INTERNO (sólo para miembros de AI) Índice AI: AFR …...G)1: "Desapariciones" y ejecuciones...

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INTERNO (sólo para miembros de AI) Índice AI: AFR 46/04/93/s

Distr: SC/CC

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

A: Todas las Secciones

Coordinadores de Campañas

De: Departamento de Organización y Campañas, proyecto especial sobre "desapariciones" y

homicidios políticos

Fecha: 18 de agosto de 1993

"DESAPARICIONES" Y HOMICIDIOS POLÍTICOS:

LA CRISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS AÑOS NOVENTA ) MANUAL DE ACCIÓN (Versión provisional)

Capítulo C)4. Zimbabue: Ruptura con el pasado

Resumen

El SI está preparando un importante informe sobre las "desapariciones" y los homicidios políticos

para utilizarlo durante la próxima campaña y como instrumento a largo plazo. Se adjunta la versión

provisional del texto del capítulo C)4.

El informe "Desapariciones" y homicidios políticos: La crisis de los derechos humanos en los años

noventa - Manual de acción consiste en el estudio de una serie de casos de "desapariciones" y homicidios

políticos en países concretos (marcados "C)..." en la versión provisional), que irán seguidos de una serie de

capítulos generales (marcados "G)..."), en los que se hace hincapié en la acción.

A continuación figura una lista provisional de los capítulos. Se incluye el índice AI de los ya

publicados en versión provisional:

Capítulo Índice AI

Introducción

Capítulos de Países

C)1. IRAK:

El mundo no quería escuchar

C)2. SRI LANKA:

Las "desapariciones" y el asesinato como técnicas contrainsurgentes

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C)3: COLOMBIA:

Evolución de los métodos

para evadir

responsabilidades

C)4: ZIMBABUE:

Ruptura con el pasado

AFR 46/04/93/s

C)5: TURQUIA

C)6: MARRUECOS:

Reaparecen los "desaparecidos"

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MDE 29/05/93

Capítulos Generales

G)1: "Desapariciones" y ejecuciones extrajudiciales en los años noventa

G)2: Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como violaciones de los derechos humanos

(ACT 33/05/93/s)

G)3: Prevención

G)4: Investigación

G)5: Procesamiento de los perpetradores de violaciones de derechos humanos

G)6: Acción a través de las Naciones Unidas y las instituciones regionales

G)7: Acción contra los homicidios de los grupos de oposición

G)8: Acción internacional

Apéndices: Textos de los tratados internacionales

El capítulo C)4 es la versión revisada de un documento presentado a la Conferencia Internacional

sobre Homicidios Políticos y "Desapariciones", organizada por la sección neerlandesa de AI entre el 4 y el 6

de septiembre de 1992. Fue escrito por Richard Carver.

Palabras clave

IMPUNIDAD1 / EJECUCION EXTRAJUDICIAL1 / DESAPARICIONES /

CAMPAÑAS / TORTURA/MALOS TRATOS / PEQUEÑOS COMERCIANTES /

MAESTROS / GRUPOS RELIGIOSOS ) PROTESTANTES / MUJERES / NIÑOS /

MILITARES / FUERZAS PARAMILITARES / AMNISTIAS PARA VIOLADORES DE

DERECHOS HUMANOS / LEGISLACION / TESTIMONIOS DE

POLICIAS/MILITARES / CONFLICTO ARMADO /

Distribución

La distribución de esta circular EXTERNA es la que se indica anteriormente.

Acciones recomendadas

El informe constituye el principal documento en el que AI expone sistemáticamente los resultados de

sus investigaciones y sus recomendaciones para su utilización por gobiernos, parlamentarios, abogados,

personas responsables de tomar decisiones, periodistas, organizaciones intergubernamentales y otras

organizaciones y activistas, así como los Grupos, los Grupos de Coordinación y las Secciones de AI. Estas

últimas planificarán el aprovechamiento óptimo del documento durante la campaña.

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EXTERNO (sólo para miembros de AI) Índice AI: AFR 46/04/93/s

Distr: SC/CC

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

"DESAPARICIONES" Y HOMICIDIOS POLÍTICOS:

LA CRISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS AÑOS NOVENTA

MANUAL DE ACCIÓN

CAPÍTULO C)4. ZIMBABUE: RUPTURA CON EL PASADO

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Versión provisional

Agosto de 1993

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CAPÍTULO C)4.

ZIMBABUE:

RUPTURA CON EL PASADO

Índice

La amnistía de 1980 2

Inmunidad y compensaciones en

las legislaciones de Rodesia y Zimbabue 4

Los efectos de la impunidad: Represión en Matabeleland 6

El debate sobre la impunidad 8

Afinzamiento de los derechos humanos:

La necesidad de aceptar el pasado 10

Esta es una versión provisional del Capítulo C-4 del informe de Amnistía Internacional

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"Desapariciones" y homicidios políticos: La crisis de los derechos humanos en los años

noventa - Manual de acción

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CAPITULO C)4

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ZIMBABUE:

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RUPTURA CON EL PASADO

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Intentábamos matarnos unos a otros; de eso trataba la guerra. Lo que me interesa ahora es que

crean en mí cuando declaro que he roto con el pasado.

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) Declaraciones del primer ministro Robert Mugabe al conservar en su puesto de

director de la Organización Central de Inteligencia de Zimbabue al jefe de los

servicios secretos de Rodesia tras la independencia de Zimbabue en 1980(1).

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La exigencia de responsabilidades por violaciones de derechos humanos a los miembros de las

fuerzas de seguridad apenas se debate en Africa. En América Latina y, más recientemente, en Europa del

este, la cuestión del procesamiento de funcionarios públicos responsables de violaciones de derechos

humanos durante pasados regímenes ha sido sometida a debate nacional. Pero en la mayoría de los países

africanos esta posibilidad apenas se ha tenido en cuenta y suele decidirse sobre la marcha.

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Este asunto de vez en cuando se aborda públicamente cuando los antiguos dirigentes de gobiernos

dictatoriales y represivos se refugian en otros países del continente. Por ejemplo, los ex presidentes Hissein

Habré, de Chad, Siad Barre, de Somalia, y Mengistu Haile Mariam, de Etiopía, gozan actualmente de la

protección de los gobiernos de Senegal, Nigeria y Zimbabue, respectivamente. En este capítulo se examina la

impunidad de que disfrutaron los perpetradores de violaciones de derechos humanos durante el perido de

transición del gobierno de la minoría blanca al gobierno democrático de Zimbabue. Sin embargo, los mismos

principios son aplicables a otros muchos países africanos donde no se han exigido responsabilidades a los

funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos.

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En Rodesia (actual Zimbabue), las autoridades de la minoría blanca finalmente cedieron el gobierno

democrático a la mayoría negra en 1980, tras décadas de represión política que culminaron en la brutal

guerra contrainsurgente de los años setenta. El ejército, la policía y otros cuerpos de seguridad llevaron a

cabo numerosas ejecuciones extrajudiciales, "deasapariciones", torturas y otras violaciones de derechos

humanos exhaustivamente documentadas por organizaciones de derechos humanos de ese país e

internacionales. Sin embargo, una vez obtenida la independencia, consideraciones esencialmente políticas

dictaron no sólo que no se procesara a los perpetradores de pasadas violaciones de derechos humanos, sino

que éstos conservaran sus puestos dentro del aparato de seguridad, sin que se investigaran anteriores actos ni

se exigieran responsabilidades por ellos, lo que tuvo graves consecuencias que se examinan en este capítulo.

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LA AMNISTÍA DE 1980

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El acuerdo de independencia de Zimbabue se alcanzó repentinamente. Entre septiembre y diciembre

de 1979 las partes principales celebraron en Lancaster House, Londres, una conferencia presidida por el

Reino Unido, la potencia colonial. Participaron en ella el gobierno de Rodesia y los dirigentes de diversos

partidos negros que habían llegado a un "acuerdo interno" un año antes, así como los dos principales partidos

nacionalistas, la Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU), dirigida por Robert Mugabe, y la Unión

Popular Africana de Zimbabue (ZAPU), dirigida por Joshua Nkomo(2).

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El acuerdo de Lancaster House incluía una amnistía para todos los actos cometidos durante la guerra.

Con anterioridad, el movimiento nacionalista había solicitado el procesamiento de los dirigentes de Rodesia,

aunque sus peticiones no se reflejaron en el acuerdo. La amnistía, así como las garantías relativas a la

posesión de tierras y a los derechos a percibir una pensión, se consideraron imperativos políticos para que el

acuerdo de independencia fuera aceptado por la comunidad blanca, muy influyente económicamente.

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Tras la independencia, el gobierno de Zimbabue se adhirió a las disposiciones del acuerdo de

Lancaster House en otras cuestiones que le resultaban odiosas, como el mantenimiento de censos de votantes

racialmente segregados. Posiblemente habría sido poco realista esperar que el gobierno infringiese el acuerdo

en lo referente a la amnistía, puesto que dependía de la buena voluntad internacional para mantenerse. No

obstante, en esta cuestión fue más allá de las obligaciones impuestas por el acuerdo de Lancaster House al no

investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas anteriormente y mantener a sus perpetradores en

puestos cruciales del sistema de seguridad.

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Esta situación apenas provocó manifestaciones de inquietud, y la comunidad internacional cubrió de

halagos al nuevo primer ministro, Robert Mugabe, por sus cesiones "de hombre de Estado" a la comunidad

blanca. La opinión general fue que el nuevo gobierno, dominado por la Unión Nacional Africana de

Zimbabue (ZANU))considerada la más radical de las dos organizaciones nacionalistas) podría haber buscado

"venganza" contra la población blanca, pero que había optado, en cambio, por la "reconciliación".

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La amnistía a los perpetradores de violaciones de derechos humanos se justificó calificando de

acciones de guerra los abusos cometidos antes de la independencia. Esto constituyó una deformación grave

de los hechos. Rodesia se regía por un sistema de dominación racial institucionalizada que dependía de las

violaciones sistemáticas y, en ocasiones, legalizadas, de derechos humanos para mantenerse. Robert Mugabe

y otros miles de nacionalistas fueron detenidos )y en muchos casos torturados) no por causa de sus

actividades armadas, sino por intentar expresar sus opiniones políticas. Las fuerzas de seguridad rodesianas

llevaron a cabo muchas ejecuciones extrajudiciales de presos, civiles y otras personas que no tomaban parte

activa en las hostilidades, lo que está prohibido por la legislación humanitaria internacional sobre conflictos

armados, así como por los tratados internacionales de derechos humanos. En uno de los ejemplos más claros,

las fuerzas de seguridad rodesianas realizaron en 1979 ataques contra un campo de refugiados situado en

Nyadzonia, Mozambique, y provocaron casi mil muertos. Un miembro de un cuerpo de élite, los Selous

Scouts, que participó en la matanza describió posteriormente las instrucciones previas a un ataque:

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Nos dijeron que en Nyadzonia había un campo en el que se encontraban varios miles de refugiados

desarmados que podían ser reclutados por los grupos de guerrilleros. Resultaría más fácil arrasarlos

mientras carecían aún de armas y entrenamiento que esperar a que recibieran formación y fueran

enviados armados a Rodesia.(3)

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No se trató de una operación de combate normal, sino de una gravísima violación de derechos

humanos y de un crimen de guerra, que se repitió en centenares de incidentes de menor envergadura

ocurridos en todo el país y al otro lado de sus fronteras.

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La amnistía de Lancaster House debe considerarse un acto de convenciencia política. Pero no se

consultó a las víctimas de las violaciones de derechos humanos ni a sus familiares supervivientes cuando se

decidió no castigar a sus torturadores.

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Las razones en que se basaron los nuevos gobernantes para conservar en sus puestos a los miembros

de las fuerzas de seguridad que habían perpetrado violaciones de derechos humanos fueron explicadas por

Emmerson Mnangagwa, a la sazón ministro del Interior y responsable de la seguridad, en una entrevista

concedida al periodista Joseph Lelyveld en 1983. Cuando tomó posesión de su cargo tras la independencia de

Zimbabue, Emmerson Mnangagwa visitó la sala de una comisaría donde le habían torturado mientras

permanecía colgado boca abajo de unos ganchos de carnicero. En palabras de Lelyveld:

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Al día siguiente de las ceremonias de la independencia, los ganchos de carnicero seguían colgados

del techo y, sorprendentemente, quienes antes le habían interrogado estaban ahora a sus órdenes, al

igual que otro agente que reconoció que en una ocasión le había enviado una carta)bomba. Le dijeron

que se habían limitado a cumplir con su trabajo; entonces, él les prometió que en el Zimbabue

independiente podrían partir de cero. Más tarde se demostró que algunos eran agentes sudafricanos

pero, según declaró el ministro, otros parecían leales. Explicó que al principio no le había quedado

más remedio que confiar en ellos. No podía esperarse que Zimbabue desmantelara su único

organismo de seguridad."(4)

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El marco legal para la perpetuación de las violaciones de derechos humanos en Zimbabue lo

proporcionó el estado de emergencia vigente en Rodesia desde 1965, que se mantuvo otros diez años después

de la independencia. Los amplios y, con frecuencia, arbitrarios poderes que concedían las disposiciones de

emergencia a las fuerzas de seguridad proporcionaron a éstas la sensación de que se encontraban fuera del

alcance de la legislación ordinaria, manteniéndose la atmósfera de impunidad. Esta situación supuso,

además, que los agentes encargados de hacer cumplir la ley, como los policías, no adquirieron los

conocimientos básicos para investigar los delitos comunes y procesar a sus perpetradores, puesto que podían

encarcelarlos sin cargos ni juicio.

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INMUNIDAD Y COMPENSACIONES EN LAS LEGISLACIONES DE RODESIA Y ZIMBABUE

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En 1975, varias víctimas de torturas entablaron acciones judiciales por daños y perjuicios ante el

Tribunal Superior de Rodesia. Como respuesta, el gobierno aprobó la Ley de Inmunidad y Compensaciones,

que concedía a los miembros de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios del Estado inmunidad por

cualquier acto cometido de buena fe en defensa de la seguridad nacional desde diciembre de 1972.

Asimismo, confería al ministro de Orden Público autoridad para suspender las acciones por daños y

perjuicios presentadas ante el Tribunal Superior.

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El gobierno de Zimbabue conservó esta ley tras la independencia. Un ministro, Edgar Tekere, se

acogió a ella con éxito cuando se le acusó del asesinato de un granjero blanco en agosto de 1980, y, ante la

presión política, el gobierno se vio obligado a derogarla. No obstante, en aplicación de los poderes de

emergencia, muy pronto reintrodujo unas disposiciones casi idénticas y que le permitían evitar el control

parlamentario.

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El gobierno derogó estas últimas disposiciones en 1985 cuando el Tribunal Supremo dictaminó por

unanimidad que infringían la disposición constitucional que permite a las personas detenidas ilegalmente

solicitar una compensación ante los tribunales. (El dictamen se produjo como respuesta a la demanda por

detención ilegal presentada por un abogado de Harare, Denis Granger, contra la Organización Central de

Inteligencia, CIO). Pese a que la Constitución garantiza el derecho a recibir una indemnización, el gobierno

ha hecho caso omiso en numerosas ocasiones de los dictámenes de los tribunales. El primer ministro Mugabe

declaró al Parlamento en 1986:

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Si el gobierno )y lo digo como cuestión de principios) concediera indemnizaciones y pagara las

sumas ingentes que están en juego en estos casos, algunos de ellos insignificantes, estaría utilizando

equivocadamente el dinero de los contribuyentes... Cuando la gente aprovecha nuestra situación

liberal para acudir a los tribunales y ganar basándose en tecnicismos, no debe esperar que el gobierno

use los recursos del pueblo para enriquecerles..."(5)

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En mayo de 1989, el Parlamento aprobó una ulterior ley de inmunidad que concedía a los guardas

forestales y otros miembros de las fuerzas de seguridad inmunidad frente a la responsabilidad penal derivada

de los actos realizados de buena fe en el curso de sus actividades de represión de la caza furtiva(6). La Ley

de Protección de la Fauna (Inmunidad) se aprobó tras la presentación de cargos por las muertes de cazadores

furtivos contra varios funcionarios del Parque Nacional.(7)

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Parece ser que desde entonces esta ley ha alentado el uso de fuerza letal contra los cazadores furtivos,

y es posible incluso que se hayan producido ejecuciones extrajudiciales. Según cifras oficiales, entre julio de

1984 y septiembre de 1991, las patrullas "antifurtivos" mataron a 145 presuntos cazadores clandestinos.

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En resumen, Zimbabue inició su andadura como Estado independiente comunicando claramente a los

miembros de sus fuerzas de seguridad que disfrutarían de la misma inmunidad que sus predecesores

rodesianos. Se amnistió a funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos sin investigar sus

acciones ni exigirles responsabilidades por ellas. Muchos permanecieron en cargos de similar autoridad. Se

concedió inmunidad de procesamiento por violaciones de derechos humanos a los miembros de las fuerzas

de seguridad y gran parte del sistema legal que sirvió de marco para los abusos de los años setenta

permaneció intacto. Como consecuencia, el imperio de la ley se ha debilitado y las fuerzas de seguridad

siguen operando en una cultura que considera las violaciones de derechos humanos un método de trabajo

aceptable. Las fuerzas de seguridad de Rodesia transmitieron a las de Zimbabue técnicas específicas de

violación de los derechos humanos que, a menudo, practican las mismas personas.(8)

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LOS EFECTOS DE LA IMPUNIDAD: REPRESIÓN EN MATABELELAND

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Desde los primeros meses de la independencia de Zimbabue se vivió una situación de tensión y de

inseguridad potencial. En el Ejército Nacional de Zimbabue se integraron tres ejércitos )el ala militar de

ZANU )ZANLA), el Ejército Revolucionario del Pueblo de Zimbabue (ZIPRA), ala militar de ZAPU, y el

Ejército de Rodesia. Mientras el antiguo ejército de Rodesia siguió instalado en cuarteles y percibiendo la

totalidad de su sueldo, los guerrilleros nacionalistas que aguardaban la integración vivían en malas

condiciones en campamentos improvisados. El resentimiento originado por estos problemas avivó las

rivalidades latentes que existían entre el ZANLA y el ZIPRA, que estallaron en conflicto abierto en el

municipio de Entumbane, Bulawayo, la ciudad principal de Matabeleland, en noviembre de 1980 y febrero

de 1981. Durante este último periodo de combates, el primer ministro Mugabe envió a las fuerzas aéreas y a

los Rifles Africanos de Rodesia contra las fuerzas del ZIPRA estacionadas en Bulawayo; hubo más de 100

muertos. Se recibieron algunos informes de homicidios de civiles y prisioneros. En el municipio de

Mzilikazi, situado a más de dos kilómetros de la zona de combate, tres niños murieron durante el ataque de

un helicóptero. Según los informes, en la zona industrial de Bulawayo, ex reservistas de la policía rodesiana

ejecutaron a cinco funcionarios de la ZAPU. Una comisión judicial investigó estos hechos, pero su informe

no se hizo público.

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Muchos ex guerrilleros del ZIPRA sufrieron una desilusión porque el gobierno había utilizado contra

ellos al antiguo aparato militar de Rodesia y volvieron a la selva para continuar la lucha armada. Durante los

seis años siguientes, la campaña contrainsurgente que emprendió el ejército contra estos antiguos

guerrilleros, denominados "disidentes", proporcionó la oportunidad de cometer nuevas y graves violaciones

de derechos humanos.

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El gobierno emprendió la campaña contra los "disidentes" a principios de 1982 al desplegar en

Matabeleland Norte un destacamento al mando del teniente coronel Lionel Dyke, ex oficial de los Selous

Scouts de Rodesia. El destacamento estaba integrado por antiguos miembros de los Rifles Africanos y la

Infantería Ligera de Rodesia. En el curso de sus operaciones se recibieron con frecuencia informes de

palizas, torturas y homicidios de aldeanos.

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Este destacamento fue sustituido posteriormente por la Quinta Brigada, una unidad de élite. Durante

las temporadas de lluvias de principios de 1983 y 1984, la Quinta Brigada mató sistemáticamente a civiles de

Matabeleland, una zona del sur de Zimbabue de la que procedía gran parte del apoyo de la Unión Popular

Africana de Zimbabue. A diferencia de otras unidades del ejército, en las que ya se había producido la

integración, esta brigada estaba constituida exclusivamente por ex guerrilleros del ZANLA procedentes de

los grupos mayoritarios de lengua shona. La Quinta Brigada esgrimió grotescos estereotipos tribales de la

minoría de habla ndebele para justificar los abusos contra la población civil.(9)

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Una táctica rodesiana muy difundida después entre el ejército de Zimbabue consistía en la utilización

de "pseudo-bandas", esto es, grupos de soldados que se hacían pasar por guerrilleros para descubrir a

partidarios civiles de los rebeldes o cometer abusos que se atribuían después a los insurgentes. Amnistía

Internacional documentó dos ejemplos claros de esta táctica en 1985. En abril de ese año, unos agresores

armados, calificados posteriormente de "disidentes", mataron a siete personas en un bar del centro comercial

Mahamba, en Inyathi, Matabeleland Norte. Ese mismo día, la Unidad de Apoyo a la Policía, de carácter

paramilitar, había establecido un campamento a 200 metros del bar y algunos de sus miembros armados

habían estado bebiendo en él justo antes del ataque. Este se inició con un único disparo de advertencia y los

miembros de la Unidad salieron inmediatamente. Ni ellos ni la policía regular intervinieron hasta que los

agresores se fueron. El dueño del bar era Micah Bhebhe, miembro del comité central de la Unión Popular

Africana de Zimbabue. Su hijo figuró entre los muertos.

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En el segundo incidente, unos agresores no identificados abatieron a tiros a Luke y Jean Kumalo, un

maestro metodista y su esposa, en el colegio Thekwane, cerca de Plumtree, Matabeleland Sur, en noviembre

de 1985. Una vez más, el gobierno calificó de "disidentes" a los responsables. Sin embargo, los atacantes

vestían uniformes de combate, identificados como algunos testigos como pertenecientes a la Milicia Popular

paramilitar. Los agresores permanecieron más de dos horas en la escuela, disparando y quemando edificios

sin que intervinieran los soldados de un campamento del ejército situado a tres kilómetros. Al igual que

Micah Bhebhe, Kumalo era partidario de la Unión Popular Africana de Zimbabue, el partido con el que las

autoridades suelen identificar a los "disidentes".

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El gobierno de Zimbabue hizo oídos sordos a las solicitudes de que se investigaran estos dos

incidentes y no se identificó a los culpables. Es imposible saber cuántas muertes más atribuidas a

"disidentes" pueden haber sido obra de "pseudo-bandas".

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En 1983 el gobierno nombró una comisión para la investigación de las denuncias de homicidios de

civiles por parte del ejército en Matabeleland. Sus resultados no se han hecho públicos.

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La cultura oficial de olvido alcanzó su apogeo en junio de 1988 con el indulto de 75 miembros de las

fuerzas de seguridad que cumplían condena o se encontraban a la espera de juicio por violaciones de

derechos humanos. Entre los excarcelados figuró Robert Masikini, un agente de la Organización Central de

Inteligencia (CIO), que una semana antes había sido declarado culpable del asesinato de un preso político,

así como cuatro soldados de la Quinta Brigada condados a muerte por asesinato que se contaban entre los

escasos miembros del ejército procesados por violaciones de derechos humanos.(10)

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El gobierno adujo una clara justificación política para la amnistía de 1988. La presentaron como una

medida paralela a la inmunidad concedida meses antes a los "disidentes" tras la firma del acuerdo de unidad

entre la Unión Nacional Africana (Frente Patriótico), ZANU (PF) y la Unión del Pueblo Africano de

Zimbabue (ZAPU).

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La amnistía de los disidentes consiguió llevar la paz a Matabeleland, pero suscitó profundos recelos

en la opinión pública, ya que se cree que algunos de los rebeldes amnistiados habían cometido delitos

atroces, como el acuchillamiento de 16 personas, entre las que había niños de muy corta edad, en una misión

protestante de Esigodini en noviembre de 1987. No obstante, al conceder la amnistía a los miembros de las

fuerzas de seguridad, el gobierno pareció no conceder especial importancia al hecho de que habían cometido

sus delitos cuando tenían la responsabilidad de proteger los derechos humanos de los ciudadanos.

Fundamentalmente, el gobierno aplicó el mismo razonamiento que en 1980, cuando eliminó de un plumazo

pasados abusos con el pretexto de que se trataba de actos de guerra.

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EL DEBATE SOBRE LA IMPUNIDAD

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Muy pocas voces se alzaron en Zimbabue para criticar las amnistías de 1980 y 1988. Sin embargo,

sobre todo tras esta última, se ha reprochado al gobierno su incapacidad para explicar pasadas violaciones de

derechos humanos y aprender de ellas. Las familias de un grupo de "desaparecidos" han librado también una

tenaz batalla legal.

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La amnistía de 1980 apenas figuró en los debates políticos de su tiempo. Incluso quienes criticaron el

incumplimiento de otros aspectos del programa del gobierno anterior a la independencia, como la reforma

agraria, parecieron aceptar que había que romper con el pasado.

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La amnistía de 1988 suscitó cierta inquietud, sobre todo los excarcelamientos del ex agente de la

Organización Central de Inteligencia Robert Masikini y de los asesinos del teniente Ndolovu. En términos

estrictos, se trataba de una cuestión distinta a la de 1980. Cuando se alcanzó la independencia, se decidió no

investigar ni exigir responsabilidades por pasadas violaciones de derechos humanos. Pero algunas de las

personas que fueron puestas en libertad en aplicación de la amnistía de 1988 ya habían sido procesadas y

condenadas. Una vez más, en los círculos políticos apenas se apoyó la exigencia de responsabilidades por los

abusos cometidos entre la independencia y 1988. Kempo Mohadi, un paralmentario de la Unión Popular

Africana de Zimbabue que había demandado con éxito al gobierno para recibir una compensación por

torturas, retiró el caso tras el acuerdo de unidad entre su partido y la Unión Nacional de Zimbabue-Frente

Patriótico. "Personalmente, no acepto las condenas retroactivas. El 22 de diciembre [fecha en que se firmó el

acuerdo de unidad] se abrió un nuevo capítulo", declaró. Otro parlamentario de la ZAPU, Sidney Malunga,

que había estado encarcelado tres veces y recibido golpes en las plantas de los pies, expresó unos

sentimientos semejantes: "Creo que los dirigentes políticos deben ser magnánimos. No queremos abrir viejas

heridas."

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La reacción en Matabeleland fue distinta. Joseph Khumalo, de Silobela, fue entrevistado poco

después del acuerdo de unidad y de la amnistía:

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La memoria es muy poderosa. Desaparecieron incluso personas con las que jugaba de niño. A un

amigo de nuestra zona, Matanda Fuzane, le mataron sin preámbulos... Lo hicieron públicamente, por

la noche. Su padre fue testigo. Fue la Quinta Brigada. Le dispararon delante de su familia. [El

acuerdo de unidad] se ha alcanzado para consolar a las almas de la gente. Las personas sufrían y

ahora pueden descansar. Pero no se puede decir 'Señores, todo ha terminado'. No hay nada que me

demuestre que esta cuestión está cerrada.

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Un abogado de Ndebele cuyo hermano fue torturado con descargas eléctricas por la Organización

Central de Inteligencia comentó:

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Para quienes no les afectó, fue como leer una noticia sobre Líbano. Esas personas no tienen nada que

olvidar, nada que perdonar. Pero en Matabeleland todas las familias se vieron afectadas. Todas

sufrieron.(11)

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Un grupo de familias ha intentado, con éxito parcial, utilizar el sistema legal para exigir al gobierno

responsabilidades por las violaciones de derechos humanos. Son los familiares de nueve hombres que fueron

detenidos y "desaparecieron" en la región de Silobela, provincia de Midlands, la noche del 30 de enero de

1985.(12) En 1986, un abogado de la Comisión Católica para la Justicia y la Paz en Zimbabue presentó ante

el Tribunal Superior una demanda en nombre de nueve mujeres de Silobela. En sus declaraciones juradas, las

mujeres manifestaron que funcionarios de la ZANU-PF habían amenazado a sus esposos antes de su

"desaparición", que los secuestradores no hablaban bien ndebele y parecían funcionarios públicos más que

habitantes de la selva, que habían golpeado a los hombres y se los habían llevado en vehículos parecidos a

los camiones Nissan que utilizan las fuerzas de seguridad y que la policía no investigó adecuadamente las

"desapariciones".

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El Tribunal Superior ordenó una investigación policial del caso; el informe se presentó a principios

de 1989, pero no fue más allá de lo ya expuesto en las declaraciones juradas de las mujeres.

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A principios de 1992 se declaró muertos a los nueve hombres de Silobela. Si bien esto solucionó

ciertos problemas económicos relacionados con la administración de sus bienes, la conclusión del caso no

fue satisfactoria porque no se explicaron las circunstancias de su "desaparición", no se atribuyeron

responsabilidades y no se concedió una indemnización a las familias. Las fuerzas de seguridad vieron

confirmada una vez más su impunidad.

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AFIANZAMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS: LA NECESIDAD DE ACEPTAR EL

PASADO

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Es importante no simplificar excesivamente la discusión de la impunidad ni exagerar sus efectos. La

amnistía de los perpetradores de violaciones de derechos humanos rodesianos no fue responsable, en sí

misma, de la reproducción de tales abusos en el Zimbabue independiente. Sin embargo, proporcionó el

entorno )y los medios) para que continuaran.

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El nuevo gobierno utilizó conscientemente el aparato represivo de Rodesia: las leyes de emergencia,

los miembros de los servicios de inteligencia, las unidades militares especializadas y las tácticas

contrainsurgentes. En términos más generales, permitió que la cultura de abusos e impunidad permeara las

estructuras de seguridad.

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A muchos observadores les sorprendió la facilidad con la que ex funcionarios rodesianos trabajaban

codo con codo con guerrilleros nacionalistas tras la independencia de Zimbabue. Compartían una mentalidad

militar determinada )incluida la noción de que se encontraban fuera del alcance de la ley) que era más fuerte

que sus anteriores diferencias.

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La paradoja radica en que la inmunidad para los perpetradores de violaciones de derechos humanos

se ha difundido en un país que desde 1980 funciona como una democracia pluripartidista. Zimbabue dispone

de una judicatura vigorosa e independiente y de una Declaración de Derechos aplicable por los tribunales. En

principio, no carece de medios institucionales para imponer el respeto por los derechos humanos. Pero ha

decidido situar a las fuerzas de seguridad por encima de la ley. Se trata de un problema más político que

institucional.

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Desde 1987, con el refuerzo de las instituciones de la sociedad civil, se ejerce mayor presión sobre el

gobierno para que actúe contra los violadores de derechos humanos. La aparición de una prensa

independiente ha resultado particularmente importante. Por ejemplo, periódicos independientes han

destacado la "desaparición" de una mujer, Rashiwe Guzha, que fue vista por última vez bajo custodia de la

Organización Central de Inteligencia en 1990. Al convertir el caso en una causa célebre han obligado al

gobierno a presentar cargos contra un oficial de alto rango de dicha organización. La prensa, personalidades

académicas y grupos de derechos humanos han solicitado que se designe una comisión independiente que

investigue el funcionamiento de la Organización Central de Inteligencia.

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Aún no es demasiado tarde para que el gobierno de Zimbabue emprenda un proceso exhaustivo de

investigación y explicación de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Las autoridades

deben comprender que forma parte del proceso para curar las heridas, tanto en el plano individual )las

familias de los muertos o "desaparecidos") como en el nacional. Podría añadirse que es posible que el

gobierno resulte favorecido por dicha investigación, pues desde 1987 ha adoptado importantes medidas para

superar las condiciones que han ocasionado las violaciones de derechos humanos o permitido que ocurrieran.

Se corre el peligro de que, sin una explicación adecuada de pasadas violaciones, tales mejoras no se afiancen.

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(1) Citado por Ken Flower en Serving Secretly; An Intelligence Chief on

Record; Rhodesia into Zimbabwe; 1964 to 1981, Ed. John Murray, Londres, 1987,

pag. 3.

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(2) En ese momento, la ZAPU y la ZANU formaban una alianza denominada Frente

Patriótico. Tras la independencia, el Frente Patriótico se rompió y las dos

organizaciones acudieron por separado a las elecciones. La denominada Unión

Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) obtuvo la mayoría

de los escaños y formó un gobierno que incluía algunos ministros de la ZAPU.

La mayoría de éstos fueron cesados en 1982 al intensificarse las tensiones

políticas. En diciembre de 1987 ambos partidos se unieron y en la actualidad

gobiernan con el nombre de ZANU(PF).

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(3) Citado por David Martin y Phyllis Johnson en The Struggle for Zimbabwe;

The Chimurenga War, ed. Faber and Faber, Londres, 1981, pag. 241.

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(4) Joseph Lelyveld, Move Your Shadow; South Africa, Black and White, ed.

Times Books, Nueva York, 1985, pag. 213.

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(5) Discurso pronunciado el 16 de julio de 1986, citado por G. Feltoe en

A Guide to Zimbabwean Cases Relating to Security, Emergency Powers and

Unlawful Arrest and Detention, ed. Legal Resources Foundation, Harare, 1988,

pag. 8.

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(6) Esta inmunidad no es aplicable a las demandas de compensación civiles,

por lo que no se ve afectada por el veredicto del Tribunal Supremo en el caso

Granger.

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(7) Se recibieron numerosas denuncias de que habían inventado los cargos

policías implicados en la caza furtiva de elefantes y se retiraron los cargos.

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(8) El legado de violaciones de derechos humanos de Rodesia no se limitó

a las fronteras de Zimbabue. Muchos miembros de las fuerzas de seguridad

rodesianas salieron del país tras la independencia y se situaron fuera del

alcance de la ley de Zimbabue. Si se hubiera dicho la verdad podrían haberse

evitado ulteriores abusos. Gran número de ex miembros de las fuerzas de

seguridad de Rodesia terminaron al servicio de Sudáfrica y algunos

intervinieron en actividades contra la seguridad de Zimbabue. Otros hallaron

empleo en las "patrias" negras nominalmente independientes de Sudáfrica.

Entre los más importantes figura Ron Reid-Daley, jefe de los Selous Scouts,

que cometieron graves abusos, incluida la matanza de Nyadzonia, recibió el

mando de las Fuerzas de Defensa de Transkei. Otros muchos rodesianos ocuparon

altos cargos en el aparato de seguridad de Transkei. Durante el periodo de

Reid-Daley en Transkei se recibieron frecuentes informes de ataques contra

Lesotho llevados a cabo por el Ejército de Liberación de Lesotho, que cuenta

con el apoyo de Sudáfrica, y la propia Fuerza de Defensa de Transkei. Rodesia

legó también a Sudáfrica un institución entera dedicada al abuso de los

derechos humanos, la RENAMO (Resistencia Nacional de Mozambique). La

Organización Central de Inteligencia creó la RENAMO a mediados de la década

de 1970 para contrarrestar las actividades del ZANLA, la facción armada de

la Unión Nacional Africana de Zimbabue, y que operaba desde Mozambique. La

organización creció hasta convertirse en un movimiento de oposición al

gobierno mozambiqueño que cometió homicidios generalizados y mutilaciones

y esclavizó a la población rural de ese país. Los hombres de la RENAMO se

reclutaban, en un principio, entre los ndau de habla shona que pueblan la

frontera entre Zimbabue y Mozambique. Tras la independencia de Zimbabue en

1980, el control de la RENAMO "se transfirió de cabo a rabo" a los militares

sudafricanos, según su fundador, Ken Flower, que se convirtió en asesor de

confianza en cuestiones de seguridad de Robert Mugabe. Flower escribió más

tarde: "Empecé a preguntarme si habíamos creado un monstruo que había escapado

a nuestro control." (Flower, op. cit., pags. 261-2).

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(9) En 1984 la Quinta Brigada reanudó en Matabeleland Sur, que padecía

sequía desde hacía tres años, la utilización de una táctica contrainsurgente

heredada del ejército rodesiano, la "Operación Pavo". Como en épocas

anteriores, se destruyeron los alimentos, se cerraron las tiendas y se

confiscó la comida a los viajeros. Se impuso un estricto toque de queda y

se disparó contra quienes lo infringieron. Se recibieron informes de que sólo

se proporcionaban alimentos a los que presentaban el carnet de partido de

la ZANU-FP.

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(10) Es probable que la principal razón por la que se les acusó en primer

lugar fue que una de sus cuatro víctimas era un oficial del ejército que se

encontraba fuera de servicio, el teniente Edias Ndlovu. Según la

investigación, "se ató a los fallecidos con fibra, se les arrojó al suelo

y se les acuchilló repetidamente con bayonetas, como atraviesan los cazadores

con sus lanzas a los animales heridos."

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(11) Esta cita y la anterior proceden de entrevistas efectuadas por Bill

Berkeley, Zimbabue, 1988.

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(12) Decenas )posiblemente cientos) de personas "desaparecieron" en Matabeleland y Midlands en el espacio de unas semanas de enero y febrero de

1985. Hombres armados que conducían vehículos sin matrícula secuestraron a

la mayoría durante la noche. Las víctimas eran, sobre todo, de habla ndebele,

aunque en Midlands existe una población mixta de hablantes de shona y ndebele,

y muchos eran funcionarios locales de la ZAPU. El gobierno alegó que los

"desaparecidos" habían cruzado la frontera de Botsuana para unirse a los

"disidentes". Aparte de la inverosimilitud intrínseca de esta explicación,

pues muchos de los desaparecidos eran personas ancianas y no se tienen

noticias de que los "disidentes" dispongan de vehículos, persiste el hecho

de que tras la proclamación en 1988 de la amnistía para los "disidentes" no

reapareció ni una sola de las personas desaparecidas en enero y febrero de

1985.

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