12 de febrero de 2021

Índice

AUDITORIA CONSULTORIA

El auditor alerta del riesgo de Glovo en el conflicto por los ‘rider’El País - 12/02/2021

AUDITORIA SECTOR PUBLICO

El auditor de Divalterra rechaza todos los costes de la fundación de OrengoLas Provincias - 12/02/2021

Un informe avisó un mes antes del riesgo de estafa al Palacio de CongresosLas Provincias - 12/02/2021

SECTOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

El Banco de España ve problemas financieros en el 40% de las empresasCinco Días - 12/02/2021

CNMC: la competencia en electricidad es “limitada”Cinco Días - 12/02/2021

Las herramientas del Banco de España para su política macroprudencialExpansión - 12/02/2021

La banca reclama garantías de cobro por las quitas en los créditos del ICOCinco Días - 12/02/2021

Los bancos afrontarán nuevas exigencias por ley para proteger a los clientes vulnerablesCinco Días - 12/02/2021

MACROECONOMIA

Bruselas prevé que España crezca más pero avisa del riesgo de quiebrasEl País - 12/02/2021

Calviño promete intensificar las ayudas hasta consolidar una fuerte recuperaciónCinco Días - 12/02/2021

La contrarreforma laboral de Trabajo persigue evitar nuevas devaluaciones salarialesCinco Días - 12/02/2021

Los fondos europeos serán la gran palanca para lograr la ‘Industria 5.0’El Economista - 12/02/2021

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Emite un informe sobre Cical en el que detecta pagos sin justificar, fuera de plazo y de los que no se acredita su vinculación con el proyecto JC. F. M.

VALENCIA. Hace ya casi cinco años, el 17 de mayo de 2016, Divalte-rra –la empresa pública de la Di-putación de Valencia heredera de la vieja Imelsa– firmaba un acuer-do de colaboración con la Fede-ración Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para el de-sarrollo de un Centro de Investi-gación de Conocimientos aplica-dos a la Administración Local (Ci-cal). Una iniciativa impulsada por el ex número tres del PSPV, y a esas alturas ya exjefe de gabine-te de Jorge Rodríguez en presi-dencia de la Diputación, José Ma-nuel Orengo, para crear una ins-titución que aconsejara en su día a día a los ayuntamientos peque-ños y medianos.

A finales de 2020 el consejo de administración de Divalterra em-plazó al auditor de la empresa a analizar los costes generados por una fundación que, como es sa-bido, acabó saltando por los ai-res como consecuencia de las du-das que generaba su financia-ción. El informe del auditor in-terno, al que ha tenido acceso este diario y que tiene fecha del 3 de febrero, viene a corroborar las irregularidades que ya constató inicialmente la Agencia Antifrau-de. Pagos fuera de plazo, sin jus-tificar, sin evidencia de partici-pación, no acordes con el obje-to... una serie de irregularidades que afectan a la totalidad del pro-yecto.

¿A la totalidad? El auditor in-terno analiza en su informe un total de 52 costes presentados por la FVMP, y que suman los 106.958,43 euros que, en teoría, debe afrontar Divalterra. Y los cuestiona todos, los 52, tanto los 48 relativos a gastos de personal,

y que sumaban un total de 86.719,43 euros, como los gas-tos generales -9.600 euros- y los de proyecto -10.639 euros-.

El auditor arranca señalando que la FVMP, con fecha de enero de 2017, presentó una relación de costes que ascendía a 157.995,81 euros, cantidad in-cluso superior a los 120.000 eu-

ros que figuraban en el acuerdo de colaboración entre esa insti-tución y Divalterra. Es la comi-sión mixta de seguimiento la que cuatro meses después reduce esa cifra a 106.000 euros.

¿Y qué pasa con esos costes? De los vinculados a gastos de per-sona, un total de 48, el responsa-ble de la fiscalización de la em-

presa provincial advierte de que se han presentado al cobro un to-tal de 12 costes «devengados con anterioridad al marco temporal» contemplado en el acuerdo, otros nueve se devengan con posterio-ridad y cuatro más se imputan por enteros, sin consideración de la parte proporcional. Es decir, de los 48 costes de personal por

valor de 95.000 euros, según las cifras de la FVMP, el auditor de Divalterra sólo valida 21, y los va-lora en 36.627,08 euros -casi 60.000 euros menos que la cifra inicial de la FVMP-. Que los vali-da, en realidad, es una forma de hablar, porque el mismo fiscali-zador señala que, pese a que la entidad municipal aporta nómi-nas y liquidaciones sociales, los costes de personal «no acreditan mediante evidencia suficiente y adecuada la real y efectiva impu-tación al acuerdo/convenio, de acuerdo con los procedimientos de justificación generalmente aceptados».

Respecto a los gastos genera-les, ampliados de los 3.544 euros de la liquidación inicial de la FVMP a los 9.600 euros definiti-vos, el auditor también proclama que «no se ha encontrado ningún documento donde figure la rela-ción inequívoca de los gastos con-signados en dichas liquidaciones con la actividad objeto del acuer-do/convenio». Y añade: «En es-pecial, existen comprobantes en dietas y en kilometraje superiores a los establecidos en la normati-va fiscal».

Y de los gastos proyecto, esti-mados en 10.639 euros, el audi-tor viene a hacer suyo el criterio de la Agencia Antifraude, al sub-rayar que el gasto de 2.178 en ‘al-quileres salones campus Gandia’ «no goza de ninguna relación di-recta con el objetivo del conve-nio», mientras que el análisis de la RPT y el manual de identidad corporativa «no se encuentran dentro» del objeto del convenio. El auditor cuestiona un total de 52 costes, por valor de 115.239,91 euros. Es decir, por la totalidad de los costes que la FVMP pre-sente para su pago a Divalterra.

El auditor de Divalterra rechaza todos los costes de la fundación de Orengo

El ex número tres del PSPV e impulsor de Cical, José Manuel Orengo. IRENE MARSILLA

De los gastos de personal, que sumaban 95.000 euros, dice que no se acredita que correspondan al proyecto

Cuestiona e impugna pagos que ascienden a 115.239,91 euros, por encima incluso de la propuesta liquidativa

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El estudio advertía de la posibilidad de que se produjera una suplantación de identidad como la que desembocó en el robo

«Puede existir un riesgo de suplantación de identidad», advertía en noviembre una auditoría en el Palacio de Congresos. Un mes después llegó el robo mediante este procedimiento. P14-15

Una auditoría alertó un mes antes del riesgo de estafa en el Palacio de Congresos

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Una auditoría en noviembre alertó de que la entidad no confirmaba que los datos modificados en pagos fueran veraces

VALENCIA. El Palacio de Congre-sos recibió a principios del pasa-do noviembre el resultado de una auditoría que tenía como objeto revisar todos los procedimientos de pagos y tesorería del organis-mo. La conclusión del estudio puede considerarse premonito-ria del robo conocido este miér-coles al referirse en una de sus consideraciones a que puede «existir un riesgo de suplanta-ción de identidad», según el docu-mento al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.

La referencia añade que no se exigía en el momento de realizar el informe a los proveedores «cer-tificado de la entidad bancaria que confirme los titulares de la cuenta ni se confirma que los da-tos proporcionados o modifica-dos por los terceros son veraces». Antes se mencionaba que las em-presas contratadas por el Pala-cio de Congresos «remiten sus facturas mediante correo elec-trónico. El alta en el registro de

terceros se cumplimenta con los datos bancarios y de identifica-ción que vienen detallados en la primera factura», lo que era con-siderado una medida insuficien-te de control frente a posibles es-tafas, lo que sucedió después.

El robo consistió en el envío de un correo electrónico el 16 de di-ciembre por parte de los estafado-res simulando ser la empresa de seguridad del recinto, la misma desde 1998, pidiendo recibir el ingreso mensual por los servi-cios en otra cuenta corriente.

Gracias a los documentos fal-sificados que incluían en el co-rreo electrónico, entre los que se encontraba un certificado de ti-tularidad bancaria, engañaron tanto a la directora gerente del organismo, Sylvia Andrés, como al director financiero, Daniel So-brino, quienes firmaron para el envío de 21.020 euros a la nue-va cuenta corriente, pertenecien-te a otro banco al habitual.

La dirección de correo en el que llegó la petición es similar a la utilizada por la firma Securi-tas con el Palacio de Congresos, salvo que el dominio era «.net», lo que no fue advertido por los responsables, que cumplimen-taron el protocolo de la firma mancomunada.

La auditoría indicó un mes an-tes que habida cuenta de los «ries-gos detectados», se hacían nece-sarias cuatro recomendaciones. La primera era «validar y confor-mar las facturas a través del sis-tema de gestión de pedidos de forma electrónica mediante cer-

tificados». Los técnicos hicieron pruebas con el proceso que si-guen los pagos, encargos por con-trato menor u otras cuestiones para determinar mejoras.

La segunda de la recomenda-ciones fue «dejar documento por

escrito que acredite la realiza-ción y supervisión tanto de las conciliaciones como de los ar-queos de caja», aunque la más re-levante corresponde a la tercera, que señalaba la petición de «ve-rificar los datos de identidad y

bancarios antes del pago de cual-quier factura, solicitando certifi-cado de la entidad bancaria». Los estafadores incluyeron un certi-ficado de este tipo en su correo electrónico, falsificado con mem-brete, firma y sello donde lo úni-

Un informe avisó un mes antes del riesgo de estafa al Palacio de Congresos

La entidad detecta otro intento de timo por correo este lunes

Este mismo lunes, el Palacio de Congresos detectó un nue-vo intento de «timo» como lo calificó ayer la directora ge-rente de la entidad, Sylvia An-drés. Una de las empresas pro-veedoras recibió un correo su-puestamente del organismo municipal donde le interpela-ba acerca de datos de registro para las facturas. La creencia es que intentaba hacerse con ellos para una nueva suplanta-ción de identidad, lo que fue evitado. Los intentos son con-tinuos, sobre todo en los orga-nismos y empresas municipa-les, como se demostró en el caso de la EMT, donde se pro-dujo dos veces.

Los responsables del Palacio creyeron que el banco iba a verificar que la cuenta era de la empresa y eso no sucedió

PACO MORENO

Exterior del Palacio de Congresos. ANUKI BILBO

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co real era el número de cuen-ta. La cuestión es que este extre-mo no fue verificado por el Pa-lacio de Congresos por otra vía, como consta en el relato de la denuncia presentada ante la Po-licía Nacional el martes.

Después de recibir el correo electrónico de los estafadores, la nueva cuenta corriente se in-trodujo en el programa de con-tabilidad y el 23 de diciembre se produjo la orden de pago al banco junto con toda la remesa de facturas de los proveedores. El resumen que incluye el ates-tado policial habla de que el «pago de estas remesas se hizo siguiendo el protocolo de firma mancomunada. En todo momen-to se actuó con el convencimien-to de que el banco que ha de rea-lizar la transferencia tiene au-tomatizado el proceso, de tal ma-nera que los dígitos de la cuen-ta corriente y su titular deban coincidir y que, de no ser así, se emita algún tipo de alarma». Esto no ocurrió.

El 29 de enero se procedió a pagar la factura del mes de di-ciembre por una cuantía de 22.605 euros. El pasado lunes se detectó la devolución de la transferencia, lo que había ocu-rrido el día 5, y al llamar a Secu-ritas para comprobar el núme-ro de cuenta se descubrió todo el pastel, la estafa.

El alcalde Ribó dijo ayer, se-gún recogió Europa Press, que es necesario mejorar la ciberse-

guridad en las entidades autó-nomas para evitar estafas como la del Palacio de Congresos. Tras participar en unas jornadas so-bre legislación urbanística, dijo que «se tiene que mejorar» esta cuestión y «es un tema que este año nos vamos a poner seria-mente con esto». También con-sideró que «las empresas priva-das no lo hacen público, pero hay muchas estafas por ahí».

«En estos momentos, los te-mas de ciberseguridad se están convirtiendo en prioritarios, y el Ayuntamiento lo tiene muy trabajado, aunque siempre se ha de mejorar, pero las entida-des autónomas tienen una serie de fallos que se manifestaron en su momento en la EMT median-te un engaño terrible y que se ha vuelto a manifestar», dijo. El pró-ximo lunes se reúne el consejo del Palacio de Congresos para informar de la estafa.

Ribó admite que es necesario mejorar la ciberseguridad en las entidades autónomas tras las tres estafas sufridas

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El Banco de España reco-noció ayer que tanto en España como en la UE “to-das las palancas de política económica se han utilizado de manera ágil, certera y potente” pero alertó de que en torno al 40% de las empresas españolas tienen dificultades para cubrir sus gastos financieros con los malogrados resultados de 2020 que lega la pandemia. Se trata de un incremento de 27 puntos frente a la ci-fra de 2019.

Así lo expuso ayer el di-rector general de economía y estadística del supervisor financiero, Óscar Arce, en la presentación del Informe económico y financiero de Esade, donde advirtió de

que las tensiones son es-pecialmente fuertes en las pymes en general, y en los sectores de restauración, motor, ocio y hostelería. En estos dos últimos, los pro-blemas financieros afectan a un 75% de las firmas, reco-ge Servimedia. Este escena-rio arrojaría a la insolvencia al 14% de las empresas en el escenario más benigno, y al 18% en uno más pesimista. El impacto de su quiebra sería “modesto” en empleo y deuda por el pequeño tamaño de las empresas más afectadas, pero Arce urgió al Gobierno a ir más allá de facilitarles liquidez para pasar a apuntalar su solvencia. En este sentido, valoró positivamente el fondo de 10.000 millones que gestiona la SEPI para “recapitalizar empresas

grande estratégicas”, pero pidió planes “específicos” para pymes.

Subvenciones a pymes“Conviene analizar nuevas herramientas para cana-lizar recursos propios ha-cia las empresas de menor dimensión y facilitar rees-tructuraciones de empre-sas viables”, apuntó. Una alternativa, ilustró luego en otro acto, sería “el apoyo en forma de subvenciones para sociedades viables”. Arce también insto a explo-rar el uso de instrumentos híbridos, como préstamos participativos o deuda su-bordinada, y a mejorar los procedimientos judiciales y extrajudiciales de insol-vencias para agilizarlos y “que más empresas puedan proseguir su actividad”.

El Banco de España ve problemas financieros en el 40% de las empresas

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C I NCO D Í A SM A D R I D

La presidenta de la Comi-sión Nacional de los Mer-cados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, advirtió ayer en unas jor-nadas energéticas de IESE y Deloitte que la competen-cia en el mercado libre de electricidad para los hoga-res en España “es limitada”. Sostuvo que las limitacio-nes a la competencia se explican por “la dificultad del consumidor a la hora de

conocer la mejor opción”. “Sin buena información no tenemos incentivos para cambiar de compañía”, afir-mó Fernández, quien abogó por “facilitar el acceso a la información de la forma más fácil posible”.

A este respecto, des-tacó que la CNMC ofrece un comparador de las dis-tintas ofertas de energía en función del consumo, instrumento que la CNMC quiere que se pueda des-cargar en una app. A dife-rencia de lo que ocurre en

el mercado doméstico, la CNMC considera que en-tre las pymes y el sector industrial sí existe “bastan-te competencia” ya que hay un elevado número de cam-bios de suministrador y los márgenes comerciales son crecientes. Por otro lado, Fernández expresó la preo-cupación de la CNMC por el hecho de que los precios del mercado mayorista de electricidad en España si-gan estando por encima de la media europea, informa Servimedia.

CNMC: la competencia en electricidad es “limitada”

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FINANZAS & MERCADOS

Viernes 12 febrero 202114 Expansión

Las herramientas del Banco de España para su política macroprudencialNORMATIVA/ El regulador podrá limitar el volumen de créditos sectorial y acotar el tamaño de las hipotecas y su peso sobre los ingresos familiares, frente al colchón anticíclico uniforme actual.

Salvador Arancibia. Madrid

Dentro de apenas dos sema-nas las patronales bancarias y las entidades, a título indivi-dual, deberán haber hecho llegar al Banco de España sus opiniones acerca de las modi-ficaciones que el supervisor quiere introducir en la circu-lar macroprudencial con el objetivo de tener un abanico más amplio que el actual para tomar decisiones en materia de control de créditos si se de-tecta que pueden empezar a formarse burbujas concretas.

Que la actual normativa era escasa y que su aplicación era lenta estaba claro desde que se puso en marcha en 2014, cuando se estaba saliendo de la mayor crisis financiera e in-mobiliaria que ha sufrido la economía española. Escasa porque solo se contemplaba la posibilidad de que el super-visor nacional pudiera poner en marcha un recargo de ca-pital, relativamente limitado, si detectaba que el conjunto del crédito total del sistema podía estar entrando, o haber entrado, en una espiral de cre-cimiento peligrosa.

Que su posible aplicación era lenta lo determinaba que se estableciera un periodo de un año entre el momento en el que el Banco de España de-cidiera activar el conocido co-mo ‘colchón anticíclico’ y el momento en que ese recargo de capital sería exigido efecti-vamente a todas las entidades que operen en España.

Puesta en marcha Además, las variables que analizaba el supervisor para decidir si ponía en marcha o no el colchón de capital esta-ban muy condicionadas por lo que había ocurrido en los años precedentes, de manera que era prácticamente impo-sible que, en condiciones nor-males y sin modificar dichos parámetros, se cumplieran las condiciones que justificaran su aplicación. Hay que recor-dar que en los años previos a la crisis el crédito bancario había crecido muy por enci-ma de lo que lo había hecho el PIB nacional y que en los de la crisis el derrumbe había sido de tal calibre que la metodolo-gía que hiciera necesaria la ac-tivación era prácticamente imposible.

Tanto que, a la vista de co-mo estaba evolucionando el

crédito al consumo y en me-nor medida el hipotecario en los años de salida de la crisis, el Banco de España modificó algo los criterios y, sobre todo, empezó a ‘preanunciar’ su de-cisión de poner en marcha el recargo si no en el primer tri-mestre de 2020 si con practi-ca seguridad en el segundo.

Pero en medio llegó la pan-demia y la crisis consiguiente hizo necesario olvidarse de su activación porque de lo que se trataba entonces era precisa-mente de lo contrario: evitar que hubiera un cierre del cré-dito por parte de los bancos a empresas y familias. No fue solo el Banco de España el que de la noche a la mañana vio como se modificaban sus expectativas. El Bundesbank, que había sido algo más rápi-do en su toma de decisiones ya había decidido meses antes la activación del colchón y por lo tanto había un momento concreto en el que debía ya exigirse a los bancos. Se sus-pendió, lo mismo que hicie-ron otros países que ya lo te-nían en vigor cuando llegó el virus.

El 1 de marzo de 2019 el Go-bierno había decidido crear la autoridad macroprudencial en sintonía con lo que se había hecho en la zona euro y que el

Gobierno anterior había guardado en un cajón incom-prensiblemente. En este orga-nismo participan el Ministe-rio de Economía y los tres su-pervisores del sector financie-ro: Banco de España, CNMV y Dirección General de Segu-ros. Aprovechando el decreto de creación de dicho organis-mo se dotó al Banco de Espa-ña de la posibilidad de contar con más herramientas, o al menos más sofisticadas, que las que tenía hasta entonces para llevar a cabo una verda-dera política macropruden-cial con los bancos nacionales.

El desarrollo de estos posi-bilidades es el que está con-templado en la circular que ahora estudia el sector finan-ciero y que se esperaba desde

el momento en que se creó ese organismo. Frente al col-chón anticíclico uniforme pa-ra todo el crédito bancario, la circular establece la posibili-dad de que los recargos de ca-pital se apliquen en ese caso pero también por la evolución del crédito en sectores deter-minados (consumo, hipote-cas, construcción...) siempre y cuando se den determinados supuestos de fuerte creci-miento del endeudamiento, o también porque se considere que se está produciendo una excesiva concentración del riesgo crediticio en uno o va-rios sectores concretos.

La nueva disposición con-templa la posibilidad de que, discrecionalmente, aunque con motivos fundados, el Banco de España podría lle-gar a imponer recargos de ca-pital superiores al 5% de los que exige ahora si lo conside-rara necesario. Se trataría de situaciones excepcionales na-turalmente pero en el sector se señala que esa discreciona-lidad no debería existir y que sería mejor en todo caso que recargos de esa magnitud es-tuvieran “claramente tasa-dos”. La circular establece, además, otras medidas para frenar si no el aumento del crédito en actividades con-

cretas si el riesgo que pudie-ran llevar consigo esas opera-ciones. Así, existe la posibili-dad de establecer un límite máximo en la proporción en-tre el valor de una garantía, hi-potecaria por ejemplo, y el importe total de la deuda .

Hoy el Banco de España penaliza con un coste de capi-tal mayor operaciones hipote-carias que, por ejemplo, supe-ren el 80% del valor del bien hipotecado. Pero no está prohibido que se hagan ope-raciones de ese tipo, simple-mente consumen más capital a los bancos. Con la nueva cir-cular el supervisor podrá prohibir superar un umbral determinado.

También se faculta al Ban-co de España para que esta-blezca límites entre el servicio de una deuda (el pago de los intereses y la amortización correspondiente) y lo que ese esfuerzo represente para los ingresos de quienes deben ha-cer frente a los pagos. Lo aceptable es que una vez más en el mundo hipotecario este porcentaje no debería supe-rar el 33% del total de los in-gresos, porque eso implica menor riesgo de impagos.

Agilidad Finalmente, la circular redu-ce el tiempo que actualmente existe entre el momento en que se decida activar cual-quiera de estas medidas y su aplicación real. Ahora es de un año y la circular, pendiente de su aprobación definitiva porque ahora está sometida a consulta pública, establece un periodo de seis meses para to-dos los supuestos.

Los supervisores contem-plaron la posibilidad de redu-cirlo aún más, dejarlo en tres meses, pero entendieron que una periodo tan corto pudiera suponer algunos problemas para las entidades. En el sec-tor, aunque aún no hay posi-ciones definitivas, ya que has-ta el 23 de este mes tienen tiempo para hacer sus alega-ciones, se considera que no es bueno que haya un periodo único sino que, por ejemplo, eliminar una posible concen-tración del crédito en un sec-tor puede llevar más tiempo que, por ejemplo, cumplir con la norma de no dar financia-ción hipotecaria por encima de un determinado porcenta-je del valor de un inmueble.

La actual normativa que afecta al control del crédito, de 2014, es escasa y de aplicación lenta

Efe

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.

El supervisor podrá imponer en ciertos casos recargos de capital superiores al 5% de los exigidos

PayPal cierra el mejor año de su historia por volumen de actividad

Expansión. Madrid

El año de la pandemia, que ha disparado las compras por In-ternet, ha sido histórico para PayPal. La compañía de pagos ha registrado un volumen de operaciones intermediadas récord, de 277.000 millones de dólares (unos 228.000 mi-llones de euros). Esta cifra re-presenta una subida del 39% en términos anuales.

Los ingresos totales de PayPal subieron casi un 24%, hasta los 21.454 millones de dólares (unos 18.000 millones de euros). El resultado neto del ejercicio ascendió a 4.202 millones de dólares (alrede-dor de 3.500 millones de eu-ros al cambio actual).

Dan Shulman, presidente y consejero delegado de PayPal, explicó que el récord en el volumen de actividad se disparó sobre todo al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, cuando las compras on-line se dispararon por el con-finamiento en distintos países como medida de contención del virus. Shulman confío en que la compañía mantenga el ritmo en la era pos-Covid, ya que la mayoría de los consu-midores han modificado sus hábitos de compra y se decan-tan por la facilidad de hacerlo a través de canales remotos.

España La compañía de pagos no des-glosa los resultados por paí-ses. Durante 2020, la compa-ñía ha apostado por seguir creciendo en España. De he-cho, el año pasado lanzó su primera tarjeta de débito para empresas de la mano de Mas-tercard. También anunció que sería el nuevo método de pago disponible para pedidos de la plataforma de Glovo en España y lanzó los pagos a tra-vés de códigos QR para pe-queños negocios.

Dan Shulman, presidente de

PayPal.

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/ Estrategia. Oliver Wyman ultima el informe clave para las ayudas / Fórmulas. Renegociar deuda y créditos participativos / Banco de España. 40% de empresas, en riesgo financiero —P27

La banca reclama garantías de cobro por las quitas en los créditos del ICO

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un año más, está elaborado con los datos económicos de las empresas en poder de la Central de Información de Riesgos del Banco de Es-paña (Cirbe), pese a que la consultora no tiene acceso a los nombres de las empre-sas. Oliver Wyman dejó de trabajar para la banca en no-viembre, pero volvió a ser contratada en enero.

Aunque no será hasta que se ajuste este análisis cuando se comunicará el importe total de las ayu-das, varias fuentes calcu-lan entre 20.000 millones de euros y 30.000 millones de tope, dependiendo de si se incluyen nuevos fondos para la SEPI o no. Inicial-mente se hablaba de menos de 10.000 millones de eu-ros, pero la situación desde entonces se ha ido deterio-rando, ya que no se contaba con una tercera oleada de pandemia tan drástica.

Fuentes conocedoras de las negociaciones en-tre Economía y la banca, que está representada en la mesa por las patronales AEB y CECA, mantienen que en estas ayudas hay que diferenciar las que serán ayudas puramente directas, es decir, aquellas que suponen inyectar fon-

dos o subvenciones a una empresa para sobrevivir, y que saldrán de las arcas del Estado, y las que conllevan el establecimiento de reglas para la reestructuración de la deuda para sociedades, pymes y autónomos que han recibido créditos con aval del ICO. “Creo que se están mezclando los deba-tes y la tipología de las ayu-das”, explica un destacado experto que está al tanto de las negociaciones.

Varias fuentes consul-tadas mantienen que la ministra Nadia Calviño si-gue sin estar convencida a otorgar ayudas directas como en Alemania, defini-das como manguerazo. “No quiere dar a una empresa, como ocurre en Alemania, un cheque de 1,8 millones de euros por la caída de un 80% de su facturación. Cree que hay otros medios igual de útiles para salvar a una empresa sin que eso suba la factura del Estado”, man-tiene otra fuente.

La banca, mientras, considera que ella está dis-puesta a asumir su parte de pérdidas a la hora de rene-gociar un crédito, realizar una quita o un préstamo participativo, “pero estas ayudas deben ser compar-

tidas, prorrateadas entre la deuda asumida por el banco y por el ICO”, des-taca un fuente financiera, quien añade que “hay que analizar de cuánto será la quita, a qué empresas se les autorizará y cómo y cuándo podría devolver el Estado su parte de esta reestruc-turación del crédito”.

Otra fuente, además, se-ñala que no se pueden rees-tructurar todos los créditos ICO recibidos por las em-presas. “No podemos llevar a cabo quitas a todos. Eso sería como un regalo, y to-das las empresas pedirían su recorte del préstamo, lo que también resultaría dis-criminatorio para aquellas pymes o autónomos que han sacrificado todo para poder hacerse cargo de los pagos de su deuda”.

La clasificación de las empresas se ha realizado en función de su endeuda-miento y situación finan-ciera actual, y facturación. Aunque para las micropy-mes y autónomos la me-dición ha sido diferente, dadas sus características. Aquí se han empleado como baremos su deuda en fun-ción de su facturación e in-gresos y su capacidad de endeudamiento.

Á NG E L E S G O NZA LOM A D R I D

El Gobierno, el Banco de España, las entidades fi-nancieras y la consultora Oliver Wyman trabajan contra reloj para finalizar un marco estándar para establecer la tipología y el diagnóstico para que las empresas con necesidades de liquidez y solvencia de-rivados de la crisis sanita-ria y económica por causa del Covid puedan recibir ayudas directas o de otro tipo, como la reestructu-ración de su deuda, dos vías distintas que tienen el mismo objetivo: evitar que caigan en los próximos meses pymes viables que se están ahogando por cul-pa de la coyuntura.

El objetivo es tener lis-to el marco antes de fin de mes para remitirlo a la Di-rección General de Compe-tencia europea, organismo que tardará más o menos un mes en analizar el plan y emitir una respuesta, tras la cual el Gobierno llevará al Consejo de Ministros su proyecto para ser aprobado a más tardar en abril.

De momento, está pre-visto que Oliver Wyman in-forme a la mesa de trabajo sobre el análisis que está elaborando hoy, viernes, para este fin de semana terminar de perfilar los trabajos sobre el montan-te de las ayudas directas necesarias para salvar a las empresas viables (las que no lo sean no recibirán ayu-das), y establecer un plan común para la reestructu-ración de la deuda de estas sociedades.

Será en este análisis donde se incluyan las qui-tas que se realizarán a las empresas en función de su deuda, el volumen de los créditos participativos, destinados a las empresas de mayor tamaño, o la eli-minación de ciertos gastos o créditos fiscales, entre otras medidas.

El informe realizado por Oliver Wyman, que ya trabajó con la banca y Eco-nomía en octubre para am-pliar el plazo de los créditos ICO de cinco a ocho años y el periodo de carencia en

Oliver Wyman presenta el informe clave para la concesión de las ayudas directas

La banca reclama garantías por las quitas en los créditos ICO

La reestructuración de la deuda es una de las principales herramientas

Detalle de la fachada del Banco de España, en Madrid. PABLO MONGE

La clasificación separa entre empresas, micropymes y autónomos

La consultora dará a conocer hoy a las partes su análisis

Otras claves

� Impulso de las ayu-das directas. El Eje-cutivo ya comunicó el pasado viernes que va a reformar el marco legal existente para impulsar las ayudas directas, una vez que la Comisión Eu-ropea revisó el pasado 28 de enero el marco comunitario de ayudas de Estado, paso necesa-rio para que el Gobierno pudiera aprobar estas nuevas ayudas.

� ICO. A 31 de enero de 2021, los créditos con aval del ICO suman 118.354 millones de eu-ros en financiación, co-rrespondientes a 89.924 millones de euros en avales (estos préstamos están garantizados por el Estado entre el 70% al 80% de la financiación).La línea ICO abierta es de 100.000 millones. Se han cerrado 977.574 operaciones, de las que el 98% corresponden a pymes y autónomos.

� Ayudas de los ayuntamientos. El Go-bierno ha instado a co-munidades autónomas y a ayuntamientos a que inyecten ayudas di-rectas a sus empresas. De momento, seis co-munidades autónomas ya han inyectado ayu-das a los hosteleros por 1.500 euros de media. El sector de la hostele-ría reclama en conjunto ayudas por 8.500 millo-nes de euros. Este es, junto al sector hotelero, de los más afectados por la crisis sanitaria.

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Consumo amplía la protección a los clientes financieros—P17

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Consumidores financierosLos bancos afrontarán nuevas exigencias por ley para proteger a los clientes vulnerablesPA B LO M . S I M Ó NM A D R I D

La última regulación en ma-teria financiera no proviene del Ministerio de Economía, sino del de Consumo. La cartera de Alberto Garzón ha aprobado una ley para proteger a los clientes vul-nerables, de varios sectores, incluido el bancario, debido al Covid-19. Fuentes del sec-tor consideran que abrirá una nueva grieta en torno a la directiva Mifid 2 para dar cabida a criterios sociales y no solo económicos: sexo, edad, origen, si pertenece a una minoría étnica o si se es una persona migrante, en-tre otros factores. La banca afrontará nuevas exigencias.

El escudo social anti-Covid se pergeñó desde un principio con las moratorias en préstamos e hipotecas –que se han ampliado has-ta marzo– así como con la prohibición de desahucios en alquiler hasta el final del estado de alarma el 9 de mayo. Pero el Ministerio de Consumo va un paso más allá.

En su defensa del real decreto ley ante el Congreso, Garzón señaló que la nueva norma “protege a las perso-nas consumidoras que viven en el ámbito rural sin acceso a las entidades financieras”. El decreto se convalidó el pa-sado 4 de febrero en el Par-lamento, aunque también se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Esta norma será la cla-ve de bóveda para elaborar una regulación más profusa que permita desarrollar la “normativa de protección”

La norma enumera criterios sociales además de económicos

El sector financiero ve problemas a la hora de ofrecer productos

al interponer reclamaciones o la información que debe facilitarse de determinados productos frente al Covid-19, entre otras cuestiones.

La regulación apunta con el dedo hacia la Comi-sión Europea y su agenda del consumidor del 13 de noviembre del año pasado. El texto señala que entre los impactos de la epidemia del coronavirus sobre los con-sumidores, “la explotación de las vulnerabilidades fi-nancieras que existían des-de antes de la pandemia se han vuelto más acuciantes”.

Y aquí se define como consumidores “vulnera-bles a las personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus carac-terísticas, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran (...) en una especial situación de

subordinación, indefensión o desprotección. “Se amplía, pues, el concepto de situa-ción de vulnerabilidad al alu-dir ahora el carácter social”, señalan en finReg 360. Desde la boutique de asesoramien-to regulatorio añaden en una nota que “llama la atención que el legislador entienda que el sexo [mencionado explícitamente] siga siendo en España una causa de vul-nerabilidad y, de ser cierto, sería una triste noticia”.

Más fragmentaciónFuentes financieras señalan que esta nueva regulación supondrá un nuevo hilo en la telaraña regulatoria que ha supuesto Mifid 2. La cla-sificación de clientes, hasta ahora segmentados en tres tipos –minoristas, profesio-nales y contrapartes elegi-bles–, se volverá a fragmen-tar, con el nuevo grupo de

minoristas vulnerables. La normativa aplaza futuros desarrollos. “Esto va en la línea con la consideración de los servicios esenciales, como hemos visto desde los primeros marcos de regula-ción de la pandemia. Ten-dremos que estar atentos a estos posibles desarrollos”, aseguran en finReg 360.

La regulación de las cuentas básicas en España data de finales de 2017. Esa norma, que supone la tras-posición de una directiva de 2014, tiene como misión no dejar a nadie fuera de un servicio que en la práctica se necesita para vivir. La nor-mativa de Consumo elevará el listón, según las fuentes consultadas, al poder influir en los productos financieros que puede ofrecer el banco en función de los test de conveniencia, o idoneidad en caso de asesoramiento.

En la práctica se crea un nuevo tipo de cliente minorista para el sector financiero

La normativa es el primer paso de desarrollos futuros en el área financiera

Las entidades deberán tener en cuenta las deudas

� Retoque a Mifid 2. El Parlamento Europeo no solo aprobó el miér-coles el nuevo folleto de recuperación de la UE para ampliar capital por la vía exprés a tra-vés de un documento de solo 30 páginas con el fin de aminorar la carga burocrática de las empresas que quieran reforzarse por la pan-demia. Esta fórmula estará disponible hasta finales del próximo año, como publicó ayer CincoDías. Además, se modificó la directiva Mifid 2 con el fin de contribuir a la recupe-ración de la pandemia y a proteger a los inverso-res. Uno de los grandes cambios está en el test de idoneidad, aquel que, de entrada, cual-quier entidad requiere a sus clientes para ofre-cerles productos que considere adecuados. Los bancos deberán evaluar el nivel de en-deudamiento de los inversores minoristas, en particular debido al Covid-19. Ya existe una regulación española centrada en las tarjetas revolving, que obliga a las entidades a infor-mar al Banco de España de los clientes con cré-ditos por 1.000 euros, cuando antes el umbral era de 9.000 euros.

Alberto Garzón, ministro de Consumo. PABLO MONGE

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P.20

/ Ayudas públicas Nadia Calviño promete mantenerlas hasta que se consolide la recuperación —P26

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P.21

Calviño promete intensificar las ayudas hasta consolidar una fuerte recuperación

Dice que su plan permitirá ampliar los estímulos hasta final de año

Avanza que licitar los proyectos con fondos de la UE llevará unos meses

J. P O RT I L LO / P. S E M P E R EM A D R I D

El Gobierno confía en cum-plir las expectativas que la Comisión Europea ha in-cluido en su actualización de previsiones económicas para que España lidere la recuperación económica de toda la UE en 2021 gracias, fundamentalmente, a un fuerte rebote del PIB en el segundo semestre del año. Mientras tanto, la vicepresi-denta tercera, Nadia Calviño, ha prometido “seguir dando ayudas” y manteniendo en marcha estímulos y redes de protección del empleo y el tejido productivo hasta que “tengamos un crecimiento fuerte”.

Así lo aseveró ayer la vicepresidenta, y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la inauguración del Eurofo-ro Vocento Next Generation EU, durante el que admitió que aún quedan por delan-te un periodo complicado bajo la sombra del Covid-19. Calviño recordó que el Eje-cutivo ya ha invertido 40.800 millones en proteger el em-pleo (costeando los ERTE y el cese de actividad de autónomos), ha facilitado 115.000 millones de crédito con avales públicos y reali-zado transferencias extraor-dinarias a las regiones para que faciliten ayudas directas a empresas.

De cara al futuro, subra-yó, el Gobierno acaba de mo-dificar el marco nacional de ayudas públicas, pendiente de aprobación por Bruselas, para poder “dar ayudas, has-ta el 31 de diciembre, de ma-yor envergadura para acom-pañar al tejido productivo en esta fase final” de la crisis. “Todos somos conscientes de que a pesar de que el pro-ceso de vacunación mues-tra la luz al final del túnel, todavía quedan semanas muy complicadas, de que esta fase final está siendo muy larga”, dijo. “Tenemos que seguir dando esas ayu-das y ese apoyo para que podamos contar con una base sólida para la recupe-ración en la segunda mitad del año”, agregó. “Todas las previsiones apuntan a una fuerte recuperación en la se-

gunda parte del año, gracias a la respuesta nacional” y al Plan de Recuperación y Resiliencia, y “en eso vamos a seguir en los próximos me-ses hasta que tengamos un crecimiento fuerte”.

En cuanto a la actuali-zación al alza de las previ-siones económicas de la UE, que eleva del 5,4% al 5,6% el crecimiento de PIB estimado para España en 2021 (frente al 7,2% inercial dibujado por el Ejecutivo), Calviño ha ce-lebrado que se espere que “España sea, de los grandes países de la UE, el que más crecimiento tenga” este año y aseguró que seguirá sién-dolo en los próximos.

En cuanto al Plan de Recuperación y Resilien-cia, que contienen las in-versiones y reformas pro-puestas por España a la UE para acceder a las ayudas comunitarias en camino, Calviño pidió paciencia a los empresarios interesados en participar. De momento, dijo, su ministerio trabaja en pulir junto a Bruselas los 30 componentes del plan, que son grandes áreas de actuación en cuanto a digi-talización, transformación medioambiental, refuerzo de la formación profesio-nal, reforma laboral, fiscal

o de pensiones, entre otros aspectos, con el objetivo de entregar la versión antes de finales de marzo (aunque tiene margen para hacerlo hasta el 30 de abril).

“Nuestro objetivo es presentar el plan en este primer trimestre del año, que las instituciones euro-peas lo aprueben en junio y que, a partir de la segunda parte del año, comiencen a canalizarse los recursos que financie en los mercados la Comisión Europea” para de-sembolsar esas ayudas, ha detallado. Calviño recordó, en todo caso, que España no tendrá que esperar a la llegada de los fondos para poder iniciar los proyec-tos aprobados puesto que el Presupuesto General de 2021 ya adelanta, vía deuda, los 27.000 millones que se esperan para este año.

Planes público-privadosLa vicepresidenta aseguró que “la colaboración públi-co-privada será esencial y se irá desplegando en los próxi-mos meses cuando se lancen los procesos competitivos para ir viendo dónde vamos a canalizar los recursos”. Los proyectos, aseguró, “llega-rán a las pymes, corazón de nuestra economía”.

En el camino por delan-te, dijo, será fundamental “avanzar en la vacunación” y “seguir protegiendo el tejido productivo y el em-pleo”, a fin de sacar partido al fuerte endeudamiento asumido. Calviño concluyó sosteniendo que esta hoja de ruta permitirá volver a emplear a los 1, 5 millones de trabajadores afectados por la crisis y hacer que “España sea uno de los motores de la recuperación económica, de la modernización y del progreso para el conjunto de la Unión Europea”.

Coincidiendo en que la economía rebotará con fuer-za en el segundo semestre, el vicepresidente del Ban-co Central Europeo, Luis de Guindos, pidió ayer que se actúe para evitar grandes caídas de precios en el sec-tor inmobiliario por el riesgo de que fuertes depreciacio-nes creen un efecto en cade-na que afecte a la banca y genere una crisis financiera.

Guindos aconseja evitar fuertes caídas de precios inmobiliarios para no agravar la crisis

La vicepresidenta ve a España como “motor de la recuperación de la UE”

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, ayer. EFE

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P.22

Los responsables de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en la concentración de ayer ante Asuntos Económicos. EFE

Presión sindical para anular la reforma laboral y parar la de pensiones—P28. Editorial P2

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P.23

Nueve años de la polémica leyLa contrarreforma laboral de Trabajo persigue evitar nuevas devaluaciones salariales

En 2012, el PP dio más poder a las empresas

El actual ejecutivo quiere devolver presencia a los sindicatos en la negociación

RAQUEL PASCUALM A D R I D

La última gran reforma labo-ral que ha vivido España fue aprobada hoy hace nueve años por un Gobierno del Partido Popular y con la mi-nistra Fátima Báñez al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Báñez, hoy en la patronal CEOE, fue la cara y la voz de esta refor-ma, de la que nunca se ha arrepentido sino más bien todo lo contrario.

Aún hoy, después de nueve años, se sigue hablan-do a diario de estos cambios legales, pero también de su derogación, o al menos de las partes más lesivas. Di-cha derogación es uno de los mantras del actual Gobierno de coalición, aunque no por parte de todos sus miembros con la misma intensidad. De hecho, es Unidas Podemos la más empeñada en elimi-nar esta reforma y, dado que la ministra encargada del ramo es Yolanda Díaz, una de las que representa a la formación morada en el Gabinete ministerial, los visos de que salga adelante una derogación total o par-cial de esta normativa ganan enteros. Concretamente, la ministra quiere acabar con las partes de la reforma que debilitaron a los sindicatos en la negociación colectiva y ampliaron la potestad em-presarial para, entre otras cosas, devaluar los salarios.

Si bien, Díaz, tiene el encargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su convencimiento perso-nal, de atar los cambios en el diálogo social. Y es aquí donde se va a topar con el firme rechazo patronal, que defiende a capa y espada la flexibilidad interna para las empresas, el abaratamiento y facilidad del despido y el mayor poder de decisión patronal frente al sindical que les otorgó esta reforma.

Pero, ¿cuáles fueron es-tas medidas? Para intentar entender qué se aprobó en 2012 hay que observar dónde estaba entonces la economía española. En el tercer trimestre de 2007 Es-paña logró su nivel máximo de ocupados (20,7 millones) pero a partir de entonces, la

crisis financiera mundial de 2008, que en España tuvo su particular versión con el estallido de la burbuja inmo-biliaria, hundió la ocupación. Así, entre finales de 2007 y principios de 2012, justo an-tes de la aprobación de la reforma, la economía espa-ñola destruyó tres millones de empleos. Por ello, el Go-bierno consideró que debía facilitar que las empresas tomaran otras decisiones de ajustes internos que no fueran los despidos y aprobó dos tipos de medidas.

Por un lado impulsó un paquete para aumentar la flexibilidad interna de las empresas en el ajuste de costes, como poder bajar la cuantía salarial (y no solo la estructura) a través de la modificación sustancial de condiciones laborales, reco-gida en el artículo 41 de Es-tatuto de los Trabajadores, dando también más poder unilateral al empresario en este punto. También estable-ció la primacía del convenio de empresa sobre el secto-rial, permitiendo que estos últimos fijaran salarios más bajos que los de su sector. Y finalmente, limitaron a un año, con algunos matices, la denominada ultraactividad de los convenios, que hasta

entonces establecía que la vigencia de estos acuerdos era ilimitada hasta que se pactara un nuevo convenio.

Pero junto a este pa-quete de medidas de flexi-bilidad, el Gobierno del PP también aprobó un segundo tipo de modificaciones para facilitar el despido. Lo aba-rató, eliminando la histórica indemnización de 45 días por año trabajado y un máxi-mo de 42 mensualidades y generalizó la compensación de 33 días por año trabajado y un máximo de dos anua-lidades. Permitió despidos objetivos por causas econó-micas solo con que la empre-sa previera que iba a ganar menos y eliminó las auto-rizaciones administrativas en los despidos colectivos y en los ERTE. Abrir estas dos espitas a la vez (flexi-bilidad y despido) hizo que no cesara la destrucción de empleo y tras los tres mi-llones de puestos desapa-recidos entre 2008 y 2012, aún se sumo casi un millón más tras la reforma. Si bien, aún con esta normativa, la época de bonanza iniciada en 2014 propició la creación de tres millones de empleos más hasta justo antes de la crisis del Covid-19.

Pero no es esta parte del despido la que el Gobierno quiere abordar –salvo qui-zás la causalidad de los ob-jetivos– sino la de la modi-ficación de las condiciones laborales y, en concreto los ajustes salariales. La mayor facilidad para bajar salarios y el mayor poder empre-sarial ante los cambios de condiciones laborales tuvo como consecuencia el inicio de una devaluación salarial, ya que las compañías empe-zaron a realizar los ajustes vía precios en lugar de vía empleos. Dicha devaluación de los sueldos fue intensa, según ha reconocido el Ban-co de España, y no solo du-rante los peores años de la anterior crisis sino en los de salida y creación de empleo. Ahora el Ejecutivo pretende, evitar que España vuelva a salir de la crisis actual con una nueva devaluación y para eso quiere eliminar las medidas que dieron más poder a las empresas en la negociación colectiva.

La ministra Báñez, que lideró los cambios de 2012, los sigue defendiendo hoy

El Ejecutivo de coalición quiere devolver la prioridad al convenio sectorial

Los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, participan en la concentración de delegados sindicales convocada bajo el lema Ahora sí toca. EFE

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P.24

Los fondos europeos serán la gran palanca para lograr la ‘Industria 5.0’ PÁGS. 16 y 17

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P.25

elEconomista MADRID.

La Unión Europea cuenta con la in-dustria para dirigir las transiciones hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital, con el objetivo de que llegue a ser acelerador y motor del cambio, la innovación y el cre-cimiento. De hecho, el objetivo era que para 2020 este sector represen-tase un 20% del Producto Interior Bruto (PIB) cifra que, en el caso de España, aún queda lejana. Con da-tos de 2018, y que por tanto no re-flejan el impacto de la pandemia, este sector suponía un 16% del PIB, según el Barómetro Industrial 2019 elaborado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (Cogiti) y el Consejo General de Economistas (CGE).

Un informe en el que se señala que “el peso de la industrial en el PIB de España es fundamental pa-ra mejorar la competitividad de nuestro país, así como el desarro-

llo de capacidades y de nuevos pro-ductos, la innovación, el diseño, su efecto arrastre o la internacionali-zación, entre otros”.

Para revertir esta situación es esencial que la industria española gane competitividad y productivi-dad y los fondos europeos serán el gran aliado para ello. Esta fue una de las conclusiones del Observato-rio El reto de la España industrial: el plan de transformación digital de Europa, organizado por elEcono-mista en colaboración con Siemens. Un evento que contó con la parti-cipación del secretario general de

Industria y de la Pyme, Raül Blan-co, así como del director de elEco-nomista, Amador G. Ayora.

“La industria española está ante una gran oportunidad para posicio-narse mejor, fortalecerse y ser, en muchos casos, un referente inter-nacional”, indicó José Ramón Cas-tro Silva, director general de Sie-mens Digital Industries. Para lo-grarlo son imprescindibles los fon-dos europeos, contemplados en el bautizado como Next Generation UE y que suponen 750.000 millo-nes de euros de los que a España le corresponden unos 140.000 millo-nes. El 70% de las subvenciones ten-drá que comprometerse (asignar-se a proyectos concretos) hasta fi-nales de 2022 y el restante 30% has-ta finales de 2023.

“Tenemos una oportunidad úni-ca para transformar el tejido indus-trial del país con los fondos euro-peos y la buena noticia es que de-pende de nosotros”, remarcó Adrián

García Nevado, director general pa-ra España de Telefónica Empresas.

Estos fondos ayudarán a la digi-talización y sostenibilidad de la in-dustria en múltiples áreas y supo-ne un primer paso para que el sec-tor afronte con garantías “el nuevo escenario de la Industria 5.0”, co-mo indicó Castro Silva, quien aña-dió que “no se trata de una conti-nuación cronológica de la Industria 4.0, sino de un nuevo paradigma que nace del esfuerzo por enten-der las actuales tendencias socia-les, las nuevas necesidades y la si-tuación real de nuestra industria.

Para poder desarrollar el nuevo con-cepto de Industria 5.0, es impres-cindible disponer de una política europea que asegure las correctas condiciones de la industria”. Ha pa-sado menos de una década desde que el concepto de Industria 4.0 se afianzó, pero ya se empieza a vis-lumbrar una nueva etapa en la que la Industria 5.0 es un nuevo mode-lo económico basado en la trans-formación digital sostenible.

En este nuevo futuro que se está dibujando, Siemens, que se ha con-vertido en uno de los grandes so-cios habilitadores en este nuevo pa-radigma, ya tiene en marcha dife-rentes proyectos que buscan forta-lecer el sector industrial español con innovadoras soluciones tecno-lógicas. Es el caso de la iniciativa puesta en marcha conjuntamente con Navantia y Pymar.

En enero enviaron al Ministerio de Industria un plan con 90 actua-ciones a ejecutar en seis años para

Siemens, con su tecnología, es uno de los grandes socios habilitadores de este paradigma

Los fondos europeos serán la gran palanca para lograr la ‘Industria 5.0’El 70% de las subvenciones tendrá que asignarse a proyectos concretos hasta finales de 2022

El Ministerio de Industria recibe más de 750 proyectos para canalizar los fondos europeos

De izq. a dch.: Jaime Castañeda, dir. de Desarrollo de Tecnología de ITP Aero; Amador G. Ayora, dir. de ‘elEconomista’; Adríán García Nevado, dir. general para España de Telefónica Empresas; Carles Navarro, managing di-rector de Basf; Raül Blanco, secretario general de Industria y de la Pyme; Raúl Martínez, dir. general-CEO de Sothis; José Ramón Castro Silva, dir. ge-neral de Siemens Digital Industries; Donato Martínez, dir. de Tecnologías y Transformación Digital de Navantia; y Javier Rodríguez, managing director de Industria X en Accenture. NACHO MARTÍN

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P.26

da de en torno a 30.000 millones de euros y que abarcan sectores co-mo el agroalimentario, la automo-ción, el turismo, la economía circu-lar, el naval o la aeronáutica.

A este respecto, Blanco destacó que en estos proyectos deberá ha-ber un mínimo de un 40% de pe-queñas y medianas empresas, si bien habrá una empresa líder que guíe la iniciativa. El secretario general de Industria y de la Pyme cree que en 2021 podrían aprobarse dos o tres grandes proyectos. “Por primera vez vamos a tener recursos suficientes para poner en marcha proyectos tractores”, a lo que añadió que “hay capacidad de inversión en la indus-tria y ojalá la noticia sea que el pre-supuesto se ha consumido”.

En este punto, Javier Rodríguez, managing director de Industria X en Accenture España, recalcó que “los fondos son para Europa, no so-lo para España, por lo que la barra de la competitividad va a crecer”. Si bien nuestro país tiene una opor-tunidad única para fortalecer su transformación digital, “tiene que focalizarse en dos conceptos fun-damentales: por un lado, añadir va-lor al producto, nuevos servicios asociados a los datos”. Según las previsiones, en 2023 el 80% de los ingresos de las empresas proven-drá de la venta de productos o ser-vicios basados en datos. Así, la ver-dadera ventaja competitiva vendrá de la mano de las decisiones aso-ciadas al dato inteligente.

El otro aspecto en el que se debe poner énfasis, para Rodríguez, es el “incremento de la competitivi-dad y todo ello focalizándose en los sectores industriales en los que Es-paña puede ser líder en Europa y en el mundo”. Hace unos meses, la secretaria de Estado de Digitaliza-ción, Carmen Artigas, indicaba que la digitalización de las empresas puede llegar a aumentar entre un 15% y un 20% la competitividad y la productividad.

En este sentido, Raúl Martínez, director general-CEO de Sothis, qui-so recalcar que “los consorcios pú-blicos-privados serán esenciales pa-ra que actúen como guía de cara a otras empresas que no son tracto-ras pero que forman parte del eco-sistema”. Asimismo, Martínez des-tacó que en cuanto a la digitaliza-ción y la innovación “la pregunta ya no es qué ni cuándo sino cómo”.

Los fondos europeos van a llegar en un momento clave, ya que no son pocas las industrias que están su-friendo la peor fase de su historia, como la aeronáutica. Jaime Casta-ñeda, director de Desarrollo de Tec-nología de ITP Aero, remarcó que “la falta de movilidad ha provoca-do la mayor crisis y más duradera del sector. Por lo menos hasta 2024 no vamos a recuperar los niveles de movilidad de 2019”. Y eso en una industria, como recordó Castañe-da, “con una competitividad inter-nacional feroz”.

Ante este escenario, Castañeda cree que es imprescindible “aco-meter una transformación digital

orientada a tener una base indus-trial sólida y fuerte que nos permi-ta competir internacionalmente y orientado hacia los nuevos produc-tos que va a haber en la aeronáuti-ca de sostenibilidad, como moto-res y aviones más eficientes”.

Muy orientada hacia la lucha con-tra el cambio climático se encuen-tra la industria química. “Nos des-carbonizamos para que otros sec-tores se puedan descarbonizar”, apuntó Carles Navarro, managing director de Basf. Para ello, esta in-dustria debe transformarse y gene-rar soluciones “para aportar valor a la sociedad y al planeta”. Y es que el reto del cambio climático “afec-ta a todos los sectores”, por ello, es necesario “tomar medidas que no sean cortoplacistas. 2030 está a la vuelta de la esquina”. Este sector está aguantando mucho mejor que otros el envite de la pandemia. Co-mo destacó Navarro, apenas ha caí-do la producción un 0,4% y se ha aumentado un 20% el empleo, prin-cipalmente en el área de salud.

Sea cual sea la industria, Adrián García Nevado insistió en la impor-tancia de la seguridad digital: “El momento de la tecnología es excep-cional, pero no hay digitalización sin ciberseguridad, un mundo cre-ciente y cambiante y de enorme im-portancia”. De hecho, de acuerdo a la Oficina de Seguridad del Inter-nauta (OSI), el 93% de las brechas de seguridad comienza a partir de algo tan sencillo como un correo electrónico.

Durante el pasado mes de junio Siemens y Telefónica anunciaron una alianza en ciberseguridad pa-ra facilitar la transformación digi-tal sin riesgos, dirigida a las gran-des empresas, industrias y admi-nistraciones públicas españolas.

Hacia el Pacto de Estado En lo que coincidieron todos los ex-pertos es que es necesario un Pac-to de Estado. A este respecto, el Ins-tituto de Ingeniería presentará un borrador para el fomento de la In-dustria a finales de febrero contan-do con las aportaciones que reali-zarán todos los miembros de su gru-po de trabajo.

El encuentro en el que se consti-tuyó el grupo tuvo lugar el pasado 21 de diciembre, presidido por Raül Blanco, y se compone de adminis-traciones públicas y 30 organiza-ciones empresariales y sindicales para abordar la nueva política in-dustrial de España.

Para el secretario general de In-dustria, “la sensibilidad en torno a la industria es muy amplia y no co-noce colores políticos. Tenemos que recuperar los trabajos que se ini-ciaron en 2018 y que no llegaron a buen puerto, básicamente, por el calendario electoral”. Ahora, el ob-jetivo es “iniciar contacto con to-dos los agentes sociales de cara a tener consenso y que eso se pueda traducir en un anteproyecto de ley de industria en España y que no sea algo que cambie en cada legislatu-ra”, concluyó Blanco.

Por primera vez vamos a tener recursos suficientes para promover proyectos tractores” Raül Blanco Secretario general de Industria y de la Pyme

“ Se necesita solidez por parte del Gobierno y de Europa para lanzar la Industria 5.0” José Ramón Castro Silva Director general de Siemens Digital Industries

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El sector químico se está descarbonizando para que otros sectores puedan hacerlo” Carles Navarro Managing director de Basf

“ La transformación digital volverá a situar al sector naval como referente a nivel internacional” Donato Martínez Director de Tecnologías y Transformación Digital de Navantia

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Hay que lograr una base industrial sólida y fuerte que nos permita competir internacionalmente” Jaime Castañeda Director de Desarrollo de Tecnología de ITP Aero

“ Los consorcios públicos-privados serán ensenciales para que actúen como guía” Raúl Martínez Director general-CEO de Sothis

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elevar la competitividad del sector naval. De este modo, se podrían me-jorar los ingresos un 6% y ganar en-tre un 15% y un 20% de competiti-vidad. El efecto sería de 3.000 mi-llones en la economía y la creación de 1.700 puestos de trabajo. El ob-jetivo es crear el Astillero 4.0.

A este respecto, Donato Martínez, director de Tecnologías y Transfor-mación Digital de Navantia, apun-tó que “la transformación digital del sector naval nos va a volver a posi-cionar como referentes a nivel glo-bal. Para ello, apostamos por intro-ducir tecnologías digitales, generar nuevos productos y servicios, inver-tir en talento, muy orientados a la formación profesional, y transfor-mar energéticamente el sector”.

Precisamente, el impacto en el empleo y la apuesta por la forma-ción serán dos aspectos que se ten-gan muy en cuenta en los denomi-nados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) que, como indi-có Raül Blanco, “tienen gran capa-cidad de arrastre para el crecimien-to económico, el empleo y la com-petitividad de la economía españo-la y con una óptica de cohesión social y territorial”.

En este marco, el Ministerio de Industria, uno de los que más de-talla la distribución de los fondos, ha recibido más de 750 solicitudes que potencialmente podrían movi-lizar una inversión público-priva-

Tenemos una oportunidad única, pero la digitalización no es posible sin ciberseguridad” Adríán García Nevado Director general para España de Telefónica Empresas

“ España tiene que focalizarse en añadir valor al producto y en incrementar la competitividad” Javier Rodríguez Managing director de Industria X en Accenture

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12 Febrero, 2021

P.27