Hacia un país con ciudades integradas

Diagnóstico y propuestas para las políticas de vivienda social

Hacia un país conCIUDADES INTEGRADAS

Publicación de TECHO-ChileOCTUbre de 2013Departamental 440, San JoaquínSantiago, Chile

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PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE POLÍTICA HABITACIONAL

UN NUEVO ROL PARA LAS INSTITUCIONES EN LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA SOCIAL

1. INTEGRACIÓN URBANA

1.1 GESTIÓN DE SUELO

1.2 SUBSIDIO DE LOCALIZACIÓN

1.3 REGENERACIÓN DE BARRIOS DE VIVIENDA SOCIAL

1.4 INDICADOR DE INTEGRACIÓN PARA LAS VIVIENDAS SOCIALES

2. NUEVAS URGENCIAS HABITACIONALES

2.1. FAMILIAS INHÁBILES PARA LOS SUBSIDIOS

2.2. CIERRE ADECUADO DE CAMPAMENTOS

2.3. ALLEGAMIENTO

ANEXO

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íNDICE

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Presentación

La intención de este documento es apoyar, con información fidedigna y de calidad, en la evaluación y formulación de las

políticas nacionales de vivienda social. En él, la fundación TECHO – Chile hace un diagnóstico actualizado sobre las antiguas y nuevas problemáticas habitacionales, reuniendo propuestas que se basan en la experiencia de trabajo en terreno y en la generación de indicadores sociales sobre los campamentos

y villas de blocks de nuestro país. Fundamentalmente, se establecen diagnósticos y propuestas para superar la segregación urbana, además de identificar los focos más

problemáticos de déficit habitacional y del proceso de clausura de campamentos*. En un período nacional caracterizado por la discusión detallada de los programas políticos del próximo Gobierno, se espera que este documento colabore en generar

un debate informado de estas temáticas, aportando una perspectiva anclada en el trabajo directo con las familias más

vulnerables de nuestro país.

* Éstas temáticas no agotan la discusión sobre política habitacional, ni la diversidad de problemáticas obser-vadas por TECHO en sus oficinas regionales. Uno de los principales contenidos pendientes, es la emergente y muy necesaria política de arriendo, que recién hace pocas semanas fue anunciada a través de la prensa (La

Tercera, 22/09/2013). Próximamente esperamos mitigar este déficit informativo con nuevos documentos que incluyan diagnósticos y propuestas políticas.

RESUMENEJECUTIVO

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I. Declaración de principiossobre política habitacional

Las propuestas de este documento persiguen el desarrollo de 5 princi-pios rectores que TECHO - Chile quiere promover como ejes orientado-res en las políticas de vivienda social:

1. Sobre la inclusión política: todas las familias vulnerables habitacio-nalmente —es decir, aquellas que habitan viviendas con deficiencias estructurales y/o de acceso a la ciudad y que no han recibido previa-mente los medios necesarios para solucionar dicha falta de habitabi-lidad— deben considerarse políticamente hábiles para acceder a una vivienda digna.

2. Sobre la localización: todos los conjuntos de viviendas sociales de-ben estar cercanos a servicios básicos de calidad (públicos y privados), a centros de trabajo con suficiente empleabilidad y a redes eficientes de transporte público.

3. Sobre la integración: todas las viviendas sociales deben situarse en barrios heterogéneos socialmente, es decir, no segregados por condi-ciones económicas, étnicas o sociales.

4. Sobre el capital social: la generación de condominios sociales debe incentivar la mantención de vínculos cercanos y de organizaciones vecinales, sin que ello vaya en desmedro de la integración socioeconó-mica del nuevo barrio.

5. Sobre el cambio habitacional: siempre que se desplace a una familia de su vivienda por necesidad de la política habitacional, debe tenerse a disposición de dicha familia una solución habitacional efectiva, esta-ble y que cumpla con los 4 principios previamente señalados.

II. Un nuevo rol para lasinstituciones en las políticasde vivienda social

El contexto actual de las instituciones que participan en las políticas de vivienda social se define por 5 situaciones clave:

a. Desde 1975, principalmente los mercados de suelo e inmobi-liario han pautado la construcción de condominios sociales en Chile.

b. Las comunas en donde se han construido condominios sociales tienen hoy menor valor del suelo, menos equipamiento público, menos posibilidades de trabajo y menos oportunidades educati-vas.

c. En las condiciones económicas actuales, las constructoras tie-nen una baja disposición y bajos incentivos para fabricar vivien-das sociales en la cantidad y calidad requeridas por la nación.

d. Entre 2006 y 2011 ha aumentado el déficit habitacional, pero desde el año 2000 hasta la fecha ha disminuido notoriamente la cantidad anual de viviendas sociales construidas en Chile.

e. El resultado es un desajuste en la política habitacional: alta demanda de viviendas sociales, pero escasa oferta social inmo-biliaria. Hay una tendencia hacia la sobreoferta de subsidios (o sub-oferta de proyectos inmobiliarios).

En este contexto, creemos importante aclarar el marco institucional en que se debieran generar las políticas de vivienda social:

a. Responsabilidad del Estado: él debiera ser el organismo res-ponsable de asegurar la generación de viviendas sociales dignas y bien localizadas.

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b. Integración de gobiernos centrales y locales: la segregación urbana debe abordarse aplicando políticas centrales, desde un nivel gubernamental local que considere apropiadamente la es-pecificidad regional y comunal.

c. Participación ciudadana: el trabajo político debe integrar las propuestas de la ciudadanía, considerada al menos a partir de las juntas de vecinos y las ONG involucradas en el desarrollo urbano.

III. Capítulo 1. Integración urbana

1. Gestión de suelo.

Diagnóstico: desde 1970 las políticas habitacionales fueron muy efecti-vas en entregar viviendas sociales de manera masiva, pero hasta hace pocos años no existió una preocupación por la localización y calidad de los condominios. Las viviendas sociales se establecieron principalmen-te en la periferia de grandes ciudades, en terrenos baratos, con escasa infraestructura pública y alta distancia hacia servicios de primera ne-cesidad. De las 28 ciudades con mayor segregación de la OCDE, 8 son chilenas.

Propuestas:

a. Disponibilidad de suelo para fines sociales: se debe considerar:

1) el uso de terrenos públicos disponibles; 2) asegurar suelos para vivienda social, especialmente aquellos bien localizados en don-de ya hay población vulnerable; 3) comprar terrenos para vivien-da social y 4) gravar terrenos bien localizados y subutilizados.

b. Cuotas de vivienda social: porcentajes mínimos para las capi-tales regionales y las grandes conurbaciones, y porcentajes máxi-mos para el resto de las ciudades o espacios rurales. Estas normas deben estar estipuladas en los planes reguladores.

c. Ampliación condicionada del plan regulador: se debe evaluar el incremento de la densidad y constructibilidad urbana, a condi-ción de altas cuotas de construcción para población vulnerable. También considerar la ampliación del radio urbano, a condición de mejoras sustantivas en la conectividad de los sectores límite.

2.Subsidio de localización.

Diagnóstico: los criterios para optar al subsidio de localización son muy poco exigentes y el subsidio ha terminado utilizándose en todo terreno urbano disponible, creando una inflación artificial del precio del suelo. El subsidio se otorga a proyectos que cumplan con estos requisitos:

a. Ubicarse en comunas con más de 5.000 habitantes. Esto deja fuera a 46 comunas de las 345 del país, pero en ninguna de ellas se han construido condominios de viviendas sociales (al menos desde 1950).

b. Emplazarse en el territorio operacional de una empresa sanita-ria. La cobertura actual de agua potable en sectores urbanos es del 99,9%; por lo tanto, esto no va más allá de considerar todos los terrenos urbanos como apropiados.

c. Deben deslindar con una vía local o de rango superior. En sec-tores urbanos es muy improbable que existan terrenos que no deslinden con alguna vía local o de rango superior.

d. Tres requisitos de localización: 1) terrenos que queden a 500 metros o menos de una red de transporte público; 2) que estén a 2.500 metros o menos de un centro de salud primario; 3) que estén a 1.000 metros o menos de un instituto de educación tem-prana en al menos 2 niveles, y educación básica y/o media. Nues-tra modelación geográfica mostró que esto aplica prácticamente para toda la región Metropolitana (ejemplo de segregación para la OCDE).

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En síntesis, estos criterios ponen límites para casos muy extremos, pero no aportan en la planificación de condominios sociales más integrados a la ciudad. Propuestas:

a. Transporte: considerar menores distancias a redes de trans-porte público; tener en cuenta la cantidad de recorridos; también podría considerarse la frecuencia de los mismos.

b. Educación: no considerar la cercanía hacia colegios particula-res pagados. Se podrían integrar sólo los particulares subvencio-nados con bajos aranceles y hacer una ponderación por la calidad educativa de cada instituto.

c. Salud: considerar sólo la cercanía a centros primarios que tie-nen suficiente capacidad de atención.

d. Empleo: puede incluirse la cercanía hacia centros industriales, empresariales, de servicios y de proyección metropolitana.

e. Suelo no deseado: puede considerarse la lejanía a plantas de tratamiento sanitario, vertederos, cárceles o sectores industria-les con elevados niveles de emisión.

3.Regeneración de barrios de vivienda social.

Diagnóstico: entre 1992 y 2011 se logró disminuir en un 80,8% el déficit habitacional cuantitativo, pero la carencia habitacional cualitativa —es decir, aquellas viviendas que requieren ser mejoradas en materiali-dad y/o servicios básicos para llegar a ser aceptables— sólo disminuyó un 0,38%. Hoy existen más de 1,68 millones de personas que residen en viviendas sociales de barrios vulnerables, esto es: a) con población homogéneamente pobre, b) con baja oferta de comercio y servicios, y c) con lejanía a los principales centros urbanos.

Propuestas:

a. Mejorar el transporte en sectores vulnerables: hay villas que tienen uno o ningún paradero de autobús a 500 metros a la re-donda; otras se encuentran a más de 300 metros de un paradero de tres o más recorridos. También hay villas con baja cercanía a equipamientos de salud, seguridad y educación, y que además tienen mal transporte. Recomendamos priorizar el transporte en esas localidades.

b. Mejorar espacios públicos: se propone la creación de un fondo de obras públicas, dirigido a municipios y orientado por crite-rios de equidad. Él debe incluir recursos para la administración, mantención y especialmente la seguridad de estos espacios. Es apropiado modificar la delimitación legal de “condominio”, para facilitar la inversión municipal directa en los conjuntos habita-cionales.

c. Seguridad ciudadana: para regenerar los lazos vecinales de confianza, se recomienda desarrollar un contundente plan de seguridad para los condominios sociales y sus espacios públicos, cuidando de no estigmatizar con ello dichas localidades.

d. Programa Segunda Oportunidad: se debe asegurar la vivienda para los participantes de este programa (dada la escasez de cons-trucción con fines sociales). Se recomienda la postulación colecti-va, para mantener las redes de contacto y colaboración. Se debe evitar la reutilización, por otras familias, de las viviendas que se desocupen y estén en estado crítico.

4. Indicador de integración.

Para observar y monitorear el nivel de integración de las poblaciones más vulnerables del país, se recomienda la creación de un indicador que considere las siguientes dimensiones.

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a. Integración urbana: cercanía de cada condominio de vivienda social hacia los distintos bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Aquí se debe considerar: 1) cercanía a servicios pú-blicos de seguridad, salud y educación (que pueden ser medidos con el Indicador TECHO de Vulnerabilidad Territorial); 2) cercanía a centros de empleabilidad (polos industriales, empresariales, de servicios y de proyección metropolitana); 3) cercanía a transporte público de calidad.

b. Integración barrial: refiere a la heterogeneidad social y cohesión interna de los barrios. Aquí se debe considerar: 1) heterogeneidad social (que no sean barrios uniformes por etnia, nivel socioeco-nómico o población que ha adquirido subsidios habitacionales); 2) cohesión social del barrio (indicador de que la localidad carece de estigmatización).

IV. Capítulo 2. NUEVAS URGENCIASHABITACIONALES

1. Familias inhábiles para los subsidios

Diagnóstico: hoy en Chile habita un gran número de familias que, a pe-sar de tener alta vulnerabilidad y riesgo habitacional, son consideradas “no hábiles” para postular a un subsidio de vivienda entregado por el Estado o “inhabilitados” para hacer los procedimientos de subsidios que normalmente se aplican a su condición de vulnerabilidad social. Estas familias están compuestas principalmente por:

a. Personas que viven en campamentos no reconocidos en el Ca-tastro de Campamentos MINVU 2011. Ellas no son radicalmente inhabilitadas, pero están siendo sometidas a mayor exigencia y competencia que familias símiles en la obtención de beneficios.

b. Inmigrantes, ya estén en situación de allegamiento, hacina-miento o habitando campamentos. Son inhábiles quienes no

certifiquen residencia definitiva de al menos 5 años (y ese certifi-cado exige 3 años previos de permanencia en Chile).

c. Personas que accedieron previamente a un subsidio habitacio-nal. Esto es problemático en el caso de al menos 467.000 viviendas sociales que hoy tienen serios problemas de infraestructura, in-seguridad o segregación.

Estos tipos de inhabilitación política ponen serias trabas a la erradica-ción de campamentos. La justificación de estas diferencias no es del todo clara, y creemos que debe ser discutida.

Propuestas:

a. Actualización y monitoreo constante de campamentos: la dinámica de continuo crecimiento y repoblamiento de los asen-tamientos requiere instrumentos dinámicos para la inclusión política.b. Erradicación eficaz de campamentos: para reubicar a estas familias, se podría considerar: 1) la formación de comités de vi-vienda especiales que las integren; 2) la entrega de subsidios de arriendo y un plan más estable a mediano plazo; 3) la entrega de viviendas sociales abandonadas.

c. Política de Segunda Oportunidad y recuperación de viviendas sociales: se recomienda que este programa deje de ser piloto y considere la mejora de las viviendas desalojadas, las cuales po-drían cubrir necesidades de familias inhábiles.

d. Modificación de las condiciones para obtener un subsidio de vi-vienda: se propone habilitar a quienes obtuvieron subsidios para una caseta sanitaria y reevaluar las exigencias para inmigrantes.

e. Catastro de uso de viviendas sociales: complementar la infor-mación de viviendas sociales desocupadas con datos sobre la materialidad y la localización de las mismas, para determinar una

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oferta concreta de viviendas que podrían utilizar familias inhábi-les (idealmente en la opción de “arriendo con opción de compra”).

2. Cierre adecuado de campamentos

Diagnóstico: existe una extrema dificultad para clausurar los campa-mentos, que probablemente se han multiplicado en los últimos años. No existe una política clara que enfrente las siguientes problemáticas:

a. Repoblación de campamentos erradicados. Explicada prin-cipalmente porque: 1) no se da un uso inmediato al terreno de erradicación; 2) continúan viviendo en el terreno familias que no tienen solución habitacional; 3) existen factores estructurales, como el aumento de la migración y del allegamiento.

b. Inhabilidad de algunos pobladores. Estas familias quedan ex-cluidas de la participación en algún proyecto de vivienda subsi-diado.

Propuestas: debe existir una política clara de cierre de campamentos, que precise las situaciones en que se aplica la fuerza pública y especi-fique soluciones apropiadas para las familias desalojadas, evitando los procesos violentos de desalojo y los cierres pasajeros de campamentos. Esta política debiera considerar:

a. Prioridad de clausura: el orden de erradicación en los cam-pamentos debiera considerar: 1) habitabilidad de las viviendas (tenencia del terreno; materialidad de la construcción; acceso a agua, electricidad y alcantarillado); 2) accesibilidad a la ciudad (distancia del campamento hacia servicios públicos de seguridad, salud y educación); 3) cantidad de familias que acoge el asenta-miento.

b. Localización de las nuevas viviendas: hay que tener cuidado con la radicación de campamentos en comunas que ya muestran asentamientos con altas distancias hacia servicios básicos. En

esos casos, habría que mejorar el transporte y la cantidad de equipamientos públicos en dichas comunas.

c. Uso inmediato de terrenos erradicados: hay que asegurar el uso pronto de los terrenos, considerando las necesidades de cada barrio. Podría extenderse el Plan Comunal de Inversión para cada proceso de erradicación.

d. Consideración de familias inhábiles: cada cierre de campamen-to debería considerar a todos los pobladores, asegurándoles al-guna solución habitacional efectiva que fomente su integración social.

e.Desalojo forzado: es preciso suprimir este tipo de acciones, que no aportan algo beneficioso para la superación de la pobreza.

3. Allegamiento

Diagnóstico: sobre este fenómeno pueden reconocerse 7 situaciones claves:

a. Desde la década de 1980 la política de vivienda interpreta el allegamiento –es decir, la convivencia entre dos o más grupos familiares distinguibles al interior de una misma vivienda y/o sitio– como un tipo de déficit habitacional.

b. Actualmente las familias allegadas representan el 86% del dé-ficit habitacional.

c. Desde 1990 ha disminuido el allegamiento, pero no aquel donde viven dos núcleos familiares en la misma vivienda.

d. Más del 70% de los hogares con allegamiento declaran vivir así por motivos económicos.

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e. Cerca del 60% de las familias allegadas no está intentando ac-tualmente conseguir una vivienda exclusiva.

f. Los grupos más vulnerables son: 1) los núcleos pobres que son acogidos por núcleos pobres (26,3%); 2) los núcleos no pobres que son recibidos por núcleos pobres (30%).

g. El hacinamiento medio y crítico es más frecuente cuando exis-te allegamiento en el sitio.

Propuestas:

a. Basarse en la “Unidad Familiar Residencial” (UFR): esta política necesita distinguir una unidad familiar más compleja, que consi-dere tanto a la familia allegada como a la receptora.

b. Subsidio habitacional e incentivos para la UFR: estaría dirigido a UFR con bajos recursos, preferentemente hacinadas o habi-tando espacios reducidos. Se subsidiaría la radicación del grupo allegado en el mismo lugar, pero con título de dominio. La familia receptora recibiría una vivienda propia como incentivo: cada fa-milia sería propietaria de una vivienda y copropietaria del sitio y los espacios públicos, en la modalidad de condominio.

c. Considerar el contexto familiar y barrial de la UFR: la radicación de familias debe evaluarse considerando las dificultades de loca-lización de algunos terrenos.

d. El allegamiento es más que un problema de vivienda: sabemos que se asocia a bajos niveles de ingreso, mala ubicación territo-rial, ausencia de algún jefe de familia y diferencias educativas. La política pública debe analizar y afrontar globalmente el proble-ma.

e. Incorporación de consideraciones subjetivas: no todos los allegados requieren una vivienda o perciben su situación como

una convivencia indeseada. Esto debe integrarse en la discusión sobre déficit habitacional.

f. Focalización política: las políticas de allegamiento debiesen centrarse en: 1) familias en situación de pobreza; 2) hogares con hacinamiento medio o crítico; 3) núcleos receptores compuestos por personas de 3era edad; 4) hogares con jefaturas incompletas.

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Cada una de las propuestas o lineamientos políticos que se encontra-rán en este documento, persiguen el desarrollo de 5 principios rectores que TECHO - Chile quiere promover como ejes orientadores de las polí-ticas de vivienda social:

1. Sobre la inclusión política: todas las familias vulnerables ha-bitacionalmente —es decir, aquellas que habitan viviendas con deficiencias estructurales y/o de acceso a la ciudad y que no han recibido previamente los medios necesarios para solucionar di-cha falta de habitabilidad— deben considerarse políticamente hábiles para acceder a una vivienda digna.

2. Sobre la localización: todos los conjuntos de viviendas sociales deben estar cercanos a servicios básicos de calidad (públicos y privados), a centros de trabajo con suficiente empleabilidad y a redes eficientes de transporte público.

3. Sobre la integración: todas las viviendas sociales deben situar-se en barrios heterogéneos socialmente, es decir, no segregados por condiciones económicas, étnicas o sociales.

4. Sobre el capital social: la generación de condominios sociales debe incentivar la mantención de vínculos cercanos y de organi-zaciones vecinales, sin que ello vaya en desmedro de la integra-ción socioeconómica del nuevo barrio.

5. Sobre el cambio habitacional: siempre que se desplace a una familia de su vivienda por necesidad de la política habitacional, debe tenerse a disposición de dicha familia una solución habita-cional efectiva, estable y que cumpla con los 4 principios previa-mente señalados.

UN NUEVO ROL PARA LAS INSTITUCIONES

EN LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA SOCIAL

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UN NUEVO ROL PARA LAS INSTITUCIONES EN LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA SOCIAL

Al menos desde 1975 —cuando el Estado chileno hizo un viraje desde una política habitacional asistencialista hacia una que subsidia la de-manda de viviendas sociales—, 1 han sido principalmente los mercados de suelo e inmobiliario aquellos elementos que han pautado la cons-trucción de condominios sociales en Chile. Tan fuerte ha impactado la búsqueda de eficiencia económica en el resultado de las políticas habi-tacionales, que actualmente el precio de suelo comunal —un elemento plenamente mercantil— es un predictor muy preciso de la cantidad de villas de vivienda social que se han construido en las comunas de la Región Metropolitana: mientras más baratos son los predios, más con-dominios sociales existen en las comunas de esta región (ver gráfico 1).

1 Guerra, Óscar (2012). Historia de la política habitacional en el área metropolitana de Santiago. Revista CIS, Nº 16.

Gráfico 1. Relación entre precio de suelo y cantidad de villas en RM

Fuente: Georreferen-ciación de villas hecha por TECHO. Precio del suelo comunal del SINIM (Sistema Nacio-nal de Información Municipal).

La estrecha relación entre mercado de suelo y cantidad de condomi-nios sociales no es por sí misma negativa, ya que sugiere el logro de una buena relación costo/cantidad de viviendas sociales construidas. No obstante, el bajo precio de suelo comunal hoy está relacionado sig-nificativamente con muchos factores de vulnerabilidad territorial que sí son indudablemente nocivos: mayor tasa de déficit habitacional cua-litativo; mayor distancia hacia servicios públicos de seguridad, salud y educación; mayor analfabetismo; menores puntajes SIMCE en las prue-bas de lectura, matemáticas y ciencias (tanto en 4to como en 8vo bási-co); menos años promedio de estudio en la población; mayores tasas de desempleo2.

Todo ello nos sugiere que el desarrollo de viviendas sociales basado en criterios de eficiencia económica y maximización de mercado no es apropiado para la construcción de un país que busca integración so-cial, ya que este modelo contribuye a diferenciar geográficamente a la población a partir de criterios socioeconómicos: las comunas en donde se distribuye la población más vulnerable, terminan siendo aquellas en donde es más bajo el valor del suelo, hay menos equipamiento público, menos posibilidades de trabajo y —lo que tal vez es más desesperan-zador— menos oportunidades educativas para que las nuevas genera-ciones superen su situación desfavorable. No solamente se ha creado segregación, sino también mecanismos educativos que permiten re-producir en el tiempo la separación de grupos sociales socioeconómi-camente heterogéneos.

Si bien el acoplamiento entre mercado y política habitacional ha gene-rado resultados defectuosos en el pasado, ello también es patente en el presente. Actualmente, tanto el mercado de suelo como el inmobilia-rio están generando incentivos insuficientes para enfrentar el déficit habitacional del país: las constructoras tienen una baja disposición a fabricar viviendas sociales en la cantidad y calidad requeridas por la

2 Análisis del Centro de Investigación Social TECHO - Chile. Fuentes: georeferenciación propia de las villas en la Región Metropolitana, y últimos datos comunales disponibles en el SINIM (Sistema Nacional de Información Municipal) y en los Reportes Estadísticos Comunales de la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile.

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nación. De hecho, los estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) determinan explícitamente que en el Gran Santiago “no que-dan terrenos disponibles adecuados para la construcción de viviendas sociales”3 : sólo en Maipú existirían sitios con precios menores a 1,2 UF/m2 (56,9 hectáreas), pero en esos predios aparentemente no habría una densidad igual o superior a 200 habitantes por hectárea (condición que es requerida por la política de vivienda social). Una situación similar su-cede en Lota, por ejemplo, ciudad con muchas restricciones de espacio urbano, dado su confinamiento entre el océano Pacífico y las propieda-des forestales ubicadas en los cerros.

Esta baja predisposición del rubro de la construcción, se vuelve aún más crítica si analizamos el escenario de mercado en que se mueven las empresas inmobiliarias. Por un lado, tanto el suelo como la mano de obra han tenido un notorio aumento de precio en los sectores urbanos, el cual, unido a una presión de la demanda habitacional, ha determina-do un crecimiento en el precio de los departamentos en el Gran Santia-go desde el año 2010 (ver gráfico 2).

3 CChC (2012). Disponibilidad de suelo en el Gran Santiago. Resultados de estudio disponibles en: http://www.cchc.cl/wp-content/uploads/2012/06/DISPONIBILIDAD-SUELO-GS-junio-2012-final.pdf

Gráfico 2. Precio de venta de departamentos en el Gran Santiago (UF/m2)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio Habitacional MINVU (2013)

Por otro lado, la actual tendencia positiva de la economía chilena ha favorecido que la industria inmobiliaria construya proyectos privados: si bien dichos proyectos son más vulnerables a las crisis económicas4, también tienen una reglamentación legal más laxa y mayores utilida-des en períodos de bonanza económica (como el que actualmente atra-viesa nuestro país).

Estas condiciones, han configurado un escenario complejo para la po-lítica actual de vivienda social. A pesar de que los datos del Ministe-rio de Desarrollo Social indican que entre 2006 y 2011 ha aumentado el déficit habitacional5, desde el año 2000 hasta la fecha ha disminui-do notoriamente la cantidad anual de viviendas sociales construidas en Chile: si en la década de 1990 se entregaban, en promedio, más de 13.000 departamentos de vivienda social al año, en nuestra década ese número es cercano a los 6.0006. No obstante esta tendencia hacia la es-casez de construcción social, el Estado no ha realizado una regulación efectiva de las lógicas económicas, teniendo, por ejemplo, una muy es-casa gestión del suelo; en su defecto, ha insistido con la entrega masiva de subsidios, interviniendo en el rubro de la construcción solamente por medio de incentivos económicos que no garantizan la entrega de viviendas, y mucho menos, de domicilios bien localizados.

El resultado ha sido, a todas luces, un desajuste en la política habitacio-nal: por un lado existe una alta demanda de viviendas sociales, que está en congruencia con la elevada disposición estatal a entregar subsidios; por otra parte, hay una escasa oferta social inmobiliaria, explicada tan-to por el bajo protagonismo estatal como por los insuficientes incen-tivos para la construcción que producen actualmente el mercado del suelo y el costo de la construcción. Todo ello ha determinado que ac-tualmente existan miles de familias socioeconómicamente vulnerables 4 Por otro lado, la actual tendencia positiva de la economía chilena ha favorecido que la indus-tria inmobiliaria construya proyectos privados: si bien dichos proyectos son más vulnerables a las crisis económicas, también tienen una reglamentación legal más laxa y mayores utilidades en períodos de bonanza económica (como el que actualmente atraviesa nuestro país).5 Ministerio de Desarrollo Social (2012). Informe de Política Social.6 Estimaciones del Centro de Investigación Social de TECHO - Chile, muestran que entre los años 2011 y mediados de 2013 (dos años y medio) se construyeron cerca de 15.000 departamentos de vivienda social, lo cual da un promedio de 6000 departamentos anuales.

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potencie la responsabilidad estatal y la cooperación de la ciudadanía. A grandes rasgos, proponemos la aplicación del siguiente marco insti-tucional.

1. Responsabilidad del Estado. Creemos que el Estado es el res-ponsable de las políticas habitacionales y de desarrollo urbano, teniendo, entre otros deberes, el de buscar y desarrollar mecanis-mos efectivos para asegurar que se desarrollen viviendas sociales dignas y bien localizadas. Dejar que la construcción de viviendas sociales se desarrolle principalmente a partir de la coordinación de intereses privados, equivale seguir construyendo barrios se-gregados y ciudades segregadoras, impidiendo la integración económica, social y cultural de sus habitantes, y finalmente, del país. Hoy Chile necesita un aparato administrativo capaz de pla-nificar la ciudad y de favorecer la integración territorial de sus ciudadanos, apoyándose también en las herramientas que el mercado ofrece para lograr estos objetivos.

2. Integración de gobiernos centrales y locales. Consideramos que todas las propuestas sobre política habitacional y desarrollo urbano deben coordinar la acción de gobiernos centrales —mi-nisterios de Obras Públicas (MOP), Vivienda y Urbanismo (MIN-VU), Desarrollo Social (MDS) y Bienes Nacionales (MBN)— con gobiernos locales —Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), Gobierno Regional (GORE) y municipios—. La segregación urba-na de nuestro país no podrá abordarse correctamente si no se aplican las políticas centrales desde un nivel gubernamental que considere apropiadamente la especificidad regional y comunal. A modo de ejemplo: actualmente la región de Antofagasta tiene un PIB per cápita que supera los 30.000 dólares, por lo cual sus precios de construcción —suelo, materiales, mano de obra y ad-ministración— no pueden equipararse con los de la región del Bío Bío, cuyo PIB per cápita es cercano a 15.000 dólares. El monto de los subsidios de vivienda social debería considerar las especifici-dades socioeconómicas de cada región.

que, si bien se han hecho acreedoras de subsidios habitacionales, no pueden adquirir viviendas sociales en la situación actual de la econo-mía. Ellas tienen apoyo estatal, es indiscutible, pero éste es insuficien-te para que las constructoras se decidan a iniciar proyectos públicos de vivienda en la cantidad y calidad que el país necesita.

Por ejemplo, el año 2012 se otorgaron 31.138 subsidios de vivienda co-lectivos y 2.728 subsidios individuales7, estableciendo un total de 33.866 subsidios habitacionales para las familias más vulnerables del país. Sin embargo, como hemos dicho, en el último tiempo se están constru-yendo cerca de 6.000 departamentos de viviendas sociales al año. Esto significa, que si el ritmo de la construcción se mantiene, sólo en 2012 se produjo una sobreoferta de aproximadamente 27.000 subsidios ha-bitacionales. Y éste no parece ser un año fuera de lo común: en 2013, hasta el 18 de julio se entregaron 16.559 subsidios de vivienda (indivi-duales y colectivos)8, lo cual pronostica una entrega anual aproximada de 33.000. En otras palabras, existe una tendencia hacia la sobreoferta de subsidios —o si se quiere, hacia la sub-oferta de proyectos inmobi-liarios—, la cual se verá reforzada por los 4.000 subsidios anuales que el Programa Segunda Oportunidad plantea otorgar a aquellas viviendas que proyecta demoler en los próximos años9.

En respuesta a este diagnóstico, se requiere en primer lugar reforzar la labor del Estado como ente responsable de las políticas habitacionales; éste debe tener la fortaleza necesaria para modelar la oferta de vivien-das sociales. Y ese debe ser un objetivo estatal prioritario, ya que la vi-vienda —no necesariamente propia, pero sí digna— es un pilar básico de la calidad de vida, que permite edificar la muralla de protecciones que necesitan las familias más vulnerables de nuestro país. Creemos indispensable que las políticas habitacionales establezcan un nuevo modelo institucional que, lejos de dar mayor importancia al mercado,

7 Irarrázaval, Ignacio (2013). Segregación Urbana. Diapositivas del Seminario “Sin derecho a la ciudad: territorios excluidos de la urbe”, expuesto el 21 de Junio.8 Datos MINVU, conseguidos de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transparencia.9 Posteriormente se discutirá este programa. Sobre la intención de demoler 4.000 viviendas anu-ales, ver: del Campo, Cristián y Andrea Tokman (2013). Vivienda social integrada a la ciudad. En: Grupo Res Pública Chile (2013). 95 propuestas para un Chile mejor. Santiago de Chile: Grupo Res Pública Chile.

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Diagrama 1. Rol de las instituciones en las políticas de vivienda social

3. Participación ciudadana. Creemos que los actores estatales debieran integrar en su trabajo las propuestas de la ciudadanía, considerada al menos a partir de las juntas de vecinos y las ONG involucradas en el desarrollo urbano. El diálogo entre las entida-des estatales y ciudadanas debiera orientarse hacia la planifica-ción de ciudades socialmente integradas, con menor desigualdad y segregación urbana.

A grandes rasgos, planteamos un modelo de comunicación mutua en-tre actores estatales y ciudadanos, en donde el Estado sea protagonis-ta y responsable del desarrollo de las políticas habitacionales, tratando de reorientar, con la ayuda de la ciudadanía, las tendencias económicas que —incluso desde el interior de las políticas de vivienda— han fo-mentado la segregación urbana. Este modelo participativo queda asen-tado en el diagrama 1.

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1. INTEGRACIÓN URBANAPermitir que personas, familias y localidades excluidas disfruten

de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece.

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1.1 Gestión de suelo

Desde comienzos de la década de 1970 hasta nuestros días —aunque especialmente entre los años 1991 y 2000— las políticas habitacionales fueron muy efectivas en entregar viviendas sociales de manera masiva (ver gráfico 3).

Sin embargo, esta tarea no estuvo acompañada por una preocupación por la localización y calidad de los condominios, dejando que el mer-cado del suelo operara libremente en la reubicación urbana de pobla-ciones altamente vulnerables. Ello implicó que las viviendas sociales se establecieran principalmente en la periferia de grandes ciudades, en te-rrenos baratos, con escasa infraestructura pública (jardines infantiles, colegios, centros de salud, redes de transporte, áreas verdes, espacios deportivos, recintos culturales) y altas distancias hacia servicios de pri-mera necesidad (bomberos, carabineros, farmacias, entre otros)1. Pro-ducto de estas políticas orientadas fundamentalmente a la cantidad, se conformaron grandes conjuntos de vivienda social homogéneos y altamente segregados; tal es el caso, al menos, de 467.000 viviendas so-1 Para ver gráficamente el bajo acceso de las viviendas sociales hacia distintos servicios públicos de primera necesidad, ver la sección “Mapas de vulnerabilidad” en la página del Centro de Investigación Social (CIS) de TECHO - Chile: http://www.techo.org/mapas-de-vulnerabilidad-territorial/

Gráfico 3. Estimación de viviendas sociales construidas (1970-2013)

Fuente: Centro de Investigación Social de TECHO - Chile.

ciales situadas en 64 barrios vulnerables del país2.

Desde 2006 se fueron aplicando correcciones importantes a la política de vivienda, como la inclusión de un Subsidio de Localización (regla-mentado en el D. s. Nº 174 y posteriormente modificado en el D.s. Nº 49), el cual promovió que los proyectos habitacionales se ubicaran en lu-gares que cuenten con menor distancia hacia equipamientos, servicios y oportunidades urbanas. Sin embargo —como se verá en la sección 1.2—, este subsidio fijó parámetros muy poco exigentes y, si bien fa-voreció temporalmente el acceso a terrenos con mejor localización, su impacto fue rápidamente absorbido por el mercado de suelo,3 teniendo hoy una eficacia prácticamente nula.

Actualmente no existen mecanismos estatales que permitan contrape-sar la tendencia “centrífuga” de dicho mercado, el cual expulsa hacia la periferia los nuevos barrios de vivienda social, alejándolos del acceso a redes, transporte, polos laborales, equipamientos públicos, centros culturales y áreas verdes, entre otros aspectos. Lo anterior, sitúa a Chile como el país con ciudades más segregadas entre aquellos países agrupados en la OECD: de las 28 ciudades con mayor segregación, 8 son chilenas y Santiago es la que encabeza esta clasificación4.

Nuestras propuestas políticas para revertir esta situación se dividen en tres focos: disponibilidad de suelo para fines sociales, gestión de suelo y ampliación condicionada del plan regulador.

Disponibilidad del suelo para fines sociales: consideramos indispensa-ble evaluar las siguientes medidas.

a) Uso de terrenos públicos: en la actualidad existen terrenos fiscales

2 Atisba (2013). Propuestas para la integración social (reporte monitor). Disponible en: http://atisba.cl/wp-content/uploads/2012/11/Reporte-Atisba-Monitor_Propuestas-Integracion-Social.pdf

3 Del Campo, Cristián y Andrea Tokman (2013). Vivienda social integrada a la ciudad.” En: Grupo Res Pública Chile (2013). 95 propuestas para un Chile mejor. Santiago de Chile: Grupo Res Pública Chile, p. 3014 OECD (2013). OECD Urban Policy Reviews, Chile 2013. OECD Publishing.

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abandonados o subutilizados, que gozan de buena localización y están en manos de distintas reparticiones públicas —como la Inmobiliaria Nueva Vida (INVIA) de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), o el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) dependien-te del Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Bienes Nacionales—5 Por ejemplo, en la provincia de Arauco (región del Biobío) hay terrenos EFE bien localizados, que atraviesan Contulmo, Cañete, Los Álamos, Curanilahue y Arauco. El sector Piedra Azul, en Puerto Montt, también podría ser considerado para viviendas sociales. En la Región Metropo-litana, los casos más emblemáticos son el ex aeródromo de Cerrillos, la maestranza San Eugenio (en la comuna de Santiago) y el predio La Platina (en La Pintana). El primer paso en la gestión de terrenos para viviendas sociales debería ser la utilización de estos terrenos.

b) Aseguramiento de suelos de vivienda social: actualmente el MINVU privilegia espontáneamente la expulsión de los campamentos ubica-dos en terrenos bien localizados, dado que en dichos predios hay una mayor presión del mercado y de las empresas privadas por generar pro-yectos inmobiliarios que podrían conseguir altos réditos, lo cual hace más expedito el proceso de erradicación. Aquí los incentivos políticos enfocados en erradicar la mayor cantidad de campamentos podrían provocar efectos perversos, ya que contribuyen a seguir expulsando a la población vulnerable de los sectores bien localizados.

Lo que debe hacer el Estado, por el contrario, es: a) asegurar para fu-turas viviendas sociales los terrenos bien localizados en que ya vive población vulnerable;6 b) invertir en la regeneración urbana de barrios —sobre todo en aquellas localidades desfavorecidas urbanamente, donde además hay muchas familias radicadas, con alto sentido de pertenencia al lugar que habitan y existen elevados costos de erradi-cación—; c) focalizarse en la erradicación de campamentos con mal ac-

5 Poduje, Iván, (2013) Crecimiento urbano y vivienda social. En: Grupo Res Pública Chile (2013). 95 propuestas para un Chile mejor. Santiago de Chile: Grupo Res Pública Chile.6 Como es el caso de la mayoría de los campamentos que se encuentran al interior del anillo de Vespucio, en el Gran Santiago, o cercanos al mar, en Valparaíso. Para más información, ver los Mapas de Vulnerabilidad Territorial confeccionados por el Centro de Investigación Social de TECHO - Chile, Dis-ponibles en: http://www.techo.org/mapas-de-vulnerabilidad-territorial/

ceso a servicios públicos básicos y en donde habitan muchas familias.

c) Compra de terrenos para vivienda social: cuando no haya terreno dis-ponible y no sea adecuada la urbanización de una localidad vulnerable, el Estado debería comprar predios para condominios sociales. Si es que el precio de los terrenos aumenta en forma desmesurada debido a la negociación excesiva de actores privados o a la negativa de venta para fines sociales, el Estado debe considerar la posibilidad de expropiar los terrenos pagando el precio de mercado correspondiente, cumpliendo además con todas las indicaciones estipuladas en la Ley Orgánica de Procedimientos de Expropiaciones (ley Nº 2.186). Dicho acto, como la ley indica, se justificaría “por causa de utilidad pública o interés social o nacional”, ya que la pobreza no es sólo un problema de los individuos que la padecen, sino que de todo el país, ya que éste es responsable de los procesos sociales, políticos y culturales que la reproducen.

d) Gravar terrenos privados bien localizados y subutilizados: una posi-ble política que incentiva el uso de suelo para políticas habitacionales, es la aplicación de un impuesto específico en aquellos terrenos urbanos que se encuentren subutilizados y que no alcancen la cuota de vivienda social exigida en su zona por la normativa (que se discutirá a continua-ción). Una medida similar debiese aplicarse en aquellos sitios eriazos o subutilizados que tengan buena localización para viviendas sociales, la cual debiera estar claramente señalada en el plan regulador. El monto recaudado por estos impuestos podría dirigirse hacia las municipali-dades con mayor porcentaje de población en viviendas sociales, con el objetivo específico de mejorar la conectividad y los servicios públicos de las zonas vulnerables.

Cuotas de vivienda social: en las capitales regionales y en todas las comunas pertenecientes a las grandes conurbaciones (Gran Santiago, Gran Valparaíso, Gran Concepción y La Serena-Coquimbo) debiesen existir cuotas mínimas de vivienda social, ajustadas tanto por la dis-ponibilidad de suelo urbanizable, como por el déficit habitacional re-gional. Esto busca romper con la homogeneidad e incentivar la mixtura social al interior de las comunas, situación urbana que —muy lejos de

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disminuir los precios de las viviendas que actualmente están bien va-loradas— atrae servicios, inversión, creación de infraestructura y plus-valía para los barrios, aumentando también los ingresos municipales7.

En el caso de aquellas ciudades y comunas externas a las grandes ur-bes, deben fijarse límites estrictos de viviendas sociales, evitando con ello la aglomeración de población vulnerable en sectores que carecen de suficientes equipamientos públicos y redes de transporte.

Las cuotas de vivienda social deberían estar claramente estipuladas en los instrumentos de planificación territorial, tales como los planes reguladores intercomunales, comunales y seccionales. En estos instru-mentos se deben señalar zonas de desarrollo urbano que estén condi-cionadas a la generación de proyectos sociales, fomentando con ello la construcción de conjuntos habitacionales en lugares que se converti-rán en centros urbanos con heterogeneidad social.

Ampliación condicionada del plan regulador: para fomentar el cumpli-miento de las cuotas de vivienda social y la generación de proyectos que persigan la heterogeneidad social, es fundamental contar con he-rramientas que incentiven el involucramiento de empresas constructo-ras. Actualmente, una de las principales peticiones del rubro inmobilia-rio es la modificación de los instrumentos de planificación territorial8. Creemos que en dichos instrumentos se debe evaluar el incremento de los límites permitidos de densidad9 y constructibilidad10 urbana, siem-

7 ProUrbana (2007). Integración social a través de la dispersión espacial de conjuntos de vivienda económica. ProUrbana, Nº 5.8 De hecho, una de las conclusiones de un estudio solicitado y difundido por la Cámara Chilena de la Construcción en 2012, es que las políticas que limitan el radio urbano producen escasez de terrenos urbanizables y aumento del precio de los predios, dos factores negativos para el rubro inmobiliario. Para detalles, ver: CChC (2012). Disponibilidad de suelo en el Gran Santiago. Resultados de estudio disponibles en: http://www.cchc.cl/wp-content/uploads/2012/06/DISPONIBILIDAD-SUELO-GS-junio-2012-final.pdf9 Según el artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), el concepto densidad hace referencia al número de unidades (personas, familias, viviendas, etc) por unidad de superficie (predio, lote, manzana, hectárea, etc)10 Medido por el Coeficiente de Constructibilidad que, según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, refiere al “número que multiplicado por la superficie total del predio, descontadas de ésta última las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo de metros cuadrados posibles de construir sobre el terreno” (OGUC, Art. 1.1.2)

pre y cuando junto con esta ampliación se cumplan cuotas exigentes de vivienda social (que podrían ser del orden del 25% al 30%).

También sería adecuado ampliar condicionadamente el radio urbano. Esto no solamente sería una buena noticia para las constructoras —que explícitamente lo proponen como medida política dada la ausen-cia de terrenos baratos—,11 sino que sería beneficioso para los centros de viviendas sociales que están localizándose fuera de este perímetro (por ejemplo en Buin, Isla de Maipo o Curacaví en la Región Metropo-litana), ayudando a crear “ciudades dormitorio” (lugares en donde la gente duerme, pero no realiza sus actividades principales ni su vida co-tidiana). Esta ampliación del perímetro urbano no debería asociarse a la condición de construir nuevas viviendas sociales en dichos sectores —ya que son terrenos límites en cuanto al acceso a servicios públicos de primera necesidad—, sino que a la condición de que existan mejo-rías sustantivas en conectividad urbana. En la misma línea mencionada por del Campo y Tokman (2013), creemos que “ampliar la zona urbana de modo condicionado, incorporando el pago de los costos de la conec-tividad y una cuota máxima de viviendas sociales, lograría el objetivo de ubicación con integración social”12.

11 CChC (2012). Disponibilidad de suelo en el Gran Santiago. Resultados de estudio disponibles en: http://www.cchc.cl/wp-content/uploads/2012/06/DISPONIBILIDAD-SUELO-GS-junio-2012-final.pdf12 Del Campo, Cristián y Andrea Tokman (2013). Vivienda social integrada a la ciudad. En: Grupo Res Pública Chile (2013). 95 propuestas para un Chile mejor. Santiago de Chile: Grupo Res Pública Chile, p. 302

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1.2 Subsidio de localización

Con el fin de promover una mejor inserción de la vivienda social en las redes de bienes, servicios y oportunidades de la ciudad, el año 2006 la política de vivienda integró un Subsidio Diferenciado a la Localización (reglamentado en el D. s. N° 174 y posteriormente modificado en el D. s. Nº 49), el cual buscó promover una mejor ubicación para los proyectos de vivienda social, al menos en los ámbitos de educación, salud y trans-porte. Éste subsidio consideraba originalmente las siguientes condicio-nes (D. s. Nº 174, arts. 64 y 65; art. 35, 5.2):

1. Proyectos que incorporen máximo 150 viviendas.2. Ubicados en el área urbana de ciudades de al menos 5.000 per-sonas (según el último Censo disponible).3. Acceso a servicios urbano: a) transporte público a una distancia recorrible peatonalmente no mayor a 500 metros; b) educación temprana y básica con disponibilidad de matrículas a no más de 1.000 metros recorribles peatonalmente; c) establecimiento de sa-lud primaria a no más de 2.500 metros recorribles peatonalmente.

De entrada hay que especificar que, según el Censo de 2002, todas las ciudades chilenas contaban con más de 5000 personas, lo cual vuelve ineficaz la especificación del punto 2. Por ese motivo, todos los proyec-tos de hasta 150 viviendas se pudieron adjudicar este subsidio siempre y cuando hayan planificado construir en sectores urbanos que cumplie-ran con los criterios del punto 3. El problema, no obstante, fue que estos últimos criterios eran demasiado poco exigentes y el subsidio terminó utilizándose prácticamente en todo terreno urbano disponible, lo que causó una inflación artificial del precio del suelo1. En otras palabras, el Estado “se pisó la cola” en las políticas habitacionales: intentando acceder a suelos bien localizados, fabricó un sistema que los hizo cada vez más inaccesibles, transformándose además en un agente que sub-sidia a los dueños de suelo urbano.

1 Del Campo, Cristián y Andrea Tokman (2013). Vivienda social integrada a la ciudad. En: Grupo Res Pública Chile (2013). 95 propuestas para un Chile mejor. Santiago de Chile: Grupo Res Pública Chile, p. 301

En 2012 cambió la política de vivienda, incluyendo algunas modificacio-nes al subsidio de localización. Las más importantes fueron (D. s. Nº 49, art. 5):

1. Se otorga para proyectos en comunas con más de 5.000 habitan-tes (según el Censo 2012, esto deja fuera a 46 comunas de las 345 del país).2. Los proyectos deben emplazarse en el territorio operacional de una empresa sanitaria.3. Los terrenos deben deslindar con una vía local o de rango su-perior.4. A no más de 1.000 metros recorribles debe haber educación temprana en al menos 2 niveles, y educación básica y/o media. Ya no es necesario que existan matrículas disponibles en estos establecimientos educacionales cercanos.

Estos criterios siguen siendo insuficientes. En primer lugar, si se obser-van las 124 comunas en que se han construido viviendas sociales desde 1950, ninguna de ellas está entre las 46 comunas que actualmente tie-nen menos de 5.000 habitantes. Ello sugiere, que esta medida estaría intentando proteger a las viviendas de algo que nunca ha sucedido: la construcción en comunas con densidad habitacional realmente baja. Si bien es apropiado incluir esta regulación para construcciones futuras, lo cierto es que ella no aporta en la disminución de la segregación de poblaciones vulnerables; a lo más podría aspirar a mantener la distribu-ción de condominios en las comunas que actualmente se ubican.

En segundo lugar, la especificación de que los condominios deben cons-truirse en predios donde opere una empresa sanitaria (punto 2) aporta extremadamente poco a la indicación previa de que se localicen en te-rrenos urbanos. De hecho, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) indica que la cobertura actual de agua potable en sectores urba-nos es del 99,9%2. De igual forma, es muy improbable que en los secto-res urbanos existan terrenos que no deslinden con alguna vía local o de

2 Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ver: http://www.siss.gob.cl/577/w3-article-3683.html (revisada: 02/08/2013)

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rango superior (punto 3).

Esta situación nos lleva a evaluar la eficacia del subsidio a partir sus componentes con mayores posibilidades de discriminar: la distancia hacia servicios de transporte, salud y educación. El mapa 1 representa los sectores de la Región Metropolitana que actualmente obtendrían este subsidio considerando los estándares estipulados en el D. s. N°49. Las condiciones modeladas gráficamente fueron:

1. Terrenos que queden a 500 metros o menos de una red de trans-porte público.2. Que además estén a 2.500 metros o menos de un centro de sa-lud primario.3. Que queden a 1.000 metros o menos de algún establecimiento de educación temprana, además de educación básica y/o media.

La distancia “recorrible peatonalmente”, se modeló a partir de los cami-nos señalados por las redes viales de toda la región.

Como puede observarse, a partir de estos parámetros prácticamente toda el área urbana de Santiago puede optar a este beneficio. Esto se debe a la falta de exigencia en los criterios de transporte —que no es-tipulan distancias urbanas más rigurosas, ni frecuencias o densidades mínimas de los recorridos posibles de abordar—, y a la poca severidad de los parámetros educativos —que no consideran que la población be-neficiaria difícilmente podría acceder a un establecimiento de adminis-tración particular, e incluso tiene dificultades para acceder a institutos particulares subvencionados—.

En estas condiciones, ya se puede declarar con propiedad que los crite-rios actuales del subsidio de localización son todavía extremadamente laxos, aportando poco a la construcción de condominios sociales más integrados urbanamente. Incluso si observamos la localización de las 242 villas de blocks identificadas por TECHO - Chile en el área Metropo-litana de Santiago, veremos que sólo un 4,5% de ellas (11 villas) no se encuentran en sectores viables para este subsidio, lo cual contradice el

Mapa 1. Sectores viables para el subsidio de localización

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TECHO - Chile, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Dirección de Transporte Público Metropolitano.

diagnóstico ya consensuado de que estos barrios tienen una localiza-ción e integración urbana deficiente.

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Mapa 2. Mayores exigencias para el subsidio de localización

Fuente: Elaboración propia a partir de datos cartográficos de TECHO - Chile, Ministerio de Educa-ción, Ministerio de Salud, Dirección de Transporte Público Metropolitano.

Nuestras propuestas para mejorar elsubsidio de localización

Es necesario desarrollar un subsidio con mayores exigencias de loca-lización, no sólo en cuanto a distancias hacia servicios públicos, sino también considerando la capacidad de acogida de los equipamientos en cuestión y la posibilidad real de las familias de acceder a dichos servicios. Según estudios del Centro de Investigación Social de TECHO - Chile, es posible realizar importantes modificaciones en las condi-ciones de localización sin provocar una problemática disminución del área viable de ser subsidiada, a partir de reglamentos como:

1. Considerar menores distancias a redes de transporte público y tener en cuenta la capacidad de acogida de éste. Los condominios de la Región Metropolitana podrían localizarse a menos de 300 metros de un paradero de Transantiago que disponga de 3 o más recorridos. 2. Asegurar un real acceso de las familias a la educación. Se podría dejar fuera de las condiciones de localización la cercanía hacia colegios particulares pagados.

El modelamiento del área de subsidio, con los cambios señalados, se expresa en el mapa 2.

Añadido a esta propuesta de actualización de los parámetros del sub-sidio de localización, también podrían sumarse otras variables de ma-yor complejidad: se podrían considerar solamente los territorios que accedan a paraderos con una frecuencia y capacidad de transporte mí-nimos, contabilizar únicamente los colegios particulares subvenciona-dos que tienen bajos aranceles (asegurando la capacidad de pago de las familias más vulnerables) y considerar sólo aquellos centros de salud primaria que tienen suficiente capacidad de atención (evitando promo-ver sectores donde ya exista una sobredemanda por estos servicios). También podría hacerse un filtro por la calidad de los institutos educa-tivos cercanos.

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Por otra parte, hay variables externas al transporte, la salud y la educa-ción que podrían integrarse para mejorar la eficacia de este subsidio. Por ejemplo, la cercanía hacia focos de empleo —centros industriales, empresariales, de servicios y de proyección metropolitana (que se ana-lizarán en la sección 1.4)— y la lejanía hacia usos de suelo no deseados1, como plantas de tratamiento sanitario, vertederos, cárceles o sectores industriales con elevados niveles de emisión. Todo esto aportaría para proteger el valor de las viviendas sociales y facilitar la movilidad social de las familias.

1 Usos de suelo no deseados -o en inglés: Locally Unwanted Land Use (LULU)- hace referencia a todos aquellos equipamientos necesarios para el desarrollo de la ciudad y la sociedad, pero que nadie desea cerca de su hogar, como vertederos, plantas de tratamientos, cárceles, comisarías, etc.

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1.3 Regeneración de barrios de vivienda social

Como se ha observado en el desarrollo de este documento, la política habitacional en Chile se ha centrado más en la cantidad de viviendas que en la calidad de éstas. Si bien entre 1992 y 2011 se logró disminuir en un 80,8% el déficit habitacional cuantitativo, la carencia habitacional cualitativa —es decir, aquellas viviendas que requieren ser mejoradas en materialidad y/o servicios básicos para llegar a ser aceptables— sólo disminuyó un 0,38%1 en los mismos años. Tal situación ha generado un nuevo problema en lo que respecta a lo urbano y la vivienda: “un enor-me stock de viviendas sociales inadecuadas que requieren atención”2, evidenciando la falta de consideración de factores fundamentales para la integración de los barrios, como son la localización, el diseño adecua-do de las viviendas y la composición social de los condominios.

En nuestro país existen al menos 1,683 millones de personas (aproxi-mación que considera al 67% de la población chilena) que residen en viviendas sociales consideradas como vulnerables, es decir que: a) se encuentran ubicadas en barrios homogéneos que concentran una fracción sustantiva de hogares socioeconómicos pobres4, b) tienen una oferta de comercio y servicios inferior al promedio de la ciudad donde se ubican, y c) son barrios alejados de los centros principales de las ciudades. Bajo estos estándares, en Chile existirían al menos 64 barrios vulnerables a lo largo del país, que agrupan 467.000 viviendas, de las cuales 206.000 estarían en Santiago. Como cabría imaginar, esta población se concentra principalmente en la Región Metropolitana, agrupando un 44% de las familias involucradas. Sin embargo, si se con-sidera la cantidad de habitantes por ciudad, son Copiapó (32%), Arica (27%) y Talca (23%) las ciudades con mayor proporción de personas que 1 Fuente: Censo 2002 yEncuesta CASEN 2011.2 RODRIGUEZ, Alfredo y SUGRANYES, Ana (editores) (2005). Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social. Ediciones SUR, Santiago, Chile.3 Los datos fueron extraídos de: ATISBA (2010). Estudio Guetos en Chile. ATISBA Estudios y proyectos urbanos, Santiago, Chile.4 En este estudio Grupos socioeconómicos D y E, que tienen ingresos familiares de $325.000 y $100.000 respectivamente.

se encuentran viviendo en esta situación.

Bajo este contexto, hoy se hace necesaria la rehabilitación de los ba-rrios vulnerables o —en aquellos casos críticos— su demolición. Tal como especifican del Campo y Tokman: “el desafío de la política habi-tacional es mucho más holístico que puramente habitacional, está más relacionado con el urbanismo que con la vivienda y se asocia a muchos más aspectos que sólo a la calidad de la vivienda; el desafío tiene que ver con el entorno, con las conexiones, con las oportunidades, con la dignidad”.

En base a esto, proponemos una regeneración integral de los barrios de vivienda social, en la cual se consideren las diferentes problemáti-cas, vinculando la vivienda con el transporte, los espacios públicos, la seguridad ciudadana y el acceso a servicios. Para lograr tal objetivo, en algunas ocasiones será necesario demoler viviendas irrecuperables, y en otras, intervenir en los barrios que tienen opciones de mejoramien-to. A continuación se expondrán nuestras propuestas concretas para la regeneración de barrios.

Mejorar el transporte público en sectores de vivienda social: el trans-porte público es el medio de conexión fundamental entre un barrio vul-nerable y los centros urbanos, es decir, aquellos lugares de la ciudad en donde se concentran los bienes, servicios y oportunidades sociales. Según estimaciones del Centro de Investigación Social (CIS) de TECHO - Chile, en la Región Metropolitana las villas de blocks tienen en prome-dio 11 paraderos a su alrededor, considerando un radio de 500 metros a la redonda. Sin embargo, existen 21 villas que tienen uno o ningún pa-radero dentro de esa área, las cuales se concentran principalmente en las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Todas estas villas, pueden ser identificadas en la tabla 1 del anexo.

En el mapa 3 se modela el acceso hacia el transporte público de las vi-viendas sociales del Gran Santiago. Según estimaciones del CIS, de las 242 villas de blocks identificadas actualmente dentro del área Metro-politana de Santiago, existen 74 (un 30,5%) que se encuentran a más

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de 300 metros de un paradero de tres o más recorridos de autobús, te-niendo un cuestionable acceso a los bienes, servicios y oportunidades urbanas.

Mapa 3: Transporte público y viviendas sociales en Santiago

Gráfico 4. Vulnerabilidad y movilización pública

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TECHO - Chile y el Directorio de Transporte Público Metropolitano.

Fuente: Elaboración propia a partir del Indicador de Vulnerabilidad Territorial TECHO - Chile y datos del Centro de Investigación Social (CIS)

existe un potenciamiento vicioso en las formas de exclusión urbana: los condominios con baja densidad de equipamientos públicos no es-tán siendo compensados con buenos mecanismos de transporte que mejoren su acceso a la ciudad; a la condición geográficamente segrega-da de estas localidades, se añade la de una menor calidad en la movili-zación pública.

Dado que el sistema de transporte está contribuyendo a la segregación de localidades que ya poseen alta vulnerabilidad territorial, considera-mos que es necesaria una fuerte inversión pública orientada a mejorar las vías de transporte de sectores socioeconómicamente vulnerables, aumentando la periodicidad de recorridos de buses y extendiendo las líneas del Metro. De esta manera, se mejoraría el acceso a los centros de trabajo, servicios y consumo, además de aumentar la plusvalía de los terrenos en que se alojan los condominios sociales. Estas medidas

Asimismo, como puede observarse en el gráfico 4, las villas de blocks con mayor vulnerabilidad territorial (alta distancia a equipamientos públicos de seguridad, salud y educación) tienden a tener una mayor distancia hacia paraderos con tres o más recorridos. En otras palabras,

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ayudarían en la disminución del nivel de vulnerabilidad territorial de las viviendas y en la regeneración de los barrios vulnerables.

Más específicamente, desde TECHO - Chile recomendamos priorizar me-joras del transporte en aquellos condominios donde es insuficiente y, además, existe una alta lejanía a equipamientos públicos de seguridad, salud y educación (villas color morado en el gráfico 4). En la tabla 2 del anexo se señalan los barrios que cumplen con estas condiciones.

Mejoramiento de espacios públicos: para mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la vida de barrios y favorecer la cohesión social de estos, se requiere una mayor inversión en obras de mejoramiento de espacios públicos, como plazas, calles, juegos infantiles e infraestruc-turas deportivas. Según estimaciones del Centro de Investigación TE-CHO - Chile a partir de los datos del Observatorio de Ciudades UC (2010), hay 1.771 áreas verdes a menos de 500 metros del total de las villas de blocks del área Metropolitana de Santiago. No obstante, de la superfi-cie de éstas áreas, el 63,7% se encuentra en mal estado y sólo el 36,3% se mantendría en condiciones apropiadas.

Dentro de este parámetro, las villas de blocks que se encuentran más afectadas con superficies de áreas verdes en mal estado son las que se ubican en las comunas de Renca (98,8%), La Cisterna (98,5%) y La Granja (79,1%). Si bien existen programas públicos —como “Quiero mi Barrio” o el subsidio Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF)— que se destinan a la recuperación de espacios comunes, las inversiones son muy limitadas para el nivel del problema: las áreas de espacios pú-blicos en mal estado son demasiadas y toda obra realizada debe mante-nerse en el tiempo, considerando los costos que ello implica. Para solucionar esto, se propone que el Gobierno Central entregue re-cursos a los municipios más pobres que quieran mejorar sus espacios públicos, a través de un fondo de obras públicas dirigido a postulantes municipales y orientado por criterios de equidad. Por ejemplo, sería de-seable que mientras más población vulnerable tuvieran las comunas, mayores posibilidades de obtención de recursos tengan. Esta medida

se hace más relevante al tener en cuenta que los municipios no reci-ben impuestos por las viviendas sociales (todas aquellas bajo las 810 UF). También, para que las municipalidades puedan aportar realmente debería modificarse la delimitación legal de “condominio”, ya que ella no permite a los municipios invertir directamente en estos conjuntos habitacionales sin antes llegar a complicados acuerdos con los vecinos y estar acogidos por la ley de copropiedad.

Por otra parte, el problema no se solucionaría de manera permanente si es que las obras públicas no van acompañadas por recursos comunales para su administración, mantención y —muy especialmente— seguri-dad pública5. En ese sentido, cualquier propuesta política en esta área debe considerar una reforma al sistema de ingresos municipales, la cual permita a los ayuntamientos invertir en espacios públicos que po-drán protegerse a través del tiempo. Lo deseable sería diseñar un siste-ma de aumento en el financiamiento municipal (desde fondos estatales o desde el fondo municipal compartido), que esté condicionado por el aumento en la cantidad de inversión en espacios públicos destinados a la población vulnerable. También sería favorable evaluar posibilidades de aporte privado en la confección y mantención de estos espacios.

Seguridad ciudadana: la inseguridad ciudadana es un factor que des-gasta el tejido social del barrio, puesto que genera desconfianza inter-personal y un alto nivel de insatisfacción con los vecinos del barrio6. Según datos obtenidos por el Centro de Investigación Social de TECHO - Chile en conjunto con un curso de Sociología de la Pontificia Universi-dad Católica de Chile (2012) en el sector de Bajos de Mena7, la inseguri-dad de la vivienda sería la segunda desventaja más importante que las personas identifican de vivir en viviendas sociales. De hecho, un 27% de los encuestados consideraron que ésta era la principal desventaja.

5 Nuestras entrevistas en el sector de Bajos de Mena (Puente Alto), indican que los espacios públicos que no tienen seguridad garantizada, son altamente susceptibles a transformarse en centros de delincuencia o distribución de drogas. En ese sentido, no recomendamos la generación de espacios públicos sin un claro proyecto de seguridad municipal.6 LUNECKE, Alejandra (Mayo 2012) Violencia Urbana, exclusión social y procesos de gueti-zación: La trayectoria de la población Santa Adriana. Revista Invi Nº 74, volumen Nº27.7 Esta encuesta fue representativa tres villas del sector de Bajos de Mena, en Puente Alto.

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Por dicha razón, creemos que para alcanzar la regeneración de un ba-rrio es necesario aplicar políticas que aumenten la seguridad de estos mismos y, con ello, se favorezca el fortalecimiento de los vínculos veci-nales. Un estudio realizado en la población Santa Adriana8, lugar donde sólo un 21,4% confía en la mayoría de sus vecinos, demuestra que la inseguridad ha provocado bajos niveles de participación en organiza-ciones vecinales, y también un escaso interés de vincularse con los ve-cinos.

A ello se suma, que comúnmente estos barrios tienen poca cercanía geográfica o poca eficacia de los servicios públicos de vigilancia —como Carabineros de Chile—, situación que aumenta el sentimiento de inseguridad en la población. Según los Mapas de Vulnerabilidad del Centro de Investigación Social de TECHO - Chile, la distancia promedio entre las villas de blocks del área Metropolitana de Santiago y Carabi-neros de Chile es de 2,35 km., siendo las comunas de Renca (5,27 km.), Puente Alto (4,05 km.), y Cerro Navia (3,18 km.) las que promedian mayo-res distancias (ver gráfico 5).

En este contexto, proponemos que el Ministerio de Interior, en conjun-to con las municipalidades más afectadas, desarrolle un contundente plan de seguridad para los condominios sociales y sus espacios públi-cos circundantes, teniendo cuidado también, con no estigmatizar di-chas localidades. La regeneración integral de estos barrios sólo es posi-ble sobre la base de lazos de confianza entre vecinos, situación que no podría lograrse sin un piso mínimo de seguridad pública mantenida en el tiempo.

Mejoramiento del Programa Segunda Oportunidad: debido a la alta proporción de barrios de viviendas sociales que se encuentran en un estado crítico, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lanzó en el 2012 el subsidio “Segunda Oportunidad” para condominios sociales o blocks, teniendo como principal foco, las familias que se han quedado atrapa-das en departamentos o conjuntos habitacionales en altura que pre-

8 UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO - OSUAH. Estudio de caracterización social, física-territorial de tres barrios. Barrio Santa Adriana. Mimeo. 2007.

Gráfico 5. Distancia promedio desde las villas de RM a Carabineros según comuna

Fuente: Centro de Investigación Social TECHO - Chile 2013

sentan deterioros. Este programa opera recibiendo departamentos irrecuperable, a cambio de un subsidio a los propietarios para que ad-quieran una vivienda en mejores barrios. Para postular a este subsidio es necesario tener a lo menos, el acuerdo del 95% del total de los pro-pietarios de un edificio.

Con respecto a los casos de las familias arrendatarias —que son en al-rededor del 20% de los habitantes de un block— se evalúa cuáles de ellas están habilitadas para optar a un subsidio de vivienda nueva, y en caso de inhabilidad, se les apoyaría con un subsidio de traslado y copa-go de arriendo en otra ubicación.

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Puesto que no todos los conjuntos habitacionales son totalmente irre-cuperables, es que también se trabaja en estos blocks y en sus espacios comunes, adecuándolos a los estándares de la política habitacional. En este trabajo se considera ampliaciones, remodelaciones, reparaciones, obras nuevas, áreas verdes. Se pretende demoler 55.768 departamentos en blocks irrecuperables.

a) Asegurar la vivienda: según el documento de Res Pública9, se busca demoler 4.000 viviendas al año, pero como se señaló an-teriormente (sección: “Un nuevo rol para las instituciones en las políticas de vivienda social”), se están construyendo aproximada-mente 6.000 viviendas al año y el déficit habitacional va en aumen-to. Es por esta razón, que es necesario repensar la lógica de las postulaciones a dicho programa, ya que las familias beneficiadas no tienen una vivienda asegurada y quedan sujetas a los flujos de mercado que históricamente han fomentado la segregación en nuestro país. Dichas consecuencias contribuyen a reproducir los problemas sociales asociados a las políticas habitacionales en Chile, tales como la exclusión y el hacinamiento. Un programa de regeneración barrial debiera velar por una real integración a la ciudad, en viviendas nuevas o usadas, mejorando la condición inicial de las familias, por lo que es necesario poner atención a los vacíos que anulan su efectividad.

b) Postulación colectiva: actualmente, las familias postulan al programa “Segunda Oportunidad” de manera individual, lo cual fomenta la disolución de las redes sociales ya construidas en sus diversos barrios. En los sectores vulnerables, las familias estable-cen sus redes de contacto y colaboración recíproca a través de los vecinos, juntas de vecinos, líderes comunitarios y distintas organizaciones en donde intercambian bienes, servicios e infor-mación10. Todas estas formas de organización y colaboración tie-

9 Del Campo, Cristián y Andrea Tokman (2013). Vivienda social integrada a la ciudad. En: Grupo Res Pública Chile (2013). 95 propuestas para un Chile mejor. Santiago de Chile: Grupo Res Pública Chile, p. 29710 LOMNITZ, Larissa (1998). Informal Exchange Network in Formal Sistems: A Tehorical Model. American Antrhopologist. Citado en: MOYA, Emilio José (2008). La informalidad entendida como ex-

nen una arraigo social muy fuerte en el territorio, por lo que es necesario entender la movilidad social de manera colectiva y no puramente individual, precisando estrategias para evitar las sali-das escalonadas.

c) Evitar la perpetuación de viviendas sociales críticas: es necesa-rio asegurar que los departamentos desocupados no sean toma-dos por otros propietarios dentro del programa Segunda Opor-tunidad, y que por ende, sigan habiendo familias que vivan en condiciones de extrema vulnerabilidad.

clusión inclusiva. Tesis (Magister en Sociología). Santiago, Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Sociología.

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1.4 Indicador de integración para lasviviendas sociales

Las líneas de solución propuestas anteriormente apuntan a generar una política urbana que sea capaz de integrar a la población vulnerable tanto a las redes de bienes, servicios y oportunidades presentes en las ciudades, como al barrio mismo, lugar donde idealmente debieran ges-tarse vínculos sociales integrados y satisfactorios, de confianza vecinal y organización comunitaria.

Para identificar los barrios que cumplen o incumplen estos objetivos, se propone la creación de un indicador de integración para viviendas sociales. Este debiera considerar al menos dos dimensiones:

1. Integración urbana: cercanía de cada condominio hacia los dis-tintos bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece.2. Integración barrial: heterogeneidad social y cohesión interna de los barrios.

Integración urbana: proponemos que se midan al menos 3 elementos que, en su articulación, sirven para a diagnosticar la red de bienes, ser-vicios y oportunidades a los cuales acceden los habitantes de cada ba-rrio.

a) Cercanía a servicios públicos básicos: consideramos vital que se in-cluya en este indicador la cercanía desde cada condominio social hacia los equipamientos públicos de seguridad, salud y educación. Para ello, proponemos la utilización del Indicador TECHO de Vulnerabilidad Terri-torial1, que mide la distancia, siguiendo la ruta más eficiente de redes viales, desde cada localidad vulnerable hacia los equipamientos más cercanos en ésta áreas. Específicamente, se considera la distancia ha-

1 Una versión abreviada de la construcción de este indicador puede encontrarse aquí:https://www.techo.org/wp-content/uploads/2013/05/Metodologia-mapas-de-vulnerabilidad-territorial.pdf / Actualmente MINVU está replicando esta metodología en el análisis del Catastro de Condominios Sociales. Para observar su aplicación en formato web: http://www.techo.org/mapas-de-vulnerabilidad-territorial/

cia la siguiente infraestructura pública:

- Educación: establecimientos de educación básica y media de ad-ministración municipal.- Salud: hospitales, consultorios, servicios de urgencia y postas rurales.- Seguridad: cuarteles de Carabineros de Chile y Bomberos.

A partir del cálculo de éstas distancias, este indicador se crea en los siguientes pasos:

1. Se estandarizan los valores para cada región de Chile, siendo 0 la dis-tancia menor hacia cada equipamiento y 1 la mayor.

2. Se crea un indicador de vulnerabilidad para cada dimensión (seguri-dad, salud y educación), sumando la distancia hacia los distintos equi-pamiento de manera ponderada (para distinguir la importancia de cada infraestructura). Las fórmulas de ponderación son las siguientes:

- Educación = [Educación básica * 0,5] + [Educación media *0,5]- Salud = [Hospital * 0,4] + [Consultorio *0,3] + [Servicios de Urgen-cia *0,15] + [Posta rural *0,15]- Seguridad = [Carabineros * 0,5] + [Bomberos *0,5]

3. Se crea un índice general de vulnerabilidad territorial, a partir de la suma de los indicadores de cada dimensión.

El valor de este índice —que va desde 0 (menor vulnerabilidad territo-rial) a 3 (mayor vulnerabilidad territorial)— refleja el nivel de lejanía de cada condominio de viviendas sociales hacia los servicios públicos básicos en las áreas de seguridad, salud y educación. Cabe destacar que este es un indicador relativo, es decir, que mide la vulnerabilidad terri-torial de una localidad vulnerable en comparación con el resto de las localidades vulnerables de una región.

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Algunos subcentros de actividad económica en la Región Metropolita-na, ya sean actuales o proyectados desde la planificación urbana, se pueden observar en el mapa 5. En esta gráfica se presentan diferentes núcleos de actividad laboral, considerando tanto el sector secundario —zonas de desarrollo industrial en Huechuraba, Quilicura, Renca, Pu-dahuel, Maipú, Cerrillos, San Bernardo y Puente Alto— como terciario —centros comerciales (malls), grandes enclaves empresariales (Enea, Ciudad Empresarial y El Golf), subcentros de desarrollo Metropolitano planificados en el PRMS y otros sectores vinculados —.

A continuación, se muestra gráficamente el resultado de este indicador para las villas de blocks de la Región Metropolitana.

Mapa 4. Indicador TECHO de Vulnerabilidad Territorial en la Región Metropolitana

Mapa 5. Centros de empleabilidad

Fuente: TECHO - Chile 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TECHO - Chile, Observatorio de Ciudades UC y Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

b) Cercanía a centros de empleabilidad: para medir la incorporación ur-bana de los condominios sociales, un adecuado indicador de integra-ción debiera incluir la posibilidad de acceder a diferentes subcentros de actividad económica. Creemos que es indispensable observar tanto los sectores industriales, como de servicios: el ideal es ofrecer una am-plia matriz de ofertas de trabajo formal, que no solamente abarque los rubros de trabajo tradicionalmente asociados a la población vulnera-ble (como construcción, asesoría de hogar, cocina y ferias libres)2, sino que, además, considere las posibilidades de trabajo que seguramente tendrán las familias en el largo plazo, teniendo especial consideración con los centros de servicios y las opciones laborales de todos los inte-grantes del hogar. 2 Investigaciones del Centro de Investigación de TECHO - Chile, sugieren que los rubros de trabajo en los sectores vulnerables del país son actualmente muy variables, siendo muy difícil mantener la imagen tradicional de que en estas poblaciones el trabajo formal es casi únicamente en la construcción y la asesoría de hogar. Al respecto, ver: CIS (2012). Situación laboral en los campamentos de la Región Metro-politana. ÉnfaCIS, Nº 2.

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c) Transporte público: tanto en ciudades de gran envergadura como en localidades rurales, es necesario contar con redes de transporte pú-blico que sean capaces de articular armoniosamente los dos aspectos desarrollados previamente (servicios públicos básicos y centros de em-pleo); por ello, el tercer y último elemento a considerar para diagnosti-car la integración urbana, serían las redes de transporte público.

Por una parte, es sumamente necesario que el acceso a transporte de los conjuntos habitacionales no se diagnostique solamente en base a la cercanía hacia una red de transporte (situación que, como hemos visto, ocurre con el actual subsidio de localización); es necesario considerar también la frecuencia y la relación entre capacidad de carga y densidad poblacional existente en el sector. Al evaluar cada sistema regional de transporte, es necesario considerar los paraderos existentes alrededor de las viviendas sociales, los recorridos, la frecuencia de estos y la ca-pacidad estimada en los horarios punta (una posibilidad de mejoría en la Región Metropolitana, ya fue evaluada en el mapa 3 del capítulo 1.3).

Por otra parte, es necesario evaluar la adecuada conexión de las vivien-das sociales con redes de transporte de alta densidad, como es el caso de Metro en Santiago, Metrotren en Rancagua, Biotren en Gran Concep-ción y Metro-Valparaíso en Gran Valparaíso. Esta medida es muy impor-tante, ya que no sólo asegura la conectividad de los habitantes, sino que también protege o aumenta la valorización de sus inmuebles. Debe ponerse bastante atención a medidas como ésta, que buscan proteger el valor mercantil de los conjuntos habitacionales: la historia ha mos-trado que las viviendas sociales chilenas, que en su origen costaban cerca de 500 UF, hoy cuestan cerca de la mitad en todas las regiones de nuestro país3. Sin duda debe considerarse esta tendencia y tratar de revertirla en las futuras planificaciones del transporte público.

Integración barrial: hasta el momento sólo se ha considerado la integra-ción urbana de los condominios sociales —en otras palabras, la relación

3 Del Campo, Cristián y Andrea Tokman (2013). Vivienda social integrada a la ciudad. En: Grupo Res Pública Chile (2013). 95 propuestas para un Chile mejor. Santiago de Chile: Grupo Res Pública Chile, p. 293 y 295

condominio/ciudad—, pero poco o nada se ha dicho sobre integración en el interior de cada barrio —esto es, la relación condominio/barrio, el vínculo entre los habitantes del mismo condominio—. Creemos que el indicador de integración para viviendas sociales debiera incluir esta dimensión interna, que permitiría monitorear los barrios para que no se conviertan en poblaciones estigmatizadas, con relaciones sociales frágiles y grupos poco cohesionados.

a) Heterogeneidad social: la población de barrios integrados no debe-ría ser uniforme socialmente —ya sea por etnia, nivel socioeconómico o cualquier otro identificador social—, dado que esta homogeneidad suele generar segregación por estigma y una mayor reproducción de las desigualdades. Por ello, es deseable que la composición social de los barrios sea heterogénea, situación que, cuando se despliega en locali-dades con buenos vínculos y confianza interpersonal, lleva asociados efectos positivos, como la complementariedad profesional y el aumen-to del capital social y cultural.

Más específicamente, proponemos considerar los siguientes indicado-res de diversidad en la composición social de cada barrio (o también distritos censales o comunas, si es que fuera muy compleja la identifi-cación de los barrios):

1. Porcentaje del parque habitacional que corresponde a vivien-das sociales. 2. Porcentaje de la población en los dos quintiles de menores in-gresos, adaptados por poder de compra regional.3. Porcentaje de la población que pertenece a pueblos originarios o no tiene nacionalidad chilena.

b) Cohesión social de los barrios: la cohesión social es otra representa-ción de la integración social, ya que ella suele expresarse en barrios li-bres de exclusión y estigmatización. Por el contrario, los barrios muy segregados y estigmatizados tienen baja cohesión social, porque la gente, al no querer identificarse con el territorio y su estigma asocia-do, evita crear vínculos con las personas del barrio. Como ha especifica-

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do Loïc Wacquant, el fenómeno de los barrios estigmatizados “genera distancia social entre los residentes, crea desconfianza social y socava cualquier forma de solidaridad, así como la posibilidad de acción colec-tiva, e incluso la capacidad de protestar políticamente”4.

Para medir la cohesión social del barrio, proponemos los siguientes in-dicadores:

1. Promedio de la cantidad de familiares que viven en el barrio.2. Promedio de la cantidad de amigos cercanos que viven en el barrio.3. Nivel promedio de confianza en los vecinos.4. Nivel promedio de confianza en la gente que se conoce por pri-mera vez en el barrio.

4 Wacquant, Loïc (2010). Las dos caras de un gueto. Ensayos sobre marginalización y penali-zación. Madrid: Siglo XXI.

2. NUEVAS URGENCIAS HABITACIONALES

Familias inhábiles para los subsidios, cierre adecuado de campamentos y allegamiento.

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2.1. Familias inhábiles para los subsidios

En Chile existe un gran número de familias que, a pesar de tener alta vul-nerabilidad y riesgo habitacional, son consideradas “no hábiles” para postular a un subsidio de vivienda entregado por el Estado o, en una versión más blanda, son “inhabilitados” para hacer los procedimientos de subsidios que normalmente se aplican a su condición de vulnerabili-dad social. Estas familias están compuestas principalmente por:

a) Personas que viven en campamentos no reconocidos en el Ca-tastro de Campamentos MINVU 2011.b) Inmigrantes, ya estén en situación de allegamiento, hacina-miento o habitando campamentos.c) Personas que accedieron previamente a un subsidio habitacio-nal.

a) Familias no reconocidas en el Catastro de Campamentos: la realidad de los campamentos es muy dinámica e inestable, ya que en cada mo-mento están surgiendo nuevos asentamientos o se están repoblando algunos previamente erradicados. Nuestros estudios estiman que hoy existen aproximadamente 778 campamentos, cifra que es 121 unidades mayor que la ofrecida por el Catastro de Campamentos MINVU 2011. Esto quiere decir que, a pesar de las erradicaciones de los últimos años, mensualmente debieran integrarse cerca de 5 campamentos a las esta-dísticas nacionales.

Las familias que habitan estos asentamientos emergentes tienen se-rias dificultades para acceder a los subsidios asociados a la Secretaría Ejecutiva de Campamentos, debido a que no aparecen en los registros oficiales del catastro. Si bien estas familias no son inhabilitadas de raíz en las políticas habitacionales —ya que en estricto rigor podrían aso-ciarse de forma externa a algún comité de vivienda o postular a través de los llamados generales a subsidios—, sí están siendo sometidas a mayor exigencia y competencia en la obtención de beneficios. No se trata en este caso de una inhabilitación política radical, sino de la im-

posibilidad de realizar los procedimientos estatales que pueden seguir otras familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad equivalente.

b) Familias inmigrantes: en las últimas décadas se han incrementado las tasas de inmigración en Chile. Según datos de la fundación Ciudadano Global1, en nuestro país vivirían más de 339.000 personas en dicha situa-ción. Esta población se concentra mayoritariamente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana (ver tabla 1).

Este incremento de la población migrante ha tenido una importante notoriedad en las regiones del norte del país, fundamentalmente por a su atractivo como focos de empleabilidad vinculada al sector minero. Debido a ello —y al aumento del costo de vida de algunos sectores—, muchas de las familias se han visto en la necesidad de alojar en campa-mentos, teniendo pocas perspectivas de mejoría habitacional en el cor-to plazo. A la situación de vulnerabilidad económica y llena de barreras culturales (que a veces se traducen en discriminación y poca adapta-ción a las costumbres chilenas), debe sumarse, entonces, la imposibi-lidad que tienen estas familias de postular a un subsidio habitacional, dado que no cumplen con el requisito de residencia definitiva de al me-nos 5 años (explicitado en el Decreto Supremo Nº49)2.

c) Familias ya beneficiadas con subsidios: también existe un importan-te número de familias que ya han sido beneficiadas por un subsidio habitacional, pero que en la actualidad no cuentan con una vivienda adecuada, ya sea por problemas de infraestructura de la vivienda o por la inseguridad y segregación existente en el barrio. Tal es el caso, al menos, de aquellas que habitan 467.000 viviendas a los largo de todo

1 Estudio “Cifras y rostros de la migración en Chile”, disponible en http://www.ssmc.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2013/05/Cifras-y-rostros-de-la-migraci%C3%B3n-en-Chile.pdf2 Artículo 14: “Si el postulante es de nacionalidad extranjera, deberá presentar Cédula de Identi-dad para Extranjeros y entregar fotocopia de ella y del Certificado de Permanencia Definitiva en que conste una antigüedad mínima de 5 años desde su otorgamiento hasta el momento de la postulación, conforme a las normas que regulan la residencia legal de los extranjeros en el país”.

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RegiónPoblaciónmigrante

% respecto ala población

migrante en Chile

% de migrantes respecto a la

población regional

Arica y Parinacota 12.299 3,62 5,75

Tarapacá 22.165 6,53 7,39

Antofagasta 20.239 5,96 3,70

Atacama 4.469 1,32 1,53

Coquimbo 9.030 2,66 1,28

Valparaíso 23.268 6,85 1,34

O’Higgins 5.623 1,66 0,64

Maule 3.988 1,17 0,41

Biobío 9.155 2,70 0,46

La Araucanía 7.615 2,24 0,83

Los Ríos 2.600 0,77 0,71

Los Lagos 6.550 1,93 0,82

Aysén 1.443 0,42 1,45

Magallanes 2.661 0,78 1,67

Metropolitana 208.431 61,39 3,12

Total 339.536 100

Tabla 1. Población migrante en Chile

Fuente:Fundación Ciudadano Global, 2013

Chile3. Estas familias no pueden postular nuevamente a los subsidios habitacionales, debido a que ya fueron beneficiarios del Estado, lo cual las deja en una situación muy compleja debido a sus escasas oportuni-dades de superar la vulnerabilidad habitacional.

El desafío social que surge a partir de estos tres escenarios necesita ser abordado a tiempo, con tal de evitar que se generen nuevas compli-caciones sociales o políticas que al momento de aplicarse ya no sean eficaces por su falta de actualidad. A continuación se exponen nuestras propuestas más relevantes.

3 ATISBA (2010). Estudio Guetos en Chile. ATISBA Estudios y proyectos urbanos, Santiago, Chile.

Actualización y monitoreo constante de campamentos: la dinámica de crecimiento y repoblamientos de campamentos requiere que las dife-rentes propuestas de políticas vinculadas a este segmento de la pobla-ción sean más afines a sus dinámicas poblacionales. Para ello es nece-sario que las oficinas de SERVIU de todo el país estén en un constante monitoreo y actualización, tanto de las nuevas familias que lleguen a los campamentos como del surgimiento de nuevos asentamientos en su territorios. De esta manera puede evitarse que nuevas familias en esta situación de precariedad no puedan organizarse rápidamente en sus comités de vivienda y deban esperar a los llamados generales.

Erradicación eficaz de campamentos: otra problemática vinculada a las familias inhábiles en asentamientos irregulares, es su situación tras la erradicación del campamento que las acogía. Hoy pueden ob-servarse casos como los ocurridos en la región de la Araucanía, donde los esfuerzos por parte del MINVU para erradicar campamentos han sido efectivos, pero han dado lugar al surgimiento de muchos micro-campamentos, compuestos principalmente por familias inhábiles que pertenecían a los campamentos erradicados. Estos microcampamen-tos finalmente se traducen en focos para el resurgimiento de grandes asentamientos irregulares, para lo cual es necesario no sólo una mayor eficacia en la política de cierres de campamentos (a tratar en el próxi-mo capítulo) sino también generar herramientas para atender la nece-sidad habitacional de estas familias. Aquí proponemos considerar: a) la formación de comités de vivienda especiales, b) la entrega de subsi-dios de arriendo –siempre y cuando tengan un monto suficiente para el arriendo efectivo y se vean complementados por un plan habitacional más estable en el mediano plazo— o c) la entrega de viviendas sociales que se encuentren abandonadas.

Política de Segunda Oportunidad y recuperación de viviendas socia-les: si bien en 2012 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lanzó el pro-grama piloto del subsidio Segunda Oportunidad para la recuperación de condominios sociales, cuyo enfoque se centra en los conjuntos

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habitacionales deteriorados4, se espera el desarrollo de un decreto que transforme este piloto en un programa regular para que se sumen más villas a lo largo del país. Por otra parte, es necesario un fortalecimiento de este programa y que no sólo se enfoque en la entrega de un subsi-dio para una nueva vivienda y que la anterior pase a manos del SERVIU, sino que también exista un trabajo posterior que apunte a la mejora de las condiciones habitacionales y arquitectónicas de las viviendas des-alojadas. Este nuevo stock de viviendas sociales podría ayudar a cubrir las necesidades en el segmento de familias inhábiles.

Modificación de las condiciones para obtener un subsidio de vivienda: en las modificaciones que se le realizaron al Nuevo Fondo Solidario de Elección de Vivienda D. s. 49 en el 2011, se definió dentro de los requisi-tos de postulación que “ninguno de los integrantes del Núcleo identi-ficado o sus cónyuges podrá estar postulando a un subsidio habitacio-nal, ni tener subsidio vigente o ser propietario de una vivienda o caseta sanitaria”. A partir de ello, se hace necesario definir criterios que permi-tan desmarcar a aquellas familias que recibieron un beneficio que no fue producto de la postulación al subsidio habitacional, como la obten-ción de una caseta sanitaria.

Caso similar ocurre con el Artículo 14 del D. s. 49, en el cual se detalla que “si el postulante es de nacionalidad extranjera, deberá presentar Cédula de Identidad para Extranjeros y entregar fotocopia de ella y del Certificado de Permanencia Definitiva en que conste una antigüedad mínima de 5 años desde su otorgamiento hasta el momento de la pos-tulación, conforme a las normas que regulan la residencia legal de los extranjeros en el país”. A esta condición para la postulación, también debe tenerse en consideración que el tiempo mínimo para obtener el certificado de Permanencia Definitiva son 3 años, por lo tanto nos en-frentamos a que las familias migrantes deben esperar un mínimo de 8 años para poder acceder a una vivienda, algo muy similar a los tiempos de espera para salir de los campamentos.

4 Actualmente el programa piloto Segunda Oportunidad, se encuentra en desarrollo en las villas Cerro Morado y Francisco Coloane de Puente Alto; Parinacota de Quilicura; Villa Nuevo Horizonte II y Brisas del Mar en Viña del Mar y Villa Vicuña Mackenna de Rancagua.

Catastro de uso de viviendas sociales: el año 2011 el gobierno levantó un catastro de todas aquellas viviendas sociales desocupadas o que no se les está dando un uso debido, con fin de poder reasignarlas a aque-llas familias que lo necesiten. Este catastro se realizó en 954 conjuntos habitacionales pertenecientes al Fondo Solidario de Vivienda construi-dos entre los años 2007 y 2010, y se identificaron 3.788 viviendas des-ocupadas a nivel nacional (tabla 2).

RegiónN° de proyectos

catastradosN° de

BeneficiariosN° de viviendas

desocupadas %

Arica yParinacota

13 1.512 368 24,3

Tarapacá 27 3.326 39 1,2

Antofagasta 290 5.886 341 5,8

Atacama 28 2.303 116 5,0

Coquimbo 38 3.828 202 5,3

Valparaíso 70 6.585 249 3,8

O’Higgins 33 2.650 340 12,8

Maule 81 8.100 288 3,6

Biobío 165 10.503 525 5,0

La Araucanía 37 4.459 435 9,8

Los Ríos 49 4.089 349 8,5

Los Lagos 63 8.490 462 5,4

Aysén 25 1.368 24 1,8

Magallanes 30 1.596 46 2,9

Metropoli-tana

10 1.406 4 0,3

Total 959 100 3788 5,7

Tabla 2. Resultados del catastro de uso de vivienda social, MINVU 2011

Fuente: MINVU, 2011

De estas 3.788 viviendas sociales abandonadas, 864 se localizan en el norte de Chile, entre Arica y Atacama, regiones en las cuales el Catastro de Campamentos MINVU 2011 identificó 187 familias cuyo jefe de hogar

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es extranjero. Por otra parte, en el sur del país se identificaron 2.399 viviendas sociales abandonadas entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos, las cuales podrían acoger potencialmente al 23% de las familias que viven en campamentos en dichas regiones. Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, es clave que estas viviendas cuenten con los estándares habitacionales y arquitectónicos que aseguren una ca-lidad de vida digna.

Por ello, es necesario identificar las viviendas sociales desocupadas o que no se les está dando el uso debido, además de determinar su condi-ción en lo que respecta a materialidad y localización, a fin de reasignar las viviendas en buen estado y acceso urbano a familias que realmente las necesiten. De esta manera se podría crear un stock de vivienda ad-ministrado por el Estado que considere a las familias inhábiles.

Esta última propuesta implicaría complementar el catastro de vivien-das sociales desocupadas con nueva información sobre la materialidad y la localización, desde la cual podría determinarse una oferta concreta de viviendas que podrían utilizarse. Sería adecuado evaluar la opción de ofrecer “arriendos con opción de compra”, de tal forma que las fami-lias tengan la opción de adquirir una vivienda –y por tanto, utilizar su subsidio– con mayores libertades. Esta propuesta podría ser también considerada para la población de inmigrantes e incluso de tercera edad, dado que permite el dinamismo en el uso de las viviendas disponibles.

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2.2. Cierre adecuado de campamentos

Según el catastro de campamentos 2011 del MINVU, actualmente exis-tirían 657 campamentos en Chile. Nuestras estimaciones para el 2013 indican que esta cifra habría aumentado aproximadamente a 778 asen-tamientos irregulares1. Actualmente existirían cerca de 30.000 familias viviendo en campamentos, si entendemos a éstos como “8 familias o más, que habitan en posesión irregular un terreno, con carencia de al menos 1 de los 3 servicios básicos (electricidad, agua potable y sis-tema de alcantarillado) y cuyas viviendas se encuentran agrupadas y contiguas”2. La extrema dificultad para terminar con los asentamientos irregulares ha hecho que la erradicación de campamentos sea un tema prioritario en los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, empeñados en que no aumente la proporción de familias que se encuentran en con-diciones de vida asociadas a la pobreza, precariedad habitacional e inseguridad en la tenencia del suelo. Sin embargo, el proceso de erra-dicación se ha dificultado debido a que no existe una clara política que enfrente las problemáticas de cierre más comunes en los asentamien-tos, entre ellas: a) la repoblación de campamentos “erradicados”, b) la “inhabilidad” de algunos pobladores. a) Repoblación de campamentos “erradicados”: este proceso se puede atribuir principalmente a dos factores inmediatos: a) el no otorgarle un nuevo uso al terreno de manera inmediata; b) la continuidad de algu-nas familias (por ejemplo “inhábiles”) en el campamento. Mientras el primero factor permite que nuevos actores se tomen el espacio, el se-gundo impide una real erradicación y facilita la integración de nuevas familias en el terreno.

1 El número exacto (no aproximado) será divulgado en octubre de 2013. Actualmente TECHO – Chile está en el proceso de actualizar las cifras del Catastro de Campamentos MINVU 2011, revisando uno a uno los asentamientos del país.2 Centro de Investigación Social TECHO-Chile (2007). Catastro Nacional de Campamentos 2007. Un Techo para Chile, Santiago, Chile.

Desde una perspectiva más estructural, la repoblación se encuentra influida por fenómenos más complejos, como el allegamiento y la mi-gración. Con respecto al allegamiento, éste aumentó en un 80% entre 2006 y 2011, mientras que entre 2009 y 2011 creció un 7% el porcentaje de hogares allegados y hacinados3. Este aumento ha incitado, en algu-nos casos, el desarrollo de “tomas ilegales” de terreno. Tal es el caso de la toma en el sector Forestal Alto de Valparaíso, en 2011, en la que por falta de subsidios, un grupo de aproximadamente 200 familias alle-gadas conformó el campamento “Los Halcones de Chicureo”. Para los allegados, el campamento es una de las vías más rápidas y probable de obtener una vivienda definitiva sin adquirir deuda, puesto que el Esta-do no cuenta con una política habitacional suficiente para este tipo de población (que en 2011 representaba el 86% del déficit habitacional del país)4. Es por esto que –dentro del marco del allegamiento– la estancia en campamento es a veces re-significada como una medida de presión política con el objetivo de alcanzar una vivienda definitiva.

Por su parte, los fenómenos migratorios —tanto al interior del país, como entre Chile y otros países— son también una explicación de la repoblación de los campamentos. Según el Censo de 2002, 783.430 per-sonas habían migrado dentro del país, principalmente por razones la-borales. Bajo el mismo motivo, llegan año a año inmigrantes a Chile, los que para 2008 fueron cerca de 290.000 personas, representando el 1,6% de la población total del país5. En este escenario altamente dinámico, familias enteras se mueven a lugares que muchas veces no cuentan con los recursos y servicios necesarios para recibirlas. Tal situación de-muestra que muchas familias priorizan vivir en una zona con alta ofer-ta laboral, por sobre la tenencia de una vivienda estable. Esta situación se ejemplifica con el campamento Milla Rayén, en la región de Tarapa-cá, el cual está constituido por 18 familias Mapuche que, en busca de mejores condiciones laborales, se trasladaron a vivir al norte del país.

3 Ministerio de Desarrollo Social (2012). Informe de Política Social 2012. Santiago, Chile.4 Ministerio de Desarrollo Social (2012) Informe de Política Social 2012. Santiago, Chile.5 Cano, V; Soffia, M; Martínez, J (julio 2009) Conocer para legislar y hacer política: los desafíos de Chile ante un nuevo escenario migratorio, CEPAL, Santiago, Chile.

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b) “Inhabilidad” de algunos pobladores: considerando cerca del 60% de los asentamientos en que trabaja TECHO, se han identificado 318 fami-lias inhábiles a nivel nacional, siendo Coquimbo la región con mayor inhabilidad, ya que el 15% de sus familias registradas se encuentra en esta situación6. Dentro de un contexto de cierre de campamentos, es-tas familias quedan excluidas de la posibilidad de obtener una vivien-da. Similar es el caso de las personas que se encuentran postulando a un subsidio habitacional, ya que en dicho momento se les entrega un subsidio de arriendo por dos años (que les permita esperar la entrega de su vivienda, que en promedio demora 8 años desde que comienza el proceso de postulación hasta la entrega del proyecto).

Tal contexto no responde a los lineamientos que debiese tener una po-lítica habitacional, puesto que son medidas que no suponen una solu-ción habitacional efectiva, estable, y que cumpla con los principios de localización, integración y mantención del capital social. No se asegura una vivienda a los pobladores, y asimismo, ellos quedan sujetos a los flujos de precios del mercado inmobiliario (incluyendo el de arrenda-miento), provocando la posibilidad de caer nuevamente en un campa-mento.

Finalmente, lo que está siempre como telón de fondo es la problemá-tica del desalojo forzado de los campamentos, medida que se concibe como necesaria cuando el terreno pertenece a un privado que exige la posibilidad de usufructuar de él. Este modo de cierre, sin embargo, implica un acto de presión y violencia a la comunidad, que si bien es de extrema urgencia, sólo favorece a agudizar la vulnerabilidad de las personas que habitan el campamento.

Por ello, debe existir una política más clara de cierre de campamentos, que no se limite a precisar las situaciones en que se aplica la fuerza pública, sino que además especifique soluciones apropiadas para las familias desalojadas, evitando así tanto los procesos violentos de des-

6 Esta información fue obtenida desde las planillas de seguimiento que hace TECHO en todos los campamentos que trabaja. Se refiere al 60% de los asentamientos, dado que aún no está disponible la información para las regiones de Los Lagos, Antofagasta, Iquique y parte de Valparaíso.

alojo como los cierres pasajeros de campamentos. Es necesario cons-truir una política adecuada y clara en lo que respecta a este tema, para la cual proponemos una serie de puntos esenciales. Prioridad de clausura: para una política de cierre de campamentos, es primordial tener en cuenta cuáles campamentos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, puesto que la clausura de ellos de-ben ser prioridad del Estado como entidad que vela por el bien público.

Consideramos que una completa evaluación de la vulnerabilidad de los campamentos y de las viviendas en general debería considerar las siguientes dimensiones: a) habitabilidad (materialidad de la vivienda, acceso a servicios habitacionales básicos –como electricidad, agua po-table y alcantarillado—, tenencia del terreno y hacinamiento) y b) ac-cesibilidad a la ciudad (distancia hacia servicios básicos de seguridad, salud y educación, que pueden ser medidos con el Índice TECHO de Vul-nerabilidad Territorial)7. Para establecer una prioridad de cierre, estos indicadores de vulnerabilidad habitacional deben ser ponderados por la cantidad de familias que viven en el asentamiento, lo cual permite tener una noción más acabada de la urgencia habitacional en la loca-lidad.

Dado que en Chile las encuestas que miden habitabilidad (como la CA-SEN) no incluyen un diferenciador de las personas que habitan campa-mentos, hasta el momento no se puede establecer este indicador de manera completa. No obstante, sí pueden hacerse aproximaciones desde la vulnerabilidad territorial y la cantidad de familias que viven en campamentos. El gráfico 6 muestra los campamentos de Santiago según su nivel de vulnerabilidad territorial y la cantidad de familias. De este cruce se puede observar que existen 15 campamentos con alto nivel de vulnerabilidad territorial y alto número de familias (conside-rando “alto”, como “valor mayor que la media”). Esta cifra representa el 10,3% de los campamentos de Santiago Metropolitano, los cuales se encuentran especificados en la tabla 3 del anexo.

7 Para conocer este indicador, ver: http://www.techo.org/mapas-de-vulnerabilidad-territorial/

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Gráfico 6. Índice de vulnerabilidad territorial y número de familias en Santiago Gráfico 7: Índice de Vulnerabilidad Territorial TECHO yN° de familias del Gran Valparaíso

Fuente: Elaboración propia construida en base a los datos del Indice TECHO de Vulnerabilidad Territorial Fuente: Elaboración propia construida en base a los datos del Índice TECHO de Vulnerabilidad

Territorial

Por su parte, el gráfico 7 muestra la misma situación en los campamen-tos de Valparaíso. De este cruce resulta que existen 25 campamentos con un alto nivel de vulnerabilidad territorial y un alto número de fami-lias, representando al 13,2% de los campamentos en la región de Valpa-raíso (que se especifican en la tabla 4 del anexo).

Localización de las nuevas viviendas: para evitar el repoblamiento de los campamentos por el descontento con la vivienda que se entregó —ya sea por el transporte, áreas públicas o seguridad— es necesaria la construcción de viviendas que no generen o agudicen la vulnerabilidad territorial de las personas. Si bien este punto ya se desarrolló anterior-mente (sección 1.3), es necesario analizarlo desde el punto de vista de la erradicación de campamentos.

Con el motivo de mantener los vínculos sociales y las redes de apoyo de los pobladores de campamentos, normalmente se intenta entregarles una vivienda social ubicada en la misma comuna en que está o estuvo el asentamiento. No obstante, esta práctica se debe llevar a cabo con gran cuidado, sobre todo en aquellas comunas en donde la construc-ción previa de viviendas sociales ya ha generado localidades altamente segregadas, con un bajo acceso a los servicios públicos de seguridad, salud y educación.

Para identificar las comunas en que se debe tener mayor cuidado, se puede cruzar la vulnerabilidad territorial de las viviendas sociales ya construidas en la comuna, con el número de campamentos que se in-tenta erradicar. Por ejemplo, tal como muestra el gráfico 8, existen 12

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Gráfico 8. Cantidad de campamentos en comunascon villas de alta vulnerabilidad territorial

Fuente: TECHO - Chile (2013)

comunas en Santiago que se encuentran por sobre la media de vulnera-bilidad territorial; entre ellas, las que tienen un mayor número de cam-pamentos son: Buin (8), Puente Alto (6), Renca (5), Colina (4) y Talagante (4).

Si se mantiene en estas localidades la norma típica de erradicación –esto es, localizar a los pobladores de campamentos en viviendas socia-les de la misma comuna que habitan—, es muy probable que los cam-

pamentos ubicados en dichas comunas se trasladen hacia viviendas sociales que tendrán un alto nivel de vulnerabilidad territorial. Destaca el caso de la comuna de Puente Alto, que es la segunda con más con-dominios sociales de la región8 (34 villas que TECHO - Chile ha contabi-lizado) y, debido a los 6 campamentos que alberga, podría aumentar considerablemente su cantidad de viviendas sociales con alto nivel de vulnerabilidad territorial.

Considerando este riesgo, creemos que, al menos en las comunas se-ñaladas (Buin, Puente Alto, Renca, Colina y Talagante), se debe tener especial cuidado con los futuros cierres de campamentos, puesto que ellos podrían reproducir la vulnerabilidad territorial y de habitabilidad que hoy tienen los pobladores. Proponemos, entonces, que la política de cierre considere este escenario en todas las regiones del país, y que, si se optara por aumentar la cantidad de viviendas sociales en comunas con alta vulnerabilidad territorial, primero se mejore el transporte de esta comuna y el acceso a los servicios públicos de seguridad, salud y educación. La idea es potenciar la integración de los pobladores a las oportunidades urbanas, sin que ellos pierdan sus vínculos sociales y re-des de apoyo cercanas.

Uso inmediato de terrenos terrenos erradicados: dentro de la política de cierre de campamentos, es necesario asegurar el uso inmediato de los terrenos en desuso, y así dificultar el rebrote de asentamientos in-formales. El uso que se les dará, debe responder a las necesidades del barrio; es por ello que los actores responsables de esto tendrían que ser la Intendencia, el Municipio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los cuales debieran articular a los demás actores involucrados, tenien-do siempre como horizonte una acción eficaz y planificada.

Para esto, proponemos la extensión del “Plan comunal de inversión”, el cual tiene como objetivo la “transformación de un territorio utiliza-do como campamento, incorporando iniciativas y proyectos necesa-rios para dar solución habitacional a las familias que hoy viven en el campamento, y que de manera simultánea transforme el territorio de 8 La primera comuna es San Bernardo, con 36 villas.

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interés urbano, integrándolo al barrio”9. Consideramos que este plan –que actualmente sólo se utiliza para campamentos muy complejos de erradicar— debiera extenderse a todo tipo de cierre de asentamientos informales, limitando de forma más duradera el repoblamiento de cam-pamentos.

Consideración de familias inhábiles: si bien este punto se profundizó en el apartado 2.1, es imperioso que también sea considerado dentro de una política de cierre de campamentos. Como especificamos en la “Declaración de principios sobre política habitacional”, creemos que toda familia habitacionalmente vulnerable debe considerarse hábil para postular a subsidios de vivienda; con este fundamento, propone-mos que todo cierre de campamento se realice considerando a todos los pobladores, y asegurándole a quienes son inhábiles o ya están par-ticipando en los subsidios, alguna solución habitacional efectiva que se oriente hacia la integración social y a la mantención de relaciones de apoyo de estas familias.

Desalojo forzado: la destrucción de las viviendas y la violencia no es un camino correcto ni digno para abordar la complejidad que implica la realidad de campamentos. Asimismo, ella quiebra las redes sociales, la participación, la integración y la confianza en el Estado que se bus-ca desarrollar para encontrar una solución definitiva a la problemática de los asentamientos irregulares. Frente a esto, proponemos suprimir este tipo de acciones violentas, ya que no aportan algo beneficioso al procedimiento de cierre de campamentos ni a la superación de la po-breza. Aquí es preciso dejar en claro, que el campamento es la representación física de la vulnerabilidad, el déficit de la política habitacional y la se-gregación espacial en la ciudad, además de procesos como la migración y el allegamiento. Mientras estos problemas urbanos persistan, la figu-ra del campamento no va a desaparecer, ya que éste es la consecuencia de una serie de necesidades sociales que no están siendo satisfechas. Aunque una política de cierre de campamento sea necesaria, ella no so-9 Trabajo en la Calle (Abril 2012) Programa de Campamentos, p. 16

luciona la raíz del problema. Los campamentos son la expresión urbana de ciudades que crecen de manera inorgánica; es por ello más esencial entender las causas de los campamentos y resolver las necesidades so-ciales que esta realidad denuncia. Una política de cierre puede limitar el repoblamiento informal en determinados sectores, además de difi-cultar la creación de nuevos asentamientos, pero no soluciona las gran-des problemáticas urbanas y habitacionales que ellos materializan.

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2.3. Allegamiento

El allegamiento se define como la convivencia entre dos o más grupos familiares distinguibles al interior de una misma vivienda y/o sitio don-de existe una relación de complementariedad, es decir, uno de ellos opera como receptor o allegante y otro como allegado1. Desde la polí-tica habitacional, comúnmente se ha entendido como una estrategia familiar que busca resolver la falta de vivienda por medio de la convi-vencia con otro grupo familiar. Esta interpretación tiene un sustento empírico: más del 70% de los hogares con allegamiento declara vivir así por motivos económicos (ver gráfico 9).

1 Arriagada et. al (1999). Allegamiento, pobreza y políticas públicas. Un estudio de domicilios complejos del Gran Santiago. Temas Sociales, N° 25. Agosto 1999.

Gráfico 9. Principal razón para compartir la vivienda

Fuente: Encuesta Casen 2011

a) Allegamiento y déficit habitacional: los primeros indicios de la pro-blematización de este fenómeno en Chile ocurrieron en los años ochen-ta. En este período, las políticas de erradicación de campamentos hacia viviendas sociales no consideraron a un 30% de la fuerza de trabajo des-ocupada que no era “sujeto de crédito” y que, justamente por ello, no podía postular al subsidio habitacional que ofrecía el Gobierno. Ante esta situación, se hizo notoria la existencia de muchas familias que no tenían otra opción que vivir como allegados2.

A grandes rasgos, el allegamiento sería un reflejo del déficit habita-cional y de la incapacidad del Estado para resolver el problema de la vivienda en toda la población, además de expresar una serie de ele-mentos culturales (como la tendencia a favorecer el vínculo y apoyo fa-miliar). En este sentido, los allegados son en gran parte familias cuyas demandas no han sido resueltas por el Estado, el mercado, ni las tomas de terreno, debiendo compartir vivienda o sitios con otros hogares que los reciben3.

Actualmente es muy relevante profundizar en el allegamiento, dado que el 86% del déficit habitacional del país corresponde a hogares y a núcleos familiares de allegados4.

b) Dos tipos de allegamiento: para una interpretación más detallada del fenómeno, debe diferenciarse allegamiento interno del externo. El primero, se da “cuando el hogar está compuesto por un núcleo familiar principal, y otro secundario o allegado”5, con el que comparte residen-cia y presupuesto económico; mientras que el segundo refiere a “cuan-do existen dos o más hogares dentro de un domicilio”6, los que cocinan de manera independiente, poseen autonomía económica y tienen sa-tisfechas sus necesidades de alojamiento (ver diagrama 2).

2 Ibid., p.2563 Ibid., p.2534 Encuesta Casen 2011.5 Arriagada et. al (1999). Allegamiento, pobreza y políticas públicas. Un estudio de domicilios complejos del Gran Santiago. Temas Sociales, N° 25. Agosto 1999, p.26 Ibid.

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Diagrama 2. Allegamiento

Gáfico 10: Allegamiento según regiones

ALLEGAMIENTO EXTERNO ALLEGAMIENTO INTERNO

SITIO o CASA

(Sin gastoscomunes)

(con gastoscomunes)

HOGAR

HOGAR 1 Nucleo 1HOGAR 2 NUCLEO 2

La pobreza reciente y sin carencias habitacionales está mayormente asociada con el allegamiento interno, mientras que en los casos de alle-gamiento externo existe una mayor probabilidad de que exista pobre-za crónica7 y situación económica superior a la línea de la pobreza8.

Si bien la proporción de hogares con allegamiento descendió 9 puntos porcentuales desde la década del 90’ a 2006 —pasando de un 44% a un 35%—, debe especificarse que esa variación se debe fundamental-mente a una disminución de las familias con allegamiento externo. De hecho, en dicho período no existió un cambio significativo en cuanto al allegamiento interno, esto es, cuando dos o más núcleos familiares conviven en un mismo hogar y comparten gastos.

Los datos de la Encuesta CASEN 2011 arrojaron que las regiones más

7 “(...)la pobreza crónica resulta cuando la carencia de seguridad básica afecta simultáneamente varios aspectos de la vida de la población, cuando es prolongada y cuando compromete seriamente sus oportunidades para recuperar sus derechos y para reasumir sus responsabilidades en un futuro veni-dero(...)” Informe Wresinski del Consejo Económico y Social de Francia 1987 citado en Duffy, 1995: 36. En Spicker. P et. al (2009). 12 definiciones de pobreza. En Pobreza un glosario internacional p.2988 Arriagada et. al (1999). Allegamiento, pobreza y políticas públicas. Un estudio de domicilios complejos del Gran Santiago. Temas Sociales, N° 25. Agosto 1999.

perjudicadas por el allegamiento interno eran Tarapacá (35%), Antofa-gasta (32%), Atacama (30%) y Coquimbo (30%), mientras que en allega-miento externo resaltan las regiones Antofagasta (11%), Arica y Parina-cota (8%), Metropolitana (7%), Tarapacá (5%) y Atacama (5%).

Fuente: Encuesta Casen 2011

c) Núcleos allegados y receptores: mayoritariamente, las familias re-ceptoras se componen por población más envejecida que genera ingre-sos inferiores a los de las familias allegadas, las cuales se conforman principalmente por adultos-jóvenes y niños. Es frecuente observar que el jefe de hogar allegado sea el hijo mayor de los dueños del sitio y que en el hogar receptor estén presentes ambos miembros de la pareja. Los jefes de hogar allegados tienen mayores porcentajes de participación laboral (80%) que los jefes de familias receptoras (menor al 50%)9, lo cual se relaciona con sus niveles educacionales: los segundos común-mente (66%) no han completado la enseñanza básica, mientras que los primeros presentan con mayor frecuencia educación media completa o 9 Ibid, p.6

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instrucción superior10. Entre ambos hogares suele establecerse un arre-glo, donde es la jefatura allegada la que acumula recursos mientras el líder receptor ha superado la edad activa o está próximo a hacerlo11.

Si se considera la situación de pobreza del núcleo allegado y del recep-tor, se pueden identificar cuatro subgrupos de población (ver tabla 5).

Los casos más preocupantes son a) los de pobres acogidos por pobres (26,3%), donde ambos grupos son insuficientes económicamente para garantizar las necesidades básicas de todos sus miembros, y b) las fa-milias allegadas no pobres (ingresos superiores a la línea de la pobre-za), que son recibidos en un sitio por un núcleo principal pobre, donde es la familia receptora en este caso quien queda más vulnerable. Por otra parte los datos indican que un 26,4% de personas no pobres reci-ben a allegados no pobres, reflejando un importante porcentaje de in-dividuos que necesitaría una solución habitacional de manera menos urgente.

10 Ibid11 Ibid

Tabla 5: Distribución de familias allegadas por condición socioeconómicasegún tipo de núcleo familiar principal.

Fuente: Arriagada et. al (1999)

d) Disposición familiar hacia el allegamiento: cuando se le pregunta a los hogares allegados si es que están haciendo algo para conseguir una vivienda exclusiva para su hogar, en el 60% de los casos la respuesta es negativa12. O bien existen muchas familias allegadas que no conside-ran problemática su situación, o son un grupo necesitado de vivienda social en el cual la política habitacional no logra penetrar o convencer desde los medios que utiliza.

En relación a lo anterior, diferentes estudios sobre el tema indican que la disposición de muchas familias por seguir allegadas se asocia a que el allegamiento “expresa una preferencia por la localización. Ésta últi-ma responde tanto a razones de tipo cultural: valoración de un modo de vida familiar”13, como funcional; acceso a servicios, transporte y trabajo14. Después de todo, las familias allegadas lidian con diferentes problemáticas al momento de independizarse, como la separación de la familia, la crianza de los hijos, el alejamiento del trabajo y la preocu-pación por perder el apoyo monetario de los anfitriones15.

A lo anterior, se suma la pérdida de los arreglos domésticos que estable-cen familias receptoras y allegadas, donde las segundas comúnmente apoyan en la crianza de los hijos a las primeras mientras que el núcleo allegado aporta con las labores de la casa. Para éste último grupo una nueva localización podría ser perjudicial, ya que busca insertarse en el mundo laboral y la familia receptora colabora encargándose del cuida-do de los niños.

e) El hacinamiento como problemática asociada: el hacinamiento “re-fiere a la relación entre el número de personas en una vivienda o casa y el espacio o número de cuartos disponibles. Dado que el acceso de

12 CASEN 2011.13 Araos, C. (2008) La tensión entre fi liación y conyugalidad en la génesis empírica del allegamien-Araos, C. (2008) La tensión entre filiación y conyugalidad en la génesis empírica del allegamien-to, p.7 (tesis de Magíster en Sociología14 Salinas, Araos y Tapia (2012). Cap. IV: Condominios familiares. Una alternativa de solución resi-dencial para familias allegadas en lotes tipo 9 x 18 en Propuestas para Chile. Pontificia Universidad Católica de Santiago, p.10515 Arriagada et. al (1999). Allegamiento, pobreza y políticas públicas. Un estudio de domicilios complejos del Gran Santiago. Temas Sociales, N° 25. Agosto 1999, p.8

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los pobres a los recursos es limitado, las instalaciones de vivienda que ocupan tienden a ser menos apropiadas que aquellas disponibles para las personas no pobres. En general, esto se refiere a la ubicación, la in-fraestructura, equipamientos y servicios colectivos y de la vivienda”.16

El hacinamiento se mide como la “razón entre el número de personas residentes en la vivienda y el número de dormitorios de la misma, con-siderando piezas de uso exclusivo o uso múltiple”17. A partir de la en-cuesta CASEN 2011, se puede observar cómo el hacinamiento varía se-gún los distintos tipos de allegamiento (ver gráfico 11):

Como puede observarse, el hacinamiento medio está presente princi-palmente en las viviendas con allegamiento externo (32,9%) y con am-bos tipos de allegamiento (interno y externo) (36,6%). El hacinamiento crítico es más frecuente en las familias con allegamiento externo (6%)

16 Spicker. P. et. al (2009). Pobreza un glosario internacional, p.152.17 Citado desde sitio web Encuesta Casen http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/definiciones/vivienda.html#8

Gráfico 11. Allegamiento y Hacinamiento

Fuente: Casen, 2011

y ambos tipos (9,4%). Cabe mencionar, que en no en todos los casos de allegamiento está presente el hacinamiento.

Nuestras líneas de solución

Para esta problemática, adherimos al planteamiento de Tapia, Araos y Salinas (2012), y Arriagada (1999), y promovemos las siguientes propues-tas de políticas públicas:

Subsidio habitacional e incentivos para la “unidad familiar residen-cial”: las políticas sobre allegamiento tienen que considerar una uni-dad familiar más compleja que la tradicional, la que algunos estudio-sos del tema han llamado “unidad familiar residencial”18. Esta unidad está compuesta por distintos núcleos familiares ligados entre sí por un vínculo de parentesco (consanguíneo y/o por afinidad de hasta cuarto grado), entre los cuales es posible distinguir:

- Familia receptora: corresponde a los dueños exclusivos o copro-pietarios del terreno.- Familia(s) allegada(s): aquellos que sin título de dominio o dere-chos de otro tipo, habitan el mismo sitio.

Dicha unidad debe ser el punto de partida de la política sobre allegados, si es que se quiere realmente responder a la demanda específica de vi-vienda que este grupo exige. En este sentido, proponemos un subsidio dirigido a unidades familiares residenciales, específicamente a aque-llas que tengan escasos recursos o pertenezcan a clases emergentes que habitan en espacios reducidos o con hacinamiento. Este programa permitiría que las familias allegadas obtengan un subsidio estatal que financie la posibilidad de radicarse en el sitio que habitan, en nuevas y mejores condiciones. De esta forma, quienes viven en condición de alle-gamiento familiar, compartiendo vivienda dentro de un mismo sitio, podrían acceder a radicarse en el mismo lugar donde han vivido junto a

18 Salinas, Araos y Tapia (2012). Cap. IV: Condominios familiares. Una alternativa de solución resi-dencial para familias allegadas en lotes tipo 9 x 18 en Propuestas para Chile. Pontificia Universidad Católica de Santiago.

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su familia, ahora con un título de dominio que los respalde.

Estos subsidios deben ser complementados con incentivos a recepto-res y allegados. En este sentido, los dueños del sitio recibirían una o más viviendas de igual o mayor valor que la que actualmente poseen, de buen estándar de constructibilidad, pero probablemente con una superficie de terreno menor. Asimismo, cada familia allegada recibiría una vivienda propia con valor equivalente al subsidio que se defina. Las familias beneficiadas serán propietarias de la vivienda y copropietarias del sitio y de los espacios comunes, bajo la modalidad de condominio. Lo anterior permitiría resolver los principales aspectos por los cuales las familias allegadas temen realizar sus vidas independientes en otras ubicaciones.

Considerar el contexto familiar y barrial en que se inserta la unidad familiar residencial: la unidad familiar residencial tampoco es una uni-dad aislada, sino que está inserta en un contexto más amplio de inte-racciones barriales y urbanas, cuya mantención resulta fundamental para la vida cotidiana de los individuos y no se debe descuidar. Los factores asociados a la preferencia de localización no sólo tienen que ver con la cercanía/distancia con las familias, sino que con respecto al centro de la ciudad. De acuerdo a ProUrbana “la proporción de allega-miento es mayor en las comunas centrales que entre las periféricas, lo que explicaría la disposición de ciertas familias por vivir allegadas”19.

El allegamiento es más que un problema de vivienda: existen diferen-tes características relacionadas con la pobreza que se vinculan direc-tamente con el allegamiento y que trascienden el tema de la vivienda: los bajos niveles de ingreso, la mala ubicación territorial, la ausencia de uno de los jefes de familia, las diferencias educativas, entre otros.

Las políticas actuales al allegamiento sólo consideran como solución la entrega de una vivienda y no atacan los demás factores relacionados

19 Salinas, Araos y Tapia (2012). Cap. IV: Condominios familiares. Una alternativa de solución resi-dencial para familias allegadas en lotes tipo 9 x 18 en Propuestas para Chile. Pontificia Universidad Católica de Santiago, p.107

con éste fenómeno. Al tener una visión unidimensional, “no parecen resolver lo que para las familias pueda ser problemático de éste, y en cambio, eliminan sus aspectos deseables, fundamentalmente ligados a la cercanía con respecto a las redes familiares y urbanas”20. Ante todas estas situaciones adversas, y la incapacidad de acceder a otras posibili-dades entregadas por el gobierno, “el allegamiento no es expresión de déficit a secas. Lejos de un “no tengo donde vivir”, en muchos casos el allegamiento es un “así quiero vivir”21.

Incorporación de consideraciones subjetivas al diagnóstico habita-cional: en el diagnóstico habitacional actual, no existen registros que permitan identificar la intencionalidad de los sujetos al tomar la estra-tegia de allegamiento. Por otra parte, el Estado se ha enfocado en el allegamiento externo como medida de vivienda para el diseño de po-líticas habitacionales, eliminando la complejidad que ocurre en la co-habitación entre núcleos familiares.

Indagar en las variables que inciden en la familia a la hora de decidir ser allegados (motivos, expectativas, preferencias y valoraciones económi-cas, laborales, de localización u otra índole) permitirían dilucidar si la vivienda propia es la mejor solución para estas familias. En ocasiones, la entrega de una nueva vivienda podría profundizar la pobreza de re-ceptores y allegados, por lo que “el traslado de los allegados a nuevos grupos habitacionales es una solución aceptable para el allegamien-to autosuficiente (hogares receptores con allegados externos)”22. Por otra parte, existen ciertos segmentos de la población allegada que no perciben la necesidad de vivir de manera independiente de la familia que la acoge. Además, la cohabitación en ocasiones permitiría que los hogares se mantuvieran fuera de la pobreza23, mientras que, de forma contraria, existirían hogares que no contarían con equipamientos ne-cesarios para poder sustentar a la familia.

20 Ibid.21 Ibid.22 Arriagada et. al (1999). Allegamiento, pobreza y políticas públicas. Un estudio de domicilios complejos del Gran Santiago. Temas Sociales, N° 25. Agosto 1999, p.823 Según Arriadada et. al (1999) porque aumenta el número de ocupados por hogar o facilita la concurrencia de mujeres al mercado de trabajo (p.3)

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Al respecto, se hace necesario indagar el allegamiento de acuerdo a los diferentes contextos habitacionales, sociales, económicos y familiares, pero también considerando estratos diferenciados de pobreza (pobre-za crónica, pobreza reciente y no pobres), con lo que sería posible evi-denciar los casos de allegamiento funcional24 —que alude a las familias que no estarían en condiciones de desdoblarse como hogares indepen-dientes por lo que éstas podrían ser restadas a la demanda habitacio-nal25— permitiendo aumentar la focalización y recursos de la política habitacional.

Además, hay que considerar que no todos los allegados requieren una vivienda y no perciben (ni ellos, ni la familia receptora) la situación de allegamiento como una “convivencia indeseada entre familias”26, ante lo cual el allegamiento no podría ser considerado como carencia de vi-vienda.

En síntesis, es importante identificar qué familias allegadas necesitan una intervención desde la política habitacional. Desde lo expuesto, la focalización debiese estar centrada en familias en situación de pobreza o pobreza crónica, con allegamiento externo e interno y hacinamiento medio o crítico, además de núcleos receptores compuestos por perso-nas de 3era edad y hogares con jefaturas incompletas.

24 Espinoza V. e Icaza A.M (1991). Hogares allegados en el área metropolitana de Santiago: análisis de datos de la encuesta CASEN 1987. Documentos de trabajo N° 117, SUR Centro de Estudios Sociales y Educación. Santiago.25 Mercado, O. (1992). La situación habitacional: habitabilidad y allegamiento”. En Población, educación, vivienda, salud, empleo y pobreza: CASEN 1990. Santiago: Mideplan.26 Torche, A.(1993). Comentarios. En Allegados: caracterización y propuesta para una política de vivienda. Santiago: DITEC/MINVU.

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Hacia un país conCIUDADES INTEGRADAS ANEXO

Tabla 1. Villas de la Región Metropolitana con menor cantidad de paraderos cercanos (500m a la redonda)

Comuna Nombre comunidad Cantidad de paraderos en 500m a la redonda

Cerrillos Card.Raúl Silva Henríquez 3 0

El Bosque Cardenal Samore 1

Estación central Brasilia 1

Puente Alto Villa San Miguel 3 0



Puente Alto Los Conquistadores 1

Puente Alto San Guillermo II 1

Renca San Luis 0

San Bernardo Yerbas Buenas III 0

San Bernardo La Perla 0

San Bernardo Cordillera 1 0

San Bernardo Las Hortensias V 0

San Bernardo Las Hortensias VII 0

San Bernardo Las Hortensias IV 0


San Bernardo San Hernan 0



San Bernardo Rapa Nui 0

San Joaquin El Pinar 0

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Tabla 2. Villas de blocks del área Metropolitana de Santiago con alta vulnerabilidad territorialy alta distancia hacia paraderos con 3 o más recorridos.

Comuna Nombre comunidad Índice Vulnerabilidad

Distancia a paradero con 3 o más recorridos

Cerrillos Card. Raúl Silva Henríquez 2 0,59785 429,4

Cerrillos Card. Raúl Silva Henríquez 3 0,618983 524,6

La Florida 3 De Mayo 0,82643 332,1

La Florida Diego Portales 0,755528 277,3

La Pinta Villa La Primavera (Ex La Frontera) 0,568422 499,7

Pudahuel San Patricio (Villa Neruda) 0,714631 264,9

Puente Alto Caleuche 1 (Ex chiloé 1) 1,004396 324,9

Puente Alto Cerro Morado 1,077947 409,7

Puente Alto Mamiña 1 0,903063 512,1

Puente Alto Marta Brunet 1 Y 2 1,127673 681,8

Puente Alto Padre A. Hurtado 1 0,584624 362,1

Puente Alto Padre Hurtado 1 (Ex D. de La Vega) 0,596899 282,4

Puente Alto Quitalmahue 1,132622 642,4

Puente Alto Ruben Darío 1 0,974746 544,3

Puente Alto Ruben Darío 2 0,952676 667,3

Puente Alto San Miguel 4 0,798551 434,6



Puente Alto Sargento Menadier III 2c-1 0,955434 547,3

Puente Alto Sargento Menadier IV 2c-2 0,968231 504,9

Puente Alto Villa San Miguel 1 0,848299 547,3



Quilicura Pucará de Lasana I y II 0,883488 474,9

Quilicura San Fernando I 0,842637 307,3

Renca El Perejil II 0,800258 414,9

Renca Miraflores 0,762073 264,9

Renca Oscar Castro 0,698402 409,7

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Quilicura Pucará de Lasana I y II 0,883488 474,9

Quilicura San Fernando I 0,842637 307,3

Renca El Perejil II 0,800258 414,9

Renca Miraflores 0,762073 264,9

Renca Oscar Castro 0,698402 409,7

Renca San Luis 0,810831 782,1

San Bernardo Cordillera 2 (El Trauco 2) 0,561068 711,8

San Bernardo Cordillera 3 (Los Tulipanes) 0,575227 749,1

San Bernardo Cordillera 4 (San Diego) 0,57058 736,7

San Bernardo Las Hortensias IV 0,559205 879,4

San Bernardo Las Hortensias V 0,53728 559,7

San Bernardo Las Horttensias VII 0,53728 589,7

San Bernardo Rapa Nui (Padre Hurtado) 0,627394 704,6

San Bernardo San Hernan 0,566303 699,4

64


Tabla 3: Villas de blocks de la Región Metropolitana con alto índice TECHOde vulnerabilidad territorial y alta cantidad de familias.

Comuna Provincia Nombre comunidad Índice Coef. De vulnerabilidad

Nº de familias

Buin Maipo Las camelias 0,942084 41

Buin Maipo Los paltos 0,848751 50

Buin Maipo Ribera sur-areneros 0,833779 139

Colina Chacabuco Los aromos 0,558989 185

Curacaví Melipilla Lo alvarado 1,345196 34

Lampa Chacabuco El molino 1,064765 42

Lampa Chacabuco Chorrillo 0,954318 42

Maipu Santiago La isla 0,542437 55

Maipu Santiago Pueblito la farfana 0,504628 42

Padre Hurtado Talagante Las hortencias 0,577185 137

Pudahuel Santiago Peralito 1,097453 53

Quilicura Santiago El molino 1,064765 52

Quilicura Santiago Las totoras 0,525649 38

San José de Maipo Cordillera San gabriel 1,530894 91

Til Til Chacabuco Los algarrobos 0,91323 36

65


Tabla 4: Villas de blocks del Gran Valparaíso con alto índice TECHOde vulnerabilidad y alta cantidad de familias.

Comuna Nombre comunidad Índice TECHO de vulnerabilidad

Nº de familias

Viña del Mar Manuel Bustos 1,28 1200

Viña del Mar Reñaca Alto Sur 1,24 551

Viña del Mar Parcela 11 0,9 546

Valparaíso Pampa Ilusión 0,89 546

Viña del Mar Monte Sinaí 0,81 350

Viña del Mar Loma Lo Torrea 0,9 250

Valparaíso Rocuant Alto 0,86 242


Viña del Mar Vista Las Palmas 0,87 226

Quilpué Los Fundadores 0,97 146

Quilpué Los Colonos 1,1 145

Viña del Mar Ampliación Villa Alegre 1,38 134

Viña del Mar La Unión 1,41 130

Valparaíso La Unión 0,8 130

Viña del Mar La Pradera 1,39 120

Villa Alemana Las Viñas 1,19 117

Villa Alemana Ampliación Prat 0,87 114

Viña del Mar Costa Azul 0,94 110

Viña del Mar Miraflores 0,91 102

Viña del Mar La isla 1,15 100

Viña del Mar Nueva Generación 0,95 80

Viña del Mar Villa Independencia 1,23 75

Viña del Mar Villa Los Aromos 0,78 71

Viña del Mar Juan Pablo II 1,13 69

Viña del Mar Nuevo Amanecer 0,83 64

66


Comuna Nombre comunidad Índice TECHO de vulnerabilidad

Nº de familias

Viña del Mar Manuel Bustos 1,28 1200

Viña del Mar Reñaca Alto Sur 1,24 551


Valparaíso Pampa Ilusión 0,89 546

Viña del Mar Monte Sinaí 0,81 350

Viña del Mar Loma Lo Torrea 0,9 250

Valparaíso Rocuant Alto 0,86 242


Viña del Mar Vista Las Palmas 0,87 226

Quilpué Los Fundadores 0,97 146

Quilpué Los Colonos 1,1 145

Viña del Mar Ampliación Villa Alegre 1,38 134

Viña del Mar La Unión 1,41 130

Valparaíso La Unión 0,8 130

Viña del Mar La Pradera 1,39 120

Villa Alemana Las Viñas 1,19 117

Villa Alemana Ampliación Prat 0,87 114

Viña del Mar Costa Azul 0,94 110

Viña del Mar Miraflores 0,91 102

Viña del Mar La isla 1,15 100

Viña del Mar Nueva Generación 0,95 80

Viña del Mar Villa Independencia 1,23 75

Viña del Mar Villa Los Aromos 0,78 71

Viña del Mar Juan Pablo II 1,13 69

Viña del Mar Nuevo Amanecer 0,83 64

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