Informe de la Comisión para el Análisis de la Crisis de...

Análisis de la Crisis de Alimentos

en Venezuela

Informe de la Comisión designada:

Teresa Albanes Barnola

Román Duque Corredor

Mercedes López de Blanco

Carlos Machado Allison

Alberto Silva Aristiguieta

Caracas, 24 de agosto 2010

Informe de la Comisión para el Análisis de la Crisis de Alimentos en Venezuela. Caracas, 24 de agosto 2010

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RESUMEN

El presente informe recoge los resultados del trabajo de la Comisión designada por

la Mesa de la Unidad Democrática para analizar la crisis de alimentos en el país. La

Comisión afirma que los venezolanos están siendo afectados por una grave crisis en

la alimentación, debido a la existencia de un proceso inflacionario incontrolado,

especialmente en el sector de alimentos. Así como las situaciones recurrentes de

escasez y la injerencia deliberada del gobierno en la producción, importación,

distribución y comercialización de alimentos, sin tener la organización, capacidad,

experiencia, recursos y controles necesarios para ello. El síntoma más notorio de la

ineficiencia del gobierno en la gestión directa de alimentos es el hallazgo de

grandes cantidades de alimentos descompuestos o vencidos pertenecientes a la red

PDVAL

Las causas de la crisis pueden encontrarse principalmente en las graves fallas

gubernamentales en materia de diseño y ejecución de la política económica, la

política agrícola, la protección de la seguridad personal, la seguridad jurídica y el

control del suministro y calidad de los alimentos. El deterioro general de la

economía, las continuas y arbitrarias intervenciones de tierras, los secuestros casi

diarios, el robo de equipo y animales, las frecuentes fallas del servicio de

electricidad, el mal estado de la vialidad agrícola, los excesivos controles sobre el

transporte y comercialización de los productos agrícolas y el congelamiento de

precios en los últimos seis años, han ocasionado un gran deterioro de la producción

de alimentos en el país, relegándonos, según los índices de la FAO, a los niveles de

desempeño de países como Cuba, Guyana y Haití.

A los factores mencionados previamente como causas de la crisis de alimentos en el

país, es necesario agregar otros, como: el desmantelamiento de las instituciones

que debían velar por una correcta y sana distribución de alimentos, como el

Consejo Nacional de Alimentación. De igual modo, el incumplimiento por parte de

los organismos competentes de las normas relativas a la seguridad agroalimentaria

y en particular de la inspección y control de la inocuidad y calidad en los alimentos


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importados; el cese de funciones de la Comisión del Codex Alimentarium y el

incumplimiento por parte de los responsables de la red de distribución de los

alimentos de los trámites contemplados en el Reglamento General de Alimentos.

En consecuencia, se ha perdido la confianza de los consumidores en la calidad e

inocuidad de los alimentos y en la capacidad del Estado y su legislación.

Las consecuencias de esta crisis son muy graves e incluyen: amenazas a la salud;

daños al patrimonio público y su impunidad por la falta de aplicación de las

sanciones pertinentes; desatención de funciones esenciales del Estado y violaciones

a los derechos de las personas de disponer oportunamente de bienes y servicios de

calidad y de elegirlos, conforme sus preferencias o a sus necesidades particulares

de dieta.

La crisis de los alimentos sorprende al país en un momento en el cual muchos de

sus grupos o poblaciones vulnerables se encuentran en riesgo: embarazadas,

infantes, preescolares, escolares y adolescentes. Por otra parte, esta crisis plantea

otras amenazas a la salud de los venezolanos debidas a la falta de aplicación de los

controles sanitarios necesarios, el consumo de alimentos vencidos y descompuestos

o de dudoso origen, los cuales pueden generar contaminación colectiva. Además, el

consumo mayoritario de alimentos que no poseen todos los nutrientes, vitaminas y

fibras deseables, la deficiencia de hierro y las fallas en los programas dirigidos a

satisfacer las necesidades nutricionales de los alumnos de las escuelas públicas de

educación básica y media, hacen que en la actualidad coexistan problemas de

sobrepeso y déficit nutricional, en especial en los estratos de menores recursos. Por

otra parte, la falta de transparencia en la gestión pública hace imposible conocer

con precisión la magnitud de los daños al patrimonio público por la ineficiencia del

gobierno y la presunta corrupción en las operaciones de importación,

comercialización y distribución de alimentos.

Sólo en las operaciones de Pdval y Bariven se han mencionando cifras que podrían

alcanzar miles de millones de dólares. En todo caso, es evidente que la


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improvisación y la falta de vigilancia y de control por los organismos competentes

ocasionaron daños irreparables al patrimonio público que determinan

responsabilidades administrativas, civiles y penales. Adicionalmente, se ha

violentado la organización del Estado, afectando seriamente el funcionamiento de la

Fuerza Armada y PDVSA al asignarles tareas no previstas en la Constitución y leyes

orgánicas, y en sus estatutos, respectivamente, e inducirlas al incumplimiento de

sus funciones esenciales.

Las recomendaciones de la Comisión se encuentran orientadas a solicitar de los

diputados de la Asamblea Nacional actual y aquella que resulte electa el próximo 26

de septiembre, el tomar medidas legislativas, de contraloría y presupuestarias,

indispensables para incrementar la producción nacional de alimentos y garantizar la

calidad e inocuidad de aquellos procedentes del exterior. Se recomienda, en primer

lugar, modificar las leyes vigentes para garantizar que los productores agrícolas y

ganaderos, agroindustrias y otros agentes económicos de las cadenas

agroalimentarias puedan realizar sus labores con las libertades económicas

garantizadas por la Constitución y, entre ellas, la libre disposición de sus bienes a

través del fortalecimiento de los derechos de propiedad. Asimismo, se recomienda:

promulgar un Código Alimentario que compile la normativa relacionada con la

producción de alimentos, higiene, las normas internacionales y que haga

obligatorias las buenas prácticas destinadas a lograr los más elevados niveles de

inocuidad y calidad de los alimentos y un eficiente sistema de gestión pública. Del

mismo modo es urgente revisar, modificar, derogar y simplificar los procedimientos

para la producción, transporte, almacenamiento, importación, procesamiento y

distribución de alimentos; revisar las bases legales vigentes relacionadas al control

de cambio y la fijación de precios al productor y al consumidor; exigir la aplicación

de los procedimientos de inspección y control de la inocuidad y calidad de los

alimentos importados por parte de los organismos competentes. De modo

simultáneo también es importante corregir las irregularidades, mejorar la cobertura

y la efectividad del Programa Alimentario Escolar (PAE).


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También recomienda la Comisión desplazar gradualmente las responsabilidades

asumidas por el gobierno en materia de importación directa de alimentos hacia las

empresas privadas especializadas que tengan experiencia y conocimiento de los

mercados internacionales, sus precios y calidad de los productos. Exigir tanto a

PDVSA como a la Fuerza Armada, el INTI y cualquier otra institución el dedicarse al

cumplimiento de su misión, acatamiento de la ley y cabal cumplimiento de sus

obligaciones y responsabilidades y reclamar de la Contraloría y del Ministerio

Público, la mayor diligencia en el proceso dirigido a establecer las

responsabilidades, así como elaborar los expedientes y acusaciones

correspondientes a los supuestos responsables que, por acción, omisión, delegación

o imposición a través de órdenes, permitieron la pérdida de alimentos, causaron

daños al patrimonio público y/o pusieron en riesgo la salud de la población.


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1. INTRODUCCIÓN

1.1. El presente informe recoge los resultados del trabajo de la Comisión designada

por la Mesa de la Unidad Democrática para analizar la crisis de alimentos en el país.

El objetivo de la Comisión ha sido evaluar las causas y consecuencias de la misma,

evidente, entre otros hechos, a través del hallazgo de contenedores con miles de

toneladas de alimentos descompuestos o vencidos. Estos alimentos fueron

importados con el propósito de ser distribuidos a través de organizaciones públicas.

Finalmente la Comisión ofrecerá recomendaciones a los integrantes de la Asamblea

Nacional sobre las acciones que deben tomarse para evitar que se repitan crisis de

este tipo. La Comisión ha consultado documentos técnicos, artículos de prensa,

notas en Internet y compilaciones detalladas sobre las denuncias efectuadas, entre

ellas un amplio documento elaborado por integrantes de la Asamblea Nacional. Así

mismo ha consultado a personas con conocimiento y experiencia en las distintas

fases y etapas de las distintas cadenas agroalimentarias.

1.2. La Comisión tuvo total libertad e independencia para realizar su trabajo y

efectuar consultas a otros expertos. Su trabajo estuvo limitado por la escasez o

atraso en la publicación de estadísticas oficiales y confiables sobre los distintos

aspectos relacionados con la producción, importación, comercialización y

distribución de alimentos en el país, así como sobre el volumen y valor exacto de

los alimentos perdidos por descomposición, vencimiento y otras violaciones del

Codex Alimentarium y demás normas relacionadas a la inocuidad y calidad de los

alimentos. El Codex Alimentarium es un programa conjunto de la FAO y la OMS que

ha sido aprobado por todos los países integrantes de las Naciones Unidas con el

objetivo de proteger a los consumidores a través de un conjunto de normas y

estándares internacionales sobre los alimentos. La Comisión tuvo acceso a un

informe del Bloque Parlamentario Humanista Ecológico y del partido Podemos que

elaboró un expediente exhaustivo de las gravísimas irregularidades cometidas en la

importación, almacenamiento y distribución de alimentos por parte de PDVAL,

algunas de las cuales ya han sido dadas a la luz pública por distintos medios de

comunicación. La Comisión tomó debida nota de esas irregularidades y las ha


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incluido en su análisis sobre las fallas del gobierno nacional en la gestión de la

alimentación en el país.

1.3. El trabajo de la Comisión estuvo orientado por la existencia de principios

universales en materia de derechos humanos, consagrados en declaraciones,

pactos y acuerdos suscritos por Venezuela como los siguientes: (a) Artículo 25 de

la Declaración de Derechos Humanos de 1948: “Toda persona tiene derecho a un

nivel de vida adecuado que le asegura, así como a su familia, la salud, el bienestar

y en especial la alimentación…” (b) Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos

Económicos y Sociales de 1966: “Los Estados partes en el presente Pacto

reconocen el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí y su familia,

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las

condiciones de existencia..”…”reconocen el derecho de toda persona de estar

protegida contra el hambre…” “..y adoptaran medidas para mejorar los métodos de

producción, conservación y distribución de alimentos…”; (c) Otros acuerdos y

declaraciones emanados de Conferencias y Cumbres Internacionales que han

recibido el respaldo y compromiso de Venezuela. Entre ellas la Cumbre Mundial

sobre la Alimentación (Roma, 1996) cuyo plan de acción estableció en su párrafo 1:

“…las bases hacia el logro de un objetivo común: la seguridad alimentaria a nivel

individual, familiar, nacional, regional y mundial. Existe seguridad alimentaria

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a

suficientes alimentos inocuos y nutritivos a fin de llevar una vida sana y activa; (d)

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha reconocido plenamente

estos principios y declaraciones universales y los ha consagrado en su artículo 305:

“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del

desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población,

entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito

nacional y el acceso oportuno y permanente de éstos por parte del público

consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la

producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de

actividad agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de

interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A


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tales fines, el Estado dictar las medidas de orden financiero, comercial,

transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de

mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de

autoabastecimiento. Además promoverá las acciones en el marco de la economía

nacional e internacional para corregir las desventajas propias de la actividad

agrícola”.

También la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su

artículo 117 “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios

de calidad así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido

y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de

elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos

necesarios para garantizar esos derechos, las normas de calidad y cantidad de

bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el

resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la

violación de esos derechos”.

1.4. La seguridad alimentaria, como cometido del Estado, obliga al gobierno a

promover y estimular la expansión de la producción agrícola y a garantizar la

inocuidad de los alimentos desde la producción hasta su consumo, así como

castigar a quienes pongan en riesgo o en peligro la salud de la población por la

violación de las normas que amparan la inocuidad y calidad de los alimentos.

1.5. Asimismo, la Comisión considera que este derecho a la alimentación implica la

obligación de diseñar y ejecutar políticas publicas destinadas a facilitar el acceso a

este derecho, a garantizar la provisión de alimentos, a controlar su inocuidad, a

proteger las propiedades productivas que contribuyan con la oferta nacional y a

promover la participación amplia y no excluyente de los diversos sectores en el

diseño y planificación de las políticas alimentarias de producción, distribución y

consumo de los alimentos. Así mismo, la regularidad en el suministro de alimentos

es un factor de enorme importancia y la misma depende de la existencia de (a)

Una adecuada infraestructura (vialidad, silos, puertos y aeropuertos, cadenas de


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frío, capacidad de procesamiento, transporte y distribución); (b) Conocimientos y

experiencia para emplearla en sincronía con la demanda final por parte de los

distintos actores de las cadenas o circuitos agroalimentarios; (c) Una adecuada

formulación y ejecución de políticas públicas y acuerdos entre el gobierno y el

sector privado; (d) Una adecuada y permanente supervisión y control de la red

pública y privada de suministro de alimentos y del cumplimiento de la normativa

pertinente.

Así mismo la Comisión ha considerado que en los últimos años el gobierno nacional

ha contado con suficientes recursos financieros para ejecutar políticas públicas

destinadas a incrementar la producción, generar empleo y otras acciones

destinadas a elevar la seguridad alimentaria de la población.


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2. LA CRISIS

2.1. La Comisión afirma que los venezolanos están siendo afectados por una grave

crisis en la alimentación con base en los siguientes hechos: (a) Los habitantes de

Venezuela han sido sometidos a un proceso inflacionario incontrolado,

especialmente en el sector de alimentos, lo que ocasiona que para poder

alimentarse adecuadamente, los venezolanos deben emplear un porcentaje cada

vez mayor de sus ingresos en comida. En los últimos dos años la cesta de bienes y

servicios básicos se ha incrementado en 61% (INE, 2010) y el salario mínimo en

sólo 53,1%; (b) De manera recurrente se han presentado situaciones de escasez

de diversos alimentos y las opciones de marcas y presentaciones especiales de los

productos también se han restringido; (c) La injerencia del gobierno en la

producción, importación, distribución y comercialización de alimentos es cada día

mayor, sin tener la organización, capacidad, experiencia, recursos y controles

necesarios para ello, derivando en situaciones tan irregulares como la de los

alimentos descompuestos en la red Pdval; (d) Esta creciente participación del

gobierno en la producción, procesamiento y distribución lejos de ser accidental,

corresponde a una política explícita tal como lo señaló el Presidente en su programa

“Aló Presidente” del 8 de agosto de 2010 cuando le ordenó a los ministros de

alimentación y planificación tomar las medidas necesarias para que el 50% de los

alimentos sean distribuidos por el gobierno y para ello deberán aumentar la

capacidad de CASA, MERCAL, PDVAL, CVAL y Abastos Bicentenario.

2.2. En la primera década del siglo XXI la inflación anual ha oscilado entre 20 y 30

%. Para 2010 se espera una inflación superior, en el orden del 35 %. La inflación

en alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido todavía mayor que la inflación

general. Por ejemplo el IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas en el Área

Metropolitana de Caracas ha crecido 77 % más que el IPC general en el período

2001-20091. En consecuencia, el venezolano debe dedicar a los alimentos, en

promedio, 32 % de su gasto, reduciendo sus posibilidades de tener una mejor

calidad de vida y limitando su gasto en transporte, vestido y, sobre todo, salud,

educación y vivienda2. Para los venezolanos de menores ingresos la situación es


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aún más grave, ya que el precio actual de la canasta alimentaria equivale a 2

salarios mínimos y la canasta básica a 4,4 salarios mínimos, de manera que el

ciudadano que tenga un ingreso inferior a 4,4 salarios mínimos, como es la gran

mayoría, no tiene suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas del grupo

familiar3.

2.3. Venezuela vive desde hace varios años una crisis de desabastecimiento de

alimentos básicos que ha incluido leche, azúcar, huevos y carne bovina y de pollo,

entre otros. Según cifras del BCV y del INE, el año 2008 en Caracas se inició con un

índice de escasez de 25 % y, aunque ha disminuido, todavía se ubica entre 13 y 14

%, cifra inaceptable en un país cuyos ingresos están muy por encima de las

naciones clasificadas como PIBDA (países de bajo ingreso y déficit alimentario).4. El

problema se agrava mucho más si el consumidor busca una determinada marca de

un producto o una presentación con características especiales, adaptada a sus

preferencias o a sus necesidades particulares de dieta y no le es posible acceder a

ellos, lo que significa la violación del derecho constitucional de toda persona a

disponer de bienes y servicios de calidad y a la libertad de su elección5.

2.4. El gobierno venezolano ha venido expropiando empresas productoras de

alimentos e interviniendo cada vez con mayor intensidad e ineficiencia en la

producción, distribución y comercialización de alimentos. Entre los antecedentes

sobre la ineficiencia de la intervención del Estado en la gestión de la alimentación

destacan: las denuncias efectuadas por la gerencia de MERCAL sobre pérdidas en

varios de sus puntos de venta y las correspondientes denuncias de corrupción. Así,

el presidente de Mercal, Mayor Félix Osorio, en el año 2006 señalaba (Agencia

Bolivariana de Noticias) que se habían presentado 171 denuncias a la Fiscalía y se

habían condenado a 17 personas. Un año después (Página WEB de Aló Presidente)

el mismo funcionario, al referirse a la corrupción señalaba: "Por supuesto, hemos

logrado decomisar 36 toneladas de alimentos y detener 566 personas involucradas en estos

hechos. Allí consigues de todo, personas que lamentablemente trabajaban para nosotros,

cooperativas y personas ajenas a todo el sistema, pero en busca de lucro malsano.” En

noviembre de 2007 murieron 1750 vacunos procedentes de Brasil a bordo del

buque DM Spiridon, ahogados en la rada de Puerto Cabello. Así mismo existen


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denuncias sobre las demoras en la descarga de navíos con alimentos por la

capacidad insuficiente de los puertos y el mal estado de los equipos de descarga

desde la creación de la empresa venezolana-cubana, conocida como Bolipuertos y

atrasos en la importación de alimentos e insumos por parte de las empresas

privadas como consecuencia de una pesada permisología y atrasos en la entrega de

divisas.

2.5. El síntoma más notorio de la ineficiencia del gobierno en la gestión directa de

alimentos es el hallazgo de grandes cantidades de alimentos descompuestos o

vencidos pertenecientes a la red PDVAL. En distintos medios de comunicación se ha

informado que se trata de más de 130.000 toneladas de aceite, arroz, azúcar,

avena, caraotas, frijoles, jugos, leche, margarina, pollos, sardinas, y otros

alimentos, descompuestos o con fecha vencida, ubicados en contenedores e

instalaciones de PDVAL en muchas localidades. Al margen de las dificultades para

establecer con precisión la cantidad de alimentos dañados, situación que debe ser

investigada minuciosamente por las autoridades competentes, se trata de un hecho

notorio y documentado por varios periodistas. Esta situación fue reconocida por el

gobierno nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo

a tres ex funcionarios de PDVAL, acusados posteriormente por la Fiscalía General

por boicot y peculado culposo. El ministro de Energía y Petróleo y presidente de

PDVSA, el viceministro de Políticas Alimentarias, una ex presidente de PDVAL, el

gobernador del estado Anzoátegui, el contralor general, el vicepresidente de la

República y el mismo presidente de la República, han reconocido también la

existencia de alimentos en descomposición pertenecientes a la red PDVAL. El

Contralor General de la República ha informado que la investigación sobre

alimentos descompuestos de la línea de comercialización PDVAL lleva más de 2

años. Han surgido a la luz pública documentos de PDVSA que hacen referencia a la

existencia de sobreprecio en algunas adquisiciones e incluso el pago de alimentos

que no llegaron al país y cuya cantidad podría superar a la de los alimentos

descompuestos6. Además, ante una corte norteamericana (Florida Southern District

Court, Miami, Dade) y bajo el número 1:2009cv20915 existe una demanda por 70


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millones de dólares incoada por la empresa Exim Brickel contra PDVSA Services,

Inc. por incumplimiento de contrato

(dockets.justia.com/docket/florida/flsdce/1:2009cv20915/333916).

Sin embargo, transcurridos varios meses desde el primer hallazgo, la Asamblea

Nacional se ha negado, en doce oportunidades, a debatir el tema en la plenaria.

Tampoco es conocido el resultado de la investigación de la subcomisión designada.

Por otra parte la Contraloría General de la República sigue sin presentar informes

conclusivos sobre estos casos e incluso el Contralor declaró que para ellos esto no

era importante y la Fiscalía General de la República se limitó a presentar cargos

contra tres ex –funcionarios de PDVAL, ignorando a todos los demás implicados en

éste gran fraude al patrimonio público y a la salud de los venezolanos.

Dimanan preguntas obvias como ¿Quién tomó la decisión de asignarle a PDVSA la

responsabilidad de desarrollar una red de distribución de alimentos? ¿Quién tomó la

decisión de asignar a PDVSA Services Inc. y BARIVEN la responsabilidad de

comprar alimentos cuando sus competencias y misión son de otra naturaleza?


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3. LAS CAUSAS DE LA CRISIS

3.1. Las causas de la crisis pueden encontrarse principalmente en las graves fallas

gubernamentales en materia de diseño y ejecución de:

• Política económica

• Política agrícola

• Protección de la seguridad personal

• Seguridad jurídica

• Control del suministro y calidad de los alimentos

3.2. Una demostración clara de lo errada que ha sido la política económica del

gobierno, trasciende la elevada inflación y muestra un deterioro general de la

economía. En 2010, Venezuela y Haití serán los únicos países del continente

americano que sufrirán contracción económica y, en Venezuela, es probable que la

misma alcance el 4 %7. La inflación y la caída de la actividad económica perjudica a

todos los venezolanos disminuyendo su ingreso y haciéndoseles cada vez más difícil

adquirir los productos básicos que necesitan, en especial los alimentos. Por otra

parte, el régimen de control de cambio que se aplica desde 2003, junto con otros

factores vinculados (incertidumbre, inflación, control de precios y

desabastecimiento), ha limitado la voluntad de los empresarios agroalimentarios a

realizar inversiones, restringiendo el crecimiento operativo y el máximo

aprovechamiento de su capacidad e incrementando los costos de producción y

gastos de operación, con el resultado del traslado de los efectos del régimen

económico al consumidor final a través de precios más altos8 . Además, el control

de cambio y el mantenimiento de una paridad cambiaria artificial ha beneficiado a

los exportadores de otros países y reducido la competitividad de los productores

venezolanos.

3.3. No sólo la política económica en general ha afectado a la actividad agrícola del

país, sino que se ha aplicado una política agrícola cuya consecuencia ha sido el

abatimiento de la inversión y la reducción de la producción nacional como lo han


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manifestado, en reiteradas oportunidades, los principales gremios de productores

como FEDEAGRO, FEDENAGA, CONVECAR y otros. En efecto las continuas

intervenciones de tierras, que han desvirtuado y desnaturalizado la figura jurídica

de la expropiación, se han caracterizado por la arbitraria ocupación de las mismas

por la fuerza pública, como medio de estatización de medios productivos. Acciones

efectuadas bajo el criterio de rescatar tierras privadas como si fueran públicas,

utilizando el argumento de que los títulos no son suficientes, no obstante que éstos

están amparados por el carácter presuntivo de legitimidad y de veracidad que le

atribuye la legislación registral y notarial dictada por el mismo Estado. Asimismo,

sin que se hubieren cumplido los requisitos legales que obligan a determinar

previamente los criterios de productividad y de rendimiento económico, según las

clases de tierras, para calificar a unas tierras de incultas, y sin la definición de los

patrones de ocupación zonales, se intervienen fincas en producción o se les califica

de latifundios.

La propia Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario según su Exposición de

Motivos, por el contrario, persigue el propósito de que sean los mismos propietarios

quienes conviertan sus tierras en unidades económicas productivas, en lugar de

castigar a los productores. Se desestima como factor de legitimación de la

propiedad, independientemente de los títulos, el trabajo o la posesión productiva de

las tierras que se ha venido ejerciendo de manera continua, ininterrumpida y

pacifica por largo tiempo. Se estima que la cifra de las propiedades afectadas es de

aproximadamente 750, sin incluir aquellas donde han ocurrido invasiones parciales

con daño a los cultivos o muerte de animales. En otras palabras, se han extremado

las intervenciones de fincas, hasta de extensiones medianas.

El INTI informa que más de 2.400.000 hectáreas han sido “rescatadas” (Ministerio

del Poder Popular para la Comunicación y la Información,

www.venezueladeverdad.gov.ve/). Así mismo, siendo Juan Carlos Loyo Presidente

del INTI señaló: “la Revolución Bolivariana ha impactado dos millones de hectáreas

que han sido rescatadas de manos de latifundistas y en la que se continúa

trabajando sobre la base de más de 4 millones de hectáreas que todavía se


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encuentran en investigación”. (31.3.2010 www.inti.gov.ve). Tal cantidad, si pudiera

agruparse, equivaldría a la superficie que ocupa un Estado como Falcón (más de

24.000 kilómetros cuadrados).

El presidente de la Alianza Agroalimentaria precisa que desde que se puso en

práctica la Ley de Tierras en 2001, el Estado ha intervenido más de 780 unidades

de producción, entre pequeños y grandes lotes de tierra9 Con el agravante que

esas intervenciones no ha supuesto ni aumento de la producción ni incremento de

la productividad que se mantiene estancada en los últimos años (cifras del MPC y

del MPPAT hasta 2007). Añade que del total de tierras afectadas, apenas el 0,7%

son utilizadas en actividades agrícolas y 2,3% al uso agropecuario.

En todo caso ni en las estadísticas oficiales hasta 2007, ni en las proyecciones o

cifras aportadas por las distintas asociaciones de productores, se observa un

impacto positivo en la producción nacional. Las intervenciones de tierras privadas,

no obstante estar las mismas amparadas por una documentación válida y

legitimadas por una posesión ininterrumpida, parten del criterio de un supuesto

dominio originario del Estado, que considera que nadie es dueño de sus tierras

salvo que demuestre lo contrario, situación que carece de todo sustento

constitucional. Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

ha afirmado que “quien presenta un título registrado, se presume que es

propietario” (Sentencia Nº 332 del 14.03.2001, Caso “Isaca Compañía Anónima”).

El gobierno ha ocupado bienes productivos y de empresas procesadoras o de

almacenaje, bajo supuestas expropiaciones o adquisiciones forzosas no pagadas,

para reservar exclusivamente al Estado distintas unidades de producción activas,

como instrumento de estatización de la actividad económica. Se trata de una

política explícita reforzada permanentemente por la Presidencia de la República en

muchas intervenciones públicas, leyes emanadas desde el Ejecutivo, resoluciones y

acciones del INTI con el apoyo de la Fuerza Armada.

La Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria concentra sobre distintos órganos del

Ejecutivo nacional un enorme poder sobre el sistema nacional agroalimentario,


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desde la producción primaria hasta la distribución final de alimentos. Como

derivación de esa enorme concentración de poder emanan igualmente grandes

responsabilidades sobre el gobierno central.

3.4. Además de las fallas en la política económica y en la política agrícola, la

ineficiencia del gobierno en su obligación de garantizar la seguridad de las personas

en todo el territorio nacional ha incidido de manera especial sobre la actividad

agrícola. Según la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, “hay grupos de

disidentes de guerrilla y paramilitarismo, guerrilla y paramilitares y hampa común,

dedicándose al secuestro y al cobro de peajes en Venezuela”. Entre 1999 y lo que

va de 2010, según FEDENAGA, han ocurrido 2.676 secuestros, es decir, durante el

período de actuación de este gobierno han secuestrado a una persona cada dos

días10. Así mismo la producción agropecuaria ha sido afectada por el robo de equipo

y animales, las frecuentes fallas del servicio de electricidad, el mal estado de la

vialidad agrícola y los excesivos controles sobre el transporte y comercialización de

los productos agrícolas.

3.5. Como resultado de las políticas económica, agrícola y de seguridad personal,

unida a la inseguridad jurídica y al congelamiento de precios en los últimos seis

años, ha ocurrido un gran deterioro de la producción de alimentos en el país. La

producción nacional de alimentos por persona y año muestra un desempeño muy

pobre en la última década. La FAO (Índices de producción de alimentos) ubica a

Venezuela entre los países de peor desempeño (junto con Cuba, Guyana y Haití) en

este particular.

Al mismo tiempo, durante la última década, muchos países latinoamericanos han

tenido grandes éxitos tanto en el crecimiento de la producción, como en sus

exportaciones El Índice de Producción de Alimentos de la FAO, con base 100 para

1999-2000, registra 96 para Venezuela (disminución de 4% per capita) y cifras de

127 (Paraguay), 120 (Brasil), 117 (Argentina), 124 (Perú), 112 (México). Existen

cifras oficiales de producción hasta el año 2007, ya que también la falta de

transparencia del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras ha sido una


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norma en los últimos años. Sin embargo a través de declaraciones, informes de los

principales gremios de productores y otras fuentes calificadas, sabemos que ocurrió

abatimiento en la producción de varios grupos de rubros en 2008 y una severa

caída en 2009 como efecto combinado de las malas políticas y un año con

precipitaciones por debajo del promedio.

No todos los rubros han sido afectados en la misma medida por las políticas del

gobierno actual: más sensibles han sido aquellos que requieren inversiones de largo

plazo y firmes garantías sobre la propiedad (ganadería vacuna, caña de azúcar,

frutales arbóreos, cacao, café y otros). Así, entre los años 2005 y 2009, cuando se

intensifican las agresiones contra el sector privado y se mantiene una paridad

cambiaria que beneficia a los productores de otros países, la producción total per

capita desciende 20,9% y el mayor peso sobre este descenso se encuentra en

pesca y acuicultura (47%), carne bovina (39,1%), caña de azúcar (30,7%), café,

cacao y tabaco (22,7%) y frutas (19,1%). La producción de cereales que aumentó

hasta el año 2007, disminuye ligeramente en 2008 y se abate en 2009 de modo

importante. La producción de raíces y tubérculos también ha disminuido a partir del

2005 (cifras oficiales). Pero además ha sido denunciado, en varias oportunidades,

desde agosto de 2009 y ante la Fiscalía 57, por productores de Mérida y Carabobo,

el estado de descomposición de un importante lote de semilla de papa importada

por la Corporación Venezolana Agraria (www.vtv.gov.ve y varios medios de

comunicación escrita). Los productores, pequeños y medianos fueron afectados por

partida doble, adquirieron créditos para comprar la semilla de papa y obtuvieron

bajísimos rendimientos en la cosecha.

Coincide el abatimiento en la producción nacional con el incremento de los precios

internacionales de los alimentos (2008 y parte de 2009) que acompañó al alza de

los combustibles en esos años. De allí que el gobierno tuvo que pagar precios más

elevados que el promedio de la década anterior.

3.6. Crecimiento en el consumo. Así mismo, mientras descendía el Índice de

Producción de Alimentos FAO, aumentaba la capacidad de consumo de la población.


19

Por ejemplo los salarios de los empleados que promediaban en el año 2002 la

cantidad de Bs. 2.254 aumentaron a 2.632 en 2007, antes de comenzar a

retroceder en los últimos dos años. Era obvio que con el incremento del precio del

petróleo, aumento del PIB, del circulante y del gasto público, amén de un

crecimiento interanual de la población de 1,6%, aumentaría la demanda de

alimentos y sería, igualmente obvia, la necesidad de estimular la producción interna

y la capacidad de procesamiento. Al ocurrir todo lo contrario, el gobierno, en lugar

de cambiar su política, decreta una suerte de emergencia alimentaria en el año

2008 y coloca sobre organismos sin competencia para ello, e inclusive con

participación de personas de países extranjeros, la responsabilidad de efectuar

importaciones masivas de alimentos. Entre 2004 y 2008 el PIB creció alrededor del

35%, mientras que el valor de la producción agrícola apenas lo hizo en 9% antes de

descender, en una proporción similar en el año 2009.

Fue tan amplia la brecha entre la producción nacional y la demanda, que las

importaciones de alimentos aumentaron de 1.800 millones de US$ en el año 2003

(FAO; 2010) a 7.100 millones en el año 2008 (INE, 2010). La suma de las

importaciones de animales vivos (439 millones de US$) y carne bovina (1.200

millones) resultaron ser 200 veces más elevadas que las registradas en el año 2000

cuando sólo se importaron 273 mil dólares en animales vivos y 12 mil dólares en

carne y preparados (FAO, 2010). Las necesidades de importación fueron cubiertas

entre 1970 y hasta el año 2006 con una erogación anual de divisas equivalente a

US$ 75 por persona, al margen de los incrementos o reducciones en la capacidad

adquisitiva. La cifra correspondiente al 2008 resulta ser 3,38 veces superior,

alrededor de 253 US$ por persona. Es evidente que el país en general y el gobierno

y sus redes de almacenamiento, procesamiento y distribución no se encontraban

preparados para el adecuado manejo de este impresionante incremento en la

importación de alimentos.

3.7. A los hechos mencionados previamente como causas de la crisis de alimentos

en el país, es necesario agregar otros, como: (a) El desmantelamiento de las

instituciones que debían velar por una correcta y sana distribución de alimentos en


20

el país, como el Consejo Nacional de Alimentación; (b) El incumplimiento por parte

de los organismos competentes de las normas relativas a la seguridad

agroalimentaria y en particular de la inspección y control de la inocuidad y calidad

en los alimentos importados, a que se contrae la Ley Orgánica de Seguridad y

Soberanía Alimentaria en materia de su reconocimiento en los puertos para

constatar las condiciones de almacenaje, valuación, verificación y certificación de la

inocuidad y calidad de los alimentos importados, así mismo del Reglamento General

de Alimentos de 1959, sus Normas Complementarias (1996), las Normas de Buenas

Prácticas de Fabricación, Almacenamiento y Transporte de Alimentos para Consumo

Humano (1996) y las Normas sobre Prácticas para la Fabricación, Almacenamiento

y Transporte de Envases, Empaques y Artículos destinados a estar en contacto con

los alimentos (2007); (c) El cese de funciones de la Comisión del Codex

Alimentarium; (d) El incumplimiento por parte de los responsables de la red de

distribución de los alimentos de los trámites contemplados en la Ley de Aduanas

que determinó demoras en su nacionalización.

La Comisión señala que el Reglamento General de Alimentos (Gaceta Oficial 25.864

del 16 de enero de 1959), establece: “Todo alimento debe ser de la naturaleza y calidad

que solicita el comprador u ofrezca el comprador y no podrá ofrecerse a la venta cuando se

encuentre en malas condiciones, contravenga lo dispuesto en el RGA o cuando por cualquier

otro motivo pueda ser nocivo para la salud (artículo 4). Para que un alimento sea

considerado como nocivo para la salud, y por consiguiente no sea permitido ofrecerlo al

consumo, bastará con que la autoridad sanitaria abrigue dudas acerca de su inocuidad, ya

sea en sus efectos mediatos o inmediatos (art. 5). Se prohíbe la importación, depósito y

venta de alimentos alterados, entendiéndose por tales, aquellos que por la acción de causas

naturales hayan sufrido averías, deterioros o perjuicios que, a juicio de la autoridad

sanitaria, modifiquen su aspecto, calidad, composición o condición higiénica (art. 6). Se

prohíbe la importación, depósito y venta de alimentos adulterados, entendiéndose por tales

aquellos que por hechos imputables a sus fabricantes, importadores, almacenistas,

expendedores o a cualquier otra persona, no presenten características idénticas a las que

sirvieron como base para la autorización sanitaria si se trata de alimentos registrados, o no

reúnen los requisitos exigidos por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, si se trata de

alimentos no registrados.


21

3.8. Existen normas (por ejemplo COVENIN 2952.2001) y criterios científicos

internacionales muy nítidos sobre fecha de vencimiento en alimentos. Esta no es

otra cosa que la fecha límite en la que se considera que las características

sanitarias (inocuidad) y de calidad del producto se pierden. Es decir es la fecha en

la cual termina el período de vida útil del producto desde el punto de vista

microbiológico. La fecha de caducidad se establece bajo criterios científicos que

evalúan las condiciones del producto después del procesamiento, distribución y

manipulación final por el consumidor. Así, la misma es válida bajo los parámetros

empleados para su fijación, es decir las condiciones usuales de temperatura,

humedad, almacenamiento y otras, bajo las cuales se estableció el estudio. La

alteración de estos parámetros conducirá a que el tiempo de caducidad sea mucho

menor. La fecha de vencimiento no puede alterarse bajo ningún concepto o

circunstancia y ha de señalarse en su etiqueta las condiciones de almacenamiento.

3.9. Ante la caída de la producción de alimentos en el país, el gobierno nacional

decidió importar los alimentos necesarios para el consumo de la población, pero en

lugar de recurrir a empresas privadas especializadas, con conocimiento de los

mercados internacionales de alimentos, capacidad de almacenamiento,

procesamiento y distribución, así como con mecanismos de control de calidad,

laboratorios y otras competencias, le encomendó la importación y distribución de

alimentos a PDVSA, una organización sin competencia, experiencia y capacidad

para esta tarea.

El Ejecutivo Nacional para abordar la emergencia alimentaria decretada en el 2007,

parece haber prescindido de los principios de competencia, racionalidad y

adecuación exigidos para el funcionamiento y organización de la Administración

Pública, exigidos en la Ley. El Ejecutivo Nacional asignó a entes distintos a los

competentes en el ramo de la alimentación y sin la pericia y la estructura requerida

para el manejo adecuado de los alimentos, la procura de los mismos y de las

contrataciones directas, sin los debidos controles de costos, entregas y calidad de

los productos. No se tuvo en cuenta que existen competencias adecuadas en el

país, e ignorando su existencia, se delegó en la filial PDVSA Agrícola S. A., la


22

responsabilidad del Plan Estratégico de Abastecimiento Alimentario, y en Bariven y

PDVSA Services la procura de alimentos. Tampoco tomó en cuenta que legalmente

y conforme las competencias que se le establecieron, es al ministerio del ramo de la

alimentación al que le compete todo lo relativo a las políticas alimentarias y debería

ser éste organismo el que ejecutara la decisión del Ejecutivo de importar en forma

directa los alimentos y luego encargarse de su almacenamiento, procesamiento, de

ser requerido y distribución, así como su seguimiento, evaluación y control.

De igual modo le correspondía a ese ministerio otorgar la garantía de calidad e

inocuidad a lo largo de la producción, transformación, distribución y

comercialización de los alimentos y productos alimenticios11. Sólo después del

hallazgo de alimentos descompuestos y vencidos, y de haber constatado su

pérdida, que puso en evidencia las deficiencias de tales delegaciones de

competencias y el Ejecutivo Nacional, dispuso, mediante el Decreto número 7.540

publicado en Gaceta Oficial número 39.474, de fecha 27 de julio de 2010, la

adscripción de la empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos

(Pdval) al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minal) y ordenó el

cambio de su composición accionaria.

La Comisión Presidencial denominada Centro Nacional de Balance de Alimentos

(CNBA)12, que en sus atribuciones tiene las de informar semanalmente al

Presidente de la República sobre la situación de las importaciones comprometidas y

presentar recomendaciones, así como informar a los órganos competentes para que

aplique las sanciones correspondientes previstas en leyes que regulan la materia

alimenticia. La CNBA no parece haber intervenido para fiscalizar y garantizar que la

cantidad y la calidad de los alimentos importados, no llegaran a la fecha de

vencimiento o a estado de descomposición, a pesar de tener a su disposición los

mecanismos de fiscalización y control ubicados en los diversos organismos y entes

que conforman la administración pública, entre otros el SENIAT, el Ministerio del

Poder Popular para la Salud y el INDEPABIS. También es necesario destacar la

inoperancia del Comité Nacional del Codex Alimentarius, previsto en el Decreto Nº


23

7540 de fecha 13 de junio de 2001, cuyo funcionamiento se ordena en la Ley

Orgánica de Seguridad y de Soberanía Agroalimentaria.

El control sanitario en las Aduanas es responsabilidad de la Contraloría Sanitaria del

Ministerio del Poder Popular para la Salud, tanto si son alimentos manufacturados,

que requieren registro sanitario, como alimentos frescos, tales como productos

cárnicos refrigerados o congelados. A juicio de los funcionarios, pueden enviarse

muestras para su análisis al Instituto Nacional de Higiene. Sobre otros productos

frescos también tiene competencia el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral

(INSAI) que fue creado tomando como base al antiguo SASA. En las aduanas el

sistema de verificación incluye al SENIAT y la Guardia Nacional. Además es

necesario señalar que estos productos requieren una licencia de importación, lo que

implica, supuestamente, una verificación previa de las características de la empresa

u organización importadora.

3.10. Por otra parte, los países exportadores poseen o deben poseer, una

legislación dirigida a garantizar los derechos de los consumidores y de quienes

adquieren sus productos. Por ejemplo, la Unión Europea posee un marco de leyes

que impide la comercialización de alimentos que no sean seguros y el país de

origen asume la responsabilidad de cualquier violación de este principio. Además

los alimentos deben ser trazables, es decir el tener conocimiento sobre los

proveedores, existe transparencia y la obligación de informar cuando los mismos no

son seguros y en consecuencia retirarlos con urgencia. La ley también obliga al

control y prevención, existiendo finalmente la obligación de cooperar con los

gobiernos de otros países en caso de alguna violación a estos principios.

3.11. La confianza de los consumidores constituye un elemento esencial en los

sistemas agroalimentarios de cada país. Los gobiernos deben actuar de modo

expedito y corregir cualquier causa que genere entre los ciudadanos dudas sobre la

inocuidad o calidad de los productos distribuidos bien por el sector privado y aún

más por instituciones públicas. En Venezuela, y en términos generales, este

objetivo de las políticas públicas se había cumplido y los ciudadanos depositaban


24

toda su confianza en la calidad e inocuidad de los alimentos y en la capacidad del

Estado y su legislación. En la actualidad esa confianza se ha perdido.


25

4. LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

4.1. Las consecuencias de esta crisis son muy graves e incluyen:

• Amenazas a la salud

• Daños al patrimonio público y su impunidad por la falta de

aplicación de las sanciones pertinentes.

• Desatención de funciones esenciales del Estado

• Violaciones a los derechos de las personas de disponer

oportunamente de bienes y servicios de calidad y de elegirlos

conforme sus preferencias o a sus necesidades particulares de

dieta

4.2. La crisis de los alimentos sorprende al país en un momento en el cual muchos

de sus grupos o poblaciones vulnerables se encuentran en riesgo: embarazadas,

infantes, preescolares, escolares y adolescentes; por otra parte esta crisis plantea

otras amenazas a la salud de los venezolanos debidas a la falta de aplicación de los

controles sanitarios necesarios, el consumo de alimentos vencidos y descompuestos

o de dudoso origen, los cuales pueden generar contaminación colectiva.

Es importante diferenciar el alimento deteriorado, el cual es rechazado de forma

inmediata por el consumidor , del alimento que visiblemente no esta deteriorado

pero es nocivo para la salud y no apto para consumo humano ni animal, como

aquel cuyas elevadas concentraciones de toxinas microbiológicas o químicas,

especialmente en los alimentos deshidratados (leche en polvo, granos, cereales

como arroz, maíz) que no presentan deterioro visible mas pueden contener altos

niveles de de patógenos microbianos, hongos y sus toxinas que son estables al

calor, y cuando se reprocesan mantienen su toxicidad.

La Disponibilidad de Energía Alimentaría (calórica) alcanzó en 1979 y 1980 un nivel

de suficiencia alimentaria de más de 2800 Kcal., entre los más elevados de América

Latina. En el año el 2001 se registra una Disponibilidad muy baja, inferior a los


26

requerimientos y valores considerados como deseables por la FAO. Entre 2004 y

2008, si bien la disponibilidad de alimentos cubría los requerimientos mínimos, no

alcanzaba la suficiencia de 110% internacionalmente recomendada a fin de cubrir a

toda la población. No obstante, según las Hojas de Balance de Alimentos del 2008

los alimentos que aportan el 70% de las calorías disponibles son: los cereales que

representan el 32%, lo cual duplica los valores correspondientes a grasas visibles,

azúcares y miel. Las carnes y lácteos aportan 5% a 10%; los aportes de frutas y

hortalizas son marginales, solamente 2%.

Si bien el consumo de calorías de los venezolanos ha aumentado con relación a la

situación crítica que se vivió en el 2001, se observa que el incremento en la

disponibilidad calórica de harinas, azúcares y grasas fue más de 300 calorías y la de

los restantes alimentos cerca de 80. De la energía disponible, 56,3% es nacional y

43,7% es importada; de las proteínas 44,9% es nacional y 55,3% es importada.

Las grasas importadas alcanzan 59,8%13 . En general, hay un excesivo componente

importado en la disponibilidad y la falta de suficiencia alimentaria que afectan la

seguridad alimentaria. Según el reporte de la FAO sobre disponibilidad alimentaria,

entre 2000 y 2007 Venezuela ocupa el puesto 22 en América Latina y el Caribe, una

ubicación que no se corresponde con el PIB per capita que debería colocar a

Venezuela entre los primeros diez países de la región en materia de calorías

disponibles14.

Los alimentos que consumen los venezolanos en orden de importancia en volumen,

son harina de maíz, azúcar, arroz, aceite, harina de trigo, carne de aves, leche en

polvo completa y margarina (Encuesta al Seguimiento del Consumo Alimentario,

INE). Los cereales, grasas visibles y azúcares aportan el 70 % de las calorías15.

Cuando un número limitado de alimentos proporciona la mayor cantidad de

calorías, el valor nutritivo de estos alimentos es crucial para la seguridad

alimentaria. En momentos de crisis uno de los ajustes que hacen las familias de

escasos recursos es en la economía energética, es decir, incrementan el consumo

de los alimentos que proveen la mayor proporción de las calorías de la dieta (entre

60 y 80%), aunque los mismos no posean todos los nutrientes, vitaminas y fibras


27

deseables. La naturaleza de estos alimentos generalmente condiciona el tipo y la

gravedad de la malnutrición en un país, por lo tanto, no es de extrañar, que con el

patrón señalado, en la actualidad coexistan problemas de sobrepeso y déficit

nutricional, en especial en los estratos de menores recursos. La política de control

de precios induce a la población de menores recursos al consumo de cereales,

harinas y grasas.

Entre los indicadores relevantes de salud de cualquier país están la mortalidad

infantil y la mortalidad de niños de 1 a 5 años. La mortalidad infantil ha descendido

muy lentamente y para 2008 alcanza 15,8 por cada 1.000 nacidos vivos, cifra muy

alta para Venezuela16 comparada con Chile donde es de 8 por cada 1.000 nacidos

vivos. Entre las causas de la mortalidad infantil se encuentran las afecciones del

periodo peri natal, anomalías congénitas, infecciones intestinales y neumonías La

mortalidad en menores de 5 años en Venezuela es 21 por cada 1.000 nacidos vivos,

más alta que la de Chile y Costa Rica que son de 9 y 12 por cada mil 1.000 nacidos

vivos respectivamente 17.. La mortalidad en los niños menores de 5 años por

infecciones intestinales y neumonías se encuentra con elevada frecuencia asociada

a la desnutrición, así como a las condiciones sanitarias del hogar.

Por otra parte, la mortalidad materna, que tradicionalmente ha sido alta en nuestro

país, se ha incrementado hasta llegar a 60,5 por cada 100.000 nacidos vivos, más

elevada que la de Chile y Costa Rica que son 17 y 36 por cada 100.000 nacidos

vivos, respectivamente18.

En el año 2008 se registraron 646.225 nacimientos, de los cuales el 9%

correspondieron a recién nacidos de bajo peso con alto riesgo de desnutrición19,

debido a que muchos provienen de embarazos de madres desnutridas, la mayoría

de ellas adolescentes que dan cuenta del 20% de todos los nacimientos. Todos

estos indicadores se encuentran, entre otros factores, asociados al estado

nutricional y entre las causas específicas de muerte se encuentran patologías

evitables con una adecuada política de salud que tenga como punto focal la


28

protección nutricional de la madre y el niño. Estos datos revelan que cada vez nos

alejamos más de las Metas del Milenio para el año 2015.

Según cifras oficiales entre los años 2000 y 2007, el déficit nutricional en los niños

fue el siguiente: en menores de 2 años entre 11,7% y 11,3%; de 2 a 6 años se

mantuvo en 22, 4% y en escolares de 7 a 14 años se redujo de 24,3% a 22,2%20.

Datos de estudios realizados en distintas zonas del país señalan en preescolares y

escolares procedentes de zonas de menores ingresos peri urbanas y rurales, un

déficit mayor que va desde 25,3% al 36,7%21. En el otro extremo se presenta el

exceso de peso que afecta a los niños de zonas urbanas, que según cifras oficiales

se incrementó de 13,3% a 16,9% en el mismo periodo22. Esto quiere decir que

coexisten en la población grupos con desnutrición, concentrados en los bolsones de

pobreza en nuestras ciudades y en el medio rural con grupos que presentan exceso

de peso. Este exceso se debe a una recuperación nutricional inadecuada durante el

crecimiento, que produce un aumento en el peso, pero que no logra alcanzar la

estatura programada; estos son los llamados “sobrevivientes” que no lograron

desarrollar su potencial genético en talla y terminan pequeños y con sobrepeso.

En Venezuela, la anemia por deficiencia de hierro afecta a los lactantes y

preescolares, escolares y mujeres embarazadas, en especial en las poblaciones de

menores recursos. Los datos de estudios en distintas zonas del país, indican valores

de anemia entre 30% y 40% en lactantes, y de 20% a 30% en preescolares,

escolares y mujeres embarazadas. En estos grupos la deficiencia de hierro es muy

alta y varía entre 60-78%23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34.Las consecuencias de la anemia

son irreversibles si ocurre a temprana edad ya que interfiere en funciones

cerebrales, con alteraciones en las respuestas motora, emocional y social, así como

fatiga, dificultades de aprendizaje y susceptibilidad a infecciones recurrentes. Los

niños deficientes tienen 6-15 puntos menos en las pruebas de desarrollo; todos los

niños anémicos o deficientes de hierro, obtienen menores puntuaciones en pruebas

de funcionamiento mental, motor o social-emocional, aún cuando, hayan recibido

terapia con hierro. La deficiencia de hierro y la anemia en la embarazada pueden

producir abortos, partos prematuros, recién nacidos con bajo peso al nacer y la


29

madre comienza la lactancia con reservas de hierro reducidas, lo cual repercute en

el neonato35,36. En los adultos, la lentitud en las respuestas y menor productividad

laboral se encuentran asociadas a la anemia. Todo lo mencionado es parte de la

llamada “hambre oculta” ya que la deficiencia de micro nutrientes no es visible pero

tiene efectos devastadores y constituye un serio problema de salud pública.

Las deficiencias en los programas dirigidos a satisfacer las necesidades

nutricionales de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica y media

han sido señaladas por estudiosos de la educación venezolana. En el presupuesto

del Ministerio del Poder Popular para la Educación para el año 2010 se asigna una

partida de Bs. 1.031.079.228 para alcanzar la meta de 4.015.135 niños,

adolescentes y jóvenes como beneficiarios del programa de Alimentación Escolar

PAE. No se ha podido obtener información acerca de la cobertura alcanzada por el

programa en el año escolar 2009/2010 y tampoco cifras sobre la ejecución

presupuestaria. Este programa se realiza con prioridad en las Escuelas

Bolivarianas, modalidad cuyos principales objetivos son garantizar la permanencia

del alumno en una jornada completa y proporcionar la alimentación que ofrezcan

tres comidas diarias, que deben satisfacer el 75% de las necesidades nutricionales.

No se dispone de información oficial sobre el cumplimiento de la meta de 1.723.325

alumnos para el año escolar 2009/2010.

Desde el lapso 2006/2007 se viene observando un atraso en el logro de las metas

fijadas, la cual para ese año fue de 1.132.041 alumnos. También se ha señalado

que recientemente las autoridades del MPPE habrían dictado un reglamento interno

que calificaría como Escuelas Bolivarianas a aquellas que funcionen bajo la

modalidad de media jornada diaria. Esto implicaría una reducción del servicio de

comidas y de la atención integral de los alumnos como se aspiraba en el modelo

original. Durante éste año la prensa nacional y local han registrado denuncias de

padres, docentes y directivos de las escuelas públicas que trabajan en diferentes

modalidades, bolivarianas o no, en torno al mal funcionamiento y en algunos casos

paralización del Programa Alimentario Escolar, PAE. (El Nacional, 11/07/2010, Sección

Ciudadanos, p. 2). La organización Asamblea de Educación a través del seguimiento


30

de registros de prensa ha encontrado que en 17 estados del país se han producido

denuncias que van desde la falta de recursos para la compra de los insumos (54%),

suspensión del servicio (17%) falta de recursos para pago de personal (12%) y

reducción del horario escolar (10%). Son numerosos los casos de suspensión del

servicio debido las deudas pendientes de las Zonas Educativas con los proveedores

de los alimentos y con las madres procesadoras de las comidas.

Además se ha desmejorado la cobertura que para el año 2008 alcanzaba al 48% de

las escuelas oficiales. (El Nacional, 4/7/2010, Sección Siete Días, p 3) y que a ello

puede atribuirse junto con otras causas relacionadas con las deficientes

infraestructuras escolares, de sus aulas, baños y otros servicios, a la violencia

imperante en algunas zonas, el ausentismo de los maestros y la falta de recursos

pedagógicos, la elevación del ausentismo de los alumnos y la deserción. La escuela

se ha convertido en un lugar donde el alumno va a comer y de no lograrlo se

ausenta o deserta. Un investigador, ha señalado que en un estudio realizado en 50

escuelas de 5 estados del país, los alumnos faltan entre 5 y 9 veces a la escuela en

un mes (El Nacional, 2010, l.c.). En otra investigación en proceso efectuada en 32

escuelas públicas en diversos estados del país, los docentes señalan que la causa

mas importante del bajo rendimiento escolar y del ausentismo de los alumnos se

debe a la mala alimentación que estos reciben en sus casas. Señalan que

aproximadamente un 20% de los alumnos de sus escuelas padecen de bajo peso

para la edad. Por otra parte, es evidente la insuficiencia en la atención pública

alimentaria a los escolares.

Debemos hacer aquí la pregunta sobre el impacto que hubiese tenido sobre la

nutrición y salud de los escolares el invertir en ellos los cuatro o cinco mil millones

de dólares empleados en importaciones y subsidios de alimentos que se podrían

haber producido en el país. Una reflexión para los actuales y futuros legisladores

cuya obligación con el país es la ubicación más eficiente de los recursos

presupuestarios.


31

4.3. La falta de transparencia en la gestión pública hace imposible conocer con

precisión la magnitud de los daños al patrimonio público por la ineficiencia del

Estado y la presunta corrupción en las operaciones de importación, comercialización

y distribución de alimentos. Sólo en las operaciones de Pdval y Bariven se han

mencionando cifras que podrían alcanzar miles de millones de dólares. En todo

caso, es evidente que la improvisación y la falta de vigilancia y de control por los

organismos competentes ocasionaron daños irreparables al patrimonio público que

determinan responsabilidades administrativas, civiles y penales.

En efecto, la aparición de productos alimenticios declarados de primera necesidad

vencidos o en mal estado, hecho comunicacional que ha permitido conocer su

existencia, hace presumir la responsabilidad de funcionarios y/o funcionarios y

proveedores por infracciones contempladas en la Ley para la Defensa de las

Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, por violación al derecho de las

personas en el acceso a bienes requeridos para la satisfacción de sus necesidades y

por violación de las obligaciones relativas a la protección de la salud y seguridad de

los consumidores, sin que el INDEPABIS haya efectuado supervisión de dichos

proveedores y una investigación para comprobar la responsabilidad de esos

participantes37.

Asimismo, lo sucedido con los alimentos, hecho comunicacional ampliamente

documentado y la falta de controles fiscales en la adquisición de dichos productos,

denunciado en la red de distribución de PDVAL por la Auditoria General de PDVSA38,

permite señalar que en este proceso, y en el seno de la red de adquisición y

distribución de alimentos, se prescindió de los principios para prevenir la corrupción

y salvaguardar el patrimonio público a que se contrae la Ley contra la

Corrupción,, así como lo pautado en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía

Alimentaria, que hace presumir la responsabilidad administrativa de dichos

participantes y obligan a la Contraloría General de la República a practicar las

investigaciones pertinentes y a exigirles rendición de cuentas39.


32

No es aceptable la displicente actitud del Contralor que primero manifiesta

públicamente que "los niveles de producción, importación y abastecimiento de los

rubros leche, pollo y azúcar, en el periodo de referencia, no fueron suficientes para

satisfacer la demanda de los consumidores, entre otras causas por los retrasos en

la ejecución de la mayoría de los proyectos a cargo de la Corporación Venezolana

Agraria, la CVA Lácteos, S.A; la Empresa Socialista Lácteos del Alba; y Mercal".

(Informe de la Contraloría correspondiente al año 2008) y luego, un año después

señala que: "Para nosotros Mercal o Pdval no es lo importante (...) Se han

presentado una serie de fallas y dificultades que lo hemos sabido no sólo por los

medios, sino por el trabajo de auditoria que realiza la Contraloría (Declaraciones a

los medios de comunicación con motivo de la entrega del Informe 2009 a la A.N.).

Añade el economista Maza Zavala, hasta hace poco uno de los directores del BCV

“El desperdicio de una cantidad considerable de alimentos comprados en el exterior

no Sólo implica un costo de divisas irrecuperable, sino también un déficit en el

abastecimiento del mercado” (http: economía.eluniversal.com 20/10/08/05). Del

mismo modo todo lo anterior, obliga al Ministerio Público a ejercer las acciones

penales y civiles contra quienes en ese proceso de adquisición, almacenamiento y

distribución de alimentos, presumiblemente incurrieron en delitos contra el

patrimonio público, por la perdida y deterioro de bienes de este patrimonio, de cuya

administración o custodia están encargados por razón de sus cargos40. Asimismo es

una función importante de la Asamblea Nacional el establecer la responsabilidad

política de quienes ordenaron a PDVSA y PDVAL adquirir, almacenar y distribuir

alimentos, con pleno conocimiento de que estas organizaciones carecían de los

conocimientos y experiencia requeridos.

4.4. Se ha violentado la organización del Estado, afectando seriamente el

funcionamiento de la Fuerza Armada y PDVSA al asignarles funciones no previstas

en la Constitución y leyes orgánicas, y en sus estatutos, respectivamente, e

inducirlas al incumplimiento de sus funciones esenciales. El informe operacional y

de gestión de PDVSA, publicado recientemente, muestra que en los últimos cuatro

años ha crecido más la fuerza laboral de la industria que la producción de crudo41.


33

Esta situación de incremento excesivo de personal se debe en buena medida a la

realización por parte de PDVSA de actividades no relacionadas con el sector

petrolero, como la importación, comercialización y distribución de alimentos, que

corresponden a otras entidades de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

Por otra parte, el incumplimiento de las funciones de la Fuerza Armada, dedicada

también a actividades no relacionadas con su misión, como la intervención de

fincas, puede ser una de las causas del deterioro general de la institución. Por

ejemplo, la pérdida o deterioro de armas, accesorios y municiones es un problema

de tal magnitud que el Ministerio de la Defensa se vio obligado en mayo de 2009 a

emitir una directiva para tratar de controlar esta situación.


34

5. RECOMENDACIONES

Se encuentran orientadas a solicitar de los diputados a la Asamblea Nacional actual

y aquellos que resulten electos el próximo 26 de septiembre, legislar, controlar y

asignar recursos presupuestarios indispensables para incrementar la producción

nacional de alimentos y garantizar la calidad e inocuidad tanto de los producidos en

el país, como de los importados. Para ello también es necesario que las

instituciones públicas relacionadas al tema y citadas a lo largo del texto, cumplan

cabalmente con las leyes y otras normas vigentes, se ajusten a su misión y

mejoren su desempeño. Estas recomendaciones se inician con una de carácter

general y constitucional que es el respeto a la propiedad privada de las tierras y de

las garantías de su expropiación por causa de verdadera utilidad pública, del debido

proceso y de la justa y oportuna indemnización, todo ello en concordancia con lo

establecido en la Constitución de la República.

(a) Efectuar modificaciones en las leyes vigentes para garantizar que los

productores agrícolas y ganaderos, agroindustrias y otros agentes

económicos de las cadenas agroalimentarias puedan realizar sus labores con

las libertades económicas garantizadas por la Constitución y, entre ellas, la

libre disposición de sus bienes;

(b) Propiciar una reforma legislativa que consagre como regla general, el

carácter inafectable e inexpropiable de la pequeña y mediana propiedad y el

acceso a la propiedad de la tierra a los productores que ocupen tierras

públicas y que estén cumpliendo con su función social y económica;

(c) Promulgación de una Ley de Desarrollo Rural Integral para la

transformación de las tierras ociosas, en particular aquellas en manos del

Estado, en unidades económicas productivas, que garantice la seguridad

jurídica de la propiedad agraria, fomente y privilegie la actividad agro

productiva nacional y el uso óptimo de la tierra, mediante la dotación de las

obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y


35

asistencia técnica, medidas de orden financiero, comercial, transferencia

tecnológica, capacitación de mano de obra y las que fueren necesarias para

alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento;

(d) Establecer las bases de una moderna regulación legal de las relaciones

contractuales de la cadena agroalimentaria y de promoción de asociaciones a

estos fines. Estimular contratos que permitan coparticipación y codirección,

como contratos de arrendamiento de base asociativa o paritarias de riesgos y

obligaciones, así como repartición equitativa de los beneficios de las unidades

productivas. Instrumentos que han demostrado ser eficientes para propiciar

el desarrollo rural, como en el caso de los países europeos, entre otros.

(e) Establecimiento de una base legal y técnicamente sólida para los

procesos graduales y concertados con los propietarios, de cambio de rubro y

uso óptimo de las tierras incluyendo las inversiones y subsidios contemplados

por los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, así como las leyes,

normas y recomendaciones técnicas para asegurar el menor impacto

ambiental y avanzar hacia una producción sostenible;

(f) Promulgación de un Código Alimentario que compile la normativa

relacionada con la producción de alimentos, higiene, las normas

internacionales y que haga obligatorias las buenas prácticas destinadas a

lograr los más elevados niveles de inocuidad y calidad de los alimentos y

eficiente el sistema de gestión público;

(g) La revisión, modificación, derogatoria y simplificación de procedimientos

para la producción, transporte, almacenamiento, importación, procesamiento

y distribución de alimentos que se traduzca en la reducción de costos y

mejora en la regularidad de suministro de alimentos como elemento esencial

de la seguridad alimentaria. Para ello es de gran importancia lograr la

participación del sector privado y aprovechar la experiencia acumulada por

las empresas en estos aspectos;


36

(h) Desarrollo de una normativa legal dirigida al desarrollo de la

infraestructura vial, educativa y sanitaria rural destinada a elevar la calidad

de vida, desarrollo personal e ingresos de la población rural;

(i) Revisión de las bases legales vigentes relacionadas al control de cambio y

la fijación de precios al productor y al consumidor para crear facilidades en la

disponibilidad y adquisición de alimentos, maquinaria y otros insumos

necesarios para una eficiente actividad agropecuaria. Todo ello en

concertación con el sector privado;

(j) Exigir la aplicación de los procedimientos de inspección y control de la

inocuidad y calidad de los alimentos importados por parte de los organismos

competentes como el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto

Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Higiene, el INSAI e

INDEPABIS. Así mismo exigir, desde la Asamblea Nacional, la adecuada

capacitación técnica de los funcionarios de estas instituciones y la

participación de las Universidades que cuentan con Escuelas, Institutos y

Laboratorios de ciencia y tecnología de alimentos tanto en la capacitación

como en la prestación de servicios analíticos. En éste mismo contexto

reestructurar el Consejo Nacional de Alimentación garantizando la

participación en el mismo de representantes de los productores,

agroindustria y distribuidores privados, así como de investigadores y

docentes de nuestras universidades con experiencia en nutrición, así como

ciencia y tecnología de los alimentos.

(k) Desplazar gradualmente las responsabilidades asumidas por el gobierno

en materia de importación directa de alimentos hacia las empresas privadas

especializadas que tengan experiencia y conocimiento de los mercados

internacionales, sus precios y calidad de los productos;


37

(l) Exigir tanto a PDVSA como a la Fuerza Armada, el INTI y cualquier otra

institución el dedicarse al cumplimiento de su misión, acatamiento de la ley y

cabal cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades con los

ciudadanos de Venezuela, para estimular, más que entorpecer, la producción

nacional.

(m) Reclamar de la Contraloría y del Ministerio Público, la mayor diligencia

en el establecimiento de las responsabilidades, elaboración de expedientes y

acusaciones correspondientes a los supuestos responsables que, por acción,

omisión, delegación o imposición a través de órdenes, permitieron la pérdida

de alimentos, causaron daños al patrimonio público y/o pusieron en riesgo la

salud de la población. La investigación de los organismos competentes debe

incluir a las empresas navieras, portuarias, almacenadoras o transportistas

que participaron en éstas operaciones y que con certeza pueden aportar

información precisa sobre lo acontecido;

(n) Como medio para coadyuvar en el establecimiento de estas

responsabilidades, se debe solicitar información oficial a los gobiernos y

parlamentos de Argentina, Brasil, China, Uruguay, Nicaragua, Colombia,

Ecuador, Bolivia, los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Holanda,

entre otros, sobre las operaciones de exportación de alimentos y animales

vivos a nuestro país, comprados por Bariven, PDVSA Services Inc., o por

otros entes del gobierno de Venezuela. Esta solicitud de incluir aclaratorias o

certificaciones sobre la calidad de los alimentos exportados a Venezuela, las

fechas de vencimiento y, en general el cumplimiento, en los países de origen,

de las normas nacionales e internacionales destinadas tanto a garantizar la

pulcritud de las operaciones comerciales, como la inocuidad de los alimentos

destinados al consumo humano y aquellas destinadas a evitar la propagación

de enfermedades en el caso de los animales vivos, es muy importante para el

proceso de fijar las responsabilidades;


38

(o) Exigir la adecuada ejecución del Programa Alimentario Escolar,

corrigiendo las irregularidades que presenta y mejorando su cobertura y

efectividad;

(p) Garantizar a todas las embarazadas y lactantes de los estratos de

menores de recursos la suplementación de hierro y ácido fólico.

Finalmente, es muy importante para la construcción de un clima adecuado

para las actividades productivas en general y la satisfacción de las

necesidades de la población, tomar medidas requeridas para incrementar la

eficiencia, eficacia y buen funcionamiento de la totalidad del sistema de

justicia y prevención. Es indispensable mejorar la seguridad personal y

jurídica en todo el territorio nacional, así como colocar el mayor énfasis

posible en la descentralización y el papel fundamental de las Gobernaciones y

Alcaldías.


39

NOTAS 1 José Huerta, “La inflación en Venezuela”, http://www.josebhuerta.com/inflacion.htm 2 Mercedes López de Blanco, Maritza Landaeta de Jiménez y Yaritza Sifontes, “Venezuela y su contexto nutricional”, Fundación Bengoa, 2009 3 Oscar Meza, CENDAS- FVM, Ficha Temática No. 56, Junio 2010 4 Consumidor.org, http://www.consumid.org/detalle/5784/mientras-los-precios-de-los-productos-aumentan-la 5 Artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 6 Jesús Villanueva, Auditor General, PDVSA, Memorándum Confidencial No. AIC- 2009- 108, de fecha 7 de abril de 2009, para Rafael D. Ramírez C., Presidente de PDVSA y Ministro de Energía y Petróleo 7 Pedro Palma, http://www.globovision.com/news.php?nid=157060 8 Suárez Niño, Juan Carlos y Morillo Moreno, Marysela Coromoto. “Impacto del régimen de control de cambio sobre la industria de alimentos, bebidas y tabaco del Municipio Libertador (Mérida, Venezuela)”. Agroalim, jun. 2007, vol.12, no.24, p.63-78. ISSN 1316-0354. 9 “El Nacional Regiones”, 15 de julio de 2010, http://secure1.infotech-corp.com/elnacional/ 10 http://www.reportero24.com/2010/07/19/fedenaga-un-plagio-cada-dos-dias-desde-1999/ 11 Decreto Nº 3.125 de fecha 15 de septiembre de 2004, sobre Organización Funcionamiento de la Administración Pública Central, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.024 del 16 de septiembre de 2004, y reimpreso en Gaceta Oficial Nº 38.027 de fecha 21 de septiembre de 2007. Reglamento Orgánico del Ministerio publicado mediante Decreto Nº 4.272 de fecha 06 de febrero de 2006, en Gaceta Oficial Nº 38.374 de fecha 07 de febrero de 2006. Decreto Nº 5.103 de fecha 28 de diciembre de 2006 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.836 del 08 de marzo de 2007. Decreto Nº 5.246 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.654 de fecha 28 de marzo de 2007. Y Reforma del Reglamento Orgánico del Ministerio, contenido en el Decreto Nº 6.392, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.008 de fecha 3 de septiembre del 2008 12 Creada mediante el decreto número 5.833, publicado en Gaceta Oficial número 38.859 del 28 de diciembre de 2008 13 HBA. INN-ULA 1970-2007. HBA INN 2001-2007. 14 FAO. Calorías en las Américas 2000-2007 15 ESCA.INE 2004-2007 16 Anuarios de Epidemiología y Estadística del MSAS 2000-2008 17 UNICEF. Informe Mundial de la Infancia 2008 p. 114-117 18 UNICEF. Informe Mundial de la Infancia 2008 p.142-145 19 Anuarios de Epidemiología y Estadística del MSAS 2000-2008 20 INN. SISVAN 2000-2007 21 Landaeta-Jiménez M y col. Condición nutricional de niños venezolanos en comunidades urbanas y rurales (comunicación personal). 2010. 22 INN. SISVAN 2000-2007. 23 Fundacredesa-UNICEF. Estudio impacto del enriquecimiento de las harinas con hierro y vitamina A en la población venezolana. Ministerio de la Secretaría. Fundacredesa. 1998, pp121. 24 Solano L, Meertens L, Peña E, Arguello F. Deficiencia de micronutrientes. Situación actual. AnVenezNutr 1998; 11: 48-54. 25 Fundacredesa. Indicadores de situación de vida y movilidad social. Años 1995-2000. Caracas 2001; pp 1-652. 26 Fundacredesa. Estudio integral de la mujer embarazada. Caracas 2002; pp 273-466. 27 Fundacredesa. Condiciones de vida de la población del Estado Vargas. Caracas 2002. 28 Dini G E, Arenas O. Pruebas de laboratorio en niños con desnutrición aguda moderada. AnVenezNutr 2002; 15: 67-75. 29 Meertens L, Solano L, Sánchez A. Hemoglobina, ferritina y zinc sérico de mujeres en edad reproductiva. Su asociación con el uso de anticonceptivos. AnVenezNutr 2002; 15(1): 5-10. 30 Fundacredesa. Prevalencia de anemia y deficiencia de hierro en Eje Norte (Cojedes, Guárico y Portuguesa), Venezuela 2004. 31 Cedillo D N, Dellán B JE, Toro J. Estado nutricional de las adolescentes embarazadas: relación con el crecimiento fetal. RevObstetGinecolVenez. [online]. Dec. 2006, vol.66, no.4 p.233-240. http://www.scielo.org.ve/scielo. 32 Papale J, García-Casal MN, Torres M, Berné Y, Dellán G, Rodríguez D, Mendoza N. Anemia deficiencia de hierro, de vitamina A y helmintiasis en una comunidad rural del estado Lara. AnVenezNutr 2008; 21:70- 76. 33 Solano L, Barón MA. Sánchez A, Páez M. Anemia y deficiencia de hierro en niños menores de cuatro años de una localidad de Valencia. AnVenezNutr 2008, 21: 63-69. 34 Dellán G, García-Casal MN, Villanueva M T, Berné Y, Rodríguez D, Mendoza N, Papale J. Prevalencia de anemia, helmintiasis y deficiencias de hierro y vitamina A en menores de 15 años de una población rural de Venezuela. 2000 (FALTA). 35 Landaeta-Jiménez M, García MN, Bosch V. Principales deficiencia de micronutrientes en Venezuela. RevEspNutr Comunitaria 2003:9(3):117-127. 36 García MN. Micronutrientes:El problema, la evidencia y la solución. III Jornadas Científicas. Enfrentando el reto: La doble carga de la malnutrición. CANIA 15 Aniversario. Caracas 8 de julio, 2010 (Comunicación personal).


40

37 Artículos 77, 78, 101, Nos. 2, 3 y 7; 114, 126 38 Jesús Villanueva, Auditor General, PDVSA, Memorándum Confidencial No. AIC- 2009- 108, de fecha 7 de abril de 2009, para Rafael D. Ramírez C., Presidente de PDVSA y Ministro de Energía y Petróleo 39 Artículos 4, 5, 6, 7,9, 16, 17, 20, 41, Nº 5; 40 Artículo 52,53, 87, 41 http://economia.eluniversal.com/2010/08/05/eco_art_en-4-anos-nomina-de_1995040.shtml

Caracas, 24 de agosto de 2010

Los miembros de la Comisión

Teresa Albanes Barnola Román Duque Corredor

Mercedes López de Blanco Carlos Machado Allison

Alberto Silva Aristeguieta


41

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN

Teresa Albanes Barnola, Abogada UCAB, post grado en Derecho Público, UCV. Ex

profesora de UCAB. Ex Presidenta del Instituto Nacional del Menor. Ex Directora Regional de

UNICEF para América latina y el Caribe, sede Bogotá; Asesora del Director Ejecutivo de

UNICEF, Nueva York. Ex Ministra de la Familia; Asesora en el área de inversión social.

Román Duque Corredor. Abogado y Doctor en Derecho de la UCAB. Profesor de Derecho

Constitucional de la Universidad Monte Avila y de la UCAB. Profesor en la Especialización de

Derecho Agrario y Ambiental de la UNELLEZ. Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Profesor Honorario de la Universidad Católica de La Plata, Argentina. Individuo de Número

de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Mercedes López de Blanco. Médico Cirujano, UCV, Pediatra, Diploma of Child Health,

University of London. Doctor en Ciencias Médicas, LUZ. Miembro Honorario de la Sociedad

Venezolana de Puericultura y Pediatría. Fundador-Presidente del Capítulo de Crecimiento,

Desarrollo y Nutrición de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Miembro de la

Society for the Study of Human Biology. Investigador-Jefe (Jubilada) de Ciencias Biológicas

de FUNDACREDESA. Profesora Titular de la USB. Vicepresidente de la Fundación Bengoa.

Carlos Machado Allison: Licenciado en Biología de la UNAM; PhD en Genética (University

of Notre Dame). Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la UCV y del IESA. Ex Director

de la Escuela de Biología y del Instituto de Zoología Tropical de la UCV. Ex Gerente General

del FONAIAP. Especialista del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

Alberto Silva Aristeguieta. Alberto Silva Aristeguieta, Ingeniero Civil, Universidad Central

de Venezuela, Doctor en Investigación en Economía de la Empresa, Universidad de Almería,

España. Ex Profesor de la UCV, UCAB y UNIMET. Ex Vicepresidente del Instituto Nacional de

Puertos. Ex Subcontralor en la Contraloría General de la República. Consultor.

Informe de la Comisión para el Análisis de la Crisis de...

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