Intervención Foro Buen Gobierno Sobre Eutanasia
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Disposiciones previas:
- Estamos ante un escenario de estudiantes y medios de comunicación, por lo cual el mensaje debe ser sencillo y pedagógico.
- Mostrar su lado más dialogante, humilde y receptivo, sereno frente a una pelea que se está perdiendo judicialmente pero confiado en que con el tiempo la sociedad la terminará ganando, puede impactar favorablemente a un público que está predispuesto por los medios de comunicación a ver a una persona intolerante, pretensiosa e impositiva. Supuestamente desesperada por las derrotas judiciales de sus postulados éticos.
- El debate es demasiado amplio y el tiempo del evento corto. Los más efectivo sería concentrarse en dejar unas inquietudes que despierten el interés por su postura sobre el tema, teniendo en cuenta que es un debate que tomará décadas y en el cual usted será un referente permanente.
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Intervención Foro: “Eutanasia: ¿verdadero derecho en Colombia?”
Universidad de El Rosario - Fundación Buen Gobierno
5 de agosto de 2015
-Saludos protocolarios-
Agradezco a la Universidad del Rosario y a la Fundación Buen
Gobierno por la invitación a participar en un debate que con seguridad
cobrará mucha relevancia en los próximos años, sobre un tema que
anticipo, nos deparará desenlaces que continuamente sorprenderán a
los colombianos.
Este tipo de escenarios constituyen uno de los elementos esenciales
de toda democracia, los cuales necesitan consolidarse como
protagonistas de las transformaciones políticas para que pueda
madurar nuestro régimen político.
El diálogo civilizado y honesto entre partes discrepantes no solo
enriquece las costumbres políticas de la sociedad, sino que le permite
tomar decisiones responsables e informadas sobre los asuntos que le
conciernen.
Civismo que vemos crecientemente amenazado en el mundo
occidental, cuando en el debate de asuntos que tocan las fibras éticas
de la sociedad se opta por descalificar personalmente al contradictor
antes que sopesar sus argumentos, y cuando quienes toman la
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vocería de las partes en controversia no son los que mejor logran
comprender el punto de vista del otro, para escalar el diálogo, sino los
más efectivos para acallarlo, creando un ambiente que termina
desescalando nuestra ya débil democracia.
La posición de la Procuraduría es que la vida humana no es
simplemente una propiedad particular. Si así fuera todas las personas
tendrían derecho al suicidio, sin limitación de causales ni necesidad de
supervisión estatal. Por el contrario, la sociedad tiene un interés
legítimo en proteger la vida de todos sus miembros, inclusive si
algunos de ellos consideran que su vida no vale nada, están cansados
de ella o consideran que seguir viviendo bajo ciertas condiciones les
causa un perjuicio.
La esencia de este debate, el valor de la vida humana y su
correspondiente protección, antes que un tema jurídico es un asunto
ético definido por la cultura. ¿Debe considerarse que la vida tiene un
valor sagrado, innegociable, irrenunciable e indisponible, o debe
enfocarse desde una perspectiva relativista, materialista y utilitarista, el
cual depende de los deseos de las personas y de ciertas condiciones
particulares?
El desarrollo que en el futuro vaya a tener la aplicación de la
eutanasia, depende de los límites éticos que la sociedad le imponga
antes que de los límites jurídicos, que pueden ser obviados en la
práctica y finalmente abolidos si la sociedad los considera ilegítimos.
Por eso considero que no sólo es legítimo sino indispensable estudiar
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en profundidad las implicaciones éticas de la eutanasia, antes de
avanzar con su regulación.
Las condiciones cívicas necesarias para establecer un verdadero
diálogo político sobre temas éticos es algo que tarde o temprano
vamos a tener que desarrollar, pues es una ilusión pensar que pronto
vamos a lograr un consenso en esta materia, o que a través de una
decisión judicial se puede poner punto final a este debate.
En primer lugar, porque una vez que se legitima socialmente la
práctica de la eutanasia, esta crea su propia demanda, exigiendo una
progresiva ampliación de los supuestos de legalización.
Este es un desenlace social natural, en la medida en que la
sensibilidad sociedad cambia al asimilar progresivamente las nuevas
reglas de juego (antes no era concebible la administración de una
muerte médica y legal a los pacientes), las cuales llevan al
planteamiento de nuevos dilemas (qué muerte se debería elegir en tal
o cual situación), cosa que no era posible bajo las reglas anteriores,
bajo las cuales la muerte es un hecho natural que se asume desde
una perspectiva de aceptación solidaria, no desde una perspectiva de
poder y control.
Y en segundo lugar, porque la sociedad tarda un tiempo en
acomodarse a una decisión que sacude sus cimientos éticos y
religiosos, y aún en enfrentarla cuando estima que ha sido impuesta
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por una instancia de poder poco sintonizada con lo que cree y piensa
el pueblo colombiano.
Como ejemplo, basta con ver lo que ha pasado en EEUU, cuarenta
años después de la legalización del aborto por la vía judicial. El debate
hoy está más vivo que nunca. Y nadie se plantea seriamente que sea
posible un consenso ni viable un punto medio que zanje
definitivamente este debate.
Ahora, si bien es inevitable que esta discusión se profundice en las
próximas décadas, sí está en nuestras manos evitar que por su causa
la sociedad se enfrente violentamente, marginando a quienes piensen
diferente a la corriente políticamente dominante, o menospreciando las
preocupaciones éticas que irán surgiendo en el futuro, a medida que
cada vez más personas tengan que plantearse, quiéranlo o no,
decisiones sobre la muerte propia o de seres queridos.
Para ilustrar un poco estos dos puntos que he señalado quiero
compartir con ustedes las reflexiones del profesor Theo Boer, miembro
hasta el año pasado de uno de los cinco comités regionales de
seguimiento a la Eutanasia en Holanda, quien después de haber
apoyado durante doce años la regulación existente y de haber
supervisado más de 4.000 muertes, cambió de posición ante lo que él
califica como “un incremento explosivo” en su práctica.
El doctor Boer relata como en un principio el gremio médico holandés
llegó a la conclusión de que la clave para mantener bajo control la
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aplicación de la eutanasia, era una cuestión técnica: una buena ley,
con unos supuestos claros, en combinación con un procedimiento
efectivo de revisión periódica.
En su momento la opinión pública consideró que la ley era bastante
equilibrada y que prometía un compromiso respetable y estable frente
a los diferentes puntos de vista que podían existir sobre el tema.
Sin embargo, a partir de 2008 se comenzó a registrar un incremento
del 15% anual en la práctica legal de eutanasia.
De un número 1.800 muertes practicadas en el año 2002, se ha
llegado cerca de 6.000 en este año, convirtiéndose por ejemplo, en el
tipo de muerte estándar para los pacientes de cáncer.
Además, otro desarrollo imprevisto fue el que la Asociación Holandesa
para el Derecho a Morir, creó una red viajera de médicos que pueden
administrar la dulce muerte simplemente después de tres entrevistas, y
está presionando para que toda persona mayor de 70 años, si es su
voluntad morir, tenga el derecho a recibir una dosis letal.
Los pacientes con enfermedades mentales, que rara vez buscaron
este procedimiento durante los primeros años de legalización, son los
que más han crecido últimamente.
Incluso, se han reportado casos de eutanasia para quienes su
sufrimiento se debe principalmente a la soledad, a la vejez o al duelo
por un ser querido, algo que nadie se atrevió a plantear durante el
trámite de la ley.
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Por otra parte, en la Flandes belga simplemente el miedo al futuro
parece ser una buena razón para que se practique la eutanasia, como
lo demostró el año pasado el caso de Francisco y Ana. La pareja de
casi 90 años explicaron que tenían miedo de lo que pasaría en el
futuro si uno de ellos moría y dejaba sólo al otro. Cuando uno de sus
tres hijos se enteró de sus planes de ponerse una bolsa de plástico en
la cabeza para morir, les ofreció según sus propias palabras “una
solución más elegante”.
Juan Pablo, su hijo, organizó la eutanasia de sus padres, explicando a
los medios de comunicación que ninguno de los tres hijos de la pareja
habría podido acompañar a su papá o a su mamá, en caso de que uno
de ellos faltara y el otro quedara dependiente y necesitara un
acompañamiento permanente.
Precisamente, una de las frustraciones con las que se encontró el
doctor Boer volviendo al régimen holandés, fue la incapacidad de los
Comités de Revisión para frenar la presión por parte de los pacientes y
de sus familiares, cuando exigían que se cumplieran sus deseos
incluso por encima de los criterios médicos, en casos como por
ejemplo, los de las eutanasias en pareja.
De acuerdo con un informe presentado en diciembre pasado por la
Asociación de Médicos de Holanda, el 70% de los médicos dijo
haberse sentido presionados en relación con la eutanasia, y el 64%
reportó que cada año la presión se sentía de manera más fuerte.
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En Colombia, el debate que se dio alrededor de la aprobación del
primer caso de eutanasia puede darnos una idea de que nuestro país
va a tener que enfrentar dificultades similares, sólo que en un contexto
institucional más vulnerable que el holandés, debido a la debilidad de
nuestro sistema de salud y a la poca consideración que nuestra cultura
tiene por los límites establecidos en la ley.
Según la reglamentación actual la eutanasia sólo puede ser
administrada a personas en fase terminal, es decir, cuando
médicamente se diagnostica que la muerte está próxima a ocurrir.
Sin embargo, en el caso que se conoció a través de los medios de
comunicación, el médico que hacía parte del comité de autorización, el
doctor Juan Pablo Cardona, quien incluso manifestó ser discípulo de
Carlos Gaviria Díaz y presidente de la organización pro eutanasia de
su departamento, negó el procedimiento porque estos requisitos no se
cumplían, según sus palabras porque entre otras cosas, no había una
“inminencia cercana de la muerte”.
Inmediatamente se desató una impresionante cruzada mediática y
jurídica exigiendo la aprobación de esa eutanasia, la cual hizo sentir al
doctor Cardona como “un médico sin corazón”, al ser exhibido como el
responsable del sufrimiento del señor Ovidio González.
En la apoteosis de esa presión social, jurídica y mediática el médico
cambió su concepto y de manera inmediata se le administró la muerte
dulce al paciente.
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Con este antecedente podría decirse que el único criterio objetivo que
se estableció para para limitar el abuso de la práctica eutanásica (el
diagnóstico médico de un estado terminal en el paciente), no resistió ni
siquiera la presión del primer caso.
De acuerdo con el doctor Boer, la imposibilidad de poner límites a la
práctica de la eutanasia se debe a un asunto cultural.
Mientras el estado holandés aprobó esta práctica como un último
recurso del que podían disponer los médicos en casos excepcionales,
la sociedad lo asumió como un derecho del paciente que a su vez les
impone a los médicos una obligación de actuar.
Y la realidad es que ni los pacientes ni sus familiares parecen estar
dispuestos a esperar a que se confirmen unas circunstancias
excepcionales, para poder ejercer lo que consideran un derecho a
disponer de la propia vida, en términos mucho más amplios.
En una entrevista dada en junio pasado al diario italiano Tempi, el
doctor Boer afirmaba que “Los defensores de la libertad ilimitada han
visto la norma de 2001 como un trampolín hacia derechos aún más
radicales. De hecho, la ley ha formado una realidad propia”.
Apreciación que coincide con una reciente afirmación hecha en una
entrevista a El Espectador por el actual presidente de la Academia
Colombiana de Medicina, doctor Juan Mendoza Vega, según la cual la
actual regulación de la eutanasia no es de ninguna manera un paso
definitivo en la materia, sino apenas “un primer paso en una buena
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dirección”, ya que él considera que es necesario incluir a pacientes
que no estén en estado terminal.
Agregando, en relación con las posibilidades de aplicar la muerte
dulce a los niños, que “hay que esperar” ya que “en este tema
estamos caminando a un paso lento pero seguro”.
Precisamente en el tema de la eutanasia para niños, es donde se ve
de forma más evidente lo difícil de frenar la mentalidad eutanásica,
una vez que el supuesto “derecho a la eutanasia” se va arraigando en
la conciencia social.
Desde la primera regulación de la materia en Holanda, en 2001, se
admite la eutanasia para adolescentes de 12 años en adelante. Luego,
desde 2005 se admitió la eutanasia para recién nacidos. Esto era algo
que ya se hacía de forma ilegal, pero que se reglamentó con el
Protocolo de la Universidad de Groninga, admitiendo que no sólo se
era procedente para evitarle a los bebés un sufrimiento físico
insoportable, sino porque sería una exigencia de humanidad evitarles
una pobre calidad de vida o el ser una carga para otros durante un
largo tiempo.
Finalmente, desde 2013 la Asociación de Médicos de Holanda aboga
por la aprobación de la eutanasia para niños menores de 12 años,
argumentando, y esto es lo más llamativo, que se podría evitar un
sufrimiento severo a los padres y calculando que de los 175.000
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niños que nacen cada año en ese país, unos 650 podrían ser
beneficiarios de ese derecho.
En Bélgica los presos piden masivamente la eutanasia. Una vez que el
público se acostumbre a ver ejecuciones masivas de presos, ¿no será
más fácil de aceptar la pena de muerte?, ¿Quién podría tener más
razones para pedir la eutanasia que un inocente que ha sido
injustamente condenado por un crimen atroz como el abuso de niños,
a quien se la ha arruinado su vida?
Hace unas semanas 300 campesinos de la India pidieron la eutanasia
porque debido al clima perdieron las cosechas y no podían pagar los
préstamos de los bancos. ¿Si se autoriza son los bancos los
responsables de esta eutanasia masiva?, ¿qué pasaría si la sociedad
más “avanzada” de mañana termina estando de acuerdo con las
personas que solicitan eutanasias masivas por motivos pobreza o
marginación social?
Hace menos de un mes una pareja en Cataluña, donde no está
regulada la eutanasia, decidió acabar con la vida de su hija de 28 años
de edad, quien estaba afectada por una enfermedad psíquica y luego
de hacerlo se suicidaron. El padre había contraído una enfermedad
recientemente y la pareja decidió suicidarse y llevarse a su hija con
ellos, antes que dejarle la carga familiar a su otro hijo, quien vivía en
otro pueblo a pocos kilómetros de allí. ¿Esta era una pareja de
enfermos mentales o de pioneros vanguardistas?, ¿Quiénes serían
más solidarios, quienes buscaran disuadirlos de su idea, metiéndose
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sin ningún derecho en su vida e intentando hacerles cambiar de
parecer, o quienes aceptaron cualquier decisión que tomaran,
validando su razonamiento como una “opción” y ofreciéndoles, eso sí,
una solución más elegante que la escopeta que usaron?
¿Con qué argumentos se le va a negar a una o a un grupo de
personas la muerte, si ya han tomado la decisión, si quienes les
nieguen la muerte pasarán a ser responsables de su dolor físico o
psicológico?
Como explica el doctor Boer, una vez que sacamos al genio de la
botella, es muy difícil volverlo a meter. Si esta regulación es efectiva
difundiendo la mentalidad de que todos tenemos el derecho a elegir
nuestra forma de morir, qué argumentos sólidos quedan para negar la
administración de la dulce muerte en casos como el de los gemelos
belgas, que eran sordos de nacimiento y fueron diagnosticados con un
glaucoma genético que los dejaría ciegos, frente a lo cual prefirieron
morir juntos, antes que el sufrimiento de perder la vista. El de Nancy,
quien prefirió una inyección letal ante la frustración por su cambio de
sexo, al no resultar su nuevo cuerpo como esperaba. O el de Gaby
Olthuis, quien a pesar de tener dos hijos adolescentes prefirió la
eutanasia antes que soportar otros 13 años con tinitus.
Aunque se pretenda que estos casos únicamente afectan a la persona
que toma la decisión, es innegable que los hijos de Gaby han sido
profundamente afectados por la decisión de su madre de morir. Sólo
tenemos que ponernos en lugar de sus hijos de 15 y 17 años mientras
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su madre les explica los motivos para quitarse la vida, la cual parecía
ser bastante funcional, para darnos cuenta que esa decisión afectará
radicalmente su forma de ver el valor de la vida humana.
Y no sólo a ellos. A las organizaciones que apoyan a pacientes con
tinitus la noticia les cayó como un baldado de agua fría. Se
apresuraron a decir que el suicidio no es una solución para ese tipo de
dolencia y que siempre hay una mejor opción que esa.
Sin embargo, es innegable que la decisión de Gaby cambió
profundamente el contexto cultural en el que trabajan esas
organizaciones. Si el establecimiento médico y el Estado validan la
eutanasia como un procedimiento optativo para pacientes que sufren
de tinitus, o de depresión o de anorexia, como ha sucedido
recientemente en Bélgica, ¿cómo las organizaciones que apoyan este
tipo de pacientes, pueden evitar que a los ojos de los pacientes y de la
sociedad la eutanasia no pueda parecer la mejor opción?
Fue precisamente la tenacidad de las organizaciones que trabajan con
personas con discapacidad, la que logró hundir hace unas semanas el
proyecto de ley de eutanasia en el Estado de California, de la misma
forma como lo habían hecho antes en Massachusetts, Colorado y
Connecticut. Uno de sus principales argumentos es que el facilitarles
la muerte a petición los hace más vulnerables a la presión, el rechazo
y el maltrato del entorno.
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Cuando la sociedad se solidariza con la decisión de Daniel Jaimes, un
jugador de Rugby de 23 años que al quedar cuadrapléjico cuenta en el
show de Oprah que prefiere morir antes que llevar una vida de
segunda clase, ¿no está adoptando una posición ética sobre el valor
de la vida de otras personas que se encuentran en una situación
similar?
En lugar de afianzar la dignidad de estos pacientes, cada vez que un
grupo de ellos es incluido en la lista de candidatos idóneos para la
eutanasia, hace que sea más difícil entender que incurable o
dependiente no es lo mismo que indigno.
Por supuesto que todas las legislaciones sobre eutanasia pretenden
garantizar la autonomía del paciente y protegerlo frente a presiones
indebidas, sin embargo este ideal es un espejismo, ya que desconoce
la naturaleza relacional de los seres humanos, y que una vez que la
eutanasia se desestigmatiza, formas sutiles de presión, incluso
involuntaria, puede encontrar su camino a través de familiares o del
personal médico.
Como lo denunciaba Deborah Doctor, defensora de los derechos de
las personas con discapacidad en Estados Unidos: basta con hacer
sentir al enfermo que la pérdida de autonomía (citada por el 90% de
quienes se acogieron al programa de Oregón) equivale a pérdida de
dignidad (citada por un 80%), o que es una carga para otros (citada
por un 40%).
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Estas experiencias indican que la eutanasia, a pesar de ser
sinceramente sentida como un gesto de auténtica compasión, puede
dificultar las manifestaciones de solidaridad que naturalmente surgen
en un entorno donde la muerte no es una opción. La legalización de la
eutanasia cambia las reglas de juego, y con ellas las expectativas de
quienes se encuentran bajo ese régimen.
En efecto, el apoyo a la eutanasia de un familiar puede terminar
validando sus peores temores: que es una carga, que su vida no vale
y que lo mejor sería estar muerto. Las nuevas costumbres que
normalizan el que cierto tipo de enfermedades terminen típicamente
en eutanasia, hará la situación más difícil para quienes quieran seguir
adelante con ella hasta su muerte natural. En especial, si las
instituciones médicas que ofrecen servicios a pacientes crónicos con
una visión institucional pro vida son obligadas a cerrar sus servicios,
ante su imposibilidad ética de establecer los servicios de eutanasia
exigidos por el gobierno.
A medida que se generalice este tipo de compasión “neutra”,
validadora de cualquier opción que tome un ser querido, incluso la de
quitarse la vida, será más factible que culturalmente se materialice lo
que el filósofo americano Jhon Hardwig denomina “el deber moral de
morir”.
Refiriéndose a los ancianos, Hardwig explica que el deber de morir
aumenta a medida que uno se hace más viejo. Y añade que la
obligatoriedad de este deber moral se intensifica cuando la
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continuación de la propia vida impone cargas emocionales,
económicas, exige de otros mucha dedicación o puede llegar a
destruir los proyectos personales de los familiares y de los otros seres
queridos que serían afectados por su existencia.
Nada podría ser más parecido a las utopías que se popularizaron en
los escritos de ficción del siglo pasado, y que parecen dominar la
imaginación de muchos tecnócratas: un mundo donde todo es limpio,
perfecto y aterrador.
En conclusión, el debate sobre si la eutanasia se debe calificar o no de
derecho es algo que debería resolver la sociedad, teniendo en cuenta
la profunda carga ética que tiene este asunto y la necesidad de hacer
conciencia sobre la trascendencia que semejante decisión puede tener
en la dinámica social.
Algo que sólo se logra multiplicando los espacios de diálogo como
este, en los que se escuchen los diferentes puntos de vista sobre el
tema con espíritu cívico y democrático.
Mi impresión es que este debate apenas comienza para el pueblo
colombiano, y que será éste, con base en sus convicciones éticas y en
la visión de sociedad que quiera construir, el que tendrá la última
palabra, como es de esperarse en los regímenes democráticos.
Muchas gracias.
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