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Foro Internacional de Mujeres Líderes de América del Sur y Países Árabes - ASPALima, 07 - 09 de abril de 2014

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Políticas Sociales, Inclusión e Igualdad de Género en Países Integrante de UNASUR

POLÍTICAS SOCIALES, INCLUSIÓN E IGUALDAD DEGÉNERO EN PAÍSES INTEGRANTES DE UNASUR

Ministra de la Mujer y Poblaciones VulnerablesCarmen Omonte Durand

Viceministra de la MujerAna María Mendieta Trefogli

Directora General de Igualdad de Género y no DiscriminaciónGrecia Elena Rojas Ortiz

Directora de Promoción y Protección de los Derechos de la MujerLiliana Huayhua Palomino

Consultora para la elaboración del informeEliana Villar Márquez

EditoraMarlene Molero Suárez

Diseño Gráfico y DiagramaciónJaneth Santillán Núnez

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2014-14852

ImpresiónO&M Proudctos Generales s.r.l. Jr. Lanceros de Unión 242 Lima Teléfóno: 4242122

Tiraje: 1000 EjemplaresPrimera edición: Setiembre 2014Lima, Perú El presente texto fue preparado para el Foro Internacional de Mujeres Líderes de los Países de América del Sur y Países Árabes (ASPA)llevado a cabo en la ciudad de Lima del 07 al 09 de abril de 2014.

3FORO INTERNACIONAL DE MUJERES LÍDERES DE AMÉRICA DEL SUR Y PAÍSES ÁRABES - ASPA

Siglas 5

Resumen ejecutivo 7

Introducción 9

I. Vulnerabilidad a la pobreza y protección social 11

1.1 Pobreza y vulnerabilidad basada en el género 12

1.2 Costos de las brechas de género 14

II. Las políticas sociales como base de la inclusión 15

2.1 Uso del tiempo y cuentas satélites 16

2.2 Programas sociales para reducir la vulnerabilidad 18

III. Condiciones para la inclusión y el liderazgo 19

3.1 Autonomía económica: Pieza clave de inclusión 19

3.2 Servicios públicos para la inclusión 22

IV. Políticas sociales e igualdad de género 22

V. Programas de transferencias condicionadas de efectivo 24

5.1 Evidencias de impactos diferenciados de los PTC de efectivo 25

5.2 Servicios de prevención y atención de la violencia de género 26

5.3 Evidencias de impactos diferenciados de los servicios de atención 30

5.4 Programas y servicios públicos de cuidado infantil 31

5.5 Evidencias de impactos diferenciados en servicios de cuidado infantil 33

5.6 Programas y servicios de cuidado a las personas adultas mayores 33

Bibliografía 39

ÍNDICEPag.

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ASPA Cumbre América del Sur - Países Árabes

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer (por siglas en inglés)

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEPALSTAT Bases de datos y Publicaciones estadísticas de CEPAL

CM Comisarías de la Mujer

EIU Unidad de Inteligencia Económica (por siglas en inglés)

ENUT Encuestas Nacionales de Uso del Tiempo

EUROSTAT OficinaEstadísticadelaUniónEuropea

GIZ Cooperación Alemana al Desarrollo

ICC Índice de Compromiso Cumplido

IDHG Índice de Desarrollo Humano relativo al Género

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -Perú

ODI Overseas Development Institute

OPS Organización Panamericana de la Salud

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PTC Programas de Transferencias Condicionadas

UNASUR Unión de Naciones Suramericanas

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (por siglas en inglés)

WEOI Índice de Oportunidades Económicas de las Mujeres

SIGLAS

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RESUMEN EJECUTIVO

América Latina atraviesa por tiempos de crecimiento económico y mejoras importantes en la calidad de vida de su población. Sin embargo, aún existe un sector que continua viviendo en pobreza y pobreza extrema debido, entre otros motivos, a que no ha tenido acceso a iguales oportunidades para desarrollar sus potencialidades, ya sea por el lugar en que nació, la lengua que habla o por ser mujer. Las mujeres constituyen la mitad de la población, pero están sobrerrepresentadas en la población pobre, debido a que han sido históricamente discriminadas en base a estereotipos que señalan que las mujeres deben dedicarse exclusiva o prioritariamente, a cuidar del hogar y los hijos. En todos los países de la región, es usual que las mujeres tengan mayores niveles de analfabetismo, menos años de educación, menor presencia en el empleo decente, limitado acceso a los puestos de toma de decisión y estén sobrerrepresentadas en la población víctima de violencia familiar y sexual.

La exclusión de las mujeres obedece a un menor acceso a oportunidades, la menor acumulación de capital humano, su mayor vulnerabilidad a la pobreza, así como a prácticas que históricamente hanconfinadoalasmujeresalespaciodomésticopara el cuidado de niños (as), personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, el conocimiento sobre esta situación de

discriminación y el acopio de evidencia está permitiendo el diseño de políticas públicas que toman en cuenta la condición de exclusión de las mujeres para tomar medidas que promuevan una mayor participación en las decisiones, en la economía y en los beneficios del crecimiento.Una tarea central para lograrlo es identificaraquellas herramientas que permitan avanzar en la inclusión, derribar los obstáculos y reducir el impacto de problemas estructurales como por ejemplo, la violencia de género.

Las políticas sociales son un instrumento importante para observar de forma sistemática los cambios que pueden lograrse al incluir un enfoque de igualdad de género en el diseño, implementación y seguimiento de dichas políticas. Sin duda, una de las condiciones que más limitaciones crea para la inclusión económica y el despliegue del liderazgo femenino es que la sociedad haya establecido una división sexual del trabajo que coloca la mayor parte de la responsabilidad por las tareas de cuidado, en las mujeres y niñas. La distribución desigual del trabajo doméstico y de las tareas de cuidado entre mujeres y hombres, ha generado que las mujerestenganmásdificultadesparaaccederaeducación, oportunidades de empleo, puestos de toma de decisiones, participación política y puedan llevar a cabo emprendimientos personales.

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La visibilizacion del uso del tiempo para el trabajo productivo doméstico no remunerado y el trabajo productivo remunerado, así como la estimación del valor del trabajo para el bienestar de la familia en el hogar ; contribuyen a dar sustento a las propuestas para hacer cambios trascendentales en la estimación del valor del trabajo no remunerado efectuado mayoritariamente por las mujeres, incorporándolo como cuentas satélites, fortaleciendo sus mecanismos de avances y creando los servicios de cuidado de otros que toda sociedad necesita.

El presente reporte presenta programas y servicios estratégicos que pueden promover de forma activa y explícita una participación más balanceada de mujeres y hombres en los puestos de liderazgo de sus países, a la par de una mayor inclusión económica de las mujeres. Estas condiciones estratégicas tienen que ver con las políticas, servicios públicos y programas sociales que se requieren para acompañar un cambio sustancial en la división sexual del trabajo. Se han analizado cuatro políticas sociales emblemáticas, comunes a todos o casi todos los países miembros de UNASUR: (i) programas de transferencias condicionadas, (ii) servicios públicos de prevención y atención de la violencia hacia la mujer, (iii) programas y servicios de cuidado infantil y, (iv) programas y servicios de soporte a la población adulta mayor.

La revisión de esta parte del escenario social en los países de América Latina nos permite identificar problemáticas comunes, avancesdesiguales y valiosas oportunidades para aprender y replicar aquello que ha tenido éxito, adaptar modelos de intervención al contexto de cada país y, particularmente, aplicar buenas prácticas orientadas a promover la participación

igualitaria de mujeres y hombres en los roles de liderazgo en el sector privado y en la conducción del Estado, así como en el avance económico de nuestros países.

El propósito central de este reporte es exponer y analizar cuatro líneas de políticas públicas que en la experiencia latinoamericana han tenido un rol relevante en el esfuerzo por impulsar la inclusión económica, política y social de mujeres y hombres. Estas políticas son - en su gran mayoría - comunes a los países miembros de UNASUR y están referidas a la atención de necesidades prácticas de las mujeres (provisión de servicios de cuidado de otros), a aquellos que son canalizados a través de las mujeres (PTC) o que responden a una problemática social que afecta, prioritariamente, a las mujeres (servicios de prevención y atención a la violencia de género).

Finalmente, este documento está organizado en cuatro secciones: en las tres primeras se desarrolla el marco conceptual que sirve de soporte para mostrar la importancia de las políticas sociales en la inclusión y liderazgo de las mujeres. Conceptos como vulnerabilidad, uso del tiempo, división sexual del trabajo doméstico no remunerado, cuentas satélites y autonomía económica son claves para abordar el rol de las políticas sociales y lograr la inclusión con igualdad de género.


Conformado por los países de UNASUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Los países de la Liga Árabe son: Argelia, Bahrain, Comoras, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Siria, Túnez, Yemen y Yibouti.

1.-2.-

La Cumbre América del Sur 1– Países Árabes 2 (ASPA) es tanto un foro de coordinación política entre los países de estas dos regiones, como un mecanismo de cooperación en el ámbito de la economía, la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, la preservación del ambiente, el turismo; así como otros temas relevantes para el desarrollo sustentable y para contribuir a la paz mundial. Como resultado de la reunión del ASPA desarrollada en Lima en octubre del 2012, las delegacionesfirmaronlaDeclaracióndeLima,lacualestablece,ensupunto7.2,elmandatodeorganizar un Foro ASPA con la participación de mujeres en puestos importantes de gobierno, incluyendo integrantes de los Parlamentos.

A través de estemandato, los Estadosmanifiestan su disposiciónde generar un espacio enel marco de la Cumbre para que las mujeres líderes de la Liga Árabe y UNASUR puedan encontrarse, intercambiar experiencias y emprender acciones conjuntas que fomenten la participación de las mujeres en los espacios de decisión público y privado, así como la remoción de los obstáculos que limitan dicha participación. Este Foro se constituye en un espacio que evidencia la voluntad política al más alto nivel de reconocer el aporte de las mujeres a un mejor gobierno, el crecimiento económico y el desarrollo social, en especial cuando participan en puestos de liderazgo.

La próxima reunión a llevarse a cabo en Lima en abril del 2014, requiere contar con documentos que sirvan de base para promover el debate e intercambio de experiencias en sectores claves del desarrollo de los países integrantes: participación política, participación en la formación de empresas y, por último, el rol que tienen las políticas y programas sociales en el impulso de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la conformación y liderazgos de empresas para sostener el crecimiento económico. Uno de los ejes de discusión, intercambio y aprendizaje mutuo es el diseño e implementación de políticas y programas sociales y el rol queéstascumplenen laconfiguracióndeunaestrategiaarticuladadeprotecciónsocialquefomente la inclusión de mujeres y hombres por igual, que acompañe y dinamice el crecimiento económico de nuestros países.

El presente reporte se ha preparado a solicitud del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)delPerú,conelfindecompartiralgunosconceptosclavesyexperienciasemblemáticasde los países de UNASUR en políticas sociales estratégicas para la mayor participación de las mujeres en la vida política y económica de sus países, así como, la creación de condiciones favorables para que tanto el talento, como las potencialidades de las mujeres y de los hombres, contribuyan de forma conjunta en el desarrollo de los países.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

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La elección de las políticas y programas sociales como camino de entrada para fomentar y sostener la participación e inclusión económica de las mujeres y su liderazgo en el proceso de creación de riqueza y bienestar para los países conformantes del UNASUR, responde a la evidencia existente sobre las brechas de género que persisten en casi todos los campos sociales, económicos y políticos así como las manifestaciones de discriminación de las mujeres en los espacios públicos y en el empleo decente.

La división sexual del trabajo que excluye a muchas mujeres de su derecho a igual remuneración porigualtrabajoylasconfinaaunespaciodomésticoinvisibleysubvalorado,tambiénexcluyea muchos hombres de su derecho a disfrutar más tiempo de sus vínculos familiares reservando más tiempo privado con sus familias. Dada la construcción social de roles asignados a mujeres (prioritariamente en el espacio doméstico y reproductivo) y hombres (prioritariamente en el espacio productivo remunerado), la inclusión de las mujeres en el ámbito económico productivo ha sido limitado, debido al uso desigual del tiempo disponible lo que, a su vez, dificultaelaccesoaeducaciónyotrasoportunidades.

En este escenario, las políticas sociales del Estado juegan un rol crítico para crear condiciones adecuadas para la inclusión de las mujeres y alentar su liderazgo en el ámbito económico, social y político. La estrecha vinculación que existe entre políticas y programas sociales y las oportunidades de las mujeres se desarrollarán y analizarán en este documento utilizando informaciónespecíficadelospaísesintegrantesdelaUNASUR.Sehanseleccionadocuatropolíticas sociales emblemáticas para ilustrar en qué medida y bajo qué condiciones éstas pueden tener un impacto positivo para facilitar la inclusión económica y el liderazgo de las mujeres, fortalecersu inclusiónparaeldisfrutede losbeneficiosdelbienestareconómico,tener acceso a más y mejores oportunidades y participar en la toma de decisiones.

Como se sostiene en este informe, las políticas sociales elegidas juegan un rol estratégico al atender necesidades prácticas de las mujeres dada la mayor responsabilidad que históricamente se les ha asignado en las tareas de cuidado, por ser recipientes de los programas de transferencias de efectivo y por ser una población particularmente afectada por la violencia de género.


la complejidad de la condición de pobreza. Así, como se sigue del Gráfico 1, se entiende que la pobreza está compuestapor una serie de dimensiones, lo que desde una perspectiva de género sugiere que el acceso diferenciado por género a cada una de ellas es susceptible de generar desigualdades que alimentan el círculo de la pobreza, lo que sitúa a las mujeres en una posición de especial vulnerabilidad.

Existe un largo debate sobre las fronteras del concepto de protección social. Por un lado, ésta es entendida esencialmente como otra forma de referirse a las políticas sociales o al desarrollo social. De allí que, casi todas las acciones que pudieran impactar en la pobreza y la vulnerabilidad son entendidas como protecciónsocial(definicióndeDevereuxySabates-Wheeler2004).Unadefinicióndistintadeprotecciónsocialserefierea las transferencias directas orientadas a combatir la pobreza ylavulnerabilidad(BaulchyWeber,2006).Unadefiniciónmáscomprehensiva de las políticas de protección social se enfoca en acciones que son entendidas convencionalmente, como protección social pero que enfatizan tanto la importancia de políticas públicas complementarias como la de promover la equidadsocial.Proponemosladefiniciónde(Marcus;2006:1):“las políticas y programas de protección social se entienden mejor como aquellas que buscan ayudar a la población pobre y vulnerable a manejar los riesgos y responder a las carencias ya sea a través de transferencias de efectivo o de especies. Para que sean más efectivas, las transferencias necesitan ser complementadas con reformas de políticas más amplias así como acciones que ayuden a reducir riesgos y promuevan la igualdad social y la inclusión”.

De acuerdo al PNUD3, al año 2013 el 38% de las latinoamericanas y los latinoamericanos se encuentran en situación de vulnerabilidad al vivir con 4 a 10 dólares por día y el nivel de vulnerabilidad a caer nuevamente en la pobreza se origina en la calidad de la educación, la falta de acceso a servicios de salud y a las condiciones de trabajo. Como señala el estudio del Banco Mundial sobre los PTC (Fiszbein y Schady; 2009) los países han adoptado o están considerando adoptar estos programas a una tasa muy alta. Fuera de América Latina, existen programas de este tipo en gran escala en Bangladesh, Indonesia y Turquía y programas pilotos en Camboya, Malawi, Marruecos, Pakistán y Sudáfrica. Todos ellos tienen en común el objetivo de estimular la inversión familiar en la educación infantil y en países más cercanos a nuestra realidad, tales como Brasil y México, se han convertido en el mayor programa de asistencia social cubriendo millones de familias. La tendencia ha sidoreconocerlosbeneficiosdelosPTCcomounamanerade reducir la desigualdad, contribuir a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, promover la salud, nutrición y asistencia a la escuela así como a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El concepto de pobreza monetaria - basado exclusivamente en el ingreso monetario - está siendo reemplazado paulatinamente conelconceptodepobrezamultidimensionalafindecapturar

I. Vulnerabilidad a la pobreza y protecciónsocial

VI Foro Ministerial para el Desarrollo, reunión organizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el 12 de julio del 2013 donde se reunieron más de 20 ministros (as) de desarrollo social en América Latina. Información consultada el 5 de diciembre del 2013 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26940#.UqD97k2A3IU

3.-

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En América Latina coexisten dos enfoques de política social que no son excluyentes. El primero está relacionado con la competitividad sistémica, donde son centrales los conceptos de capital humano y transmisión intergeneracional de la pobreza. El segundo, está más vinculado al enfoque de derechos y garantías de ciudadanía, sustentado en los pactos y tratados internacionales suscritos por los Estados (CEPAL; 2011:29). Actualmente, existe una tensión entre universalismo y focalización de forma que se aplican políticas universales conserviciosdiferenciados según lasnecesidadesespecíficas

y las brechas de una población que es heterogénea. Esto hace posible que las diferencias socioeconómicas, étnicas, culturales, de género, edad y lugar de residencia sean consideradas variables claves en el diseño y aplicación de las políticas. En el contexto actual de creciente globalización lo que importa es un Estado más presente y que sea capaz de intervenir en el desarrollo económico y social a través de las políticas sociales. Dichas políticas deben orientarse a lograr el disfrute de una ciudadanía plena basada en el ejercicio de derechos y la reducción de las desigualdades (lo que incluye, entre otras, las desigualdades de género).

Gráfico 1: Componentes de la pobreza multidimensional

Fuente: UniversidaddelPacífico.Vásquez;2013:16

Fuente: Alkire-Foster (2008), Counting and Multidimensional Poverty Measurement, University of Oxford.Elaboración: CentrodeInvestigacióndelaUniversidaddelPacífico

se encuentran las mujeres que habitan en zonas rurales, las adultas mayores, las mujeres indígenas, las madres adolescentes, las mujeres con discapacidad y las mujeres que no hablan el idioma dominante del país.

A diferencia de la dimensión económica de la pobreza y vulnerabilidad de las mujeres (usualmente, mayor presencia en el sector informal de la economía, con empleos más precarios ysinbeneficiossociales,menoressalarios,etc.), ladimensiónsocial, que involucra otros tipos de riesgos, ha recibido muy poca atención de parte de los estudios realizados sobre las redes y estrategias de protección social. Los riesgos sociales incluyen aspectos como la exclusión social y las desigualdades

Información obtenida del portal de PNUD en enero del 2014. Otras fuentes - Banco Mundial y la OMS - señalan que el 70% de la población pobre está formado por mujeres que obtienen sólo el 10% del ingreso a nivel mundial.

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Después de más de tres décadas de analisis de género y desarrollo, contamos con sólida evidencia sobre la incidencia diferencial de la pobreza que afecta a mujeres y hombres así como sus niveles específicos de vulnerabilidad. A nivelmundial, el PNUD4 estima que seis de cada diez personas pobres son mujeres y que éstas constituyen el 70% de la población pobre; sin embargo, existen importantes diferencias en el nivel de pobreza y en la falta de acceso a servicios básicos entre los países de América Latina. Asimismo, hay mujeres que tienen una mayor condición de vulnerabilidad ya que la situación de desventaja en la que se encuentran es reforzada por características adicionales. Así, un primer análisis de interseccionalidad indica que entre las más vulnerables

1.1 Pobreza y vulnerabilidad basada en el género


de género, tales como: la pobreza de tiempo 5, la asimetría en el desempeño de roles y responsabilidades, el acceso desigual a servicios básicos de calidad, la violencia basada en el género, y la explotación sexual.

Mujeres y hombres no solo se ven afectados por los mismos riesgos de forma diferenciada, sino que enfrentan distintos tipos de riesgos. Por ejemplo, en lo que concierne a riesgos económicos, las mujeres enfrentan grandes diferenciales en cuanto a salarios, mayor inseguridad en el empleo debido a normas laborales que son específicas al sexode las personas (riesgo que supone el embarazo); fuertes restricciones debido a que debe balancear las oportunidades para generar ingresos fuera del hogar con las exigencias domésticas, limitaciones para desplazarse físicamente (debido a prohibiciones y/o desconocimiento e inseguridad debido al escaso desplazamiento autónomo), barreras del idioma (una mayor cantidad de mujeres pobres únicamente habla la lengua local,nolalenguaoficialconlaquepodríadesenvolverse,porejemplo, en el mercado).

Con respecto a las vulnerabilidades sociales, la pobreza de tiempo afecta particularmente a mujeres y niñas. El poder para tomar decisiones al interior de la familia, usualmente, está concentrado en manos de los hombres y, en ocasiones este ejercicio del poder es reforzado con el uso de la violencia física y psicológica. Existen graves restricciones al ejercicio de los derechos en la salud reproductiva de las adolescentes y mujeres jóvenes en América Latina; en otros casos, el abandono masculino coloca a las mujeres solas en una situación de

La pobreza de tiempo (time poverty) es un concepto que alude al empeoramiento en la calidad de vida, cuidado personal y acceso a oportunidades de aquellas personas (usualmente mujeres) que asumen múltiples roles (particularmente domésticos) por no contar con el apoyo de otros miembros de la familia ni de los servicios públicos necesarios (por ejemplo, servicios de cuidado).

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mayor vulnerabilidad frente al desempleo, el estigma social y la falta de acceso a los recursos (Holmes y Jones; 2010). Estas condiciones de vulnerabilidad pueden agudizarse al confluircon otras condiciones como el ser parte de una minoría étnica y/o lingüística, el tener una condición de discapacidad o el no contar con un documento de identidad que le permita participar en las consultas electorales y acceder a programas sociales. La mayor vulnerabilidad de las mujeres se evidencia de múltiples maneras y es agravada por el desempeño del rol casi exclusivo de cuidado de otros miembros del hogar (especialmente niños (as), enfermos, personas con discapacidad, personas adultas mayores, entre otros) que no solo limita sus posibilidades para acceder a capacitación, educación, empleo, esparcimiento y tiempo personal; sino que agudiza su condición de pobreza. Enefecto,comoseobservaenelgráfico2,ladedicacióndetiempo a tareas de cuidado y labores domésticas son señaladas, principalmente, por las mujeres en 8 países latinoamericanos como el motivo por el cual no realizan un trabajo remunerado.

Otras formas de vulnerabilidad social han sido poco visibles y/o han recibido menor atención en la agenda pública. Usualmente, afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas, tales son los casos de la explotación sexual infantil, la trata de personas y el embarazo adolescente. Estos problemas sociales no solo son complejos, sino que requieren una visión de largo plazo, un trabajo articulado, continuidad en las políticas y un monitoreo sistemático para medir los avances y hacer los ajustes necesarios.

Gráfico 2: Trabajadores inactivos que declararon como motivo de su inactividad, tareas de cuidado y labores domésticas por sexo

Fuente: Sobre la base de tabulaciones de las encuestas de hogares. En: CEPAL; 2012

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Existen varios argumentos a favor de la reducción de brechas de género, entre ellos, el que tiene que ver con los derechos de las mujeres como parte esencial de los derechos humanos y el que se fundamenta en el costo económico de la exclusión de las mujeres y de la disparidad en casi todos los ámbitos. Los costos económicos de mantener las brechas existentes en educación,saludyempleopuedenyhansidocuantificadasdeforma que las intervenciones que reconocen y abordan estas brechasresultansiendobeneficiosasnosoloparalasniñasylas mujeres sino también para reducir la pobreza y lograr el crecimiento económico de los países en general. Como señalan Holmes y Jones (2013) “la igualdad entre mujeres y hombres - igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades - es un derecho humano y un asunto de justicia social”.

Una de las razones por las que los programas y políticas de protección social no han desarrollado plenamente una mirada de género tiene que ver con la medición de la pobreza, la que es usualmente medida por los economistas a nivel de la familia. De esta forma, las desigualdades al interior de la familia muchas vecesnosonanalizadasconlaespecificidadqueserequiereyde acuerdo a las desigualdades y vulnerabilidades de cada uno de sus miembros6. Un ejemplo claro es la asignación de ayuda asistencial del Estado a las cabezas de familias (usualmente hombres) que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, suponiendo que éste asignaría adecuadamente los ingresos o recursos adicionales de acuerdo a las necesidades individuales de cada uno de sus miembros. También, existen casos en la región, como por ejemplo en el Perú, a través del programa Juntos, donde se promueve explícitamente que sea la mujer, en su condición de madre, quien tendrá la titularidad frente a dicho programa de transferencia condicionada7.

No obstante, como muchos estudios demuestran, hombres y mujeres tienen prioridades diferentes al momento de administrar el dinero o recursos extras al interior de la familia.

A pesar de que mujeres y hombres experimentan la pobreza y la vulnerabilidad de forma diferenciada, sufren de manera diferenciada los shocks económicos, los conflictos y losdesastres; el enfoque de los programas de protección social con frecuencia solo llegan al nivel familiar. Concebir al hogar como una unidad homogénea trae consecuencias cruciales, tales como, desigualdades de género y desigualdades inter-generacionales. Al tomar en cuenta estas tendencias y diferencias de género tanto en el diseño como en la implementación de políticas y programas, se asegura un impacto más efectivo de las intervenciones en protección social.

En otros casos - por ejemplo, los programas de transferencias condicionadas de efectivo - la protección social está articulada a ciertos sectores (como educación, salud y cuidado infantil) que si bien toman en cuenta el género, lo hace de forma tal que refuerza los estereotipos de género. El peso de la responsabilidad en el cumplimiento de las condicionalidades descansa en las mujeres debido a su rol de madres y cuidadoras. El impacto en términos de igualdad de género puede ser mixto: por un lado empoderar a las mujeres y mejorar su capacidad de negociación y participación en la toma de decisiones al interior de la familia o puede también, eventualmente, exponerla a ser víctima de violencia doméstica, debido precisamente a que desafía el orden establecido (por ejemplo, al empezar a manejar dinero y a desplazarse físicamente para el cobro de la transferencia).

Por ejemplo, en la distribución de los alimentos o en la inversión en educación, en ambos casos se suele priorizar a los hombres o niños varones de las casas. Ver el estudio etnográfico de Norma Correa y Terry Roopnaraine. BID; 2013.

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1.2 Costos de las brechas de género


Durante la última década, el más rápido crecimiento económico y la existencia de políticas sociales han contribuido a revertir la pobreza en América Latina. Aunque la reducción delporcentajedepoblaciónpobreesaunlentaeinsuficiente,esta tendencia es innegable. Al mismo tiempo, la prioridad en la agenda política empieza a ser otra: el énfasis esta vez se pone en el debate sobre la desigualdad y se evidencia en la tendencia regresiva en la distribución de indicadores de desarrollo como la propiedad de la tierra, los logros educativos y el ingreso. Este escenario ha alimentado el debate respecto al rol del Estado para reducir estas desigualdades promoviendo la inclusión social así como las estrategias más efectivas y el momento estratégico para hacerlo.

El diseño de las políticas sociales, con frecuencia, se ha enfocado en ofrecer redes de protección social y de soporte a la maternidad. Esta tendencia está cambiando hacia un enfoque de transformación que empodere a las mujeres y que asegure resultados más igualitarios desde el punto de vista de género. Para que eso sea posible, las políticas y programas de protección social tienen que reconocer y enfrentar las causas subyacentes de la pobreza y la vulnerabilidad, muchas de las cuales son ocasionadas por desigualdades de género en la sociedad. A un nivel más instrumental, las políticas y programas sensibles al género, tienen mayores posibilidades de lograr mejores y mayores resultados en el marco de sus propios objetivos.

Existen estudios que sostienen la importancia de fomentar la igualdad de oportunidades desde la niñez. Paes de Barros et al (2009) señalan que los Estados deben combatir la inequidad

en las oportunidades que tienen niños y niñas al inicio de la vida de forma que, circunstancias que no podemos controlar, - tales como el color de la piel, el sexo de la persona, el lugar de nacimiento o los recursos materiales de la familia - no sean los factores determinantes de cómo nos irá en la vida. Para ello, se propone medir de forma sistemática la desigualdad deoportunidadesymonitorear loscambiosafindediseñarpolíticas públicas que aseguren oportunidades iguales para todos (as).

Las políticas sociales que se implementan en los países en vías de desarrollo intentan asegurar que todas las personas accedan a los servicios básicos y cuenten con iguales oportunidades de manera que solo el esfuerzo y talento individuales sean los que determine el éxito de las personas y el logro de sus metas de desarrollo personal y profesional. Históricamente, las mujeres no han tenido acceso a iguales oportunidades que los hombres en áreas estratégicas (como por ejemplo, la educación) lo que ha determinado una condición de desventaja y exclusión del disfrute del bienestar. Las mujeres aún toleran - en casi todos los países del mundo - una segregación y confinamiento alespacio doméstico, reproductivo. Su incorporación a la esfera productiva y a los espacios públicos, aunque está en ascenso, aún es limitada.

En el diseño de varias políticas y programas de reducción de la pobreza, los Estados han utilizado el rol tradicional de la mujer como madre y cuidadora para canalizar intervenciones a favor del bienestar de las poblaciones más vulnerables y particularmente de las niñas y los niños. El compromiso de las mujeres con el bienestar de sus familias, su mayor orientación a gastar los

II. Las políticas socialescomo base dela inclusión

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En América Latina se ha prestado atención creciente al rol de las familias en la provisión de bienestar y no sólo como receptoras de prestaciones sociales, analizando su relación con el mercado de trabajo, las transferencias y los servicios. Siendo las familias las proveedoras de bienestar, la división entre trabajo remunerado y no remunerado es central. Dado que solo - o mayoritariamente - el trabajo remunerado es el que da acceso a prestaciones de servicios tales como el de cuidado diurno para niñas y niños8, las mujeres (sobre representadas en el trabajo no remunerado) se encuentran en situación de desventaja (CEPAL; 2013). En efecto, la actual distribución del trabajo doméstico no remunerado, hace imposible que las mujeres decidan, libremente si quieren trabajar en un empleo remunerado y el número de horas que desean hacerlo, debido a que no existen servicios públicos de cuidado o estos no son suficientesparaatenderlademandaexistente.

El trabajo de cuidado de otros no es aún un derecho reconocido y atendido por los Estados, sino que depende en gran medida de la disponibilidad y trabajo gratuito de otra persona, de la red informal y la capacidad de pago de quien debe ser cuidado. De esta forma el trabajo de cuidado no solo no está profesionalizado, reconocido y adecuadamente remunerado, sino que no está regulado por el Estado como un derecho, de forma que tampoco quienes cuidan cuentan con las condiciones apropiadas para hacerlo (por ejemplo, capacitación, horario, remuneración, etc.).

Esta división sexual del trabajo y el uso diferenciado del tiempo son los fundamentos de la subordinación económica, social y política de las mujeres; al mismo tiempo que no permite el desarrollo de otras capacidades, oportunidades y derechos. Los estudios sobre el uso del tiempo (en algunos países conocidas como Encuestas Nacionales de Uso del Tiempo - ENUT) son necesarios para detectar tanto el tiempo de trabajo remunerado como el no remunerado, su desigual distribución (en perjuicio del tiempo de las mujeres) y el valor económico del trabajo no remunerado en las economías. Sobre esta base es que puede argumentarse la necesidad de generar empleos remunerados dedicados al cuidado, sacando esta función del espacio privado hacia el espacio público y/o privado con un valor en el mercado.

Talcomoseilustraenelgráfico3,eltiempoquelasmujeresdedican al trabajo no remunerado es notoriamente mayor al de los hombres. Al contar con estudios sobre el uso del tiempo por mujeres y hombres, es posible la elaboración de cuentas satélites que incorporen la producción doméstica de los hogares en las cuentas nacionales. De hecho, los primeros antecedentes de las cuentas satélites se encuentran en 1934 y fueron colocadas en el centro de la agenda desde la Plataforma de Beijing en 1995. Algunas de las cuentas satélites que se elaboran en América Latina9 utilizan la propuesta metodológica de laOficina Estadística de laUnión Europea(EUROSTAT) diseñada en el año 2003.

ingresos familiares en las necesidades de alimentación, vestido y salud de sus hijas e hijos, las ha convertido en el intermediario ideal del Estado para asegurar el éxito de los programas sociales. De hecho, está documentado que los patrones de gasto de hombres y mujeres difieren significativamente.Así,mientras los hombres tienden a usar el ingreso adicional en gastos personales y a reinvertir en negocios, las mujeres asignan más recursos en el consumo de alimentos y gastos de salud. La sobrecarga de trabajo doméstico y cuidado de otros en las mujeres, tiene un costo en el uso del tiempo de cada miembro de la familia y en el empeoramiento de la pobreza por uso de tiempo de las mujeres.

El valor económico del trabajo doméstico ha sido reconocido en varios países de la región e incluido en sus cuentas nacionales.

La mayor vulnerabilidad de las mujeres frente a la pobreza y a la violencia, tiene un correlato en su limitada presencia en los espacios de toma de decisiones y en los obstáculos que deben enfrentar para cumplir sus roles tradicionales - de madre y ama de casa - y al mismo tiempo desempeñarse en la esfera económica, contar con ingresos propios y tener autonomía - física, económica y política - para tomar decisiones que la afecten directamente a ella o a su familia.

2.1 Uso del tiempo y cuentas satélites

Es importante tener claro que, como señalan Aguirre y Ferrari (2013), no se trata de una prestación de apoyo dirigida a las mujeres que buscan trabajar sino un derecho a recibir cuidados dignos y un derecho a realizar el cuidado en condiciones adecuadas para quienes cuidan. Un trabajo pionero en lo que concierne a cuentas satélites fue realizado por México sobre el trabajo productivo no remunerado de los hogares en beneficio de sus miembros (Aguirre y Ferrari; 2013)

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Gráfico 3: Uso del tiempo por sexo en 7 países de América Latina

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe. Informe anual 2012. Los bonos en la mira. Aporte y carga para las mujeres. Página 44.

La contribución y el valor económico del trabajo doméstico no remunerado ha sido reconocido por varios países de la regiónyhasidocuantificadoparaserincluidoenlascuentasnacionales10 a modo de cuentas satélite de la producción de los hogares o de la producción domestica11 que se proponen capturar en lo posible toda la riqueza producida en los países y no sólo aquellos que son formalmente reconocidos y remunerados.Unpasoprevio a la cuantificacióndel valordel trabajo doméstico es la realización de mediciones de uso del tiempo que han sido hechas en al menos 18 países de América Latina y el Caribe12 ; entre ellos, en Argentina (2005, 2010), Bolivia (2001, 2010, 2011), Brasil (2001, 2005, 2008, 2009), Chile (2009), Colombia (2007, 2008, 2009, 2010, 2012), Ecuador (2005, 2007, 2010, 2012), Paraguay (aunque solo fueron 5 preguntas en la Encuesta Integrada de Hogares del 2001), Perú (2010), Uruguay (2003, 2007) y Venezuela (2008, 2011). Venezuela, Ecuador y Bolivia han incluido el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres en sus constituciones políticas (CEPAL; 2010) pero está pendiente aún el diseño de los presupuestos públicos con un enfoque de igualdad de género (también llamados presupuestos sensibles al género) así como la incorporación y reconocimiento explícito del

valor del trabajo doméstico no remunerado en las cuentas nacionales. Entre los países de UNASUR, CEPAL destaca los estudios sobre uso del tiempo realizados en Uruguay, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Dado que la elaboración de cuentas satélites requiere de las encuestas del uso del tiempo, (Duran; 2006 citado en Aguirre y Ferrari; 2013) es particularmente importante enfatizar la atención en la subestimación del tiempo dedicado al trabajo del cuidado y “el tiempo para estar disponible”.

No se ha llegado aún a la definición de normas unificadasque permitan avanzar en la armonización de cuentas satélites sobre la producción doméstica de los hogares, el desarrollo de algunas directrices comunes que faciliten las comparaciones internacionales ni la periodicidad en el recojo de data. La contribución de las cuentas satélites y de los estudios sobre el uso del tiempo13 es invalorable debido a su impacto en la formulación de políticas públicas para avanzar en la igualdad de género.

Finalmente, en América Latina, países como Perú y Uruguay han encontrado aplicaciones concretas sumamente importantes. El MIMP en Perú ha incorporado, a los contenidos de los programas de capacitación en materia de políticas públicas que

Por ejemplo, así lo ha dispuesto Bolivia mediante el artículo 338 de su Constitución Política que señala que “El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y deberá cuantificarse en las Cuentas Públicas” (Batthyany et al 2012:185; Aguirre y Ferrari; 2013:18). Las cuentas satélite miden el trabajo no remunerado que se realiza al interior del hogar y para la comunidad. Incluyen proporcionar vivienda, vestido, cuidado, trabajo voluntario y ayuda informal (Eurostat 2003) CEPAL 2013. El trabajo líder de México al aplicar la ENUT para medir el impacto de su programa de transferencias condicionadas muestra que las niñas beneficiarias realizaban un promedio de 8 horas menos de trabajo doméstico que las no beneficiarias.

10.-

11.-

12.-13.-

80706050403020100

COSTA RICA

18

37

20

3452

4

42

523

3849

6

23

40 50

7

27

31

41

8

36

3347

15

41

38

40

16

BRASIL

Mujeres, Tiempo de trabajo no remunerado

COLOMBIA MÉXICO ECUADOR PERÚ URUGUAY

Mujeres, Tiempo de trabajo remunerado

Hombres, Tiempo de trabajo no remunerado

Hombres, Tiempo de trabajo remunerado

AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): TIEMPO DESTINADO AL TRABAJO REMINERADO Y NO REMUNERADO DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 15 AÑOS DE EDAD Y MÁS, POR SEXO, SEGÚN PAÍS, ÚLTIMO PERÍODO DISPONIBLE

(Promedio de horas semanales)

18


Gráfico 4: Servicios públicos a las familias en América Latina

Es el caso de las normas que rigen las licencias por maternidad y por paternidad así como los servicios de cuidado infantil y de adultos mayores para ofrecer un servicio profesionalizado de cuidado y reducir la carga del cuidado de otros.

14.-

ofrecen las dependencias del ministerio, los resultados de la ENUT 2010 para tomar en cuenta las desigualdades de género en el uso del tiempo. Esta encuesta también ha sido fundamento de la Ley 27900 que incluye el trabajo no remunerado en las cuentas nacionales aprobado en junio del 2011 para que la ENUT sea periódica y se incorpore una cuenta satélite de trabajo no remunerado en las Cuentas Nacionales. En el caso

de Uruguay, la medición del trabajo doméstico no remunerado dio lugar a la creación de un Sistema Nacional de Cuidados quetienecomofin,generarpropuestasparatrespoblacionesobjetivo prioritarias: niños y niñas entre 0 y 3 años, personas con discapacidad permanente y personas adultas mayores dependientes.

2.2 Programas sociales para reducir la vulnerabilidadEl crecimiento económico y los indicadores macroeconómicos no son suficientes para provocar, automáticamente,mejorasconcretas y progresivas en el bienestar y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, así como en la reducción de la desigualdad. La complejidad de la pobreza ha forzado a una propuesta más comprehensiva de la intervención del Estado y ha puesto sobre la mesa de debates, conceptos relativamente nuevos como el de inclusión, inversión social, igualdad de oportunidades, pobreza de tiempo, pobreza multidimensional, protección social, economía del cuidado, identificaciónde riesgos y vulnerabilidadesen la focalizaciónde programas sociales, etc.

Los criterios que establecen los programas de protección social como los PTC, de cuidado infantil diurno, contra la violencia de género y para las personas adultas mayores requieren tener especial cuidado para determinar la inclusión o exclusión de población particularmente vulnerable y expuesta a ciertos

riesgos y shocks de forma que se reduzca la posibilidad de excluir a la población que cae en un punto ciego de las brechas que se pretenden reducir o cerrar debido a los criterios de elegibilidad de los programas o a la forma en que estos operan en la práctica. Asimismo, la forma en que concibe la condición de vulnerabilidad posee un sesgo hacia un enfoque de vulnerabilidad económica lo que subestima la importancia de la vulnerabilidad social y política. Como puede verse en el Gráfico 4, la oferta de serviciosestratégicos a las familias para fomentar una división más compartida del trabajo en los países de la región 14 muestran un desempeño heterogéneo. Así por ejemplo, los servicios de cuidado infantil alcanzan un puntaje de 100 para países como Chile y Uruguay (siendo el promedio para América Latina y el Caribe de 68.8) mientras que las coberturas más completas de cuidado a personas adultas mayores las ofrece Brasil con 86.1 (por encima del promedio regional de 54.6).

Licencias por maternidad / paternidad Cuidado adultos mayoresCuidado infantil

ARGENTINABOLIVIA

BRASILCHILE

COLOMBIAECUADOR

PARAGUAYPERÚ

URUGUAY

VENEZUELA

100908070605040302010

0


III. Condicionespara la inclusióny el liderazgoEn esta sección desarrollaremos algunos conceptos claves que promueven la inclusión económica y el liderazgo de las mujeres, derribando los obstáculos que aún se enfrentan en todos los países de América Latina. Como señala Silveira (2000: 1-2), “nielEstadonilaspolíticassonneutrales,sinoquereflejanyreproducen valores, normas y sesgos vigentes en la sociedad en que están inmersos, incluidas las percepciones acerca de lo femenino y lo masculino. La inclusión y abordaje de la igualdad de género han estado enmarcados y condicionados por la evolución de las tendencias globales y regionales respecto al paradigma de desarrollo económico y social, al papel y aporte femenino a dicho desarrollo, a los avances en materia de derechos de las mujeres, al propio concepto de género”.

De esta forma, las acciones políticas en materia de género son resultado del esfuerzo por incorporar la perspectiva de género en todo lo concerniente a las políticas públicas y sociales. Esto supone que, quienes son responsables del diseño, implementación y seguimiento de las políticas sociales - de cuidado, de transferencias, etc. - tienen que tomar en cuenta la necesidad de reducir las brechas de género y las desigualdades en el acceso a oportunidades. Esta necesidad está fundamentada no solo en el disfrute de los derechos humanos y en el principio de igualdad entre los seres humanos sin importar su sexo, origen étnico, etc., sino que, desde el punto de vista más instrumental, es lo que permitirá que la mitad de la población (constituida por mujeres) sea plenamente incluida en el proceso de desarrollo económico y apoye la sostenibilidad de dicho proceso.

3.1 Autonomía económica: pieza clave de inclusiónBatthyany et al (2012:13) señalan que la autonomía “se construye, en el caso de la igualdad de género, a través del diálogo, casi siempre fértil aunque a veces complejo, entre los planes nacionales de igualdad de género y los compromisos y acuerdos regionales e internacionales, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Consenso de Brasilia y los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Sin embargo, los planes nacionales de igualdad son más efectivos cuando están acompañados por el conjunto de políticas públicas de protección social, con énfasis en aquellas que tienen un impacto en la autonomía

de las mujeres: autonomía física (por ejemplo, el derecho a decidir sobre su salud reproductiva y a no tolerar la violencia), autonomía en la toma de decisiones (por ejemplo, para ocupar puestos de liderazgo en su comunidad o país y participar en las decisiones que afectan su vida, la de su familia y la colectividad) y en la autonomía económica (por ejemplo, capacidad para generar ingresos propios y controlar activos y recursos). El ejercicio de la autonomía de las mujeres en estas tres dimensiones es la base de la igualdad de género y de una ciudadanía plena.

20


AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES

“Laautonomíaeconómicaserefierealacapacidaddelasmujeresdeserproveedorasdesupropiosustento,asícomo del de las personas que de ellas dependen, y decidir cuál es la mejor forma de hacerlo. En ese sentido, este conceptoesmásamplioqueeldeautonomíafinanciera[porque]tambiénincluyeelaccesoalaseguridadsocialyalosserviciospúblicos.Partiendoentoncesdequelaautonomíaeconómicaserefierealconjuntodecondicionesrelativas al acceso y capacidades que determinan la posibilidad real de una persona de ejercer sus derechos económicosysociales,sedefinequeelpuntocentraleselgradodelibertadqueunamujertieneparaactuarydecidir aspectos económicos y sociales de acuerdo con su elección y, en lo que respecta a la sociedad, implicafavorecer el acceso a los recursos, al empleo, a los mercados y al comercio en condiciones de igualdad (sic)”.

Para construir un Estado más igualitario e inclusivo, sea posible, se requiere que se produzca un cambio en la mentalidad de quienes diseñan, implementan y miden los avances de las políticas sociales en el sentido de tomar en consideración la actual división del trabajo entre mujeres y hombres; los roles socialmente construidos y el tipo de relación entre mujeres y hombres en nuestras sociedades. Por ejemplo, el hecho de que sea, usualmente, la mujer quien es asignada como responsable del trabajo doméstico y el cuidado de otros en el hogar. Si a ello agregamos que las mujeres acceden a menos educación, toleran mayor discriminación laboral y acoso sexual en el trabajo y están en mayor riesgo de sufrir violencia al interior de la familia; concluimos que las mujeres son más vulnerables a la discriminación y a estar en situación de desventaja, lo que solo puede ser enfrentado con la intervención del Estado para la creación de servicios de atención y cuidado, de prevención y sanción de la violencia y el acoso, etc. Estas acciones deben entenderse como de interés colectivo (no sólodelasmujeres),esdecir,quebeneficiaalconjuntodelasociedad.

Si bien se han producido avances importantes, sobre todo en el mayor acceso de las mujeres a la educación, aún persisten las brechas de género, particularmente, en la educación secundaria y superior por la concurrencia de otros problemas sociales graves, principalmente el alto porcentaje del embarazo en adolescentes, y la menor valoración de la educación de las niñas en el ámbito familiar. Estas manifestaciones de discriminación continúan bajo nuevas modalidades en la segmentación laboral en el hecho de percibir menores ingresos y salarios por igual

trabajo, en los riesgos de pérdida de empleo por maternidad y en la situación más precaria de las mujeres en lo que respecta a protección social. En efecto, la discriminación laboral de las mujeres en América Latina se hace evidente en el hecho que, la tasa de participación laboral femenina asciende a 52% frente al 78% de los hombres, la persistencia de la brecha salarial y el alto porcentaje de mujeres que no cuentan con ingresos propios, tal comoloilustraelGráfico4.

El buen desempeño económico de varios países de la región permiteseñalarquesecuentaconespaciofiscalparacreary/oampliar la cobertura de servicios públicos que contribuyan a la inclusión económica, política y social de las mujeres y al logro de su autonomía. Asimismo, pueden articularse políticas sociales orientadas a remover los obstáculos a la mayor inclusión y liderazgo de las mujeres - por ejemplo, a través de leyes de alternancia y mandato de posición - al tiempo de promover la redistribución más equitativa del trabajo doméstico y del cuidado de los niños (por ejemplo, a través de las licencias por paternidad) creando sinergias con una mayor disponibilidad de servicios públicos de cuidado accesibles y de calidad.

La distribución más equitativa del cuidado de otros y del trabajo doméstico debe tomar en consideración las especiales barreras que enfrentan las mujeres indígenas y afrodescendientes que han tendido a tener menor acceso a educación y oportunidades de desarrollo personal y profesional. Finalmente, los Estados requieren hacer explicito su reconocimiento a la creación de valor del trabajo doméstico a través de la elaboración de cuentas satélites que incluyan su contribución en el PBI.

Fuente: Batthyany y Montaño; 2012:53


Gráfico 5: Población sin ingresos propios por sexo - América Latina

Fuente: CEPALSTAT. Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el Caribe. http://www.cepal.org/oig Elaboración propia.

Una consecuencia, de la desigual distribución del trabajo domésticono remuneradopuedeevidenciarseenel gráfico5 donde el porcentaje de mujeres sin ingresos propios (presumiblemente por no realizar un trabajo remunerado) es bastante mayor que el de los hombres en la misma situación en nueve países de América Latina.

En este escenario, hay acciones concretas que pueden adoptarse para promover la inclusión y liderazgo de las mujeres:

a) Incrementar el acceso, permanencia y calidad de la educación que reciben las mujeres.

b) Contar con servicios públicos de calidad que reduzcan la carga doméstica de las mujeres.

c) Promover una distribución más paritaria del trabajo doméstico entre mujeres y hombres.

d) Fomentar el mayor involucramiento de los hombres en las tareas de cuidado (por ejemplo, a través de la licencia por paternidad, permisos por enfermedad de los hijos, etc.).

e) Reconocer del valor económico del trabajo doméstico

en las cuentas nacionales (cuentas satélite), visibilizando su aporte al PBT.

f) Adoptar medidas de discriminación positiva para favorecer la inclusión y liderazgo de mujeres pertenecientes a minorías étnicas y lingüísticas.

g) Incorporar consideraciones de género en programas de empleo temporal y hacer cumplir las normas para favorecer la permanencia y reinserción laboral de las mujeres (servicios de cuidado infantil, lactarios).

h) Incorporar un enfoque de género en el diseño de programas de capacitación y reconversión laboral (por ejemplo, con horarios apropiados, en lugares accesibles y seguros).

i) Evaluar la conveniencia de incorporar el mandato de posición y la alternancia de género en los procesos electorales.

j) Monitorear el cumplimiento de las cuotas de género establecidas a nivel nacional y sub-nacional.

22


3.2 Servicios públicos para la inclusiónExisten varios índices para medir los avances de los países en lo que respecta a igualdad de género, como el Índice de Desarrollo Humano relativo al género (IDHG), el Índice de Potenciación de Género, el Índice de Compromiso Cumplido (ICC) y el Índice de Brecha de Género del Social Watch. En el 2010, el Economist Intelligence Unit (EIU) lanzó su Índice de Oportunidades Económicas de las Mujeres (WEOI, por sus siglas en inglés) que abarca cinco dimensiones: (i) las políticas y prácticas laborales; (ii) las oportunidades económicas de las mujeres; (iii) el acceso a las finanzas, la educación y lacapacitación; (iv) la condición jurídica y social de la mujer ; y (v) el ambiente general de negocios.

El Índice de Oportunidades Económicas de las Mujeres, analiza la iniciativa empresarial de las mujeres en cinco esferas: riesgos de operación del negocio, ambiente de negocios para las empresas,accesoalfinanciamiento,capacidadyhabilidadesyservicios sociales. Al examinar la esfera de servicios sociales se definehastaquépuntolosgobiernosrespaldanadecuadamentea las familias. El factor servicios sociales resulta crucial porque habilita a las mujeres para poder pasar del papel tradicional

de cuidar de la familia a ocupaciones que ofrecen una mayor oportunidad económica en una región que como América Latina sigue asignando las responsabilidades domésticas y familiares a las mujeres. Así, el Índice de Oportunidades Económicas de las Mujeres incluye los siguientes indicadores y sub-indicadores:

En esta sección, desarrollaremos algunos programas sociales emblemáticos en América Latina, determinantes para conseguir una inclusión efectiva de las mujeres, particularmente, las más pobres y vulnerables. Analizaremos cuatro políticas sociales y la manera en que ellas contribuyen a promover la efectiva inclusión económica de las mujeres y su liderazgo a través de los servicios públicos que proveen:

a) Los programas de transferencias condicionadas de efectivo (PTC)

b) Los servicios de atención y prevención de la violencia de género

c) Los programas y servicios de cuidado infantil d) Los programas y servicios de cuidado a personas

adultas mayores.

Estas políticas marcan una línea en las políticas sociales de los países miembros de UNASUR. Así, tal como se desarrolla en los puntos subsiguientes, los PTC han sido implementados en 11 de los 12 países miembros de UNASUR (ver cuadro 6); asimismo, todos cuentan con programas contra la violencia de género y, en los distintos países se comprueba la existencia de diversas variantes de servicios públicos de cuidado infantil así como de programas de apoyo a personas adultas mayores en situación de pobreza.

En el cuadro 1 podemos ver el puntaje logrado por 10 de los 12 países conformantes de UNASUR (con excepción de Surinam y Guyana) ordenados según su nivel de avance en la provisión de servicios sociales para favorecer la inclusión y emprendimiento de las mujeres. Los servicios sociales considerados para la construcción del índice son: a) cuidado

IV. Políticas sociales e igualdad de género

En esta categoría, se utiliza un conjunto de indicadores no sensibles a las diferencias de género (combinan mediciones dehombresymujeres)ydatosespecíficosparamujeres (lamortalidad materna). De esta forma puede medirse el grado de respaldo con que cuenta la familia para descargar tareas, tradicionalmente femeninas, ofreciendo servicios adecuados (por ejemplo, para el cuidado de niños y de las personas adultas mayores).

1. Cuidado de los niños (as) 2. Cuidado de las personas adultas mayores 2.1. Relación de dependencia de la vejez 2.2. Cobertura de pensiones 3. Licencia por maternidad y por paternidad 4. Acceso a la asistencia sanitaria 4.1. Gasto de la seguridad social pública en salud 4.2. Mortalidad materna


de los niños; b) cuidado de las personas adultas mayores; c) licencia por maternidad y por paternidad d) acceso a asistencia sanitaria. Tomando en cuenta los cuatro indicadores, el mejor desempeño corresponde a Chile, seguido por Brasil, Uruguay y Argentina (ver el puntaje total alcanzado); sin embargo, hay diferencias en el desarrollo desagregado.

Así, el cuidado de los niños en Chile y Uruguay serían los más accesibles y de mejor calidad en la región, mientras que en Brasil y Argentina las mujeres dedican la menor cantidad de tiempo atendiendo a personas mayores debido a la alta cobertura de pensiones, pese a que tienen altos niveles de dependencia de la vejez (los más altos de América Latina y el Caribe). En el caso de los servicios de cuidado de personas mayores, también Argentina y Brasil, son los países con mejor desempeño.

Cuadro 1. Servicios sociales desagregados por indicador y por país - UNASUR

Fuente: The Economist. Intelligence Unit; BID; 2013. Elaboración propia

Brasil y Chile cuentan con los programas más generosos por maternidad y por paternidad y cubren tanto a personas asalariadas como a las que tienen su propia empresa. Otros indicadores que contribuyen a las posiciones que se registran en este cuadro, se deben a los bajos niveles de mortalidad materna (el de Chile es el más bajo de América Latina y el Caribe aunque su nivel de gasto en la seguridad social para atención de salud es de las más bajas de la región).

Los programas de protección social, tales como los de transferencia de efectivo (programa Juntos, Chile Solidario, Bolsa Familia, etc.), tienen un impacto en la reducción o ampliación

de las brechas de género. Por ejemplo, al incrementar el nivel de documentación de la población (particularmente mujeres), como requisito para ser incluidas comobeneficiarias de losprogramas (por ejemplo, Juntos en Perú), pero al mismo tiempo, si no toman en cuenta, por ejemplo, el mayor nivel de indocumentación femenina (especialmente entre mujeres rurales con poca o ninguna educación formal) ello produce un nivel importante de invisibilidad frente al Estado que no puedeubicarlascomopotencialesreceptorasdeunbeneficioespecifico(porejemplo,enelcasodemujeresindocumentadasen pobreza extrema que viven en zonas rurales de selva, mujeres pobres indígenas y afrodescendientes).

24


2006) debido a que se han notado resultados mixtos: de un lado, favorece el empoderamiento de las mujeres y desincentiva el trabajo infantil favoreciendo una mayor escolaridad, pero pone también en evidencia las limitaciones en el lado de la oferta de servicios (en cantidad y calidad) para cumplir con las condicionalidades. En muchos casos, las razones por las que no se utilizan los servicios están vinculadas a su calidad y a los costos de oportunidad para su acceso. Este es, por ejemplo, el caso del tiempo y costo que representa desplazarse hasta un centro de salud que no cuenta con lo necesario para brindar una atención adecuada y que no contrata personal que hable la lengua local.

Por su parte, desde el enfoque de igualdad de género, se identifican efectos no previstos que pueden ser tantopositivos como negativos y que requieren de un análisis mayorparacompararlosendiversoscontextose identificarlas condiciones en las que podrían potenciarse sus efectos favorables. Entre los aspectos negativos se señalan efectos perversos como el incremento del embarazo, el abandono o reducción de trabajos remunerados, la profundización de los roles tradicionales de las mujeres, así como una mayor carga de trabajo (para administrar el dinero y hacer cumplir las condicionalidades), etc. En algunos casos, estos pueden ser percepciones sin evidencia que las sustente, como por ejemplo, es el caso del Perú, con la crítica referida al incremento en el embarazo15. Sin embargo, también se han identificado otras externalidades positivas como es elmayor empoderamiento y capacidad de negociación de las mujeres al interior del hogar, una distribución más balanceada de roles en la pareja en donde el hombre asume también labores domésticas, la reducción de violencia contra la mujer, mejoras en la autoestima de las mujeres, mayor capacidad de desplazamiento físico, mayor acceso, permanencia de las niñas en la escuela y reducción del trabajo infantil.

Las políticas públicas también pueden tener efectos no previstos. En el caso de los PTC, la decisión de canalizar el

Los programas de transferencias condicionadas de efectivo (PTC) se han expandido progresivamente en América Latina y otras partes del mundo. Esta modalidad de creación de un incentivo en el lado de la demanda por servicios básicos (usualmente de salud, educación, documentación) trae consigo un debate de fondo respecto a sus implicancias en términos de la interacción, del contrato social entre la ciudadanía y el Estado, así como en qué medida estos programas son paternalistas (con la población) y refuerzan la separación de roles y las responsabilidades de género (Copestake; 2006, Molyneux; 2006).

Son las mujeres en su gran mayoría quienes reciben estas transferencias y con ello asumen la responsabilidad (en la práctica muchas veces exclusiva, con limitada o ninguna participación del hombre) de cumplir con las contraprestaciones exigidas. La propia gestión del programa compromete el tiempo de las mujeres, profundizando la pobreza de tiempo que las afecta debido a los múltiples roles que se espera que cumplan. En esta línea, estudios comparativos sobre el tiempo dedicado a las tareas de cuidado han puesto en evidencia que las mujeres que reciben transferencias condicionadas de efectivo dedican más horas al cuidado, que las que no reciben (CEPAL; 2012a).

Una dimensión crucial de los programas de transferencias de efectivo es la capacidad del Estado para desarrollar una oferta de servicios de la magnitud y calidad que se requiere, lo que debe suceder de forma simultánea con el crecimiento de la demanda por estos servicios. De no ser así, no solo será imposible en la práctica que la población cumpla con las condicionalidades, sino que además se creará una súbita presión sobre la oferta que podría amenazar la calidad en la entrega de estos servicios básicos.

Los PTC también han provocado debate respecto de la relevancia de las transferencias de efectivo (intervención a nivel de la demanda) (Handa y Davis, 2006, citados por Marcus;

V. Programas de transferenciascondicionadas de efectivo

Ver el estudio etnográfico de Norma Correa y Terry Roopnaraine. BID; 2013. 15.-

17.-


dinero en efectivo a través de las mujeres bajo el entendido que ellas gastarían más y mejor en el bienestar de sus hijos, coadyuvó a que las mujeres tuvieran mayor capacidad de negociación al interior del hogar, trajo consigo cambios en la violencia doméstica. Esto ha determinado que países como Brasil,Colombia,PerúyChileincorporenmedidasespecíficascomo parte de los PTC para desalentar la violencia contra la mujer y/o capacitar en el tema.

En líneas generales, las diversas experiencias de PTC en América Latina, constituyen una fuente invalorable de buenas prácticas y aprendizaje sobre diversos aspectos que aún deben mejorar para asegurar un mayor impacto y mayor acceso a servicios públicos de calidad para la población que vive en pobreza y pobreza extrema. Estas lecciones tienen necesariamente, que incorporar lo que se puede aprender respecto al impacto de estos programas en la situación, calidad de vida y oportunidades de las mujeres que son quienes reciben el incentivo. Asimismo, deben replantear la división de responsabilidades, recursos y toma de decisiones al interior del hogar así como el rol de la mujer como responsable principal (a veces únicas) del cuidado de los niños.

Un efecto sumamente interesante que merece ser explorado

en mayor profundidad es el efecto de los PTC en los procesos deinclusiónfinancieradelasmujeres16 . En efecto, de acuerdo al estudio de Maldonado et al: (2011: 19), “los hogares pobres de América Latina (sic) han tenido escaso o nulo acceso a los servicios financieros formales (…) aunque si ahorran yse endeudan”. Es frecuente encontrar que los PTC pueden ser fácilmente, la primera oportunidad de las mujeres pobres paraacercarseaunaentidadfinanciera,creándoseunasinergiaentrePTCeinclusiónfinancieradelasmujeres.

Finalmente, los PTC no sólo permiten un mayor consumo de las familias y mayor inversión en capital humano, sino que también tienen el potencial para fomentar la acumulación de activos, la inversión productiva y el manejo del riesgo, sin embargo, la inclusión financiera supone el aprovechamientode las ventajas del sistema tales como la posibilidad de acceso a créditos, entre otros, que exige un mínimo de capacitación financieraconelfindedesterrar ladesconfianzayel temora las entidades bancarias. Sólo 7 PTC en América Latina y el Caribe (28% de la población receptora de transferencias) utilizan el sistema de depósitos en cuentas de ahorros17 que abrenlapuertaaotrosbeneficios(movilizardepósitos,hacergiros y transferencias, posibilidad de acceder a créditos).

Otro efecto que merece ser profundizado es la dinámica de género asociada al programa Juntos en Perú. El reciente estudio etnográfico de Norma Correa y Terry Roopnaraine analizó la situación de cuatro comunidades de Ayacucho. Dicho análisis arrojó que cuando las mujeres controlan el uso de la transferencia monetaria aumenta su autoestima, disminuye la dependencia de los varones y mejora el poder de negociación de aquellas frente a posibles situaciones de violencia. Al respecto, los agresores temen perder la transferencia como “castigo” del programa, más que la mayor capacidad de negociación de las mujeres, lo que explicaría el cambio de comportamiento de estos. Ofrecen cuentas de ahorros los PTC en Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Uruguay y Bolivia sólo ofrecen retiros en efectivo. Paraguay ofrece retiro en efectivo y tarjeta electrónica (debito). Colombia y Ecuador ofrecen las tres modalidades: efectivo, débito y cuenta de ahorros. Maldonado et al. Adaptado de Holmes, Rebecca y Nicola Jones para los PTC y servicios de cuidado infantil. Gender and social protection in the developing world. Beyond mothers and safety nets. 2013. Adaptado de Holmes, Rebecca y Nicola Jones para los PTC y servicios de cuidado infantil. Gender and social protection in the developing world. Beyond mothers and safety nets. 2013.

16.-

17.-

Evidencias de impacto a nivel individual

o Incremento de la matrícula escolar en las niñas tanto en primaria como secundaria; reducción de trabajo infantil doméstico en las niñas para enfocarse en sus estudios; incremento de la matrícula escolar y en mejorar la transición de primaria a secundaria así como mejoras en el nivel de alfabetismo femenino; reducción de abandono escolar de las niñas, retorno de aquellas que habían abandonado la escuela.

o Incremento de la participación de mujeres en el mercado de trabajo (casos de Brasil y Colombia según Soares y Silva, 2010)

5.1 Evidencias de impactos diferenciados de los PTC de efectivo18

18.-

o Empoderamiento de las mujeres, mayor confianza en símismas para salir de la esfera doméstica e incursionar en espacios públicos.

o Las mujeres adquieren mayores conocimientos sobre temas como nutrición y los requerimientos calóricos.

o Mayor poder de decisión de las mujeres para administrar el dinero.

o Mejoras en la relación con sus esposos y parejas debido a

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una mejor situación para negociar decisiones que los afectan aambos(porejemplo,paranegociarformasdeplanificaciónfamiliar).

o Mayor capacidad de desplazamiento de las mujeres (en el caso de Juntos en el Perú, donde sólo las mujeres pueden cobrar las transferencias).

o Mayor acceso a los servicios de salud materna y salud infantil, incremento del parto institucional, mayor cuidado pre-natal.

o Mayor conocimiento de sus derechos; mayor capacidad para tomar decisiones de ahorro y/o inversión.

Evidencias de impacto a nivel de la familia o Menor pobreza a nivel de la familia así como menor

exposición al riesgo.

o Permite que la familia pueda ser sujeto de préstamos ycréditos porque cuenta con ingresos regulares asegurados.

o Los impactos en la prevalencia de violencia doméstica sonmixtos, en algunos casos se exacerbó la violencia en la parejay en otros sirvió para incorporar componentes de capacitación y prevención de la violencia (Brasil, Colombia, Perú y Chile según el Banco Mundial; 2011).

o Cambios en la distribución de las responsabilidadesdomésticas al interior del hogar.

Evidencias de impacto a nivel de la comunidad

o Mayor participación en reuniones comunales ayuda a que lasmujeres ganen experiencia para expresarse en público y compartir opiniones.

o Mayor desarrollo del capital social al permitir que las mujeres se contacten con otras mujeres y autoridades ampliando su red de amistades y se refuerce la cohesión social.

La violencia contra las mujeres es una forma explícita de discriminación contra las mujeres y se ha ejercido históricamente, como una forma eficaz de controlarlas ydisciplinarlas, reafirmando de este modo su condición desubordinación. Este control comprende una amplia gama de dimensiones, como el control de su cuerpo y decisiones sobre su salud reproductiva, el control de su desplazamiento físico, control de su sexualidad, explotación de su trabajo reproductivo, etc.; todos ellos legitimados como prácticas culturales.

En la actualidad, la violencia contra la mujer se reconoce como una pandemia en el mundo y trae consecuencias múltiples, costos económicos, costos humanos y sociales. A nivel de los instrumentos jurídicos internacionales, la Convención de Belem do Para es el más claro instrumento internacional de carácter vinculante respecto a la erradicación de la violencia de género que, ha inspiradomodificaciones en los códigospenales y la formulación de leyes.

El impacto de la violencia - violencia al interior de la familia, contra la pareja (violencia física, sicológica), el acoso y hostigamiento sexual en el centro de trabajo, la violencia

sexual,eltráficodemujeresyniñasyelfeminicidio-esdetalmagnitud que muchas veces marca el destino y oportunidades de las mujeres ocasionando daños irreversibles. La violencia que se ejerce de forma cotidiana y que se ha “naturalizado” (por ejemplo, en los casos del acoso callejero), muchas veces inhabilita a las mujeres, inhibe su participación, afecta negativamente su desempeño profesional y laboral y ocasiona problemas de salud mental al someterlas a un permanente estado de estrés, miedo e inseguridad.

Otras consecuencias del ejercicio de violencia contra las mujeres son la limitada participación en la toma de decisiones, las inhibe de expresar libremente sus opiniones, limita sus opciones de desplazamiento físico y de establecer redes de relaciones. Vivir permanentemente, bajo estos riesgos y amenazas, así como bajo formas diversas de violencia; restringe la capacidad de las mujeres de participar en la vida política y económica de sus comunidades lo que afecta enormemente la acumulación de capital social y tiene efectos multiplicadores para la creación de un entorno favorable al crecimiento económico, profundizando las desigualdades y retrasando la reducción de la pobreza.

5.2 Servicios de prevención y atención de la violencia de género


La primera CM en la región, apareció hace 27 años cuando no había leyes para sancionar la violencia doméstica ni se reconocía explícitamente la violencia como una violación de los derechos humanos. Ecuador, Brasil, Nicaragua y Perú fueron pioneros en manifestar el compromiso del Estado y su reconocimiento de la violencia como un asunto de interés público.

El estudio de Comisarías de la Mujer (CM) en Belo Horizonte (Brasil), cantón Cuenca (Ecuador), ciudad Sandino (Nicaragua) y Villa El Salvador (Perú), muestra que enlasrutasoficiales,laCMsonlapuertadeentrada,peropor si solas, no pueden garantizar el acceso a la justicia. Un obstáculo central es que las CM funcionan en base a concepciones distintas19 a la perspectiva normativa.

La mayoría de mujeres que acude a las CM lo hace con el propósito de detener la violencia, se busca sanciones de carácter informal a fin de restablecer‘la paz’ en surelación de pareja; pocas buscan justicia en el sentido formal. La mayoría de mujeres que acude a la CM han tolerado la violencia por meses o años en silencio y lo que buscan es una sanción de tipo social que les provea de protección, que sean escuchadas y entendidas. Solo en las visitas posteriores a las CM es que buscan una sanción formal al agresor.

La concurrencia de otros factores - etnia, nivel socioeconómico, edad, lugar de residencia y grado de

educación - determinan el nivel de información sobre sus derechos y las opciones de soporte institucional a su disposición. Aunque las mujeres hayan recibido capacitación sobre sus derechos, si no tienen acceso a condiciones como vivienda e ingresos propios, les será más difícil salir de la situación de violencia.

El aporte más importante de las CM es el altísimo nivel de visibilidad que transmite el mensaje de que la violencia ya no es un tema privado, sino una violación de sus derechos que debe ventilarse en el ámbito público. El mayor desafío que enfrentan las CM es ampliar su cobertura y capacitar al personal (sin importar el sexo) de manera adecuada, de no ser así, sufrirán la injerencia del enfoque familista en los operadores de la institución.

La CM en Belo Horizonte, ha introducido procedimientos específicosparalasolicituddemedidasdeprotección,suatención es la más parecida a la normativa, donde las mujeres están más y mejor informadas de sus derechos, los servicios están disponibles y se ha promovido la denuncia formal. Las CM de Cuenca, son las únicas comisarías especializadas que constituyen instancias de administración de justicia que no dependen del poder judicial, sino del ejecutivo. Este es un modelo de ruta formal de acceso a la justicia menos compleja y facilita que la solicitud de medidas de protección sea muy ágil, lo que es muy valorado por las usuarias.

COMISARÍAS DE LA MUJER EN LA REGIÓN: BRASIL, ECUADOR Y PERÚ

Están las perspectivas feminista, normativa, familista y el enfoque informal de ‘lo justo’. El enfoque familista - basado en una concepción conservadora e idealizada de la familia que relega la violencia al ámbito privado y busca siempre la mediación - es el que con mayor frecuencia bloquea el enfoque normativo. Las mujeres de América Latina prefieren el recurso de las redes de apoyo familiar, de amigos y vecinos de la comunidad. En los servicios públicos las mujeres tienen desconfianza a la pérdida de confidencialidad y a conductas prejuiciosas. CEPAL; 2007:31

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Fuente: CEPLAES. Comisarías de la Mujer en América Latina. Una puerta para detener la violencia y acceder a la justicia. 2010.

Los estudios que se han realizado sobre la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe (OPS; 2013) muestran claramente, que es un grave problema social que persiste en el tiempo, que ha logrado mantenerse en base a un alto grado de tolerancia y que es un problema muy vinculado a varios indicadores claves de salud reproductiva de las mujeres - vinculado al abuso sexual y al embarazo no deseado - por lo que en todos los países de la región, se registra alta incidencia de violencia física, sicológica y sexual contra mujeres entre los 15 y 49 años. Las respuestas de las mujeres varían de país

en país, pero existe en la región una cierta tendencia a que quienes son agredidas o abusadas sexualmente acudan con más frecuencia a familiares y amigos20, que a las instituciones competentes en el tema. Esto nos muestra que aún está pendiente un trabajo más intenso en acciones de prevención, información sobre derechos de las mujeres, educación en patrones igualitarios de relación entre géneros y fortalecer las instituciones. La efectividad de las intervenciones dependerá no solo de desterrar el estigma que acompaña la violencia e impide que más mujeres denuncien estos hechos a tiempo

20.-

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El informe de seguimiento de la CIM (2008 página 8), señala que esta terminología no se ajusta a la Convención Belem do Pará (articulo 8b) que considera como violencia contra las mujeres no solo la ocurrida dentro del ámbito de la familia, la unidad doméstica o la relación interpersonal, sino también la violencia sexual, la tortura, la trata y aquella violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes.El estudio entrevistó a gerentas y gerentes de recursos humanos y personal de 211 empresas medianas y pequeñas de cinco ciudades del Perú . Presentismo es la baja en el desempeño debido a no estar adecuadamente enfocada en su trabajo y esta condición puede permanecer en la victima hasta mucho después de cesar el abuso.

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sino también de una acción más articulada con otros sectores del Estado como educación, justicia, salud e interior.

Los servicios de prevención y atención existentes en los países de UNASUR, estuvieron en varios casos inspirados en modelos diseñados por organizaciones de la sociedad civil que fueron exitosamente replicados y expandidos por losEstados.SonloscasosdelaOficinaJurídicadelaMujery el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer en Bolivia, la Corporación Casa de la Mujer en Colombia, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer en Ecuador, el Conselho de la Mulher en Brasil o el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (CEPAL; 2007:59). Otras modalidades extendidas en América Latina son las líneas gratuitas de atención permanente para reportar casos de violencia “doméstica” o “intrafamiliar”21 (ver cuadro 6).

Finalmente, la violencia contra las mujeres tiene un impacto negativo en los gastos en salud, seguridad ciudadana y administración de justicia así como en ausencias al trabajo y reducción de la productividad (tanto de la víctima como del agresor). Los costos directos vinculados a la violencia tienen que ver con la pérdida de vidas, el valor de los bienes y servicios empleados en el tratamiento y prevención de la violencia, incluidos los gastos en salud, judiciales, policiales y en asesorías, capacitación y servicios sociales asumidos por la víctima o por la comunidad. Los costos indirectos se vinculan a las pérdidas en productividad económicas, y las derivadas de la falta de participación de las mujeres en los procesos de desarrollo político, social y económico. Asimismo, el ejercicio de la violencia trae consigo un costo intangible de transmisión intergeneracional de la violencia por medio del aprendizaje (de adultos a niños), como un mecanismo válido para imponer autoridad y/o control (CEPAL; 2007:74).

Es aún limitado el conocimiento y difusión de los estudios que han calculado los costos de la violencia y particularmente, su impacto en la esfera económica. Existe dificultad paraconectar conceptualmente, las esferas públicas (diseño de políticas públicas y regulación de normas en las empresas) y privadas (en las que usualmente se ejerce la violencia), los sistemas de protección social carecen de mecanismos

más eficaces de prevención y sanción y los programassociales en ocasiones priorizan el logro de metas de naturaleza económica y de salud subestimando el impacto de la violencia en el empoderamiento y autonomía de las personas. Un estudio reciente de GIZ (2013)22. señala que 23 de cada 100 trabajadoras reportaron haber sido víctimas de violencia de pareja el último año, en un promedio de cuatro ocasiones. Se estima que la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja ocasionan una pérdida del 3.7% del PBI - más de US$ 6.7 billones de dólares - debido al número de días de trabajo perdido. El 93% de empresas señalan haber sido afectadas, negativamente, en la productividad debido al ausentismo y presentismo23.

Se estima que al final de la década de 1990 la violenciadoméstica produjo pérdidas salariales equivalentes al 2% del PIB de Chile y el gobierno colombiano gastó 73.7 millones de dólares al año para prevenir, detectar y tratar la violencia en la pareja (Morrison y Orlando, 1999 y 2006 citado en CEPAL; 2007). Un estudio reciente de los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú, demuestra que las empresas pierden 6,744 millones de dólares al año, lo que constituye casi el 4% del producto bruto interno anual (GIZ; 2013). Las formas más frecuentes de violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, son la violencia física, sicológica y sexual (ver cuadro 2).

La tipificación del feminicidio o femicidio como un delitoselectivo de violencia contra las mujeres en razón del género, aún enfrenta serias limitaciones para su adecuado registro y monitoreo. Según ONU Mujeres, este es uno de los problemas más graves que enfrentan las mujeres en AméricaLatinayapesardeello“noexisteunadefiniciónconsensuada” del concepto de feminicidio en la región. Como se ve en el cuadro 2, la violencia física, sicológica y sexual ejercida simultáneamente o de forma combinada, es la práctica más frecuente en América Latina y el Caribe. La violencia sexual es la segunda forma de violencia más frecuente.


Cuadro 2 : Tipo de violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe

Fuente: Base de datos de elaboración propia construida sobre información extraída de la base de datos del Secretario General sobre la violencia contra la mujer.

Como señala la OPS (2013), la comunidad internacional ha reconocido la violencia contra la mujer como un problema de salud pública, de violación de los derechos humanos y como una barrera contra el desarrollo económico. La condición de mayor riesgo y vulnerabilidad a sufrir violencia que soportan las mujeres, está ampliamente documentada en las cifras de violencia doméstica, abuso sexual, feminicidio y trata de mujeres y niñas confinesdeexplotación sexual. La limitadapresencia de entidades públicas para reportar los casos y el estigma que acompaña a estos delitos, desalienta la denuncia y promueve la impunidad.

La violencia contra la mujer ha estado históricamente, invisibilizada bajo el entendimiento de tratarse de un asunto de naturaleza “privada” en la que el Estado no podía ni debía intervenir. Esa situación cambió radicalmente, cuando la violencia paso a formar parte de la agenda de derechos humanos en 1992, cuando el Comité de la CEDAW hace un reconocimiento de la violencia contra la mujer como una forma de discriminación que “afecta gravemente el goce y ejercicio de derechos y libertades sobre la base de la igualdad con el hombre”, en el artículo 1 de la Convención. En el caso de América Latina, se cuenta además con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). Posteriormente, durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993, el tema de la violencia se instala en el corazón de los derechos humanos, colocándose de manera transversal. Como resultado, el Sistema de Naciones Unidas adopta en 1993 la Declaración sobre Violencia contra las Mujeres y crea inmediatamente, la Relatoría Especial de Naciones Unidas

sobre violencia contra las mujeres (Fríes y Hurtado; 2010). La suscripción de estos convenios internacionales, se convierte en una herramienta crucial para disponer de un estándar internacional al que las leyes de cada país, deberán alinearse y en base a las cuales los Estados deberán rendir cuentas internas y externas.

Todos los países miembros de UNASUR cuentan con normas, la gran mayoría con planes y programas de prevención, atención y sanción a la violencia de género (ver cuadro 6). También se han realizado esfuerzos importantes para estimar el costo de la violencia basada en el género que afecta particularmente, a las mujeres - como un argumento adicional a los principios de derechos humanos - para financiar laimplementación de planes y programas. Asimismo, se intenta monitorear los avances en materia de violencia contra la mujer y rendir cuentas a instancias internacionales, así como construir instrumentosdemediciónyconciliardefinicionesparafacilitarestas tareas.

La violencia de género no solo tiene un impacto en las empresas en que trabajan las mujeres víctimas de violencia, sino también en las empresas en las que laboran los agresores, principalmente, debido al presentismo. Otros costos relacionados directamente a la violencia son el alto grado de rotación del personal que ha sido víctima de violencia y el desempleo. Finalmente, se calcula que por cada caso de violencia reportado existen 10 más que no lo son, invisibilizando la magnitud real del problema (GIZ; 2013).

Tipo de violencia Cifra absoluta Porcentaje

Física 3 3.7

Sexual 10 12.2

Física y sicológica 5 6.1

Física y sexual 1 1.2

Física, sicológica y sexual 16 19.5

Física, sicológica, sexual y económica 7 8.5

No aplica 17 20.7

Sin información 23 28.0

Total 82 100.00

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existe el Sello Pro Equidad de Género; en Chile cuentan con la norma “Sello Igual a Conciliación”. Países como Paraguay y Brasil han adoptado medidas como el acompañamiento a las mujeres trabajadoras, condiciones especiales para embarazadas,horariomóvilodesarrollogerencialespecíficopara las mujeres. En Uruguay, la empresa Usinas y Terminales Eléctricas (UTE), creó un Comité de Género.

Además de generar mejores condiciones de trabajo, este tipo de programas genera nuevas oportunidades de empleo para las mujeres. En la Administración Nacional de Puertos (ANP) en Uruguay se intensificó el ingreso de mujerespara desenvolverse en tareas operativas. En Perú, se ha implementadounsellodecertificacióna favordeempresas“Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer” que reconoce la gestión empresarial en prevención de la violencia y no discriminación contra la mujer. Esta iniciativa busca que las empresas incorporen la igualdad de género y no discriminación como parte de su cultura organizacional y práctica cotidiana. Las empresas seleccionadas (26 en el año 2013) recibirán asistencia técnica y acompañamiento del MIMP para cumplir con los criterios establecidos e intercambiar buenas prácticas empresariales (Boletín MIMP de mayo del 2013).

Dada la naturaleza, aparentemente, privada de la violencia de género y el estigma que la acompaña y la doble victimización a la que están expuestas las mujeres, factores que desalienta la denuncia del delito, existe un sub registro de la prevalencia de las distintas formas de violencia antes mencionadas. Contar con evidencias - datos de incidencia de violencia - recogidas de forma sistemática en base a criterios consensuados entre los distintos organismos competentes y la vigilancia ciudadana, es fundamental para el diseño de políticas públicas que enfrenten el problema.

De otro lado, la prevención de la violencia está articulada a otras iniciativas, como la impulsada por PNUD desde el 2009 paralacertificaciónenigualdaddegéneroenlasempresas,quees un ejemplo concreto de medidas que permiten conciliar la vida laboral y familiar ; el acceso a puestos de trabajo y a oportunidades de carrera profesional en iguales condiciones para mujeres y hombres24. Así, en enero de 2013, once países de la región (entre ellos, Brasil,Chile, Uruguay y Colombia) han firmadoun convenio de cooperación con el PNUD (2012-2015) que consolida la Comunidad de Sellos de Igualdad de Género.Porejemplo,enUruguay,seestáfinalizandounaGuíade Buenas Prácticas de Conciliación con corresponsabilidad social en empresas; en Colombia, a fines de diciembre de2012seinicióeldiseñodelprogramadecertificaciónconelMinisterio de Trabajo y la Alta Consejería de la Mujer ; en Brasil

Los sistemas de certificación en igualdad de género son herramientas innovadoras para promover los derechos y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: aún en América Latina menos del 14% de puestos en juntas directivas de las 500 empresas más grandes están ocupadas por mujeres, y sólo entre el 4 al 11% de las mujeres ocupan cargos en la alta dirección, además de no recibir igual salario por igual trabajo. Fuente: Portal de UNDP.

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o Las mujeres y hombres reciben un mensaje del Estado respecto a que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, viola derechos fundamentales de las personas.

o Las mujeres cuentan con una instancia de denuncia y un canal de protección.

o Para denunciar, las mujeres deben superar la estigmatización vinculada a la violencia familiar y sexual.

o Las mujeres que deciden denunciar violencia pueden ser estigmatizadas y sancionadas por su propio entorno.

o Los planes y programas ganan legitimidad cuando son

acompañados por acciones de soporte de la sociedad civil yparticularmente,dehombresquesemanifiestancontralaviolencia.

o Usualmente, las instancias de denuncia y sanción enfrentan obstáculos, entre ellos, la discriminación de la mujer y la doble victimización.

Evidencias de impacto a nivel de la familia y de la comunidad

o Las mujeres que reportan violencia pueden ser sujetas a aislamiento y crítica en su familia y comunidad, por cuestionar el orden establecido.

5.3 Evidencias de impactos diferenciados de los servicios de atención


o Conocer cifras reales de prevalencia, ayudan a contar con evidencias para intervenciones de las autoridades competentes.

oLaviolenciapuede,finalmente,empezaraversecomountema de preocupación que concierne a las autoridades y es materia de intervención.

o Puede visibilizarse su impacto en productividad laboral y gastos en salud y seguridad.

o La violencia contra la mujer ocasiona costos en atención en salud, ausencia laboral, problemas de salud mental en víctima y agresor.

o Las cifras de prevalencia suelen estar subestimadas debido a que solo una parte de los casos, se reporta.

o Las intervenciones tempranas de prevención pueden ser muyeficacesparaevitarcostosmayoresenelescalamientode la violencia: por ejemplo, es usual que los casos de feminicidio estén precedidos por reiterados eventos de violencia doméstica.

o Iniciativas como, los observatorios de violencia contra la mujer en otros países, han mostrado que son útiles para visibilizar y crear conciencia sobre el tema.

o Las intervenciones son más eficaces cuando articulan avarios sectores, cuentan con respaldo político y se le asignan recursos.

5.4 Programas y servicios públicos de cuidado infantil

Un estudio sobre trabajadores temporales en el sector exportador en Chile (Wilson y Caro, 2009, citado en ECLAC 2010:56) muestra que las estrategias de cuidado infantil no son de largo plazo. Usualmente se recurre a redes de relaciones femeninas, ayuda informal pagada, hermanas mayores cuidan a los niños, centros públicos de cuidado temporal con cobertura limitada.

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La igualdad de oportunidades al empleo está limitada, debido a la inexistencia de una red pública de cuidado infantil de carácter universal y gratuito, o existiendo estos servicios públicos, no son aún accesibles (económica o geográficamente) para lapoblación más pobre. En efecto, la conciliación entre la vida laboral y familiar basada en la redistribución de las tareas de cuidado entre el Estado, el mercado y las familias sigue siendo el punto ciego de las políticas públicas de América Latina y el Caribe. No obstante, los avances en políticas que ayudan a la igualdad de género, las instituciones económicas, sociales y políticas, continúan operando sobre el supuesto de una rigurosa división sexual del trabajo que mantiene el estereotipo de las mujeres como proveedoras de cuidados y de los hombres como proveedores de ingresos. (CEPAL; 2010)

Existe en América Latina una oferta aún insuficiente deservicios de cuidado infantil a pesar que algunos países han diferenciado la cobertura dependiendo de los grupos de edad de la población beneficiaria, o se han focalizado en ciertossegmentos de la población (ECLAC; 2010:56). Países como Bolivia han respondido a la demanda por servicios de cuidado infantil a través de su política de igualdad de oportunidades, proponiendo la redistribución de la responsabilidad de cuidado en el hogar. Chile a través del programa, Chile Crece Contigo, ha incrementado el número de guarderías públicas en 240% comparado al año 1990.25 Surinam, ofrece centros de

cuidado diurno y al igual que en Ecuador, en ambos países las necesidades de cuidado están siendo consideradas un campo específicodelaspolíticaspúblicas.

Las licencias pagadas por maternidad, son también un soporte muy importante para el cuidado de recién nacidos. Surinam ha incorporado el derecho a la licencia pagada por maternidad en su código civil. Sin embargo, la posibilidad de conciliar trabajo remunerado y vida familiar, se facilita cuando la mujer tiene un empleo remunerado que le permite pagar por el servicio de cuidado. No es el caso de mujeres de clase media y baja, quienes no cuentan con servicios públicos que le permitan acceder sin problemas al trabajo remunerado fuera de casa.

Por su parte, las políticas de licencias por paternidad que se están otorgando a los hombres, se orientan a fomentar que asuman mayor responsabilidad en el cuidado de sus hijos. Por ejemplo, en Colombia las mujeres pueden ceder entre 1 a 12 semanas de licencia por maternidad a los padres. En la región, ya son 13 los países que otorgan licencia por paternidad: entre dos días en Argentina y Paraguay, a ocho días en el caso de los empleados públicos en Ecuador para “emergencias domesticas” (enfermedades graves de la esposa o esposo, pareja o pariente cercano hasta el segundo grado de consanguineidad) (Ibíd.; 2010: 56-57),

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Cuadro 3: Puntajes27 en acceso a guarderías infantiles por región y países de América Latina

Esta encuesta incluyó a todos los países latinoamericanos miembros del ASPA con excepción de Guyana y Surinam. Consulta de opinión sobre las políticas de cuidado de personas dependientes en América Latina. El puntaje es del 1 al 5 donde 5 indica el acceso más fácil a guarderías infantiles. Los criterios para construir el puntaje son: disponibilidad, accesibilidad financiera, calidad de servicios de guardería y el rol de la familia extendida en el cuidado de los niños.

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27.-

recaiga sobre el tiempo gratuito de las mujeres”, sino que se constituya sobre un nuevo paradigma donde el cuidado de quienes lo necesitan, sea asumido por la sociedad en su conjunto. En la misma línea, el estudio elaborado por CEPAL26 (2012:12) en base a encuestas de opinión a líderes de América Latina, señala que el 88% de hombres y el 94% de mujeres, reconocen que esta responsabilidad recae en las mujeres de la casa. El 98% de las mujeres consideran que las políticas que actualmenteexistentesensuspaíses,nosonsuficientesparasatisfacer la demanda por servicios de cuidado de personas dependientes y el 72% del total de personas encuestadas, señalan la necesidad de contar con mayores servicios de cuidado infantil en sus países de origen.

La escala elaborada por The Economist en base a los servicios disponibles para el cuidado de niñas y niños muestra que los países de ingreso alto son los que obtienen el mayor puntaje en la oferta de estos servicios y los países de América Latina y el Caribe, se ubican en una posición intermedia por encima de África, pero por debajo de Europa y Asia Central. Entre los países miembros de UNASUR, Chile destaca con el mayor puntaje promedio en lo que respecta al acceso a guarderías infantiles (ver cuadro 3).

El Consenso de Brasilia menciona la necesidad de servicios de cuidadobasadosenelreconocimientodel‘derechodelcuidado’y en la prestación compartida entre Estado, sector privado, sociedad civil y hogares. También menciona la obligación de los Estados de adoptar licencias parentales y otros permisos para el cuidado, incluidas las licencias de paternidad que permitan avanzar en la corresponsabilidad. (CEPAL; 2010: 185-186).

El accionar del Estado en el ámbito del cuidado generalmente, se limita a la protección a la madre trabajadora en el marco del régimen laboral formal y la provisión del cuidado infantil. Ni el mercado ni el Estado, ofrecen opciones para conciliar la vida familiar y laboral, a lo que se agrega la mínima participación de los hombres en las responsabilidades familiares y la exclusión de las trabajadoras informales de los sistemas de protección y de acceso pleno a sus derechos.

Como señala Montaño (2011:137), “el reconocimiento acerca de la importancia de inscribir los servicios de cuidado - de niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas - como parte de los esfuerzos por favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, le corresponde al Estado, el mismo que debe establecer las normas para que esta tarea estratégica para el desarrollo no

Fuente: Intelligence Unit. The Economist BID; 2013


Adaptado de Holmes, Rebecca y Nicola Jones para los PTC y servicios de cuidado infantil. Gender and social protection in the developing world. Beyond mothers and safety nets. 2013.

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y de infraestructura como de oportunidades de desarrollo y estimulación de los niños menores de 3 años, debiera ser una prioridad en todos los países en desarrollo de América Latina, no solo porque contribuye con la inclusión de las mujeres en la vida económica, política y social de sus países, sino por el positivo impacto en promover la incorporación de los niños(as)enelsistemaeducativodemaneramásfluidayenespacios preparados para proveerles la estimulación cognitiva que necesitan.

La importancia de crear servicios de cuidado para la infancia lo ilustran casos como el Programa Chile Crece Contigo destinado a garantizar guarderías y salas cuna a niños y niñas pertenecientes al 40% más pobre. La experiencia del programa Cuna Mas en Perú, llama la atención sobre un problema social insuficientemente atendido, que es el del cuidado infantily los servicios que el Estado debe proveer para permitir la mayor y mejor incorporación de las mujeres en el empleo remunerado fuera de casa. La evolución hacia una concepción más profesionalizada y ambiciosa tanto en términos logísticos


o Impactos positivos de los servicios de cuidado infantil en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, particularmente, en el caso de madres solas, aunque los trabajos a los que acceden siguen siendo aquellos con salarios bajos.

o El uso de los servicios de cuidado infantil aún tienen que ser negociados con sus parejas o esposos y aprobados por ellos.

o Mayor poder de negociación de las mujeres y mayor participación en la toma de decisiones al interior del hogar.

o No parece producirse una real transformación de los roles tradicionales de género, dado que las mujeres siguen siendo quienes supervisan y se hacen responsables por la calidad de estos servicios.

5.6 Programas y servicios de cuidado a las personas adultas mayores

5.5 Evidencias de impactos diferenciados en servicios de cuidado infantil28

Evidencias de impacto a nivel de la familia y de la comunidad

o Impactos mixtos en cuanto a la división del trabajo y la equidad intra-familiar.

o El servicio de cuidado infantil sigue siendo visto como un trabajo poco calificado y de poco valor (“trabajo demujeres”).

o Los hombres se mantienen al margen del debate sobre los servicios de cuidado infantil y no contribuyen a una mayor equidad en la realización de este rol.

o No se encuentra evidencia de una mayor participación de las mujeres en la comunidad como consecuencia de la disponibilidad de estos servicios.

La discriminación basada en el género puede encontrase articulada a otras formas de exclusión social, tal es el caso, en las zonas rurales de las poblaciones indígenas y las minorías étnicas que con frecuencia deben enfrentar otras barreras para superar la pobreza y la vulnerabilidad. Estas formas de discriminación pueden darse a partir del aislamiento social de las personas adultas mayores, el hecho de ver reducido su capital social (redes de soporte

e influencia),nocontarconmediosparacomunicarseconlas élites políticas, ausencia de documentos de identidad y certificados de nacimiento, etc. Las oportunidades paraasegurar su subsistencia son más escasas para las personas adultas mayores - tanto hombres como mujeres - debido a que cuentan con pocas oportunidades de participar en el trabajo agrícola remunerado, a problemas de salud y a la pérdida de capacidad para desplazarse físicamente.

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Se estima que un tercio (31.1%) de países latinoamericanos está jefaturado por mujeres. En Uruguay llega a 43.3%, Brasil es 37.8%, Venezuela (36.5%), Argentina (35.9%). Esta tendencia es mayor en hogares pobres, por ejemplo, alcanza el 59.5% en Uruguay, en Chile el 50.8% y supera el 46% en Brasil, Argentina y Venezuela. Hardy; 2013: 23 -24

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Cuadro 4: Adultos mayores analfabetos en departamentos amazónicos del Perú - 2007

Fuente: Eliana Villar M.. Diagnostico de género en la Amazonía: Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin y Ucayali. Programa PRODESdeUSAID.Octubre2013.EnbaseadataoficialdelINEI.Perfilessocio-demográficospordepartamentos.2009. Elaboración propia.

En las zonas rurales esta situación se ve agravada por la ausenciademecanismosdeprotecciónsocialespecíficamente,focalizados para atender a las personas adultas mayores y el limitado acceso a pensiones y a la seguridad social (Holmes y Jones; 2010). Debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres así como la mayor prevalencia de enfermedades crónicas que las mujeres padecen como producto de la edad, asegurar el sustento de otros miembros dependientes de la familia, coloca a las mujeres en una situación de mayor riesgo. La creciente tendencia a que sean mujeres solas quienes se convierten en jefas de familia29, también obliga a las mujeres a recurrir a sus redes de soporte familiar dentro y fuera de la comunidad (por ejemplo, en la forma de remesas). Las políticas de soporte a los adultos mayores en la forma de pensiones sociales, buscan proteger a aquellos más vulnerables. En América Latina cuentan con pensiones sociales: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Venezuela y Uruguay. En algunos casos, esas pensiones son universales (es el caso de la Renta Dignidad en Bolivia) o focalizadas según criterios diversos (por ejemplo, las destinadas a veteranos de guerra o víctimas de violaciones de derechos humanos como en Argentina y Chile (CEPAL; 2011:151).

En el Perú, se lanzó en octubre del 2011 el Programa Pensión 65 para población en pobreza extrema que no cuenta con una pensión. Este es un programa que nos ayuda a ilustrar con nitidez la importancia de tomar en cuenta el enfoque de género (ver cuadros 4 y 5) debido a la sobre representación de mujeres en la población pobre de todos los países latinoamericanos, la tendencia a una mayor esperanza de vida de las mujeres y la pobreza de tiempo que las afecta particularmente.

Dado que contar con documento de identidad es un requisito indispensable en el caso del Perú para acceder a cualquier programa social del Estado, el notable menor nivel de educación de las mujeres, su alto grado de analfabetismo (agravado por nohablar la lenguaoficialdelpaís)ysu limitadaexperienciapara relacionarse adecuadamente con las instituciones (debido a su mayor aislamiento, la menor autonomía de sus decisiones y su limitado desplazamiento físico), las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad.

Un ejemplo concreto de la importancia de considerar la vulnerabilidad social y política es la eventual sub- cobertura de los programas de protección (pensión no contributiva) a adultos mayoresenpobrezaypobrezaextrema.Específicamente,esel

caso de países con importante población indígena rural (casos de Bolivia y Perú, por ejemplo) mayor de 60 ó 65 años que nocuentacondocumentación,quenohablaelidiomaoficialy con limitado acceso a las instituciones públicas. Al interior de


El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 se lanza en Perú en octubre del 2011 sobre la base del programa piloto Gratitud y otorga S/.125 (aproximadamente USD 46 mensuales).

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la población pobre adulta mayor, como se sabe, las mujeres están sobre representadas en en este sector y la mayoría en la población analfabeta e indocumentada, tienen una mayor esperanza de vida que los hombres, pero enfrentan esos años adicionales de vida con una o más enfermedades crónicas.

Como se puede notar en la cobertura del Programa Pensión

65 destinada a personas adultas mayores en pobreza extrema en los departamentos amazónicos del Perú (cuadro 5), la mayor parte de beneficiarios son hombres, tanto en zonasrurales como urbanas y las mujeres constituyen aún un porcentaje menor en zonas rurales donde puede presumirse una sub cobertura debido a indocumentación (requisito para acceder) y/o desconocimiento del programa.

Cuadro 5: Usuarios del Programa Pensión 6530 en departamentos amazónicos del Perú - 2012

Fuente: MIMP. VI Informe del Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Ley 28983. Periodo 2012. Página 148. Eliana Villar M.. Diagnóstico de género en la Amazonía: Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Programa PRODES de USAID. Octubre 2013. Elaboración propia.

El reconocimiento de la importancia de desarrollar servicios de cuidado como un componente estratégico para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, es relativamente reciente, entendiendo que las personas tienen derecho al cuidado y que el Estado debe asegurar que esta tarea - por demás esencial para el desarrollo - no recaiga en el trabajo gratuito de las mujeres. Uno de los países más avanzados en la materia es Uruguay, que ha discutido una propuesta para el diseño de un Sistema Nacional de Cuidados (CEPAL 2012). En la misma

línea se encuentran las iniciativas de reconocimiento del trabajo no remunerado en las Constituciones de Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009).

Dada la alta prevalencia de informalidad y precariedad en el empleo en los países de la región, instrumentos de tipo no contributivo (como Renta Dignidad en Bolivia o Pensión 65 en Perú), son esenciales para reducir la desigualdad y la exclusión de sectores, particularmente, vulnerables.

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Cuadro 6: Programas sociales y marcos institucionales en países miembros de UNASUR

Fuente: CEPAL. Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe; Leyes y Programas sobre violencia contra las mujeres aprobados en América Latina y el Caribe. CEPAL. 2007; América Latina Genera; CEPAL 2010. Ni Una más, CEPAL 2007; Base de datos del Secretario General sobre la violencia contra la mujer. Elaboración propia.



Más

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Carnet gratuito de Asistencia


Aguirre, Rosario y Fernanda Ferrari (2013) Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en América Latina y el Caribe. CEPAL Serie Asuntos de Género 122.

Americas Quarterly, Índice de Inclusión Social 2013.

Araujo, Maria Caridad et al. (2013) Panorama sobre los servicios de desarrollo infantil temprano en América Latina y el Caribe. BID.

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