I Reunión de Ministras, Ministros y Autoridades de Desarrollo Social y Erradicación del Hambre y la Pobreza de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

Republica Bolivariana de Venezuela - Caracas – 22 y 23 de julio – 2013

(Contribución de FAO a las discusiones de CELAC)

A - Compromiso político, marco legal y políticas públicas, claves para enfrentar el hambre y la malnutrición en la región

Una mirada retrospectiva a los indicadores socioeconómicos de América Latina y el Caribe permite afirmar, sin que resulte exagerado, que la actual generación podríá ver erradicada el hambre de la región. Los grandes avances logrados en los últimos veinte años se deben en gran medida a que los países han profun-dizado su compromiso con la reducción del hambre y la malnutrición, lo que ha quedado de manifiesto en diversos foros y espacios de integración regional, donde se ha expresado la preocupación y urgencia del tema1.

Un ejemplo claro de este renovado compromiso se puede ver en la Declaración de Santiago, con que culminó la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a principios de 2013, en la cual sus miembros se comprometieron a promover la seguridad alimentaria y el apoyo a las más importantes iniciativas internacionales en este ámbito, como el De-safío Mundial Hambre Cero y la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025 (punto 39); algo similar ocurrió con la aprobación de la “Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria” por parte del Parlamento Latinoamericano, PARLATINO2, que reconoció el derecho a la alimentación y se transformó en un referente regional para la inclusión de este derecho humano en las legislaciones nacionales de los países de la región. Además actualmente 14 países tienen Frentes Parlamentarios Nacionales contra El Hambre.

Otro aspecto relevante fue el reciente reconocimiento de FAO os los países de Cuba, Guyana, Nicaragua, Perú, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe y Venezuela, que lograron alcanzar tanto el ODM 1 como las metas de la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación; donde reduciendo a la mitad la proporción de personas que padecen hambre entre 1990-92 y 2010-2012 y, adicionalmente, de reducir a la mitad el número total de personas desnutridas en el mismo período, respectivamente.

En términos del Poder Ejecutivo, varios países han realizado avances en materia de la institucionalización de la seguridad alimentaria. Un caso particularmente desta-cado ha sido el lanzamiento de la “Cruzada Nacional contra el Hambre” en México, que pone la superación del hambre y la pobreza entre las máximas prioridades de la agenda nacional. Brasil también lanzó su propio programa de erradicación de la pobreza extrema, “Brasil sin Miseria” estrategia avanzada del Programa Hambre Cero. Mientras que Venezuela ha fortalecido su estrategia nacional de abasteci-miento de alimentos, la cual cuenta con 22 mil puntos de entrega y venta.

1 Ver declaraciones de la CELAC, MERCOSUR, SICA, UNASUR y CARICOM2 Organismo que reúne congresos y asambleas legislativas de 23 países de la región.Crédito fotografía portada: Ubirajara Machado/MDS

Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 y el PANORAMA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2013

Perú creó la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que integra a todos los ministerios sectoriales y sociales relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), además de otros organismos guber-namentales, con el fin de crear una instancia amplia de evaluación y promoción de políticas en dicha materia.

En el Caribe, la Comunidad del Caribe (CARICOM) estableció en años recientes su Política Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2010) y el Plan de Acción de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2011), las cuales sirven de orientación a las políticas nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y tienen énfasis en el derecho a la alimentación y en el rol de la sociedad civil. Antigua y Barbuda lanzó durante 2012 su política de seguridad alimentaria y nutricional y su versión nacional del Desafío Hambre Cero, mientras que Jamai-ca está en proceso de implementar su política de SAN, donde se busca rescatar la capacidad productiva de la agricultura y vincular a los grupos vulnerables con otras políticas de abastecimiento, como por ejemplo la alimentación escolar.

Todavía en Caribe, destacase la política de Petrocaribe de la Republica Boliva-riana de Venezuela, con una combinación de cooperación energética con políti-ca social; donde más que un acuerdo de suministro con facilidades de pago para los 18 países suscriptores, entre los logros hay que citar los proyectos sociales que, en las áreas de turismo, educación, salud, vivienda, saneamiento ambien-tal, vialidad, deporte y agricultura, se llevan a cabo en el marco del Fondo ALBA Caribe, creado para el financiamiento de programas sociales y económicos.

En cuanto a la otra dimensión de la malnutrición -relacionada con el exceso de calorías, el sobrepeso y la obesidad- los países de la región observan con preocu-pación los efectos sobre las actitudes y los cambios en los estilos de alimentación y vida experimentados por latinoamericanos y caribeños en los últimos años. Varios países cuentan con leyes que promuevan hábitos saludables y que regulan la publicidad sobre alimentos: Colombia promulgó la Ley Obesidad el año 2010; Chile promulgó la Ley 20660 sobre Publicidad de los alimentos el año 2012, y la ley que crea el sistema “Elige Vivir Sano” en mayo de 2013; Perú promulgó la “ Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes” en 2013; Uruguay actualmente debate un Proyecto de Ley que sobre alimenta-ción saludable al interior de las escuelas; México, promulgó un cuerpo legal que norma la alimentación en las escuelas el año 2010; Costa Rica logró algo similar el mismo año y Brasil hizo lo propio con la regulación de la publicidad sobre ali-mentos. Todo este esfuerzo público, con distintos instrumentos jurídicos tiene el fin de regular y limitar la presencia de alimentos con un alto contenido de grasas totales, saturadas y grasas trans, azúcares simples y/o agregados, sal y numerosos aditivos como colorantes y saborizantes artificiales.

Cabe destacar finalmente algunas iniciativas que se han implementado en el ámbito socio-productivo, para que las familias más vulnerables continúen su progreso económico y movilidad social. En el medio rural se destacan los apoyos a la agricultura familiar, así como la aplicación de diversas normas en el mundo del trabajo rural que ya son comunes en el urbano, tales como el salario mínimo y las vacaciones remuneradas, entre otras.

B - La región en números: acercamiento a los Objetivos del Desarrollo del Milenio

El número de personas subnutridas en América Latina y el Caribe, de acuerdo a la estimación de FAO, pasó de 66 millones en 1990 a 49 millones de personas en 2012, mientras que la desnutrición crónica infantil (baja talla) pasó de 13,7 millones en 1990 a 7,1 en 2011.

Figura N°1. Subnutrición en América Latina y el Caribe. Período 1990-2012 (millones de personas)

ODM 1 : Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre.

META 1.A - Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcen-taje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.

META 1.C - Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la propor-ción de personas que padecen hambre (Subnutrición y Desnu-trición)

Sin embargo, y a pesar de esos importantes avances, queda aún mucho camino que recorrer: de acuerdo a las últimas estimaciones, desde 1990 a 2011 el nú-mero de niños menores de 5 años afectados por sobrepeso se ha mantenido en torno a los 3,7 millones. Esta coexistencia de ambos fenómenos, denominada la doble carga de la malnutrición, puede ocurrir tanto al interior de una misma población como en una misma familia.

Fuente: FAO, 2012.

Figura N° 2 Prevalencia de obesidad en adultos mayores de 20 años (%) en América latina y el Caribe (2008)

Fuente: FAO, 2012

De la mano con el combate al hambre se encuentra la lucha contra la pobreza y particularmente la pobreza extrema, cuya estrecha vinculación está expresada en el costo de la canasta alimentaria, que sirve de base para establecer la lla-mada línea de la indigencia, que a su vez permite conocer el número de perso-nas cuyos ingresos son insuficientes para consumir los alimentos considerados básicos dentro de cada país.

La evolución de la pobreza en la región ha seguido un patrón distinto al del hambre dentro del mismo periodo de análisis (1990-2012). Si bien durante la década del ’90, la pobreza aumentó y la indigencia se mantuvo estable salvo por ciertas fluctuaciones, a partir de año 2000 hubo un descenso sostenido de la pobreza y la indigencia. Sin embargo, en los últimos años el ritmo de esta dismi-nución se redujo, al igual que en el caso del hambre, lo que constituye un nuevo desafío para América Latina y el Caribe. En 2012, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL estimó que167 millones de personas eran pobres en la región y 66 millones eran indigentes.

Figura N° 3. América Latina: evolución de la pobreza y de la indigencia, 1980-2012 (en porcentajes y millones de personas)

Precios elevados de los alimentos: una amenaza a los avances en seguridad alimentaria: Desde 2008, el alza del nivel de los precios de los alimentos ha generado preocupación en todo el mundo y en particular en la región. A las alzas record de aquel año se sumaron nuevas alzas en 2011, que reforzaron la prioridad que esta problemática ha adquirido en la agenda política internacional.

En América Latina y el Caribe, durante los últimos años la inflación alimentaria se mantuvo en niveles inferiores a los observados durante la crisis de 2008, con índices que fluctuaron entre cuatro y casi diez puntos porcentuales entre los años 2009 y 2012.

Figura 4. Índice de precios de la FAO (2007-2013)

Fuente: CEPAL, 2012

Fuente: Elaborado por FAO

Ahora bien, este nuevo nivel de precios y sus consecuencias en el ámbito del consumo también afectaron, de modo diverso, a los productores de alimentos. Mayores precios de los alimentos representan también incentivos para aumentar los volúmenes producidos y mejorar la productividad, así como una importante oportunidad de inclusión en los mercados para los pequeños productores; no obstante, estos mejores precios no siempre significan beneficios directos para los productores, puesto que comúnmente otros sectores de las cadenas agroali-mentarias tienen mayores capacidades para captar esos excedentes.

La elevada capacidad productiva de la región y el aumento del comercio intraregio-nal son oportunidades para avanzar en la seguridad alimentaria y nutricional.Las perspectivas respecto a la producción de alimentos en el mundo son favora-bles en general, y América Latina y el Caribe no es la excepción a esta tenden-cia. Se prevé que la producción mundial de cereales en 2013 alcance un récord de 2.460 millones de toneladas. Esto supone un aumento del 6,5 % respecto del nivel reducido del año anterior (2.310 millones de toneladas). En tanto para la región, la producción de cereales en 2013 se espera que supere los 224,5 millones de toneladas, un 9,3% por sobre la temporada anterior.

Figura 5. Producción de cereales América Latina y el Caribe. Período 2010-2013. (millones de toneladas)

Fuente: Elaborado por FAO

Por otra parte, en términos de disponibilidad calórica, la región genera 2.937 calorías diarias per cápita, y en algunos casos particulares ese monto se alza por sobre las 3.000 calorías. En términos prácticos esto indica que en materia de disponibilidad la región cubre con holgura las necesidades alimentarias de toda su población, considerando un nivel mínimo requerido que fluctúa entre los 1.673 (Guatemala) y los 1.947 (Barbados) y un promedio regional de 1.856 calorías.

Figura 6. Disponibilidad calórica diaria per cápita en América Latina y el Caribe.Período 1990-2012 (en Kcal/Persona/Día)

Fuente: Elaborado por FAO

En el ámbito del comercio intrarregional, en 2012 se observó un aumento de 8% de los intercambios agroalimentarios respecto de 2011, entre los países de América Latina y el Caribe, lo que representa el 17,2% del total de exportacio-nes de la región durante dicho periodo. Ello reafirma la creciente importancia que tiene el comercio intrarregional dentro del contexto regional.

Figura 7a. Exportaciones intrarregionales por grupos de productos. Promedio 2009-2011 (mil millones de US$

Figura 7b. Importaciones intrarregionales por grupos de productos. Promedio 2009-2011 (mil millones de US$

Fuente: Elaborado por FAO

C - Políticas que hacen al diferencia: focalización en los sectores más vulnerables

Dentro del amplio espectro de políticas públicas que se vinculan con la segu-ridad alimentaria y nutricional en los países, desde hace algunos años vienen adquiriendo cada vez mayor relevancia aquellas que se orientan a asegurar una satisfacción mínima de ciertas necesidades básicas y en general a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Entre ellas se puede distin-guir las políticas que buscan enfrentar las situaciones sociales complejas en una perspectiva inmediata y de urgencia, de aquellas cuyo horizonte es de más largo plazo y requieren para su éxito de cambios estructurales. Este es el llamado “enfoque de doble vía” hacia la seguridad alimentaria, que ha sido promovido por FAO en todo el mundo.

Entre las primeras medidas, de urgencia o corto plazo, destacan los llamados sistemas de protección social no contributivos (es decir plenamente financiados por el Estado), en especial las llamadas “transferencias condicionadas”, que permiten que los sectores más carentes -normalmente excluidos de las pres-taciones de protección social- puedan asegurar niveles mínimos de consumo y

Figura 8. Cobertura de los Programas de Transferencias Condicionadas sobre pobreza e indigencia para América Latina y el Caribe (15 países). Alrededor de 2010 (%)

Fuente: Cecchini y Madariaga, 2011

bienestar, pero a la vez avanzar en la construcción de capital humano3. Actual-mente 21 países4 de la región implementan este tipo de programas, con una cobertura que alcanzaba alrededor de 113 millones de personas en 2010, una proporción cercana al 19% de la población regional. Igualmente importante ha sido la expansión durante los últimos años de los Pro-gramas de Alimentación Escolar (PAE), lo cuales tienen una ya larga trayectoria en la región; los niños y niñas que asisten a escuelas públicas que disponen de PAE tienen acceso a alimentos que les permite alcanzar un desempeño físico e intelectual adecuado a las exigencias de la infancia y la formación escolar, lo cual también incluye la dimensión emocional y de valores transmitidos por el sistema educativo.

Cuadro 1. Cobertura de la alimentación escolar en América Latina y el Caribe ( 8 países) (%)

3 En términos prácticos esos hogares, en el caso que existan menores de edad, reciben una transfe-rencia en efectivo -normalmente otorgada a las madres porque se entiende que son más responsa-bles y comprometidas con el bienestar familiar- a condición de cumplir con ciertas “obligaciones”, “contraprestaciones” o “condicionalidades”, normalmente referidas a un uso programado de servicios sociales básicos, en especial de salud (controles de niño sano, controles pre y post natales, institu-cionalización del parto) y educación (asistencia del niño a la escuela). 4 Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Gua-temala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. 5 Según las metas de atención para este año 2013, el Programa Qali Warma piensa atender a 2,700,000 niños y niñas de más de 44,000 instituciones educativas en todo el país

PaísesUniverso y cobertura de estudiantes con alimentación escolar

Universo Cubiertos %

Bolivia 2418,677 2162,921 89%

Colombia 4725,270 3878,189 82%

El Salvador 1342,803 1327,348 99%

Guatemala 2852,769 2723,654 95%

Honduras 1457,489 1404,101 96%

Nicaragua 1020,447 1020,447 100%

Paraguay 879,540 527,724 60%

Perú 5 5106,768 3069,229 60%

Total 19, 803,763 16, 113,613 81%

Fuente: Proyecto de Cooperación Brasil/FAO - 2013

Entre las políticas cuyo horizonte es el largo plazo, y que buscan revertir profun-das desigualdades y asimetrías sociales profundas, se encuentran aquellas que se orientan a los dos principales sectores que constituyen la pobreza rural, cuya importancia relativa varía entre países: la agricultura familiar y los trabajadores asalariados.

En el ámbito del desarrollo de la agricultura familiar, los principales avances se han dado en aquellos países que han transitado desde políticas dispersas y de tipo asistencial a un reconocimiento institucional del importante rol que puede jugar este sector en la producción de alimentos, considerando además que simultáneamente representa una contribución a la erradicación de la po-breza rural.

Existen una serie de buenos ejemplos recientes: Costa Rica implementó el Plan de Acción para la Agricultura Familiar 2011-2014; El Salvador implementa el Plan de Agricultura Familiar; Guatemala el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina; Paraguay ejecuta el Pro-grama de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar; en Nicaragua fue creado a fines de 2012 el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, cuyo foco de trabajo está vinculado a la pequeña producción familiar y cooperativa, contando con instrumentos y es-tructuras especializadas para el apoyo de la agricultura familiar. Asimismo, en Bolivia se promulgó la “Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques”, que crea el programa del mismo nombre con el fin de regulari-zar la situación de predios deforestados, mediante el fomento a la producción de alimentos, entregando facilidades a los pequeños productores con el fin de garantizar la disponibilidad doméstica de alimentos. Además, resaltan las ex-periencias que ya tienen un camino recorrido, como la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Argentina, el Ministerio de Desarrollo Agrario en Brasil; y el Instituto de Desarrollo Agropecuario en Chile, todos los cuales tienen importantes políticas de apoyo en marcha, que incluyen financiamiento, asis-tencia técnica, seguros, y iniciativas de acceso a mercados, entre otras.

El mercado del trabajo rural, por su parte, donde muchos hogares en condición de pobreza en la región obtienen sus ingresos, sea parcial o totalmente, ha sido en general poco considerado entre las políticas públicas que se orientan a la lucha contra la pobreza rural. No ha sido enfrentado ni como causa de los bajos ingresos de esos hogares en muchos países, ni como un medio potencial para la superación de esa condición. Lamentablemente la mayoría de los empleos rura-les se caracterizan por su mala calidad, y están lejos de alcanzar los estándares laborales que OIT ha definido como “trabajo decente”6.

6 La mala calidad de los empleos se refiere a su carácter precario, lo que significa: informal, sin acceso a seguridad social, muchas veces sin respeto por la legislación vigente, por ejemplo el pago del salario mínimo, intermediado por empresas subcontratistas poco reguladas y donde finalmente la organización sindical no es tolerada.

Figura 9. Población ocupada afiliada a la seguridad social, por países y área geográfica. Alrededor de 2008 (en %, ordenados por la razón rural/urbano

No obstante, la región está avanzando paulatinamente en este ámbito de políti-cas. En Uruguay, por ejemplo, en agosto de 2012 el Ministerio de Trabajo y Se-guridad Social, con el apoyo de la OIT y la FAO, creó una Unidad de Empleo Ru-ral (UER), como instancia asesora y de coordinación de las políticas laborales, de empleo y de seguridad social dirigidas a los trabajadores rurales, mientras que en Argentina se promulgó a fines del año 2011 de la Ley del Trabajo Agrario, conocido también como “Nuevo Estatuto del Peón Rural”. En Brasil, mediante una combinación de políticas económicas y mayor fiscalización se ha logrado mejorar en forma importante los niveles de formalización del empleo rural. En Centroamérica el caso más destacado es el de Costa Rica, que en agosto de 2010 lanzó la denominada Campaña Nacional del Salario Mínimo, cuyo ob-jetivo central es combatir el incumplimiento de este derecho laboral. También resulta digno de destacar la “Plan Estratégico para la Promoción del Trabajo Decente y la Competitividad del Sector Banano” iniciado en 2012 en República Dominicana, impulsada por el Ministerio de Trabajo, junto al sector bananero, el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y siete agencias del sistema de Naciones Unidas.

Fuente: Rossel, 2009

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Perú Nicaragua Paraguay Bolivia México El Salvador Brasil Panamá R. Dominicana Chile Costa Rica

Urbano Rural

Bibliografía

Cecchini, S; Madariaga, A. 2011. Programas de Transferencias Condicio-nadas. Balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe. CEPAL. Naciones Unidas. Santiago. Chile.

CEPAL, 2012. Panorama Social de América Latina y el Caribe.

FAO, 2012. Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2012.

Rossel, C. 2012. Protección social y pobreza rural en América Latina. VII Seminario Internacional de Seguridad Alimentaria, Pobreza Rural y Protec-ción Social en América Latina y el Caribe. Santiago, 22 y 23 de Noviem-bre de 2012. Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. FAO-RLC. CEPAL. Santiago. Chile.