Un plan de ataque para la economía española

1. Situación de la economía española: datos del problema.

La economía española se encuentra en un proceso de crisis profunda que dura ya más de cuatro años y sobre la que no se atisba salida inmediata. En esta situación confluye un conjunto de desequilibrios que se retroalimentan y fortalecen: Una crisis fiscal, que se manifiesta en el hecho de que nuestras finanzas públicas

han pasado de un superávit del 1,9% en 2007 a un déficit del 11,11% en 2009 y del 9,2% en el 2010. Es decir en poco más de dos años, el déficit ha supuesto en términos absolutos pasar de un ahorro de 20.000 millones de € a un déficit de 110.000 millones de €. Estos déficits han hecho que nuestra Deuda Pública haya crecido exponencialmente en los últimos años, pudiendo alcanzar a final del 2011 el 67% del PIB, según el FMI, cuando en 2007 se situaba en el 37%. Es decir, en 4 años se ha incrementado el nivel de endeudamiento público en 300.000 millones de €. Esta absorción de recursos financieros por parte del Sector Público ha expulsado de la financiación al sector privado que ha visto, no sólo reducido el volumen de financiación disponible, sino que la escasa financiación canalizada lo ha sido a un mayor coste.

Una crisis del empleo, debida a la paralización del crecimiento económico que ha puesto en toda su magnitud la carencias, desequilibrios y rigideces de nuestro mercado de trabajo. El impacto de la recesión no se ha podido solventar con moderación salarial y flexibilidad interna en las relaciones laborales, por lo que el ajuste se ha producido a través de la destrucción del empleo. En el tercer trimestre de 2011, la tasa de desempleo en España alcanzaba un 21,52%, duplicando la media de la UE y con una tasa de desempleo juvenil del 45,8%, en una situación donde los parados de larga duración suponen el 48,2% del total. Conviene no olvidar que la cobertura de estas situaciones suponen una presión limite a la Finanzas Públicas (en 2007, las prestaciones por desempleo suponían alrededor de 9.000 m€, mientras que en las actualidad superan los 32.000m€).

Una crisis inmobiliaria, que se ha parado con una pérdida de actividad importante que ha supuesto una reducción del empleo del 44,4% desde el año 2007. Además, se ha producido una bajada importante en el precio de los inmuebles, el 16,6%, según el Ministerio de Fomento. Existe un enorme stock de viviendas nuevas pendientes de colocar (687.523 a finales de 20010, según Fomento) que aplazan la posible recuperación del sector que sigue siendo crucial en la economía española. L a demanda de viviendas se ha desplomado debido a la situación de desempleo de posibles compradores, especialmente la jóvenes generaciones, pero también por las restricciones crediticias.

Una crisis del sistema financiero, que se manifiesta en un deterioro de los balances de gran parte de las instituciones financieras debido a la digestión de los activos inmobiliarios cuyo coste de mercado es muy inferior al valor en libros. Esta situación que obliga a recapitalizaciones y aprovisionamiento masivos ha llevado a algunas entidades a padecer restricciones de financiación de los mercados

mayoristas de capitales, que les obligan a luchar encarnizadamente por la liquidez y el pasivo de los clientes y, en última instancia, a endeudarse con el BCE, con el fin de mantener saneados sus balances. Esto implica que la financiación se usa con fines de propia supervivencia de las instituciones, sin que se canalice hacia las empresas a través de la concesión de nuevos créditos. El efectos sobre la economía española es de un estrangulamiento financiero como consecuencia de la restricción y el encarecimiento del crédito (credit crunch).

Una crisis del sector exterior que se manifiesta en un continuo y permanente déficit exterior. Aún en una fase tan crítica como la actual, el 2011 se va a cerrar con un déficit del 3,8%, que pone de manifiesto un problema de competitividad exterior que limita nuestras posibilidades de crecimiento y profundiza nuestra necesidad de financiación externa.

Precisamente, la financiación exterior es uno de los elementos diferenciales de la crisis económica española frente a otros países como Italia. En 2010, nuestra posición deudora neta frente al resto del mundo era, según el BdE, del 85% del PIB, frente a un 60% en 2005. Esta carga se ha convertido en una restricción fundamental que nos hace especialmente sensibles a cualquier movimiento de retracción de la financiación internacional. A este respecto, el año 2012 es especialmente complicado, por cuanto habrá que atender vencimiento del orden de 300.000 m€ (30% del PIB), de los cuales 200.000 m€ serán públicos (140.000 m€ de refinanciaciones y 60.000 m€ de déficit del ejercicio, si no hay desviaciones finales del mismo) y más de 100.000 m€ de deuda del sector financiero, según el FMI.

Nuestra prima de riesgo respecto al Bund alemán se ha elevado sustancialmente en el último ejercicio y, a pesar de los Acuerdos de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE para revisar los Tratados de la Unión en materia de estabilidad presupuestaria, este diferencial no ha mejorado, situándose en el entorno de 400 puntos básicos, frente a los 250 con los que se inicio 2011. Pero, además, este diferencial es ficticio ya que la compra de deuda por parte del BCE en el mercado secundario están ayudando a rebajar su coste. El problema fundamental de este crecimiento del diferencial de deuda es que el coste de financiación del sector privado considera como referencia el interés de la deuda pública, por lo que, cuando ésta se eleva, se encarece el tipo de interés de las colocaciones del conjunto de la economía.

El cierre de los mercados mayoristas de financiación está afectando especialmente al sector privado, provocando un efecto contractivo adicional en sectores que dependen de la financiación para su operatividad como es el caso de la construcción o de la inversión de capital. Resulta fundamental para nosotros abrir mercados de financiación de manera que la misma fluya en cantidad y en coste suficiente para reactivar la economía en su conjunto, especialmente el sector empresarial.

Todo ello, exige adoptar un paquete importante de medidas que podríamos clasificar en dos grandes grupos:

a. Medidas de choque a corto plazo para recuperar la credibilidad de la economía española.

b. Medidas de carácter estructural tendentes a garantizar un crecimiento estable y sostenido a largo plazo, generador de empleo suficiente y de calidad.

a) Medidas de choque a corto plazo:

En primera instancia, es necesario un plan de actuación integral y creible que conjugue la estabilización macroeconómica , con el ajuste microeconómico de ofertaa.1. Recuperación de situaciones de equilibrio presupuestario a través de un proceso acelerado de consolidación fiscal.

Una gran parte del déficit público que nos asola ha sido consecuencia, no tanto del juego de los estabilizadores automáticos en un fase crítica, como a la generalización de decisiones discrecionales de la autoridad fiscal, que han generado un crecimiento disparatado del gasto público estructural. Entre 2004 y 2010, se han producido incrementos del gasto público muy superiores al crecimiento del PIB en todas las administraciones públicas españolas. Esta situación exige un esfuerzo de revisión en profundidad de la estructura y eficacia del gasto público para honrar el compromiso asumido por el Plan de Equilibrio Financiero del Reino de España ante la UE 2009-2013 y que supone situar nuestro déficit público en un 6% en 2011, en un 4,4% en 2012 para alcanzar el 3% del PIB en 2013, limite máximo fijado en el PEyC.

En todo caso, conviene señalar la dificultad de alcanzar el primer objetivo del 6% a finales del 2011, dadas las dificultades de las CC.AA. para cerrar el año con un 1,3% de déficit conjunto (estaría en torno al 2,8%) y el previsible mayor desequilibrio de la Seguridad Social que ha entrado en números rojos a finales de 2011, con un déficit estimado de 600 m€. Esto obligaría a realizar un esfuerzo adicional de ajuste fiscal en 2012 para llegar al 4,4%, si no queremos generar dudas sobre los compromisos de consolidación fiscal asumidos. Y esto tiene especial importancia para nosotros ya que somos particularmente vulnerables a las incertidumbres sobre los compromisos y las consecuencias de posible defaults, en tanto no se resuelvan los problemas de gobernanza económica de la UE.

Este esfuerzo fiscal que debe realizarse fundamentalmente a través de una revisión de los programas de gasto público, exigirán un ajuste de unos 40..000 millones de € en 2012, si al final el déficit del 2011 se cierra en el 8,1% como sugiere el BdE, y de unos 15.000 millones adicionales en 2013. Este escenario se ha visto agravado por la previsible entrada en recesión de la economía española en 2012, como consecuencia de la ralentización de la economía mundial y de los propios efectos de la consolidación fiscal española. Algunos

estudios ponen de manifiesto que por cada reducción de un punto en el déficit público, se produce una caída del PIB en medio punto, lo que significa que las previsiones para 2012 de crecimiento de la economía española se situen en el entorno del -1,5 a -1,8 por ciento, generando un circulo vicioso que compromete la consecución de los objetivos de déficit a corto plazo, ya que este dato supondría un esfuerzo de consolidación adicional de unos 16.000 m€ en el mejor de los casos. En definitiva, el ajuste para 2011 se podría deslizar hasta los 56.000 m€, objetivo irrealizable so pena de paralizar las Administraciones Públicas y los servicios básicos que prestan. Parece razonable replantearse, por parte de la UE, los escenarios de consolidación fiscal en función de las nuevas perspectivas macroeconómicos de la zona euro por cuanto el calendario de consolidación fiscal para España y para otros miembros con problemas similares se definió bajo otro escenario macroeconómico mucho más optimistas que el que nos aflige. Se estimaba un crecimiento del 2.3% para 2012, cuando el BdE apunta un crecimiento negativo del 1,7%. En todo caso, la reducción del gasto público y la consolidación fiscal, con independencia del esquema temporal de reducción, es una exigencia irrenunciable. Para ello, debemos recuperar la idea del Presupuesto Base Cero.

En este sentido, sería necesario intentar suprimir ,o reducir en la mayor medida posible, aquellas partidas de gasto no prioritarias en estos momentos. Asimismo, sería necesario plantear una reducción lineal de los gastos por Ministerios, previa reducción del número de Ministerios convirtiendo las competencias de algunos de los actuales en Secretarias de Estado o Generales, así como de los gastos de funcionamiento de la Administración General del Estado. Así pues, partiendo de la base de que el Presupuesto del Estado ha sido prorrogado y, en espera de los Presupuestos Generales del Estado 2012, ha sido necesario desarrollar un Real Decreto-Ley de medidas urgentes de carácter administrativo, presupuestario y económico, donde se sientan las bases del compromiso de austeridad en la gestión y control de las cuentas públicas. Resulta crucial que las primeras medidas, con los instrumentos legislativos adecuados, se comiencen a lanzas señales claras que permitan configurar expectativas racionales positivas. En esta líneas, sería conveniente redefinir los competencias y, en su caso, la propia existencia de diferentes niveles de las Administraciones Territoriales. El replanteamiento del papel de las Diputaciones Provinciales o Cabildos insulares, así como la desaparición de pequeños municipios, cuyos servicios serían gestionados por Unidades Económicas de Gestión Integrada de Servicios Municipales, cercanas al concepto de Mancomunidad, deberían estar en la agenda reformadora.

Para que la consolidación fiscal sea una realidad que dote de credibilidad a la Política Fiscal del Gobierno de España es necesario forzar el compromiso de las Administraciones Territoriales (Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales) en los objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Para ello, se ha de desarrollar el contenido del artículo 135 de la Constitución a través de una Ley

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en fase de discusión por los agentes afectados. Esta ley deberá, en mi opinión, cumplir con un contenido programático que se puede resumir en los siguientes puntos:-Establecer un límite absoluto de gasto público autonómico de obligado cumplimiento y una regla de evolución del mismo en función de las reglas de estabilidad adaptadas a la normativa europea en la materia.-Diseñar unos mecanismos correctores de alerta temprana para reorientar los objetivos de déficit y endeudamiento en caso de desviaciones con el fin de obligar a reajustes referenciados al comportamiento macroeconómico del agente. -Este diseño no tiene por qué comprometer la autonomía financiera de las Administraciones Territoriales ya que mantienen la libertad para diseñar libremente, con los límites de gasto y los saldos presupuestarios de déficit y deuda consensuados, la política de gastos que cada CC.AA. considere pertinente dentro del un marco general de coordinación de la política presupuestaria y económica que, constitucionalmente, corresponde a la Administración General del Estado. En todo caso, los Presupuestos de los Entes territoriales deberán consignar unos Fondos de contigencia sobre el total de gastos para atender los posibles créditos imprevistos, sin poner en riesgo el objetivo de estabilidad. Asimismo, la elaboración y ejecución de los presupuestos deberá realizarse teniendo en cuenta que los ingresos derivados del sistema de financiación y de los recursos propios de las CC.AA. están fuertemente condicionados por los escenarios macroeconómicos, especialmente en fases de recesión.-Toda esta dinámica debería estar bajo la órbita de un organismo u oficina independiente y neutral para controlar y supervisar el Presupuesto, como ocurre en otros países, que tendría competencias sobre el conjunto de las Administraciones Públicas.-Para su correcto funcionamiento debería tener información, en tiempo real, de aspectos claves en el seguimiento de la gestión financiera de las mismas. Entre los elementos a controlar destacaríamos la necesidad de endeudamiento, los datos de evolución de la deuda pública, los avales otorgados, las obligaciones no imputadas al presupuesto y los compromisos de gasto derivados de la utilización de formulas de pago aplazado. A corto plazo y para prever problemas de liquidez, debería informarse de la evolución de la Tesorería y de los saldos pendientes de pago a proveedores, que está siendo el talón de Aquíles de muchas Administraciones en estos momentos.-Las desviaciones de los objetivos fijados deben conllevar algún tipo de intervención y, en su caso, responsabilidad por parte de los gestores. Esta intervención puede plantearse tanto en el proceso de aprobación presupuestaria como en el de su ejecución y liquidación. No estaría de más que los presupuestos contemplen los créditos que deberían ser automáticamente suprimidos si se producen desviaciones en la ejecución del presupuesto.-Las desviaciones no corregidas por razones discrecionales podrán suponer el establecimiento de penalizaciones que pueden afectar al límite de los anticipos

del Gobierno a las CC.AA., condicionar el acceso a ciertos Fondos, endurecer las condiciones para el acceso al endeudamiento o cualquier otra fórmula que prevea la normativa comunitaria por incumplimiento del objetivo de estabilidad, siempre bajo un criterio de gradualidad en función de la reiteración y la magnitud de la desviación.

Todo este edificio normativo exige cierta generosidad por parte del Gobierno para evitar estrangular la financiación de los Entes Territoriales. En este sentido, el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera ha arbitrado un conjunto de medidas a corto plazo para asegurar la liquidez, garantizar la tesorería y poder regularizar el pago de proveedores. El conjunto de ellas supone un balón de oxigeno que permite una diferente periodificación de la regularización de las liquidaciones por el modelo de financiación, sin conllevar mayor déficit, así como incorporar una línea de financiación del ICO para atender al pago de proveedores, siempre que se solicite y se acuerde un plan de ajuste con el Ministerio de Hacienda. Pero , en mi opinión, lo más relevante es el compromiso de creación de un mecanismo de financiación de carácter voluntario y extraordinario que permita a las CC.AA. acceder a la financiación necesaria para conseguir los objetivos de estabilidad y refinanciar los vencimientos al menor coste posible. Estamos hablando de una Fondo de Estabilidad Financiera a nivel nacional financiado con Deuda Pública del Estado?.

a.2. Medidas complementarias para la consolidación fiscal.

Adicionalmente, se debería:

1. Disminuir el número de empresas públicas y de entes públicos, especialmente en el ámbito de las Administraciones Territoriales, que han proliferado, en muchos casos, sin justificación económica o social, y cuyo fin último ha sido centrifugar el déficit de la propia Administración fuera del perímetro de consolidación del déficit público normativo, aunque han sido causa de un volumen de endeudamiento inaceptable, especialmente en el caso de los entres de radio y televisión autonómicas. En este sentido, el Ministerio de Hacienda considera viable la supresión de en torno a 460 entidades y organismos públicos del conjunto de las Administraciones, con el fin de reordenar y racionalizar el sector público autonómico, especialmente.

2. Reajustar el capitulo 1 (sueldos y salarios de las Administraciones Públicas) ya que vienen a representar el 25% del los Gastos totales de las Administaciones Públicas. Para ello, será necesario contener los gastos de personal de las Administraciones Públicas, bien a través de una congelación o, en su caso, una reducción de la masa salarial, dentro de un esquema integral de gestión eficiente de los recursos humanos que, en su caso, permita movilidades geográficas o funcionales.

3. Limitar la oferta pública de empleo, evitando una reposición de las bajas naturales, hasta que se haya producido un redimensionamiento adecuado de la estructura de personal de las Administraciones Públicas y se cumplan los objetivos de estabilidad macroeconómica.

4. Incorporar medidas de gestión eficiente en la adquisición de bienes y servicios corrientes en línea con los procedimientos implantados a nivel empresarial. En concreto, desarrollar los mecanismos de control de costes, aplicación de centrales unificadas de compras, integración de departamentos especializados de adquisición que den servicio al número más amplio posible de unidades administrativas.

5. Revisar en profundidad y valorar en términos de Coste-Eficacia, el ingente volumen de transferencia y subvenciones a agentes privados y públicos, así como incentivar al conjunto de instituciones dependientes de los Presupuestos Públicos a la búsqueda de mecanismo alternativos de financiación de sus actividades.

6. Utilizar como ajuste final la Inversión Pública una vez exprimidas al máximo las posibilidades de control del gasto público corriente. El fundamento de la inversión pública es potenciar el capital público como base del crecimiento económico por lo que debería ser un elemento sólo ajustable en fases finales de la consolidación fiscal, aunque suele ser el primero en tocarse porque es el que menos coste político tiene a corto plazo. En este sentido, será fundamental estimar el coste-beneficio de las Inversiones públicas, asignando los proyectos en función de criterios de eficiencia asignativa y evitando criterios territoriales y/o políticos. Sin olvidar, las posibilidades que abre la colaboración público-privada leal con instrumentos flexibles para el desarrollo de proyectos a largo plazo.

7. Desde la perspectiva de los ingresos, y solamente en el caso del que proceso de consolidación fiscal exija un ajuste fino final para conseguir honrar nuestro compromisos de déficit y endeudamiento, debería utilizarse la imposición indirecta (IVA e impuestos especiales), que aunque tiene efectos contraproducentes sobre el consumo y son ligeramente regresivos, generan menores distorsiones fiscales en la asignación de recursos y compromete en menor medida comportamientos estratégicos fundamentales para la salida de la crisis como son la oferta de trabajo, el ahorro, la inversión o la asunción de riesgos empresariales o financieros necesario para una salida razonable de la crisis.En todo caso, Las posibilidades que da el IRPF ya han sido explotadas para cubrir la desviación del déficit de 15.000 m€ que se ha encontrado la nueva Administración Popular y que ha supuesto la incorporación de un gravamen complementario a la cuota íntegra en el IRPF, que resultará de aplicación en los períodos impositivos de 2012 y 2013, y que se ha traducido en un incremento de los tipos de gravamen por tramos desde 0,75 puntos (24,75%) en el tramo más bajo hasta 7 puntos (52%)en el tramos más alto con una base liquidable superior a 300.000€,

conviertiéndonos en unos de los países europeos con mayor fiscalidad en el IRPF de la OCDE.

8. Incorporar, como instrumento financiero de naturaleza fiscal en la provisión de bienes y servicios públicos divisibles e individualizables, los tributos basados en el principio del beneficio, es decir, las tasas y las contribuciones especiales, así como los precios públicos. El objetivo no sería tanto recaudatorio como regulador de la demanda de los mismos, ya que la teoría económica nos enseña que cuando el precio de un bien tiende a cero, la demanda tiende a infinito. Este esquema de financiación es muy útil para la prestación de determinados bienes y servicios públicos de municipios y Comunidades Autónomas, así como determinados servicios generales como la sanidad o la educación superior

9. Abordar una lucha integral y frontal contra el fraude fiscal y la economía sumergida, ya que los últimos datos indican que se ha registrado un aumento relevante, que sitúa el mismo en el 23% del PIB español.

b) Medidas estructurales para el fomento del crecimiento sostenible a largo plazo.

Entre las medidas necesarias para lograr unos fundamentos sólidos y sanos que permitan generar una situación de salida de la crisis a través de un crecimiento económico estable, sostenido y generador de empleo, podemos citar las siguientes:

El rediseño de marco de relaciones laborales con el fin de garantizar la supervivencia de las empresas y el desarrollo de nuevos negocios que permitan la recuperación de las insoportables tasas de desempleo que sufre la economía española.

Mejorar la competividad empresarial a través de una reducción de los costes unitarios del factor trabajo, via negociación salarial entre los agentes económicos y reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, en su caso y si la sanidad de las cuentas de la Seguridad Social lo permiten.

La reestructuración y consolidación de un sistema financiero transparente, bien dimensionado y suficientemente capitalizado, que permita desarrollar fuentes de financiación abundantes y baratas para el conjunto del tejido industrial y empresarial español.

El fomento de las empresas de base exportadora, por cuanto sólo 1 de cada cuatro empresas en nuestro país realizan actividades de exportación.

Desarrollar un marco regulatorio parangonable a la de los países más desarrollados de nuestro entorno económico, con el fin de dotar de credibilidad y reputación a nuestra economía, con especial referencia a la seguridad jurídica de las inversiones

La mejora del sistema judicial y del conjunto de normas y leyes que rigen la actividad económica.

La recuperación de la unidad de mercado, evitando las fracturas del mercado nacional por la creación de barreras de entrada a los mercados locales

La definición y racionalización de un marco estable, equilibrado y razonable del mix energético.

La liberalización y adaptación del sector comercial a las necesidades de la sociedad, fomentado la diversidad y flexibilidad de ubicación, tamaño y fórmulas comerciales y, en su caso, avanzando en la liberalización de los horarios comerciales y los días de apertura en función de las necesidades de los consumidores y de la sociedad en la que se integran los negocios.

La protección y potenciación de la Pequeña y Mediana Empresa y los Autónomos como fundamento del tejido empresarial español, incorporando medidas que favorezcan su nacimiento a través de la reducción de los trámites administrativos necesarios para su creación y el desarrollo de las ya existentes.

Fortalecer la competencia y liberalizar sectores fundamentales de la economía española como los sectores ferroviario, aéreo y portuario.

El Fomento del espíritu empresarial y emprendedor, simplificando los procedimientos y agilizando los trámites para crear nuevas empresas, incorporando a los currículos académicos contenidos y habilidades emprendedoras con un planteamiento transversal y superando la desconfianza hacia la clase empresarial.

Desarrollar la educación y la formación profesional en todos sus niveles con el objetivo de aportar mayor valor añadido a las empresas a través de una especialización profesional en sectores estratégicos y de futuro en función de un patrón de crecimiento económico que fomente empresas alto nivel tecnológico y capaces de generar empleo estable y de calidad.

El estimulo con fondos públicos de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación vinculadas a la actividad empresarial, incorporando a las empresas a los órganos de decisión que establezcan las prioridades de la investigación básica y aplicada de la sociedad española.

Se trata, a continuación, de desarrollar los aspectos más relevantes a considerar en cada una de estas líneas de trabajo:

b.1. Reformas en el mercado de trabajo.

La reforma laboral es determinante para impulsar las posibilidades de crecimiento de España por cuanto es una condición necesaria para la recuperación del empleo y fundamental para una adecuada definición del marco de toma de decisiones estratégicas de las empresas en su previsiones a medio y largo plazo.

Las transformaciones en el marco de mercado de trabajo deben abordarse bajo el concepto de lo que se ha venido en denominar “flexiseguridad” , es decir, flexibilizar el marco de relaciones laborales para dotar mayor capacidad de ajuste entre la oferta y demanda del factor trabajo, sin perjuicio de que los trabajadores desempleados puedan disfrutar de un protección adecuada, que les cubra ante una pérdida de rentas, a la vez que le motive a una búsqueda activa del trabajo a través de mecanismos de inserción laboral eficaces. En esta línea, es necesario revisar el marco

contractual, los esquemas de negociación colectiva y el diseño de las políticas activas y pasivas de empleo.

Respecto al marco contractual, será necesario, en primer lugar, simplificar y reducir la tipología de contratos laborales. En estos momentos, nuestro marco de relaciones laborales reconoce más de 40 modalidades diferentes de contratación, con un esquema de derechos y obligaciones yuxtapuestas y mal definidas como consecuencia de un acarreo histórico de figuras contractuales que han surgido por necesidades puntuales y que distorsionan el marco general de contratación. Esta reducción y simplificación debería ir en la línea de limitar a dos tipos de contratos los actualmente existentes para los nuevos empleados, y sin efectos retroactivos. Se trataría de definir un contrato a tiempo completo, con carácter indefinido y con unos costes de extinción de la relación laboral de un máximo de 20 dias por año trabajado en los llamados despidos improcedentes. Por su parte, y con el fin de fomentar la expansión de la población activa, debería articularse un tipo de contrato a tiempo parcial, con unos requisitos y costes inferiores a los que hoy existen en la normativa laboral, pero con iguales derechos y obligaciones que uno a tiempo completo. Para ello debería eliminarse la prohibición actual de hacer horas extraordinarias en los contratos parciales y flexibilizar la distribución de horas complementarias de estos.

En segundo lugar, por la necesidad de incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo (más del 45% de la población menor de 25 años que busca empleo no lo encuentra y en torno al 25% de los parados tiene menos de 25 años) y con el fin de obtener experiencia laboral que posteriormente puedan rentabilizar profesionalmente, entendemos que deben flexibilizarse los salarios mínimos interprofesionales y de convenio para los jóvenes. El sistema de “minijobs” constituye un instrumento de inserción laboral para trabajadores jóvenes de escasa cualificación profesional que debe ser valorado por ellos como una fórmula de capacitación y promoción profesional de futuro. Deben ser entendidos como salarios de aprendizaje y, por lo tanto, inferiores a los que se pagan a quienes pueden aportar ya una experiencia profesional razonable. Estas fórmulas de inserción laboral están reconocidas, a nivel comparado, en países como Reino Unido y Holanda, con gran éxito y alta aceptación por oferentes y demandantes de trabajo

Los beneficios de la incorporación de los jóvenes al mercado laboral son múltiples y variadas: mejora la renta disponible, el ahorro de las familias y la distribución de la renta; se reduce el gasto público destinado a los jóvenes desempleados; contribuye a la viabilidad y estabilidad del sistema de protección social y mejora la recaudación pública en un momento de preocupación sobre el futuro del sistema de pensiones; mejora el clima social y reduce los problemas de exclusión social; incrementa la autoestima y responsabilidad de los jóvenes, su compromiso social y se aprovecha su gran potencial innovador; y, fomenta el desarrollo del espíritu emprendedor mejorando su confianza, relativizando el miedo al fracaso y contribuyendo a su desarrollo personal.

En tercer lugar, se debe reducir los altos niveles de absentismo laboral en nuestro país que duplica los existentes en los países de nuestro entorno. Para ello, se deben impulsar las actuaciones de la mutuas privadas en el control del absentismo laboral y penalizar el uso reiterado y abusivo del mismo, pudiéndose ser considerado como causa suficiente de despido disciplinario.

En relación a la negociación colectiva, resulta fundamental romper con la rígideces del actual marco, comenzando por los esquemas de negociación salarial. Los salarios deben tomar como referencia la realidad económica de cada empresa y las circunstancias específicas de productividad de cada puesto de trabajo, desarrollando los sistemas de retribución variable en función de la misma y alejándose de los esquemas salariales que supongan la indicación automática respecto al comportamiento del IPC. Esta práctica de vinculación de la evolución salarial a la inflación es una práctica que se ha ido abandonando paulatinamente en el contexto europeo y sólo persiste de forma generalizada en Bélgica y España. Además, esta práctica, en períodos de crisis, supone limitación clara al mantenimiento de plantillas en las empresas y, en consecuencia, causa adicional de desempleo.

Otro elemento a considerar en el ámbito de la negociación colectiva es el de la prevalencia de los Convenios generales sobre los de empresa. Estos convenios deben tener prevalencia sobre los generales, por cuanto sólo estas son capaces de definir las capacidades y posibilidades de evolución salarial en función de sus proyecciones económicas y financieras. Se trata de que las empresas puedan adaptarse a sus condiciones particulares, especialmente divergentes en situaciones de crisis, con el fin de garantizar su supervivencia y competividad. La última reforma de la negociación colectiva, y en espera de la anunciada reforma laboral del Gobierno del Partido Popular, ha avanzado en este ámbito pero de manera insuficiente, en nuestra opinión, ya que la prevalencia de los Convenios particulares se ha visto limitada, en primer lugar, a que los autorice previamente un Convenio sectorial, estatal o autonómico, y, en segundo lugar, a aspectos muy particulares como los complementos vinculados a la situación y resultados de la empresa, la compesanción de horas extraordinarias o la distribución de tiempo de trabajo y vacaciones.

Un tercer elemento clave a considerar en la negociación es la mayor flexibilidad en la aplicación de las llamadas “cláusulas de descuelgue” de los Convenios colectivos de ámbito superior. La supervivencia de muchas empresas está ligada a la posibilidad de acogerse a este tipo de cláusulas de forma automática en los supuestos de crisis. La realidad actual es que su aplicación es muy limitada y su aplicación constituye una fórmula de seguridad para situación de dificultades económicas que pueden agravarse por aplicación de las condiciones generales de un Convenio colectivo.

Un cuarto elemento se refiere a la prevalencia de los Acuerdos Generales sobre rentas sobre los Convenio geográficos o sectoriales. Esto es, las subidas salariales negociadas en estos deben inscribirse y tomar como referencia máxima los Acuerdos citados. Asimismo, la extensión de los Convenio más allá de la fecha acordada (ultraactividad) debido a la inexistencia de acuerdos entre la parte patronal y la social dificulta la

adaptación de las empresas a las condiciones cambiantes y dota de mayor poder negociador a la parte que se opone a su revisión. Los convenios como cualquier acuerdo que vincula a partes debe tener un eficacia limitada al ámbito temporal de aplicación que definieron las partes. En este sentido, la última reforma laboral del Gobierno socialista mantiene esta cláusula al dar un plazo de 14 mese para negociar un nuevo Convenio tras su finalización o denuncia, ampliando los términos en los que el Convenio mantiene su vigencia respecto a la legislación preexistente.

Un quinto elemento de consideración exige garantizar a las empresas un alto grado de flexibilidad interna o no vincularla a los procesos de negociación colectiva. La realidad ha puesto de manifiesto que recoger estas cuestiones en los Convenios ha supuesto incorporar unas rigídeces, en muchos casos, insoportables en la organización de la plantilla y su trabajo, comprometiendo la producción y elevando los costes laborales ya que, en muchos caso, la reorganización de las plantillas se hace incorporando incentivos económicos que se consolidan en el tiempo.

Por último, reconociendo del derecho a la huelga de los trabajadores, es necesario regular de forma clara y precisa este derecho, garantizando los intereses de todos los agentes sociales afectados. Para ello, se deben traer las mejores prácticas a nivel internacional tratando de garantizar los servicios mínimos suficientes en servicios públicos, estableciendo penalizaciones claras y bien definidas por su incumplimiento, innegociables entre las partes, y en el caso de que se produzcan actos de coacción o actos vandálicos.

Por lo que respecta a las políticas de empleo, resulta apremiante, en primer lugar, proceder a una revisión integral del marco de prestaciones por desempleo, evitando que sea una forma de embalsar trabajadores en paro y tratando de incentivar la salida temprana de esta situación. Para ello, entendemos se debe, entre otras medidas, modular las prestaciones en función del tiempo de desempleo, condicionarlas al no rechazo de un puesto de trabajo, vincularlas a una búsqueda activa del empleo y, en su caso, a un aprovechamiento efectivo de la participación en actividades de formación y reciclaje profesional.

En segundo lugar es necesario reorientar este tipo de políticas desde la vertiente pasiva hacia la activa, desarrollando mecanismos de intermediación laboral, gestión de colocaciones y formación profesional, teniendo en cuenta la necesidades reales del mercado y las proyecciones sobre su evolución futura. Este tipo de políticas exige un conjunto de agentes implicados que sean competentes, que doten de calidad a los procesos y que sean controlados y evaluados por sus resultados en términos de inserción laboral, ajuste ocupacional y movilidad funcional y geográfica de los empleados. Sin perder de vista que el procedimiento de selección de estos agentes debe realizarse con un criterio de transparencia en la adjudicación de los programas para evitar abusos y clientelismo políticos, empresariales o sindicales.

En tercer lugar, es básico proceder a una coordinación de los distintos servicios de empleo público estatales y autonómicos con los agentes privados, con el fin de aumentar la eficiencia en la intermediación mediante la complementariedad entre los

distintos agentes del sistema: agencias privadas de contratación, empresas de trabajo temporal y cualquier otra entidad de intermediación. Para ello, entre otras cuestiones, resulta fundamental una gestión integrada y compartida de las bases de registros de oferentes y demandantes de trabajo.

b.2. Reestructuración y redimensionamiento del Sector Financiero.

El crédito a los sectores es la sangre del sistema económico y el sistema financiero el corazón que bombea este precioso liquido a todo el sistema. Un corazón defectuoso complica la irrigación de los órganos, puede necrosarlos y colapsar el sistema en su conjunto. Es , pues, necesario revitalizar ese corazón y normalizar el crédito para asentar las bases de un crecimiento estable y sostenido y generador de empleo.

La Unión Europea ha reconocido la importancia de un Sector Financiero transparente, bien capitalizado y con capacidad para hacer fluir el crédito hacia todos los agentes y sectores de la economía europea. Para ello, y mientras se desarrolla el proceso de reestructuración en Europa, resulta fundamental un papel activo del Banco Central Europeo manteniendo sus líneas de liquidez operativas al máximo. Si no existe esta liquidez, la coincidencia en el tiempo de la recapitalización y la reestructuración financiera pueden provocar una contracción excesiva de los balances lo que puede desencadenar una espiral contractiva de de activos, deuda y créditos,comprometiendo la solvencia de las entidades.

El punto de partida del proceso debe ser el reconocimiento de la situación patrimonial de las entidades financieras, es decir, la transparencia en sus cuenta para mantener la confianza de los inversores. Las entidades deben evitar hacerse trampas en el solitario, es decir, deben informar con detalle sobre su estructura de financiación y su solvencia y sus posibles exposiciones a riesgos. En este sentido, se debe vigilar especialmente la calificación y valoración de los activos que conforman su balance. La solvencia esta estrecha e indisolublemente unida a una adecuada valoración de los activos y a un reflejo ajustado en los balances de las entidades. Cualquier sospecha sobre la incorrección en la valoración para evitar el riesgo de las provisiones supone una pérdida de credibilidad de la institución y un riesgo de solvencia a medio plazo, que puede compromete, si se generaliza la práctica, al sistema financiero en su conjunto.

b.2.1. La reestructuración del sistema financiero.

Probablemente sea el proceso más complicado al conjugar elementos técnicos y políticos, en muchos casos antagónicos. El sistema financiero español se caracteriza, grosso modo, por el minufundismo institucional. Existe un problema de exceso de instituciones con estructuras comerciales hipertrofíadas para el reducido tamaño medio de las entidades, lo que conlleva una menor eficiencia y productividad, especialmente en el caso de las Cajas de Ahorro. En los últimos dos años hemos asistido a una primera ronda de reestructuraciones y reconversiones que, en muchos casos, han sido más testimoniales que reales o efectiva. El proceso, que arrancó en 2009, ha supuesto que existan 14 entidades frente a las 45 anteriores. La plantilla media de las entidades fusionadas y la red de oficinas se ha recortado un 17%

En consecuencia, es necesario llevar a cabo una segunda ronda de reconversiones más exigente y efectiva en el rediseño del nuevo mapa financiero y bancario español. En este sentido, el proceso, que exige también cierta celeridad , obligaría a:

- Acelerar los procesos de integración iniciados permitiendo una mayor aprovechamiento de las economías de escala.

- Ajustar las estructuras comerciales mediante reducciones de plantillas y oficinas y la búsqueda de agentes comerciales externos a la estructura administrativa de las instituciones (agentes financieros).

- Consolidar la profesionalización ´de los órganos gestores y despolitización de los órganos rectores, especialmente en las Cajas de Ahorros.

En definitiva, se trataría de mejorar el gobierno corporativo mediante la generalización de consejeros independientes y directivos profesionales, y perfeccionar los instrumentos y procedimiento de control.

No obstante, las instituciones financieras españolas y, especialmente, las Cajas de Ahorros, no sin razón, se vienen quejando de los cambios regulatorios continuos y las modificaciones en los requisitos de solvencia que han introducido las autoridades europeas en el último año. A mediados del pasado año, la Autoridad Bancaria Europea ha obligado a elevar los fondos propios de los grupos sistémicos, poco después de haber realizado los test de estrés a la banca europea. Las exigencias, fijadas por la EBA, son necesarias a medio plazo, pero pueden tener un efecto importante sobre los flujos de créditos a corto plazo. Las estimaciones que la EBA realizó a final de 2011 sobre las nuevas necesidades de capital de los principales bancos españoles para cumplir con la normativa de solvencia se sitúa en 26.170 m€. Las entidades necesitan captar esta cantidad antes de junio de 2012, que trata de reforzar la solvencia y cubrir los riesgos de un deterioro de los balances de las entidades vinculados a las posiciones en deuda soberana de los países con riesgo de impago. Casí todas las instituciones afectadas esperan cumplir los requisitos de solvencia a través de generación de capital, las emisiones de convertibles y mejoras en el balance, así como la capitalización de beneficios.

b.2.2. La recapitalización del sistema financiero.

De acuerdo con los nuevos requisitos de solvencia establecidos a nivel europeo para las entidades sistémicas es necesario proseguir con un proceso de recapitalización buscando en la medida de lo posible que este proceso se haga a través del mercado y sólo subsidiariamente mediante fondos públicos. El Acuerdo alcanzado el 27 de Octubre de 2011 en Bruselas traza las grandes líneas de recapitalización de los bancos sistémicos en la UE. Básicamente, se exige a estas entidades que, antes del 30 de junio de 2012, eleven sus ratios de capital de máxima calidad hasta el 9%. Para ello tendrán que hacer, además, un conjunto de ajustes valorativos más exigentes que la normativa preexistente al tener que valorar a precios de mercado el conjunto de la deuda soberana que en estos momentos suele ser bastante inferior al nominal o valor de

adquisición. Este ajuste valorativo se considera temporal debido al comportamiento extremadamente volátil de valor de la deuda soberana. Según estimaciones europeas, la banca española necesitará 26.161 m€ para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia que se añaden a los 6.290 m€ del ajuste en la cartera de deuda. Este impacto reducirá el flujo de crédito a los agentes económicos, obligará a las entidades a recortar dividendos, ampliar capital y/o realizar desinversiones y , en algunos casos, obligará a recurrir a capital público.

En consecuencia, tanto el Gobierno como el sector bancario han reconocido que el saneamiento no podrá realizarse sin dinero público. Según el Ministro de Economía español, el saneamiento va a requerir, por todos los conceptos, en torno a 50.000 m€ en provisiones adicionales. Aunque se pretende que este coste sea asumido por las instituciones, hay previstos mecanismos de apoyo público a aquellas instituciones que no puedan afrontar por sí mismas la depuración de sus balances. Las estimaciones de ayudas estatales se situarían en un entorno de los 7 a 10.000 m€, que se canalizarían a través del FROB, aunque no es descartable una participación del Fondo de rescate europeo, que cuenta en la actualidad con 440.000m€ y que se prevé incrementar hasta un billón de €1. Estas ayudas se articularían a través de la suscripción de títulos ( participaciones preferentes o bonos convertibles). Es decir, tales ayudas tendrían un carácter transitorio y no serían a fondo perdido ya que el Gobierno obtendría rendimientos a través de cobro de dividendos o intereses.

La parte del león del saneamiento la debería cubrir el propio sector a través de la capitalización de beneficios, aplicación de reservas, ampliaciones de capital y ventas de activos, entre otras fórmulas. También se cuenta con las participaciones preferentes emitidas por las entidades. Evidentemente, no todas las entidades tienen el mismo margen de maniobra por lo que habrá que analizar y segmentar a las entidades en función de su fortaleza y capacidad para afrontar el proceso.

Fijadas las condiciones de recapitalización será necesaria una modificación de la circular del Banco de España que fija el sistema de provisiones mínimas frente a riesgos. El BdE ya modificó en 2010 su norma contable sobre dotaciones a provisiones, pero parece necesario volverlas ajustar a las nuevas necesidades. En aquella ocasión, la circular del BdE pretendía incrementar las provisiones por posibles insolvencias por riesgos inmobiliarios hasta el 30% del valor de tasación del inmueble cuando hubiesen transcurrido más de 24 meses desde la adquisición del activo en pago de deudas, manteniéndose el 20% cuando hayan transcurrido 12 meses. Estos incrementos de las provisiones han reducido el volumen de beneficios de la banca, pero han sido necesarios dado que los aprovisionamientos previos fueron aplicados en la primera fase de la crisis inmobiliaria. La medida tenía un doble objetivo: i) crear un fondo de

1 La estabilización de la Eurozona exige elevar con fuerza la capacidad de apalancamiento del Fondo Europeo de Estabilización Financiera pasando de los 440.000 m€ a un billón. Pero además es necesario más protagonismo del BCE aportando liquidez y comprando deuda periférica, lo cual se ha logrado en los últimos meses. A medio plazo, es necesaria más gobernanza económica, es decir, una macroinstitución europea que controle las políticas presupuestarias y coordine las mismas, actuando en estrecha relación con el BCE, así como una Tesoro común que pueda emitir eurobonos. Además, la recapitalización no debe limitarse a la banca sistémica sino ampliarla a toda la banca europea.

reserva que permitiese a las entidades el afrontar nuevas pérdidas por transmisión de pisos y solares en el caso, habitual, de que el precio de ejecución de los activos sea inferior al de tasación, y ii) incentivar, a través de las elevación de estas previsiones, a las entidades financieras a que se deprendiesen cuanto antes de la importante cartera inmobiliaria que han constituido durante la crisis, con el fin de no lastrar a largo plazo los resultados de la entidad. A pesar de esta normativa más exigente, el estrechamiento de los márgenes financieros del sector bancario, la merma de ingresos de explotación y los elevados coste de amortización de la deuda por las dificultades de endeudamiento exterior y el incremento de la prima de riesgo país como consecuencia de las turbulencias financieras internacionales, han provocado nuevos episodios de falta de solvencia de algunas instituciones, especialmente Cajas de Ahorros, por lo que se ha hecho necesario abundar en la reestructuración y recapitalización del sistema bancario.

En este sentido, el Gobierno va a elevar las exigencias de provisiones de los riesgos inmobiliarios que suman, en total, 176.000 m€, sobre una exposición total al sector inmobiliario de casi 350.000 m€, según datos del Banco de España. En concreto, la desagregación de los riesgos es la siguiente:1. Respecto a los inmuebles que las entidades han adquirido o se han adjudicado por

los impagos, que se estiman en 70.000 m€, se plantea una elevación de la

cobertura de los mismos hasta el 55% de media, lo que supone elevar en 25

puntos la actual exigencia de dotaciones recogida en la Circular del BdE de 20102.

No obstante, los nuevos requerimientos van a discriminar en función de la mayor o

menor calidad de los activos. Así, el stock de suelo (más ilíquido y con mayor

dificultad de venta) deberá aprovisionarse al 70%3, mientras que el

aprovisionamiento por vivienda se situaría en el 40%.

2. Respecto a los créditos dudosos para promoción, que representan otros 50.000

m€, los requerimientos de aprovisionamiento se situaría en un 40%. En la

actualidad, la dotación efectiva de los saldos dudosos, que varía en función del

valor de la garantía inmobiliaria, se sitúa, de media en el 25%.

3. Préstamos subestándar, que suponen alrededor de 40.000 m€, se impondría un

porcentaje de cobertura del 40%4

El saneamiento de los riesgos inmobiliarios va provocar una importante

transformación del mapa bancario español, surgiendo un número menor de entidades

con un mayor tamaño. Las estimaciones que se barajan hablan de un sector con entre

2 En la actualidad, las entidades están obligadas a dotar un 10% del valor del inmueble cuando se produce la adjudicación. Transcurrido un año, la provisión se eleva hasta un mínimo del 20% y pasados dos años, se eleva al 30%.3 A junio de 2011, la banca acumulaba 31.700 m€ en solares.4 La norma contable vigente no establece indicaciones sobre los deterioros de los créditos subestándar pero su cobertura, según el BdE está ligeramente por encima del 10%.

diez y quince grupos, que se configurarán en función de los distintos procesos de

concentración articulados y tutelados por el Gobierno.

Bajo la premisa de que la mayor parte de la reestructuración sea asumida por el propio

sector, se podría clasificar el proceso de la siguiente forma:

1. Entidades que podrán cubrir su saneamiento íntegramente con cargo a resultados:

Se trataría de las entidades más fuertes (Santander, BBVA, Caixabank, Banco de

Sabadell y Popular). El plazo para conseguir el saneamiento sería de dos años

(2012 y 2013). Además es posible que alguna de estas instituciones pueda hacerse

cargo de otras entidades más débiles.

2. Entidades que podrán cubrir su saneamiento parcialmente con cargo a resultados,

pero también contra capital a través de las reservas y la venta de activos (Ibercaja,

Bankinter, Kutxabank). Estas entidades también podrían entrar en el juego de

hacerse cargo de otras entidades más débiles.

3. Entidades viables, pero con dificultades para sanearse con cargo a resultados y/o

capital. En este caso, la alternativa que se plantea es la de fusionarse o recibir

apoyo público de forma transitoria. En el primer caso, el Gobierno permitiría el

saneamiento contra plusvalías derivadas del proceso de fusión, como ha ocurrido

en la fusión del Popular y el Banco Pastor. En el segundo caso, optarán por pedir

fondos al Gobierno a través de la suscripción de títulos como participaciones

preferentes o bonos convertibles en acciones, en vez de inyecciones directas de

capital. Estos títulos, que computarían como fondos propios, serían asumidos por

el Estado o por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, de forma transitoria.

En esta agrupación estarían todas las Cajas de Ahorros y donde se esperan un

mayor volumen de fusiones.

4. Entidades inviables y que deben pasar obligatoriamente por un proceso de fusión

por absorción o por subasta (Novocaixagalicia y Catalunya Caixa)

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