1. INFORME SOBRE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA DEFENSORIA DEL PUEBLO - 2013 Presentacin La Defensora del Pueblo, en cumplimiento de su responsabilidad constitucional y de su atribucin establecida en el Art. 34 de la Ley 1818 que seala que El Defensor del Pueblo, como producto de sus investigaciones, podr elaborar informes sobre temas especficos. El informe Anual y en su caso los informes especiales sern publicados. Asimismo sern publicadas las sugerencias y recomendaciones del Defensor del Pueblo al Congreso Nacional, ha elaborado desde la pasada gestin, un informe que pretende analizar el ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos de los bolivianos y las bolivianas desde los mbitos de su competencia. El anlisis no busca plantearse como un estado de situacin de los derechos humanos ya que eso supondra la aplicacin de metodologas especficas, sin embargo su alcance y los componentes que lo integran, reflejan de manera clara resultados, avances y desafos en la vigencia de los derechos durante el periodo considerado. Para su elaboracin se ha tomado como base el informe presentado en ao pasado en la misma fecha y que forma parte del XV informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional, adems de los resultados de nuestro trabajo defensorial durante el ao, los diversos estudios de instituciones especializadas sobre las temticas de nuestra responsabilidad, as como las publicaciones realizadas en medios de comunicacin que presentan fuentes oficiales o autorizadas. Ms all de constituirse en una fuente de consulta, y ojal en un instrumento de orientacin para las autoridades que nos gobiernan- el presente informe pretende generar un espacio de reflexin sobre nuestra propia conducta y perspectivas como Estado y como sociedad. Lo que estamos haciendo hoy respecto a nuestros derechos y los derechos de los dems, no solamente va a decidir el futuro de las generaciones que1

2. vendrn, sino el destino del Estado Plurinacional, al que hemos decidido construir sobre las bases de la justicia, la igualdad, la libertad y la paz. El informe aborda 21 temas que, a nuestro parecer, constituyen aquellos mbitos donde se han mostrado avances, retrocesos, logros y desafos en torno a los derechos humanos durante la gestin, y la ausencia de algunos temas significa que se mantienen las consideraciones que realizamos la pasada gestin. El actual informe corresponde al periodo Noviembre de 2012 a Octubre de 2013 e incluye una relacin breve y sucinta del trabajo defensorial en ese mismo periodo. El texto ntegro de este informe estar publicado en nuestro sitio web www.defensoria.gob.bo. Con estas consideraciones pongo a consideracin de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos este pequeo aporte que, adems constituye una base de referencia para nuestro propio trabajo en favor de las personas y los grupos cuyos derechos son negados, conculcados o invisibilizados.La Paz, 10 de Diciembre de 2013Rolando Villena Villegas Defensor del Pueblo2 3. Presentacin, Conclusiones 1.- Legislacin y normativa 2.- Conflictividad y derechos humanos La violencia como principal eje de vulneracin de derechos humanos 3.- Infancia y niez 4.- La mujer boliviana, entre la violencia y la discriminacin 5.- Personas privadas de libertad 6.- Militares y conscriptos 7.- Incremento de los casos de linchamientos 8.- Inseguridad ciudadana 9.- Derechos humanos y Polica 10.- Tortura y tratos degradantes e inhumanos 11.- Trata y trfico Derechos Econmicos, sociales y culturales: avances y desafos 12.- Derecho a la salud 13.- Derecho a la educacin 14.- Derecho a la alimentacin 15.- Derecho al agua y servicios bsicos 16.- Empleo Derechos polticos y civiles 17.- Justicia y derechos humanos 18.- Discriminacin y racismo 19.- Libertad de prensa, libertad de expresin y derecho a la informacin 20.- Adolescentes y jvenes 21.- Personas Adultas Mayores 22.- Naciones y Pueblos Indgena Originarios Campesinos 23.- Personas con distinta orientacin sexual (GLBT) 24.- Personas con discapacidad 25.- Personas migrantes INFORME DE RESULTADOS DEL TRABAJO E INTERVENCIN DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN EL PERIODO NOVIEMBRE DE 2012 A NOVIEMBRE DE 2013 Desarrollo Legislativo y gestin constitucional Casos atendidos y gestionados por la Defensora del Pueblo en el periodo Noviembre 2012 a Octubre 2013 Sistema de Servicio al Pueblo Conflictividad y derechos humanos Gestin internacional Polticas Pblicas de proteccin de derechos humanos Personas privadas de libertad Infancia, niez y adolescencia Derechos humanos de las mujeres Personas Viviendo con el VIH-SIDA Colectivo TLGB Personas Migrantes Personas con discapacidad Personas adultas mayores Naciones y Pueblos Indgena Originarios Campesinos Salud como derecho humano Trata y trfico Derechos laborales Vulneracin de derechos humanos en recintos militares Educacin en derechos humanos Comunicacin y difusin31 3 7 10 14 15 27 36 44 48 55 60 65 69 72 72 75 78 81 82 83 83 88 89 94 97 100 111 112 114 3118 3 118 122 138 143 145 146 146 147 150 151 151 152 152 152 153 154 156 157 157 158 151 4. CONCLUSIONES 1.2.3.4.5.6.En la gestin 2013, el ejercicio y vigencia de los derechos humanos en Bolivia se vieron afectados por la vulneracin sistemtica y creciente del derecho a la integridad, reflejada en el sostenimiento progresivo de la violencia, como forma habitual de conducta. La violencia no solamente ha crecido, sino que se ha intensificado y extendido, alimentada por la impunidad, la debacle del sistema judicial, la poca capacidad del gobierno por enfrentarla, la tolerancia y permisividad institucional y la pasividad y complicidad de los ciudadanos y ciudadanas. La violencia se manifiesta de manera insostenible contra nias, nios y adolescentes en casi todos los mbitos de su vida, pero especialmente en sus propios hogares y unidades educativas y en las fuentes laborales donde muchos de ellos y ellas trabajan, expresndose en las violaciones, asesinatos, agresiones fsicas, violencia escolar, explotacin laboral y abandono. En el caso de las mujeres se extiende a los espacios laborales, polticos y sociales, agravndose en los delitos de violencia sexual, feminicidios, acoso y atentados a su dignidad. La violencia tambin se expresa en el crecimiento alarmante de los casos de linchamiento, la tortura, los tratos crueles e inhumanos y el creciente ndice de delitos. Las muertes en recintos militares, sin que las autoridades tomen las medidas de prevencin, cuidado y proteccin necesarias, los casos de tortura y tratos crueles e inhumanos en la formacin militar y policial y la violencia recurrente en los recintos penitenciarios y los hechos delictivos, son los mbitos que muestran altos y preocupantes niveles de vulneracin de derechos y que deben ser enfrentados con urgencia. Ha sido importante la disminucin de los casos de violencia desmedida en conflictos sociales y de agresiones a periodistas, aunque en este ltimo caso se ve agravado por la intolerancia y los ataques mediticos desde autoridades y parlamentarios oficialistas, destinados a destruir la imagen y la reputacin de quienes cuestionan o critican las acciones del gobierno. Adems de las nias, nios y adolescentes, es significativa la afectacin de los derechos de los jvenes que se estn convirtiendo en un grupo de alta vulnerabilidad,4 5. sobre todo de sus derechos al trabajo, la seguridad, la integridad y a que muchos de ellos son sometidos a permanentes y diversas formas de hostigamiento por su forma de vestir y sus hbitos. 7. Se evidencian esfuerzos significativos para garantizar los derechos econmicos, sociales y culturales, aunque los progresos son diferenciados en intensidad y prontitud. El derecho a la educacin reporta resultados notables en cobertura y permanencia, y el derecho al acceso a servicios bsicos como agua potable, energa y alcantarillado estn alcanzando importantes niveles a partir de la inversin que se realiza desde los gobiernos subnacionales; mientras que los derechos a la salud, el trabajo y la seguridad social no tienen progresos significativos, manteniendo niveles bajos de acceso, baja calidad, precariedad e inestabilidad. 8. En trminos de normativa, se mantiene y an se profundiza la desvinculacin entre la promulgacin de normas y su aplicacin en la cotidianidad de la gente. En la gestin se han promulgado leyes importantes para la proteccin de los derechos humanos como la Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, aunque todava resultan ineficaces por falta de polticas institucionales y presupuestos adecuados. 9. Los casos de graves vulneraciones de derechos humanos como los de Octubre Negro, Caranavi, Porvenir, La Calancha, Chaparina y otros, continan en la impunidad y sin reportar avances significativos en los procesos de investigacin. Pese a las constantes exhortaciones y pedidos de celeridad, las autoridades responsables no muestran una clara voluntad poltica para su solucin. Otros casos que tambin deben resolverse como los enfrentamientos en Cochabamba, Febrero Negro y la red de Extorsin, continan estancados con riesgo de quedar en la impunidad. 10. Contina la vulneracin a los derechos de las naciones y pueblos indgena originario campesinos, especialmente los referidos a su autodeterminacin. Asimismo se mantienen las acciones de la persecucin y hostigamiento a algunos de sus dirigentes, los altos ndices de pobreza, discriminacin, despojo, intervencin de sus territorios y cuestionamiento a sus derechos como la justicia indgena originaria campesina. 11. Preocupa el sostenimiento y aparente crecimiento de los problemas relacionados con el derecho a la alimentacin y que se expresa en el incremento de los costos de los alimentos bsicos, la ausencia de polticas que aseguren la autosostenibilidad alimentaria, el decremento de la produccin agrcola favoreciendo la importacin y la5 6. falta de previsin ante los efectos del cambio climtico. Este panorama puede traer consecuencias en el incremento de la poblacin que padece hambre y desnutricin. 12. En la gestin, por primera vez en muchos aos, el gobierno desde sus ms altos niveles, emprendi una campaa de desprestigio y hostigamiento contra la Defensora del Pueblo, como respuesta a posiciones, opiniones y denuncias relacionadas especialmente con la represin en Chaparina. Estas acciones que intentaron afectar la imagen y cuestionar la independencia del Defensor y de la Institucin, fueron condenadas por el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, la Asociacin de Defensores del Pueblo de la Repblica Argentina y la Federacin Iberoamericana de Ombudsman a travs de notas oficiales. Del mismo modo generaron el apoyo de los medios de comunicacin y de varios sectores de la ciudadana.6 7. 1.- Legislacin y normativa En el periodo comprendido entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013, se han promulgado 130 leyes1, de la cuales 27 tienen relacin especfica con el cumplimiento, vigencia, promocin y proteccin de los derechos humanos. De stas, debemos destacar la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia; la Despenalizacin del derecho a la huelga; la ley de restitucin y apoyo a la produccin de alimentos y proteccin de bosques; la Ley de la Juventud; la Ley de Participacin y control social; la Ley General de las Personas Adultas Mayores, la Ley del Libro y de lectura y la Ley de la renta universal de vejez, entre otras. En la gestin tambin se aprob la Ley de Migracin que, aunque significa un avance en materia legislativa en esta rea, contiene una serie de aspectos que afectan derechos humanos ratificados por tratados internacionales y que fueron sealados en su oportunidad por la Defensora del Pueblo, tanto al rgano Legislativo como al propio Presidente del Estado, lamentablemente sin resultados ni respuesta2. Tambin se ratificaron e incorporaron a nuestra legislacin, importantes acuerdos internacionales sobre derechos humanos como los referidos a la abolicin de la pena de muerte, el control de las sustancias que agotan la capa de ozono; la Convencin sobre municiones de racimo; los derechos del Nio Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones y el Convenio sobre el Trabajo decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domsticos. En materia de promocin y difusin, se deben destacar la declaracin del da nacional contra la trata y trfico de personas y la determinacin de declarar de inters nacional aspectos referidos a la proteccin del medio ambiente y la gestin para promover los idiomas del Estado Plurinacional en los centros educativos.1http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/listadonor/10/page:32Las observaciones de nuestra institucin tenan que ver fundamentalmente con la vulneracin de derechos referidos a la unidad familiar, interculturalidad, integracin local, inters superior del nio, nia, adolescente, debido proceso, derecho a no sufrir detencin indebida, el derecho a la libertad de expresin, proteccin laboral, inclusin de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Migracin y la inclusin del mandato de la Defensora del Pueblo respecto a las bolivianas y bolivianos en el exterior.7 8. Es importante sealar que en muchas normas aprobadas y promulgadas existen contenidos que favorecen el ejercicio y restitucin de los derechos humanos como la Ley de Abogaca y la Ley de delimitaciones territoriales, pero estn orientadas a otros mbitos jurdicos, econmicos, sociales o administrativos. Hemos incluido adems en nuestro anlisis la Ley de celebracin de tratados que define de manera implcita que estos instrumentos internacionales deben tomar en cuenta a los derechos humanos como factores decisivos para su suscripcin. En la agenda legislativa se mantienen pendientes varias normas de gran importancia para los derechos humanos como el Cdigo Nio, Nia, Adolescente, Ley de Defensa del Usuario y Consumidor, la Ley de Mecanismo para la Prevencin y Proteccin contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y la Ley de Consulta. En relacin a los Decretos Supremos tambin se destacan algunos de mucha importancia e incidencia como el indulto presidencial, la regulacin migratoria, la proteccin de refugiados y la Licencia Especial a todas las madres, padres, tutores y responsables que trabajen en el sector pblico y privado que tengan hijos menores de doce aos que requieran atencin personal con motivo de un accidente grave o enfermedad grave. La elaboracin de los estatutos autonmicos y las cartas orgnicas han implicado el proceso de construccin jurdica ms significativo en la gestin. Hasta la fecha los departamentos de Pando, Potos, La Paz y Tarija han concluido la construccin de sus estatutos que se encuentran en fase de control constitucional, mientras que en el resto de los departamentos, con excepcin de Santa Cruz, el proceso tiene avances importantes. Lo destacable en este mbito es que en todos ellos se han incorporado aspectos nodales, orientaciones inequvocas y artculos explcitos que garantizan e impulsan el ejercicio de los derechos humanos, que incluyen las transversales de gnero y generacin y favorecen a las poblaciones con derechos vulnerables. En relacin al mbito judicial, el 20 de enero de 2013, el Tribunal Constitucional present la sentencia Constitucional 2540/2012, suscrita el 21 de diciembre de 2012, por la que instruye que el proceso sobre la muerte del subteniente Grver Poma Guanto sea derivado a la justicia ordinaria y no se trate en la militar. Adems, exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sustituir normas penales militares aprobadas en el Decreto Ley 13321 del 22 de enero de 1976, conforme a estndares consagrados en la Constitucin8 9. Poltica del Estado Plurinacional y en los tratados de derecho internacional sobre derechos humanos. La sentencia seala que En ningn caso, cuando se trate de graves violaciones a los derechos humanos podra sealarse que la justicia militar es competente. Al explicar la decisin, el Presidente del Tribunal seal que Esas funciones y fines (de las FFAA) no comprenden la violacin de los derechos humanos y fundamentales consagrados en la Constitucin Poltica del Estado, consecuentemente, cuando transgreden esos derechos humanos corresponde a la justicia ordinaria su investigacin. Adems, durante la gestin, el Tribunal Constitucional pidi a varias instituciones, entre ellas a la Defensora del Pueblo, sus opiniones respecto a la propuesta de una parlamentaria para despenalizar el aborto. La decisin de esta instancia an se encuentra pendiente aunque ha generado una fuerte polmica entre quienes se oponen y quienes apoyan esta iniciativa. Relativa correspondencia entre la promulgacin de leyes y su aplicacin En su informe sobre el ejercicio de los derechos humanos en la gestin 2012, la Defensora del Pueblo haba sealado como un aspecto crtico que Es evidente que hay una desvinculacin entre la eficiencia en la promulgacin de normativa favorable al ejercicio de los derechos humanos, con la capacidad institucional para hacerla efectiva. Algunos meses despus el propio Presidente del Estado3 coincida, en una declaracin pblica sobre el tema, con nuestra advertencia institucional. Este aspecto se mantiene y a nuestro juicio se agrava, debido a que genera una peligrosa desvinculacin entre las instituciones del Estado y la sociedad que debiera ser la beneficiaria, lo que a la larga puede generar un proceso de deslegitimacin y prdida de credibilidad institucional. Resulta de vital importancia que, por un lado el rgano Legislativo genere espacios de coordinacin con las instituciones responsables de la aplicacin efectiva de las normas como parte del proceso de aprobacin, y que desde el rgano Ejecutivo se creen y apliquen las polticas pblicas necesarias para cada norma aprobada, especialmente en la dotacin de recursos financieros, tcnicos y humanos necesarios y suficientes. 3http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/09032013/evo_estoy_cansado_de_exigir_que_implementen_leyes9 10. Un aspecto que se debe considerar adems es la necesidad de abrir mayores espacios para la reflexin y el debate inclusivo en la fase previa de tratamiento y aprobacin de las leyes, lo que aportar a la elaboracin de instrumentos jurdicos con mayor legitimidad.2.- Conflictividad y derechos humanos La conflictividad social durante el 2013 revela una tendencia fuertemente vinculada a la demanda ciudadana por gozar de mejores condiciones de vida (servicios y obras pblicas, mejoras en los ingresos, disputa por recursos naturales). En este sentido puede afirmarse que ha estado marcada por las demandas crecientes para recibir una mayor proporcin en la redistribucin de la renta que generan tanto los hidrocarburos como los minerales y permiten una mayor disponibilidad de recursos pblicos. Los conflictos encontraron, en la mayora de los casos, respuestas positivas del Estado que muestran una mayor capacidad para abrir escenarios de dilogo sin recurrir a la violencia. Esta evidencia, sumada a una mayor cautela y cuidado en el uso de la fuerza pblica durante los conflictos, un control ms eficiente del uso de material letal por parte de los manifestantes y una menor radicalidad en las movilizaciones sociales, gener que en la gestin 2013 no se tuviera que lamentar muertes por enfrentamientos, exceptuando el caso de Apolo donde fallecieron cuatro personas, tres de ellas pertenecientes a instituciones del Estado. En relacin a los heridos y contusos, los reportes sealan tambin una disminucin considerable en relacin al pasado ao. Debemos recordar que en la gestin 2012, se contabilizaron siete personas muertas por impacto de bala en enfrentamientos. Perfil de la conflictividad La conflictividad social durante el 2013 tuvo las siguientes caractersticas: Se generaron mltiples conflictos por demandas sociales/sectoriales que reflejan la mayor convocatoria y organizacin de los actores demandantes; as como las expectativas generadas por el Estado que tiene mayores ingresos para el gasto y la inversin pblica. Resurgimiento de conflictos sociales que tienen sus races en problemas estructurales. (visiones de desarrollo, justica contrapuestas)10 11. Se han ampliado y profundizado los conflictos sociales entre sectores sociales indgenas Vs. Campesinos; interculturales Vs. Colonizadores; Comunarios vs. Pobladores de centros Urbanos Surgimiento y conclusin efmera de conflictos sociales. Se ha dado casos de conflictos que han iniciado y concluido en el da, stos han estado vinculados a la exigencia de la conclusin de obras y proyectos en mbitos comunitarios. El surgimiento y reproduccin de conflictos sectoriales vinculados al mbito productivo, inversin pblica en un nuevo escenario geogrfico no tradicional, como es el departamento de Tarija. Casos y caractersticas De acuerdo a nuestro Sistema de Informacin de Conflictos Sociales (SICS) desde enero hasta noviembre de 2013, se han registrado 352 casos, en orden de importancia se reportan los siguientes tipos de conflictos: Conflictos por tipologa Servicios y obras pblicas Tierra/ territorio Laboral/salarial Disputas polticas/orgnicasN. de casos 67 47 44 37Los conflictos por servicios y obras pblicas se ubican en el primer lugar de la lista de ms relevancia. En segundo estn los casos vinculados a tierra y territorio que remite a diferentes situaciones de disputa originados en la mayor parte de las veces por avasallamientos a propiedades privadas y colectivas. Si cabe una descripcin generalizadora de los conflictos por Tierra y Territorio, los mismos tienen una alta propensin a episodios violentos, especialmente en reas rurales. En tercer lugar se encuentran los casos identificados con el tema laboral y salarial. En este mbito estn las situaciones de demandas de sectores sociales que pugnan por mejores condiciones de vida, frente a instituciones y actores tanto pblicos como privados. La mayor parte de estas demandas se expresan a travs de movilizaciones (marchas y bloqueo de vas) como la forma ms recurrente para alcanzar sus objetivos. El cuarto lugar de importancia por temtica, se relaciona a casos disputas polticas/orgnicas de actores polticos confrontados al interior de instituciones11 12. especialmente pblicas (organizaciones sindicales, centros de estudiantes universitarios, alcaldas, entre otros). Cuando este tipo de pugna por espacios de poder acontece en los centros universitarios, revela tambin una alta propensin a medidas violentas con afectacin a la integridad de las personas y a la infraestructura de estas instituciones. Es notoria una disminucin de la conflictividad por temas limtrofes, a diferencia de lo ocurrido en otras gestiones. Aunque este sigue siendo un problema latente ya que, segn el Ministerio de Autonomas de los 339 municipios que hay en el pas, slo 30 tienen sus lmites definidos y por lo tanto hay 309 casos de posibles conflictos, durante la gestin no se han presentado mayores discrepancias en este mbito. Sin duda que los factores que han incidido positivamente en este resultado tienen que ver con una gestin eficiente del Ministerio de Autonomas y un enfoque ms integral del problema desde las instituciones locales. La aprobacin de la ley de delimitacin de unidades territoriales que entr en vigencia en agosto de este ao, es tambin un mecanismo que aportar a la gestin efectiva de los problemas limtrofes. Conflictos por Ubicacin Geogrfica12 13. Los porcentajes expresados en el grfico muestran una notable incidencia conflictiva en el Departamento de La Paz, cuyos registros casi triplican al siguiente Departamento de esta comparacin (Santa Cruz). Al analizar los datos tomados a nivel de municipios, tenemos que el municipio de La Paz por s solo alcanza los 54 conflictos, seguido del de El Alto con 50 casos. Cada uno de estos municipios contabiliza mayor cantidad de conflictos que el Departamento de Santa Cruz en su conjunto. Otros municipios con elevada cantidad de registros son Santa Cruz (37 casos), Oruro con 22 y Cochabamba con 20. Las cantidades en los municipios de Potos, Sucre, Tarija revelan cifras similares (14 en los dos primeros y 13 en el ltimo). Actores demandantes Los actores que estn involucrados la mayor parte de las veces (117), representando un tercio del total de los conflictos, son las Organizaciones Cvico Vecinales. Le siguen el sector Obrero Sindical (43 casos) y el Sector Campesino (41 casos). Por ltimo, con un nmero relativamente menor de casos (24), podemos hacer referencia al Sector del Autotransporte. Conflictos latentes Una de las caractersticas ms evidentes del conflicto en la gestin tiene que ver con la latencia de algunos conflictos que han trascendido su propio mbito y se han convertido en verdaderos temas polticos con amplias ramificaciones. Se trata fundamentalmente del conflicto por la construccin de la carretera por el TIPNIS y el tema de las vctimas de violencia poltica que se han mantenido durante ms de dos aos en la agenda pblica sin que puedan resolverse hasta ahora.13 14. La violencia como principal eje de vulneracin de derechos humanos Todos nuestros anlisis y reflexiones sobre los derechos humanos en la gestin han llegado a la conclusin que uno de los derechos que ms se vulnera actualmente en nuestro pas es el derecho a la integridad fsica, sicolgica y sexual. Este derecho ha sido considerado como uno de los ms importantes ya que protege a todas las personas del uso de la violencia en todas sus formas y fue establecida en el Artculo 5 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos que seala que Nadie ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nuestra Constitucin Poltica del Estado acoge esta definicin y la ampla a todos los mbitos incluso el privado, cuando seala Artculo 15 que: Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad fsica, psicolgica y sexual. Nadie ser torturado, ni sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia fsica, sexual o psicolgica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de gnero y generacional, as como toda accin u omisin que tenga por objeto degradar la condicin humana, causar muerte, dolor y sufrimiento fsico, sexual o psicolgico, tanto en el mbito pblico como privado. Los datos, cifras, estudios, testimonios y la evidencia emprica nos est demostrando que la violencia, que es estructural y transversal, se est tornando adems creciente. La violencia amenaza las bases mismas de nuestra sociedad ya que est generando cambios en la conducta social e individual, generando temor, desazn, desconfianza, recelo y produce comportamientos tambin violentos en una espiral destructiva de imprevisibles consecuencias. Nuestro anlisis considera los mbitos y poblaciones donde la violencia se est evidenciando de manera ms abierta, descarnada y destructiva ya que afecta a los grupos con derechos ms vulnerables, es decir las nias, nios, adolescentes y las mujeres. Pero adems hemos identificado los espacios y comportamientos donde se manifiesta de modo tambin alarmante, es decir los centros penitenciarios, la accin delictiva y los linchamentos. Tambin est presente este mal en los los recintos militares y policiales.14 15. 3.- Infancia y niez En relacin a la gestin 2012 no se aprecian cambios importantes en la situacin de los nios, nias y adolescentes, en relacin al ejercicio de sus derechos. La Asamblea Legislativa no ha concluido el tratamiento del Cdigo del Nio, Nia y Adolescente, que an en su fase de proyecto adolece de algunos problemas que a nuestro criterio se deben corregir. Ms all de la aplicacin de medidas importantes en la disminucin de la pobreza, la educacin y la inclusin de aspectos centrales en la legislacin autonmica local, poco se ha hecho en el ao que termina, para enfrentar los tres grandes mbitos que generan la vulneracin sistemtica y creciente de sus derechos, es decir la violencia, el abandono y la explotacin. Pobreza y niez Aunque no existen mediciones sistemticas y oficiales, las cifras que presentan peridicamente instituciones de derechos humanos y el propio Estado, dan cuenta que hay mejoras notables y destacadas en muchos aspectos que favorecen a nuestros nios, nias y adolescentes. Gracias a polticas pblicas eficientes, hemos avanzado en la disminucin de la pobreza extrema hasta cifras inferiores al 22%, que era una de las principales causas de la vulneracin de sus derechos. Pese a que los niveles siguen siendo alarmantes, estamos reduciendo la mortalidad infantil, debido precisamente al factor anotado. Medidas como los bonos sociales, el desayuno escolar y el SUMI, estn aportando en la disminucin de los niveles de mortalidad infantil, desercin escolar y desnutricin; la poltica educativa permite que casi la totalidad de nuestros nios y nias tengan acceso a la educacin fiscal y gratuita; los seguros bsicos de salud y los programas especiales estn permitiendo que las y los infantes puedan acceder a los servicios de salud en cada vez ms poblaciones. El gobierno central y los gobiernos municipales estn cada vez ms sensibilizados sobre la problemtica y se dictan leyes y reglamentos que benefician a esta poblacin, que constituye el 42% de todos los habitantes del pas. Actualmente existen varias polticas del Estado que se orientan al cumplimiento de este derecho, entre los cuales mencionamos al Seguro Universal Materno Infantil, la Ley de Vacunas, los Bonos Juana Azurduy de Padilla y Juancito Pinto, el Plan Estratgico Nacional15 16. para Mejorar la Salud Materna, Perinatal y Neonatal en Bolivia; el Programa Desnutricin Cero y la Ley de Fomento a la Lactancia, todas ellas orientadas a mejorar la salud materna y del nio, y reducir la mortalidad infantil de nios menores de cinco aos. La Infancia, niez y adolescencia se ha convertido en un grupo de especial atencin en la agenda del Estado a partir del mayor volumen de recursos destinados a este grupo. En promedio, el gasto social para la niez represent en 2008 el 43,5% del total de gasto pblico social. Pese a estos datos y esfuerzos, segn el Estudio global pobreza y disparidades en la infancia de Unicef, de cada diez nios, nias y adolescentes, seis pueden ser considerados pobres desde el punto de vista multidimensional, por las privaciones en que viven. Al 39,7% le falta una vivienda; 29,2% vive en hogares donde no hay un bao o servicio sanitario de alguna clase; 14,4% no tiene agua segura; y 13,8% no tiene acceso a televisin, radio, telfono o peridicos. Las privaciones en educacin alcanzan el 10,6% y en salud al 8,1%. Adems, cerca del 62% de la poblacin est concentrada en el rea rural y, en consecuencia, los nios y nias de origen indgena son los ms afectados4. Ms all de las carencias materiales, es evidente que la pobreza es una de las causas ms inmediatas y directas de afectacin de los derechos de esta poblacin mayoritaria y ya es un indicador de que la vulneracin de los derechos de los nios, nias y adolescentes no solamente es masiva sino tambin recurrente y sostenida. Los avances sealados, por otra parte, continan teniendo el sesgo de la discriminacin ya que se ejercen de manera completa e integral en las ciudades pero en el rea rural, las diferencias son notables y lo son ms an en las naciones y pueblos indgenas originarias. Adems que un factor determinante es la diferencia de acceso que se da, en esos lugares, entre nios y nias, donde siempre las menos favorecidas resultan siendo las nias. La violencia interminable Se prohbe y sanciona toda forma de violencia contra las nias, nios y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. (Constitucin Poltica del Estado, Artculo 61. I.)4http://www.la-razon.com/sociedad/Unicef-ninez-vive-privaciones_0_1594040614.html16 17. En un mbito en el que definitivamente estamos estancados y hasta retrocediendo, es el relativo a la afectacin de los derechos a la integridad fsica, sicolgica y sexual de los nios, nias y adolescentes. Las cifras son muchas veces tan fras que no alcanzan a expresar en toda su magnitud este drama lacerante que lastima de manera tan dura nuestra naturaleza como sociedad y nos reflejan por ejemplo que: El 83% de las nias, nios y adolescentes sufren violencia en sus propios hogares o escuelas, a travs de la prctica del castigo fsico, mediante golpes e insultos de sus propios padres, madres, maestros y su entorno familiar5. 1.2 millones de nios, nias o adolescentes alguna vez han sido castigados fsicamente6. Hay ms de 20 mil nios, nias y adolescentes que viven en centros de acogida; el 75% tiene familias7. Ms de 1.400 viven en crceles acompaando a sus padres; todos ellos en grave riesgo de sufrir violencia y explotacin de todo tipo8. Cerca de 10.000 se encuentran viviendo en la calle, principalmente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, mientras otros miles son vctimas de la violencia sexual comercial, la trata y el trfico9. De cada 10, siete estudiantes recibi alguna vez un grito o golpe en la escuela. El 88% de la comunidad educativa admite la existencia de violencia fsica, psicolgica y sexual dentro de las escuelas. El principal agente de violencia es el estudiante varn, seguido por el maestro varn, el padre de familia, el director, el regente y el portero y las vctimas son mayoritariamente las mujeres10. 60% por ciento de los sospechosos de violaciones de nias y nios son delincuentes reincidentes. En el 77% de los casos de violencia, los padres son los agresores En nuestro pas, cada da se denuncian en la polica tres casos de violacin a menores. 5http://www.udape.gob.bo/portales_html/docsociales/SEDEGES_pagina%20web.pdf Idem 7 http://www.news.va/es/news/americabolivia-20-mil-ninos-abandonados-por-sus-pa 8 Investigacin propia 9 http://www.paginasiete.bo/sociedad/2013/10/16/10000-ninos-adolescentes-viven-situacion-calle3334.html 10 http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=8386 617 18. Una de las formas ms crueles y ms frecuentes de violencia contra las nias y los nios en Bolivia es la violencia sexual. De acuerdo a datos de la Misin Justicia en Bolivia, cada da 16 nias o nios sufren vejmenes sexuales, slo en cinco casos estas agresiones se denuncian. A nivel mundial, en promedio el 8% de nios y nias menores de 18 aos sufre algn tipo de violencia sexual; en Bolivia el promedio es de 23%. En el mundo el 20% de las nias sufre agresiones de este tipo; en Bolivia el promedio llega al 34%11. El 75% de las agresiones sexuales ocurren dentro del hogar o la escuela. Tan slo en El Alto, las Defensoras de la Niez yAdolescencia registraron de enero a agosto de 2013 un total de 22 casos de padres que violaron a sus hijas12. La entidad report en el mismo tiempo 477 casos de violacin a menores de edad, de stos, en 454 casos las vctimas fueron mujeres y en 23, varones. Del total, 354 implican a adolescentes de entre 12 y 17 aos; 107 a menores de entre 6 y 11 aos, y 16 a vctimas de entre cero y cinco aos de edad13. Slo el 0,5% de las denuncias llega a una sentencia. El resto de los casos no avanza por falta de dinero, tiempo o porque la familia es amedrentada. Slo el 0,2% de las vctimas de violaciones recibe terapia especializada y apoyo psicolgico. El 90% de las audiencias conclusivas y el 65% de las audiencias del juicio, en casos de violencia sexual se suspenden14. Segn datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana con informacin proporcionada por la Polica Boliviana, el nmero de denuncias por violaciones a menores alcanz en 2012 a 3.602, es decir 49% ms que en 2011.11http://www.la-razon.com/sociedad/Bolivia-registran-agresiones-sexuales-menores_0_1885611465.html http://www.la-razon.com/ciudades/Defensorias-registran-padres-violaron-hijas_0_1924607548.html 13 Idem 14 http://www.infobae.com/2013/08/10/1501112-bolivia-16-agresiones-sexuales-menores-cada-dia 1218 19. Infografa publicada en el peridico La Razn el 21 de junio de 2013Adems de sus propios hogares, las nias en especial sufren violaciones en casi todos los espacios de su vida cotidiana: la escuela, el lugar de trabajo, la calle. Este ao se han reportado tres casos de violacin de nias en las crceles donde se ven obligadas a vivir con sus progenitores. Un estudio promovido por Visin Mundial y realizado por la investigadora Jimena Tito en 28 municipios, detect prcticas nocivas que se ejercen contra la infancia, como dejar morir a una beb porque es mujer, quemar nalgas a los nios con enuresis (que se orinan), quemar sus manos para ensearles disciplina, usar el castigo fsico como elemento educativo o incluso la iniciacin sexual de las nias por parte de los padres15. Probablemente uno de los extremos de la violencia se presenta en los casos de asesinatos de nios y nias y los grados de crueldad con que se cometen. La Defensora del Pueblo realiz una revisin de los datos publicados en prensa donde se registran los siguientes casos hasta julio de 2013:15http://www.pieb.com.bo/sipieb_notas.php?idn=846319 20. 10 de enero. El responsable de almacenes de la Alcalda de Cochabamba, viol y asesin a su hija de un ao y ocho meses. 16 de enero.- Dos menores de 16 aos fueron capturadas acusada de asesinar con 33 pualadas a su presunto violador un hombre de 45 aos. 1 de febrero. Una adolescente de 15 aos fue asesinada con 40 apualadas en su vivienda en Capinota, Cochabamba. Existe una persona detenida, una amiga suya de 14 aos. El caso an no ha sido plenamente esclarecido. 1 de febrero.- Una adolescente de 14 aos muere con 28 apualadas en una fiesta en Sacaba, Cochabamba, por el jefe de una pandilla que fue detenido junto a otro adolescente. Una familia de cinco miembros fue asesinada en Cochabamba. La madre y tres de sus hijos menores fueron encontrados en una habitacin de la vivienda que estaba asegurada con candado 30 de abril.- Un nio de 4 aos fue asesinado a pedradas por su padrastro en el trpico de Cochabamba segn report la FELCC. La vctima fue encontrada muerta en el lecho del ro Chimor con mltiples signos de violencia. 24 de mayo.- Una pareja fue arrestada acusada de asesinar a su hija de dos semanas de vida. 3 de junio.- Una madre de 18 aos, envenen a su beb recin nacido usando raticida en los pechos y al ver que este no mora lo agarr del cuello hasta cortarle la respiracin. 12 de junio.- Una menor de 13 aos fue encontrada vestida slo con una polera. Tena signos de violencia sexual, de golpes en el rostro. Recibi 29 pualadas, tena heridas de cuchillo en la cabeza, cuello y en el pecho. 18 de junio.- Una nia de 3 aos muere asfixiada. El supuesto asesinado trabajaba con sus padres. La nia haba desaparecido un da antes. El detenido casi fue linchado por los vecinos. 18 de junio.- Violan y matan a una menor de 13 aos. Existen 4 detenidos, dos hombres y dos mujeres. El supuesto violador dijo que sostena relaciones desde hace un ao. Una trabajadora sexual tambin cometi un crimen al matar a su beb de cuatro meses, porque le dio lavandina mezclada con leche en un bibern. El pasado lunes se revel el caso de un padre que mat a su hijo de cuatro aos y lo enterr en una zona lejana Un nio boliviano fue asesinado con dos tiros por delincuentes en San Pablo (Brasil) porque lloraba mucho pidiendo que no lo maten a l y a su mam20 21. Indignacin y repudio caus el asesinato de una nia de 12 aos que apareci sin vida, violada y estrangulada en el interior de su habitacin ubicada en el barrio Minero, de la zona del Plan Tres Mil. Un pequeo de dos aos fue asesinado a golpes por su desalmado padre luego de que la criatura se negara a comer sus alimentos. El hecho ocurri el 21 de junio en Villa El Salvador y ha conmovido a los vecinos de la zona. Tres menores de edad fueron asesinados ayer a tiros en un barrio ubicado detrs del aeropuerto El Trompillo de la ciudad de Santa Cruz, donde tambin muri el presunto autor del crimen Un nio de cuatro aos y su hermana fueron asesinados por su hermanastro, de 13 aos, en el barrio Tomatitos de El Alto, vecina ciudad de la capital boliviana de La Paz, inform hoy la polica de El Alto. La realidad de vulnerabilidad de nias, nios y adolescentes, a su vez se ve agravada por factores sociales como el abandono, la marginalidad, el alcoholismo, la drogadiccin y la falta de oportunidades que llevan fcilmente a esta poblacin a formar parte de pandillas dedicadas a la perpetracin de delitos que incluyen frecuentemente la violacin. Uno de los mayores obstculos para entender la gravedad del maltrato y la violencia como un problema social, ha sido creer que la familia siempre cumple un rol protector, que brinda seguridad y afecto para el desarrollo de sus miembros. Sin embargo, estudios han demostrado que la familia, la escuela y centros laborales, llegan a ser los espacios riesgosos, donde se vulneran los derechos de los nios, nias y adolescentes con facilidad; la causa de la violencia es el ejercicio de las relaciones de poder hacia esta poblacin. Las relaciones intergeneracionales estn dominadas por la concepcin adulto-centrista, en la cual los adultos se constituyen en la expresin de autoridad, decisin y conocimiento. Por el contrario, el rol de obediencia, sumisin y aprendizaje est encarnado en la infancia niez y adolescencia. Este enfoque nos explica el por qu en nuestra sociedad est naturalizado el uso de la violencia como mtodo de educacin efectiva para criar a los hijos e hijas, teniendo como meta ejercer control sobre la conducta para disciplinar y educar a travs del castigo como uso cotidiano de la violencia; concepcin legitimada culturalmente a travs de distintas generaciones que han desarrollado estereotipos de crianza como disciplina familiar y escolar.21 22. En los ltimos aos hemos logrado avances importantes en trminos de normativa y de campaas de sensibilizacin, y prcticamente la totalidad de los gobiernos municipales de las capitales de departamento y poblaciones mayores, han incluido este tema como parte de sus estrategias de intervencin social. Se han promulgado normas como la Ley de Proteccin Integral a nios, nias y adolescentes, el Cdigo Nio, nia y adolescente y la propia Constitucin establece como prioridad la proteccin y el cuidado a esta poblacin mayoritaria. Por otra parte se han creado instituciones como las Defensoras de la niez en la mayora de los municipios y varias entidades de los gobiernos locales, instituciones internacionales y organismos no gubernamentales trabajan en el rea con resultados prometedores. El gobierno, a travs del Ministerio de Educacin reformul el Reglamento Disciplinario del Sistema Escolar que busca garantizar el respeto a los derechos humanos de nios, nias y adolescentes; integr a la currcula de Normales de formacin de Maestros, los mdulos sobre la Pedagoga de la ternura y buen trato a Nias, Nios y Adolescentes; formul un Plan Plurinacional de prevencin de toda forma de violencia, maltrato y abuso en las escuelas y promulg una norma que establece mecanismos para erradicar la violencia, maltrato y abuso contra nias, nios y adolescentes en el mbito educativo. Sin embargo an se adolece de polticas y estrategias articuladas entre todos los actores que trabajan en la temtica. Son pocas las experiencias integrales que incluyan en un solo proyecto a entidades pblicas y privadas, organismos no gubernamentales, instituciones de seguridad, sistema educativo y sociedad civil, en proyectos nacionales conjuntos que aborden estrategias de largo plazo para disminuir la incidencia de esta problemtica. Explotacin Se prohbe el trabajo forzado y la explotacin infantil. Las actividades que realicen las nias, nios y adolescentes en el marco familiar y social estarn orientadas a su formacin integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrn una funcin formativa. Sus derechos, garantas y mecanismos institucionales de proteccin sern objeto de regulacin especial. (Constitucin Poltica del Estado, Art. 61. II)Es el tercer mbito de vulneracin de derechos de los nios, nias y adolescentes y uno de los ms difciles de enfrentar ya que la naturalizacin del trabajo infantil ha trado consigo22 23. una distorsin grave que pretende confundir la prctica social de la formacin de los hijos en el trabajo, con la explotacin y la semi-esclavitud infantil Unos 850.000 nios, nias y adolescentes, que representan el 28% de la poblacin de entre 5 y 17 aos, realizan diferentes actividades econmicas: 397 mil en las ciudades y 452 mil en el campo. De estos, ms del 87% est inmersa en trabajo infantil peligroso que pone en riesgo su salud, su integridad fsica, mental y dignidad. Entre los trabajos peligros se identifica a la zafra de caa, la recoleccin de castaa, la minera, pesca, ladrillera, venta de bebidas alcohlicas, recoleccin de basura, limpieza de hospitales, servicios de proteccin y seguridad, trabajadoras del hogar y voceadores del transporte. En relacin a los ms peligrosos por su condicin estn la de pen de labores agrcolas, cra ganado, trabajo forestal, vendedor en horarios nocturnos, modelo de pasarela, trabajadoras del hogar, asistente de baos, picapedrero, operador de amplificacin, carpintero, albail y cuidador de carros16. La pobreza, la migracin, la irresponsabilidad paterna y la descomposicin familiar son las causas que llevan a los nios, nias y adolescentes a trabajar. A esto se suman la crisis econmica en los hogares, donde en el rea urbana la causa de mayor incidencia del trabajo infantil es por la prdida de alguno de los que sostienen la familia (14.80%), enfermedad o accidente con 12,91% y baja de ingresos del negocio familiar con 11,42%. En el rea rural, las peores crisis son la prdida de cosecha con el 81,12% y la prdida de ganado con el 20,52%17. Las cifras precedentes corresponden a un estudio elaborado por el Ministerio de Trabajo y UNICEF, que adems incluye lo siguiente: 77,11% de nios, nias y adolescentes trabajadores de 5 a 17 aos desarrollan actividades laborales familiares no remunerados, tanto en el rea urbana como rural. 19,17%trabajan por cuenta propia, en especial en el rea urbana. 2,23% son obreros o empleados, sobre todo en el rea urbana. 12,41% trabaja para empleadores y 5,12 por ciento para otros hogares.16http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20120610/en-bolivia-hay-850-mil-ninos-ninas-yadolescentes_174457_367557.html 17 Idem23 24. El salario promedio mensual para el grupo de entre 5 y 13 aos, en el rea urbana es de 303 bolivianos para los nios y 195 para las nias; en el rea rural 260 bolivianos para nios y 175 para nias. El salario promedio mensual para el grupo de entre 14 y 17 aos, en el rea urbana es de 715 bolivianos para los chicos y 457 para las chicas; en el rea rural son 716 para los chicos y 427 para las chicas. 22.270 nios y nias dedican su tiempo exclusivamente a trabajar y realizar labores domsticas, pero su derecho es estudiar. 258.940 nios y nias que trabajan, son atendidos slo por uno de sus padres. 200 mil nios y nias trabajan, realizan labores domsticas y estudian.18 Finalmente, en el tema del abandono, segn la Fundacin SOS, cada ao 900 infantes, nios y nias son abandonados en el pas, muchos de ellos dejados en las calles o en basureros. De este total, el 40% queda en total orfandad. En estos casos los y las menores son derivados a hogares y centros de acogida, donde deben esperar a ser adoptados. El resto, a pesar de haber sido olvidados por sus padres, an cuenta con familia extendida que pueden hacerse cargo de ellos19. De acuerdo a datos del Servicio Departamental de Gestin Social de La Paz, el 80% de las consultas que se presentan en esas oficinas es de madres que quieren dejar a sus hijos a la tuicin del Estado. En contraste, cada ao son adoptados entre 30 y 40 nios por lo que no existe una relacin proporcional entre los nios abandonados y los que son adoptados o recuperados por sus padres, por lo que los hogares estn saturados. La adopcin no es parte de una cultura extendida en Bolivia, por otra parte el proceso es burocrtico y lento y finalmente genera tambin un tipo de discriminacin que, por ejemplo, privilegia la adopcin de nios menores de un ao. Casos de vulneracin de derechos de nios, nias y adolescentes denunciados y gestionados en la Defensora del Pueblo durante el periodo analizado DEPARTAMENTO La Paz Oruro18 19DENUNCIAS ADMITIDAS 481 145Idem http://www.fmbolivia.tv/en-bolivia-abandonan-a-900-ninos-cada-ano-y-adoptan-a-40/24 25. Cochabamba Santa Cruz Potos Tarija Pando Beni Chuquisaca52 49 38 33 20 14 9Total general841Principales derechos vulneradosDERECHO DENUNCIADOCANTIDADDerechos de la niez y de la adolescencia279Educacin188Integridad personal95Personalidad jurdica Derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administracin pblica.75Garantas del debido proceso y acceso a la justicia59Proteccin de la familia y de sus miembros57Salud30Peticin24Dignidad20Igualdad - No Discriminacin15Libertad y seguridad de su persona1067Propiedad8Vida6Derecho al desarrollo6Nivel de vida adecuado6Derechos de las Mujeres5Derechos Laborales5Seguridad Social5Igualdad ante la ley3No ser sometida a trata ni trfico de personas325 26. Derecho a la reparacin3Libertad de opinin y de expresin2Deporte, cultura fsica y recreacin1Derecho a la comunicacin e informacin.1Derechos de las personas privadas de libertad1Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religin1No ser sometida a desaparicin forzada1Privacidad, intimidad, honra, honor y propia imagen1Derechos de las personas adultas mayores1Derechos de las NPIOC1Derechos de las personas con discapacidad1Total general980Agentes denunciados AGENTE DENUNCIADOCANTIDAD ADMITIDASGobiernos Autnomos Municipales254Direcciones Departamentales de Educacin243Persona Particular102Ministerios de rgano Ejecutivo92rgano Judicial33Polica Boliviana33Ministerio Pblico Instituciones pblicas de servicio rgano Electoral31 26 18Gobiernos Autnomos Departamentales17Servicios Departamentales de Salud Entidades de educacin pblica o privada Cajas de Salud14 10 7Servicios Departamentales de Gestin Social7Empresas6Asociacin, funacin, organizin social o gremial5Fuerzas Armadas del Estado Aduana Nacional de Bolivia4 126 27. Total general9034.- La mujer boliviana, entre la violencia y la discriminacin Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia fsica, sexual o psicolgica, tanto en la familia como en la sociedad (Constitucin Poltica del Estado, Art. 15. I) La violencia contra la mujer junto a la violencia contra nias y nios se ha convertido en la ms grave y constante de las formas de vulneracin de derechos humanos en Bolivia por su recurrencia, su crueldad, la impunidad que la rodea y porque es origen y causa de una serie de vulneraciones fsicas, sicolgicas y sociales cuyo alcance no podemos vislumbrar. Esta vulneracin permanente no es un tema aislado ni puede entenderse desde mbitos o espacios separados; tiene sus races en el patriarcado, una ideologa basada en el principio de superioridad, propiedad, control y dominio que los hombres asumen respecto a las mujeres y que se reproduce en los mbitos comunes de la educacin como la familia, el sistema educativo, las instituciones y los medios de comunicacin. La violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia laboral, la violencia simblica, la violencia poltica y otras que se ejercen contra las mujeres, deben analizarse como un engranaje del mismo modelo que debe enfrentarse tambin desde una perspectiva integral. De hecho la propia construccin terica sobre la mujer, contina bajo el modelo de la equidad de gnero que concibe la necesidad del reconocimiento y al hablar de los derechos de las mujeres siempre lo hace en relacin a los derechos del hombre. Pese a que la violencia es un mal endmico que encontramos en todos los mbitos de la sociedad, se ensaa con mayor dureza y frecuencia contra las mujeres, especialmente las nias y adolescentes. Aunque encuentra mayor recurrencia de casos en los barrios perifricos, las comunidades o los grupos con derechos ms vulnerables, se evidencia en todas las regiones, las clases y los espacios sociales. En esta gestin se han producido casos que nos muestran su transversalidad como el asesinato de una empresaria en Santa Cruz, la violencia ejercida contra una diputada en La Paz o la violacin de una funcionaria en plena Asamblea Departamental en Sucre. Los victimarios resultan de diversa laya y condicin; desde padres, hermanos, tos, esposos, concubinos, delincuentes comunes,27 28. pandilleros, policas, militares, polticos, profesores de escuela, privados de libertad, vecinos o desconocidos. La realidad descrita se mantiene pese a los grandes esfuerzos en materia de normativa y la atencin que le prestan los organismos internacionales al tema. De hecho, en Bolivia existen polticas pblicas y leyes nacionales especficas que contribuyen a la eliminacin sustancial de la violencia contra las mujeres. La propia Constitucin Poltica establece que: Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia fsica, sexual o psicolgica, tanto en la familia como en la sociedad, y en concordancia se han aprobado normas como la Ley contra la violencia en la familia y domstica, la Ley de proteccin a vctimas contra la libertad sexual, la Ley Contra el Acoso Poltico en razn de gnero, la Ley Contra la Trata y el Trfico de Personas, la Ley Contra el Racismo y toda forma de discriminacin, y las leyes de Seguridad Ciudadana y de Consumo de Bebidas Alcohlicas. Nuestro pas ha suscrito prcticamente todos los acuerdos internacionales que buscan disminuirla y erradicarla e incluso el discurso poltico sobre este tema es motivo de elogios en todos los foros donde se expone. Se cuenta con el Plan Nacional de prevencin, sancin y erradicacin de la violencia contra la mujer, institucionalizado en instancias como los Servicios Legales Integrales y las Brigadas de Proteccin a la Familia. Hay que mencionar tambin que el ao 2012 fue declarado el Ao de la no Violencia Contra la Mujer. Todo este aparato jurdico y poltico, aunque plausible y bien concebido no alcanza para detener este flagelo que parece no tener lmites. De hecho como una irona cruel o como una muestra de la ineficiencia de las normas y las leyes, este ao se aprob la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, una de las ms avanzadas de su gnero en la regin, sin embargo la cantidad de feminicidios desde entonces ha aumentado en un pavoroso 10% en relacin al ao pasado. Obviamente no tiene relacin de causa, pero nos grafica que la solucin ya no pasa por las leyes. Los datos fros y los casos en la gestin De acuerdo a los datos del Centro de Informacin y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), la principal institucin boliviana que hace seguimiento al tema, entre enero y octubre de28 29. este ao 139 mujeres fueron asesinadas. De estos, 89 fueron feminicidios y 50 por inseguridad ciudadana. 40 se produjeron en La Paz, 22 en Cochabamba, 17 en Santa Cruz. Una encuesta realizada en 2012 por ONUMujeres en los tres departamentos ms poblados del pas, seala que para el 97% de las encuestadas, la violencia hacia las mujeres es un tema grave; el 83% cree que la violencia fsica es la forma ms habitual. El 32% cree que la violencia es algo inevitable o incluso aceptable en algunos casos; 47% cree que la justicia no funciona en los casos de violencia; el 88% cree que las mujeres no denuncian la violencia por temor y el 40% cree que es por vergenza y el 50% considera que la forma de enfrentar el problema es dando ms informacin a las mujeres para que se defiendan. La Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), en estudio realizado en 12 pases de Amrica Latina publicado en enero de 2013, seala que Bolivia presenta el mayor porcentaje de mujeres casadas o en unin libre que declararon haber sufrido alguna forma de violencia fsica o sexual por parte de su pareja; la violencia en Bolivia alcanza al 53,3 % de mujeres, siendo que en Colombia y Per casi llegan al 40% y Ecuador 32,4%. En relacin a los niveles de tolerancia ante la violencia Bolivia ocupa el cuarto lugar en la regin20. En lo que va del ao, 4.681 mujeres solicitaron atencin mdica en centros de salud del pas, despus de ser agredidas por su pareja o algn familiar. En promedio, cada da 15 de ellas demandaron el servicio, segn el reporte del Ministerio de Salud. Segn CIDEM, hasta octubre de 2013 se haban reportado 79.000 denuncias por violencia contra la mujer en todo el pas. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) registr, de enero a octubre de este ao ms de 13 mil casos21. Por su parte, el rea del Buen Trato y Prevencin de las Violencias, del Ministerio de Salud indica que De enero a octubre de 2013 se reportaron 5.709 casos de violencia intrafamiliar; el ndice ms alto afecta a mujeres de 21 a 59 aos (86%); el 97% de las agresiones son del enamorado, cnyuge o esposo. En La Paz, tomando slo las denuncias de la Defensora de la Mujer, los casos de agresin subieron de 2000 en 2012 a 2.850 hasta octubre de 2013. En Cochabamba, segn la FELCV hasta ese mismo mes los casos sumaban 600.20http://www.diputados.bo/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/1223-las-dolorosas-cifras-de-laviolencia-contra-la-mujer 21 http://www.cambio.bo/index.php?pag=leer&n=10325729 30. La impunidad es una de las principales caractersticas que rodean a la violencia sexual. Segn el estudio sobre el tema presentado por nuestra institucin en julio de 2013, del 100% de los expedientes de casos revisados en materias relacionadas con los derechos de las mujeres, el 71,2% fue rechazado por los fiscales por falta de pruebas y de ste el 41% corresponde a delitos sexuales. Los problemas que enfrentan las vctimas para que sus procesos avancen son el cambio de investigadores o fiscales, limitado nmero de forenses, falta de gratuidad, discriminacin en razn de gnero, actitudes machistas por parte de jueces y fiscales, desconocimiento de procedimientos judiciales, falta de medios tcnicos y periciales para la recoleccin de pruebas. Los casos son abandonados porque las vctimas temen represalias o porque los procesos son largos y revictimizadores, los abogados transan con los agresores, algunos fiscales y jueces interponen sus oficios en favor de los agresores o las vctimas no estn lo suficientemente preparadas como para afrontar el proceso. Para llegar a las sentencias, las vctimas de violencia sexual se deben a que la investigacin no es dinmica porque hay cambio de investigadores, de fiscales, o estn en acefalas, o simplemente no hay personal como es el caso de forenses que tienen una amplia extensin jurisdiccional para cubrir los casos y no hay recursos para facilitar su traslado, o no existe la unidad en una investigacin, los mismos familiares buscan encubrir el acto cuando el agresor es del entorno familiar o , buscan que el Ministerio Pblico no avance en las investigaciones, buscan conversin de acciones, algunos jueces aplican medidas muy benignas a los imputados que dan como resultado que el acusado se d a la fuga. Entre las razones por las que no se logran sentencia se tiene que: Las vctimas abandonan los casos, porque temen represalias o porque los procesos son largos y revictimizadores, por lo que no hacen el seguimiento correspondiente; Transan con los agresores sobre todo cuando en el proceso de investigacin no se ha logrado una adecuada recoleccin de muestras, lo que facilita el trabajo de los abogados de los agresores, quienes van anulando cualquier prueba y estrategia que sustenta la posicin de la vctima; Las vctimas no estn lo suficientemente preparadas como para afrontar las preguntas del juez y la defensa del abogado del agresor;30 31. Las vctimas desconocen los procedimientos judiciales; La falta de recursos econmicos hace que los investigadores no puedan llevar las notificaciones, entonces el caso no avanza; La constitucin de los tribunales, en todo el tiempo que lleva constituir los tribunales se vence el plazo de la detencin preventiva del imputado, por lo que la persona est en libertad y que usualmente huye y es casi imposible encontrarlo nuevamente El acceso a la justicia es tambin cuestin de dinero. Existe una aparente complicidad fctica entre los agresores y quienes investigan o deberan sancionar estos hechos. En la gestin que termina dos parlamentarios y un juez fueron acusados por violencia fsica contra sus cnyuges. Aunque los casos alcanzaron notoriedad pblica y fueron denunciados ante instancias judiciales, desde las instituciones que los albergan no se tomaron acciones contundentes y las autoridades continan ejerciendo sus cargos sin ninguna consecuencia. Otros mbitos de vulneracin de derechos humanos de las mujeres Un estudio que realiza la activista en derechos humanos Gracia Violeta Ross con el auspicio de ONUSIDA seala que La violencia de la pareja, de la familia y del Estado oprime a las mujeres que viven con VIH en el pas, tanto que los centros de salud presionan e influyen en sus decisiones reproductivas, incluso llegan hasta la esterilizacin forzada y sin consentimiento. Las mujeres viviendo con el VIH experimentan violencia por parte de sus parejas, sus familias y por parte del Estado. Las familias culpan a las mujeres viviendo con el VIH, especialmente si son solteras. En general, la mujer es vista como fuente del sida22. En cuanto a sus derechos laborales, las mujeres ocupan los puestos menos rentables y se hallan mayormente en el mercado informal, lo que no le asegura ingresos expectables, ni seguridad social, ni cuidado de su vejez. Los datos publicados por el INE en 2012 sealaban que los directivos pblicos y privados reciban como promedio el 2009 una remuneracin de 3.178 bolivianos mientras que las mujeres perciban 2.679 bolivianos. En el rubro de tcnicos y profesionales de apoyo, los hombres reciban Bs 2.163 bolivianos de remuneracin mientras que las mujeres tan solo 1.361 Bs.22http://www.pieb.com.bo/sipieb_imprimir.php?idn=781531 32. El CEDLA, tomando como fuente una encuesta realizada en 2012, seala que de cada 10 mujeres slo una tiene un empleo digno, lo que significa que la mayor parte no cuenta con estabilidad laboral, no accede a un seguro mdico, no aporta para su jubilacin y soporta mayor carga horaria. En ciudades como El Alto, 92 de cada 100 trabajan en rubros del sector informal que, por definicin, ofrece precarias condiciones 23. Un informe del Banco Mundial titulado Mujeres, los negocios y el derecho afirma que pese a que se han producido algunos avances en la igualdad de los sexos, Bolivia es uno de los 15 pases del mundo que contina prohibiendo a las mujeres trabajar sin el consentimiento de sus maridos24. Muy pocos pases como Irn, Siria y Gabn figura entre el pequeo grupo de naciones que an otorga a los hombres el derecho a oponerse a que sus esposas trabajen y a impedirles aceptar un empleo. Pese a estar vigente la Ley contra el acosos poltico en razn de gnero, las mujeres que asumen cargos de autoridad continan siendo vctimas de presiones, amenazas, chantajes y violencia en el ejercicio de su mandato. Segn un estudio publicado por la Asociacin de Concejalas de Bolivia, a 296 concejalas de las 786 que existen en el pas, el 59% sufri algn tipo de violencia y acoso poltico en sus municipios25. El estudio revela casos en los municipios de Tolima y Villa Serrano, en el Departamento de Chuquisaca, donde comunarios y miembros de partidos polticos realizaron cabildos para obligar a las concejalas que se cumpla la gestin compartida, ante la negativa les exigieron entregar la suma de 8 mil bolivianos. La concejala se reus a cancelar pero finalmente la obligaron a pagar 4 mil bolivianos. Tambin se denunciaron los casos en los municipios de Achacachi, de La Paz, y Cliza, de Cochabamba, donde por medio de violencia psicolgica y fsica los comunarios hicieron dimitir de sus cargos a dos concejalas suplentes Segn el informe referido, los mayores problemas que tienen las mujeres al ejercer sus funciones son la poca opcin a participar, a hacer uso de la palabra y el acceso a la informacin que, en la mayora de las veces, les es negado, adems de que las obligan a firmar documentos. El 70% de las vctimas no denuncian los casos, slo un 22% lo hace23http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/economia/20120918/nueve-de-10-mujeres-tienentrabajo-precario_34055_54452.html 24 http://www.eldeber.com.bo/en-bolivia-aun-se-prohibe-a-mujeres-trabajar-sin-acuerdo-del-marido/130924134646 25 http://eju.tv/2013/10/en-bolivia-59-de-mujeres-que-ocupan-cargos-sufri-acoso-poltico/32 33. aunque sin muchos resultados pues no existen polticas pblicas ni instituciones que hagan garantizar el cumplimiento de la Ley. Hasta ahora estn pendientes de resolucin los asesinatos de las concejalas Juana Quispe, del municipio paceo de Ancoraimes, y de Daguimar Rivera, del municipio de Guayaramern. Este ao tambin fue encontrada muerta, con signos de violencia, la concejala de El Alto Benita Pari. Aunque las primeras investigaciones presumen que se trata de un crimen pasional, todava se desconoce la verdad histrica de los hechos. Un mbito de vulneracin sistemtica y recurrente de los derechos humanos de las mujeres tiene que ver con la violencia simblica que es probablemente la ms extendida aunque al mismo tiempo la ms naturalizada. Se expresa en todos los espacios sociales donde se difunden estereotipos de alto contenido machista que denigran su condicin y reproducen la ideologa y las conductas patriarcales. Este tipo de violencia se evidencia en medios de comunicacin y de manera ms brutal en la red internet. Medios impresos de circulacin pblica como Alarma en El Alto y La Voz en Cochabamba son herramientas de emisin diaria de contenidos textuales y grficos que fomentan la violencia simblica hacia la mujer y promueven la construccin social de una idea de la mujer como objeto sexual. Estas publicaciones son de distribucin pblica incluso al alcance de nios y nias. Asimismo, es recurrente la venta callejera de material pornogrfico en las principales ciudades del pas, que promueven, reproducen y fortalecen estos mbitos y se convierten en vulneracin de derechos colectivos de esta poblacin. La erotizacin del cuerpo de la mujer es otro mbito naturalizado en la sociedad que se refleja, tanto en algunos programas de televisin abierta como en la publicidad. Es frecuente y aceptado que las campaas de promocin y marketing utilicen el cuerpo de la mujer como argumento para vender productos o servicios. El internet es otro espacio que se utiliza cada vez con ms frecuencia para la vulneracin de derechos de las mujeres. Recientemente una presentadora de televisin fue vctima de una campaa de violencia de gnero y linchamiento social en la redes sociales producto de un video difundido en la red de internet, segn se denunci, por un individuo que uso ese material para chantajearla.33 34. Casos de vulneracin de derechos a las mujeres recibidos por la Defensora del Pueblo Entre noviembre de 2012 y octubre de 2013, la institucin recibi y gestion 1301 casos que sealaban la vulneracin de derechos humanos contra las mujeres. La relacin es la siguiente: CANTIDAD DE CASOS CANTIDAD ADMITIDOSREPRESENTACIN La Paz Cochabamba Potos Tarija Chuquisaca Santa Cruz Oruro Pando Beni780 135 121 118 53 44 30 14 6Total general1.301Derechos denunciadosDERECHO DENUNCIADOCANTIDAD ADMITIDOSDerechos Laborales Proteccin de la familia y de sus miembros Integridad personal Derechos de las Mujeres Derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administracin pblica.176 155 142 137Garantas del debido proceso y acceso a la justicia Peticin121 103Propiedad Dignidad75 64Derechos de la niez y de la adolescencia5634125 35. Salud Personalidad jurdica Igualdad - No Discriminacin53 52 34Derecho a la reparacin Nivel de vida adecuado29 26Seguridad Social Privacidad, intimidad, honra, honor y propia imagen Derecho al comercio e industria. Igualdad ante la ley19 16 16 13Educacin Vida Derechos de las personas privadas de libertad Libertad y seguridad de su persona Circulacin y Residencia Inviolabilidad del domicilio y secreto de comunicacin privada. Libertad de opinin y de expresin Derechos de las personas con discapacidad No ser sometida a trata ni trfico de personas Derecho a acceder a la funcin pblica. Acceso a la informacin Derechos de las personas adultas mayores No ser sometida a esclavitud ni a servidumbre Derecho a la comunicacin e informacin. Derecho al desarrollo13 11 6 5 4Derechos de las personas migrantes Derechos de la Madre Tierra Libertad de reunin y de asociacin1 1 1Total general3 3 2 2 2 2 2 2 2 11.475Agentes denunciados AGENTE DENUNCIADOCANTIDADGobiernos Autnomos Municipales314Persona Particular238Ministerios del rgano Ejecutivo169Polica Boliviana10435 36. Ministerio Pblico95Instituciones pblicas de servicio, Empresas pblicas y Autoridades de Fiscalizacin y control79rgano Judicial73Direcciones Departamentales de Educacin66Asociaciones, fundaciones, juntas vecinales, organizaciones gremiales y sociales, sindicatos y sociedad civil56Gobiernos Autnomos Departamentales38Universidades pblicas37Servicios Departamentales de Salud32Empresas privadas31rgano Electoral25Cajas de Salud21Fuerzas Armadas del Estado6Servicios Departamentales de Gestin Social4Asamblea Legislativa Plurinacional3Organizacin Indgena Originaria Campesina3Total general1.3945.- Personas privadas de libertad Toda persona sometida a cualquier forma de privacin de libertad ser tratada con el debido respeto a la dignidad humana. Es responsabilidad del Estado la reinsercin social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retencin y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificacin, naturaleza y gravedad del delito, as como la edad y el sexo de las personas retenidas. (Constitucin Poltica del Estado. Arts. 73 y 74) En Bolivia, las personas privadas de libertad estn expuestas y de hecho sufren vulneracin a sus derechos desde tres mbitos: 1) la retardacin de justicia, 2) las condiciones en que viven y 3) la discriminacin.36 37. En el primer mbito, las cifras revelan que Bolivia tiene la mayor cantidad de presos sin sentencia en toda Latinoamrica, con un 84%, seguido de Paraguay que tiene 71% en esta situacin; mientras que el caso menor lo registra Chile con el 16%26. A esto debe sumarse la aplicacin de medidas sustitutivas inalcanzables para muchos privados de libertad especialmente sin recursos, domicilio permanente o garantas documentadas. Todo esto, segn nuestras propias investigaciones, est generando adems un grave sistema de exacciones y chantajes que involucrara a todos los segmentos, desde abogados, fiscales, jueces y otros. En la crcel de Palmasola, donde el 90% estn como detenidos preventivos, existen casos que llevan hasta seis aos en esa condicin. El propio Fiscal de Distrito de La Paz ha admitido que en ese departamento hay causas pendientes que datan del 2001. El problema es tan grave y al mismo tiempo tan visible, que se busca solucionarlo desde varios matices como las normas sobre el indulto o la expulsin de los presos extranjeros, o an ms desesperadas como la propuesta para el uso de manillas electrnicas a los acusados como medida precautoria. En el segundo mbito que consideramos, quiz el problema ms visible es el hacinamiento. Un estudio realizado por la Organizacin de Estado Americanos seala que a nivel de Latinoamrica, hasta diciembre de 2012, Bolivia tena el mayor nivel de hacinamiento en sus crceles despus de El Salvador y Hait que presentan un 300% y un 218% de sobrepoblacin respectivamente27. Segn datos recientes de la Direccin General de Rgimen Penitenciario, en Bolivia el nivel de sobrepoblacin carcelaria alcanza al 202% ya que el total de las crceles estn habilitadas para albergar a 4.884 individuos y en la actualidad superan los 14.770. En los centros penitenciarios de las ciudades, el nivel de hacinamiento alcanza ya el 300%. Los casos ms graves de hacinamiento se dan en las crceles de Quillacollo, construida para 30 personas y que actualmente alberga a 320; San Roque de Chuquisaca con capacidad para 60 y actualmente con 402; Palmasola de Santa Cruz que tiene casi 5000 privados de libertad y cuya capacidad es de 600; San Pedro de La Paz con capacidad para 26 27http://www.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf Idem37 38. 800 personas y actualmente con una poblacin de 2.300 personas. Los casos de Riberalta, Guayaramern, Trinidad y San Sebastin son igualmente crticos. Otro mbito que reporta graves problemas en trminos de derechos humanos se evidencian en la forma en que viven las personas privadas de libertad al interior de los recintos. Hace un ao, en nuestro informe del ao 2012, sobre el ejercicio de los derechos humanos, la Defensora del Pueblo sealaba que La vulneracin de derechos humanos tiene una mayor incidencia y se evidencia con niveles alarmantes en algunos espacios como los centros penitenciarios donde, adems de la privacin de libertad, las personas all destinadas sufren de altos grados de discriminacin y racismo, violencia fsica y sicolgica, carencias materiales y extorsin permanente. Por su parte, en su reciente informe, el Comit de Naciones Unidas contra la tortura sealaba en relacin a las Garantas procesales fundamentales El Comit toma nota de la informacin facilitada por la delegacin del Estado parte sobre las normas que rigen los derechos de los detenidos durante las etapas iniciales de la detencin. Sin embargo lamenta la falta de informacin sobre las medidas adoptadas y los procedimientos existentes para velar, en la prctica, porque toda persona privada de libertad tenga garantizados esos derechos28 Lamentablemente la crisis de Palmasola con ms de 30 muertos en uno de los ms trgicos sucesos carcelarios en nuestra historia y la mayor visibilizacin de los graves problemas en todo el sistema, termin por demostrar que esa apreciacin corresponda a la realidad. Nuestros estudios han identificado cuando menos tres niveles de grave afectacin, que convierten a los privados y privadas de libertad en una de las poblaciones ms vulneradas en cuanto a sus derechos: la corrupcin del sistema penitenciario; la dependencia econmica del privado de libertad para poder sobrevivir el encierro y la violacin sistemtica de sus derechos humanos. El sistema de corrupcin que opera en la institucin de seguridad penitenciaria se funda en una relacin personalista sostenida entre los funcionarios policiales y los internos. El crecimiento de la poblacin carcelaria durante los ltimos aos, ha provocado que 28http://www.derechoshumanosbolivia.org/archivos/biblioteca/cat_bolivia.pdf38 39. mantener el control dentro de las crceles sea cada vez ms difcil. La relacin entre la autoridad institucional y las personas recluidas no se realiza a travs de un sistema de castigos y recompensas determinado normativamente, sino que se funda en un conjunto de prcticas informales, conocidas y reconocidas por ambas partes, que son las que permiten gestionar la institucin carcelaria. Las crceles se han convertido en microespacios sociales donde el control verdadero lo tienen grupos de privados de libertad que por un lado administran los sistemas de distribucin de espacios, sanciones, alimentacin, apoyo material y sicolgico e incluso asesoramiento legal, pero por otro pueden convertirse en espacios de gestin de la violencia, la delincuencia y el abuso. Poco puede hacer la entidad policial para controlar y menos para promover los principios de reinsercin que deben regir a la privacin de libertad. La falta de garantas y el riesgo sobre la vida y la seguridad forman parte del sistema penitenciario. No son poco frecuentes las muertes de privados de libertad ocasionadas por otros internos, sea por disputas de poder, ajuste de cuentas o reyertas casuales. Durante la gestin, se han presentado casos en los centros de La Paz, Santa Cruz, Trinidad y Cobija. Aunque en Bolivia la mayora de las crceles tienen espacios separados para mujeres, todava subsisten algunas en que no hay estas divisiones como las de Montero, Riberalta y Oruro, donde las condiciones de las reclusas fueron similares a las de los hombres. Los detenidos con prisin preventiva estn recluidos juntamente con los reos condenados. Segn el informe Situacin de derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en Bolivia, realizado por la Oficina Jurdica de la Mujer, CEJIL y CLADEM, En Bolivia solo existen 3 crceles femeninas, las otras son compartidas con los varones, separados por puertas o muros precarios con las implicaciones negativas que supone para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Formalmente se tiene previsto el servicio mdico en cada una de las crceles, sin embargo en el caso de las mujeres, el servicio de un mdico general por tiempo parcial no satisface las necesidades que su salud reproductiva requiere. Cuando se requiere de atencin gineco--obsttrica se debe realizar un trmite especial para lograr que las pacientes sean conducidas a hospitales pblicos especializados o a especialistas particulares29. 29http://www.flickr.com/photos/cidh/sets/72157633005363802/39 40. Los menores encarcelados (de 16 a 21 aos de edad) no son separados de los reclusos adultos en las crceles y esto genera constantes denuncias por violaciones y abusos y los programas de rehabilitacin para delincuentes juveniles u otros prisioneros son escasos. El incremento del nmero de jvenes en las crceles es otro problema que se suma a los existentes. Tan slo en Santa Cruz el incremento de jvenes entre 16 y 21 aos en ese recinto aument en 50% en los ltimos aos. La persona recluida en una crcel debe disponer de recursos para poder sobrevivir. Generalmente, quien mantiene a un interno o interna es su familia. Los gastos ms comunes son la compra de una celda y del manejo de datos y archivos personales de los privados de libertad, que es un negocio por parte de la seguridad penitenciaria. Los derechos son vulnerados desde el ingreso de la personas al centro penitenciario. El Comit contra la Tortura de NNUU seala por ejemplo que El Estado parte tampoco aclara las razones que han dificultado el cumplimiento de la anterior recomendacin relativa al establecimiento de registros pblicos de todas las personas privadas de libertad en los que se indique la autoridad que dispone la detencin, los fundamentos para ello y la condicin procesal del detenido. En ese sentido, el Comit observa con preocupacin que el artculo 296 del Cdigo de Procedimiento Penal se limita a exigir a los miembros de la polica la consignacin en el registro del lugar, da y hora de la detencin (art. 2). El costo econmico que representa para la familia el encarcelamiento de un miembro que, por lo general proviene de niveles socioeconmicos inferiores, genera diversos y graves problemas. Uno de ellos, es el descenso en la frecuencia de las visitas conforme pasa el tiempo de la condena, lo que obliga a buscar formas alternativas de supervivencia. Esta condicin de escasez es la causa estructural de gran parte de los fenmenos de violencia intra carcelaria. La condicin econmica de los reclusos a menudo determina el tamao de su celda, privilegios de visitas, elegibilidad para salir de la crcel por el da, y el lugar y la duracin de su encierro. Muchos reclusos recientes deben dormir en los pasillos y espacios al aire libre. Los medios de comunicacin informaron que en algunos centros rurales una cantidad de hasta 45 presos permanecieron recluidos en una sola celda. El maltrato se expresa de varias maneras y con varios tipos de personas al interior de los centros. En las crceles de mujeres, el acoso y abuso de las internas y sus visitas, son40 41. formas recurrentes de violencia presente entre el personal del centro y entre los abogados. La inexistencia de una adecuada atencin mdica en las crceles es otro indicador de las violaciones a los derechos humanos. Se puede evidenciar que no existen mdicos, enfermeros, psiclogos, trabajadoras sociales, psiquiatras, etc. En las ms importantes crceles de Bolivia hay un gineclogo para atender a todas las reclusas, en la mayora de ellas slo se cuenta con un mdico externo o personal de enfermera. En materia de gestin, el problema de las crceles es la inadecuada por la distribucin de las asignaciones presupuestarias. El prediario, asignado en 8 Bs por cada privado de libertad resulta a todas luces insuficiente, especialmente si consideramos la incapacidad del sistema para proveer las condiciones mnimas de vida a la poblacin penitenciaria. La sobrepoblacin, hacinamiento y violencia en las crceles son fenmenos que se relacionan con la crisis que atraviesa la institucin penitenciaria y de seguridad penitenciaria y, por tanto, las respuestas al problema no pueden estar desarticuladas de este carcter. Por ltimo, la sistemtica violacin de los derechos humanos y las precarias condiciones de vida en las que se encuentran las personas recluidas en el pas son factores que repercuten en la inexistencia de la rehabilitacin social. Es una contradiccin hablar de rehabilitacin cuando la gente en las crceles es sometida a maltratos, incluso tratos crueles e inhumanos. Finalmente tenemos el problema de la discriminacin social que hace del privado de libertad e incluso de quien ya cumpli su pena, un sujeto desconfiable y lo condena a una vida de segregacin que afecta su posibilidad para reinsertarse en la vida en comunidad. Casos recibidos por la Defensora del Pueblo relacionados con vulneracin de derechos a las personas privadas de libertad CANTIDAD DE CASOS REPRESENTACINCANTIDADLa Paz Santa Cruz Cochabamba246 114 5941 42. Tarija Potos Beni Pando Chuquisaca30 29 26 14 13Oruro13Total general544Derechos denunciados CANTIDAD ADMITIDASDERECHO DENUNCIADO Garantas del debido proceso y acceso a la justicia290Derechos de las personas privadas de libertad Derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administracin pblica.118Salud28Integridad personal25Libertad y seguridad de su persona25Peticin Derecho a la comunicacin e informacin.25 9Dignidad9Personalidad jurdica9Igualdad ante la ley6Propiedad6Desconocido Privacidad, intimidad, honra, honor y propia imagen6 4Derechos de la niez y de la adolescencia3Educacin2Circulacin y Residencia2Igualdad - No Discriminacin2Proteccin de la familia y de sus miembros2Nivel de vida adecuado2Derechos de las personas adultas mayores1Libertad de opinin y de expresin14238 43. Vida1Acceso a la informacin1Total general615Agentes denunciados AGENTE DENUNCIADOCANTIDADrgano Judicial Polica Boliviana Servicio Nacional de Defensa Pblica Ministerio de Gobierno Ministerio de Justicia Ministerio Pblico Direccin General de Rgimen Penitenciario189 88 70 69 49 33 23Persona Particular Servicio General de Identificacin Personal (SEGIP) rgano Electoral Ministerio de Salud y Deportes Servicio de Defensa de la Vctima (SEDAVI) Ministerio de Defensa Ministerio de Relaciones Exteriores14 4 3 3 2 2 2Servicio Departamental de Salud de Tarija. (SEDES) Direccin Departamental de Educacin - La Paz Gobierno Autnomo Departamental de La Paz Ministerio de Educacin Servicio Departamental de Salud de Cochabamba. (SEDES) Empresa1 1 1 1Ministerio de Hidrocarburos y Energa Tribunal Constitucional Plurinacional Gobierno Autnomo Municipal de La Paz Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Pensiones y Seguros AP Gobierno Autnomo Municipal de Sipe Sipe Organizacin Social1 1 1Total general1 11 1 156343 44. 6.- Militares y conscriptos Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal (Constitucin Poltica del Estado, Art. 23.I) Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad fsica, psicolgica y sexual. Nadie ser torturado, ni sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. (Constitucin Poltica del Estado, Art. 15.I) Queda prohibida toda forma de tortura, desaparicin, confinamiento, coaccin, exaccin o cualquier forma de violencia fsica o moral. Las servidoras pblicas y los servidores pblicos o las autoridades pblicas que las apliquen, instiguen o consientan sern destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley (Constitucin Poltica del Estado, Art 114. I.) La gestin 2013 permiti visibilizar de forma integral y completa la realidad de graves casos de vulneracin de derechos humanos en los recintos militares, asociados fundamentalmente a la impunidad, la ausencia de mecanismos de prevencin, cuidado y proteccin de la vida y la integridad, y a hechos de tortura y tratos crueles e inhumanos. Esta situacin, que se denunciaba parcialmente y de manera dispersa en los medios de comunicacin, fue planteada por la Defensora del Pueblo como un problema grave que deba encararse desde dos mbitos: i) la investigacin transparente, oportuna e imparcial de los hechos, especialmente los que generaron la muerte de personas en los cuarteles, los casos de tortura y el uso de conscriptos para que realicen trabajo particulares en favor de oficiales militares o de agentes externos y ii) la revisin y modificacin de las normas, procedimientos y conductas que promueven, avalan y protegen estos actos, as como los aspectos doctrinarios en la institucin castrense, que los justifican. A travs de las denuncias pblicas, en la gestin 2013 se conoci de varios hechos, especialmente los relacionados con las muertes de conscriptos y de militares: 1. El 28 de enero de 2013 el soldado Hugo Huanca Mamani perdi la vida en Riberalta al caer del techo de un local cuando realizaba trabajos particulares en un restaurante de propiedad de una persona ajena a las FFAA.44 45. 2. El 3 de febrero, el Subtte Ceooly Espinal Prieto falleci en la Escuela de Cndores de Sanandita por un traumatismo crneo enceflico cuyo origen no fue an determinado 3. El 21 de junio, la enfermera Janet Zulma Vargas fue encontrada sin vida en las instalaciones del Gran Cuartel de Miraflores en circunstancias que todava estn en investigacin. 4. El 9 de julio el conscripto Omar Cabrera Lpez falleci presuntamente ahogado en una ladrillera de Trinidad. 5. El 22 de Julio, el conscripto Henry Molina Rodrguez tambin perdi la vida por presunta mala manipulacin de armas de fuego en el Batalln de la Polica Militar Naval de Cochabamba. 6. EL 18 de julio el cadete Wildo Daniel Delgado falleci en el Colegio Militar de Aviacin de Santa Cruz por la supuesta deficiente manipulacin de un arma de fuego por parte de uno de sus camaradas 7. El 24 de Julio, el conscripto Carlos Flores Chura falleca tambin a causa de un disparo, en una unidad militar en Tarija. 8. El 29 de Agosto, el soldado Carlos Daniel Loza falleci en Puerto Surez en circunstancias en que era utilizado para transportar los enseres personales de un teniente y, por un accidente, cay de la camioneta que tambin era de propiedad del Ejrcito. 9. El 19 de Octubre, el subteniente de Ejrcito scar Gironda Porres y el suboficial de la Fuerza Naval Willy Yujra Mamani fueron victimados por disparos de arma de fuego, mientras participaban de un operativo de erradicacin en la zona de Miraflores, cercana a la poblacin de Apolo. Aunque este caso es diferente a los que hemos tratado debido a que se debi a factores externos, el hecho que varios das antes, dirigentes de la zona haban advertido que podan suscitarse enfrentamientos y no se tomaron medidas de precaucin y proteccin, evidencia nuevamente la falta de previsin y cuidado. 10. El 22 de Octubre el Alfrez Emanuel Cussi Suxo perdi la vida durante la realizacin de un ejercicio militar en el Distrito naval de Tiquina. 11. El 20 de Noviembre, el cadete Luis Spree y el soldado Alan lvarez Llusco, murieron ahogados en la localidad de Yotala, departamento de Chuquisaca mientras trataban de rescatar una vagoneta que era arrastrada por la crecida del ro. Hasta ahora se investiga quin les orden ingresar al ro sin las medidas de proteccin y auxilio necesarias.45 46. 12. El 20 de Noviembre, el soldado Vitaliano Jimnez Lupe de la Fuerza de Tarea Conjunta en Cochabamba, muri ahogado presuntamente por haber decidido baarse en el ro de la localidad, haciendo uso de su da libre. Adicionalmente a los 12 casos sealados, el ms emblemtico de los hechos de tortura y muerte de un ciudadano en un recinto militar es del Subtte. Grver Poma Guanto, que el 9 de febrero de 2011, muri tras recibir una brutal golpiza por parte de un instructor y otros camaradas en la Escuela de Cndores de Bolivia. Tambin hay que aadir el caso del conscripto Edwin Mendoza Ibarra que en junio de 2011, falleci a causa de una septicemia generalizada, luego de haber sido trasladado de emergencia desde el mismo cuartel de Puerto Surez. En aquella oportunidad se sospechaba que los golpes que terminaron por infectarse y provocarle la muerte al conscripto los recibi en un ataque de los soldados antiguos a los nuevos. En relacin a los hechos de tortura y tratos crueles e inhumanos, los casos ms visibles en este tiempo fueron los del conscripto Javier Cara Cara Ayaviri que en abril de 2012, fue golpeado en su dormitorio del cuartel en la Fuerza Area de Puerto Surez con tal nivel de brutalidad que le reventaron el bazo que luego se lo tuvieron que extirpar y el del conscripto Freddy Rodrguez Uo de 19 aos de edad y con presunta discapacidad intelectual, quien en agosto de 2013, fue sometido a torturas y tratos crueles y degradantes en el Puesto Militar de Atocha, provincia Nor Chichas del Departamento de Potos30. En ningunos de los casos sealados u otros anteriores existe una condena judicial y actualmente slo se tiene el proceso que se sigue contra los presuntos responsables del caso Poma, estando dos de los principales implicados, guardando detencin en Yacuiba. Uno de ellos fue descubierto por estar relacionado tambin con la muerte no esclarecida de la enfermera Janeth Vargas en las mismas instalaciones del Cuartel de Miraflores y su 30ND. A raz de la presin pblica por las denuncias presentadas por la Defensora, la Comisin de DDHH de la Cmara de Diputados, convoc al Ministro de Defensa y al Comandante en Jefe de las FFAA para que expliquen estos extremos