La constitución del trabajo como mercancía: el caso español

Resumen

Este artículo trata sobre el proceso histórico de la apariciónde la fuerza de trabajo como mercancía a través del análisisde algunos de los dispositivos jurídico políticos que se decre-tan y aplican para tal fin durante los siglos XVIII y XIX enel caso Español.Se trata de una modesta contribución a la larga lista de autoresque se han ocupado de la genealogía de la sociedad salarial enEspaña, siguiendo la estela de consagrados referentes a nivelinternacional, como Polanyi, Castel, Foucault o Thompson yque han desvelado las relaciones de poder que subyacen a laevolución histórica del trabajo asalariado, y su artificial centra-lidad en los modernos estados-nación occidentales, aportadodatos y reflexiones para su virtual transformación.

Palabras clave

Sociedad del Trabajo, España, relación salarial, genealogía

THE SETTING UP OF WORK AS A MERCHANDISE: THESPANISH CASE

Abstract

This article reviews the historical process of the emergenceof work as a merchandising element. For this purpose, somedevices decreed and implemented in Spain during the eighte-enth and nineteenth centuries are analysed.This is a modest contribution to the long list of authors whohave focused their work on the genealogy of the salariedsociety in Spain. The theories of internationally importantreferences, such as Polanyi, have been followed. They haverevealed the power relationships behind the historical evolu-tion of salaried work and its artificial centrality in themodern western nation-states. Data and ideas for its virtualtransformation are given.

Key Words

Work Society, Spain, salaried relationship, genealogy

La constitución del trabajo como mercancía: el caso español

Pablo López Calle*Universidad Complutense de Madrid

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AREAS. Revista Internacional de Ciencias SocialesNº 31 / 2012La Gran Restauración: sociología económica de la crisis global y actualidad de la crítica de Karl Polanyi al liberalismo económico(pp. 81-94)

Pablo López CalleDepartamento de Sociología III (Estructura Social), Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Campus de Somosaguas, 28223 MadridE-mail: [email protected]

* El autor agradece los comentarios de los evaluadores anónimos de este artículopropuestos por la Revista Areas, que han ayudado a enriquecer sustancialmente eltexto final.

06 Lopez:Maquetación 1 21/12/12 09:11 Página 81

05 Pascual:Maquetación 1 21/12/12 09:07 Página 80

0. Introducción: La consideración de la capacidad de trabajocomo mercancía y la centralidad trabajo asalariado en elorden social moderno.

«...para extraer valor del consumo de una mercancía,nuestro poseedor de dinero tendría que ser tan afortu-nado como para descubrir dentro de la esfera de la cir-culación, en el mercado, una mercancía cuyo valor deuso poseyera la peculiar propiedad de ser fuente devalor; cuyo consumo efectivo mismo, pues, fuera obje-tivación de trabajo, y por tanto creación de valor. Y elposeedor de dinero encuentra en el mercado esa mer-cancía específica: la capacidad de trabajo o fuerza detrabajo»1.

Genealógicamente hablando, el capital (valor que se valo-riza) surge, como anuncia la cita anterior, cuando los posee-dores de dinero encuentran en el mercado una mercancíamuy particular -la fuerza de trabajo-, cuya utilización pro-ductiva permite obtener, a diferencia de cualquier otra, másvalor que el que costó su adquisición. Y el sistema capitalis-ta surge cuando el capital pasa a gestionar a su vez la produc-ción de esta mercancía ficticia mediante la instauración de larelación salarial como institución central del orden social.

Los epígrafes 1, 2 y 3 de este artículo analizan, de formasumaria, tres etapas de ese proceso en el caso español: el pasodel principio del ‘libre derecho a ganarse la vida’ al principiodel ‘libre derecho a ganarse la vida por el trabajo’, hasta laformalización jurídica del contrato de trabajo y la creacióndel derecho del trabajo. En el apartado de conclusiones hace-mos un breve balance de ese desarrollo a la luz de las profun-das transformaciones económicas y productivas más recien-tes en nuestro país, bajo la óptica del proceso de acumulaciónampliada del capital a nivel global.

Pero antes de esto, no obstante, consideramos necesariauna breve aclaración, más arqueológica, de lo que entende-mos por el citado carácter ficticio de la mercancía fuerza detrabajo, pues con ello pretendemos mostrar dos conexionesfundamentales en el hilo argumental del artículo: en primerlugar, la relación entre las contradicciones de los principiosfundamentales del orden social moderno y la aparición deltrabajo como mercancía, y en segundo lugar la relación entrela aparición del trabajo como mercancía y la formación decapital y el desarrollo del sistema capitalista.

0-A. El trabajo qua mercancía

Karl Polanyi analiza el carácter ficticio de la mercancíafuerza de trabajo en tanto que remite al proceso histórico porel que se lanza artificialmente al mercado una mercancía que,junto a la tierra y al dinero, no ha sido producida bajo con-diciones de libre mercado para su venta en el mercado2.

Pero la definición de mercancía ficticia, para la teoríamarxista, tiene todavía un sentido más profundo, o un alcan-ce mayor. Pues el trabajo aunque se lo considere como tal enel sistema capitalista, ni siquiera llega a ser nunca una mer-cancía: la relación que establece el propietario de la fuerza detrabajo cuando inicia una relación laboral, no es una relaciónmercantil (no vende realmente una determinada cantidad detrabajo), sino que es una relación social (enajena su capacidadde trabajo por un tiempo determinado)3. Por eso Marx hablamás bien del carácter fetichista de la fuerza de trabajo: de sufuncionamiento “como si” fuera una mercancía4.

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Pablo López Calle*Universidad Complutense de Madrid

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2 «El trabajo no es, sin embargo, ni más ni menos que los propios seres humanosque forman cualquier sociedad; y la tierra no es más que el medio natural en cadasociedad existente. Incluir al trabajo y a la tierra entre los mecanismos del merca-do supone subordinar la sustancia misma de la sociedad a las leyes del mercado»(Polanyi, 1989: 71).3 Como veremos más adelante, dicha relación está mediada por la necesidad detener que enajenar su capacidad de trabajo –que no es todavía una mercancía opropiedad- para poder utilizarla en la creación de mercancías o propiedades quele permitan subsistir. De tal manera que el salario que percibe el trabajador estádeterminado por esa necesidad -equivale al tiempo de trabajo necesario parafabricar sus medios de subsistencia- y no al tiempo de trabajo que desarrolladurante dicha relación.4 Marx El Capital, op. cit. libro I, apartado 4: “El carácter fetichista de la mercancíay su secreto”, pp. 87-101

1 [cursivas del autor] Marx El Capital, Libro Primero, Vol 1. Siglo XXI, Madrid,2006: 203. Marx repite el mismo argumento, de varias formas, a lo largo de estaobra: «En realidad la producción capitalista es producción de mercancías comoforma general de la producción, pero sólo lo es, y lo es cada vez más al irse des-arrollando, porque aquí el trabajo mismo aparece como mercancía, porque el obre-ro vende el trabajo, es decir la función de su fuerza de trabajo, y precisamente,como presuponemos, lo vende a su valor, determinado por sus costos de reproduc-ción.» (Libro Segundo, Vol 4: 137).


En cualquier caso, el presupuesto compartido por estos yotros autores cuando se refieren al carácter ficticio de la mer-cancía fuerza de trabajo, remite al hecho de que el proceso demercantilización de la fuerza de trabajo no se asimila a unmero proceso de “liberalización” o “desregulación” sin másde la sociedad estamental [que daría lugar, en principio, a unasimple sociedad de mercado] sino todo lo contrario, al pro-ceso de producción artificial de dichas mercancías que dalugar a la formación del capital.

0-B. Apuntes arqueológicos del lugar del trabajo en el ordensocial

No obstante, si bien la teoría crítica ha puesto de mani-fiesto ese carácter ficticio o artificial de la mercancía fuerzade trabajo y, lo que es más relevante, sus consecuencias paralas clases trabajadoras, nos explica poco de las causas o facto-res determinantes de su génesis. Es decir, son teorías que hantenido tradicionalmente muchas dificultades para librar conel problema del origen, la transformación, y la virtual supe-ración y de sistema capitalista de producción. Quizás porello Marx comienza, conscientemente, su Crítica de laEconomía Política partiendo de ese dato fáctico (esto es,inexplicado): «vivimos [ya] en un mundo de mercancías».

De modo que, como decíamos más arriba, antes de descri-bir el proceso material de la institucionalización del trabajoasalariado como categoría central de las relaciones sociales, espreciso recurrir a lo que podemos denominar una brevearqueología de la relación salarial, o el estudio de los camposde posibilidad en el orden del saber que, en nuestro caso, nospermitan analizar la mercancía fuerza de trabajo –o más exac-tamente, las ambigüedades que encierra- como un productodirecto y necesario de los fundamentos teórico políticos delorden social moderno, o más exactamente también, de lascontradicciones que generan dichos fundamentos.

Veamos cuáles son algunas de esas contradicciones: comoes sabido, esos fundamentos, hablando de forma interesada-mente muy esquemática, remiten a ciertos derechos básicosy universales, tales como la libertad individual y la igualdadde oportunidades, que están orientados a constituir el tipo desociedad que algunos han denominado “de la diferencia entreiguales”, por oposición al sistema estamental basado en la“igualdad entre diferentes” (Pizzorno, 1987). Pero la igual-dad de oportunidades, por ejemplo, supone, al mismo tiem-po, una limitación a lo que ese mismo derecho anuncia: elderecho a la diferencia. Pues el derecho a la adquisición pri-vada de derechos (léase, derechos de propiedad), que es loque define y concreta el derecho más fundamental de todos(la libertad individual) tiene como resultado la diferenciaciónsocial. Así, en la nueva sociedad de la diferencia entre losiguales, la igualdad de derechos significa, más bien, el igualderecho a la diferencia (o justicia como equidad, esto es,igualdad en el procedimiento) (Rawls, 2000).

Y ese igual derecho a la diferencia -léase, a la propiedadprivada- se va a articular precisamente a través del trabajo, en

tanto que nueva institución central de integración y partici-pación del individuo en la sociedad (Meda, 1998). La centra-lidad del trabajo como articulador material de esos derechosestá presente en los principales referentes de la ilustraciónfrancesa: Rousseau, por ejemplo, en 1762, señala al respectoque «el trabajo y el cultivo» son el «único signo de propie-dad que, a falta de títulos jurídicos, deben respetar losdemás» (Rousseau, 2004: 75); Turgot, el fisiócrata, enciclope-dista, y ministro de Luis XVI, lo dice más claro en 1776, enel Édit sur l’abolition des jurandes: «Dios, al dar al hombrenecesidades, al hacer necesario recurrir a su trabajo, ha hechodel derecho de trabajar la propiedad de este hombre, y estapropiedad es la primera, la más sagrada y la más inprescrip-tible de todas». En nuestro país, Jovellanos, uno de los máxi-mos exponentes del pensamiento liberal ilustrado a finalesdel siglo XVIII, sostiene en 1785, en esos mismos términos,que «El hombre debe vivir de los productos de su trabajo [...]de este principio se deriva el derecho que tiene todo hombrea trabajar para vivir; derecho absoluto, que abraza todas lasocupaciones útiles y tiene tanta extensión como el vivir y elconservarse. Por consiguiente, poner límites a este derecho esdefraudar la propiedad más sagrada del hombre, la más inhe-rente a su ser, la más necesaria a su conservación»(Jovellanos, 1859: 36).

Pero el trabajo, en la medida en que es la relación socialjurídicamente establecida para el ejercicio de esos derechoscitados, también articula sus contradicciones: el derecho altrabajo no consiste sino en el libre e igual derecho paraadquirir derechos particulares (derechos de propiedad), esdecir, que es realmente un no-derecho: pues supone más bienla obligación de adquirir derechos por el trabajo5. En otrostérminos, la capacidad de trabajo es la única propiedad inalie-nable con la que cada sujeto viene al mundo, y con cuyo libreuso alcanza el estatus que merecidamente le corresponde enla jerarquía social. Pero tener capacidad de trabajo no estener trabajo, pues la capacidad de trabajo no es exactamen-te una propiedad -así como el trabajo no es realmente unamercancía-; es sólo una potencialidad. La capacidad de traba-jo no es nada sin el acceso a los medios de producción -pro-piedades- que permiten usarla y crear mercancías con ella(propiedades). Dicho mejor: «El derecho al trabajo lo quehace no es proveer de subsistencia, sino procurar la subsis-tencia por el trabajo» (Castel, 1997: 205)

Así es, si bien la libertas moderna, en origen, tiene una defi-nición negativa que es compensada por una definición positiva(la primera remite a la ausencia de restricciones que tiene el indi-viduo para hacer algo y la segunda a la capacidad de hacerlo)(Berlin, 1988: 205-211), en la medida en que la capacidad dehacer algo está circunscrita al trabajo cual propiedad inaliena-ble y es más bien la obligación de ceder parte de esa capacidadpara poder utilizarla, el sentido de la libertad, como se ha escri-

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5 Marx señala explícitamente, como apuntábamos más arriba, que el contrato detrabajo, por esta razón, es una ‘fictio iuris’, MARX, El Capital, op. cit. 2006, LibroII, p. 215.


to también, bascula únicamente a su carácter de libertad nega-tiva. Libertad como ausencia de obligaciones «pero también deapoyos» o lazos, advierte el recién citado Castel.

Estas transformaciones, veremos, culminan y se concre-tan en el contrato de trabajo, como fórmula jurídica específi-ca, ajena al derecho mercantil común, arbitrada para articu-lar el intercambio de esta mercancía tan particular: por mediodel contrato de trabajo el asalariado cede su capacidad de tra-bajo, vendiéndola cual [falsa] mercancía, para poder disponerde ella. De tal forma que, de lo que realmente dispone elobrero es del valor de su fuerza de trabajo, no del valor queésta puede desplegar al ser usada por su comprador. Y esadiferencia constituye el plusvalor (Marx, 2006: 179-215). Deeste modo, la aparición de la capacidad de trabajo como mer-cancía da lugar a la formación de capital, y del sistema capi-talista, mediante dos mecanismos de subsunción del trabajoen el capital: la explotación, en tanto que relación social quedefine la obtención de plusvalor –capital-; y la alienación,que presenta la relación social real que articula la necesidaddel obrero de ceder su capacidad de trabajo como una mer-cancía, como si fuera una relación económica de intercambiolibre de una determinada cantidad de trabajo entregada porel obrero a cambio de su equivalente monetario.

En los siguientes apartados, como anunciábamos, trata-mos de reconstruir la lógica de este proceso dividiéndolo entres fases diferentes: 1. El establecimiento de esa suerte de“dictadura de la necesidad” que consigue la disolución de lasinstituciones del feudalismo mediante la instauración del“libre derecho a ganarse la vida”; 2. La artificial centralidaddel trabajo como única forma lícita de integración y partici-pación del individuo en la sociedad; y 3. La formación delcontrato de trabajo y el derecho del trabajo.

1. El “libre derecho a ganarse la vida”

El estudio de la génesis del trabajo asalariado a través delperíodo de reformas liberales que se van a suceder en nues-tro país desde mediados del siglo XVIII hasta finales del sigloXIX, pasa por recordar cómo se construye el principio jurí-dico del libre derecho a ganarse la vida del liberalismo enoposición al supuestamente antagónico carácter normativodel feudalismo (decimos que supuestamente porque, comoveremos, la oposición feudalismo-liberalismo, remite a ladistinción exclusivamente hermenéutica –del lado del obser-vador- entre qué hechos sociales son procesos constituyentesy cuáles responden a órdenes constituidos).

Ello no sólo por razones históricas, sino también analíti-cas, pues, como decíamos líneas arriba, lo que dota de conte-nido positivo a las medidas de reforma que dan lugar alEstado Liberal, dada la mencionada fragilidad de su anda-miaje teórico propio, es precisamente su carácter derogadoro desregulador de las normas de la sociedad estamental: elcontractus, se ha dicho, encuentra su definición positivacomo negación del estatus.

Esta nueva forma de sociabilidad espontánea asentada en laidea de libertad como negación de lo normativo-tradicional laencontramos claramente dibujada, por ejemplo, en la obra deJovellanos, quien escribirá aquello de: «Cortemos, pues, de ungolpe las cadenas que oprimen y enflaquecen nuestra industriay restituyámosla de una vez aquella deseada libertad, en queestán cifrados su propiedad y sus aumentos», argumentandoque una vez establecida la citada libertas, disminuyendo la «leyal mínimo posible», y dando «a la propiedad individual de latierra y del trabajo el máximum posible», el orden social selogrará por la armonización espontánea de las acciones y pro-yectos individuales movidos por el deseo individual, dejandoque «el interés personal siga su acción y busca[ndo] en él elestímulo que neciamente se espera de las leyes y reglamentos».Puesto que incluso, apostilla, «cuando un individuo desatien-da el interés general, la sanción se hará efectiva en forma depérdida» (Jovellanos, 1859: 38 y 369)6.

1-A. Disolución de las corporaciones y los privilegios

Conocemos bien la materialización de este sistema de pen-samiento: durante la segunda mitad del siglo XVII ya se habíagenerado un notable incremento de los argumentos en favor dela disolución de lo que entonces, genéricamente, se designaba lasociedad de los “privilegios”, para recordar la emblemáticaobra de Sieyès, en la que por una parte, mediante la adscripciónterritorial o jurisdiccional quedaba prescrito el destino de lossúbditos, como sabemos, se determinaba en gran medida el

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6 En su influyente Informe sobre la Ley agraria argumenta Jovellanos, en los mis-mos términos que «las causas del atraso [en la agricultura] están por la mayor parteen las leyes mismas [...] el favor de las leyes no estriba tanto en presentarle estímu-los, como en renovar los estorbos que retardan su progreso: en una palabra, que elúnico fin de las leyes respecto de la agricultura debe ser proteger el interés de susagentes, separando todos los obstáculos que pueden obstruir ó entorpecer suacción y movimiento [...] aquélla lucha de intereses establece naturalmente unequilibrio que jamás podrían alcanzar las leyes. [... Las leyes por tanto] deben redu-cirse a proteger el interés particular de sus agentes [...] proteger este interés esremover los estorbos que se oponen a la tendencia y movimiento natural de suacción» (Jovellanos, 1955: 10).7 Por ejemplo en el llamado Bajo Imperio existía una variada clasificación de statusmás allá de los estamentos privilegiados: los siervos, tanto antiguos esclavos manu-mitidos como antiguos hombres libres que, al ser ocupadas sus tierras por el Estado,quedaron sujetos al poder territorial -adscriptio terrae-, y que poseían un estatutojurídico distinto del esclavo, en cuanto que se les reconocía la naturaleza de persona,y no la de mera cosa. Aunque su condición era, como la del esclavo, hereditaria, que-dando el siervo obligado, con independencia de su voluntad, a prestar servicios a suseñor. Los colonos —servi e incluso libres—, gozaban de algunos atributos de auto-nomía, aunque en muchas ocasiones se encontraban, de facto, en una situación defuerte dependencia respecto de los propietarios, pues, en función de sus diferentesestatus (tributarios, solariegos o payeses de remesa) tenían libertad de movimientomuy restringida, en cuanto que se encontraban adscritos a la tierra y eran enajenadosjunto con ella. Luego la literatura distingue otras figuras: dentro de la categoría dehombres no libres había siervos domésticos, cuya situación se confundía con la delos esclavos; los siervos rurales, dotados de cierta autonomía económica, aunquesujetos a pesadas cargas personales y fiscales, los «libres de segundo orden», los«pobres» [quienes veremos que tienen un estatuto reconocido], los esclavos manu-mitidos, los “protegidos”, etc... De otra parte había los semilibres, que, gozando de“personalidad”, carecían de libertad de profesión y domicilio y se vinculaban a unseñor a través de pactos de benefactoría o encomendaciones; y algunas curiosas figu-ras de servidumbre —obnoxatio, dedicatio, donatio puerorum— consistentes en laentrega de personas libres al servicio de iglesias, abadías y santos patronos.


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estatus y la forma de vida y trabajo de cada súbdito7 (esto es, lasacciones del individuo eran resultado de su identidad, y no alcontrario, como se presupone para el nuevo hombre de carác-ter: autodeterminado). Y por otra, mediante las corporacionesgremiales quedaban fuertemente regulados los sistemas de dis-tribución de bienes y servicios, así como el acceso al trabajo8.

De tal modo que las primeras tentativas de transforma-ción de las relaciones de vasallaje habían arrancado a media-dos del siglo XV. Por ejemplo, los siervos quedan liberadosde su vinculación personal al señor en Castilla en 1480; enCataluña Fernando el Católico suprime, en la Sentencia arbi-tral de Guadalupe de 1486, el famoso ius maletractandi, y sesancionan malos usos o abusos del señor frente a sus siervos;en Aragón, sin embargo, es preciso esperar la llegada delsiglo XVIII (1707) cuando la política ilustrada afrancesadadel primer Borbón, Felipe V, extiende, mediante los decretosde nueva planta en Aragón, Valencia, y más tarde enCataluña, el nuevo modelo político y administrativo castella-no de tendencia igualitarista a esos territorios.

Por otra parte, si bien los primeros intentos de debilita-miento de las corporaciones gremiales son algo anteriores,pues se localizan ya en los siglos XIII y XIV, ello no suponeen primera instancia abrir el camino hacia la liberalización delmercado de trabajo y de las actividades industriales, sino sim-plemente están dirigidos a limitar la autonomía de esas orga-nizaciones para determinar sus propias normas reguladoras,en favor del poder territorial o jurisdiccional (MontoyaMelgar, 2010: 60), cayendo de este modo en manos de lanaciente aristocracia mercantil urbana tan característica delparticular modelo español de desarrollo económico y socialdecimonónico. De forma que no será hasta mediados del sigloXVIII cuando realmente se puede hablar también de unaapuesta seria por la disolución del sistema gremial en nuestropaís. Un momento histórico en el que definitivamente lalibertad de industria, comercio y trabajo será saludada comola piedra clave del «nuevo orden»; y la libertad mercantilcomo «la estrella polar que nunca deberá perderse de vista»9,

y en el que, por lo tanto, el régimen gremial aparece como unade las principales instituciones «contra la libertad». Toda vezque, por ejemplo, se dirá: «la exclusión de los artífices máshábiles [provocada por la ausencia de un mercado de trabajoliberalizado] fomenta la ignorancia, la vanidad y la desidia delos Gremios y pone al público en la necesidad de tener queservirse de operarios que por favor o dinero han llegado a sermaestros sin tener la habilidad competente»10.

Con la llegada al trono de Carlos III en 1759 y de su equi-po de ministros y colaboradores ilustrados y reformistas(Floridablanca, Campomanes, Aranda, Olavide, Gálvez,etc.) se aceleran estas transformaciones. En primer lugar, seprocede a universalizar el libre acceso al trabajo, derogandolas normas y reglamentos que impedían desempeñar oficiosy negocios a determinados estamentos. Por ejemplo, la realresolución del 18 de Marzo de 1783 decreta la Habilitacionpara obtener empleos en República los que exercen artes y ofi-cios, con declaracion de ser estos honestos y honrados,Derogando las Leyes 2 y 3 Tít. I Lib. 6 de la Recopilación de1775, donde se prevenía «que los caballeros para gozar de lacaballería no vivan en oficios baxos de sastres, pellejeros, car-pinteros, pedreros, herreros, tundidores, barberos, especie-ros, regatones ni zapateros, ni usen de otros soficios baxos yviles». Ya a comienzos del siglo siguiente, Carlos IV, en laReal Orden de 4 de Septiembre de 1803 se hace referenciadirecta a las prevenciones vigentes que mantenían alejadas ala nobleza y la hidalguía del trabajo: pues «por haberse decla-rado en esta cédula de 18 de marzo honrados todos los ofi-cios mecánicos, no sirve ya de impedimento su exercicio paracondecorarse con qualquiera hábito Militar» sosteniendoque «la verdadera inteligencia de dicha cédula es, que solo laociosidad, la vagancia y el delito causan la vileza; y que nin-gun ofixio dexa de ser bueno, como que no ofende á las cos-tumbres ni al Estado, antes bien fomenta uno y otro».

Y, por su puesto, entre 1811 y 1814 estas ideas tomaránforma durante la corta vida del gobierno doceañista en leyestan decididas como la de la Abolición de los señoríos y car-gas feudales; Las leyes Agrícola y Ganadera; o la Ley deComercio y la Ley de Industria, antecedida de la derogacióndel Estatuto de los Artífices, que declara la libertad de los ciu-dadanos para «establecer las fábricas y artefactos de cual-quiera clase que les acomode, sin necesidad de permiso nilicencia alguna», así como la facultad de «ejercer librementecualquiera industria ó oficio útil, sin necesidad de examen,título ó incorporación a los gremios respectivos cuyas orde-nanzas se derogan en esta parte», que es casi una transposi-ción de la más conocida Ley de Chapelier francesa de 1791.

La vuelta al poder de Fernando VII no supone tampocoun cambio sustancial en las medidas liberalizadoras delcomercio y el “libre ejercicio de las artes”: por ejemplo la

8 El gremio, como es sabido, se regía por unas Ordenanzas que regulan casi todaslas esferas del ámbito laboral y productivo, y se hallaba integrado por tres estamen-tos profesionales: los maestros, los oficiales o compañeros y aprendices. Los con-tratos de entrada eran individuales y se hacían entre el maestro, de un lado, y losaprendices y oficiales, de otro. Durante la vigencia del contrato de aprendizaje, elmaestro era titular de una serie de poderes y deberes sobre el aprendiz (derecho decustodia y vigilancia, deber de enseñanza y trato adecuado, etc.) mientras que esteúltimo —o sus padres o familiares— se obligaba a satisfacer una cantidad regla-mentaria a cambio de la instrucción recibida. Cumplido el período de aprendizaje(en torno a 10 años, a contar a partir de los 9 años de edad), el aprendiz se conver-tía en valet (criado), denominación que con el tiempo se transforma en la más usualde compagnon (compañero, oficial). Y el oficial se integra nuevamente en la orga-nización gremial celebrando un contrato como un maestro, previa oferta de susservicios en lugares públicos acostumbrados (plazas, proximidades de iglesias,etc.). Los oficiales y, en algunos casos, los mismos aprendices, accedían al grado demaestros mediante la realización de exámenes realizados por el gremio local.9 Valentín de Foronda, a quien corresponden estas afirmaciones, es otro de losreferentes políticos del liberalismo español de finales del XVIII, llegando a serencargado de asuntos económicos del reino de España en Estados Unidos, la citacorresponde a sus Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la economía política,Tomo I, Madrid, 1787 (en Borrajo Dacruz, 1996: 69).

10 Bernardo Ward, ministro de economía de Carlos III, en su Proyecto económico enel que se proponen varias providencias, dirigidas a promover los intereses de España,con los medios y fondos necesarios para su planificación, Real Junta de Comercio yMoneda, Obra Póstuma, Madrid, 1779, la cita está en el Discurso preliminar.


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Circular del 20 de junio de 1815 (C.L. Tomo 2º p. 465), aun-que mantiene todavía la posibilidad de establecer ordenanzasgremiales en las corporaciones formadas, anula todo lo quepudiera «causar monopolio por los gremios; lo que sea per-judicial al progreso de las artes y lo que impida la justa liber-tad que todos tienen de ejercer su industria». Y a su muerte,su mujer inicia la regencia también con una decidida políticaliberalizadora en estos asuntos: el 20 de agosto 1834 promul-ga el Decreto Libertad en las asociaciones gremiales y en elejercicio de industrias, que declara que «la clave para el buenfuncionamiento de este sector de la vida de la sociedad era lalibre concurrencia del trabajo y de los capitales» y el Decretode 20 de enero dicta las reglas a las que deben sujetarse lasordenanzas gremiales prohibiendo aquéllas «destinadas ámonopolizar el trabajo en favor de un determinado númerode individuos» y declarando que no serían aprobadas lasordenanzas contrarias a «la libertad de fabricación» o a la«concurrencia indefinida del trabajo y de los capitales».Dando paso a cuatro décadas de consolidación del estadoliberal en España.

1-B. Conversión en propiedad privada de la tierra y su mer-cantilización: desvinculación y desamortización.

Pero decíamos que para el pensamiento liberal la liber-tad individual, entendida como derecho a la diferencia, noes nada -y se encuentra anudada estrechamente a ella- sinuna propiedad privada que la concrete. El proceso de pri-vatización de la propiedad de la tierra -principal medio deproducción en la fase de la “acumulación originaria”- y elde su puesta en circulación mercantil se corresponden conla sucesión de dos procesos jurídicos bien definidos: la des-vinculación y la desamortización. Por la desvinculación,que se lleva a cabo en las primeras décadas del siglo XIX,los bienes, las tierras se hacen libres en sus mismos posee-dores, y se procede, por tanto a su posterior cercamiento11.Al mismo tiempo y con ello, como veremos más abajo, secontractualiza la relación entre arrendadores y propieta-

rios12. Por la desamortización -que se realiza como es sabi-do sobre tierras que no se trabajan ni se ofertan en el mer-cado-, sus poseedores los pierden, pasan al Estado, bajocuyo dominio son bienes nacionales, éste los vende a par-ticulares, y al adquirirlos los compradores, estas se hacenmercancías.

Atendiendo a la lógica argumentativa de Jovellanos en suInforme sobre la ley agraria, la desvinculación y cercamien-to de la tierra supone la eliminación de prerrogativas huma-nas, que por tradición o privilegio, como es el caso de laMesta (objeto de sus ataques más duros), limitan o desnatu-ralizan el derecho de propiedad individual, definida estacomo el medio principal para ejercer la libertad individual:«todo debe estar cercado sobre sí porque todo puede presen-tar en su cuidado y aprovechamiento exclusivo un atractivoal interés individual». Y por supuesto es necesario ademásque los intercambios de propiedad se hagan con dinero, envez de en grano, pues en el primer caso «interviene el merca-do global y no la particularidad de la relación» (Jovellanos,1795: 65,75). Como se ve, el derecho de propiedad moderno,en coherencia con el ya citado principio de “libertad negati-va”, implica necesariamente apostillar la naturaleza privadade la propiedad, ya sea de un individuo o de una colectividad.Pues incluso la propiedad pública se hace privada en el senti-do fuerte del término: propiedad privada-a-los demás. Demanera que la atribución de toda la propiedad a un conjuntofinito de propietarios es lo que permite la articulación de lasociabilidad través del mercado, ya sea mediante su venta omediante el arrendamiento del derecho sobre su uso. Ya quees lo que da lugar al mundo de escasez necesario que posibi-lita el principio del igual derecho a la propiedad, es decir, elacceso a ella mediante el tiempo de trabajo personal, omediante su intercambio por otra propiedad equivalente.

De esta forma, como decíamos, es a partir de este previoproceso de desvinculación, como se puede plantear el proce-so de desamortización, toda vez que los ilustrados liberalesde mediados del siglo XIX llevaban razón al afirmar que«mientras el labrador no goce íntegramente del fruto de susafanes, el derecho de propiedad no pasará de ser una falacia,y su vida será precaria y miserable, y no tendrá término lasluchas sociales, sin que las leyes más severas sean poderosas

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11 Así el Decreto de desvinculación CXXXV de 1812 de las Cortes Generales yextraordinarias reza: «Los señorios territoriales y solariegos quedan desde ahoraen la clase de los demas de propiedad particular [...] VIº Por lo mismo los contra-tos, pactos ó convenios que se hayan hecho en razón de aprovechamientos, arrien-dos de terrenos, censos, ú otros de esta especie, celebradas entre los llamados seño-res y vasallos, se deberán considerar desde ahora como contratos de particular áparticular». Más tarde, sale el Decreto CCXIV de 4 de enero de 1813 Sobre redu-cir los baldíos y otros terrenos comunes á dominio particular: suertes concedidas álos defensores de la patria y á los ciudadanos no propietarios: «...considerando quela reducción de los terrenos comunes á dominio particular es una de las providen-cias que más imperiosamente reclaman el bien de los pueblos y el fomento de laagricultura é industria, y queriendo al mismo tiempo proporcionar con esta clasede tierras un auxilio á las necesidades públicas, un premio á los beneméritos defen-sores de la patria, y un socorro á los ciudadanos no propietarios, decretan: art. ITodos los terrenos baldíos ó realengos, y de propios y arbitrios […] se reducirán apropiedad particular». Art. II «De cualquier modo que se distribuyan estos terre-nos, será en plena propiedad y en clase de acotados, para que sus dueños puedancercarlos […] disfrutarlos libre y exclusivamente , y destinarlos al uso ó cultivo quemas les acomode; pero no podrán jamás vincularlos, ni pasarlos en ningún tiemponi por titulo alguno á manos muertas»

12 El decreto CCLIX de Junio de 1813, que es la versión española de las leyes de“enclosure“ dictadas en Inglaterra justo cincuenta años antes, sobre Varias medidaspara el fomento de la agricultura y ganadería dice así: «Todas las dehesas, hereda-des, y demás tierras de cualquiera clase, pertenecientes á domino particular, ya seanlibres ó vinculadas, se declaran desde ahora cerradas y acotadas perpetuamente, ysus dueños ó poseedores podrán cercarlas sin perjuicio de las cañadas, abrevaderos,caminos, travesías y servidumbres, disfrutarlas libre y exclusivamente, ó arrendar-las como mejor les parezca, y destinarlas á labor, ó á pasto, ó á plantío, ó al uso quemas les acomode; derogándose por consiguiente cualesquiera leyes que prefijen laclase de disfrute á que deban destinarse estas fincas, pues se ha de dejar enteramen-te al arbitrio de sus dueños». Igualmente, el Decreto del 29 de Junio de 1822,durante el llamado trienio liberal, volverá a declarar, en su título I, que «todos losterrenos baldíos y realengos y de Propios y Arbitrios, así en la Península e islasadyacentes como en Ultramar, se reducirán a propiedad particular, exceptuando losde las cuatro sierras nevadas de Segovia, León, Cuenca y Soria y los égidos necesa-rios a los pueblos».


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a impedirlo» (Florez Estrada, 1839:14). Quizás por ello fue-ron infructuosos los numerosos procesos de desamortiza-ción de bienes de “manos muertas” previos a los dos másconocidos: la desamortización eclesiástica de 1836, deMendizábal, y la de bienes civiles de 1855, promovida en estecaso por Madoz. El objetivo declarado de estas leyes no con-sistía primordialmente en «una operación mercantil ni unaoperación de crédito, sino [como un medio para] traer aEspaña animación, la vida y la ventura. Completar su restau-ración política, crear una copiosa familia de propietarioscuyos goces y existencia se apoyen, principalmente, en eltriunfo completo de las actuales instituciones» (preámbulo ala Ley de desamortización de 1836). Y, aunque también fueun oneroso instrumento de financiación para las arcas públi-cas, o al menos para los intermediarios, las desvinculacionesy desamortizaciones, también provocaron, como se preveía,una profunda transformación social y económica en el agroespañol.

Como se sabe, la tierra no cambió de manos: tanto enaquéllas regiones en las que predominaba el latifundio comoen las que predominaba la pequeña propiedad, fueron lospropios propietarios los que la recompraron. No obstante, lamercantilización del acceso a la tierra provocó un fuerteincremento del precio y de la renta, y por extensión una caídade los jornales. Generando la expulsión de una gran parte delos jornaleros y aparceros en zonas de latifundio y, en zonasde pequeña propiedad, la necesidad de esos campesinos decompletar sus ingresos contratándose en industrias rurales.En definitiva, como hoy sabemos, este proceso “liberó” unaconsiderable cantidad de brazos sin recursos sumidos en lagrave “crisis de subsistencias” finisecular, que daría lugar alprimer gran éxodo rural en nuestro país en el cambio de siglo(Herr, 2004: 144).

2. El libre derecho a ganarse la vida por el trabajo y el trata-miento de la exclusión social.

En la etapa de liberalización transicional del feudalismoal capitalismo descrita más arriba el trabajo no podía sertodavía, aunque ya estaba anunciada su centralidad, la insti-tución nuclear de integración social y autorrealización perso-nal del individuo en la sociedad, para recordar la aceptada eimportante función que le otorga Dominique Méda (Méda,1999). Pues, tal y como se formalizó en los Códigos de prin-cipios del siglo XIX, al declararse la libertad de industria selegalizó también la libertad de trabajo (Borrajo Dacruz,1996:75), pero ello, claro está, no señalaba al trabajo asalaria-do como el único medio de ganarse la vida. O dicho de otramanera, trabajo, asimilable a negocio, podía significar cual-quier forma de subsistencia, cubriendo bajo su paraguassemántico formas de vida tan dispares como la del rentista, elusurero, el mendigo, el buscón, y un largo etcétera.

Pues, si bien es cierto que la reforma liberal había arram-blado, al menos formalmente, con todas las relacionaridades

(haciendo tabula rasa de cualquier privilegio social y econó-mico obtenido por adscripción), a partir de ese punto de rup-tura originario -míticamente imaginado como un momentoconstituyente, o pacto social, entre individuos desinforma-dos y desprovistos de toda otra propiedad que no fuera lapropia capacidad de trabajo-, aparecerán necesariamentenuevos particularismos: nuevos lazos sociales; nuevas des-economías; nuevas desigualdades sociales. En definitiva, nue-vos privilegios que, en tanto que tales, coartarán las liberta-des individuales pero serán al mismo tiempo su producto.Pues la contradicción en los términos que encerraba la fór-mula ‘igualdad como igual derecho a la diferencia’ (concreta-da en la desigual distribución de la propiedad privada) (vid.p.7), en tanto que principio esencial de la sociabilidad distri-butiva articulada por el mercado, sitúa la producción de ladesigualdad social (la acumulación de capital) como condi-ción de la equidad y la libertad individuales, pero a su vez laslimita.

Como hemos dicho antes, con ello se abre un campointerpretativo, que se resuelve en claves morales aparente-mente técnicas13, en torno a la “fina distinción” -objetiva-mente indecidible- entre las diferencias sociales adscritas oilegítimas y las diferencias sociales adquiridas o legítimas. Locual va a tener una importante consecuencia: la asignación deun papel activo al Estado en la construcción y mantenimien-to del orden social, tanto para ejercer funciones redistributi-vas, como para controlar y discriminar entre formas lícitas eilícitas de ganarse la vida.

De tal manera que dicha diferenciación moral entre ciu-dadanos iguales permite también conjugar el control socialdel Estado sobre la ciudadanía con la pervivencia de los prin-cipios del libre mercado. Lo que se concreta precisamente enlos dispositivos de identificación y tratamiento de la exclu-sión social. Pues la consideración del excluido (del no ciuda-dano) es una vía indirecta para definir y moldear al incluido(que no ve afectada su autonomía esencial una vez es recono-cido como tal).

Y este tipo de control positivo, en negativo, se puedeseguir, por ejemplo, y en primer término, mediante el análi-sis de la evolución de la consideración y tratamiento de lapobreza (en cuanto a las formas de respuesta que debe dar elEstado a quienes acuden a demandarle apoyos). Y en segun-do término, en el caso de la vagancia (en cuanto a las formasde persecución que el Estado pone en marcha contra quienesse ganan la vida sin trabajar).

13 En Las pasiones y los intereses (Hirshcmann, 1978) se estudia esta importantetransformación en los principios de la teoría liberal en la segunda mitad del sigloXIX: del principio de sociabilidad de la pasión compensadora smithiano caracte-rístico del liberalismo inicial (‘cada uno persiguiendo su propio beneficio confor-mará el mejor de los órdenes posibles’) al del interés, en tanto que capacidad -noinnata sino adquirida por medio de la socialización- de dominar las pasiones ydistinguir entre acciones racionales-pasionales y acciones razonables-interesa-das. O lo que es lo mismo: entre formas lícitas o ilícitas de ganarse la vida, y entreformas de desigualdad justas y beneficiosas para el cuerpo social, o injustas yperjudiciales.


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2-A. Del reconocimiento del pobre de solemnidad a la iden-tificación del pobre válido para el trabajo

Según la Novísima Recopilación (1806) las primeras noti-cias que tenemos de la preocupación del poder real sobre lacuestión de la pobreza -tradicionalmente gestionado por laiglesia-14, datan de 1523, cuando en las Cortes de Valladoliduna petición real decretaba que Los pobres no anden por lospueblos de estos Reynos, y cada uno pida en el de su natura-leza.: «mandamos, que porque de andar generalmente lospobres por estos nuestros Reynos se sigue que hay muchosholgazanes y vagabundos, que no puedan andar ni andenpobres por estos nuestros Reynos, vecinos ni naturales deotras partes, solo que cada uno pida en su naturaleza». Y aña-día: «Mandamos que las personas que verdaderamente fue-ren pobres, y no otros, puedan pedir limosna en las ciudadesy villas y lugares de nuestros Reynos donde fueren naturalesy moradores, y en sus tierras y jurisdicciones».

No obstante, la pauta general que, como en otros paísesde nuestro entorno siguen las leyes de pobres en la fase inicialde transición del feudalismo al capitalismo, es simplemente lade la distinción entre el falso pobre y el verdadero, conser-vando, para este último, la asignación de un estatus específi-co y funcional en la sociedad. Así, y por lo que sabemos,durante el siglo XVII se sucede la legislación basada en esospostulados: v.g. en 1671 el Registro de mendigos de la Corte,y licencia á los verdaderos pobres para pedir limosna contablilla, y en 1684 la Espulsion de forasteros de la corte ymodo de pedir limosna los verdaderos pobres en ella, se limi-ta a retirar la limosna a aquellos pobres que no lo son, pero areconocer institucionalmente a los que sí la necesitan.

Sin embargo, a mediados del siglo XVIII las cosas empie-zan a cambiar, cuando, también siguiendo la estela de otrospaíses europeos15, algunos ministros liberales como el ya cita-do Bernard Ward plantean la cuestión asistencial no sólocomo un asunto privado concerniente a principios ético-morales, y que genera exclusivamente problemas de gasto yorden públicos, sino como una cuestión social que concierne,nada más y nada menos, que al funcionamiento mismo delsistema capitalista: pues, por una parte, considerar la pobrezacomo una condición implica, en cierto modo, reconocer que

existen formas de desigualdad social insuperables y adscritasa determinados estratos sociales. Pero por otra parte, la cari-dad desincentiva al que es reconocido como tal para dejar deserlo, y, lo que no es menos importante, disminuye la compe-tencia en el mercado de trabajo entre los que no lo son.

De tal manera que, con el propósito de integrar a la pobre-za en la sociedad como una situación transitoria de algunosindividuos -nunca los mismos- y dotar de trabajo a los pobresque pueden realizarlo y dejar de serlo “por sí mismos”, se esta-blece un programa general basado en tres puntos: encauzar lacaridad, procurar el mantenimiento asistencial de los pobresinútiles y facilitar una ocupación a los válidos y desempleados.Para lo cual, entre otras cosas, se creará la Hermandad de laObra Pía, que además de coordinar esas actuaciones tendrá lamisión de realizar una encuesta oficial para identificar el núme-ro y la calidad de los pobres sin trabajo susceptibles de trabajar.

El 18 de noviembre de 1777 ve la luz la Real Orden sobreel Recogimiento de los verdaderos pobres al hospicio deMadrid, y aplicación á otros destinos de los mendigos hábilesy vagos, que es uno de los más claros ejemplos de esta políti-ca, y que se justifica de la siguiente manera:

«Debiendo impedir, como soberano y padre de mispueblos, el abuso de la mendicidad, de que provienen elabandono del trabajo útil y honesto, y nace la multitudde vagos de ambos sexos, en quienes se pervierten lascostumbres, y forma una especie de manantial perennede hombres y mugeres perdidas; he resuelto, que encada uno de los sitios reales se formen un recogimien-to provisional, donde á costa de mi Real erario se man-tengan los que fueren aprehendidos pidiendo limosna,para conducirlos despues al hospicio de Madrid, en elcuál permanecerán, si fueren verdaderos pobres impe-didos, ó en tal edad que puedan recibir con fruto lanecesaria educación; entregándose á la justicia losdemas vagos y mendigos hábiles para su aplicación álos destinos prevenidos por Reales órdenes: pero deseoevitar, que esta providencia comprehendida á las perso-nas que, teniendo domicilio ó alguna ocupacion en lospueblos inmediatos á la corte y sitios reales, abandonansus trabajos y vienen á recoger la limosna por abuso ymal entendida utilidad. A este fin, y para advertir gene-ralmente á todos los que piden limosna, que procurenpor sí mismos enmendarse, [...] exortando también alclero a que concurra a tan piadosos fines, supuesto quesocorre liberalmente á todos los pobres.».

Todavía al propio Carlos III, antes de finalizar su reina-do, le dará tiempo a promulgar la ley XX (del Consejo de 13de marzo de 1778) sobre el Orden y método de policía parael recogimiento de mendigos, que regula el procedimiento deaplicación de la nueva normativa y la Real resolución de 21de Julio de 1780 que promulga la Instrucción y aplicación delos hospicianos á los exercicios, oficios y artes útiles al Estado,con la intención de transformar los hospicios en casas de tra-bajo del estilo de las Workhouses inglesas.

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14 Neyron, en su historia de la caridad, describe esta transición para el caso fran-cés en estos términos: «Durante quince siglos había creído la iglesia que la fe solano basta para la salvación, sin la práctica de las buenas obras... Se pensaba enton-ces que los pecadores, para aplacar la justicia divina, no tenían otro medio mejorque el de multiplicar las limosnas... Lutero, con una palabra, vino a destruir estacreencia: la fe sola bastaba para ganar el cielo... Se volvía casi a la antigüedad paga-na, puesto que no se conocía la caridad, del cuidado de los pobres era una cuestiónde administración y policía» (Neyron, 1927:107).15 Polanyi, por ejemplo, señala la ley de abolición de Speenhamland de 1832-34como el hito que marca el giro copernicano en el espíritu y la orientación las leyesde pobres en Inglaterra. (Polanyi: 1987: 120). Castel retoma esta reflexión para ana-lizarla a partir el cambio que supone al interior del cristianismo el abandono de lallamada “Economía de la salvación”, para la cuál, el rico gana la salvación a travésdel pobre -que, al igual que otros estamentos, desempeñaba una función en elorden social y ocupaba un lugar más en estructura social- (Castel, 1997:46).


2-B. De la separación pasiva entre el pobre válido o inválidopara el trabajo a la persecución activa del vago -rico o pobre-cual parásito social

Un paso más en las políticas públicas de estímulo altrabajo y la discriminación positiva entre formas lícitas eilícitas de ganarse la vida va a significar, como escribíamosmás arriba, la asunción de una actitud activa hacia lapobreza por parte del Estado, cuyos agentes de controlsocial saldrán ahora a buscar directamente a los ociosos,vagos y vagabundos, superando así esa suerte de meraintervención reactiva para con los pobres que demandancaridad, para distinguir posteriormente entre los válidos ylos inválidos para el trabajo y recluirlos en diferentes ins-tituciones.

Fue precisamente en los inicios del trienio liberalcuando el decreto del 11 de septiembre de 1820 instaura-ba esta nueva filosofía en la consideración y la gestión dela exclusión social: pues, además de suprimir las levas seencarga a los responsables municipales y provinciales laidentificación y la gestión de las personas carentes deempleo o modo de vivir conocidos en función de su per-fil: «los gitanos que andan vagando inútilmente, losvagos, holgazanes y mal entretenidos deberán ser apresa-dos, previa información sumaria que justifique esas cuali-dades. Pasados ocho días —plaxos para probar las excep-ciones—, se les enviará, vía de apercibimiento, a las obraspúblicas, casas de corrección, misericordia, hospicios,arsenales u otros establecimientos en donde puedan tra-bajar».

Tras el nuevo período absolutista, en mayo de 1845, yadurante el reinado de Isabel II, se decreta una nueva leycon un título bastante más explícito: la Ley de vagos. Queconsta de veinticinco artículos, distribuidos en tres títulos(calificación y clasificación de los vagos; penalidad y desti-no; y procedimiento) y que toma directamente la vaganciacomo una actividad perseguible, sirviendo de base y puntode arranque de las disposiciones posteriores sobre estamateria16.

De tal manera que, tres años más tarde, descubrimos elnuevo código penal de 1848 que tipificará ya la vaganciacomo un delito en el que incurren nada menos que aquellos(art. 258) «que no poseen bienes o rentas, ni ejercen habitual-mente profesión, arte u oficio, ni tienen empleo, destino,industria, ocupación lícita o algún otro medio legítimo y

conocido de subsistencia, aun cuando sean casados y condomicilio fijo»17.

No obstante, esta última transformación en el tratamien-to jurídico de la exclusión social pone en evidencia otro con-junto de importantes implicaciones en la progresiva confor-mación del trabajo asalariado como único medio de integra-ción y participación social, atribuyéndole nuevas funciones.Por una parte introduce definitivamente la idea de que laexclusión social es una situación y no una condición.Aunque la exclusión necesariamente es un fenómeno estruc-tural para el buen funcionamiento del orden social, es unestado coyuntural para sus individuos, todos son suscepti-bles de caer en ella (y su único seguro es el trabajo personal)y todos son susceptibles de salir de ella (y su único pasapor-te es el trabajo personal), incluso para aquellos que en prin-cipio están incapacitados para trabajar, el trabajo personal vaa ser una de las mejores vías de capacitación (la entonces lla-mada ergoterapia), o empoderamiento, como se dice hoy.

Por otra parte, y aunque algún tiempo después, se va for-taleciendo la idea de que la autonomía de la voluntad que sevincula a la virtud del ciudadano responsable y soberano, nodebe ser sólo expropiada a los que están impedidos física omoralmente para vivir de su personal trabajo, sino también,por arriba de la escala social, a los potentados que viven sintrabajar o sin invertir productivamente sus riquezas aprove-chándose de su situación de privilegio. Y ello porque ese tipoirracionalidades económicas no sólo perjudican al conjuntode la sociedad sino que también, y por eso mismo, les perju-dica a ellos mismos.

De este modo, la condición salarial, al menos formalmen-te, irá abarcando progresivamente a toda la ciudadanía, apesar de que luego, en razón de sus capacidades y esfuerzo,cada clase ocupa distintas funciones en la producción de lapropiedad social, tanto directivas como productivas, perci-biendo por ello su justa remuneración (ya devenga, se dirá,del esfuerzo por la posposición del gasto arriesgando loscapitales y dirigiendo las inversiones con él realizadas, ya seaaportando exclusivamente el trabajo propio). De hecho, elarmonicismo social a finales del siglo XIX y principios delXX asumirá, como uno de sus ejes centrales, esta gramáticacaracterísticamente productivista de las relaciones capital-trabajo que se presentará también como una salida hacia ade-lante del enconado conflicto a que llegará la lucha de clasesen el cambio de siglo: el problema de la cuestión social, seargumentará, no es tanto un producto directo de las contra-dicciones del sistema capitalista sino, al contrario, de sudefectuosa puesta en práctica a causa de los malos usos de

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16 Las divisiones que establece el texto son de indudable interés para nuestrainvestigación, por ejemplo, diferencia entre dos clases de vagos: los simplemen-te vagos y los vagos con circunstancias agravantes (que son además maleantes).Los primeros son «los que no tienen oficio o ejerciendo profesión o industria,no trabajan habitualmente en ello y no se les conocen otros medios lícitos desubsistencia; los que teniendo oficio o ejerciendo profesión o industria, no tra-bajan habitualmente en ellos y no se les conocen otros medios lícitos de subsis-tencia; los que con renta, pero insuficiente para subsistir, no se dedican a algu-na ocupación y concurren ordinariamente a casas de juego, tabernas o parajessospechosos; los que, pudiendo, no se dedican a ningún oficio ni industria y síhabitualmente a mendigar»

17 Años más tarde, y en fechas muy significativas, el 7 de marzo de 1868, se pro-mulgará una nueva Ley especial sobre la vagancia que traspone el texto anteriorrecuperando su esencia: pues atribuye la condición de vago a «—Carecer de bien-es o rentas; no ejercer profesión ni tener destino, industria, arte, oficio o algúnotro medio legítimo y conocido de subsistencia. —No trabajar habitualmentepudiéndolo hacer. —Tener algún recurso, pero insuficiente para subsistir, y con-currir de ordinario a casas de juego o lugares sospechosos, sin dedicarse a ocupa-ciones lícitas».


algunos oligarcas y caciques18, tales como las prácticas clien-telares, el latifundismo, o, diríamos hoy, los movimientosespeculativos.

3. La formalización legal del contrato de trabajo y la crea-ción del derecho del trabajo. Hacia el Estatuto Salarial.

Finalmente el proceso de institucionalización del traba-jo asalariado como categoría central de integración y parti-cipación del individuo en la sociedad, culmina con el reco-nocimiento jurídico de una fórmula contractual específica-el contrato de trabajo- y con la nueva fuente de derechoque va a regular su aplicación -el derecho del trabajo-,abriendo así el espacio propio de funcionamiento del mer-cado de trabajo y la consolidación del denominado estatu-to salarial.

Pero este paso del Estado de Derecho al Estado Socialde Derecho conlleva también la culminación del procesode transición del feudalismo al capitalismo, pues supone elpaso de la denominada por Marx subsunción formal deltrabajo al capital a la subsunción real19. Es decir, si bien entérminos materiales la relación salarial que da origen alsistema capitalista, en su fase de acumulación originaria, seinicia en el momento mismo en el que aparece en el mer-cado esa mercancía inédita en la historia que denomina-mos fuerza de trabajo -producto de la lenta puesta enpráctica de los postulados jurídicos y sociales del progra-ma liberal-, éste supone todavía un modelo de acumula-ción de capital centrado, de manera general o ideal, en laextracción de plusvalor absoluto, esto es, en la llamadaampliación del trabajo excedente20 vía la intensificacióndel trabajo (ampliación de la jornada o incremento de lacarga de trabajo). Pero este modelo de acumulación, ade-más de generar sus propios límites (la extensión y la inten-sificación de la jornada laboral o el pago de salarios pordebajo del valor de mercado de la fuerza de trabajo duran-te esta fase de capitalismo salvaje limitan la propia repro-ducción de la fuerza de trabajo en el medio y largo

plazo21), no es el único que permite la extracción de plus-valor, sino que es posible y necesaria la obtención de capi-tal también mediante el llamado plusvalor relativo, vía elincremento de la productividad del trabajo22.

Y esta posibilidad implica, entre otras cosas, la subor-dinación de los tiempos de producción y reproduccióndel obrero colectivo a la lógica de la circulación globaldel capital, más allá del mero control en el ámbito pro-ductivo de los trabajadores realmente empleados a queda lugar el contrato de trabajo. La institucionalizacióndel estatuto salarial supone la ampliación de las basesjurídicas –y sus contradicciones- del contrato individualde trabajo a la relación salarial como forma general dearticulación de las relaciones capital-trabajo, y de la pro-ducción y la reproducción del obrero colectivo, desarro-llada ahora en el campo del Estado como espacio denegociación. Y ello se produce, como apuntábamos, através de la formación de los derechos sociales y delderecho del trabajo.

3-A. Las metamorfosis del contrato de trabajo

En la doctrina jurídica de la mayor parte de los paíseseuropeos el ‘contrato de trabajo’ aparece con ese nombrerelativamente tarde, entre finales del siglo XIX y princi-pios del XX. Debido precisamente, según la opinión dealgunos juristas, a las dificultades legales que entraña suformalización: pues, como advertimos en la introducción,el aspecto más significativo e idiosincrásico de la relaciónsalarial, es la consideración de la propia capacidad de tra-bajo como objeto de una transacción laboral, lo que supo-ne nada menos que hacer de un derecho inalienable -laautonomía de la voluntad- una cosa enajenable: ‘el arren-

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18 En clara referencia a Oligarquía y Caciquismo, una de las principales obrasdel regeneracionismo español finisecular, (Costa, 1901), pero también a otroenorme caudal de obras, conferencias y artículos periodísticos, en su mayoríade menor alcance teórico y empírico, implicados en el debate en torno a laCuestión Social de finales del siglo XIX. Una buena fuente de referencias entorno a este debate es, por ejemplo, el estudio introductorio de SantiagoCastillo a la reproducción facsímil dirigida por él de La Comisión de reformassociales: Información oral y escrita publicada de 1889 a 1893, (1985), Madrid,Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ed. facsímil, V volúmenes. 19 Los conceptos de Subsunción formal y Subsunción real son tratados enprofundidad por Marx en el libro llamado “VI inédito”: Karl Marx “ElCapital” Libro I- Capitulo VI, inédito. Siglo XXI de Espasa editores Madrid,1973. P. y sig.20 O diferencia entre el tiempo de trabajo desplegado por el trabajador, porejemplo, durante un día de trabajo, materializado en las mercancías que pro-duce, y el trabajo necesario -el tiempo de trabajo necesario para fabricar losmedios necesarios para la subsistencia de ese trabajador durante un día de tra-bajo-, que en la forma del salario designa el precio de su fuerza de trabajo.

21 «El intervencionismo del Estado en la limitación del trabajo industrial de losadultos obedece a razones de interés social, ya que toda labor manual, prolon-gada fuera de medida, tiende a la degeneración de la raza por agotamiento físi-co y la atrofia moral e intelectual del obrero. Justificada está en este concepto,la intervención que ponga límites razonables a la duración del trabajo porcuenta ajena, que se exige a las clases obreras como obligación contraída encompensación de un jornal, y la limitación no aparecerá absolutamente antagó-nica con los intereses económicos de la industria, si se admite que a los excesosde la jornada de trabajo, a la tarea desproporcionada con las energías físicas, vaunida una disminución del rendimiento [además...] se halla sometido a condi-ciones de dureza e insalubridad y a riesgos y peligros que, al excitar grande-mente el espíritu de solidaridad obrera, mostrada y demostrada en la asociaciónpara la resistencia y en reclamaciones reiterada y en la huelga misma, reclamala protección de la más alta institución social». Son palabras de Francisco LargoCaballero en un discurso ante el senado en 1918, que culminan el proceso deinstitucionalización del derecho del trabajo iniciado algunas décadas antes ennuestro país. Tomado de Francisco Acosta Ramírez: “Trabajo y clase dominan-te en la restauración, la legislación laboral en las cortes”, en Santiago Castillo:El trabajo a través de la historia. Actas del II congreso de la Asociación deHistoria social. U.G.T. Centro de Estudios Históricos. Madrid. 1996. pp. 530-547, p. 54522 Ampliación del trabajo excedente vía la reducción del trabajo necesario:mediante incrementos en la productividad del trabajo, por ejemplo, se puede redu-cir el tiempo de trabajo necesario para producir los medios necesarios para lareproducción del trabajador, abaratando los salarios sin que ello afecte a la repro-ducción normal de la fuerza de trabajo


damiento voluntario de la voluntad por un tiempo deter-minado’23.

Cabe apuntar que, con anterioridad a esta formalización,las relaciones salariales se articulaban, de forma más o menosambigua, mediante otras fórmulas contractuales tomadas delderecho civil, como el caso del denominado arrendamientode servicios. Los códigos de principios del siglo XIX, porejemplo, hablaban del «arrendamiento de industria y servi-cios» (código civil de 1821), distinguiéndolo de un contratomercantil cualquiera. Pero este tipo de contrato, en esencia,articulaba más bien la compra venta del resultado del trabajo«concretado en una restitución material»24, esto es, la trans-acción comprendía bien el contenido del trabajo y la formade realizarlo -operae-; bien el resultado -Opus-; bien untiempo de trabajo determinado -operi-; o incluso una deter-minada cantidad de trabajo -una de las diversas categorías deres [cosa]-, pero nunca la capacidad de trabajo misma25.

Por lo demás, en el ámbito de las relaciones de servidum-bre, tampoco el llamado locatio operarum da coberturadirecta al contrato de trabajo, pues consiste en el “arrenda-miento” de la propia persona [locatio hominis], a partir de laconsideración del propio cuerpo como una cosa [locatiobovis], pero no se concibe todavía una separación entre la“fuente” -la persona- del trabajo y la “fuerza” -la capacidad-de trabajo que haga posible su enajenación.

Esta escisión se comienza a producir bajo la instauraciónde una nueva fórmula contractual, mezcla de las dos anterio-res: el llamado arrendamiento de servicios o locatio conduc-tio operarum. Primero la locatio de cosas se empieza a dife-renciar de la de servicios (locatio conductio) (Vaneziani, 1994:55), y en segundo lugar, se distingue la prestación de un ser-vicio de la prestación de la capacidad de trabajo misma, comodescribe Montoya Melgar:

«La estructura fundamental de la locatio—conductiooperarum —que explica incluso la extraña denomina-ción de este contrato— procede del esquema jurídicode la locatio rerum o arrendamiento de cosas. Esteesquema comenzó aplicándose analógicamente alarrendamiento de los esclavos (reputados simples “ani-males de trabajo” o cosas) y más tarde al arrendamien-to de los hombres libres. Todavía en los primeros tiem-

pos del Imperio la locatio operarum se configura comoun arrendamiento de obras de energía física: se ignorala noción abstracta de “trabajo” como algo distinto delhombre que lo ejecuta; así la Lex julia Publica etPrivata habla del hombre que se arrienda a sí mismo:Locare se . Confusión entre hombre y trabajo humanoque se repite en diversas figuras jurídicas: “el usufructode un esclavo consiste en sus servicios”; “en el legadode los servicios de un esclavo se entiende dado tambiénel uso del mismo”» (Montoya Melgar, 2010: 53-54).

Y la locatio hominis evoluciona, ya avanzado el períodoclásico, a la locatio operarum; y ya se habla de locare operas.El trabajo —las operae— se distingue por primera vez de lapersona del trabajador. De tal modo que, poco a poco, sehabía ido definiendo, o aislando, la propia capacidad de tra-bajo como el objeto del arrendamiento de servicios, y no delservicio concreto en sí.

Por lo tanto, la conformación legal definitiva del contra-to de trabajo es la concreción jurídica de las contradiccionesestructurales intrínsecas a la consideración de la fuerza detrabajo como una mercancía26. Se puede decir de otra mane-ra: la fórmula de la “cesión voluntaria de la voluntad por untiempo determinado” que da cobertura legal, como hemosvisto, al desarrollo de la relación laboral (esto es: al ‘poder dedirección’) es realmente una contradicción en los términos,toda vez que la autonomía de la voluntad es precisamente elderecho inalienable, no enajenable, anterior y fundamentalque permite no sólo establecer cualquier relación contrac-tual, sino también disolverla o vigilar su cumplimiento. Estasevidentes contradicciones lógico formales, así como los efec-tos sobre las condiciones de vida y trabajo de las clases obre-ras de ellas derivados (la creciente debilidad de los trabajado-res en el contrato individual de trabajo y la creciente explo-tación a que da lugar), habíamos señalado, van a tratar de sersolucionadas, a comienzos del siglo XX, mediante la apertu-ra de dos nuevas ramas de derecho laboral orientadas amor-tiguar dichos efectos y a revisar teóricamente los principiosjurídicos del contrato de trabajo: la legislación social y elderecho sindical.

3-B. El problema de la “autonomía de la voluntad”: la emer-gencia del derecho sindical y de la seguridad social. La insti-tucionalización del estatuto salarial

El contrato de trabajo tarda mucho tiempo en instituirseformalmente en la modernidad como la relación contractualbásica que articulará legalmente las relaciones laborales. Dehecho en España no será hasta 1926 cuando aparece explíci-tamente enunciada por primera vez la denominación de con-

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26 Andrés Bilbao, por ejemplo, utiliza como analizador el problema del accidentede trabajo para mostrar estas contradicciones, haciéndonos una pregunta muy sim-ple, que es irresoluble: a quién pertenece la voluntad (responsabilidad) de la accióncon ocasión de un accidente laboral (Bilbao, 1998).

23 Gaspar Bayón Chacón, quien fuera primer catedrático de Derecho del Trabajoen España en 1956, afín por tanto al régimen franquista, lo dice de este modo: «Elvacío jurídico que implicó el régimen liberal es ya sólo un recuerdo. Hoy la pres-tación laboral no es un mero arrendamiento de servicios, sino la integración delfactor humano en una célula de la producción a la que está ligado en las vicisitudesque atraviese». (Bayón Chacón, 1955:21). 24 «En estos códigos, sin embargo, no se contemplaba un modelo autónomo decontrato de trabajo, sino que se definía la relación laboral como a una de locatioconductio operis faciendi, asemejándolo así a la locatio conductio rerurm, pero sóloen el sentido de que tanto prestar un trabajo, como arrendar tierras o bienes mue-bles constituían dos subgéneros de un género más amplio, cual es de del “arrenda-miento”» (Vaneziani, 1994: 55).25 Dado que «si el trabajo no se concibe como actividad humana para un fin, sinocomo fruto físico del hombre, es natural que se regule aplicando el derecho decosas sin diferenciar esencialmente entre la locatio operarum y operis y locatio rei»,(Bayón Chacón, 1955: 37).


trato de trabajo, que sustituye al contrato de servicios, en elDecreto Ley del 23 Agosto por el que se aprueba el Códigode Trabajo. Y esa tardanza evidencia una curiosa paradoja: elcontrato de trabajo –una relación social que pertenece genui-namente, podemos decir, al orden del Mercado- no se conso-lida legalmente hasta que no se acompaña del corpus jurídi-co del derecho social y del trabajo –limitaciones reglamenta-rias a la compraventa del trabajo que pertenecen, para utili-zar la dicotomía clásica, más bien al orden del Estado-.

Pareciera ser, como ha escrito algún jurista –si bien lle-gando a otras conclusiones-, que la contractualización for-mal de la relación laboral se produce justo en el momento enel que se reconoce que el contrato de trabajo no es exacta-mente una relación contractual (lo que ha permitido conside-rar, esas son sus conclusiones, que el Estado Social deDerecho o modelo del Welfare es estructuralmente algo dis-tinto al Estado de Derecho o Liberal):

«En resumidas cuentas, lo que diferencia la regulacióndel trabajo por cuenta ajena en el liberalismo inicial y enla época actual de la legislación y el derecho del trabajoes la consideración jurídica del trabajo como objeto detráfico o recurso productivo que una y otra realizan.Para el liberalismo inicial, el trabajo humano podrá seracreedor de una alta valoración social, pero no necesitade un trato jurídico distinto del que se dispensa a losotros bienes de mercado. De acuerdo con los presupues-tos ideológicos de la legislación y el derecho del trabajo,en cambio, esta equiparación del trabajo humano a lasdemás mercancías o recursos conduce a situaciones deinjusticia y de intranquilidad sociales que es necesariocorregir. Ello se consigue, bien dispensando una protec-ción particular a los intereses de los trabajadores a travésde la tutela pública, bien consintiendo a los mismos lautilización de determinados medios de autodefensacolectiva, bien combinando protección legal y autode-fensa colectiva en distintas proporciones»27.

Así es, la coartada legitimatoria que da cobertura técnicay política a la regulación externa sobre el contrato de trabajo-en pro del contrato de trabajo-, es precisamente la conside-ración de que en la relación laboral no existe, o no en todoslos casos, una auténtica autonomía de la voluntad, esto es,una auténtica igualdad entre las partes. Lo que se achaca adistintos fallos en la aplicación práctica de unos principiosliberales que en teoría son perfectamente racionales. Fallosprovocados, como se apuntó en el epígrafe anterior, por lasirracionales estrategias de maximización del beneficio dealgunos atesoradores. Y un caso suficientemente ilustrativode este modo de razonar es la explicación keynesiana de laausencia de ocupación plena.

Ello da cabida a la institucionalización de distintos orga-nismos reguladores de las relaciones laborales, que vendrán aresolver, al menos formalmente, los efectos derivados lacuestión de la autonomía de la voluntad relacionados con elresultado de la desigualdad en la contratación: incorporandoa la relación contractual terceros agentes que vigilan por lascondiciones de uso de la fuerza de trabajo por parte delempleador28; estableciendo límites a las condiciones deempleo29; y por último, mediante servicios sociales que con-tribuyan a restablecer la igualdad de oportunidades30.

Pero por otra parte, la más esencial, para que estas nor-mas reguladoras no constituyan únicamente relaciones detutela (como por ejemplo ocurriría en el caso de las prácticaspaternalistas de gestión de la fuerza de trabajo), es necesariorestablecer aquél principio de la autonomía de la voluntadtambién en la participación y determinación de sus conteni-dos mediante su abstracción en el concepto de autonomíacolectiva. De tal manera que esa regulación externa sobre lasrelaciones contractuales privadas entre los individuos cualobreros y empresarios, parte de esos mismos individuos ensu condición de ciudadanos, cuando se arbitran y se recono-cen los distintos órganos de participación y representacióncolectivos entre trabajadores y empresarios31. Dicho de otramanera, con ello, entre otras cosas, se trata restablecer –aun-que sólo aparentemente- el principio de libertad positiva

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27 Antonio Martín Valverde, Manuel C. Palomeque López, Fernando PérezEspinosa, Fernando Valdés Dal—Ré, Mª Emilia Casas Bahamonde y JoaquínGarcía Murcia. “La legislación social en la historia de España. De la revoluciónliberal a 1936”. Congreso de los Diputados. Madrid. 1987. Estudio preliminar. págXIX.

28 En 1908 y 1912 Leyes de tribunales industriales que crea los consejos de conci-liación y arbitraje industrial. Se formaliza el llamado Proceso de Trabajo, para dis-tinguirlo del proceso civil, se reconoce ya la particularidad de la relación asalariaday se crean cauces jurídicos distintos que ayudan al obrero. Tribunales que estabanformados por una autoridad judicial como presidente y por un número de juradosrepresentantes de patrones y de obreros y su finalidad es la de estimular la soluciónnegociada de los conflictos de trabajo surgidos en las empresas, si esto fallaba seestablecía un procedimiento de arbitraje obligatorio en el que la propuesta de deci-sión correspondía al instituto de reformas sociales y la decisión última al gobierno.29 En cuanto al control de las condiciones de empleo y de trabajo, en 1873 apare-ce la Ley Benot 24 de julio que regulará las condiciones de trabajo en las fábricas,talleres y minas, donde se regulan aspectos tales como el trabajo en los talleres, lainstrucción en las escuelas de los niños obreros, la edad mínima, jornada máxima,prohibición del trabajo nocturno, centros de instrucción primaria, normas de segu-ridad e higiene, servicios médicos. En 1878 aparece ley sobre trabajos peligrosos delos niños, contra el abuso de la patria potestad de padres y empresarios sobre losniños, y sobre el abuso del trabajo de los mendigos. En 1900 la ley de condicionesde trabajo de mujeres y niños (aunque no abarca al ámbito agrícola, explícitamen-te excluido) y la ley de accidentes de trabajo. En 1904 la Ley de DescansoDominical. Y ya en 1919 la Ley sobre la obligatoriedad del retiro obrero30 En cuanto a las políticas redistributivas en 1903 aparece el Decreto del 22 deabril de Creación del Instituto de Reformas Sociales, en 1906 el Reglamento de ins-pección de trabajo, -que crea también la figura del inspector de fábrica-, y en 1908se constituye el Instituto Nacional de Previsión, que, entre otras cosas, regulará elRégimen de libertad subsidiada y se propone una labor social con las clases traba-jadoras, gestionando el sistema de pensiones de retiro con el fin de «administrar lamutualidad de asociados que al efecto voluntariamente se constituyan», realizandolas operaciones de renta vitalicia, creación seguros colectivos, instituciones benéfi-cas de toda clase….31 Las primeras formas de reconocimiento de la autonomía colectiva en nuestropaís se pueden rastrear ya en el proyecto de ley (Burgos Mazo) de 1919, que supo-ne la culminación del proceso de reconocimiento y protección del contratante másdébil en la relación laboral, y arbitra la creación de instituciones reguladoras pari-tarias tales como las Comisiones Mixtas, creadas años más tarde, en 1926, por elDecreto Ley de la Organización corporativa nacional. En 1920 se crea elMinisterio de Trabajo (a cuyo frente se sitúa Dato): y cuya finalidad más impor-tante, más allá de la vigilancia de la normativa mencionada, es también la constitu-ción y control de los organismos paritarios de distinta índole.


que, como vimos, había quedado en cuarentena durante elperíodo liberal clásico por efecto de las contradicciones de lacapacidad de trabajo como única propiedad inalienable delindividuo para asegurarse su propia supervivencia y paraintegrarse socialmente, pues, ahora es posible asumir la exis-tencia de un conjunto de normas y obligaciones que limitanel derecho al trabajo, toda vez que esas normas parten real-mente de la autonomía de la voluntad de los individuos quese someten a ellas.

4. Conclusiones

No obstante, y con esta breve reflexión concluimos nues-tro trabajo, estas transformaciones no hacen realmente sino,por una parte, trasladar, de nuevo, las contradicciones yambigüedades propias del contrato de trabajo que hemosrecorrido en este texto al campo más general y abarcador dela reglamentación del estatuto salarial. Y por otra, y con ello,permiten subsumir definitivamente en la lógica de la acumu-lación de capital todo el tiempo de trabajo y de no trabajo delconjunto del obrero colectivo de un Estado determinado.

En primer lugar, así como el contrato de trabajo no arti-cula realmente la compra venta de una mercancía, tampoco elderecho del trabajo y las protecciones sociales definen real-mente una intervención real del Estado contra el Mercado, ose puede decir de otra manera: definen una relación de inter-vención del Estado contra el Mercado pero a favor delMercado. Pues, en la medida en que siguen teniendo plenavigencia los principios fundamentales del programa liberal yque, por tanto, el “libre arrendamiento de la capacidad detrabajo por un tiempo determinado”, sigue constituyendo larelación social central articuladora de la sociabilidad, las pre-ferencias del ciudadano en el Estado respecto de la forma yla intensidad de la intervención sobre el mercado, estándeterminadas por su condición de obrero en el propio mer-cado (Bilbao, 1993].

Es decir, a una escala global, la necesidad de vender lafuerza de trabajo al valor objetivamente determinado por laspropias necesidades de subsistencia del obrero colectivo sepresentan como preferencias de un ciudadano libre y cons-ciente que decide mediante su participación en los distintosórganos de representación política (partidos, sindicatos,etc…) los límites en torno a dónde y cómo desarrollar sucapacidad de trabajo. Presentando al sujeto sujetado a estasdeterminaciones como si estuviera en el origen de las mismas.

De este modo, el advenimiento del Estado Social deDerecho no supondría la opción por un capitalismo de caraamable; definido por una suerte de limitaciones a la exclusi-va gestión de los recursos productivos por parte el capital,sino, antes al contrario, el paso a un estado de subordinacióndefinitiva y total del trabajo al capital. Toda vez que, porejemplo, las intervenciones del estado en el mercado –y estoaparece muy claramente en el sistema teórico keynesiano-quedan ya técnicamente determinadas por los avatares del

mercado. La precariedad del trabajo no sería tanto la que seopone a la estabilidad del estatuto salarial, sino precisamentela precariedad del estatuto salarial mismo.

Y más bien, desde entonces, y tal y como la historiareciente se ha encargado de demostrar, estas transformacio-nes han hecho posible que el capital gestione, por medio delos organismos estatales nacionales, la organización de larelación salarial en su conjunto: esto es, la articulación de lasesferas de la producción y la reproducción de la fuerza detrabajo (formas de organización del trabajo, formas de orga-nización del gasto del salario colectivo, y formas de articula-ción de las relaciones laborales) en función de las condicio-nes históricas que determinan las formas de extracción deplusvalor en un país o región determinada. Lo que se tradu-ce, en términos generales, en la opción por los distintosmodelos productivos que hemos conocido históricamente(más liberales –orientados a la extracción de plusvalor abso-luto- o sociales –orientados a la extracción de plusvalor rela-tivo-).

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