papel del estado ha de ser subsidiario en este tema. De todos modos, la beneficencia, planteada como factor de distribución de la riqueza, jamás es entendida como derecho del pobre, siendo libre su ejercicio por parte del estado, al igual que lo es el de los particulares, con cuyas actividades caritativas el estado debe armonizar su acción. Y aunque pueda contar con el clero como intermediario, éste nunca deberá ser agente (90). Frente a estas tesis, los integristas y los elementos más reaccionarios dentro del conservadurismo, abogan por una total separación de la beneficencia de las manos del estado, que debe dejar al arbitrio de la caridad particular y bajo el control de su portavoz natural, la iglesia, su ejercicio. La única solución pacífica es que "la riqueza, acumulada por un egoísmo gigantesco/ ./sea distribuida por la limosna en grande escala" (91). Es decir, la limosna, y no el impuesto, como vehículo de redistribución. Completada por una represión que impida el desarrollo del mal que amenaza, el socialismo, enseñando a los pobres que lo unico que les cabe es la resignación, no la revuelta en espera de una igualdad disolvente.(92).

Tanto la beneficencia como la educaciòn se ven como eficaces instrumentos de moralización, de articulación de una sociedad sobre cuya falta de cohesión social hay acuerdo casi general. Sin embargo, el intento de regenerar el país, construyendo una moral civil que, aunque ilustre ___________________________ Carmen López Alonso “La pobreza en el pensamiento político. España siglo XIX” (publicado en Historia Social , nº 13, pp. 139-156)

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los elementos civilizadores que la religión ha tenido en España (93), no se deje marcar estrechamente por la religión institucional, va a resultar prácticamente inviable. De hecho, el giro hacia la reacción a que se ha aludido, se va a plasmar en un retorno a la religión como el elemento vertebrador (94). El poder, crecientemente agazapado sobre sí mismo, va a asumir la fachada del discurso maquiavélico de utilización política de la religión, pero sin toda la potencia secularizadora y modernizadora del pensador italiano, convirtiéndola en vehículo de enseñanza de la sumisión, por la doble vía del púlpito y la cátedra (95). Nadie ignora el precio histórico de este compromiso.

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Notas

1.G.A. Ritter, El estado social, su origen y desarrollo en una comparación internacional (1989), Madrid 1991. pg. 63-64. Según Ritter, el vehículo fue la publicación de una "Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano" hecha en 1834 en Paris, de forma anónima. Se trataba de una compilación de la declaración de 1793, que constituyó uno de los puntos de partida del debate en Alemania sobre los derechos sociales fundamentales.

2 Se puede ver, entre otros, E. Hobsbawm, Los ecos de la Marsellesa (1990), Barcelona 1992, que traza un cuadro muy iluminador del significado del hecho revolucionario francés en el desarrollo histórico europeo.

3. Se puede ver gran parte de los arts. recogidos en "A pobreza e a assistencia aos pobres na peninsula iberica durante a idada media", en Actas de las primeras jornadas Luso Españolas de Historia medieval, 2 t., Lisboa 1973, así como Carmen Lopez Alonso, La pobreza en la España medieval, Madrid 1986.

4.Recordaré, solo a titulo indicativo, los estudios de B. Geremek, Les marginaux parisiens aux XIV et XV siècles, Paris 1976, así como sus libros, recientemente traducidos, La piedad y la horca, madrid 1990, y La estirpe de Cain, Madrid 1991. O la obra clásica de M. Mollat, Les pauvres au Moyen Age, Paris 1978 y su edición de Etudes sur l'histoire de la pauvrete (moyen age-XVI siècle) 2 t. Paris 1974.

5.Aquí si resulta imposible hacer una síntesis bibliográfica mínima. Creo, de todos modos, que la excelente introducción de M. Cavillac al Amparo de Pobres de C. Perez de Herrera (Madrid 1975) sigue siendo fundamental. También J.A.Maravall, "De la misericordia a la justicia social en la economía del trabajo: la obra de fray Juan de Robles", Moneda y Crédito, n.148 (1.979) y su estudio sobre La literatura picaresca desde el punto de vista social, Madrid 1986. Una síntesis del debate y la época puede encontrarse en Carmen Lopez Alonso, "La asistencia social en la España del Antiguo Regimen", en J.A.Junco (ed.) Historia de la acción social pública en España. Beneficencia y Previsión, Madrid 1990, pg.25-66.6.Ver Carmen Lopez Alonso y Antonio Elorza, El hierro y el oro. Pensamiento político en España, siglos XVI-XVIII, Madrid 1990, especialmente pp. 74-110.

6.Vid. Domingo de Soto, Deliberación en la causa de los pobres (1545), Madrid, IEP,1965. Sobre el tema es muy sugerente la visión de J. Perez en su artículo incluído en A. Redondo (coord.), Les problèmes de l éxclusion en Espagne (XVI-XVIII siècles), Paris 1983.

7 B. Ward, Proyecto economico (1762), ed. de J.L.Castellano, Madrid 1982, pg. 79.

9.Carmen López Alonso, "La asistencia..." op.cit.1990, pgs. 47 y sgts.

10.F. Sanchez Blanco, Europa y el pensamiento español del siglo XVIII, Madrid 1991, sostiene que el giro conservador y ecléctico comenzó ya en la época de Carlos III, antes de que los ecos de la revolución francesa provocaran el pánico entre las filas del grupo ilustrado gobernante.

11. A. Elorza, La ideología liberal en la Ilustración española, Madrid 1970. ___________________________ Carmen López Alonso “La pobreza en el pensamiento político. España siglo XIX” (publicado en Historia Social , nº 13, pp. 139-156)

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12.M.J. de Larra, "Dios nos asista", El Español, 3 abril 1836.

13 J.P. Fusi, "España 1808-1990" en J.H.Elliot, El mundo hispánico, Barcelona 1991. Espejismo que funcionó como motor, bandera, fantasma o reclamo a lo largo de la histora del XIX y que, en consecuencia, es parte integrante de la realidad.

14.Estoy de acuerdo con P. Carasa ("La pobreza y la asistencia en la historiografía española contemporánea", Hispania, n.176, 1990, pp. 1475-1503) en que ya va siendo hora de salir de la historia meramente institucional con relación a este tema. De todos modos no deja de ser significativo que, para un estudio de la legislación, todavía sea obligada la referencia a la obra de F. Hernandez Iglesias, La beneficencia en España, 2 t. Madrid 1876. Una buena síntesis puede encontrarse en D. Castro, "Las necesidades sociales y su cobertura, 1800-1860", en J.A.Junco (ed), Historia de la acción..., (1990) cit., pp.69-100.

15.Posada Herrera, Lecciones de Administración Publica, Madrid 1845, tomo IV, pg.248

16..Art. 23. Se promete indemnizar a los patronos de los establecimientos particulares, pero indicando que solo podrán participar en las juntas municipales de beneficencia si convienen en los términos de la ley(arts. 128, 129).

17."todos los establecimientos de beneficencia, de cualquiera clase y denominación que sean, inclusos los de patronato particular, sus fondos y rentas, quedan sujetos en todo al orden de policía que prescribe esta ley" (art.127).

18. rt. 14

19. También aquí resulta imposible una referencia completa a un tema que ha sido objeto, desde hace más de un siglo, de un gran debate político e historiográfico. Las interpretaciones clásicas vienen marcadas por el enfrentamiento entre dos corrientes: la crítica, que representarían los Webb y el "Minority Report" y la que trata de adoptar una postura más ecléctica y economicista. Creo que el reciente debate entre P. Mandler, A. Brundage y D. Eastwood en las páginas de Past and Present (n.117, año 1987 y n.127 año 1990) muestra la riqueza, y lo polémico, del problema.

20. El presidente nato de la junta, en las capitales de provincia, era el arzobispo o el obispo, y sus miembros eran el intendente, un magistrado de la audiencia, el subcolector de expolios y fondo pío beneficial y tres vecinos elegidos por aquéllos. En las de partido, la composición era similar, con el cura párroco y el corregidor, un miembro del ayuntamiento y tres vecinos.

21.El ministerio de Fomento había sido creado en octubre, siendo Javier de Burgos su primer titular. El texto de la "Instrucción" se encuentra en los Anales del reinado de Da. Isabel II, Madrid 1850, tomo I.

22..R.O. de 22 septiembre 1834, por la que la intendencia de los Hospicios y las Casas de Misericordia pasa a depender de los jefes políticos.

23. Remito, para todo el desarrollo de la legislación, a las obras citadas en la nota 14, así como al muy util estudio de Posada Herrera en el tomo IV de sus Lecciones... citadas. Ver, también, sobre todo en relación con el tema eclesiástico, W.J.Callahan, Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874 (1984), Madrid 1989, especialmente capts. 6 y 7.

24. arts. 6 al 9 de la ley y 30 del reglamento.

25. "Los menesterosos a quienes involuntariamente la autoridad publica sometiere a cualquier género de reclusión, no corresponden a los establecimientos de beneficencia, los cuales no deben tomar nunca el carácter de correccionales" (art. 9 del reglamento de 1852). En cuanto a la relación entre beneficencia y caridad ver F. Hernandez Iglesias, La beneficencia... (1876) II,750 sobre la creación, en 1847, de una poco operativa Dirección General de Beneficencia, ___________________________ Carmen López Alonso “La pobreza en el pensamiento político. España siglo XIX” (publicado en Historia Social , nº 13, pp. 139-156)

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Corrección y Sanidad, dependiente del Ministerio de Gobernación. La ley de Sanidad de 1855 seguirá manteniendo este carácter.

26.Estoy de acuerdo con la interpretación de L.M. Diez Picazo en su introducción a Legislación sobre instituciones de beneficencia particular, Madrid 1987, pg. 28. Una lectura, ¿precipitada?, de este punto de la ley ha inducido a error a algunos.

27. En la documentación sobre la que he trabajado (Sevilla, primera mitad XIX) se ve el peso que tienen decisiones tomadas por sus componentes (notables locales, clero y -lo que es importante- funcionarios de Beneficencia) en cuanto a construcción, permuta terrenos, alquiler de viviendas, etc.así como la lentitud que siguen muchos de los expedientes tramitados con el centro (M. de Gobernación). El cuidado estudio de P. Carasa, Pauperismo y revolución burguesa, Burgos 1750-1900, Valladolid 1987 apunta en este sentido, al igual que otros de sus trabajos. Ver, también, la reciente tesis doctoral de M. Esteban, La beneficencia en Salamanca durante la Restauración, Salamanca 1989.

28.G.Himmelfarb,The Idea of Poverty, N.York 1984, sobre todo el cap. VI. H. Hatzfeld, Du pauperisme a la securiré sociale, 1850-1940, vid. cap.I Paris 1971 .

29. A. Elorza, "El pauperismo y las asociaciones obreras en España", Estudios de Historia Social, n. 10-11 (1979)

30. También las tesis de Condorcet y la creencia en la perfectibilidad humana de Godwin son objeto de ataque. Para Malthus hay una leyes naturales fijas (la necesidad humana de alimentarse y reproducirse). El crecimiento de la primera es geométrico, aritmético el de la segunda. La unica forma de lograr el equilibrio es mediante dos tipos de obstáculos: positivos y preventivos (la pobreza y el vicio). En la segunda edición añadirá un tercero, la restricción moral.

31. Lo que cuenta no es la exactitud de las tesis malthusianas, que provocaron la controversia desde el principio y todavía hoy siguen siendo objeto de debate, sino la enorme difusión que tuvieron en la época, en muchos casos debido a la crítica contra ellas.

32. Publicado por primera vez en Inglaterra, hasta 1835 no se editará en castellano. Las citas corresponden a la edición de M. Artola en BAE, tomo CXII, Madrid 1958, en adelante, CEP.

33. Constitución para la nacion española. Presentada a S.M. la Junta Suprema gubernativa de España e Indias. 1 de Noviembre de 1809. (ed. L.A. Martinez Cachero, BAE, tomo CXIII, Madrid 1958), pg.334.

34. Ibid, pg.342. Notar como son casi las mismas palabras que hace más de medio siglo escribía B.Ward (vid. nota 8).

35..Esta nota moral es compartida por los teóricos de la economía política en quienes se apoya, fundamentalmente por Smith, pero también por Ricardo o Say.

36.C.E.P. pg.118

37..Florez Estrada, "Del uso que debe hacerse de los bienes nacionales", El Español, 27 febrero 1836. Tanto el artículo como los decretos desamortizadores y las respuestas de Espronceda, Larra y R. de la Sagra se encuentran en Revista de Trabajo, no.31, Madrid 1970, si bien el art. atribuído a R. de la Sagra, según J. Maluquer, El socialismo en España, 1833-1868, Barcelona 1977, no le pertenece (pg.214).

38.CEP, pg.121.Hay que decir que, para el autor, la sociedad no estará bien organizada hasta que la obligaciòn de trabajar no se extienda a todos los asociados. (Todo el desarrollo corresponde al Escrito sobre la cuestion social, integrado en el cap. IV de la parte II del Curso).


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39.CEP. I parte, cap. XIV.

40 El Censor, tomo III, Madrid 1821, n.35, pg. 322 (Apud. Sanchez Agesta, Historia del Constitucionalismo español (1808-1836), Madrid, 4 ed. 1984, pg. 23.

41.. Vid. M. Perez Ledesma, "Ricos y pobres: pueblo y oligarquía, explotadores y explotados. Las imágenes dicotómicas en el siglo XIX español", Revista del Centro de Estudios constitucionales, n.10, 1991, pp.59-88.

42. J. de Espronceda, "El ministerio Mendizabal" (vid. nota37) o "Libertad, igualdad y fraternidad", El Español, 15 enero 1836.

43.Donoso Cortés, Lecciones de derecho político, en OO.CC. Madrid 1970, tomo I, pg.381.

44.

Balmes dedica muchas páginas al tema; se puede ver, entre otras, las Consideraciones políticas sobre la situación de España, 1840, en OO,.CC. tomo VI, pp. 17-93. Fontana, J. "Crisis camperola i revolta carlina", en Recerques, n.10, Barcelona 1980, insiste en ese carácter. Ver también M. Cruz Mina Apat, "El carlismo o la resistencia al cambio" en J. Anton.M Caminal, Pensamiento político en la España contemporánea, 1800-1950, Barcelona 1992, pp. 481-512.

45.Ver B. Uriguen. Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, Madrid 1986.

46.Tanto las citas anteriores como la condena de la revolución, que "lo ha destruído todo", pertenecen a Restauración, la publicación que, en 1872, en pleno debate sobre la Internacional, hace Aparisi y Guijarro, repitiendo tópicos comunes desde los inicios de la revolución liberal y, sobre todo, tras la desamortización eclesiástica.

47.J.Balmes, "Barcelona", La Sociedad, 7 septiembre 1844 (OO.CC. tomo V, pg.988-996).

48."Los hospitales y demás casas de beneficencia no salen de las arcas de los banqueros como salían de los antiguos castillos, abadías e iglesias. Es preciso confesarlo por más triste que sea; las clases acomodadas de la sociedad actual no cumplen el destino que les corresponde; los pobres deben respetar la propiedad de los ricos, pero los ricos a su vez están obligados a socorrer el infortunio de los pobres: así lo ha establecido Dios". J. Balmes, El protestantismo comparado con el catolicismo, en OO.CC. tomo IV, pg. 487.

49."Los ricos no tienen interés directo e inmediato en proveer a la subsistencia de un determinado número de individuos; bástales que en tal tiempo y lugar correspondiente no les falten los brazos necesarios para su servicio. Así el pobre queda entregado a sus propios recursos, y, no consistiendo estos en otra cosa que en el trabajo, cuando carezca de él es víctima de la miseria". J. Balmes, "Porvenir de las comunidades religiosas en España", La Sociedad, 15 febrero 1844 (OO.CC. tomo V, pg.854).

50.Esta es una característica de la época, compartida por todo el pensamiento occidental, europeo y norteamericano. Ver, al respecto, el ilustrativo estudio de K. Manheim, "El pensamiento conservador" en Ensayos sobre sociología y psicología social, Mexico 1963.

51.J. Balmes, El protestantismo... ibid, pg.474

52.J. Balmes, "Barcelona", La Sociedad, 7 sept. 1844 (en OO.CC. tomo V, pg. 998-999)53


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53..J. Balmes, La Civilización, nov. 1841.

54. El protestantismo..., ibidem.490-491

55.J.Balmes, "Barcelona", La Sociedad, sep. 1844 (ibid. pg. 1000-1001)

56. A. Garcia de Longoria, Apuntes sobre el modo de ejercer la beneficencia, Madrid 1833 (pp. 48-49, y 24-25).

57.."En Inglaterra hay una organización social que, aunque monstruosa es, sin embargo, muy antigua; está ademas enlazada con su constitución y su legislación, y es, por tanto, muy fuerte como elemento de gobierno. En Francia hay los desengaños de medio siglo de revolución, hay un respetable conjunto de intereses nuevos....y además hay sobre todo los hábitos de gobierno, restablecidos y robustecidos por Napoleón... En España no es así: tenemos excelentes elementos sociales, pero éstos carecen de la dirección necesaria para influir cual conviene en el orden político, y, de consiguiente, para cimentar un gobierno" J. Balmes, La Civilización, nov, 1841 (OO.CC. tomo V, pg,491).

58.No hay que olvidar la relación entre la defensa de la desamortización de los bienes del clero como requisito para la libre circulación de la tierra y el desarrollo económico y la crítica a la beneficencia, en gran parte en manos eclesiásticas.

59.Posada Lecciones..., tomo IV, pg.212 y 218. Sobre el control de delincuenrtes, vagos, etc. ver Pedro Trinidad, La defensa de la sociedad. Carcel y delincuencia en España (s. XVIII-XX), Madrid 1991.

60.R. de la Sagra, "Organización del trabajo", El Corresponsal, 5 marzo 1841 (en M.Cabrera, A.Elorza, M.Vazquez, "Ramón de la Sagra. El Banco del Pueblo y otros escritos sobre reforma social", en Revista de Trabajo, n.43, 1973, pg.167-171).Según J. Maluquer, El socialismo en España, 1833-1868, Barcelona 1977, pg.215, R. de la Sagra propugna, en esta etapa, una especie de "socialismo de estado".

61.En El Español, 11 de mayo de 1836, citado en C. de Castro, Romanticismo, periodismo y política.Andrés Borrego, Madrid 1975, pg.56.

62 .A. Borrego, Exposicion de la Doctrina aplicable a la política religiosa y social de España, en La Revista Peninsular, madrid 1838, Reproducido en A. Elorza (ed.), "El pauperismo y las asociaciones..." EHS, n.10-11, pg. 339-340

63.J. Bravo Murillo, Apuntes para el discurso del 3O de enero de 1858. Recogidos en J.L.Comellas, Politica y administración en la España isabelina, Madrid 1972, pg.284.

64. J. Abreu, El Nacional VII, 12.XII.1840 y XXVII, 15.VIII.1841, citado en J. Maluquer, El primer socialismo..., pags. 158-159.

65 El Peninsular, 1842, Apud. A.Elorza, "El pauperismo...", pg.351

66.ibid. pg.345

67.Ibid. 410

68.La Sociedad Economica de Amigos del Pais de Madrid había convocado, en 1845, un concurso sobre el pauperismo, influído por la obra de Luis Napoleón Bonaparte. Entre las memorias premiadas se encuentran las de Monlau y Cervera.

69. Ver el muy util estudio de A.Elorza y J. Trías, Federalismo y reforma social en España, Madrid 1975, así como, del primero, El fourierismo en España, Madrid 1975.


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70. Vid. Cervera, Memoria sobre el pauperismo, Madrid (1845)1846 y El Amigo del Pais, 20.I.1849; P.F. Monlau, Remedios del pauperismo (1845), Madrid 1846; J.A.Seoana, "Organización del trabajo", El Amigo del País, III-IV 1845. Todos ellos reproducidos en A. Elorza, "El pauperismo..." op.cit. pp.388,390-392,399,403; 341-343; 362-363.

71.Vid A. Elorza,Federalismo y..., pg. 301 y ss., así como Socialismo utopico español, Madrid 1970 y obras citadas en las notas 29 y69. Ver, asimismo, Ramón de la Sagra, Banco del pueblo. teoría y practica de esta institución fundada en la doctrina racional, Paris 1849 (reproducido en M.Cabrera, et. al. "Ramón de la Sagra...", R.T.cit.pp.139-357.

72.El Manifiesto demòcrata del 6 de abril de 1849, incluye, entre los derechos del hombre, el de reunión, asociación e instrucción primaria gratuita, aabogando por la intervención del gobierno en la garantía de la asistencia social (vid. M. Artola, Partidos y programas políticos 1808-1936, tomo I, Madrid 1974, pgs.250-251.)

73.A. Borrego, De la organización de los partidos, Madrid 1855, pg.231 y 236.

74.Donoso Cortes, Carta a M.Cristina, 26 nov.1851, OO.CC., Madrid 1970, tomo II, pg.727.

75 Es ya el autor "converso" el que afirma que la instrucción pública ha contribuido "mas bien a aumentar el número peligroso de proletarios inteligentes que no a reducir el número desgraciado de proletarios de trabajo" (Memoria presentada por el autor a la Academia de Ciencias Morales y Politicas de Francia, citada por él mismo en "Necesidad del sentimiento moral", La Revista Catolica, 1858; reproducido en.M.Cabrera et al. op.cit. R.T. n43, pg.319).

76.F. Garrido,La Republica democrática federal universal (1855), reproducido en A.Elorza y J. Trías, Federalismo..., pg.374. Las citas se podrían multiplicar: desde Larra y Espronceda a Monlau, Cervera o Pi y Margall.

77..Pi Y Margall, "La democracia y el trabajo", La Discusión, 25.julio 1858; recogido en J. Trías,Pi y Margall, pensamiento social, Madrid 1968, pg.101-105.

78..Donoso Cortes, La ley electoral considerada en su base y en su relación con el espíritu de nuestras instituciones (1835), en OO.CC. Madrid 1970, tomo I, pg.311.

79.La frase corresponde a la intervención del diputado Calderón Collantes(D.S.C. 25.XI.1844; apud. Sanchez Agesta, Historia del constitucionalismo..., pg.25.

80.Bravo Murillo, Mi testamento político (discurso 30.I.1858), recogido en J.L.Comellas, Politica y administración..., pg.303. La conocida argumentación de Cánovas en 1871 es muy similar. (Ver. A.Elorza-C.Lopez Alonso, Arcaísmo y modernidad. Pensamiento político en España, siglos XIX-XX, Madrid 1989, pg.100-101). Las mismas tesis se pueden encontrar en Balmes, que critica la manipulación de la prensa y el gobierno (Balmes, OO.CC.VI, 348-349), o en Borrego, que sostiene que dar el sufragio a los proletarios sería dejarlo en manos de intrigantes y demagogos, en De la organización de los partidos..., 1855, pgs.298-299

81.Balmes había señalado esto ya en "El socialismo", La Sociedad, 1 de marzo de 1844, OO.CC. tomo V, pg.557-558

82.Empleo los términos en un sentido puramente descriptivo. En este sentido hablaría, refiriendome a los conservadores, de R. de la Sagra, Borrego,J.M.López, Posada o Cánovas entre los primeros, en tanto que Balmes, Donoso, los integristas, Bravo Murillo o el ultimo Pastor Díaz estarían entre los segundos.

83. Intervención del diputado progresista Sancho el 13 de junio de 1855 (apud. Sanchez Agesta, Historia..., op.cit., pg. 180)


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84.Bravo Murillo, Mi testamento político en J.L.Comellas, Politica y..., cit. pg.282-283

85.Ver antología de A. Elorza en Revista de Trabajo ,n.63 (1968), pp. 319-426.

86.N. Pastor Díaz, Los problemas del socialismo, ed.BAE, tomo CCXXVIII, Madrid 1969, pg.186 ss.

87.Pastor Díaz, op.cit. pg. 239

88. Ver, para el pensamiento europeo, Himmelfarb, G. The Idea.., sobre todo los caps. dedicados a Smith y al paternalismo tory; S. Collini, D. Winch, J. Burrow, La política, ciencia noble, (1983), mexico 1987; Poynter, Society and Pauperism. English Ideas on Poor Relief, 17956-1834. Londres 1969.

89.Es la propuesta de Monlau, tanto en los "Remedios del pauperismo" (op.cit.) como en sus Elementos de Higiene Pública, pgs. 419-421 de la 3. ed.Madrid 1871. Será éste un tema polémico que, con argumentos que recuerdan a D. de Soto, criticará C. Arenal, La beneficencia, la filantropia, la caridad, Madrid 1861, quien sostiene que recluir a los mendigos en los asilos de mendicidad es un atentado a la libertad y que, una vez examinados, si se trata de pobres verdaderos, los mendigos habrán de tener derecho a elegir entre acudir al citado establecimiento o vivir de la caridad pública (pp. 84-86).

90.Posada Herrera, Lecciones de administración... cit. tomo IV, pg.24, 40 y sgts.

91.Donoso Cortes, Carta a M.Cristina, 26 nov. 1851 (OO.CC., Madrid 1970, tomo II, pg.726).

.92 "En lugar, pues, de predicar y anunciar la felicidad, debe decirse claramente que la prosperidad absoluta es imposible en este mundo; debe recomendarse la caridad a los ricos y la resignación a los pobres. Estas son las enseñanzas y estos los preceptos de la religión de Jesucristo..." (Bravo Murillo, Mi testamento..., cit. en J.L. Comellas, pg. 283-284).

93.A. Borrego, De la organización...,pgs, 51 y 269-270.

94. Pi y Margall, que defiende la necesidad de una moral asentada en "el hombre mismo", había apuntado claramente el problema en La Reacción y la Revolución (1855): "Nuestros hombres de gobierno han estado y están, a la verdad, completamente ciegos. Se han propuesto destruir el viejo mundo, y lo han atacado solo en su parte exterior, solo en su forma. ?En qué descansa el viejo mundo? En el principio de autoridad....(que) está encarnado, vivo en toda religión que domina sin rivales...no se ha adoptado ni escrito otro libro que pueda ni templar siquiera los efectos naturales de la siguiente máxima: 'ha habaldo Dios y comunicado su espíritu a la iglesia; has de creer a la iglesia y a Dios sobre su palabra'. Han entregado el mundo al clero, y han dicho luego: seamos libres. Dificilmente se puede concebir mayor absurdo." (pg. 371 ed. A.Jutglar, Barcelona 1982).

95. Ver Callahan, W. Iglesia, poder... citado y J.A. Portero, Pulpito e ideología en la España del siglo XIX, Zaragoza 1978

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* Carmen López Alonso es Profesora de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Campus de Somosaguas. Madrid 28223.


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La pobreza en el pensamiento político

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