INSTITUTO LATINOAMERICANO DE NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL...
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1 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE EL TRASLADO DE PERSONAS SENTENCIADAS Y EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO Un estudio de la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero y otros tratados bilaterales y multilaterales Lic. Hermes Navarro del Valle Febrero - 1994
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL
DELITO Y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE
EL TRASLADO DE PERSONAS SENTENCIADAS Y EL
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO
Un estudio de la Convención Interamericana para el
Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero y
otros tratados bilaterales y multilaterales
Lic. Hermes Navarro del Valle
Febrero - 1994
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D345.4
N322t Navarro del Valle, Hermes
El traslado de personas sentenciadas y el
cumplimiento de condenas penales en el extran-
jero: un estudio de la Convención Interamericana
para el Cumplimiento de Condenas Penales en el
Extranjero y otros tratados bilaterales y multila-
terales / Hermes Navarro del Valle. 1a. ed. --
San José, Costa Rica: ILANUD, 1994.
130p.
ISBN 9977-25-083-9
I. SENTENCIADO. II. SENTENCIAS.
EXTRANJERAS. III. TRASLADOS. IV. EJECUCION
DE CONDENAS EN EL EXTRANJERO.
V. LEGISLACION INTERNACIONAL.
1. Título.
A Jean y Mónica,
A mi madre y padre,
Al Lic. Rafael Medaglia
3
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
ANTECEDENTES
CAPITULO 1
DEFINICIONES
ESTADO SENTENCIADOR
ESTADO RECEPTOR
SENTENCIA
PERSONA SENTENCIADA
CAPITULO II
PRINCIPIOS GENERALES
CAPITULO III
CONDICIONES PARA LA APLICAClON
DE LA CONVENCION.
SENTENCIA FIRME Y DEFINITIVA
ANUENCIA DE LOS INVOLUCRADOS
EN EL TRASLADO
DOBLE INCRIMINACION
NACIONALIDAD
PENA DE MUERTE
TIEMPO RESTANTE DE LA CONDENA
RESPETO AL DERECHO INTERNO
CAPITULO IV
SUMINISTRO DE INFORMACION
4
CAPITULO V
PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO
DERECHO A SOLICITAR EL TRASLADO
VIA AUTORIDAD CENTRAL
CLAUSULA FEDERAL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
VERIFICACION DE ANUENCIA
EVALUACION PARA EL TRASLADO
COPIA DE LA SENTENCIA
ENTREGA DE LA PERSONA SENTENCIADA
GASTOS DEL TRASLADO
CAPITULO VI
NEGATIVA AL TRASLADO
CAPITULO VII
DERECHOS DE LA PERSONA SENTENCIADA TRASLADADA
Y FORMAS DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
COSA JUZGADA
FORMAS DE CUMPLIMIENTO
INFORMACION ADICIONAL
CAPITULO VIII
REVISION DE LA SENTENCIA Y EFECTOS
EN EL ESTADO RECEPTOR
CAPITULO IX
APLICACION DE LA CONVENCION EN CASOS ESPECIALES . . .
CAPITULO X
TRANSITO
5
CAPITULO XI
AUTORIDAD CENTRAL
ENTRADA EN VIGOR Y
ALCANCE DE LA CONVENCION
EFECTOS DE LA DENUNCIA
DE LA CON VENCION
CAPITULO XII
CONVENCION INTERAMERICANA PARA EL CUMPLIMIENTO
DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO
ARTICULO I - DEFINICIONES
ARTICULO II - PRINCIPIOS GENERALES
ARTICULO III - CONDICIONES PARA LA
APLICACION DE LA CON VENCION
ARTICULO IV- SUMINISTRO DE INFORMACION
ARTICULO V - PROCEDIMIENTO PARA
EL TRASLADO
ARTICULO VI - NEGATIVA AL TRASLADO
ARTICULO VII - DERECHOS DE LA PERSONA
SENTENCIADA TRASLADADA Y FORMAS DE
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
ARTICULO VIII - REVISION DE LA SENTENCIA
Y EFECTOS EN EL ESTADO RECEPTOR
ARTICULO IX - APLICACION DE LA
CON VENCION EN CASOS ESPECIALES
ARTICULO X - TRANSITO
ARTICULO XI - AUTORIDAD CENTRAL
ARTICULO XII - ALCANCE DE LA CONVENCION
CLAUSULAS FINALES
ARTICULO XIII
ARTICULO XIV
ARTICULO XV
ARTICULO XVI
6
ARTICULO XVII
ARTICULO XVIII
ARTICULO XIX
CAPITULO XIII
COMPARATIVO ENTRE LAS DISTINTAS
CONVENCIONES SOBRE CUMPLIMIENTO DE
CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO
Artículo 1. DEFINICIONES
CONCORDANCIAS
Artículo II. PRINCIPIOS GENERALES
CONCORDANCIAS
Artículo III. CONDICIONES PARA LA
APLICACION DE LA CON VENCION
INCISO 1
CONCORDANCIAS
INCISO II
CONCORDANCIAS
INCISO III
CONCORDANCIAS
INCISO IV
CONCORDANCIAS
INCISO V
CONCORDANCIAS
INCISO VI
CONCORDANCIAS
INCISO VII
CONCORDANCIAS
Artículo IV. SUMINISTRO INFORMAClON
CONCORDANCIAS
Artículo V. PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO
INCISOS 1 Y II
CONCORDANCIA
7
INCISO III
CONCORDANCIA
INCISO IV
CONCORDANCIA
INCISO V
CONCORDANCIAS
INCISO VI
CONCORDANCIAS
INCISO VII
CONCORDANCIAS
INCISO VIII
CONCORDANCIAS
INCISOS IX Y X
CONCORDANCIAS
Artículo VI. NEGATIVA AL TRASLADO
CONCORDANCIAS
Artículo VII. DERECHOS DE LA PERSONA
SENTENCIADA TRASLADADA Y FORMAS DE
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
INCISO I
CONCORDANCIAS
INCISO II
CONCORDANCIAS
INCISO III
CONCORDANCIAS
Artículo VIII. REVISlON DE LA SENTENCIA Y
EFECTOS EN EL ESTADO RECEPTOR
CONCORDANCIAS
CONCORDANCIAS
Artículo IX. APLICAClON DE LA CONVENCION
EN CASOS ESPECIALES
CONCORDANCIAS
CONCORDANCIAS
8
Artículo X. TRANSITO
CONCORDANCIAS
Artículo XI. AUTORIDAD CENTRAL
CONCORDANCIAS
Artículo XII. ALCANCE DE LA CONVENCION
CONCORDANCIAS
9
INTRODUCCION
La rehabilitación de la persona sentenciada siempre ha sido una prioridad para los
gobiernos democráticos. Tanto es así, que encontramos este principio en documentos como
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 5, inciso 6, afirma
que:
“6. Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
rehabilitación social de los condenados. También lo hace el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, que en su artículo 10, inciso 3, establece:
“3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será
la reforma y la readaptación social de los penados...”
El número de extranjeros cumpliendo condenas en cárceles de países americanos va
en constante aumento. Numerosos estudios en distintos Estados del hemisferio han
demostrado que la rehabilitación de la persona sentenciada se torna altamente dificultosa
cuando dicha persona se encuentra en un ambiente que considera extraño, o cuando las
vías de comunicación no son las adecuadas para responder a sus necesidades e
inquietudes.
Dentro de los posibles beneficios del cumplimiento de dichas condenas en el Estado
del cual son nacionales estarían no sólo la disminución de extranjeros en las cárceles, sino
que una disminución de las “pandillas o bandas” étnicas que se suelen agrupar en centros de
reclusión. Si bien existen numerosos tratados bilaterales para el cumplimiento de condenas y
sobre la eficacia de condenas penales extranjeras, no se había estudiado la posibilidad de la
rehabilitación de la persona sentenciada, como se hace en la Convención Interamericana
para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero.1
Por tanto, no sólo desde un punto de vista doctrinario sino también desde un punto 1. 1 Ver también Bassiouni, M. Cherif; Derecho Penal Internacional. Proyecto de Código
Penal Internacional Editorial Tecnos, SA. Madrid, España, 1984. Pgs. 187 a 191.
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de vista práctico, es conveniente abrir la posibilidad para que la persona sentenciada pueda
realizar una total rehabilitación, mediante el cumplimiento de su condena en el Estado del
cual es nacional, dentro de su propio lenguaje, sus propios patrones culturales, afectos
familiares y lealtades cívicas.
Esta Convención Interamericana esta basada en múltiples tratados bilaterales sobre
la misma materia, es por ello que he escogido a la misma como base de nuestro análisis de
la materia. Asimismo, tuve la oportunidad de presidir el Grupo de Trabajo que preparó la
mencionada Convención Interamericana, lo cual creo desde un principio un afecto personal a
la misma. La Convención se ha redactado de una forma sencilla, sin incluir textos confusos o
fuera de la materia que debe tratar. Se ha dejado mucho espacio para la discrecionalidad de
los Estados, en cuanto a poder ajustar el traslado en sus distintas circunstancias.
ANTECEDENTES
El más antiguo antecedente del Comité Jurídico Interamericano constituye la
Comisión Permanente de Jurisconsultos de Río de Janeiro, creada por la Tercera
Conferencia Internacional de 1906. Su primera reunión se efectuó en 1912, aunque el
período de 1927 podría considerarse el de mayor importancia en vista de que fue en ese año
que se aprobaron doce proyectos de Derecho Internacional Público y el que sería Código de
Bustamante, de Derecho Internacional Privado.
Posteriormente, en la Conferencia Panamericana de Montevideo, 1933, se
establecieron las Comisiones Nacionales para la Codificación del Derecho Internacional así
como una Comisión Interamericana de Expertos, cuya primera sesión se celebró en la ciudad
de Washington, D.C., en abril de 1937.
Luego se crea el Comité Interamericano de Neutralidad, en la Primera Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas que se realizó en Panamá, del 26 de
septiembre al 3 de octubre de 1939. El Comité Interamericano de Neutralidad actuó durante 2.
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algo más de dos años y en 1942 la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores, en Río de Janeiro, mediante su Resolución XXVI, lo transformó en el Comité
Jurídico Interamericano y determinó que tuviera se sede en la ciudad de Río de Janeiro.
Luego se crea el Comité Interamericano de Neutralidad, en la Primera Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas que se realizó en Panamá, del 26 de
septiembre al 3 de octubre de 1939. El Comité Interamericano de Neutralidad actuó durante
algo más de dos años y en 1942 la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores, en Río de Janeiro, mediante su Resolución XXVI, lo transformó en el Comité
Jurídico Interamericano y determinó que tuviera se sede en la ciudad de Río de Janeiro.
En 1948, la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, adoptó la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, en la cual se creó el Consejo Interamericano de
Jurisconsultos con un representante de cada Estado, que reunía las funciones de consulta
para asuntos jurídicos de la OEA y las de desarrollo progresivo y codificación del derecho
internacional americano. Quedó establecido que su comisión permanente sería el propio
Comité Jurídico Interamericano, integrado por nueve juristas de los Estados miembros,
encargado, con amplia autonomía técnica, de emprender los estudios y trabajos
preparatorios que le fueran confiados por determinados órganos de la OEA.
Más tarde, en 1967, la III Conferencia Interamericana Extraordinaria, Buenos Aires,
aprobó un Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
o Protocolo de Buenos Aires, mediante el cual, al reformar la Carta, quedó eliminado el
Consejo Interamericano de Jurisconsultos, cuyas atribuciones pasaron al Comité jurídico
Interamericano, elevado así al nivel de órgano principal de la Organización de los Estados
Americanos.
El Organo tiene como atribuciones básicas, según el Artículo 104 de la Carta, las de
servir de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promover el desarrollo
progresivo y la codificación del derecho internacional y estudiar los problemas jurídicos
referentes a la integración de los países en desarrollo del Hemisferio y la posibilidad de
uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente.
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Le compete asimismo, conforme al Artículo 105 de la Carta, emprender los estudios
y trabajos preparatorios que le encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta
de Ministros de Relaciones Exteriores o los Consejos de la Organización. A iniciativa propia
puede realizar los que considere convenientes y sugerir la celebración de conferencias
jurídicas especializadas.
El Comité está integrado por once juristas nacionales de Estados miembros de la
Organización, que representan el conjunto de los Estados y tiene la más amplia autonomía
técnica.
Al clausurar su periodo ordinario de sesiones de julio-agosto de 1984, el Comité
Jurídico interamericano aprobó el temario para el período siguiente, a realizarse en los
meses de enero-febrero de 1985, en el cual, bajo el numeral 12, figuraba el tema:
Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero”.
El 16 de enero de 1986, el Relator designado, doctor Roberto MacLean Ugarteche,
presentó a consideración del Comité, como resultado del estudio de la materia, un proyecto
de Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero
(CJI/SO/15 enero/1986/Doc. N0 05).
Dada la importancia que tiene para los Estados Americanos la aprobación de una
Convención sobre el asunto, que por su naturaleza se incluye, obviamente, entre muchos
otros de carácter jurídico, el Relator expresó en el primer párrafo del preámbulo del citado
proyecto lo siguiente:
“La internacionalización de la vida contemporánea se ha extendido, por desgracia, no
sólo al campo comercial y civil, sino también a la vida delictiva. El número de extranjeros
cumpliendo condenas en cárceles de países americanos va en constante aumento, no
solamente en países fronterizos, en los que hasta cierto punto podría esperarse esta
situación, sino principalmente en los de mayor afluencia económica a donde convergen en
forma casi natural los delincuentes en busca de ganancias ilícitas. Pero el problema adquiere
proporciones muchos mayores en el caso de los delitos por tráfico de drogas, que
constituyen una de las grandes lacras sociales y que podría calificarse como un delito
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internacional típico de nuestro tiempo.”
En la sesión celebrada el día 7 de agosto de 1986, el referido Proyecto de
Convención fue objeto de una larga y minuciosa exposición por parte del Relator, quien
informó al Comité que él contenía una historia con dos aspectos: primero, el circunstancial
coyuntural, sobre cómo surgió el tema, y luego, su base doctrinaria.
Durante esa sesión y en las siguientes realizadas los días 8, 9 y 11 del mismo mes,
el Comité examinó y discutió en profundidad con el Relator, cada uno de los doce (12)
artículos que integran el proyecto de convención.
Aunque el Relator acogió gran número de las sugerencias de enmiendas propuestas
por los miembros del Comité, la consideración final del tema quedó postergada para el
período ordinario de sesiones de enero-febrero de 1987, no sólo en razón de la exigüedad de
tiempo para llegarse a buen término sobre el mismo, como principalmente, debido al hecho
de que el Comité, había concedido prioridad a otro tema, también de gran interés para los
Estados Americanos, cual era el relativo al “Proyecto de Convención interamericana sobre
Asistencia Judicial en Materia Penal”.
En la sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 1987, cl Comité volvió a
considerar el citado proyecto de convención, habiendo a indicación del doctor Jorge Reinaldo
A. Vanossi, acordado proceder a una nueva revisión de la totalidad de su articulado, Tras
haber reexaminado y discutido, en las sesiones celebradas los días 23, 26, 27, 28, 30 y 31
de enero y 2 y 3 de febrero de 1987, tanto los artículos objeto de consideración en el anterior
período de sesiones de agosto de 1986, como los artículos subsecuentes, inclusive las
cláusulas finales, el Comité Jurídico Interamericano aprobó por unanimidad de votos el
Proyecto de Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el
Extranjero. Este proyecto venía precedido de la siguiente presentación:
“En la sesión del día 8 de junio el doctor MacLean Ugarteche se refirió al Proyecto de
Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero.
Esta Convención, aunque aplicable a condenas por toda clase de delitos tiene, sobre todo,
gran relevancia para aquellos delitos relacionados con la actividad de los narcotraficantes. En
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realidad, explicó el Presidente del Comité Jurídico Interamericano, fue a raíz de la
presecución, juzgamiento y condena de personas jóvenes en general, que tentadas por las
bandas de narcotraficantes a veces para servir de correo de las acciones delictivas, violaron
las leyes de países en los que estaban de paso, que se creó la situación de existencia de
sentenciados en un medio donde no conocían el idioma, la cultura, lejanos a sus afectos
familiares. En esta circunstancia la idea de rehabilitación del delincuente se torna de difícil
cumplimiento con el agravante que estos jóvenes, por ser extranjeros en el país de su
condena, al término de las mismas después de varios años de cárcel, suelen ser expulsados
por indeseables para que retomen a sus países de origen donde, a su vez, deben volver a
readaptarse.
Este proyecto tiene como antecedentes tratados bilaterales firmados por los Estados
Unidos con México, Colombia, Perú, Bolivia y Canadá y se basa en principios humanitarios y
de posibilidad de rehabilitación al facilitar el traslado de un delincuente, para cumplir la
condena, al país donde es ciudadano o residente, se habla su idioma, si es el caso, y sobre
todo, donde están sus vínculos familiares y sus afectos. El Proyecto busca regular la
cooperación internacional en este problema mediante una serie de disposiciones que
contemplan los principales aspectos de esa cooperación.
Al referirse a las características principales del proyecto, el Presidente del CJI explicó
que lo fundamental en la aplicación del proyecto, si éste es aceptado como convención, es
que exista una triple aceptación para que un condenado sea trasladado a su país para
cumplir una condena impuesta en otro Estado. En primer lugar, el deseo del propio
sentenciado; segundo, la aceptación del país receptor y tercero la aceptación del país que lo
ha juzgado. Si faltare cualquiera de estas aceptaciones no podrían entrar en juego las demás
disposiciones del convenio para que se produzca el traslado.
Las demás disposiciones del proyecto de 19 artículos establecen otros requisitos
para el cumplimiento de condenas en el extranjero tales como que el delito también lo sea
en el Estado receptor; que el sentenciado sea nacional, domiciliado residente habitual en el
Estado receptor; que la sentencia sea definitiva. Además contiene el proyecto disposiciones
de garantías para cl traslado tales como no ser juzgado nuevamente por el mismo delito;
revisión de la sentencia en caso de nuevas pruebas; conmutación, indulto, amnistía, etc., por
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el Estado sentenciador. Además, también contiene el proyecto reglas de procedimiento
relacionados con el traslado del sentenciado y su documentación.
Varias Delegaciones destacaron la importancia de este proyecto por su contenido
humanitario y al mismo tiempo práctico como un elemento más para facilitar la cooperación
internacional en la lucha contra la actividad delictiva.”2
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, el 30 de julio de 1991,
integró un Grupo de Trabajo abierto a todos los miembros de la Comisión, para que estudie
el proyecto de Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el
Extranjero, preparado por el Comité Jurídico Interamericano, teniendo en cuenta para el
desarrollo de sus trabajos las observaciones de los gobiernos de Chile y México (CP/CAJP-
703/89 y add. 1) y cualesquiera otras que se presenten.
A tal efecto, la Comisión decidió solicitar a los Gobiernos de los Estados miembros se
sirvieran enviar, a la brevedad posible, sus observaciones y comentarios al proyecto de
Convención en referencia.
El 13 de agosto de 1991 el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y
Políticos inició las labores del Grupo de Trabajo. En esa oportunidad el Grupo acordó la
metodología a seguir para el desarrollo de sus labores. Posteriormente, el 25 de noviembre
de 1991, el Grupo eligió por aclamación al señor Hermes Navarro dei Valle, Representante
Alterno de Costa Rica, como Presidente del Grupo de Trabajo.
El Grupo de Trabajo procedió a examinar el proyecto de Convención, llegando a un
texto final luego de dos lecturas al mismo. En sesión celebrada el 24 de marzo de 1992, la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos consideró el Informe del Presidente del Grupo de
Trabajo (CP/CAJP-864/91 rev.1). La Comisión acordó hacer suyo el informe y el proyecto de
resolución anexado al mismo, y elevarlo a la consideración del Consejo Permanente de la
2 Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre el Examen del Informe Anual
del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General, CP/doc. 1829/87, de 19 de agosto de 1987.
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OEA, de conformidad con el párrafo dispositivo 2 de la Resolución AG/RES. 885 (XVII-O/87).
En sesión del 1 de abril de 1992, el Consejo Permanente consideró el Informe de la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos acerca dei proyecto de Convención Interamericana
para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero (CF/Doc. 2246/92) y acordó
remitirlo, junto con el proyecto de resolución contenido en el mismo, a la Asamblea General
de la OEA, órgano supremo de la Organización, para la consideración del correspondiente
punto en su temario.
La Asamblea General, mediante resolución aprobada el 23 de mayo de 1992
AG/RES. 1165 (XXII-O/92), acordó remitir el proyecto de convención a los gobiernos de los
Estados miembros para su consideración, y solicitarles que antes del 1 de octubre de 1992
se sirvan enviar sus observaciones y recomendaciones sobre el citado proyecto.
El 6 de octubre se volvió a elegir como Presidente del Grupo de Trabajo al Lic.
Hermes Navarro del Valle, Representante Alterno de Costa Rica. Luego se procedió a dar
una nueva lectura al proyecto de convención, tomando en cuenta las observaciones de
México, Haití, Estados Unidos de América y Chile (CP/CAJP-703/88 y adds.)
Luego de una nueva lectura, el Grupo de Trabajo envió el Proyecto de Convención a
la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, el cual lo aprobó sin reservas. Posteriormente
fue enviado al XXIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA en
Managua, Nicaragua, donde se adoptó la Convención y se procedió a abriría a la firma y
ratificación de los Estados miembros y cualquier otro Estado que desee adherirse al mismo.
CAPITULO 1
DEFINICIONES
Cualquier convención, ya sea multilateral o bilateral, que trate sobre derecho
procesal penal, debe contener un mínimo de definiciones básicas para los términos que
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serán usados en la misma. Esto debido a que no existe uniformidad en dicha materia, ni a
nivel regional ni universal.
Antes de analizar las cuatro definiciones básicas en un tratado de esta clase cabe
explicar que, no importa la terminología que se ocupe para las figuras, puesto que todas irán
acompañadas de una definición precisa de lo que se considera una u otra categoría.
ESTADO SENTENCIADOR
1. La primera definición es la del Estado que dictó la sentencia. Este Estado será el
que tenga la custodia de la persona sentenciada. Los cambios de terminología son mínimos
si examinamos los distintos acuerdos internacionales, la mayoría usan la formula de Estado
Trasladante’, mientras que otras usan “Estado Sentenciador.
La Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el
Extranjero (CICCPE) prefirió el término de “Estado Sentenciador” y no el de “Estado
Trasladante”.
Podría suceder que el Estado Trasladante no sea el Estado Sentenciador, en otras
palabras, que la persona haya sido trasladada mediante proceso diferente al previsto en la
Convención; este hecho produciría graves divergencias con las obligaciones del Estado que
dictó la sentencia, las cuales no podrían ser atribuidas al Estado definido como Trasladante
en el caso anteriormente descrito.
ESTADO RECEPTOR
2. La segunda figura es el Estado al cual la persona sentenciada va a ser trasladada.
Es decir, aquel Estado que reconocerá la sentencia impuesta en el otro Estado y acepta las
obligaciones de recibir a su nacional para que termine de cumplir la condena impuesta.
Este Estado ha sido denominado en la CICCPE como “Estado Receptor”, igual que
en el caso anterior se usan otros nombres para describirlo, como “Estado Administrador” en
el sentido de que será el que administre la sentencia; “Estado Requerido” ya que se le
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requiere que reconozca la sentencia. No obstante las diferencias de terminologías, la
descripción de la figura surge casi uniforme en los distintos acuerdos internacionales.
SENTENCIA
3. Una de las definiciones más difíciles de precisar es la “Sentencia”. Esta dificultad
se deriva del hecho que no es usual en los tratados bilaterales y multilaterales el incluir la
definición de Sentencia. La contenida en la CICCPE reviste las características principales y
hasta cierto punto coincidentes con los propósitos de otros tratados:
a) Debe tratarse de una decisión judicial, y no por ejemplo, administrativa.
b) La sentencia tiene que estar firme o ser definitiva, en otras palabras, que no haya
recurso legal ordinario contra ella pendiente en el Estado que la dictó y que el término para
plantear dicho recurso haya vencido.
La razón para hablar de recurso legal es que existen recursos ilegales los cuales, por
supuesto, están fuera del ámbito de la ley y de cualquier acuerdo internacional.
El recurso debe ser de caracter ordinario y no extraordinario. Existen Estados donde
el recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo, no caduca y puede ser interpuesto en
cualquier momento, inclusive posterior a cumplida la sentencia, puesto que el mismo podría
tener repercusiones económicas a favor del imputado. Se excluyeron los recursos
extraordinarios porque, caso contrario, nunca se podría aplicar la Convención.
Por último, se incluyó la referencia a que el tiempo para interponer dichos recursos
ordinarios haya vencido. De no ser así podría suceder que habiéndose iniciado proceso de
traslado se interponga recurso contra la sentencia y los esfuerzos realizados por ambos
Estado queden nulos.
Al respecto, el Gobierno de México expresó:
“4) En cuanto al artículo VI del Proyecto, cabe señalar que en el sistema jurídico
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mexicano, el recurso de amparo contra las sentencias del orden penal puede ser presentado
en cualquier momento, sin estar sujeto al plazo de 15 días previsto en el Articulo 22 de la
propia Ley de Amparo. En efecto, conforme al Artículo 23 de la mencionada Ley, el recurso
de amparo puede presentarse contra las sentencias que afectan la libertad del sujeto en
cualquier momento. Cabe agregar que de condicionar la entrega de los reos al agotamiento
de todos los recursos internos, el traslado podría no realizarse nunca.
Por lo antes expuesto, sería conveniente la búsqueda de una fórmula alternativa que
abarque la posibilidad de que una vez obtenida la voluntad del reo y agotados los recursos
ordinarios, se realice el traslado, no requiriendo el agotamiento definitivo de todos los
recursos.3
c) La sentencia debe imponer algún tipo de sanción que conlleve privación de libertad
o restricción de la misma. Sería poco práctico el aplicar el traslado a sentencias que
impongan sólo multas o servicio comunitario, por ejemplo. Los regímenes de restricción de
libertad cobran en distintos Estados variadas modalidades, por ejemplo: libertad vigilada;
ejecución condicional o monitoreada. Se entiende que todas ellas, así como cualquier otro
tipo que exista en las distintas legislaciones, calificará para el propósito de la Convención.
PERSONA SENTENCIADA
4. Por último está la definición de la persona que va a ser trasladada y de hecho
está cumpliendo una condena en uno de los Estados Parte del tratado. La CICCPE usa el
género neutral de “Persona Sentenciada”, pero se acostumbra también llamarlo “Reo”,
“Condenado”, “Ofensor”, etc.
La CICCPE limitó al máximo la descripción de la “Persona Sentenciada”, ya que
evidenció que cualquier enumeración exhaustiva podría ser repetitiva de otros principios que
contenía la Convención. Es así que en dicha Convención simplemente se dice que es “la
persona que en el territorio de uno de los Estados Parte, vaya a cumplir o esté cumpliendo
3 Observaciones de los Gobiernos de los Estados Miembros al Proyecto de Convención
Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, México. CP/CAJP-703/88 add. 1 de 17 de junio de 1988.
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una sentencia”.
Muchos tratados internacionales tienden a incluir en la definición de “Persona
Sentenciada” una breve e insuficiente definición de sentencia, lo cual contribuye a crear
ambigüedad en el tratado. Así los siguientes temas deben dejarse para otros artículos:
a) Tipo de pena que debe estar cumpliendo la persona sentenciada;
b) Nacionalidad de la persona sentenciada; al respecto, se puede encontrar en
muchos tratados que se definen “Domiciliado” y “Ciudadano”, ésto resulta de que en muchos
Estados estas categorías, incluyendo la de “Nacional”, revisten obligaciones y derechos
distintos y claramente definidos en la ley. La CICCPE prefirió dejar esta determinación para
las Condiciones de Aplicación de la Convención.
CAPITULO II
PRINCIPIOS GENERALES
Las obligaciones generales o principios generales de la mayoría de los tratados,
incluyendo la CICCPE, se pueden resumir en dos:
1. La aceptación por parte de ambos Estados de reconocer las sentencias
impuestas por otro Estado Parte siempre, que reúna los requisitos que luego se explicarán, a
nacionales de sus respectivos Estados.
A pesar de que la mayoría de los tratados incluyen en estos párrafos una mención a
los lugares donde van a ser cumplidas las sentencias, ésto tiende a ser una intromisión en el
régimen interno carcelario, para el cual no se está legislando en este caso específico. Puede
inferirse que en la mayoría de los Estados se aplican las normas mínimas para el trato de
prisioneros.
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En cuanto a este inciso el Gobierno de Chile formuló las siguientes observaciones:4
“7.1. - Con respecto al artículo 1 que dispone que las sentencias judiciales
condenatorias en materia penal impuestas en uno de los Estados Partes, a nacionales,
domiciliados o residentes habituales de otros Estados Partes, podrán ser cumplidas en el
lugar en que ellos son nacionales, domiciliados o residentes habituales, se observa que no se
distingue según sea la naturaleza del delito para los efectos de conceder el beneficio, como
asimismo, sus términos son de tal amplitud que podrían impetrar los beneficios desde los
naturales de un país hasta los residentes habituales.
7.2.- Se advierte, además, que no existe en la Convención disposición alguna que
limite la aplicación de sus normas en casos determinados. como por ejemplo, las conductas
terroristas, ni se señalan requisitos mínimos que permitan determinar la residencia habitual.”
2. Por otra parte se incluye la obligación de los Estados a prestarse la más amplia
cooperación en el traslado de las personas sentenciadas. Se presume que esta cooperación
existirá de hecho, sobre todo teniendo en cuenta los requisitos de aceptación del traslado por
parte de ambos Estados.
Sin embargo podría darse el caso de que un Estado acepte por razones políticas y
de imagen pública iniciar los procedimientos del traslado, pero en el fondo no desea que se
produzca dicho traslado, circunstancia por la cual atrasa o alarga el proceso. Para prevenir
estos contratiempos se incluye la norma explicada.
.
CAPITULO III
CONDICIONES PARA LA
APLICAClON DE LA CONVENCION
Resulta de alta utilidad el poder concordar entre los Estados condiciones mínimas a 4 Observaciones de los Gobiernos de los Estados Miembros al proyecto de Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero. CP/CAJP-703/88 de 14 de enero de 1988
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cumplirse para que pueda darse la aplicación de la Convención. Estas condiciones no tienen
carácter opcional sino obligatorio y establecen un marco común de requisitos para iniciar el
proceso de traslado.
SENTENCIA FIRME Y DEFINITIVA
1. La necesidad de que exista sentencia firme y definitiva como ha sido definida
anteriormente, resultaría a primera vista repetitivo, pero es preferible dejar claro el hecho de
que para poder iniciar el proceso de traslado la sentencia debe reunir las características
descritas en su definición. No se aceptaría, por ejemplo, iniciar proceso de traslado
queriendo ahorrar tiempo, infiriendo que el tiempo para presentar recurso a la sentencia está
a punto de vencerse, mas no se ha vencido.
Algunos tratados bilaterales juegan con las características necesarias para la
sentencia. Pero debemos recordar que la mayoría de estas convenciones no contienen
definición de sentencia y por lo tanto tratan de incluir en las condiciones elementos propios
de una definición.
Es usual encontrar como requisitos al traslado que la sentencia se encuentre
“receptoriada”, “final”, ‘ejecutoriadas” o “firme”. Estas fórmulas se usan solas o unidas en
distintas convenciones. Sin embargo, se debe notar que es preferible definir el término
“Sentencia” a correr el riesgo de quedarse corto en los requisitos de la misma.
Asimismo, la mayoría de los tratados bilaterales incluyen en este inciso la condición de
que no exista recurso pendiente contra la sentencia y que el tiempo para presentar el mismo
haya expirado. Algunos tratados no definen qué tipos de recursos son los que comprende el
acuerdo, por lo tanto resulta interesante analizar que en muchos de ellos no se podría aplicar
nunca el tratado bilateral, por lo menos en la norma, puesto que siempre existe recurso
extraordinario en la mayoría de las legislaciones.
En otro tratado bilateral inclusive se incluye la noción de la “cosa juzgada” pero esta
terminología, cuando se incluye como única característica de la sentencia, no reúne todas las
necesidades propias del tratado.
23
ANUENCIA DE LOS INVOLUCRADOS EN EL TRASLADO
2. Como se ha dicho anteriormente, este tipo de convenciones tiene por objeto la
rehabilitación de la persona sentenciada Por lo tanto resulta lógico que la misma otorgue el
consentimiento para su traslado. Es así que otro de los requisitos para que se inicie el
proceso de traslado es la anuencia de la persona sentenciada. En el entendido que éste no
es un proceso de extradición disfrazada5, sino un método de rehabilitación, si la persona
sentenciada no quiere ser trasladada no podrá ser obligada.
La mayoría de los tratados bilaterales no incluyen esta condición, sino que se limitan a
incluiría como método de verificación, a petición del Estado receptor, similar al establecido en
el Articulo IV, inciso 8 de la CICCPE.
Un elemento que no fue incluido en este artículo precisamente en la CICCPE, pero si
se puede encontrar en otros tratados es el agregar la mención de que si se tratare de un
menor o persona con incapacidad mental, se requerirá el consentimiento de su tutor o
curador. Por supuesto esta mención si se incluye en la CICCPE en los artículos que tratan
sobre casos especiales de aplicación de la Convención. Por lo tanto se consideró innecesario
el incluirlo en esta etapa de la convención.
Asimismo, dicha persona, antes de tomar su decisión sobre el traslado y antes de
firmar cualquier anuencia a dicho proceso, deberá ser informada con amplios detalles de las
consecuencias legales que producirá su traslado. Incluyendo, entre otros, su status legal en
el país que abandona, la forma de cumplimiento de su sentencia, lugar donde cumplirá dicha
sentencia y los derechos que conserva el Estado Sentenciador sobre su condena.
Este requisito no pudo ser encontrado en ningún otro tratado bilateral o multilateral,
hecho que extraña por tratarse de un elemento de amplio fondo jurídico.
5 Existen claras diferencias entre la Extradición y lo previsto la CICCPE, por ejemplo, en la
extradición se busca la cooperación de un Estado para localizar, detener y trasladar a una persona que haya cometido un delito en el Estado peticionario, en la CICCPE se busca el traslado de una persona que ya ha sido sentenciada por un delito en el Estado Sentenciador y cuya única vinculación con el Estado Receptor es el ser nacional de ese Estado.
24
DOBLE INCRIMINACION
3. Fundamentado en el principio legal de “nulla poena sine lege” se incerta el principio
de la doble incriminación. En otras palabras, el hecho por el cual la persona fue condenada
debe ser delito en el Estado que lo recibirá. Sería inaceptable para la mayoría de los Estados
recibir una persona que haya sido condenada por un comportamiento que no es delictivo en
su territorio.
Sin embargo, debe entenderse que dentro de la categoría de delitos castigables se
incluye de hecho, todos aquellos delitos internacionales, así reconocidos mediante la firma y
ratificación de acuerdos, tratados y convenciones internacionales. En efecto, aunque la
legislación interna no llegara a tener explícitamente cierto delito registrado, si éste es
aceptado mediante acuerdo internacional quedará comprendido en el párrafo explicado.
Se entiende que las diferencias de denominación o las que no afecten la naturaleza
del delito, no afectarán el proceso de traslado. Estas diferencias deberán ser reconocidas
con base al mismo propósito de la Convención y a las normas de derecho internacional.
Este requisito se encuentra en forma casi idéntica en todas las Convenciones y
Tratados analizados, solo un elemento distinto se encontró, en la Convención Europea sobre
la Validéz Internacional de Sentencias Penales, se dice que cuando la sentencia se relaciona
a dos o más ofensas y que no todas reúnan las características de la doble incriminación, el
Estado Sentenciador aclarará a cual parte de la condena desea aplicar la Convención.
Este elemento nos trae varios problemas o interrogantes:
a. ¿Qué pasaría con el resto de la condena, que no reúne los requisitos de la doble
incriminación?;
b. ¿Qué sucedería si las condenas conjuntas sobrepasan el máximo de tiempo de
cárcel permitido por la legislación interna?; y
25
c. ¿Podría solicitarse el regreso de la persona sentenciada para cumplir el resto de
esa condena?
El Gobierno de México hizo algunas observaciones en este tema las cuales paso a
transcribir:
“1) Por lo que se refiere al Artículo III, inciso 5 del Proyecto que prevé la hipótesis de
condenas por tiempo indeterminado como condición para el traslado de una persona
sentenciada, se considera que sería conveniente suprimir dicha hipótesis, ya que son poco
frecuentes los casos en que este tipo de sentencias se encuentran estipulado en las
legislaciones nacionales. Además, en el caso de la legislación mexicana no existen las
‘condenas por tiempo indeterminado’, de conformidad a lo previsto en el Artículo 25 dei
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República
en Materia de Fuero Penal.”6
NACIONALIDAD
4. Una vez más se repite el requisito de que la persona que vaya a ser trasladada sea
nacional del Estado receptor. Los fundamentos para esta categoría se explicaron
anteriormente.
En casos de doble nacionalidad o nacionalidad múltiple se entiende que se
reconocerá la de aquél Estado en el cual la persona sentenciada tiene sus vínculos más
estrechos. Sin embargo, dado el grado de buena fe que requiere la Convención en su
aplicación, cuando una persona tenga doble nacionalidad, cualquiera de las dos
nacionalidades será vinculante para la petición de traslado.
Un nuevo elemento que se incerta en varios tratados bilaterales, es el que “la persona
sentenciada no esté domiciliado en el Estado Receptor”.
6 Observaciones de los Gobiernos de los Estados Miembros al Proyecto de Convención
Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, México. CP/CAJP-703/88 add. 1 de 17 de junio de 1988.
26
Este hecho sirve como fundamento para no incluir las categorías de domiciliados,
residentes o pensionados rentistas.
PENA DE MUERTE
5. Ha sido una de las metas más importantes del derecho internacional, sobre todo en
el campo de los derechos humanos, el poder eliminar la pena de muerte de todas las
legislaciones del mundo. Por ello, hoy existen convenciones y protocolos que buscan este
objetivo.7
En la CICCPE se estableció el requisito de que la condena no sea de pena de muerte.
Esta norma concuerda con el principio de que sería ilegal el aplicar una sanción que no esté
comprendida en la legislación interna del Estado Receptor. Asimismo, la ilegalidad
surgiría si el Estado es firmante de algún acuerdo internacional sobre la abolición de la pena
de muerte.
Un caso que no se estudió es el que se presenta en el tratado PERU-CANADA
cuando dice “Que el reo no esté condenado a pena de muerte, excepto a la persona que
originalmente fue condenada a pena de muerte, pero que su sentencia haya sido conmutada,
es elegible para solicitar su transferencia” . Aquí habría que analizar si los Estados al prohibir
la pena de muerte como base para el traslado lo hicieron por principios propios de su Estado
o por ser contrario a su legislación.
TIEMPO RESTANTE DE LA CONDENA
6. El requisito de que la condena por cumplirse al momento de hacerse la solicitud sea
de por lo menos seis meses, proviene de la aceptación de que este proceso (traslado)
tomará cierto tiempo para ser negociado y realizado, si al momento de iniciarse los procesos
7 Ver Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, Adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990. OEA/Ser. A/48 (SEPF).
27
le quedaran al sentenciado tres o cuatro meses por cumplir, y el proceso de traslado durare
uno o dos meses, el restante de pena por cumplir no ameritaría los esfuerzos necesarios
para realizar todo el proceso.
La mayoría de los tratados bilaterales concuerdan con el requisito de los seis meses.
Excepcionalmente se encontrarán algunos que disponen un mínimo de un año o dos años.
RESPETO AL DERECHO INTERNO
7. En todo caso se entenderá que la aplicación de la sentencia nunca podrá ser
contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado receptor.
Podría suceder que el tiempo de condena restante al momento de iniciar el proceso de
traslado sea mayor a aquel que determine su derecho interno. Por ejemplo, se sentencia a
una persona a setenta y cinco (75) años de prisión, y al iniciarse proceso de traslado a X país
se encuentra con que el máximo de tiempo conforme a su derecho constitucional en una
cárcel es de veinticinco (25) años. No podría darse en este caso el traslado, excepto si el
Estado Sentenciador conmutara la diferencia entre el tiempo por el que fue sentenciado y el
máximo permitible en la legislación interna del Estado receptor.
Este requisito es perfectamente compatible con la negación a aceptar la pena de
muerte, caso que podría darse las mismas circunstancias antes mencionadas.
Los tratados bilaterales formulan en el mismo sentido su preocupación respecto a este
tema e incertan fórmulas en el sentido de que aplicación de la sentencia o el traslado no
deberá poner en peligro la soberanía, seguridad u orden público del Estado receptor.
28
CAPITULO IV
SUMINISTRO DE INFORMACION
1. Una necesidad para poner en práctica cualquier Convención en materia procesal
penal, es la divulgación que debe darse a la misma, especialmente a aquellos que puedan
beneficiarse de la misma. Asimismo, es importante que los abogados estén informados de la
existencia de la Convención y de los Estados firmantes y ratificantes.
Este suministro de información puede darse por distintos conductos, ninguno de los
cuales es excluyente del otro. Por ejemplo, un primer método de información será la
publicación una vez aprobada la convención- en el diario oficial del respectivo Estado. Otra
forma podría ser mediante una circular a los distintos centros de reclusión del Estado, ésto
no necesariamente debe hacerse en forma personal, sino que podría hacerse mediante
exhibición en lugar público y de acceso a todos los interesados.
Esta obligación de informar aparece en distintos tratados bilaterales y en su fondo las
fórmulas son iguales a la aprobada en la CICCPE.
2. Dentro del tema de la información se incluyó un aparte que determina la necesidad
de mantener informada a la persona sentenciada de los avances en el procedimiento de su
traslado. Esto desde un punto de vista legal resulta indispensable para el sano progreso del
traslado.
CAPITULO V
PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO
A pesar de ser conveniente el dejar establecido un marco de acción para el
procedimiento de traslado, también es aconsejable no hacer del mismo uno de caracter
estricto o cerrado, sino por el contrario, el proceso debe ser abierto para así permitir que los
Estados hagan uso discrecional de otros formas posibles según cada caso.
La CICCPE estableció 10 incisos en este tema el más extenso de la Convención-
donde se recogen todas las directrices necesarias para establecer una base para el traslado.
29
DERECHO A SOLICITAR EL TRASLADO
1. El derecho a solicitar la aplicación de la Convención recae en tres figuras:
a. El Estado Sentenciador;
b. El Estado Receptor; y,
c. La Persona Sentenciada.
Se debe aclarar que lo que se habla en este primer caso es el derecho a solicitar la
aplicación y no el derecho a iniciar el trámite para el traslado, el cual recae sólo en el Estado
Receptor y en el Estado Sentenciador.
Para aclarar mejor el punto debemos decir que:
a. La persona sentenciada podrá solicitar tanto al Estado Sentenciador como al Estado
Receptor su posible traslado conforme a la Convención.
b. Asimismo, el Estado Sentenciador y el Estado Receptor podrán solicitar mutuo
propio el procedimiento para el traslado.
En todo caso y sin excepción alguna en el proceso de traslado:
a. Deberá haber aceptación expresa de la persona sentenciada para el mismo; y,
b. Solo el Estado Sentenciador o el Estado Receptor podrán hacer el trámite de
traslado (no la persona sentenciada).
El Gobierno de México hizo el siguiente comentario a este inciso:
30
“2) En cuanto al Artículo IV, inciso 1 dei Proyecto, se estima conveniente aclarar la
redacción del mismo, tanto para precisar que el traslado del sentenciado solo procedería a
petición del mismo o con su consentimiento expreso, como para definir inequívocamente que
el traslado requiere de la solicitud expresa del Estado sentenciador o del Estado receptor.
Dicho de otra manera, el traslado estaría siempre condicionado a la libre voluntad del
sentenciado, pero el procedimiento previsto por la Convención requiere, para iniciarse, de la
solicitud expresa del Estado sentenciador o del Estado receptor.”
Los tratados bilaterales tienden a seguir la misma forma que la CICCPE, por supuesto
con los cambios inherentes a un acuerdo bilateral. Sólo en algunas excepciones se
encuentran tratados donde el derecho a solicitar el traslado ha sido limitado al Estado
Sentenciador o Trasladante. Sin embargo este tipo de limitaciones tienden a ir en contra del
fin mismo de la Convención.
VIA AUTORIDAD CENTRAL
2. Es de suma utilidad establecer una autoridad central mediante la cual se pueda
llevar a cabo todos los trámites y procedimientos para el traslado. La forma y características
de esta autoridad serán descritas posteriormente. Sin embargo, cabe resaltar que se ha
dejado la opción de usar la vía diplomática o consular.
No es prudente hacer distinciones específicas (Ministerio de Justicia, Departamento de
Migración, etc.,) en un tratado, pues las autoridades pueden cambiar de un país a otro, y
mientras que en un Estado corresponde al Ministerio de Justicia en consulta con el Ministerio
de Relaciones Exteriores, en otro puede ser tarea de la Oficina de Migración o Oficina de
Centros Penales.
Este tipo de designación específica es muy común en los tratados bilaterales y
posiblemente en éstos sea práctico, mas en los multilaterales no lo es.
Dentro de este mismo inciso se incluyó la obligación de informar a las autoridades que
puedan tener interés legitimo en la Convención o que en algún momento podrían tomar parte
en el proceso de traslado. Esto se entiende con el siguiente ejemplo: en muchos Estados la
31
autoridad central será el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este ente, por su naturaleza de
política exterior, no tendrá la cercanía y conocimientos de los posibles beneficiarios de la
Convención, como si lo tienen otras ramas del Gobierno que viven en continuo contacto con
estas personas, de ahí la necesidad de extender el conocimiento de la Convención.
Es importante recalcar que todos los Estados deberán procurar cooperar para el sano
avance del traslado, incluyendo acciones dirigidas a crear mecanismos de cooperación entre
la autoridad central y las otras ramas del Gobierno que antes mencionamos.
CLAUSULA FEDERAL
3. Muchos Estados acogen el sistema de gobierno “federal”. Este hecho produce la
circunstancia de que muchos estados o provincias tienen jurisdicción penal independiente del
gobierno federal. Es por ello que se dejó en la CICCPE la necesidad de que en tales casos
se obtenga la aprobación de las autoridades de la respectiva provincia o estado.
Cabe notar tres hechos también relacionados con la llamada “cláusula federal”:
a. Normalmente los procesos de traslado los ejecuta el Gobierno Federal o Central
mediante oficinas de migración, y no las provincias o estados. Por ello queda claro que
siempre se requerirá la autorización del Gobierno Federal para el traslado;
b. Aun en los Estados Federales, el Gobierno Central conserva, mediante una Corte
Superior o Suprema, la facultad de anular o ratificar las decisiones de las Cortes Distritales o
Provinciales, cuando sean traídas mediante recurso de parte, y
c. Cualquier diferenciación en las sentencias o condenas entre estados o provincias,
deberá ser resuelto internamente en el respectivo Estado.
El Gobierno de los Estados Unidos de América hizo interesantes observaciones sobre
el federalismo:8
8 Observaciones de los Gobiernos de los Estados Miembros al proyecto de Convención
Interamericana sobre el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero,
32
“La cuestión sustantiva de mayor importancia para Estados Unidos en este momento
concierne al federalismo. Conforme al sistema federal de los Estados Unidos, los estados
individuales y el gobierno federal tienen cada uno jurisdicción en lo penal. Los delitos
comunes caen dentro de la jurisdicción de los estados individuales en los que se cometen, y
sólo los delitos específicamente enumerados en la legislación federal pueden ser conocidos
en un tribunal federal. Del mismo modo, las sentencias se cumplen en tribunales estatales o
federales. El gobierno federal no controla las acciones de las autoridades estatales y no
puede obligar a un estado a entregar un prisionero para que cumpla una condena en otro
lugar. En la actualidad, sólo 34 de los 50 estados han adoptado legislación que les permite
participar en el traslado internacional de prisioneros.
Esta ausencia de control federal sobre los estados en materia penal ha sido un
problema en la aplicación de otros tratados sobre traslado de prisioneros de los cuales
Estados Unidos es parte. A fin de aclarar desde un principio las circunstancias en que
Estados Unidos puede participar en traslados conforme al proyecto de Convención, sería
conveniente incluir un texto que contemple específicamente la necesidad de consentimiento
de las autoridades estatales, cuando ese consentimiento se requiera como cuestión de
legislación interna.”
La mayoría de los tratados bilaterales coinciden con el fondo de esta norma (por lo
menos aquellos en que una de las partes es un Estado Federal). Algunos incluyen una
explicación adicional en el sentido de que el responsable para el traslado será el Estado
Federal. Sin embargo, la CICCPE no creyó conveniente incluir esta frase puesto que sería
entrar en el derecho interno de cada Estado, quien puede trasladar y transportar a
sentenciados dentro de su territorio de la forma que considere más conveniente.
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
4. Se incluyó un inciso adicional sobre la necesidad de suministrar la información
pertinente que acredite el cumplimiento de las condiciones para el traslado, explicadas
CF/GAJP-703/88 add. 2, 2 de octubre de 1992.
33
anteriormente.
Esto surgió de tina necesidad puramente procesal, es decir, en que no se había
establecido en qué momento se iba a presentar la documentación que probara se había
cumplido con las condiciones para iniciar el proceso de traslado.
Se notará que no se dice cuál Estado es el que debe suministrar dichas pruebas.
Como se puede observar en las condiciones para el traslado no todas corresponden a
determinado Estado, por lo tanto, teniendo presente que la convención requiere de un alto
grado de cooperación entre los Estados y que a propósito se ha dejado espacio discrecional
de acción en la misma, no se estimó necesario indicar con una enumeración poco práctica
que condición correspondía a qué Estado.
La norma no es común en los tratados bilaterales o muItilaterales en la materia, sin
embargo se encontró una redacción similar en la Convención Interamericana sobre
Obligaciones Alimentarias de 1989.
VERIFICACION DE ANUENCIA
5. Como ya se ha explicado antes, tina de las condiciones para el traslado es la
anuencia de la persona sentenciada. Debido a ello, se ha introducido una condición mediante
la cual el Estado sentenciador permitirá al Estado
receptor verificar si la persona sentenciada ha dado su consentimiento con pleno
conocimiento de las consecuencias del mismo.
Esta verificación se hará siempre a petición del Estado sentenciador, y no se debe
tomar como una acción obligatoria en cada caso. La verificaci6n se realizará por la persona
que el mismo Estado receptor escoja para realizar tal acción, quien explicará a la persona
sentenciada todas las consecuencias del mismo.
34
Resulta lógico que es perfectamente viable que el Estado sentenciador pregunte
mediante los conductos apropiados al Estado receptor si desea hacer esta verificación, sin
esperar petición expresa del Estado receptor.
Algunos tratados bilaterales identifican específicamente al Cónsul del Estado receptor
como cl asignado para hacer la verificación. Otros tratados hablan de un ‘funcionario
competente conforme a las leyes del Estado receptor’.
También se incluye en algunos tratados bilaterales la figura de los ‘padres o guardas”
en el caso de los minusválidos o menores. Sin embargo esta figura está contemplada en el
Artículo sobre casos especiales en la CICCPE que deja espacio para todo tipo de acuerdo
para el traslado en estos casos.
Una característica interesante en algunas formulaciones es la de verificar que la
aceptación fue dada “voluntariamente”, pero ésto se sobre-entiende de la verificación en sí.
También se puede encontrar en algunos acuerdos la necesidad de que el consentimiento sea
entregado por escrito.
EVALUACION PARA EL TRASLADO
6. Al evaluar la posibilidad de trasladar a la persona sentenciada, los Estados (tanto el
Sentenciador como el Receptor) deberán considerar entre otros factores los siguientes:
a. la posibilidad de contribuir a su rehabilitación social, principal fin de la Convención;
b. la gravedad del delito cometido y por el cual fue sentenciado, existirán casos en que
el delito sea gravísimo y el traslado de la persona sentenciada pudiere causar malestar
dentro de la población civil del Estado receptor;
c. los antecedentes penales, si tuviera algunos, sería una agravante para el traslado si
se tratare de un delincuente reincidente, lo cual haría menos probable su rehabilitación;
d. su estado de salud, si conviene o no trasladarlo desde un punto de vista médico, o
35
si requiere de extenso tratamiento médico imposible o de difícil ejecución en el Estado
receptor;
e. los vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado
sentenciador y en el Estado receptor, en el entendido que si no tiene familia en el Estado
receptor y ha residido toda su vida en el Estado sentenciador, el traslado podría perder
eficacia o propósito.
La mayoría de los tratados bilaterales son coincidentes en la terminología usada en la
CICCPE, por lo tanto no se encuentran mayores diferencias.
COPIA DE LA SENTENCIA
7. Uno de los elementos esenciales para el traslado de la persona sentenciada es la
sentencia mediante la cual fue impuesta la condena. Por ello, en la CICCPE se incluye la
obligación para el Estado sentenciador de entregar copia autenticada de la sentencia al
Estado receptor.
Dentro de esta misma información deberá incluirse cualquier reducción que pueda
computársele a la persona sentenciada en su condena por las siguientes razones:
a. Trabajo realizado dentro o fuera de prisión;
b. Buena conducta;
c. Prisión preventiva.
Además deberá suministrarse cl tiempo exacto que ha cumplido la persona
sentenciada en el Estado Sentenciador. Por supuesto, el Estado receptor mantiene su
derecho a solicitar cualquier otra información que requiere para el buen cumplimiento de sus
funciones y la efectiva aplicación de la Convención.
Las siguientes son las observaciones del Gobierno de México a este inciso:
36
3) Respecto del Artículo IV, inciso 6 del Proyecto, se aprecia que el mismo carece de
algunos elementos importantes para el cumplimiento o ejecución de las sentencias que
pretenden regularse, tales como la certificación que indique el delito por el que fue
sentenciada una persona, la duración de la pena, el tiempo cumplido de condena, así como
el que deba abonársele por motivos de trabajo o buena conducta. En ese sentido, debiera
buscarse la complementación del texto actual para que estipule los elementos descritos.
En los tratados bilaterales se notan algunas divergencias mínimas con la CICCPE, por
ejemplo, se usa el término de copias legalizadas’ o ‘certificación’ de la sentencia. Asimismo,
algunos tratados no solicitan toda la sentencia, sirio ‘las partes principales del proceso” o
“certificación que indique el delito” o “los testimonios de la sentencia y demás
documentación”.
Otros tratados incluyen una fórmula mediante la cual el Estado receptor podrá pedir al
Estado Sentenciador la traducción de los documentos por enviarse.
ENTREGA DE LA PERSONA SENTENCIADA
8. Una de las disposiciones más discrecionales es la que regla el lugar donde va a
hacerse la entrega de La persona sentenciada. Este lugar será acordado por ambas
Autoridades Centrales, y se entenderá que el Estado Sentenciador será responsable de la
custodia de la persona sentenciada hasta el momento de entregarla a las autoridades del
Estado receptor en el lugar predeterminado.
Los tratados bilaterales, por su naturaleza, determinan que la entrega de la persona
sentenciada se haga en las distintas delegaciones diplomáticas de los Estados involucrados.
Se observa además en uno de estos tratados la obligación de levantar un acta en el
momento de entregar la persona sentenciada.
37
GASTOS DEL TRASLADO
9. En cuanto a los gastos que surgan de los procedimientos para el traslado de la
persona sentenciada, se llegó una fórmula equitativa en el sentido de que el Estado
Sentenciador deberá correr con todos Los gastos ocasionados hasta el momento de entregar
a la persona sentenciada al Estado receptor. Se entiende que el Estado receptor correrá con
todos los gastos desde el momento que se le entregue la persona sentenciada.
Esta fórmula no es usual en los tratados bilaterales, los cuales mantienen una norma
muy similar entre ellos que reza “El Estado receptor no podrá reclamar el reembolso de los
gastos en que incurra con motivo del traslado y al ejecución de la sentencia del reo”. Otros
tratados impone de hecho la carga de los gastos en su totalidad al Estado receptor.
CAPITULO VI
NEGATIVA AL TRASLADO
Como se ha dicho anteriormente, cl proceso de traslado requiere por parte de ambos
Estados, la utilización de recursos humanos y económicos. Por lo tanto, es de interés común
cl que si un Estado parte no aprueba el traslado, lo comunique al otro Estado parte para
cesar en las acciones pertinentes. De esta manera se evitan gastos innecesarios para ambos
Estados.
La negativa del traslado puede ser motivada o no. En muchos tratados bilaterales se usa
la fórmula ‘comunicando la causa de su decisión”. Otros tratados se inclinan por la no
comunicación de las causas que motivaron al Estado parte a rechazar el pedido de traslado.
La CICCPE utilizó una figura intermedia, mediante la cual se pide motivación de la
negativa “cuando ésta sea posible y conveniente”. Fi factor de posibilidad y conveniencia lo
decidirá el mismo Estado que rechaza el traslado y no el otro Estado parte al cual se le
comunicará. Esta forma deja la suficiente discrecionalidad a los Estados para no tener que
justificar su negativa cuando así lo desea. Se entiende, sin embargo, que para el bien de las
futuras cooperaciones entre Estados Partes, resultaría de gran ayuda que todos los Estados
comunicaran su motivo a rechazar el traslado, de esta manera podría sanearse a futuro las
38
faltas que pudieran haberse cometido en cl pedido de traslado o evaluarse los principales
obstáculos que los Estados encuentran a convenciones de esta naturaleza.
El Gobierno de Chile formuló la siguiente observación en cuanto a este artículo:
‘7.3. - Cabe hacer presente que aun cuando cualquiera de los Estados Partes estaría
facultado para rechazar una solicitud de traslado sin expresar motivos, según lo establecido
en el N0 7 deI artículo IV, es posible que, de mantenerse la redacción propuesta, La negativa
frente a determinados delitos, provocaría problemas entre los Estados contratantes.”
CAPITULO VII
DERECHOS DE LA PERSONA
SENTENCIADA TRASLADADA Y
FORMAS DE CUMPLIMIENTO DE LA
SENTENCIA.
COSA JUZGADA
1. Uno de los primeros principios que se establecen en este aparte es el de la “cosa
juzgada” . Evidentemente, la persona que haya sido trasladada conforme a lo establecido en
respectiva convención, no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el
Estado receptor por el mismo delito que motivó la sentencia impuesta por el Estado
sentenciador y que resulta ser la base del traslado.
Por supuesto, tampoco podrá ser juzgada nuevamente por los mismos hechos en el
Estado sentenciador.
Este principio sólo tiene un problema, ¿Qué pasaría con aquellas personas que hayan
sido sentenciadas por más de un delito y la Convención se haya aplicado sólo a uno de
ellos? ResuIta claro que en determinado caso este precepto podría evolucionar en un
lamentable final para la persona sentenciada.
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La mayoría de los tratados bilaterales concuerdan con la formula de la CICCEE. Sin
embargo, algunos agregan la siguiente aclaración: “Para los fines de este Artículo, el Estado
Receptor no ejercitará acción penal en contra del reo por cualquier delito respecto del cual el
ejercicio de la acción penal no seria posible conforme a las leyes de ese Estado, en el caso
de que la sentencia hubiere sido impuesta por uno de sus tribunales federal, estatal o
provincial.’
Vale la pena analizar, asimismo, el artículo contenido en la Convención Europea sobre
la Validez Internacional de Sentencias Criminales, que presenta una forma más compleja que
la usual.
FORMAS DE CUMPLIMIENTO
2. La forma en que será cumplida la condena en el Estado receptor, es uno de los
campos más importantes de la Convención, y por ello debe dejarse claramente establecidos
derechos y deberes de cada Estado, en tal sentido se estableció en la CICCPE que:
a. Se deja una salvaguarda a los derechos que mantiene el Estado sentenciador sobre
su propia sentencia, tema que luego se discutirá;
El Gobierno de Chile expresó al respecto:
“7.7. - EI artículo VI dispone que el Estado Sentenciador conserva plena competencia
para revisar las sentencias dictadas por sus tribunales, pero se advierte que existe una
amplitud del concepto revisión, por cuanto no es posible dejar sometido indefinidamente al
condenado al Estado que dictó la sentencia.”
b. La sentencia será cumplida conforme a las leyes y procedimientos legales del
Estado sentenciador. Sería un acto de intromisión interna el pretender aplicar sistemas
penales extraños a un Estado, por ejemplo cuando la cooperación
suceda entre Estados con derechos distintos (civil y commmon law);
El Gobierno de Chile hizo las siguientes observaciones:
40
“7.5. - Se observa que el proyecto de Convención permite que la condena se cumpla
conforme a las leyes y procedimientos del Estado Receptor, pudiendo beneficiarse el
sentenciado por la aplicación de disposiciones relativas a la reducción de períodos de
encarcelamiento mediante la libertad bajo palabra, sentencia condicional o algún otro sistema
de cumplimiento de la pena.
Al respecto, cabe señalar que en esa norma existen dos aspectos que considerar:
7.5.1. - El primero relativo a que no se hace mención a los casos en que conforme a la
legislación vigente en el Estado Sentenciador el delito es de aquellos que no merecen
beneficio alguno.
7.5.2.- El segundo alusivo a la sentencia condicional o al algún otro modo de
cumplimiento de la condena, el que a la luz del derecho interno puede ser inaplicable.
En efecto, pareciera que dicho concepto es similar a la remisión condicional de la
pena, que junto con los beneficios de la reclusión nocturna y de la libertad vigilada existen en
nuestra legislación en la Ley N0 18.216, que establece medidas alternativas a las penas
privativas o restrictivas de libertad.
Sin embargo, la concesión y la supervisión de los beneficios de esa ley corresponden
al Juez de la causa, lo que es contrario al texto propuesto.
Lo anterior, hace necesario efectuar una revisión de algunos conceptos utilizados, o
bien, definir su exacto sentido y alcance, a fin de que los Estados Partes puedan aplicarlos
debidamente.’’
c. Lo anterior incluirá aquellos casos en que conforme a la legislación del Estado
receptor se le puede aplicar a la persona sentenciada disposiciones o reglamentaciones que
permitan la reducción del período de encarcelamiento o el cumplimiento del mismo bajo otros
regímenes distintos a de encarcelamiento. Sería injusto, además de una base de
discriminación y desigualdad ante la ley, que al aplicársele a algunos reos un sistema
penitenciario, no se le aplicara a ciertas personas sentenciadas, solo por el hecho de que
41
han sido trasladadas conforme a la Convención. En otras palabras, la persona sentenciada
goza de todos los derechos que le correspondería a un reo normal.
d. Se entiende que ninguna sentencia podrá ser ejecutada de modo tal que prolongue
la duración de la misma más allá del tiempo que debiera cumplir conforme a lo dispuesto por
los tribunales del Estado sentenciador. Este inciso sólo deja un problema: aquellos casos en
que la legislación interna del Estado receptor imponga sanciones por mal comportamiento
dentro de la prisión o en aquellos casos en que la persona sentenciada cometa otro delito
dentro de la prisión. Sin embargo, creo que ha quedado claro que por lo menos en el caso de
un nuevo delito se juzgaría aparte y sería una nueva sentencia y no la continuación de la que
motivó el traslado.
La mayoría de los tratados bilaterales concuerdan con estas circunstancias, algunos
incluyen en este mismo artículo lo concerniente al derecho de conceder indulto, amnistía y
gracia, tema que será tratado luego, por haber sido incluido en un Artículo distinto en la
CICCPE,
INFORMACION ADICIONAL
3. Queda a salvo el derecho de las autoridades del Estado sentenciador de solicitar
informes de avance o de situación actual de cualquier persona sentenciada trasladada
conforme a la presente convención. Esta circunstancia atiende a que el Estado sentenciador
tendrá la voluntad de saber si los traslados están surtiendo efecto y si el prisionero cumplió
su sentencia. Informaciones sobre reincidencia y comportamiento en la prisión serán de
incalculable valor para el futuro del programa.
Sobre este tema el Gobierno de Haití hizo las siguientes observaciones: 9
“Considerando que el principio de readaptación de la persona condenada y de
reinserción en la sociedad es uno de los fines que se persiguen, nos parece necesario
9 Observaciones de los Gobiernos de los Estados Miembros al proyecto de Convención Interamericana sobre el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, CF/CA JP-703/88 add. 3, 7 de octubre de 1992.
42
acordar mayor importancia a las condiciones en las cuales la persona condenada va a
cumplir su condena --condiciones sanitarias, morales, físicas, psicológicas. A este efecto,
seria necesario que los Estados adopten medidas comunes en lo que se refiere a esas
condiciones, porque la persona condenada, no obstante su deseo de cumplir la condena en
su país de origen, puede dudar o negarse a aceptar su traslado si la penitenciaría en ese
país tiene fama de insalubridad o inseguridad moral. Es sin duda difícil controlar del todo ese
problema. Sin embargo, para evitarlo proponemos un cuarto párrafo al articulo VII, con la
siguiente redacción:
Las autoridades del Estado que condena conservan el derecho de ejercer control
sobre la persona condenada. Las autoridades podrán solicitar del Estado donde se cumpla la
condena el derecho de visitar a la persona condenada y podrán pedir información sobre su
estado de salud y el ambiente en que vive en la prisión.”
Los tratados bilaterales tienden a coincidir en el fondo con este artículo, agregando
algunos de ellos, elementos particulares referentes a qué clase de información van a solicitar.
Sin embargo, es preferible dejarlo abierto sin mayores determinaciones específicas.
CAPITULO VIII
REVISION DE LA SENTENCIA Y
EFECTOS EN EL ESTADO RECEPTOR
Siempre que un Estado ha dictado una sentencia, se entiende que el mismo conservará
su derecho de revisarla. Por ejemplo, pudiera suceder que se compruebe en cierto momento
que los principales testigos cometieron perjuro o que se encuentren nuevas pruebas que
eximan a la persona sentenciada. Este va conforme con las disposiciones sobre que no
todos los recursos se deben haber agotado para el traslado, por el contrario siempre
quedarán recursos legales extraordinarios. Esta facultad de revisión de la sentencia ha
quedado integrada en la CICCPE
43
Dentro de los derechos de revisión se considera Incorporados aquellos dirigidos a
conceder a la persona sentenciada indulto10o gracia11 . o cuando la misma se ve a
incluida en cualquier amnistía 12 decretada por el Estado
Sentenciador. No se toca el teína de un posible indulto, amnistía o gracia por parte del
Estado receptor, sin embargo se entiende que los mismos podrán ser perfectamente
aplicables a la persona sentenciada trasladada.
El Estado receptor tomará las medidas pertinentes luego de haber recibido
comunicación sobre cualquier resolución del
estado sentenciador al respecto.
El Gobierno de Chile formuló las siguientes opiniones:
“7.8. - Con relación al artículo VII que se refiere a la posibilidad del Estado
Sentenciador de indultar o de conceder amnistía al sentenciado y a este último de
beneficiarse sólo de amnistías generales deI Estado Receptor, cumplo con manifestar a VS.
que se observa que no se establece limitante alguna respecto del número de beneficios que
un condenado puede aprovechar, lo que podría hacer ilusorio el cumplimiento de la condena.
Por ese motivo, debería reglamentarse en la Convención un tratamiento diferente en tal
materia.
10 Se considera el Indulto como la supresión o disminución de penas. ya por encontrar excesivo el castigo legal, y ante la personalidad del delincuente y las circunstancias del caso, corno por acto de generosidad tradicional o excepcional del Poder público. 11 La Gracia se define como el perdón que concede el Poder Ejecutivo y subscribe el Jefe de Estado. 12 Suele entenderse por amnistía un acto del Poder soberano que cubre con el velo del olvido
las infracciones penales de cierta clase, dando por conclusos los procesos comenzados, declarando que no deben iniciarse los pendientes o bien declarando automáticamente cumplidas las condenas pronunciadas o en vías de cumplimiento.
Se distinguen las siguientes clases: a) Absolutas, las no sujetas a ninguna restricción; b) Condicionales, cuando dependen del cumplimiento de determinada cláusula, que se proponen evitar la reincidencia, al menos en cierto plazo; e) Generales, si comprenden a numerosas clases de delincuentes, o todos los de un género (los políticos) o a la totalidad de los complicados en un proceso; di Limitadas, las reducciones o determinadas personas o delitos, o en cierto territorio; e) Plenas, cuando borran todos los efectos, hasta la responsabilidad civil.
44
Al efecto, el Estado Sentenciador debería conservar la facultad de favorecer al
sentenciado sólo con beneficios de carácter general y aplicables a todos los condenados por
el mismo delito, se tratare de un indulto general o de una amnistía.
Por otra parte, cl indulto particular por su naturaleza, que es una gracia que se otorga
en consideración a la gravedad del delito, a la rehabilitación del condenado, etc. debería
reglamentarse para impedir que por esa vía sea ilusorio el cumplimiento de la pena.
7.9. - También se advierte que un aspecto que no se encuentra contemplado en la
Convención y que está vinculado al otorgamiento de la gracia del indulto, el relativo al
cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la responsabilidad civil proveniente del
delito, mientras el individuo se encuentra en prisión.
Sobre el particular, la legislación chilena en esa materia dispone en el artículo 88 del Código
Penal, que el producto del trabajo de los condenados a presidio, sea destinado en parte a
hacer efectiva la responsabilidad civil, lo que hace necesario que la Convención establezca
algunas normas en esa materia.’
El Gobierno de México expuso lo siguiente sobre este tema:
‘5) En lo que se refiere al Artículo VII, párrafo 2 del Proyecto que establece en
beneficio del sentenciado la amnistía general que el Estado receptor pudiera acordar a los
sentenciados por el mismo delito, se considera que el derecho a beneficiarse por dicha
amnistía involucra la facultad del Estado receptor de exonerar a los reos, sin el
consentimiento del Estado sentenciador.
Este principio deberá ser analizado cuidadosamente por los Estados, ya que como el
propio artículo lo estipula el Estado de condena conserva en estos Tratados la facultad sobre
el fondo de la sentencia y no así el Estado receptor dentro del cual el reo sólo cumple su
condena, por lo que realmente constituye una excepción al principio general de que el Estado
sentenciador conserva facultad para modificar el fondo de la sentencia.’
La mayoría de los Estados conservan en los tratados bilaterales su derecho a
45
conceder indulto, amnistía y gracia. Asimismo se identifica en casi todos el derecho del
Estado sentenciador a revisar sus sentencias.
Sin embargo, se puede identificar dos elementos no incluidos en la CICCPE:
a. En algunos tratados se habla de que el Estado sentenciador mantendrá
“jurisdicción exclusiva” en cuanto a sus sentencias. Este hecho podría traer
consecuencias lamentables para el sano avance de la convención, ya que podría
interpretarse como restrictivo hacia el Estado receptor para aplicar su propia legislación
interna. Como se ha dicho anteriormente, es preferible que se deje la facultad de aplicar
ambos derechos, tanto el del estado sentenciador como el del receptor en la convención; y b.
Otros tratados determinan explícitamente que el Estado receptor no tendrá ningún derecho
de cuestionar u objetar las decisiones que sobre la sentencia tomara el Estado sentenciador.
En otras palabras, el listado receptor no podrá denegar la excarcelación de la persona
sentenciada trasladada cuando reciba una comunicación al respecto del Estado
sentenciador.
CAPITULO IX
APLICACIÓN DE LA CONVENCION
EN CASOS ESPECIALES
En la mayoría de los tratados bilaterales y en la CICCPE abre la cooperación
conforme a la Convención a dos casos especiales:
a. Cuando se trate de infractores menores de edad, que hayan sido sentenciados o
estén sujetos a algún tipo especial de vigilancia, conforme a las leyes que sobre ellos rigen
en el respectivo Estado. Los Estados partes deberán acordar en cada el tipo de tratamiento
que deberá dársele a dichas personas, es por ello que no se deja mayores especificaciones
re la forma de proceder en tales circunstancias.
Se necesitará en todo caso la autorización de quien esté legalmente facultado para
darlo, es decir, los padres, tutores, guardas, etc. Estos deberán autorizar en cada paso del
proceso traslado como si fueran la misma persona trasladada.
46
Las diferencias en los términos de mayoría de edad entre estados, deberán ser
superados mediante la negociación bilateral entre aquellos que procesan el traslado, dentro
del marco de cooperación que tiene la Convención.
La mayoría de los tratados bilaterales concuerdan con esta fórmula. Sin embargo
algunos agregan la excepción, la cual por cierto no quedó en la CICCPE; por la cual ‘Ninguna
disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las Partes
puedan tener, independientemente del presente Tratado, para conceder o aceptar el traslado
de un menor infractor u otra clase de infractor.” Podría decirse que esta excepción esta
incluida en la CICCPE en su artículo sobre Alcance de la Convención.
b. Una segunda posibilidad de aplicación de la Convención está dirigida a aquellas
personas que hayan sido declaradas inimputables, es decir que, habiendo cometido delito,
no pudiesen ser procesadas por incapacidad mental u otras circunstancias incluidas en la
legislación del respectivo Estado.
Es cierto que este caso se sale del fin de la convención porque no hay sentencia ni
persona sentenciada, pero su inclusión obedece a un principio puramente humano y si se
puede dejar abierta una posibilidad dentro de cualquier Convención, por más débil que sea
su conexión a la misma, es preferible hacerlo que no decir nada a sabiendas que se pudo
haber cooperado para bien de este tipo de personas.
Cualquier persona en tales circunstancias necesitará un tratamiento médico particular
a cada caso, el cual deberá ser discutido entre los respectivos Estados, la discrecionalidad
llega a su máxima expresión en este inciso, puesto que no se trata de una persona que
cumplirá una condena en una prisión de determinado Estado.
Por supuesto, se necesitará la autorización de quien esté legalmente autorizado para
darlo, ya sea su curador u cualquier otra persona que este autorizada conforme a la
legislación del Estado donde se encuentre la persona inimputable.
Son pocos los tratados que insertan este tipo de disposición en su articulado, sin
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embargo la norma no es extraña y reviste características humanitarias especiales.
CAPITULO X
TRANSITO
En algunos casos podrá suceder que al trasladar a la persona sentenciada del Estado
sentenciador al Estado receptor necesite pasar por el territorio de otro Estado parte. En tal la
CICCPE ha establecido el requisito de que se le envíe al do por el cual va a pasar la persona
sentenciada, copia de resolución que concedió dicho traslado. Esta copia deberá enviada por
el Estado que tendrá la custodia de la persona sentenciada durante el paso por el territorio
del otro Estado.
Se ha respetado el derecho del Estado parte a rehusar el de la persona sentenciada
por su territorio, en el entendido que en algunas ocasiones, dicho paso podría ser peligroso
para la seguridad interna deI respectivo Estado.
Asimismo, se indica que el Estado es “parte” y no, por ejemplo, tercer Estado” ya que
la Convención sólo obliga a los Estados parte de la misma.
Se entiende que cuando el transporte sea aéreo y no se vaya a hacer escala en algún
otro Estado excepto los involucrados en el traslado, no se necesitará autorización de los
estados por los cuales fuere a atravesar la aeronave.
Los tratados bilaterales se mantienen en la misma línea la CICCFE. Sin embargo cabe
destacar la elaborada
norma que se encuentra en las distintas convenciones europeas, citadas en el presente
trabajo.
CAPITULO XI
AUTORIDAD CENTRAL
La figura de la Autoridad Central es una de las más útiles en las Convenciones de
48
caracter procesal. De la determinación de una figura central, de una oficina central donde se
pueda comunicar las peticiones, se evita el tener que iniciar el proceso mediante una
exhaustiva identificación de a quién le corresponde tramitar el traslado. La autoridad central
se rige, no por las normas de la Convención, sino por las mismas competencias, que dentro
de su derecho interno tenga. En otras palabras, a la Autoridad Central se le conceden ciertas
funciones procesales dentro de la Convención, sin embargo, las funciones puramente
judiciales serán determinadas por el derecho interno de cada Estado, que en su caso
determinará quien hace cada paso.
.
Una lista al día de las distintas autoridades centrales será mantenida en
la OEA, para que pueda ser comunicada
periódicamente a los Estados Parte.
ENTRADA EN VIGOR
Y ALCANCE DE LA CONVENCION
Este tipo de Convenciones requieren un alto grado de cooperación y buena fe entre
los Estados a la hora de su aplicación, por lo tanto se entiende que nada de lo estipulado en
la misma se debe interpretar en sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o
multilaterales u otros acuerdos suscritos entre las Partes. Preferiblemente dicha
interpretación debe hacerse en beneficio de la rehabilitación de la persona sentenciada.
El mismo caso sería si en el
aparte sobre menores se encuentra un convenio que otorgue una mayor
protección al menor.
La CICCPE entrará en vigor para aquellos Estados que la hayan ratificado o adherido,
el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de
ratificación.
EFECTOS DE LA DENUNCIA
DE LA CONVENCION
Los Estados conservan el derecho de denunciar la Convención en cualquier momento.
49
Dicha denuncia surtirá efecto para el Estado denunciante, un año después de haber
depositado la denuncia en la Secretaría General de la OEA.
Sin embargo, las disposiciones de la Convención continuarán en vigor para el Estado
que la haya denunciado en lo atinente a las personas condenadas que hayan sido
transferidas al amparo de las disposiciones de la Convención, hasta el término de sus
respectivas condenas. Esto incluye, por ejemplo, el derecho a preguntar sobre el estado del
cumplimiento de una persona sentenciada trasladada.
Asimismo, las solicitudes de traslado que se encuentren en trámite al momento de la
denuncia de la Convención por un Estado, serán completadas hasta su total ejecución (tanto
en el caso de aceptarse el traslado corno el de la negativa al traslado), salvo que los Estados
pertinentes acuerden lo contrario.
CAPITULO XII
CONVENCION INTERAMERICANA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE
CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS
AMERICANOS,
CONSIDERANDO que uno de los propósitos esenciales de la Organización de los
Estados Americanos, de conformidad con el Artículo 2, literal e de la Carta de la OEA, es
‘procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre
ellos”;
ANIMADOS POR EL DESEO de cooperar para asegurar una mejor administración de
justicia mediante la rehabilitación social de la persona sentenciada;
PERSUADIDOS de que para el cumplimiento de estos objetivos es conveniente que a
la persona sentenciada se le pueda dar la oportunidad de cumplir su condena en el país del
cual es nacional; y
50
CONVENCIDOS de que la manera de obtener estos resultados es mediante el
traslado de la persona sentenciada,
RESUELVEN adoptar la siguiente Convención Interamericana para el Cumplimiento
de Condenas Penales en el Extranjero:
ARTICULO I - DEFINICIONES
Para los fines de la presente Convención
1. Estado sentenciador: significa el Estado Parte desde el cual la persona sentenciada
deba ser trasladada.
2. Estado receptor: significa el Estado Parte al cual la persona sentenciada deba ser
trasladada
3. Sentencia: significa la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona,
como pena por la comisión de un delito, la privación de libertad o restricción de la misma, en
un régimen de libertad vigilada, condena de ejecución condicional u otras formas de
supervisión sin detención. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté
pendiente recurso legal ordinario contra ella en el Estado sentenciador, y que el término
previsto para dicho recurso haya vencido.
4. Persona sentenciada: significa la persona que en el territorio de
uno de los Estados Partes, vaya a cumplir o esté cumpliendo una sentencia.
ARTICULO II - PRINCIPIOS GENERALES
De conformidad con las disposiciones de la presente Convención:
a. las sentencias impuestas en uno de los Estados Partes, a nacionales de otro Estado
Parte, podrán ser cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del cual sea nacional; y
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b. los Estados Partes se comprometen a brindarse la más amplia cooperación con
respecto a la transferencia de personas sentenciadas.
ARTICULO III - CONDICIONES PARA LA
APLICACION DE LA CONVENCION
La presente Convención se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:
1. Que exista sentencia firme y definitiva como ha sido definida en el Artículo 1, ordinal 3,
de la presente Convención.
2. Que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento al traslado,
habiendo sido informada previamente de las consecuencias legales del mismo.
3. Que el hecho por el que la persona haya sido condenada configure también delito en
el Estado receptor. A tal efecto, no se tendrán en cuenta las diferencias de
denominación o las que no afecten la naturaleza del delito.
4. Que la persona sentenciada sea nacional del Estado receptor.
5. Que la condena a cumplirse no sea pena de muerte.
6. Que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de hacerse la solicitud sea de
por lo menos seis meses.
7. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del
Estado receptor.
ARTICULO IV- SUMINISTRO
DE INFORMACION
1. Cada Estado Parte informará del contenido de esta Convención a cualquier persona
sentenciada que estuviere comprendida dentro de lo dispuesto por ella.
2. Los Estados Partes mantendrán informada a la persona sentenciada del trámite de su
traslado.
ARTICULO V - PROCEDIMIENTO
PARA EL TRASLADO
52
El traslado de la persona sentenciada, de un Estado a otro, se sujetará al
procedimiento siguiente:
1.El trámite podrá ser promovido por el Estado sentenciador o por el Estado receptor.
En ambos casos se requiere que la persona sentenciada haya expresado su consentimiento
o, en su caso, formulado la petición.
2. La solicitud de traslado se gestionará por intermedio de las Autoridades
Centrales indicadas conforme al Artículo XI de la presente Convención o, en su defecto, por
la vía diplomática o consular. De conformidad con su derecho interno, cada Estado parte
informará a las autoridades que considere necesario, del contenido de la presente
Convención. Asimismo, procurará crear mecanismos de cooperación entre la autoridad
central y las demás autoridades que deban intervenir en el traslado de la persona
sentenciada.
3.Si la sentencia hubiere sido dictada por un estado o provincia con jurisdicción penal
independientes del gobierno federal, se requerirá para la aplicación de este procedimiento de
traslado la aprobación de las autoridades del respectivo estado o Provincia.
4. En la solicitud de traslado se deberá suministrar la información pertinente que
acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo III.
5. Antes de efectuarse el traslado, el Estado sentenciador permitirá al Estado receptor
verificar, si lo desea y mediante un funcionario designado por éste, que la persona
sentenciada haya dado su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias
legales del mismo.
6. Al tomar la decisión relativa al traslado de una persona sentenciada, los Estados
Partes podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabilitación
social; la gravedad del delito; en su caso, sus antecedentes penales; su estado de salud; y
los vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado sentenciador y en el
Estado receptor.
53
7. El Estado sentenciador suministrará al Estado receptor copia autenticada de la
sentencia, incluyendo información sobre el tiempo ya cumplido por la persona sentenciada y
el que pueda computársele por motivos tales como: trabajo, buena conducta o prisión
preventiva. El Estado receptor podrá solicitar cualquier información adicional que considere
pertinente.
8. La entrega de la persona sentenciada por el Estado sentenciador al Estado receptor
se efectuará en el lugar en que convengan las autoridades centrales. El Estado receptor será
responsable de la custodia de la persona sentenciada desde el momento en que le fuere
entregada.
9. Todos los gastos relacionados con el traslado de la persona sentenciada hasta la
entrega para su custodia al Estado receptor serán por cuenta del Estado sentenciador.
10. El Estado receptor será responsable de todos los gastos ocasionados por el traslado de
la persona sentenciada desde el momento en que ésta quede bajo su custodia.
ARTICULO VI - NEGATIVA AL TRASLADO
Cuando un Estado Parte no apruebe el traslado de una persona sentenciada, comunicará su
decisión de inmediato al Estado solicitante explicando el motivo de su negativa, cuando éste
sea posible y conveniente.
ARTICULO VII - DERECHOS DE LA PERSONA
SENTENCIADA TRASLADADA Y FORMAS DE
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
1. La persona sentenciada que fuera trasladada conforme a lo previsto en la presente
Convención no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el Estado
receptor por el mismo delito que motivó la sentencia impuesta por el Estado sentenciador.
2. Salvo lo dispuesto en el Artículo VIII de la presente Convención, la condena de una
persona sentenciada trasladada se cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del
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Estado receptor! inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción
de períodos de encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de las condenas.
Ninguna sentencia será ejecutada por el Estado receptor de modo tal que prolongue la
duración de la condena mas allá de la fecha en que concluirla según los términos de la
sentencia del tribunal del Estado sentenciador.
3. Las autoridades del Estado sentenciador podrán solicitar, por medio de las
Autoridades Centrales, informes sobre la situación en que se halle el cumplimiento de la
condena de cualquier persona sentenciada trasladada
sentenciada trasladada al Estado receptor conforme a la presente Convención.
ARTICULO VIII - REVISION DE LA SENTENCIA Y
EFECTOS EN EL ESTADO RECEPTOR
El Estado sentenciador conservará su plena jurisdicción para la revisión de las
sentencias dictadas por sus tribunales. Asimismo, conservará la facultad de conceder indulto,
amnistía o gracia a la persona sentenciada. El Estado receptor, al recibir notificación de
cualquier decisión al respecto, deberá adoptar de inmediato las medidas correspondientes.
ARTICULO IX - APLICACION DE LA
CONVENCION EN CASOS ESPECIALES
La presente Convención también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia u
otras medidas de acuerdo con las leyes de uno de los Estados Partes relacionadas con
infractores menores de edad. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien
esté legalmente facultado para otorgarlo.
Si así lo acordaren las Partes y a efectos de su tratamiento en el Estado Receptor, la
presente Convención podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad competente
hubiera declarado inimputables. Las Partes acordarán, de conformidad con su derecho
interno, el tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas. Para el traslado deberá
obtenerse el consentimiento de quien legalmente este facultado para otorgarlo.
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ARTICULO X – TRANSITO
Si la persona sentenciada, al ser trasladada, tuviera que al atravesar el territorio de un
tercer Estado Parte en esta Convención, éste deberá ser notificado mediante envío de la
resolución que concedió el traslado por el Estado bajo cuya custodia se efectuará el mismo.
En tales casos, el Estado Parte de tránsito podrá o no otorgar su consentimiento al paso de
la persona sentenciada por su territorio.
No será necesaria la notificación cuando se haga uso de los medios de transporte
aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje regular en el territorio del Estado Parte que se
vaya a sobrevolar.
ARTICULO XI - AUTORIDAD CENTRAL
Los Estados Partes al firmar, ratificar o adherir a la presente Convención, notificará a
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la designación de la
Autoridad Central encargada de realizar las funciones previstas en esta Convención. La
Secretaría General distribuirá entre los Estados Partes de esta Convención una lista que
contenga las designaciones que haya recibido.
ARTICULO XII - ALCANCE DE LA CONVENCION
Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en sentido restrictivo
de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos suscritos entre las Partes.
CLAUSULAS FINALES
ARTICULO XIII
La presente Convención está abierta a la firma de los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos.
56
ARTICULO XIV
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se
depositarán en la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos.
ARTICULO XV
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los
instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.
ARTICULO XVI
Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de
aprobarla, firmaría, ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el
objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.
ARTICULO XVII
La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día
a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación.
Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido
depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de
ratificación o adhesión.
ARTICULO XVIII
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes
podrá denunciarla en cualquier momento La denuncia será comunicada a la Secretaria
General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir
de la fecha de la denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante.
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No obstante, sus disposiciones continuarán en vigor para el Estado denunciante en lo
atinente a las personas condenadas que hubieran sido transferidas, hasta el término de las
respectivas condenas, al amparo de dichas disposiciones.
Las solicitudes de traslado que se encuentren en trámite al momento de la denuncia
de la presente Convención, serán completadas hasta su total ejecución, a menos que las
Partes acuerden lo contrario.
ARTICULO XIX
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés,
inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto, para su
registro y publicación, a la Secretaria de las Naciones Unidas, de conformidad con el Articulo
102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los
Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de
ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiese.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por
sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará “Convención
Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en eI Extranjero”.
HECHA EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA, el nueve de junio de mil
novecientos noventa y tres.
CAPITULO XIII
COMPARATIVO ENTRE LAS DISTINTAS CONVENCIONES SOBRE
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS
PENALES EN EL EXTRANJERO.
58
LOS TRATADOS INTERNACIONALES
USADOS PARA ESTE COMPARATIVO SON:
— CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA SOBRE LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES. 1978.
— TRATADO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU Y EL GOBIERNO DE
CANADA SOBRE EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES. 1980
— TRATADO ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS SOBRE EJECUClON DE SENTENCIAS PENALES. 1979
— TRATADO ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMEBICA SOBRE LA EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES. 1979
—TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CANADA SOBRE LA
EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES. 1979
—CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA
ARGENTINA SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS y CUMPLIMIENTO DE
SENTENCIAS PENALES. 1990
— CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y BELICE SOBRE
EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES. 1986
— TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE
BOLIVIA SOBRE EJECUClON DE SENTENCIAS PENALES. 1985
Además se utilizaron los siguientes acuerdos internacionales:
— TRATADO ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA y LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN ASUNTOS PENALES. 1991
— TRATADO DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 1991
— CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EXTRADIClON. 1981
— CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS
SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS. 1979
— CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE OBLIGAClONES ALIMENTARIAS. 1989
— CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE PRUEBA E INFORMACION ACERCA DEL
59
DERECHO EXTRANJERO. 1979
— PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS. 1979
— CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RESTITUClON INTERNACIONAL DE
MENORES.
PROYECTO DE CONVENCION INTERAMERICANA
PARAELCUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES
EN EL EXTRANJERO.
Artículo 1
DEFINICIONES
Para los fines de la presente Convención:
1 “Estado sentenciador”: significa el Estado Parte desde el cual la persona
sentenciada deba ser trasladada.
2. “Estado receptor”: significa el Estado Parte al cual la persona sentenciada deba ser
trasladada.
3. “Sentencia”: significa la decisión judicial definitiva en la que se impone a una
persona corno pena por la comisión de un delito, la privación de libertad o restricción de la
misma, en un régimen de libertad vigilada, condena de ejecución condicional u otras formas
de supervisión sin detención. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté
pendiente recurso legal ordinario contra ella en cl Estado sentenciador, y que el término
previsto para dicho recurso haya vencido.
4. “Persona Sentenciada”: significa la persona que en el territorio de uno de los
Estados Partes, vaya a cumplir o esté cumpliendo una sentencia.
60
CONCORDANCIAS
EE.UU-BOLIVIA ARTICULO II
Para los efectos consiguientes al presente Convenio, se denominará:
1) “ESTADO TRASLADANTE” la parte de la cual el reo habrá de ser trasladado.
2) “ESTADO RECEPTOR” la parte a la que el reo habrá de ser trasladado.
3) “REO” la persona que en el territorio de una de las partes cumple una pena de privación
de libertad o se encuentre bajo el beneficio de libertad condicional o de pena suspendida en
ejecución de sentencia ejecutoriada.
PERU-CANADA ARTICULO II
Para los efectos consiguientes del presente Tratado, se denominará:
1.“Estado Trasladante” la Parte de la cual el reo habrá de ser trasladado.
2. “Estado Receptor” la Parte a la que el reo deberá ser trasladado.
3. “Reo” la persona que en el territorio de cualquiera de las dos partes que haya sido
condenada y sentenciada a la pena de reclusión o a un período de condena condicional u
otra forma de libertad vigilada.
PANAMA-ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO II
Para los fines del presente Tratado, los siguientes términos tendrán el significado que se
señala a continuación:
1. “Estado Trasladante” significa la Parte desde la cual el reo será trasladado.
2. “Estado Receptor” significa Ja Parte a la cual el reo será trasladado.
3. “Reo” significa una persona que, en el territorio de una de las Partes ha sido declarada
responsable de un delito y se encuentra sujeta, en virtud de una sentencia o de cualquier
medida legal adoptada en ejecución de dicha sentencia, ya sea a prisión ya sea al régimen
de condena condicional, de libertad preparatoria o. de cualquier otra forma de libertad sujeta
61
a vigilancia.
4. Un “domiciliado” significa una persona que ha radicado en el territorio de una de las
Partes, por lo menos, durante cinco (5) años con el propósito de permanecer en él.
PANAMA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ARTICULO II
Para los fines del presente tratado
1.“Estado Trasladante” significa la Parte desde la cual el condenado será trasladado.
2. “Estado Receptor” significa la Parte a la cual el condenado será trasladado.
3. “Condenado” significa un nacional de cualquiera de las Partes que ha sido sancionado por
los tribunales de la otra Parte.
4. “Condenado de Categoría 1” significa una persona que haya sido condenada y que sea: a)
un empleado ciudadano de los Estados Unidos o uno de sus dependientes; o b) un Miembro
de las Fuerzas de los Estados Unidos o sus dependientes; o c) un Miembro del Componente
Civil o sus dependientes. Los términos “empleado ciudadano de los Estados Unidos”,
“dependiente”, “Fuerzas de Estados Unidos” y “Miembro del Componente Civil”, como en el
artículo 1 del Acuerdo para la ejecución del Artículo III del Tratado del Canal de Panamá y en
el artículo 1 deI Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV del Tratado del Canal de Panamá.
5. “Condenado de la Categoría 11 significa todos los otros condenados que sean
nacionales de la República de Panamá o de los Estados Unidos de América.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO II
Para los fines de este Convenio se entiende que:
a) “Estado Sentenciador” es la Parte que condenó al reo y de la cual el reo habrá de ser
trasladado.
b) “Estado Receptor” es la Parte a la cual el reo habrá de ser trasladado.
c) “Reo” es la persona que está cumpliendo una sentencia condenatoria a pena privativa de
libertad en un establecimiento penitenciario.
62
MEXICO-BELICE ARTICULO IX
Para los fines del presente Convenio:
a) “Estado Trasladante” significa la Parte de la cual el reo habrá de ser trasladado;
b) “Estado Receptor” significa la Parte a la que el reo habrá de ser trasladado;
d) “Reo” significa una persona que, en el territorio de una de las Partes ha sido declarada
responsable de un delito y se encuentra sujeta, en virtud de una sentencia o de cualquier
medida legal adoptada en ejecución de dicha sentencia, ya sea a prisión, ya sea al régimen
de condena condicional, de libertad preparatoria o de cualquiera otra forma de libertad sujeta
a vigilancia;
MEXICO-BOLI VTA ARTICULO II
Para los efectos consiguientes al presente Tratado, se entenderá por:
1) “ESTADO TRASLADANTE” la Parte de la cual el reo habrá de ser trasladado;
2) “ESTADO RECEPTOR” la Parte a la que el reo habrá de ser trasladado;
3) “REO” a la persona que en el territorio de una de las Partes ha sido declarada responsable
de un delito y se encuentra sujeta en virtud de una sentencia o de cualquier medida legal
adoptada en ejecución de dicha sentencia ya sea a prisión, ya sea al régimen de condena
condicional, de libertad sujeta a vigilancia.
MEXICO-CANADA ARTICU LO IX
Para los fines del presente Tratado,
a) “Estado Trasladante” significa la Parte de la cual el reo habrá de ser trasladado;
b) “Estado Receptor” significa la Parte a la que el reo habrá de ser trasladado;
d) “Reo” significa una persona que, en el territorio de una de las Partes ha sido declarado
responsable de un delito y se encuentra sujeta, en virtud de una sentencia o de cualquier
medida legal adoptada en ejecución de dicha sentencia, ya sea a prisión, ya sea al régimen
de condena condicional, de libertad preparatoria o de cualquier otra forma de libertad sujeta a
63
vigilancia;
Artículo II.
PRINCIPIOS GENERALES
De conformidad con las disposiciones de la presente Convención:
1.las sentencias impuestas en uno de los Estados Partes, a nacionales de otro Estado Parte,
podrán ser cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del cual sea nacional; y,
2.los Estados Partes se comprometen a brindarse la más amplia cooperación con respecto a
la transferencia de personas sentenciadas.
CONCORDANCIAS
EE.UU-BOLIVIA ARTICULO 1
1. Las penas impuestas en la República de Bolivia a nacionales de los Estados Unidos de
América podrán ser cumplidas en establecimientos penales de los Estados Unidos de
América o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad reo con las disposiciones del
presente Convenio.
2. Las penas impuestas en los Estados Unidos de América reo a nacionales de la República
de Bolivia, podrán ser cumplidas en establecimientos penales de Bolivia o bajo la vigilancia
de las autoridades bolivianas de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.
CANADA-PERU ARTICULO 1
1 . Las penas impuestas en la República del Perú a ciudadanos canadienses podrán ser
cumplidas en establecimientos penales de Canadá o bajo la vigilancia de sus
autoridades; de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.
2. Las penas impuestas en Canadá a ciudadanos de la República del Perú, podrán ser
cumplidas en establecimientos penales del Perú o bajo la vigilancia de las autoridades
peruanas; de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.
64
PANAMA-ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO 1
1.Las penas impuestas en la República de Panamá a nacionales de los Estados Unidos
Mexicanos, podrán ser extinguidas en establecimientos penales de los Estados Unidos
Mexicanos o bajo la vigilancia de sus autoridades, de acuerdo con las estipulaciones del
presente Tratado.
2. Las penas impuestas en los Estados Unidos Mexicanos a nacionales de la República de
Panamá, podrán ser extinguidas en establecimientos penales de la República de Panamá o
bajo la vigilancia de sus autoridades, de acuerdo con las estipulaciones del Presente
Tratado,
PANAMA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ARTICULO 1
1.Las condenas impuestas por un tribunal de la República de Panamá a nacionales de los
Estados Unidos de América, podrán ser pagadas en establecimientos penales de los Estados
Unidos de América o bajo la vigilancia de sus autoridades; de acuerdo con las estipulaciones
del presente Tratado.
2. Las penas impuestas por un Tribunal de los Estados Unidos de América o uno de sus
estados, a nacionales de la República de Panamá, podrán ser pagadas en establecimientos
penales de la República de Panamá o bajo la vigilancia de sus autoridades, de acuerdo con
las estipulaciones deI presente Tratado.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO 1
1.Las penas impuestas en México a nacionales de la República Argentina podrán ser
cumplidas en La Argentina de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.
2.Las penas impuestas en la Argentina a nacionales de los Estados Unidos Mexicanos
podrán ser cumplidas en México de conformidad con las disposiciones del presente Convenio
1. La calidad de nacional será considerada en el momento de la solicitud del traslado.
MEXICO-BELICE ARTICULO 1
65
1 . Las penas impuestas en los Estados Unidos Mexicanos a nacionales de Belice podrán ser
extinguidas en Belice de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.
2. Las penas impuestas en Belice a nacionales de los Estados Unidos Mexicanos podrán ser
extinguidas en México de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO 1
Las penas impuestas en los Estados Unidos Mexicanos a nacionales de la
República de Bolivia, podrán ser cumplidas en establecimientos penales de Bolivia o bajo la
vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones deI presente Tratado.
Las penas impuestas en la República de Bolivia a nacionales de los Estados Unidos
Mexicanos, podrán ser cumplidas en establecimientos penales de los Estados Unidos
Mexicanos o bajo la vigilancia de sus autoridades, de conformidad con las disposiciones del
presente Tratado.
MEXICO-CANADA ARTICULO 1
1. Las penas impuestas en los Estados Unidos Mexicanos a nacionales de Canadá podrán
ser extinguidas en Canadá de conformidad con las disposiciones del presente
Tratado.
2. Las penas impuestas en Canadá a nacionales de los Estados Unidos Mexicanos podrán
ser extinguidas en México de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.
Artículo III
CONDICIONES PARA LA APLICACION
DE LA CON VENCION
La presente Convención se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:
1. Que exista sentencia firme y definitiva como ha sido definida en el Artículo 1, ordinal 3,
66
de la presente Convención.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO III
5. Que la sentencia se encuentre receptoriada y no esté pendiente de un recurso en el
momento de invocarse el presente Convenio.
PERU-CANADA ARTICULO III
6. Que la sentencia sea firme, es decir, que no haya pendiente ningún recurso de
apelación o extraordinario de revisión al momento de invocarse el presente Convenio.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO III
5. Que la sentencia esté receptoriada, es decir, que todo procedimiento de apelación
hubiera sido agotado y que no haya remedios subsidiarios o extraordinarios pendientes al
momento de invocar las estipulaciones de este tratado.
PANAMA-MEXIGO ARTICULO III
6. Que ningún procedimiento de apelación, recurso o juicio en contra de la Sentencia o
de la pena esté pendiente de
resolución en el Estado Trasladante y que el término prescrito para la apelación de la
condena del reo haya vencido.
CON VENCION INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA
EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS
ARBITRALES EXTRANJEROS ARTICULO 2
g. Que tengan el carácter de ejecutoriadas o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el
Estado en que se pida el
67
reconocimiento o la ejecución.
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
OBLIGACIONES ALIMENTARIAS
ARTICULO 11
g. Que tengan el carácter de firme en el Estado en que fueron dictadas. En caso de que
existiere apelación de la
sentencia ésta no tendrá efecto suspensivo.
ARTICULO 12
c. Copia auténtica del auto que declare que la sentencia tiene el carácter de firme o que
ha sido apelada.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO IV
a) que la sentencia sea firme y definitiva, es decir, que no esté pendiente recurso
legal alguno, incluso procedimientos extraordinarios de apelación o revisión;
MEXICO-BELICE ARTICULO II
e) Que ningún procedimiento de apelación, recurso o juicio en contra de la sentencia o de
la pena que esté pendiente
de resolución en el Estado Trasladante y que el término prescrito para la apelación de la
condena del reo haya vencido.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO III
5) Que la sentencia se encuentre ejecutoriada y no esté pendiente de resolución,
procedimiento de apelación, recurso o juicio alguno en contra de ellos en el Estado
Trasladante, y que el término prescrito para la apelación de la condena haya vencido en el
68
momento de invocarse el presente Tratado.
CANADA-MEXICO ARTICULO II
e) Que ningún procedimiento de apelación, recurso o juicio en contra de la sentencia o de la
pena que esté pendiente de resolución en el Estado Trasladante y que el término prescrito
para la apelación de la condena del reo haya vencido.
2. Que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento al traslado,
habiendo sido informada previamente de las consecuencias legales del mismo.
CONCORDANCIAS
LOS TRATADOS:
E.E.U.LI.-BOLIVIA; E.E.U.U.-PERU EE.UU-CANADA; E.E.U.U.-THAILAND; PERU-CANADA;
E.E.U.U.-MEXICO, ARGENTINA-MEXICO, MEXICO-BOLIVIA, MEXICO-BELICE, BRASIL-
CANADA Y CANADA-MEXICO.
Contienen lo establecido en el inciso 1, Articulo III, no en las condiciones para el traslado,
sino que como un método de verificación, a petición del Estado donde se cumplirá la
condena, similar a la establecida en este Proyecto en el Artículo IV, inciso 8.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-PANAMA ARTICULO III
El presente tratado sólo se aplicará según las siguientes condiciones:
6. Que el consentimiento expreso del condenado o de su representante legal, si fuere menor,
para ser trasladado sea...
3. Que el hecho por el que la persona haya sido condenada configure también delito en el
Estado receptor. A tal efecto, no se tendrán en cuenta las diferencias de denominación o las
69
que no afecten la naturaleza del delito.
CONCORDANCIAS
EE.UU-BOLIVIA ARTICULO III
1. Que el delito por el cual el reo fue declarado culpable y sentenciado sea punible en el
Estado Receptor; sin embargo esta condición no será interpretada en el sentido de requerir
que los delitos tipificados en las leyes de ambos Estados sean idénticos en aquellos aspectos
que no afectan a la índole del delito.
PERU-CANADA ARTICULO III
1. Que el delito por el cual el reo es declarado culpable y sentenciado sea punible en el
Estado Receptor; sin embargo, esta condición no será interpretada en el sentido de requerir
que los delitos tipificados en las leyes de ambos Estados sean idénticos en aquellos aspectos
que no afectan a la índole del delito.
PANAMA-ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTICULO III
1. Que el delito por el cual el reo haya sido sentenciado sea también punible en el Estado
Receptor.
PANAMA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ARTICULO III
1. Que el delito o falta por el cual el condenado hubiese sido punido, fuere punible en el
Estado Receptor, entendiéndose, no obstante, que esta condición no será interpretada en el
sentido de que se requiere que el delito o falta descrito en las leyes de ambos Estados sea
idéntico en los aspectos que no afecten la naturaleza del delito o falta.
CANADA-MEXICO ARTICULO II
70
a) Que el delito por el cual el reo fue declarado culpable y sentenciado sea también punible
en el Estado receptor.
MEXICO-BELICE ARTICULO II
a) Que el delito por el cual el reo fue declarado culpable y sentenciado sea también punible
en el Estado receptor.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO III
1) Que el delito por el cual el reo fue declarado culpable y sentenciado sea también punible
en el Estado Receptor, aún cuando no se encuentren tipificados en forma idéntica por las
leyes de ambos Estados .
4. Que la persona sentenciada sea nacional del Estado receptor.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO III
2. Que el reo sea nacional del Estado Receptor.
CANADA-PBRU ARTICULO III
2. Que el reo sea ciudadano del Estado Receptor.
PANAMA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, . . . ARTICULO III
2. Que el condenado sea nacional del Estado Receptor.
PANAMA-MEXICO ARTICULO III
71
2. Que el reo sea nacional del Estado Receptor.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO 1
3. La calidad de nacional será considerada en el momento de la solicitud del traslado.
CANADA-MEXICO ARTICULO II
b) Que el reo sea nacional del Estado Receptor.
MEXICO-BELICE ARTICULO II
b) Que el reo sea nacional del Estado Receptor;
e) Que el reo no esté domiciliado en el Estado Trasladante;
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO III
2) Que el reo sea nacional del Estado Receptor y que no esté domiciliado en el Estado
Trasladante.
5. Que La condena a cumplirse no sea pena de muerte.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ARTICULO III
3. Que el reo no hubiera sido condenado a pena de muerte ni que tampoco se trate de un
delito previsto en las
leyes militares.
PERU-CANADA ARTICULO III
72
3. Que el reo no esté condenado a pena de muerte, excepto a la persona que
originalmente fue condenada a pena de muerte, pero que su sentencia haya sido conmutada,
es elegible para solicitar su transferencia.
PANAMA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, . . . ARTICULO III
3. Que el condenado no hubiere sido condenado a la pena de muerte; ni hubiere sido
declarado culpable de un delito
o falta exclusivamente militar.
CONVENCION INTERAMERICANA
SOBRE EXTRADICION. ...ARTICULO 9
PENAS EXCLUIDAS
Los Estados Partes no deberán conceder la extradición cuando se trate de un delito
sancionado en el Estado requirente con la pena de muerte, con la privación de libertad por
vida o con pena infamantes, a menos que el Estado requerido obtuviera previamente del
Estado requirente, las seguridades suficientes, dadas por la vía diplomática, que no impondrá
ninguna de las citadas penas a la persona reclamada o que si son impuestas, dichas penas
no serán ejecutadas.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO IV
b) que la condena no sea a la pena de muerte, a menos que esta haya sido conmutada;
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO III
3) Que el reo no haya sido condenado a la pena de muerte, que el delito involucrado no sea
de los previstos en las leyes militares, y que el Estado Receptor se abstenga de someter a
proceso al reo, una vez trasladado, por hechos anteriores que constituyan delitos políticos.
73
6. Que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de hacerse la solicitud sea de por
lo menos seis meses.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO III
4. Que el tiempo de la sentencia por cumplirse en el momento de la solicitud sea por lo
menos seis meses.
PERU-CANADA ARTICULO III
5. Que el tiempo de la sentencia por cumplirse en el momento de la solicitud sea por lo
menos de seis meses.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO III
4. Que la sentencia que quede por cumplirse, al momento de hacerse la solicitud de traslado
sea, por lo menos, de seis meses, excepto en cuanto a los condenados de la Categoría 1.
PANAMA-MEXICO ARTICULO III
5.Que la parte de la sentencia del reo que quede por cumplirse al momento de hacerse la
solicitud de traslado sea, por lo menos cíe seis meses.
CON VENCION INTERAMERICANACANA SOBRE
EXTRADICION ARTICULO 3
3. Si la extradición se solicita para el cumplimiento de una sentencia de privación de libertad,
se requerirá además que la parte de la sentencia que aun reste por cumplir no sea menor de
seis meses.
74
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO IV
d) que la parte de la condena que faltare cumplir al momento de efectuarse la solicitud sea
superior a dos años; y,
CANADA-MEXICO ARTICULO II
d) Que la parte de la sentencia del reo que quede por cumplirse en el momento de la solicitud
a que se refiere el apartado 3 del artículo IV sea de por lo menos seis meses.
MEXICO-BELICE ARTICULO II
d) Que la parte de la sentencia deI reo que quede por cumplirse en el momento de la
solicitud a que se refiere el apartado 3 del artículo IV sea de por lo menos seis meses.
MEXICO-I3OLIVIA ARTICULO III
4) Que el tiempo de la sentencia del reo que quede por cumplirse en el momento de la
solicitud a que se refiere el Artículo V sea por lo menos de seis meses.
7. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del
Estado receptor.
CONCORDANCIAS
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA
EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS
ARBITRALES EXTRANJEROS DE 1979...ARTICULO 2.
Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros a que se refiere
el artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las condiciones
siguientes:
75
h. Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden público del Estado
en que se pida el reconocimiento o la ejecución.
CANADA-MEXICO ARTICULO IV
7. No se llevará a cabo el traslado de reo alguno a menos que la pena que esté cumpliendo
tenga una duración determinada o que las autoridades administrativas competentes hayan
fijado posteriormente su duración.
Artículo IV
SUMINISTRO INFORMACION
1. Cada Estado Parte informará el contenido de esta Convención a cualquier persona
sentenciada que estuviere comprendida dentro de lo dispuesto por ella.
2. Los Estados Partes mantendrán informada a la persona sentenciada del trámite de su
traslado.
CONCORDANCIAS
MEXICO-ARCENTINA ARTICULO V
1. Las autoridades competentes de las Partes informarán a todo reo nacional de la otra Parte
sobre la posibilidad que le brinda la aplicación de este Convenio, y sobre las consecuencias
jurídicas que se derivarían del traslado.
CANADA-MEXICO ARTICULO IV
(1) Cada Parte deberá explicar el contenido del presente Tratado a cualquier reo que quede
comprendido dentro de lo
dispuesto por él.
76
MEXICO-BELICE ARTICULO IV
1. Cada Parte deberá explicar el contenido del presente Convenio a cualquier reo que quede
comprendido dentro de lo dispuesto por él.
MEXICO-BOLIVIA, ARTICULO V, INCISO 1
1. Cada Parte deberá explicar el contenido del presente Tratado a cualquier reo que quede
comprendido dentro de lo dispuesto por el Tratado.
Artículo V
PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO
El traslado de la persona sentenciada, de un Estado a otro, se sujetará al procedimiento
siguiente:
1, El derecho a solicitar la aplicación de esta Convención corresponde al Estado
sentenciador, al Estado receptor y a la persona sentenciada. El trámite para el traslado podrá
ser promovida por el Estado sentenciador o por el Estado receptor. En estos casos se
requiere que la persona sentenciada haya expresado su consentimiento.
2. La solicitud de traslado se gestionará por intermedio de las Autoridades Centrales
indicadas conforme al Artículo Xl de la presente Convención o, en su defecto, por la vía
diplomática o consular.
De conformidad con su derecho interno, cada Estado parte informará a las autoridades que
considere necesario, del contenido de la presente Convención. Asimismo, procurará
crear mecanismos de cooperación entre la autoridad central y las demás autoridades que
deban intervenir en el traslado de la persona sentenciada.
CONCORDANCIAS
77
BOLIVIA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ARTICULO V
1. Todo traslado de reos norteamericanos se iniciará con la solicitud que presentará por
escrito Ja Embajada de los Estados Unidos de América en Bolivia al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
2. Todo traslado de reos bolivianos se iniciará con la solicitud que presentará por escrito la
Embajada de la República de Bolivia en los Estados Unidos de América al Departamento de
Estado.
PERU-CANADA ARTICULO V
2. Todo traslado de reos canadienses se iniciará con la solicitud que presentará por escrito al
Ministerio de Relaciones Exteriores la Embajada de Canadá acreditada en el Perú.
3. Todo traslado de reos peruanos se iniciará con la solicitud que presentará por escrito al
Ministerio de Asuntos Exteriores la Embajada del Perú acreditada en Canadá.
PANAMA-MEXICO ARTICULO V
1. Todo traslado conforme al presente Tratado se iniciará por la Autoridad del Estado
Trasladante. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado impedirá a un reo presentar una
solicitud al Estado Trasladante para que considere su traslado.
2. En el caso de los Estados Unidos Mexicanos cuando se trate de reos sentenciados por
tribunales del Distrito Federal o de los Estados, la Autoridad sólo iniciará el procedimiento si
media excitativa de la autoridad local competente.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO V
1. Cada traslado de condenados estadounidenses, se pedirá por escrito, por la Embajada de
los Estados Unidos de América, en la República de Panamá, al Ministerio de Relaciones
78
Exteriores. Con respecto a los condenados de la Categoría 1, la presentación de una petición
de esta índole dependerá enteramente de que dicho condenado notifique a la Embajada de
los Estados Unidos de América su decisión preliminar de elegir su traslado en virtud de este
tratado.
2. Cada traslado de condenados panameños se iniciará mediante una petición presentada,
por escrito, por la Embajada de la República de Panamá en los Estados Unidos de América
al Departamento de Estado.
3. Con respecto a los Condenados de la Categoría II, si el Estado Trasladante considerara
apropiada la solicitud de trasladar al condenado, el Estado Trasladante comunicará su
aprobación de tal petición al Estado Receptor, de modo que, una vez se completen los
trámites internos, se pueda efectuar el traslado del condenado.
4. Con respecto a condenados elegibles de la Categoría 1, no se requerirá ninguna decisión
del Estado Trasladante sobre lo apropiado del traslado de tales condenados que den su
consentimiento al traslado. Una vez que se completen los trámites internos, se efectuará el
traslado.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO V
2. En caso que lo solicite, el reo podrá comunicarse con el Cónsul de su país, quien a su vez
podrá contactar a la autoridad competente del Estado sentenciador, para solicitarle se
preparen los antecedentes y estudios correspondientes del reo.
CANADA-MEXICO ARTICULO IV
2. Todo traslado conforme al presente Tratado se iniciará por la Autoridad del Estado
Trasladante. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado impedirá a un reo presentar una
solicitud al Estado Trasladante para que considere su traslado.
3. Si la Autoridad del Estado Trasladante considera procedente el traslado de un reo y si éste
da su consentimiento expreso para su traslado, dicha Autoridad transmitirá una solicitud en
79
ese sentido, por los conductos diplomáticos, a la Autoridad del Estado Receptor.
MEXICO-BELICE ARTICULO IV
2. Todo traslado conforme al presente Convenio se iniciará por la Autoridad del Estado
Trasladante. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá a un reo presentar una
solicitud al Estado Trasladante para que considere su traslado.
3. Si la Autoridad del Estado Trasladante considera procedente el traslado de un reo y si
éste, da su consentimiento expreso para su traslado, dicha Autoridad transmitirá una solicitud
en ese sentido, por los conductos diplomáticos, a la Autoridad del Estado Receptor.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO V
2. Todo traslado de reos se iniciará por la autoridad del Estado Trasladante. Nada de lo
dispuesto en el presente Tratado impedirá a un reo presentar una solicitud al Estado
Trasladante para que considere su traslado.
3. Si la autoridad del Estado Trasladante considera procedente el traslado de un reo y si éste
da su consentimiento expreso, dicha autoridad transmitirá una solicitud en ese sentido, por
los conductos diplomáticos a la autoridad del Estado Receptor...
3. Si la sentencia hubiere sido dictada por un estado o provincia con jurisdicción penal
independientes del gobierno federal, se requerirá para la aplicación de éste procedimiento de
traslado la aprobación de las autoridades del respectivo estado o provincia.
CONCORDANCIAS
EE.UU-BOLIVIA ARTICULO V
7. En el caso de que un reo boliviano haya sido sentenciado por un Estado de los Estados
Unidos de América, para su traslado será necesaria la aprobación de las autoridades
respectivas de dicho Estado, así como de la autoridad Federal,
80
E.E.U.U.-PERU, ARTICULO V, INCISO 6
6. En el caso de que un reo peruano haya sido sentenciado por un Estado de los Estados
Unidos de América, para su traslado será necesaria la aprobación de las autoridades
respectivas de dicho Estado, así como de la autoridad Federal
PANAMA-MEXICO, ARTICULO V, INCISOS 2
2. En el caso de los Estados Unidos Mexicanos cuando se trate de reos sentenciados por
tribunales del Distrito Federal o de los Estados, la Autoridad sólo iniciará el procedimiento si
media excitativa de la autoridad local competente.
PANAMA-E.E.U.U., ARTICULO V, INCISO 7
7. En los casos en que un ciudadano panameño hubiere sido condenado por un Estado de
los Estados Unidos de América, se requerirá que tanto las autoridades estatales
competentes, como las autoridades federales den su aprobación al traslado de dicho
condenado con arreglo al párrafo 3 del presente artículo.
MEXICO-E.E.U.U., ARTICULO IV, INCISO 5
5. Si el reo fue sentenciado por los tribunales de un Estado de una de las Partes, será
necesario tanto la aprobación de las autoridades de dicho Estado, como la de la Autoridad
Federal. No obstante, la Autoridad Federal del Estado Receptor será responsable de la
custodia del reo.
CANADA-MEXICO, ARTICULO IV, INCISO 6
6. Si el reo fue sentenciado por los tribunales de un Estado o Provincia de una de las Partes,
será necesario tanto la aprobación de las autoridades de dicho Estado o Provincia, como la
de la Autoridad Federal. No obstante, la Autoridad Federal del Estado Receptor será
responsable de la custodia del reo.
81
MEXICO-BELICE, ARTICULO IV, INCISO 6
6. Si el reo fue sentenciado por los tribunales de uno de los Estados de los Estados Unidos
Mexicanos, será necesario tanto la aprobación de las autoridades de dicho Estado como de
la Autoridad Federal.
El Gobierno Federal o Central del Estado Receptor, según corresponda, será responsable de
la custodia del reo.
MEXICO-BOLIVIA, ARTICULO V, INCISO 6
6. En el caso de que un reo boliviano haya sido sentenciado por un Estado de los Estados
Unidos Mexicanos, será necesario tanto la aprobación de las autoridades estatales como de
las federales.
4. En la solicitud de traslado se deberá suministrar la información pertinente que acredite el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo III.
CONCORDANCIAS
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES
ALIMENTARIAS DE 1989 ARTICULO XlI
Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el cumplimiento de las
sentencias son los siguientes:
b. Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se le ha dado cumplimiento a
los incisos e) y O del artículo 11;
5. Antes de efectuarse el traslado, el Estado sentenciador permitirá al Estado receptor
verificar, si lo desea y mediante un funcionario designado por éste, que la persona
82
sentenciada haya dado su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias
legales del mismo.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO V
10. Antes del traslado, el Estado Trasladante permitirá al Estado Receptor, si éste lo solicita,
verificar por conducto del funcionario competente conforme a las leyes del Estado Receptor,
que el consentimiento del reo para su traslado fue otorgado voluntariamente y con pleno
conocimiento de las consecuencias legales inherentes.
PERU-CANADA ARTICULO V
9. Antes del traslado, el Estado Trasladante permitirá al Estado Receptor, si éste lo solicita,
verificar por conducto del funcionario competente conforme a las leyes del Estado Receptor,
que el reo ha otorgado su consentimiento por el traslado y que tiene pleno conocimiento de
las consecuencias de su decisión.
PANAMA-MEXICO ARTICULO VIII
3. Que el consentimiento del condenado o de su representante legal, si fuere un menor, sea
dado de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias legales
inherentes al traslado. Antes de efectuarse el traslado, el Estado Trasladante brindará el
Estado Receptor la oportunidad de verificar, mediante un funcionario designado conforme a
las leyes del Estado Receptor, si el consentimiento para el traslado ha sido dado
voluntariamente.
PANAMA-E.E.U.U Lo establece sólo en su
artículo III, donde expone las condiciones para el traslado.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO V
83
3. La voluntad del reo de ser trasladado deberá ser expresamente manifestada por escrito, El
Estado sentenciador deberá facilitar, si lo solicita el Estado receptor, que éste compruebe
que el reo conoce las consecuencias legales que aparejará el traslado y que dá el
consentimiento de manera voluntaria.
CANADA-MEXICO ARTICULO V
2. Antes del traslado, el Estado Trasladante dará al Estado Receptor la oportunidad, si éste
la solicita, de verificar, por conducto del funcionario competente conforme a las leyes del
Estado Receptor, que el consentimiento del reo para su traslado fue otorgado
voluntariamente y con pleno conocimiento de las consecuencias inherentes.
MEXICO-BELICE ARTICULO V
2. Antes del traslado, el Estado Trasladante dará al Estado Receptor la oportunidad, si éste
la solicita, de verificar, por conducto del funcionario competente conforme a las leyes del
Estado Receptor, que el consentimiento del reo para su traslado fue otorgado
voluntariamente y con pleno conocimiento de las consecuencias inherentes.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO V
9. Antes del traslado, el Estado Trasladante permitirá al Estado Receptor, si éste lo solicita,
verificar por conducto del funcionario competente conforme a las leyes del Estado Receptor
que el consentimiento del reo para su traslado fue otorgado voluntariamente y con pleno
conocimiento de las consecuencias inherentes.
6. Al tomar la decisión relativa al traslado de tina persona sentenciada, los Estados Partes
podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabilitación social;
la gravedad del delito; en su caso, sus antecedentes penales; su estado de salud; y los
vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado sentenciador y en el
Estado receptor.
84
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO V
6. Para decidir sobre el traslado deI reo y con el propósito de que dicho traslado contribuya
efectivamente a su rehabilitación social, la autoridad de cada una de las Partes considerará,
entre otros factores, la gravedad del delito, los antecedentes penales si los hubiere, las
condiciones de su salud y los vínculos que el reo pueda tener con la vida social del Estado
Trasladante y del Estado Receptor.
PERU-CANADA ARTICULO V
6. Para decidir el traslado del reo y con el propósito de que dicho traslado contribuye
efectivamente a su rehabilitación social, la autoridad de cada una de las partes considerará,
entre otros factores, la gravedad del delito, los antecedentes penales si los hubiere, las
condiciones de su salud y los vínculos que el reo pueda tener con la vida social del Estado
Trasladante y del Estado Receptor.
PANAMA-MEXICO ARTICULO V
5. Al decidir respecto del traslado de un reo, la Autoridad de cada una de las Partes tendrá
en cuenta todos los factores pertinentes a la probabilidad de que el traslado contribuya a la
rehabilitación social del reo, incluyendo la índole y gravedad del delito y los antecedentes
penales del reo, si los tuviere; las condiciones de su salud; los vínculos que, por su
residencia, presencia en el territorio, relaciones familiares u otros motivos, pueda tener con la
vida social del Estado Trasladante y del Estado Receptor.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO V
6. Al tomar las decisiones relativas a las peticiones para el traslado o para la aprobación del
traslado de un Condenado de la Categoría II en virtud de los párrafos 1, 2 y 3 del presente
85
artículo y con el propósito de que el traslado contribuya positivamente a su rehabilitación
social, las autoridades de cada una de las Partes considerará, entre otros factores, la
gravedad del delito o falta, los antecedentes penales del delincuente, silos hubiere, su estado
de salud y los vínculos que el delincuente pudiera tener con la sociedad del Estado
Trasladante y la del Estado Receptor.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO VI
2. Para proceder al pedido de traslado, el Estado receptor valorará el delito por el que el reo
fue condenado, los antecedentes penales, su estado de salud, los vínculos que el reo tenga
con la sociedad del Estado receptor, y toda otra circunstancia que pueda considerarse como
factor positivo para la rehabilitación social del reo en caso de cumplir la condena en el Estado
receptor.
CANADA-MEXICO ARTICULO IV
5. Al decidir respecto del traslado de un reo, la Autoridad de cada una de las Partes tendrá
en cuenta todos los factores pertinentes a la probabilidad de que el traslado contribuya a la
rehabilitación social del reo, incluyendo la índole y gravedad del delito y los antecedentes
penales del reo, si los tuviere; las condiciones de su salud; los vínculos que por su
residencia, presencia en el territorio, relaciones familiares u otros motivos, pueda tener con la
vida social del Estado Trasladante y del Estado Receptor.
MEXICO-BELICE ARTICULO IV
5. Al decidir respecto del traslado de un reo, la Autoridad de cada una de las Partes tendrá
en cuenta todos los factores pertinentes a la probabilidad de que el traslado contribuya a la
rehabilitación social del reo, incluyendo la índole y gravedad del delito y los antecedentes
penales del reo, si los tuviere; las condiciones de su salud; los vínculos que por su
residencia, presencia en el territorio, relaciones familiares u otros motivos, pueda tener con la
vida social del Estado Trasladante y del Estado Receptor
86
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO V
5. Para decidir sobre el traslado del reo y con el propósito de que dicho traslado contribuya
efectivamente a su rehabilitación social, la autoridad de cada una de las Partes considerará,
entre otros factores, la índole y gravedad del delito, los antecedentes penales si los hubiere,
las condiciones de su salud y los vínculos que el reo pueda tener con la vida social del
Estado Trasladante y del Estado Receptor.
7. El Estado sentenciador suministrará al Estado receptor copia autenticada de la sentencia,
incluyendo información sobre e tiempo ya cumplido por la persona sentenciada y el que
pueda computársele por motivos tales como: trabajo, buena conducta o prisión preventiva, El
Estado receptor podrá solicitar cualquier información adicional que considere pertinente.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO V
8. El Estado Trasladante deberá proporcionar al Estado Receptor copias legalizadas de las
partes principales del proceso y los antecedentes del reo desde el momento de su detención
en dicho Estado. En el caso de que el Estado Receptor considere insuficientes los informes
correspondientes, podrá solicitar información complementaria.
PERU-CANADA ARTICULO V
7. El Estado Trasladante deberá proporcionar al Estado Receptor el original o copias
legalizadas de la sentencia que condenó al reo. En el caso que el reo esté recluido, el Estado
Trasladante deberá proporcionar un informe completo sobre la duración del tiempo de la
condena que queda por cumplir, sobre los períodos cumplidos antes del juicio y la custodia
después del juicio, así como también cualquier reducción de las penas. En el caso que se
haya previsto la aplicación de algunas medidas o el ejercicio de una supervisión se
proporcionará una información completa sobre su naturaleza y su duración así como la
información necesaria sobre los antecedentes del reo y su conducta durante el período de
reclusión y, si es posible, antes de su condena.
87
PANAMA-MEXICO ARTICULO V
6. El Estado Trasladante proporcionará al Estado Receptor una certificación que indique el
delito por el cual fue sentenciado el reo, la duración de la pena, el tiempo ya cumplido por el
reo y el tiempo que deba abonársele por motivos tales como, entre otros, trabajo, buena
conducta o prisión preventiva. Dicha certificación será debidamente legalizada, El Estado
Trasladante también proporcionará toda la información adicional que pueda ser útil a la
Autoridad del Estado Receptor para determinar el tratamiento del reo con vistas a su
rehabilitación social.
7. Si el Estado Receptor considera que los informes proporcionados por el Estado
Trasladante no son suficientes para permitirle la aplicación del presente Tratado, podrá
solicitar información complementaria.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO V
8. El Estado Trasladante suministrará al Estado Receptor una copia certificada de la
sentencia o fallo dictado con relación al condenado. Si el Estado Receptor considerara que
tal información no es suficiente, podrá solicitar, a cargo suyo, copias de las partes principales
de las actas del juicio o la información adicional que juzgue necesaria, El Estado Trasladante
concederá dichas solicitudes en la medida en que lo permitan sus leyes.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO VIII
3. El Estado sentenciador suministrará al Estado receptor los testimonios de sentencia y
demás documentación que pueda necesitarse para el cumplimiento de la condena. Tales
testimonios y documentación requerirán legalización, cuando así lo solicite el Estado
receptor.
4. Si el Estado receptor considera que los informes proporcionados por el Estado
sentenciador no son suficientes para permitirle la aplicación del presente Convenio, podrá
solicitar información complementaria.
88
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
EXTRADICION, ARTICULO 12.
1. El Estado requerido, cuando considere insuficiente la documentación presentada de
acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de esta Convención, lo hará saber lo más pronto
posible al Estado requirente, el que deberá subsanar las omisiones o deficiencias que se
hayan observado dentro del plazo de treinta días...
CANADA-MEXICO ARTICULO IV
8. El Estado Trasladante proporcionará al Estado Receptor una certificación que indique el
delito por el cual fue sentenciado el reo, la duración de la pena, el tiempo ya cumplido por el
reo y el tiempo que deba abonársele por motivos tales como, entre otros, trabajo, buena
conducta o prisión preventiva. Dicha certificación será traducida al idioma del Estado
Receptor y debidamente legalizada, El Estado trasladante también proporcionará al Estado
Receptor una copia certificada de la sentencia dictada por la autoridad judicial competente y
de cualquiera modificaciones que haya tenido. El Estado Trasladante también proporcionará
toda información adicional que pueda ser útil a la Autoridad del Estado Receptor para
determinar el tratamiento del reo con vistas a su rehabilitación social.
9. Si el Estado Receptor considera que los informes proporcionados por el Estado
Trasladante no son suficientes para permitir la aplicación del presente Tratado, podrá solicitar
información complementaria.
MEXICO-BELICE ARTICULO IV
8. El Estado Trasladante proporcionará al Estado Receptor una certificación que indique el
delito por el cual fue sentenciado el reo, la duración de la pena, el tiempo ya cumplido por el
reo y el tiempo que deba abonársele por motivos tales como, entré otros, trabajo, buena
conducta o prisión preventiva. Dicha certificación será traducida al idioma del Estado
Receptor y debidamente legalizada, El Estado trasladante también proporcionará al Estado
Receptor una copia certificada de la sentencia dictada por la autoridad judicial competente y
89
de cualquiera modificaciones que haya tenido. El Estado Trasladante también proporcionará
toda información adicional que pueda ser útil a la Autoridad del Estado Receptor para
determinar el tratamiento del reo con vistas a su rehabilitación social.
9. Si el Estado Receptor considera que los informes proporcionados por el Estado
Trasladante no son suficientes para permitir la aplicación del presente Convenio, podrá
solicitar información complementaria.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO V
7. El Estado Trasladante proporcionará al Estado Receptor una certificación que indique el
delito por el cual fue sentenciado el reo, la duración de la pena, el tiempo ya cumplido por el
reo y el tiempo que deba abonársele por motivos tales como, entre otros, trabajo, buena
conducta o prisión preventiva. Dicha certificación será traducida al idioma del Estado
Receptor y debidamente legalizada, El Estado trasladante también proporcionará al Estado
Receptor una copia certificada de la sentencia dictada por la autoridad judicial competente y
de cualquiera modificaciones que haya tenido. El Estado Trasladante también proporcionará
toda información adicional que pueda ser útil a la Autoridad del Estado Receptor para
determinar el tratamiento del reo con vistas a su rehabilitación social.
8. Si el Estado Receptor considera que los informes proporcionados por el Estado
Trasladante no son suficientes para permitir la aplicación del presente Tratado, podrá solicitar
información complementaria.
8. La entrega de la persona sentenciada por el Estado sentenciador al Estado receptor se
efectuará en el lugar en que convengan las autoridades centrales, El Estado receptor será
responsable de la custodia de la persona sentenciada desde el momento en que le fuere
entregada.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO V
90
3. Si el Estado Trasladante considera procedente la solicitud de traslado del reo y éste da su
consentimiento expreso, se comunicará dicha resolución al Estado Receptor para que,
cumplidas las formalidades internas, se efectúe la entrega del reo en la Embajada de los
Estados Unidos de América en La Paz o en la Embajada de la República de Bolivia en
Washington, a los Jefes de Misión o a las autoridades designadas al efecto por el Estado
Receptor, labrándose un acta circunstanciada.
4. Estando el reo distante de la sede Territorial de la Embajada, podrá ser entregado en el
Consulado más próximo. Para este efecto, el Jefe de Misión podrá delegar la función de
recepción al Cónsul respectivo, previo conocimiento de las autoridades del Estado
Trasladante y cumpliendo con los requerimientos previstos en el inciso anterior.
5. El Estado Receptor será responsable de la custodia y conducción del reo a la prisión o
lugar donde debe cumplir la condena, desde el momento en que recibió al reo en su
Embajada o Consulado, debiendo en cada caso solicitar a terceros países la cooperación
necesaria para el tránsito por sus territorios. En casos especiales y, previo acuerdo entre las
respectivas autoridades de ambas Partes, el Estado Trasladante coadyuvará a las gestiones
que realice el Estado Receptor.
PERU-CANADA ARTICULO V
4. Si el Estado Trasladante considera procedente la solicitud de traslado del reo y éste da su
consentimiento expreso, se comunicará dicha resolución al Estado Receptor para que,
cumplidas las formalidades internas, se efectúe la entrega del reo en la Embajada de Canadá
en Lima o en la Embajada del perú en Ottawa o en otro lugar adecuado acordado por ambas
partes, a los Embajadores o a otras personas, autorizadas al efecto por la Embajada del
Estado Receptor, redactándose un acta detallada de esa transferencia.
5. El Estado Receptor será responsable de la custodia y conducción del reo a la prisión o
lugar donde deba cumplirse la condena, desde el tiempo que recibió al reo de la persona
autorizada, debiendo en cada caso solicitar a terceros países la cooperación necesaria para
el tránsito por sus territorios. En casos especiales y previo acuerdo entre las respectivas
autoridades de ambas partes, el Estado Trasladante coadyuvará a las gestiones que realice
91
el Estado Receptor.
PANAMA-MEXICO ARTICULO III
8. La entrega del reo por las autoridades del Estado Trasladante a las del Estado Receptor,
se efectuará en el lugar en que convengan ambas partes.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO V
5. La entrega de un condenado por las autoridades del Estado Trasladante a las del Estado
Receptor, se efectuará en el lugar en que convengan ambas Partes. El Estado Receptor será
responsable de la custodia del condenado y de su transporte desde el Estado Trasladante.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO VIII
1. Si se aprobara el pedido, las Partes convendrán el lugar y fecha de la entrega del reo y la
forma en que se hará efectivo el traslado. El Estado receptor será el responsable de la
custodia y lo transporte del reo desde el momento de la entrega.
CANADA-MEXICO ARTICULO V
1.La entrega del reo por las autoridades del Estado Trasladante a las del Estado Receptor se
efectuará en el lugar en que convengan ambas partes. El Estado receptor se hará cargo de
los gastos del traslado desde el momento en que el reo quede bajo su custodia.
MEXICO-BELICE ARTICULO V
1. La entrega del reo por las autoridades del Estado Trasladante a las del Estado Receptor
se efectuará en el lugar en que convengan ambas partes. El Estado receptor se hará cargo
de los gastos del traslado desde el momento en que el reo quede bajo su custodia.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO V
92
3. ... para que cumplidas las formalidades internas, se efectúe la entrega del reo en cualquier
lugar mútuamente convenido.
4. El Estado Receptor será responsable de la custodia y conducción del reo a la prisión o
lugar donde debe cumplir la condena en su propio territorio, desde el momento en que recibió
al reo, debiendo en cada caso solicitar a terceros países la cooperación necesaria para el
tránsito por sus territorios.
9. Todos los gastos relacionados con el traslado de la persona sentenciada hasta la entrega
para su custodia al Estado Receptor serán por cuenta del Estado sentenciador.
10. El Estado receptor será responsable de todos los gastos ocasionados por el traslado de
la persona sentenciada desde el momento en que ésta quede bajo su custodia.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO V
11. El Estado Receptor no podrá reclamar el reembolso de los gastos en que incurra con
motivo del traslado y la ejecución de la sentencia del reo.
PERU-CANADA ARTICULO V
10. El Estado Receptor no podrá reclamar el reembolso de los gastos en que incurra con
motivo del traslado y la ejecución de la sentencia del reo.
PANAN4A-MEXICO ARTICULO V
9. El Estado Receptor no tendrá derecho a ningún reembolso por gastos en que incurra con
motivo de la ejecución de la sentencia.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO V
93
10. El Estado Receptor no tendrá derecho a ningún reembolso por gastos en que incurra con
motivo del traslado de un condenado o la ejecución de su sentencia.
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
EXTRADICION ARTICULO 25
Los gastos de detención, custodia, manutención y transporte de la persona extraditada y de
los objetos a que se refiere el artículo 19 de esta Convención, serán por cuenta del Estado
requerido, hasta el momento de su entrega, y desde entonces quedarán a cargo del Estado
requirente.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO VIII
2. El Estado receptor no tendrá derecho a reembolso alguno por los gastos contraidos por el
traslado o el cumplimiento de la condena en su territorio.
CANADA-MEXICO ARTICULO V
5. El Estado Receptor no podrá reclamar el reembolso de los gastos en que incurra con
motivo de la ejecución de la sentencia del reo.
MEXICO-BELICE ARTICULO V
5. El Estado Receptor no podrá reclamar el reembolso de los gastos en que incurra con
motivo de la ejecución de la sentencia del reo.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO V
10. El Estado Receptor no podrá reclamar el reembolso de los gastos en que incurra con
motivo de la custodia, del traslado y de la ejecución de la sentencia del reo.
94
Artículo VI
NEGATIVA AL TRASLADO
Cuando un Estado Parte no apruebe el traslado de una persona sentenciada,
comunicará su decisión de inmediato al Estado solicitante explicando el motivo de su
negativa, cuando ésta sea posible y conveniente.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO V
9. En caso de que el Estado Trasladante no aceptare por cualquier circunstancia el traslado
del reo, comunicará esta decisión al Estado Receptor.
PERU-CANADA ARTICULO V
8. En el caso que el Estado Trasladante no aceptare por cualquier circunstancia el traslado
del reo, comunicará sin demora esta decisión al Estado Receptor.
PANAMA-MEXICO ARTICULO V
4. Si la Autoridad del Estado Receptor acepta la solicitud, lo comunicará sin demora al
Estado Trasladante e iniciará los procedimientos necesarios para efectuar el traslado del reo.
Si no lo aceptara, lo hará saber sin demora a la Autoridad del Estado Trasladante.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO V
9. Cuando el Estado Trasladante no apruebe, por cualquier motivo, el traslado de un
Condenado de la Categoría 11, comunicará sin demora esta decisión al Estado Receptor.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO VII
2. El Estado sentenciador podrá negar la autorización del traslado sin expresar la causa de la
95
decisión.
CANADA-MEXICO ARTICULO IV
4. Si la Autoridad del Estado Receptor acepta la solicitud, lo comunicará sin demora al
Estado Trasladante e iniciará los procedimientos necesarios para efectuar el traslado del reo.
Si no la acepta, lo hará saber sin demora a la Autoridad del Estado Trasladante.
MEXICO-BELICE ARTICULO IV
4. Si la Autoridad del Estado Receptor acepta la solicitud, lo comunicará sin demora al
Estado Trasladante e iniciará los procedimientos necesarios para efectuar el traslado del reo.
Si no la acepta, 1) hará saber sin demora a la Autoridad del Estado Trasladante.
Artículo VII
DERECHOS DE LA PERSONA SENTENCIADA
TRASLADADA Y FORMAS DE CUMPLIMIENTO
DE LA SENTENCIA
1. La persona sentenciada que fuera trasladada conforme a lo previsto en la presente
Convención no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el Estado
receptor por el mismo delito que motivó la sentencia impuesta por el Estado sentenciador.
CONCORDANCIAS
EE.UU-BOLIVIA ARTICULO VI
1. Un reo entregado para el cumplimiento de una sentencia conforme al presente Convenio,
no podrá ser detenido, procesado ni sentenciado nuevamente en el Estado Receptor por el
mismo delito que motivó la sentencia dictada en el Estado Trasladante.
PERU-CANADA ARTICULO VI
96
1. Un reo entregado para el cumplimiento de una condena de conformidad con el presente
Tratado, no podrá ser detenido, procesado ni sentenciado nuevamente en el Estado
Receptor por el mismo delito que motivé Ja condena dictada en el Estado Trasladante.
PANAMA-MEXICO ARTICULO VI
1. Un reo entregado para la ejecución de una sentencia conforme al presente Tratado no
podrá ser detenido, procesado ni sentenciado en el Estado Receptor por el mismo delito que
motivé la sentencia a ser ejecutada.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO VI
1. Un condenado entregado para la ejecución de una sentencia en virtud del presente
tratado, no podrá ser detenido, enjuiciado ni sentenciado nuevamente en el Estado Receptor
por el mismo delito o falta que motivé la sentencia impuesta por el Estado Trasladante.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO IX
El reo trasladado no podrá ser nuevamente enjuiciado en el Estado receptor por el delito que motivé la
condena impuesta por el Estado sentenciador y su posterior traslado.
CANADA-MEXICO ARTICULO VII
Un reo entregado para la ejecución de una sentencia conforme al presente Tratado no
podrá ser detenido, procesado ni sentenciado en el Estado Receptor por el mismo delito que
motivé la sentencia a ser ejecutada. Para los fines de este Artículo, el Estado Receptor no
ejercitará acción penal en contra del reo por cualquier delito respecto del cual el ejercicio de
la acción penal no sería posible conforme a las leyes de ese Estado, en el caso de que la
sentencia hubiere sido impuesta por uno de sus tribunales federal, estatal o provincial.
MEXICO-BELICE ARTIGULO VII
Un reo entregado para la ejecución de una sentencia conforme al presente Convenio
97
no podrá ser detenido, procesado ni sentenciado en el Estado Receptor por el mismo delito
que motivó la sentencia a ser ejecutada. Para los fines de este Artículo, el Estado Receptor
no ejercitará acción penal en contra del reo por cualquier delito respecto del cual el ejercicio
de la acción penal no sería posible conforme a las leyes de ese Estado, en el caso de que la
sentencia hubiere sido impuesta .por uno de sus tribunales.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO VI
1. Un reo entregado para el cumplimiento de una sentencia conforme al presente tratado,
no podrá ser detenido, procesado ni sentenciado nuevamente en el Estado Receptor por el
mismo delito que motivó la sentencia dictada en el Estado Trasladante.
2. Salvo lo dispuesto en el Artículo VIII de la presente Convención, la condena de una
persona sentenciada trasladada se cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del
Estado receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción
de períodos de encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de las condenas.
Ninguna sentencia será ejecutada por el Estado receptor de modo tal que prolongue la
duración de la condena más allá de la fecha en que concluiría según los términos de la
sentencia del tribunal del Estado sentenciador.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO VI
2. Salvo disposición en contrario de este Convenio, el cumplimiento de la sentencia de un reo
trasladado se sujetará a las leyes y procedimientos del Estado Receptor, incluyendo la
aplicación de toda disposición relativa a la reducción del período de prisión por medio de
libertad condicional o cualquier otra forma de preliberación.
PERU-CANADA ARTICULO VI
2. Salvo disposición en contrario de este Tratado, el cumplimiento de la condena por un reo
98
trasladado se sujetará a las leyes y procedimientos del Estado Receptor, incluso la aplicación
de toda disposición relativa a la reducción del período de prisión por medio de libertad
vigilada, libertad condicional o cualquier otra forma de preliberación.
PANAMA-MEXICO ARTICULO VI
2. Salvo disposición en contrario del presente Tratado, el cumplimiento de la sentencia de un
reo trasladado se sujetará a las leyes y procedimientos del Estado Receptor, incluyendo la
aplicación de toda disposición relativa a la condena condicional y a la reducción del período
de prisión mediante libertad preparatoria o cualquier otra forma de preliberación, El Estado
Trasladante conservará, sin embargo, la facultad de indultar al reo o concederle amnistía y el
Estado Receptor, al recibir aviso de tal indulto o amnistía, pondrá al reo en libertad.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO VI
2. Salvo cuando se disponga de otro modo en el presente tratado, la sentencia de un
condenado trasladado se ejecutará conforme a las leyes y procedimientos del Estado
Receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción del
período de encarcelamiento mediante la libertad bajo palabra o libertad condicional.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO Xl
La ejecución de la sentencia se regirá por las leyes del Estado receptor, incluso las
condiciones para el otorgamiento y revocación de la libertad condicional o preparatoria,
anticipada o vigilada.
CANADA-MEXICO ARTICULO V
3. Salvo disposición en contrario del presente Tratado, el cumplimiento de la sentencia de un
reo trasladado se someterá a las leyes y procedimientos del Estado Receptor, incluyendo la
aplicación de toda disposición relativa a la condena condicional y a la reducción del periodo
de prisión mediante libertad preparatoria o cualquier otra forma de preliberación, El Estado
Trasladante conservará, sin embargo, la facultad de indultar al reo o concederle amnistía y el
99
Estado Receptor, al recibir aviso de tal indulto o amnistía, pondrá al reo en libertad.
4. Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el Estado Receptor de tal manera que
prolongue la duración de la pena más allá del término de prisión impuesto por la sentencia
del tribunal del Estado Trasladante.
MEXICO-BELICE ARTICULO V
3. Salvo disposición en contrario del presente Convenio, el cumplimiento de la sentencia
de un reo trasladado se someterá a las leyes y procedimientos del Estado Receptor,
incluyendo la aplicación de toda disposición relativa a la condena condicional y a la reducción
del periodo de prisión mediante libertad preparatoria o cualquier otra forma de preliberación,
El Estado Trasladante conservará, sin embargo, la facultad de indultar al reo o
concederle amnistía y el Estado Receptor, al recibir aviso de tal indulto o amnistía, pondrá al
reo en libertad.
4. Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el Estado Receptor de tal manera que
prolongue la duración de la pena más allá del término de prisión impuesto por la sentencia
del tribunal del Estado Trasladante.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO VI
2. Salvo disposición en contrario de este Tratado, el cumplimiento de la sentencia de un reo
trasladado se sujetará a las leyes y procedimientos del Estado Receptor, incluyendo la
aplicación de toda disposición relativa a la condena condicional y a la reducción del período
de prisión mediante libertad preparatoria o cualquier otra forma de preliberación, El Estado
Trasladante conservará, sin embargo, su facultad de indultar al reo o concederle amnistía y
el Estado Receptor, al recibir aviso de tal indulto o amnistía, pondrá al reo en libertad.
3. Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por el Estado Receptor de tal manera que
prolongue la duración de la pena más allá del término de prisión Impuesto por la sentencia
del tribunal del Estado Trasladante. A requerimiento del Estado Trasladante el Estado
100
Receptor remitirá información sobre el cumplimiento de la sentencia, incluyendo datos sobre
la excarcelación, sea libertad condicional, preparatoria o absoluta del reo.
3. Las autoridades del Estado sentenciador podrán solicitar, por medio de las Autoridades
Centrales, informes sobre la situación en que se halle el cumplimiento de la condena de
cualquier persona sentenciada trasladada al Estado receptor conforme a la presente
Convención.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO VI
3. A requerimiento del Estado Trasladante, el Estado Receptor remitirá información sobre el
cumplimiento de la sentencia, incluyendo datos sobre libertad condicional y otros.
Igualmente, el Estado Receptor podrá pedir complementación de informes sobre el reo
trasladado.
PERU-CANADA ARTICULO VI
3. A requerimiento del Estado Trasladante, el Estado Receptor remitirá información sobre el
cumplimiento de la condena incluyendo datos sobre la libertad vigilada y otros. Igualmente, el
Estado Receptor podrá pedir información adicional sobre el reo trasladado.
PANAMA-MEXICO ARTICULO VI
4. Las autoridades de cada una de las Partes podrán solicitar informes sobre el estado de
encarcelamiento de todos los reos trasladados en virtud del presente Tratado, incluyendo, en
particular, la puesta en libertad o en libertad bajo palabra de reo. Cualesquiera de las Partes
podrá solicitar, en cualquier momento, un informe especial sobre el estado de ejecución de
una sentencia específica.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO VI
101
3. Cada una de las Partes podrá solicitar informes sobre el estado de encarcelamiento de
todos los condenados trasladados en virtud del presente tratado, incluyendo, en particular, la
puesta en libertad o en libertad bajo palabra de un condenado. Cualquiera de las Partes
podrá solicitar, en cualquier momento, un informe especial sobre el estado de ejecución de
una sentencia específica.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO VIII
5. A solicitud del Estado sentenciador, el Estado receptor proporcionará informe sobre el
estado de la ejecución de la sentencia del reo trasladado conforme al presente Convenio,
incluyendo lo relativo a su libertad condicional o preparatoria.
CANADA-MEXICO ARTICULO V
6. A solicitud de una de las Partes, la otra Parte proporcionara un informe sobre el estado
que guarde la ejecución de la sentencia de cualquier reo trasladado conforme al presente
Tratado, incluyendo en particular los relativos a la excarcelación (libertad preparatoria o
libertad absoluta) de cualquier reo.
MEXICO-BELICE ARTICULO V
6. A solicitud de una de las Partes, la otra Parte proporcionará un informe sobre el estado
que guarde la ejecución de la sentencia de cualquier reo trasladado conforme al presente
Convenio, incluyendo en particular los relativos a la excarcelación (libertad preparatoria o
libertad absoluta) de cualquier reo.
Artículo VIII
REVISION DE LA SENTENCIA Y EFECTOS
EN EL ESTADO RECEPTOR
El Estado sentenciador conservará su plena jurisdicción para la revisión de las
sentencias dictadas por sus tribunales. Asimismo, conservará la facultad de conceder indulto,
amnistía o gracia a la persona sentenciada. El Estado receptor, al recibir notificación de
102
cualquier decisión al respecto, deberá adoptar de inmediato las medidas correspondientes.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO VII
El Estado Trasladante conservará la jurisdicción exclusiva con relación a las
sentencias pronunciadas y a los procedimientos que tengan por objeto revisar, modificar o
dejar sin efecto los fallos pronunciados por sus Tribunales, El Estado Receptor, al tener
conocimiento de cualquier decisión al respecto, adoptará las medidas correspondientes.
PANAMA-MEXICO ARTICULO VII
El Estado Trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo
procedimiento, cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto impugnar, modificar o
dejar sin efectos las sentencias dictadas por sus tribunales, El Estado Receptor, al recibir
aviso del Estado Trasladante de cualquier decisión que afecte a una sentencia, deberá
adoptar las medidas que correspondan, conforme a dicho aviso.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO VII
El Estado Trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva en cuanto a las condenas
impuestas y cualesquiera otros procedimientos que dispongan la revisión o modificación de
las sentencias dictadas asimismo la facultad de indultar o conceder amnistía o clemencia al
condenado. El Estado Receptor, al ser informado sobre cualquier decisión al respecto,
pondrá en efecto tales medidas.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO X
1. El Estado sentenciador tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento,
cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto anular, modificar o dejar sin efecto las
sentencias dictadas por sus tribunales.
103
CANADA-MEXICO ARTICULO VI
El Estado Trasladante tendrá jurisdicción exclusive respecto de todo procedimiento,
cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto impugnar, modificar o dejar sin efectos las
sentencias dictadas por sus tribunales. En consecuencia, el Estado Receptor no tendrá
jurisdicción respecto de tales procedimientos. El Estado Receptor, al recibir aviso del Estado
Trasladante de cualquier decisión que afecte a una sentencia, deberá adoptar las medidas
que correspondan, conforme a dicho aviso.
MEXICO-BELICE ARTICULO VI
El Estado Trasladante tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento,
cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto impugnar, modificar o dejar sin efectos las
sentencias dictadas por sus tribunales. En consecuencia, el Estado Receptor no tendrá
jurisdicción respecto de tales procedimientos. El Estado Receptor, al recibir aviso del Estado
Trasladante de cualquier decisión que afecte a una sentencia, deberá adoptar las medidas
que correspondan, conforme a dicho aviso.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO VII
El Estado Trasladante, tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento,
cualquiera que sea su índole, que tenga por objeto impugnar, modificar o dejar sin efectos las
sentencias dictadas por sus tribunales. En consecuencia, el Estado Receptor no tendrá
jurisdicción respecto de tales procedimientos, El Estado Receptor! al recibir aviso del Estado
Trasladante de cualquier decisión que afecte a una sentencia, deberá adoptar las medidas
que correspondan, conforme a dicho aviso.
Concordancias sobre el indulto, amnistía y gracia.
CONCORDANCIAS
PANAMA-MEXICO ARTICULO VI
2. Salvo disposición en contrario del presente Tratado, el cumplimiento de la sentencia de un
104
reo trasladado se sujetará a las leyes y procedimientos del Estado Receptor, incluyendo la
aplicación de toda disposición relativa a la condena condicional y a la reducción del período
de prisión mediante libertad preparatoria o cualquier otra forma de preliberación. Es Estado
Trasladante conservará, sin embargo, la facultad de indultar al reo o concederle amnistía y el
Estado Receptor, al recibir aviso de tal indulto o amnistía, pondrá al reo en libertad.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO VII
El Estado Trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva en cuanto a las condenas impuestas
y cualesquiera otros procedimientos que dispongan la revisión o modificación de las
sentencias dictadas asimismo la facultad de indultar o conceder amnistía o clemencia al
condenado. El Estado Receptor, al ser informado sobre cualquier decisión al respecto,
pondrá en efecto tales medidas.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO X
2. Sólo el Estado sentenciador podrá amnistiar, indultar, revisar, perdonar o conmutar la
condena impuesta.
3. Si así lo hiciere, comunicará la decisión al Estado receptor informándole sobre las
consecuencias que en la legislación del Estado sentenciador produce la decisión adoptada.
4.El Estado receptor deberá adoptar de inmediato las medidas que correspondan a tales
consecuencias.
Artículo IX
APLICACION DE LA CONVENCION
EN CASOS ESPECIALES
La presente Convención también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia u
otras medidas de acuerdo con las leyes de uno de los Estados Parte relacionadas con
infractores menores de edad. Las Partes acordarán, de conformidad con su derecho interno,
el tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse el
105
consentimiento de quien esté legalmente facultado para otorgarlo.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO VIII
1. El presente Convenio podrá aplicarse también a personas sujetas a vigilancia y otras
medidas conforme a las leyes de una de las Partes relacionadas con infractores menores de
edad. Las Partes, de conformidad con sus leyes, acordarán el tratamiento que se aplicará a
tales personas una vez trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de
quien esté legalmente facultado a otorgarlo.
2. Ninguna disposición de este Convenio se interpretará en el sentido de limitar la facultad
que las Partes puedan tener, independientemente de este Convenio, para conceder o
aceptar el traslado de un infractor menor de edad u otra clase de infractor.
PANAMA-MEXICO ARTICULO VIII
1. El presente Tratado podrá aplicarse también a personas sujetas a supervisión u otras
medidas conforme a las leyes de una de las Partes relacionadas con menores infractores.
Las Partes, de conformidad con sus leyes, acordarán el tipo de tratamiento que se aplicará a
tales personas una vez trasladadas. Para el traslado de estas personas, se requerirá el
consentimiento de un representante legalmente autorizado.
2. Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de limitar la facultad que
las Partes puedan tener, independientemente del presente Tratado, para conceder o aceptar
el traslado de un menor infractor u otra clase de infractor.
3. Que el consentimiento del condenado o de su representante legal, si fuere un menor, sea
dado de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias legales
inherentes al traslado. Antes de efectuarse el traslado, el Estado Trasladante brindará al
Estado Receptor la oportunidad de verificar, mediante un funcionario designado conforme a
las leyes del Estado Receptor, si el consentimiento para el traslado ha sido dado
106
voluntariamente.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO VIII
1. El presente tratado podrá aplicarse también a personas sujetas a supervisión u otras
medidas conforme a las leyes de una de las Partes relacionadas con condenados menores
de edad. Las Partes, de conformidad con sus leyes, acordarán el tipo de tratamiento que se
dará a tales personas al ser trasladadas. Para el traslado de estas personas, se requerirá el
consentimiento de un representante legalmente autorizado.
2. Nada de lo estipulado en el presente tratado se interpretará en el sentido de limitar la
facultad que las Partes pueda tener, independientemente del presente tratado, para conceder
o aceptar el traslado de un condenado menor de edad de otra clase de condenados.
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO XIV
Ninguna disposición de este Convenio se interpretará en el sentido de limitar la facultad que
las partes puedan tener, independientemente del presente Convenio, para conceder o
aceptar el traslado de un menor infractor.
CANADA-MEXICO ARTICULO VIII
1. El presente Tratado podrá aplicarse también a personas sujetas a supervisión u otras
medidas conforme a las leyes de una de las Partes relacionadas con menores infractores.
Las Partes, de conformidad con sus leyes, acordarán el tipo de su tratamiento que se
aplicará a tales personas una vez trasladadas. Para el traslado de estas personas, se
requerirá el as consentimiento de un representante legalmente autorizado.
2. Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de limitar la facultad que
las Partes puedan tener, independientemente del presente Tratado, para conceder o aceptar
el traslado de un menor infractor u otra clase de infractor.
3. Que el consentimiento del condenado o de su representante legal, si fuere un menor, sea
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dado de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias legales
inherentes al traslado. Antes de efectuarse el traslado, el Estado Trasladante brindará al
Estado Receptor Ja oportunidad de verificar, mediante un funcionario designado conforme a
las leyes del Estado Receptor, si el consentimiento para el traslado ha sido dado
voluntariamente.
MEXICO-BELICE ARTICULO VIII
1. El presente Convenio será también aplicable a personas sujetas a supervisión u otras
medidas conforme a las leyes de una de las Partes relacionadas con menores infractores.
Las Partes, de conformidad con sus leyes, acordarán cl tipo de tratamiento que se aplicará a
tales personas una vez trasladadas. Para el traslado se obtendrá el consentimiento de quien
esté legalmente facultado para otorgarlo.
2. Ninguna disposición de este Convenio se interpretará en el sentido de limitar la facultad
que las Partes puedan tener, independientemente del presente Convenio, para conceder o
aceptar el traslado de un condenado menor infractor u otra clase de infractor.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO VIII
1. El presente Tratado será también aplicable a personas sujetas a supervisión u otras
medidas conforme a las leyes de una de las Partes relacionadas con infractores menores.
Las Partes, de conformidad con sus leyes, acordarán el tratamiento que se aplicará a tales
personas una vez trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien
esté legalmente facultado a otorgarlo.
2. Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de limitar la facultad que
las Partes puedan tener, independientemente de este Tratado, para conceder o aceptar el
traslado de un infractor menor de edad u otra clase de infractor.
Si así lo acordaren las Partes y a efectos de su tratamiento en el Estado Receptor, la
presente Convención podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad competente
hubiera declarado inimputables. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de
108
quien legalmente este facultado para otorgarlo.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO IX
Por acuerdo especial entre las Partes, para casos específicos, las personas acusadas
de un delito, respecto de las cuales las autoridades médicolegales del Estado Trasladante
hubieren comprobado debidamente que sufren una enfermedad o anomalía mental y que,
por tal situación circunstancial sean calificadas de inimputables. podrán ser trasladadas al
país de su nacionalidad, a fin de que sean atendidas en instituciones especializadas.
PANAMA-MEXICO ARTICULO IX
Por acuerdo especial entre las Partes, las personas acusadas de un delito, respecto
de las cuales se haya comprobado que sufren una enfermedad o anomalía mental podrán
ser trasladadas para ser atendidas en instituciones en el país de su nacionalidad.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO IX
Mediante acuerdo entre las Partes, para casos determinados, las personas acusadas
de un delito o falta, respecto de las cuales las autoridades competentes del Estado
Trasladante hubieren determinado debidamente que sufren de una enfermedad o anomalía
mental y por tanto se les considere incapacitadas para ser procesadas, podrán ser
trasladadas al país del cual son nacionales, de modo que se les atienda en instituciones
especializadas.
Artículo X
TRANSITO
Si la persona sentenciada, al ser trasladada, tuviera que atravesar el territorio de otro
Estado Parte en esta Convención, éste deberá ser notificado mediante envío de la resolución
109
que concedió el traslado por el Estado bajo cuya custodia se efectuará el mismo, En tales
casos, el Estado Parte de tránsito podrá o no otorgar su consentimiento al paso de la
persona sentenciada por su territorio.
No será necesaria la notificación cuando se haga uso de los medios de transporte
aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje regular en el territorio del Estado Parte que se
vaya a sobrevolar.
CONCORDANCIAS
PANAMA-MEXICO ARTICULO X
Si cualquiera de las Partes celebrara un acuerdo con algún otro Estado para la
ejecución de sentencias penales., la otra Parte prestará su cooperación facilitando el tránsito
por su territorio de delincuentes que estén siendo trasladados en virtud de tal acuerdo. La
Parte que proyecta realizar dicho traslado avisara con antelación a la otra Parte acerca del
mismo.
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO XI
Si cualquiera de las Partes celebrara un acuerdo con algún otro Estado para la
ejecución de sentencias penales, la otra Parte prestará su cooperación facilitando el tránsito
por su territorio de condenados que estén siendo trasladados en virtud de tal acuerdo. La
Parte que proyecta realizar dicho traslado, avisara con antelación a la otra Parte acerca del
mismo.
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
EXTRADICION ARTICULO 24
TRANSITO
1.Los Estados Partes permitirán y colaborarán, avisados previamente, de gobierno a
110
gobierno, por vía diplomática o consular, el tránsito por sus territorios de una persona cuya
extradición haya sido concedida, bajo la custodia de agentes del Estado requirente y/o del
requerido, según el caso, con la presentación de copia de la resolución que concedió la
extradición.
2. El mencionado aviso previo no será necesario cuando se haga uso de los medios de
transporte aéreo y no se hayan previsto ningún aterrizaje regular en el territorio del Estado
Parte que se vaya a sobrevolar.
Artículo XI
AUTORIDAD CENTRAL
Los Estados Partes al firmar ratificar o adherir a la presente Convención, notificarán a
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la designación de la
Autoridad Central encargada de realizar las funciones previstas en esta Convención. La
Secretaría General distribuirá entre los Estados Partes de esta Convención una lista que
contenga las designaciones que haya recibido.
CONCORDANCIAS
BOLIVIA-E.E.U.U ARTICULO IV
Las Partes designarán las autoridades encargadas de ejercer las funciones previstas en el
presente Convenio.
PERU-CANADA ARTICULO VIII
Las Partes designarán las autoridades encargadas de ejercer las funciones previstas en el
presente Tratado.
PANAMA-MEXICO ARTICULO IV
Cada Estado designará una Autoridad que realizará las funciones estipuladas en el presente
111
Tratado
PANAMA-E.E.U.U ARTICULO IV
Las Partes designarán las autoridades que realizarán las funciones estipuladas en el
presente tratado.
TRATADO ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE ASISTENCIA
MUTUA EN ASUNTOS PENALES....ARTICULO 4
DE LAS AUTORIDADES CENTRALES.
1. Cada estado Contratante establecerá una Autoridad Central.
TRATADO DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA EN ASUNTOS
PENALES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ARTICULO 3
AUTORIDADES CENTRALES
1. En cada una de las Partes habrá una Autoridad Central que tendrá a su cargo la
presentación y recepción de las solicitudes a que se refiere el presente Tratado.
3. Las Autoridades Centrales se comunicarán directamente entre sí a todos los efectos del
presente Tratado.
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
PRUEBA E INFORMACION ACERCA DEL
DERECHO EXTRANJERO ARTICULO 9
A los efectos de esta Convención cada Estado Parte designará una autoridad central.
112
La designación deberá ser comunicada a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos en el momento deI depósito del instrumento de ratificación o adhesión
para que sea comunicada a los demás Estados Partes
Los Estados Partes podrán cambiar en cualquier momento la designación de su
autoridad central.
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE EXHORTOS O CARTAS
ROGATORIAS ARTICULO 2
II AUTORIDAD CENTRAL
Cada Estado Parte designará la autoridad central que deberá desempeñar las
funciones que se le asignan en la Convención en el presente Protocolo. Los Estados Partes,
al depositar el instrumento de ratificación o adhesión al Protocolo, comunicarán dicha
designación a Ja Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que
distribuirá entre los Estados Partes en la Convención una lista que contenga las
designaciones que haya recibido. La autoridad central designada por cada Estado Parte, de
conformidad con el artículo 4 de la Convención, podrá ser cambiada en cualquier momento,
debiendo el Estado Parte comunicar a dicha Secretaría el cambio en el menor tiempo
posible.
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCION
INTERNACIONAL DE MENORES....ARTICULO 7
AUTORIDAD CENTRAL
Para los efectos de esta Convención cada Estado Parte designará una autoridad
central encargada del cumplimiento de las obligaciones que le establece esta Convención, y
113
comunicará dicha designación a la Secretaría General de la Organización de tos Estados
Americanos...
MEXICO-ARGENTINA ARTICULO III
Las Partes se comunicarán por la vía diplomática la autoridad que se encargará de
ejercer las funciones previstas en el presente Convenio.
CANADA-MEXICO ARTICULO III
Cada Estado designará una autoridad que se encargará de ejercer las funciones previstas en
el presente Tratado.
MEXICO-BELICE ARTICULO III
Cada Estado designará una Autoridad que se encargará de ejercer las funciones previstas en
la presente Convención.
MEXICO-BOLIVIA ARTICULO IV
Las Partes designarán las autoridades encargadas de ejercer las funciones previstas en el
presente Tratado.
Artículo XII
ALCANCE DE LA CONVENCION
Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en sentido restrictivo
de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos suscritos entre las Partes.
CONCORDANCIAS
TRATADO ENTRE LA REPUBLICA DE PANAMA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE ASISTENCIA
114
MUTUA EN ASUNTOS PENALES....ARTICULO 18
COMPATIBILIDAD CON OTROS TRATADOS
Y LEYES INTERNAS.
1. La asistencia y los procedimientos establecidos en este Tratado no impedirán a ninguno
de los Estados Contratantes a otorgar asistencia a la otra Parte de conformidad con las
disposiciones de otros convenios internacionales de que pueda ser parte o de conformidad
con las disposiciones de sus leyes internas.
TRATADO DE ASISTENCIA JURIDICA MUTUA
EN ASUNTOS PENALES ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA ARTICULO 24
COMPATIBILIDAD CON OTROS TRATADOS,
ACUERDOS O CONVENIOS.
.
La asistencia y los procedimientos establecidos en el presente Tratado no impedirán
que cada una de las Partes preste asistencia a la otra al amparo de lo previsto en otros
acuerdos internacionales más favorables en los que sea parte. Las Partes también podrán
prestar asistencia de conformidad con cualquier convenio, acuerdo o práctica aplicables de
carácter bilateral más favorables.
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE EXTRADICION
ARTICULO 33
RELACION CON OTRAS CONVENCIONES
SOBRE EXTRADICION
1. La presente Convención regirá entre los Estados Partes que la ratifiquen o adhieran a ella
115
y no dejará sin efecto los tratados multilaterales o bilaterales vigentes o concluidos
anteriormente, salvo que medie, respectivamente, declaración expresa de voluntad de los
Estados Parles o acuerdo de éstos en contrario.
2. Los Estados Partes podrán decidir el mantenimiento de la vigencia de los tratados
anteriores en forma supletoria.
Lic. Hermes Navarro del
Valle
Febrero de 1994
