1 “Hacia una Cultura Equidad de Género en la Administración de Justicia”

“EJERCICIO DE CIUDADANÍA DE LAS HUMANAS”.

Claudia Lorena Reyes de Rivera Unidad de Género

Al hablar de la dimensión política de la modernidad, afincada en la conformación de las naciones estado del siglo XVIII, y derivada en los procesos que más tarde dieron lugar al Estado moderno, presentan una noción de modernidad que resulta ser una paradoja al estudiar la situación de las mujeres y sus derechos ciudadanos, frente los derechos ciudadanos de los hombres.

Lo cierto, es que las mujeres han estado presentes siempre en las estrategias y políticas de desarrollo, aún cuando esa presencia era apenas perceptible, muy opaca e irreal. Basta advertir la condición de subordinación y opresión registrada en el devenir histórico de las mismas; situación que trasciende cuando las grandes ausentes del Contrato Social moderno fueron las mujeres, y por lo tanto, sus derechos como ciudadanas fueron invisibilizados y consecuentemente conculcados.

Las participación de las mujeres estaba restringido a la vida privada, fundamentalmente en tareas asignadas a las mujeres como individualidades adscritas al rol social especifico de la reproducción, negando el valor de cambio que este desempeño tiene a nivel social, cultural y económico, basado en la prevalencia del

determinismo biológico; y, asociada a construcciones históricas de las diferencias y desigualdades en los comportamientos y posiciones sociales de mujeres y hombres.

Situación, muy a pesar de que el ejercicio de la democracia y los derechos ciudadanos, fue en gran medida producto del esfuerzo intelectual y político de los movimientos sociales de mujeres y feministas, como verdaderos campos de batalla, que fructificaron promoviendo la inclusión de las mujeres en el pacto social que viabilice el ejercicio efectivo del cumplimiento del derecho a tener derechos.

La subrepresentación de las mujeres en la vida política de los países de América Latina y el Caribe es evidente, ya que en

ninguna nación ocupan más del 30 por ciento de los cargos de toma de decisión, en los gobiernos, órganos legislativos y en otras áreas importantes que inciden en la opinión pública tales como el arte, la cultura, los medios masivos de comunicación y la religión.

En los últimos años, el ritmo de incremento de la participación de la mujeres latinoamericanas ha sido importante, el promedio en los parlamentos ascendió del 8% al 15.5% desde fines de la década de los 80 hasta la actualidad. Destacan los porcentajes de Cuba (36%), Costa Rica (35%) y Argentina (31%). Esta representación se encuentra sin embargo muy por debajo de su peso demográfico, presenta grandes desigualdades intrarregionales y no ha trascendido otras esferas del poder político, especialmente en los cargos

“El esfuerzo intelectual y político de las mujeres han promovido su inclusión en un pacto social que viabilice el ejercicio efectivo del cumplimento del derecho a tener derechos”

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electivos ejecutivos, tanto nacionales como gobernaciones o municipalidades 1 .

De acuerdo el Informe Mundial de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2007 de la lectura del índice de potenciación de género (IPG) 2 , se refleja que en nuestro país las desigualdades entre hombres y mujeres se acentúan en tres esferas, entre ellas, la participación política, la participación económica y poder sobre los recursos económicos. El Salvador esta ubicado en la posición 58 (valor o.529) en el IPG.

Puntualmente en la participación política de las mujeres sigue existiendo una gran brecha entre la representación masculina y femenina en altos niveles de decisión, lo que significa que el poder político sigue mayoritariamente en manos de los hombres. En el Organo Ejecutivo de 14 ministerios, 2 son ministras y sólo 3 de 18 vice ministerios son dirigidos por mujeres. En la Asamblea Legislativa 16 de los 84 escaños son mujeres.

El FMLN tiene 11 diputadas y ARENA 4 diputadas y el PDC 1 diputada. En el Organo Judicial las mujeres representan sólo el 33.33% de magistrados de Corte

1 Observatorio del proyecto regional América Latina Genera. http://www.americalatinagenera.org/main. 2 El índice de potenciación de género (IPG) es un indicador social que mide el nivel de oportunidades de las mujeres en la participación política, económica y poder de decisión; el cual es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Plena 3 . En los gobiernos locales de 262 alcaldías hay 29 mujeres alcaldesas y 29 sindicas y en las concejalías 336 propietarias, lo que aún es minoría 4 . Desde 1991 no se observa un crecimiento sostenido a favor de la participación femenina. En 18 años, la participación de las mujeres subió un 9,6%, un ritmo lento al tomar en cuenta los Objetivos del Milenio, que plantean alcanzar la paridad de hombres y mujeres para el año 2015 5 .

En conclusión, la participación política femenina es aún exigua, en relación al porcentaje de población que representan, el cual asciende al 58.77% 6 de la población general y, al importante papel productivo que realizan, hecho que deriva que a nivel nacional y mundial, se desenvuelvan en el tejido social como ciudadanas de segunda, con franca limitación de su acceso al desarrollo y al ejercicio efectivo de sus derechos.

De acuerdo a la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía la Población

3 Informe Diagnostico sobre brechas de género en la Corte Suprema de Justicia. Noviembre, 2007 4 De acuerdo a conversación telefónica de fecha 26/08/2009, con Doris Nieto, miembra de la Secretaria General de ANDRYSAS. 5 Fundación Friedrich Ebert Stiftung y Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Morena Soledad Herrera Argueta y Otras. Proceso Electoral 2006: Una Miradas Feminista sobre la Participación Política de las Mujeres. 6 Diario Colatino. 31/05/96. La población femenina en El Salvador, es de 3 millones 526 mil 483, según datos oficiales, más de la mitad de la población en general que oscila en los 6 millones de habitantes.

Según informe PNUD sobre desarrollo humano 2007, nuestro país refleja las desigualdades entre hombres y mujeres, acentuadas en 3 esferas; participación política, económica y poder sobre los recursos económicos. Según resultado elecciones 2009: Órgano Ejecutivo 2 de 14 Ministerios, Órgano Legislativo 16 de 84 Escaños el Órgano Judicial 5 de 15 Magistraturas, y de 262 Gobiernos Locales 29 son ocupados por mujeres respectivamente

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Económicamente Activa de El Salvador estaba compuesta por 2,710,237, de los cuales 1, 073,510 (59.6%) son mujeres. La participación sectorial de las mujeres ocupadas se realiza principalmente en las ramas ligadas al sector primario (3%), al terciario (75%), al secundario (22%). A nivel mundial, las mujeres realizan el 60% del trabajo, ganan una décima parte de los ingresos y son propietarias de una centésima parte de los activos 7 .

Estos datos revelan asimetrías de género que perviven en la vida pública y las instancias de acceso al poder y toma de decisión. Las cuales son desigualdades en el goce y ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres que producen un conjunto de brechas de género; que por supuesto, en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres no son accidentales ni arbitrarias.

Más bien, son consecuentes con la jerarquía existente entre hombres y mujeres cuyo fundamento es un sistema de relaciones de poder desiguales que consolidan la subordinación de las mujeres en todos los ordenes de la vida personal y colectiva expresada en normas, valores, paradigmas de identidad y prácticas culturales que sostienen la discriminación hacia ellas.

Lo que vuelve nugatorio el goce efectivo de derechos fundamentales como garantía plena del principio de igualdad, no discriminación en razón del sexo, acceso a la educación y desarrollo de capacidades y destrezas políticas, así como, competir en igualdad de condiciones respecto a sus compañeros en los partidos políticos, desde sus condiciones de trabajo, acceso a las estructuras de toma de decisión y recursos económicos para lanzar su candidatura, entre otras.

7 Julia Evelyn Martínez. “Perfil de Género de la Economía salvadoreña”. UNIFEM­PNUD, 2006

También reflejan la distribución desigual de las responsabilidades familiares y la división del trabajo dentro del hogar, lo que reduce las posibilidades de las mujeres para participar plenamente en esfera pública, y manifiestan como la existencia de estereotipos y prejuicios sociales y culturales 8

son el principal obstáculo que ellas enfrentan para acceder a los altos cargos del poder político y económico.

Entonces la pregunta es ¿Cómo acceder al ejercicio activo de nuestra ciudadanía?.

Al margen de pretender dar recetas mágicas, para la construcción de una democracia representativa e inclusiva, es sine qua non hacer desaparecer los obstáculos, sean de carácter subjetivo 9 o sean barreras impuestas por el poder político y social patriarcal 10 , que impiden el ejercicio activo de la ciudadanía de las mujeres en los ámbitos políticos, económicos u otros espacios de toma de decisión.

En el marco de la gobernabilidad y el desarrollo democrático se deben reducir las

8 UNIFEM, “Perfil de Género de la Economía Salvadoreña”, S.S., 2006. “Entre los estereotipos negativos acerca de la fuerza de trabajo femenina, se pueden señalar los siguientes: la tenencia de las mujeres a abandonar el puesto de trabajo, una trayectoria laboral corte, mayor ausentismo, preferencia por jornadas de tiempo parcial, baja disponibilidad para ocupar puestos de responsabilidad, menor propensión al uso de tecnología, mayores costos laborales debido a maternidad y ausentismo. 9 Entre ellas, inseguridad de las mismas mujeres en sus capacidades para participar en estos espacios; las resistencias en los espacios políticos que impiden o limitan el acceso de las mujeres porque se considera una invasión a un espacio tradicionalmente masculino; la difícil compatibilidad para muchas mujeres entre su vida familiar y la carrera política. 10 Aquí los partidos políticos, los sindicatos, los ministerios, las empresas, las organizaciones y asociaciones gremiales, las leyes, los procedimientos o las instituciones que se encuentran cerradas al acceso de las mujeres.

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brechas de participación y representación de las mujeres, fortaleciendo el sistema de partidos políticos y estimulando una cultura de rendición de cuentas y transparencia. Otro desafío es impulsar leyes de acción positiva en los cargos de representación con el objeto compensar el desequilibrio que desfavorece a las mujeres; y por último, aplicar recomendaciones de los instrumentos estratégicos que establecieron las bases para la participación política de las mujeres 11 .

En consecuencia, es una propuesta centrada en redefinir símbolos y practicas subsumidas en las acciones, desde el poder. Crear una nueva cultura política sustentada en el reconocimiento y respeto a la igualdad desde la diferencia; superar modelos dicotómicos al borrar la división patriarcal privado/público y entablar una dialéctica Estado/mujeres como ciudadanas de la sociedad civil, con demandas y propuestas propias.

Apostarle a construir un proyecto de nación en el que prevalezca la democracia genérica y el principio de paridad política entre mujeres y hombres, que retome la equidad de género, lo que implica trato justo y equivalente sostenido en una dimensión integral en el diseño, implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación, de todas las acciones públicas, que responda a las necesidades y diferencias propias de hombres y mujeres, tal como lo señala la resolución de sesión especial de Asamblea General de Naciones Unidas denominada Beijing + 5 12 .

11 Lo que significa aplicar las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el Futuro para el Adelanto de las Mujeres (1985); la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y de la Convención sobre todas las formas de Discriminación Contra la Mujer mejor conocida como CEDAW (1979), 12 Entre el 5 y el 9 de junio del 2000, cerca de dos mil asistentes, entre delegados de los gobiernos y representantes de las ONG de más de 180 países se reunieron en Nueva York para asistir a la Sesión

Finalmente, que las nuevas instituciones que construyamos en el marco de procesos electorales deberán promover políticas públicas que incluyan la participación de las mujeres y, respondan a sus necesidades e intereses específicos. Lo que tiene que pasar por un cambio profundo en la sociedad, en los principios y prácticas culturales e institucionales de partidos políticos, sindicatos, las organizaciones sociales y la academia que logren superar la discriminación y violencia contra las mujeres.

Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para revisar la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing (también conocida como Beijing+5). La Sesión Especial, titulada: "Mujer 2000: Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI".

Las brechas de género vuelven nugatorio el goce efectivo de los derechos fundamentales como: plena del principio de igualdad, acceso a la educación y desarrollo de capacidades y destrezas políticas.