Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en ...

Génesis, actores y dinámicas dela violencia política en el pacífico nariñense*

José darío rodríguez cuadros

* Memoria presentada para la obtención del Master en Ciencias Sociales, Mención Sociología General, Director de Investigación Gilles Bataillon. Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales - París

Las investigaciones incluidas en esta publicación fueron realizadas con la colaboración financie-ra de Colciencias, entidad pública cuyo objetivo es impulsar el desarrollo científico, tecnológico e innovador de Colombia.

Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en el Pacífico nariñense© Odecofi-Cinep Carrera 5ª No. 33B – 02 PBX(57-1)2456181•(57-1)3230715 Bogotá D.C., Colombia www.cinep.org.co www.odecofi.org.co© Pontificia Universidad Javeriana Editorial Pontificia Universidad Javeriana Carrera 7ª No. 37-25, oficina 1301 Edificio Lutaima Teléfono: 3208320 ext. 4205 Bogotá D.C., Colombia www.javeriana.edu.co/editorial© José Darío Rodríguez Cuadros. [email protected]

Editor General Colección Odecofi: Fernán E. González G.Coordinación editorial: Helena Gardeazábal GarzónDiagramación: Alberto SosaDiseño de carátula: Kilka Diseño GráficoImpresión: Javegraf

Primera ediciónISBN: 978-958-644-183-4Marzo de 2015Bogotá D.C., Colombia

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

Prólogo

Por Fernán E. González G.

En los últimos años, la costa del Pacífico nariñense ha aparecido en los medios masivos de comunicación como una de las regiones más vio-lentas del país, en contraste con el descenso de los hechos violentos en otras zonas tradicionalmente violentas, e incluso con el pasado recien-te de esta región, que estuvo bastante al margen de las violencias que han afectado al país desde mediados del siglo pasado. Solo a finales de los años noventa del siglo XX y comienzos del siglo XXI aparecen con fuerza hechos violentos en esta subregión, precisamente en momentos en los que el impacto del conflicto armado disminuye en zonas como el Magdalena Medio. Estos contrastes hacen particularmente relevante la publicación del presente libro, Génesis, actores y dinámicas de la violen-cia política en el Pacífico nariñense, de José Darío Rodríguez Cuadros, que fue presentado como memoria para la obtención de la maestría en Ciencias Sociales en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Bajo la dirección del profesor Gilles Bataillon, José Darío Rodríguez prolonga la tradición de los estudios del Cinep/PPP y Odecofi, que in-sisten en la necesidad de enmarcar los hechos violentos en los contextos sociales de las regiones para hacer evidente que la violencia política no ha afectado de manera homogénea a todo el territorio colombiano. En ese sentido, el trabajo de José Darío corrobora las conclusiones de otros de nuestros trabajos, que muestran la manera diferenciada, en el espacio y el tiempo, como los diferentes grupos armados se insertaron en las diversas regiones según las circunstancias particulares de su geografía e historia. De ahí se concluye la necesidad de analizar las condiciones

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sociales, culturales, económicas y políticas de cada región para hacer evidente cómo ellas hicieron posible la instalación de los actores arma-dos en ellas.

De ahí que el libro de Rodríguez se inicie con un análisis histórico de la subregión desde los tiempos coloniales y el primer siglo de vida republicana, mostrando cómo Barbacoas, que era el centro económico de la región, gracias a la minería y el contrabando, va siendo gradual-mente desplazada por Tumaco, cuyo predominio llega a ser evidente a finales del XIX, gracias a las exportaciones de la tagua y la explotación maderera, que atraen tanto a comerciantes blancos y mestizos como a migrantes negros, liberados desde mediados del siglo.

Por otra parte, el autor señala la importancia de la geografía de la subregión, caracterizada por las desembocaduras de los ríos Patía y Te-lembí, con sus laberínticos esteros y lagunas, como ideal para las acti-vidades ilegales, como el contrabando en los siglos XVIII, XIX y XX, el narcotráfico de los años recientes, junto con las acciones de los grupos armados ilegales. En este contexto geográfico y económico, señala el au-tor, se va consolidando una elite local, que suplía de alguna manera la incapacidad del Estado nacional para hacer presencia eficaz en los terri-torios lejanos del centro.

Como resultado de esta combinación de factores, Rodríguez se acer-ca de nuevo a otra de las hipótesis centrales de los trabajos de Odecofi: el estilo diferenciado de la presencia de las instituciones centrales, que se ven obligadas a negociar continuamente con esas elites locales y delegar en ellas la administración pública. Este dominio indirecto del Estado, típico de las regiones donde resulta demasiado oneroso el esfuerzo del Estado central por establecer el monopolio de la violencia y de la justi-cia, explica el poder político de ciertos clanes familiares en Tumaco, que lograrían imponer su hegemonía sobre la antigua elite de Barbacoas.

Sin embargo, el auge de las diversas economías extractivistas, basa-das en la explotación de la tagua, madera o palma africana, fue produ-ciendo una mayor integración económica de la subregión al conjunto de la nación, lo que se reflejó en la construcción de infraestructura fe-rroviaria y de carreteras y la llegada de migrantes a los centros urbanos de la subregión. Obviamente, este desarrollo estuvo acompañado de conflictos sociales entre comunidades negras y empresarios, que per-sisten hasta hoy. Estos conflictos y los mayores intercambios económi-cos estuvieron acompañados del aumento de los hechos violentos, sea

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como instrumento para dirimir tensiones sociales, sea por el aumento de oportunidades para las acciones de actores armados ilegales.

En este complejo contextos social y geográfico, la apertura de las carreteras fue acompañada por la mayor presencia de actores armados ilegales, la explotación minera a gran escala, el tráfico de droga. Así, José Darío describe la manera como la transición de las Farc de auto-defensas a guerrilla ofensiva va a encontrar en la subregión condiciones favorables para su expansión al presentarse como representantes de la población desposeída en un territorio abandonado por el Estado central y departamental. Sin embargo, sus movilizaciones de protestas y paros terminaron produciendo resultados inesperados: los comerciantes pu-dieron abastecerse por la vía marítima y la guerrilla empezó a recurrir a prácticas extorsivas para su financiación; esto trajo como consecuencia el predominio de los sectores más militaristas de la guerrilla en detri-mento de los sectores más cercanos a la población civil. Esta situación fue empeorando por la expansión de los cultivos y el comercio de la coca en la subregión, que atrajo a cultivadores, raspachines y comerciantes, desplazados por los efectos del Plan Colombia en los departamentos del Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare.

Como resultado de esto, el Pacífico nariñense se convirtió en una zona estratégica para guerrilleros y narcotraficantes, dada su lejanía del centro del país, el menor control de la fuerza pública y el acceso privi-legiado al mar, gracias a los esteros y lagunas de la desembocadura de los ríos. El auge de la economía cocalera trajo consigo, desde finales de 1990 hasta años recientes, un aumento notable del dinero circulante y una disminución del desempleo, acompañados por una mayor actividad de las Farc. La sensación de impotencia y la incapacidad de la Policía para garantizar la seguridad de la población llevaron a los comerciantes a financiar los ejércitos privados de los paramilitares, que había sido precedida por bandas de sicarios, provenientes del norte del Valle y An-tioquia. Sin embargo, el recurso a la privatización de la violencia resultó, según el autor, en un remedio peor que la enfermedad, ya que los para-militares se mostraron más interesados en aprovecharse del negocio del narcotráfico que en defender a los comerciantes de las extorsiones de la guerrilla.

El resultado de estos desarrollos fue la aparición de una ola de vio-lencia sin precedentes entre una guerrilla cada vez menos política y más militarista, un paramilitarismo involucrado en el narcotráfico y unas Fuerzas Militares mejor armadas gracias a los recursos del Plan Colom-


bia, muy concentrada en la carretera entre Pasto y Tumaco. El resultado de estos enfrentamientos y los ataques a la población civil trajo como resultado una profunda crisis humanitaria, que produjo la generalizada indignación moral de la opinión pública nacional e internacional. Pero, incluso la desmovilización del bloque paramilitar, Libertadores del Sur, llevada a cabo bajo el gobierno Uribe, no solo no representó una mejoría de la situación sino que terminó por empeorarla, tanto por la transfor-mación de los antiguos paramilitares en milicias privadas al servicio de los narcotraficantes como por los intentos de las Farc por recuperar el terreno perdido. Por otra parte, la disminución de los recursos prove-nientes de la coca trajo consigo la intensificación indiscriminada de las extorsiones.

Por eso, el autor se dedica, en el segundo capítulo de su libro, a des-cribir, de manera detallada, la manera como el conflicto armado afectó la subregión del sur de la costa del Pacífico colombiano, con base en los datos cuantitativos del Banco de datos de derechos humanos y violencia política del Cinep/PPP. Se hace así evidente el contraste del aumento de la violencia a partir del 2000, en comparación con lo que ocurría antes de 1998, que muestra cómo el 95% de las víctimas de la violencia políti-ca del Pacífico nariñense se concentran en los últimos doce años, entre 2000 y 2012. Sin embargo, la georreferenciación de los hechos muestra una concentración de la violencia en los municipios de Tumaco, Bar-bacoas, Ricaurte, El Charco, Olaya Herrera, Santa Bárbara y Roberto Payán. Y se hace evidente que el conflicto se centra en la lucha por el control de la carretera entre Pasto y Tumaco y el curso del río Patía, dada su importancia estratégica para el acceso al Pacífico de guerrilleros y narcotraficantes

Pero también se destacan las diferencias en la presencia de los dife-rentes actores armados; la actividad de los paramilitares, marcada por asesinatos colectivos y amenazas, tiene mucha importancia a partir del 2000 pero decrece progresivamente hasta el 2003, mientras que en el mismo año 2000 se empiezan a registrar acciones violentas de las Fuer-zas Armadas contra la población civil, como desapariciones, detencio-nes arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, las acciones de las Farc, iniciadas desde 1990, alcanzan en el 2001 su momento más elevado con secuestros, extorsiones y asesinatos colectivos. Sin embar-go, señala el autor, las guerrillas de las Farc y el ELN hacían, desde años atrás, presencia en la región, donde ejercían cierta autoridad para diri-mir conflictos, con pocas acciones violentas. Pero, luego, esas acciones

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van aumentando en el 2009, que coincide con el aumento de las ac-ciones de los paramilitares, que empiezan a disminuir en 2010 y 2011. Para el autor, el aumento de las acciones violentas de las Farc y las de actores armados no identificados parece estar ligado a la intensificación de las actividades del narcotráfico. Para él, esta mayor actividad de las Farc significaba la recuperación progresiva del terreno que este grupo había perdido en los años anteriores en la subregión y los golpes recibi-dos en otras regiones del país, aprovechando la desmovilización de los paramilitares, entre 2005 y 2006, y la reactivación de la minería y del tráfico de drogas en el norte del departamento, usando el río Patía como vía principal. Por esta razón, el aumento de la violencia afecta más a El Charco que a Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, donde tradicionalmente se ubicaba la intensificación del conflicto. Y, a partir de 2008 y 2009, se intensifica más la victimización de la población civil que la de los com-batientes de uno u otro lado.

Después de los análisis de los contextos de la subregión y de la diná-mica de los actores armados, Rodríguez dedica el tercer capítulo de su obra a sugerir una aproximación a la manera como es narrado y vivido el conflicto armado en la vida cotidiana de los habitantes. A partir de una serie de testimonios, el autor logró, luego de vencer la natural re-sistencia de los pobladores a ser entrevistados, acercarse al estado de ánimo de la población afectada por el conflicto. Sacerdotes, religiosas, funcionarios locales y regionales, comerciantes, maestros, abogados y gente del común permitieron al autor acercarse a las subjetividades de la comunidad de la región, contrastando sus percepciones y opiniones sobre el contexto regional, las motivaciones de los actores y de sus pa-trocinadores.

El recorrido que hemos insinuado sobre los principales aspectos de la investigación de José Darío Rodríguez permite entender los desafíos que el autor señala para la subregión en la coyuntura de las negociacio-nes de paz en La Habana. En primer lugar, habría que tener en cuenta la complejidad de los múltiples factores que interactuaron para producir la actual situación. Entre ellas, se destaca la visión macro estratégica de las Farc, que buscaron compensar, en un territorio bastante desprotegido y donde no habían sufrido grandes golpes, sus pérdidas en sus zonas tra-dicionales del Caquetá, Meta, Cauca o Tolima. En ese contexto se mueve el apoyo guerrillero a la movilización campesina de los paros agrarios de la región. Pero, además de estas transformaciones de las Farc, José Darío señala la desconfianza y escepticismo frente a las negociaciones, como

resultado de las evidentes fallas de la desmovilización de los grupos pa-ramilitares, muchos de los cuales continuaron ejerciendo sus mismas prácticas violentas en forma privada y más desinstitucionalizada. Pero este escepticismo contrasta con la esperanza de muchos sobre las pers-pectivas de paz que se vislumbran.

Sin embargo, concluye el autor, esta paz deberá ser construida sobre la base de la propia historia del Pacífico nariñense, teniendo en cuenta su diversidad social y étnica, la manera como sus pobladores han vivido el conflicto de los años recientes. El rescate de los valiosos testimonios recolectados sobre las circunstancias de la inserción de los actores ar-mados ilegales, el papel de las instituciones estatales, la percepción de inseguridad e impotencia de los pobladores por la ineficiencia de la Po-licía y la influencia del narcotráfico, junto con el análisis de la manera como la política regional y nacional interactúa con la coyuntura de la subregión, pueden ofrecernos pistas valiosas para entender situaciones similares dentro y fuera del país.

En ese sentido, el análisis que nos presenta esta obra de José Da-río Rodríguez constituye un aporte importante para la construcción de una paz positivamente entendida como la construcción de una sociedad menos desigual y más incluyente, sin dejar de lado la necesidad del for-talecimiento de la institucionalidad estatal de nivel local y regional y de la creación de condiciones de convivencia ciudadana para la aplicación de las conclusiones de La Habana en el contexto particular del Pacífico nariñense.

Bogotá, 13 de febrero de 2015


Capítulo 1

El Pacífico nariñenseDe la ‘riqueza’ del oro a la ‘miseria’ de la coca

Introducción

La violencia armada en la región del Pacífico nariñense es un fenómeno reciente. A diferencia de otras regiones del país que han sufrido nume-rosos y repetidos actos de violencia armada desde comienzos de los años 80, en nuestra región de estudio los combates entre grupos armados y los ataques contra la población civil por razones de tipo socio-político, sólo han aparecido con fuerza desde finales de los años 90 y comienzos del 20004. En este sentido, el Pacífico nariñense ocupa un lugar singular en cuanto a la temporalidad del conflicto armado colombiano se refiere. Se trata entonces de decodificar y comprender los dinamismos internos de este fenómeno en el ámbito local. Ahora bien, ¿cómo abordar esta problemática sobre la cual no existe aún una literatura sistemática abun-dante, entre otras cosas por la dificultad de acceso al terreno y por la novedad de la situación? ¿Cómo presentar y comprender la dinámica de los grupos armados y las tendencias de la violencia política en esta zona del país? Estos tres interrogantes expresan a la vez el interés general de esta investigación, así como el interés particular del presente capítulo.

Diversas hipótesis, a veces insuficientemente argumentadas o este-reotipadas, influencian las opiniones más comunes a propósito de las causas de la violencia actual en el Pacífico nariñense. Esto no quiere decir que dichas opiniones sean falsas, pero sí que, al recopilarlas y es-

4 Este punto será desarrollado y profundizado en el segundo capítulo.

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cucharlas, reflejan numerosas falencias entre las cuales una de las más graves tiene que ver con la ausencia de una base histórica sólida que esté en capacidad de establecer el lazo entre los “estereotipos” y la realidad de la violencia actual. Las hipótesis que se utilizan con más frecuencia atribuyen las causas de la violencia armada en la región a cinco aspectos generales: el olvido histórico al que ha sido sometida esta zona del país y el abandono institucional del Estado, la precariedad del desarrollo eco-nómico a causa de prácticas extractivistas desde el tiempo de la Colonia, la distribución y los problemas de propiedad de tierras, la corrupción de la clase política local y la entrada del narcotráfico. Estos elementos hacen parte, por supuesto, de la realidad actual vivida por los habitantes del suroccidente colombiano y, en general, son los puntos preferidos por los medios de comunicación para hacer el enlace causal directo entre dichos factores y la violencia armada que viene azotando a esta región desde comienzos de la década del 2000.

Sin embargo, este análisis causal ampliamente compartido por la opinión pública, no resulta convincente. Precisamente por ello, este capítulo propone examinar el posible lazo histórico entre los aspec-tos mencionados y la violencia política5 de estos últimos quince años (1998-2012), no mediante una argumentación ingenua centrada en la denuncia de una realidad injusta a partir de una lista de clichés, sino a partir de un estudio histórico y social de la región desde finales del siglo XIX. Queremos saber en qué medida cada uno de estos aspectos es una posible causa, directa o indirecta, de la violencia actual. En síntesis, se propone un ejercicio que pretende inscribir la violencia actual dentro de unas dinámicas sociales y culturales de largo plazo y vieja data.

Junto con esto, aquello que nos mueve con más fuerza a dudar de este cierto lazo “directo” entre violencia política y condiciones socia-les, establecido por la opinión común, tiene que ver con el hecho de que, tal como se verá en las páginas que siguen, estos cinco elementos mencionados, han estado de cierta manera presentes en la región desde hace más de dos siglos. Sin embargo, no es sino a partir del final de la

5 Por “Violencia Política” comprendemos, según el marco conceptual del Banco de Datos del Cinep: ‘aquella ejercida como medio de lucha político-social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro dela sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado’, que a nuestro modo de ver, es el tipo de violencia que más ha marcado la dinámica social y política de la región durante el período 2000-2012. Cinep, Marco conceptual: Banco de Datos de derechos humanos y violencia política, Cinep, Bogotá, 2008, p. 6.

el pacífico nariñense. de la ‘riqueza’ del oro a la ‘miseria’ de la coca 23

década de 1990 cuando aparece el fenómeno de la violencia armada en la región, y no es sino a partir de la década del 2000 cuando los niveles de esta violencia aumentan de manera dramática. En este sentido, lo que interesa descubrir aquí no sólo es el contexto en el que los grupos armados se instalan progresivamente en el territorio, sino, sobre todo, identificar y nombrar los factores desencadenantes de la violencia en el Pacífico nariñense tal como la conocemos y percibimos en la actualidad. Los estudios hechos por los historiadores locales más representativos del siglo XX en este departamento colombiano, junto con las voces de los habitantes de la región6, son las fuentes documentales principales de este capítulo, organizado analíticamente en tres secciones.

La primera estará centrada en el final del siglo XIX, para describir los procesos sociales y económicos que generan un doble movimiento que evidencia un crecimiento importante de la ciudad de Tumaco, a la vez que Barbacoas (ver mapa 17), ciudad principal de la región desde comienzos del siglo XVIII, experimenta una situación global de declive. Comenzaremos por establecer un paralelo entre estas dos ciudades y nos interesaremos, a la vez, por los desplazamientos de sus respectivas poblaciones dentro del territorio regional y por las prácticas económi-cas legales e ilegales de la época. Entre las actividades económicas ile-gales, haremos énfasis en la manera como el contrabando se desarrolla al final del siglo XIX y a la importancia de las comunicaciones fluviales y marítimas que favorecieron esta práctica. Finalmente evocaremos al-gunos aspectos del ámbito político local, su relación con las autoridades departamentales y la configuración en el tiempo de esta clase política regional.

En la segunda parte, articulada a este panorama histórico, se pro-pondrá un recorrido por el siglo XX. Nos interesaremos en particular por las etapas más representativas de explotación de recursos naturales en la región. Los períodos de explotación de tagua, de madera y de pal-ma de aceite. Mediante esta periodización será posible observar, a la vez, el tipo de concepciones de “progreso” económico asimiladas a lo largo del tiempo y los diversos desplazamientos de la población regio-nal laboralmente activa que se moviliza en función de la evolución de estas olas de extracción. Como parte de estas etapas, será importante

6 Trabajo de campo realizado en Tumaco, Pasto y Bogotá entre el 3 de julio y el 9 de septiembre de 2013. La mayoría de las 18 entrevistas recogidas durante este período, tuvieron lugar en las ciudades de Tumaco y Pasto (departamento de Nariño).


acercarse a la manera como evoluciona la construcción de infraestruc-turas ferroviarias y de carreteras, y a las diversas dificultades de orden político que han obstaculizado la ampliación y mejoramiento de las vías de comunicación durante décadas. Dichas dificultades socio-políticas, junto con aquellas ligadas al lento desarrollo de la infraestructura vial nos darán una idea de los sentimientos de insatisfacción de los habi-tantes de la región en relación con su situación actual, marcada por la pobreza. Por último, en relación directa con el período de la silvicultura, evocaremos la problemática de tierras en su origen histórico, que es en principio el del uso y explotación de reservas forestales y adjudicación de terrenos baldíos para tales fines. Este problema de tierras se encuen-tra, entre otras cosas, en la base de los actuales conflictos de tierras que la Ley 70 de 1993 buscó zanjar mediante el modelo de adjudicación de propiedades colectivas para comunidades negras, pero cuya aplicación ha sido visiblemente obstaculizada por la influencia de diversos factores sociales, políticos y económicos.

La tercera parte estará centrada en el análisis de los procesos de ins-talación de los grupos armados ilegales en la región: guerrillas7 y grupos paramilitares. Ambos involucrados e influenciados por el tráfico de dro-ga. En cada caso se describirá el contexto social y económico que cada uno de esos grupos encuentra en el momento en que llega a la región. A partir de otros estudios y de los testimonios recogidos, se formularán algunas hipótesis que intentan explicar los posibles móviles estratégicos que condujeron a estos grupos armados a desplazarse desde otras regio-nes del país e instalarse en el Pacífico nariñense. En el capítulo siguiente, la reflexión se concentrará en el período 1990-2012 para examinar en detalle, a partir de datos estadísticos, la dinámica de las acciones vio-lentas perpetradas tanto por los grupos armados ilegales como por las Fuerzas Armadas.

El Pacífico nariñense a finales del siglo XIX

La herencia de Barbacoas y el auge comercial de Tumaco

Hablar del Pacífico nariñense a lo largo del siglo XIX implica dirigir pri-mero la mirada, casi de manera obligada, hacia la ciudad de Barbacoas (ver mapas 17 y 18). Sin duda, fue durante muchos años el centro ur-

7 Se incluyen los principales grupos guerrilleros presentes en la región: Farc y ELN.


bano principal del litoral nariñense debido a la explotación minera in-tensiva que allí se desarrolló desde comienzos del siglo XVII. Barbacoas es de manera indiscutible el centro histórico comercial de la región y el paso obligado entre el camino real (Popayán-Pasto-Quito), y el océano Pacífico durante el tiempo de la Colonia. Esta ubicación estratégica y la riqueza de sus recursos minerales la constituyeron por más de dos siglos en lugar privilegiado para establecer relaciones comerciales con los puertos de Panamá y Buenaventura.

Cuatro grandes familias de pueblos originarios –Telembíes, Barba-coas, Sindaguas e Iscuandés– habitaban la región Pacífica del actual de-partamento de Nariño hasta la llegada e instalación violenta y definitiva de colonos españoles a finales del siglo XVI. En el año 1600, el capitán Francisco de Parada y Zúñiga conduce el ataque militar definitivo que le permitiría dominar estos pueblos y fundar una nueva villa que sería llamada Nuestra Señora del Puerto de Nuevo Toledo (Márquez Rivera, M., 1969a: 48-53). Poco tiempo después este mismo poblado sería lla-mado Santa María del Puerto de Barbacoas y finalmente, a partir de 1607, será conocido sólo por el nombre de Barbacoas en honor a los pueblos indígenas que la habitaban (Márquez Rivera, M., 1969b: 53-58). Hacia el norte y en el mismo período de tiempo se fundaba la villa de Iscuandé, que con el tiempo se constituiría en el segundo centro urbano más importante de esta gran zona minera. Poco a poco la población indígena es diezmada a causa de los trabajos forzados en las minas, a tal punto que ya, a principios del siglo XVIII, comienza a ser reemplazada por esclavos negros traídos desde el África (Escobedo, R. y Palacios, M., 2009: 20-21).

Barbacoas conserva esta condición de primacía económica e histó-rica en la región hasta finales del siglo XIX. Según el historiador nari-ñense Marceliano Márquez Rivera, “Barbacoas fue centro minero im-portante, puerto fluvial de tránsito y distribución de mercancías entre el interior y los pueblos de la costa, asiento de una casa de la moneda (…). La abundancia y calidad del oro de Barbacoas permitieron no sólo atenderla sino hacer provisiones para la ciudad de Quito (…). Las vías de comunicación son acuáticas” (Márquez Rivera, M., 1969b: 54). Al respecto de esta abundancia de oro en Barbacoas y del desarrollo del trabajo de orfebrería, el sacerdote jesuita Mario Cicala escribía en sus crónicas, a finales del siglo XVIII: “Hay orfebres bastante hábiles que hacen toda clase de joyas de oro, tales como cadenillas de varias formas, hebillas, tabaqueras, estuchecillos con mondadientes y limpiaoídos, ani-


llos, aretes, puños de bastones, puños y empuñaduras de espadas, etc. Todos trabajados muy delicadamente (Zarama Rincón, R. I., 2004: 191). No obstante, la gran abundancia de oro de sus minas explotada de ma-nera incesante por la ambición española y para beneficio de la metrópo-li, nunca permitió mejores condiciones de vida para los pobladores de estas ciudades y de esta región en general.

En 1852, José Hilario López, presidente de la república de la Nue-va Granada8, sanciona el decreto que declara la libertad definitiva para los esclavos en todo el territorio nacional. A partir de ese momento el panorama regional del Pacífico, principalmente habitado por esclavos, cambia radicalmente. La mayor parte de los mineros comienzan a ins-talarse libremente en las tierras al borde de los ríos principales y en la periferia de los centros urbanos más importantes del momento, Barba-coas e Iscuandé. Poco a poco, estos antiguos esclavos toman posesión de facto de las tierras que cultivaban o en donde seguían explotando mi-nerales en menor escala. Se trata de una población que, luego de siglo y medio de dominación española, se declarará cristiana, hispanoparlante y campesina. Auto-denominación que por cierto permanecerá vigente hasta bien avanzado el siglo XX. Desde entonces, estos nuevos hombres libres van a reclamar casi de inmediato la propiedad de las minas explo-tadas y de las tierras cultivadas en donde se instalan, generalmente por grupos familiares que comparten una cierta ascendencia común (Esco-bedo, R. y Palacios, M., 2009: 32). La extracción minera, sin alcanzar las dimensiones del período precedente, seguirá siendo de todos modos una actividad económica importante para estos grupos de pobladores que la habían aprendido por la fuerza y asimilado como oficio luego de obtener su libertad. Sin embargo, la agricultura y la pesca, como activi-dades de subsistencia, serán en adelante las dos actividades que tendrán la primacía para estas mismas comunidades.

En lo que concierne a la composición de la población, es muy difícil de establecer para esta época la proporción exacta de población “escla-va” en la región. Los datos no son muy precisos. No obstante, según los datos recogidos por Rosa Isabel Zarama Rincón, la población total de la “Provincia de Barbacoas en 1797 ascendía a 7.147 individuos (…). El número de esclavos fue considerable: en 1788, conformaban un poco menos de la tercera parte de la población” (Zarama Rincón, R. I., 2004: 177). Ahora bien, según los datos del censo de 1843 (9 años antes de

8 República de Colombia en el presente.


la abolición de la esclavitud), la población total del cantón de Barba-coas llegaba a 8.994 habitantes (Rodríguez Guerrero, I., 1961b: 39). Se puede estimar, teniendo en cuenta la poca diferencia de la cifra total de habitantes entre 1797 y 1843, que luego de la abolición de la esclavi-tud esta proporción permaneció estable y que la proporción del número de esclavos con respecto al total de habitantes continuó representando poco menos de la tercera parte. Es sólo a partir de las últimas décadas del siglo XIX cuando esta población va a comenzar a desplazarse por el territorio con mayor facilidad, a establecerse con mayor libertad y a aumentar en número, lo cual la llevará a convertirse en la población mayoritaria en el siglo siguiente.

Es importante señalar que durante todo este período y hasta casi el final del siglo XIX, Tumaco no era más que un caserío cuya única fun-ción era servir de punto de aprovisionamiento para Barbacoas. Según Santiago Pérez, miembro de la Comisión Geográfica de 1853: “El pueblo de Tumaco se compone de una calle de tristes ranchos en los que están los almacenes, paralela a la orilla del mar, y de algunas otras barbacoas, todas de aspecto miserable” (Laurent, M., 2009: 76). Sin embargo, 38 años después y en contraste con esta descripción de Pérez, un viajero que pasaba por Tumaco en 1891, la describía de la siguiente manera: “bella población, bastante grande, construida toda de madera y con te-chos de cinc o de paja. (…) Hay bastantes edificios cómodos y elegantes, y los almacenes, que son muchos, están ricamente surtidos de toda clase de mercancías, pues Tumaco es la metrópoli comercial del Sur” (Ibid.). Según Muriel Laurent, esta transformación se explica por el “desarrollo exportador que experimentó Tumaco, que inició en la década de 1860 y se consolidó a partir de 1880” (Ibid.).

Esta transformación de Tumaco comienza precisamente a partir de la liberación de los esclavos y de la disminución de la extracción minera en Barbacoas e Iscuandé. Este nuevo contexto es el origen de un impor-tante proceso migratorio al interior de la región, caracterizado prime-ro por el desplazamiento de algunas familias blancas y mestizas desde Barbacoas hacia Tumaco, y seguido por la migración de habitantes y familias negras, también hacia Tumaco, con el fin de encontrar nuevas fuentes de subsistencia distintas de la minería. La razón principal de este proceso migratorio fue el hallazgo de una nueva fuente de riqueza en los alrededores de Tumaco. Se trata de la tagua o marfil vegetal, la semilla de unas palmas que crecían y se encontraban en abundancia a muy poca distancia del puerto marítimo. “Esta semilla, un poco más pequeña que


el huevo de una gallina, se parece al marfil y fue utilizada entre 1850 y 1940 para hacer botones en Europa y Estados Unidos. El crecimiento de Tumaco fue por tanto impulsado por un fenómeno general de la historia de América Latina: el auge exportador de finales del siglo XIX y comien-zos del XX” (Leal León, C., 2005: 40). Es evidente que la causa principal del crecimiento demográfico y económico de Tumaco desde finales del siglo XIX y comienzos del XX se explica por el auge de exportación de este nuevo producto de origen vegetal. En este contexto, una buena parte de antiguos esclavos y descendientes de esclavos se desplaza desde Barbacoas y sus alrededores hacia Tumaco, con el fin de instalarse cerca de los lugares de recolección de tagua (Ibid.).

De manera simultánea y como consecuencia inmediata de esta nue-va dinámica económica, se evidencia la emergencia de una nueva clase de comerciantes blancos que van a controlar la explotación de tagua en la región. “Importaban algunas mercancías y compraban semillas de ta-gua que luego exportaban” (Ibid. ). Ésta es en síntesis, la razón principal por la cual el crecimiento poblacional y económico de Tumaco alcanza y sobrepasa, a finales del siglo XIX, los niveles antes alcanzados por Bar-bacoas. De esta manera, a partir del siglo XX Tumaco se convierte en el centro urbano más importante del Pacífico nariñense. El más poblado y el más activo en el ámbito económico.

El fenómeno del contrabando en la región a finales del siglo XIX

El contrabando no es una actividad nueva en el Pacífico nariñense a lo largo del siglo XIX. Era ya una práctica desarrollada desde el período colonial y utilizado como estrategia para evadir a los impuestos de la Corona sobre las exportaciones de oro y las importaciones de mercan-cías, incluida la trata de esclavos negros en la ruta entre Panamá y Bar-bacoas. Llama la atención en ese sentido que, siendo una actividad tan expandida en la región y penalizada por las autoridades, sólo existiera un único puesto de aduana en toda la región, ubicado en el puerto de Tumaco durante el período 1860-1870. Esta parte de la investigación está inspirada en el estudio realizado recientemente por la historiadora belga Muriel Laurent, cuyo artículo acerca del contrabando en el Pacífi-co nariñense (Laurent, M., op. cit.: 73-99) enriquece nuestra aproxima-ción histórica de la región en tanto permite abordar y comprender las dinámicas y las rutas del comercio ilegal existentes desde décadas atrás


en esta zona de Colombia. Y esto, porque consideramos que las dinámi-cas y las rutas actuales de la ilegalidad no son nuevas ni desconocidas en este territorio. Muriel lo expone claramente en su investigación de historia económica.

En aquello que concierne a la dinámica del contrabando en el Pacífi-co nariñense, el estudio de M. Laurent pone en evidencia la familiaridad que existía a mediados del siglo XIX entre los habitantes de Tumaco y ciertas actividades económicas ilegales (Ibid.: 74), y esto, incluso desde antes del auge exportador de la tagua. Además, de acuerdo con su inves-tigación acerca de los informes de la aduana de Tumaco, que describen los tipos de mercancías incautadas en las embarcaciones que eran dete-nidas, es evidente que para el período 1860-1870 “las autoridades adua-neras tenían conocimiento del contrabando que se realizaba en la región y consideraban al río Patía y a la costa de Iscuandé como dos puntos estratégicos para la vigilancia. Sabían también que, si bien contaban con algunos recursos, les hacían falta muchos para impedir el contrabando de manera más adecuada” (Ibid.: 86). A ello se sumaba “la corrupción de los empleados subalternos de la aduana: […] no ha habido aquí ningún contrabando que no haya sido hecho en connivencia con el resguardo, que es casi siempre hechura de los defraudadores” (Ibid.: 92). El acuerdo entre guardas y comerciantes dependía generalmente de dos elementos: por una parte del tipo de mercancía, que privilegiaba sobre todo la cir-culación de artículos rentables como la sal, el oro o el tabaco, y por otra parte, del apellido, de la influencia y de la reputación del propietario de la mercancía.

No se puede afirmar con ello que todos los trabajadores de la adua-na estuviesen involucrados en asuntos de corrupción, pero dada la evi-dencia presentada por la autora, es claro que este tipo de hechos eran recurrentes. En este sentido, según M. Laurent, “en 1876 […] la aduana contaba entonces entre sus empleados tanto con individuos interesados en sacar provecho de su cargo para aumentar sus ingresos, hacerse ami-gos con los comerciantes y crear una red de apoyo a los contrabandistas en el resguardo, como con personas en desacuerdo con estos modos de operar y que señalaron los abusos” (Ibid.: 93). De esta manera y tal como se puede percibir a partir de estos testimonios, el contrabando era una práctica cuyo dinamismo, desde la ilegalidad, hacía parte del panorama económico de esta región de difícil control para las autoridades oficiales.

Sin embargo, para comprender mejor el desarrollo del contrabando en el Pacífico nariñense, es importante tener en cuenta, además de los


intereses económicos y sociales de los comerciantes y de los empleados aduaneros, las condiciones geográficas favorables a este tipo de activi-dad. En este sentido, hay que decir que uno de los elementos más ca-racterísticos del paisaje costero del Pacífico Sur de Colombia es la gran abundancia de manglares en la desembocadura de los innumerables ríos que atraviesan la región. Este tipo de ecosistema hace que las aguas de los ríos, al encontrarse con el mar, formen un gran laberinto de esteros y de lagunas paralelas a la costa, muy favorables para la navegación de pequeñas y medianas embarcaciones. Esta particularidad hidrográfica permite desplazarse con mayor tranquilidad “sin exponerse a los riesgos del mar” (Ibid.: 77; Misiones, 1972: 66), (ver mapas 17 y 18).

Teniendo en cuenta este punto, se comprende fácilmente que los puntos críticos para el contrabando, identificados por las autoridades aduaneras desde el siglo XIX, eran precisamente todas estas lagunas y esteros que se localizan exactamente entre la desembocadura del río Guapi en el norte y la frontera internacional con el Ecuador en el sur. A lo largo de este vasto territorio, las desembocaduras de los ríos Patía e Iscuandé correspondían a los dos puntos de vigilancia más importan-tes. Otros puntos secundarios, sobre todo al norte de la región eran “la costa de Iscuandé, San Juan, Amarales y el río Patía hasta el punto de Panga” (Laurent, M., op. cit.: 85). En esta zona, los ríos Iscuandé, Tapaje y Sanquianga permitían la comunicación entre los pequeños poblados alrededor. Estos ríos, en conexión con el Patía y el Telembí por medio de canales y de esteros, permitían a los habitantes de diversos puntos de la región llegar con facilidad a Barbacoas.

Tradicionalmente, el río Patía y el río Telembí (afluente del Patía), constituían la vía de comunicación fluvial más utilizada entre Tuma-co y Barbacoas. Desde los tiempos de la colonia española, eran las vías naturales más importantes de transporte gracias a sus características, favorables a la navegación de canoas y de embarcaciones de mediano calado. Hasta nuestros días, el río Patía sigue siendo el más importan-te y caudaloso del departamento de Nariño, que atraviesa de oriente a occidente (ver mapa 18). Se trata de un río con una longitud de 400 km y cuya cuenca hidrográfica se extiende sobre 25.000 km2 aproxima-damente. Su ancho máximo puede alcanzar los 300 metros (Rodríguez Guerrero, I., 1961a: 210-211). Sin ninguna duda, el río Patía ha sido y continúa siendo el principal corredor de transporte fluvial en la región. Es claro y evidente que este río ha permitido, y permite en la actualidad, el desarrollo tanto del comercio legal como de diversas actividades ile-


gales, tal como lo constatamos con la práctica del contrabando a finales del siglo XIX y como lo constataremos también en la actualidad con el proceso de instalación de los grupos armados ilegales y con el desarrollo del tráfico de droga en la región.

La élite económico-política de la región

El auge económico estimulado por la dinámica exportadora de la tagua, desarrollada en el Pacífico nariñense desde finales del siglo XIX, no tuvo como única consecuencia el crecimiento poblacional y económico de Tumaco9. No fue tampoco la única razón por la cual el nivel y la calidad de vida de sus habitantes pudieron haber mejorado, tal como los testi-monios de algunos viajeros lo constatan. Este desarrollo económico se encuentra también en la base de la formación de una nueva estructura socio-política, propia a esta región, y que permanece casi invariable has-ta nuestros días salvo algunas variaciones y adaptaciones de forma.

Esta dinámica económica impulsó, de manera progresiva, la crea-ción de un grupo de recolectores de tagua al mismo tiempo que otro grupo social constituido por comerciantes exportadores. “En la déca-da de 1870 el puerto ya contaba con un grupo de comerciantes que se unió para evitar la imposición de un impuesto a las exportaciones de tagua. Estos comerciantes operaban creando casas comerciales, que so-lían tener un solo dueño y llevar su nombre. […] La élite comercial era pequeña: en 1911 tan sólo doce casas se encargaban del comercio de exportación. Algunos de sus dueños provenían de Barbacoas, otros eran inmigrantes de España, Italia, Inglaterra, los Estados Unidos y proba-blemente también de Ecuador y otras partes de Colombia. […] La rela-ción entre estos comerciantes y los recolectores estaba mediada por el endeude”10 (Leal León, C., op. cit.: 43-44).

A partir de este sistema de enganche entre comerciantes y recolec-tores, la élite naciente comenzó a establecer lazos de lealtad y de depen-dencia con la población trabajadora, mayoritariamente negra. En este

9 De acuerdo con los datos del censo nacional de 1843, la población total de Tumaco apenas llegaba a 2.557 habitantes, mientras que Barbacoas registraba una cifra de 8994 habitantes. Sesenta y nueve años después, según el censo nacional de 1912, la población total de Barbacoas era de 16.984 habitantes, mientras que la población de Tumaco sobrepasaba ya los 30.000, exactamente 31.685hab. (Rodríguez Guerrero, I., 1961b: 38-41).

10 Según este sistema, “los comerciantes proveían a los recolectores de los bienes necesarios para su manutención a cambio de que estos últimos pagaran la deuda adquirida en tagua”.


contexto, tales relaciones económicas se transforman en relaciones de poder. De esta manera el orden político local comienza a tomar forma a partir de los primeros años del siglo XX (Rosero García, E. A., 2012: 233). Las familias dominantes, que en la época constituían esta pequeña élite, encuentran a comienzos de siglo, un contexto político nacional marcado por un sistema altamente centralizado, que concentraba sus esfuerzos en la unificación política de la república desde Bogotá, pero que se mostraba incapaz de garantizar el control de las zonas geográfi-camente más alejadas de la capital. Este es el caso del departamento de Nariño, creado en 1904 y que se caracteriza por ser hasta nuestros días, uno de los más alejados geográfica y políticamente del centro nacional. El Pacífico nariñense es además la zona más alejada y la más mal comu-nicada (durante la mayor parte del siglo XX) con la capital departamen-tal, San Juan de Pasto (ver mapas 16 y 18).

Esta situación de aislamiento geográfico y político favoreció la con-solidación del poder local de estas familias mediante la creación y asimilación de un sistema paternalista y clientelista. Esta realidad na-cional y local obligaba al Estado central a entrar en negociación con estas nuevas élites y a delegar progresivamente en ellas su poder ad-ministrativo. Los acuerdos producidos por estas negociaciones bene-ficiaban de cierta manera al Estado central que, dada la imposibilidad de controlar y de hacer presencia en las zonas más alejadas del país, veía en este tipo de arreglos con las élites locales, una manera eficaz para mantener y garantizar la estabilidad de su poder. “De esta forma, el Estado entregó facultades a notables locales para que actuaran como representantes de las disposiciones nacionales y fueran mediadores de los problemas locales, concentrando así algunos de los escasos bene-ficios que el Estado otorgaba a la municipalidad como los recursos de educación, salud y sobre todo, de las decisiones públicas. […] Los asuntos locales eran manejados como problemas de redes de relación familiares para satisfacer y servir a un círculo restringido de intereses e individuos” (Ibid.).

De manera progresiva, estas familias, en su mayor parte de origen europeo, van a organizarse internamente y solidificarse por medio de arreglos de matrimonios, compromisos familiares y sociedades comer-ciales, durante las primeras décadas del siglo XX, para poder ejercer también una cierta influencia en el panorama político nacional. Una de las primeras figuras emblemáticas de esta nueva élite económico-polí-tica tumaqueña fue Julio César Delgado Girón, elegido cinco veces al


Congreso Nacional como representante por el departamento de Nariño. Él será el precursor de un linaje político de tendencia liberal que hará un fuerte contrapeso a sus rivales inmediatos, igualmente liberales, de la élite barbacoana y entre los cuales la figura más representativa durante este período fue Efraín Llorente Ortiz.

Ahora bien, a pesar de esta rivalidad, una serie de matrimonios arre-glados, va a unir a estas familias. Tal vez la unión más célebre a co-mienzos del siglo XX en Tumaco, fue aquella entre las familias Delgado y Escrucería. La primera era públicamente reconocida por su gran in-fluencia política mientras que la segunda lo era por su poder económico gracias al comercio y exportación de la tagua (Ibid.: 237). Es precisa-mente de la unión de estas dos familias, que nace el linaje “Escrucería-Delgado-Manzi”, que se convertirá en el más reconocido e influyente de la región hasta nuestros días y que va a detentar fácilmente el mono-polio político y económico de la región hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX.

El Pacífico nariñense durante el siglo XX

Tres grandes períodos de economía extractivista

Según Leal León “las economías extractivas, que dependen de tomar productos de la naturaleza, han sido típicas de las selvas tropicales, donde la gran diversidad de plantas y animales ha facilitado encontrar materiales demandados en otras regiones. […] Estas economías han generado crecimiento urbano, pero sólo ciudades de tercera categoría” (Leal León, C., op. cit.: 53). Esta tercera parte será abordada a partir de esta afirmación histórica. La reflexión se centrará en las etapas más representativas de la historia económica del Pacífico nariñense. Es claro que a lo largo del siglo XX, hubo dinámicas económicas bastante diver-sificadas en esta región. Entre este tipo de actividades se puede incluir la producción agrícola de diversos tipos de productos tropicales, el de-sarrollo de la pesca marítima y el comercio de mercancías de todo tipo. No obstante esta diversidad, las páginas que siguen estarán enfocadas en tres grandes etapas que, a nuestro modo de ver, han sido las que más han marcado social y políticamente a la región. Estas etapas hacen parte además de la memoria colectiva de sus habitantes y se encuentran al origen de la configuración social (urbana-rural) y económica de lo que es y representa en el presente el Pacífico sur colombiano.


La tagua (marfil vegetal)

Para entrar en el detalle de esta primera etapa, ya evocada algunas líneas atrás, se abordará primero la manera como el auge de esta actividad se manifestó de forma concreta en Tumaco, para luego enfocar la reflexión en las causas y en las repercusiones sociales de la entrada en decadencia de este negocio al final de los años 30. A diferencia de otras ciudades colombianas que exportaban la tagua11 desde finales del siglo XIX, el gran impacto de esta actividad en la ciudad de Tumaco se debió particu-larmente a su proximidad geográfica de las zonas de recolección de este producto12. Si bien Tumaco era un centro reconocido de exportación de tagua desde el siglo XIX, su verdadera transformación urbana sólo comienza a evidenciarse luego de 1908, fecha en la que el gobierno na-cional promulga una ley con la cual se confería a las autoridades locales (departamentales y municipales), el derecho de establecer y de recibir un impuesto a la explotación y exportación de la tagua. En poco tiempo, las ganancias municipales de Tumaco se triplicaron y, en consecuencia de ello, la inversión pública comenzó a ser mayor y más visible a los ojos de los habitantes tumaqueños de la época (Leal León, C., op. cit.: 47).

Durante el período 1902-1908, la cantidad de edificios públicos construidos se multiplica y el mejoramiento de la infraestructura gene-ral aumenta la capacidad de la ciudad para acoger a una población más numerosa. “Desde finales del siglo XIX un templo bien localizado en la plaza principal le había dado cierta respetabilidad al puerto. En 1902 Tumaco adquirió un aspecto más inusual cuando se inauguró el teatro municipal. (…) El municipio, además, acondicionó una casa como hos-pital. (…) En 1912 el Concejo convirtió la extensa plaza Cristóbal Colón en un parque con kiosco en el medio, la torre de la iglesia fue ador-nada con un reloj (…). El Concejo también construyó un matadero, tres muelles y dos puentes sobre el estero que partía la isla en dos (…), pavimentó varias calles con piedra, construyó andenes, puso elegantes barandas de hierro alrededor de la escuela de niñas y del cementerio, instaló lámparas en las calles principales y dotó a la ciudad de tres excu-sados públicos. (…) Un aserradero y un astillero permitieron la fabrica-

11 Cartagena, Barranquilla, Panamá.12 “Consideramos este producto como natural, ya que la palma de tagua no fue sembrada o

cultivada, encontrándose extensos bosques naturales a todo lo largo de la provincia [de Tumaco], que contienen millones de estas palmas. Millares de toneladas de tagua fueron exportadas en los últimos 30 años”. (Dávalos, P. M. y Vargas, C., 1940: 246).


ción local de muebles y barcos. (…) El número de artesanos creció con la proliferación de carpinteros, hojalateros, herreros, pintores, joyeros, sastres, fotógrafos y reparadores de zapatos, relojes y sombreros. (…) Habría que añadir a un pequeño grupo de profesionales, principalmen-te abogados, pero también un par de médicos y algún dentista, contador e ingeniero” (Ibid.: 47-49).

Esta larga cita de Leal León permite percibir el panorama global de Tumaco a comienzos del siglo XX. No obstante, este período de prospe-ridad no duró mucho tiempo. Diez años después, al final de la década de 1930, el contexto nacional e internacional da un giro particular que cambia por completo el curso de los acontecimientos. Por una parte, el lanzamiento de la producción de botones de plástico en el mercado internacional, conlleva la disminución de la demanda y del precio de la tagua de manera dramática. A causa de la crisis ocasionada por esta baja de precios, los ingresos de la región Pacífica disminuyen de manera di-rectamente proporcional. En 1940, algunos testimonios de la época dan cuenta de esta nueva situación económica: “En los últimos años el pre-cio de la tagua bajó tanto en el exterior, que sólo se exportan cantidades exiguas y hoy no representa, esta fabulosa riqueza natural, el motivo de progreso y bienestar económico de la provincia [de Tumaco]” (Dávalos, P. M. y Vargas, C., 1940: 246).

Por otra parte, el auge de la tagua fue también acompañado por una división social-racial cada vez más marcada. Desde finales del siglo XIX la élite comerciante había comenzado a asociarse entre sí: entre los blancos y mestizos que llegaron del exterior y de otras regiones de Colombia a Tumaco atraídos por el desarrollo comercial de la época, y entre los blan-cos y mestizos de la pequeña élite barbacoana que se había desplazado hacia Tumaco luego de la abolición de la esclavitud. Junto con esta élite, se constituía, de manera simultánea, una gran masa de recolectores de tagua, al mismo tiempo que de artesanos y obreros mayoritariamente negros. Esta división, que marcó una tendencia en la organización del trabajo y del comercio, determinó también en gran medida la configuración de la ciudad, la distribución de estas poblaciones en el paisaje urbano, la distri-bución desigual de las riquezas y el tipo de organización política, marcada por el paternalismo de la pequeña élite económico-política de la región. A finales de los años 40, el panorama social de Tumaco es claramente el de una sociedad dividida. Según Leal León, “la geografía de la ciudad y las relaciones entre sus residentes, vistas en parte a través del desprecio que los blancos sentían por las manifestaciones culturales negras, semejaban


las profundas divisiones de la economía tumaqueña. […] Las divisiones raciales expresaban la estructura de la economía y determinaban el carác-ter de Tumaco” (Leal León, C., op. cit.: 57).

De este modo, a diferencia de las ciudades andinas del departamento de Nariño: Pasto, Ipiales y Túquerres, en donde la población era mayori-tariamente mestiza y en donde la población indígena estaba mucho más integrada al trabajo agrícola, en Tumaco hay un contexto mucho más marcado a la vez, por una economía de extracción-exportación y por una fuerte polarización social, económica y política entre la pequeña élite blanca y la numerosa población negra. Esta dinámica permanecerá y se manifestará de diversas maneras en las etapas históricas siguientes.

La silvicultura

A partir de 1950, como respuesta a la disminución del comercio de la ta-gua, la explotación de la madera, hasta el momento practicada a pequeña escala y de manera artesanal, se convirtió en la alternativa escogida para hacer frente a la crisis económica de la época. Gracias a la abundancia de maderas de primera calidad, el Pacífico nariñense comienza a posi-cionarse en el mercado nacional, especialmente luego de la creación de algunos aserraderos. Sin embargo, el panorama regional será transfor-mado nuevamente, al final de esta década, luego de la promulgación, en el seno del Parlamento de la República, de la Ley 2 de 1959 (Colombia, Congreso de la República, 1958), que declaraba como terrenos baldíos a casi la totalidad del Pacífico nariñense. La idea de la ley consistía en poner estos territorios, cubiertos de árboles maderables, a disposición de empresas privadas que tuvieran la capacidad de explotarlos a gran escala. Ahora bien, si durante el auge de la tagua los impuestos gravados a su explotación y exportación entraban directamente al tesoro regional, en el caso de la silvicultura, estos recursos entrarían en su totalidad, se-gún lo estipulado por la ley, al tesoro nacional.

En este sentido, las explotaciones de madera debían estar sometidas a las condiciones del Ministerio de Agricultura, que a su vez era la insti-tución encargada de otorgar las licencias de explotación. En el papel, es-tas nuevas disposiciones del gobierno nacional parecían ser adecuadas para organizar esta actividad en el país. No obstante, el modo particular como la silvicultura se desarrolló en el Pacífico sur colombiano luego de la promulgación de esta ley tuvo una doble y paradójica repercusión. Si bien esta actividad económica fue por casi 20 años una de las mayores


fuentes de empleo en la región, es también la base de nuevos conflic-tos sociales que buscarán ser resueltos por la violencia armada algunos años más tarde y cuyos efectos aún se sienten en el presente. En lo que concierne a esta puesta en práctica de la silvicultura hay que señalar que durante el período 1960-1970 llegan, por primera vez, las primeras grandes empresas nacionales y extranjeras que se instalan en la región y cuya lógica de funcionamiento comercial es claramente más sofisticada que aquella empleada por los comerciantes y exportadores de tagua a comienzos del siglo XX.

La empresa más recordada y representativa de este período, que mo-nopolizó el comercio de maderas y el mercado laboral en la región duran-te casi 20 años fue Maderas y Chapas de Nariño (Martínez Betancourt, J., 2006: 226). Teniendo su sede principal en Tumaco, esta empresa contro-laba fácilmente la explotación, el transporte y el comercio nacional e in-ternacional de los diversos tipos de maderas existentes en el territorio. Esta empresa, “fundada en 1955 por un grupo de industriales colombia-nos, (…) fue adquirida a finales de 1967 por la Potlatch Forests Inc. (…). Posteriormente los magnates de la Potlatch vendieron las acciones de la compañía a una sociedad colombo-norteamericana conformada por Jack Simplot y Oliverio Phillips Michelsen, pariente cercano del ex presidente Alfonso López Michelsen”13, (Escobar, F., 1980). Maderas y Chapas de Na-riño agrupaba a numerosos aserraderos en Barbacoas, El Charco, Guinul, Salahonda y Rosario (Dávalos, P. M. y Vargas, C., op. cit.: 247).

De acuerdo con el testimonio de un antiguo trabajador de esta em-presa, “lo que sí le dio el impulso [a Tumaco] fue la madera, empezó el boom de la madera, porque aquí había aserríos pequeños como el de los Márquez ahí en la 18 […] Luego vinieron unos gringos Soolivan (sic) a hacer varias empresas grandes de madera, tonces (sic) aquí se acabó totalmente el desempleo, aquí tenían era que salir a buscar gente para trabajar. Eran empresas grandes, unos imperios” (Entrevista Nº14)14. Se puede decir que el auge de la silvicultura permitió el encuentro de nuevas fuentes de trabajo a la población laboralmente activa, que se be-nefició especialmente durante el período 1960-1980. Esta dinámica eco-nómica suscitó también una nueva etapa de migración del mundo rural hacia el mundo urbano, representado primordialmente por Tumaco y

13 Presidente de la República de Colombia durante el período 1974-1978.14 Entrevista efectuada en Tumaco durante el trabajo de campo realizado entre el 3 de julio y

el 9 de septiembre de 2013.


sus alrededores. Como consecuencia inmediata de estos desplazamien-tos sobre el territorio regional, la población de Tumaco aumentó nota-blemente y, durante estas décadas, el número de personas asalariadas alcanzó altos niveles, hasta el momento desconocidos en la historia del mercado laboral de la región.

Los efectos e impactos regionales a largo plazo de la Ley 2 de 1959 fueron paradójicos. Si bien el aumento de la actividad económica y la disminución del desempleo en los sectores urbanos de la región son dos factores que marcaron la memoria colectiva de la sociedad pertenecien-te a esta generación, es claro también que esta misma realidad fue vivida de manera diferente en el mundo rural. La ley sugería y promovía la idea de que las zonas rurales, en cuanto terrenos baldíos, estaban deshabita-das. Este error de principio sumado a la concesión de licencias de ex-plotación a grandes empresas, generó una situación de desplazamiento forzoso de la población rural que fue expulsada de sus tierras, ubicadas y ocupadas desde mediados del siglo XIX, en los bordes de los ríos y cerca de las zonas de explotación maderera. Error que se repitió con las empresas palmeras a finales del siglo, que aún no ha sido resuelto y que sigue siendo fuente de nuevos conflictos sociales y de violencia armada.

Así, entre 1960 y 1980, se desarrolla un doble movimiento migrato-rio. Una migración ‘voluntaria’ de campesinos que salían a buscar traba-jo y se dirigían hacia los centros urbanos de la región, especialmente ha-cia Tumaco y sus alrededores para buscar ser contratados en su mayoría por Maderas y Chapas de Nariño, y una migración ‘forzada’, también ha-cia los centros urbanos más próximos (Barbacoas, Tumaco e Iscuandé), pero motivada por la llegada de las empresas de explotación de madera, que expulsaron de sus territorios a las comunidades campesinas. Este segundo tipo de migración produjo a la vez un aumento significativo de la población urbana –especialmente la de Tumaco– y un fuerte sen-timiento de desarraigo en las personas que habían sido expulsadas de sus tierras. Se trataba de terrenos trabajados de manera colectiva por la reunión de varias familias que constituían una pequeña aldea o poblado, y en donde las ganancias y las cosechas eran enteramente compartidas o intercambiadas entre los miembros de la comunidad. No será sino hasta comienzos de los años 90, con la promulgación de la Ley 70 de 1993 (Colombia, Congreso de la República, 1993), cuando estas comunida-des desarraigadas por empresas madereras en el pasado, o palmeras en el presente, van a movilizarse para recuperar al menos una parte de sus territorios colectivos perdidos. Esto, debido a que dicha ley reglamen-


taba, entre otras cosas, los tipos de propiedades de tierras colectivas, particularmente para las comunidades afro-descendientes colombianas.

Este auge de la madera entrará finalmente en crisis en el momento en que, a causa de los altos niveles de corrupción interna, Maderas y Cha-pas de Nariño no será capaz de mantener la regularidad en los pagos de salarios para sus trabajadores. Esta crisis explotó a finales de los años 70 y se hizo visible por medio de diversas huelgas y paros que, organizados por los trabajadores de la empresa, expresaban su descontento genera-lizado frente a las prácticas de corrupción y de la mala administración. Además de esto, el crecimiento del número de movimientos y grupos ambientalistas locales y nacionales a lo largo de los años 80, que denun-ciaban los efectos negativos de la explotación desmedida de la madera en la región, entre los cuales se encontraba la desaparición de numero-sas hectáreas de bosque nativo, condujeron al gobierno nacional a en-durecer las condiciones de concesión de las licencias de explotación de madera en el territorio nacional. Para Maderas y Chapas de Nariño, los controles ambientales fueron cada vez más estrictos y sus licencias de explotación en ciertas zonas del Pacífico nariñense fueron suspendidas. Así, a lo largo de la década de 1980 el ambiente económico y social de la región se encontraba fuertemente marcado por la crisis de Maderas y Chapas de Nariño, el aumento del desempleo y el consecuente aumento de la pobreza frente a nuevas fuentes de empleo, especialmente entre los habitantes de la ciudad de Tumaco. De esta manera, el período de la silvicultura llegaba a su fin a mediados de los años 80.

La palma de aceite

Las primeras explotaciones de palma de aceite en la región datan de comienzos de los años 60 (Botero Villegas, L. F., 2008: 14). En aque-lla época, la plantación de palma era ya considerada como de “larga duración15, pero de gran rentabilidad” (Rodríguez Guerrero, I., 1961b: 58). Sin embargo, y a causa del auge de la silvicultura durante aquella

15 De ‘larga duración’ debido a que el período que va entre la siembra de la palma y del momento en que ésta comienza a ser productiva es de siete años en promedio. Durante ese tiempo, el campesino no tiene otra alternativa que cuidar la plantación de las diversas plagas que atacan a este tipo de palma. De esta manera, el presupuesto que se debe invertir para el mantenimiento de las plantaciones durante el período ‘improductivo’ resulta ser generalmente oneroso y sin ganancias. No obstante, pasados los primeros siete años, esta palma se vuelve altamente rentable pues a partir de la primera recolección, las producciones son abundantes y las ganancias constantes durante un ciclo de aproximadamente 30 años.


década y la siguiente, la importancia económica de la palma de aceite no será muy significativa. Habrá que esperar a la segunda mitad de la década de 1980, luego de la crisis del negocio de la madera, para que esta palma tropical se convierta en la nueva alternativa de explotación económica en la región. El fortalecimiento de esta nueva actividad coin-cide claramente con el período de crisis de la silvicultura, luego del cual el número de hectáreas destinadas a la palma va a aumentar de manera significativa.

Ya a comienzos de la década de 1990, la economía del municipio de Tumaco estaba principalmente basada en la plantación de palma aceite-ra y en la producción y exportación del aceite vegetal que es extraído de los cogollos de esta planta de origen tropical (Rocha, C., 2014: 8). Según los datos registrados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), “el área total sembrada de palma africana hasta 1986 era de 14.000 hec-táreas, y según Fedepalma, en 1999 existían unas 18.153 hectáreas. (…) Ya entre 2004 y 2006, Tumaco pasó de 27 mil a 32 mil hectáreas de pal-ma cultivadas” (Ibid.: 8). Estas cifras coinciden con las presentadas por Botero Villegas, quien señala la existencia de 35.000 hectáreas de palma de aceite en 2006 (Botero Villegas, L. F., 2008: 14). Según este autor, la segunda mitad de la década de 1980 corresponde al período en el que el número de plantaciones de este tipo de palma aumentó de manera más significativa.

De acuerdo con Catalina Rocha, a lo largo de este mismo período se puede hablar de dos tipos de explotación de este recurso natural. En primer lugar, la explotación de plantaciones en gran escala, mediante la instalación e intervención de grandes empresas como Palmas de Tuma-co, Araqui, Palmeiras, Astorga, Santa Helena, Santa Fe y Salamanca, que siguiendo casi el mismo modelo de las empresas madereras, tuvieron también un doble efecto social en la región. A la vez que fueron fuentes de empleo importantes en el contexto local, fueron causa de nuevos y masivos despojos de tierras campesinas. En segundo lugar, la explota-ción en pequeña y mediana escala de ciertos productores que combinan la plantación de palma con el cultivo de productos agrícolas para su propia subsistencia (Rocha, C., 2014: 8-9).

Sin embargo, y de manera bastante similar a la dinámica generada por la silvicultura, este nuevo período encontró también diversas y se-rias dificultades a causa del modelo de explotación puesto en práctica. La primera y más determinante en la historia reciente del Pacífico nari-ñense tiene que ver con la cuestión del uso, distribución y propiedad de


las tierras. Desde finales de los años 90 estos factores han sido foco de numerosas y variadas tensiones sociales entre las empresas y, especial-mente, las comunidades campesinas afro-descendientes. Un testimonio escrito de estas tensiones sociales se encuentra en las impresiones reco-gidas durante una reunión organizada en 1997 por el entonces vicariato apostólico16 de Tumaco entre empresarios y campesinos: “Debido a la nueva situación de la posesión de las tierras que se está generando por la presencia de palmicultores venidos de otras regiones, se está creando en la costa de Nariño un clima de tensión sobre las comunidades ne-gras y los empresarios terratenientes que puede generar una situación de conflicto en el futuro” (Botero Villegas, L. F., 2008: 24). Algunos me-ses después comienzan a aparecer signos de violencia, esencialmente expresados por el envío de amenazas contra líderes de las comunidades de afro-descendientes que denunciaban los abusos de las empresas pal-micultoras sobre sus territorios.

Una nueva crisis económica y social vendría cuando la diseminación de una enfermedad del cogollo de estas palmas, atacaría cerca del 90% de los cultivos existentes en 2004 (Rocha, C., 2014: 9). Algunas empre-sas palmicultoras se vieron obligadas a cerrar sus puertas y abandonar la región. Como consecuencia de ello, cerca de 7.000 asalariados perdie-ron su trabajo de la noche a la mañana. Esta situación de dificultad fue, a la vez, una crisis ecológica a causa del número elevado de hectáreas perdidas, y una crisis social que aumentó de manera dramática los nive-les de desempleo en la región. En la actualidad, un buen número de las hectáreas atacadas por la plaga se encuentran en período de regenera-ción, y sólo algunas pocas en período de producción.

Infraestructura ferroviaria y de carreteras

El proyecto de conectar la capital del departamento con el océano Pací-fico data de comienzos del siglo XX. La puesta en marcha de este deseo ha acompañado y atravesado todas las etapas y tentativas de desarrollo económico que se han evocado. Cabe recordar que la carretera de 290 km que existe en la actualidad entre Pasto y Tumaco fue terminada y entregada apenas en 1995. Esta carretera, además, es en la actualidad la única vía de comunicación terrestre entre el Pacífico nariñense y la zona andina del departamento de Nariño.

16 Hoy diócesis de Tumaco.


El primer intento efectuado para unir estas dos ciudades tuvo lugar, de manera oficial, el 6 de noviembre de 1912. Aquel día, en Bogotá, el Congreso Nacional promulgaba la Ley 65 que ordenaba la construcción de un ferrocarril entre el litoral Pacífico y el río Putumayo (Ver mapa 18). Este ferrocarril debía pasar necesariamente por Pasto y unir con el tiempo, a lo largo de su trayecto, a la capital nariñense con la ciudad de Popayán (Buendía Narváez, J., 1979: 11). El comienzo de los trabajos estaba previsto para 1914. Sin embargo, “el cambio de gobierno veri-ficado en este año, y ante todo, la guerra europea que se desató entre 1914 y 1918, impidieron la realización de tan magna empresa acabando con las esperanzas de Nariño y alejando el progreso nacional. Tal es la suerte que le cupo a nuestro departamento al frustrarse la Ley 65 de 1912” (Ibid.: 12.). En 1920, dos años después del final de la Primera Guerra Mundial y luego de un nuevo cambio de gobierno en Colombia, el proyecto del ferrocarril fue recomenzado. Para tal efecto, el Ministe-rio de Obras Públicas nombró una comisión de ingenieros y le concedió el presupuesto necesario para comenzar los trabajos. Una línea de 100 km entre Agua Clara (al frente de la ciudad de Tumaco) y El Diviso fue construida entre 1922 y 1930. A partir de este año, el ferrocarril comien-za a circular entre esos dos puntos (Ibid.: 13.).

Sin embargo, un segundo problema aparecería hacia el final de la década de 1930. Un nuevo cambio en la Presidencia de la República y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial transformarían el panorama regional. De entrada, la extensión que se había previsto para unir Pasto con Popayán fue detenida de un momento a otro. Junto con esto, los 100 km que ya se encontraban en servicio, dejaron de recibir mantenimien-to. Esto produjo serias dificultades para el buen funcionamiento del tren, que progresivamente disminuyó sus frecuencias y, con el tiempo, vio disminuir dramáticamente la calidad de su servicio. A comienzos de la década de 1950, el gobierno nacional decidió quitar definitivamente las vías de este ferrocarril, ya entrado en desuso. Según Buendía Nar-váez, “la supresión del ferrocarril de Nariño en la década de 1950 de-fraudó las esperanzas del sur colombiano y además se le engañó con la oferta mentirosa de que se remplazaría el ferrocarril con una magnífica carretera de Tumaco a Pasto; pero ha pasado las décadas de mediados del 50, 60 y 70 sin que la promesa se haya cumplido, lo que hoy mismo la prensa hablada y escrita, los parlamentarios y las autoridades del depar-tamento claman diariamente por el cumplimiento de esta oferta sin que hasta el presente haya seguridad de que se cumpla” (Ibid.: 14.).


La construcción de esta carretera entre Pasto y Tumaco comenzó efectivamente después de la supresión del ferrocarril, pero sólo sería terminada en 1995. Cuarenta y cinco años de disputas políticas y de dificultades presupuestales tuvieron que pasar para trazar y pavi-mentar esta vía, indispensable para la comunicación del Pacífico con el interior del departamento de Nariño (ver mapa 18) y con el resto del país. Según Botero Villegas, “al igual que con la interconexión eléctrica, muchos pensaron que la carretera era la manera concreta como el Estado había reconocido la importancia de esta región del departamento de Nariño. Con ambos proyectos, así lo creía un buen número de habitantes, el desarrollo, el progreso, y las oportunidades antes negadas se iban a dar por fin en abundancia” (Botero Ville-gas, L. F., 2008: 26). Desde comienzos del siglo XX, la comunicación entre el litoral Pacífico y la zona andina del departamento era con-siderada como un elemento estratégico para impulsar el desarrollo social, económico y político del Pacífico sur colombiano. Las expec-tativas confluían en que, con la construcción de esta carretera, la región estaría mejor y más integrada al contexto regional-nacional y, en consecuencia, las oportunidades de trabajo y de progreso au-mentarían de manera significativa para todos sus habitantes. Dicho proyecto y su realización, finalizada en 1995, sólo cumplieron par-cialmente tales expectativas.

Puesta en funcionamiento la carretera, fue evidente que el dinamis-mo económico y los intercambios entre el litoral y la zona andina au-mentaron significativamente. Sin embargo, y de manera paradójica, los niveles de violencia aumentaron notablemente al final de la década de 1990. Las razones pueden ser tal vez las mismas que aquellas que ya mencionábamos a propósito de la utilización del río Patía como vía de transporte y de intercambio comercial (legal e ilegal) a finales del siglo XIX. Es decir, que al abrir una nueva vía de comunicación, tanto la le-galidad como la ilegalidad buscan su provecho particular utilizando las mismas rutas. Del lado de la legalidad, el auge de la explotación de la palma africana se vio claramente favorecido con la apertura de la carre-tera, al igual que la más reciente explotación minera a gran escala. No obstante, del lado de la ilegalidad, la llegada de los grupos armados, el desarrollo del tráfico de droga y el aumento del desplazamiento forzoso de campesinos, fueron prácticas que aumentaron también notablemen-te y que encontraron en esta carretera poco controlada por la fuerza pública, un medio favorable para su desarrollo (Ibid.: 26-27.).


Llegada de los grupos armados al Pacífico nariñense

La violencia política no se ha ejercido de la misma manera ni con la misma intensidad en todas las regiones de Colombia. En ese sentido, cualquier propósito de generalización del desarrollo del conflicto arma-do colombiano es de entrada infructuoso. La razón principal de esta diversidad se encuentra en la pluralidad de contextos regionales, en donde, de manera diferenciada y escalonada, los grupos armados ile-gales se fueron instalando a lo largo del tiempo. Estos grupos tuvieron que conocer a fondo las diferentes realidades regionales para diseñar las estrategias de entrada, identificar las alianzas más eficaces y esta-blecer el provecho concreto que la llegada a una región u otra podría aportar a sus proyectos militares, políticos y criminales. Por tal motivo, la violencia política ejercida y vivida en cada región de Colombia no se puede comprender ni explicar sin antes describir las condiciones socia-les, culturales, económicas y políticas que hicieron posible la llegada e instalación de cada grupo armado. Es claro que describir los orígenes sociales y cronológicos de la violencia política no significa explicar el conflicto armado; sin embargo, identificarlos y presentarlos de manera diferenciada es un paso indispensable para comprender las lógicas de funcionamiento de este conflicto armado, comprendido como fenóme-no social, y sus particularidades más específicas para el caso concreto del Pacífico nariñense.

En este sentido, se ha querido comenzar por subrayar algunas de las características de orden histórico, geográfico, económico, político y so-cial que han estado en la base de la configuración contemporánea de esta sociedad. Es precisamente dentro de este contexto, donde tiene lugar la llegada, durante los años 80, de los primeros grupos armados ilegales al territorio, las Farc y el ELN17. Tal como se ha expuesto, este período corresponde exactamente al entrecruzamiento de dos grandes etapas del desarrollo económico de la región, a saber, la decadencia del auge de la silvicultura y el crecimiento del número de plantaciones de palma africana. Igualmente, es un momento crucial en el que la construcción

17 Cuya presencia fue importante en los municipios ubicados en el piedemonte, especialmente en Barbacoas y Ricaurte. Y cuyas acciones armadas se concentraron en ataques y emboscadas a lo largo de la carretera entre Pasto y Tumaco. Sin embargo, su influencia en el conflicto actual ha sido marginal y no ha llegado a tener los alcances geográficos, estratégicos y militares de las Farc. Por estas razones, nos centraremos con más detalle en la llegada e instalación de este último grupo, dejando el caso del ELN para otro estudio.


de la carretera entre Pasto y Tumaco avanza lentamente, y se acerca a su completa pavimentación. En las páginas que siguen se presentará el pro-ceso de instalación y las evoluciones de cada grupo armado en la región en orden cronológico: las Farc, los paramilitares, las Fuerzas Armadas y los paramilitares de la nueva generación. Los traficantes de droga no constituyen un grupo al margen de éstos. Por el contrario, acompañan el fortalecimiento de todos los grupos armados ilegales. Por esta razón, el narcotráfico será trabajado aquí como un fenómeno transversal y cons-titutivo dentro de la historia de estos grupos ilegales.

Las Farc

Para describir la llegada de esta guerrilla en el Pacífico nariñense hay que tener en cuenta y observar de manera articulada dos planos que clarifican este proceso. En primer lugar el contexto regional durante la década de 1980 y, en segundo lugar, el panorama nacional de la época y el papel que las Farc están jugando allí en dicho momento. En aquello que concierne al plano nacional, cabe señalar la importancia estratégica y militar de la VII Conferencia de las Farc en 1982, que reformula y re-lanza la lucha revolucionaria de este grupo a comienzos de este decenio.

Es precisamente en este momento, cuando las Farc deciden “pasar de ser una guerrilla defensiva a convertirse en una ofensiva, en un contexto endurecido por el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, y en un entorno internacional marcado por el triunfo de los sandinistas en Nicaragua en 1979. Esta redefinición de la estrategia de las Farc significó una expansión hacia nuevas regiones, cercanas a sus zonas históricas” (Grupo de Memo-ria Histórica, 2013: 135). Una de estas zonas históricas de presencia era en aquel momento la región andina del departamento del Cauca, al norte del departamento de Nariño (ver mapas 16 y 18) en donde desde comienzos de los años 70 se hallaba instalado el Frente 8º. de las Farc.

Luego de la VII Conferencia, este Frente 8º. se desdobla y da origen a la creación del Frente 2918, que se instalará primero en el norte del departamento de Nariño a partir de 1983-84 y que se extenderá por la zona del piedemonte hasta alcanzar el litoral Pacífico (Escobedo, R.

18 Entre 1981 y 1986 las Farc aumentaron su número de frentes en el territorio nacional de 10 a 31. La estructura militar de este grupo armado se organiza jerárquicamente por bloques. Cada bloque está constituido por al menos cinco frentes. Cada frente se compone a su vez por al menos dos columnas y cada columna por varias compañías. Finalmente, cada compañía debe estar constituida por 48 combatientes.


y Palacios, M. 2009: 43-44). Este Frente 29 llegó y atravesó el norte de Nariño navegando los ríos Patía y Telembí. Durante su primera fase de instalación, este frente ocupará los municipios de “Leiva, La Llanada, Sotomayor, Policarpa, Cumbitara y Barbacoas. Más adelante se expande hacia el valle del Guaitara, y los municipios de El Rosario, Mallama, Olaya Herrera, Ricaurte, Samaniego, Sandoná, Tumaco y Mercaderes” (Rocha, C., 2014: 14).

A lo largo de esta década, las Farc desarrollan un trabajo de in-fluencia ideológica sobre los habitantes de estos municipios y sobre sus gobernantes locales. Se trata de un período de adoctrinamiento y de organización de masas que busca resaltar y denunciar la situación de abandono institucional y de pobreza extrema en la región. Median-te esta estrategia, la guerrilla buscaba fundamentalmente el apoyo de la población más desposeída para la lucha revolucionaria. Cabe se-ñalar que en este contexto, las acciones armadas de las Farc contra las Fuerzas Armadas o contra la población civil eran prácticamente inexistentes. Al respecto y según el punto de vista de una persona ha-bitante de Tumaco, “todo comenzó por allá en la década de los 80. Es conocido por parte de la gente que la guerrilla ha hecho presencia tra-dicionalmente en el municipio de Ricaurte y a lo largo de la carretera Pasto-Tumaco. A mediados de los años 80, los paros armados anima-dos por la guerrilla eran frecuentes y, por medio de los bloqueos ar-mados a la carretera, querían entre otras cosas, producir una situación de desabastecimiento en Tumaco de tal manera que la ciudad entera se viera obligada a pronunciarse públicamente sobre la situación y se involucrara con las peticiones de la guerrilla para despejar la carrete-ra” (Entrevista Nº 3)19.

Estos bloqueos se hicieron cada vez más frecuentes. Sin embargo, los resultados obtenidos por las Farc no fueron aquellos que esperaban. Una de las causas de este fracaso de la guerrilla, según la misma persona entrevistada, se debió a que “los guerrilleros no calcularon que los co-merciantes de la ciudad aprovecharían el puerto para seguir recibiendo mercancías. Así, cada vez que había paro en la carretera, las mercancías de consumo seguían llegando por mar desde Buenaventura y Ecuador. Nunca hubo desabastecimiento” (Ibid.). Es en este momento, al final de los años 80, cuando la reacción de la guerrilla frente a esta ‘falta de

19 Entrevista efectuada en Tumaco durante el trabajo de campo realizado entre el 3 de julio y el 9 de septiembre de 2013.


cooperación’ de los comerciantes con la causa revolucionaria comenzó a hacerse efectiva mediante la práctica de la extorsión: “la guerrilla co-mienza a extorsionar a esos comerciantes en Tumaco para obligarlos a pagar por su falta de compromiso con la causa. A los otros comer-ciantes, aquellos que dependían de la carretera, la guerrilla comenzó a robarles los camiones en la carretera para repartir las mercancías entre la gente de la zona” (Ibid.).

A comienzos de los años 90 ocurre un proceso de reestructuración al interior de la guerrilla en la región. El elemento más determinante de este momento tuvo que ver con el reemplazo de sus jefes. Aquellos que tenían un perfil más político fueron cambiados por otros con per-fil más militar (Escobedo, R. y Palacios, M. 2009: 44). Estos últimos eran mucho más violentos y menos cercanos a la población civil. En ese contexto, la extorsión a comerciantes y propietarios de tierras se hizo cada vez más intensa, convirtiéndose en una de las fuentes más importantes de financiamiento y control social de este grupo guerri-llero en la región. Poco a poco las Farc comienzan a desarrollar estra-tegias cada vez más agresivas para mantener su presencia y garantizar su poder en la zona. Así, a mediados de la década de 1990 ocurren las primeras acciones bélicas de importancia contra las Fuerzas Armadas, primero en Iscuandé a finales de 1994 y enseguida en Barbacoas en 1995 (Ibid.: 44).

Para finales de esta década, la guerrilla se muestra mucho más fuerte en el plano militar y fortalece aún más su presencia en la región con el envío de más combatientes. Este crecimiento y expansión fueron po-sibles por la confluencia de dos acontecimientos particulares, uno de orden nacional y otro regional. El primero corresponde a la expansión de las plantaciones de coca y al fortalecimiento del tráfico de droga en la región a finales de los años 90. Este fenómeno se explica, en el contexto nacional, por los efectos de la aplicación del ‘Plan Colombia’20, que pro-dujo entre otras cosas, un flujo de migración de productores, raspachi-nes y traficantes de coca y de cocaína hacia el Pacífico nariñense. Esto, porque el Plan Colombia se mostró particularmente eficaz en la lucha

20 El Plan Colombia fue una política diseñada durante el período presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002) con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. “Este Plan, iniciado en 1999 por el gobierno de Pastrana, tenía como objetivo desarrollar los siguientes componentes: (a) lucha contra las drogas ilícitas y el crimen organizado; (b) reactivación económica y social; (c) fortalecimiento institucional; y (d) avances del proceso de paz en Colombia”. (Rocha, C., 2014: 11).


contra la droga en los departamentos del Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare, que constituían el centro geográfico y estratégico de produc-ción de droga en el país (ver mapa 16).

Esta lucha contra la droga, acompañada de un visible fortaleci-miento de las Fuerzas Armadas en los departamentos mencionados, provocó una migración importante de campesinos y traficantes que vivían de la plantación y procesamiento de la coca. Esta migración los condujo hacia el Pacífico nariñense, como zona comercial estratégica, más alejada del centro del país y menos controlada por la fuerza pú-blica. Estos elementos geográficos y de favorabilidad para la continua-ción de sus actividades ilegales, convirtieron a la costa nariñense en un nuevo foco del narcotráfico colombiano. De esta manera se com-prenden las razones por las cuales el período que va desde finales de los años 90 hasta el año 2004 puede ser considerado como el auge de la coca en la región. Estos años se caracterizaron principalmente por un aumento desmesurado de la cantidad de dinero líquido que comenzó a circular en estos municipios nariñenses y por la disminución general del desempleo como consecuencia de la necesidad de mano de obra abundante para la recolección de hoja de coca en un número de hectá-reas que se multiplicaba de manera vertiginosa.

Luego de la larga serie de fracasos económicos (tagua, silvicultura, palma de aceite), parecía que esta vez sí habría una abundante fuente de riqueza para la región. Incluso si los habitantes tenían la conciencia clara con respecto al carácter ilegal de esta actividad, lo seguían ha-ciendo pues el dinero circulaba en buenas cantidades y la posibilidad de encontrar trabajo era elevada. Además y de todos modos, el comer-cio ilegal no era nuevo en esta región en donde todo puede esconderse por las condiciones del terreno y en donde toda clase de mercancías ya circulaban desde siglos atrás. El ejemplo del contrabando a finales del siglo XIX, si bien alejado del tiempo presente, ofrece un precedente de la relación de esta región con prácticas de comercio ilegal. Para los habitantes, los campesinos y los recién llegados sólo bastaba trabajar sin hacer mucho ruido y obedecer a sus jefes sin querer saber dema-siado. El trabajo, visto desde ese punto de vista, tal vez el de un buen número de raspachines y de otras personas que se vincularon directa o indirectamente en el negocio a lo largo de este período de bonanza, era a la vez sencillo y rentable.

El segundo acontecimiento corresponde a la manera como las Farc sacaron provecho de esta nueva situación en la región, vinculándose


directamente en el tráfico y obteniendo de esa manera una gran can-tidad de recursos que utilizaron fundamentalmente para fortalecer su presencia militar en la zona. Con esos recursos de origen ilegal, las Farc se convierten en un ejército muy fuerte que llegó incluso “entre 2003 y 2004 a tener casi un control absoluto de los corregimientos de La Es-priella, Llorente y La Guayacana (ver mapa 18) e incluso contaban con apoyo popular” (Ibid.: 15). No obstante esta nueva fuente de ingresos, la presión extorsiva sobre los dueños de capital en la región, especialmente sobre los comerciantes, nunca cesó.

Los grupos paramilitares

Según numerosos testimonios en Tumaco, la presión de las Farc me-diante la extorsión provocó, especialmente entre los comerciantes y pequeños propietarios, desde finales de los años 90 e inicios de la dé-cada del 2000 un sentimiento de impotencia frente a estos abusos de la guerrilla y la ineficacia de la Policía para garantizar la seguridad en la ciudad. Por estas razones y de acuerdo con el análisis de una persona habitante de Tumaco, “entre 1998 y 1999 los comerciantes comienzan a cansarse de esta estrategia de la guerrilla para presionar a la sociedad y a este sector en particular. Con el tiempo, varios comerciantes aliados, cansados de los abusos de la guerrilla, hacen lo posible para traer a los paramilitares a la región. Pero con esta estrategia de “autodefensa”, co-metieron un error histórico en la región, porque queriendo acabar un mal, terminaron trayendo otro peor” (Entrevista Nº 3)21. Una parte de la élite económica local también estaba implicada en las actividades ile-gales para mejorar sus ingresos. Para librarse de la presión guerrillera, los comerciantes, en connivencia con una parte de la élite política de Tumaco, llegaron a financiar esos ejércitos privados.

Otro testimonio relativo a la llegada e instalación de los paramilita-res, habla de la existencia de dos bandas delincuenciales en Tumaco a finales de los años 90, ‘Los Aletosos’ y ‘Los Bambam’. Se trataba de gru-pos de sicarios al servicio del narcotráfico venidos del Valle del Cauca

21 Entrevista efectuada en Tumaco durante el trabajo de campo realizado entre el 3 de julio y el 9 de septiembre de 2013. Sobre el rol del sector de comerciantes en la llegada de los paramilitares a la región y con versiones grosso modo similares, coinciden cinco de las personas entrevistadas: un comerciante en Tumaco (Entrevista Nº2); un abogado penalista (Entrevista Nº4); un pensionado en Tumaco (Entrevista Nº14) y dos funcionarios públicos en Pasto (Entrevistas Nº16 y Nº17).


y de Antioquia que se disputaban entre sí, poniendo en riesgo la se-guridad de la ciudad y en particular aquella de los comerciantes. De acuerdo con un abogado penalista en la ciudad, “aquí lo que había antes era delincuencia (…). En ese panorama de lucha de bandas, que ponía en peligro su seguridad, los comerciantes se alían para traer paramilitares con el fin de que éstos, por la fuerza, restable-cieran el orden. Los trajeron en unos barcos cargados de cemento que vinieron desde Buenaventura. Así llegaron los primeros paras a Tumaco” (Entrevista Nº 3).

Un antiguo comerciante del centro de Tumaco que coincide tam-bién con esta versión de la lucha de bandas delincuenciales como pun-to de partida para la llegada de los paramilitares, agrega que el acon-tecimiento decisivo que lleva a este pequeño grupo de comerciantes a establecer una alianza para auto-defenderse, fue el asesinato de un comerciante originario del departamento de Antioquia en pleno cen-tro de la ciudad. Un homicidio que fue atribuido a la banda de ‘Los Bambam’ y según él, esta alianza estuvo constituida en su mayoría por algunos comerciantes paisas, que habían instalado sus negocios en Tu-maco y que sintieron en este acontecimiento, una amenaza directa a su seguridad. Así las cosas, hacen lo posible para traer paramilitares con el fin de defenderse de estas bandas delincuenciales (Entrevista Nº 2). Según esta misma persona, “semanas después de ese asesinato, la ciudad estaba llena de grafitis que anunciaban la llegada del Bloque Libertadores del Sur de las AUC. Fue el inicio del desastre más grande que ha sufrido la región” (Ibid.).

Ahora bien, independientemente de las posibles imprecisiones y de la diversidad de estas versiones, es un punto común el hecho de que los paramilitares llegaron a Tumaco entre 1999 y 2000, con el apoyo de algunas personas pertenecientes a la élite económica y política de la región, que querían poner fin a una fuente de inseguridad que ponía en riesgo sus intereses. Inseguridad que era atribuida tanto a las Farc a causa de sus prácticas de extorsión que ya comenzaban a ahogar a es-tas élites, como a las bandas delincuenciales que operaban en la región desde comienzos de la década del 2000. El aumento de la circulación de dinero líquido a causa de la bonanza cocalera facilitó también la llegada de estos grupos: de entrada porque la élites locales disponían ya de medios financieros suficientes para financiarlos, y junto con ello, porque en este contexto de bonanza los paramilitares, representados


por las ‘Autodefensas Unidas de Colombia, AUC’22, estaban también interesados en instalarse en esta región para sacar provecho del tráfico de la droga.

No obstante, los hechos actuales muestran que estos comerciantes no lograron dimensionar las graves consecuencias de la decisión que to-maron. Creyendo solucionar un problema, que en principio e ingenua-mente creyeron que podrían controlar, trajeron uno peor. No cayeron en cuenta a tiempo que los paramilitares tenían un interés más grande en sacar provecho financiero de la droga que en defender comerciantes, combatir a la guerrilla o controlar a las mencionadas bandas delincuen-ciales que operaban en la ciudad. Y de esta manera las puertas se termi-naron abriendo completamente a la llegada e instalación del aparato mi-litar y criminal de estos grupos que intensificarían en los años siguientes los niveles de violencia armada en la región.

En el Pacífico nariñense, a comienzos de los años 2000 se instaló el Bloque Libertadores del Sur (BLS), bajo las órdenes de Guillermo Pé-rez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’23. Este bloque hacía parte del Bloque Central Bolívar (BCB), que operaba en el Magdalena Medio, que por aquella época era comandado por Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, hermano de alias ‘Pablo Sevillano’. Cabe señalar que en 2004, el Bloque Central Bolívar es considerado, al interior de las AUC, como uno de los bloques menos ‘antisubversivos’ en el sentido político del término, y por el contrario, uno de los más vinculados al narcotráfico dentro de dicha organización. Precisamente a causa de este lazo evi-dente con el tráfico de droga, que el entonces jefe de las AUC, Carlos Castaño, hace pública esta situación ante los medios de comunicación nacionales e impide que estos dos bloques (BCB y BLS) hagan parte

22 A finales de los años 90. Diversos grupos de paramilitares diseminados a lo largo del territorio nacional, fueron reunidos en una sola estructura militar dirigida por Carlos Castaño. Esta organización antisubversiva tomaría el nombre de ‘Autodefensas Unidas de Colombia - AUC’ y se organizaría internamente por bloques, que a su vez eran constituidos por un conjunto de frentes. Estos grupos nacieron y fueron financiados en sus orígenes por las élites locales (comerciantes, terratenientes, políticas) de diversas regiones del país. Con el tiempo el tráfico de droga se convierte en su principal fuente de recursos financieros. El bloque que llega al Pacífico nariñense a comienzos de la década del 2000 fue el “Bloque Libertadores del Sur - BLS”, comandado por Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’.

23 Alias ‘Pablo Sevillano’ se encuentra pagando 17 años de prisión en Tampa, Estados Unidos. Fue condenado en 2009 por delitos relacionados con tráfico de droga. Ver: “Condenan a ‘Pablo Sevillano’ por narcotráfico en EE.UU” (2009), en Verdad Abierta, 19 de agosto. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/extraditados/1523-condenan-a-pablo-sevillano-por-narcotrafico-en-eeuu


de las negociaciones de paz que tuvieron lugar entre 2004 y 2005 con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Es en este contexto local, marcado por la llegada de los paramilitares a finales de los años 90, el fortalecimiento simultáneo de la presencia militar de las Farc, las operaciones violentas de algunas bandas delin-cuenciales en la ciudad de Tumaco y de la intensificación del tráfico de la droga, cuando tiene lugar el aumento y despliegue de la violencia armada en la región a comienzos de la década del 2000. A estos factores pueden agregarse las transformaciones sociales ligadas al desarrollo de la mentalidad del dinero fácil, que permeó en gran medida a esta zona del país y que se desarrolló particularmente durante este período de bo-nanza cocalera entre 1998 y 2004.

Ahora bien, a diferencia de otras regiones colombianas, el Pacífico nariñense no conoció la violencia armada de los años 70 y 80. Esta zona del país no conoció ni vivió las etapas de desarrollo del paramilitarismo que otras regiones como el Magdalena Medio vivieron y sufrieron de manera directa. La violencia armada en esta región sólo aparece a fina-les de los años 90. En este sentido, el tipo de violencia armada que llega y se instala en el Pacífico nariñense corresponde al tipo de violencia que se está ejerciendo en Colombia a comienzos de la década del 2000. Es un conflicto armado que en ese momento de la historia se caracteriza por la existencia de una guerrilla cada vez menos política y más militar y narcotraficante, un paramilitarismo muy involucrado con el tráfico de la droga y unas Fuerzas Armadas que se fortalecían poco a poco con las grandes sumas de dinero invertidas por los Estados Unidos para la puesta en marcha del Plan Colombia.

De esta manera, a partir del año 2000, es posible ver y constatar, como se comprobará en el capítulo siguiente, que la violencia armada aumenta de manera significativa en el conjunto de los municipios que constituyen el litoral Pacífico nariñense. Esta violencia estará claramente caracteri-zada por las disputas territoriales entre paramilitares y guerrilla por el dominio de los cultivos de coca y de las rutas para el tráfico de armas y de estupefacientes. Los paramilitares se van a concentrar a lo largo de la carretera entre Pasto y Tumaco, en donde llevan a cabo una estrategia de fuerte presión militar contra las Farc y contra la población civil que habitaba en las cabeceras municipales, corregimientos y veredas contro-ladas por este grupo guerrillero. La masacre de doce personas en el co-rregimiento de Llorente, a pocos kilómetros de Tumaco, es un ejemplo, entre otros, de las acciones violentas cometidas por los paramilitares en


contra de la población civil. “En noviembre de 2000, 60 paramilitares del Bloque Libertadores del Sur que comandaba ‘Pablo Sevillano’ ingresaron a Llorente guiados por un indígena de la región que señalaba los presun-tos colaboradores de las Farc. (…) Los ‘paras’ entraron a las casas de los habitantes y sacaron a todos los que su informador acusaba de ayudar a la guerrilla. ‘Pablo Sevillano’ contó que uno de los pobladores se resistió y fue golpeado hasta morir delante de todos sus vecinos. Diez hombres más fueron secuestrados y llevados a ‘Buenavista’, una base que tenían en la zona. Luego de dos semanas de interrogatorios, los 10 hombres fueron asesinados porque según ‘Pablo Sevillano’ se negaron a cooperar”24. Con estas primeras acciones violentas y, en este contexto social, económico y geográfico que ha sido descrito, el conflicto armado llegó para quedarse por un largo tiempo en la región.

Y el Estado también llegó. Envió soldados…

¿Cuál fue la respuesta del Estado frente a esta situación de violencia en la región a comienzos de la década del 2000? ¿Cuáles son las nuevas condiciones del conflicto armado en Colombia y en la región a partir del año 2005? Hay que decir de entrada que el período presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002) estuvo marcado por las negociaciones de paz con las Farc en el Caguán. Dicho proceso fue utilizado por todos los grupos armados legales e ilegales para fortalecerse militar y econó-micamente, especialmente a través de los ingresos del narcotráfico en el caso de los grupos ilegales, y a través del dinero enviado por los Esta-dos Unidos para el Plan Colombia en el caso de las Fuerzas Armadas. La serie de acciones armadas cometidas por las Farc durante el tiempo de negociación con el gobierno nacional disminuyó notablemente su legitimidad ante los ojos de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Su imagen de grupo narcotraficante y criminal comen-zaba a difundirse por todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, los grupos paramilitares también se fortalecían y actuaban sin piedad par-ticularmente en las zonas tradicionalmente dominadas por los grupos guerrilleros (Urabá, Montes de María, Magdalena Medio, Oriente An-tioqueño). En el plano nacional, el resultado producido por los enfren-tamientos armados que ocurrieron entre estos tres ejércitos (guerrilla,

24 Ver: “Las masacres y los nexos del Ejército de ‘Pablo Sevillano’” (2009), en Verdad Abierta. Disponible en: www.verdadabierta.com/las-victimas/1806-las-masacres-y-los-nexos-del-ejercito-de-pablo-sevillano


paramilitares, Fuerzas Armadas) y por los ataques sistemáticos a la po-blación civil, fue una situación de profunda crisis humanitaria y de gran indignación por parte de la sociedad civil y la comunidad internacional frente a este contexto exacerbado de violencia vivido en Colombia espe-cialmente entre 1998 y 2004.

En este contexto extremamente complejo, es elegido como presiden-te de la República, Álvaro Uribe Vélez para el período 2002-2006. Fren-te a esta complejidad, su propuesta sencilla y pragmática de combatir frontalmente a las Farc, valorizando el rol de las Fuerzas Armadas ya fortalecidas a causa de la aplicación del Plan Colombia, ganó la can-tidad necesaria de los votos de miles de ciudadanos que confiaban en que estas propuestas le devolverían la seguridad al país. En el año 2003 el nuevo Presidente presenta y pone en marcha su nueva política que llamará de ‘Seguridad Democrática’ (Colombia, Ministerio de Defensa Nacional, 2003), y que se establecía sobre la base de tres grandes pilares que tendrían que funcionar y progresar de manera lógica y escalonada: 1) control del territorio y acción coordinada del Estado, 2) atracción de capitales extranjeros y 3) cohesión social.

De esta manera y en coherencia con esta progresión, el primer pilar implicaba poner en marcha una estrategia de amplio despliegue de las Fuerzas Armadas hasta las zonas más alejadas del país para establecer o retomar el control militar. En el caso del Pacífico nariñense, las Fuerzas Armadas aprovecharon la carretera, ya completamente pavimentada, entre Pasto y Tumaco para transportar sus efectivos, aumentar el pie de fuerza y reforzar su presencia en la zona. Durante tres años (2003-2006) de acciones armadas y de enfrentamientos con la guerrilla, las Fuerzas Armadas lograron tomar el control de la zona atravesada por la carretera. Sin embargo, aquella atravesada por el río Patía al norte, mu-cho más selvática y de difícil acceso, siguió siendo dominada sin mucha dificultad por las Farc. Los paramilitares intentaron tomar el control de esta zona norte, al igual que las Fuerzas Armadas; sin embargo, los casi 25 años de presencia de las Farc en esta parte del litoral pesaron más a causa de su conocimiento de la geografía del terreno y del apoyo social que les quedaba y que pudieron conservar especialmente en las zonas rurales. Así, la presencia del Estado en el Pacífico nariñense, marcada a lo largo del siglo XX por la delegación del control administrativo a los políticos locales, una presencia vestida de camisa y corbata generalmen-te corrupta y paternalista, se transformó de un momento a otro en una presencia vestida de camuflado a causa del aumento significativo del


pie de fuerza en la región. Hay que reconocer que mientras duró, esta estrategia militar fue de cierta manera eficaz para controlar y combatir a la guerrilla, al mismo tiempo que también fue, de cierta manera, cóm-plice y silenciosa frente a las numerosas acciones violentas de los grupos paramilitares.

La desmovilización del Bloque Libertadores del Sur

En el año 2005 el país recibe la noticia, por los medios de comunicación, acerca de la desmovilización de varios bloques paramilitares a lo largo y ancho del territorio nacional. Luego de un corto período de negocia-ciones entre el gobierno de Álvaro Uribe y los jefes de los principales bloques paramilitares, las estructuras militares de estos grupos se des-movilizaron oficialmente. Dentro de ese contexto “el 30 de julio de 2005, en la inspección de Policía El Tablón en el municipio de Taminango (Nariño), 677 miembros del Bloque Libertadores del Sur se desmovi-lizaron e hicieron entrega de sus armas. Sin embargo, ‘Sevillano’ no lo hizo y en cambio, se presentó individualmente con los otros jefes para-militares, en Santa Fe de Ralito. El 13 de mayo de 2008, Pérez Alzate fue extraditado por el Gobierno colombiano a Estados Unidos junto a otros 13 ex jefes paramilitares por delitos relacionados con el narcotráfico” (Rocha, C., 2014: 21).

Esta desmovilización tuvo dos grandes consecuencias en la región y que, de cierta manera, explican el contexto de violencia actual: 1) la constitución de una nueva generación de grupos paramilitares, que no hacen parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (desmovilizadas), pero que comenzaron a actuar como milicias privadas al servicio del tráfico de droga y, 2) a partir del año 2009, el fortalecimiento y la puesta en marcha de una estrategia de reconquista del terreno perdido por las Farc y que éstas denominaron ‘Plan Renacer’25. Curiosamente, a causa de la disminución del número de hectáreas cultivadas de coca, que ge-neró una disminución importante de la cantidad de recursos financieros para los grupos armados ilegales, estos dos grupos (nuevos paramilita-

25 “El Plan Renacer se basa en una estrategia de guerra que consiste en atacar en pequeños grupos, evitar los enfrentamientos con la fuerza pública y realizar acciones armadas que implican medio y bajo esfuerzo militar por parte de los guerrilleros”. (Ibid.: 15). Por otra parte, tal como se verá en el capítulo siguiente, este Plan fue lo suficientemente eficaz en la región en tanto logró convertirla en uno de los últimos bastiones de esta guerrilla en la actualidad.


res y Farc) volvieron a hacer uso de sus viejos métodos para conseguir dinero. Esta es la razón principal del aumento desmedido y extendido de las extorsiones en la región, esta vez sin distinción de clase social, ni de actividad, ni de condición. Es tal vez el flagelo más grave para la mayor parte de la población de la gran mayoría de los municipios que constituyen la región Pacífico de Nariño, y especialmente de la zona ur-bana, Tumaco.

El capítulo que sigue estará centrado en la dinámica del conflicto armado en la región durante el período 1990-2012, gracias a los datos cuantitativos a los cuales pudimos tener acceso durante nuestro trabajo de campo. Este análisis estadístico permitirá hacer una aproximación más detallada de la manera como la violencia de los grupos armados se desplegó según el tiempo, el espacio y los actores a lo largo de estos últimos años.

Génesis, actores y dinámicas de la violencia política en ...

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