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ina1

Informe Técnico

Efectividad del sistema de incentivos económicos de la ley

nacional N° 26.331 de protección de los bosques nativos

en la Provincia de Mendoza 1

Introducción

El presente informe técnico de evaluación de desempeño analiza la entrega de

compensaciones monetarias realizadas por el Gobierno de Mendoza con fondos

provenientes de la Nación en el periodo 2010-2015, en cumplimiento de la ley

nacional N° 26.331 de protección de los bosques nativos. La finalidad del mismo es

conocer la eficacia en el logro de los objetivos de conservación propuestos por la

ley y analizar el procedimiento administrativo de entrega de los fondos para

subsanar posibles vicios.

Materiales y método

Para el análisis se contó con 785 expedientes que tramitaron en la Dirección de

Recursos Naturales Renovables, pertenecientes a propietarios que se presentaron

a distintas convocatorias para recibir compensaciones monetarias desde 2010 a

2015, entrevistas personales, datos provistos por la Unidad de Gestión de los

Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y la

compilación de normas legales incluyendo resoluciones de aprobación de

subsidios.

Se revisaron los expedientes para sistematizar datos de los propietarios, de las

propiedades para las cuales se solicitaron los incentivos económicos, y datos

técnicos referidos a la composición del bosque nativo y los planes de manejo

respectivos, luego se contrastaron los datos con los provistos por el Ordenamiento

Territorial de Bosques Nativos del año 2010.

1 Autor: Lic. Eduardo A. Sosa – Jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Mendoza

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Seguidamente, se realizó un análisis técnico-legal para observar incumplimientos

legales o vicios en actos administrativos, los que fueron desarrollados

conceptualmente.

Finalmente, se difunden los resultados y se formulan recomendaciones para

mejorar el sistema en próximas convocatorias2.

La protección del bosque nativo en el ámbito de la provincia de Mendoza

La ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental para los

bosques nativos N° 26.331/07 supuso un comienzo de solución para el problema

de la pérdida de masas boscosas en el país, por la cual se buscó incentivar a los

propietarios de tierras donde hay masas forestales de especies nativas a

preservarlas frente a otros usos de carácter consuntivo, a través de la recepción de

un incentivo económico del Estado Nacional, que tiene el carácter de

compensación monetaria por el mantenimiento de los servicios ambientales que

brindan las masas forestales. La ley manda a realizar el ordenamiento provincial

del bosque nativo, categorizar las masas boscosas en tres niveles de protección y

realizar proyectos de conservación asociados a la protección del bosque nativo,

entre otras cosas.

En 2010 la provincia de Mendoza presentó su primer ordenamiento territorial de

Bosques Nativos, elaborado por un grupo de investigaciones del CONICET

Mendoza. Básicamente el ordenamiento tiene su expresión gráfica en un mapa

donde se ubican los bosques nativos de Mendoza, categorizados según el método

impuesto por la ley nacional de bosques. Ese mismo año, Mendoza sancionó la ley

N° 8.195, norma complementaria de la nacional, que estableció a nivel provincial

los preceptos de la ley nacional de manera más específica.

2 Nota aclaratoria: en el presente informe se presentan datos sobre montos transferidos desde la Autoridad de Aplicación Nacional a la provincia de Mendoza, destino de los mismos y otros relacionados a la eficiencia del gasto. Los mismos han sido obtenidos a partir de la suma de los montos que figuran en los expedientes, rendiciones efectuadas a la Nación y otras fuentes que podrían no coincidir con las provenientes de fuentes de carácter financieras, tales como los del Ministerio de Hacienda. Tales diferencias se deben principalmente al método de cálculo, pero también podrían deberse a que la información que contienen las piezas administrativas analizadas posean errores o que los montos que aparecen podrían no corresponderse con los efectivamente abonados. En caso de aparecer diferencias, se estima que no incidirían de manera significativa en las conclusiones y recomendaciones finales.

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Para acceder a la compensación monetaria, los propietarios deben presentar a

través de un profesional acreditado ante la DRNR un relevamiento de los bosques

presentes en el campo llamado Inventario, un plan de manejo donde especifica las

acciones principales que se realizarán para su preservación y la documentación

relacionada a la posesión de la tierra que será objeto del incentivo. Una vez que se

accede al mismo, los propietarios podrán optar por renovarlo presentando un plan

operativo anual (POA). Cada año las provincias deben efectuar una convocatoria a

proyectos de conservación y manejo del bosque nativo con los fondos aportados

por el Estado Nacional.

La Autoridad Nacional de Aplicación envió a la provincia de Mendoza remesas por

un total de $ 54.149.539.- entre el período 2010-2015 para destinarlas a la

protección de sus bosques nativos3. La Nación distribuye la masa coparticipable de

la ley de bosques en un 70% destinado a la compensación monetaria a los

propietarios de campos con bosque nativo, y el 30% restante a tareas de

inspección, monitoreo y todo lo referido a la labor gubernamental destinada al

control y la fiscalización de la actividad. Ambos porcentajes se rinden por

separado, y a su vez los propietarios deben rendir el dinero de la compensación

monetaria al estado provincial, el cual debe aprobar la rendición para habilitar al

propietario a postularse a un nuevo incentivo.

Se realizaron 6 convocatorias en el periodo de estudio (2010-2015), en las cuales

se presentaron propietarios de 226 campos en toda la provincia con un total de

785 presentaciones4, administradas tanto por personas físicas y jurídicas privadas

(149) como estatales (CONICET con la Reserva Ñacuñán y Gobierno de Mendoza

con la Reserva Bosques Telteca)5. Las solicitudes se concentraron en los 5

departamentos provinciales que poseen casi toda la masa forestal nativa

provincial6, según el siguiente detalle:

3 Fuente: Informe de gestión de la Unidad de Bosque Nativo 2016, SAyOT. Expdte. N° 1-D-17-03792 Informe Unidad Bosque Nativo.

4 Muchos propietarios se presentaron en múltiples convocatorias

5 Algunos propietarios aplicaron para la obtención del incentivo con más de un campo, mientras que algunos campos recibieron la aprobación de hasta cinco incentivos (de los cuales se pagó una parte).

6 General Alvear, San Rafael, Santa Rosa, La Paz y Lavalle concentran casi el 100 % de los bosques nativos dentro del territorio provincial. Además existen relictos de bosques en otros

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ina4

81 campos en Gral. Alvear (35,8%),

66 campos en La Paz (29,2%),

36 campos en Santa Rosa (16%),

32 campos en San Rafael (14,1%) y

11 campos en Lavalle (4,9%).

De estas solo se aprobó una parte, ya que algunas de las presentaciones no

reunieron la documentación requerida, o tenían deudas ante la Administración

Tributaria Mendoza y no pudieron calificar para recibir la compensación

monetaria. Según los registros gubernamentales, las subvenciones o

compensaciones monetarias se distribuyeron de la siguiente forma:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total x

depto.

Gral. Alvear 13 44 61 57 37 46 258

La Paz 17 30 27 25 14 16 129

Santa Rosa 8 21 26 20 13 18 106

San Rafael 7 15 22 20 19 19 102

Lavalle 4 4 5 5 3 5 26

Total

presentaciones 49 114 141 127 86 104 621

Fuente: equipo de trabajo de la Unidad de Bosque Nativo.

En total se asignaron 621 compensaciones sobre un total de 785 pedidos,

correspondientes a los 226 campos. El siguiente gráfico muestra la variación

interanual por convocatoria.

departamentos, pero no forman parte del mapa de bosques nativos realizado entre 2008 y 2010, así como también algunos bosquecillos en galería en las quebradas precordilleranas, cuya categoría de protección es máxima, atendiendo a su vulnerabilidad y a su escasez.

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ina5

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la UGBN-SAyOT.

Lógicamente, algunos propietarios recibieron hasta cinco compensaciones y otros

menos, en función de la documentación entregada, la corroboración de las

actividades rendidas, inhibiciones fiscales, etc.; el siguiente gráfico muestra la

evolución interanual de las compensaciones por departamento:

Fuente: elaboración propia en base a datos aportados por la UGBN - SAyOT

Un aspecto interesante es que la mayor cantidad de compensaciones monetarias se

entregaron en General Alvear, cuyos bosques nativos han sido severamente

castigados por los incendios, mientras que en departamentos como La Paz, Lavalle

y Santa Rosa donde los bosques están en mejor estado, las compensaciones son

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 TotalDeptos.

Gral. Alvear

La Paz

Santa Rosa

San Rafael

Lavalle

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gral. Alvear

La Paz

Santa Rosa

San Rafael

Lavalle

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menores. Una posible explicación puede inferirse en que muchos campos en

Lavalle tienen graves problemas con la regularización de los títulos dominiales, por

lo cual los propietarios no pueden completar la documentación necesaria para

acceder a las compensaciones. Pero dejando este caso a un lado, en los dos

departamentos restantes la situación dominial es aceptable, por lo que aquí cabe la

explicación que los propietarios alvearenses podrían estar mejor organizados que

los demás, haber contado con la ayuda del municipio, o quizá existió una impronta

política provincial que favoreció a algunos departamentos en perjuicio del resto, lo

que este informe intentará dilucidar más adelante.

Según los registros gubernamentales, para el periodo 2010-2015 se entregó a los

propietarios un total de $ 24.187.630.- de los $ 36.607.450.- disponibles. Esta

última cifra corresponde al 70% del total de los fondos aportados por la Nación

para ser distribuidos entre aquellas propiedades que cumplieran con los requisitos

técnicos y administrativos, mientras que del 30% destinado a las labores de

fiscalización y control ($ 16.987.817.-), el gobierno provincial rindió $ 5.485.864.-

es decir, poco más del 32% del dinero entregado por Nación7 correspondientes a

los años 2010 y 2011. El siguiente gráfico detalla las entregas por año y por

departamento8 9.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

General

Alvear

579.705 2.272.383 2.732.386 2.507.479 2.280.042 2.142.330 12.514.325

Santa

Rosa

905.608 1.504.773 1.639.867 1.317.295 1.097.351 1.322.080 7.786.974

San 535.822 887.708 1.029.323 954.103 1.152.354 886.929 5.446.239

7 El resto del dinero no ha sido utilizado o está en proceso de carga de comprobantes para armar las rendiciones.

8 Las cifras se refieren al dinero comprometido mediante la emisión de resoluciones. De este valor se pagó una parte y el resto debería abonarse a los propietarios que hubieren cumplido con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en las normas. Como se verá durante este documento, esta situación no se ha dado casi en ningún caso.

9 Las cifras podrían tener leves variaciones que es preciso resolver a través de un análisis de las cuentas específicas a las que este estudio no accedió por no ser el objeto del mismo.

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Categoría I

Categoría II

Categoría III

Rafael

La Paz 1.021.740 2.036.003 335.370 938.313 764.840.- 639.997 5.736.263

Lavalle 801.595 569.695 674.234 638.338 804.728 644.377 4.132.967

Total

3.844.470 7.270.562 7.333.246 6.424,145 6.099.314 5.635.713 36.607.450

Nota: falta computar $ 2.904.555 correspondientes a dos planes de manejo entregados durante 2016 a las

reservas provinciales Ñacuñán y Bosques Telteca. Del total del dinero computado a los departamentos Lavalle

y Santa Rosa hay que descontar lo remitido durante el periodo 2009-2015 para el fortalecimiento de las

Reservas Telteca y Ñacuñan.

El ordenamiento territorial de los bosques nativos realizado en 2010 arrojó

un total de 2.034.187 hectáreas en la provincia, particularmente en los

departamentos del este provincial (Lavalle, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y

General Alvear), categorizados de la siguiente manera:

- Categoría I (rojo): 82.613 ha. (4%)10

- Categoría II (amarillo): 1.800.595 ha. (88,5%)11

- Categoría III (verde): 150.980 ha. (7,5%)12

Sin embargo, nunca se llegó a proteger la totalidad de la superficie declarada por la

provincia de Mendoza, y a lo largo de los años la cifra fue fluctuando de acuerdo a

lo expresado en el siguiente gráfico.

10 La zonas rojas o de máxima protección corresponden mayormente a las reservas Bosques Telteca (40.000 ha.) y Ñacuñan (12.000 ha.), un área alrededor de la reserva Telteca donde existen bosques en buen estado, y los bosques riparios del delta del Tunuyán y Atuel. Están prohibidos los desmontes y generalmente las actividades de carácter consuntivas, estando solamente permitidas la investigación y el turismo de baja escala.

11 En la categoría II o amarilla, las actividades permitidas son mayormente conservativas, no se permiten los desmontes (la extracción total de la masa arbórea), y los aprovechamientos de madera y leña seca o actividades ganaderas y turísticas solo a través de planes de aprovechamiento sostenible evaluados y aprobados por la Autoridad de Aplicación.

12 En esta categoría se pueden realizar desmontes, aunque también se solicitan planes de aprovechamiento que son evaluados y aprobados por la Autoridad de Aplicación.

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Año Superficie con subvenciones aprobadas

por la ALA (ha.)

% sobre

el total

2010 400.215 19,7

2011 728.618 35,8

2012 812.577 39,9

2013 718.759 35,3

2014 539.404 26,5

2015 666.797 32,8

2016 55.100 2,7 (*)

(*) No se realizó convocatoria y solo se financiaron proyectos de

las áreas naturales protegidas de Ñacuñan y Bosques Telteca.

Como se observa en la tabla, nunca se alcanzó a proteger el 40% de la totalidad de

las masas forestales nativas. A esto hay que agregar que una buena parte de las

compensaciones fueron desviadas a propietarios cuyos campos están fuera del

mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos, lo cual será explicado

más adelante. Esta situación provocó que esa cifra porcentual sea aún menor, ya

que en el mejor de los casos, se financió a propietarios que manifestaron tener

bosques nativos en sus campos, pero al no conocer su estado porque están fuera

del mapa de bosques nativos provinciales, no se sabe a ciencia cierta si los fondos

cumplieron con su cometido final.

¿Hubo uso político de los fondos de bosques nativos?

Si bien este informe técnico no tiene como objetivo el análisis de la coyuntura

política y su influencia sobre el destino de los fondos nacionales analizados, es

interesante hacer un ejercicio sobre el destino de los mismos en relación a la

variable política, ya que es claro que la llegada de fondos de nivel nacional puede

ser motivo de disputas políticas entre las jurisdicciones departamentales, habida

cuenta de la situación social que se vive en los departamentos del este provincial.

En el periodo analizado, los fondos se distribuyeron de la siguiente manera:

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Fuente: elaboración propia en base a datos aportados por el equipo de la Unidad de Gestión de

Bosques Nativos (UGBN-SAyOT).

Las cifras que se comprometieron a propietarios están desfasadas un año, es decir,

los valores correspondientes a 2012 se tramitaron el año anterior, y así

sucesivamente. El OTBN de 2010 indica que los bosques en mejor estado se

encuentran en Lavalle y La Paz, mencionando el informe que no se poseen datos

específicos sobre algunas áreas y que es preciso realizar más estudios.

Lo cierto es que tanto La Paz como Lavalle son los departamentos que menos

fondos han recibido ($ 5.736.263.- y $ 4.132.967.- respectivamente). Ya

mencionamos que la tierra en Lavalle está sujeta a conflictos dominiales con

superposiciones de títulos y reclamos de comunidades de pueblos indígenas que

no han sido resueltos, los que seguramente han impedido que más propietarios

sean aceptados para recibir los fondos nacionales. En el caso de La Paz esta

situación no es relevante, lo cual hubiera permitido que muchos propietarios

reciban estas subvenciones, sin embargo, luego de un breve ascenso en el número

de solicitudes aprobadas, en 2011 se desplomó al nivel de Lavalle, pero con 5 veces

más solicitudes aprobadas.

El siguiente gráfico muestra los montos comprometidos por el gobierno provincial

para cada departamento, sin incluir a las áreas naturales protegidas ubicadas en

Santa Rosa y Lavalle, ya que están fuera del rango de incidencia municipal y su

administración financiera impide cualquier desvío de fondos hacia otras

jurisdicciones.

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

General Alvear

Santa Rosa

San Rafael

La Paz

Lavalle

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ina1

0

Fuente: elaboración propia en base a datos aportados por el equipo de la Unidad

de Gestión de Bosques Nativos (UGBN-SAyOT)

Como puede observarse, existe una notable diferencia entre los montos

comprometidos a Lavalle y La Paz, lo cual se condice con el gráfico siguiente sobre

la cantidad de solicitudes aprobadas, pero no con los promedios por subvención

recibido por los propietarios. Es decir, Lavalle recibió 5,37 menos subvenciones

que La Paz, pero 3,67 veces menos dinero, ya que la subvención promedio es un

46% superior. Es decir, menos propietarios, más dinero.

Fuente: elaboración propia en base a datos aportados por el equipo de la Unidad

de Gestión de Bosques Nativos (UGBN-SAyOT)

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

Alvear SantaRosa

SanRafael

La Paz Lavalle

Montos comprometidos($)

0

50

100

150

200

250

300

Alvear Santa Rosa San Rafael La Paz Lavalle

N° de solicitudesaprobadas

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Santa Rosa, en segundo lugar tanto en la cantidad de solicitudes aprobadas como

de dinero comprometido, y en tercer lugar en relación a la subvención promedio,

aparece como el departamento más beneficiado luego de Gral. Alvear, a pesar de

que ambos departamentos poseen las masas boscosas de menor calidad según los

estudios específicos. San Rafael es un caso fuera de lo común debido a que su

superficie posee un pequeño porcentaje de bosque nativo, pero una enorme

cantidad de solicitudes aprobadas y dinero comprometido, siendo que la mayoría

de las propiedades se encuentran fuera del mapa de ordenamiento territorial del

bosque nativo provincial, con lo cual se demuestra la intencionalidad en la

asignación de los fondos.

Fuente: elaboración propia en base a datos aportados por el equipo de la Unidad

de Gestión de Bosques Nativos (UGBN-SAyOT)

Si bien los datos no son concluyentes, es posible arriesgar la hipótesis de que

habría existido un sesgo en la asignación de planes de manejo durante el periodo

analizado, ya que el departamento La Paz, cuyo gobierno fue del partido político

opositor, que posee los mejores bosques de la provincia y no posee conflictos por

la tierra como otros departamentos, recibió menos subvenciones que

departamentos dirigidos por gobiernos del mismo signo que el gobierno

provincial, con bosques degradados intensamente por el fuego u otras prácticas,

con problemas de titularidad de tierras, o directamente fuera del mapa donde se

ubican los bosques provinciales como es el caso de San Rafael.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Alvear SantaRosa

SanRafael

La Paz Lavalle Total

Promedio ($)

Promedio ($)

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ina1

2

Una auditoría financiera debería analizar exhaustivamente esta situación, ya que si

bien el dinero era entregado a los propietarios de los campos, las tramitaciones de

las subvenciones pudieron haber tenido influencia política, lo que abre la puerta a

posibles casos de financiamientos irregulares de campañas políticas. Esta hipótesis

no debe tomarse como una simple afirmación sujeta a corroboración, sino como un

mensaje de alerta que debe ser escuchado y que debe generar mecanismos de

mayor transparencia para el futuro.

El mecanismo de protección de los bosques nativos provinciales

Ya se explicó al inicio del Informe que el sistema se basa en una presentación de los

aspectos técnicos de la propuesta de gestión de los bosques dentro de las

respectivas propiedades (elaboradas por profesionales contratados por los

propietarios). Esta propuesta necesariamente debe incluir un relevamiento

exhaustivo de los bosques presentes dentro de las propiedades (Inventario de

Bosque Nativo), y una propuesta de manejo de las masas boscosas en el mediano

plazo, además de la documentación que acredite la propiedad de la tierra. La

presentación del relevamiento es condición sine quanom para el otorgamiento de

las compensaciones monetarias por los servicios ambientales. Para incentivar a los

propietarios, el Gobierno Provincial aprobó la primera tanda de compensaciones a

todos los presentantes, con la condición de que utilicen parte del dinero en la

confección del relevamiento o inventario del bosque nativo que debía acompañar a

los planes de manejo o de conservación, según sea el caso. De todas las

propiedades que se presentaron a las diferentes convocatorias (un total de

226 en total para el periodo 2010-2015), solo se registran 2 inventarios de

bosque nativo de acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial N° 8195/10 y

las resoluciones de convocatoria anuales. Esto debería haber resultado en

inhibiciones a la hora de entregar las compensaciones monetarias, sin embargo las

aprobaciones de planes de manejo y la entrega del dinero continuaron.

Las rendiciones de la mayoría de los propietarios contienen comprobantes

de pago de honorarios por servicios profesionales relacionados a la

elaboración del inventario que no se han presentado ante la Autoridad Local.

Es decir, se desconoce si los profesionales elaboraron los inventarios, pero lo cierto

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3

es que debieron ser presentados ante el Gobierno de Mendoza y no existe registro

de dicha documentación.

Con el dinero entregado, los propietarios adquirieron mayormente insumos (palos,

alambres, boyeros eléctricos), contrataron servicios profesionales (elaboración de

inventarios, certificaciones de obras, etc.) o de maquinarias para abrir picadas

cortafuego o repasar las existentes. La Autoridad de Aplicación (la Dirección de

Recursos Naturales Renovables) realizó inspecciones esporádicas, con lo cual no

puede conocerse si los insumos que fueron observados fueron adquiridos con el

dinero de la subvención o ya existían, al no figurar en los expedientes consultados

ninguna inspección de base que corroborara la situación planteada por los

propietarios.

Tampoco hay coherencia entre los presupuestos presentados por servicios

similares, como contratación de horas-máquina para abrir picadas cortafuego. Si

bien este dato debe ser corroborado a través del análisis exhaustivo de una

auditoría financiera, los comprobantes que han sido analizados muestran

diferencias importantes del valor de contratación de un mismo servicio para una

misma zona. De esta situación pueden inferirse dos alternativas, o hay una notable

diferencia en la capacidad negociadora de los propietarios frente a un mismo

servicio, o algunos propietarios presentaron comprobantes “inflados” que el

Estado Nacional subvencionó con el aval provincial, sin inspeccionar la veracidad

de los presupuestos y de los comprobantes. Si bien esto último no está

contemplado específicamente dentro de la convocatoria, surge como indiscutible la

idea del uso honesto de los fondos recibidos y del necesario contralor que sobre

los mismos debe hacer el Estado en cualquiera de los niveles.

Resumiendo, no hay registro oficial sobre un plan de inspecciones que

corrobore que el dinero entregado efectivamente se utilizó para los fines

propuestos, por lo cual es probable que parte del dinero no haya sido utilizado en

la conservación de los bosques nativos, sino para financiar actividades de

aprovechamiento del bosque, cuyos fines podrían ser incluso contradictorios a los

que la ley pretende.

Aunque el objeto de este informe no es la evaluación exhaustiva de las

asignaciones presupuestarias, sino la eficiencia de los procedimientos

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4

administrativos para propender a la protección de los bosques y su eficacia en el

cumplimiento de los fines, es claro que el destino de los fondos es determinante

para el destino de los bosques nativos provinciales. El posible desvío de fondos

asignados con un fin específico como la protección de los bosques nativos

hacia otros fines, atenta contra la protección de la diversidad biológica, y

posiblemente haya generado daño ambiental irreversible que deberá ser

evaluado desde muchos aspectos, no solamente el ecológico, sino administrativos y

hasta judiciales.

Fondos asignados a fiscalización y control

Un total de $ 16.987.817.-fueron entregados por la Nación en el periodo 2010-

2015 para destinarlos a la fiscalización y control de las actividades de protección

de los bosques nativos. De ese monto, el gobierno provincial rindió $ 5.485.864.-

correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011. El resto del dinero se encuentra en

las arcas provinciales y en parte han sido invertidos; las rendiciones de cuenta

están en grados de avance diverso según el período de que se trate. Lo relevante

del caso es determinar la efectividad del gasto, en particular lo atinente a las

inspecciones de campo que la Autoridad de Aplicación debió realizar durante este

periodo, ya que de la consulta a algunos propietarios realizadas durante 2016, en

la mayoría de los casos se comprueba que no existieron, y tampoco constan

registros oficiales de las mismas en los 785 expedientes analizados. Entre la

información disponible se encuentran registros de inspecciones en formato digital,

sin membrete oficial o firma electrónica. Debido a que la modalidad de expediente

electrónico aún no se ha puesto en marcha para este procedimiento

administrativo, el documento no tendría validez para la administración pública

como objeto de corroboración de actividades. Tampoco existen actas de inspección

oficiales. Aun así, si considerásemos como válidas estas inspecciones, no las

encontraremos en todos los expedientes, y en ninguno de los 785 expedientes

revisados hay inspecciones de base cero que permitan verificar las condiciones

iniciales de los campos, con lo cual no pueden conocerse los avances en las

actividades propuestas por los propietarios.

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5

Dicho esto, las rendiciones disponibles muestran numerosos comprobantes de

combustible, que sumados podrían significar decenas de miles de kilómetros

recorridos con vehículos oficiales para efectuar las inspecciones, siendo que la

mayoría de ellas –aquellas en que se pudo corroborar que se realizaron- fue con

fondos asignados a las delegaciones zonales de la DRNR y no con los fondos de

bosque nativo13. Esta contradicción nos lleva a pensar en dos alternativas, la

primera es que se haya realizado una mala imputación de los fondos y la diferencia

se deba a asientos contables defectuosos, o la segunda alternativa es que con

fondos de bosque nativo se hayan efectuado gastos destinados a la utilización de

vehículos para otros fines, cuestión que deberá ser corroborada por una auditoría

financiera.

Otro elemento a tener en cuenta es que con fondos destinados a los propietarios de

campos, en algunos casos se pagaron comprobantes de combustible para la

realización de actividades dentro de los campos de su propiedad. Esta situación

podría ser irregular, ya que los servicios contratados para la apertura de picadas o

el repaso de las existentes, deberían incorporar el rubro combustible para las

maquinarias utilizadas, y no pagar el servicio de uso de la maquinaria y el

combustible por separados. La pregunta en este caso es ¿Por qué razón el Estado

debe pagar a los propietarios el combustible que utilizan en sus propios campos?.

Una auditoría financiera sobre el uso de los fondos podría agregar certeza sobre

este y otros puntos.

La actuación profesional

Las presentaciones de las propuestas para recibir las subvenciones estatales

fueron elaboradas por profesionales en temas forestales. Los mismos elaboraron

13 Por ejemplo, en la rendición de 2011 ante las autoridades de la Nación figuran comprobantes de combustible por un total de $ 531.070.-; si a diciembre de 2011 el precio del gasoil era de $ 4,069 el litro, tenemos que la Dirección de Recursos Naturales Renovables que es la autoridad de aplicación en Mendoza, utilizó 130.516 litros de gasoil inspeccionando campos durante 2011, lo que equivale a 1.087.633 kilómetros anuales, a razón de 12 litros de combustible cada 100 kilómetros (a los fines comparativos, un viaje desde la ciudad de Mendoza a la ciudad de Buenos Aires ida y vuelta insume aproximadamente 2.130 kms., es decir, el equivalente a 511 viajes completos a lo largo del año), lo cual contrasta con la falta de registros oficiales de inspecciones. Esta situación probablemente se reproduzca para todo el periodo de análisis de este informe, con lo cual –en el caso de un posible desvío de fondos- la cifra podría alcanzar varios millones, ya que el precio del combustible se incrementó más del 350% durante ese período.

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ina1

6

documentos técnicos y estuvieron a cargo del manejo de los planes operativos

anuales o POA, según el caso.

Los profesionales deben suscribir la documentación presentada y son

solidariamente responsables junto con los propietarios de la veracidad de la

información proporcionada14. También son responsables de las actividades de

manejo dentro de los campos, una vez que se han evaluado y aprobado los planes

operativos anuales (POA).

Un total de 19 profesionales se encargaron de la elaboración de los relevamientos

y POA de los establecimientos, según la siguiente distribución:

Fuente: elaboración propia en base a los datos aportados por los expedientes analizados y la

información provista por la Unidad de Gestión de los Bosques Nativos de la SAyOT.

14 Ley N° 8195 Artículo 22º - En el caso de verificarse daño ambiental presente o que se determine mediante análisis una tendencia a producirse un daño ambiental a futuro que guarde relación de causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en los planes de manejo de bosques nativos y en los planes de aprovechamiento de cambio de uso del suelo, las personas físicas o jurídicas que hayan suscripto los mencionados estudios serán solidariamente responsables junto a los titulares de la autorización.

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30

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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anconetani, Julio

Astorga,

Belaus

Claros

Claver, Silvia

DRNR

IADIZA

Krause

Luna

Martinez

Ru, Nuria

Randazzo

Saa, Juan C.

Salazar, J.

Sanchez

Setepani

Silvestre

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7

Como puede observarse, existe una notable disparidad en la cantidad de planes

ejecutados por los distintos profesionales. Si bien esta situación no constituye una

irregularidad de carácter administrativo, ni una violación a las normas vigentes, es

necesario decir que atenta contra la calidad de las presentaciones realizadas, ya

que es difícil imaginar que un profesional pueda realizar la gestión de tantas

propiedades sin disponer de cuantiosos recursos humanos a disposición. A futuro

sería deseable una mejor distribución a los fines de brindar mayores posibilidades

laborales a otros profesionales, y a fomentar una mejora en la calidad de las

presentaciones.

Marco Legal

La ley Nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental para el

enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo

sostenible de los bosques nativos N° 26.331 fue sancionada y promulgada en 2007.

Allí se establecen los principios generales de la protección de los bosques nativos

en el territorio nacional, el sistema de compensaciones monetarias, obliga a las

provincias a realizar el ordenamiento territorial de sus bosques en el plazo de un

año, establece las categorías básicas de conservación, las prohibiciones y permisos

generales, la evaluación ambiental de los proyectos de desmonte o

aprovechamiento sostenible, los mecanismos de participación, la creación del

registro de infractores y del fondo específico para el manejo de los bosques

nativos, entre otros.

La provincia de Mendoza a su vez promulgó la ley N° 8195 en el año 2010, y como

ley complementaria de la ley nacional de presupuestos mínimos, desarrolla el

articulado de la anterior, sin embargo la ley provincial es prácticamente una copia

de la nacional, agregando algunos aspectos procedimentales, como la creación del

Consejo Asesor. La norma no tiene decreto reglamentario y es por esta razón que

algunas de sus herramientas no han sido ejecutadas o desarrolladas, como el

registro de infractores y el fondo específico.

Luego existen otras normas de menor jerarquía, como el decreto 2530/10 que

delega en la DRNR la aprobación por resolución de los planes de aprovechamiento

sostenible, y las resoluciones de convocatoria N° 604/10, 305/11, 146/12, 82/13 y

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74/14 donde se comunica a los interesados el procedimiento administrativo para

acceder a las subvenciones estatales.

Para el aprovechamiento sostenible del bosque nativo hay que cumplir además con

la Resol. N° 854/85 de la Dirección de Recursos Naturales Renovables que

implementa los llamados planes dasocráticos.

Finalmente, están las resoluciones de la Autoridad de Aplicación Local (Dirección

de Recursos Naturales Renovables) aprobando o denegando el acceso a las

subvenciones nacionales. En los primeros años se realizaron resoluciones

individuales, pero con el tiempo comenzaron a aprobarse los planes de manejo en

resoluciones colectivas que abarcaban a todos los beneficiarios durante un año.

Resultados preliminares

Si bien es necesario recalcar que aún resta auditar los aspectos financieros de

manera exhaustiva, la información existente alcanza para formular las siguientes

conclusiones:

- A pesar de que los propietarios debían presentar el inventario de bosques

nativos, tal como lo establecen las resoluciones de convocatoria, para

acceder a las compensaciones monetarias por servicios ambientales, de las

226 propiedades que se presentaron–y restando aquellas que no

aprobaron- ningún propietario presentó los estudios solicitados por la

Autoridad Ambiental provincial. Solo existen registros de inventarios de

las áreas protegidas de Ñacuñan (IADIZA) y Bosques Telteca (Gobierno de

Mendoza) que fueron elaborados hace varios años para otros fines.

- Ya que la presentación incompleta tiene como consecuencia inmediata la

denegación de la aprobación de los planes de manejo subsiguientes (y

consecuentemente la denegación de las subvenciones), y no existiendo

registros de tales inventarios detallados en la Unidad de Bosque Nativo, se

infiere que ninguno de los propietarios debió cobrar la subvención, y

aquellos que lo cobraron con el compromiso de presentar los

inventarios y no lo hicieron, debieron ser intimados a presentarlo en

plazo perentorio, y luego aplicárseles las sanciones correspondientes,

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incluyendo la devolución del dinero entregado. Si ésta fuera la hipótesis

de trabajo compartida por la SAyOT, puede inferirse que $ 32.756.103.- de

fondos nacionales fueron comprometidos durante el periodo 2010-2015

por el Poder Ejecutivo Provincial de manera irregular a los propietarios15.

En mi opinión, la única explicación posible para este comportamiento

irregular dentro de la administración provincial fue la fuerte incidencia de

la variable política para entregar dinero a los propietarios de campos, a

sabiendas que no se cumplían cabalmente las prescripciones impuestas por

las normas legales vigentes.

- El dinero entregado tuvo como destino, entre otras actividades, la

realización de picadas cortafuego o el repaso de picadas existentes, lo que

en la práctica significó una pérdida importante de superficie de bosque

nativo, lo cual desde la perspectiva técnico-ambiental atenta contra la

política de conservación de los bosques nativos que la ley pretende

implementar, al fragmentar el ecosistema en múltiples parches que

terminan afectando la biodiversidad y la dinámica del bosque. Sin embargo,

lo relevante a destacar es que por ley provincial N° 6099/93 los

propietarios tienen la obligación de costear con su dinero la

realización y mantenimiento de picadas para la prevención de

incendios forestales16, con lo cual el Gobierno Provincial entregó

dinero proveniente de fondos nacionales para actividades que deben

realizar a su coste los mismos beneficiarios. Como un porcentaje

mayoritario del dinero entregado a los propietarios se utilizó para la

compra de palos y alambres, realización de picadas cortafuego nuevas o

repaso de las existentes, boyeros para el ganado y otros insumos y servicios,

no solamente es comprobable la dificultad que acarrea conocer si esos

15 Dato obtenido de restar al valor total comprometido por el PE Provincial las sumas entregadas a Reserva Ñacuñán y Bosques Telteca, que suman $ 3.851.346.- para el periodo 2010-2015.

16 Artículo 6° - Las picadas deberán ser abiertas y/o conservadas por el propietario, arrendatario, aparcero, usufructuario y ocupante a cualquier título. En caso de no realizarse las picadas por los responsables, la autoridad de aplicación dispondrá la ejecución de las mismas, debiendo intimar el resarcimiento de los gastos ocasionados. Podrá formalizar convenios con los obligados aportando maquinarias, mano de obra, asesoramiento técnico, préstamos, subsidios, fijando plazos de cumplimiento y cualquier otro recurso o trámite que establezca la reglamentación. Se presume, salvo prueba en contrario la responsabilidad civil de las personas mencionadas en este artículo que omitan abrir y/o conservar picadas que afecten sus predios.

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materiales efectivamente se adquirieron para el destino al que estaban

previstos, sino que además se deduce que en su mayoría no contribuyó a la

conservación del bosque nativo, excepto aquellos destinados a impedir que

el ganado coma renovales de bosque o los que sirvieron como barrera

protectora del fuego.

- Los planes de manejo NO cumplen con lo prescrito por las

resoluciones de convocatoria ni con el resto de la normativa, sin

embargo fueron aprobados con una simple nota sin que exista registro

alguno de informes técnicos que evalúen las presentaciones y las

contraste con lo establecido por las normas vigentes. Los dictámenes

legales toman como referencia para su opinión la nota del coordinador

técnico opinando que los planes de manejo cumplen con lo establecido por

las normas legales y el dictamen legal avala el cumplimiento del

procedimiento administrativo que termina en la aprobación de la

compensación monetaria. De esta manera es mi opinión que se afecta

gravemente el patrimonio del estado nacional, ya que son fondos

provenientes de ese nivel de administración que fueron entregados de

manera negligente al no corroborar la veracidad de los datos colocados ni

evaluar correctamente la rigurosidad de los informes recibidos.

- Que tales irregularidades sin dudas debieron ser detectadas por el

personal a cargo de la evaluación de los planes de manejo porque son

groseras y palmarias. Sin embargo en ninguno de los 785 expedientes

analizados se encontró apercibimiento o sanción por esta causa, y

aunque se encontraron algunos expedientes donde se denegó la

compensación monetaria por diversas razones ajenas a lo manifestado

(deuda con ATM, la no realización de los trabajos comprometidos por parte

de los propietarios, etc.), ninguno alude a la devolución de los estudios para

que sean mejorados y presentados nuevamente. Desde la perspectiva del

procedimiento administrativo, esta etapa fue definitoria para la entrega del

dinero, ya que un funcionario avaló con su firma la documentación

presentada, que en el caso de los planes de manejo como de los inventarios,

no se corresponden con lo establecido por las normas vigentes. Estas

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autorizaciones abrieron la posibilidad de que el dinero fuera entregado –en

mi opinión- de manera irregular.

- En relación con los fondos aportados para fiscalización y control, existe una

notable diferencia entre los 130.516 km. de inspecciones rendidos durante

2011 y lo que surge de los expedientes analizados y de algunos actores del

sistema. Si esta situación fuese corroborada, los comprobantes de

combustible por más de $ 500.000.- presentados durante 2011 también

deberían ser analizados exhaustivamente por una auditoría financiera, para

saber si efectivamente fueron realizados en cumplimiento de las labores de

control a que la Autoridad de Aplicación local está obligada, o si por el

contrario fueron utilizados para otros fines, lo cual implica un desvío de

fondos tipificada por el art. 260 del Código Penal de la Nación17. Un ejercicio

teórico sobre los montos que podrían haber sido desviados indican valores

superiores a $ 5.660.000.- para todo el periodo18.

- Respecto a la certificación de los trabajos comprometidos por parte de

los beneficiarios, existe una notable desorganización administrativa

ya que en la mayoría de los expedientes no existe registro oficial de las

inspecciones, y en el mejor de los casos se agregó un formulario firmado (a

veces) por los inspectores que manifiestan haber visitado la propiedad y

que observan actividad o inactividad, presencia de materiales de

construcción, etc., pero al no haber una inspección de base para corroborar

lo dicho por los propietarios, se toma por cierto la información, no

pudiendo luego discernir si una picada cortafuego fue realizada con los

fondos aportados por el Programa de Bosque Nativo o si se hizo con

anterioridad y el propietario guardó ese dinero para otros menesteres. Esto

17 Art. 260.- Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquélla a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída. (Código Penal de la Nación Capítulo VII – Malversación de caudales públicos)

18 Si asumimos que los 130.516 km. realizados y rendidos durante 2011 fueran constantes para todo el periodo, y tomando el precio del gasoil a diciembre de cada año entre 2010 y 2015, el valor total de combustible alcanzaría a $ 5.660.740.-; afortunadamente, la administración anterior no alcanzó a rendir el periodo 2012-2015, con lo cual esta situación –de haberse producido y si la hipótesis del desvío de fondos fuera la correcta- hubiera implicado un desvío aún mayor de fondos que lo hasta ahora descubierto.

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contrasta notablemente con las rendiciones del 30% del dinero aportado

por Nación por parte del Gobierno de Mendoza, en las cuales figuran

enormes sumas en concepto de combustible y viáticos destinada a

inspecciones, cuando los propietarios consultados admiten que en todo el

periodo considerado han recibido una o dos visitas, y en muchos casos,

ninguna.

- En las rendiciones de cuentas de los propietarios figuran facturas de

profesionales con montos destinados a la elaboración de estudios de los

cuales no existen registros en la Autoridad de Aplicación. Es decir, que

presumiblemente habría existido una defraudación al Estado Nacional

donde el Gobierno de Mendoza habría avalado comprobantes por

servicios no prestados por los profesionales, rindiendo los mismos a

sabiendas que los productos nunca fueron entregados (Inventarios

detallados de los bosques nativos de cada propiedad que recibió el

incentivo económico).

- Una buena parte de las compensaciones monetarias fueron

entregadas a propiedades que están fuera del mapa de ordenamiento

territorial de los bosques nativos (30 propiedades con una superficie

acumulada total de 221.710 ha, de las cuales fueron beneficiadas con el

subsidio un total de 152.036 ha.), y no existe ningún procedimiento de

corroboración o estudio previo para su incorporación a dicho

ordenamiento, tal como marca la normativa vigente19. Asumiendo que en

las propiedades beneficiadas es incierto que exista bosque nativo (y que las

inspecciones realizadas por esta administración va corroborando

progresivamente), esto resultaría en un perjuicio al Estado Nacional de

aproximadamente $ 5.994.929.- para todo el periodo analizado, solo por

esta situación específica.

19 La ley Provincial N° 8.195/10 establece en su art. 14° que “Para áreas que posean bosques nativos y que oportunamente no hayan sido identificadas para ser incorporadas en el mapa de zonificación de las categorías de conservación del bosque nativo, la Autoridad de Aplicación deberá aplicar los principios preventivo y precautorio, acorde al espíritu de la Ley Nacional N° 26.331 y Provincial N° 5.961. Luego de efectuarse los estudios técnicos pertinentes, dichas áreas deberán ser categorizadas e incorporadas al Ordenamiento de Bosques Nativos”.

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- Luego tenemos aquellas propiedades que poseen un porcentaje

determinado de superficie dentro del mapa de ordenamiento territorial de

bosque nativo, a las cuales les correspondería una compensación económica

equivalente a la superficie de bosque nativo reconocida por el mapa, pero

que recibieron un monto mayor o menor según el caso, sin un criterio o

término de referencia que haga suponer que hubo un análisis previo a

partir de mapas satelitales y/o inspecciones in situ a las propiedades. De 86

campos analizados, se observa que se pagó de más un total de $ 2.958.775.-,

pero esta cifra no permite observar los casos particulares, donde hay

propiedades a las cuales se les comprometieron pagos por una superficie de

bosque de siete y media veces más que la existente, solo por nombrar un

ejemplo extremo, dado que hay decenas de ejemplos donde los pagos han

sido superiores a lo que correspondía otorgar, mientras que otras

propiedades recibieron menos dinero a pesar de tener bosque nativo por

proteger que no fue reconocido por el Poder Ejecutivo Provincial.

- Con respecto al cumplimiento de la ley, es grosero el incumplimiento por

parte del Poder Ejecutivo provincial de la Ley Nacional N° 26.331/07 y

de la Ley Provincial N° 8.195/10, además de varias resoluciones

específicas vinculadas a las convocatorias realizadas por el Poder Ejecutivo

Provincial durante el periodo de estudio. Los planes de manejo se

aprobaron sin que estos cumplieran mínimamente con lo establecido por

las normas, no se convocó al Consejo Asesor que establece el art. 32° de la

ley N° 8.195/10 para la aprobación de los planes de aprovechamiento del

bosque, no se actualizó el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo según

obliga la ley N° 8.195/10 art. 3320, no se ha puesto en vigencia el Registro

de Infractores ni se ha realizado procedimiento de evaluación de impacto

ambiental para aprobar aquellos aprovechamientos del bosque nativo que

por su magnitud, y por estar alcanzados por alguno de los incisos del

artículo 24 de la ley N° 8.195/10, debió someterse a dicho procedimiento

técnico-administrativo de aprobación, ni se ha aplicado el artículo 35°

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El ordenamiento territorial de los bosques nativos de Mendoza tuvo validez hasta agosto de 2015. La administración actual logró una extensión del plazo de presentación hasta agosto de 2017, el que deberá afrontar con dinero propio.

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respecto de la obligación del Poder Ejecutivo de realizar tareas de

recuperación de aquellos bosques afectados por los incendios u otros

desastres naturales.

Conclusiones

De los $ 54.149.539.- entregados por la Nación en el periodo 2010-2015, el

gobierno provincial utilizó un total de $ 29.673.494.- (el 54,8% del total), sea

entregando el dinero a propietarios o utilizándolo para las labores internas de

administración del sistema. Y si bien hay fondos que fueron comprometidos o

gastados y aún no fueron rendidos ($12.419.820.- comprometidos mediante la

emisión de resoluciones de la Autoridad de Aplicación provincial a los

propietarios y $ 11.501.953.- destinados a tareas de fiscalización y control), el

resto del dinero actualmente no está en las cuentas específicas destinadas a la

administración del Programa Provincial de Bosque Nativo. La Secretaría de

Ambiente y Ordenamiento Territorial intenta recuperarlo a partir de la solicitud de

fondos remanentes correspondientes a ejercicios anteriores ante el Ministerio de

Hacienda, pero lo cierto es que se desconoce si parte o todo ese dinero se

encuentra dentro de las arcas provinciales o fue extraído para otros usos por parte

de la administración anterior.

De los $ 24.187.630.- efectivamente entregados a los propietarios para proteger los

bosques nativos, se calcula que al menos unos $ 8.953.704.- fueron a 30 campos

que no están dentro del mapa de bosques nativos identificados por especialistas

del CONICET, o que teniendo una parte dentro de los límites del mapa recibieron

más dinero del que les correspondía (en esta situación se encuentran 58 de 124

campos relevados, restando analizar el resto). A esta cifra hay que sumar los

montos comprometidos a los campos fiscales Bosques Telteca y Ñacuñan que se

reservaron del 70% que corresponde a propietarios, con el compromiso de obras

que no se realizaron y que la administración actual deberá afrontar para cumplir

con la Nación.

Este desvío de fondos pudo realizarse gracias a la articulación entre aquellos

profesionales que elaboraron las solicitudes con datos tergiversados, propietarios

que a sabiendas que sus campos no estaban dentro del ordenamiento territorial de

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bosques nativos o que solamente lo estaban en un porcentaje, aceptaron la

subvención cuando no les correspondía o aceptaron fondos en un porcentaje

mayor del que debieron cobrar, y funcionarios que no detectaron las groseras y

constantes irregularidades que se presentaron a lo largo de seis años, que no

inspeccionaron o lo hicieron selectivamente. Esta situación debe analizarse a la luz

de los tipos penales existentes para evaluar si corresponde iniciar acciones

judiciales.

Si bien deben estudiarse con profundidad las derivaciones jurídicas, es claro que

ha existido una defraudación a la administración pública nacional, ya que una

buena parte del dinero entregado a la provincia fue desviado de su destino

original, el incentivo a propietarios de campos con bosques nativos, los cuales

fueron compensados para mantener los servicios ambientales del ecosistema para

beneficio del mantenimiento de las características ecológicas. De ser comprobado

algún tipo penal, es necesario investigar si participaron funcionarios provinciales o

si solamente fue negligencia en el accionar, lo que de por sí es imputable

penalmente.

Que todo el sistema urdido para propiciar el desvío de fondos tuvo como resultado

que los bosques nativos de Mendoza no fueran protegidos adecuadamente, con lo

cual podemos presuponer que existió daño ambiental, ya que las masas boscosas

que pudieron ser protegidas no recibieron fondos, mientras que algunos campos

donde no existe bosque nativo, recibieron fuertes compensaciones.

Recomendaciones

- Es necesario realizar inspecciones a todos los campos que están fuera del

ordenamiento territorial de bosques nativos a los fines de corroborar la

existencia de bosque en los predios, procediendo a incorporarlos al

ordenamiento en caso afirmativo y con los mecanismos que la ley impone, o

solicitando la devolución del dinero.

- Es recomendable suspender cualquier entrega de fondos a propietarios de

campos hasta tanto se analice caso por caso si corresponde. Esto se basa en

las numerosas irregularidades detectadas hasta el momento en los

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compromisos de pago, aprobaciones de planes de manejo con información

insuficiente o directamente la no presentación de información relevante.

- Es necesario revisar el criterio de otorgamiento de fondos a aquellos

campos que se encuentran solo en un porcentaje dentro del ordenamiento

territorial del bosque nativo, a fin de ajustar los montos a entregar a la

cantidad de bosque que realmente poseen.

- Se recomienda suspender los desmontes o las extracciones de leña campaña

y árboles secos hasta tanto se tenga el nuevo mapa del ordenamiento

territorial del bosque nativo, ya que existe incertidumbre científica acerca

de ciertos permisos otorgados por la autoridad de aplicación durante el

periodo 2010-2015 –aún vigentes- que podrían devenir en un daño

ambiental de proporciones, al sobreestimar la cantidad de leña que puede

extraerse de los campos, lo cual impactaría directamente en la dinámica del

bosque, al desaparecer el refugio para la fauna que contribuye a que el

bosque se regenere.

- Intimar a los profesionales a que en plazo perentorio presenten los

relevamientos, caso contrario aplicar la responsabilidad solidaria prevista

en el art. 22 de la ley 8195/10.

- Poner en vigencia el Registro de Infractores y convocar al Consejo Asesor

para las futuras convocatorias.

- Reglamentar el Fondo específico de la ley nacional N° 26.331, a fin de evitar

en el futuro la utilización indebida de los fondos para fines que no estén

contemplados en la norma.

- Iniciar investigación administrativa para dilucidar responsabilidades entre

los funcionarios técnicos y ex funcionarios políticos que participaron en el

manejo de los fondos, tanto quienes tomaron decisiones sobre el

otorgamiento de los mismos como de quienes fueron partícipes necesarios

para que dichos fondos fuesen entregados.

- Eventualmente, y de sospecharse la comisión de un tipo penal, realizar las

denuncias penales correspondientes, o instruir a Fiscalía de Estado a que

las impulse en nombre del Estado Provincial.

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- Supeditar la convocatoria 2017 a subvenciones por el fondo de bosques

nativos hasta tener la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosque

Nativo, o en su defecto, realizar la convocatoria y supeditar la entrega de los

fondos hasta tener el nuevo mapa del OTBN. Con esto se estarían

cumpliendo con los principios preventivo y precautorio.

- Solicitar al órgano correspondiente una auditoría financiera sobre el

manejo de los fondos.

- Se recomienda que el dinero de las próximas convocatorias sea

administrado por el propio estado provincial, tal como hace la provincia de

San Luis, con mecanismos de consulta con propietarios e inversiones en los

bosques nativos que abarquen más de una jurisdicción, a fin de

transparentar los procesos de gasto, hacer más eficiente el uso del dinero y

uniformizar las estrategias de conservación de los bosques nativos.

- Se recomienda que una porción del dinero de próximas convocatorias vaya

destinada a organizaciones sociales vinculadas a la conservación de los

bosques, desarrollo de puesteros y otras relacionadas, ya que los beneficios

son múltiples en términos de desarrollo social, fortalecimiento del sector

social acompañando medidas gubernamentales, transparencia, etc.

Comentarios finales

La iniciativa de financiamiento de bosques nativos para mantener sus servicios

ambientales ha probado ser de gran utilidad, pero es necesario mejorar los

mecanismos de identificación de propiedades, calificación de las mismas para

acceder a las subvenciones estatales, entrega de fondos y fundamentalmente el

monitoreo de los resultados, que hasta el momento no se han realizado.

También es necesario replantear el esquema de trabajo, ya que entregar dinero a

propietarios que en algunos casos se encuentran muy lejos de la provincia, no

favorece la preservación de los bosques nativos, mientras que existen

comunidades asociadas a los bosques que podrían –incentivo mediante- concretar

medidas específicas para la conservación de las masas forestales.

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A nivel político y ciudadano, es imprescindible dar una señal a la ciudadanía y al

sector político que esta administración pretende otorgarle orden, transparencia y

eficacia a los resultados de la aplicación de los fondos, y este informe provee las

herramientas necesarias para avanzar hacia el esclarecimiento administrativo y

judicial de la situación planteada.