La incontinencia y el contenedor - ANALISIS DE COYUNTURA ... · Desfile de Modelos. Partido(s)...

REVISTA MENSUAL

FEBRERO DE 2009

AÑO VIII • Nº 104

DOS PESOS

ISSN 1669-9122

La incontinencia y el contenedor La crisis continúa a una escala imprevista. Los intentos de recomponer algún tipo de “edad dorada” chocan con la fragilidad de las mallas de contención que antes lo posibilitaban. Mientras, en el mundo, en la región y en el país, las tensiones se agudizan.

EQUIPO DE TRABAJO Redacción: Claudio Adrianzén Bei, José María Dunn, Sebastián Juncal, Julián Kan, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, María Florencia Socoloff, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Corrección: Martín Yuchak y Claudio Adrianzen Bei. Dibujo de tapa: Colectivo El Furgón Responsable de la publicación: Alejandro Viegas. Página web: www.analisisdecoyuntura.com.ar Para contactarnos: [email protected] Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); Washington Post (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The Economist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de El Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República (LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo (FDT-FSP) – Uruguay: La República (LR)– Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P/12)

La incontinencia y el contenedor 3. Editorial 4. Obama, el elquilibista Por Sebastián Juncal y Fabián Ulmann 14. Políticas regionales y disputas electorales en América del Sur Por Julián Kan 19. La estafa del siglo. Crisis y finanzas Por José María Dunn 21. El Pacto de la Dependencia Por Diego Tavormina 24. Desfile de Modelos. Partido(s) Opositor(es). Por Claudio Adrianzén Bei 28. Mentiras verdaderas. Las “usinas” del saber en acción. Por Sebastián Ortiz

Revista Mensual

FEBRERO DE 2009 AÑO VIII • Nº 104 ISSN 1669-9122

Editorial “No considero el mundo sindical parte del problema. Para mí, es parte de la solución”. La frase, pronunciada por el flamante presiden-te estadounidense Barack Obama, recorrió el mundo y gene-ró ecos en todas las latitudes. Entre comentarios elogiosos y condenas enérgicas, pasando por muchos prudentes silen-cios, lo cierto es que los dichos y acciones de Obama refe-rentes al mundo sindical –así como lo que respecta a otros campos– generan sensaciones de diversa índole tanto en sec-tores políticos de Norteamérica, como en aquellos de otros países que ven atada parte de su suerte a los derroteros de la economía y la política de aquel país.

Obama es hoy fuente de todo tipo de comparaciones (“una analogía caminando” lo definió un periodista de Página 12) con personajes célebres del pasado, desde Benjamín Franklin o Franklin Delano Roosvelt hasta el mismísimo Juan Domingo Perón, con quien lo ha comparado recientemente nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ahora bien, más allá de la exactitud o inexactitud de las analogías históricas, aquí nos interesa indagar acerca de los sentidos que encierran las palabras citadas al comienzo.

Comencemos por señalar que Obama se dispone a tomar las riendas del Imperio en momentos en que el mundo tran-sita la crisis capitalista más profunda de todos los tiempos –tal como la definió el magnate George Soros– , con las más grandes potencias mundiales en estado de recesión económi-ca, un sistema financiero ahogado pidiendo más y más soco-rro estatal, y centenares de empresas multinacionales al bor-de de la quiebra; todo lo cual genera el alarmante pronóstico de 50 millones de nuevos desocupados en el presente año –lo que dará una tasa del 7,1% de trabajadores sin empleo en todo el planeta.

La crisis ha llegado al corazón del sistema económico-financiero. EE.UU., Japón y la Unión Europea compiten a ver quien presenta las cifras más escalofriantes. El gigante del norte se abate con 3,6 millones de nuevos desocupados desde el año pasado, los cuales ya superan el 7% y con ten-dencia a acrecentarse exponencialmente en los próximos meses.

En este escenario, el primer afroamericano en ocupar la Casa Blanca y el resto de los líderes de las grandes potencias se muestran tan enérgicos y dispuestos a la acción como ca-rentes casi en absoluto de herramientas efectivas y reales que contrarresten la debacle. El Dios Mercado parece necesitar de un ser superior que inyecte fondos frescos para subsistir; al tiempo que reaparecen en los hechos –y a pesar de toda la cotidiana retórica que despachan los principales referentes de la política y la economía mundial sobre las ventajas inmensas que le traerá al mundo continuar confiando en la mano invisi-ble del mercado– las políticas proteccionistas, llevadas adelante por los distintos países como modo de resguardar la repro-ducción de los capitales propios frente a la competencia ex-tranjera.

Y a la competencia entre capitales le sigue la competencia entre trabajadores. Las cifras de desempleo fijadas arriba provocan una creciente ola de movilizaciones por parte de los sindicatos ingleses contra la contratación en Gran Breta-ña de obreros italianos y portugueses, mucho peor pagos que los propios británicos. En Francia, luego de manifestaciones que pusieron casi 2,5 millones de personas en las calles de todo el país –con 2,8 millones de desocupados– el presidente Sarkozy anuncia una inyección de fondos estatales para la creación de “trabajo francés”. Y hacia las “tierras libres” de Obama, se desatan enormes polémicas frente al intento de

este de hacer aprobar en el Congreso el plan de rescate de U$S 800.000 millones, con una cláusula –acordada con la Unión de Obreros Metalúrgicos– que prohíbe la compra de hierro y acero extranjeros en los proyectos de obra pública incluidos en el paquete.

De este modo, podemos afirmar que la actual etapa de cri-sis profunda en que se halla sumido el sistema capitalista en su conjunto no es más que el producto del despliegue pro-gresivo de sus propias contradicciones. Por un lado, la ten-dencia objetiva a la mundialización de la producción y a la li-beralización del comercio internacional choca con la lucha a ultranza de los capitales afincados en cada estado-nación por sobrevivir, conflicto que se expresa políticamente en las me-didas proteccionistas mencionadas en el párrafo anterior. Se trata, en última instancia, de una pelea feroz por quién va a pagar los cristales rotos que dejó la crisis.

Y esto último atañe también a la relación entre el capital y el trabajo, núcleo que estructura la vida del capitalismo. En este punto, el capital más concentrado a nivel mundial y su per-sonal político que conduce los diferentes destinos nacionales se hallan en la tensión entre la necesidad de continuar descar-gando la crisis sobre los trabajadores –léase desocupación, baja salarial, flexibilización, mayor grado de explotación, empleo informal– y la necesidad de recomponer o mantener ciertas condiciones de vida para la clase trabajadora, para contener el avance de la insubordinación creciente que muestran los trabajadores en todo el planeta; producto de la negativa de estos a subordinarse a los mandatos que dicta la lógica del capital en su etapa neoliberal.

Es en el contexto de esta tensión donde podemos ubicar la frase de Obama del comienzo. Un intento de recomponer las políticas del imperialismo que siguieron a Bretton Woods: la gestión del estado para el traslado de una parte mayor de la riqueza producida hacia los trabajadores, de modo tal de sostener el dominio del capital frente la amenaza que repre-sentaba el comunismo a nivel mundial. Y en este esquema, las organizaciones sindicales cumplieron un papel fundamen-tal: el de constituir una “malla de contención”, una red de fil-trado en clave burguesa de los reclamos obreros.

Pero –mal que les pese a algunos nostálgicos– 2009 no es 1945 y el gigantesco nivel de desarrollo de las fuerzas pro-ductivas hacen que la propia clase capitalista se vea imposibi-litada ya de repartir las riquezas y así reproducir a las distin-tas capas de trabajadores, eje de su propio sostenimiento como clase dominante.

No es ajeno a este problema lo que ocurre a nivel nacional, donde a la disputa fundamental entre la fuerza social condu-cida por la oligarquía terrateniente y aquella conducida por la burguesía industrial, se le suma en forma creciente la pelea al interior de esta última fuerza, entre los sectores del empresa-riado industrial (agrupados en la UIA) y el grueso de la clase trabajadora ocupada y desocupada (nucleado principalmente en la CGT, la CTA y en diferentes organizaciones sociales). Aquí también la necesidad de los industriales de mantener “en caja” a los trabajadores choca con su otra necesidad –producto de la crisis– de avanzar sobre las conquistas histó-ricas de estos. Todo lo cual empuja a más y más sectores de la clase trabajadora a una doble pelea. Por un lado, una lucha cada vez más profunda contra su enemigo principal –los dueños de la tierra– y, por otro, una disputa creciente con los patrones de la industria por la hegemonía dentro la fuer-za propia.

4 Obama, el equilibrista

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Pasen y vean, el Circo Máximo del Imperio, directamente desde la misteriosa África

Obama, el equilibrista Por Sebastián Juncal y Fabian Ulmann

El 20 de enero pasado, Barack Obama se convirtió en el

44º Presidente de EE.UU. Aún siendo mestizo, es conside-rado el primer afroamericano en asumir el cargo máximo del gobierno norteamericano. Esa sola circunstancia hace de ese día una jornada histórica y el comienzo de una etapa novedo-sa, inédita. Pero ni el más ladino de los integrantes del Ku Klux Klan hubiese podido imaginar un escenario más com-plicado para la tarea del joven y flamante Presidente.

Las diversas circunstancias que se desprenden de la crisis en la coyuntura actual parecen hacerla aún más especial. Po-dríamos atrevernos a decir que en el imaginario popular se trata de un momento único, histórico. Ciertamente ha habido cambios notables en la sociedad norteamericana desde la De-claración de los Derechos Civiles, hace más de 40 años. Pero probablemente no tantos como para entregar el mando del país a un político “de color”, como gustan llamar en EE.UU., hábil y locuaz, pero con una corta experiencia y, en buena medida derivado de esto último, un limitado número de cua-dros propios de peso en el Partido Demócrata. Quizás el ma-yor cambio en la sociedad norteamericana sea la voluntad de expresar esa vocación y hacer profesión de fe de esa voca-ción al mundo.

La audiencia planetaria se encuentra receptiva a ello, pues-to que el planeta presenta en su desgaste la mejor y más evi-dente de las pruebas de la necesidad de cambio. Nada mejor para ello que un vocero auténticamente negro para renovar las credenciales de la sociedad que guía al resto –o pretende hacerlo. Con ello se intenta mostrar que el racismo ya no es un sayo que le quepa a la sociedad norteamericana, al menos no a su mayoría electoral. Aún cuando exista la circunstancial minoría electoral y amplias regiones donde aún predominan usos y costumbres decimonónicos respecto de las diferencias “de piel”, es suficiente para poner en marcha una renovación moral autosuministrada.

Por supuesto, los musulmanes de hoy son los negros de ayer, pero esa es otra cuestión. Una cuestión sobre la cual generalizadamente se opina que no hay motivos para efectuar una revisión de la historia reciente. Porque el imperativo del cambio no se deriva de una interpelación a la política exterior norteamericana y su belicoso proceder, sino del estado de la economía. Es decir, los norteamericanos acudieron masiva-mente a las urnas –hay que remontarse a 1968 para observar una participación electoral semejante– de la mano de la alte-ración de sus parámetros de consumo. A partir de ello, el fundamento moral fue imprescindible para transformar ese hastío en una acción efectiva. Ahí si se combinan toda una serie de elementos que actúan como justificación en diferen-tes grados según las clases, capas, sectores, regiones, estados, etc. Obama condensó gran parte de esos elementos y los pu-do transmitir con claridad a una opinión pública receptiva. La capacidad y la voluntad de diferenciarse tempranamente del defenestrado Bush fue una virtud que pudo ser leída por va-rias personalidades de un Partido Demócrata ávido de retor-

nar al poder. La capacidad de forjar alianzas con las líneas minoritarias de ese partido se combinó con la capacidad de movilizar al electorado más joven y entusiasta.

De esta forma, EE.UU. enfrenta un momento crucial con la sensación de estar confirmando su singularidad, desper-tando expectativas dentro y fuera del país luego de una etapa de profundo descrédito y, sobre todo, procurando renovar las capacidades de su poder. Procuraremos analizar los pri-meros días –o meses, para ser más fieles a los acontecimien-tos– de la “Era Obama” y en qué medida representan un cambio.

Primeras imágenes del naufragio Desde que en 1971 EE.UU. abandonó temporariamente el

patrón oro como fundamento de su política monetaria –y a partir de que se hiciese definitiva dicha medida, en 1975–, el desarrollo de las crisis tendría en el comportamiento del dó-lar un indicador de referencia imprescindible. Además de la velocidad de su despliegue, la política monetaria se transfor-maría en un elemento central en la, siempre momentánea, sa-lida de la crisis o inicio de la fase ascendente del ciclo. Desde entonces, EE.UU. sufrió reiteradas crisis de diversa magni-tud. Comenzó a hacerse presente una regularidad: el punto culminante de la crisis coincidía con el período de renovación presidencial. El crack bursátil de 1987 fue el prolegómeno del ascenso de George H.W. Bush al poder –luego de dos períodos seguidos de Reagan–, la recesión de 1990-91 cata-pultó a Bill Clinton a la Casa Blanca y la debacle de las “pun-to com” en 2000 hizo lo propio con Geogre W. Bush.

Ahora fue el turno de Obama. Esa regularidad confirma que el electorado norteamericano –y, en general, el de todo el mundo– se mueven al ritmo de la situación de la economía. Pero además, dicha regularidad permitió que se desarrollaran los equipos de transición y se expandiera su importancia en función de la urgencia y profundidad de las diferentes crisis. Debido a que todos coinciden en señalar que la actual es la mayor crisis de la historia desde la depresión de los años ’30, el mandato de Obama comenzó mucho antes del día de su efectiva asunción, a través del trabajo conjunto con el go-bierno de Bush, que en buen número de áreas gubernamen-tales se encontraba desde hacía tiempo en desbandada.

El trabajo en común con el personal político de Bush y los sectores de la burocracia de más alto rango se convertía en una necesidad para Obama, con cada noticia sobre el estado de la economía. Así, se podrían evitar incómodas normas de último momento –costumbre permanente desde hace años– y conseguir orientar en cierto sentido los fondos públicos aprobados como estímulo. En el Análisis… Nº 102 observa-mos en un ejemplo lo que puede lograrse con una adecuada dosis de presión: Citigroup desvió en su favor el flujo de fondos de rescate que alimentaba principalmente las arcas de Goldman Sachs y JP Morgan. A principios de diciembre pa-sado, los funcionarios admitieron que el rescate bancario ca-recía de controles adecuados (NYT 2/12). Nadie sabía exac-

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tamente cómo habían sido empleados los fondos, pese a lo cual el sistema financiero apenas había iniciado las tareas de “remoción de escombros”. En parte por ese motivo, pero fundamentalmente porque los efectos de la crisis en la esfera financiera se desparramaban velozmente hacia otros territorios y sectores, la discusión comenzó a centrarse en los fundamentos del nuevo ciclo. Hasta entonces, todas las medi-das apuntaban a delinear el ajuste. Y en esta etapa de fuertes disrupciones en la econo-mía, es complicado establecer la envergadura de ese ajuste, porque no son claros los agregados que componen el PBI. Pero, si tomamos en cuenta que los analistas contabilizaron en 6,9 billones de dólares las pérdidas en Wall Street durante 2008, y las contrastamos con los 13,81 billones de dólares de PBI total de los EE.UU. correspondiente al año 2007, está claro que una porción de la economía norteamericana –y mundial, porque en los mercados financieros de ese país se acumulan capitales globales– está llamada a desaparecer lisa y llanamente. Wall Street es la plaza financiera donde abrevan los fragmentos del capital más concentrados. Su rol en la acumulación se basa centralmente en la circulación, por lo que su descalabro fue el primer paso del desarrollo de la cri-sis.

De ahí se transfiere con rapidez a aquellos sectores y ramas más versados en comprender los efectos de la paralización del consumo: el ejemplo cúlmine son las automotrices que, como vimos en los Análisis… anteriores, rápidamente co-mienzan a sentir los efectos negativos derivados de las carac-terísticas de su proceso de trabajo –los costos fijos ligados a la acumulación de stocks y su almacenamiento, los mayores costos financieros, etc. Ese sector también se convierte en un multiplicador de los efectos de la crisis para el resto, por la cantidad de eslabonamientos que combina. Aquí sí se verifica el efecto “derrame” y no –como dicen los apologetas del ne-oliberalismo– a partir de un crecimiento en las ganancias que descienden luego hacia los estratos más bajos de la sociedad.

Los primeros días de enero, las principales siderúrgicas de EE.UU. salieron a reclamar estímulos ante una caída de la producción del 50% desde septiembre pasado. El impacto fue aún más grande porque el tercer trimestre de 2008, según John Armstrong, vocero de la principal acería del país, US Steel, “fue uno de los mejores de la historia del sector del acero” (NYT 2/01). En términos del proceso global de producción, las si-derúrgicas representan un eslabón clave dentro del llamado “sector 1” –producción de medios de producción–, que reci-be el golpe por estar ligado estrechamente con aquellas ramas del “sector 2” –producción de medios de consumo– que se encuentran en el epicentro de la crisis. El 57% de la demanda de acero total proviene de la construcción y las automotrices. De conjunto, la economía norteamericana redujo su PBI to-tal en el tercer trimestre de 2008 un 3,8%, la mayor cifra des-de 1982.

La destrucción de capital acumulado en su representación monetaria recorre el proceso global de producción, pasando de inmediato, y simultáneamente en las distintas ramas, a desligar las relaciones capital-trabajo en que aquel se sustenta. Por doquier se multiplica la finalización de relaciones labora-les, la reducción de sus jornadas, etc. Y el efecto multiplica-

dor se mide en las estadísticas con absoluta crudeza. En EE.UU. la progresión del desempleo es muy veloz:

Las cifras del desempleo en EE.UU. Fuente: elaboración propia en base a Washington Post y New

York Times.

La desagregación de los puestos perdidos del mes de enero es consistente con el razonamiento realizado: la industria eliminó 207.000 puestos de trabajo y la construcción 111.000. Desde que se inició la recesión en diciembre de 2007 –recordemos que este hecho fue reconocido únicamente hacia fines de 2008, como explicamos en Análisis… anteriores–, desaparecieron 3,6 millones de puestos de trabajo (NYT 7/02).

En otros bloques regionales, la situación no es muy dife-rente. En la UE, la economía del bloque decayó un 1,5% en conjunto en el último trimestre del año, aunque las cinco principales economías tuvieron un comportamiento disímil: Alemania. -2,1%, Francia -1,2%, Italia -1,8%, Reino Unido -1,5% y España -1,0%. El desempleo global en la eurozona es del 7,9% (LN 14/02).

Interesa destacar algunos detalles puntuales que permiten realizar una anatomía de la crisis. La caída en Alemania, la principal economía del bloque, sólo fue superada por la de Lituania (-2,4%) y es la mayor registrada desde la reunifica-ción del país en 1990. Las exportaciones, fundamentales para la economía alemana, cayeron debido a la crisis global un 11,8% interanual en noviembre y un 7,7% en diciembre. Merkel acaba de lanzar un segundo plan de estímulo por 66.000 millones de dólares –el primero, por 41.000 millones de dólares, fue aprobado en noviembre. El plan comprende baja de impuestos, aumento de subsidios a familias afectadas por la crisis, inversión en infraestructuras, subsidios a la compra de automóviles y un fondo crediticio para las empre-sas por 133.000 millones de dólares. “Alemania tiene un exceso de cuenta corriente enorme, de modo que no depende de capital extranje-ro volátil para mantener a sus empresas en forma. Su economía tiene un claro handicap en la fabricación y un saludable sistema financiero. Los alemanes no fueron alcanzados por los auges del crédito que consumieron grandes partes del mundo más rico. Tienen altas tarifas de ahorro y ni-veles bajos de deuda comparados con sus pares en Gran Bretaña y EE.UU. (…). Pero a pesar de su evidente solidez, la economía de Alemania ha colapsado más duramente que la de cualquier otro país ri-co grande (con la excepción posible de Japón, también caracterizado por altas tasas de ahorro y por su producción industrial exportadora). Sus fortalezas ahora se revelan como debilidades. La prudencia no es siem-pre una virtud: los consumidores que eran gastadores de dinero prudentes durante los buenos tiempos de la economía alemana se hacen aún más cautelosos durante el descenso. Eso ha dejado a Alemania dependiendo excesivamente de la demanda extranjera, que se ha evaporado (las pedi-dos para las mercancías alemanas han caído una cuarta parte en el úl-timo año). La respuesta de firmas alemanas a la demanda extranjera que se derrumbaba ha sido reducir radicalmente su propia inversión, lo

Noviembre 2008 Diciembre 2008 Enero 2009 Puestos

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desempleo533.000 6,7% 577.000 7,2% 598.000 7,6%


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que ha agregado solamente mayores penurias a la demanda interna” (TE 13/02).

The Economist, órgano de la City londinense, hace una confesión de parte sobre los fundamentos apropiados para el “crecimiento” económico: un apalancamiento del consumo mediante una expansión del crédito. Justamente lo que llevó a que la crisis sea mucho más profunda. La potencia indus-trial de Alemania, probablemente la mayor del mundo en términos relativos –en relación con el capital global asentado en el país–, llevó a superar la escala de su propio mercado. Para sostener el proceso de acumulación debió recurrir al mercado externo y por ello depende de la salida de los países que consumen su producción.

El otro caso que merece un comentario aparte es España. Entró en recesión en el cuarto trimestre, después de haber li-derado el crecimiento económico en la UE en 2007 (3,7%). El desempleo alcanza a casi el 14% de la población activa, es decir, a más de tres millones de personas, el más alto de la UE y el máximo en nueve años. El sector más golpeado es el automotor. La Asociación Española de Fabricantes de Au-tomóviles (Anfac) anunció que la caída de la demanda puede hacer bajar la venta de autos un 23% en 2009 respecto del año anterior. La industria automovilística española, la tercera en volumen de Europa, representa un 8,4% del PBI nacional, aunque el 80% de la producción se destina a la exportación. El país hasta el momento se había convertido en una especie de ejemplo, no sólo por su crecimiento sino por la salud de su sistema financiero. Ambas cuestiones fueron desmentidas por la realidad. A las cifras antedichas se agregó recientemen-te la noticia de que el Banco Santander anunció el default en uno de sus fondos de inversión.

El panorama asiático no es mejor. China se encuentra en plena desaceleración. El PBI durante 2008 estuvo con ten-dencia a la baja, con un crecimiento del 10,6% en el primer trimestre, del 10,4% en el segundo y del 9% en el tercero. Unos 20 millones de trabajadores provenientes de medios ru-rales perdieron sus empleos en 2008 y volvieron al campo. Se calcula que hay unos 750 millones campesinos, pero cerca de 130 millones de trabajadores urbanos provienen del medio rural, en donde el empleo se reduce año a año. Las ventas de productos chinos a Europa bajaron en enero un 18,7%; a Es-tados Unidos, un 15,2%, y a Japón –tercer socio comercial de Pekín–, un 28%. Por su parte, las importaciones se desplo-maron en enero un 43%, lo que muestra una sensible baja de la demanda interna en general y de componentes extranjeros para las industrias exportadoras chinas en particular.

Japón registra una recesión más grave que cualquier país de la OCDE. En diciembre, su producción industrial cayó un 9,6%, el consumo se retrajo un 4,6% y el desempleo subió hasta el 4,4%, el nivel más alto en el país en más de dos años. El Parlamento japonés dio el visto bueno a un salvavidas económico de 16.700 millones de dólares para las compañías amenazadas por la crisis. A través de estas ayudas, los bancos estatales entrarán en el accionariado de las empresas que se apunten al plan de rescate gubernamental. Además, el go-bierno destinará otros 22.000 millones de dólares en ayudas financieras a los hogares para reactivar el consumo. En Asia, “la escala y la velocidad del descenso es impresionante, y más amplia en alcance que la crisis financiera de 1997-98. El PBI de China, que se

amplió un 13% en 2007, apenas creció en términos absolutos en el úl-timo trimestre de 2008, sobre una base ajustada a las variaciones esta-cionales. En Japón se estima una caída del PBI del 10% en términos interanuales, en Singapur del 17% y en Corea del Sur del 21%. Los números de la producción industrial son aún más dramáticos: en Tai-wán, por ejemplo, cayeron un 32% en diciembre, en términos interanua-les. Las causas inmediatas son bastante claras: se liquidan stocks a una escala enorme y se derrumban las exportaciones. Incluso en China, las exportaciones bajaron un 2,8% en diciembre comparado con el año pa-sado. Ese mes las de Japón bajaron un 35%, y las de Singapur un 20%. (…) Algunos habían sugerido que el comercio intrarregional altí-simo protegería a Asia contra un descenso en Occidente. Pero eso no está sucediendo, porque el comercio dentro de Asia es parte de una cadena de suministro globalizada que se liga, en última instancia, para proveer al mundo rico. Algunos asiáticos están culpando al oeste. El consenso occi-dental a favor de la globalización los engañó, dicen, en la apertura de sus economías y la prosecución de crecimiento exportador, destinado a satisfacer el hoyo insondable de la demanda del consumidor occidental” (TE 29/01).

Ante este panorama, las estimaciones de la OIT comenza-ron a reflejar un panorama sombrío para el empleo, al tiempo que ganaron presencia en los medios. El organismo baraja tres hipótesis al respecto para 2009. La más probable es la peor: un aumento del desempleo mundial del orden del 7,1%, lo que supone que 51 millones de personas perderían su trabajo este año y aumentaría a 230 millones la cifra de personas sin trabajo en el mundo. Además, según el informe de la OIT presentado en Ginebra (“Tendencias Mundiales en Empleo”), el número de trabajadores que no ganan más de dos dólares diarios aumentaría hasta 1.400 millones, un 45% de los empleados mundiales (LN 29/01).

La reacción de las hormigas Las tensiones sociales no tardaron en aparecer, aunque las

mismas adoptaron diferentes formas, derivadas de la forma-ción histórica de la composición social en cada país. En EE.UU., el fenómeno Obama logró encauzar el descontento y diferir el estallido social. De todas maneras, los medios son esquivos a reflejar cualquier tipo de respuesta organizada de los sectores y capas sociales descontentas. Por otra parte, las organizaciones y los movimientos sociales han sido coopta-dos o reprimidos durante la “larga noche neoconservadora” iniciada por Reagan y aún antes. Sin embargo, no pasó des-apercibido un conflicto sindical que puede convertirse en modelo de referencia para la futura actitud del gobierno de Obama. El 5 de diciembre de 2008, cerca de 200 trabajadores de la empresa de cerramientos Republic Windows & Doors, con sede en Chicago, tomaron la empresa para evitar que re-tiren la maquinaria. Demostrando un grado de organización sumamente elevado, los trabajadores terciaron en una disputa entre el Bank of America y la dirigencia de Republic Win-dows & Doors, obligándolos a sentarse a negociar las condi-ciones de un crédito en fase de ejecución judicial. El conflic-to tomó estado público porque se debatía la capacidad de una entidad financiera asistida por el gobierno federal de provocar el cierre de una fábrica sin que ésta cumpliese con el pago de salarios ni con las pautas de los procedimientos de crisis (WP 9/12). El Gobernador del Estado de Illinois, Rod Blagojevich, antes de ser acusado y destituído por haber in-


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tentado subastar la banca del Senado dejada vacante por Obama, apoyó el reclamo de los trabajadores (NYT 10/12). Obama hizo lo propio, lo que finalmente decidió el pleito, obligando a las partes a respetar la letra de la ley: aunque la fábrica finalmente cesanteó personal, los trabajadores recibie-ron su compensación.

El conflicto volvió a poner en primera plana las discusio-nes en curso sobre la ley de libre elección del trabajador, que entre otras cosas obliga al empleador a aceptar la decisión mayoritaria de sindicalizarse por parte de los empleados y es-tablece el arbitrio obligatorio del gobierno en caso de indefi-nición luego de 120 días de conflicto. Obama se ha pronun-ciado reiteradamente en favor de la sindicalización de los trabajadores como medio de contrapesar la pérdida del poder adquisitivo del salario. Recordemos que las tasas de sindicali-zación del sector privado rondan el 7,5%, ascendiendo con los trabajadores gubernamentales al 12%.

En Europa, se desplegaron con mayor fuerza los conflictos laborales en varios países. En Francia, el 29 de enero se reali-zó una huelga en protesta contra el plan de reformas del go-bierno, a la que adhirieron empleados públicos, docentes y estudiantes, ferroviarios, empleados postales, funcionarios de justicia, empleados de los transportes públicos urbanos, compañías aéreas y de la empresa nacional de teléfonos. Se movilizaron convocados por la CGT dos millones y medio de personas en 195 movilizaciones en todo el país. Además, la crisis provocó el derrumbe del gobierno de coalición islan-dés, y se tuvo que llamar a elecciones anticipadas. A media-dos de enero, estallaron disturbios en Letonia –en protesta por un duro plan de austeridad exigido por el Fondo Mone-tario Internacional–, que provocaron 40 heridos y un cente-nar de detenidos. En Lituania, manifestantes antiguberna-mentales cercaron el Parlamento en demanda de una ley que auxilie a las familias afectadas por la crisis. Bulgaria también fue protagonista de violentos incidentes. En Zaragoza, Espa-ña, una multitud desfiló exigiendo al gobierno medidas ur-gentes contra el aumento del desempleo. En Grecia, el go-bierno conservador se enfrenta a movilizaciones de miles de campesinos que protestan por la caída de los precios agríco-las, a movilizaciones estudiantiles y huelgas en el transporte público y en los aeropuertos.

Pero este crecimiento de los conflictos estuvo acompañado de la confirmación de una tendencia xenófoba que, aunque subsiste de manera permanente en el viejo continente, a par-tir de mediados de 2007 comenzó a cobrar mayor fuerza. Los ataques físicos y verbales a inmigrantes tuvieron lugar en va-rios lugares, entre los que se destaca Italia. Pero dicha xeno-fobia tiene niveles combinados: se desarrolla contra todo in-migrante no europeo o de Europa del Este en general –el caso de Italia–, pero también internamente en Europa Occi-dental. Tal es el caso del Reino Unido, donde se produjeron huelgas contra la contratación de extranjeros. La decisión de la constructora italiana IREM SpA de importar obreros ita-lianos y portugueses para trabajar en un proyecto de 280 mi-llones de dólares en la refinería Lindsey, de la empresa fran-cesa Total en Lincolnshire, en el noroeste de Inglaterra, provocó una serie de huelgas de solidaridad en otras refinerí-as al norte de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, así co-mo el paro de los trabajadores de la planta de energía nuclear

de Sellafield y de los trabajadores portuarios de Plymouth, en el sur de Inglaterra.

La base material del desarrollo de los conflictos es clara. Por ejemplo, un trabajador de la construcción británico gana un salario promedio mensual de 3.000 dólares; un francés, 2.050; un italiano, 1.900, y un portugués, 859 dólares. “El Ministro para la Empresa, lord Peter Mandelson, reiteró su llamado a ‘no gastar energías en una política de la xenofobia para aprovecharlas mejor en la lucha contra la recesión económica’. Pero sus declaraciones fueron refutadas por Derek Dimpson, líder de Unite, el mayor sindicato del sector manufacturero. ‘Estas huelgas no tienen nada que ver con la raza. Se trata de luchar contra empleadores que explotan a los trabaja-dores más allá de su nacionalidad, al recortarles las condiciones labora-les por las que tanto lucharon’” (LN 4/02). El 5 de febrero, los huelguistas de Lindsey levantaron el paro tras el anuncio de que se emplearían 102 trabajadores locales en la construc-ción.

La situación a la que empuja la crisis es una seria amenaza para los capitales más concentrados. El riesgo de retroceder en el avance de la liberalización del comercio impulsada des-de mediados de la década del ’70 está más presente que nun-ca. Es por ello que la implementación de medidas de índole proteccionista en diferentes partes del mundo debe ser con-trarrestada, disimulada y confrontada. Desde Londres, uno de los centros financieros más importantes, no sólo por la envergadura de los capitales que allí abrevan sino por su larga expeciencia, las advertencias colorean la coyuntura actual de la lucha ideológica: “El impulso económico del nacionalismo -de pre-servar trabajos y capitales en casa– está tornando la crisis económica en política y amenaza al mundo con la depresión. Si no se le entierra otra vez inmediatamente, las consecuencias serán calamitosas. (…) El con-greso estadounidense está discutiendo una cláusula que en su forma más extrema reclamaría el uso de materiales americanos en obras públicas. Anteriorme, Tim Geithner, el nuevo Secretario del Tesoro, acusaba a China de ‘manipular’ su moneda, generando el enojo de Pekín. En todo el mundo, los fabricantes de automóviles han cabildeado para obtener ayudas, y algunos la tienen. Los patrones de industrias, desde la India hasta el Ecuador, quieren ayuda de sus gobiernos. El apretón del nacio-nalismo es más fuerte en las actividades bancarias. En Francia y Gran Bretaña, los políticos que vierten el dinero de los contribuyentes en ban-cos enfermos, están exigiendo que el efectivo sea prestado en el país. Puesto que los bancos están reduciendo los préstamos totales, eso signifi-ca la repatriación del efectivo. Suiza ahora favorece préstamos domésticos no haciendo caso del hecho de que sus bancos, para sostenerse, necesitan por completo del dinero extranjero. Los gobiernos protegen sus mercancí-as y sus capitales en gran medida para proteger empleos. En todo el mundo, los trabajadores están exigiendo ayuda del estado conforme au-menta el pánico. (…) El sistema económico internacional depende de un garante, preparado para mantenerlo en marcha durante las crisis. En el siglo XIX Gran Bretaña jugó ese papel. Nadie lo hizo entre las gue-rras, y las consecuencias fueron desastrosas. En parte debido a ese error, América patrocinó airosamente un nuevo orden económico después de la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, la tarea de ordenar la economía mundial le cae a América. Obama debe demostrar que está listo para ella. Él debe matar cualquier ‘provisión americana de compra’. Si no lo hace, América y el resto del mundo estarán en profundos problemas” (TE 5/02). El predicamento del semanario inglés tiene como trasfondo la realización del Foro Económico Mundial en Davos, donde las personalidades más representativas del po-


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der se reúnen a discutir el destino de la humanidad desde hace 38 años. Como veremos seguidamente, la reunión de es-te año cambió radicalmente buena parte de sus características habituales.

El aquelarre de las cigarras También en 1971 –a esta altura es difícil creer en las casua-

lidades temporales– se estableció el Foro Económico Mun-dial, por parte de los países de mayor desarrollo económico, como espacio de discusión de políticas y articulación de rela-ciones de poder. A diferencia de las últimas ediciones, a la reunión de este año asistieron mayoritariamente políticos de todo el mundo –de Brasil sólo asistió el Gobernador de Río de Janeiro, Sergio de Oliveira Cabral, y de Argentina, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri– y en menor medida ejecutivos de las grandes empresas. Falta-ron la mayor parte de los directivos de los principales bancos del mundo: en general, enviaron delegados de nivel medio, sólo para cumplir con el protocolo. Cabe preguntarse si la exhortación de Mauricio Macri acerca de la necesidad de acudir a Davos –en referencia a los Kirchner– para “vender el país al mundo” mediante una política exterior agresiva, puede ser exitosa ante una audiencia integrada mayoritaria-mente por políticos, mayoría de ejecutivos sin poder de deci-sión y académicos.

Tampoco fue un lugar donde buscar ideas inspiradoras. Eso fue lo único que quedó claro al final del encuentro. Peter Sands, Jefe Ejecutivo del banco Standard Chartered lo expre-só con toda sinceridad: “No sabemos dónde estamos parados y nos sentimos muy mal. El año pasado tampoco sabíamos dónde estábamos parados, pero la diferencia es que no lo sabíamos y nos sentíamos mejor. Estamos adentro de un túnel en el cual nadie ve dónde está la luz” (BBC 28/01). George Soros, por su parte, buscaba enviar un mensaje tranquilizador: “No predije que el sistema financiero iba a colapsar, es algo que también ha sido una sorpresa para mí, como para los demás. La magnitud del problema es significativamente mayor de lo que fue en los años ’30” (BBC 28/01). Claro, era posible hacerlo luego de haber sido uno de los grupos menos afectados por la crisis financiera y conveniente para desligar un hecho –el colapso financiero– del otro –las maniobras especulativas realizadas por la fracción de capital, propio y ajeno, que ad-ministra y gestiona.

En definitiva, predominaron los mea culpas por la aparente imprevisión de la crisis y las catarsis colectivas. Rupert Mur-doch, propietario del gigante de medios NewsCorp y conspi-cuo aliado de la facción representada por Bush, recalcó que “en Occidente, hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilida-des. Nos hemos dado un gran atracón que ha llegado a su fin y ahora debemos corregirlo” (BBC 28/01).

Pero junto a esta dinámica de pesimismo, también hubo reparto de acusaciones, dejando en claro que, ineludiblemen-te, la salida contiene en su seno una dosis importante de lu-cha y enfrentamiento entre capitales. “Fiel reflejo de esto, en una sesión titulada ‘¿Qué le pasó a la economía global?’, de la que partici-paron economistas de renombre como los Nobel Joseph Stiglitz y Ed-mund Phelps, jefes ejecutivos de grupos importantes, políticos de todo el mundo y ejecutivos de distintas empresas (apenas un 6% es de América latina), pasó lo que nunca antes se había visto en Davos. Hubo pala-bras excesivamente fuertes, acusaciones y hasta expresiones de rabia que

fueron interpretadas por los entendidos como una suerte de ‘catarsis co-lectiva’. (…) Lo más impactante fue cuando alguien se levantó y lanzó una durísima acusación: ‘Acá hay gente que vendía veneno, que sabía que vendía veneno, que tiene que ir a la cárcel. Yo soy de la industria farmacéutica y si vendo veneno, voy a la cárcel, ¿por qué ellos no?’. ‘Nunca vi una cosa así’, reconoció Federico Sturzenegger, Presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, ex profesor de Harvard y uno de los Young Global Leaders del Foro, que quedó asombrado ante semejantes afirmaciones en un encuentro famoso por la parquedad suiza. Alguien que reflejó como nadie el ‘superpesimismo’ de esta edición que intenta en-tender qué forma tendrá el mundo después de que termine la crisis plane-taria fue el magnate de los medios Rupert Murdoch. En una conferencia de prensa sentenció: ‘Esto sólo puede empeorar’. ‘Todos somos responsa-bles por no haber reconocido los riesgos’, admitió Klaus Schwab, funda-dor del Foro Económico Mundial en 1971, en otro virtual mea culpa. En su discurso de bienvenida al tradicional encuentro –este año más que sobrio, sin supermodelos como Naomi Campbell o Claudia Schiffer ni divos como Brad Pitt y Angelina Jolie, que desfilaron en otras ocasio-nes–, Schwab también habló de la necesidad de que haya ‘valores éticos’. ‘La ganancia es el principal objetivo del negocio, pero está claro que no puede ser una ganancia a toda costa’, indicó. El único que se salió del coro y que pareció tener un mensaje más optimista fue el premier chino, Wen Jiabao, que aseguró que la economía china exhibe señales de pron-ta recuperación” (LN 29/01).

Lo único que no cambió fue una característica habitual en el encuentro, ligado a la construcción de relaciones –aunque en este caso de otro tipo–, lo cual expresa claramente la in-tención de mantener la distinción del encuentro y de las per-sonas que a él concurren. “La debacle, sin embargo, no impidió que por las noches, después del debate sobre la crisis global, hubiera fiestas hiper exclusivas donde la exhibición de la riqueza y el poder fue exac-tamente igual a la de los años pasados. Anteanoche, por ejemplo, la fies-ta de despedida final, auspiciada por Marruecos, deslumbró a los parti-cipantes –vestidos de smoking ellos, y de largo ellas– con danzas de bailarinas vestidas con velos, comidas exóticas y refinados vinos y cham-pagne” (LN 2/02).

No hay mejor imagen que esa para pintar de cuerpo entero a la capa superior de la clase dominante en un sistema en descomposición.

Los conflictos por la batuta La situación de espera que se percibió en Davos –y que se

registra en la mayoría de los países– obligó a Obama a actuar aún antes de su asunción efectiva. La velocidad de la crisis así lo aconsejaba. Pero su desempeño como presidente electo, dirigiendo los equipos de transición e influyendo en la opi-nión pública con cuidadosas intervenciones sobre la econo-mía, estuvo prácticamente ausente en materia de política ex-terior. En rigor, hubo un evidente cambio en el accionar de Obama previo al ataque y posterior invasión israelí de Pales-tina. Hasta entonces, las opiniones en torno a cuestiones de política exterior estuvieron muy presentes durante toda la campaña. De hecho, la designación de Joe Biden para la vi-cepresidencia era un indicador de la importancia otorgada a ese ámbito. El entonces Senador por Delaware y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado es un experto en política exterior.

Las intervenciones comenzaron a reducirse con posteriori-dad a la elección de principios de noviembre, pero siguieron


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existiendo referencias, principalmente a Pakistán y Afganis-tán y, en menor medida, a Irak. Es decir, intervenía en la ma-teria mediante intervenciones de opinión en los medios. To-do en función de expresar su posicionamiento en política internacional. Pero a medida que la crisis económica se pro-fundizaba, la brevedad de las mismas era congruente con la necesidad de centrar los esfuerzos en temas económicos.

Sin embargo, algo se modificó desde que las bombas israe-líes comenzaron a llover sobre Gaza. Al desarrollarse el ata-que, instantáneamente Obama se refugió en una excusa –además de tomarse unas merecidas vacaciones en Hawai–, utilizada en su momento por Franklin Delano Roosevelt, pa-ra llamarse al más absoluto silencio respecto de la carnicería sobre el pueblo palestino: que no puede haber dos presidentes si-multáneamente. No obstante, este argumento no fue aplicado a otras esferas, como la economía.

La historia íntima por el momento la desconocemos, pero podemos suponer que hubo una concertación del ataque is-raelí con el gobierno de EE.UU. Como mínimo, Obama de-bió aceptar un ataque que se hubiese realizado de todas for-mas sin su consentimiento –por los procesos propios del Estado de Israel–, pero que contaba con el aval de Bush, otorgado por intermedio de Condoleezza Rice. Es posible que, a cambio, haya obligado a Israel a respetar un crono-grama estricto: las tropas israelíes debían estar fuera de la Franja de Gaza antes de su asunción. Cosa que ocurrió con una sincronización evidente y además fue hecha explícita por el alto mando israelí (NYT 20/01).

Lo cierto es que el desprestigiado gobierno de Bush podía asimilar algunos miles de muertos más dentro de su sangrien-ta estadística antes de su retirada definitiva. Todo un gesto de cortesía para compensar el grado de deterioro de la posición internacional de EE.UU. Conservar la imagen para Obama es fundamental en pos de encarar una agenda de gobierno al-tamente inflamable. Ante una audiencia incauta y proclive a aceptar cualquier ataque contra objetivos terroristas o que se presenten como tales, es una cuestión relativamente simple.

Ahora bien, ¿qué obtuvo Obama del ataque israelí? En primer lugar, el debilitamiento logístico de Hamas es impor-tante para forzar posibles rupturas internas en la organiza-ción –sea por la aniquilación de cuadros como por la des-trucción de la infraestructura y las redes de relaciones. Pero la combinación de la bestialidad israelita y la confusión de la in-fraestructura de Hamas y otras organizaciones islámicas con la población civil en la superpoblada franja de Gaza, posi-blemente redunde en un fortalecimiento político de Hamas, en la región y entre los palestinos. La brutalidad hizo prolife-rar la rabia, que la organización de Hamas puede capitalizar muy rápidamente, ya que el aspecto político-militar de la misma es sólo una parte de su estructura y alcance.

Podría pensarse que esto último es un resultado negativo de la incursión israelita, aunque para Obama significa a su vez un fortalecimiento de su alianza con Israel, que siempre observó con desconfianza al nuevo Presidente. Ademas, el hecho de fortalecer a un Hamas debilitado materialmente, empujándolo a la acción, permite mantener la hipótesis de conflicto vigente y actualizada. La postura militarista tiene así los argumentos necesarios para proseguir con su política de seguridad. Por otra parte, cualquier acción de Obama que se

diferencie de las anteriores tiene un efecto inmediato y po-tencialmente más efectivo. Permite construir un abismo res-pecto de la anterior política hacia la región. Tengamos en cuenta que, sin la necesidad de inculpar a Israel, Obama dio pasos gigantescos para establecer las condiciones tendientes a mejorar las relaciones con el mundo musulmán –siempre en comparación con Bush. Entre otras cosas, nombró a George Mitchell como enviado especial para Medio Oriente. Recor-demos que el ex Senador fue el artífice de la pacificación en Irlanda del Norte.

A poco de asumir, Mitchell visitó Israel y Cisjordania para establecer los primeros contactos. Es decir, dejó fuera de la agenda a Hamas y a la Franja de Gaza, revelando cierta con-tinuidad con Bush al respecto –y apartándose de la línea de-mócrata expresada por Jimmy Carter, que promueve nego-ciaciones directas con Hamas. Además, el mismo día, Obama hizo una aparición en la conocida cadena televisiva Al-Arabiya, haciendo un llamamiento en tono conciliatorio al mundo musulmán (NYT 28/01). En particular, aseguró su determinación de negociar directamente con Irán.

Esta postura frente a Teherán representa un cambio im-portante. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó que es un momento oportuno para restablecer las relaciones di-plomáticas con Irán (NYT 28/01). Probablemente, la diplo-macia norteamericana haya comprendido que, a esta altura, resulta improbable contener a Irán. La noticia del lanzamien-to de un satélite propio por parte de ese país (NYT 4/02) da la pauta de sus potenciales capacidades bélicas. Cuando no se detuvo a un país antes de ingresar al llamado Club Nuclear –aún cuando no tenemos certezas de que Teherán haya cons-truído una bomba atómica–, sólo queda acordar los términos de su cooptación. En ese sentido, puede ser muy útil comen-zar a negociar un límite a sus relaciones con Hamas y Hezbo-llah. El reciente intento de aniquilamiento de Hamas puede constituir una prueba para el apoyo de Teherán a esa organi-zación, que EE.UU. puede utilizar como moneda de cambio.

Otros indicadores permiten aventurar un reposicionamien-to de Teherán en la región, que puede pasar de ser una po-tencia de actuación clandestina a otra “oficializada”. Rusia, que pese a su discreción continúa siendo un firme aliado de Teherán, parece encaminarse a un mejoramiento de las rela-ciones con EE.UU., según afirmó Hillary Clinton primero (NYT 28/01) y el Vicepresidente Joe Biden después (NYT 8/02). Irak se encuentra negociando la expulsión –países re-ceptores, se buscan– de un grupo iraní opositor que reside en su territorio, Mujaheddin-e Khalq (MEK), otrora estrecho aliado de Saddam Hussein. Dicho sector, a partir de 2003, fue protegido militarmente por EE.UU. (NYT 22/12).

A estas señales en materia de política exterior se suma el deterioro de la economía persa, causado por el descenso de los precios del petróleo, para alterar la dinámica política in-terna de Irán. Mohamed Khatami, ex presidente (1997-2005) finalmente confirmó que se presentaría a las elecciones pre-sidenciales de junio próximo (EP 9/02). Se trata de la única figura de peso que puede aglutinar a la línea política liberal –los denominados “moderados”– frente al dominio conserva-dor de Mahmoud Ahmadinejad. Probablemente, un cambio de gobierno en junio esté más acorde con el reacomodamien-to regional que el gobierno de Obama parece impulsar.


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Estrechamente ligado a este aparente acercamiento a Irán, se encuentra el nuevo posicionamiento respecto de Irak. En-tre sus primeras medidas, Obama instruyó al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a planificar la retirada de la mayor parte de las tropas asentadas en ese país. Acompañando o, mejor dicho, anticipando esa medida, los británicos anuncia-ron el retiro paulatino de sus tropas: de las 4.100 actuales pa-sarían a 300 en junio de 2009, las cuales serían evacuadas de-finitivamente en junio de 2010 (NYT 11/12). Es congruente con los anuncios realizados durante la campaña electoral, en el sentido de privilegiar el combate contra Al Qaeda y los ta-libanes en Afganistán y Pakistán. Pero también porque Irak parece encaminarse a cierta normalización, claro está, en los términos que EE.UU. pretende, y que permiten garantizar la extracción sostenida de petróleo.

Definitivamente, el eje militar de EE.UU. se ha desplazado a Asia Central. Una región en donde China, Rusia e India po-seen intereses diversos –fuentes de energía, vías de comuni-cación, espacios de acumulación, mercados de materias pri-mas, de fuerza de trabajo y de mercancías. Recordemos que desde el reemplazo de Rumsfeld al frente del Departamento de Defensa por Gates, las relaciones con Pakistán desmejora-ron sistemáticamente. En Análisis... anteriores describimos las vicisitudes de dicha relación estratégica de EE.UU. en la región. El cambio de gobierno en Islamabad no fue de gran ayuda, porque escindió a buena parte del sector militar de su control. Obama, por su parte, mantuvo a Gates al frente el Pentágono, para evitar una disrupción semejante en sus ca-pacidades –además de permitirle mostrarse como bipartidis-ta, característica muy elogiada por la sociedad norteamerica-na. Mientras tanto, comenzó a desplazar al personal que de él depende, para poder preparar un altamente probable despla-zamiento en un año o dos.

La región comenzó a sufrir reacomodamientos relaciona-dos con el cambio de estrategia norteamericana, largamente advertida por Obama durante todo el 2008. Richard Hol-brooke, ex Subsecretario de Estado durante el gobierno de Bill Clinton y mentor de los acuerdos de Paz de Dayton que pusieron fin a la guerra en Bosnia, fue nombrado enviado especial para Afganistán y Pakistán. A los pocos días de asu-mido Obama, y antes de la primera visita de Holbrooke a la región, la fuerza aérea norteamericana realizó un ataque uni-lateral e inconsulto contra un supuesto refugio terrorista en territorio pakistaní (WP 24/01). La respuesta de Islamabad fue inmediata. En esta ocasión, días después de la visita de Holbrooke a la región: la Corte Suprema de ese país liberó a Abdul Qadeer Khan –en detención domiciliaria desde 2004–, acusado de ser el principal proliferador clandestino de tecno-logía nuclear (NYT 7/02). Además de ello, el General Pe-traeus, comandante de las fuerzas militares en combate en Irak y Afganistán, confirmó estar buscando una ruta alterna-tiva de aprovisionamiento que permita suplir a las tropas apostadas en Afganistán, prescindiendo de la inestable vía por Pakistán (WP 21/01). Parece una tarea difícil, a juzgar por la decisión del Congreso de Kyrguistán de ordenar el cie-rre de la base aérea de Manas que EE.UU. utiliza en ese país (NYT 5/02). Las alternativas consideradas incluyen una am-pliación de las bases en Afganistán, emplazar otras nuevas en la región del Golfo Pérsico o incrementar el uso de las que

dispone en Europa. El argumento esgrimido por el gobierno de Kyrguistán para conceder sólo 180 días para el desalojo de la base fue, según su “Presidente Kurmanbek Bakiyev, un incidente de 2006 en el cual un efectivo de EE.UU. disparó a un camionero kyrguizo en la base, y también que Washington ignoró el pedido de in-crementar el pago por el uso de la base. ‘Pasaron ocho años. Reiterada-mente hemos elevado el pedido a EE.UU. de una mayor compensación económica por la existencia de la base en Kyrguistán, pero no fuimos en-tendidos’, afirmó en una conferencia de prensa desde Moscú, donde fue hecho el anuncio de un acuerdo con Rusia que supone 150 millones de dólares en asistencia, la quita de 180 millones en la deuda y 2.000 mi-llones en nuevos préstamos. Funcionarios rusos afirmaron que el anuncio del cierre de la base y de los acuerdos de asistencia eran pura coinciden-cia” (NYT 5/02). Está claro que la oportunidad de las crisis está siendo aprovechada por las diferentes fuerzas sociales en cada uno de los países. En aquellos en donde el poder del Estado está firmemente controlado por una de ellas, como parece ser el caso de Rusia, las iniciativas consolidan la posi-ción internacional en el concierto de las naciones.

La moral de la necesidad Desde mediados de diciembre pasado, anticipando un de-

seo manifestado reiteradas veces por Obama, las fuerzas ar-madas comenzaron a elaborar un plan de contingencia para cerrar la prisión militar de Guantánamo. Apenas asumido, una de las primeras directivas que lanzó el nuevo Presidente fue justamente esa (NYT 22/01).

La medida forma parte de la llamada “renovación moral” que pretende abarcar toda acción gubernamental. En el caso de la política internacional, forman parte de un paquete que pone fin a las prisiones ilegales de la CIA y ordena sacar del manual de operaciones militares el apartado referido a la tor-tura (NYT 23/01). Es altamente probable que la preeminen-cia que Obama pretende otorgar a Departamento de Estado y, por ende, a la diplomacia, en el manejo de la política exte-rior, degrade el impacto real de esa medida. Si las interven-ciones militares y las actividades de inteligencia vinculadas a ellas se reducen cuantitativa y cualitativamente, probable-mente no haya un incremento de las eventuales ocasiones en que puedan usarse esos métodos e instalaciones de carácter clandestino. La opción de privilegiar al Departamento de Es-tado es una política habitual de los demócratas, que marca un rotundo cambio respecto de su antecesor. En alguna medida, mantener a Robert Gates al frente del Pentágono es una ma-nera más simple de desactivar la omnipresencia de ese núcleo de poder. Además, el nombramiento de Leon Panetta al fren-te de la CIA es sugestivo: su falta de experiencia en la materia puede ser un síntoma del perfil que se pretende para la agen-cia de aquí en adelante.

En el ámbito de la política doméstica, la renovación moral pasa fundamentalmente por el establecimiento de normas ri-gurosas que limitan el lobby y condiciones más duras de la llamada “norma de la puerta trasera”, que reduce las posibili-dades, para los funcionarios que dejan su cargo, de pasarse a algún sector privado que antes regulaban o con el cuál se li-gaba su función.

También hay medidas para los señalados como los grandes culpables del derrumbe económico: el sector financiero. Los directivos de las entidades asistidas por el rescate del gobier-


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no federal tendrán un limite salarial de 500.000 dólares anua-les hasta tanto no devuelvan los fondos utilizados. Por eso, muchas de ellas están elaborando estrategias para hacerlo lo más pronto posible. “David Viniar, el Director Financiero de Goldman Sachs, que recibió 10.000 millones del Departamento del Te-soro, manifesto a los analistas que la firma desea devolverlos lo antes possible para ‘estar bajo menos escrutinio y menos presión’, de acuerdo a Bloomberg News. La Mesa Redonda de Servicios Financieros, que rea-liza lobby en nombre de los bancos y otras entidades financieras, afirmó que puede desalentar a las empresas a pedir asistencia” (NYT 28/01).

Esta situación se contradice con las últimas informaciones sobre el rescate bancario. Nuevamente se cambió el meca-nismo elegido para salvar a las entidades problemáticas. El gobierno adquirirá los activos tóxicos –de dudosa o segura incobrabilidad– y los concentrará en una entidad que en los hechos se constituirá en un banco basura, aún cuando los en-cargados de gestionar la política económica intenten rechazar esa denominación (NYT 7/02). Para evitar la rapiña obser-vada durante la implementación del rescate por el gobierno de Bush, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, anunció que se limitaría el lobby para acceder a esa ayuda. Es todo un cambio por parte de uno de los arquitectos centrales de ese salvataje carente de todo control: Geithner dirigía el Banco de la Reserva Federal de New York.

Pero este no es el único ejemplo de actitudes y prácticas que persisten aunque se intenten eliminar. Haciendo caso omiso de la norma, quizás porque aún no estaba anunciada, Richard Parsons pasó sin escalas de integrar el equipo eco-nómico de transición de Obama a comandar el Citigroup (NYT 22/01). Las críticas republicanas ponen el énfasis en que es el mismo gobierno el primero en vulnerar la nueva normativa. En ese sentido, no constituye tampoco una buena señal la intención de no investigar al gobierno de Bush, ex-cepto que haya causas judiciales iniciadas (NYT 12/01).

Tal como le sucedió con el tratamiento en el Congreso del plan de estímulo, la resistencia republicana a la acción del nuevo gobierno que se venía anunciando, tuvo en esta reno-vación moral el argumento ideal para dilatar su entrada en funciones. Cabe resaltar que el tratamiento legislativo de un plan de esa magnitud fue sumamente acelerado. Pero el tiempo debe medirse en relación con la urgencia. La oposi-ción irreductible del GOP –siglas con las que se conoce al Partido Republicano– comenzó con los nombramientos. Muchos de ellos fueron cuestionados, y aquí sí el gobierno de Obama debió ajustarse a su prédica moral. Ninguno de ellos fue nombrado. Bill Richardson declinó su nombramiento a Secretario de Comercio por una investigación en curso sobre el otorgamiento de un contrato a una empresa aportante a su campaña cuando accedió a la gobernación de New Mexico (NYT 5/01). Tom Daschle, quizás el mayor confidente de Obama, terminó por retirar su candidatura a Secretario de Salud por registrar impuestos impagos, al igual que Nancy Killefer como asesora de la Casa Blanca (NYT 4/02). La ma-yoría de los nombramientos conformados tuvieron demoras por el riguroso procedimiento y contaron con la oposición cerrada del GOP. Excepto en el caso de Timothy Geithner al Tesoro, quien fue nombrado pese a haber olvidado de pagar el impuesto a las ganancias por sus ingresos durante su des-empeño en el FMI.

Entre la principal propensión al consumo y la marginal moral del cambio

La excepción del mantenimiento de Gates al frente del Pentágono es justamente eso, un caso particular. El Partido Republicano decidió no acompañar a los demócratas en el manejo de la crisis. El rechazo por parte del Senador republi-cano por New Hampshire Judd Gregg a ocupar la titularidad del Departamento de Comercio (WP 31/01) fue el indicio que confirmó dicha decisión. En principio, se consideraba posible la aceptación de ese ofrecimiento por parte de un se-nador ubicado en el centro del espectro político. Pero de in-mediato hubo un claro cierre de filas en el GOP. Por añadi-dura, la Convención Nacional de ese partido oficializaba ese mismo día el nombramiento de Michale Steele al frente del mismo. Se trata del primer afroamericano en acceder a ese puesto. Aprovechando el ánimo del electorado, y eviden-ciando una carencia de figuras de alcance nacional en la pre-sente coyuntura, el partido del elefante recupera un poco de su histórica identificación abolicionista. Aunque también, hay que decirlo, cabe preguntarse por la sinceridad de las convic-ciones detrás del nombramiento y hasta qué punto no es una señal del más rancio oportunismo.

Ante este panorama, Obama parece buscar sustentar su posición tejiendo alianzas políticas hacia los Estados. “El go-bierno de Obama parece proclive a un movimiento denominado ‘federa-lismo progresivo’, según el cual gobernadores y fiscales generales de los es-tados intentan liderar iniciativas sobre ambiente, protección al consumidor y otros asuntos” (NYT 30/01). Aún cuando los asun-tos que se busca delegar o transferir a los Estados son margi-nales o secundarios, ejercitar y promover esa relación permite construir una dinámica de construcción política que puede expandirse a otras áreas y brinda un sustrato para iniciativas conjuntas. De hecho, parece replicar la trayectoria del proce-so de fortalecimiento del Estado que se desarrolló en otros países y revirtió buena parte de los lineamientos del Consen-so de Washington. Ese proceso, iniciado en los gobiernos nacionales, luego tuvo su correlato en los diferentes gobier-nos subnacionales –estados, provincias, municipios, etc.–, generando simultáneamente tensiones y contradicciones. Pa-rece comenzar a cerrarse de esta manera un proceso iniciado en la llamada periferia, extendido a las principales potencias. Obama necesita retener la iniciativa en esas relaciones para hacer sustentable la salida de la crisis.

Lo que resulta una novedad, y en parte demuestra la en-vergadura de la crisis y la preocupación que esta genera, es la interperpelación a las bases movilizadas en la contienda elec-toral. Muchos de ellos son recién llegados a la actividad polí-tica. La red Organizing for Obama pasó a transformarse en Or-ganizing for America, transformación pensada fundamentalmente para suministrar la fuerza de trabajo nece-saria para los trabajos públicos (WP 20/01). Dicha base so-cial, y una fuerte imagen en la opinión pública, permiten des-arrollar una agenda política prescindente de la oposición republicana, aún cuando desde que fue elegido Presidente, Obama se pronunció en favor de integarla.

No cabían dudas, entonces, de que Obama tenía garantiza-da la aceptación legislativa a su propuesta. Aunque finalmen-te debió presionar reiteradamente al Congreso para que no demorase la aprobación del plan, advirtiendo sistemática-


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mente sobre el riesgo de catástrofe, era cuestión de compati-bilizar versiones y negociar concesiones. Los puntos que im-pedían su aprobación se relacionaba con el deseo del GOP de introducir recortes impositivos que incluyesen a las corpo-raciones y con la controvertida cláusula Buy America (Compre Norteamericano). Esta última debió ser reducida por el Se-nado, apartándose de la propuesta de los Representantes. “El Senado, urgido por la Casa Blanca, acordó el miércoles a la noche eli-minar algunas de las provisiones del ‘Buy America’ de su versión del proyecto de estímulo por 900.000 millones. Fue un día después de que Obama afirmó en una entrevista televisiva que ‘no podemos enviar un mensaje proteccionista’ en la ley” (NYT 5/02).

El plan final fue aprobado con muy pocos votos del GOP. En el Senado, 60 votos a favor –55 demócratas, dos inde-pendientes y 3 republicanos centristas– y 38 en contra. Llegar a los 60 votos le permitió eludir maniobras dilatorias del GOP. En Representantes, 246 demócratas votaron a favor y entre los 183 votos en contra estuvieron 7 demócratas. El plan totaliza 787.000 millones de dólares y fue promulgado por Obama en Denver el martes 17 de febrero. Dichos fon-dos se distribuyen de la siguiente manera:

Rebajas fiscales: 288.000 millones. La principal medida es el crédito impositivo “Making Work Pay” de hasta 400 dó-lares para individuos y 800 para parejas en 2009 y 2010, para todos aquellos que ganen hasta 75.000 dólares anuales en el caso de individuos y hasta 150.000 en el de parejas. Se eleva el límite de exención del alternative minimum tax a 46.700 dóla-res anuales para individuos y 70.950 para parejas. Aquellas personas que compren su primera casa podrán reclamar un crédito impositivo de 8.000 dólares, siempre que la operación se realice antes del 1º de diciembre de 2009. Aquellos indivi-duos que ganen hasta 125.000 anuales y parejas hasta 250.000 podrán deducir el impuesto a las ventas, pagado por la com-pra de coches nuevos de hasta 49.500 dólares. También se crea un nuevo crédito impositivo para educación universita-ria de 2.500 dólares. Además de ello, la ley tiene una serie de amnistías y moratorias, incluye la amortización acelerada del 50% de bienes de uso, como nueva maquinaria puesta en marcha en 2009.

Fondo para Estados y municipios: 144.000 millones. Concebido para aliviar los maltrechos presupuestos de los gobiernos subnacionales.

Inversiones en infraestructura: 111.000 millones. No se creará un banco nacional de infraestructura, como había propuesto Obama. Los fondos para vialidad serán repartidos de acuerdo a fórmulas desusadas existentes, que no tienen en cuenta el estado de las rutas de cada Estado. Todas las áreas sufrieron algún recorte, excepto para el tren de alta veloci-dad, que fue cuadruplicado a 8.000 millones. Para transporte público, 8.400 millones; autopistas y puentes, 29.000 millo-nes; 11.000 millones para modernizar el tendido eléctrico; 6.000 millones para proyectos de agua y servicios sanitarios; 6.500 millones para reparar y construir instalaciones militares; 4.500 millones para transformar en eficientes energéticamen-te a los edificios federales; 4.000 millones para reparar edifi-cios públicos; y 7.000 millones para expandir el acceso a banda ancha.

Ciencia: 8.000 millones. Financiamiento para las institu-ciones National Institutes of Health, National Science Foun-dation y NASA.

Prestaciones sociales: 81.000 millones. Incluyen 20.000 millones extra para vales de comida por varios años. Una fa-milia de tres personas recibirá 63 dólares semanales adiciona-les. Se agregan 25 dólares semanales al seguro de desempleo y se extienden los beneficios para desempleados durante 2009, medidas que insumirán 9.000 millones. 14.000 millones se gastarán en un pago por única vez de 250 dólares a cada beneficiario de la Seguridad Social, veteranos pensionados y beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad. Entre el resto de las medidas, se destacan 7.000 millones para pro-mover que los estados cubran más desempleados pagándoles un seguro y 4.000 millones para programas de capacitación laboral.

Salud: 59.000 millones. Se inyectarán fondos a los esta-dos para que puedan seguir prestando la cobertura Medicaid, programa para los sectores de bajos ingresos. El gobierno tambien pagará un subsidio del 65% del costo de la cobertura médica para los desempleados durante un máximo de 9 me-ses. 19.000 millones se utilizarán para digitalizar registros médicos y conectar los hospitales y médicos a redes informá-ticas.

Educación: 53.000 millones. Se dispondrán 100.000 mi-llones en un fondo de emergencia por dos años para escuelas públicas, universidades y centros de atención de menores. Más de la mitad del mismo proviene del fondo de estabiliza-ción para estados, que registran 132.000 millones de déficit presupuestario. Principalmente, dichos fondos serán utiliza-dos para evitar despidos docentes y renovar edificios.

Nuevas energías: 43.000 millones. Se reparte entre una serie de medidas un área que fue impulsada fuertemente por Obama. 13.000 millones para hacer que los edificios públicos y del gobierno federal sean más eficientes en el uso de la energía y para climatizar un millón de hogares; 10.000 para modernizar el tendido eléctrico e instalar medidores inteli-gentes en los hogares; y 20.000 en incentivos fiscales a las energías eólica, solar, hidroeléctrica y otras fuentes renova-bles. También se crea un crédito impositivo de 7.500 dólares para quienes compren automóviles híbridos. Cabe resaltar que no se aprobó la iniciativa de garantizar préstamos por 50.000 millones para construir nuevas plantas nucleares.

Cabe resaltar que todos los ciudadanos podrán seguir el

desarrollo del gasto del paquete por Internet, en el sitio www.recovery.gov.

Evidentemente, esta inyección de fondos profundizará el

déficit fiscal y el endeudamiento del gobierno federal. Se cal-cula que aumentará durante 2009 en 2 billones de dólares, para llegar a constituir un 53% del PBI. Actualmente, la deu-da pública asciende a 10,7 billones (4,3 billones a la seguridad social y otras entidades, y 6,4 billones a privados, de los cua-les hasta octubre de 2008, 3 billones eran acreedores extran-jeros). Es decir que el gobierno se endeuda con el sector pri-vado, principalmente para direccionar el capital y el ahorro que actualmente se encuentra refugiado por la crisis y el te-mor. Esto necesariamente supone incrementar aún más la


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base monetaria –reservas bancarias más moneda–, que pasó de 800.000 millones en agosto de 2008 a 1,7 billones en di-ciembre del mismo año (Forbes 11/1).

Sin un correlato de crecimiento violento en la fase de la producción de mercancías, necesariamente hay condiciones suficientes para una inflación sobre todas ellas. Es decir, si ese capital no es lo suficientemente capaz de motorizar un incremento más o menos consistente con esa expansión arti-ficial en la esfera de la circulación, el valor de las mercancías tenderá a aumentar en su expresión monetaria (precio). Se trata, ni más ni menos, de una devaluación del dólar contra el universo de las mercancías (bienes y servicios): hay mucha más moneda y la misma cantidad de mercancías –o incluso un poco menos a consecuencia de la recesión.

En rigor, el plan de salida justamente busca suministrar el lubricante para que esas mercancías que ahora se en-cuentran sin vender y se acumulan cada vez más con la continuidad del proceso productivo, se consuman definiti-vamente. Es decir, se busca restablecer el consumo nor-teamericano, y ahora no son las creativas entidades finan-cieras las que brindan los instrumentos necesarios para construir esa ilusión, sino que el mismo gobierno federal norteamericano ha tomado su lugar. Seguramente, por un tiempo será el Estado el que empuje a los consumidores a retornar al mercado con su voracidad habitual.

Va de suyo que la concepción de mundo subyacente a esa exhortación a las masas poco tiene de cambio. Pero no es una cuestión sólo de EE.UU., aunque este país actúe

como faro y guía de esa forma de hacer las cosas. En este punto, no parece haber ninguna intención en los círculos del poder de evitar que el consumo –en esos términos– nos consuma (el planeta). Todo lo que puede representar Obama como cambio parece prescindir del desafío que en-frenta el imperativo actual del desarrollo de las fuerzas productivas. No hay intención de morigerar el consumo desenfrenado de sectores cada vez más minoritarios y au-mentar el consumo misérrimo o nulo de sectores cada vez más mayoritarios. Buscar ese equilibrio puede ser una ac-tividad que absorba la creatividad que el capital anda bus-cando por doquier para darse una salida fiel a su esencia: permitir incrementar la acumulación de algunos y la de-sposesión de muchos. Por el momento, continúa necesi-tando al Estado para reacomodar los fundamentos de la acumulación entre los distintos sectores y ramas del capital, la mayoría de las cuales ya alcanzó un grado de optimi-zación de sus fases que dejan poco espacio para elevar la expectativa sobre la tasa de ganancia. Probablemente, po-demos decir que Obama presenta algunos destellos de in-genio para conducir al país del norte por el sendero de la acumulación capitalista de una manera menos turbulenta. Para algunas cuestiones, como la energía, ya es mucho. Permite comenzar a problematizar las condiciones nece-sarias para expandir el horizonte temporal de un planeta viable

14 Políticas regionales y disputas electorales en América del Sur

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El presente político electoral de Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Chile, en clave regional

Políticas regionales y disputas electorales en América del Sur Por Julián Kan

Introducción Ya no constituye novedad alguna caracterizar los inicios

del siglo XXI en América Latina como un momento de cambios políticos en la región. Venimos desde hace años señalando que, de formas variadas que responden a proce-sos políticos diferentes entre sí, existe un piso común en varios gobiernos en diseñar políticas regionales que cami-nan a contramano de las que imperaron en la década del noventa. Estas políticas exteriores de la mayoría de los go-biernos de América del Sur, que rediseñaron el mapa re-gional, son la proyección de cambios políticos de no me-nor importancia al interior de esos mismos países, comparado con lo que acontecía en la pasada década neo-liberal. Podríamos citar a Venezuela, Bolivia y Ecuador pa-ra poner ejemplos que no merecen discusión alguna, pero también podríamos citar otros casos como Argentina, e in-cluso Brasil, que también ofrecen contrastes con las políti-cas implementadas anteriormente. Si extremamos la idea, si bien Chile no ofrece grandes novedades políticas que per-mitan establecer un antes y después de “los noventa”, Ba-chelet difiere de los anteriores mandatarios pertenecientes a la Concertación en algunas actitudes regionales. El con-traste entre el primer grupo de países y el segundo, la comparación entre los procesos más y menos “genuinos”, las particularidades locales, si bien constituye una impor-tancia no menor, se vuelve algo secundario si queremos analizar al conjunto de la región, ya que el devenir regional es resultado, entre otras cosas, de las políticas exteriores que dichos gobiernos trazan.

Dejando de lado, entonces, ese costado analítico de cada caso particular en cuanto a dónde hubo mayores o meno-res transformaciones totales con respecto a la década del noventa, ¿cuál es el saldo del rediseño regional? La no ins-talación del ALCA, la actuación conjunta de la región en instancias como la ONU, ante conflictos como los de Ecuador y Colombia, o ante la masacre de Pando; la recu-peración del MERCOSUR como una herramienta regional, la proliferación de instancias como la UNASUR –que im-plican desconocer la influencia que EE.UU. mantuvo en la región a través de la OEA–, la mayor voluntad de resolver actuar de conjunto ante coyunturas adversas como la crisis financiera, la defensa de Cuba ante el aislamiento del blo-queo norteamericano, la proliferación de instancias alterna-tivas como el ALBA o los TCP. Son todos hechos que abonaron a la pérdida de la hegemonía global que EE.UU. había obtenido luego de la caída del Muro.

Salvo los casos de Perú y Colombia, quienes han privile-giado su relación EE.UU. y han mantenido el escenario imperante en la década del noventa, la mayoría de los go-biernos abonaron, desde ya que en distinta medida, a este contrastante presente regional. Si tuviéramos que caracteri-zar rápidamente a los diferentes gobiernos en cuanto a su ubicación política regional, podemos esbozar el siguiente mapa: por un lado, gobiernos que militan por un futuro regional de mayor abismo con el pasado, entre ellos ubi-

camos a Venezuela, Bolivia y Ecuador. Son países que han tenido convulsiones políticas importantes contra el neoli-beralismo y que, en los procesos de cambios que vienen implementando sus actuales gobernantes, plantean un horizonte diferente en el escenario regional. Venezuela y Bolivia se han opuesto al ALCA y los TLC, han lanzado el ALBA; Ecuador se ha sumado al diseño de políticas regio-nales junto a esos países y es hoy el principal impulsor de la autonomía regional en materia financiera Además, desde Venezuela, en conjunto con Cuba y más tardíamente con Bolivia, ha emergido la propuesta del ALBA, que es clara-mente una estrategia de integración que privilegia la solida-ridad y la cooperación por sobre la competencia y el mer-cado. Por otro lado, países como Argentina y Brasil han contribuido al nuevo escenario regional con un vuelco de sus políticas exteriores abandonando la apertura irrestricta que sus gobernantes de carácter neoliberal de la década pa-sada habían implementado. Con diferencias de peso entre ambas economías y entre los acontecimientos políticos y sociales que han ocurrido en la historia reciente de los principales socios del MERCOSUR, ambos países difieren de los primeros por las rupturas tajantes con el pasado que en reiteradas ocasiones han manifiestado Venezuela o Bo-livia. Pero tampoco pierden de vista –y sobre todo en el actual marco de crisis económica mundial– la unidad y la construcción de soberanía regional, en plena sintonía con los países antes mencionados. Por último, Chile y Uruguay se han mostrado más alejados de esta nueva sintonía re-gional, buscando salidas comerciales más tentadoras, en el caso de Chile por su histórica relación comercial con Amé-rica del Norte vía el Pacífico, con quién ya tiene grandes acuerdos de preferencias comerciales. En el caso de Uru-guay por sus desacuerdos con Argentina en el conflicto por las pasteras y con Brasil por cómo (no) ha actuado an-te el mismo, poniendo a un gobierno proveniente de la iz-quierda en una de las actitudes más conservadoras que po-drían pensarse. Pero este presente regional impidió que Uruguay rompa el MERCOSUR y firme un TLC con EE.UU., e hizo que Chile mire más a la región teniendo un lugar destacado en la conformación de UNASUR, aunque este gesto descansa mucho en una facción al interior de uno de los partidos de la coalición gobernante, de la que proviene Michelle Bachelet. Paraguay, que hasta el ascenso de Lugo compartía esa posición de buscar propuestas ten-tadoras de libre comercio por fuera de la región, aunque con una historia política reciente que era el contrapunto exacto de Uruguay y Chile en cuanto a estabilidad política e institucionalidad, pareciera sumarse al primer grupo de países en un lento y complicado camino de reformas que intenta implementar el nuevo gobierno.

Quizás un signo distintivo de este presente político re-gional lo constituye el hecho de que algunos presidentes (Chávez, Correa, Morales, Lugo y Lula) hayan participado del último Foro Social Mundial (FSM) en Belem do Pará


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en Brasil. Este evento, que nació al calor de la lucha contra el neoliberalismo y la globlalización de fines de la década anterior y que cuenta con una masiva participación de mo-vimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares, se presentó siempre como un escenario para pensar alter-nativas anticapitalistas desde el tercer mundo, sesionando en paralelo al Foro de Davos, epicentro de la ortodoxia económica. Más allá de lo simbólico, que varios gobernan-tes participen del mismo denota ese presente regional que insistimos en remarcar.

A continuación analizaremos las posibilidades de conti-nuidad de este presente en función de la estabilidad y con-tinuidad a futuro de algunos gobiernos clave de la región. Por eso analizaremos los últimos procesos electorales de Ecuador y Bolivia, donde la aprobación de las nuevas constituciones ha estabilizado a Correa y a Morales; las elecciones de alcaldes en Brasil donde el oficialismo mide fuerzas y la oposición (por derecha) se prepara para la era pos Lula; la situación de Uruguay donde, de acuerdo a la propia interna del Frente Amplio, se podría jugar la ubica-ción regional del país oriental, y las últimas elecciones en Chile donde la derecha cercana al “pinochetismo” salió triunfante y donde la propia interna de la coalición tam-bién muestra diferencias de estilo en el quehacer regional. Dejamos de lado Argentina por la obvia razón de ofrecer en esta edición un análisis pormenorizado de su coyuntura política, y también Venezuela, pero en este caso por haber-le dedicado un capítulo especial en la edición de diciembre a las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores que se desarrollaron allí y en parte para esperar el resultado de las elecciones a favor o en contra de la enmienda que permiti-ría la reelección de Hugo Chávez; elecciones que se des-arrollaban al cierre esta edición.

Ecuador: Sumaw kawsay (el buen vivir) estabiliza a Correa

Por medio de un referéndum realizado el día 28 de sep-tiembre, dos terceras partes de los ecuatorianos se pronun-ciaron a favor de la nueva Carta Magna que la asamblea constituyente había diseñado. De esta forma, se dejó paso a la instrumentación del nuevo texto que contiene un con-junto de reformas significativas que abonan en la señalada dirección de ponerle fin a las políticas neoliberales que im-peraron durante la década anterior y que tuvieron en Ecuador uno de sus principales laboratorios de experimen-tos. Habiendo asumido hace dos años sin fuerza política propia y sin representantes parlamentarios, este resultado permite coronar el masivo apoyo de los sectores populares a Rafael Correa y a su proyecto del “socialismo del siglo XXI”. A partir de esta reforma, Correa debe terminar el mandato con el viejo texto constitucional y, una vez dero-gado el mismo, el primer mandatario podrá volver a pre-sentarse como candidato a presidente y ser reelegido por una vez, según expresa el nuevo texto.

Si recorremos el abanico de reformas sustanciales que ofrece la Carta Magna sometida a referéndum encontra-mos caminos similares a los escogidos por Bolivia. Amplia normativa sobre la igualación de derechos civiles (iguala-ción de justicia indígena con justicia ordinaria, unión civil entre diferentes sexos, imprescriptibilidad de delitos de ge-nocidio y de lesa humanidad, entre otros), rol importante

del Estado en áreas económicas clave y en el control de re-cursos estratégicos (control de política monetaria, adminis-tración, regulación y gestión de sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renova-bles, transporte, refinación de hidrocarburos, agua) y nueva legislación en cuanto al tema de la propiedad, como la prohibición de creación de latifundios: “Se prohíbe el latifun-dio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o priva-tización del agua y sus fuentes”, y el reconocimiento a variadas formas de propiedad “El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.”1 Otro asunto –de no menor importancia teniendo en cuenta la historia reciente del Ecuador– es el artículo que prohíbe estatizar cualquier deuda privada.

Al proceso de transformación llevado adelante por Co-rrea se le presenta, al igual que en Bolivia, un escenario de polarización política que tiene como epicentro a la podero-sa ciudad de Guayaquil, donde el alcalde, Jaime Nebot, fue el líder en el referéndum de la campaña por el “No” a la aprobación de la reforma. Desde fines de la época colonial, Guayaquil es la ciudad donde se asientan los intereses eco-nómicos más concentrados de esta zona andina que luego del proceso de independencia se transformó en Ecuador. Con el mismo argumento de los separatistas de Santa Cruz (que en caso de triunfar el No, llamarían a impedir la apli-cación de la nueva constitución nacional), Guayaquil ame-nazó con llevar –los hasta entonces tibios– reclamos de au-tonomía de esa región a pedidos de primer orden. Luego de unos días de declarar empate técnico, el TSE dio el triunfo al No con el 46, 97 % contra un 45, 68 % a favor del Sí en Guayaquil. En todo el Ecuador, el sólido triunfo del Sí con un 63,94 % de los votos contra un 28, 08 % por el No (ver http://www.cedatos.com.ec/contenido.asp?id=102), dejó con pocas chances políticas a la oposición radicada en Guayaquil que representa el poder económico pero que no tiene interlocutores ni propuestas políticas que generen consenso.

Bolivia: Torciendo el empate El 25 de enero pasado el turno para el referéndum sobre

la nueva constitución lo tuvo Bolivia, en donde el Sí se im-puso con el 61,67 % de los votos contra un 38,33 % a fa-vor del No. Así, la nueva Carta Magna podrá implementar-se luego de un conjunto de leyes que deberán ser sancionadas en el próximo año. El oficialismo vuelve a sentar un hecho político de no menor importancia: la rati-ficación de un apoyo popular masivo para los cambios propuestos por la Asamblea Constituyente ante una situa-ción política signada por un claro enfrentamiento con los sectores más ricos que tienen asiento en las regiones de la medialuna, principalmente en Santa Cruz. No hay duda de que el gobierno de Evo salió fortalecido de la contienda,

1 Ver

http://www.asambleaconstituyente.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf.


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pero la pregunta es si con este resultado (sumado al obte-nido en el mes de agosto pasado cuando el presidente Evo Morales plebiscitó su continuidad al frente del Ejecutivo) el gobierno de Evo puede contrarrestar ese foco de poder comandado por oligarquía cruceña quién ya se manifestó reacia a aceptar el nuevo texto constitucional.

En términos de legitimidad y aceptación de sus políticas, los caminos están más que allanados para el gobierno de Evo. Pero, a su vez, este marco de popularidad y acepta-ción obliga a la medialuna a endurecer sus posiciones polí-ticas a menos que aceptasen la posibilidad de ceder y reco-nocer la pérdida de credibilidad luego de la masacre de Pando. En vez de elegir este camino, la oligarquía cruceña prefiere seguir poniendo en tensión al gobierno nacional trasladándole a éste las causas del problema, tensión que hasta el momento el gobierno nacional ha sabido inteligen-temente manejarla para no quedar como responsable de un enfrentamiento que agravase aún más la cosas.

Prueba de todo esto lo constituye el hecho de que, en dí-as previos al referéndum, el vicepresidente Álvaro García Linera debía arribar por vía aérea a la localidad de San Ra-fael, en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra, para inaugurar una planta telefónica de la compañía estatal, pero un grupo de cívicos tomaron el aeropuerto y obligaron al avión a seguir camino (P12 19/1). Los cívicos poseían pancartas con las leyendas “autonomistas de verdad”, con las que acusan al gobierno de jugar con la demanda de de-rechos autonómicos de esas regiones para hablar de auto-nomías en un sentido más amplio, tanto departamentales como comunitarias e indígenas y municipales, que son igualadas por el nuevo texto constitucional y que quedan subordinadas al poder ejecutivo central. En ese aspecto, el rechazo de la medialuna al nuevo texto es doble: por un lado, nunca aceptarán la igualdad políticas con las comuni-dades indígenas, y por otro lado, la autonomía regional concedida en el nuevo texto queda subordinada al poder central, poder del que los “cívicos” quieren independizarse y desconocer, sobre todo desde que no lo controlan. Al respecto de este hecho y del odio que los cambios provo-can, el vicepresidente García Linera afirmó: “En todas partes del mundo el derrumbe de los mecanismos y las jerarquías coloniales y racistas trae dificultades, porque hay que romper hábitos de conside-rar al otro como un sirviente o como un inferior” (P12 25/1).

Otros temas irritantes –para estos minoritarios pero acaudalados grupos– que trae consigo la nueva constitu-ción son la libertad religiosa, la habilitación de la justicia indígena ordinaria y campesina, y el tema de la propiedad. En relación a esto último quedan prohibidos los latifun-dios mayores a 5000 ha. de extensión y reconoce que en Bolivia funciona una economía plural constituida por las forma de organización económica, comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. En el artículo 56 del texto se aclara expresamente que “toda persona tiene derecho a una pro-piedad individual o colectiva siempre que esta cumpla una función so-cial (…) se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no afecte el interés colectivo.” El presidente Evo Mo-rales sintetizó, de la siguiente manera, la magnitud de estos cambios: “Se acabó el latifundismo, se acabaron los terratenientes. Aquí terminó el estado colonialista, el colonialismo interno y el exter-no. Aquí ha terminado el neoliberalismo, la subasta de nuestros re-

cursos naturales. Gracias a la conciencia del pueblo lo recuperamos para toda la vida” (P12 26/1).

Ahora bien, no sólo los sectores de poder económico constituyen oposición política al gobierno de Evo. Un sec-tor del movimiento obrero, específicamente la conducción de la Central Obrera Boliviana (COB), viene manifestando su rechazo al proceso de transformación que encara el go-bierno conducido por Morales y García Linera. Más aún, califica las políticas del gobierno actual como continuado-ras del neoliberalismo. A la hora de tomar postura sobre el Sí o el No a la nueva constitución, Pedro Montes, titular de la COB, afirmó: “Nuestra postura será ni Sí ni No, ni con la de-recha ni con Evo. Nos abstenemos. Hay quienes no aceptan el Sí o el No (…). Una trampa de los politiqueros para seguir viviendo el pa-ís”. En relación al presente del gobierno de Evo Morales, declaró: “Este gobierno no hace ni media revolución, nada más hace reformismo neoliberal. Este gobierno no es de los trabajadores” (P12 19/1). Si bien esta oposición no constituye un factor como para desestabilizar al gobierno, y la misma COB marca sus diferencias con la derecha cruceña, el riesgo de compartir intereses políticos en común con ella no los aleja de consti-tuirse en la base popular de una derecha a la que le cuesta movilizar algo más que sectores medios y altos, en general jóvenes de las capitales que se reclaman autonomistas. Cla-ro que los cruceños también despreciarían a los obreros de la COB por los mismos motivos que lo hacen con el resto de la población del altiplano, pero para desestabilizar un gobierno siempre hay alguien que pone el cuerpo y los odios pueden quedar de lado.

Brasil: San Lula… A fines de octubre tuvo lugar en Brasil la segunda vuelta

de las elecciones municipales en las que se definían los go-biernos de las ciudades más importantes de ese país. Sobre un total de 5564 alcaldías que estuvieron en juego entre la primera y segunda vuelta, algunas se destacan por ser las ciudades más importantes del país. Señalamos que gober-nar esas ciudades, en algunos casos, tiene una importancia similar o mayor a la de gobernar un estado provincial, por la cantidad de gente que las habita, por los problemas so-ciales que hay que atender, por los presupuestos que se manejan. El gobierno de Luiz Ignacio Lula Da Silva no sa-lió del todo hecho en esta contienda. Pero, paradójicamen-te, es uno de los más estables políticamente en la región, como producto de la alta popularidad que transita el pri-mer mandatario (ver más abajo) y de la no evidencia de tensiones sociales fuertes dentro de la alianza social que se representa en el poder.

El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) perdió algunas de las ciudades más importantes que en su mo-mento fueron bastión y que constituyeron la vía para llegar al gobierno nacional: San Pablo, la ciudad más importante de Brasil en términos políticos y económicos, donde ganó el actual alcalde Gilberto Kassab del derechista Partido Demócrata (DEM) ligado al Partido del Frente Federal (PFL) del ex presidente Fernando Collor de Mello en alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasi-leño (PMDB) y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) de Fernando Enrique Cardozo; Porto Alegre, la primera alcaldía conseguida por el PT y donde se mantuvo 16 años en el poder, lugar que diera origen al presupuesto


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participativo y sede de las primeras reuniones del Foro So-cial Mundial, donde triunfó el PMDB con lista propia; y Salvador de Bahía (donde el PT siempre tuvo una tradición fuerte en los sectores más humildes que componen la ma-yoría de la población del nordeste del país) donde también el PMDB se enfrentó al PT y obtuvo y se lazó con una vic-toria. Por el contrario, el triunfo lo vieron en Río de Janei-ro, donde esta vez tuvo de aliado al PMDB, y en Belo Horizonte, donde tuvieron como aliado al Partido Socialis-ta Brasileño (PSB).

Por el lado de la oposición, la no articulación de un fren-te opositor único hace que por el momento el gobierno se mantenga estable. En algunas alcaldías como Río de Janei-ro el PMDB fue aliado del gobierno, en otras fue un claro opositor (Belo Horizonte y San Pablo) y compitió contra candidatos del PT. El PMDB, que tuvo un rol protagónico en la vuelta a la democracia, es el que tiene la estructura nacional más afianzada y articulada a lo largo del país y fru-to de ello es que salió con la mayor cantidad de alcaldías en su favor: 1201 del total. Este partido aliado del gobierno en las cámaras legislativas, y que tuvo figuras en importan-tes cargos ejecutivos, se perfila como el partido que mejor le puede ir en la era post Lula. Claro que con la condición de renovar su alianza con el PT a nivel nacional y de im-ponerle un candidato al actual presidente, imposibilitado de volver a presentarse en las próximas elecciones presi-denciales.

Si se traslada este escenario electoral a las próximas pre-sidenciales del año 2010, el escenario se tornaría incierto para el gobierno actual y uno podría pensar que de cara a esa contienda, y con los resultados recién descritos de los últimos comicios, el gobierno iniciaría una etapa de inesta-bilidad. Pero si cruzamos estos datos con los recientes ín-dices de popularidad alcanzados por Lula todo indica que el gobierno goza de buena salud y podría capear cualquier escenario latente, incluso los coletazos de la crisis econó-mica, cada vez más presentes en la principal economía su-damericana. Las últimas encuestas –del mes de diciembre y a tres meses de desatada la crisis financiera global– otorga-ban al primer mandatario entre 70 y 80% de nivel de apro-bación en todos los sectores sociales y en todas las regio-nes del país, llegando al 81% en los estados más pobres: nordeste, norte y centro-oeste (P12 10/12/08). Ya en el mes de septiembre obtenía un 64% de aprobación super-ando a todos los presidentes desde el año 1990 en adelan-te.

Justamente Lula es el que consigue aglutinar la fuerza que el PT –y ningún otro partido– puede juntar electoral-mente. A diferencia del primer mandato donde la oposi-ción le hizo notar las bondades de los casos de corrupción para intentar desestabilizar gobiernos, en este segundo mandato Lula aparece como estable y sólido. En cuanto a sus políticas regionales, no habría demasiadas diferencias con Cardozo en cuanto a posicionar a Brasil en Sudaméri-ca como la potencia económica regional que es de hecho. Pero sí existen matices y estos se manifiestan en la particu-laridad que Lula maneja la relación con Venezuela y Bolivia en particular, así como con el proceso de integración en general, en donde priman el respeto a los procesos locales y el poner en primer lugar la unidad regional. Cuesta ima-ginar a la socialdemocracia de Cardozo o a la derecha con-

servadora que apoyó a Collor de Mello respetar y calificar como soberana decisión de Bolivia el nacionalizar sus hidrocarburos, de elogiar y respetar a Chávez en su dere-cho a reformar la constitución y permitir así su reelección, así como de ser parte del acuerdo regional de intentar re-ducir el bloqueo a Cuba estrechando lazos entre ésta y la región.

Quizás el principal problema político de Brasil, pero par-ticularmente del PT y de Lula, y que tiene que ver con el futuro político de los próximos 10 años del gigante suda-mericano, es quién será el sucesor del primer mandatario. No hay figura política ni dentro ni fuera del PT que iguale a Lula en votos, imagen, popularidad y sensibilidad. Este problema de la sucesión empezó a mostrar intentos de respuesta. O dejar a un aliado del PMDB, lo que sería sen-cillamente ser el segundo y quedar fuera de la agenda de los grandes temas, máxime teniendo en cuenta el poder y la estructura de ese partido, o intentar sondear un candida-to propio con buena imagen, aunque cualquiera de ellos no se acerca a las óptimas condiciones por las que transita el actual primer mandatario. En una jugada preanunciada, pe-ro que dejó en silencio a varios por hacerla en el exterior y de forma imprevista, Dilma Rousseff, ministra de la Casa Civil (cargo similar a una especie de Jefatura de Gabinete), fue señalada por Lula como “heredera oficial” para la pre-candidatura presidencial, en su gira a Italia de fines de año pasado (P12 14/11/08). Afiliada hace 6 años al PT (pro-veniente del centroizquierdista Partido Democrático Tra-balhista) la economista especialista en temas energéticos que estuvo algunos años encarcelada por haber participado en la guerrilla que resistió la larga dictadura brasileña, em-pieza a sonar como futura candidata, pero con un detalle no menor a sortear: aunque quedan todavía 20 meses para la elección, cuenta con menos del 5% de intención de vo-to.

Uruguay: Un Frente… interno convulsionado Las disputas políticas transcurren en el propio hogar. El

Frente Amplio (FA) transita por una disputa interna acerca de quién será el candidato a presidente que intente suceder a Tabaré Vázquez en las elecciones de noviembre de este año, que darán por finalizado el mandato del primer go-bierno del FA. Recordemos que la constitución uruguaya no habilita a la reelección y el primer mandatario se alejó –públicamente y en reiteradas oportunidades– de la posibi-lidad de buscar una reforma que permita la reelección pre-sidencial. Todo un dilema plantea el intento de discernir si detrás de los dos principales candidatos, el ex ministro de economía, Danilo Astori, y el ex ministro de agricultura, José “Pepe” Mujica, se expresan proyectos de gobierno di-ferentes entre sí. Astori, quien desarrolló políticas econó-micas más cercanas a los blancos y colorados que al cam-bio de rumbo esperado por muchos votantes del FA, sería el ala derecha del FA, mientras que Pepe Mujica –fiel a su tradición– representaría los sectores más combativos del FA, muchos de ellos disconformes en algunas cuestiones con Tabaré Vázquez, constituyéndose en el ala izquierda Pero más que por intenciones, posicionamientos y algunas lecturas del pasado, no podemos discernir con claridad di-cho enigma.


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Si bien Danilo Astori tiene la venia del presidente Tabaré y sería el candidato oficialista, el integrante de la corriente interna al FA, “Asamblea Uruguay”, no cuenta con nume-rosos apoyos al interior de la coalición. Por el contrario, Mujica, del Movimiento de Participación Popular, obtuvo el respaldo de varios sectores que le permiten ir llevando una clara ventaja. Así sucedió en el Congreso del Frente Amplio de diciembre pasado, donde, con el apoyo del Par-tido Comunista y de la Vertiente Artiguista, el candidato del Movimiento de Participación Popular pudo reunir ma-yoría entre las más de dos terceras partes de los 2400 dele-gados que participaron de la jornada. Pero eso no causó tanta sorpresa. La nota la dio otro candidato, el indepen-diente Mariano Carámbula, quién superó en votos a Astori dejándolo en tercer lugar. Cuarto quedó el ministro de In-dustria y Energía, Daniel Martínez, del Partido Socialialista, quien poco tiempo antes del Congreso había lanzado sor-presivamente su precandidatura, hecho que –sumado a la postura del partido de rechazo al veto presidencial de Ta-baré a la ley de despenalización del aborto– hicieron que el primer mandatario renuncia a su agrupación (LR 15/12).

Pero por estatuto este resultado es simbólico y si bien sientan las tendencias de lo que debería ser la fórmula ofi-cial, las internas abiertas deberán realizarse igual. Las mis-mas tienen fecha el día 28 de junio próximo. Ambos can-didatos, aceptarían ser vice de otro, elección que será luego de las internas abiertas. Todos los precandidatos, incluidos el mismo Mujica, salieron a hablar de unidad del FA, ante cualquier resultado de las internas.

Por el lado de la oposición, resta evaluar si los tradicio-nales Partido Colorado y Partido Nacional (Blancos) esta-blecerán una estrategia en común para intentar derrotar en segunda vuelta electoral al FA. Así fue como lo hicieron a fines del año 1999, pero en la última elección presidencial, de fines de 2004, no lograron el mismo cometido dejando el triunfo en manos de Tabaré Vázquez. Si el candidato del FA fuera Astori uno podría esperar una continuidad de las políticas regionales de Tabaré Vázquez, que mostraron ti-bieza para acompañar procesos como la UNASUR o soli-dificar los lazos regionales. Incluso, sin firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC), ratificó y amplió acuerdos de preferencias comerciales con EE.UU., en un camino poco imaginado para un primer presidente frenteamplista. Pero casi descartada esa posibilidad, sobre todo por la alta po-pularidad que goza Mujica a nivel nacional, el triunfo de éste permite imaginar –aun a riesgo de guiarnos todavía por señales y no por hechos– una actitud diferente para con sus vecinos, particularmente con Argentina, donde Mujica goza de buena relación con Néstor y Cristina Kirchner. Si ganasen los colorados o blancos (en alianza porque ninguno de los dos partidos lo puede hacer por su cuenta), uno imaginaría uno horizonte político en materia regional más cercano al presente de Perú o Colombia, o al Chile de la actual oposición a Bachellet, tanto por dentro o por fuera de la Concertación.

Chile: elecciones locales e internas con vistas al 2010

En las últimas elecciones municipales de Chile el oficia-lismo perdió el control de las principales ciudades, como Santiago de Chile y Valparaiso, en manos de un claro triun-fo de la Alianza por Chile (coalición de derecha). La oficia-lista Concertación (esta vez dividida en algunos distritos entre Concertación Progresista y Concertación Democráti-ca) salió derrotada y avizora un futuro difícil para las próximas elecciones presidenciales de 2010.

El triunfo de Pablo Zalaquett para el gobierno local de Santiago posicionó a la Alianza por Chile (integrada por la Unión Demócrata Independiente y el Partido de la Reno-vación Nacional) con chances de dar la pelea por la prime-ra magistratura, y lanzó al ex senador y multimillonario Se-bastián Piñera a la precandidatura dentro de la Alianza para las próximas internas. “Los candidatos de la Alianza represen-tan a las personas que quieren que Chile salga del pantano y que re-cuperemos el progreso y el desarrollo”, declaraba Piñera, ex asesor de Hernán Bucci, el candidato de Pinochet en las primeras elecciones presidenciales que restituían la democracia a fi-nes de 1989 (P12 02/10/08).

Por el lado de los que perdieron, además de tener que enfrentar el poderoso rearmado de la oposición, tienen que conciliar con sus propias internas. Amén de ir divididos en varias regiones y municipios, se avecina el problema de la sucesión, problema no menor porque no se trata sólo de personas. También implica algunos estilos y actitudes polí-ticas que, sin ofrecer grandes diferencias, al menos sugie-ren matices clave para la región. Por un lado, la posibilidad o no de renovar los apoyos necesarios para una eventual segunda vuelta, como la que llevó a Bachellet al triunfo en las últimas presidenciales, apoyo que brindó el Partido Comunista por obra exclusiva del sector de la actual pri-mera dama, es decir, del Partido Socialista. En esa instancia obtuvieron un 5% de votos decisivos en aquella contienda. ¿Apoyará el PC chileno a un candidato que no sea del PS?

Ya están en carrera algunos nombres de fuerte talla. En-tre ellos el de los ex presidentes Ricardo Lagos, del Partido por la Democracia (PPD) que en su momento obtuvo el apoyo del PS en las internas de la Concertación, y el de Eduardo Frei, de la Democracia Cristiana, quién también se ha lanzado a la carrera. Otra figura importante es el ac-tual secretario de la OEA, José Miguel Insulza, de tradición democristiana, quien si bien había reclamado las internas abiertas en toda la concertación (P12 17/10/08), se abs-tendría de participar dejando a Eduardo Frei, quién medi-ría mejor para afrontar las internas con los socialistas.

De ganar la derecha no es difícil imaginar el giro hacia el presente de Perú y Colombia. De asumir otro candidato de la Concertación, ¿mantendrá las actitudes de Bachellet de mirar la región? ¿Acercará posiciones con Bolivia en el eterno problema de la salida al mar? ¿Impulsará la UN-ASUR?


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Crisis y Finanzas

La estafa del siglo Por José María Dunn

“Hasta ahora se ha hablado de la crisis en los Estados Unidos, pero a la luz de lo que se ve, deberíamos hablar de estafa interna-cional en los grandes centros de poder. El gran país del norte estaba en recesión desde 2007 pero nadie se enteraba, porque andaban cri-ticando a los gobiernos populistas de Latinoamérica” (C 30/12). La cita pertenece a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien finalizaría el año haciendo explícito el pensamiento de los Kirchner sobre la crisis mundial y disparando, desde una pequeña ciudad puerto del Chaco, contra el capital financiero mundial, al recate-gorizar la crisis “de las finanzas mundiales”. La crisis pa-sa, así, de esta categoría a una más ajustada a la realidad: “estafa internacional”. Veamos algunos ejemplos de có-mo esa estafa, pergeñada por los capitales globales, sus organismos de crédito y los países centrales, se manifies-ta en el territorio nacional.

Los grupos más concentrados del poder financiero multinacional comenzaron, a fines del año pasado y en el primer mes de éste, a mostrar, cruda y abiertamente, la pelea que mantienen entre ellos. Esto se manifiesta en el intento ineficaz de frenar este Katrina financiero con di-nero público, fase en la cual decidieron que los platos ro-tos de la fiesta los pagaran las economías de los países periféricos y el movimiento obrero en su conjunto.

Antes de comenzar con el desglose de estas manio-bras, y mostrando los intentos desestabilizadores de TGN, una de las empresas de distribución de gas natural en la Argentina, como caso testigo, es interesante ver un dato difundido por el Banco Central de la Republica Ar-gentina que muestra cómo las empresas privadas radica-das en el país hicieron crecer sus pasivos en momentos en que la crisis-estafa internacional ya cobraba dimensio-nes de gran envergadura: “Los pasivos externos de los privados crecieron 4502 millones de dólares por aumentos de 4130 millones en la deuda externa del sector privado no financiero y 372 en el del financiero” (C 3/1). Este dato cobrará mayor importancia con la descripción de la situación de Transportadora Gas del Norte que pasamos a detallar.

TGN es una de las dos empresas que tienen concesio-nados el transporte del gas para todo el territorio nacio-nal. Su composición accionaria es bastante variada, a sa-ber: Techint, la Compañía General de Combustibles, y la francesa Total Gas cuentan, cada una de ellas, con un 27,2 % de la acciones de Gasinvest, la sociedad que do-mina TGN al poseer el 56% de la misma. Otro 24% está en manos del fondo de inversión Blue Ridge, controlado por el Bank of America (BOFA), que es parte de la ban-ca internacional que responde a intereses de la industria estadounidense (ver Análisis… Nº 103, p.24), y el 20% restante se negocia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Antes de finalizar 2008, el directorio de la compañía declararía a la empresa en cesación de pagos y revelaría parte de su estrategia emitiendo un comunicado de pren-

sa en el que anunciaba: “El deterioro de la compañía obedece a los efectos de la depreciación del peso sobre las tarifas domésticas que permanecen fijas, combinados con una caída en los ingresos por los transportes de exportación y con un incremento de los costos en pesos y en dólares de los costos de producción” (P12 27/12). Es decir, pedido de aumento de las tarifas, medidas guber-namentales para amortiguar las pérdidas de patrimonio y el concepto de que la crisis financiera global la debemos solventar entre todos sin importar de quién es la respon-sabilidad, como si aquélla nada tuviera que ver con la es-peculación de los capitales internacionales.

Es interesante ver cómo el ardid financiero, que se en-cuentra tácito en este párrafo del comunicado, nada tiene que ver con la realidad que muestran los últimos infor-mes monetarios de TGN. En 2007, la empresa declaró una utilidad operativa de 203 millones de pesos, llegando a acumular un beneficio de 980,6 millones en los últimos seis años por ese mismo concepto. El 14 de diciembre de 2007, el directorio aprobó la distribución de un dividen-do en efectivo de 27,5 millones de pesos y constituyó una reserva de 56,6 millones para futuros pagos a sus ac-cionistas. Hasta los primeros nueve meses de 2008, la ganancia operativa fue de 133,7 millones según sus ba-lances trimestrales. Descontando inversiones y pérdidas, el balance arrojó un beneficio de 31,3 millones de pesos, 7,3 más que el mismo período de 2007. El concepto de estafa es reforzado con creces en este ejemplo. Luego de fabulosas ganancias en los años de recuperación econó-mica, TGN aumentó la deuda privada con el intento de descargar las pérdidas en otros, declarándose inocente de culpa y cargo.

Pero la reacción de los encargados de vigilar las finan-zas públicas no tardaría en llegar. En sintonía con las de-claraciones de la Presidenta, fueron el jefe del Gabinete, Sergio Massa, y el ministro de Planificación, Julio De Vi-do, los encargados de aclarar cuál sería la postura del go-bierno nacional ante estos ardides financieros de los gru-pos de poder internacional.

La medida inmediata para frenar este tipo de corrida especulativa fue declarar la intervención de la empresa por 120 días. “La intervención a TGN es en defensa de la sobe-ranía nacional y el aporte de cada trabajador argentino” (C 30/12), manifestaría Massa, dejando en claro lo que se disputa en este round criollo de la pelea contra y ante ca-pitales globales. Por su parte, De Vido se encargaría de explicitar ante los conductores de la estrategia financiera de las privatizadas las medidas que podría tomar el Go-bierno contra ellas: “Las empresas concesionarias de servicios públicos deben entender que bajo ningún aspecto el Gobierno va a permitir que se adopten maniobras financieras que vayan en des-mendro de la calidad del servicio. Buscamos verificar las políticas financieras llevadas adelante por la empresa” (C 30/12).

Pero no sería ésta la única acción que la alianza social expresada por el Gobierno realizaría para garantizarse un

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inicio de año tranquilo en materia financiera y restarles poder a los estafadores de turno. La anunciada reapertu-ra del canje de deuda entró en duda después de haber si-do lanzada en el último trimestre de 2008, tras los coleta-zos financieros globales. Esa medida era clave para aliviar las cuentas públicas en los siguientes tres años. La primera parte del nuevo canje se realizó a nivel local por los llamados Préstamos Garantizados. El 97% de los tí-tulos fueron refinanciados por un valor nominal conjun-to de 15.100 millones de pesos, lo que significó para el Tesoro poder diferir vencimientos por 13.000 millones entre intereses y capital para el período comprendido en-tre los años 2009 y 2011. Más allá del dato financiero, es-te movimiento le posibilita a la fuerza gobernante unos puntos extras en la disputa con el capital financiero y, además, un bonus en materia de confianza. Así lo leería el banquero Jorge Brito, representante de ADEBA, al afirmar: “Demuestra la confianza en el sistema financiero y da seguro en la política económica” (P12 30/1).

Pero volvamos al botón de muestra, TGN. Pasados unos días, los estafadores de turno tendrían que asimilar otro golpe. “El modo en que el directorio de TGN resolvió la ce-sación de pagos es irregular”, dictaminaría la Comisión Na-cional de Valores, organismo regulador del mercado bur-sátil (C 24/1).

Ahora bien, lo descripto anteriormente es sólo un as-pecto de los intentos desestabilizadores de los grandes capitales. Junto con las “economías emergentes”, inten-tarán que la crisis la pague el movimiento obrero.

En el caso de TGN, el representante de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas, Rubén Ruiz, no tardaría en poner blanco sobre negro la mirada del gremio respecto de esta cuestión: “Acá hay deuda abul-tada que tienen empresas privatizadas, las que están teniendo una actitud singular: conglomerados que tienen un patrimonio muy grande aseguran no tener, por ejemplo, 23 millones de dólares para pagar una cuota de vencimiento. Fue una decisión política de la empresa y no un problema financiero” (P12 y C 31/12).

Al parecer, las organizaciones obreras argentinas no están dispuestas a dejarse extorsionar por los lugarte-nientes criollos de las filiales locales del capital financie-ro. Varias fueron las muestras de los líderes sindicales en este sentido. Hugo Moyano, secretario general de la CGT, definiría sin medias tintas la postura reinante en la idiosincrasia empresarial: “El mensaje de los empresarios es siempre el mismo, con crisis o sin crisis, dicen que no tienen plata para pagar a los trabajadores” (P12 30/1). El secretario de Prensa de la central sindical, Rodolfo Daer, señaló: “No creo que el salario sea una prenda de cambio” (LN 1/2). El me-talúrgico Juan Belén, secretario adjunto de la CGT, dijo: “Los empresarios ganaron mucha plata. Pongan la mano en el bol-so” (LN 1/2).

La crisis en marcha y la decisión del movimiento obre-ro de no hacerse cargo de ella repercutieron, sin duda, en el sector más concentrado de la industria, que no dudó en avanzar en un acuerdo estratégico con las entidades agropecuarias.


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Entidades rurales e industriales acercan posiciones

El Pacto de la Dependencia Por Diego Tavormina

En el mes de enero la Unión Industrial Argentina habló de un nuevo pacto productivo que integre al sec-tor agropecuario. La posición de la entidad industrial, con su inminente cambio de dirección, envalentonó a las entidades rurales a avanzar con todo procurando un cambio de rumbo radical en la política económica oficial, caiga quien caiga.

El pacto de la dependencia Apenas iniciado el nuevo año, el Gobierno repitió al-

gunas medidas orientadas a promover la demanda inter-na de productos fabricados localmente –bicicletas, elec-trodomésticos, calzado– fundamentalmente subsidiando créditos al consumo con fondos del Estado. También se ampliaron los programas de obra pública mediante pla-nes de vivienda en una decena de provincias.

En general, ninguna expresión de la industria local ce-lebró estos anuncios. Más bien, los popes del sector re-comendaron un cambio de rumbo en algunas cuestiones clave, fundamentalmente en la relación con el sector agropecuario.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio De Mendiguren, expresó: “Sobre la cuestión salarial, más que nunca prevalecerá la negociación secto-rial. De todos modos, todos los sectores tienen en claro que la prio-ridad será mantener el nivel del empleo.

“El otro eje es bajar las tasas de interés. Son correctas las medi-das oficiales para impulsar la economía, pero hace falta más. Si no bajan las tasas de interés, la caída del nivel de actividad se acelera-rá. (Con la estatización de las AFJP) se tomó una solución co-yuntural que no resuelve el problema de financiar la inversión de largo plazo. Pudimos financiar la suba de la inversión con recursos propios hasta el 22% del PBI, pero ahora ya no se puede crecer más sin recursos bancarios. El tipo de cambio no es competitivo. Y por esa razón hay que dar más señales de confianza. La moratoria provisional puede mantener el empleo formal y hay que proteger el ingreso de importaciones a precios de remate.”

En síntesis, la Unión Industrial, reconociendo el carác-ter dependiente de la economía argentina, postulaba la necesidad de contar con “recursos bancarios”, es decir capitales extranjeros, a tasas sustancialmente más bajas que las actuales. En este sentido, la utilización de los fondos jubilatorios para financiar a la industria llegó más pronto que tarde a un techo, a decir del propio De Men-diguren, uno de los principales artífices de la estatización de las AFJP.

Claramente para lograr el ingreso de capitales foráneos y controlar las tasas de interés, la industria más concen-trada no tiene otra opción que volver al regazo de su madre: el sector agropecuario. Siguiendo al vice de la UIA: “Más en general se debe generar un escenario de no confron-tación, convocando a los empresarios: el campo, la industria, junto con los sindicatos y los partidos políticos, en alianza con Brasil. La situación argentina no da para ninguna confrontación. Es necesaria

la existencia de mayores volúmenes de exportaciones y sin restriccio-nes. Creo que hay que tener un tipo de cambio más competitivo pa-ra beneficiar al sector agropecuario, pero a la vez, sin afectar la es-tabilidad fiscal” (LN 3/1).

La UIA comienza a desandar el camino iniciado en 2002. La unidad con el sector rural no es de cualquier manera. Se propone un nuevo pacto productivo que tenga como parte necesaria a la oligarquía terrateniente, pero que sume a las organizaciones sindicales y que tenga como aliada estratégica a la burguesía industrial brasileña, a quien ya desde aquel año se le ha permitido comprar sectores clave de la economía argentina (petróleo, ce-mento, alimentos, etc).

El Movimiento Productivo Argentino (MPA) que diri-ge Eduardo Duhalde y que es la expresión política de la fracción predominante en la UIA, reprodujo la posición de De Mendiguren (quien recordemos fue ministro de la Producción durante la presidencia de Duhalde). En un comunicado advirtió: “Resulta imprescindible que el gobierno nacional deje de percibir al campo como un oponente al que debe someter a cualquier costo. Debería ser un socio estratégico insusti-tuible para el desarrollo integral de la Nación.” El MPA direc-tamente hacía eco de las exigencias del sector rural: “Transparentar urgentemente la comercialización de las cadenas cárnica, láctea y de granos y normalizar las exportaciones interve-nidas por la Oncca” (LN 30/1).

Con este plafond, las entidades agropecuarias no duda-ron en redoblar la presión sobre el Gobierno de Cristina Kirchner, propiciando una nueva ronda de protestas.

I. Lo que se juega A principio de mes, el presidente de la Federación

Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, afirmaba en el diario Clarín, con una mezcla de intimidación y genuina alerta: “Mucha gente dice que la única manera para que se nos es-cuche es salir a hacer quilombo. Pero hay que ser muy cuidadoso: el desenlace no será bueno y hasta puede ser que aparezcan los muer-tos que pudimos evitar en el conflicto anterior. La gente sabe qué se juega, no volverá a la casa a cambio de nada. Hay que evitar el conflicto” (C 3/1).

¿A quiénes se dirigía Buzzi al aseverar “hay que evitar el conflicto”? ¿Al Gobierno, amenazante? ¿O a las otras entidades rurales, conformadas en la Mesa de Enlace, empujadas a desatar un conflicto abierto por la crisis glo-bal?

Advertencias más o menos, la Mesa se reunía en pleno el día 6. La situación de sequía que impacta sobre la eco-nomía rural volvió a ser útil para alentar los viejos recla-mos de las entidades agropecuarias. En un comunicado, la Mesa exigió que se declare el estado de desastre agro-pecuario en las provincias afectadas por la inclemencia climática, la eliminación de las retenciones y del control de las exportaciones de carnes y leche (medida que man-tiene estable el precio interno de dichos productos). Tras

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la reunión, el titular de CRA, Mario Llambías, acusó: “Hemos sido ignorados por muchos funcionarios, pero especialmente por el matrimonio gobernante. ¿Qué otra cosa que no sea vengarse está haciendo el Gobierno?” (LN 7/1).

Pocos días después, una asamblea zonal convocada por Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Bs.As. y La Pampa) en Tapalqué, en la que también par-ticipó la FAA y Coninagro, promovió la realización de un boicot progresivo sin comercialización de granos ni car-nes a partir del 1 de febrero. El presidente de la Sociedad Rural de dicha localidad (integrada a Carbap), Germán Paats, amenazaba: “Estamos todos en la misma situación, con mucha calentura y con muchas ganas de volver a la ruta” (LN 10/1).

Habiéndose manifestado públicamente la Mesa de En-lace y algunas asambleas de base, el editorial de La Na-ción coronaba este primer momento de conflicto, orde-nando el discurso agropecuario mediante la construcción de un relato interesado sobre la situación en el sector, y a través del diseño de un plan de medidas que debería apli-car el Gobierno. “El resultado de la actual campaña agrícola será muy inferior alas 46 millones de toneladas del ciclo anterior. En los datos referidos a estos tres grandes cultivos está influyendo grandemente la sequía, pero también el desaliento de los producto-res.

“El gobierno nacional no puede permanecer ajeno a esta dramá-tica realidad. Cabe sin demora, para ahora y para el largo plazo, la eliminación de las restricciones a las ventas externas de carnes, granos y lácteos, y una fuerte reducción de las retenciones a sus ex-portaciones. En otro orden, cabe la declaración del estado de emer-gencia o desastre agropecuario. La habilitación de líneas de crédito para los afectados y, en la medida de lo posible, la utilización de medios públicos para contribuir a la administración de agua para la bebida del ganado son otras tantas medidas a adoptar” (LN 14/1).

La postura en las filas del Gobierno se mantenía, res-pecto de algunas políticas clave, inalterable. Así, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray cortaba las esperanzas ru-rales: “Los exportadores e importadores ya tienen reglas caras y flexibles, no hay margen para encauzar nuevas negociaciones si el punto de partida es pagar menos tributos y dejar sin efecto los com-promisos que en su momento asumieron frente al Estado. La situa-ción de mayor demanda y menos oferta de alimentos obliga al Go-bierno a proteger el abastecimiento del mercado interno” (C 13/1).

De todas maneras, frente a las presiones y a la genuina crisis climática la propia Cristina Kirchner presentó algu-nas disposiciones más bien modestas, pero claramente favorables al sector agropecuario: financiamiento para la compra de maquinaria a tasa más barata; precios de agroquímicos y fertilizantes atados a los precios de los granos; suspensión de la fijación del peso mínimo de faena para el ganado en 280kg.

Dispuestos a minar el plan económico oficial y desple-gar un proyecto de país de especialización agroalimenta-ria exportadora, las expresiones rurales deploraron el anuncio de la presidenta. El vice de la Sociedad Rural, Alejandro Delfino se quejó: “Son parches sin mayor sentido y soluciones parciales”; Mario Llambías de CRA: “No hay solu-ciones de fondo para los problemas del agro”; Eduardo Buzzi de

FAA: “Hay que rever los impuestos, eso es lo urgente” (LN 15/1).

II. Gobernadores y algo más En sintonía con los reclamos de la Mesa, los tres go-

bernadores de las provincias más grandes y de fuerte ba-se agropecuaria reclamaron, no sin contradicciones como veremos, la baja de las retenciones.

Primero en la lista de los gobernadores vinculados a los intereses de la oligarquía terrateniente, el gobernador de Santa Fe por el Partido Socialista, Hermes Binner, in-sistió durante todo el mes de enero en que “es muy necesa-rio sacar las retenciones por 180 días, garantizar que el litro de le-che se pague a un peso al productor y permitir que la carne que está hoy en los frigoríficos se pueda exportar para darles un respiro a los productores” (LN 4/1).

Desde Córdoba, Juan Schiaretti, quien el año pasado jugó abiertamente del lado de las entidades rurales pero a quien la situación financiera de la provincia lo dejó com-prometido con el gobierno nacional, propuso un inter-medio: “Mantengo la idea de que es momento de avanzar con una reducción de las retenciones.”

Daniel Scioli, cuyos compromisos con el kirchnerismo son aun más sólidos, afirmó de todas maneras que “los sectores rurales tienen razón en muchos reclamos planteados. Ya se avanzó con el trigo y el maíz [en bajar las retenciones] espere-mos que se pueda seguir avanzando” (LN 15/1). Su jefe de Gabinete, Adrián Pérez, reforzó el apoyo al sector agro-pecuario: “Queremos recomponer la relación con el campo y estar en esta instancia difícil al lado de los productores con todas las me-dias que estén a nuestro alcance” (LN 17/1). Pocos días des-pués, en un gesto para nada ambiguo, Scioli recibía en La Plata al vehemente titular de Carbap.

Al mismo tiempo, los tres gobernadores declaraban la emergencia rural en sus territorios, contemplando reduc-ciones en algunos impuestos provinciales. A esta disposi-ción se sumarían los gobernadores de La Pampa, Chaco y Salta. Desde esta última provincia, Juan Manuel Urtu-bey reconoció que “desde la provincia venimos trabajando de manera estratégica con el agro. Más allá del conflicto puntual con los productores de soja hay trabajo en común” (LN 18/1). Tam-bién en Entre Ríos, Sergio Urribarry recibía al dirigente de la FAA de esa provincia, y mediático referente oposi-tor, Alfredo De Angeli. Tras la reunión declaraba la emergencia y el desastre agropecuario para algunos culti-vos, aunque calificaba de “irracional” la suspensión de las retenciones.

Al declarar la emergencia económica estas provincias dejan de percibir una parte de sus ingresos en materia impositiva, cayendo así su recaudación. El argumento es-grimido por los Binner y cía para propiciar la baja de las retenciones es que Nación debe reducir un impuesto no coparticipable (es decir que no se distribuye formalmente hacia las provincias), como las retenciones, y así no des-cargar la crisis en las administraciones provinciales. Lo que los gobernadores de las provincias más ricas niegan es que con las retenciones sí se sostienen otras que no perciben la cantidad de ingresos necesarios y que “viven” de la plata de Nación. Tales son los casos de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, entre otras.


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Con todo, Binner “apretaba” a los intendentes de San-ta Fe para alinearlos en el reclamo agropecuario: “Los in-gresos públicos de Santa Fe disminuirán en 180 millones de pesos. También lo van a sentir los municipios y las comunas. Podemos para obras y detener inversiones, pero también es importante que el Gobierno baje las retenciones por 180 días” (LN 28/1).

De esta manera la presión de algunos gobernadores se dejaba sentir en el Gobierno, y quedaba en evidencia el tambaleo de algunas alianzas políticas.

Una vez más, el órgano La Nación cerraba en una con-tundente síntesis el devenir agitado de esos días. El 17 de enero tituló su editorial, citando interesadamente a Scioli: “El campo tiene razón.” “Los anuncios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no brindarán los resultados deseables por cuanto se persiste en erróneos criterios, demostrativos del desconoci-miento de la realidad rural, mezclados con aditamentos ideológicos y cierto ánimo de venganza.

“El campo requiere otras determinaciones. En el contexto eco-nómico actual, sumado a la impresionante sequía vigente, no se en-tiende el mantenimiento de impuestos a las exportaciones del orden del 35% para la soja, del 32% para el girasol, y del 23 y el 20% para el trigo y el maíz, respectivamente. A estos últimos, además, se les imponen frecuentes prohibiciones a las exportaciones. No se justifica tampoco la persistencia de los registros de exportaciones de lácteos y carnes vacunas o sus precios máximos.

“La tradicional declaración de emergencia y de desastre agrope-cuario, plasmada en una ley nacional, ha sido reclamada por pro-ductores, gobernadores e intendentes. Desde hace cinco años el sector agropecuario nacional no deja de cosechar decisiones contrarias a su desenvolvimiento, sazonadas con agravios públicos de variada natu-raleza desde el Poder Ejecutivo Nacional. Lamentablemente los anuncios efectuados insisten en viejos errores” (LN 17/1).

Al mismo tiempo, el día 16 se realizaba un acto orga-nizado por SRA, CRA, Carbap y FAA en la ruta 2, cerca de Mar del Plata, donde los dirigentes rurales anunciaron el reinicio de la protesta para los meses de febrero o marzo. Por el mitin anduvieron legisladores como Adrián Pérez de la CC, Daniel Katz del cobismo, Jorge Macri del Pro, Felipe Solá del PJ antikirchnerista, y Elisa Carrió.

Un día después, en San Pedro, a la vera de la ruta 9, los dueños de la tierra junto a trabajadores del campo y co-merciantes exigieron “la suspensión total e inmediata de las re-tenciones a la exportación de productos agropecuarios.” El recla-mo incorporaba reivindicaciones laborales para los trabajadores de Uatre (peones rurales) y del Sindicato de Embaladores, Descartadores y Alambradotes (Seda).

III. Orejas mojadas En este contexto donde la declaración del estado de

emergencia se expandía a diversas zonas del país, el go-bierno nacional jugó una carta inesperada. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, salió, como quien dice, a caminar las provincias. Se reunió con pro-pietarios en diversas localidades de Buenos Aires, Cór-doba y Santa Fe, entregando ayudas (granos e insumos), al punto que en la ciudad cordobesa de Morteros, la So-ciedad Rural local avaló la misión diciendo, en la voz de su presidente Ider Peretti que “mucha gente se apura y porque viene de la mano de Moreno ya es malo. Si vivimos en democracia

lo que más tenemos que hacer es escuchar a la gente y las propues-tas” (C 23/1).

Las entidades rurales pusieron el grito en el cielo. El presidente de la SRA, Luis Biolcati no se anduvo con vueltas: “No jueguen al clientelismo con el campo. ¿Qué es eso de ir repartiendo maíz por las provincias como si fueran electrodomés-ticos que se regalan en el Gran Bs.As. Es lo único que saben hacer?” (C 26/1).

Finalmente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto que declaraba la emergencia agropecuaria nacional, promulgando la prórroga por un año del pago de impuestos (ganancias, bienes personales) a los productores afectados por la sequía. Sin concesio-nes la presidenta afirmaba: “Esto es un gran esfuerzo que hacen todos los argentinos porque no hay ningún otro sector de la actividad económica que tenga este tipo de beneficios” (LN 27/1).

A su vez, aprovechaba para tomar otra medida que traería cola: la gratuidad de la carta de porte, que es el formulario que llenan los productores para transportar los granos. Mediadora en los cobros de dichas cartas, la FAA obtenía con éstas una parte sustanciosa de su finan-ciamiento. El golpe era dirigido.

Como lo habían hecho con los distintos anuncios pun-tuales que no se ajustan a un cambio en el esquema de política económica general, las entidades agropecuarias rechazaron en bloque las propuestas oficiales. La postura parece ser “a todo o nada”.

La SRA en la voz de Biolcati sostuvo que “parece ridículo postergar todos los impuestos nacionales y no el más gravoso que es el de las retenciones.” El presidente de Coninagro, Carlos Garetto, reclamó: “La estabilización de los mercados, mediante la reapertura de las exportaciones de carnes, granos y lácteos. A los productores hay que apoyarlos financieramente. Lo más importante sería eliminar las retenciones, que ya generan al productor una pér-dida de sustentabilidad.” Sin duda, el más iracundo fue Eduardro Buzzi quien exageró: “Los anuncios de las cartas de porte se centran en perseguir políticamente y castigar a la FAA” (C y LN 27/1).

En síntesis, se potenciaba el repetido reclamo: elimina-ción de las retenciones, liberalización de exportaciones descuidando el mercado interno, subsidios directos a productores.

Un día después del anuncio presidencial, la Mesa de Enlace se retiraba dando un portazo de la reunión con el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi. La explicación del desplante la daba Mario Llambías: “Cuando hablamos de más medidas, como bajar las retenciones, se nos dijo que no era el ámbito indicado y decidimos retirarnos. Con la ley de emergencia sola no saldremos de esta situación tan crítica” (C 28/1). A lo que Buzzi ilustraba: “Del petitorio que enviamos a la presidenta Cristina Kirchner se cumplió la primera línea, quedan cuatro cari-llas” (LN 28/1).

Como suele suceder en estos casos, la organización re-gional Carbap anunció la realización de un boicot donde no comercializarán productos agropecuarios para los días 19 y 20 de febrero, y 5 y 6 de marzo, la movilización de sus bases a la vera de la ruta, sin cortes, y la preparación de una concentración masiva para el 14 de marzo. De es-ta manera, las Confederaciones de Buenos Aires y La Pampa empujaban a la otras entidades que, cerrando ene-

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ro, decidieron contener las protestas hasta marzo, mes en que esperan estallen conflictos obreros en el llamado a paritarias. He aquí la diferencia táctica en el seno de la Mesa de cara a un plan sólido y común apuntado a des-bancar por diversos medios el proyecto industrializador en despliegue.

Finalmente, otro editorial de La Nación cerraba este último movimiento como síntesis ordenadora y directriz: “La reacción oficial al decretar la emergencia agropecuaria nacional es tardía e insuficiente. Tardía, porque la sequía se venía manifes-tando desde el otoño pasado (…) insuficiente, pues mantiene los al-tísimos impuestos a las exportaciones, que fluctúan entre un 20 y un 35%, proporciones inverosímiles en toda circunstancia y más aún en el contexto actual. De cualquier modo, las medidas por ins-trumentar, debido a su lenta aplicación, no permiten en la mayoría de los casos resolver problemas de coyuntura, lo cual ratifica la tar-danza oficial. Por eso, la suspensión de las retenciones a las expor-taciones o su reducción, así como la eliminación de las restricciones

para exportar granos, carnes y lácteos constituyen medios idóneos para soportar los necesarios mayores ingresos.

“El saldo de las decisiones oficiales no ha conformado al agro, cuya lucha contra la adversidad requiere la mencionada reducción de las retenciones a las exportaciones y sus complementos ya citados. También requiere un clima de diálogo entre el agro y el Gobierno con el consiguiente abandono del espíritu confrontativo que parece seguir vigente, a la luz de la ausencia de las entidades madres del agro, otra vez no invitadas a participar” (LN 29/1).

El órgano de los Mitre dinamita al Gobierno. Cual-quier medida oficial se aplicará tarde y, además, inefi-cazmente. Así relata la oligarquía la confrontación de in-tereses y de proyectos de país distintos. Como parte de un proceso que busca minar las bases del proyecto indus-trializador, el órgano de los Mitre no teme redundar en la cuestión de las retenciones y el control de exportaciones y precios. Campeones del tono confrontativo y la amena-za directa endilgan al personal político de turno la inca-pacidad de negociar.


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Partido(s) opositor(es)

Desfile de modelos Por Claudio Adrianzén Bei

Como hemos visto recién (y analizado en el Análisis... anterior, Nº 103), durante el mes de diciembre se produ-jo un claro acercamiento entre las posiciones críticas de las cámaras empresarias campestres y de un sector ma-yoritario de la Unión Industrial Argentina (UIA), que es-taría encabezado por Héctor Méndez, futuro titular de dicha cámara patronal. Este acercamiento programático se manifestará también en los acercamientos políticos de los distintos sectores opositores durante el mes de enero que aquí analizamos, llevando como programa muchas de las propuestas del ex presidente interino, Eduardo Duhalde, hoy furiosamente enfrentado al Gobierno.

Sin embargo, el armado de alianzas de los partidos de oposición será frágil y la lucha por encabezar dicho fren-te está todavía sin resolución a la vista. Durante enero se habrá asistido al desfile de candidatos (auto)proclamados que no logran generar el consenso total, valga la redun-dancia, del arco opositor. La puja tiene, además, el in-grediente de estar cruzada por las disputas desde adentro del Partido Justicialista por ver quiénes quedan mejor parados –y con mayor grado de independencia de los Kirchner– de cara a octubre pero mirando a 2011.

El “Lole” En la desesperada búsqueda por perfilar un candidato

de peso para las elecciones de octubre, y que tenga tam-bién margen para crecer de cara a las presidenciales de 2011, este mes uno de los que logro protagonismo pro-pio fue el peronista santafesino Carlos Reutemann, quien se esfuerza por mostrarse en equidistancia del go-bierno nacional tanto como de los principales referentes opositores. En él se apoyan también las patronales cam-pestres dada su condición de productor agropecuario: “Es la primera vez en mi vida que veo quemarse a las plantas de soja en el campo. Nunca antes había visto algo semejante. El campo está paralizado desde marzo de este año, a lo que hay que agregarle la sequía que azota desde la ruta nacional 19 que conec-ta Santa Fe con Córdoba hasta el centro norte santafesino. Los chacareros están que explotan” (C 31/12). Ello lo coloca, como señala el editor del diario Clarín, como la posible figura de una transición gubernamental: “Hay otro ingre-diente importante que confluye en la candidatura de Reutemann: su condición de productor agropecuario. En el conflicto por las re-tenciones, el senador no sólo jugó abiertamente con el campo sino que votó en contra de la resolución 125” (C 31/12)

Así, de cara a las elecciones legislativas de octubre, y barajando nombres para las presidenciales de 2011, el senador santafesino pasó a convertirse en un posible re-cambio del kirchnerismo, desde dentro del mismo Parti-do Justicialista: “Esta vez sí pensaría en ser presidente. Esta vez vale la pena”, señalaba Reutemann ante quien quisiera oirlo (C y P12 31/12).

Una de las voces que se manifestó entusiasta por la aparición de “El Lole” fue Lilita Carrió, aunque señalaba

claramente la tarea pendiente del santafesino: “Una can-didatura de Reutemann puede ser positiva, siempre y cuando no sea el mascarón de proa del aparato corrupto y garante de la impunidad del PJ de Kirchner y Duhalde” (C 05/01, resaltados del original).

Por otra parte, la senadora del PJ y acérrima opositora al Gobierno, Hilda “Chiche” Duhalde, señalaba sus du-das acerca el santafesino: “Yo tengo mis serias dudas, since-ramente quisiera verlo más resuelto. Es un hombre con dificultades para tomar decisiones” (C 05/01).

Esto traía tensiones hacia adentro de la alianza (ver más adelante) que vienen buscando cimentar la Coali-ción Cívica, la UCR y el PS, ya que el titular del socialis-mo, el senador Rubén Giustiniani, se manifestaba clara-mente en contra de “El Lole”: “Reutemann fue gobernador de Carlos Menem. De confirmarse su candidatura, lo tendremos como adversario” (C 06/01). Lo mismo haría días después el gobernador de Santa Fe por el PS, Hermes Binner: “La verdad que todos sabemos que el PJ tiene distintas fracciones y algunos, como Reutemann, representan el peronismo de los años ’90 en una versión remozada” (C 11/01)

Acerca del santafesino también se pronunció Eduardo Duhalde, quien señaló que Reutemann “está en la pole position, pero tiene que hacer una buena clasificación y ver qué pasa en 2009. Hay cinco o seis gobernadores y ex gobernadores que están anotados (...). Hay que ver qué pasa en las próximas elecciones y después. Scioli, si anda bien, también va a estar anota-do. Igual que Solá. Pero yo ya no quiero señalar candidatos” (C 06/01).

Otra de las voces que se manifestaban a favor del san-tafesino llegaba desde el opositor vicepresidente de la Nación, Julio Cobos: “Reutemann es un hombre previsible, se-rio, capaz, responsable, con el que tengo muy buena relación. Hemos coincidido en muchas decisiones en el Senado. Y es un buen candidato”. Cobos mostraba, a la vez, la amplitud de su mirada: “En esta etapa de diálogo tengo que hablar con todos los sectores. A lo mejor en el fondo uno puede estar más de acuerdo con la UCR, quizá con alguna gente de Elisa Carrió. Felipe Solá y Mauricio Macri son también personas moderadas” (C 07/01).

Llegaban, así, las palabras del propio Reutemann, quien buscaba mostrar que aún está haciendo equilibrio entre el gobierno nacional y los sectores de oposición: “Soy peronista y tengo juego propio. No me ponga el mote de kirchnerista ni menemista ni duhaldista. (...) Soy senador del jus-ticialismo y puedo tener discrepancias con el Gobierno. Acompaño al Gobierno y coincido con Kirchner en muchas cosas, pero también tengo diferencias en otros temas como tuve mis diferencias con el tema del campo y eso lo voy a mantener. No lo voy a cambiar. Y nadie se tiene por qué enojar que yo tenga ideas que difieran. Pero soy peronista” (LN 08/01).

Felipillo Primero apareció opinando sobre la candidatura de

Reutemann y así comenzó a instalar su propia figura en-

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tre las candidateables para las elecciones venideras: “Sería importante saber si Reutemann es un hombre que aspira a heredar al kirchnerismo, un pos kirchnerismo, o aspira a enfrentar al kirchnerismo y ser un presidente diferente” (P12 06/01).

En la interna pública del peronismo provincial tam-bién se metió el líder sindical Gerónimo Venegas, del gremio de trabajadores rurales (Uatre) y titular de las 62 Organizaciones, quien no oculta su cercanía con el ex presidente interino Eduardo Duhalde: “Solá tuvo una pos-tura a favor del campo que lo revitalizó. Se abrió del Frente para la Victoria y podría tener todo el apoyo del peronismo. (...) Cuan-do siento que Kirchner puede ser candidato po la provincia de Bue-nos Aires, digo que nosotros seríamos de madera si dejáramos que venga alguien de Santa Cruz habiendo tantos postulantes bonae-renses” (LN 13/01).

“Lo peor es la absoluta falta de diálogo con el Gobierno que nos va a llevar a un conflicto mucho más feo que el anterior a me-nos que haya alguna reacción”, señalaba el propio Felipe So-lá, demarcando su lugar en relación con el Gobierno: “Me he dado cuenta que no tiene ningún sentido ser candidato a diputado sino es para un proyecto mayor, superador, poskirchneris-ta sería el término” (C 19/01).

Verano opositor: armando castillos de arena El mes de enero vio parir una de las primeras alianzas

en el arco opositor de cara a las elecciones de octubre: el acuerdo entre la Coalición Cívica conducida por Lilita Carrió, el Partido Socialista –aunque con disidencias in-ternas como la de la seccional capital– y la Unión Cívica Radical, en manos de Gerardo Morales. Así, la líder opo-sitora se presentaba como la artífice del armado de la unidad del arco opositor: “mi deber como líder nacional de la oposición es unir a todos los que enfrentan a este Gobierno lleno de ladrones”. Ello llevaba a ampliar los marcos de dicha alianza, mirando con buenos ojos un posible acuerdo con el PRO de Mauricio Macri, por lo cual Lilita señala-ba: “cómo no vamos a poder dialogar con los que resistieron junto a nosotros la apropiación de los fondos jubilatorios” (C 03/01).

Pero así se presentaban también las primeras diferen-cias al interior de la nueva entente. Desde el sector radi-cal llegarían las primeras voces de desacuerdo ante un acercamiento con el jefe de gobierno porteño: “para noso-tros es inaceptable”, manifestaba secamente Carlos Más Vé-lez, jefe del comité capital de la UCR (C 03/01). Otro que ponía un límite, aunque con mayor diplomacia y de-jando una puerta abierta, era el titular del radicalismo, Gerardo Morales: “Lo que tenemos hasta ahora como decisión orgánica es la construcción del espacio de la UCR, la Coalición Cívica y el socialismo. Con el macrismo no tenemos ninguna con-versación, más que en el plano parlamentario” (P12 02/01). “Tiene que haber coherencia y coincidencias en las cuestiones pro-gramáticas. No vamos a terminar siendo un rejunte; la idea es llegar con una alternativa seria, una propuesta viable, con previsibilidad” (C 02/01, resaltados del original).

El mismo binomio Carrió-Morales reaparecerá hacia fin de mes de la mano de Mirtha Legrand, durante un almuerzo con vista al mar, tentando sumar la pata “agropecuaria” a su espacio opositor: “Asumí tu responsa-bilidad, Alfredo”, le tiró la líder de la Coalición Cívica al

dirigente de la Federación Agraría de Entre Ríos, Alfre-do de Ángeli, también comensal de “Chiquita” en dicho almuerzo. Carrió, al igual que Morales a comienzos de mes, aclaró que buscan “trabajar unidos” en un frente opositor pero “de ningún modo será un rejuntado” (C 24/01, resaltados del original).

Comenzaba así la etapa de ampliar aún más el marco de alianzas, haciendo reaparecer a figuras que parecían haber sido sepultadas bajo los escombros de la historia nacional: “El domingo me encuentro con López Murphy” (LN 25/01), señalaba Carrió mientras afirmaba “vamos a abrir-les la puerta a todo el campo opositor y a aquellos oficialistas disi-dentes que quieran convertirse en opositores y que no quieran lle-varnos a una interna del PJ” (C 25/01).

A su vez, el líder de la UCR, Gerardo Morales, afir-maba: “Este año hay que concretar nuestro proyecto de unidad para ponerle freno al kirchenerismo y lograr un cambio en la com-posición del Congreso” (LN 25/01); “tenemos que tener legisla-dores que sean firmes, que no se entreguen, no se vendan, que sepan claramente que el pueblo argentino espera otra alternativa” (C 25/01).

A los dos días, el “Bulldog” López Murphy comenta-ba acerca de su encuentro con Carrió: “Estuvimos conver-sando dos horas y media; una gran y esforzada reunión. (...) Ya en diciembre de 2003 hablé de una gran coalición, porque me pare-cía que íbamos hacia un gobierno de características hegemónicas. Me parece que ahora surgió la posibilidad de hacer algo distinto”, y aclaró, por si alguien tenía una ténue esperanza, que “no voy a ser candidato por una razón muy sencilla: sufrí muchas derrotas electorales y una lectura correcta es que tengo un deterioro en la opinión pública. Espero que mi gesto sirva para aunar vo-luntades tan diferentes” (C 27/01).

La oposición a las alianzas que iba tejiendo Morales llegaban desde adentro del mismo partido radical: “las alianzas las definirá la Convención Nacional en marzo y Morales se excedió en los acuerdos con una fuerza que quiere resucitar al ‘grupo sushi’, con Patricia Bullrich, López Murphy y Teresa de Anchorena”, demarcaba Leopoldo Moreau, alto dirigente de la UCR nacional. Otro de los que manifestó pública-mente su disconformidad fue el diputado radical por En-tre Ríos Gustavo Cusinatto, quien señaló acerca de Mo-rales que “no puede andar como príncipe consorte sin consultarnos” (C 27/01).

Pero Carrió insistía en ampliar el espectro de alianzas: “A mí me cuestionan, a veces, que dialogue con López Murphy y yo respondo: ‘Ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo y yo de hecho muchas veces he pensado en forma absolutamente distinta que él, pero nadie puede negar que es una persona honesta’.” Así, ante los coqueteos con el macrismo y con el ex ministro de economía de la Alianza, López Murphy, la entente se debilitaba por el lado del socialismo: “el socialismo va a es-tar en el frente”, tenía que aclarar y ¿anhelar? Gerardo Mo-rales (C 28/01). “Esto es el desenlace previsible de una estrate-gia que privilegia más ‘el anti’ que la construcción de una alternativa progresista”, demarcaba Roy Cortina, diputado nacional y titular del PS Capital. En igual sentido se exasperaba Carlos Roberto, secretario general del PS: “Carrió sabe que estamos en desacuerdo y puede haber una crisis poque el perfil (de López Murphy) respecto a la economía y a la


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política internaciona, no tiene nada que ver con el socialismo” (C 28/01)

Tres días después aparecían más diferencias aunque se buscase públicamente minimizarlas. Mientras el titular de la UCR, Gerardo Morales, señalaba tras un asado en la casa de la costa del socialista Giustiniani que “la base del frente electoral está armada y somos la Coalición Cívica, la UCR y el socialismo. De ahora en adelante deberá haber acuerdo de to-dos para aceptar nuevas incorporaciones”, la titular de la CC, Elisa Carrió, antes de partir en un nuevo viaje a los EUA, relativizaba un acuerdo marco nacional al mani-festar que “el acuerdo es por distritos, y nosotros vamos a apoyar al socialismo en Santa Fe” (LN 31/01).

Plan ¿B? Quizás leyendo con claridad las dificultades del arco

político opositor para armar un frente sólido y con un referente claro de cara a enfrentar al gobierno nacional en las elecciones de octubre y también en las presiden-ciales de 2011, el ex presidente interino Eduardo Duhal-de escribió una columna de opinión en el matutino de los Mitre, cuando recién comenzaba el mes, en la cual buscaba candidatos de oposición entre los nuevos acto-res públicos que había dejado 2008: “La dirigencia rural ar-gentina tiene en la actualidad una oportunidad histórica para for-talecer nuestro sistema democrático. Tras emerger de la batalla por la resolución 125 como un conjunto de líderes que se puso de pie en favor de la producción agropecuaria, los máximos referentes del campo deben hoy darle a ese liderazgo un carácter más amplio y permanente.

“Para ello resulta esencial que respondan al llamado que sus bases les están formulando: participar del debate político e incorpo-rarse de modo protagónico a las instituciones de la República.

“(...) Estoy convencido que el involucramiento directo de los hombres y mujeres del campo en el Congreso puede significar la constitución de un fuerte bloque legislativo, compuesto por decenas de integrantes, que tome a su cargo la defensa de las economías re-gionales y el impulso del federalismo en todas sus aristas. Claro que cada uno de los que finalmente se decidan lo hará desde sus propias convicciones, enriqueciendo así la participación del sector con una vasta diversidad de identidades partidarias.

“La reciente irrupción de numerosos emergentes del ruralismo local ha dejado en evidencia que gran parte de la clase política no ha sido capaz de representar con eficiencia los intereses de miles de productores que habitan el territorio nacional. En consecuencia, la dirigencia agropecuaria no debe cometer el grave error de ignorar la demanda de participación que le está realizando la sociedad en su conjunto.

“(...) Sin abandonar los espacios e instrumentos vitales del re-clamo sectorial, el campo necesita innovar en el terreno político. Se impone así superar la lucha efervescente de la primera etapa del conflicto por una nueva etapa de trabajo arduo y en paz, ya no a la vera de las rutas sino en las bancas del Congreso. El pueblo ar-gentino se lo demanda” (LN 06/01).

El avance del proyecto agroalimentario exportador –vinculado necesariamente a los capitales más concentra-dos a escala mundial– que se va haciendo carne en la unidad entre la Mesa de Enlace y la UIA y que, aunque con límites y contradicciones, busca la constitución de una fuerza política que la exprese cabalmente en el apa-rato institucional, viene construyendo un complejo y vasto estado de ánimo en la sociedad orientado a minar al Gobierno y derrotar la posibilidad de un proyecto in-dustrial que integre las regiones del país y, a la vez, a éste en el continente profundo. Cabe desenmarañar las dis-tintas aristas de la maquinaria ideológica puesta en mar-cha a toda máquina.

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Las “usinas del saber” en acción

Mentiras Verdaderas Por Sebastián Ortiz

“Lanza feroces agravios carentes de fundamentos con la clara intención de mellar la credibilidad de las institu-ciones, convoca al golpe de Estado y llama a Néstor Kirchner ´dictador´. La embajada norteamericana ha puesto a todos sus títeres en acción virulenta contra la democracia y la libertad de los argentinos. Por un lado la doctora Carrió, delegada en la Argentina de la Banca JP Morgan, plantea la necesidad de que ante la crisis eco-nómica internacional, Argentina se endeude nuevamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Banco Mundial (BM)” (P12 27/12).

Con estas palabras cerraba el 2008 el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) Luis D´Elía, de-nunciando los vínculos de la actividad desarrollada en el país por la principal dirigente opositora, Elisa Carrió, con la Embajada de Estados Unidos y con los principales or-ganismos financieros internacionales.

En seguida descompondremos para el análisis las dis-tintas partes de los dichos de D´Elía, de acuerdo a lo constatado en los principales diario nacionales durante el desarrollo del primer mes del año 2009. Pero antes, vea-mos cómo se presenta el escenario en el que se realizará dicha obra.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que hacia fines de 2008 quedaron explícitas dos tácticas opositoras. La primera, apuesta a una caída brusca del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mediante una convul-sión social. Marzo será un momento clave de dicho plan, ya que como lo anunció el propio presidente de la Socie-dad Rural, la Mesa de Enlace intentará montarse sobre los conflictos gremiales suscitados por la discusión sala-rial de comienzos de año. La segunda de las tácticas plan-tea que, así como están las cosas, una derrota del kirch-nerismo en las elecciones legislativas de octubre del presente año es segura, y entonces de lo que se trata es de mantener lo alcanzado en 2008 en cuanto a descon-tento social y caída de la imagen del gobierno, para ases-tarle el golpe en las urnas.

Ambas tácticas no son de ninguna manera excluyentes, ni en cuanto a quienes las planean y actúan, ni en cuanto a las herramientas utilizadas para crear los escenarios ne-cesarios.

En tal sentido, enero fue un mes en el que la oposición se dedicó a atacar mediáticamente el conjunto de políti-cas oficiales, buscando profundizar el descreimiento so-cial, al mismo tiempo que a demostrar que el presente gobierno tiene fuertes rasgos autoritarios, aunque, para-dójicamente, su incapacidad de acción lo convertiría en un gobierno débil que no ejerce la autoridad. Por lo tan-to, ante un gobierno débil en medio de una situación de crisis, que se comporta de manera autoritaria, es decir, que no respeta el funcionamiento republicano y sus insti-tuciones, no queda más remedio que actuar en defensa de las mismas, inclusive violando ciertos mecanismos del

funcionamiento democrático si fuera necesario (ver Aná-lisis… Nº 103, enero de 2009, pp. 24 a 30).

El control del dinero y el control de los números Los dicho de D’Elía citados al comienzo de este artí-

culo comenzaban a tener cuerpo rápidamente. Ya sobre las últimas horas del mes de diciembre, Elisa Carrió anunciaba públicamente el envío de una denuncia contra Néstor Kirchner ante el Grupo de Acción Financiera In-ternacional (GAFI) con sede en París. Este organismo, conformado por los siete países “más desarrollados” del planeta (Alemania, Canadá, EE.UU., Francia, Italia, Ja-pón e Inglaterra), es quien tiene el control sobre el lava-do de dinero y el financiamiento del terrorismo en todo el mundo, con jurisdicción sobre 180 países. En el texto enviado por Carrió se señala lo siguiente: “La denuncia pe-nal por presunta asociación ilícita y lavado de dinero es contra el ex presidente Néstor Kirchner, el ministro de Planificación, Julio De Vido; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zan-nini; el secretario de Transportes, Ricardo Jaime; el ex Jefe del Ór-gano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti; y los em-presarios Cristóbal López (juego), Lázaro Báez (construcción) y Rudy Ulloa (medios de comunicación)” (C 31/12).

El mismo día en que esta denuncia tomaba estado pú-blico, asumía en su nuevo cargo al frente de la AFIP, or-ganismo recaudador del estado nacional, Ricardo Eche-garay, para controlar la repatriación de capitales propuesta por el Poder Ejecutivo y que provocaba, pre-cisamente, la denuncia opositora.

Al respecto, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Ca-rrió, señalaba: “Echegaray es (Néstor) Kirchner, es (Guillermo) Moreno. Y su asunción es la victoria de la ilegalidad. Asume para perseguir a opositores, empresarios, medios y periodistas. Esto es una especie de KGB” (Clarín 31/12).

De esta manera, la política de financiamiento oficial quedaba atrapada dentro de redes de corrupción, al tiem-po que la aplicación de tales medidas era realizada en un esquema de funcionamiento “autoritario”. El propio dia-rio Clarín, en una nota de opinión al respecto, tomaba la denuncia de Carrió y analizaba que “quienes conocen las en-trañas de la AFIP saben que allí existe información ultrasensible y que se la puede usar a todos los efectos: sobre los empresa-rios, pero también para alinear voluntades de dirigentes políticos; nacionales y provinciales. Datos reservados que debieran estar a cubierto de las acechanzas del poder de turno” (C 2/1, resalta-dos del diario).

Así, el análisis agregaba un elemento. El autoritarismo encuentra explicación, en cuanto a su permanencia, por el factor económico que condiciona a dirigentes políti-cos: los recursos que provienen de la recaudación fiscal. Se cierra así el círculo de la corrupción denunciada al comienzo.

Unos días más tarde, al lado de las noticias que “in-formaban” sobre este tema, aparecía en el mismo matu-tino un informe del privado Instituto para el Desarrollo


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social de la Argentina (IDESA) en el que se señalaba que “los argentinos nunca pagaron tantos impuestos como en la actuali-dad” (C 12/1). Así, a lo ya analizado se agregaba el hecho de que los impuestos son utilizados para sostener la red clientelar y de corrupción ya denunciada. Todos los ele-mentos estaban dados a la opinión pública en cuanto a la desconfianza que se le debe tener a la política financiera oficial.

En el marco de este clima, aparecían en escena dos de los actores principales señalados por Luis D’Elía (FTV): el embajador norteamericano en nuestro país, Earl Way-ne, y los organismos financieros internacionales en su máximo grado de personificación en la materia, el ya co-nocido GAFI. El propio Clarín relataba la seguidilla de coincidencias en forma explícita: “Los primeros reclamos surgieron de la oposición, que con diferentes tonos advirtió que el proyecto abriría las puertas al lavado de dinero. Luego, el embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, admitió que su país seguía ‘con atención’ el proyecto para repatriar capitales (…). Pero la advertencia más severa llegó del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional que se encarga de promover los controles al lavado de dinero en el mun-do” (C 5/1, resaltados del diario).

También en lo que a política económica se refiere, el ataque “por izquierda” provino desde el socialismo, aun-que también basándose en las cifras de los organismos internacionales. El encargado de publicitarlos fue el go-bernador de Santa Fe, Hermes Binner, quien aseguró que “la redistribución de los ingresos es el mayor desa-fío para la Argentina, porque hoy es uno de los países más desiguales del planeta.” El matutino, que aprovechaba el fi-nal de la frase para titular la nota, señalaba en su informe que la inquietud de Binner “se basa en datos ‘preocupantes’ que entrega el asesor de la ONU, la Cepal y el BID, Bernardo Kliksberg. Esas estadísticas colocan además a Argentina dentro del territorio ‘más desigual, que es el de América Lati-na’” (C 24/1, resaltados del diario).

Claro que, en materia de números, cobran fundamen-tal trascendencia las fuentes, y los equipos que analizan los datos. Quizá por ello el matutino Clarín le dedicó du-rante el mes de enero cuatro editoriales en forma casi consecutiva.

El primero de ellos, titulado “El riesgo de politización en la política económica”, tras señalar que “este escenario reclama políticas integrales basadas en el acuerdo sectorial y el diálogo”, criticaba el papel jugado por Guillermo Moreno en la distribución de forraje en los campos afectados por la sequía, indicando que “se trata de un gesto más de arbitrarie-dad y desprolijidad institucional que en nada contribuye a mejorar las relaciones políticas”, para concluir que “esto resalta la im-portancia de buscar coincidencias para sostener la actividad econó-mica y utilizar los recursos fiscales con criterios técnicos y con proce-dimientoes transparentes” (C 25/1).

La construcción da un nuevo paso. Los recursos fisca-les no deben ser utilizados con criterios políticos, sino técnicos y transparentes. Por ello, tres días mas tarde, ba-jo el título “La independencia de los auditores”, el mismo dia-rio proponía en su columna editorial que “una de las reglas básicas de la democracia es el funcionamiento de instancias de con-trol con participación de la oposición, y ellas no deben ser manipu-ladas por el gobierno de turno. En vez de restringir, es necesario,

por lo tanto, incrementar la operatividad y la independencia de los cuerpos encargados de auditar el funcionamiento del Estado” (28/1).

La cuestión no es menor, porque de lo que se trata es de la posibilidad de que las políticas de Estado sean neu-tras en su contenido, sin responder a intereses, y de apli-cación técnica en sus formas, llevadas adelante por “es-pecialistas.”

Por ello, resultaba fundamental para el arco opositor continuar desacreditando al organismo estatal de estadís-ticas, el Indec. Es así que al día siguiente, el editorial de Clarín estaba dedicado a dicho problema: “La pérdida de confiabilidad de las estadísticas oficiales es un grave problema que afecta el cálculo económico de los agentes públicos y privados y las percepciones sobre la economía argentina, aquí y en el exterior (…). Sobre este punto se registra, precisamente, una fuerte diver-gencia entre dos estadísticas oficiales: la del INDEC que muestra un aumento de los salarios reales el año pasado y la del BCRA que arroja un saldo negativo. En estas condiciones, empresas, tra-bajadores y organismos nacionales, carecen de un punto de referen-cia sólido para evaluar la marcha de los ingresos y la situación del mercado laboral.

“En relación a esto último se agrega que, según algunas evalua-ciones de analistas privados y académicos, las cifras de desocupación también presentan sombras de dudas.

“Otro frente de tormenta en la materia se abrió con la publica-ción de la actividad económica en el mes de diciembre. Mientras las más diversas estimaciones sectoriales indicaban una caída en la pro-ducción y los servicios, el INDEC dio a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de noviembre y di-ciembre según el cual en esos meses tuvo lugar una recuperación de la actividad económica.

“(…) Es decir, que además de la incertidumbre pre existente sobre el nivel de inflación, de pobreza y de ocupación, se agrega aho-ra la vinculada al ritmo de actividad económica.

“(…) El cuadro presentado es de indudable gravedad, porque las estadísticas oficiales son un bien público que tiene que reunir es-tándares irreprochables de calidad y confiabilidad.

“La pérdida de confiabilidad de varias estadísticas oficiales ge-nera una seria incertidumbre sobre el estado real de aspectos crucia-les de la economía y de la sociedad, y afecta la confianza de los in-versores locales y extranjeros. En los casos puntuales de operaciones de indexación o ajuste, o de discusiones salariales, puede dar lugar a litigiosidad y conflictos.

“El Gobierno debe, por lo tanto, evitar cualquier práctica que pueda volver a generar desconfianza en las estadísticas y facilitar el acceso a las informaciones y metodologías que se aplican, para rege-nerar la confiabilidad erosionada” (C 29/1).

Pero todavía nos resta saber por qué los centros de es-tudios estadísticos y de análisis económico, político y so-cial privados funcionan mejor que los estatales. Es decir, por qué los estatales se encuentran teñidos de “ideolo-gía” y los privados de “neutralidad”. Nuevamente, Cla-rín, al día siguiente, nos aclara las dudas desde su colum-na editorial titulada en esta ocasión “El rol político de las usinas de saber”: “En la Argentina ha tenido lugar un creci-miento de los centros de estudio en política y economía, cuyos traba-jos abastecen a personas y organizaciones que desarrollan activida-des partidarias, sociales e institucionales. Estos centros -conocidos en inglés como ‘think tanks’- son decisivos para actualizar y enri-quecer las agendas de políticas en las diversas áreas, brindando sa-


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beres y nuevas perspectivas a las organizaciones partidarias, las asociaciones de la sociedad civil y la opinión pública. Ellos promue-ven una mejora de la estructura social y de las condiciones institu-cionales por medio de conocimientos e innovaciones; también ejerci-tan críticas que enriquecen la calidad de la democracia.

“En la Argentina se ha ido registrando un incremento del nú-mero de estos centros de estudio, y las 122 instituciones existentes -según un informe de la Universidad de Pennsylvania- la ubican en el quinto lugar en el mundo, detrás de Estados Unidos, Gran Bre-taña, Alemania y Francia. Algunos de nuestros centros ya han al-canzado un muy significativo reconocimiento internacional, como el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Cre-cimiento, que figuran entre los cinco más destacados de América Latina.

“El desenvolvimiento de estos centros de estudios expresan nue-vas formas de compromiso político. Por medio de ellos, y a través del uso de saberes, se generan análisis y se promueven reformas que inciden crecientemente en nuestra sociedad” (C 30/1).

Enseguida veremos en acción también a estas “usi-nas.”

Está todo mal, nada bien Pero no todo es cuestión de números. Ante la corrup-

ción denunciada, hace falta no sólo estadísticas y análisis “neutros”, sino también una Justicia del mismo carácter. Por ello, un día después, el editorialista del diario Clarín dedica a la Justicia las siguientes palabras: “Es necesario for-talecer la independencia del Poder Judicial, especialmente para que los fiscales y jueces puedan contar con las condiciones institucionales más adecuadas para investigar y esclarecer los abusos y los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos (…). Deben tenerse presente las declaraciones del presidente de la Asociación de Magis-trados de la Nación, Ricardo Recondo, quien afirmó que ‘el Go-bierno presiona a los jueces a través del Consejo de la Magistratu-ra’ (…). La construcción de un Poder Judicial fuerte e independiente, eficiente en la lucha contra la corrupción, debe ser un objetivo estratégico de las autoridades de todos los poderes, ya que de esto depende en gran medida la mejora de nuestra calidad insti-tucional” (C 31/1).

Nuevamente, como venimos observando, se plantea que están en juego nada menos que “las instituciones”. Y ello como producto de la acción de un gobierno autorita-rio.

Quizás, en gran medida, como resultado de seguir “modelos autoritarios foráneos.” Por ello, en lo que se refiere a política exterior, el viaje de la Presidenta Cristina Fernández en carácter de visita oficial a Cuba el mismo día en que asumía Barak Obama como presidente de los EE.UU. fue duramente criticado. Elisa Carrió señalaba al respecto que “Cristina esta desconectada y muestra su vacío con este viaje. Mientras el mundo avanza y mira hacia el futuro, la Presidenta atrasa 40 años. Entró en el túnel del tiempo y la Ar-gentina tanbién.” Por su parte, Mauricio Macri aportaba: “Me parece poco feliz que el día en que el mundo tiene los ojos cla-vados en la asunción de Obama, el gobierno argentino esté de gira por Cuba. Y tampoco queda claro el objetivo” (C 21/1).

Unos días después, este hecho, junto a la política ofi-cial hacia la Venezuela chavista, permitían al principal analista político de Clarín, Eduardo van der Kooy, titular su columna “Un gobierno lleno de ambivalencias”, opi-

nando lo siguiente: “Chávez se ha transformado en una carga antes que en un providencial salvavidas para el gobierno kirchnerista. Perdió con la crisis mundial buena parte de su capa-cidad de financista (…). El Gobierno pareciera improvisar en política exterior como lo hace en otras áreas (…). Con Wayne el Gobierno cometió repetidos errores. Lo creyó cómplice del escándalo de la valija de Antonini Wilson y fue de los que más bregó para que el conflicto se fuera diluyendo” (C 25/1, resaltados del diario).

Como vemos, el gobierno autoritario sigue a otros modelos autoritarios, en lugar de poner su mirada sobre el modelo propuesto por la democracia norteamericana, lo que lo lleva a “improvisar” en la materia. Es por ello que maltrata nada menos que al enviado de la mayor democracia del mundo, que viene a enseñarnos respeto por las instituciones: el mismísimo embajador norteame-ricano, Earl A. Wayne.

Como no podía ser de otra manera, el “gobierno auto-ritario” también se enfrenta a la prensa libre, que lo de-nuncia “por el bien de todos.” El hecho al que nos refe-rimos tiene que ver con la disputa por el control de los medios masivos de comunicación entre empresarios vin-culados con el gobierno y los opositores. En dicho con-texto es que la empresa Electroingeniería adquirió Radio Del Plata, y dio por finalizado el contrato con uno de los periodistas “independientes” y críticos del gobierno: Nel-son Castro. Pero el hecho permitió conocer interesantes puntos de vista respecto a la “neutralidad” de los perio-distas y sus límites, precisamente en un reportaje realiza-do a Castro por el matutino La Nación. Allí, el periodista “independiente” señala que “hace falta una ley de radiodifu-sión que sea restrictiva respecto de quienes acceden a la propiedad de los medios. No puede ser que haya empresas que sólo favorezcan al poderoso de turno o a sus propios intereses (…). Cuando hay empresas que no tienen relación con el mundo de los medios y se sostienen en la publicidad oficial, uno sospecha y ve la mano del Gobierno detrás. Eso constituye un verdadero problema en la Ar-gentina” (LN 1/2).

La honestidad de Nelson Castro es brutal. Hay que li-mitar la propiedad de los medios a quienes los controlan actualmente, que no responden a los intereses del Go-bierno ni a los propios. Pero… si esto es así, ¿a qué in-tereses responderán?

Por último, parece que hay otro sector al que tampoco le va bien con este Gobierno, y está dispuesto a comen-zar a mostrar su disconformidad. Se trata de los militares. En un editorial del diario de la familia Mitre, titulado “Preocupante desánimo de militares”, se señala lo si-guiente: “Un estudio encargado por el Ministerio de Defensa puso al desnudo una preocupante realidad que requiere una rápida res-puesta por parte de las autoridades: el 47 por ciento de los efectivos del Ejército y el 43 por ciento de los de la Armada han pensado en dejar sus fuerzas en los dos últimos años. Y el 36,8 por ciento de los integrantes del Ejército tiene otro trabajo” (LN 5/1).

Seguramente por casualidad el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena tenía preparado un artículo explicán-donos las causas de dicho malestar en términos de políti-cas estratégicas para el sector, el cual fue publicado el mismo día en el mismo matutino: “Después de cinco años de una bonanza sin antecedentes históricos en las cuentas fiscales de la Nación –fruto de una situación económica internacional favorable,


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que ya cambió–, nuestras Fuerzas Armadas están en condiciones inciertas para asegurar el cumplimiento de su misión principal. Es-ta, definida por el actual gobierno y cuestionable por insuficiente y anacrónica, dado el panorama que nos ofrece el siglo XXI, es ‘con-jurar y repeler toda agresión militar estatal a fin de salvaguardar de modo permanente los intereses vitales de la Nación’.

“(…) En julio último, se realizaron en el Estado Mayor Con-junto las Jornadas de Planeamiento Estratégico 2008, en las que participaron las cúpulas del ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. El Ejército presentó, en sus conclusiones, una placa con un texto revelador. La falta de recursos necesarios para el sosteni-miento de la fuerza, no sólo impide cumplir con un imperativo legal de alistar, adiestrar y sostener, sino que imposibilita producir un efecto real de disuasión en función de nuestros intereses vitales y atenta contra el apoyo a la política exterior de la Nación, al difi-cultar la integración con nuestros principales vecinos en un plano de similitud.

“(…) Los dos gobiernos de Kirchner heredaron, en materia de política de Defensa, el tramo menos complejo del último cuarto de siglo. Pese a esta situación innegable y a la bonanza económica que facilita decisiones adecuadas, en los hechos –que desmienten las de-claraciones ampulosas y descubren las operaciones mediáticas–, es-tamos recorriendo las primeras etapas de una crisis cuya responsa-bilidad principal es del Poder Ejecutivo, pero debería se asumida, también, por el conjunto de la dirigencia política.

“La política de Defensa tiene que ser una política de Estado y no patrimonio de una facción” (LN 5/1).

Nuevamente un sector que sufre un malestar producto de las políticas implementadas por un gobierno autorita-rio e ineficiente. Y la misma receta como salida: las polí-ticas tienen que ser neutrales y no ideológicas. Pero ade-más, tratándose del sector militar, y de la historia reciente de nuestro país, debemos prestar fundamental atención a lo expuesto. A casi nadie en nuestro país se le ocurre que hoy en día existe la posibilidad de la “salida militar.” Pe-ro, ante la necesidad de un golpe político, que las fuerzas armadas no intervengan resulta esencial. Ya veíamos en nuestro último Análisis… (Nº 103, enero de 2009, p. 28) cómo un artículo de opinión publicado en el diario La Nación, a cargo del que fuera ministro de Trabajo de los gobiernos de Frondizi y Guido y de Bienestar Social de Lanusse, Oscar Puiggros, advertía sobre la situación de posible insurrección social y sobre la necesidad de no descartar de antemano a ningún “bombero.” Recorde-mos sus palabras: “Los síntomas, entre nosotros, son alarman-tes, el Estado de derecho se encuentra cada vez más deprimido por agravios crecientes que avanzan hacia la anarquía. Estas reflexio-nes nos llevan a creer que, frente a un grave incendio, es insensato desechar medios para apagarlo, sólo después sería la oportunidad de elegir al jefe de los ‘bomberos’ que, con el respeto inviolable de las instituciones, ofrezca las mejores garantías para restablecer una re-pública democrática y fraternal para todos los argentinos” (LN 30/12).

El totalitarismo anárquico y el “sentido común” terrateniente

Ese clima de “anarquía”, precisamente, debe ser crea-do. Para que el descreimiento en el gobierno tome forma de situación asfixiante y desemboque en un levantamien-to popular, la situación debe vivirse como anárquica. Y en el recuerdo vivo de la población de nuestro país, se

encuentra aún muy presente como ejemplo de ello la se-gunda mitad del año 2001.

Tendremos otra vez a las “usinas de saber” privadas, jugando su rol institucional exigido por Clarín. Esta vez es el turno de entrar en escena de Ecolatina, dirigida por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien ad-vertía que por la salida de divisas del país y la magnitud de ese flujo la situación actual “sería similar a la que se regis-tró en el 2001” (C 3/1).

Estos datos eran llevados al terreno político por la se-nadora del justicialismo disidente Hilda “Chiche” Duhal-de, quien señalaba que en la Argentina “hay un proceso pre-anárquico” al tiempo que acusaba al gobierno de haber “defraudado al conjunto de la sociedad.” Es por ello, según la esposa del experto en asumir ante situaciones “preanár-quicas”, que existe “un desaliento muy grande de la gente de los barrios humildes por la salud, la pobreza y la inseguridad.” La conclusión era la siguiente: “Los conflictos ya se observan en estos momentos. Hay un proceso preanárquico que me preocupa. Observo que la autoridad no se ejerce” (LN 22/1). Extraña particularidad la de un gobierno autoritario que no sabe ejercer la autoridad.

Dos días antes, el diario Clarín en uno de sus editoria-les unía la situación económica con el clima de descon-tento social que luego utilizaría en sus argumentos la es-posa de Duhalde: “El actual Gobierno ha decidido aumentar las tarifas para reducir subsidios y disponer de más recursos para los programas de respuesta a la crisis. En algunos casos los nuevos precios son inferiores en términos reales a los de 2001, pero otros aumentaron sustancialmente, lo cual ha generado protestas de con-sumidores y de organizaciones que los representan. Se trata de dis-torsiones y de malestares que podrían haberse evitado con una polí-tica basada en el reconocimiento de la realidad y de ajustes graduales a los precios de los servicios, en función de la evolución de los ingresos” (C 20/1).

Es entonces sobre la sensación preanárquica que hace falta traducir ese autoritarismo presidencial en la imagen de un gobierno no democrático. Sin ello, no se podrá sa-lir a “salvar las instituciones” de la República.

Ni bien comenzado el año, Elisa Carrió tomaba en sus manos dicha tarea: “Mi deber como líder nacional de la oposi-ción es unir a todos los que enfrentan a este Gobierno lleno de ladrones (…). La única batalla que voy a librar es contra el go-bernante de facto Néstor Kirchner” (C 3/1, resaltados del diario).

Una semana después, en un extenso reportaje publica-do por el diario La Nación, Carrió desarrollaba su idea sobre la lucha contra el actual gobierno retomando el ar-gumento del “doble comando”: “se ha llegado a su fase dic-tatorial y de realización delictiva (…). Este es un gobierno de hecho. Hay una usurpación de poder. Porque en las democracias el poder le es delegado a quien es elegido por el pueblo. Ahora, si ese poder es ejercido por otro, vaciando el poder institucional, aun con la complicidad del poder institucional, estamos frente a un gobierno de hecho, nos guste o no (…). Es un gobernante de hecho con mu-chas características autoritarias. Lo más feroz de este autoritarismo tiene que ver con el apoderamiento del aparato económico de la Na-ción. Y esto sí hace a un autoritarismo mucho más fuerte que cual-quier otro, semejante al régimen paraguayo de hace muchos años. Nos estamos volviendo muy parecidos al Paraguay de Stroessner.”


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Frente a ese gobierno autoritario y de facto, Carrió nos invierte los términos históricos y nos presenta a los ver-daderos paladines de la democracia, los dueños de la tie-rra, al tiempo que les promete la defensa de sus propie-dades: “Acá hay que redefinir el término oligarquía, que es muy preciso: es un grupo de personas que dominan por el dinero. El campo en la Argentina no es una élite por dinero, sino que es el sector más democratizado. Por eso no lo puede controlar Moreno. Es el sector más dinámico, más competitivo, la verdadera burguesía nacional argentina. Y la élite degradada por el dinero que controla el poder son los que se robaron la Argentina en los últimos 25 años. Ellos son la oligarquía. Moyano quizá sea una de las expre-siones oligárquicas más impresionantes de la Argentina contempo-ránea. Kirchner es la oligarquía. Electroingeniería es la oligarquía. Ezkenazi es la oligarquía. Son los que controlan el poder, contro-lan el dinero en un determinado momento histórico y que, además, no tienen ningún tipo de rasgo espiritual que se les conozca (…). Hay dos activos muy valiosos para el mundo que viene por su si-tuación geopolítica: la tierra y el agua. Ellos vienen por la tierra. Por eso les estoy diciendo a todos en el campo que no vendan, que aguanten que este proceso termine y que, cuando sea presidenta, no-sotros liberamos y van a tener la tierra, van a ser dueños de su pro-ducto, van a poder exportar, crecer, y los hijos de la tierra van a poder vivir en los pueblos. Hay que aguantar porque están demo-liendo la esperanza para quedarse” (LN 11/1).

Y hablando de terratenientes, quien rápidamente tra-ducía la construcción sobre el autoritarismo oficial a sus palabras era el dirigente de la FAA entrerriana, el multi-mediático Alfredo De Angeli: “Estas cosas te las dice el sen-tido común. A ellos les interesa sólo el poder. En una democracia las cosas no son así. Esto es igual que la década del 70. A los Kirchner sólo les faltan las armas (…). Si no sos del lado de ellos, te consideran un enemigo” (LN12/1). Las ideas penetraban rápidamente en el dirigente rural, al tiempo que le permi-tía juntarlas con lo que vinimos viendo en cuanto a cons-trucción conceptual en los meses finales del año 2008: es el Gobierno el que ataca “al campo”, invitiendo los tér-minos de cómo había sido presentado mediáticamente el conflicto en el transcurso de dicho año.

Los productores rurales tomaban nota de la novedad. Hacia fines del primer mes del año, en Villa Dolores, provincia de Córdoba, y ante un acto realizado por la Presidenta Fernández de Kirchner, los terratenientes lo-cales agrupados en la FAA y la SRA, con aportes de sus pares de la provincia de San Luis gobernada por el justi-cialista disidente Rodríguez Saá, organizaban una protes-ta con una novedosa propuesta de un clásico cántico de protesta popular, al grito de “se va acabar, se va a acabar, la dictadura de los K” (P12 30/1).

La cuestión de la verdad (y la verdad de la cuestión)

El desgaste reseñado cumple funciones en ambas tác-ticas opositoras mencionadas al comienzo de este artícu-lo: la del golpe institucional o la del triunfo en las urnas en octubre.

De cualquier manera, el clima ya ha sido creado mediá-ticamente, restando aún constatar cuánta carnadura so-cial logrará alcanzar. Sin embargo, tres intervenciones le ponen moño a la construcción ideológica en cuestión. En todas ellas se encuentra presente en forma más o

menos explícita la posibilidad del desarrollo de cualquiera de las dos tácticas presentadas.

La primera de las intervenciones la realiza el diario Clarín, a través de su columna editorial, buscando reali-zar un balance de la situación política del concluido año 2008, en el que lo más destacable resultan el desgaste de la figura presidencial a un año de su asunción y el dete-rioro de la calidad institucional: “El 2008 se ha cerrado con un balance insatisfactorio en materia de política nacional; con serias dificultades para tonificar el funcionamiento institucional, renovar la actividad de los partidos y generar una dinámica de diálogo, con acuerdos y desacuerdos contenidos en la práctica deliberativa de las instituciones representativas.

“(…) El oficialismo debió cargar desde entonces con los costos políticos de la toma de distancia y las posiciones críticas asumidas por el vicepresidente. Del mismo modo, perdió la holgura de la ma-yoría parlamentaria con la que había iniciado el período y encontró serias dificultades para lograr quórum propio.

“(…) Persiste, en síntesis, un acentuado presidencialismo que, combinado con la fragmentación y debilidad de los partidos y la fal-ta de una oposición articulada, condiciona las posibilidades de me-jorar la calidad institucional y las prácticas de la democracia” (C 31/12).

La segunda de las intervenciones en cuestión, realizada ya a comienzos de enero de 2009 en el diario La Nación, en un artículo de opinión del intelectual Natalio Botana, le agrega al deterioro institucional posibles salidas y sus implicancias. Analicémoslos en forma pormenrizada: “(…) si la corrupción sistémica sigue en aumento, mientras se des-cubren sus redes ocultas en el presente y en el pasado inmediato se-guirán prendiéndose luces rojas en el recorrido de la democracia. Aquí habría que trazar la raya de otro ‘nunca más’ so pena de que la corrupción en la democracia se convierta en corrupción de la democracia.

“(…) Luego de tanto dolor, algo hemos aprendido. Pero si bien esas ideologías parteras de la violencia son asunto del pasado (de un pasado, por otra parte, que en nuestro gobierno no quieren recono-cer en su compleja causalidad), hay otro tipo de corrupción más su-til, que encadena al poder con sus sobornos, prebendas y proteccio-nes particulares, y al mismo tiempo lo hace objeto de una retórica hecha de dicotomías absolutas. Una democracia que divide a sus actores entre titulares de la virtud y agentes del vicio es una demo-cracia fracturada que no acierta a recrear una base mínima de mo-ralidad.

“Choque de realidades y choque de estilos: éstos no son los me-jores auspicios para internarse en un año de elecciones. ¿Habrá que llegar a la conclusión de que la dialéctica amigo-enemigo es la cos-tumbre política más arraigada en la Argentina? Quizás exagera-mos adrede, ante la perspectiva que ofrecen los estilos que hemos re-capitulado. A ello concurre una fragilidad institucional tan ostensible que conduce a dudar acerca de la transparencia de los comicios y a reclamar, en consecuencia, veedores internacionales (lo que, por ahora, no ha sido aceptado).

“Los cruces entre las denuncias de corrupción ligadas a la in-munidad y la debilidad de las instituciones son propicios para que prosperen estas visiones agónicas de la política. Todo se acaba, el hundimiento y la catástrofe, para que de esas ruinas renazca un universo distinto sin contactos con el anterior. Son las consignas que propala el Gobierno desde hace un quinquenio y las que replican algunos opositores.


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“Esta es otra cara de la dialéctica amigo-enemigo. La democra-cia, en cambio, defiende el concepto más modesto y menos estridente de que las victorias, siempre parciales, deberían terminar con el go-bernante derrotado yéndose con tranquilidad a su casa” (LN 2/1).

Un gobierno corrupto y autoritario, y la posibilidad del hundimiento institucional. Ante esto, se prepara el clima para que los actuales gobernantes “se vayan a sus casas”. Y si el impulso no alcanza para el golpe, y la salida son las urnas en octubre, se comienza a crear el clima de sos-pecha: si ganan, es porque hicieron fraude. De ninguna manera es posible que permanezcan.

El broche de oro lo coloca, cuando no, Mariano Grondona en su clásica columna de opinión del diario de la familia Mitre de los días domingo. Títula su artículo “El Gobierno y la cuestión de la verdad.” Recién llegado de sus vacaciones, el periodista-filósofo nos permite imaginarnos cuál fue su lectura de playa en esta tempo-rada veraniega: “Uno de los libros que más me han impresiona-do últimamente contiene el debate entre el cardenal Joseph Ratzin-ger y el filósofo italiano Paolo Flores d´Arcais sobre la existencia o la inexistencia de Dios ( ¿Dios existe? , Espasa, 2008). En el momento del debate, Ratzinger estaba a punto de convertirse en el papa Benedicto XVI. Flores, en cambio, es ateo. Las posiciones de ambos no podían ser, en principio, más antagónicas. En el curso del debate, sin embargo, aparecieron sugestivas coincidencias.

“(…) Ambos coincidieron además en exaltar el papel que jugó el papa Juan Pablo II en la derrota final del comunismo, pero, también con el asentimiento de Flores, Ratzinger fue más allá de la definición convencional del comunismo como un sistema que pro-mueve la propiedad colectiva de los medios de producción (una defi-nición ‘económica’) o como un sistema en el que el Estado tiene el poder ‘total’ y por eso también se lo llama ‘totalitario’ (una defini-ción ‘política’), y agregó que, por haberlo padecido en su Polonia natal, Juan Pablo había experimentado en carne propia que, apar-te de sus características económicas y políticas, el totalitarismo co-munista ‘ha destruido las almas mediante la mentira , que fue su verdadera característica.”

No es casual que, en medio de la crisis actual del sis-tema capitalista, haga falta recurrir, aunque sea para de-nostarlo por vetusto, al “fantasma del comunismo”, algo en lo que se ponen de acuerdo el católico más reacciona-rio y un filósofo militante del ateismo. Y el mismo va a ser discutido desde sus raíces económicas, políticas, cul-turales, y hasta filosóficas, hasta el punto de poder defi-nirlo como “el régimen de la Mentira”: “Cuando descalifica-ron al totalitarismo comunista ya no por sus rasgos económicos o políticos, sino por su apelación sistemática a la mentira, Ratzinger y Flores dieron un salto analítico de proporciones al atribuir su esencia a una transgresión moral.

“(…) Este nuevo enfoque pareciera utópico si se toma en cuen-ta que la mentira es una indeseada pero frecuente compañera de la actividad política. (…) ¿Cómo considerar la mentira entonces una característica propia del totalitarismo cuando ella abunda, asimis-mo, en las democracias? Si todos mienten, ¿por qué condenar al to-talitarismo, pero no a la democracia por la misma falla moral?

“(…) Pero esta definición no afecta la naturaleza del totalita-rismo porque éste consiste precisamente, según Ratzinger y Flores, en la sistematización de la mentira. Si ella caracteriza al totalita-rismo y no a la democracia, ¿cuál es el grado de mentira que debe-

ríamos tolerar en la democracia para que no se desnaturalice, al fin, como un totalitarismo disfrazado?”

Al definir al problema del comunismo en su aspecto moral, por ser un “autoritarismo de la Mentira”, Gron-dona se empantana en un terreno más que delicado. ¿Cómo justificar las mentiras de la política en la demo-cracia? Sin embargo, el argumento para salir del lodo lo deja nuevamente limpio de culpa y cargo: “La mentira, por supuesto, es siempre condenable. Suponer, sin embargo, que ella no debiera existir nunca en la democracia sería exigir demasiado. De aquí se deriva que hay dos clases de mentiras en la democracia. Una es aquella a la que apelan con más frecuencia de la deseable los políticos, todos los políticos, sean oficialistas u opositores, duran-te sus debates y especialmente durante las campañas electorales.

“(…) Pero en la democracia también hay mentiras que son in-admisibles. (…). Si se abusa de las mentiras polémicas, durante las campañas, se cae en el vicio en última instancia ‘venial’ de la propaganda. Pero el Estado, sea quien sea el que ocupe en él las posiciones de poder, les debe a los ciudadanos la veracidad cuando ya no se trata de persuadir sino de informar.”

Nuevamente nos encontramos con un argumento que ya hemos visto en acción: la neutralidad. El Estado debe ser neutral. Sus intervenciones deben ser de carácter téc-nico. Y debe transmitir la Verdad, la cual es objetiva. Por suerte, como vimos más arriba, existen “usinas del sa-ber” que se encargan de construir dicha Verdad en forma neutra y transparente. ¿Pero cuáles son, Mariano, los pe-ligros a los que nos enfrentamos cuado el Estado no ac-túa con ese grado de imparcialidad?: “(…) la información oficial que brinda el Estado como tal debe ser veraz so pena de convertirse en propaganda disimulada. Si esta conducta llega a ge-neralizarse, el Estado ya no es democrático, sino ‘absoluto’ y, si ahoga además a los disidentes, se convierte en ‘totalitario’. Aquí es donde entra, como villano de la pieza, no ya las mentiras, sino la Mentira, directamente incompatible con la democracia.”

Por suerte, entonces, tenemos cómo distinguir a un demócrata mentiroso de un populista totalitario. ¿Y en qué grado de la escala de la mentira se encuentra nuestro maltrecho país, Doctor? “Desde las constantes deformaciones del Indec hasta la catarata de anuncios que nos brinda la Presiden-ta desde su atril en eso que se ha llamado la ‘anunciocracia’, desde la presentación de las constantes alusiones al campo como si fueran concesiones a un sector privilegiado y no agresiones a un sector dis-criminado, son muchísimas las denuncias de mentiras que cercan al Gobierno. Cuando se las pronuncia oficialmente desde un Estado que debe ser supuestamente neutro, ¿son ellas mentiras veniales a las que muchas veces conduce la exacerbación de la lucha política o nos hallamos frente a una sistematización de la mentira, frente a un espíritu finalmente no democrático, sino absolutista y peligrosa-mente próximo al totalitarismo que condenaron Ratzinger y Flores en su inspirado debate?” (LN 1/2).

La pregunta final del ideólogo es meramente retórica. Queda respondida con el ataque sistemático realizado desde el arco opositor liderado por autoproclamación por Elisa Carrió, y por la intervención de los organismos financieros internacionales y la embajada de EE.UU. du-rante el mes de enero, tal como lo presagiaba uno de los dirigentes sociales más cercanos al gobierno kirchnerista y, a la vez, quizá no tan casualmente, uno de los más cas-tigados mediáticamente por sus dichos y acciones.

La incontinencia y el contenedor - ANALISIS DE COYUNTURA ... · Desfile de Modelos. Partido(s)...

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