Fiscalizacion y Procedimientos Contenciosos Tributarios

7/18/2019 Fiscalizacion y Procedimientos Contenciosos Tributarios

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Fiscalización y Procedimiento

Contencioso Tributario

Dr. Jorge Arévalo Mogollón

Capítulo I

Principios y Garantí as delos

Procedimientos Tributarios



CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

Principios y Garantí as de los Procedimientos Tributarios

1. Principios de los Procedimientos tributarios

Conf orme indica Juan Carlos MORON URBINA,1 la Ley del ProcedimientoAdministrativo General se constituye en la principal norma legal destinada

a regular el desenvolvimiento de la Administración en sus relaciones con losciudadanos.

En este sentido, el artí culo IV del Tí tulo Preliminar de la Ley Nº 27444 – Ley

del Procedimiento Administrativo Genera

l, esta

blece un ca

tá

logo deprinci- pios, los cuales tienen incidencia directa en los procedimientos tributarios. Lo principios en cuestión previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General son los siguientes:

1.1. Principio de reserva de ley y principio de jerarquía normativa

“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y alderecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para losque les fueron conferidas”.

Al hablar de este principio, podemos desarrollar dos enf oques relacionadospero a la vez distintos: En primer término, legalidad entendida como

jerarquía normativa, pero además, legalidad entendida como reserva deley.

Bajo el primer enf oque, la jerarquía normativa está expresamentereconocida en el artí culo 51º de la Constitución, por el cual “LaConstitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas deinf erior jerarquía, y así sucesivamente”, recogiendo así la visión kelseniana del Derecho.

En este sentido, en lí neas generales el Tribunal Fiscal no ha sido ajeno a ef ec-tuar un control de legalidad respecto de las normas reglamentarias contrarias

1 MORON URBINA, Juan Carlos. “Los efectos de la Ley del Procedimiento Administrativo General sobre los procedimientos especiales ados años de su vigencia”. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima. Gaceta Jurídica S.A.



a la ley. Así por e jemplo, en la RTF Nº 6507-1-2003, la cual es jurisprudenciade observancia obligatoria, el Tribunal Fiscal señaló que:

“El contribuyente que no haya obten ido el impuesto calculado en el e jercicio anterior, debe ef ectuar los pagos a cuenta de l Impuesto a la Rentapor todo el ejercicio gravable (incluyendo los meses de enero y f ebrero) aplicando el sistema de l 2% de los ingresos netos regulado en el inciso b)de l artí culo 85º de la Ley de l Impuesto a la Renta, y no el sistema decoef icientes regulado en el inciso a) de l mismo artí culo, aún cuando hayaobten ido impuesto calculado en el ejercicio precedente al anterior, enaplicación de lo previsto en el citado artí culo 85º, en razón que dichanorma, por su jerarquía, prevalece respecto del numeral 1 del inciso c) del artí culo 54º del Decreto Supremo Nº 122-94-EF”.

En lo que sí se mostró bastante reacio el Tribunal Fiscal f ue respecto del control

de constitucionalidad de las leyes. Así por e jemplo, en la RTF Nº 9290-3-2001este Colegiado señaló lo siguiente:

“Que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que no seencuentra dentro de sus atribuciones, la de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de los tributos, estando dicha f acultad reservada al f uero jurisdiccional del Poder Judicial, y que si bien el artí culo 102º del TextoUnico Ordenado del Cód igo Tributario dispone que el Tribunal Fiscal al resolver deberá aplicar la norma de mayor jerarquía, ello debe entendersedentro su f uero administrativo; en- contrándose en el caso de autos, en el imperativo de aplicar la Ley materia de discusión, puesto que de lo contrariose estaría irrogando indebidamente el control dif uso de la constitucionalidad de las normas”.

No obstante lo anterior, cabe subrayar que para el Tribuna

l Constituciona

l este principio no se limita a la observancia de la ley, pues el mismo “ implicaque el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Poder E j ecut i v o o delLegi sl a- tivo, debe someterse no sólo a las leyes pertinentes, sino,

principalmente, a la C onst i t uci ón” .2 Por esta razón se explica que, en la reconocida Sentencia recaí da en el Expediente Nº 03741-2004-AA/TC el Tribunal Constitucional autorizara el control dif uso de la Constitción porparte de los órganos administrativos, al señalar que:

“Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la f acultady el deber de pref erir la Constitución e inaplicar una disposición inf raconstitu-cional que la vulnera manif iestamente, bien por la f orma, bien por el f ondo, de conf ormidad con los artí culos 38.º, 51.º y 138.º de la Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1)que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la leycuestionada no sea posible de ser interpretada de conf ormidad con la Constitución.”3

Esta sentencia f ue aclarada por el propio Tribunal Constitucional, de tal manera que, para dicho Colegiado el control dif uso en el ámbitoadministrativo se realiza a pedido de parte o de of icio, siendo que en este

último caso corresponderá al órgano administrativo aplicar los precedentes

vinculantes o no emanados del máximo intérprete de la Constitución.



De esta manera, en la jurisprudencia reciente del Tribunal Fiscal, contenida

por e jemplo en la RTF Nº 0026-1-2007, dicho Colegiado dispuso en vía decontrol dif uso administrativo, la inaplicación del numeral 8.2 del artí culo 8º de la Resolución de Superintendencia Nº 141-2004/SUNAT en los términos siguientes:

“Que en sentido y dado que en virtud al f allo contenido en el ref erido Exped iente Nº 1803-2004-A A /TC, se declaró inaplicable la norma que seperderí an los benef icios de la gradualidad si habiendo impugnado la resolución que establece la sanción, el órgano resolutor la mantiene ensu totalidad y ésta queda f irme y consentida en la vía administrativa, porresultar violatoria, entre otros, de l derecho de de f ensa reconocido ennuestro texto const itucional en el artí culo 139º inciso 14º y de la garantía que impide la ref orma peyorativa o ref ormatio in peius, garantíaimplí cita en nuestro texto constitucional como parte del debido proceso,corresponde a este Tribunal f allar en el mismo sentido, inaplicando al caso deautos el numeral 8.2 del artí culo 8 de la Resolución de Superintendencia Nº

141-2004/SUNAT, el mismo que contiene una disposición idéntica a la

quef ue materia de pronunciamiento por parte de l Tribunal Constitucional”.

Asimismo, el Tribunal Fiscal ha aplicado el control dif uso administrativo enlas RTFs Nº N° 03264-2-2007 y 13640-5-2008 sobre Arbitrios Municipalesde Santiago de algunos distritos de Lima.

Ahora, el segundo enf oque de la legalidad corresponde a la denominada reserva de ley. Bajo esta perspectiva, en palabras de l Tribunal Constitu- cional, “ el principio de legalidad, en materia tributaria, parte del af or i smo nullum tributum sine lege, que se traduce como laimposibilidad de r equer i r el pago de un tributo si una ley o normaequivalente no la regula” 4.

Es bajo esta segunda perspectiva del principio de legalidad que la Norma IV del Tí tulo Preliminar del Código Tributario estable lo siguiente:

“Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede:

a) Crear, modif icar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la

obligación t ributaria, la base para su cálculo y la alí cuota; e l acreedortributario; el deudor tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artí culo 10º;

b) Conceder exoneraciones y otros benef icios tributarios;

c) Normar los procedimientos jurisdicciona

les, así como los a

dministra

tivosen cuanto a derechos o garantías del deudor tributario;

d) Definir las inf racciones y establecer sanciones;

e) Establecer privilegios, pref erencias y garantías para la deuda tributaria; y,

f) Normar f ormas de extinción de la obligación tributaria distintas a las establecidas en este Cód igo.”

CAP. I



1.2. Principio del debido procedimiento

CAP. I “Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido

procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, aofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La

institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del DerechoAdministrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuantosea compatible con el régimen administrativo.”

El numeral 3) del artí culo 139º de la Constitución Polí tica de 1993 reconocecomo un principio básico de la f unción jurisdiccional, el derecho a la obser-vancia del debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Ahora bien, en palabrasdel Tribunal Constitucional,

“el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las

ga

ra

ntí a

s, requisitos y normas de orden público que deben observarse enlas instancias procesales de todos los proced imientos, incluidos los administrativos, con la f inalidad de que las personas estén en condicionesde def ender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda af ectarlos.”5 (el resaltado es del autor).

En este mismo orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha señalado que,

“el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artí culo 139ºde la Constitución, es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarcaexclusiva- mente el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de

su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerzaf unciones f ormal o materialmente jurisdiccionales.” 6

Ahora, la doctrina jurídica reconoce los contenidos esenciales del derechoal debido proceso:

• Juez natural.

• Derecho de acción.

• Derecho dedef ensa.

• Derecho a of recer medios

probatorios. • Derecho a f ormular impugnaciones.

• Derecho a obtener una resolución debidamente

motivada.

En este sentido, dichos contenidos del debido proceso tienen diversasmani- f estaciones en el Código Tributario.

Así por e jemplo, respecto del derecho de acción, puede mencionarse alos procedimientos no contenciosos vinculados y no

vinculados a la determinación de la obligación tributaria, regulados en los artí culos 162º y 163º del Código Tributario, mediante los cuales el contribuyente solicita una devolución, una declaración de prescripción dedeuda tributaria o la inscripción en el registro de imprentas.



Asimismo, el derecho al debido procedimiento administrativo se expresa enlo señalado en los literales d) y e) del artí culo 92º del Código Tributario, porlos cuales el contribuyente está en la posibilidad de interponer reclamo,apelación, demanda contencioso-administrativa y cualquier otro medioimpugnatorio; así como también, conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que sea parte.

Así también, en virtud del derecho al debido procedimiento, los contribuyentes pueden of recer y presentar –aunque de manera limitada- medios probatorios en las etapas de reclamación y apelación, deconf ormidad con lo señalado en e l artí culo 125º del Código Tributario.

En sentido contrario, trasgrede el derecho constitucional al debido procesola práctica por la que la Administración Tributaria notif ica un actoadministrativo sin cuidar escrupulosamente las f ormalidades legales previstas en el artí culo

104º del Código

Tribu

tario. Sobre el tema del derecho a obtener una resolución f undada en derecho,

como parte del derecho al debido proceso, puede citarse la RTF Nº 8727-5-2007, en la cual el Colegiado tributario señaló lo siguiente:

“Que de la apelada se aprecia que la Adminstración no expone los f undamentos que le permiten concluir que la prescripción respecto del Impuesto Pred ial del año 1997 no ha operado, por lo que no ha cumplido en este extremo con motivar la resolución impugnada, inf ringiendo en esteextremo con motivar la resolución impugnada, inf ringiendo lo dispuestopor los artí culos 3º y 6º de la Ley de Proced imiento Administrativo General y 103º y 129º del Cód igo Tributario”.

También respecto del derecho a obtener una resolución debidamente motivada puede citarse el artí culo 150º del Código Tributario, según el cual “E l Tribunal Fiscal no podrá pronunciarse sobre aspectos que,considerados en la reclamación, no hubieran sido ex ami nad os y resueltos en primera i nstanci a ; en tal caso declarará la nulidad e insubsistencia de laresolución, r e poni end o el proceso al estado que corr es ponda” .

1.3. Principio de impulso de oficio.-

“Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la rea- lizacióno práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de lascuestiones necesarias”.

Al respecto, son buenos e jemplos de la aplicación de este principio, el procedimiento de f iscalización, el procedimiento sancionador y el de cobranzacoactiva, ello en virtud del interés de la Administración Tributaria porampliar la base tributaria, verif icar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias e incrementar la recaudación.

Sin embargo, este principio de impulso de oficio también se trasluce en el

procedimiento contencioso – tributario. Así, por e jemplo, en el artí culo 145º del Código Tributario, el recurso de apelación deberá ser presentado



pediente al Tribunal Fiscal dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a

la presentación de la apelación.

De modo seme jante, existe la obligación de elevar de oficio ante el Tribunal

Fiscal las quejas interpuestas en las propias dependencias de la

Administra

ción Tributa

ria. 1.4. Principio de razonabilidad

“Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen

infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, debenadaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporciónentre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a loestrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.

Este principio va dirigido especialmente a modu la

r la

f a

culta

d sancionadora de las entidades estatales. En este sentido, un tema dediscusión en relación al mismo versa respecto del artí culo 165º del CódigoTributario, según el cual las inf racciones se determinan de manera objetiva ypor lo cual la Administración sancionará al inf ractor de una obligación f ormal aun cuando el importe de la sanción no guarde razonabilidad con los hechos imputados.

Un e jemplo típico de ello corresponde a aquellos casos en los que los contribuyentes del “antiguo” rus no se acogieron debidamente al nuevorus en el ejercicio 2004, por lo que f ueron considerados por la

Administra

ción como contribuyentes de l régimen genera

l de l Impuesto a la Renta y por ende sancionados con multas por no presentar la Declaración Jurada Anual del ejercicio 2004 en importes muy superiores asus ingresos brutos anuales. Este tratamiento ef ectuado por la Administración resulta coherente con el principio de objetividadconten ido en el artí culo 165º del Código Tributario, pero no guarda relación con el principio de razonabilidad previsto en la Ley Nº 27444.

1.5. Principio de imparcialidad

“Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre losadministrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento,resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general”.

1.6. Principio de inf ormalismo

“Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión ydecisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos eintereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanadosdentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el

interés público”.

ante el órgano que dictó la resolución apelada el cual, debe elevar (deoficio) el ex-



En virtud de este principio, por e jemplo, la Administración Tributaria notif icará alreclamante para que subsane las omisiones que pudieran existir cuando el recurso de reclamación no cumpla con los requisitos para su admisión atrámite, ello de conf ormidad con el artí culo 140º del Código Tributario. En el mismo sentido, puede mencionarse el artí culo 146º respecto del recurso deapelación.

1.7. Principio de presunción de veracidad

“En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley,responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba encontrario”.

Al respecto, cabe recordar que, como regla, en el Ordenamiento tributarionacional la determinación de la obligación tributaria es realizada por el propio contribuyente, cuando presenta la respectiva declaración jurada antela Administración Tributaria. En este sentido, la Administración ejercebásicamente un control posterior, a través del procedimiento def iscalización. Por lo mismo, el legislador tributario ha otorgado el carácter dedeclaración jurada al contenido de las declaraciones tributarias, ello deconf ormidad con el artí culo 88º del Código Tributario.

Otra manif estación del principio bajo comentario se ref iere al hecho que,como regla, según el Texto Único de Procedimientos Administrativos deSUNAT, los contribuyentes no están obligados a presentar copia certif icada

de los documentos, pues se presume la verosimilitud de los mismos, ello sin perjuicio de la f acultad de comprobación por parte de la Administración.

1.8. Principio de conducta procedimental

“La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general,todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedi- mentales guiadospor el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimientoadministrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buenafe procesal”.

El principio de conducta procedimental se materializa en el deber que tieneel contribuyente de colaborar con la Administración Tributaria, ello deconf ormidad con los numerales 5), 6) y 9) del artí culo 87º del CódigoTributario.

Lo antes señalado concuerda con el artí culo 56º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, según el cual los administrados tienen los siguientes deberes generales:

“1. Abstenerse de f ormular pretensiones o articulaciones ilegales, de

decla

ra

r hechos contrarios a la

verdad o no conf irma

dos como si f uera

n f ehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o decualquier otro modo af ectar el principio de conducta proced imental



II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3. Proporcionar a la autoridad cualquier inf ormación dirigida a identif icara otros administrados no comparecientes con interés legí timo en el proced imiento.

4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra

inf orma

ción que se ampare en la

presunción de vera

cida

d”. Ahora bien, nótese que el principio de conducta procedimental no sólo esexigible al contribuyente, sino también, a la Administración Tributaria. En estecontexto se entiende lo señalado en el literal a) del artí culo 92º del CódigoTributa- rio, según el cual los administrados tienen el derecho a ser tratadoscon respeto y consideración por el personal al servicio de la AdministraciónTributaria.

1.9. Principio de celeridad

“Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se doteal trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten sudesenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiemporazonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento ovulnere el ordenamiento”.

En virtud de este principio, el Código ha establecido plazos para que la Ad-ministración Tributaria desarrolle o resuelve los diversos procedimientos asu cargo.

Así por e jemplo, según el numeral 1) del artí culo 62º - A del Código Tributario,

el procedimiento de f iscalización definitiva que lleve a cabo la AdministraciónTributaria debe ef ectuarse en un plazo de un (1) año, computado a partirde la f echa en que el deudor tributario entregue la totalidad de la inf ormación y/o documentación que f uera solicitada por la AdministraciónTributaria, en el primer requerimiento notif icado en ejercicio de su f acultad de f iscalización.

Asimismo, como regla general, la Administración tributaria está obligada a

resolver el recurso de recla

ma

ción en el pla

zo de nueve meses, ello deconf ormidad con el artí culo 142º del mismo Código.

Por último, en aplicación del artí culo 150º del citado dispositivo, el Tribunal

Fiscal está obligado a resolver las apelaciones dentro del plazo de docemeses (12) meses contados a partir de la f echa de ingreso de los actuados al Tribunal.

No obstante lo anterior, es de público conocimiento que el Tribunal Fiscal noresuelve los expedientes bajo su competencia dentro del plazo legal establecido. Ello se graf ica mejor con los cuadros estadísticos publicados en el portal electrónico del Tribunal Fiscal.7

En el primer cuadro estadístico, se ref le ja la relación entre el número deexpe- dientes ingresados y el número de exped ientes sesionados durante el



Ingreso de Expedientes al Tribunal Fiscal

En el segundo cuadro estadístico se aprecia que el pasivo de exped ientes del Tribunal Fiscal bordeó los 28,500 expedientes al mes de diciembre del 2008, en una imparable tendencia ascendente.

Evolución del Pasivo

e jercicio mayo 2010 a abril 2011. Como salta a la vista, el Tribunal Fiscal concluyó dicho ejercicio fiscal con un ba lance manif iestamente negativo, al ser mayor el número de exped ientes que los sesionados.



1.10. Principio de eficacia

“Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de lafinalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en suvalidez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantíasdel procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegiesobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y suvalidez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación deeste principio”.

1.11. Principio de verdad material

“En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los

hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidasprobatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por losadministrados o hayan acordado eximirse de ellas”.

Este principio contenido en la Ley del Procedimiento Administrativo General

se evidencia, en primer término, en la Norma VIII del Tí tulo Preliminar del

Código Tributario, según el cual “ para determinar la verdadera naturaleza del

hecho imponible, la Su per i nt endenci a Nacional de Administración T r i butar i a -SUNAT- tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas

que e f ect i v ament e realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios” .

Es decir, la realidad económica prevalece sobre los documentos oacuerdos establecidos por las partes.

Así por e jemplo, la SUNAT se encuentra f acultada a re – calif icar contratosde locación de servicios y considerarlos como contratos de trabajo, con la

consiguiente implicancia tributaria (retenciones de quinta categoría,Essalud y Sistema Nacional de Pensiones).

Un tema que también es importante destacar es que, la f acultad contenida en la Norma VIII sólo ha sido asignada a la SUNAT y no a otraAdministración Tributaria (por e jemplo, Administraciones tributarias locales, SENATI, SENCI- CO, etc). Ahora, en mi opinión, esta f acultad otorgada a la SUNAT no impide la f acultad de revisión del Tribunal Fiscal y del PoderJudicial, ello en virtud del derecho al debido procedimiento administrativo.

Otro tema que puedo mencionar al comentar este principio se ref iere a la f a- cultad de re examen señalada en el artí culo 127º del Código Tributario,según la cual, el órgano encargado de resolver está f acultado para hacerun nuevo examen completo de los aspectos del asunto controvertido,hayan sido o no p lanteados por los interesados, llevando a ef ecto cuando seapertinente nuevas comprobaciones. Es más, en virtud de dicha f acultad, el órgano encargado de resolver puede modif icar los reparos impugnados, para incrementar sus montos o para disminuirlos.8

8 Nótese que la facultad de reexamen se limita a los reparos impugnados. La norma en cuestión utiliza la expresión “sólo”.



III

Por último, puede acotarse la RTF Nº 2073-3-2003, por la cual el Tribunal

Fiscal, advertido que el cruce de inf ormación realizado por la AdministraciónTributaria presentaba irregularidades sustanciales con varios proveedores,y “atendiendo al principio de verdad material, corresponde que el entef iscal vuelva a ef ectuar los cruces correspondientes, corrigiendo los errores

en que ha incurrido; debiendo verif icar adecuadamente la f ehaciencia delas operaciones, acudiendo para tal ef ecto a todas las demáscomprobaciones que sean pertinentes”.

1.12. Principio de participación

“Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados paraacceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectanla intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente seanexcluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de

sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediantecualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y lapresentación de opinión”.

Como regla general, el artí culo 131º del Código tributario señala que,tratándose de proced imientos contenciosos y no contenciosos, los deudores tributarios tendrán acceso a los expedientes en los que sonparte, con excepción de aquella inf ormación de terceros que seencuentra comprend ida en la reserva tributaria. Sin embargo, a reglón seguido, la misma norma precisa que, tratándose de procedimientos de

verif icación o f iscalización, el acceso al expediente está cond icionado aque el expediente se encuentre culminado, lo cual podría interpretarsecomo una transgresión del principio de participación.

Por otro lado, considero importante mencionar el Decreto Supremo

N°001- 2009-JUS, según el cual las entidades públicas deben publicar los proyectosde normas de su competencia en el Diario Of icial el Peruano, en susportales electrónicos o mediante cualquier medio en un plazo no menor 30días antes de la entrada en vigencia.9

1.13. Principio de simplicidad

“Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendoeliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán serracionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir”.

9 En cumplimiento de esta disposición, por ejemplo, la SUNAT ha publicado Proyecto de Resolución de Superintendencia que estableceel Sistema de Embargo por Medios Telemáticos ante los grandes compradores y el Proyecto de Resolución de Superintendencia que

modifica la Resolución de Superintendencia N° 014-2008/SUNAT que regula la notificación de actos administrativos por medio

electrónico. Para mejor ilustración, puede revisarse la siguiente dirección electrónica:



II

III

1.14. Principio de uniformidad

“La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares,garantizando que las excepciones a los principios generales no serán con- vertidos en la reglageneral. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente

sustentados”.

Este principio tiene como f inalidad que no presenten f allos contradictoriosante hechos similares.

Por ello se explica que, de conf ormidad con el artí culo 154º del Código Tribu-tario, “de presentarse nuevos casos o resoluciones con f allos contradictorios entre sí, el Presidente del Tribunal deberá someter a debateen Sala Plena para decidir el criterio que deba prevalecer, constituyendo ésteprecedente de observancia obligatoria en las posteriores resoluciones

emitidas por el Tribunal”. Así también, según el numeral 2 del artí culo 170º del mismo textonormativo, no procede la aplicación de intereses y sanciones cuando, la Administración Tributaria haya tenido duplicidad de criterio en la aplicación de la norma y sólo respecto de los hechos producidos, mientras el criterioanterior estuvo vigente.

1.15. Principio de predictibilidad

“La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes

información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, eladministrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado finalque se obtendrá”.

Este principio se encuentra vinculado con la publicación periódica del TextoÚnico de Procedimientos Administrativos de la SUNAT, el mismo que contienelos requisitos, plazos para resolver y el f uncionario competente de absolverlos procedimientos no contenciosos.

1.16. Principio de privilegio de controles posteriores

“La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de lafiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar laveracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva yaplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz”.

El principio de privilegio de controles posteriores es el correlato del principio depresunción de veracidad. En ef ecto, según el último párraf o del artí culo 88º del Código Tributario, se presume sin admitir prueba en contrario, que toda

declaración tributaria es jurada, no obstante lo cual, la misma puede ser ob jeto def iscalización posterior por parte de la Administración, ello de conf ormidad con el artí culo 61º del mismo Código Tributario.



2. Derechos de los administrados

Por otro lado, no está demás tener en cuenta que, de acuerdo con el artí culo 74º de la Constitución, el Estado, al ejercer su potestad tributaria, se

encuentra obligado a respetar los derechos f undamentales de la persona. Ello quiere decir que el Derecho Tributario debe conjugarsenecesariamente con los artí culos 2º y 3º de la Constitución, ref eridos a los derechos f undamentales que reconoce nuestra Constitución, peroademás, este poder tributario debe interpretarse necesariamente a la luzde los Tratados y Convenios sobre Derechos Humanos reconocidos por el Perú, ello en aplicación de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución.

Dicho lo anterior, también resulta importante destacar que el artí culo 92ºdel Código Tributario reconoce un conjunto de derechos a f avor de los

administrados, los cuales se hacen extensivos a los procedimientos administrativos realizados ante la Administración. Para ef ectos del temabajo análisis, puedo destacar los siguientes derechos reconocidos:

Inciso d):

“Interponer reclamo, apelación, demanda contencioso-administrativa ycual- quier otro medio impugnatorio (…).” Esto es una manif estación del derecho al debido proceso.

Inciso e):

“Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que sea parteasí como la identidad de las autoridades de la Administración Tributariaencar- gadas de éstos y bajo cuya responsabilidad se tramiten aquéllos.” Lo antes señalado es una manif estación del principio de participación.

Inciso f):

“Solicitar la ampliación de lo resuelto por el Tribunal Fiscal.”

Inciso k):

“Solicitar copia de las declaraciones o comunicaciones por él presentadas a

la Administración Tributaria.”

Inciso l):

“No proporcionar los documentos ya presentados y que se encuentran enpoder de la Administración Tributaria”.10

Inciso m):

ar con el asesoramiento particular que consideren necesario, cuando se le requiera su comparecencia, así como a que se le haga entrega de la copia

del acta respectiva, luego de f inalizado el acto y a su sola solicitud verbal oescrita”.11



En este mismo sentido, el artí culo 55º de la Ley del Procedimiento Administra-tivo General reconoce un conjunto de derechos a f avor de los administrados, los cuales paso a enunciar:

1. La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguroso ordende ingreso.

2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones deigualdad con los demás administrados.

3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la informacióncontenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y aobtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga supedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley.

4. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre susactividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones,organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, procedimientos y carac-terísticas.

5. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser

previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en elcurso de tal actuación.

6. Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los serviciospúblicos, asegurando su eficiencia y oportunidad.

7. Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y exigirlo así a lasautoridades.

8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones.

9. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuyaresponsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés.

10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menosgravosa posible.

11. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar lasdecisiones y actuaciones de las entidades.

12. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando asícorresponda legalmente.

3. Respeto a los derechos f undamentales de los contribuyentes:

Según el artí culo 74º de la Constitución, en el ejercicio de la potestadtributaria el Estado debe respetar los derechos f undamentales.

A su vez, dicho dispositivo constitucional se vincula con la Cuarta DisposiciónFinal de la Constitución, según la cual, “las normas relativas a los derechos y a

la

s liberta

des que la

Constitución reconoce se interpreta

n de conf ormida

d con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados yacuerdos internacionales sobre las mismas materias ratif icados por el Perú”.

Por lo mismo, considero que la potestad tributaria y el Derecho Tributarioen general no son compartimientos estancos, sino que están limitados por los pactos y convenciones ref eridos a los derechos humanos.

Sobre este punto de respeto a los derechos f undamentales de los contribuyentes, el Tribunal Fiscal no ha sido ajeno. Así por e jemplo, puedecitarse la RTF Nº 397-2-2009, por la cual el Tribunal Fiscal declaró f undada la Queja respecto de un Requerimiento de inf ormación efectuado por la

Administración respecto de los parientes del quejoso que no dependíaneconómicamente del que joso, por cuanto ello implicaría una af ectación al derecho a la intimidad.



4. Informes, Oficios y Cartas de SUNAT

INFORME N° 008-2013-SUNAT/4B0000

En relación con los montos pendientes de pago por concepto de los aportes al

Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) Cuenta de Terceros, la SUNAT está

facultada para proseguir con las acciones de cobranza coactiva, resolución de

reclamos, recaudación de cuotas de fraccionamiento y la resolución de

solicitudes de prescripción, en virtud de lo dispuesto en el numeral 8.3 del

artículo 8° de la Ley N.° 26969, Ley de extinción de deudas de electrificación yde sustitución de la contribución al FONAVI por el Impuesto Extraordinario de

Solidaridad.

No obstante, al haber determinado el Tribunal Constitucional que la

Contribución al FONAVI Cuenta de Terceros no tiene naturaleza tributaria, no

corresponde que la SUNAT ejerza las facultades de administración antes

citadas, aplicando las normas del Código Tributario, sino que éstas deberán

ser ejercidas de acuerdo con lo previsto en el Texto Único Ordenado de la LeyNº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y en la Ley del

Procedimiento Administrativo General, respectivamente.


En el supuesto que se declare la nulidad del procedimiento de fiscalización y,

por ende, de las Resoluciones de Determinación y/o de Multa que se

derivaron de éste y que fueron materia de un procedimiento de reclamación,

no debe adicionarse a la deuda contenida en las nuevas Resoluciones de

Determinación y/o de Multa el Índice de Precios al Consumidor, a que se

refiere el artículo 33° del Código Tributario, generado durante el

procedimiento de reclamación antes referido.


Se pierde el derecho al crédito fiscal en caso la anotación de los



comprobantes de pago y documentos a que se refiere el inciso a) del artículo

19° de la Ley del IGV –en las hojas que correspondan al mes de emisión o del

pago del impuesto o a los 12 meses siguientes – se efectúe luego que la SUNAT

requiera al contribuyente la exhibición y/o presentación de su Registro deCompras, aun cuando dicho requerimiento no se encuentre dentro del marco

establecido por el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la

SUNAT, respecto del período del IGV señalado en tal requerimiento.

CARTA N° 078-2012-SUNAT/200000

En relación con el numeral 5 del artículo 33° de la Ley del IGV:

1. El Informe N.° 030-2012-SUNAT/4B0000 no descarta la posibilidad que

parte de los bienes sean usados o consumidos dentro del territorio nacional

pues, sobre la base que el destino de los bienes debe ser el exterior y en

virtud de la ficción legal que sustenta dicha norma, el uso o consumo ocurrido

en el territorio nacional se tendrá por producido fuera del país.

2. No ha efectuado distingo alguno en función a la calidad de domiciliado o nodel adquirente de los bienes, por lo que independientemente de tal calidad la

operación calificará como exportación, siempre que los bienes sean

destinados al uso o consumo en el exterior y sea el vendedor quien embarque

los bienes durante la permanencia de las naves o aeronaves en la zona

primaria aduanera. Adicionalmente, debe observarse el procedimiento que se

establezca mediante Resolución de Superintendencia de la SUNAT.

3. La SUNAT puede requerir la información necesaria para el adecuado control

que permita verificar que la exportación se lleve a cabo en los términos

dispuestos en la citada norma, de acuerdo con la facultad de fiscalización que

detenta en virtud al artículo 62° del Código Tributario.


En el Procedimiento de Cobranza Coactiva seguido por la SUNAT, las

limitaciones dispuestas en el numeral 6 del artículo 648° del TUO del Código



Procesal Civil resultan aplicables al embargo de la contraprestación que

percibe el personal contratado mediante la modalidad de contratación

administrativa de servicios.


Al amparo de lo dispuesto en el numeral 3 del inciso a) del artículo 119° del

TUO del Código Tributario, procede la suspensión del procedimiento de

cobranza coactiva de la Orden de Pago en los casos en que el contribuyente

hubiese interpuesto recurso de reclamación dentro del plazo de 20 días

hábiles de notificada la misma, aduciendo la existencia de circunstancias que

evidencian la improcedencia de la cobranza.






Capítulo II

Validez, nulidad y correctanotificación de los actos

tributarios



CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

Validez, nulidad y correcta notificación

de los actos tributarios

1. Validez del acto administrativo

De conformidad con el numeral 1.1. del artículo 1º de la Ley Nº 27444, Leydel Procedimiento Administrativo General, son actos administrativos, las de-

claraciones de las entidades que, en el marco de normas de derechopúblico, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses,obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situaciónconcreta.

Ahora, el artículo 3º de la citada norma establece los requisitos de validezque deben verificarse en todo acto administrativo:

Competencia.- “Ser emitido por el órgano f acultado en razón de la materia,territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión”.

Objeto o contenido.- “Los actos administrativos deben expresar su respectivoobjeto, de tal modo que pueda determinarse inequí vocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurí dico, debiendo ser lí cito, preciso, posible física y jurí dicamente, ycomprender las cuestiones surgidas de la motivación”.

Finalidad Pública.- “Adecuarse a las f inalidades de interés público asumidaspor las normas que otorgan las f acultades al órgano emisor, sin quepueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna f inalidad sea personal de la propia autoridad, a f avor de un tercero,u otra f inalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas

que indique los f ines de una f acultad no genera discrecionalidad”.

Motivación.- “El acto administrativo debe estar debidamente motivado enproporción al conten ido y conf orme al ordenamiento jurí dico”.

Procedimiento regular.- “Antes de su emisión, el acto debe ser conf ormadomediante el cumplimiento de l proced imiento administrativo previsto parasu generación”.

Por lo mismo, el incumplimiento de alguno de estos requisitos esenciales

del acto administrativo implicará la nulidad del mismo. Por eso se explica que,de acuerdo con el numeral 2 del artículo 10º de la misma Ley del

Procedimiento



I

Administrativo General, constituye vicio de nulidad del acto administrativo, eldefecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez.

2. Regulación de la nulidad según el Código Tributario:

Ahora, si bien el Código Tributario no regula los requisitos de validez del actoadministrativo, el artí culo 109º del mismo establece las causales de nulidad yanu- labilidad, de los causales e infiere a contrario sensu los requisitos devalidez.

El artículo 109º del Código Tributario distingue entre causales de nulidad ycausales de anulabilidad del acto administrativo tributario. Esta distinción noes ociosa, pues, en el primer caso, el acto administrativo no es pasible decon- validación o subsanación, mientras que en el segundo caso, la nulidadpuede ser subsanada por la Administración.

En este sentido, de acuerdo con el citado artículo 109º del Código Tributario,los actos de la Administración Tributaria son nulos en los siguientes casos:

a) Los dictados por órgano incompetente, en razón de la materia. Paraestos efectos, se entiende por órganos competentes a los señalados enel Título I del Libro II del Código Tributario.

b) Los dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legal

establecido. c) Los actos que sean contrarios a la ley o norma con rango

inferior.

d) Cuando por disposición administrativa se establezcan infracciones o se

apliquen sanciones no previstas en la ley.e) Los actos que resulten como consecuencia de la aprobación

automática o por silencio administrativo positivo, por los que seadquiere facultades o derechos, cuando son contrarios alordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos,documentación o trámites esenciales para su adquisición.

Asimismo, también según el mismo artículo 109º del Código Tributario, sonactos anulables:

a) Los dictados sin observar lo previsto en el Artículo 77º del Código Tribu-tario, ref erido a los requisitos f ormales que deben cumplir las resoluciones de determinación, de multa, y por remisión del artículo78º del mismo Código, las órdenes de pago.

b) Tratándose de dependencias o f uncionarios de la Administración Tributariasometidos a jerarquía, cuando el acto hubiere sido emitido sin respetarla referida jerarquía.

Ahora bien, en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal encontramos los siguientescasos recurrentes de nulidad de los actos administrativos tributarios:

a) Nulidad del concesorio, cuando la Administración Tributaria eleva unrecurso de apelación, sin que se hubiese cumplido lo dispuesto en los

artículos 146º o 152º del Código Tributario. b) Nulidad del concesorio, cuando la Administración le otorga el trámite de



I

c) Nulidad del concesorio, cuando en el Expediente no obra el original delrecurso de apelación (Acuerdo de Sala Plena Nº 2004-14).

d) Nulidad de la notificación del requerimiento y nulidad de la resoluciónapelada, cuando se apela la resolución que declaró la inadmisibilidad

de un recurso de reclamación y la notificación del requerimiento deadmisibilidad no ha sido diligenciado conforme a ley.

e) Nulidad de la resolución apelada, cuando la misma no expresa los fun-damentos de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.

f) Nulidad de la resolución apelada y del valor, cuando la Administraciónmodifica los fundamentos de los reparos en la etapa de reclamación.

g) Nulidad de la resolución ape lada y de la orden de pago, cuando semod if ican los f undamentos y la base legal que sustenta a la ordende pago.

Resulta importante advertir que el Código Tributario no ha previsto unrecurso o vía especial a efectos que los contribuyentes puedan invocar lanulidad de los actos administrativos, sino que, de conformidad con elartículo 110º del citado texto normativo, los deudores tributariosplantearán la nulidad de los actos mediante el Procedimiento ContenciosoTributario, con excepción de la nulidad del remate de bienes embargadosen el Procedimiento de Cobranza Coactiva, que será planteada en dichoprocedimiento.1

Ahora, según el citado artículo 110º también es posible que la nulidad delacto administrativo sea declarada de oficio por la Administración, en cualquierestado del procedimiento y en tanto que el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial

no hubiesen emitido una resolución definitiva. Sin perjuicio de ello, resultapertinente mencionar la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 815-1-2005, la cuales de observancia obligatoria, según la cual:

“la Administración Tributaria, al amparo del numeral 2 del artí culo 108º del

Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo Nº 816, mod if icadopor el Decreto Legislativo Nº 953, no tiene la f acultad de revocar, modif icar,sustituir o complementar sus actos cuando éstos se encuentrenimpugnados en la instancia de apelación, inclusive, tratándose de erroresmateriales, tales como los de redacción o cálculo”.

3. La notificación de los actos administrativos

Ahora, no basta con que el acto administrativo cumpla con los requisitosde validez, sino que, adicionalmente, el mismo debe ser notificado con lasformalidades previstas en la ley.

De hecho, la correcta notificación del acto administrativo es la piedra angu-lar del debido procedimiento administrativo, pues la misma

i

tirá que el contribuyente consigne por su propia cuenta la fecha derecepción, tome conocimiento cabal del documento notificado y ejerza demanera oportuna su derecho a la defensa. Al revés, la incorrecta notificaciónde un valor impedirá



que el contribuyente interponga el correspondiente recurso impugnatorio,o que, simplemente, no pueda efectuar el pago de la deuda puesta acobro.

En este sentido, el artículo 104º del Código Tributario regula las formas denotif icación previstas en el Código Tributario. Una lectura literal del encabezado del

mismo dispositivo genera la errónea impresión que el legislador ha permitidola utilización “indistinta” de “cualquiera” de las formas previstas en dichodispo- sitivo en todos las diligencias de notificación de cargo de laAdministración.

No obstante que la redacción del encabezado del artículo 104º delCódigo Tributario no es la más feliz, si revisamos con detenimiento laintegridad del citado artículo, concluiremos que cada una de las formas denotificación previstas en dicho dispositivo legal se aplicarán sólo si seconfigura el presupuesto previsto para su utilización. Así por ejemplo, nocabe que la Administración realice la notificación por publicación sipreviamente no define que se trata de un contribuyente no hallado o nohabido.

En este sentido, las f ormas de notif icación contenidas en el mencionado artí culo 104º del Código Tributario con su respectivo requisito “condicionante” son lassiguientes:

Forma de notificación

Condición para su empleo Requisitos

Acuse de recibo onegativa de

recepción

No sujeta a condición expresa El acuse de recibo deberá contener, como mínimo:

i. Apellidos y nombres, denominación o razón social del

deudor tributario.ii. Número de RUC del deudor tributario o número del

documento de identificación que corresponda.

iii. Número de documento que se notifica.

iv. Nombre de quien recibe y su firma, o la constanciade la negativa.

v. Fecha en que se realiza la notificación.

Esta notificación debe realizarse en el domiciliofiscal.

La notificación con certificación de la negativa a la recep- ciónse entiende realizada cuando el deudor tributario ocualquier persona mayor de edad y capaz que se encuentreen el domicilio fiscal del destinatario rechace la recepción del

documento que se pretende notificar o, recibiéndolo, seniegue a suscribir la constancia respectiva y/o noproporciona sus datos de identificación, sin que searelevante el motivo de rechazo alegado.

Medioselectrónicos

Según los requisitos, formas,condiciones, el procedimiento ysujetos obligados, previstos por laAdministración.

Constancia de la confirmación de entrega.

Constanciaadministrativa

Cuando por cualquier circuns-tancia el deudor tributario, surepresentante o apoderado, se

haga presente en las oficinas de laAdministración Tributaria.

No se indica requisito expreso.



Forma de notificación

Condición para su empleo Requisitos

Publicación enla página web

En los casos de extinción de ladeuda tributaria por ser consi-

derada de cobranza dudosa orecuperación onerosa.

Esta publicación deberá contener el nombre, denomina-ción o razón social de la persona notificada, el número

del RUC o el documento de identidad que corresponday la numeración del documento en el que consta el actoadministrativo. Empero, en defecto de dicha publicación web, la Ad-ministración Tributaria podrá optar por publicar dichadeuda en el Diario Oficial o en el diario de la localidadencargado de los avisos judiciales o, en su defecto, enuno de mayor circulación de dicha localidad.

Publicación enla página webo en el DiarioOficial, o, en eldiario de la loca-

lidad encargadode los avisos judiciales o ensu defecto, enuno de mayorcirculación dedicha localidad.

Cuando se tenga la condiciónde no hallado o no habido ocuando el domicilio del repre-sentante de un no domiciliadofuera desconocido.

Puede optarse por la notificación mediante acuse derecibo o mediante publicación. Esta publicación, en lopertinente, deberá contener el nombre, denominación orazón social de la persona notificada, el número de RUCo número del documento de identidad que corresponda,

la numeración del documento en el que consta el actoadministrativo, así como la mención a su naturaleza, eltipo de tributo o multa, el monto de éstos y el período oel hecho gravado; así como las menciones a otros actosa que se refiere la notificación.

Cuando la notificación no pueda ser realizada en eldomicilio fiscal del deudor tributario por cualquier motivoimputable a éste distinto a las situaciones antes indica-das (no habido, no hallado, o domicilio desconocido deun sujeto no domiciliado), podrá emplearse la forma denotificación de acuse de recibo; sin embargo, en el casoque se opte por la publicación, ésta deberá realizarseen la página web de la Administración y además en elDiario Oficial o en el diario de la localidad encargado de

los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de mayorcirculación de dicha localidad.

Notificación me-diante Cedulón

Cuando el domicilio fiscal seencuentre cerrado o no hubierapersona capaz en el domicilio.

El acuse de la notificación por Cedulón deberá contener, como mínimo: (i) Apellidos y nombres, denominación o razón social

del deudor tributario. (ii) Número de RUC del deudor tributario o número del

documento de identificación que corresponda. (iii) Número de documento que se notifica.(iv) Fecha en que se realiza la notificación. (v) Dirección del domicilio fiscal donde se realiza la

notificación. (vi) Número de Cedulón. (vii) El motivo por el cual se utiliza esta forma de noti-

ficación. (viii) La indicación expresa de que se ha procedido

a fijar el Cedulón en el domicilio fiscal, y que losdocumentos a notificar se han dejado en sobrecerrado, bajo la puerta, en el domicilio fiscal.

Notificación tácita

Cuando no habiéndose verifica-do notificación alguna o ésta sehubiere realizado sin cumplir conlos requisitos legales, la personaa quien ha debido notificarseuna actuación efectúa cualquier

acto o gestión que demuestre osuponga su conocimiento.

Se considerará como fecha de la notificación aquélla enque se practique el respectivo acto o gestión.

Caso típico: El contribuyente reclama una resolución de multa que le fue indebidamente notificada.



34

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

3.1 Acuse de recibo y negativa de recepción:

Del cuadro anterior se concluye que la regla general es la realización de ladiligencia de notificación en el domicilio fiscal, siendo que en dicho acto el en-cargado de la notif icación deberá recabar u obtener cualquiera de las

siguientes constancias, según corresponda: Acuse de recibo, constancia denegativa de recepción o notificación por cedulón.

En cuanto al acuse de recibo, en la Resolución Nº 2143-4-2004, el TribunalFiscal ha señalado que no resulta necesario que la notificación seentienda con el deudor tributario, pudiendo realizarse la misma con untercero capaz, siempre que la diligencia se produzca en el domicilio fiscal. Asu vez, en las RTF Nº 4865-4-2004, 7136-4-2002 y 2558-4-2003, el Tribunal exige que en el acuse de recibo se consigne el documento deidentidad del receptor del documento.

Respecto de la negativa de recepción, en la Resolución Nº 2773-4-2007, el

Tribunal Fiscal ha señalado que la misma debe contener los datos de identi-ficación del notificador que da cuenta de dicha negativa. También sobreeste punto, en la RTF Nº 3574-5-2007 el Colegiado ha señalado que nosurte efectos el Informe elaborado por el notificador con posterioridad a ladiligencia de notificación, en el que señala que hubo negativa de recepción.

A su vez, en ambos casos, se requiere que la notificación no contengaenmen- daduras en cuanto a la fecha de notificación o a los motivos de la noentrega, conforme se indica en la RTF Nº 2917-1-2007.

Por último, de conf ormidad con el criterio de observancia obligatoria contenido en la RTF Nº 10224-7-2008, es válida la notif icación de los actosadministrativos cuando en la constancia de la negativa a la recepción seconsigna adicionalmente que se fijó un cedulón en el domicilio fiscal.

3.2 Notificación mediante cedulón

En la RTF Nº 2555-5-2007 el Tribunal Fiscal ha indicado que en la constanciade notificación por cedulón debe indicarse el número de éste y que eldocumento a notificar se dejó debajo de la puerta en sobre cerrado.

A su vez, en la RTF Nº 7410-1-2004 el Tribunal Fiscal ha señalado que elCódigo Tributario no exige que se realice varias visitas al domicilio fiscal antes

de efectuar la notificación mediante cedulón. En el mismo sentido, según la RTF Nº 3701-3-2004 el hecho que el domiciliofiscal estuviese cerrado no amerita la notificación mediante publicación.

Cabe precisar que según el inciso a) del artículo 104º del Código Tributario, lanotificación realizada mediante el acuse de recibo, la negativa de recepción ycedulón se consideran válidamente ef ectuadas en tanto que el deudortributario no haya comunicado el cambio de domicilio fiscal, siendo ademásque, según la Décima

Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo Nº 981, subsistiráel domicilio fiscal de los sujetos dados de baja de inscripción en el RUC en

tanto la SUNAT deba, en cumplimiento de sus funciones, notificarle cualquieracto administrativo que hubiera emitido, siendo que en este caso la



36

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

Notificación se efectuará conforme a lo señalado en el artículo 104 delCódigo Tributario.

3.3. Notificación mediante publicación

Como se ha indicado, la regla general es la notificación en el domicilio fiscal.De hecho, la notificación se efectuará conforme a lo señalado en el artículo 104° del Código Tributario se limita a cuatro situaciones literalmente indicadasen dicho dispositivo:

• Contribuyentes nohabidos.

• Contribuyentes nohallados.

• Representantes de sujetos no domiciliados con domicilio

desconocido.

• Cualquier motivo imputable al deudor tributario distinto a los antesse- ñalados.

Por lo mismo, si la Administración pretende la notif icación mediante publica-ción deberá acreditar, como regla general, que se cumplió estrictamentecon las disposiciones del D.S. 041-2006-EF, esto es, que le notif icó conf orme aley tres veces un documento al contribuyente de manera inf ructuosa, incurriendo automáticamente éste en “no hallado”, y/o que no cumplió con subsanar su situación de “no hallado” a pesar de haber sido requerido,

incurriendo en “no ha

bido”.

3.4 Notificación tácita:

La notif icación tácita en materia tributaria se distingue de la ef ectuada enmateria procesal civil, por cuanto, en el primer caso se considera comofecha de notificación aquella en que se practique el acto o gestión, mientrasque en el segundo caso dicho acto o gestión sólo implica la convalidación dela noti- ficación mal efectuada, por lo que se toma la fecha de la primeradiferencia.

Así por ejemplo, si un contribuyente no es debidamente notificado con unrequerimiento en el que la Administración le otorga quince días hábilespara efectuar el pago de una deuda reclamada extemporáneamente y noobstante ello el contribuyente absuelve dicho requerimiento, entonces setomará como fecha de notificación del requerimiento la referida al escritode absolución, computándose desde dicha fecha los quince días hábilesdel requerimiento inicial.

En cambio, según las reglas previstas en el ámbito procesal civil, la sola abso-lución del requerimiento hubiese generado la convalidación de la notificacióndef ectuosa original, ello de conf ormidad con el artí culo 172º del Código Procesal

Civil.

CAP.II



CAP. I

CAP. II

3.5 Notificación a que se refiere la Ley Nº 26979:

La Cuarta Disposición Final de la Ley Nº 28165, Ley que modificó a la Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, dispone lo siguiente:

“Las notif icaciones de los actos a que se ref iere la presente Ley se realizarán

de conf ormidad con lo dispuesto en la Ley del Proced imiento AdministrativoGeneral, con las siguientes precisiones:

a) El domicilio válido del administrado será el registrado como contribuyenteante la entidad acreedora. En caso de no mantener con la entidaduna relación tributaria, será de aplicación lo previsto en el artí culo 21de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

b) En ningún caso se tendrá por válida la notif icación realizada de mododistinto a la notif icación personal, por correo certif icado, o a la publicaciónsubsidiaria.

c) La publicación subsidiaria también resultará procedente cuando, ex-clusivamente por motivos imputables al administrado, que deberán

ser demostrados por el Ejecutor Coactivo, devenga en inf ructuosa la notif i- cación personal, o aquella verif icada a través del correocertif icado”.

En este sentido, resultaba válido preguntarse si el mandato contenido enla Cuarta Disposición Final antes indicada se limita a las resolucionesemitidas dentro de los procedimientos de cobranza coactiva seguidos por lasMunicipa- lidades, o si dicho dispositivo se extiende a la notificación de losvalores que sustentan dicha cobranza coactiva municipal.

Al respecto, la RTF Nº 861-2-2001, la cual es de observancia obligatoria, ha

definido que en los procedimientos municipales, la notificación de los valoresdeberá realizarse siguiendo las reglas previstas en el Código Tributario, por loque, como corolario, la Cuarta Disposición Final de la Ley Nº 28165 limitarásus efectos a la notificación de las resoluciones coactivas municipales.

3.6 Cuestionamiento de la validez de la notificación:

Ahora bien, el cuestionamiento de la validez de la notif icación de un valorpuede realizarse en vía de queja, conforme lo ha señalado el Tribunal Fiscal enla RTF Nº 1380-1-2006, la cual es de observancia obligatoria. En este sentido,si un contribuyente considera que no ha sido debidamente notificado con

un acto administrativo, respecto del cual se ha iniciado su cobranzacoactiva, podrá interponer la respectiva Queja a fin que el Tribunal Fiscalverifique la legalidad de la notificación del valor a que se refiere la cobranza.

Asimismo, respecto de la indebida notificación de requerimientos emitidosen el desarrollo de los procedimientos de fiscalización, el contribuyentetambién tendrá la posibilidad de interponer la respectiva Queja, ello deconformidad con el artículo 11º del Reglamento del Procedimiento deFiscalización ante SUNAT.

Cabe precisar que el cuestionamiento de la notif icación del valor tambienpuede efectuarse mediante el procedimiento contecioso-tributario.



instituto p A cífico 33

CAP. IX

fiscAlizAción y procediMiento contencioso tribut Ario

Anexos

RTF N° 861-2-2001

EXPEDIENTE N° : 115-2001

INTERESADO : Queja

ASUNTO : Ilo

FECHA : Lima, 25 de julio del 2001

Vista la queja interpuesta por contra el Eje- cutory Auxiliar Coactivo de la Municipalidad Provincialde lio, por haber iniciado un Proce- dimiento deCobranza Coactiva en violación de lo dispuestopor la Ley de Procedimiento de EjecuciónCoactiva.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto por elartículo 155° del Texto Único Ordenado delCódigo Tributario aprobado por el DecretoSupremo N° 135-99-EF, el recurso de queja sepresenta cuando existan actuaciones oprocedimientos que afecten directamente oinfrinjan lo establecido en dicho Código;

Que el artículo 38° de la Ley de Procedimien- tode Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, disponeque el obligado podrá interponer recurso dequeja ante el Tribunal Fiscal contra lasactuaciones o procedimientos del Ejecutor oAuxiliar que lo afecten directamente e infrinjanel Procedimiento de Cobranza Coactiva paraobligaciones tributarias de los Gobier- nosLocales, teniendo el Tribunal Fiscal la facultad deordenar la suspensión del procedimiento o lasuspensión de una o más medidas cautelares;

Que en primer lugar, el quejoso cuestiona el

acto de notificación de la Orden de Pago NQ1161-2000 y la Resolución de Determi- naciónN2 1175-2000 y señala que, en todo caso, no lecorresponde pagar la deuda contenida endichos valores ya que está inafec- to al pago delImpuesto Predial y Arbitrios Municipales envirtud de lo establecido en la PrimeraDisposición Complementaria, Tran- sitoria y Finalde la Ley N° 27046, que otor- gó el beneficio deinafectación a los bienes inscritos a nombre dela COFOPRI, hasta la formalización de latransferencia de propiedad a terceros;

Que no procede que este Tribunal se pro- nuncieen la vía de la queja respecto a la validez de lanotificación de los valores ni la condición dedeudor tributario del quejoso, toda vez que estavía está reservada para encauzar elprocedimiento, y no para dilucidar el fondo dela contienda, en tal sentido, de acuerdo con lodispuesto por el artículo103° del Texto Único Ordenado de la Ley deNormas Generales de Procedimientos Admi-nistrativos, aprobado por el Decreto Supremo Na002-94-JUS, procede otorgar el trámite dereclamación contra la Orden de Pago N°1161-2000 y la Resolución de Determinación N81175-2000, a este extremo del recurso dequeja, considerando como fecha de inter-posición del mismo, la de presentación en laMesa de Partes de este Tribunal, debiendo laAdministración verificar el cumplimiento de losrequisitos de admisibilidad;

Que asimismo, el quejoso manifiesta que elEjecutor y Auxiliar Coactivos de la Muni-cipalidad Provincial de lio han incurrido enirregularidades en el Procedimiento de Co-branza Coactiva iniciado en su contra, entre ellas,no haber notificado conforme a ley la Resoluciónde Ejecución Coactiva N- 3093-2000-EC-MPI;

Que sobre el particular cabe indicar que deacuerdo con lo dispuesto por los incisos a) y d)del numeral 25.1 del artículo 25c de la Ley deProcedimiento de Ejecución Coacti- va, se

considera deuda exigible y por tanto susceptiblede ser cobrada coactivamente, a la establecidamediante resolución de deter- minación oresolución de multa, emitida por la entidadconforme a ley, debidamente notificada y noreclamada en el plazo de ley, así como a la queconste en una orden de pago emitida conforme aley;

Que asimismo, el artículo 299 de la citada Leyseñala que el Procedimiento de “y i Co- branzaCoactiva es iniciado por el Ejecutor mediante la

notificación al obligado de la Resolución deEjecución Coactiva, la que



34

fisc A liz A ción y procediMiento contencioso tribut A rio

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

contiene un mandato de cumplimiento de laobligación exigible coactivamente, dentro delplazo de 7 días hábiles de notificado, bajoapercibimiento de dictarse alguna medidacautelar;

Que con relación a la notificación, el artículo1049 del Código Tributario establece que lanotificación de los actos administrativos serealizará indistintamente, por cualquiera delos medios señalados en dicho artículo, entreellos, por correo certificado o por mensajero, enel domicilio fiscal, con acuse de recibo o concertificación de la negativa a la recep- ción,indicándose en este último caso, queadicionalmente se podrá fijar la notificación en lapuerta principal del domicilio fiscal, en-tendiéndose éste como el lugar fijado dentro del

territorio nacional para todo efecto tributario, elcual se considera subsistente mientras su cambiono sea comunicado a la Adminis- traciónTributaria en la forma establecida por ésta, queasimismo, establece que si no hubiera personacapaz alguna en el domicilio o éste estuvieracerrado, se fijará la notificación en la puertaprincipal del domicilio fiscal;

Que por su parte, la Sexta Disposición Com-plementaria y Transitoria de la Ley de Pro-cedimiento de Ejecución Coactiva establece quela notificación de los actos administrativos de

las entidades de la Administración PúblicaNacional, a que se refieren los Ca- pítulos II y IIIde la Ley, se realizará: a) Por notificaciónpersonal con acuse de recibo en el domicilio delobligado o por correo certificado, b) Mediantela publicación, por dos veces consecutivas, en elDiario Oficial y en el diario de la localidadencargado de los avisos judiciales o, en sudefecto, en uno de mayor circulación en dichalocalidad, cuando el domicilio del obligadofuera desconocido, y c) Por carteles, cuando nofuera posible efectuar la notificación de

acuerdo a lo señalado en los incisos anteriores;

Que corresponde determinar si la Sexta Dis-posición Complementaria y Transitoria de la Leyde Procedimiento de Cobranza Coacti- va esaplicable a la notificación de todos los actos delas entidades de la Administración Pública, estoes tanto a la notificación de los valores como a lanotificación de las resoluciones dictadas en elProcedimiento de Co- branza Coactiva, o si sóloes aplicable a la notificación de las resolucionesdictadas en el Procedimiento de Cobranza

Coactiva;

Que al respecto, es preciso hacer referencia alobjeto de la Ley de Procedimiento de Eje- cuciónCoactiva, el cual según el artículo 1° de la misma,es establecer el marco legal de los actos deejecución coactiva que ejercen las entidades dela Administración Pública Nacional, y constituir elmarco legal que garantice a los obligados eldesarrollo de un debido procedimiento coactivo;

Que asimismo, la propia Sexta DisposiciónComplementaria y Transitoria de la Ley deProcedimiento de Ejecución Coactiva res- tringesu ámbito de aplicación al señalar que regula lanotificación de los actos administrativos a quese refieren los Capítulos II y III de la Ley, loscuales están referidos a los Procedimientos deCobranza Coactiva de Obligaciones no Tributaríasy Obligaciones Tributarias de los Gobiernos

Locales;Que en tal sentido, los actos derivados delProcedimiento de Cobranza Coactiva, como es elcaso de la resolución que da inicio al referidoprocedimiento, deben ser notificados conformecon lo dispuesto por la Sexta Dis- posiciónComplementaria y Transitoria de la Ley deProcedimiento de Ejecución Coacti- va, al seresta disposición aplicable exclusivamente a losactos administrativos que se lleven a cabo dentrodel propio Procedimien- to de CobranzaCoactiva, y la notificación de los demás actos,

tales como las resoluciones de determinación omulta, órdenes de pago, resoluciones queresuelven recursos impugnativos o solicitudesno contenciosas, resoluciones del TribunalFiscal, o la resolución que declara la pérdida delfraccionamiento, debe realizarse conforme conlo establecido por el artículo 104° del CódigoTributario;

Que de acuerdo con lo expuesto, la notifica- ciónde la Resolución de Ejecución Coacti- va N83093-2000-EC-MPI, debía efectuarse conforme

con lo dispuesto por la Sexta Dis- posiciónComplementaria y Transitoria de la Ley deProcedimiento de Ejecución Coacti- va, en cuyoinciso a) se prevé la notificación personal conacuse de recibo en el domicilio del obligado o porcorreo certificado;

Que si bien dicha disposición no precisa si la“notificación personal” con acuse de recibo enel domicilio del obligado o por correo certificadodebe ser realizada al mismo obligado o, en sudefecto, a la persona que se encuentre en eldomicilio del primero, es preciso indicar que

conforme con lo dispuesto

34 cApítulo ii - vAlidez, nulidAd y correctA notificAción de losActos tributArios





CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

por la Segunda Disposición Final de la Ley deProcedimiento de Ejecución Coactiva, esaplicable supletoriamente el Texto ÚnicoOrdenado de la Ley de Normas Generales deProcedimientos Administrativos, en lo queresulte pertinente;

Que el artículo 83° del Texto Único Ordenado dela Ley de Normas Generales de Procedi- mientosAdministrativos, señala que cuando el obligadono se encuentre en su domicilio al momento deefectuarse la notificación, ésta podrá entendersecon la persona que esté en ese momento endicho domicilio, dejándose constancia de sunombre y de su relación con el notificado;

Que al constituir el domicilio del obligado el lugarque se encuentra bajo su esfera de control, en elcual desarrolla sus actividades y/o se encuentran

sus relaciones vitales, existen razones objetivaspara considerar que éste tomará conocimientodel acto notificado, logrando con ello que elmismo sea eficaz con prescindencia de lavoluntad del administrado, por lo que la“notificación personal” a que se refiere laindicada Sexta Disposición Com- plementaria yTransitoria, debe entenderse no solamente conel obligado sino también con la persona que seencuentre en el domicilio del primero, siempreque se cumplan las formalidades señaladas;

Que en el caso de autos, la Resolución deEjecución Coactiva N° 3093-2000-EC- ‘^MPI fuenotificada en el domicilio del quejoso a unapersona que manifestó ser el cuidador delinmueble, por lo que en este extremo tampocose ha infringido lo dispuesto por la Ley deProcedimiento de Ejecución Coacti- va,procediendo declarar infundada la queja en esteextremo;

Que el criterio expuesto en la presente re-solución respecto a la aplicación y alcances de laSexta Disposición Complementaria y Transitoria

de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactivamodifica el establecido en las Resoluciones delTribunal Fiscal NQs.366-5-2000 y 998-5-2000 del 23 de mayo y el30 de noviembre del 2000, en tal sentido, deconformidad con lo dispuesto en el segun- dopárrafo del artículo 154s del Código Tri- butario,procede que la presente resolución constituya jurisprudencia de observancia obligatoria;

Que en cuanto a lo alegado por el quejosorespecto a que la respuesta a la solicitud de

suspensión del Procedimiento de CobranzaCoactiva fue notificado vencido el plazo de8 días hábiles a que se refiere el numeral31.6. del artículo 310 de la Ley de Procedi-miento de Ejecución Coactiva, cabe indicar quedicho numeral establece que el Ejecutor deberápronunciarse expresamente sobre la solicitud desuspensión del Procedimiento de CobranzaCoactiva dentro de un plazo de 8 días hábilessiguientes a su presentación, y vencido dichoplazo sin que medie pronunciamiento expreso,el Ejecutor estará obligado a suspender elprocedimiento cuando el obligado acredite elsilencio administrativo con el cargo derecepción de su solicitud, sin embargo, en elcaso de autos, si bien se emitió la ResoluciónCoactiva N° 3510-2000- EC-MPI 4 días despuésde haber vencido el plazo antes mencionado, noconsta en el expediente que el quejoso hayaacreditado el silencio administrativo ante laAdministración con el cargo de recepción de susolicitud con anterioridad a la notificación de laindicada resolución, por lo que carece defundamento que el quejoso alegue que operó elsilencio administrativo a su favor;

Que asimismo, respecto a lo manifestado por elquejoso en el sentido que no se cumplió conelevar al superior jerárquico la apelaciónformulada contra la Resolución Coactiva Na

3510-2000-EC-MPI que declaró improcedente lasolicitud de suspensión del Procedi- miento deCobranza Coactiva, es preciso se- ñalar quenuestra legislación no ha previsto la posibilidadde impugnar dicha resolución y, en todo caso,de existir alguna irregularidad en la tramitacióndel Procedimiento de Cobranza Coactiva, elquejoso tenía expedita la vía de la queja, talcomo ha sucedido en el caso de autos;

De acuerdo al Dictamen de la vocal EspinozaBassino, cuyos fundamentos se reproduce;

Con las vocales Zelaya Vidal, Espinoza Bas- sino yAyasta Seclén.

RESUELVE:

1. DAR TRÁMITE de reclamación contra laOrden de Pago N° 1161-2000 y la Reso-lución de Determinación Ns 1175-2000, alrecurso de queja en el extremo referido ala notificación de dichos valores y a lainafectación del Impuesto Predial yArbitrios Municipales, considerándose comofecha de interposición del mismo

CAP.II



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dr. Jorge Arév A lo Mogollón

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

el 12 de enero del 2001, debiendo laAdministración verificar los requisitos deadmisibilidad establecidos por el artícu- lo137a del Código Tributario, y declararINFUNDADA la queja en lo demás quecontiene.

2. Declarar de acuerdo con el artículo 154° delTexto Único Ordenado del Código Tri- butarioaprobado por el Decreto Supremo Ns 135-99-EF, que la presente resolución constituyeprecedente de observancia obligatoria,disponiéndose su publicación en el DiarioOficial “El Peruano” en cuan- to establece lossiguientes criterios:

“Los actos administrativos a que se refiere elarticulo 25° de la Ley de Procedimiento deEjecución Coactiva respecto a la deuda tributaria

exigible (resoluciones de determi- nación o multa,órdenes de pago, resolución debidamentenotificada y no apelada en el plazo de ley,Resolución del Tribunal Fiscal, resolución quedeclara la pérdida del beneficio de fraccionamiento), deben ser notifica- dosconforme a lo establecido en el articulo 104” del Texto Único Ordenado del Código Tributario.”

“La “notificación personal” a que se refiere elinciso a) de la Sexta Disposición Comple-mentaria y Transitoria de la Ley N°26979, podráentenderse realizada no sólo con el obligado sinotambién con la persona capaz que se encuentreen el domicilio del obligado, dejándoseconstancia de su nombre y de su relación con elnotificado, en observancia del artículo 83” delTexto Único Ordenado de la Ley de NormasGenerales de Procedi- mientos Administrativos -Decreto Supremo N° 002-94-JUS, de aplicaciónsupletoria.”

Regístrese, comuníquese y remítase a laMunicipalidad Provincial de Ilo, para sus efectos.


DICTAMEN : Vocal Espinoza Bassino

INTERESADO : Queja

ASUNTO : Ilo

FECHA : Lima, 25 de julio de 2001

Interpone recurso de queja contra el Ejecutor yAuxiliar Coactivo de la Municipalidad Pro- vincialde Ilo, por haberle Iniciado el Proce- dimiento deCobranza Coactiva, violando el debido proceso y

su derecho de defensa.

Argumentos del Quejoso

La Administración ha iniciado el procedimientode cobranza coactiva sin haber cumplido cornotificar la Orden de Pago N°1161-2000, la Resolución de Determinación N°

1175-2000 sobre Impuesto Predial y Arbi- triosde los años 1995 a 1999 y Seg. Vecinal de 1999,así como la Resolución de Ejecu- ción Coactiva N°3093-2000-EC-MPI, sobre Impuesto Predial yArbitrios de los años 1995 a 1999 y Seg. Vecinalde 1999, transgredien- do lo establecido por laSexta Disposición Complementaria y Transitoriade la Ley de Procedimiento de EjecuciónCoactiva, Ley N° 26979, violando su derecho dedefensa.

Señala que la norma en mención establece que lanotificación de los actos administrativos de lasentidades de la Administración Pública Nacional,a que se refieren los Ca- pítulos II y III de la Leyde Proced,miento de Ejecución Coactiva, seefectuará por notifi- cación personal con acusede recibo en el domicilio del obligado o porcorreo certificado; sin embargo, laAdministración Tributaria no le ha notificado loscitados valores ni la Resolución de EjecuciónCoactiva.

Por otra parte, la Administración notificó larespuesta a su solicitud de suspensión delProcedimiento de Cobranza Coactiva, la mismaque fuera declarada improcedente, vencido elplazo de 8 días hábiles que establece la Ley deProcedimiento de Ejecución Coactiva, habiendotransgredido lo dispuesto en el numeral 16.4. delartículo 16° de la citada Ley.

Dicho numeral establece que el ejecutor deberápronunciarse sobre la solicitud de suspensión delProcedimiento de Cobranza Coactiva dentro delos 8 días hábiles siguientes a la solicitud,vencidos los cuales sin que medie

pronunciamiento expreso, el ejecutor estaráobligado a suspender el procedimien- to cuandoel obligado acredite el silencio ad- ministrativocon el cargo de recepción de su solicitud.

Indica que con fecha 29 de noviembre del2000 interpuso apelación contra la Resolu- ciónCoactiva N° 3510-2000-EC-MPI, que resuelve susolicitud de suspensión, recurso que debió serelevado al superior jerárquico, sin embargo, fuedeclarada improcedente por el EjecutorCoactivo.






CAP. IX

Finalmente, señala que la Administración no hatomado en cuenta lo dispuesto por la Pri- meraDisposición Complementaria, Transitoria y Final dela Ley N° 27046 que establece que se encuentraninafectos al Impuesto Predial, a los ArbitriosMunicipales, y en general, a cualquier tributomunicipal que se cree, los bienes inscritos comopropiedad de la COFOPRI, mientras no seanadjudicados a terceros; y, que en su caso, recién se leha otorgado el título de propiedad, debidamenteinscrito en el Regis- tro Predial Urbano, el 16 demarzo del 2000.

Análisis

De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo155° del Texto Único Ordenado del CódigoTributario aprobado por el Decreto Supremo Ns

135-99-EF, el recurso de queja se presentacuando existan actuaciones o procedimientosque afecten directamente o infrinjan loestablecido en dicho Código.

Asimismo, el artículo 38º de la Ley de Pro-cedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N926979, dispone que el obligado podrá inter-poner recurso de queja ante el Tribunal Fis- calcontra las actuaciones o procedimientos delEjecutor o Auxiliar que lo afecten directamentee infrinjan el Procedimiento de Co- branzaCoactiva para obligaciones tributarias de los

Gobiernos Locales, teniendo el Tribunal Fiscal lafacultad de ordenar la suspensión delprocedimiento o la suspensión de una o másmedidas cautelares.

En primer lugar, el quejoso cuestiona el acto denotificación de la Orden de Pago NQ1161-2000 y la Resolución de Determinación N°1175-2000 y señala que, en todo caso, no lecorresponde pagar la deuda contenida en dichosvalores ya que en virtud de lo establecido en laPrimera Disposición Complementaria, Transitoria yFinal de la Ley Complementaria de Promoción del

Acceso a la Propiedad Formal, Ley NB 27046, estáinafecto al pago del Im- puesto Predial, de losArbitrios Municipales y en general de cualquierotro tributo municipal que se cree, por los bienesinscritos a nombre de la COFOPRI, hasta laformalización de la transferencia de propiedad aterceros;

Al respecto cabe indicar que no procede que esteTribunal se pronuncie en la vía de la queja sobrela validez de la notificación de los valores ni lacondición de deudor tributario del quejoso, yaque esta vía está reservada para encauzar el

procedimiento, y no para dilucidar el fondo de lacontienda. En tal

sentido, de acuerdo con lo dispuesto por elartículo 103° del Texto Único Ordenado de la Leyde Normas Generales de Procedimien- tosAdministrativos, aprobado por el DecretoSupremo N9 002-94-JUS, procede otorgar eltrámite de reclamación contra la Orden de PagoN9 1161-2000 y la Resolución de De- terminaciónNa 1175-2000, a este extremo del recurso dequeja, considerando como fecha deinterposición del mismo, la de presen- tación enla Mesa de Partes de este Tribunal, debiendo laAdministración verificar los requisitos deadmisibilidad a trámite previstos en el artículo137s del Código Tributario.

Asimismo, el quejoso manifiesta que el Eje- cutory Auxiliar Coactivos de la Municipalidad Provincialde lio han incurrido en irregularidades en elProcedimiento de Cobranza Coacti- va iniciado ensu contra, entre ellas, no haber notificadoconforme a ley la Resolución de EjecuciónCoactiva N9 3093-2000-EC-MPI.

Sobre el particular cabe indicar que de acuerdocon lo dispuesto por los incisos a) y d) delnumeral 25.1 del artículo 259 de la Ley deProcedimiento de Ejecución Coacti- va, seconsidera deuda exigible y por tanto susceptiblede ser cobrada coactivamente, a la establecidamediante resolución de deter- minación oresolución de multa, emitida por la entidad

conforme a ley, debidamente notificada y noreclamada en el plazo de ley, así como a la queconste en una orden de pago emitida conforme aley.

Por su parte, el artículo 292 de la citada Leyseñala que el Procedimiento de CobranzaCoactiva es iniciado por el Ejecutor mediante lanotificación al obligado de la Resolución deEjecución Coactiva, la que contiene un mandatode cumplimiento de la obligación exigiblecoactivamente, dentro del plazo de 7 días hábilesde notificado, bajo apercibimien- to de dictarse

alguna medida cautelar.Con relación a la notificación, el inciso a) delartículo 104° del Código Tributario establece quela notificación de los actos de la Admi- nistraciónTributaria se realizará por correo certificado opor mensajero, en el domicilio fiscal, con acusede recibo o con certificación de la negativa a larecepción, indicándose en este último caso, queadicionalmente se podrá fijar la notificación en lapuerta principal del citado domicilio fiscal,entendiéndose éste como el lugar fijado dentro

del territorio nacional para todo efectotributario, el cual se considera subsistentemientras su cambio



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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

no sea comunicado a la Administración Tri-butaria en la forma establecida por ésta. Asi-mismo, establece que si no hubiera personacapaz alguna en el domicilio o éste estuvieracerrado, se fijará la notificación en la puertaprincipal del domicilio fiscal.

Por su parte, la Sexta Disposición Comple-mentaria y Transitoria de la Ley de Procedi-miento de Ejecución Coactiva establece que lanotificación de los actos administrativos de lasentidades de la Administración TributariaNacional, entre ellos los Gobiernos Locales, a quese refieren los Capítulos II y III de esa ley, serealiza: a) Por notificación personal con acuse derecibo en el domicilio del obligado o por correocertificado, b) Mediante la publica- ción, por dosveces consecutivas, en el Diario Oficial y en el

diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de mayorcirculación en dicha localidad, cuando eldomicilio del obligado fuera desconocido y c)Por carteles, cuando no fuera posible efectuar lanotificación de acuerdo a lo señalado en losIncisos anteriores.

Corresponde determinar si la Sexta Dispo- siciónComplementaria y Transitoria de la Ley deProcedimiento de Cobranza Coacti- va esaplicable a la notificación de todos los actos delas entidades de la Administración Pública, esto

es tanto a la notificación de los valores como a lanotificación de las resoluciones dictadas en elProcedimiento de Co- branza Coactiva, o si sóloes aplicable a la notificación de las resolucionesdictadas en el Procedimiento de CobranzaCoactiva;

Al respecto, es preciso hacer referencia al objetode la Ley de Procedimiento de Ejecu- ciónCoactiva, el cual según el artículo 1S de la misma,es establecer el marco legal de los actos deejecución coactiva que ejercen las entidades de

la Administración Pública Na- cional en virtud delas facultades otorgadas por las leyes de susmaterias específicas, y constituir el marco legalque garantice a los obligados el desarrollo de undebido procedimiento coactivo.

Asimismo, la propia Sexta Disposición Com-plementaria y Transitoria de la Ley de Pro-cedimiento de Ejecución Coactiva restringe suámbito de aplicación al señalar que regula lanotificación de los actos administrativos a quese refieren los Capítulos II y III de la Ley, loscuales están referidos justamente a los

Procedimientos de Cobranza Coactiva de

Obligaciones no Tributarias y ObligacionesTributarias de los Gobiernos Locales.

En tal sentido, los actos derivados del Proce-dimiento de Cobranza Coactiva, como es el casode la resolución que da inicio al referido

procedimiento, deben ser notificados conformecon lo dispuesto por la Sexta DisposiciónComplementaria y Transitoria de la Ley deProcedimiento de Ejecución Coactiva, al ser estadisposición aplicable exclusivamente a losactos administrativos que se lleven a cabodentro del propio Procedimiento de CobranzaCoactiva, y la notificación de los demás actos,tales como las resoluciones de determinación omulta, órdenes de pago, resoluciones queresuelven recursos impugnativos o solicitudesno contenciosas, resoluciones del TribunalFiscal, o la resolución que declara la pérdida delfraccionamiento, debe realizarse conforme conlo establecido por el artículo 104° del CódigoTributario;

De acuerdo con lo expuesto, la notificación de laResolución de Ejecución Coactiva N° 3093-2000-EC-MPI debía efectuarse conforme con lodispuesto por la Sexta Disposi- ciónComplementaria y Transitoria de la Ley deProcedimiento de Ejecución Coactiva, en cuyoinciso a) se prevé la notificación personal conacuse de recibo en el domicilio del obligado o por

correo certificado.Si bien dicha disposición no precisa si la “no-tificación personal” con acuse de recibo en eldomicilio del obligado o por correo certificadodebe ser realizada al mismo obligado o, en sudefecto, a la persona que se encuentre en eldomicilio del primero, es preciso indicar queconforme con lo dispuesto por la SegundaDisposición Final de la Ley de Procedimiento deEjecución Coactiva, es aplicable en formasupletoria el Texto Único Ordenado de la Ley deNormas Generales de ProcedimientosAdministrativos, en lo que resulte pertinente.

El artículo 83° del Texto Único Ordenado dela Ley de Normas Generales de Proce- dimientosAdministrativos aprobada por el DecretoSupremo N9 002-94-JUS, señala que cuando elobligado no se encuentre en su domicilio almomento de efectuarse la no- tificación, éstapodrá entenderse con la persona que esté enese momento en dicho domicilio, dejándoseconstancia de su nombre y de su relación con elnotificado.

Al constituir el domicilio del obligado el lugar quese encuentra bajo su esfera de control, en elcual desarrolla sus actividades y/o se






CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

encuentran sus relaciones vitales, existenrazones objetivas para considerar que éstetomará conocimiento del acto notificado,logrando con ello que el mismo sea eficaz conprescindencia de la voluntad del administrado.De este modo, se evita condicionar la eficacia dela notificación al hecho que la Administraciónencuentre al obligado en su domicilio, lo que, enocasiones resulta una exigencia difícil de cumplirpara aquélla, aun cuando pueda utilizar el mediosupletorio establecido en el inciso c) de la SextaDisposi- ción Complementaria y Transitoria de laLey de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

En tal sentido, la “notificación personal” aque se refiere la indicada Sexta DisposiciónComplementaria y Transitoria, debe enten- derseno solamente con el obligado sino también con

la persona que se encuentre en el domicilio delprimero, siempre que se cumplan lasformalidades arriba señaladas.

En el caso de autos, consta a fojas 61 el acuse derecibo de la notificación de la Re- solución deEjecución Coactiva N° 3093-2000-EC-MPI, en el cual se indica que dicharesolución fue notificada en el domicilio delquejoso a una persona con el nombre de VíctorRodríguez Benavente, quien manifes- tó ser elcuidador del inmueble, por lo que en esteextremo tampoco se ha infringido lo dispuesto

por la Ley de Procedimiento de EjecuciónCoactiva, procediendo declarar infundada laqueja en este extremo.

El criterio expuesto en la presente resoluciónrespecto a la aplicación y alcances de la Sex- taDisposición Complementaria y Transitoria de laLey de Procedimiento de Ejecución Coactivamodifica el establecido en las Re- soluciones delTribunal Fiscal NQs. 366-5-2000 y 998-5-2000 del 23 de mayo y el 30 denoviembre del 2000; en tal sentido, de

conformidad con lo dispuesto por el segundopárrafo del artículo 1549 del Código Tributario,procede que el presente criterio constituya ju-risprudencia de observancia obligatoria para losórganos de la Administración Tributaria.

En cuanto a lo alegado por el quejoso en elsentido que la respuesta a la solicitud desuspensión del Procedimiento de CobranzaCoactiva fue notificada vencido el plazo de8 días hábiles a que se refiere el numeral31.6. del artículo 31° de la Ley de Procedi-miento de Ejecución Coactiva, cabe indicar

que dicho numeral establece que el Ejecutor

deberá pronunciarse expresamente sobre lasolicitud de suspensión del Procedimiento deCobranza Coactiva dentro de un plazo de 8 díashábiles siguientes a su presentación. Vencidodicho plazo sin que medie pronunciamientoexpreso, el Ejecutor estará obligado asuspender el procedimiento cuando el obligadoacredite el silencio administrativo con el cargo derecepción de su solicitud.

Sin embargo, en el caso de autos, si bien seemitió la Resolución Coactiva N° 3510-2000- EC-MPI 4 días después de haber vencido el plazoantes mencionado, tal como lo afirman laAdministración y el quejoso a fojas 1 y 32,respectivamente, no consta en el expedien- teque el quejoso haya acreditado el silencioadministrativo ante la Administración con el

cargo de recepción de su solicitud con an-terioridad a la notificación de la indicada re-solución.

Efectivamente, la suspensión del procedi- mientoopera cuando habiendo vencido el plazo y nomediando pronunciamiento ‘ alguno por partede la Administración, el recurrente alega elsilencio administrativo a su favor, tal como loseñala el numeral 31.6. del artículo 31° de la Leyde Procedimiento de Ejecución Coactiva.

De acuerdo a lo expuesto, la Administración

Tributaria habría cumplido con notificar laResolución de Ejecución Coactiva N° 3093-2000-EC-MPI conforme a ley, por lo que care- cede fundamento que el quejoso alegue que operóel silencio administrativo a su favor.

Por otra parte, el quejoso señala que la Ad-ministración no cumplió con elevar al superior jerárquico la apelación formulada contra laResolución Coactiva N9 3510-2000-EC- MPI quedeclaró improcedente la solicitud de suspensióndel Procedimiento de Cobranza Coactiva, y en vezde ello, resolvió a pesar de haber señalado que la

Oficina de Ejecución Coactiva no teníacompetencia para resolver medios impugnativosde ninguna clase.

Al respecto, es preciso señalar que nuestralegislación no ha previsto la posibilidad de im-pugnar dicha resolución y, en todo caso, deexistir alguna irregularidad en la tramitación delProcedimiento de Cobranza Coactiva, el quejosotenía expedita la vía de la queja, tal como hasucedido en el caso de autos.

De la revisión de las causales de suspensión

contempladas en la Ley de Procedimiento de

CAP.II



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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

Ejecución Coactiva se ha podido constatar que elEjecutor Coactivo no ha incumplido con dichascausales, por lo que no procede declarar fundadala queja en este extremo.

Conclusión

Por lo expuesto, soy de opinión que este Tri-bunal acuerde:

1. DAR TRÁMITE de reclamación contra laOrden de Pago Na 1161-2000 y la Reso-lución de Determinación N° 1175-2000, alrecurso de queja en el extremo referido a lanotificación de dichos valores y a lainafectación del Impuesto Predial y de losArbitrios Municipales, considerándose comofecha de interposición del mismo el12 de enero del 2001, debiendo la Admi-

nistración verificar los requisitos de admi-sibilidad establecidos por el artículo 137° delCódigo Tributario, y declarar INFUN- DADA laqueja en lo demás que contiene.

2. Declarar de acuerdo con el artículo 1545 delTexto Único Ordenado del Código Tri- butarioaprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, que la presente resolución constituyeprecedente de observancia

obligatoria, disponiéndose su publicación en elDiario Oficial “El Peruano” en cuantoestablece los siguientes criterios:

“Los actos administrativos a que se refiere elartículo 25° de la Ley de Procedimiento de

Ejecución Coactiva respecto a la deuda tribu- tariaexigible (resoluciones de determinación o multa,órdenes de pago, resolución debidamentenotificada y no apelada en el plazo de ley,resolución del Tribunal Fiscal, resolución quedeclara la pérdida del beneficio de frac-cionamiento), deben ser notificados conforme a loestablecido en el articulo 104° del Texto ÚnicoOrdenado del Código Tributario.”

“La “notificación personal” a que se refiere elinciso a) de la Sexta Disposición Comple-

mentaría y Transitoria de la Ley N° 26979, podráentenderse realizada no sólo con el obligado sinotambién con la persona capaz que se encuentreen el domicilio del obligado, dejándoseconstancia de su nombre y de su relación con elnotificado, en observancia del artículo 830 delTexto Único Ordenado de la Ley de NormasGenerales de Procedi- mientos Administrativos -Decreto Supremo N° 002-94-JUS, de aplicaciónsupletoria.”

RTF N° 07136-4-2002


INTERESADO : ASUNTO

: Queja

PROCEDENCIA : Cieneguilla

FECHA : Lima, 11 de diciembre de2002

VISTA la queja formulada por........................contra la Municipalidad Distrital de Ciene- guilla,y su Ejecutor y Auxiliar Coactivos, por haberiniciado el procedimiento de cobranzacoactiva de la Orden de Pago N° 011-PCT\2000\OR\MDC y las Resoluciones deDeterminación N°s 01-00LP/PCT y 03-00LP/ PCTsin haber notificado previamente dichos valores.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 155° delTexto Unico Ordenado del Código Tributa- rio,aprobado mediante Decreto Supremo N°

135-99-EF, el recurso de queja se presentacuando existan actuaciones o procedimientosque afecten directamente o infrinjan loestablecido en dicho cuerpo legal;

Que la quejosa señala que no le han sido no-tificadas la Orden de Pago N° 011-PCT\2000\OR\MDC y las Resoluciones de Determi- nación

N°s 01-00LP/PCT y 03-00LP/PCT que originanla cobranza coactiva materia de autos, a pesarque la Sexta Disposición Transitoria de la Ley N°26979 dispone que la notificación debe serpersonal;

Que asimismo, indica que han existido irre-gularidades en la tasación del inmueble que fueobjeto de embargo, al haber sido realizada porperitos de la CONATA y no por peritos adscritos ala Corte Superior de Lima;

Que agrega que el Ejecutor Coactivo no es

competente y usurpa funciones que no lecorresponden, precisando también que el 8 defebrero de 1999 suscribió un convenio de






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fraccionamiento por el Impuesto Predial de losaños 1994 a 1998, objeto de cobranza, sin que ala fecha se le haya notificado reso- lución algunaque declare la pérdida de dicho beneficio, portanto, dichas obligaciones no constituyen deudaexigible;

Que finalmente, sostiene que si bien reco- nocela existencia de la obligación, no está de acuerdocon la liquidación efectuada por laAdministración, y que ésta ha emitido una ordende pago por concepto del Impuesto Predial de1994 a 1999 incluyendo conceptos como multay subvaluación, por lo que correspondía que seemitiera una resolución de determinación;

Que de la revisión del escrito presentado por laquejosa (fs. 67-72), se observa que éste calificacomo una reclamación contra la Or- den de Pago

N° 011-PCT\2000\OR\MDC y las Resoluciones deDeterminación N°s 01-00LP/PCT y 03-00LP/PCT, en el extremo quecuestiona la determinación de la obliga- cióntributaria a su cargo, lo que no puede ser objetode pronunciamiento en la vía de la queja;

Que en consecuencia, de conformidad con elartículo 213° de la Ley del ProcedimientoAdministrativo General, aprobada por Ley N°27444, procede que en ese extremo, que laAdministración le dé a la presente queja, el

trámite de reclamación contra la Orden de PagoN° 011-PCT\2000\OR\MDC y las Re- solucionesde Determinación ITs 01-00LP/ PCT y 03-00LP/PCT, debiendo verificar los requisitos deadmisibilidad, considerando como fecha deinterposición el 10 de octubre de 2002, fechaen que fue presentada a Mesa de Partes de esteTribunal;

Que con relación a la notificación de los va- loresmateria de cobranza, conforme se des- prendede la verificación de la constancia de notificaciónde los valores materia de autos, denominada

Cargo de Recepción Múltiple (fs.96), todos los casilleros referidos a los datos de larecepción de la notificación se encuentran enblanco, no conteniendo la identifica- ción,documento de identidad y relación con elobligado de la persona que supuestamen- terecibió la notificación, ni la certificación, entodo caso, de la negativa a la recepción,encontrándose solo la firma, nombre y docu-mento de identidad del notificador, por lo que deconformidad con el artículo 104° del Texto UnicoOrdenado del Código Tributario, apro-

bado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, dichodocumento no ofrece certeza acerca de larealización de la diligencia;

Que no obstante ello, toda vez que el con-tribuyente con fecha 10 de octubre de 2002

presentó el escrito materia de autos al quedenominó queja, gestión con la cual demos- tróestar en conocimiento de la existencia de losvalores, en el presente caso habría operado lanotificación tácita de conformidad con loestablecido en el último párrafo del aludidoartículo 104° del Código Tributario, proce-diendo considerar que la notificación se pro-dujo en dicha fecha;

Que asimismo, es necesario indicar que de larevisión de la Orden de Pago N° 011-PCT\2000\OR\MDC emitida por concepto del

Impuesto Predial de los ejercicios 1994 a 1999,se aprecia que en dicho valor se in- cluyenconceptos tales como “multa” y “sub- valuación”

en la determinación del Impuesto de losejercicios 1994, 1995 y 1996, obser- vándoseademás que existen dos columnas denominadas“tributo declarado” y “tributo verificado”, de las

que se desprende que los montos girados por laAdministración no co- inciden con los declaradospor la recurrente, máxime si en los ejercicios1997 a 1999 se aprecia que en la columna detributo declarado figura “0.00”;

Que en consecuencia, la aludida orden de pagono encuadra dentro de los supuestosestablecidos por los numerales 1 y 3 del ar- tículo78” del Texto Unico Ordenado del Có- digoTributario, aprobado por Decreto Supre- mo N°135-99-EF, los únicos por los que los GobiernosLocales están facultados a emitir Ordenes dePago de conformidad con el ar- tículo 25.2° de laLey de Procedimiento de Ejecución Coactiva, porlo que en realidad dicho documento tiene lanaturaleza de una Resolución de Determinaciónde conformidad con el artículo 77° del referidoCódigo Tributario;

Que en tal sentido, procede remitir el expe-diente a la Administración para que tomeconocimiento del recurso interpuesto y, dadoque el escrito de impugnación presentado por larecurrente fue interpuesto dentro de los plazosde ley, procede dejar sin efecto el procedimientode cobranza coactiva al no tener la deuda lanaturaleza de exigible;

Que a título ilustrativo, cabe precisar que laSexta Disposición Complementaria y Transi-



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CAP. IX

CAP. I

CAP. II

toria de la Ley de Procedimiento de Ejecu- ciónCoactiva, aprobada por Ley N° 26979, quedisponía que la notificación de los actosadministrativos se realizaba por notificaciónpersonal, fue derogada el 10 de octubre de2001 por la Ley del Procedimiento Adminis-trativo General, aprobada por Ley N° 27444;

Que con relación al alegato de la recurrente en elsentido que la tasación no ha sido efectuada porperitos que se encuentren adscritos a la CorteSuperior de Lima, sino por peritos de laCONATA, debe señalarse también a títuloilustrativo, que de conformidad con el artículo21° de la Ley de Procedimiento de EjecuciónCoactiva, aprobada por Ley N°26979, la tasación y remate de los bienesembargados, se efectuará de acuerdo a las

normas que para el caso establece el CódigoProcesal Civil;

Que por su parte, el Código Procesal Civil en suartículo 728° -Subcapítulo 2° del Capítulo V deEjecución Forzada- señala que el auto queordena la tasación contiene el nombra- mientode dos peritos y el plazo dentro del cualpresentarán su dictamen, precisándose en elartículo 268° que el Consejo Ejecutivo de cadaDistrito Judicial formula anualmente la lista delos especialistas que podrán ser nombradosperitos en un proceso, tomando como base la

propuesta alcanzada porcada colegioprofesional;

Que en consecuencia, a efecto de proceder a ladesignación de los peritos el Ejecutor Coactivodeberá regirse por las citadas disposiciones, lasque se ven complementadas por lo dispuesto porel artículo 1.07 del Re- glamento Nacional deTasaciones del Perú (CONATA), aprobado porResolución Mi- nisterial N° 469-99-MTC/15.04 -cuyo uso es obligatorio en los casos en que setrate de practicar una valuación en la que el

Estado interviene en alguna medida y para laejecu- ción de tasaciones reglamentarias quesean solicitadas por particulares- en el sentidoque se denomina perito tasador al profesional co-legiado que en razón de sus estudios supe- rioresy a su experiencia, está debidamente capacitadopara efectuar la valuación de un bien;

Que con relación a la competencia del ejecutorcoactivo y la aludida usurpación de funciones,debe indicarse que el artículo 7° de

la Ley de Procedimiento de Ejecución Coac- tivadispone que la designación del Ejecutor como ladel Auxiliar Coactivo se efectuará medianteconcurso público de méritos, pre- cisándose en elúltimo párrafo de la Sétima DisposiciónComplementaría y Transitoria de la citada Leyque se exceptúa del trámite de convocar aconcurso público a las entidades de laAdministración Pública que hayan designado asus ejecutores y auxiliares mediante concurso,siempre y cuando los desig- nados reúnan losdemás requisitos prescritos en dicha Ley;

Que finalmente, en relación con lo alegado porla quejosa en el sentido que no le ha sidonotificada una resolución que declare lapérdida del Convenio de Fraccionamien- tocelebrado con la Administración, si bien la

Administración en el Oficio N° 015-2002-EC-MDC (fs. 98) indica que la recurrente ha in-cumplido el convenio de fraccionamiento ce-lebrado, únicamente adjunta copia fedateada delpropio convenio, mas no de la resolución que, dehaber sido emitida, dispuso la pér- dida de dichobeneficio, por lo que procede que ésta emita uninforme respecto a la si- tuación del aludidoconvenio, a efecto de lo cual deberá remitir aeste Tribunal copia de los actuados;

Con los vocales Flores Talavera, Lozano Byrne yMárquez Pacheco, e interviniendo como ponente

el vocal Lozano Byrne.

RESUELVE:

1. DECLARAR FUNDADA la queja debien-do dejar sin efecto la cobranza coactiva;

2. DISPONER que la Administración emita uninforme respecto al estado en que seencuentra el Convenio de Fracciona- mientocelebrado con la quejosa.

3. REMITIR los actuados a la Administra- ción,

para que dé trámite de reclamación al escritopresentado por la quejosa, en el extremo quecuestiona la determinación de la obligacióntributaría contenida en la Orden de Pago N°011-PCT\2000\OR\ MDC y las Resolucionesde Determina- ción N°s 01-00LP/PCT y 03-00LP/PCT.

Regístrese, comuníquese y remítase a laMunicipalidad Distrital de Cieneguilla, para susefectos.






RTF N° 07410-1-2004


INTERESADO :

ASUNTO : Impuesto Extraordinariode SolidaridadPROCEDENCIA : Cajamarca

FECHA : Lima, 28 de setiembre de2004

Vista la apelación interpuesta por..................................... contra la Resolución de Ofici- naZonal Nº 1660150000012/S UN AT emitida confecha 31 de mayo del 2004, modificada porResolución de Oficina Zonal Ns1660210000001/SUNAT del 18 de junio de

2004, por la Oficina Zonal Cajamarca de laSuperintendencia Nacional de Administra- ciónTributaria, que declara inadmisible la apelacióncontra la Resolución de Oficina Zo- nal N-1660140000019/SUNAT que a su vez declaraimprocedente la reclamación contra las Órdenesde Pago Nas 163-01-0020936 a163-01-0020938 emitidas por Impuesto Ex-traordinario de Solidaridad, aportaciones alSistema Nacional de Pensiones del Decreto LeyN° 19990 y al Seguro Social de Salud de enero de2003, así como la Orden de Pago Ns 163-01-

0021555 emitida por aportaciones al SistemaNacional de Pensiones del Decre- to Ley N° 19990de febrero de 2003;

CONSIDERANDO:

Que la recurrente señala que la deuda con-tenida en el valor impugnado fue declarada ycancelada en su oportunidad al Sistema Privadode Pensiones, debido a que sus trabajadores,durante el periodo de acotación, se encontrabanafiliados a éste;

Que alega que al tener su domicilio fiscal la

puerta cerrada el notificador tenía la obliga- ciónde tocarla, y que las Actas de Notifica- ción NBs018-2003/SUNAT-2L1004 y 0022-2003/SUNAT-2L1004 contienen errores talescomo el de la Constancia Na 000068, corres-pondiente a la Resolución de Oficina Zonal Nº1660140000019/SUNAT, que no solo omiteconsignar la descripción del inmueble sino queha sido llenada el 9 de noviembre de 2003, estoes, con anterioridad a las noti- ficacionesrealizadas el 5, 6 y 9 de diciembre del mismo año;

Que la Administración sostiene que de-claró la inadmisibilidad de la apelación

contra la Resolución de Oficina Zonal Nº1660140000019/SUNAT, notificada el 26 de junio de 2002, por cuanto la recurrente nocumplió con acreditar el pago de la deuda tri-butaria apelada extemporáneamente, ni conpresentar la constancia de habilitación delabogado que autoriza el recurso vigente a lainterposición de la apelación, pese al reque-rimiento cursado con tal fin;

Que añade que las Órdenes de Pago Nºs163-01-0020936 a 163-01-0020938 fue- ronrevocadas, circunscribiéndose la referidaapelación a la Orden de Pago Nº 163-01-0021555;

Que de conformidad con lo dispuesto por elpenúltimo párrafo del artículo 146° del Có- digoTributario cuyo Texto Único Ordenado ha sidoaprobado por el Decreto Supremo Na 135-99-EF y modificado por el artículo71° del Decreto Legislativo Na 953, la ape- laciónde la resolución ante el Tribunal Fiscal deberáformularse dentro de los quince (15) días hábilessiguientes a aquél en que se efectuó sunotificación, mediante un escrito fundamentadoy autorizado por letrado en los lugares dondela defensa fuera cautiva, el cual deberá contener

el nombre del abogado que lo autoriza, su firma ynúmero de registro hábil, agregando elpenúltimo párrafo que la apelación será admitidaa trámite vencido el plazo de quince (15) díashábiles, siempre que se acredite el pago de latotalidad de la deuda tributaria apeladaactualizada hasta la fecha de pago, y se formuledentro del tér- mino de seis (6) meses contados apartir del día siguiente a aquél en que se efectuóla notificación certificada;

Que según el artículo referido la Adminis- tración

Tributaria notificará al apelante para que dentrodel término de quince (15) días hábiles subsanelas omisiones que pudieran existir cuando elrecurso de apelación no cumpla con losrequisitos para su admisión a trámite y quevencido dicho término sin la subsanacióncorrespondiente, se declarará inadmisible laapelación;

Que el artículo 103° del código mencionadoseñala que la notificación de los actos de laadministración se considera válida cuando serealice en el domicilio fiscal del deudor

tributario;



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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

Que conforme a lo dispuesto por el inciso a) delartículo 104° del citado código, la notifica- ción delos actos administrativos se realizará, por correocertificado o por mensajero, en el domiciliofiscal, con acuse de recibo o con certificación dela negativa a la recepción, asimismo, si nohubiera persona capaz alguna en el mismo oéste estuviera cerrado, se fijará la notificación enla puerta principal del domicilio fiscal;

Que del Acta de Notificación Nº 022-2003/SUNAT-2L1004 obrante a folios 85 de autos, seadvierte que la Resolución de Oficina Zo- nal Nº1660140000019/SUNAT fue notificada a larecurrente conforme a lo establecido por elinciso a) del artículo 104° antes glosado,verificándose que la diligencia fue realizada el 11de diciembre de 2003;

Que la Constancia de Notificación Nº 00068,obrante a folios 84, es un documento ela- boradocon la finalidad de acreditar que se habíaacudido al domicilio fiscal de la recurrente conanterioridad a la diligencia del 11 de diciembrede 2003;

Que sin embargo, las normas citadas del Có- digoTributario, no exigen que se haga varias visitas aldomicilio fiscal del administrado antes deefectuar la diligencia de notifica- ción porcedulón, bastando que se encuentre cerrado, por

lo que resulta irrelevante para la validez delActa de Notificación Nº 022-2003/SUNAT-2L1004, el error incurrido en laConstancia de Notificación Nº 00068 sobre lafecha de su emisión;

Que lo mismo ocurre en cuanto a lo alegado porla recurrente referido a que la Constancia deNotificación Nº 000068, omite consignar ladescripción del inmueble, debiendo seña- larseademás que la misma no es obligatoria, sinoque quede constancia indubitable de que se ha

efectuado la fijación en la puerta del domiciliodel notificado, no existiendo

norma legal alguna que exija el nivel de deta-lle exigido por aquélla;

Que asimismo, no existe norma legal alguna queobligue a que los testigos de las notifica- cionessean distintos en cada una;

Que en consecuencia, al haberse interpuesto laapelación contra la Resolución de Oficina ZonalNº 1660140000019/SUNAT en fecha 7 de abril de2004, ésta deviene en extempo- ránea, nohabiendo la recurrente acreditado el pago de ladeuda tributaria, no obstante haber sidorequerida para ello mediante Re- querimientoNº 1660550000079, por lo que lainadmisibilidad declarada se encuentra arregladaa ley;

Que ello no obstante que de acuerdo con laResolución del Tribunal Fiscal Nº 6074-1-2004 del 20 de agosto de 2004, no es exigible laconstancia de habilitación del letrado parainterponer recursos impugnativos, toda vez quela recurrente no ha cumplido con uno de losrequisitos de la apelación, como es hacer el pagoprevio en el caso de haberla presentadoextemporáneamente;

Que finalmente no procede emitir pronuncia-

miento sobre los argumentos presentados por elrecurrente sobre el fondo del asunto, dado quela materia del grado es la inadmisibilidad de laapelación interpuesta en forma extemporánea;

Con los vocales Cogorno Prestinoni, Casali- noMannarelli e interviniendo como ponente elvocal Lozano Byrne;

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución de Oficina Zonal Nº

1660150000012/SUNAT de fecha 31 de mayo de2004, modificada por Resolución de OficinaZonal Nº 1660210000001/SUNAT del 18 de juniode 2004.






CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

RTF N° 03701-3-2004


INTERESADO :

ASUNTO : Impuesto General a lasVentas

PROCEDENCIA : Lima

FECHA : Lima, 28 de mayo de 2004

VISTA la apelación interpuesta por contra laResolución de Intendencia N° 026-014-0000737 del 28 de octubre de 2003, emitida porla Intendencia Regional Lima de la Su-perintendencia Nacional de AdministraciónTributaria, que declara inadmisible la recla-mación interpuesta contra la Orden de Pago N°

023-01-0357015, girada por Impuesto General alas Ventas correspondiente al mes de agosto2002.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 140° delTexto Único Ordenado del Código Tributarioaprobado por Decreto Supremo N° 135-99- EF,cuando el recurso de reclamación no cumpla conlos requisitos para su admisión a trámite,corresponde a la Administración notificar alreclamante para que dentro del plazo de 15días hábiles subsane las omisiones que pudieranexistir;

Que el artículo 103° del citado código, disponeque la notificación de los actos de laAdministración se considera válida cuando serealice en el domicilio fiscal del deudor tri-butario, mientras éste no haya comunicado sucambio;

Que asimismo, el artículo 104° del mencionadocuerpo legal dispone que la notificación de dichosactos se realizará indistintamente por cualquiera

de los medios que señala;

Que el literal a) de dicho artículo, estableceque la notificación se podrá efectuar por correocertificado o por mensajero, en el domiciliofiscal, con acuse de recibo o con certificación dela negativa a la recepción, precisando que eneste último caso, adicionalmente, se podrá fijarla notificación en la puerta principal del domiciliofiscal;

Que por su parte, el literal e) del mismo ar- tículoseñala que cuando la notificación no pueda ser

realizada en el domicilio fiscal y cuando porcualquier otro motivo imputable

al deudor tributario no pueda efectuarse lanotificación en alguna de las formas señala- daspor el mismo artículo, esta podrá hacer- semediante la publicación en el diario oficial y en eldiario de la localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de mayorcirculación en dicha localidad;

Que mediante el Requerimiento N° 0233-2003-A-2I0400, la Administración solicitó ala recurrente el comprobante que acredita- rala cancelación de la totalidad de la orden depago impugnada, por ser requisito para laadmisión a trámite de las reclamacionesinterpuestas contra dichos valores, de con-

formidad con lo previsto en el artículo 136° delmencionado código;

Que a fin de notificar el referido requerimiento,la Administración acudió el 4 y el 5 de febrero de2003 al domicilio fiscal de la recurrente, ubicadoen Avenida La Marina N° 3140, San Miguel, sinlograr notificarlo, obteniendo como resultadoque se encontraba cerrado, según consta en eldocumento denominado diligencia del acto de lanotifica- ción, que aparece en autos;

Que ante tal situación, procedió a notificar

mediante publicación efectuada en el diariooficial “El Peruano” el 16 de mayo de 2003,

otorgándole un plazo de 15 días hábiles, paracumplir con presentar la documentaciónsolicitada, lo que no hizo, por lo que se decla- róinadmisible la reclamación;

Que según el comprobante de informaciónregistrada del 7 de enero de 2003, el domiciliofiscal de la recurrente es el ubicado en AvenidaLa Marina N° 3140, San Miguel, apreciándoseque a esa fecha la recurrente mantenía dichodomicilio fiscal, de otro lado, en el documento“Extracto de Presenta- ciones y Pagos” de fecha22 de octubre de2003 se observa como domicilio fiscal de larecurrente el ubicado en Avenida Arenales N°395, el que coincide con el señalado en elcomprobante de información registrada del17 de marzo de 2004, no pudiéndose advertircuando se produjo el cambio de domicilio;

Que el hecho que el domicilio fiscal se en-contrara cerrado no implica que este se hayavariado, ni que exista imposibilidad de efectuar

la notificación en él, pues mientras que

CAP.II



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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

no se haya comunicado a la Administración sucambio, éste mantendrá su validez, de acuerdocon el citado artículo 103° del men- cionadocódigo;

Que la Administración debió efectuar la noti-

ficación según el referido literal a) del artículo104° del aludido código, por lo que al haber- serealizado la notificación del requerimientomediante la publicación en el diario oficial “El

Peruano”, ésta no surtió ningún efecto legal,siendo nulo el referido acto administrativo deacuerdo con lo dispuesto por el numeral 2) delartículo 109° del citado código, así como loactuado con posterioridad, por lo que co-rresponde que la Administración requiera a larecurrente de acuerdo a ley y emita nuevopronunciamiento;

Con las vocales León Pinedo, Pinto de Aliaga einterviniendo como ponente el vocal ArispeVillagarcía.

RESUELVE:

Declarar NULA la notificación el Requeri- mientoN° 0233-2003-A-2I0400 efectuada con fecha 16de mayo de 2003, asi como la Resolución deIntendencia N° 026-014-0000737 del 28 de octubre de 2003, debien- dola Administración proceder conforme con loexpuesto en la presente resolución.

Regístrese, comuniqúese y remítase a laIntendencia Regional Lima de la Superinten-dencia Nacional de Administración Tributa- ria,

para sus efectos.

RTF N° 03701-3-2004


INTERESADO :

ASUNTO : Impuesto Predial

PROCEDENCIA : Huancayo

FECHA : Lima, 9 de julio de 2004

VISTA la apelación interpuesta por .................................contra la Resolución Directoral N°00360-2003-MPH/OGR-11-00 del 4 de setiembrede 2003, emitida por la Municipali- dad Provincialde Huancayo, que declaró inadmisible lareclamación formulada contra la Resolución deDeterminación N° 1104-2001, emitida poromisión al pago del Impuesto Predialcorrespondiente a los años 2000 y2001.

CONSIDERANDO:

Que el recurrente sostiene que no conoce a lapersona que recibió la notificación del valorimpugnado, advirtiendo que no se se- ñala elnúmero de DNI del mismo, así como nombre eidentificación del notififcador que habríaparticipado en tal acto;

Que agrega que la notificación debió fijarse en lapuerta principal de su domicilio fiscal, porcuanto la encargada de la guardianía es una

anciana iletrada, resultando así que existen viciosen la notificación, por lo que debe revocarse laapelada;

Que por su parte, la Administración seña- laque el recurso de reclamación formula- docontra la Resolución de Determinación N°1104-2001 se presentó en forma extem-

poránea, conforme al artículo 137° del Códi- goTributario, por lo que declaró la inadmisi- bilidadde la reclamación;

Que el inciso a) del artículo 104° del Texto ÚnicoOrdenado del Código Tributario, aprobado porDecreto Supremo N° 135-99-EF, prevé que lanotificación de los actos administrativos serealizará, indistintamente, por correo certificadoo por mensajero, en el domicilio fiscal, con acusede recibo o con certificación de la negativa a larecepción, en este último caso, adicionalmente,se po- drá fijar la notificación en la puerta

principal del domicilio fiscal, asimismo agregaque, si no hubiera persona capaz alguna en elmismo o éste estuviera cerrado, se fijará la no-tificación en la puerta principal del domiciliofiscal;

Que de conformidad con el criterio estable- cidopor este Tribunal en diversas Resolu- cionescomo las N°s 7136-4-2002 del 11 de diciembrede 2002 y 2558-4-2003 del 16 de mayo de 2003,el acuse de recibo de la notifi- cación debecontener los nombres, apellidos, documento deidentidad y firma del receptor, a fin de identificaral mismo;






CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

Que obra en el expediente, a folio 32 laConstancia de Notificación de la Resolución deDeterminación N9 1104-2001, en la que apareceque ha sido notificado en el domicilio fiscal delrecurrente, sito en calle Uno N° 255, Huancayo,con fecha 20 de junio de2001, siendo recibido por Juan , el cual noconsignó su documento nacional de identidad;

Que si bien la Administración señala que hanotificado el valor impugnado en forma co-rrecta, al haberse consignado en la constanciade notificación que quien recibió la misma era elseñor Ortiz en calidad de encargado, cabe indicarque al no haberse anotado el documento deidentidad del mismo, no se ha cumplido conlas formalidades para la notificación de los actosde la Administración establecidos en el inciso a)

del artículo 104° del Texto Único Ordenado delCódigo Tribu- tario;

Que de acuerdo a lo señalado por el últimopárrafo del artículo 104° del referido CódigoTributario, existe notificación tácita cuando nohabiéndose verificado notificación alguna o éstase hubiere realizado sin cumplir con losrequisitos legales, la persona a quien hadebido notificarse una actuación efectúacualquier acto o gestión que demuestre osuponga su conocimiento, en tal supuesto, seconsiderará como fecha de la notificación aquélla

en que se practique el respectivo acto o gestión;

Que la recurrente con la presentación de surecurso de reclamación de fecha 20 de febrerode 2003 (folios 13 a 15) demuestra tener

conocimiento de la Resolución de Determi-nación N° 1104-2001, por lo que correspon- deconsiderar producida la notificación tácita de losreferidos valores en dicha fecha;

Que el artículo 137° del Texto Único Orde- nado

del Código Tributario, establece que tratándosede reclamaciones contra resoluciones dedeterminación y resoluciones de multa, éstas sepresentarán en el término improrrogable deveinte (20) días hábiles computados desde el díahábil siguiente a aquél en que se notificó el actoo resolución recurrida;

Que en tal sentido, considerando que el recursode reclamación presentado respecto del citadovalor se efectuó dentro del plazo veinte (20) díashábiles establecido en el articulo 137° delprecitado Código Tributario, procede se revoque

la apelada y se admita a trámite el reclamopresentado respecto de los mismos;

Con las vocales Márquez Pacheco, Muñoz Garcíay Zelaya Vidal, a quien se llamó para completarSala, e interviniendo como ponente la vocalMuñoz García;

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución Directoral N°00360-2003-MPH/OGR-11-00 del 4 de setiembrede 2003, debiendo la Administra- ción admitir a

trámite el reclamo y emitir el pronunciamientocorrespondiente.

Regístrese, comuniqúese y remítase a laMunicipalidad Provincial de Huancayo para susefectos.

CAP.II

RTF N° 01380-1-2006

EXPEDIENTE N° : 880-2006INTERESADO : ASUNTO : Queja

PROCEDENCIA : La Molina - Lima FECHA

: Lima, 15 de marzo de2004

Municipalidad Distrital de La Molina, por ini-ciarle un procedimiento de cobranza coactiva sinhaberle notificado previamente los valores enque se sustenta;

CONSIDERANDO: Que la quejosa señala que se le ha iniciado unprocedimiento de cobranza coactiva sinhabérsele notificado previamente los valores enque se sustenta, agregando que no conoce aVictoria Castro Figo quien según laAdministración habría recibido la Resolu- ción deDeterminación N2 00489-2005 y la Resolución deMulta Ne 00491-2005, relacionadas con elImpuesto Predial de los años2001 a 2004;



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Que el numeral 38.1 del artículo 38° de la Ley deProcedimiento de Ejecución Coactiva, aprobadapor Ley N° 26979, modificado por Ley N° 28165,dispone que el obligado podrá interponer recursode queja ante el Tribunal Fiscal contra lasactuaciones o procedimientos del ejecutor oauxiliar que lo afecten directamente o infrinjanel debido procedimien- to de ejecución coactivapara obligaciones tributarias de los gobiernoslocales;

Que respecto de lo alegado por la quejosa enel sentido que los valores materia del pro-cedimiento de cobranza coactiva no han sidonotificados conforme a ley, es preciso anotar quese han presentado dos interpretaciones acercade la competencia del Tribunal Fiscal parapronunciarse sobre dicho aspecto, vía recurso de

queja: 1) No procede que el Tri- bunal Fiscal en lavía de queja se pronuncie sobre la validez de lanotificación de los valores y/o resolucionesemitidos por la Adminis- tración Tributaria,cuando la deuda tributaria materia de queja seencuentra en cobranza coactiva, y 2) Procedeque el Tribunal Fiscal en la vía de queja sepronuncie sobre la validez de la notificación delos valores y/o resoluciones emitidos por laAdministración Tri- butaria, cuando la deudatributaria materia de queja se encuentra encobranza coactiva;

Que la segunda posición es la que ha sidoadoptada por este Tribunal mediante acuerdorecogido en el Acta de Reunión de Sala Plena N°2006-09 del 15 de marzo de 2006, por losfundamentos siguientes:

“De conformidad con lo establecido por los

artículos 101° y 155° del Código Tributario,mediante el acuerdo adoptado por el Plenosegún consta en el Acta de Reunión de Sala PlenaN° 2003-24 se delimitó la competencia delTribunal Fiscal respecto del recurso de queja,

estableciéndose que éste procede en lossiguientes casos: (i) contra las actuaciones de laAdministración que afecten indebidamente aldeudor y, (ii) contra las actuaciones queconstituyan una infracción a cualquier normaque incida en la relación jurídica tributaria, aúncuando no esté contenida en el CódigoTributario.

El artículo 104° del Texto Único Ordenado delCódigo Tributario aprobado por DecretoSupremo N° 135-99-EF y modificado por De-creto Legislativo N° 953, establece que los actos

de la Administración Tributaria deben sernotificados de acuerdo con las modali-

dades que se señalan en el citado artículo, de locontrario la diligencia de notificación no surtiráefectos legales.

Por su parte, el artículo 115° del anotado Có- digoseñala que la deuda exigible dará lugar a las

acciones de coerción para su cobranza,considerando, entre otros supuestos, comodeuda exigible: (i) a la establecida medianteresolución de determinación o de multa noti-ficada por la Administración y no reclamada en elplazo de ley, (¡i) a la establecida por resoluciónno apelada en el plazo de ley o por resolución delTribunal Fiscal y (iii) la que conste en orden depago notificada conforme a ley. Seguidamente, elartículo 116° numeral 1) del citado cuerpo legalseñala que la Administración

Tributaria, a través del ejecutor coactivo, ejerce

las acciones de coerción para el cobro de lasdeudas exigibles, incluyendo ex- presamentecomo una de sus facultades, el verificar laexigibilidad de la deuda tributaria a fin de iniciarel procedimiento de cobranza coactiva.

En el mismo sentido, el artículo 25.1 de la Ley deProcedimiento de Ejecución Coacti- va, Ley N°26979, modificado por la Ley N°28165, dispone que se considera deuda exi-gible, la que conste en una resolución de de-terminación o multa, debidamente notificada y

no reclamada en el plazo de ley, así como la queconste en una orden de pago emitida conforme aley y debidamente notificada, se- gún las normasdel Código Tributario.

De otro lado, el artículo 119° del citado Có- digoseñala que una vez iniciado el procedimiento decobranza coactiva pueden produ- cirsedeterminadas situaciones que obliguen alejecutor coactivo a suspenderlo temporal- menteo darlo por concluido. El citado artícu- lo tambiéndispone que, excepcionalmente, el ejecutorcoactivo deberá suspender temporalmente el

citado procedimiento cuando mediencircunstancias que evidencien que la cobranzacontenida en órdenes de pago podría serimprocedente siempre que la re- clamaciónhubiese sido interpuesta dentro del plazo de 20días hábiles de notificadas éstas.

El inciso d) del artículo 16.1 de la menciona- daLey de Procedimiento de Ejecución Coac- tiva,dispone que el ejecutor coactivo debe- rásuspender el procedimiento de cobranzacoactiva, bajo responsabilidad: (i) cuando se






CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

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CAP. IX

CAP. I

haya omitido la notificación al obligado, del actoadministrativo que sirve de título para laejecución y (ii) cuando se encuentre en trámite opendiente de vencimiento el plazo para lapresentación del recurso administrativo dereconsideración, apelación, revisión o demandacontencioso-administrativa presentada dentrodel plazo establecido por ley contra el actoadministrativo que sirve de tí- tulo para laejecución, o contra el acto administrativo quedetermine la responsabilidad solidaria en elsupuesto contemplado en el artículo 18°,numeral 18.3 de la ley.

De lo expuesto, se puede concluir que una deudatributaria sólo será exigible para efectos delprocedimiento de cobranza coactiva, siempreque hubiera sido notificada conforme a ley,

aspecto que compete verificar al ejecutorcoactivo por mandato expreso del artículo116° del Código Tributario citado. También lecompete al ejecutor, verificar la validez de lanotificación del acto administrativo que contienela deuda tributaria para efecto de establecer siexiste un recurso impugnativo en trámiteconforme con los plazos de ley y proceder a laconclusión o suspensión del procedimiento decobranza coactiva, según corresponda, conformecon lo previsto por el artículo 119° del citadoCódigo Tributario y el artículo 16.1 de la Ley de

Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N°26979, modificada por la Ley N° 28165.

En el caso que dicho ejecutor no cumpla conefectuar la verificación que le compete y pro-siga con la cobranza coactiva de una deu- datributaría que no es exigible por no haber sidonotificada válidamente o por existir causales desuspensión o conclusión del procedimiento decobranza coactiva, entre otras, las vinculadas a lavalidez del acto de noti- ficación, es derecho delejecutado presentar un recurso de queja ante elTribunal Fiscal, entidad que conforme con lo

previsto por el artículo 155° del Código Tributariodebe pronunciarse respecto de las actuacionesde la Administración que afectenindebidamente al deudor, lo que incluye el emitirpronunciamiento sobre la validez de lanotificación del acto administrativo que contienela deuda tributaria cuya cobranza coactiva sepreten- de y que justamente es cuestionada porel ejecutado y según el artículo 38° de la LeyN° 26979 debe determinar si existen actua-ciones o procedimientos del ejecutor o auxiliarcoactivo que lo afecten directamente e

infrinjan lo establecido en el capítulo referido ala cobranza coactiva de deudas tributarias degobiernos locales.

Sostener la incompetencia del Tribunal Fis- calpara conocer vía queja la validez de la

notificación de una deuda tributaria cuya co-branza coactiva se encuentra en trámite y, de serel caso, disponer que tal cuestionamiento seventile en un procedimiento contencioso,implicaría que el ejecutado quede en una si-tuación de indefensión, no sólo porque de- beríaesperar que concluya el procedimientocontencioso administrativo para determinar lavalidez de la notificación cuando el ejecutado seencuentra dentro del plazo para impugnar, sinoque además podría suceder que se prosiga con lacobranza coactiva de una deuda tributaría quenunca resultó exigible por no haberse notificadoy por tanto tampoco pueda ejercerseválidamente el derecho para contradecirla.Además, debe tenerse en cuenta que en estossupuestos, no habría causal para suspender aúntemporalmente la cobranza coactiva.

Lo expuesto no implica que el ejecutor coac- tivose esté atribuyendo facultades resoluti- vas o quea través de una vía distinta se esté discutiendomateria propia del procedimiento contenciosoadministrativo tributario, pues en este caso la

verificación se limitaría a un tema formal comoes la validez de las notificaciones de los valoreso resoluciones para efectos de determinar lavalidez del procedimiento de cobranza coactivacuestionado, lo que como se ha explicado líneasarriba deriva de las normas que regulan lamateria y que tiene justificación en el derecho aun debido proceso que tienen losadministrados,”

Que el citado criterio tiene carácter vinculan- tepara todos los vocales de este Tribunal, de

conformidad con lo establecido por el acuerdorecogido en el Acta de Reunión de Sala Plena N°2002-10, suscrita con fecha 17 de setiembre de2002;

Que conforme a lo indicado en el Acta deReunión de Sala Plena N° 2006-09 del 15 demarzo de 2006, el acuerdo adoptado se ajusta alo previsto en el artículo 154° del Texto ÚnicoOrdenado del Código Tributario aprobado porDecreto Supremo N° 135-99- EF, por lo quecorresponde que se emita la resolución de

observancia obligatoria, disponiendo supublicación en el Diario Oficial El Peruano;

CAP.II



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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

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AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

Que respecto al caso de autos, el inciso d) delnumeral 16.1 del artículo 16s de la Ley deProcedimiento de Ejecución Coactiva,concordado con el artículo 31a de la mis- manorma, señala que ninguna autoridadadministrativa o política podrá suspender elprocedimiento de ejecución coactiva, conexcepción del ejecutor que deberá hacerlo, bajoresponsabilidad, cuando, entre otros, se hayaomitido la notificación al obligado, del actoadministrativo que sirve de título para laejecución;

Que el artículo 29c de la mencionada ley, se- ñalaque el procedimiento es iniciado por el ejecutormediante la notificación al obligado de laresolución de ejecución coactiva, la que contieneun mandato de cumplimiento de la obligación

exigible coactivamente, dentro del plazo de siete(7) días hábiles de notificado, bajoapercibimiento de dictarse alguna medidacautelar;

Que el inciso a) del artículo 104s del Texto ÚnicoOrdenado del Código Tributario aprobado porDecreto Supremo Nfi 135-99-EF, modificado porDecreto Legislativo Na 953, establece que lanotificación de los actos administrativos serealizará por correo certificado o pormensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de

recibo o con certificación de la negativa a larecepción efectuada por el encargado de ladiligencia;

Que agrega el citado inciso, que el acuse derecibo deberá contener, como mínimo: (i)apellidos y nombres, denominación o razónsocial del deudor tributario, (ii) número de RUCdel deudor tributario o número del do- cumentode identificación que corresponda, (iii) númerode documento que se notifica, (iv) nombre dequien recibe la notificación, así como la firma o laconstancia de la negativa, (v) fecha en que se

realiza la notifi- cación;Que mediante Proveído Ns 00055-1-2006 del24 de enero de 2006, este Tribunal soli- citó a laAdministración que informara sobre los hechosque motivan la queja, y que remi- tiera, entreotros documentos, copias autenticadas de laResolución de Determinación N°00489-2005 y de la Resolución de Multa Ns00491-2005, así como sus respectivos cargos denotificación, otorgándosele para tal efecto unplazo de siete (7) días hábiles;

Que en respuesta del citado proveído la Ad-ministración envía el Oficio Ng 086-2006-

MDLM-SG, a través del cual remite copiasautenticadas de la Resolución de Determina- ciónN° 00489-2005 y de la Resolución de Multa N900491-2005, así como de su cargo denotificación;

Que de la revisión del acuse de recibo de loscitados valores se advierte que la Admi-nistración ha realizado la referida diligencia en eldomicilio ubicado en el Jirón Huanca- velica Ns -Departamento Ns 501 - Cercado de Lima, que deacuerdo con la información consignada en losmencionados valores no corresponde aldomicilio fiscal de la quejosa, el cual se ubica enel Jirón Huancavelica Ns Departamento Ng -Cercado de Lima;

Que como es de verse, la notificación dela Resolución de Determinación N° 00489-

2005 y de la Resolución de Multa Na 00491-2005, no se ha realizado de conformidad con lodispuesto por el citado artículo 104s, por lo queprocede declarar fundada la queja interpuesta,debiendo el ejecutor coactivo de laAdministración suspender el procedimientoiniciado respecto de dichos valores, y de ser elcaso, levantar las medidas cautelares que sehubieren trabado;

Con las vocales Casalino Manarelli, Barran- tesTakata, e interviniendo como vocal ponente

la vocal Cogorno Prestinoni,RESUELVE:

1. Declarar FUNDADA la queja interpuesta,debiendo la Administración procederconforme con lo expuesto en la presenteresolución.

2. Declarar que de acuerdo con el artícu- lo154° del Texto Único Ordenado del CódigoTributario aprobado por Decreto SupremoN° 135-99-EF, la presente resoluciónconstituye precedente de observanciaobligatoria disponiéndose su publicaciónen el diario oficial El Pe- ruano en cuantoestablece el siguiente criterio:

“Procede que el Tribunal Fiscal en la vía de queja se pronuncie sobre la validez de la no- tificaciónde los valores y/o resoluciones emitidos por laAdministración Tributaria, cuando la deudatributaria materia de queja se encuentra encobranza coactiva”.

Regístrese, comuníquese y remítase a laMunicipalidad Distrital de La Molina - Lima, para

sus efectos.






CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

RTF N° 02917-1-2007


INTERESADO :

ASUNTO : QuejaPROCEDENCIA : Lima

FECHA : Lima, 27 de marzo de2007

Vista la queja interpuesta por contra el Ejecu- torCoactivo de la Intendencia Regional Lima de laSuperintendencia Nacional de Admi- nistraciónTributaria, por las irregularidades cometidas enel procedimiento de cobranza coactiva iniciadoen su contra;

CONSIDERANDO: Que el quejoso señala que se le ha iniciadoun procedimiento de ejecución coactiva,habiendo el Ejecutor Coactivo de la Adminis-tración ordenado trabar medidas cautelares, sinhaber notificado las resoluciones de eje- cucióncoactiva y valores respectivos;

Que además solicita el levantamiento de lamedida cautelar de retención trabada en sucuenta de ahorros, pues allí se le deposita supensión de jubilación- renta vitalicia con Póliza

N° 9900740;Que el artículo 155° del Texto Único Orde- nadodel Código Tributario aprobado por el DecretoSupremo N° 135-99-EF, establece que el recursode queja se presenta cuando existan actuacioneso procedimientos que afecten directamente oinfrinjan lo establecido en dicho código;

Que el artículo 115° del citado Código, mo-dificado por el Decreto Legislativo N° 953, refiereque la deuda exigible dará lugar a las acciones decoerción para su cobranza, y a este fin se

considera deuda exigible, entre otras, a la queconste en orden de pago notificada conforme aley;

Que el inciso a) del artículo 104° del Texto Úni- coOrdenado del Código Tributario, modificado por elDecreto Legislativo N° 953, dispone que lanotificación de los actos administrativos serealizará, por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo ocon certificación de la negativa a la recepción,efectuada por el encargado de la diligencia;

Que conforme a lo señalado por este Tribu- nalen la Resolución N° 01380-1-2006 de ob-servancia obligatoria, publicada en el diario

oficial “El Peruano” del 22 de marzo del 2006 asícomo al criterio expuesto en la Resolu- ción N°02745-2-2006, procede que en casos como el deautos, este Tribunal en la vía de la queja sepronuncie sobre la validez de la notificación devalores y/o resoluciones de la AdministraciónTributaria, cuando la deuda tributaria materia dequeja se encuentre en cobranza coactiva;

Que mediante Oficio N° 454-2007-SUNAT/2I0203 del 23 de marzo de 2007, laAdministración en cumplimiento del Proveído N°00213-1-2007, remite un informe indicandoque el Expediente Coac- tivo N°0230060353394 está referido a las Órdenes de

Pago N°s. 0230010452565,0230010452566 y 0230011367317, que fue-ron debidamente notificadas;

Que de la revisión de las constancias denotificación de las Órdenes de Pago N°s.0230010452565, 0230010452566 y0230011367317, materia de cobranza coactiva,se aprecian que contienen borrones y/oenmendaduras en cuanto a la fecha de noti-ficación y/o motivos de no entrega (fojas 50,52 y 54), lo que le hace perder fehaciencia adichas notificaciones;

Que en consecuencia al no haberse notificadodebidamente los valores materia de cobranza noexistía deuda exigible que sustentara el inicio deun procedimiento de cobranza coactiva, por lo queprocede declarar fundada la queja, debiendo laAdministración suspender en forma definitiva elprocedimiento de cobranza coactiva iniciadorespecto a las Órdenes de Pago N°s.0230010452565, 0230010452566 y0230011367317, y levantar de ser el caso, lasmedidas cautelares que se hubiesen trabado;

Con las vocales Cogorno Prestinoni, Barran- tesTakata, e interviniendo como ponente la vocalCasalino Mannarelli;

RESUELVE:

Declarar FUNDADA la queja interpuesta, y enconsecuencia la Administración debe suspen- deren forma definitiva el procedimiento de cobranzacoactiva iniciado y levantar las medi- dascautelares trabadas, de ser el caso.

Regístrese, comuniquese y remítase a la Su-perintendencia Nacional de Administración

Tributaria, para sus efectos.

CAP.II



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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

RTF N° 02555-5-2007

CAP. II


INTERESADO : ASUNTO: Queja

PROCEDENCIA : La Victoria - Lima FECHA : Lima, 20 de marzo de

2007

VISTA la queja presentada por contra el eje-cutor coactivo de la Municipalidad Distrital deLa Victoria, por haberle iniciado inde-bidamente un procedimiento de cobranzacoactiva.

CONSIDERANDO:

Que la quejosa cuestiona la legalidad del pro-

cedimiento de cobranza coactiva iniciado por lacitada municipalidad y los embargos trabados,pues no existe deuda tributaria exigiblecoactivamente, al no habérsele notificadoconforme a ley acto administrativo alguno.

Que señala que en defensa de sus intereses hainterpuesto reclamaciones con fechas 27 dediciembre de 2004 y 21 y 22 de diciembre de2005, así como escritos en los que ha so- licitadola conclusión de tales procedimientos porhaberse producido el silencio administra- tivopositivo.

Que el numeral 38.1 del artículo 38° de la Ley deProcedimiento de Ejecución Coac- tiva, Ley N°26979, establece que se podrá presentar quejaante este Tribunal contra las actuaciones oprocedimientos del ejecutor y/o auxiliar queafecten directamente al obligado e infrinjan elprocedimiento de cobranza coactiva paraobligaciones tributarias con los gobiernoslocales.

Que de acuerdo con el inciso d) del nume- ral25.1 del artículo 25° de la citada Ley N9

26979, modificado por Ley N° 28165, seconsidera deuda exigible coactivamente la queconste en una orden de pago emitida conforme aley y debidamente notificada, de conformidadcon las disposiciones de la materia previstas enel Texto Único Ordenado del Código Tributario.

Que el artículo 104° del Texto Único Orde- nadodel Código Tributario aprobado por DecretoSupremo N° 135-99-EF, sustituido por DecretoLegislativo Ng 953, señala que la notificación delos actos administrativos se

realizará, indistintamente, por cualquiera de lasformas descritas en dicho artículo, con-templando en el inciso f) la notificación porcedulón, cuando en el domicilio fiscal no hu-biera persona capaz alguna o estuviera cerrado,el cual se fijará en dicho domicilio y losdocumentos a notificarse de dejarán en sobrecerrado, bajo la puerta.

Que según se advierte de la documentaciónremitida por la Administración mediante Ofi- cioNfi 182-2007- OEC/MDLV en respuesta alProveído NQ 0230-5-2007 de 6 de marzo de2007, el procedimiento de cobranza coactivamateria de autos, seguido con Expediente N°

025-2006-IP, está referido a la Orden de Pago N911355-2005-DR/MDLV, girada por ImpuestoPredial del año 2005, notificada el22 de noviembre de 2005, por cedulón.

Que como se aprecia, el indicado valor no hacereferencia a declaración jurada alguna comosustento de su emisión, ni la Adminis- tración hacumplido con remitir dicha declara- ción, noobstante que mediante el citado pro- veído ello lefue solicitado por este Tribunal.

Que asimismo, de la copia del cargo de no-

tificación de dicho valor se aprecia que el22 de noviembre de 2005, fecha en que serealizó dicha diligencia, éste no se pudo en-tregar debido a que el domicilio fiscal de laquejosa se encontraba cerrado, por lo que seprocedió a fijar en la puerta principal de dichodomicilio; sin embargo, en el referido cargo no sehace mención alguna al número de cedulón, ni siel documento a notificar fue dejado en sobrecerrado bajo la puerta del indicado domiciliocomo exige el mencionado artículo 104°.

Que de lo expuesto se tiene que no se en-

cuentra acreditado que dicho valor haya sidoemitido conforme a ley, ni que la deuda quecontiene sea exigible coactivamente en lostérminos del artículo 25° de la Ley Ne 26979, porlo que corresponde amparar la queja, de-biéndose dejar sin efecto el procedimiento decobranza coactiva seguido con Expediente N°025-2006-IP.

Que estando a lo expuesto, carece de objetoemitir pronunciamiento sobre los demáscuestionamientos formulados sobre dichoprocedimiento.






CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

Con las vocales Chau Quispe, Pinto de Alia- ga yLeón Pinedo, e interviniendo como ponente lavocal León Pinedo.

RESUELVE:

Declarar FUNDADA la queja presentada.

Regístrese, comuniqúese y remítase a laMunicipalidad Distrital de La Victoria, parasus efectos.

RTF N° 03574-5-2007 CAP.II


INTERESADO : ASUNTO

: Multa

PROCEDENCIA : Juliaca

FECHA : Lima, 19 de abril de2007

VISTA la apelación interpuesta por con-tra la Resolución de Oficina Zonal Nº2150140000233/SUNAT de 13 de enero de2006, emitida por la Oficina Zonal Juliaca de laSuperintendencia Nacional de Administra- ciónTributaria (SUNAT), que declaró inadmisible lareclamación contra la Resolución de Multa Ne212-002-0000922, girada por la infraccióntipificada en el numeral 7) del artí- culo 177° delCódigo Tributario.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el numeral 3) del artícu- lo137° del Texto Único Ordenado del CódigoTributario, aprobado por Decreto Supremo N°135-99-EF, modificado por Decreto Le- gislativoN9 953, cuando las resoluciones dedeterminación y de multa se reclamen vencidoel término de veinte (20) días hábiles, deberáacreditarse el pago de la totalidad de la deudatributaria, actualizada hasta la fecha de pago, opresentarse carta fianza bancaria o financiera.

Que el artículo 140° del mismo Código se- ñalaque la Administración notificará al recla- mantepara que dentro del plazo de quince (15) díashábiles, subsane las omisiones que pudieranexistir cuando el recurso de recla- mación nocumpla con los requisitos para su admisión atrámite, vencido el cual sin la subsanacióncorrespondiente, se declarará inadmisible.

Que el artículo 104° del cuerpo legal en men- ciónseñala que la notificación de los actosadministrativos se realizará, indistintamente, por

cualquiera de las formas descritas en di-

cho artículo, así, el inciso a) regula la notifica- ciónpor correo certificado o por mensajero, en eldomicilio fiscal, con acuse de recibo o concertificación de la negativa a la recepciónefectuada por el encargado de la diligencia.

Que el penúltimo párrafo del mencionadoartículo 104° refiere que existe notificación tácitacuando no habiéndose verificado no- tificaciónalguna o ésta se hubiere realizado sin cumplircon los requisitos legales, la persona a quien hadebido notificarse una actuación efectúacualquier acto o gestión que demuestre osuponga su conocimiento, y que se considerarácomo fecha de la notifi- cación aquélla en que sepractique el respectivo acto o gestión.

Que en la copia certificada del cargo de no-

tificación de la Resolución de Multa N9 212-002-0000922, que obra a fojas 19, sólo figurauna fecha y una firma del notificador, apare-ciendo en blanco los casilleros que corres-ponden a los datos de la persona con quese entendió la diligencia o el motivo de la noentrega.

Que en consecuencia, no está acreditado que lanotificación se haya efectuado válidamen- te, sinque surta efectos el informe adicional sin fechaelaborado por el supuesto notificador conposterioridad, en el que señala que hubo

negativa a la recepción del documento, pues lanotificación, incluía la constancia de recepción ola certificación de su negativa a ello, deberealizarse en un sólo acto, sólo así se tendrácerteza de lo acontecido.

Que en atención a lo expuesto, la inadmisi-bilidad dispuesta por la Administración no esconforme a ley, por el contrario, debe admitir- sea trámite la reclamación de 26 de octubre de2005, considerándose que con su inter- posiciónoperó la notificación tácita, según lo dispone elpenúltimo párrafo del artículo 104° del CódigoTributario.



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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

Que al ser la materia de grado la inadmisi- bilidadde la reclamación, no procede emitirpronunciamiento respecto de los argumentos defondo formulados por el recurrente.

Que finalmente cabe anotar que el informe oral

programado para el 12 de abril de 2007 no sellevó a cabo según la Constancia de Informe OralN° 0076-2007-EF/TE que obra en el expediente,por inasistencia del recurrente, quien lo solicitó.

Con las vocales Chau Quispe, Pinto de Alia- ga yLeón Pinedo, e interviniendo como ponente lavocal Chau Quispe.

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución de Oficina Zonal N92150140000233/SUNAT de 13 de enero de 2006.Regístrese, comuniqúese y remíta- se a la SUNAT,para sus efectos.

RTF N° 12142-3-2008

EXPEDIENTE N° : 3401-2005INTERESADO :

ASUNTO : Multa

PROCEDENCIA : Cusco

FECHA : Lima, 17 de octubre de2008

VISTA la apelación interpuesta por con Re- gistroÚnico de Contribuyente N° contra laResolución de Intendencia N° 096-014-0000490/SUNAT, emitida el 14 de febrero de2005 por la Intendencia Regional Cusco de la

Superintendencia Nacional de Adminis- traciónTributaria - SUNAT, que declaró infundada lareclamación contra la Resolución de Multa Nº094-002-0003181, girada por la infracciónestablecida en el numeral 7 del ar- tículo 177° delCódigo Tributario.

CONSIDERANDO:

Que la recurrente alega que recibió la resolu- ciónde multa que la sanciona por no compa- recerante la Administración, no obstante que nuncafue notificada con citación alguna; que ante tal

situación acudió a la SUNAT, donde le indicaronque la Esquela de Citación N°204092003205 le había sido notificada a tra- vésde la página web de la SUNAT y median- tepublicación en el diario oficial “El Peruano”,

debido a que tenía la condición no habida o nohallada, por cuanto la empresa de courier quesupuestamente había intentado notificarla conla citación en agosto y setiembre de 2004,reportó la indicación “destinatario desconocido” y que ante la supuesta falta de ubicación desu dirección, sin seguirse

el procedimiento establecido por el DecretoSupremo N° 102-2002-EF, se varió la condi-

ción de su domicilio fiscal de no habido a nohallado, lo que jamás debió producirse porcuanto su domicilio es perfectamente cono- cidopor la Administración, lo que se pone demanifiesto al haberse notificado la resolución demulta en dicho domicilio.

Que manifiesta desconocer el significado deltérmino “destinatario desconocido”, con-signado por el notificador, y que la SUNATinicialmente señala que como no se encontró eldomicilio se le declaró no habido, lo queimplicaba, que no habían hallado su local, por talmotivo se le notificó a través de la página web ydel diario oficial “El Peruano”, sin embargo,posteriormente, la auditora al desestimar surecurso de reclamación, indica que “al preguntar

en el domicilio fiscal por la contribuyente se hadesentendido su iden- tificación”, es decir que

alguien en su local rehusó la notificación o no eracapaz para recibirla, en cuyo caso correspondíanotificar mediante cedulón conforme lo estableceel literal f) del artículo 104° del CódigoTributario y diversas resoluciones del Tribunal

Fiscal.Que sostiene que en el supuesto negado quesu domicilio no hubiese sido hallado ycorrespondiese que se le calificase como nohallada o no habida, ello debía efectuarse deconformidad con el artículo 3o del DecretoSupremo N° 102-2002-EF, es decir que se hicieraprevio requerimiento, hecho que no se haproducido en el presente caso, lo que vicia depleno la tramitación de la supuesta esquela decitación por medio del diario oficial y a través

de la página web de SUNAT; añade asimismo,que al haberse emitido la esquela de citación el27 de julio de 2004,






CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

de conformidad con el citado artículo 104ó, lafecha máxima para su notificación en “El Pe-ruano”, era el 19 de agosto del mismo año, loque no se ha cumplido, toda vez que fuepublicada el 29 de noviembre de 2004.

Que la Administración refiere que medianteEsquela de Citación N° 204092003205 de27 de julio de 2004, se solicitó la compare-cencia de la contribuyente ante la oficina de laAdministración, dentro de los seis días derecibida, a fin de alcanzar información detrabajadores o servicios contratados durante elejercicio 2002; señala que dado que larecurrente había fijado su domicilio fiscal enavenida Amazonas Prolongación s/n (Refe- renciakilómetro 2.5. Carretera Pisac-Calca) Pisac, Calca,Cusco, se procedió a efectuar la notificación por

correo certificado y, al no haberse verificadonotificación alguna en tres oportunidades, puesse informó que el destinatario era desconocido,y siendo que la contribuyente no comunicócambio alguno de dicho domicilio, se marcó lacondición de “no hallado” y se notificó lamencionada esquela mediante publicación en eldiario oficial “El Peruano”, con fecha 29 denoviembre de 2004, configurándose la infracciónde no comparecer ante la Administración el 6 dediciembre de 2004, con la no presentación de lacontribuyente.

Que añade que si bien la notificación por eldiario oficial se efectuó vencido el plazo dequince días desde la fecha de su emisión,establecido en el Código Tributario, elloconstituye una infracción a la formalidad noesencial de dicho procedimiento, pues surealización no ha impedido o afectado el debidoprocedimiento, dado que la citación fuedeterminada para el 6 de diciembre de2004, considerando el plazo mínimo de cinco díasque dicho código exige, por lo que se conserva elacto procesal de notificación por publicación, en

mérito a lo establecido por el artículo 14° de laLey del Procedimiento Ad- ministrativo General.

Que sostiene que en el presente caso, lacertificación de negativa de recepción radica enque al preguntar en el domicilio fiscal por lacontribuyente se ha desentendido suidentificación; y que al haberse comprobado talsituación hasta en más de tres oportunidades,sustenta la variación de domicilio de larecurrente de “habido” a “no hallado” conforme con lo establecido en el artículo 3°

del Decreto Supremo N° 102-2002-EF, con-dición que la facultó a realizar la notificación porpublicación en el diario oficial “El Perua- no” con

fecha 29 de noviembre de 2004. In- dica queadicionalmente, el 1 de diciembre de 2004 serealizó la notificación en el portal tributariowww.sunat.qob.pe. no obstante la resolución demulta impugnada no se sustenta en lanotificación por medio del sistema decomunicación electrónico, más aun si de acuerdocon el Comprobante de Información Registradade la recurrente, ésta no comu- nicó a laAdministración correo electrónico alguno paradicho efecto.

Que el numeral 4 del artículo 62° del Texto ÚnicoOrdenado del Código Tributario, aprobado porDecreto Supremo N° 135-99-EF, sustituido por el

Decreto Legislativo N° 953, establece que esfacultad de la Administra- ción Tributaria,solicitar la comparecencia de los deudorestributarios o terceros, para que proporcionen lainformación que se estime necesaria, otorgandoun plazo no menor de cinco días hábiles, más eltérmino de la distancia de ser el caso.

Que el numeral 9 del artículo 87° del mismocódigo, señala que los administrados estánobligados a concurrir a las oficinas de la Ad-ministración Tributaria cuando su presencia searequerida por ésta para el esclarecimien- to dehechos vinculados a obligaciones tributarias.

Que de conformidad con el numeral 7 delartículo 177° de dicho código, constituye in-fracción relacionada con la obligación de per-mitir el control de la Administración, informar ycomparecer ante la misma, no comparecer antela Administración Tributaria o comparecer fueradel plazo establecido para ello; infracción que sesanciona con una multa equivalente al 60% de laUnidad Impositiva Tributaria (UIT), prevista en laTabla I de In- fracciones y Sanciones, contenida

en el De- creto Legislativo N° 953.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el inciso a)del artículo 104° del Código Tributario,modificado por Decreto Legislativo N® 953,aplicable al periodo de autos, la notificación delos actos administrativos se realizará, por correocertificado o por mensajero, en el domiciliofiscal, con acuse de recibo o con cer- tificación dela negativa a la recepción efectuada por elencargado de la diligencia.

CAP.II

http://www.sunat.qob.pe/

http://www.sunat.qob.pe/



56


CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

Que por su parte el inciso e) del referido ar-tículo 104° dispone que cuando se tenga lacondición de no hallado o no habido o cuandoel domicilio del representante de un nodomiciliado fuera desconocido, la SUNAT podrárealizar la notificación mediante acuse derecibo, entregado de manera personal al deudortributario, al representante legal o apoderado, ocon certificación de la negativa a la recepciónefectuada por el encargado de la diligencia,según corresponda, en el lugar en que se losubique ó mediante la publica- ción en la páginaweb de la SUNAT o, en el diario oficial o, en eldiario de la localidad encargado de los avisos judiciales o en su defecto, en uno de mayorcirculación de dicha localidad.

Que conforme a la Disposición Transitoria Única

del Decreto Supremo N° 102-2002-EF, publicadoen el diario oficial “El Peruano” el20 de junio de 2002 , aquellos sujetos que a lafecha de entrada en vigencia de esta nor- mafiguraran con domicilio “no hallado” ante laAdministración, serían considerados comodeudores tributarios “no habidos”, si dentro delplazo de treinta (30) días hábiles contados apartir de la publicación que realizara laAdministración de los que se encontraban en lamencionada situación, no cumplían con elprocedimiento establecido en dicho decreto.

Que el artículo 1o de la Resolución de Super-intendencia N° 154-2003/SUNAT, establecía quelos deudores tributarios que tuvieran lacondición de domicilio fiscal “no hallado” a que

se refiere la Única Disposición Transi- toria delDecreto Supremo N° 102-2002-EF, son aquéllosque estando comprendidos en dicha disposiciónal no haber sido ubicados en su domicilio fiscal,mantenían tal condición hasta la fecha en que laSUNAT publicara las listas respectivas.

Que obra a foja 39, copia autenticada de la

Esquela de Citación N° 204092003205 de7 de julio de 2004, mediante la cual se so-licitó a la recurrente que compareciera en laoficina ubicada en Santa Teresa N° 370, Cusco,dentro de los cinco días de recibida la misma, aefecto de presentar y/o exhibir la informaciónindicada en el anexo adjunto, respecto de losperiodos enero a diciembre de 2002, indicándoleasimismo, que no asis- tir a la comparecenciaestaría cometiendo la infracción del numeral 7del artículo 177° del Código Tributario.

Que a fojas 8 y 37 obra copia autenticada delcargo de recepción de la esquela en referencia,en el que figura un sello de la empresa Argenta- Olva Courier, que contiene una marca en elespacio correspondiente a “des- tinatariodesconocido” y que consigna las si- guientesfechas y hora de visita: 08-08- 04,09-08-04 y 10-08-04, 9:25, 10:45 y 10:00.

Que asimismo obra a foja 33 copia autenti- cadadel informe emitido por la Intendencia RegionalCusco, en el que se concluye que al no poder serubicada la contribuyente en su domicilio fiscal ydomicilio registrado ante el Registro Nacional deIdentificación y Esta- do Civil (RENIEC), se solicitóla notificación de la esquela de citación en lapágina web de la SUNAT y/o en el diario, deacuerdo a lo establecido en el artículo 104° del

Código Tributario; y a foja 35, copia de lapublicación en el diario oficial “El Peruano” de laEsquela de Citación N° 204092003205, de fecha29 de noviembre de 2004.

Que a foja 32 obra el Acta de No Compa-recencia, en la que se indica que al no ha- bercomparecido a la citación, la recurrente haincurrido en la infracción tipificada en el numeral7 del artículo 177° del Código Tri- butario.

Que en el informe sustentatorio de la reso-lución apelada, se señala que la notificación

efectuada mediante publicación en el diariooficial se ha efectuado de conformidad con elartículo 104° del Código Tributario, toda vezque al preguntarse en el domicilio fiscal por lacontribuyente se ha “desentendido suidentificación” hasta en más de tresoportunidades, por lo que con fecha 17 denoviembre se efectuó la variación de lacondición de domicilio de la recurrente de“habida” a “no hallada” conforme a lo dis-puesto en el artículo 3° del Decreto Supremo N°102-2002-EF, lo que permitía a la Admi-nistración efectuar la notificación por publica-ción en el diario oficial.

Que conforme a lo señalado, en el presen- tecaso se procedió a efectuar la diligencia denotificación a través de la modalidad depublicación por tener la recurrente la condi- ciónde “no hallada”, por lo que corresponde verificarsi dicho acto fue realizado conforme a ley.

Que si bien la Administración sostiene quecomo producto de las tres visitas realizadas






CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

se verificó que al preguntarse por el domiciliofiscal de la recurrente, se ha “desentendido suidentificación” hasta en más de tresoportunidades, del cargo de notificación de laEsquela de Citación Nº 204092003205 (fojas 37),en el que se verificaría que se efectuaron tresvisitas al domicilio fiscal de la recurrenteindicándose como motivo de la no entrega el de“Destinatario Desconocido”, se aprecia que no seconsigna la firma del encargado de la diligencia,lo que le resta fehaciencia al acto denotificación, según ha sido sostenido por esteTribunal en diversa jurisprudencia, tal como lacontenida en las Resoluciones Nº 10426-4-2008y 7376-3-2008, entre otras.

Que en virtud a lo expuesto, no está acreditado

en autos que la recurrente no fue ubicada en sudomicilio fiscal en las fechas señala- das por laAdministración, y por ende que se habríaproducido el supuesto que permitieraconsiderarla en la condición de “no hallada” y por tanto que procediese notificarla me-

diante la modalidad del inciso e) del artículo104° del Código Tributario. De esta manera, elacto de notificación de la referida esquela esnulo de conformidad con el numeral 2 delartículo 109° del Código Tributario, y enconsecuencia, resulta nula la resolución de multaimpuesta y la apelada.

Con las vocales Casalino Mannarelli, Huer- tasLizarzaburu y Cogorno Prestinoni, a quien sellamó para completar Sala, e interviniendocomo ponente la vocal Casalino Mannarelli.

RESUELVE:

Declarar NULO el acto de notificación de laEsquela de Citación Nº 204092003205, así comola Resolución de Multa Ns 094-002-0003181, y la Resolución de Intendencia

N° 096-014-0000490/SUNAT.Regístrese, comuniqúese y remítase a la Su-perintendencia Nacional de AdministraciónTributaria, para sus efectos.

CAP.II






Capítulo III

Los procedimientos derecaudación

voluntaria e inducida




CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

fiscAlizAción y procediMiento contencioso tribut Ario

CAP. III

Los procedimientos de recaudaciónvoluntaria e inducida

1. Cuestión previa: El sistema de determinación de la obligación tributariaen el Perú

Según el artí culo 60º del Código Tributario, la determinación de la obligacióntributaria se inicia:

a. Por acto o declaración del deudortributario.

b. Por la Administración Tributaria; por propia iniciativa o denuncia deterceros.

Esta disposición debe concordarse con el primer párraf o del artí culo 88ºdel mismo Código Tributario, según el cual la declaración tributaria es la mani- f estación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la f orma y lugar establecidos por Ley, Reglamento, Resolución deSuperintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la basepara la determinación de la obligación tributaria.

En este sentido, si bien en teoría la determinación de la obligación tributaria puede realizarse, indistintamente, tanto por el deudor tributariocomo por la propia Administración, en la práctica, dicha determinación dela obligación tributaria es ef ectuada en primer término por el propiocontribuyente, a través de f ormularios preimpresos (Formularios 118, 119, 401,etc) o mediante declaraciones telemáticas1 (PDT 621, 601, 617, Renta anual, etc), ello sin perjuicio, del ejercicio posterior de la f acultad f iscalizadora de la SUNAT y de la posibilidad que tiene ésta de determinar de oficio la obligación tributaria.

Por lo mismo, en un primer término el contribuyente se encuentralegalmente obligado a pagar el monto que se encuentra contenido en ladeclaración jurada determinativa, el cual ha sido autoliquidado por el mismo.

Ahora, para ef ectos didácticos, pueden distinguirse tres tipos derecauda- ción:





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

a. Recaudación voluntaria.

b. Recaudación inducida.

c. Recaudación coactiva.

CAP. III

2. Procedimiento de recaudación voluntaria:-

Recaudación voluntaria es aquella que se produce por propia iniciativa del

contribuyente, sin que se hubiese notif icado una resolución previa.

Esta recaudación voluntaria, a su vez, puede producirse en tresoportunidades distintas:

a) Con anterioridad a la presentación de la declaración jurada de-terminativa

En este caso, nos encontramos ante pagos previos o anticipados a la

determinación de la obligación tributaria. Para ef ectuar dichos pagos,lo adecuado es utilizar los Formularios 1662 – Guías de Pagos Varios,habida cuenta que aun no hay una determinación de la obligación tributaria por parte del contribuyente.

Sin embargo, también existe la posibilidad que el pago anticipado serealice mediante la presentación de una declaración juradadeterminativa. Bajo este escenario, el contribuyente se verá obligado ala presentación posterior de una declaración jurada sustitutoria, dentrodel plazo de vencimiento de la declaración jurada, ello de conf ormidad con el artí culo 88º del Código Tributario.

b) En la misma oportunidad de presentación de la declaración juradadeterminativa

Asimismo, el pago del tributo podrá ef ectuarse en la oportunidad depresentación de la declaración jurada determinativa de tributos. Eneste caso existen dos posibilidades:

La primera posibilidad consiste en que el contribuyente realice el pagodel tributo con juntamente con la declaración, en el mismo PDT of ormulario preimpreso, en cuyo caso, no será necesaria la utilización de guías de pagos varios. En este caso, el PDT o el f ormulario preimpreso cumple una doble f unción: Contiene la declaración y a la vez sirve de constancia del pago ef ectuado. Dentro de esta primeraposibilidad, a su vez hay dos variantes: Que el pago se realicen mediantesoportes físicos, mediante dinero en ef ectivo o cheques; o que el pagose realice de manera virtual.

La segunda posibilidad consiste en que el contribuyente realice la presen- tación de la declaración jurada consignando un importe apagar igual a cero, y, de manera paralela pero por separado, realice el pago del tributo determinado mediante un f ormulario 1662.



64 c A pítulo iii - los procediMientos de rec A ud A ción v olunt A ri A e inducid A


CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

c) Con posterioridad a la presentación de la declaración juradadeterminativa

Por último, existe la posibilidad que el contribuyente presente la declara- ción determinativa de tributos, mas no pague el íntegro del

tributo hasta la f echa del vencimiento, con lo cual, el pago de los saldos pendientes serán ef ectuados mediante Guías de pagos varios – Formularios 1662, con los correspondientes intereses moratorios.

En este sentido, incurre en error el contribuyente que, sin pretendermodi- ficar la inf ormación contenida en su declaración original, ef ectúe el pago de saldos deudores mediante la presentación de una segundadeclaración jurada.

Ahora, ello no quiere decir que el contribuyente se encuentreimped ido de ef ectuar pagos con juntamente con una declaración juradade manera posterior a la presentación de una declaración original. Lo

que sí debe quedar en claro es que la segunda declaración juradatendrá el carácter de una declaración sustitutoria o rectif icatoria.

CAP. III

Recaudación

Recaudaciónvoluntaria

RecaudaciónInducida

Cobranzacoactiva

3. Incidencias tí picas en el procedimiento de recaudación voluntaria

Ahora, dentro del procedimiento de recaudación voluntaria, y en menormedida, en el procedimiento de recaudación inducida, existen dos

situaciones que se presentan de manera recurrente: a) La modif icación de datos ef ectuados con

error. b) La compensación de pagos.

3.1 La modificación de datos efectuados con error:

No con poca f recuencia los pagos ef ectuados por los contribuyentes seef ectúan de manera errónea respecto del número de ruc o periodotributario.

En otras oportunidades, los contribuyentes presentan una declaración determinativa de tributos (con o sin importes a pagar), pero dichadeclaración se ha consignado el número de ruc y/o el periodo tributario de



En amboscasos,corresponderá que el contribuyente aplique el procedimiento de solicitud de modif icación de datos previsto en la Resolución de Superinten- dencia Nº 132-2004/SUNAT.

En este sentido, según el a

rtí culo 5º

de la

menciona

da

Resolución, el deudor tributario solicitará la modif icación y/o inclusión de los datosinf ormados con error mediante la presentación del Formulario Virtual 1693“Solicitud de Mo- dif icación y/o Inclusión de Datos”.

Es importante señalar que desde el punto de vista operativo, según SUNAT, notodo dato consignado erróneamente es susceptible de ser modif icado mediante el Formulario virtual Nº 1693, sino, únicamente, los datoscorrespondientes a los f ormularios que se indican en el anexo 1 de la Resolución de Superinten- dencia Nº 132-2004/SUNAT. Así por e jemplo, siun contribuyente consigna erróneamente el código del tributo en unaguía de pagos varios, no podrá utilizar el f ormulario virtual Nº 1693, sinoque, deberá recurrir a la solicitud de compensación, o, en todo caso, a la solicitud de devolución.

En este sentido, si el contribuyente no ef ectúa la modif icación de los pagos ef ectuados con error, la SUNAT emitirá la orden de pago por el importe supuestamente impago y/o emitirá la respectiva resolución demulta por la declaración jurada supuestamente no presentadaoportunamente.

Sin perjuicio de lo anterior, también es importante acotar que, de acuerdo ala lí nea jurisprudencial del Tribunal Fiscal, contenido en RTFs Nº 380-4-97,

212- 5-99, 763-5-2000, 5700-2-2004, 3718-3-2008, entre otras, el error material

no puede llevar a desconocer el pago ef ectuado por el contribuyente.

A continuación se adjunta el Anexo 1 de la Resolución de SuperintendenciaNº 132-2004/SUNAT, ref erido a los datos que pueden ser materia de modif i-cación:



IV

V

VI

VII

VIII

IX

I Medio Concepto N°de formulario

N° decasilla

BOLETAS DE PAGO EN

FORMULARIOS FÍSICOS

Número de RUC TODOS 02 Período tributario TODOS 07

Tipo 1073 50

Número de documento de identidad 1073 51

Semana 1031, 1052, 1231, 1252 08

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA-CIÓN JURADA

Número de formulario 1042, 1242 16

Número de orden del formulario 1042, 1242 17

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA-CIÓN JURADA CORRESPONDIENTEAL PAGO

Número de formulario 1051, 1251 16 Número de orden 1051, 1251 17

EN CASO DE PAGAR TRIBUTOS PRE-VIAMENTE DECLARADOS

Número de formulario 1052, 1252 700

Número de orden 1052, 1252 701

Fraccionamiento número de cuota 1031, 1231 701

Cuota BERT 1058, 1074, 1258, 1274 03

Número de cuota de fraccionamiento o BERT

1052, 1252 724

Número de acogimiento BERT 1052, 1252 723

1058, 1258 01 Número acogimiento BERT 1074, 1274 01

Número de cuota PERT,PERTA o fraccio-namiento que paga

1042, 1242 606

Número de cuota fraccionamiento o PERT

1051, 1251 606

Número de expediente de Cobranza Coactiva

1042, 1242 607

De encontrarse en proceso coactivo anoteel número de expediente

1051, 1251 607

1031, 1231 702

1052, 1252 726

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTOAL QUE CORRESPONDE EL PAGO Número de resolución que aprueba elacogimiento al PERT, PERTA u otrofraccionamiento

1042, 1242 621

Número de Resolución u Orden de Pago 1042, 1242 620

Resolución u Orden de Pago 1031, 1231 704, 705

Número de Resolución / Orden de Pago / Acogimiento al PERT (según el formu-lario)

1051, 1251 608, 609

Resolución u Orden de Pago Número 1052, 1252 727, 728

Número de orden (De la solicitud deacogimiento al REFES)

1043, 1243 101, 201, 301

ANEXO 1 DATOS QUE PUEDEN SER MODIFICADOS O INCLUIDOS POR EL DEUDOR TRIBUTARIO

(clasificados por medio de declaración o pago)



Medio Concepto N°de formulario N° decasilla

DE EFECTUAR EL PAGO POR CON-CEPTO DE MULTA Código del tributo asociado a la multa 1042, 1062, 1242, 1262 608 Porcentaje de rebaja aplicado a la multa 1042, 1242 610

Código de la contribución, aporte o con-cepto asociado a la multa

1073, 1273 608

DECLARA-CIONES ENFORMU-LARIOSFISICOS

DECLARA-CIÓN PAGO

(excepto los formularios 1071, 1072,1075 y

1076)

Número de RUC TODOS 02 IDENTIFICACIÓN DEL ARRENDADOR Tipo 1083 50 Número de documento de identidad 1083 51 Período Tributario TODOS (excepto declara-

ciones anuales) 07

108 05 Cuota 1000, 1001, 1002, 1003,

1004, 1005 07

Semana 111, 115, 151, 185, 187, 211, 215, 251, 285, 287

08

108 07 Rectifica o sustituye declaración número 139, 140, 141, 402 y todos

los que correspondan adeclaraciones anuales delImpuesto a la Renta quecuenten con esta casilla

05

108 04 Rectifica número de orden declaración 109, 110, 111, 112, 209,

210, 211, 212 05

Rectifica declaración número 120, 121, 122, 123 05 IDENTIFICACIÓN DEL ARRENDATA- RIO (inquilino)

Número de RUC 1083 498

Tipo 1083 499 Número de documento de identidad 1083 500 Categoría del RUS a la que pertenece 1000, 1010 400 Código de profesión u oficio Todos los que correspondan

a declaraciones anuales delImpuesto a la Renta quecuenten con esta casilla

25

Inmueble donde realiza sus actividades Todos los que correspondana declaraciones anuales del

Impuesto a la Renta quecuenten con esta casilla

27

Número de teléfono Todos los que correspondana declaraciones anuales del


28

DECLARA-CIONES

SUSTITU-TORIAS O

RECTIFICA-TORIAS

Número de RUC TODOS 02 IDENTIFICACIÓN DE DECLARACIÓNJURADA ORIGINAL A RECTIFICAR Número de formulario 190, 290 16 Número de orden 190, 290 17 Período 190, 290 18 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA-CIÓN PAGO ORIGINAL A SUSTITUIRO RECTIFICAR Número de formulario 191, 195, 196, 291, 295, 296 16 Número de orden 191, 195, 196, 291, 295, 296 17

Período 195, 196, 295, 296 07 191, 291 18





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

Medio Concepto N°de formulario N° decasilla

DATOS BÁSICOS

DECLARA-CIONES OPAGOS EN

FORMULA-RIOS VIR-TUALES

DECLARA-CIONES

DETERMI-NATIVAS

generadaspor el PDT,así comootras de-

claracionesreferidas ala determi-

nación de laobligacióntributaria,que sean

presentadasa través de

SUNAT Ope-raciones enLínea - SOL(originales,

sustitutoriaso rectificato-

rias)

RUC TODOS (excepto los quecuenten con Código de En-

vío o Nuevo Código de Envío

y los que fueron presentadosa través de SUNAT Opera-ciones en Línea - SOL)

02

Período / Período Tributario / Ejercicio TODOS (excepto declaracio-nes anuales del Impuesto a

la Renta)

07

Rectifica a: (N°de orden de la declaración original)

Todos los que cuenten conesta casilla

05

Teléfono Todos los que cuenten conesta casilla

28

Presentación: Semanal 615 08 Código (de profesión u oficio) 616 y todos los que corres-

pondan a declaraciones anua-les del Impuesto a la Renta

que cuenten con esta casilla

25

REGISTROS PÚBLICOS Oficina Registral Todos los que correspondan

a declaraciones anuales delImpuesto a la Renta quecuenten con esta casilla

280

Tomo o ficha Todos los que correspondana declaraciones anuales del


281

Folio Todos los que correspondana declaraciones anuales del


282

Asiento Todos los que correspondana declaraciones anuales delImpuesto a la Renta quecuenten con esta casilla

283

DECLARA-CIONESINFOR-

MATIVASgeneradaspor el PDT

RUC 625 (excepto los que cuen-ten con Código de Envío o

Nuevo Código de Envío y losque fueron presentados a

través de SUNAT Operacio-nes en Línea - SOL)

02

BOLETASDE PAGO

generadaspor el PDT

RUC TODOS (excepto los quefueron presentados a travésde SUNAT Operaciones en

Línea - SOL)

02

Período TODOS 07

Núm. de docum. notificado de Casinos 693 668 Número de documento notificado de Tra-gamonedas

693 678

Número de Documento Regalías (Númerode orden del formulario de declaración)

698 600

SISTEMAPAGO FÁCIL(RégimenÚnico

Simplificado,NuevoRégi-men Único

Simplificado,Impuesto a laRenta prime-

ra categoría,entre otros)

Número de RUC o, cuando se trate delImpuesto a la Renta de primera categoría,RUC del Arrendador

TODOS 02

Número de RUC del Responsable So-lidario

1672 613

Período TODOS 07 Tipo de docum. de ident. del inquilino 1683 499 Núm. de docum. de ident. del inquilino 1683 500 Tributo (Categoría del RUS) 1610 400 Tributo asociado 1662, 1672 608 Número de suministro o medidor deenergía eléctrica

1611 506

CAP. III



3.2 La solicitud de compensación

También no con poca f recuencia, los contribuyentes consignan equivocada-mente el código del tributo en las guías de pagos varios (f ormulario virtual

Nº 1662). Como ya se ha indicado, este tipo de errores no son pasibles

de modif icación a través del f ormulario virtual Nº 1693. Ante este tipo de situaciones, el deudor tributario tiene la posibilidad depresentar una solicitud de compensación, en los términos de la Resolución de Superintendencia Nº 175-2007/SUNAT.

Según el artí culo 1288º del Código Civil, por la compensación se extinguenlas obligaciones recíprocas, lí quidas, exigibles y de prestaciones f ungibles yhomogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, desde que hayansido opuestas la una a la otra.

Por lo mismo, no todo pago con error puede ser objeto decompensación, pues, como regla básica, según la misma Resolución deSuperintendencia Nº 175-2007/SUNAT, debe existir por un lado un pagoen exceso (“crédito materia de compensación”) y, por otro, debe existir unadeuda contenida en una declaración jurada o en una orden de pago(“deuda compensable”).

A mayor abundamiento, la solicitud de compensación también se realiza a través de sunat virtual, pero a través del f ormulario virtual Nº 1648.

Un tema que es importante acotar sobre la compensación es que, segúnel artí culo 40º del Código Tributario, tanto el crédito compensable como la deuda tributaria deben corresponder a tributos administrados por el

mismo órgano administrador y cuya recaudación constituya ingreso de unamisma entidad. En este sentido, por e jemplo, no podrá compensarse unpago indebido de Essalud con una deuda tributaria de Sistema Nacional de Pensiones, pues ambos conceptos corresponden a distintas entidades.

Para mejor ilustración se adjunta un Listado de conceptos que puedencom- pensarse entre sí, elaborado por la propia Administración Tributaria2:

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/com-



Ente

Tributos y multas que se pueden compensar entre sí

Código de Tributo

Descripción

Fondo Consolidado de Reservas Previsionales

5612 COSAP CONTRIB.SOLIDARIA - DL28046

6711 M178N4 RETENC. O PERCEP. NO PAGADAS

6771 M176N5 PRES. MAS DE UNA RECTIFICATORIA

6789 M17713 NO EFECTUAR RETENC/PERCEPC.

6791 M178N1 DECLARAR CIFRAS O DATOS FALSOS

ESSALUD

5210 SALUD ESSALUD-LEY 26790-AFIL.REGULAR

5215 ESFE ESSALUD-FRACC.ESPECIAL D.L 848

5216 EFCT36 ESSALUD-FRACC.CT ART.36

5217 ESFFN ESSALUD-FRAC.FENOMENO DEL NINO

5218 ESFRE ESSALUD-FRAC.REESTRUC.EMPRESA.

5219 PERTE ESSALUD-PERTA AGRARIA

5220 ESFRAC ESSALUD-OTROS FRACCIONAMIENTOS

5222 ESSASA ESSALUD-SEGURO AGRARIO 5227 ESFRMS ESSALUD-FRAC. LEY 27100 SALUD

5228 ESFRM1 ESSALUD-FRAC. LEY 27100 ACCID.

5229 REFTES ESSALUD-REG.ESP.FRAC-LEY 27344

5230 AGRF36 ESSALUD AGRARIO FRAC.ART.36 CT

5231 ESPER ESSALUD PERSONAL Y FAMILIAR

5232 SEAPES ESSALUD-SIS.ESP.AC.PG-DLEG.914

5233 RESIES ESSALUD-RESIT-LEY No. 27681

5234 RESREM ESSALUD REEMB.-LEY No.26790

5235 RESAEM ESSALUD REEMB.SEG.AGR.LEY 26790

5237 REAFES ESSALUD-FRACC.CT.ART.36-R.EXC.

5238 ESPESQ ESS-TRAB./PENS.PESQ. LEY 28320 5411 DECFAB ESS - PASE DECLARAT.DE FABRICA

5510 ACTRAB ACCID. DE TRABAJO-LEY 18846

5511 DFACT ACCID. DE TRABAJO-DECLAR.FAB.

5512 FRACT ACCID. DE TRABAJO-D.LEG.848

6532 ESMUL ESSALUD - OTRAS MULTAS

Fondo de Compensación Municipal

6841 M6841 IER-NO PRESENT. DJ DENTRO PLAZ

6851 M6851 IER-NO PRES.OTRAS DJ DENT PLAZ

6871 M6871 IER-PRESENTAR MAS DE 1 RECTIF.

6891 M6891 IER-DECLARAR CIFRAS/DATOS FALS

7011 RODAJE IMPUESTO AL RODAJE

7021 PROMUN IMPUESTO DE PROMOC. MUNICIPAL

7022 IPMPBS IPM RES. PROVEEDORES RET.

7081 IMPADI IMPTO PROMOC MUNIC ADICIONAL

7151 IER IMP. A EMBARCACIONES DE RECREO

7201 FONC36 FONCOMUN-FRACC.CT.ART.36

7202 REAFFC FONCOMUN-FRACC.CT.ART.36-R.E.

Mivivienda 5011 FONACP FONAVI-CTA.PRO.,EMP.,CONS.Y PR

5012 FONACT FONAVI - CUENTA DE TERCEROS

5021 FOPERT FONAVI-PROG.ESP.REGUL.TRIBUT.

5031 FONAFR FONAVI - FRACCIONAM.-ART 36 CT

5041 FPERTA FONAVI – PERTA



Ente


Código de Tributo

Descripción

5051 FONESP FONAVI-FRACCION.ESPEC.DLEG.848

5056 REFTFO FONAVI-REG.ESP.FRAC.-LEY.27344

5057 SEAPFO FONAVI-SIS.ESP.AC.PAG-DLEG.914 5058 RESIFO FONAVI-RESIT-LEY No. 27681

5059 REAFFO FONAVI-FRACC.CT.ART.36-R.EXCE.

5061 FONIND FONAVI-CTA.PROP. INDEPENDIENTE

5071 FONFDN FONAVI-FRACC.FENOMENO DEL NINO

8042 FONAIN FONAVI-FRACCIONAMIENT INDECOPI

ONP 5310 PENREG ONP -LEY 19990

5312 ONPNUL ONP-NULIDAD DE AFIL. AL SPP

5313 PENESP ONP-TRAB.DEL HOGAR Y REG.ESPEC

5314 ONPFE ONP-FRACC.ESPECIAL DL 848

5315 ONPCT ONP-FRACC.ART.36 CT

5316 ONPFFN ONP-FRACC.FENOMENO DEL NINO

5317 ONPFRE ONP-FRACC.REESTRUC.EMPRESARIAL

5319 PERONP ONP -PERTA-AGRARIA

5320 ONPFRA ONP-OTROS FRACCIONAMIENTOS

5322 ONPBR ONP-BONOS DE RECONOCIMIENTO

5323 ONPFAC ONP-FACULTATIVOS

5324 ONPDF ONP -DECLARATORIA DE FABRICA

5326 ONPRE ONP-REGIMENES ESPECIALES

5327 ONPFRM ONP-FRACCIONAMIENTO LEY 27100

5328 REFTON ONP -REG.ESP.FRACC. LEY 27344

5329 SEAPON ONP -SIS.ESP.ACT.PAGO-DLEG.914 5330 RESION ONP-RESIT-LEY No. 27681

5331 REAFON ONP-FRACC.CT.ART.36-REG.EXCEP.

6411 M6411 ES- ONP -RETENCION O PERC. NO PAG

6489 M6489 ES- ONP-NO RETENER O PERC.TRIBUTO

6533 ONPOM ONP - OTRAS MULTAS

Sencico 6535 SENMUL SENCICO - OTRAS MULTAS

7031 SENCIC SENCICO

7033 SENESP SENCICO-FRACCIONAMIENTO ESPEC.

7036 REFTSE SENCICO-REG.ESP.FRAC.LEY 27344

7037 SEAPSE SENCICO-SIS.ESP.AC.PG-DLEG.914

7038 RESISE SENCICO-RESIT-LEY No. 27681 8043 SENCIN SENCICO-FRACCIONAM. INDECOPI

Tesoro 1011 IGVICP IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA

1012 IGVIRT IGV - LIQUI COMPRA-RETENCIONES

1013 IGV-5% IGV - OPER. INTERNAS – ARROZ

1014 IGVURG IGV - DECRETO DE URG. 089-97

1015 IEV IMPUESTO ESPECIAL A LAS VENTAS

1016 IVAP IMPTO IGV ARROZ PILADO L.28211

1021 IGVMCP IGV - IMPORTAC. - CTA. PROPIA

1022 IGVMRT IGV - IMPORTAC. – RETENCIONES

1031 IGV108 IGV - RETENCIONES (Form.108) 1032 IGVPBS IGV-REG.PROVEEDOR.-RETENCIONES





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

Ente


Código de Tributo

Descripción

1041 IGVSPN IGV-SERV.PREST.NO DOMICILIADOS

1052 IGVPER IGV - REG. PERCEPCION

1053 IGVGRL IGV - GRAL. PERCEPCION ADUANAS 1054 IGVPVI IGV - PERCEPCION VENTA INTERNA

2011 ISCCOM ISC - APENDICE III – COMBUSTIB

2021 ISCA10 ISC - APEND IV - LIT A - 10%



2041 ISCPVP ISC - APEND IV-LIT C-P.V.PUBL.


2051 ISCB14 ISC - APEND IV-LIT B-CERVEZAS

2053 ISCLIF ISC - APENDICE IV - LITERAL F


2055 ISC4OT ISC - APENDICE IV-OTRAS TASAS

2056 ISCPIS ISC - APENDICE IV-LIT B PISCO

2061 ISCMCP ISC – IMPORTACIONES

2071 ISC151 ISC - VARIOS APEND III Y IV

2072 ISCLOT ISC - LOTERIAS, BINGOS, RIFAS

2073 ISCCAS CASINOS DE JUEGO

2074 ISCHIP EVENTOS HIPICOS

2075 ISCTRA TRAGAMONEDAS Y OTROS

2076 TOTJGO TOT_ISC_JGOS AZAR Y APUESTAS

2091 ISC510 ISC (Form. 108)

3011 RTA1CP RENTA-1RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 3021 RTA2CP RENTA-2DA. CATEGOR.-CTA.PROPIA

3022 RTA2RT RENTA-2DA. CATEG.-RETENCIONES

3031 RTA3CP RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA

3032 RTA3RT RETENC. RTA. 3RA CAT. FIDEICOM

3033 RTAMIN RENTA-3RA. CATEGOR.-IMPTO.MIN.

3034 ACTNET IMP.EXTRAORD. ACTIVOS NETOS

3035 ANTRTA ANTICIPO ADICIONAL A LA RENTA

3036 RTADIV RENTA - DISTRIBUCION DIVIDENDOS

3037 RTADIG DISP.INDIRECTA INCISO G

3038 ITAN IMP.TEMPORAL A LOS ACTIV.NETOS

3039 RERTLC RETENC. RTA. LIQUIDAC. COMPRAS 3041 RTA4CP RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA

3042 RTA4RT RENTA-4TA. CATEG.-RETENCIONES

3051 RTA5CP RENTA-5TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA

3052 RTA5RT RENTA-5TA. CATEG.-RETENCIONES

3061 RTA9CP RETEN - NO DOMIC-CTA. PROPIA

3062 RTA9RT RENTA - NO DOMIC.-RETENCIONES

3071 RTARPN RENTA - REGULAR. - OTR.CATEG.

3081 RTARPJ RENTA - REGULAR. - 3RA. CATEG.

3091 RTARCP RENTA - CTA. PROPIA (Form.150)

3092 RTARRT RENTA - RETENCIONES (Form.150) 3111 RTAESP RENTA - REGIMEN ESPECIAL

CAP. III





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

Ente


Código de Tributo

Descripción

3311 AMAZON IMPTO.RTA – REG-AMAZONIA - CTA. PR

3411 AGRGRA IMPTO. RTA-PROD. AGRARIOS 885 C

3511 AGRPEQ IMPTO. RTA-PROD. AGRARIOS CTA P 3611 RTAFRO RENTA-REGIMEN DE FRONTERA

4011 RUS- CATEGORIA A

4021 RUS- CATEGORIA B

4031 RUS- CATEGORIA C

4041 RUS- CATEGORIA D

4051 RUS- CATEGORIA E

4061 RUS- CATEGORIA F

4071 RUS- CATEGORIA G

4081 RUS- CATEGORIA H

4091 RUS- CATEGORIA ESPECIAL

4111 NUEVO RUS - CATEGORIA 11










4131 NRUS1 NRUS - CATEGORIA 1 4132 NRUS1 NRUS - CATEGORIA 2

4133 NRUS1 NRUS - CATEGORIA 3



5081 IESCTP IES-CUENTA PROPIA

5082 IESCTT IES-RETENC. A TRABAJ. INDEPEND.

5083 IESCPI IES-CTA. PROPIA-INDEPENDIENTES

5084 IESCRT IES-RETENC. A EMPRESAS CONSTRUCT

6011 MRT173 INFR. - INSCRIPC.REGISTROS/A.T.

6012 M174N2 EMITIR Y/U OTORGAR C.P. SIN REQ

6013 M173I2 INSCRIP. O ACT. C/DATOS FALSOS 6014 M173I3 OBTENER 2 O MAS NUMEROS RUC.

6015 M173I4 UTILIZAR 2 O MAS NUMEROS RUC

6016 M173I5 NO ACTUAL.DATOS DE RUC/EN PLAZ.

6017 M173I6 NO CONSIGNAR RUC EN DOCUM O FOR

6018 M174I1 NO OTORGAR COMP.U OTRO C/REQU.

6019 M173N7 NO COMUNICAR EL NUMERO DE RUC

6021 MCP174 INFR.-EMITIR/EXIGIR COMPR. PAGO

6022 M174N4 TRANSP.BIENES/PASAJ.SIN DOCUM.

6023 M174I3 TRANSP.DE BIENES S/COMP.O GUIA

6024 M17445 NO OBTEN.COMP.BIENES Y SERV.ADQ 6025 M17403 NO PORTAR COMP.PAGO O GUIA REM

CAP. III





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

Ente


Código de Tributo

Descripción

6026 M174I7 NO SUSTENTAR POSESION C/COMPR

6027 M174N1 REMITIR BIENES C/DOC COMPLEM. Q.

6028 M174N1 UTILIZAR MÁQ. REGIST. NO DECL 6029 M174N1 UTILIZAR MÁQ. REGIST. EN ESTABLEC

6031 ML-175 INFR.-LLEVAR LIBROS Y REG.CONT.

6032 ML-175 INFR.-LLEVAR LIBROS Y REG.CONT.

6033 M175I2 NO REGIS.INGR.RTAS.PATRIM.BBSS

6034 M175I3 REGISTRO DE OPERACIONES FALSAS

6035 M175I4 LIBROS O REG.CONT. CON ATRASO

6036 M175I5 NO LLEVAR EN M/N O CASTELLANO

6037 M175I6 NO CONSERVAR LIBROS Y COMPROB..

6038 M175N7 NO CONTAR CON DOCUM. RESPALDO

6039 M175N8 NO CONTAR CON ESTUDIO TECN. DE

6041 MO1761 OMISO-PRESENTAC.DECLARAC.PAGO

6042 M175N9 NO CONSERV. DOCUM. RESPALDO C

6043 M175N1 NO CONSERV. SISTEM. O PROG. D

6044 M175N1 NO COMUNIC. LIBROS, REG., SIS

6045 M174N7 NO OBTENER USUAR. PAGO – SERVIC

6046 M174N8 REMITIR BIENES SIN COMPRB/GUIA

6051 MO1762 OMISO-PRES.OTRAS DECL./COMUNI.

6061 M01763 DECLAR.-INF.INCOMPL/FUERA.PZO.

6063 M176IT PRESENT.DECL.PAGO FUERA DE PLAZ

6064 M176I4 PRESENTAR OTRAS DECL.COM.INCOMP.

6065 M176IC PRES.OTRAS DECLA.COMUN.FUER.PLA 6071 MR1765 MAS 1 RECT./1RA.RECT.FRA.PZO.

6072 M176N6 PRES. MAS DE UNA RECTIF. DE OTR

6073 M176I6 PRES.DECL.EN FORM.NO AUTORIZADO.

6074 M176IS PRES.DECL.EN LUGARES NO AUTORIZ.

6075 M177I1 NO EXHIBIR REGIS. U OTROS DOC

6076 M177I2 OCULT.MEDIO.DE PRUEBA ANTES PLZ

6077 M177I3 POSEER BIENES SIN EL SCV EXIGID.

6078 M177I4 NO MANTENER OPERAT. SOPORTES

6079 M177I5 REAPERT.INDEBIDA DE LOCAL CERR

6081 MP1775 PRES.INF.REQ.FRA.PZOS.ESTABLEC

6083 M177I7 PROPORCIONAR INFORMAC. FALSA 6084 M177I8 NO COMPARECER ANTE LA ADM.TRIB.

6085 M177I9 AUTOR.BALANC.DECLAR. C/INF.FALS

6086 M17710 DESTRUIR CARTELES DE LA ADM.TR.

6087 M17711 NO FACILITAR EQUIP.VISUAL.REQU.

6088 M17712 VIOLAR PRECINTOS DE SEGURIDAD

6089 M17713 NO EFECTUAR RETENC. O PERCEPC.

6091 MF1781 CIFR./DAT.FALS.DET.DEUDA TRIB.

6093 M17714 NO COMUNIC.HECHOS GENERAN O.T

6094 M177N9 PRESENT. ESTAD. FINANC. SIN C

6095 M177N1 AUTORIZAR REG. Y LIBROS SIN SEGS 6096 M177N1 IMPEDIR EFEC. INSP., INV. BIEN

CAP. III





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

Ente


Código de Tributo

Descripción

6097 M177N2 NO PERMITIR Y/O NO FACILITAR IN

6098 M177N1 NO PERMIR INGRESO DE FUNCIONARI

6099 M177N1 NO FACILITAR CONTROL MAQ. TRAGA 6101 MN1782 OBTENC.INDEB. NOTAS CRED.NEGOC..

6103 M178I3 USO INDEB.DE EXON./BENEF.TRIBUT.

6104 M178I4 ELABOR.CLAND.DE BIENES GRAVADOS

6105 M177N1 NO PERMITIR INSTALACION DE SIST

6106 M177N2 NO FACILITAR ACCESO SISTEM. INF

6107 M177N2 NO IMPLEM. EMP. JUEG.CASINO Y/O

6108 M177N2 NO CUMP. DISPOSIC. DE ACTIV. AR.

6109 M177N2 NO PROP. INFORM. SOLIC.CON OCAS

6111 MR1785 RETENC.NO PAG.EN PZOS.ESTABLEC.

6113 M17806 NO PAGAR EN FORM, CONDIC.EXIG.

6114 M176I6 PRES.DECL.NO.TOMAR CUENTA FORMA

6115 M177N2 NO EXHIB. EN LUGAR VISIB.SUJEST

6116 M177N2 NO PRESENTAR ESTUDIO TECNICO PR

6117 M177N2 NO ENTREGAR CERTIF. O CONST.

6118 M178N6 NO ENTREGAR MONTO RETENIDO PO

6119 M178N7 PERMITIR QUE TERC. GOCEN EXON

6121 MOTRAS TESORO - OTRAS MULTAS

6122 M174N1 USAR MÁQ. AUTOMÁT. PARA TRANSF.

6123 M174N1 REMITIR O POSEER BIENES SIN PRE

6124 M174N1 SUSTENTAR POSESIÓN DE BIENES

6125 M178N8 PRESENTAR LA DJ ART. 10°D.LE 6131 RECCOM RECUPERAC. MERCADERIA COMISADA

6141 REMATE REMATE MERCADERIA COMISADA

6151 NOCONT NO FACILITAR EL CONTROL

6161 NOPAGO TRASLADO BIENES SIN PAGO PREV.

6171 ADQNOD ADQUI SIN DPTO-LEY No.27877

6172 PRENOD PROV EFECTUA RETIRO SIN DPTO

6173 PRANOD PROV PERMITE RETIRO SIN DPTO

6174 SUENOD SUJ CTA PROV ENTREG BIEN SIN DP

6175 N112.2 SUJ. NO CUMPLE DEPOS GO.

6176 N212.2 PROV PERM.TRASL SIN DEPOS GO

6177 N312.2 SUJ.PERM.TRASL.SIN DEPOS GO. 6178 N412.2 TIT.CTA.OTORGA DIF.DEST.MTOS GO.

6179 N512.2 ADM.PEAJE NO VERIF.PAGO GO

6181 N612.2 ADM.PEAJE NO INF.SUNAT GO

6182 N712.2 ADM.PEAJE NO CUMPLE DEPOS GO.

6183 N812.2 ADM.PEAJE NO CUMPLE DEP.COB. GO.

6414 M176I6 PRES.DECL.NO.TOMAR CUENTA FORMA

6416 M6416 ES-ONP-NO ACT.DATOS REQ.SUNAT

6417 M6417 ES-ONP -NO CONSIG.RUC EN FORM.

6431 M6431 ES-ONP-NO LLEVAR LIB.-REG.CONT

6434 M6434 ES-ONP-REGISTRAR OPERAC FALSAS 6435 M6435 ES-ONP-LLEVAR ATRASO LIB.Y REG

CAP. III





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

Ente


Código de Tributo

Descripción

6436 M6436 ES-ONP-NO LLEVAR LIBR.-REG M/N

6437 M6437 ES-ONP-NO LLEVAR LIBR,REG,COPI

6473 M6473 ES-ONP-PRES.DEC.INCOMP.Y/O DIS 6474 M6474 PRES.DEC.LUG.DIST.-OTR.ESS-ONP

6475 M6475 ES-ONP-NO EXHIB.LIB,REGS,OTROS

6476 M6476 ES-ONP-OCULT.MED.PRUEBA O CONT

6478 M6478 ES-ONP-NO MANT.OPER.MED.MAGNET

6481 M6481 ES-ONP-INFOR.REQUER.FUERA PLAZ

6483 M6483 ES-ONP-PROPOR.INFORMACION FALS

6484 M6484 ES-ONP-NO COMPAREC. ANTE SUNAT

6485 M6485 ES-ONP-AUTOR. BALAN.Y DJ.FALSA

6486 M6486 ES-ONP-OCULT, DESTR.AVIS.SUNAT

6487 M6487 ES-ONP-NO FACIL.EQ.REPRO.VISUA

6503 M6503 USO INDEB.EXONER.O BENEF.TRIB.

6521 M6521 OTRAS MULTAS

6531 M6531 RECUPERAC.DE MERCADER.COMISADA

7091 IMPNIN IMP.SOLID. A FAVOR DE LA NINEZ

7101 ACCEST IMP. A LAS ACCIONES DEL ESTADO

7131 PROTUR PROMOC.TURISTICO-LEY No. 27889

8011 OPBERT BERT

8021 FRAA36 FRACCIONAMIENTO C.T. - ART 36

8023 FRAESP FRACCIONAMIENTO ESPEC.-DL 848

8026 REFTTP REG.ESP.FRACC.TESORO-LEY 27344

8027 SEAPTP SIS.ESP.AC.PAG-TESORO-DLEG.914 8028 RESITP TESORO-RESIT-LEY No. 27681

8029 REAFTP FRACC.CT.ART.36-REG.EXCEPC.

8031 FRAACT FRACCIONAM. -ACTOS TERRORISTAS

8041 FRAIDC FRACCIONAMIENTO – INDECOPI

8045 TESFDN TESORO -FRAC.FENOMENO DEL NINO

8051 FRAOTR OTROS FRACCIONAMIENTOS

8071 NOESPC TESORO - NO ESPECIFICADO

8081 PERT PROGR. ESPEC. REGUL.TRIBUTARIA

8091 RMATEB REMATE DE BIENES EN ABANDONO

8111 PERTA PROG.EXTRA.REG.TRIB - AGRIC.

8121 CRED3% CREDITO TRIBUTAR. 3%-LEY 26782 9011 IGVSCP IGV - REG. SIMPLIF.-CTA.PROPIA

9012 IGVSRT IGV-REG. SIMPLIF.-RETENCIONES

9021 IPEMCP IMPTO. AL PATRIMON.EMPRESARIAL

9031 IPPECP IMPTO. AL PATRIMONIO PERSONAL

9041 SOBPAI SOBRETASA PAS. AEREOS INTERNA.

9051 VENPUB IMPTO.-VTA.PUBLICAC.PERIODIST.

9061 CONACS CONTR.ANTISUBV./PROGR.COMP.SOC

9071 FDODNA FONDO DEF.NAC. - INCISOS A Y D

9081 FDODEU FDO.ESPEC.DESARR.UNIVERSITARIO

9091 ALCABA ALCABALA Y ADIC. DE ALCABALA 9101 FINPEE FINANCIAM.PROGR.ESPC.EMERGENC.

CAP. III





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

Ente


Código de Tributo

Descripción

9112 RTA3RT RENTA-3RA. CATEG.-RETENCIONES

9121 RTACUT RENTA - CAPITALIZAC.DE UTILID.

9131 IMPREM IMPUESTOS A LAS REMUNERACIONES 9141 PRECCA IMPTO. PREMIOS CARR. CABALLOS

9151 VALVAE VAL.PROP.VEHIC.AERONAV.EMBARC.

9161 CONEBA CONTRIB.EXTRAORD.BIENES ASEGU.

9171 CONPAT CONTRIBUCIONES PATRIMONIALES

9181 CONEAP ESPEC.DE ACC.Y PARTICI.CAPITAL

9191 ISCAPV ISC - APENDICE V

9201 PETROP CONTRIB.PETROPERU DS 009-92-EF

9211 UNIBGA UNICO-BEB.GASEOSAS Y ALCOHOL.

9221 ISCPRT ISC - PROD. TOCAD Y PERMUMERIA

9231 ENEAPA SUM.ENERG.,AGUA POTAB./ALCANT.

9241 GASVIE GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR

9251 ADISAV ADICIONAL SIGNOS DE AVIACION

9261 IMPOME IMPTOS./OPERAC. MON.EXTRANJERA

9271 CTACTE IMPTO. / DEBITOS EN CTA. CTE.

9281 EXCREV EXCED.REV.ACT.FIJOS/CAPITALIZ.

8131 ITFCP IMP.TRANS.FINANC.-CTA.P

9321 VENIEX IMP. VTAS.INTERNAS Y EXPORTAC.

9331 VENALC IMP.VTAS.ARTIC.LUSTRAR CALZADO

9341 CONOPU CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS

9351 VENGAS IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLI.

9361 FPVLOR FONDO DEL PLAN VIAL DE LORETO 9371 VTRHPP VTA.REC.HIDROB./PROD.PESQUEROS

9381 SOBPFS SOBRET.VTA.PROD.FABR.SIDERPERU

9391 FONPEI FDO.PROMOC.PEQ.EMPR.INDUSTRIAL

9401 OTRDER OTROS TRIBUTOS DEROGADOS

9411 IGVEXF IGV EX-FOPTUR

Tesoro / Essalud / ONP

6441 M6441 REMUNERAC-NO PRES.DJ DENT.PLAZ

6451 M6451 ES-ONP-NO PRES.OTRAS.DENT.PLAZ

6461 M6461 ES-ONP-PRES.DJ FORMA INCOMPLET

6464 M6464 ES-ONP-OTRAS DJ FORMA INCOMPLE

6471 M6471 ES-ONP-PRES.MAS DE UNA RECTIF.

6472 M176N6 PRES. MAS DE UNA RECTIF. DE O 6491 M6491 ES-ONP-DEC.CIFRAS O DAT.FALSOS

CAP. III

4. Procedimiento de recaudación inducida

Ahora bien, el artí culo 3º del mismo Código Tributario establece que,cuando la obligación tributaria deba ser determinada por el deudortributario, la misma es exigible desde el día siguiente al vencimiento del plazo f i jado por Ley o reglamento y, a f alta de este plazo, a partir del

décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación.





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

Por otro lado, de conf ormidad con el artí culo 78º del mismo Código, la orden de pago es el acto administrativo por el cual la Administración exigeal deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad deemitirse previamente la Resolución de Determinación, en los casossiguientes:

1. Por tributos auto liquidados por el deudortributario.

2. Por anticipos o pagos a cuenta, exigidos de acuerdo a ley.

3. Por tributos derivados de errores materiales de redacción o decálculo en las declaraciones, comunicaciones o documentos de pago.Para determinar el monto de la Orden de Pago, la AdministraciónTributaria considerará la base imponible del período, los saldos a f avoro créditos declarados en períodos anteriores y los pagos a cuentarealizados en estos últimos.

Para tal ef ecto, también se considera el error originado por el deudor tributario al consignar una tasa inexistente.

De la concordancia de ambos dispositivos se explica que, a partir del díasiguiente de producido el vencimiento del plazo para la presentación deuna declaración jurada determinativa, la Administración tributaria seencuentre en la posibilidad legal de emitir la respectiva Orden de pago, sinnecesidad de emitir una resolución de determinación, a fin de ef ectuar el cobro de una deuda tributaria insoluta previamente reconocida por el propiocontribuyente en una declaración jurada. Dicho de otro modo, no existe enel Ordenamiento una norma que obligue o vincule a la Administración a

esperar el pago voluntario por parte del contribuyente por un determinado plazo, independientemente que en la práctica la Administración Tributaria norealice el cobro inmediato de los saldos deudores contenidos en las declaraciones determinativas de tributos.

Por otro lado, del artí culo 78º antes glosado se deduce que la Administración Tributaria sólo podrá emitir órdenes de pago f rente a deudaspreviamente reconocidas por el deudor tributario; esto es, no podrá emitirórdenes de pago respecto de deudas que no obran expresamente en la declaración jurada determinativa presentada por el contribuyente.

A ef ectos de sustentar lo antes mencionado, puedo mencionar la RTF Nº

451- 4-1999, según la cual,

“no son las órdenes de pago, sino resoluciones de determinación, las emitidas por reparos a la declaración del contribuyente”.

En este mismo sentido, en la RTF Nº 6445-5-2005, el Tribunal Fiscal ha se-ñalado

CAP. III

“Que de lo expuesto se tiene que la Orden de Pago Nº 133-001-0043072 noencuadra en el supuesto del numeral 1) del artí culo 78º del Código Tributario,a

l haber sido emitida ob jeta

ndo lo consignado por la

recurrente en sudeclaración, por lo que no constituye deuda exigible coactivamente (…)”





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

liquidación ef ectuada por la recurrente, sino, en tal sentido, no correspondí a que emitiera una orden de pago al amparo del artí culo 78º del CódigoTributario, sino resoluciones de determinación.

Que al haberse concluido que el valor que debió ser girado era unaresolución de determinación, correspondí a que la Administración observaselos requisitos establecidos en el artí culo 77º del Código Tributario”.

CAP. III4.1. ¿Q ué hacer si la Orden de Pago no cumple con los presupuestos del artículo

78º del Código Tributario?

En el supuesto que la Administración Tributaria hubiese emitido una ordende pago respecto de una deuda no reconocida expresamente en unadeclara- ción jurada previa, entonces, tendrá la posibilidad de interponer el respectivo recurso de reclamación, ello en el plazo de veinte días hábiles denotif icado el valor de conf ormidad con el literal a) del artí culo 119º del Código Tributario, invocando la existencia de circunstancias que evidencianla imposibilidad de la cobranza.3 Bajo este escenario, existen dosposibilidades:

a) La primera posibilidad consiste en que, una vez presentada la reclama-

ción, la

Administración considere que la

cobranza de la

deuda devieneen improcedente y por consiguiente, no requerirá el pago previo dela suma reclamada, sino que mas bien se pronunciará sobre el f ondo de la controversia.

b) La segunda posibilidad consiste en que la Administración considere queno existen circunstancias que hagan improcedente la cobranza y porconsiguiente requerirá el pago previo de la suma reclamada, demodo que, al no cumplirse con el pago requerido, la Administracióndeclarará inadmisible la reclamación.

Al respecto, cabe citar la RTF Nº 05464-4-2007, según la cual procede de

cobranza coactiva de una orden de pago cuya reclamación ha sidodeclarada inadmisible, aun cuando el deudor tributario haya interpuestorecurso de apelación en el plazo de ley.

3 El mismo dispositivo señala que la Administración deberá admitir y resolver este tipo de reclamacionesdentro del plazo de noventa (90)

Asimismo, en la RTF Nº 11293-2-2007 el mismo Tribunal ha señalado:

“Que de la revisión del monto declarado por la recurrente y de la sumapor la que f ue girada la orden de pago, se constata que ésta nocorresponde a la





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

4.2. ¿Q ué hacer si la orden de pago se a justa a lo señalado en el artí culo 78º del Código Tributario y se encuentra debidamente notificada?

En este caso, corresponderá que el contribuyente proceda al pago de la deuda puesta o cobro, o, en todo caso, proceda a solicitar un

f raccionamiento de la misma. En este sentido, como se ha explicado, el pago de la deuda puesta a cobrono debe ef ectuarse mediante la presentación de una nueva declaración

jurada, pues ello será considerado por la Administración tributaria como unadeclara- ción rectif icatoria, de conf ormidad con el artí culo 88º del CódigoTributario.

Así pues, la deuda puesta a cobro mediante una orden de pago ajustadaa ley debe pagarse a través del Formulario Nº 1662 (coloquialmente conocido como la “guía de pagos varios”), consignando adecuadamente el número de RUC, periodo, código de tributo e importe a pagar.4

Otra opción para la cancelación de una orden de pago es a través deInternet, con el f ormulario virtual Nº 1660, para lo cual previamente sedebe haber celebrado un convenio de af iliación con un banco.5

Respecto del f raccionamiento de las deudas tributarias, el mismo se regula por la Resolución de Superintendencia Nº 199-2004/SUNAT. En estesentido, el artí culo 3º de la mencionada Resolución señala lo siguiente:

CAP. III

“Las deudas tributarias que no podrán ser materia de aplazamiento y/o fraccionamiento son lassiguientes:

a) Las correspondientes al último período tributario vencido a la fecha de presenta- ción dela solicitud, así como aquéllas cuyo vencimiento se produzca en el mes de presentación dela solicitud.

b) La regularización del Impuesto a la Renta cuyo vencimiento se hubiera producido en elmes anterior a la fecha de presentación de la solicitud, o se produzca en el mes depresentación de la solicitud.

c) Los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y del Impuesto Selectivo al Consumo cuyaregularización no haya vencido.

d) El Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN.

e) Las que hubieran sido materia de aplazamiento y/o fraccionamiento anterior, ex- ceptolas indicadas en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°981.

f) Los tributos retenidos o percibidos.

g) Las que se encuentren en trámite de reclamación, apelación, demanda contenciosoadministrativa o estén comprendidas en acciones de amparo, salvo que:

g.1) A la fecha de presentación de la solicitud se hubiera aceptado el desistimiento de lapretensión y conste en resolución firme.

g.2) La apelación se hubiera interpuesto contra una resolución que declaró inadmisiblela reclamación.

g.3) La deuda esté comprendida en una demanda contencioso administrativa o en unaacción de amparo en las que no exista una medida cautelar notificada a la SUNATordenando la suspensión del Procedimiento de Cobranza Coactiva.

4 En el caso de los Principales contribuyentes debe consignarse además el número del valor.

5 Para una mejor ilustración de esta forma de pago, puede revisarse la siguiente dirección electrónica: http://www.sunat.gob.

http://www.sunat.gob/







CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

h) Las multas rebajadas por el acogimiento al régimen de incentivos a que se refiere elartículo 179° del Código.

Las multas rebajadas por aplicación del régimen de gradualidad, cuando por dicharebaja se exija el pago como criterio de gradualidad.

Las que se encuentren comprendidas en procesos de reestructuración patrimonial al amparode la Ley N° 27809 – Ley General del Sistema Concursal, en el procedimiento transitoriocontemplado en el Decreto de Urgencia N° 064-99, así como en procesos de reestructuraciónempresarial regulados por el Decreto Ley N° 26116.

El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo que corresponda pagar por el ejercicio en el cual sepresenta la solicitud, así como por el ejercicio anterior cuando la última cuota correspondienteal pago fraccionado de dicho impuesto no hubiera vencido.

Adicionalmente, tampoco podrá ser materia de una solicitud de aplazamiento la deudatributaria que en conjunto resulte menor al cinco por ciento (5%) de la UIT al momento depresentar dicha solicitud”.

Ahora bien, en el supuesto que la deuda tributaria no sea pagada y/of raccio- nada, la Administración Tributaria se encontrará en la posibilidad de hacer exigible la deuda mediante el procedimiento de cobranzacoactiva.

4.3 La presentación de una declaración rectificatoria:

De conf ormidad con el artí culo 88º del Código Tributario, la declaraciónrectif icatoria surtirá ef ecto con su presentación siempre que determineigual o mayor obligación, siendo que en caso contrario surtirá ef ectos si

dentro de un pla

zo de sesenta (60) días há

biles siguientes a su presenta

ción la Adminis- tración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidady exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria de ef ectuar la verif icación o f iscalización posteriorque corresponda en ejercicio de sus f acultades.

En este sentido, podrían presentarse las siguientes situacionestí picas:

a) Que el contribuyente presente una declaración rectif icatoria queincremen- te el monto de la obligación tributaria, en cuyo caso, la Administración emitirá la respectiva orden de pago por el importe del

incremento autoliquidado por el recurrente. Este procedimiento sesustenta en el numeral 1 del artí culo 78º del Código Tributario, concordado con el artí culo 88º del mismo Código.

b) Que el contribuyente presente una declaración jurada rectif icatoria disminuyendo el importe de la obligación tributaria, en cuyo casodicha declaración rectif icatoria surtirá ef ecto dentro de sesenta díashábiles, ello de conf ormidad con el citado artí culo 88º.





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

En ambos casos corresponderá que la Administración Tributaria admita a

trámite el recurso de reclamación interpuesto contra la orden de pagosin exigir el pago previo de la deuda contenida en la orden de pago (siempreque el mismo se presente dentro del plazo de veinte días hábiles denotif icada la orden de pago), puesto que con la presentación de la declaración rectif ictoria se evidencias circunstancias que haríanimprocedente la cobranza. Asimismo, en ambos casos, corresponderá que la Administración emita pronunciamiento en la etapa de reclamación sobre la verosimilitud del contenido de la declara- ción rectif icatoria dentro del plazo de sesenta días hábiles de presentada dicha declaración rectif icatoria, puesde lo contrario, la dicha declaración rectif icatoria surtirá ef ecto, de jando sin ef ecto el valor sustentado en la declaración original.

No obstante, podría también ocurrir que, a pesar de la presentación de la

declaración rectif icatoria y de la respectiva reclamación f ormulada dentrodel plazo de veinte días hábiles, la Administración considere indebidamente

que no existen circunstancias que evidencien la improcedencia de la cobranza, y por ende, requiera el pago previo del tributo acotado en la orden de pago, y ante el incumplimiento por parte del contribuyente, declare inadmisible la reclamación. En estos casos, el Tribunal Fiscal optarápor admitir a trámite el recurso impugnatorio, pues entiende que con la presentación de la declaración rectif ictoria se conf iguraron circunstancias queharían improcedente la cobranza y a su vez, en virtud del principio deeconomí a procesal, resuelve sobre el f ondo de la controversia, y en estesentido, verif ica si la Administración se pronunció o no sobre la verosimilitud de la declaración rectif icatoria dentro del plazo de sesenta días hábiles,

siendo que en caso que no se hubiese producido dicha

verif ica

ción en el plazo antes mencionado, dejará sin ef ecto el valor sustentado en la declaración jurada original. Como ilustración de lo antes explicado, puedecitarse la RTF Nº 9586-4-2008.

4.4. El Formulario Nº 194

Según el segundo párraf o del artí culo 4º de la Resolución deSuperintendencia Nº 132-2004/SUNAT, la cual regula la solicitud demodif icación de datos, NO procede que el deudor tributario solicite la modif icación y/o inclusión de datos errados u omitidos si, a consecuencia de

los mismos la SUNAT notif icó una resolución u orden de pago. La citadanorma precisa que corresponde que se siga el procedimiento para comunicarla existencia de errores materiales o circunstancias posteriores a la emisiónde actos de la Administración Tributaria.

Ahora bien, el numeral 2) del artí culo 108º del Código Tributario señala que,después de la notif icación, la Administración tributaria sólo podrá revocar,modif icar, sustituir o complementar sus actos administrativos cuandodetecte que se han presentado circunstancias posteriores a su emisión quedemuestren su improcedencia o cuando

s

t





rate de errores materiales, tales como los de redacción o de cálculo.

En este sentido, mediante Resolución de Superintendencia Nº 002-97/SUNAT,la SUNAT ha aprobado el procedimiento de comunicación de la existenciade errores materiales o circunstancias posteriores a la emisión de actos de

la Administración Tributaria.

CAP. III





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

Según el artí culo 1º de la mencionada Resolución, La Superintendencia Na-cional de Administración Tributaria - SUNAT podrá revocar, modif icar, susti-tuir o complementar las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinacióno Resoluciones de Multa con posterioridad a su notif icación, cuando :

a) Los pagos ef ectua

dos por el deudor tributario hubiera

n sidoimputados equivocadamente por la Administración Tributaria;

b) Existan pagos totales o parciales de la deuda tributaria realizados hasta el día anterior a aquél en que se ef ectúe la notif icación de las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación o Resoluciones deMulta que contienen dicha deuda;

c) Las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación o Resoluciones deMulta hubieran sido notif icadas sin considerar que la totalidad o partede la deuda tributaria ha sido materia de un aplazamiento y/of raccionamiento aprobado mediante Resolución;

d) Las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación o Resoluciones deMulta se hubieran emitido en f unción a errores de digitación,transcripción y/o procesamiento de cifras por la AdministraciónTributaria;

e) Se presenten los siguientes casos de duplicidad en la emisión de los documentos:

- Tratándose de Resoluciones de Multa, éstas correspondan alas misma inf racción y período tributario, y coincidan en el montode la sanción, sin considerar intereses.

- Tratándose de Ordenes de Pago, éstas correspondan al mismotributo y período tributario, provengan de la misma Declaración ycoincidan en el monto del tributo.

f) Exista una Declaración Sustitutoria o una Rectif icatoria que hubieradeterminado una mayor obligación, respecto a la deuda tributariacon- tenida en la Orden de Pago, Resolución de Determinación oResolución de Multa;

g) Las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación o Resoluciones deMulta hubieran sido notif icadas sin considerar que la deuda tributariaque contienen ha sido corregida como consecuencia de una Solicitud de

Mo- dif icación de Datos, aceptada por la SUNAT conf orme a lo establecido en la Resolución de Superintendencia que aprueba el citadoprocedimiento;

h) Las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación o Resolucionesde Multa hubieran sido notif icadas sin considerar que la deudatributaria que contienen ha sido corregida como consecuencia de la modif icación del coef iciente o porcenta je de los pagos a cuentacorrespondientes al Impuesto a la Renta, o de la comunicación de la suspensión de los mismos con arreglo a



i) Exista una Declaración Rectif icatoria que hubiera determinado una obli-gación menor respecto a la deuda tributaria contenida en una Ordende Pago y, de ser el caso, en una Resolución de Multa vinculada siempre

que la aludida declaración hubiera surtido ef ectos conf orme a lo señalado en e l artí culo 88° del Código Tributario.

Para tal ef ecto, según el artí culo 3º de la Resolución de Superintendencia Nº 002-97/SUNAT, a fin de comunicar la existencia de alguna de las causalesantes señaladas, los deudores tributarios deberán presentar el Formulario Nº 194- Comunicación para la Revocación, Modif icación, Sustitución, Comple-mentación o Convalidación de Actos Administrativos.

Es importante indicar que, en la RTF Nº 01743-3-2005, la cual es de obser-vancia obligatoria, el Tribunal Fiscal ha señalado lo siguiente:

“El Formulario Nº 194 “Comunicación para la revocación, modif icación, susti-tución o complementación de actos administrativos”, regulado por la Resolución de Superintendencia Nº 002-97/SUNAT, es una reclamación especial en que la voluntad del administrado es cuestionar el cobro y, enconsecuencia, contra lo resuelto por la Administración procederá el recursode apelación respectivo. En caso que lo solicitado por el administrado nose encuentre dentro de los supuestos de la mencionada Resolución, procede que la Administración Tri- butaria le otorgue a dicha comunicación el trámite de recurso de reclamación, en aplicación del artí culo 213º de la Ley del Proced imiento Administrativo General, Ley Nº 27444, considerando como f echa de presentación del recurso, la que conste como tal en el Formulario Nº 194.”6





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

dr. Jorge Arév Alo Mogollón

Anexos

RTF N° 03718-3-2008

CAP. III


INTERESADO :

ASUNTO : Régimen Contributivo de laSeguridad Social en Salud

PROCEDENCIA : Lima

FECHA : Lima, 25 de marzo de2008

VISTA la apelación interpuesta porcontra la Resolución de

Intendencia N° 026-014-0010874 emitida el29 de setiembre de 2005 por la IntendenciaRegional Lima de la Superintendencia Nacio- nalde Administración Tributaria, que declaróinadmisible la reclamación contra la Orden dePago N° 023-001-0650922 girada por lasAportaciones al Régimen Contributivo de laSeguridad Social en Salud correspondiente aoctubre de 2004.

CONSIDERANDO:

Que el recurrente sostiene que con fecha 17 denoviembre de 2004 presentó su declara- ción jurada por las aportaciones al RégimenContributivo de la Seguridad Social en Salud y elImpuesto Extraordinario de Solidaridad- Cuenta Propia, sin embargo, no pagó losimportes declarados en la referida fecha.

Que alega que el 13 de diciembre de 2004,cumplió con los pagos respectivos aunque porerror, consignó el Código 5210 de las

aportaciones al Régimen Contributivo de laSeguridad Social en Salud para pagar el montocorrespondiente al Impuesto Extraor- dinario deSolidaridad - Cuenta Propia (Códi- go 5081), yviceversa.

Que la Administración señala que los pagosaludidos constituyen ingresos de distintasentidades por lo que no procede su compen-sación; en este sentido, al no existir circuns-tancias que evidencien que la cobranza de laorden de pago impugnada podría resultarimprocedente, y dado que el recurrente no haacreditado el pago de la deuda, a pesar

de ser requerido para tal efecto, se procedió adeclarar inadmisible la reclamación interpuesta.

Que el numeral 1 del artículo 78° del Texto ÚnicoOrdenado del Código Tributario, aprobado porDecreto Supremo N° 135-99-EF, establece que laorden de pago es el acto en virtud del cual laAdministración exige al deudor tributario lacancelación de la deuda tributaria, sin necesidadde emitirse previamente la resolución dedeterminación, en caso de tributosautoliquidados por el deudor tributario.

Que de conformidad con el artículo 136° delreferido Código Tributario, modificado por elDecreto Legislativo N° 953, para interponerreclamación contra la orden de pago es re-quisito acreditar el pago previo de la totalidadde la deuda tributaria actualizada hasta la fechaen que realice el pago, excepto en el casoestablecido en el numeral 3 del inciso a) del

artículo 119°.Que el numeral 3 del inciso a) del artículo119° del mencionado Código Tributario se- ñalaque el ejecutor coactivo suspenderátemporalmente el procedimiento de cobranzacoactiva, excepcionalmente, tratándose deórdenes de pago, cuando medien otrascircunstancias que evidencien que la cobran- zapodría ser improcedente y siempre que lareclamación se hubiera interpuesto dentro delplazo de veinte (20) días hábiles de notificada la

orden de pago.Que por su parte, el artículo 140° del mismoCódigo Tributario, prevé que la Administra- ciónTributaria debe notificar al reclamante para quedentro del término de quince (15) días hábiles,subsane las omisiones que pudieran existircuando el recurso de recla- mación no cumplacon los requisitos para su admisión a trámite,siendo que vencido dicho plazo sin lasubsanación correspondiente se declararáinadmisible la reclamación, salvo cuando las

deficiencias no sean sustancía-





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

les, en cuyo caso la Administración Tributariapodrá subsanarlas de oficio.

Que en la Sentencia del Tribunal Constitu-cional recaída en el Expediente N° 3741-2004-AA/TC, publicada en el diario oficial

“El Peruano” el 24 de octubre de 2006, elTribunal Constitucional estableció como re-gla sustancial que: “Todo cobro que se hayaestablecido al interior de un procedimientoadministrativo, como condición o requisitoprevio a la impugnación de un acto de la propiaadministración pública, es contrario a losderechos constitucionales al debido proceso, depetición y de acceso a la tutela jurisdiccional y,portanto, las normas que lo autorizan son nulasy no pueden exigirse a partir de la publicación dela presente sentencia.”

Que dicha sentencia fue aclarada posterior-mente por la emitida con ocasión del Expe-diente N° 04242- 2006-PA/TC, publicada en eldiario oficial “El Peruano” el 18 de abril de2007, en la que el Tribunal Constitucional anotaque descarta de plano la posición de que anteuna reclamación o apelación en el procedimientocontencioso-tributario, la Ad- ministraciónTributaria o, de suyo, el Tribunal Fiscal esténimpedidos de requerir el pago previo de la deudaen el caso de impugna- ción de órdenes de pago,conforme lo dispone el segundo párrafo del

articulo 136° del Código Tributario.

Que agrega en el fundamento 22 de la refe- ridasentencia, que: “(...) el supuesto previs- to en laregla sustancial B de la STC 3741-2004-AA/TC es, a todas luces, distinto al de laimpugnación de una orden de pago, donde laexigencia del pago previo no se origina debido auna tasa condicional para poder solicitar larevisión del caso, sino más bien debido a laexistencia de deuda tributaria que elcontribuyente tiene el deber de cancelar,

conforme a los supuestos del articulo78° del Código Tributario” y añade que, “este

requisito previo a la impugnación tampoco seorigina necesariamente en un acto de la propiaAdministración Pública, sino, antes bien, en laconstatación de una obligación sobre cuyacuantía se tiene certeza, la cual puede originarse,por ejemplo, cuando media lo declarado por elpropio contribuyente (autoliquidación), supuestoque se constata con mayor claridad en los tresprimeros incisos del articulo 78° del CódigoTributario.

Es así que puede diferenciarse la naturaleza deuna orden de pago de la resolución dedeterminación, en cuyo caso si media un acto defiscalización o verificación de deuda previo,siendo finalmente la Administración la quetermina determinándola. De ahí que se exima alcontribuyente del requisito del pago previo parasu impugnación al no constituir aún deudaexigible.”

Que en tal virtud corresponde exigir la acre-ditación del pago previo de la orden de pagoimpugnada a efecto de admitir a trámite elrecurso que la cuestiona.

Que de la revisión de los actuados se ad- vierteque el 17 de noviembre de 2004, el recurrentepresentó el Formulario PDT 600N° 75781606 correspondiente al mes de

octubre de 2004 (fojas 4 a 7), en el cual declarópor aportaciones al Régimen Con- tributivo dela Seguridad Social en Salud e ImpuestoExtraordinario de Solidaridad - Cuenta Propia,los importes de SI. 1 469,00 y SI. 235,00,respectivamente; sin embargo no efectuó pagoalguno por dichos conceptos.

Que de la copia de la Boleta de Pago 1662N° 56630536 de 13 de diciembre de 2004 (foja3), se verifica un pago de SI. 239,00 poraportaciones al Régimen Contributivo de la

Seguridad Social en Salud (Código 5210); portanto, del cotejo entre lo declarado y lo pagado,resulta un saldo a pagar de SI. 1 249,00, motivopor el cual la Administración emitió la Orden dePago N° 023-001-0650922 (foja 1), al amparo delnumeral 1 del artículo 78° del Código Tributario.

Que de conformidad con el artículo 140° delcitado código, con fecha 12 de agosto de2005 la Administración notificó al recurrente elRequerimiento N° 0260550010137 (foja33), a fin de que cumpla con el pago previo de ladeuda impugnada, en un plazo de quince (15)

días hábiles, sin que haya cumplido con efectuarla subsanación respectiva, por lo que la apeladaen principio se encontraría arreglada a ley.

Que no obstante, obra a foja 2, copia de Boletade Pago 1662 N° 56630537 de 13 dediciembre de 2004, en la que se aprecia un pagopor el Impuesto Extraordinario de Solidaridad -Cuenta Propia (Código 5081) ascendente a SI. 1492,00, con lo cual se acreditaría el pago conerror alegado por

CAP. III





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

el recurrente, por lo que corresponde emitirpronunciamiento al respecto.

Que sobre el particular, este Tribunal haseñalado en reiterada jurisprudencia, tales comolas Resoluciones N° 380-4-97, 212-5-

99, 763-5-2000 y 05700-2-2004, que el errormaterial no es un motivo que permita sustentarel desconocimiento de los pagos efectuados porlos contribuyentes; asimismo, en la ResoluciónN° 05870-1-2007 se indicó que en aplicación dela Sétima Disposición Tran- sitoria y FinaldelDecreto Legislativo N° 981,1

si se evidencia error material en el pago de unadeuda, éste debe ser íntegramente imputado altributo correspondiente, aunque se trate deingresos relacionados a entidades distintas.

Que el documento denominado “Extracto dePresentaciones y Pagos” obrante a foja 23,

respalda las declaraciones y pagos mencio-nados, toda vez que indica que con fecha 17 denoviembre de 2004 el recurrente declaró por lasaportaciones al Régimen Contributivo de laSeguridad Social en Salud y el Impues- toExtraordinario de Solidaridad - Cuenta Propia delperiodo materia de controversia, los montos deS/. 1 469,00 y SI. 235,00 respectivamente,mientras que con fecha 13 de diciembre delmismo año, desembolsó S/. 239,00 y S/. 1492,00 en el mismo orden.

Que de lo expuesto se evidencia que elrecurrente incurrió en un error material al

1 La Sétima Disposición Transitoria y Final del DecretoLegislativo N° 981, publicado el 15 de marzo de 2007,

estableció que cuando al realizarse el pago de la deudatributaria se incurra en error al indicar el tributo o multa por

el [cual Ásle se efectúa, la SUNAT, a iniciativa de parte o deoficio, verificará dicho hecho, y de compro- barse la

.Uxjíítencia del error se tendrá por cancelada la deuda

tributaria o realizado el pago parcial respectivo en la fecha

en que el deudor tributario ingresó el monto correspondiente.

realizar el pago de la deuda por el tributo yperiodo materia de análisis, por lo que en virtuda los criterios esgrimidos precedentemente, elpago efectuado mediante Boleta de Pago 1662N° 56630537, ascendente a S/. 1 492,00 debe seríntegramente imputado a las aportaciones alRégimen Contributivo de la Seguridad Social enSalud de octubre de 2004 y de igual modo, elpago efectuado mediante Boleta de Pago 1662 N°56630536, ascendente a S/. 239,00 debe serimputado al Impuesto Extraordinario deSolidaridad - Cuenta Propia del mismo período.

Que en consecuencia, al no existir montopendiente de pago por el tributo y periodomateria de autos, en aplicación del principio deeconomía procesal, corresponde revocar laresolución apelada y dejar sin efecto la orden

de pago impugnada.Que finalmente, cabe señalar que en el aludido“Extracto de Presentaciones y Pagos” constaademás el pago de S/. 300,00 efectuado por elrecurrente con fecha 22 de marzo de 2005,destinado a cancelar la deuda impugnada, lo cualdeberá ser tenido en con- sideraciónoportunamente por la Administra- ción, alamparo de los artículos 38° y 40° del CódigoTributario.

Con los vocales Casalino Mannarelli, León Pinedo

y Queuña Díaz, e interviniendo como ponente lavocal León Pinedo.

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución de Intendencia N°026-014-0010874 emitida el 29 de setiembre de2005, debiendo dejarse sin efecto la la Orden dePago N° 023-001-0650922.

Regístrese, comuniqúese y remítase a la Su-perintendencia Nacional de AdministraciónTributaria, para sus efectos.





CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

RTF N° 09586-4-2008


INTERESADO :

ASUNTO : Impuesto a la Renta ySistema Nacional dePensiones

PROCEDENCIA : Loreto

FECHA : Lima, 8 de agosto de2008

VISTA la apelación interpuesta porcontra la Resolu-

ción de Intendencia N° 126-014-0000564/

SUNAT de 29 de noviembre de 2005, emitida porla Intendencia Regional Loreto de la Su-perintendencia Nacional de AdministraciónTributaria - SUNAT, que declaró inadmisible lareclamación contra las Órdenes de Pago N° 123-001-0015665 a 123-001-0015672 sobre pagos alrégimen especial del Impues- to a la Renta desetiembre y noviembre de2001, enero y junio de 2002 y aportaciones alSistema Nacional de Pensiones de enero, mayo, junio y julio de 2002.

CONSIDERANDO: Que el recurrente sostiene que si bien inter-puso recurso de reclamación de forma ex-temporánea, los valores impugnados fueronemitidos sin considerar las declaracionesrectificatorias presentadas, las que han sur- tidoefecto y determinan menor obligación, por loque corresponde que se admita a trá- mite surecurso.

Que invoca la aplicación del criterio contenidoen las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 7498-4-2003, 3296-3-2004 y 1515-3-2003.

Que indica que la Administración no se hapronunciado sobre la compensación solicita- dani ha considerado la copia de la solicitud dereintegro tributario adjuntada en la etapa dereclamación.

Que por su parte, la Administración sostiene quelos valores impugnados fueron emitidos sobre labase de los tributos autoliquidados por elrecurrente, por lo que al no existir cir-cunstancias que evidencien que la cobranza

podría resultar improcedente, requirió lasubsanación del requisito del pago previo de

la deuda reclamada, el que no fue subsanado,por lo que declaró la inadmisibilidad de la

reclamación presentada.Que en el presente caso, la controversia secentra en determinar si la inadmisibilidad de-clarada por la Administración se encuentraarreglada a ley.

Que el numeral 1 del artículo 78° del TextoÚnico Ordenado del Código Tributario, apro-bado por Decreto Supremo N° 135-99-EF,establece que la orden de pago es el acto envirtud del cual la Administración exige al deudortributario la cancelación de la deuda tributaria,

sin necesidad de emitirse previamente laresolución de determinación, en caso detributos autoliquidados por el deudortributario.

Que de acuerdo con el segundo párrafo delartículo 136° del citado código, para interpo- nerreclamación contra una orden de pago esrequisito acreditar la cancelación de la totalidadde la deuda tributaria, excepto en el supuestoestablecido en el numeral 3 del literal a) delartículo 119° del mismo código, esto es, cuandomedien circunstancias que evidencien que la

cobranza podría ser improcedente y siempreque dicho recurso se hubiera presentado dentrodel plazo de veinte (20) días hábiles denotificado el indicado valor, en cuyo caso deberáser admitido y resuelto.

Que el artículo 140° del mismo Código Tri-butario, prevé que la Administración Tribu- tariadebe notificar al reclamante para que dentro deltérmino de quince (15) días há- biles, subsanelas omisiones que pudieran existir cuando elrecurso de reclamación no cumpla con losrequisitos para su admisión a trámite, y quevencido dicho plazo sin la subsanacióncorrespondiente se declarará inadmisible lareclamación, salvo cuando las deficiencias nosean sustanciales, en cuyo caso laAdministración Tributaria podrá subsanarlas deoficio.

Que de la revisión del recurso de reclama-ción contra las Órdenes de Pago N° 123-001-0015665 a 123- 001-0015672 (fojas 11a 15) se advierte que éste fue presentado fueradel plazo de veinte (20) días a que hace

referencia el artículo 119° del Código

CAP. III




CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

Tributario1, y que no cumplió con acreditar elpago previo de la deuda impugnada.

Que mediante Requerimiento N°1260550000637 notificado el 1 de setiembre de2005 (foja 31), de conformidad con lo dispuesto

en el inciso a) del artículo 104° del CódigoTributario2, la Administración solicitó alrecurrente que presentara copia simple delcomprobante de pago de la deuda tributaria.

Que vencido el plazo otorgado por la Admi-nistración para que el recurrente efectuara elpago de la deuda impugnada para que seadmitiera a trámite la reclamación, sin que secumpliera con subsanar dicha omisión, sedeclaró la inadmisibilidad de la reclama- cióninterpuesta, lo que resulta arreglado a ley.

Que sin embargo, de acuerdo a reiteradasresoluciones de este Tribunal, como las N°4101-4-2007, 6671- 4-2006 y 1953-4-2007, cuando se advierta la manifiesta im-procedencia de la cobranza, corresponderevocar la inadmisibilidad declarada, comoocurre en el caso de autos respecto a lasÓrdenes de Pago N° 123-001-0015667 y123-001-0015670 giradas por Impuesto a laRenta de enero y junio de 2002, toda vez quepor dichos períodos la recurrente ha presentadodeclaraciones rectificatorias.

Que en tal virtud, procede confirma la resolu-ción apelada en cuanto al extremo referido a lasÓrdenes de Pago N° 123-001-0015665,

123-001-0015666, 123-001-0015668, 123-001-0015669, 123-001-0015671 y 123-001-0015672, y revocarla respecto a ladeclaración de inadmisible del recurso dereclamación contra las Órdenes de Pago N°

123-001-0015667 y 123-001-0015670.Que en aplicación del principio de economíaprocesal, procede emitir pronunciamiento sobreel fondo del asunto controvertido en lasÓrdenes de Pago N° 123-001-0015667 y123-001-0015670.

Que al respecto, el cuarto párrafo del artícu- lo88° del citado código, señala que vencido elplazo de presentación de la declaración referidaa la determinación de la obligación tributaria,

podrá presentarse una declara- ciónrectificatoria, la que surtirá efecto con supresentación siempre que determine igual omayor obligación, en caso contrario, surtiráefecto si en un plazo de sesenta (60) días hábilessiguientes a su presentación, la Administraciónno emitiera pronunciamiento sobre la veracidady exactitud de los datos contenidos en dichadeclaración rectificatoria, sin perjuicio de suderecho de efectuar la verificación ofiscalización posterior que corresponda en

ejercicio de sus facultades.

Que conforme se verifica de los actuados, elrecurrente presentó las siguientes decla-raciones respecto del Impuesto a la Renta deenero y junio de 2002, según se detalla acontinuación:

Orden de Pago N°

Impuesto ala Renta

Formulario N°

Declarado

Fojas Base imponible

Tributo

123-001-0015667 Ene-02 Original 118-8405199 S/.6,052.00 S/. 151.00 118Rectificatoria 621-4555244 S/,6,052.00 S/. 121.00 114a 117

123-001-0015670

Jun-02 Original 118-11382201 S/.6,339.00 S/. 158.00 112

Rectificatoria 621 - 4555243 S/.6,339.00 S/. 127.00 108 a 111

1 El escrito de reclamación fue presentado el 22 de agosto de 2005, y la notificación de las Órdenes de Pago N° 123-001-

0015665 a 123-001-0015672 se realizó el 25 de febrero de 2005, conforme se verificó en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06782-2-

2005. 2 El artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por Decreto

Legislativo N° 953 establece que: “La notificación de los actos administrativos se realizará, indistintamente, por cualquiera de las




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CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

Que de autos se verifica que las Órdenes dePago N° 123-001-0015667 y 123-001-0015670 fueron emitidas tomando como re-ferencia los datos consignados por el recu-rrente en sus declaraciones originales (fojas126 y 132).

Que con fecha 30 de julio de 2005, el recu-rrente presentó declaraciones rectificatoriasrespecto del tributo y periodos en mención, enlas que modificó el tributo por pagar.

Que en el Informe Técnico N° 007-2008/-SUNAT/2Q0301 (foja 138) la Administraciónindica que no ha realizado ninguna verifica- ciónde acuerdo al artículo 88° del Código Tributariorespecto de las rectificatorias presentadas.

Que al haber transcurrido el plazo de sesenta

(60) días hábiles siguientes a su presentación, lasdeclaraciones rectificatorias presentadas hansurtido efecto, por lo que corresponde dejar sinefecto las Órde- nes de Pago N° 123-001-0015667 y 123-001-0015670 por el exceso de S/.121.00 yS/.127.00.

Que respecto a lo señalado por el recurren- teen el sentido que la Administración no haemitido pronunciamiento sobre la compen-sación solicitada ni respecto de la solicitud dereintegro tributario, tal argumento no resulta

atendible, toda vez que la materia de

grado era la inadmisibilidad declarada por laAdministración, por lo que no correspondía queaquélla emitiera pronunciamiento al respecto.

Que con relación a las resoluciones invoca- daspor el recurrente, no resulta de aplica- ción

respecto de la inadmisibilidad referida a lasÓrdenes de Pago N° 123-001-0015665,123-001-0015666, 123-001- 0015668, 123-001-0015669, 123-001-0015671 y 123-001-0015672, la que ha sido confirmada en estainstancia, al no haber el recurrente presen-tado rectificatorias referidas a los tributos yperíodos materia de cobranza en tales va-lores.

Con las vocales Flores Talavera, Pinto de Aliaga yZelaya Vidal, a quien se llamó para completarSala e interviniendo como ponente la vocal

Flores Talavera.

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución de Intendencia N°126-014-0000564/SUNAT de 29 de noviembrede 2005 en el extremo referido a las Órdenesde Pago N° 123-001-0015667 y123-001-0015670, las que se dejan sin efec- topor el exceso de S/.121.00 y S/.127.00; yCONFIRMARLA en lo demás que contiene.

Regístrese, comuniqúese y remítase a la

SUNAT, para sus efectos.

CAP. III








Capítulo IV

El procedimiento de Fiscalización



CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

FiscAlizAción y procediMiento contencioso tribut Ario

CAP. IV

El procedimiento de Fiscalización

1. Introducción

Como ya se ha indicado, en el Perú la determinación de la obligación tributariapuede ser realizada por el mismo contribuyente o por la propiaAdministración tributaria. Sin embargo, como regla general, es el contribuyente quien pr i ma facie realiza la determinación de dicha obligación tributaria.

Ahora bien, dicha determinación, contenida en una declaración juradapresen- tada por el contribuyente, estará sujeta a la respectiva f iscalización por parte de la Administración tributaria.

En este sentido, el artí culo 61º del Código Tributario dispone que, la determinación de la obligación tributaria ef ectuada por el deudortributario está sujeta a f iscalización o verif icación por la AdministraciónTributaria, la que podrá modif icarla cuando constate la omisión o inexactituden la inf ormación proporcionada, emitiendo la Resolución deDeterminación, Orden de Pago o Resolución de Multa.

2. Fines de la Fiscalización

En este orden de ideas, según el artí culo 62º del Código Tributario, “el e jerciciode la f unción f iscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del

cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos quegocen de inaf ectación, exoneración o benef icios tributarios”.

Por lo mismo, la primera f inalidad de la f iscalización consiste en verif icar laverosimilitud del contenido de la declaración jurada, para que, de ser el caso, notif icar las respectivas acotaciones.

A su vez, la f iscalización también tiene como objetivo la ampliación de la

base tributaria y el aumento de la recaudación, a través de la generación de riesgo ef ectivo de detección, determinación y sanción del incumplimiento. Esta generación de riesgo ef ectivo parte de una premisabásica: Los recursos humanos y logí sticos de la Administración tributaria sonlimitados en relación con el universo de contribuyentes y el conjunto deobligaciones sustanciales y f ormales que éstos deben cumplir. Por lo mismo,como no es posible estar en todo lugar y/o en todo tipo de hechosimpon ibles y, como además, no es




posible sancionar todo incumplimiento de las normas tributarias,entonces, la Administración se ve en la necesidad de utilizar todos susrecursos de una manera dosif icada, y a la vez, estratégica, encontribuyentes, actividades y/o lugares especí f icamente seleccionados, paraasí generar la sensación de control y proximidad en todo el universo dedeudores tributarios.

3. Tipos de fiscalización

Pueden distinguirse tres tipos básicos de f iscalizaciones:

a. Las auditorías, en las cuales la Administración Tributaria realiza la f iscali-zación integral a determinados contribuyentes respecto del IGV eImpuesto a la Renta. Estos contribuyentes son seleccionados en base adeterminados indicadores, establecidos internamente por la propiaAdministración.

b. Las verif icaciones, en las cuales la Administración tributaria establece di-f erencias en las ventas y/o adquisiciones de determinados contribuyentes, explicadas por los cruces de inf ormación con terceros.Este es el caso de las verif icaciones generadas en relación con la DAOT.

c. Las acciones inductivas, en las cuales la Administración dirige comuni-caciones a los contribuyentes que no han sido seleccionados paraverif i- caciones por la dispon ibilidad de recursos de f iscalización.

Ahora bien, el artículo 61° del Código Tributario fue modificado por el artículo 3°del Decreto Legislativo Nº 1113, publicado el 05 de julio de 2012, el cual está envigencia a los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de su publicaciónestablece un cambio sustancial en cuanto al procedimiento de fiscalización.

Al respecto, dicho artículo dispone que la fiscalización que realice la Sunat podráser definitiva o parcial.

La fiscalización será parcial cuando se revise parte, uno o algunos de loselementos de la obligación tributaria, es decir parte de un periodo tributariodetrminado, una parte de los de los proveedores o principales proveedores, unaparte de los clientes o principales clientes, etc., así se definirá los requerimientosde la Sunat por lo cual tienen un carácter parcial no definitiva, entendido que eseperiodo tributario, la lista restante de proveedores o de clientes seaposteriormente revizado.

Asimismo, dispone que en el procedimiento de fiscalización parcial se deberá:

a) Comunicar al deudor tributario, al inicio del procedimiento, el carácterparcial de la fiscalización y los aspectos que serán materia de revisión.

b) Aplicar lo dispuesto en el artículo 62°-A considerando un plazo de seis (6)meses, con excepción de las prórrogas a que se refiere el numeral



Fisc A liz A ción y procediMiento contencioso tribut A rio

2 del citado artículo.

De acuerdo al párrafo anterior, se aplica todos los supuestos de una fiscalizacióndefinitiva normado en el artículo 62°-A con un plazo de una fiscalización parcial de6 meses salvo las prórrogas excepcionales para una fiscalización definitiva.

Ahora bien, iniciado el procedimiento de fiscalización parcial, la SUNAT podráampliarlo a otros aspectos que no fueron materia de la comunicación inicial,previa comunicación al contribuyente, no alterándose el plazo de seis (6) meses,salvo que se realice una fiscalización definitiva.

En este último supuesto se aplicará el plazo de un (1) año establecido en elnumeral 1 del artículo 62°-A, el cual será computado desde la fecha en que eldeudor tributario entregue la totalidad de la información y/o documentación quele fuera solicitada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva.

En este sentido, el administrado debe ser claramente notificado que la

fiscalización tiene un carácter parcial o definitivo, y por tanto, obligado a lo queexpresamente se requiere en la notificación emitida por la Sunat.

4. Características de la fiscalización

Debe indicarse que según el primer párraf o del artí culo 62º del Código Tri-butario, la f acultad de f iscalización es discrecional. Esto quiere decir que la

Administración tributaria es quien determina libremente a quienesf iscalizar, cuándo fiscalizar y por qué conceptos f iscalizar. Ahora, estaf acultad discrecional no debe interpretarse como una f acultad arbitraria y

antojadiza, su jeta

a presiones o intereses pa

rticula

res, sino que, por el contrario, la selección del universo de contribuyentes a fiscalizar debesustentarse en determinados parámetros técnicos y económicos.

Por otro lado, la facultad de f iscalización también se ejerce respecto deaquellos sujetos que gocen de inaf ectación, exoneración o benef icios tributarios. Así por e jemplo, de conf ormidad con el artí culo 8º-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, incorporado por el artí culo 2° del Decreto Supremo N° 175-2008-EF, la SUNAT deberá fiscalizar no menosdel 10% de las entidades inscritas en el Registro de entidades exoneradasdel Impuesto a la Renta al amparo de lo previsto en el inciso b) del artí culo 19° de la Ley.

5. Facultades que comprende la Fiscalización

La Administración Tributaria tiene la posibilidad de ejercer un conjunto def acultades, previstas en el artí culo 62º del Código Tributario.

En este sentido, el numeral 5) del artí culo 87º del mismo Código, los deu-dores tributarios deben permitir el control por la Administración Tributaria,así como presentar o exhibir, en las of icinas f iscales o ante los f uncionarios




autorizados, según señale la Administración, las declaraciones, inf ormes, libros de actas, registros y libros contables y demás documentosrelacionados con hechos suceptibles de generar obligaciones tributarias, enla f orma, plazos y condiciones que le sean requeridos, así como f ormular las aclaraciones que le sean solicitadas. Por lo mismo, el artí culo 177º del

mismo Código establece las inf racciones relacionadas con la obligación depermitir el control de la Administración tributaria.

Ahora bien, el artí culo 62º del Código Tributario establece un conjunto de f a-cultades que puede aplicar la Administración tributaria, en virtud del e jercicio de su f acultad f iscalizadora:

5.1 Exhibición de libros, registros y documentos:

La SUNAT puede exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentaciónde libros contables y documentación relacionada con hechos suceptibles

de generar obliga

ciones tributa

rias. Al respecto, es posible solicitar prórrogas, en los términos que señala el Regla-mento de Fiscalización, como precisaré más adelante.

5.2 Comparecer ante la Administración Tributaria

La Administración se encuentra f acultada para solicitar la comparecenciade los deudores tributarios o terceros para que proporcionen la inf ormación que se estime necesaria, otorgando un plazo no menor decinco (5) días hábiles, más el término de la distancia de ser el caso.

Cabe indicar que, la citación deberá contener como datosmí nimos:

5 El objeto y asunto de la citación.

6 La identif icación del deudor tributario o tercero.

7 La f echa y hora en que deberá concurrir a las of icinas de la Administración Tributaria.

8 La dirección de esta última,

9 Fundamento y/o disposición legal respectivos.

Sobre el tema de la comparecencia, en la RTF Nº 6009-1-2008 (que no esde observancia obligatoria) el Tribunal Fiscal ha señalado que la obligaciónde comparecer en las of icinas de la Administración no resulta aplicable a laspersonas jurí dicas.

5.3 Inmovilizar libros y registros contables

La SUNAT se encuentra f acultada a inmovilizar los libros, archivos,documentos, registros en general y bienes, de cualquier naturaleza. Sinembargo, debe precisarse que esta f acultad está condicionada a la presunción de evasión tributaria por parte de la Administración.

El plazo máximo de inmovilización es de diez (10) días hábiles, prorrogablespor un plazo igual. Empero, mediante Resolución de Superintendencia la

prórroga podrá otorgarse por un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles.




5.4 Incautar libros y registros contables

La Administración podrá practicar incautaciones de libros, archivos, documen-tos, registros en general y bienes, de cualquier naturaleza, incluidos programas inf ormáticos y archivos en soporte magnético o similares, que

guarden relación con la realización de hechos susceptibles de generarobligaciones tributarias.

Cabe acotar que esta f acultad está condicionada al hecho presuma la existencia de evasión tributaria. También debe precisarse que el ejerciciode la misma requiere de autorización judicial, ello en virtud del numeral 10)del artí culo 2º de la Constitución.

El ejercicio de esta f acultad no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) díashábiles, prorrogables por quince (15) días hábiles. Al término de los cuarenta y cinco (45) días hábiles o al vencimiento de la prórroga, seprocederá a la devolución de lo incautado con excepción de aquella

documentación que hubiera sido incluida en la denuncia penal.

5.5 Practicar inspecciones

La Administración puede practicar inspecciones en los locales ocupados,bajo cualquier tí tulo, por los deudores tributarios, así como en los mediosde transporte.

Para realizar las inspecciones cuando los locales estuvieren cerrados ocuando se trate de domicilios particulares, será necesario solicitarautorización judicial, ello de conf ormidad con el numeral 9) del mencionado artí culo 2º de la Constitución.

5.6 Ef ectuar la toma de inventario

La Administración podrá ef ectuar tomas de inventario de bienes ocontrolar su ejecución, ef ectuar la comprobación física, su valuación yregistro; así como practicar arqueos de caja, valores y documentos, y control de ingresos.

5.7 Solicitar información a terceros

La SUNAT puede requerir a las entidades públicas o privadas para que inf or-

men o comprueben el cumplimiento de obligaciones tributarias de los su jetos sometidos al ámbito de su competencia o con los cuales realizan operaciones, bajo responsabilidad.

5.8 Solicitar el levantamiento del secreto bancario

Según el numeral 5) del artí culo 2º de la Constitución, el secreto bancario y la

reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley ysiempre que se ref ieran al caso investigado.

Por lo mismo, la Administración puede solicitar inf ormación a las Empresasdel Sistema Financiero sobre operaciones pasivas con sus clientes, es decir,respecto del monto de los depósitos.




El ejercicio de esta f acultad no se limita a los deudores tributarios sujetosa f iscalización, sino que se extiende a los sujetos con los que éstosguarden relación y que se encuentren vinculados a los hechos investigados.

Ahora bien, con la vigencia del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF),

en la

práctica no existe mérito para que la

SUNAT recurraa

l PoderJudicial

a

fin de solicitar el levantamiento del secreto bancario.

De hecho, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 004-2004-AI/TC, el

Tribunal Constitucional admite que el ITF implica una af ectación al secretobancario, la cual, sin embargo, no está proscrita por el Ordenamiento constitucional. Para mejor ilustración, puedo extraer los siguientesconsiderandos ref erentes al tema:

“37. En criterio de este Colegiado existen, cuando menos, tres motivos quepermiten sostener que el secreto bancario, en tanto se ref iere al ámbitode privacidad económica del individuo, no f orma parte del contenido

esencial del derecho a la intimidad personal: a) la ref erencia al contenido esencial del derecho a la intimidad personal, reconocido porel artí culo 2°7 de la Constitución, hace alusión a aquel ámbito protegidodel derecho cuya develación pública implica un grado de excesiva eirreparable af licción psicológica en el individuo, lo que dif í cilmente puedepredicarse en torno al componente económico del derecho; b) incluir la privacidad económica en el contenido esencial del derecho a la intimidad,implicarí a la imposición de obstáculos irrazonables en la persecución delos delitos económicos; c) el propio constituyente, al regular el derechoal secreto bancario en un apartado especí f ico de la Constitución(segundo párraf o del artí culo 2°5), ha reconocido expresamente la posibilidad de limitar el derecho.

38. Así pues, determinadas manif estaciones del derecho a la intimidad noimportan conservar en conocimiento privativo del titular la inf ormación a ella relativa, sino tan sólo la subsistencia de un ámbito objetivo dereserva que, sirviendo aun a los f ines de la intimidad en tanto derechosub jetivo constitucional, permitan mantener esa inf ormación reservadaen la entidad estatal que corresponda, a fin de que sea útil a valores supremos en el orden constitucional, dentro de márgenes derazonabilidad y proporcionalidad.

39. Así las cosas, las af ectaciones del secreto bancario que estánproscritas constitucionalmente serán sólo aquellas que conlleven, ensí mismas, el propósito de quebrar la esf era íntima del individuo, masno aquellas que, manteniendo el margen f uncional del elemento de

reserva que le es consustancial, sirvan a f ines constitucionalmente legí timos, tales como el seguimiento de la actividad impositiva porparte de la Administración Tributaria, en aras de fiscalizar y garantizarel principio de solidaridad contributiva que le es inherente.

40. Dichos f ines son los que pretenden ser alcanzados por los numerales 1,2 y primer párraf o del numeral 3 del artí culo 17° de la normacuestionada, en tanto permiten que, como consecuencia de la imposición del ITF, la Superintendencia Nacional de AdministraciónTributaria (SUNAT), competente en la materia, tenga acceso adeterminada inf ormación ga- rantizada por el secreto bancario, con el propósito de que, manten iendo la inf ormación en reserva, se aboquea la f iscalización y detección del f raude tributario”.1

1 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00004-2004-AI%2000011-2004-AI%2000012-2004-AI%2000013-2004-AI%20

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00004-2004-AI%2000011-2004-AI%2000012-2004-AI%2000013-2004-AI






V

6. Base legal del Procedimiento de Fiscalización

El procedimiento de fiscalización está regulado en primer término por los artículos

61° y 62º-A de la Ley del Impuesto a la Renta. Estos dispositivos no limitas suaplicación a la SUNAT, sino que también ejerce sus ef ectos a las demás

administraciones tributarias, en lo que f uese pertinente.

Adicionalmente, el procedimiento de f iscalización también está reglamentado porel Decreto Supremo Nº 085-2007-EF. Al respecto, es pertinente precisar quedicha norma legal sólo es aplicable para los procedimientos de f iscalizacióndesarrollados por SUNAT (tributos internos y tributos aduaneros) y no por otrasadministraciones tributarias.

7. Inicio del procedimiento de fiscalización a cargo de SUNAT

Según el artí culo 1º del D.S. 085-2007-EF, el Procedimiento de Fiscalización

se inicia en la f echa en que surte ef ectos la notif icación al sujeto f iscalizado de la Carta que presenta al Agente Fiscalizador y el primer Requerimiento.

El artí culo 3º precisa que, en la Carta la SUNAT comunica al contribuyente:

• Q ue será ob jeto de un Procedimiento de Fiscalización.

• Presentará al Agente Fiscalizador que realizará el

procedimiento.

• Indicará los perí odos y tributos o las Declaraciones Únicas de Aduanas que serán materia del ref erido procedimiento.

Asimismo, en el primer Requerimiento la Administración Tributaria solicitará alSujeto Fiscalizado, la exhibición y/o presentación de inf ormes, análisis, librosde actas, registros y libros contables y demás documentos y/oinf ormación, relacionados con hechos susceptibles de generarobligaciones tributarias o para fiscalizar inaf ectaciones, exoneraciones obenef icios tributarios.

Ahora bien, en el supuesto que los ref eridos documentos se notif iquen en f echas distintas, el procedimiento se considerará iniciado en la f echa enque surte ef ectos la notif icación del último documento.

Inicio del procedi-miento de Fiscali-zación de SUNAT

Primer

Requerimiento:

Se solicita exhibir

Carta: Se comunica al

contribuyente que

será objeto de una




CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

8. Ef ectos de inicio de la fiscalización definitiva

Como regla general sujeta a excepciones, la Administración tributaria tieneun plazo de un (1) año, computado a partir de la f echa en que el deudortributario entregue la totalidad de la inf ormación y/o documentación que

f uera solicitada por la Administración Tributaria en el primer requerimiento notif icado.

Además de ello, según el artí culo 11º del Código Tributario, en aquellos casosen que la Administración Tributaria haya notif icado al contribuyente aef ecto de realizar una verif icación, f iscalización, éste no podrá ef ectuar el cambio de domicilio fiscal hasta que ésta concluya, salvo que a juicio de la Administración exista causa justif icada para el cambio. Esto, que podríaparecer una trans- gresión del numeral 11) del artí culo 2º de la Constitución,se explica en razón de la necesidad de ubicar al contribuyente en unadirección cierta durante el desarrollo de la f iscalización y a la vez, evitar que

el mismo rehúya a la acción f iscalizadora de la SUNAT.

9. Desarrollo del procedimiento de fiscalización a cargo de SUNAT

9.1 Los requerimientos de información

Podría creerse erróneamente que la solicitud de inf ormación por parte dela SUNAT se limita al primer Requerimiento.

Empero, durante todo el desarrollo de la f iscalización y mientras dure el

plazo máximo de la misma, la Administración está f acultada a solicitarinf ormación complementaria al contribuyente.

En este sentido, de conf ormidad con el artí culo 4º del Decreto SupremoNº 085-2007-EF, a través de los Requerimientos la Administración Tributariasolicita al contribuyente la exhibición y/o presentación de la documentación relacionados con los hechos susceptibles de generarobligaciones tributarias.

A mayor análisis, nótese que la norma en cuestión no limita a la Administra-ción tributaria en cuanto al número máximo de requerimientos a notif icaral contribuyente f iscalizado.

9.2 Solicitud de prórroga a la exhibición de documentos.-

Ahora bien, es oportuno señalar que, según el artí culo 141º del Cód igoTributario, no se admitirá como medio probatorio de la reclamación, el que habiendo sido requerido por la Administración Tributaria durante el proceso de verif icación o f iscalización, no hubiera sido presentado y/oexhibido.

En este sentido, resulta importante que el contribuyente exhiba la documenta- ción requerida por la Administración tributaria dentro del

l




zo otorgado por esta última, o en todo caso, solicitar oportunamente unaprórroga al requerimiento de inf ormación. Esto también es aplicable al Primer requerimiento f ormulado por SUNAT.

Por lo mismo según el artí culo 7º del Decreto Supremo Nº 085-2007-EF, cuan-

do la Administración requiera la entrega y/o exhibición de documentación de manera inmediata y el sujeto f iscalizado justif ique la aplicación de unplazo,

CAP. IV




Lun. Mar. Mie. Jue. Vie. Sab. Dom.

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

el Agente Fiscalizador elaborará un Acta, de jando constancia de las razonescomunicadas por el citado sujeto y la evaluación de éstas, así como de la nueva f echa en que debe cumplirse con lo requerido. En este caso, el plazo que se otorgue no deberá ser menor a dos (2) días hábiles.

Asimismo, cuando la

exhibición y/o presenta

ción de la

documenta

ción deba cumplirse en un plazo mayor a los tres (3) días hábiles de notif icado el Reque- rimiento, el Sujeto Fiscalizado que considere necesario solicitar unaprórroga, deberá presentar un escrito sustentando sus razones con unaanticipación no menor a tres (3) días hábiles anteriores a la f echa en quedebe cumplir con lo requerido. Por e jemplo, si la SUNAT requiere unadocumentación el día jueves 01 de setiembre, para ser exhibida el día jueves 08 de setiembre, entoncesel contribuyente podrá ef ectuar la solicitud de prórroga hasta el día lunes 05de setiembre por ser éste el tercer día anterior al día de vencimiento (habidacuenta que el segundo día anterior al vencimiento será martes 06 de

setiembre y el primer día hábil anterior al vencimiento será miércoles 07 desetiembre).

Por último, si la exhibición y/o presentación debe ser ef ectuada dentro delos tres (3) días hábiles de notif icado el Requerimiento, se podrá solicitar la prórroga hasta el día hábil siguiente de realizada dicha notif icación. Así pore jemplo, si la SUNAT requiere de un documento el día lunes 05 de setiembrepara ser exhibido un día jueves 08 de setiembre, entonces el contribuyente f iscalizado podrá solicitar la prórroga respectiva hasta el día martes 06 desetiembre.

Lun. Mar. Mie. Jue. Vie. Sab. Dom.

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9.3 Respuesta a la solicitud de prórroga

La sola presentación de la solicitud de prórroga por parte del contribuyente no significa de modo alguno que la misma será aceptada por la Administración.

De hecho, SUNAT otorgará la prórroga correspondiente en la medida que lasexplicaciones brindadas por el contribuyente sean razonables y atendibles.

Así por e jemplo, no resultará atendible la solicitud de prórroga en la exhibición del Registro de compras del ejercicio 2010 respecto de un procesode f iscaliza- ción iniciado en junio del 2011, habida cuenta que el plazo máximo de atraso permitido para este libro contable es sólo de diez díashábiles del mes siguiente de emitido el comprobante de pago de la adquisición.2

En cambio, será atendible una solicitud de prórroga ref erida a un libro contable extraviado, aún cuando la denuncia policial respectiva seaposterior a la notif icación del Requerimiento de exhibición del mismo, ello de conf ormidad con la RTF Nº 3977-2-2008, que no es observanciaobligatoria.

9.4 ¿Q ué sucede si la Administración no responde a la solicitud de prórrogahasta la ví spera del plazo originalmente señalado para la exhibicióndocumentaria?

Sólo si la SUNAT no notif ica su respuesta, mediante una Carta, hasta el díaanterior del vencimiento del plazo originalmente consignado, el Sujeto Fiscalizadoconsiderará que se le han concedido automáticamente los siguientesplazos:

• Dos (2) días hábiles, cuando la prórroga solicitada sea menor o igual adicho plazo; o cuando el Sujeto Fiscalizado no hubiera indicado el plazode la prórroga.

• Un plazo igual al solicitado cuando pidió un plazo de tres (3) hasta cinco (5) días hábiles.

• Cinco (5) días hábiles, cuando solicitó un plazo mayor a los cinco (5) días hábiles.

9.5 Los descargos

A través de los Requerimientos la Administración no sólo requerirá inf ormacióno documentación dentro de un plazo determinado, sino que,adicionalmente, le comunica al contribuyente sus observaciones o reparosa ef ectos que éste presente sus correspondientes descargos.

Al respecto, debe precisarse en primer término que no existe un f ormato o mode lo preimpreso o preestablecido para la absolución de




.

CAP. VIII

CAP. IX

requerimientos que contienen reparos.

De otro lado, resulta f undamental que el contribuyente se pronuncie sobrecada uno de los extremos del Requerimiento, esto es, que absuelva cada unode los reparos, pues, caso contrario, la Administración los tendrá por no

absueltos y podría conf irmar los mismos.

CAP. IV

2 Ello de conformidad con el anexo 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 063-2007/SUNAT.




A su vez, no sólo bastará con absolver todos los extremos del Requerimiento, sino que, adicionalmente, deberá sustentarse f ehaciente ydocumentariamente los descargos, pues, en caso contrario, también la Administración procederá a conf irmar los reparos en cuestión.

Un puntoa

diciona

l a tener en cuenta es que, de conf ormida

d con el artí culo 141º del Código Tributario, “no se admitirá como medio probatorio, bajoresponsabilidad, el que habiendo sido requerido por la AdministraciónTributaria durante el proceso de verif icación o f iscalización, no hubiera sidopresentado y/o exhibido, salvo que el deudor tributario pruebe que la omisiónno se generó por su causa o acredite la cancelación del monto reclamado vinculado a las pruebas presentadas actualizado a la f echa de pago, opresente carta f ianza bancaria o f inanciera por dicho monto (…)”

Por último, de ningún modo los contribuyentes deberí an esperar la

notif icación del primer Requerimiento para poner la documentación contable y los documentos f uente en su debido orden, sino que mas bien,resulta recomendable de manera previa al inicio de la f iscalización la realización de las supuestas acciones:

• Evaluar la naturaleza de las operaciones comerciales, productivas y em-presariales (por e jemplo, en virtud de su monto, f recuencia, vinculación económica, singularidad, etc).

• Determinar el cumplimiento o incumplimiento de las consiguientes obli-gaciones tributarias.

• Definir los procedimientos correctivos correspondientes dentro del

marco de la ley. (Por e jemplo, mediante la aplicación de los regimenesde gradualidad e incentivos).

9.6 Cierre de requerimientos

Mediante el documento denominado “Resultado del Requerimiento” la SUNATcomunica al contribuyente el cumplimiento o incumplimiento de lo documen- tación y/o inf ormación solicitada en el Requerimiento.

Asimismo, a través de dichos Resultados la Administración comunica los re-sultados de la evaluación ef ectuada a los descargos que hubiera

presenta

do el contribuyente respecto de la

s observa

ciones f ormula

da

s einf racciones imputadas durante el transcurso del Procedimiento deFiscalización.

Los cierres del Requerimiento son el sustento de las correspondientes resoluciones de determinación y de multa.

9.7 Reparos frecuentes formulados en la etapa de fiscalización:

Aunque la intención de esta obra es brindar una visión general de los procedimientos tributarios, no puede dejar de mencionarse al menos los reparos que con f recuencia f ormula la Administración Tributaria:

• Causalidad del gasto con incidencia en el Impuesto a la Renta e




Impuesto General a las Ventas.

• Exceso en el importe de los gastos sujetos a lí mite.

• Documentación que no reúne los requisitos o características para ser

considerados comprobantes depago.

• No utilización de los medios de pago (bancarización).

• No ef ectuar el depósito de la detracción.

• Subvaluación del valor de mercado.

• Identif icación de operaciones no f ehacientes o no reales.

• Indebida aplicación del procedimiento de prorrata.

• Determinación de pasivo f also o inexistente.

• Reconocimiento de los ingresos para ef ectos de la aplicación del criterio del devengado.

• Omisión de las retenciones al Impuesto a la Renta a sujetos no domici-liados.

10. Duración de la Fiscalización Definitiva

10.1. Plazo de la fiscalización Definitiva

Según el artí culo 62º-A del Código Tributario, el procedimiento de f iscalización

que lleve a cabo la Administración Tributaria debe ef ectuarse en un plazo de un (1) año, computado a partir de la f echa en que el deudor tributarioentregue la totalidad de la inf ormación y/o documentación que f uera solicitada por la Administración Tributaria, en el primer requerimiento notif icado en e jercicio de su f acultad de f iscalización.

En este sentido, si el deudor tributario presenta la inf ormación y/odocumen- tación solicitada parcialmente, no se tendrá por entregada la misma hasta que se complete la misma.

Cabe precisar que, según el mencionado dispositivo, no es aplicable en el

caso de f iscalizaciones ef ectuadas por aplicación de las normas de preciosde transf erencia.

10.2. Prórroga del plazo de fiscalización definitiva.-

El artí culo 62º-A del Código Tributario prevé la posibilidad que la Administra-ción disponga la prórroga del plazo de f iscalización en los siguientes casos:

• Exista complejidad de la f iscalización, debido al elevado volumen de ope-raciones del deudor tributario, dispersión geográf ica de susactividades, comple jidad del proceso productivo, entre otrascircunstancias.

• Exista ocultamiento de ingresos o ventas u otros hechos que




Determinen indicios de evasión f iscal.

• Cuando el deudor tributario sea parte de un grupo empresarial of orme parte de un contrato de colaboración empresarial y otrasf ormas asocia- tivas.

10.3. Suspensión del plazo de fiscalización La misma norma también establece supuestos en los cuales se suspendeel transcurso del plazo de f iscalización:

• Durante la tramitación de las pericias.

• Durante el plazo en que por causas de f uerza mayor la Administración

Tributaria interrumpa sus actividades.

• Durante el lapso en que el deudor tributario incumpla con la entregade

la inf ormación solicitada por la Administración Tributaria.

• Durante el plazo de las prórrogas solicitadas por el deudortributario.

• Durante el plazo de cualquier proceso judicial cuando lo que en él seresuelva resulta indispensable para la determinación de la obligacióntributaria o la prosecución del procedimiento de f iscalización, ocuando ordena la suspensión de la f iscalización.

• Durante el plazo en que otras entidades de la Administración Pública

o privada no proporcionen la inf ormación vinculada al procedimiento de f iscalización que solicite la Administración Tributaria.

10.4. Ef ectos del cumplimiento del plazo de la fiscalización

Según el artí culo 62º-A del Código Tributario, una vez transcurrido el plazopara el procedimiento de f iscalización la Administración Tributaria no podránotif icar al deudor tributario otro acto en el que se le requiera inf ormación y/o documentación adicional a la solicitada durante el plazo del ref erido procedimiento por el tributo y período materia del procedimiento.

En este sentido, la

limita

ción se restringe a la

posibilida

d de requeririnf orma- ción adicional al deudor tributario. Es más, según el mismo artí culo 62º-A, la Administración está en la f acultad a solicitar o recibir inf ormación deterceros, aún cuando ya se haya excedido el plazo en cuestión.

Así pues, el vencimiento del plazo de un año (o de su prórroga, de ser el caso)no implica la suspensión del procedimiento de f iscalización, ni menos aun im-plica la imposibilidad de SUNAT de notif icar al deudor tributario la respectiva

resolución de determinación y/o multa.

111 . Conclusión de la Fiscalización a cargo de SUNAT




CAP. VIII

Según el artí culo 75º del Código Tributario, la Administración Tributaria podrácomunicar sus conclusiones a los contribuyentes, indicándoles expresamente lasobservaciones f ormuladas y, cuando corresponda, las inf racciones que se lesimputan, siempre que a su juicio la comple jidad del caso tratado lo justif ique.

En este sentido, la Administración Tributaria no tiene la f acultad de f ormalizarpor escrito los acuerdos a que hubiera llegado con el contribuyente sobre el

monto de las obligaciones tributarias aceptadas por éste último.

Nótese además que la notif icación de las conclusiones por parte de la Admi-nistración no es de carácter obligatorio, sino que la misma está supeditada ala comple jidad del caso.

Cabe precisar que, según el artí culo 9º del D.S. 085-2007-EF, la comunicaciónde las conclusiones del Procedimiento de Fiscalización, prevista en el artí culo 75º del Código Tributario, se ef ectuará a través de un Resultado de

Reque- rimiento. En estos casos, dentro del plazo que la AdministraciónTributaria establezca en dicha comunicación, el que no podrá ser menor atres (3) días hábiles; el contribuyente o responsable podrá presentar porescrito sus observaciones a los cargos f ormulados, debidamente sustentadas, a ef ecto que la Administración Tributaria las considere, de serel caso.

Luego de ello, con o sin el descargo correspondiente por parte del deudortributario, corresponde a la Administración Tributaria emitir y a la vez notif icarlas respectivas resoluciones de determinación y de multa, ello deconf ormidad con el artí culo 76º del Código Tributario.

No está demás precisar que, de conf ormidad con el artí culo 137º del Código Tributario, la Resolución de determinación y la resolución de multa pueden reclamarse en un plazo del veinte (20) días hábiles. Sobre la impugnación de dichas resoluciones nos ref eriremos en el capí tulo correspondiente al Proce- dimiento contencioso – tributario.

12. Determinación de la obligación tributaria sobre base cierta y sobre base presunta

Según el artí culo 63º del Código Tributario, la Administración Tributaria podrá

determinar la obligación tributaria considerando las bases siguientes: • Base cierta: tomando en cuenta los elementos existentes que permitan

conocer en f orma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de la misma.

• Base presunta: en mérito a los hechos y circunstancias que, por relaciónnormal con el hecho generador de la obligación tributaria, permitanes- tablecer la existencia y cuantía de la obligación.




Al respecto, de acuerdo al criterio contenido en la RTF Nº 2320-5-2003,para determinar la obligación tributaria sobre base cierta, se debenconsiderar los elementos exhibidos por el deudor tributario o los obtenidos en la incautación, en la medida que permitan conocer enf orma directa el hecho generador de la obligación tributaria, esto es,se debe conocer en f orma directa el supuesto de af ectación y los hechos imponibles deben ser perceptibles con la obser- vación yactuación de la documentación. En mismo sentido, de acuerdo con la RTF Nº 602-5-2001, en la determinación sobre base cierta se disponede todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho,es decir, la Administración conoce con certeza el hecho y valores impon ibles, pudiendo haber tomado conocimiento de los elementos inf ormativos del deudor tributario, de terceros o por acción directade la Administración. Para una me jor ilustración,

puede revisarse la RTF Nº 12253-2-2007, en la cual el Tribunal Fiscal conf irma el reparo ef ectuado por la Administración sobre base cierta,en base a documentos denominados “notas de ped ido”.

Respecto de la determinación sobre base presunta, las RTF Nº 950-2-99, 6127-6-2004, 3371-2-2005, 8756-3-2007, entre otras, hanestablecido que para ef ectuar la determinación sobre base presuntadebe existir una causal y que además la presunción debe estar

contemplada en alguna norma legal tributaria, no pudiendo ser creadapor la Administración.

Esto quiere decir que corresponderá a la Administración acreditar la causal para aplicación de l proced imiento de determinación sobre basepresunta y además, deberá aplicar el procedimiento expresamenteprevisto en la ley.

En este sentido, las causales de determinación de la obligación tributariapre- visto en el art. 64º del Código Tributario son los siguientes:

•

El deudor tributario no haya presentado las declaraciones, dentrodel plazo en que la Administración se lo hubiere requerido.

• La declaración presentada o la documentación sustentatoria ocom- plementaria of reciera dudas respecto a su veracidad oexactitud, o no incluya los requisitos y datos exigidos; o cuandoexistiere dudas sobre la determinación o cumplimiento que hayaef ectuado el deudor tributario.

• El deudor tributario requerido en f orma expresa por la



tración Tributaria a presentar y/o exhibir sus libros, registros y/odocumentos que sustenten la contabilidad, y/o que se encuentrenrelacionados con hechos generadores de obligaciones tributarias, enlas of icinas f iscales o ante los f uncionarios autorizados, no lo haga

dentro del pla

zo seña

la

do por la

Administración en el requerimiento en el cual se hubieran solicitado por primera vez. Asimismo, cuando el deudor tributario no obligado a llevar contabilidad sea requerido enf orma expresa a presentar y/o exhibir documentos relacionados conhechos generadores de obligaciones tributarias, en las of icinas f iscales oante los f uncionarios autorizados, no lo haga dentro del ref erido plazo.

• El deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos, bienes, pasivos,gastos

o egresos o consigne pasivos, gastos o egresos f alsos.

• Se verif iquen discrepancias u omisiones entre el contenido de los com-

probantes de pago y los libros y registros de contabilidad, del deudortributario o de terceros.

• Se detecte el no otorgamiento de los comprobantes de pago quecorrespondan por las ventas o ingresos realizados o cuando éstos seanotorgados sin los requisitos de Ley.

• Se verif ique la f alta de inscripción del deudor tributario ante la Adminis-tración Tributaria.

• El deudor tributario omita llevar los libros de contabilidad, otros libroso registros exigidos por las Leyes, reglamentos o por Resolución de Su-

perintendencia de l

a

SUNAT, o lleva

ndo los encuen

tren leg

a

liza

dos ose lleven con un atraso mayor al permitido por las normas legales.

Dicha omisión o atraso incluye a los sistemas, programas, soportesportadores de microf ormas grabadas, soportes magnéticos y demásan- tecedentes computarizados de contabilidad que sustituyan a los ref eridos libros o registros.



CAP. I

CAP.II

CAP. III

• No se exhiba libros y/o registros contables u otros libros o registros exigidospor las Leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia dela SUNAT aduciendo la pérdida, destrucción por siniestro, asaltos yotros.

• Se detecte la remisión o transporte de bienes sin el comprobantede pago, guía de remisión y/u otro documento previsto en las normaspara sustentar la remisión o transporte, o con documentos que noreúnen los requisitos y características para ser consideradoscomprobantes de pago o guías de remisión, u otro documento quecarezca de validez.

• El deudor tributario haya tenido la condición de no habido, en los perí odos

que se establezcan mediante decreto supremo.

• Se detecte el transporte terrestre público nacional de pasajeros sin

el correspondiente ma

nif iesto de pasajeros seña

la

do en la

s normassobre la materia.

• Se verif ique que el deudor tributario que explota juegos demáquinas tragamonedas utiliza un número dif erente de máquinas tragamonedas al autorizado; usa modalidades de juego, mode los demáquinas tragamonedas o programas de juego no autorizados o noregistrados; explota máquinas tragamonedas con características técnicasno autorizadas; utilice f ichas o medios de juego no autorizados; asícomo cuando se verif ique que la inf ormación declarada ante la autoridad competente dif iere de la proporcionada a la AdministraciónTributaria o que no cumple con la implementación del sistema

computarizado de interconexión en tiempo real dispuesto por las normas que regulan la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas.

• El deudor tributario omitió declarar y/o registrar a uno o mástraba jadores por los tributos vinculados a las contribuciones sociales opor renta de quinta categoría.

• Las normas tributarias lo establezcan de manera

expresa.

Una vez determinada y acreditada la causal, corresponde la determinación

de la obligación tributaria en base a alguno de los procedimientos expresamente previsto en la normatividad tributaria.

13. Control de legalidad del procedimiento de fiscalización

Según el artí culo 11º del Decreto Supremo Nº 085-2007-EF, en tanto no senotif ique la Resolución de Determinación y/o de Multa, contra las actuaciones en el Procedimiento de Fiscalización procede interponer el recurso de que ja previsto en el artí culo 155º del Código Tributario.

Esta disposición tiene por objeto cautelar el derecho constitucional al



proceso y a la def ensa del deudor tributario respecto de la Administracióntributaria, conf irma se ha indicado en las RTF citadas precedentemente.

Ahora, cabe subrayara que la procedencia del denominado recurso deque ja está condicionada a que la Administración no hubiese notif icado la

resolución de determinación y/o de multa. Ello se explica por cuanto, unavez producido aquello, corresponde al contribuyente iniciar el correspondiente procedimiento contencioso – tributario.




Como e jemplo del control de legalidad de los procedimientos def iscalización puedo citar la RTF Nº 3977-2-2008, en la cual el Tribunal Fiscal declaró f undada la Queja, habida cuenta que la denuncia policial comunicando el extravío de los libros contables puede ser posterior a la notif icación del requerimiento de exhibición de los mismos.

Así también, en la RTF Nº 612-4-2008 se declara f undada la queja debidoa que la notif icación de la esquela de citación ef ectuada a la quejosa nof ue realizada con arreglo a ley.

Por último, en la RTF Nº 00118-2-2008 se declara f undada la queja, toda vezque no procede que se reapertura un procedimiento de f iscalización respecto de los mismos tributos y períodos, por cuanto las circunstanciasinvocadas por la Administración como justif icación del inicio de una segundaf iscalización.

14. Las declaraciones rectificatorias presentadas en la etapa de fisca-lización

No con poca f recuencia ocurre que en el desarrollo del procedimiento def is- calización la Administración induce al contribuyente a rectificar sudeclaración jurada incrementando la base impon ible, luego de lo cual, seproduce una segunda declaración rectif icatoria disminuyendo los importesde la primera declaración rectif icatoria.

Al respecto, en la RTF 14157-3-2008, de observancia obligatoria, el Tribunal

Fiscal ha señalado que el plazo de sesenta días previsto por el artí culo 88º

del Código Tributario esa

plica

ble respecto de la

segunda decla

ra

ción rectif icatoria, entre otros argumentos, por cuanto sólo con la notif icación dela resolución de determinación concluye el procedimiento de f iscalización.




MODELO DE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA

Sum. SOLICITA PRÓRROGA PARA LA

PRESENTACIÓN DE DOCUMEN-TACIÓN

Ref. Auditor Manuel Cevallos Vilca.

Doc. Requerimiento Nº 888837899

SEÑOR INTENDENTE DE LA INTENDENCIA REGIONAL LIMA DE LA SUPERINTEN- DENCIANACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:

EMPRESA INTI SOL SAC, debidamenteidentificada con RUC Nº 20485235793, de-bidamente representada por don ORTEGA DEZA

JUAN, en su calidad de Gerente Ge- neral,identificado con DNI N° 36463856; a Usted digo:

Que habiendo sido notificados con el Requerimiento de la referencia, solicitamos la pró- rroga dela información solicitada en el mismo, por un plazo no mayor a cinco días hábiles, habida cuentaque, dicha información se ubica en el archivo documentario de la empresa, en virtud de volumende nuestras operaciones comerciales.

Formulamos la presente solicitud al amparo del artículo 7º del Decreto Supremo Nº 085-2007-EF.

Atentamente,

JUAN ORTEZA DEZA.Gerente




Anexos

RTF N° 950-2-99


INTERESADO :

ASUNTO : Impuesto General a lasVentas e Impuesto a laRenta

PROCEDENCIA : La Libertad

FECHA : Lima, 10 de diciembre de1999

Vista la apelación interpuesta porcontra la Resolución Ficta

que desestima la reclamación interpuestacontra las Kesoluciones de DeterminaciónNos 064-3- 01252, 064-3-01253, 064-3-01254, 064-3-01255 y 064-3-01256, emitidas porla Intendencia Regional La Libertad de laSuperintendencia Nacional de Administra- ciónTributaria, sobre el Impuesto General a lasVentas correspondientes a los ejercicios1993, 1994 y 1995 y sobre el Impuesto a la Renta

correspondientes a los ejercicios 1993 y 1994.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 2 delartículo 144° del Código Tributario aprobadopor el Decreto Legislativo N° 816, cuando seformule una reclamación ante la Ad-ministración y ésta no notifique su decisión enel plazo de seis (6) meses, el interesado puedeconsiderar desestimada la reclama- ción y podráinterponer apelación ante el Tribunal Fiscal,cuando la decisión debía ser adoptada por un

órgano respecto del cual puede recurrirsedirectamente al Tribu- nal Fiscal;

Que con fecha 10 de abril de 1996, el re-currente interpuso recurso de reclamacióncontra las Resoluciones de Determinación N°s064-3-01252, 064-3-01253, 064-3-01254, 064-3-01255 y 064-3-01256, y habiendotranscurrido el plazo de seis meses sin que laAdministración hubiera emitidopronunciamiento, al amparo de lo dispuesto enel artículo 144° antes referido, interpuso, confecha 14 de octubre de 1996, recurso de

apelación contra la denegatoria ficta respectode los citados valores;

Que en relación al abandono del proceso aludidopor el recurrente debe mencionarse que éste noes aplicable al procedimiento contencioso-tributario, el cuál se rige por las disposicionescontenidas en el Código Tribu- tario;

Que en el caso de autos, la controversia consiste

en determinar si proceden o no los reparosefectuados por determinación de ingresospresuntos en base al volumen de compras paraefectos del Impuesto General a las Ventas comopara el Impuesto a la Ren- ta, y adicionalmente,respecto a este último tributo, la no sustentaciónde gastos;

Que respecto al reparo por determinación deIngresos sobre Base Presunta, los numerales 3 y4 del artículo 64° del Código Tribu- tarioaprobado por la Ley N° 25859 y por el Decreto

Legislativo N° 773, vigente en los períodosacotados, establecían las causales para aplicar ladeterminación sobre base presunta, cuando nose presentaban los libros, registros y/odocumentos que sustentaban la contabilidaddentro del término señalado por laAdministración, no obstante haber sido requeridoen forma expresa por la Adminis- traciónTributaria, y ocultar activos, rentas, ingresos,bienes, o consignar pasivos o gastos falsos queimpliquen la anulación o re- ducción de la baseimponible;

Que el artículo 65° de los citados Códigos,establecían las presunciones sobre las cuales laAdministración Tributaria podía practicar ladeterminación, posibilitando además lautilización de otras no contenidas en ellos;debiendo precisar que esta posibilidad nopermitía a la Administración crear cualquierpresunción, sino que la facultaba a aplicarcualquier otra, siempre y cuando se encon- traracontemplada en alguna norma tributaria;

Que el segundo párrafo del citado artículo65°, disponía que la aplicación de presun-



ciones sería considerada, tanto para el Im-puesto General a las Ventas como para elImpuesto a la Renta;

Que el inciso a) del artículo 97° de la Ley delImpuesto a la Renta aprobada por el Decreto Ley

N° 25751, recogido por el inciso a) del artículo93° del Decreto Legislativo N° 774, establecíaque, para efectos de la determi- nación sobrebase presunta, la Superinten- dencia Nacional deAdministración Tributaria podía emplearcoeficientes y que para tal fin servían comoelementos determinantes, entre otros, el montode las compra-ventas efectuadas;

Que de las normas antes citadas, se desprendeque: 1) para efectuar una determi- nación sobrebase presunta debe existir una causal; 2) lapresunción debe estar contemplada en alguna

norma legal tributaria, 3) las leyes del Impuesto ala Renta para los ejercicios acotados, facultabana la Administración para efectuar ladeterminación sobre base presuntaconsiderando el volumen de compras y ventas;y 4) los ingresos calculados por presuncióndebían ser afectados tanto al Impuesto General alas Ventas como al Im- puesto a la Renta;

Que según los Resultados del Requerimien-to N° 932-1-95-SUNAT/R1-3520, suscrito el17 de enero de 1996, el recurrente no ex-

hibió la documentación sustentatoria de lospréstamos de terceros contabilizados en losLibros Mayor y Caja de los ejercicios 1993,1994 y 1995, no obstante que le fue requeridoen forma expresa, asimismo, se indica que loscostos de ventas declarados en los ejercicios1993 y 1994 no coincidían con los determinadosen la fiscalización;

Que adicionalmente en el Informe General dela Fiscalización y en las resoluciones dedeterminación impugnadas se afirma que elmargen de utilidad declarado por el recurrente

es inferior al de otros contribuyentes de girosimilar;

Que al no haber presentado la documen- taciónsustentatoria de parte de su pasivo, como son lospréstamos de terceros, y en consecuencia de sucontabilidad, ha surgido, efectivamente, unacausal para efectuar la determinación de laobligación tributaria, por lo que procededeterminar si el procedimien- to utilizado por laAdministración estaba contemplado en algunanorma y si fue aplicado correctamente;

Que de acuerdo a los papeles de trabajo y a losanexos de las resoluciones de determi- naciónimpugnadas, la Administración proce- dió adeterminar los ingresos tomando como base elcosto de ventas de cada ejercicio sobre el cualaplicó el porcentaje de utilidad anual obtenidode la documentación contable del recurrente;

Que contablemente, el costo de venta se de-termina en función al volumen de compras delejercicio y de los inventarios iniciales y finales delas existencias; asimismo, guarda una proporcióndirecta con las compras y las ventas; así se tieneque un incremento en el costo de ventas serelaciona con mayores compras y ventas; en esesentido, el tomar como base de la presunción elcosto de ventas, es considerar el volumen decompras del ejercicio;

Que en el expediente obra la cédula denomi-nada “Detalle de Compras” correspondiente a los

ejercicios 1993, 1994 y 1995, no exis- tiendoidentificación alguna del origen o de la fuente dela cuál se extrajeron los datos de esta cédula; sinembargo, se observa que los importes de créditofiscal detallados en ella corresponden a losconsignados en la cédula de determinación delImpuesto General a las Ventas, por lo que sedesprende que se refiere al Detalle del Registrode Compras; se- gún esta cédula, el total deadquisiciones de la recurrente en los ejercicios

1993, 1994 y1995, fueron S/. 728,163.00, S/. 673,362.29y S/. 592,711.61, respectivamente;

Que según los reportes de compras de com-bustible: petróleo y kerosene efectuados por elrecurrente, expedidos por Petro Perú y losdetalles valorizados de compras de combus-tibles elaborados a partir de los reportes dePetro Perú, el total de compras de estos pro-ductos en los ejercicios 1993, 1994 y 1995,fueron S/. 728,705.00, S/. 672,736.80 y S/.612,818.00, respectivamente;

Que para la determinación del costo de ventas,la Administración parte de los inventarios inicialesy finales consignados en las declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta de losejercicios 1993 y 1994; respecto al ejercicio 1995,el inventario final es determinado en base a latoma de inventario físico efectuada el 11 deenero de 1996, según el acta que obra en elexpediente, y al movimiento de combustiblesentre el 1 de enero hasta el momento de la tomade inventarios,



lo cual determinó la existencia de 2,661 galo-nes de petróleo al 31 de diciembre de 1995,según consta en la cédula de determinacióndel inventario final;

Que respecto al importe de compras tomado

para calcular el costo de ventas se observaque para el ejercicio 1993, la Administracióntomó la suma de S/. 728,163.00, es decir, laconsignada en la cédula “Detalle de Com-pras”; en tanto que para los ejercicios 1994y 1995 toma las sumas de S/. 672,736.80 y 612,818.00, respectivamente, es decir, lassumas totalizadas en los detalles de comprasde combustibles valorizados confeccionadosa partir de los reportes de Petro Perú;

Que en consecuencia, no existe uniformidaden la toma de datos para calcular el costo de

ventas, por otro lado, la Administración no haconsiderado que, en el Registro de Comprasno sólo se pueden contabilizar las adquisicio-nes de mercaderías - en el caso de autos, decombustibles - sino también de servicios, su-ministros y otros bienes que no inciden en ladeterminación del costo de ventas y respectoa los cuales debió efectuar una discrimina-ción; asimismo, no se ha tenido en cuentaque el total de compras por cada ejercicio se-gún el reporte de Petro Perú difiere del totalde compras según el Registro de Compras; y

en el expediente no obra ninguna cédula enla que se aprecie la determinación e identifi -cación de las diferencias entre ambas fuen-tes; es decir, no se han individualizado lascompras no contabilizadas por el recurrenteni la causa de la posible omisión, ademásno se ha acompañado ninguna factura decompra, guía de remisión o documentaciónque permita identificar al recurrente comoel adquirente de las compras reportadas; ytampoco se solicitó el sustento de estas ob-servaciones;

Que si bien la Administración cuenta conuna causal para efectuar la determinación deingresos omitidos sobre base presunta y hapartido de un supuesto contemplado en lasnormas tributarias, no ha seguido un procedi-miento uniforme y no ha tomado informacióncomprobada;

Que respecto al reparo por Gastos no Susten-tados, es preciso anotar que en la declaración

jurada anual del Impuesto a la Renta 1993,Formulario 123 N° 0109627, el recurrente

declaró un total de S/. 44,590.00 de gastos,conformado por S/. 41,620.00 de gastos de

ventas y administrativos y S/. 2,970.00 deotros gastos, en el ejercicio 1994, de acuer-do a la declaración jurada anual del Impues-to a la Renta, Formulario 131 N° 00431337,el total de gastos ascendió a SI. 17,549.00,conformado por SI. 5,274.00 de gastos deventas, SI. 7,919.00 de gastos de adminis-tración y SI. 4,351.00 de otros gastos;

Que en el punto 2 del Resultado del Requeri-miento N°932-1 -SUNAT/R-3520, los gastosdel ejercicio 1993 ascendieron a la suma deSI. 13,435.00 y los del ejercicio 1994 ascen-dieron a la suma de SI. 4,117.00; es decir,existe una diferencia entre los gastos susten-tados y los declarados de SI. 31,155.00 y SI. 13,432 para los ejercicios 1993 y 1994, res-pectivamente, diferencias que no han sido

desvirtuadas por el recurrente; De acuerdo con el Dictamen de la vocal LeónHuayanca, cuyos fundamentos se reprodu-ce;

Con los vocales Zelaya Vidal, León Huayan- ca y Picón González.

RESUELVE:

DECLARAR FUNDADA EN PARTE la ape-lación de la resolución ficta que desestima lareclamación interpuesta contra las Resolu-ciones de Determinación N°s. 064-3-01252,

064-3-01253, 064-3-01254, 064-3- 01255y 064-3-01256, en el extremo referido a losreparos por ingresos calculados sobre basepresunta y al recálculo del costo de ventas; eINFUNDADA en lo demás que contiene.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y DEVUÉL-VASE a la Intendencia Regional La Libertadde la Superintendencia Nacional de Adminis-tración Tributaria, para sus efectos.

TRIBUNAL FISCAL

ASUNTO : Impuesto General alas Ventas e impuesto ala Renta

PROCEDENCIA: L a Libertad FECHA : L i m a , 10 de diciembrede

1999

Señor:

Interpone recurso de apelación contra la Re-solución Ficta que desestima la reclamacióninterpuesta contra las Resoluciones de De-terminación N°s. 064-3-01252, 064-3-01253, 064-3-01254, 064-3-01255 y 064-3-01256,



CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

emitidas por la Intendencia Regional La Li-bertad de la Superintendencia Nacional deAdministración Tributaria, sobre el Impues-to General a las Ventas correspondientes alos ejercicios 1993, 1994 y 1995 y sobre elImpuesto a la Renta correspondientes a losejercicios 1993 y 1994.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE:

El recurrente manifiesta que el 10 de abril de 1996 presentó recurso de reclamación, debi-damente fundamentado, contra las Resolu-ciones de Determinación N°s. 064-3-01252, 064-3-01253, 064-3-01254, 064-3-01255 y 064-3- 01256.

Agrega que de acuerdo al artículo 138° delCódigo Tributario aprobado por el DecretoLegislativo N° 773, el plazo máximo pararesolver la reclamación es de seis meses;por lo tanto, al haber transcurrido más deseis meses y no existir ninguna resoluciónal respecto se ha producido el abandono delproceso y las resoluciones de determinaciónimpugnadas han quedado, automáticamen-te, sin efecto.

Sostiene que según el artículo 23°de la Leyde Simplificación Administrativa en concor-dancia con los artículos 69° y 70° del Decre-

to Supremo N° 002-94-JUS, transcurrido elplazo máximo se origina el abandono auto-mático.

Señala que conforme al artículo 91° del De-creto Supremo N° 02-94-JUS, concordantecon el artículo 346° del Código Procesal Ci-vil, cuando no existe disposición específicasobre la caducidad o sobre el abandono deleyes especiales, el órgano administrativocompetente declarará el abandono del pro-cedimiento administrativo y la conclusión del

proceso. ANALISIS:

El 10 de abril de 1996, el recurrente interpu-so recurso de reclamación contra las Resolu-ciones de Determinación N°s. 064-3-01252, 064-3-01253, 064-3-01254, 064-3-01255 y 064-3-01256. Las tres primeras se emitieronpor el Impuesto General a las Ventas corres-pondiente a los períodos tributarios conteni-dos en los ejercicios 1993, 1994 y 1995; lasdos últimas se emitieron por el Impuesto a la

Renta correspondiente a los ejercicios 1993y 1994.

De acuerdo al artículo 142° del Decreto Le-gislativo N° 816, norma que aprueba el Có-digo Tributario, la Administración Tributariadebía resolver las reclamaciones en el plazomáximo de seis meses, incluido el plazo pro-batorio, contados a partir de la fecha de pre-sentación del recurso de reclamación. Asimismo, el numeral 2 del artículo 144° de lamisma norma, establece que cuando se for-mule una reclamación ante la Administracióny ésta no notifique su decisión en el plazode seis (6) meses, el interesado puede con-siderar desestimada la reclamación y podráinterponer apelación ante el Tribunal Fiscal,cuando la decisión debía ser adoptada porun órgano respecto del cual puede recurrirsedirectamente a este Tribunal.

De acuerdo al inciso a) de la Norma XII delCódigo Tributario, los plazos expresados enmeses o años se cumplen en el mes de ven-cimiento y en el día de éste correspondienteal día de inicio de plazo, y si en el mes devencimiento falta tal día, el plazo se cumpleel último día de dicho mes. Para el caso deautos, este plazo venció el 10 de octubre de 1996; la recurrente presentó el recurso deapelación el 14 de octubre de 1996, es de-cir, luego de haber transcurrido más de seismeses de la interposición del recurso de re-

clamación; por consiguiente procede admitirel presente recurso impugnatorio.

Respecto al abandono del proceso aludidopor la recurrente debe mencionarse que ésteno es aplicable al procedimiento contencio-so-tríbutario, el cuál se rige por las disposi-ciones contenidas en el Código Tributario.

R.T.F. N° 950-2-99

Las normas citadas por la recurrente, extraí-das del Reglamento de la Ley de Simplifica-

ción Administrativa, del Decreto SupremoN° 02-94-JUS y del Código Procesal Civil,además de tratar de procedimientos distin-tos a los contencioso-tributario, se refierenal abandono de procedimientos por la in-actividad del solicitante, es decir de la par-te interesada, y por tanto, posibilitan que laentidad ante la cual son llevados los de porterminados.

En cuanto al fondo del asunto se observa quelos reparos que motivaron la emisión de losvalores impugnados fueron la determinación

de ingresos presuntos en base al volumen decompras para efectos del Impuesto General

CAP. IV



CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

a las Ventas como para el Impuesto a la Ren-ta, y adicionalmente, respecto a este últimotributo, la no sustentación de gastos.

1. Determinación de Ingresos sobre Base Presunta

Los artículos 64° de la Ley N° 25859 y delDecreto Legislativo N° 773, normas queaprueban los Códigos Tributarios para losperíodos acotados, establecían las causalespara aplicar la determinación sobre base pre-sunta, entre las cuales se encuentran en losnumerales 3 y 4 que señalaban las siguiente:no presentar libros, registros y/o documentosque sustenten la contabilidad dentro del tér-mino señalado por la Administración; no obs-tante haber sido requerido en forma expresa

por la Administración Tributaria, y ocultaractivos, rentas, ingresos, bienes, o consignepasivos o gastos falsos que impliquen la anu-lación o reducción de la base imponible.

Los artículos 65° de la Ley N° 25859 y el De-creto Legislativo N° 773 señalaban las pre-sunciones sobre las cuáles la AdministraciónTributaria podía practicar la determinación,posibilitando además la utilización de otrasno contenidas en ellos. Es necesario señalarque esta posibilidad no permitía a la Adminis-tración crear cualquier presunción, sino que

la facultaba a aplicar cualquier otra, siemprey cuando se encontrara contemplada en al-guna norma tributaria.

El segundo párrafo de los citados artículos 65°, disponía que la aplicación de presunciones sería considerada, tanto para el Im- puesto General a las Ventas como para el Impuesto a la Renta.

El inciso a) del artículo 97° de la Ley N°25751, recogida por el inciso a) del artículo 93° del Decreto Legislativo N°774 - normas

que aprueban las leyes del Impuesto a la Renta para los períodos acotados - indicabaque, para efectos de la determinación sobrebase presunta, la Superintendencia Nacionalde Administración Tributaria podía emplearcoeficientes y que para tal fin servía comoelementos determinantes, entre otros, elmonto de compras- ventas efectuadas.

De las normas glosadas se desprende que:

1. Para efectuar una determinación sobre base presunta debe existir una causal.

2. La presunción debe estar contemplada en alguna norma legal tributaria.

3. Las leyes del Impuesto a la Renta paralos ejercicios acotados, facultaban a laAdministración para efectuar la deter-minación sobre base presunta consi-derando el volumen de compras y ven-tas.

4. Los ingresos calculados por presuncióndebían ser afectados tanto al ImpuestoGeneral a las Ventas como al Impuestoa la Renta.

Mediante el Requerimiento N° 932-95-SU-NAT/R1-3520 (fojas 127), notificado el 30 dediciembre de 1995 se solicitó al recurrente ladocumentación contable y tributaria corres-pondiente a los últimos doce meses; poste-riormente, el 11 de enero de 1996 se emiteel Requerimiento Adicional N° 932-1-95-SU-

NAT/R1-3520 solicitando la documentacióncontable y tributaria de los ejercicios 1993 y 1994. En este último Requerimiento tambiénse le solicita la documentación sustentatoriade los préstamos de terceros contabilizadosen el Libro Caja y Mayor, otorgándole un pla-zo de tres días hábiles.

De acuerdo al Resultado del RequerimientoN° 932-1-95-SUNAT/R1-3520, suscrito el 17de enero de 1996, el recurrente no exhibió ladocumentación sustentatoria de los présta-mos de terceros contabilizados en los LibrosMayor y Caja de los ejercicios 1993, 1994 y 1995, y los costos de ventas declarados enlos ejercicios 1993 y 1994 no coincidían conlos determinados en la fiscalización. Adicio-nalmente, en el Informe General de la Fisca-lización y en las resoluciones de determina-ción impugnadas se afirma que el margen deutilidad declarado por el recurrente es inferioral de otros contribuyentes de giro similar.

Al no haber presentado la documentaciónsustentatoria de parte de su pasivo, como

son los préstamos de terceros, y en con-secuencia de su contabilidad, ha surgido,efectivamente, una causal para efectuar ladeterminación de la obligación tributaria. Porconsiguiente, cabe determinar si el procedi-miento utilizado por la Administración estabacontemplado en alguna norma y si fue aplica-do correctamente.

Respecto a lo señalado en el párrafo ante-rior, de acuerdo a los papeles de trabajo y alos anexos de las resoluciones de determina-ción impugnadas que obran a fojas 237 a 264

del expediente, la Administración procedió adeterminar los ingresos tomando como base



CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

el costo de ventas de cada ejercicio sobreel cual aplicó el porcentaje de utilidad anualobtenido de la documentación contable delrecurrente.

Contablemente, el costo de venta se de-

termina en función al volumen de comprasdel ejercicio y de los inventarios iniciales yfinales de las existencias. Asimismo, guardauna proporción directa con las compras y lasventas Asi se tiene que un incremento en elcosto de ventas se relaciona con mayorescompras y ventas. En consecuencia, el to-mar como base de la presunción el costo deventas, es considerar el volumen de comprasdel ejercicio.

A fojas 115 del expediente obra la cédula de-nominada “Detalle de Compras” correspon-

diente a los ejercicios 1993, 1994 y 1995. Noexiste identificación alguna del origen o de lafuente de la cuál se extrajeron los datos deesta cédula; sin embargo, se observa que losimportes de crédito fiscal detallados en ellacorresponden a los consignados en la cédu-la de determinación del Impuesto General alas Ventas que se encuentra a fojas 120 delexpediente, por lo cual se desprende que serefiere al Detalle del Registro de Compras.Según esta cédula, el total de adquisicionesde la recurrente en los ejercicios 1993, 1994

y 1995 fueron S/. 728,163.00, S/. 673,362.29y S/. 592,711.61, respectivamente.

A fojas 1 al 28 se ubican los reportes de com-pras de combustible: petróleo y keroseneefectuados por el recurrente, expedidos porPetro Perú y a fojas 96 al 104 obran los deta-lles valorizados de compras de combustibleselaborados a partir de los reportes de PetroPerú. De acuerdo a estos últimos el total decompras de estos productos en los ejercicios 1993, 1994 y 1995 fueron S/. 728,705.00,S/. 672,736.80 y S/. 612,818.00, respectiva-mente.

Para la determinación del costo de ventas, laAdministración parte de los inventarios inicia-les y finales declarados según las declaracio-nes juradas anuales del Impuesto a la Rentade los ejercicios 1993 y 1994. Respecto alejercicio 1995, el inventario final es determi-nado en base a la toma de inventario físicoefectuada el 11 de enero de 1996, según elacta que obra a fojas 95 y al movimiento decombustibles entre el 01 de enero hasta el

momento de la toma de inventarios (fojas 73 al 76), lo cual determinó la existencia de

2,661 galones de petróleo al 31 de diciem-bre de 1995, según consta en la cédula dedeterminación del inventario final que obra afojas 93.

En relación al importe de compras tomado

para calcular el costo de ventas se obser-va que para 1993 la Administración tomóla suma de SI. 728,163.00, es decir, la con-signada en la cédula “Detalle de Compras”.Para los ejercicios 1994 y 1995 toma las su-mas de S/. 672,736.80 y 612,818.00, respec-tivamente, es decir, las sumas totalizadasen los detalles de compras de combustiblesvalorizados confeccionados a partir de los re-portes de Petro Perú.

Como se aprecia, no existe uniformidad enla toma de datos para calcular el costo de

ventas. Por otro lado, la Administración no haconsiderado que, en el Registro de Comprasno sólo se pueden contabilizar las adquisi-ciones de mercaderías - en el caso de autos,de combustibles - sino también de servicios,suministros y otros bienes que no inciden enla determinación del costo de ventas y res-pecto a los cuales debió efectuar una discri-minación. Tampoco ha tenido en cuenta quelos datos que el total de compras por cadaejercicio según el reporte de Petro Perú difie-re del total de compras según el Registro de

Compras. En el expediente no obra ningunacédula en la que se aprecie la determinacióne identificación de las diferencias entre am-bas fuentes; es decir, no se han individua-lizado las compras no contabilizadas por elrecurrente ni la causa de la posible omisión.Adicionalmente, no se ha acompañado nin-guna factura de compra, guía de remisión odocumentación que permita identificar al re-currente como el adquirente de las comprasreportadas. Finalmente, tampoco se le solici-tó el sustento de estas observaciones.

En conclusión, sí bien la Administracióncuenta con una causal para efectuar la de-terminación de ingresos omitidos sobre basepresunta y ha partido de un supuesto con-templado en las normas tributarias, no se haseguido un procedimiento uniforme y tampo-co se ha tomado información comprobada.En consecuencia, soy de la opinión que sedeclaren nulas las resoluciones de determi-nación en este extremo.

2. Gastos no Sustentados

Según la Declaración Jurada Anual del Im-

CAP. IV



CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

puesto a la Renta 1993, Formulario 123 N° 01096276 (fojas 37-reverso) el recurrentedeclara un total de S/. 44,590.00 de gastos,conformado por SI. 41,620.00 de gastos deventas y administrativos y S/. 2,970.00 deotros gastos. En el ejercicio 1994, de acuer-do a la Declaración Jurada Anual del Impues-to a la Renta, Formulario 131 N° 00431337(fojas 38-reverso), el total de gastos esS/. 17,549.00, conformado por S/. 5,274.00de gastos de ventas, S/. 7,919.00 de gastosde administración y S/. 4,351.00 de otrosgastos.

En el punto 2 del Resultado del Requeri-miento N° 932-1-SUNAT/R-3520, según ladocumentación sustentatoria, los gastos delejercicio 1993 eran SI. 13,435.00 y los del

ejercicio 1994 ascendían a SI. 4,117.00; esdecir, existe una diferencia entre los gas-tos sustentados y los declarados por SI. 31,155.00 para el ejercicio 1993 y SI. 13,432para el ejercicio 1994. Estas diferencias son

reparadas por la Administración Tributariapara efectos de determinar la renta neta im-ponible de los ejercicios en cuestión.

Ni en el escrito fundamentado de la recla-mación ni en el de la apelación la recurren-

te esgrime argumento alguno que desvirtúelo afirmado por la Administración. Tampocose ha actuado u ofrecido prueba alguna alrespecto; por lo tanto, se debe confirmar elreparo.

Por lo expuesto a lo largo de este dictamensoy de la opinión que este Tribunal declarefundada en parte la apelación de la reso-lución ficta que desestima la reclamacióninterpuesta contra las Resoluciones de De-terminación N°s 064-3-01252, 064-3-01253,

064-3-01254, 064-3- 1255 y 064-3-01256 enel extremo referido a los reparos por ingresoscalculados sobre base presunta y al recálcu-lo de costos de ventas e infundada en lo de-más que contiene.

RTF N° 602-5-2001

EXPEDIENTE N° : 1337-98 INTERESADO : ASUNTO : Impuesto General a las

Ventas PROCEDENCIA : Lambayeque FECHA : Lima, 13 de junio de 2001

Vista la apelación interpuesta por contra laResolución de Intendencia N° 075-4-04034de 29 de diciembre de 1997, emitida porla Intendencia Regional Lambayeque de

la Superintendencia Nacional de Adminis-tración Tributaria que declara procedenteen parte la reclamación presentada contralas Resoluciones de Determinación Nos. 074-3-02839, 074-3-02835, 074- 3-02836, 074-3-02837, 074-3-02838 y 074-3-02840referidas al Impuesto General a las Ven-tas e Impuesto a la Renta de los años 1995 y 1996 así como la Resoluciones de Multa Nos. 074-2-03466, 074-2-03467, 074- 2-03468, 074-2-03469 y 074-2-03470emitidas por la comisión de la infracción ti-

pificada en el numeral 1) del artículo 178°de los Códigos Tributarios aprobados por

los Decretos Legislativos Nos. 773 y 816 respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que en el presente caso la controversia secentra en comprobar si procede la determi-nación del Impuesto General a las Ventase Impuesto a la Renta efectuada por la Ad-ministración considerando que la recurrenteomitió registrar compras;

Que tal como se puede apreciar del expe-diente presentado, la Administración Tribu-taria determinó que la recurrente dejó deregistrar la recepción de productos (melaza)proveniente de transacciones efectuadas enlos ejercicios 1995 y 1996, constatando ade-más que los documentos presentados porella son distintos a los obtenidos por el crucede información realizado con la ex - Coope-rativa Pucalá;

Que a través de la información obtenida deterceros la Administración procedió a deter-

minar en forma secuencial cada una de lasentregas realizadas, conciliando tanto los



CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

memoranda que figuran en los controles dedespacho, como en las facturas y guías deremisión;

Que en tal sentido, la Administración Tributa-ria consideró que la empresa había omitido

ingresos al no existir melaza en existenciasal final de los referidos periodos;

Que la recurrente señala que las entregashabían sido efectuadas en función a un con-trol de despacho, el cual muestra que la en-trega realizada por la ex - cooperativa sóloasciende a 78.88 toneladas en el ejercicio 1995 y que por lo tanto, al no tener física-mente el saldo de los bienes le era imposiblevenderlos, indicando que por ello no se haseguido el procedimiento establecido en elartículo 69° del Código Tributario aprobadopor Decreto Legislativo N° 816 para la pre-sunción de ventas omitidas por diferenciaentre los bienes registrados y los inventarios,y que no se ha tomado en cuenta el sistemay modalidad de transacciones de la empresacon la ex - cooperativa;

Que de acuerdo con la información presen-tada por la empresa y la obtenida en el crucede información efectuado por la Administra-ción, se determinó que uno de los documen-tos en conflicto es la Factura N° 002-00455,

que según la copia proporcionada por lacontribuyente, consigna como fecha de emi-sión el 30 de marzo de 1996, mientras quela Administración cuenta con el mismo docu-mento, pero con fecha de emisión el 30 dediciembre de 1995;

Que las guías de remisión que según la con-tribuyente sustentan la recepción de melazaen el ejercicio 1995, son las Guías N° 583 y 586 emitidas ambas el 29 de diciembre de 1995 y que la Administración reconoce pero

suma a ellas otras adicionales que fueronproporcionadas por la ex - Cooperativa Pu-calá, que figuran a nombre de la recurrentey con la firma de recepción de personas noidentificadas emitidas entre el 15 de noviem-bre y el 30 de diciembre de 1995;

Que por el ejercicio 1996, la contribuyente mostró las Guías de Remisión Nos. 606, 629 y 641, emitidas el 8, 10 y 17 de enerode 1996, respectivamente; no obstante, ade-más de las mostradas por la contribuyente, laAdministración detectó las Guías Nos. 600,

609, 631, 651 y 666, las cuales fueron emitidas entre el 8 y el 24 de enero de 1996;

Que el control de despacho que presentó larecurrente en la etapa de fiscalización y queconsta en el expediente, muestra el movi-miento de entradas y salidas de melaza porlos ejercicios 1995 y 1996, apreciándose que

por el primer ejercicio, existe un saldo finalde 503.609 TM y en el ejercicio 1996 un sal-do final de 820.389 TM;

Que sin embargo, en base al referido crucede información, la Administración determinaque la contribuyente al final del ejercicio de-bió tener un saldo final de 2.517 TM y en elejercicio 1996, un saldo por regularizar de 27.710 TM;

Que conforme lo establece el numeral 1) delartículo 63° de los Códigos Tributarios apro-bado por los Decretos Legislativos N° 773 y 816, la Administración Tributaria puede de-terminar la obligación tributaria considerandola base cierta, tomando en consideración loselementos existentes que permitan conoceren forma directa el hecho generador de laobligación tributaria y la cuantía de tal obli-gación, pudiendo determinar la obligaciónsobre base presunta en mérito a los hechosy circunstancias que, por relación normal conel hecho generador de la obligación tributariapermitan establecer la existencia y la cuantíade la obligación;

Que según la doctrina, en la determinaciónsobre base cierta se dispone de todos los an-tecedentes relacionados con el presupuestode hecho no sólo en cuanto a su efectividad,sino a la magnitud económica de las circuns-tancias comprendidas en él, en una palabra,cuando el fisco conoce con certeza el hechoy valores imponibles, pudiendo haberle llega-do los elementos informativos por conductodel propio deudor o del responsable (decla-ración jurada) o de terceros (declaración ju-

rada o simple información) o bien por accióndirecta de la Administración (investigación yfiscalización), y por supuesto deben permitirla apreciación directa y cierta de la materiaimponible, de lo contrario la determinaciónsería presunta;

Que de acuerdo a lo señalado, la Administra-ción Tributaria podía determinar la obligacióntributaria sobre base cierta amparada en elnumeral 1) del artículo 63a del Código Tri -butario, en base a los elementos proporcio-nados por el deudor tributario o por terceros,siempre que se estableciera con exactitudy con pruebas concluyentes que la contri-

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CAP. V

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AP. VIII

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CAP. III

CAP. IV

buyente vendió los productos (melaza) querecibió en parte de pago durante los ejerci-cios 1995 y 1996, lo cual no ha ocurrido en elcaso de autos;

Que si bien la Administración sustenta sus re-

paros en la información obtenida de tercerosproveedores de la recurrente, no demuestraque ésta sea fehaciente pues no está deter -minado que la ex - cooperativa Pucalá efec-tivamente cumplió con registrar las entregasde melaza en sus libros de contabilidad nique fueron incluidas en las declaraciones ju-radas donde consta la determinación de susobligaciones tributarias, entre otros elemen-tos, que permitan establecer que la recurren-te recibió los bienes y omitió registrarlos ensus libros de contabilidad;

Que en efecto, según se desprende de loseñalado por la Administración, la deter-minación de las ventas se realizó en formapresunta pues consideró sólo las comprasefectuadas a la ex - cooperativa Pucalá ydeterminó el valor de venta para efecto delImpuesto General a las Ventas, así como ladeterminación de ingresos para el Impuestoa la Renta, en base a costos y márgenes deutilidad promedio;

Que sin perjuicio de lo señalado en los párra-fos anteriores, de la documentación que obraen el expediente se observa que la recurren-te habría incurrido en varias de las causalesprevistas en el artículo 64- del Código Tribu-tario, pues se verificaron discrepancias en-tre sus comprobantes de pago y sus libroscontables y no cumplió con presentar la do-cumentación que sustentara las ventas omi-tidas en el plazo establecido por la Adminis-tración, entre otras, por lo que correspondíaque ésta determine sobre base , presunta;

Que en ese sentido, y dado que se ha es-

tablecido en esta instancia que existen cau-sales para determinar sobre base presunta,corresponde que la Administración Tributariaefectúe una nueva determinación debiendoconsiderar para ello el procedimiento pre-visto en los artículos 642 al 722 del CódigoTributario para la determinación sobre basepresunta;

Que en lo que se refiere a las Resoluciones de Multa Nos. 074-2-03466, 074-2-03467, 074-2-03468, 074-2-03469 y 074-2-03470,al encontrarse vinculadas a las Resoluciones

02838 y 074-3-02840, deberá estarse a lo resuelto para estas últimas;

De acuerdo con el dictamen de la vocal Ola- no Silva, cuyos fundamentos se reproducen;

Con las vocales Chau Qulspe, Olano Silva y

Caller Ferreyros, a quien se llamó para com-pletar sala;

RESUELVE:

Declarar NULA E INSUBSISTENTE, la Re- solución de Intendencia N° 075-4-04034 de 29 de diciembre de 1997, debiendo la Admi- nistración emitir un nuevo pronunciamiento de acuerdo con el criterio expuesto.

Regístrese, comuniqúese y remítase a la In-tendencia Regional Lambayeque de la SU-

NAT, para sus efectos.

EXPEDIENTE N° : 1337-98 DICTAMEN : Vocal Olano Silva INTERESADO : BLANCA FLOR

CASTILLO MARQUEZ ASUNTO : Impuesto General a las

Ventas PROCEDENCIA : Lambayeque FECHA : Lima, 13 de junio de 2001

Señor: BLANCA FLOR CASTILLO MARQUEZ, inter-pone recurso de apelación contra la Resolu-ción de Intendencia N° 075-4-04034 de 29 dediciembre de 1997, emitida por la IntendenciaRegional Lambayeque de la Superintenden-cia Nacional de Administración Tributaria quedeclara procedente en parte la reclamaciónpresentada contra las Resoluciones de De-terminación Nos. 074-3-02839, 074-3-02835, 074-3-02836, 074-3-02837, 074-3-02838 y 074-3-02840 referidas al Impuesto General a

las Ventas e Impuesto a la Renta de los años 1995 y 1996 así como la Resoluciones de Multa Nos. 074-2-03466, 074-2-03467, 074-2-03468, 074-2- 03469 y 074-2-03470 emitidas por de-clarar cifras o datos falsos que influyan en ladeterminación de la obligación tributaria, infrac-ciones tipificadas en el numeral 1) del artículo 178° de los Códigos Tributarios aprobados por los Decretos Legislativos Nos. 773 y 816.

Argumentos de la Administración:

Con fecha 23 de mayo de 1997 notificó al



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CAP. III

determinado omisiones al pago del ImpuestoGeneral a las Ventas (en adelante el IGV),correspondiente a los meses de diciembre de 1995, julio, noviembre y diciembre de 1996, alos pagos a cuenta del Impuesto a la Rentaen los meses de octubre y diciembre de 1995y abril, julio, agosto y octubre a diciembre de 1996, y al pago de regularización del mismoimpuesto, correspondiente al ejercicio 1995,de conformidad con lo dispuesto en el nume-ral 1) del artículo 63° del Código Tributarioaprobado por Decreto Legislativo N° 816; esdecir, empleando la determinación de ventasomitidas sobre base cierta. Además, susten-tó sus reparos con lo establecido en el inci-so a) artículo 18 e inciso a) artículo 3° de laLey del IGV aprobada por Decreto LegislativoN° 821, numeral 1 artículo 2° y numeral 1 ar-tículo 3° del Decreto Supremo N° 29-94-EF,Reglamento de la Ley del Impuesto General alas Ventas y artículos 79° y 85° de la Ley delImpuesto a la Renta, aprobada por DecretoLegislativo N°774.

Mediante Requerimiento N° 00346-97, se so-licitó a la contribuyente sustente la diferenciade melaza por la cantidad de 504.859 tone-ladas en el año 1995 y 326.982 toneladas en 1996, que fue determinada en función a ladocumentación presentada por la recurrente;solicitándole, además, que sustente las ven-tas omitidas según Anexo que se adjunta enel requerimiento. Posteriormente, con fecha 28 de abril de 1997 se emite un nuevo reque-rimiento signado con el número 00397-97reiterándosele lo solicitado en el documentoanterior.

En virtud de lo manifestado por la contribu-yente y al amparo de lo dispuesto en el artí -culo 127° del Código Tributario, se procedeen la etapa de la reclamación a realizar unnuevo examen sobre los hechos en contro-versia, analizándose la siguiente informaciónproporcionada por la recurrente, respecto alas transacciones realizadas con la Ex - Coo-perativa Pucalá:

CAP. IV

Factura Nº

Fecha de Emisión

Cantidad Facturada TM

Cantidad Entregada TM

Guía N°

Saldo Pendiente deentrega al 31.12.95

002-00435

002-00438

30.12.95

31.12.95

120.782

461.707

41.780

37.100

0583

0586

79.002

503.609 Saldo al 01.01.96 582.489 78.880 503.609

002-00469 002-00455

27.02.96 30.03.96

219.440 199.860

35.400 37.040 30.080

0606 0629 0641

687.649 850.469 820.389

Saldo al 01.01.97 419.300 102.520 820.389

Para tal efecto realizó el cruce de informa-ción con la mencionada ex - cooperativa, de-

terminándose lo siguiente: 1. La factura N° 002-00455 ha sido emiti-

da con fecha 30 de diciembre de 1995y no en el mes de marzo de 1996, comose consigna en la exhibida por la recu-rrente en el período de fiscalización yen el control de despacho realizado porla referida ex-cooperativa.

2. Según las Guías de Remisión N°s 886, 911, 915, 930, 348, 381, 386, 409, 502,

503, 507, 512, 518, 522, 523, 526, 537, 545, 552, 570, 571, 596* 578, 577, 600, 609, 631, 651 y 666, obtenidas por laAdministración en el referido cruce deinformación, se pudo determinar que lacantidad especificada en las FacturasN° 002- 00435, 00438, 00455 y 00469,fue despachada durante el ejercicio 1995 y 1996 de la siguiente forma:



instituto p A cíFico 120

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MEMON°

Factura N°

Fecha de Emisión

CantidadFacturada

TM

CantidadEntregada

TM

Guía N°

Saldo Pendien-te de entrega al

31.12.96 MEMO SA-113 002-00435 30.12.95 120.782 9.472

37.810 37.400

36.100

886 911 915

930

111.310 73.500 36.100

0.000 120.782

MEMO SA-167 002-00438 30.12.95 461.707 28.890 33.510 12.340 12.010 30.060 40.740 38.600 11.950 31.210 36.000 32.110 12.930

32.590 31.880 41.910 32.460

348 381 386 409 502 503 507 512 518 522 523 526

537 545 552 570

432.817 399.307 386.967 374.957 344.897 304.157 265.557 253.607 222.397 186.397 154.287 141.357

108.767 76.887 34.977

2.517 459.190

MEMO SA-260 002-00455 30.12.95 199.860 33.890 41.780 37.100 37.760 12.150 37.180

571 583 586 596 578 577

168.487 126.707 89.607 51.847 39.697

2.517 199.860

SALDO AL 31.12.95 2.517

MEMO SA-260 002-00469 30.03.96 219.440 40.330 35.400 12.240 37.040 19.940 37.280 30.080 37.420

600 606 609 629 631 651 641 666

181.627 146.227 133.987 96.947 77.007 39.727

9.647 -27.773

249.730

Fecha deemision

Número defactura

TM

30.12.95 002-00438 461.707

MENOS saldo pendiente 2.517

459.190

30.12.95 002-00438 120.782

30.12.95 002-00455 199.860

TOTAL COMPRAS 1995 779.832

MENOS VENTAS 1995 77.630 VENTA OMITIDA 702.202

CAP. IV

De los argumentos esgrimidos, la Adminis-tración concluye que la compra de melazaen 1995, así como la venta omitida estaríaconstituida de la siguiente manera:

El importe de las ventas omitidas del ejerci-cio 1995, se determina de aplicarle a 702.202 TM el valor de venta unitario que asciendea S/. 109.57 Nuevos Soles, que incluye elcosto unitario promedio de S/. 91.31 NuevosSoles, más el margen de ganancia que as-ciende al 20%. De dicha operación, la Admi-nistración obtuvo como resultado el importede S/. 89,519.05 Nuevos Soles de ventasomitidas, el cual se incluyó en el mes de di-ciembre de 1995.

Para el ejercicio 1996, la compra de mela-za a las cooperativas Pucalá, Pomalca yCayalti fue por la cantidad de 643.002 TM,



determinada en el proceso de fiscalización. Dicho monto ha sido disminuido en esta ins-

120 c A pítulo iv - el procediMiento de Fisc A liz A ción

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CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

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CAP.II

CAP. III

tancia en el monto contenido en la FacturaN° 002-00455 por 199.860 TM, quedandoun importe de 443.142 TM. Posteriormente,para la determinación de las ventas omitidasdel ejercicio 1996, se le dedujeron las ventasdel ejercicio 1996 que ascienden a 316.060 TM, resultando el importe omitido de 127.082 TM. De esta diferencia se determinó que elimporte de las ventas asciende a la canti-dad de S/. 15,937.99 Nuevos Soles, que re-sulta de aplicarle a las 127.082 TM el valorde venta unitario que equivale a S/. 125.42 Nuevos Soles (S/. 104.51 Nuevos Soles decosto promedio unitario más el 20% que co-rresponde al margen de ganancia). El reparocorrespondiente se afectó a las operacionesdel mes de diciembre de 1996,

La recurrente no muestra al cierre de losejercicios 1995 y 1996, saldo final de melaza,quedando demostrado así que ha transferidotales productos omitiendo los requisitos for-males y sustanciales que exigen las normastributarias.

Al disponer de los antecedentes relaciona-dos con el presupuesto de hecho, es decir,que existe omisión de las compras realiza-das en los ejercicios 1995 y 1996 y contarcon el porcentaje de utilidad de la venta demelaza, considera que ha actuado de acuer-

do a ley, siendo de aplicación el numeral 1)artículo 63° del Código Tributario.

En consecuencia, se desvirtúa el argumentode la recurrente indicando que la determina-ción del Impuesto General a las Ventas partede una supuesta diferencia de inventarios.

Argumentos de la recurrente:

De la presunción realizada por el auditor, sedeterminaron omisiones al IGV en los ejerci-cios 1995 y 1996 y partiendo de dicha base

determina omisiones en el Impuesto a laRenta de tercera categoría del ejercicio 1995y en los pagos a cuenta del mismo impues-to, correspondiente a los ejercicios 1995 y 1996.

La facturación de melaza significa un medioque utilizan las ex - cooperativas de azúcarpara cancelar las facturas emitidas por laempresa en calidad de proveedores. La ¡li-quidez de las ex - cooperativas motivó a quese aceptase el trueque con melaza comomedio de pago para posteriormente vender

dicho producto. Por problemas de produc-ción las ex - cooperativas no hacen entrega

inmediata y total de la melaza sino medianteentregas periódicas sucesivas que se van re-gistrando en un control de despacho que sele apertura al acreedor.

Mediante los siguientes hechos registrados

se ha establecido que el auditor no ha consi-derado las características y particularidadesde las transacciones comunes de las ex -cooperativas:

a) La Ex - Cooperativa Pucalá emite lasFacturas N°s 0438 y 0435 en noviem-bre de 1995 por un total de 582.782 TMde melaza.

b) La Ex - Cooperativa Pucalá no despachael total de la melaza y en el año 1995sólo entrega a la empresa 77.88 TM.

c) La empresa vende las 77.88 TM demelaza en el ejercicio 1995. d) Al 31 de diciembre de 1995 la Ex -

Cooperativa Pucalá tiene un saldo porentregar de 503.609 TM, que al no ha-berlas recibido la empresa es material-mente imposible que la haya vendido.

e) Al inicio del año 1996, la Ex - Coopera-tiva Pucalá le emite facturas por 430.74 TM para ser entregadas de acuerdoa la programación de depachos queefectúen. En ese mismo año les factu-

raron y entregaron otras cooperativas(Pomalca, Cayalti y otros) 212.302 TM,totalizando las facturas de melaza re-cibidas la cantidad de 314.822 TM,siendo Pucalá la que no les entregó latotalidad del producto.

f) La melaza que les despacharon lasex - cooperativas en 1996 que sumó 314.82 TM fue vendida en el mismoaño tal como consta en sus compro-bantes de pago, los cuales ha tenido ala vista el auditor.

g) Al finalizar el año 1996, el saldo pen-diente de la Ex - Cooperativa Pucalácorrespondiente a lo facturado en elmismo año es 328.222 TM, las queal no haber estado disponibles parala empresa, resulta imposible que lashayan vendido, por lo que no existela omisión de ventas que determina elauditor, quien personalmente ha com-probado la veracidad de la informacióncon la misma ex - cooperativa.

Para la determinación de ventas omitidas so-bre base cierta es importante que en el caso

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CAP. III

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de la determinación del IGV, el impuestose haya calculado directamente de los ele-mentos que permiten su cálculo; esto es, deventas comprobadas no facturadas, no regis-tradas o no declaradas. Para ello, se debetener en cuenta los elementos que permitenconocer directamente la obligación tributariadel IGV, como son la facturación de las ven-tas, las facturas de compra, el registro de loscomprobantes de ventas y compras y la de-claración de lo registrado.

La presunción que realiza el auditor, parte deun hecho no probado, pues la diferencia deinventario no es tal, ya que no se ha segui-do el procedimiento establecido en el CódigoTributario aprobado por Decreto LegislativoN° 816, en ninguna de sus modalidades.

Análisis:

En el presente caso la controversia se centraen comprobar si procede la determinacióndel Impuesto General a las Ventas e Impues-to a la Renta efectuada, teniendo en cuentaque la recurrente omitió registrar compras.

Tal como se puede apreciar del expedientepresentado, la Administración Tributaria de-terminó que la recurrente dejó de registrar larecepción de productos (melaza) provenien-te de transacciones efectuadas en los ejerci-cios 1995 y 1996; además constató que losdocumentos presentados por la contribuyen-te son distintos a los obtenidos por el crucede información realizado con la Ex - Coope-rativa Pucalá.

A través de la información de terceros proce-de a determinar en forma secuencial, cadauna de las entregas realizadas, conciliandotanto los Memoranda que figuran en los con-troles de despacho (según folios 249 al 254),como en las facturas y guías de remisión (se-

gún folios 196 al 241). En tal sentido, consi-deró que la empresa había omitido ingresosal no existir melaza en existencias al final delos referidos (según folios N° 102 y 103).

La recurrente señala que las entregas ha-bían sido efectuadas en función a un con-trol de despacho (según fojas 248), el cualmuestra que la entrega realizada por la ex -cooperativa sólo asciende a 78.88 toneladasen el ejercicio 1995 y que por lo tanto, al notener físicamente el saldo de los bienes eraimposible venderlo. Por ello, indica, que no

se ha seguido el procedimiento establecidoen el artículo 69° del Código Tributario apro-

bado por Decreto Legislativo N° 816 para lapresunción de ventas omitidas por diferenciaentre los bienes registrados y los inventarios,y que no se ha tomado en cuenta el sistemay modalidad de transacciones de la empresacon la ex - cooperativa.

De acuerdo con la información presentadapor la empresa y la obtenida en cruce de in-formación por la Administración, se procededeterminar que los documentos en conflictoson los siguientes:

a) Factura N° 002-00455, que según lacopia proporcionada por la contribu-yente, consigna como fecha de emisiónel 30 de marzo de 1996, mientras quela Administración cuenta con el mismodocumento, pero con fecha de emisión

el 30 de diciembre de 1995. b) Las guías de remisión que según la

contribuyente sustentan la recepciónde melaza en el ejercicio 1995, son lasGuías Nos. 583 y 586 emitidas ambasel 29 de diciembre de 1995. No obstan-te, la Administración, además de reco-nocer la existencia de estas dos guíasmostradas por la contribuyente en elproceso de fiscalización, muestra otrasadicionales, que fueron proporcionadaspor la Ex - Cooperativa Pucalá, que fi-guran a nombre de la recurrente y conla firma de recepción de personas noidentificadas. Estas son las Guías Nos. 886, 911, 915, 930, 348, 381, 386, 409, 502, 503, 507, 512, 518, 522, 523, 526, 537, 545, 552, 570, 571, 596, 578 y 577; emitidas entre el 15 de noviembre y 30 de diciembre de 1995.

Por el ejercicio 1996, la contribuyente mostró las Guías de Remisión Nos. 606, 629 y 641, emitidas con fecha 8,

10 y 17 de enero de 1996, respectiva-mente; no obstante, la Administración,además de las mostradas por la contri-buyente, detectó las Guías Nos. 600, 609, 631, 651 y 666, las cuales fueronemitidas entre el 8 y el 24 de enero de 1996.

c) El control de despacho que presentó larecurrente en la etapa de fiscalizacióny que consta en foja 248 del expedien-te, muestra el movimiento de entradasy salidas de melaza por los ejercicios

1995 y 1996. Por el primer ejercicio,se puede apreciar que existe un saldo




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final de 503.609 TM y en el ejercicio 1996 un saldo final de 820.389 TM. Sin embargo, la Administración enbase al referido cruce de información,determina que la contribuyente al final

del ejercicio debió tener un saldo finalde 2.517 TM y en el ejercicio 1996, unsaldo por regularizar de 27.710 TM.

Conforme lo establece el numeral 1) artícu-lo 63° del Código Tributario, aprobado porDecreto Legislativo N° 773 y 816 (normasvigentes en los períodos acotados 1995 y 1996, respectivamente), la AdministraciónTributaria puede determinar la obligación tri-butaria considerando la base cierta, “toman-do en consideración los elementos existen-tes que permitan conocer en forma directa el

hecho generador de la obligación tributaria yla cuantía de tal obligación” y considerandobase presunta “en mérito a los hechos y cir -cunstancias que, por relación normal con elhecho generador de la obligación tributaria

permitan establecer la existencia y la cuantíade la obligación.”

Según doctrina1, “la determinación sobrebase cierta dispone de todos los anteceden-tes relacionados con el presupuesto de he-cho no sólo en cuanto a su efectividad, sino ala magnitud económica de las circunstanciascomprendidas en él, en una palabra, cuandoel fisco conoce con certeza el hecho y va-lores imponibles, los elementos informativospueden haberle llegado por conducto delpropio deudor o del responsable (declara-ción jurada) o de terceros ( declaración ju -rada o simple información) o bien por accióndirecta de la Administración (investigación yfiscalización), y por supuesto deben permitirla apreciación directa y cierta de la materiaimponible, de lo contrario la determinaciónsería presunta.”

De acuerdo a lo señalado, en el caso de au-tos, la Administración Tributaria podía deter-minar la obligación tributaria sobre base cier-ta amparada en el inciso 1 del artículo 632del Código Tributario, en base a los elemen-tos proporcionados por el deudor tributario opor terceros, siempre que se estableciera conexactitud y con pruebas concluyentes que lacontribuyente vendió los productos (melaza)que recibió en parte de pago durante los ejer-

cicios 1995 y 1996, lo cual no ha ocurrido enel caso de autos.

Si bien, la Administración sustenta sus repa-ros en la información obtenida de tercerosproveedores de la recurrente, sin embargo

no se demuestra que esta sea fehacientepues no está determinado que la ex - coo-perativa Pucalá efectivamente cumplió conregistrar las entregas de melaza en sus li-bros de contabilidad ni que fueron incluidasen las declaraciones juradas donde constala determinación de sus obligaciones tri-butarias entre otros elementos que permi-tan establecer que la recurrente recibió losbienes y omitió registrarlos en sus libros decontabilidad.

En efecto, según se desprende de lo se-

ñalado por la Administración, la determi-nación de las ventas se realizó en formapresunta pues consideró sólo las comprasefectuadas a la ex - cooperativa Pucalá ydeterminó el valor de venta para efecto delImpuesto General a las Ventas así como ladeterminación de ingresos para el Impuestoa la Renta, en base a costos y márgenes deutilidad promedio.

Sin perjuicio de lo señalado en los párra-fos anteriores, de la documentación queobra en el expediente se observa que larecurrente habría incurrido en varias de lascausales previstas en el artículo 64° del Có-digo Tributario que permite determinar ladeuda tributaria sobre base presunta, puesse verificaron discrepancias entre sus com-probantes de pago y sus libros contables;no se cumplió con presentar la documenta-ción que sustentara las ventas omitidas enel plazo establecido por la Administración,entre otras; por lo que correspondía deter-minar sobre base presunta y no sobre basecierta como erróneamente procedió la Ad-ministración. En tal sentido, y dado que se ha estableci-do en esta instancia que existen causalespara la determinación sobre base presunta,corresponde que la Administración Tributariaefectúe una nueva determinación debiendoconsiderar para ello el procedimiento pre-visto en los artículos 659 al 72a del CódigoTributario2 para la determinación sobre basepresunta vigente en los períodos acotados.

CAP. IV

1 Carlos Guiliani Fonrouge, Derecho Financiero, Volumen 1, cuarta edición

2 Aprobado por los Decretos Legislativos Nas 773 y 816, el

primero vigente hasta marzo de 1996.



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CAP. VI

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CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

En lo que se refiere a las Resoluciones de Multa Nos. 074-2-03466, 074-2-03467, 074- 2-03468, 074-2-03469 y 074-2-03470, alencontrarse vinculadas a las Resolucionesde Determinación Nos. 074-3-02839, 074-3-

02835, 074-3-02836, 074-3-02837, 074-3- 02838 y 074-3-02840, deberá estarse a loresuelto para estas últimas.

Conclusión: Por lo expuesto, soy de opinión que el Tribu-nal Fiscal acuerde declarar NULA E INSUB-SISTENTE la Resolución de IntendenciaN° 075-4-04034 de 16 de enero de 1998, de-

biendo proceder de acuerdo a lo señalado eneste dictamen. Salvo mejor parecer.

RTF N° 02320-5-2003

CAP. IV

EXPEDIENTE N° : 1256-98 INTERESADO : ASUNTO : Impuesto a la Renta,

Impuesto General a lasVentas y Multas

PROCEDENCIA : Lima FECHA : Lima, 30 de abril de 2003

VISTA la apelación interpuesta por contra la Resolu-

ción de Intendencia N° 015-4-07601 emitida el 31 de diciembre de 1997 por la Intendencia de

Principales Contribuyentes Nacionales de laSuperintendencia Nacional de AdministraciónTributaria, que declaró improcedente la recla-mación interpuesta contra las Resolucionesde Determinación Nos. 012-3-05517, 012-3- 05518, 012-3-05441 y 012-3-05442 emitidaspor Impuesto a la Renta e Impuesto General alas Ventas de los años 1994 y 1995, y contralas Resoluciones de Multa Nos. 012-2-11219a 012-2-11231 y 012-2-10980 a 012-2-10987giradas por la infracción tipificada en el nume-ral 1) del artículo 178°del Código Tributario.

CONSIDERANDO:

Que la recurrente sostiene lo siguiente:

1. Las resoluciones impugnadas son nu-las por violación al debido proceso, porlas siguientes razones:

a) El Requerimiento N° 0820-97nunca fue cerrado por el auditorfiscal, lo cual es justificado por laAdministración señalando que enla fecha de cierre programada se

realizó una incautación documen-taría. Sin embargo, mientras que

en los requerimientos no consteel cierre y sus motivos, el proce-so de fiscalización sigue abierto,sobre todo si los contribuyentesno han tenido la oportunidad deplantear sus descargos.

A través de dicho requerimiento,la Administración solicitó la sus-tentación contable y/o documen-taría, y los motivos de una seriede operaciones, las cuales nece-sitan una previa explicación de suparte, lo que no se podría haber

obtenido de la incautación. b) Si se tiene acceso a los resulta-dos finales del auditor antes quese emitan los valores respecti-vos, los contribuyentes puedenconocer el fundamento de losreparos, discutirlos con el audi-tor, presentar los elementos quepuedan levantarlos y, de ser elcaso, regularizar aquellos queacepta. En su caso, ello no le fuepermitido pues hasta el momento

de emisión de los valores impug-nados, la Administración no le dioa conocer los resultados de la in-cautación y del proceso de fisca-lización en general. El argumento de la Administra-ción respecto a que es potestati-vo de ella poner en conocimientode los contribuyentes sus conclu-siones u optar por no hacerlo sinque ello vulnere procedimientoalguno, no hace más que reafir-mar su actitud violatoria duranteel proceso de fiscalización.




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CAP. VIII

CAP. IX

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CAP. III

c) La Administración Tributaria in-currió en abuso de autoridad alllevar a cabo el acto de incau-tación, toda vez que procedió aincautar documentación sin au-torización. En efecto, medianteel Oficio N° 01-INC-JEPDT-FPVde fecha 6 de marzo de 1997, elJuzgado Especializado Penal enDelitos Tributarios (JEPDT) au-torizó la inspección e incautaciónpor quince (15) días de libros,archivos, documentos, registrosen general, medios magnéticosy bienes de cualquier naturalezade Editorial Navarrete S.R.Ltda.y de Distribuidora Navarrete S.A.por los períodos fiscales 1994 y 1995; sin embargo, la SUNAT in- cautó también documentación

d) Correspondiente a ejercicios noautorizados (1991, 1992, 1993, 1996 y 1997) y documentación perteneciente a otras empresas.

La SUNAT ha violado no sólo elderecho al debido proceso duran-te el proceso de fiscalización, sinotambién el derecho a la inviolabi-lidad de documentos y de domici-

lio, lo que acarrea la nulidad delacto de incautación sobre el cualse sustentan las resoluciones dedeterminación reclamadas.

2. Sin perjuicio de lo antes expuesto, lasresoluciones de determinación impug-nadas no cumplen con los requisitosestablecidos en el artículo 77° del Có-digo Tributario al no estar debidamentefundamentadas, y de conformidad conel artículo 109° del referido Código de-vienen en anulables.

La Administración pretende sustentarel reparo de supuestas ventas omitidasen un denominado “Cuadro de Evolu-ción de Ventas”, el cual según ella ha-bría sido obtenido en el proceso de in-cautación, no obstante, ninguno de losvalores precisa de qué cuadro se tratani ha sido transcrito, no se identifica elautor ni la información que contiene, niel análisis y/o cálculos que habría rea-lizado la SUNAT para determinar queel rubro “WF 1080” expresa las ventasomitidas.

Respecto a la supuesta subvaluaciónde exportaciones, ninguna de las re-soluciones de determinación precisacómo la SUNAT la ha determinado, yaque se limita a indicar que sustenta elreparo en “liquidaciones y contratos deventas” que dice incluir en un Anexo A,que no contiene información alguna so-bre tales liquidaciones y contratos.

Tampoco se tenía conocimiento exactoni se podía inferir cuál era el métodode determinación de la deuda aplicadaya que algunas resoluciones señalancomo base legal el artículo 63s delCódigo Tributario, el cual establecede modo general que la acotación sepuede realizar sobre base cierta o pre-

sunta. Por otro lado, la Resolución deDeterminación N° 012-3-05441 hacemención al artículo 64°del Código Tri-butario, el que está referido a base pre-sunta.

El hecho que la SUNAT haya permitidoa la recurrente el acceso a los papelesde trabajo del proceso de fiscalizaciónluego de haber sido notificadas las re-soluciones reclamadas, no significaque éstas últimas hayan sido subsa-nadas, ya que en todo caso deben de

haberse notificado las motivacionescomo ampliación de las resoluciones oemitirse éstas nuevamente.

3. La Administración no puede afirmarque ha determinado la deuda tributariasobre base cierta por cuanto la acota-ción por ventas omitidas no se realizóen base a la información contable y fi-nanciera de la empresa, sino en funcióna un cuadro apócrifo (Cuadro de Evo-lución), sobre el cual se ha realizadouna proyección por la similitud de dos

meses (julio y noviembre de 1994) conlos cuadros “Registros de Ventas Acu-muladas”. En todo caso, estos cuadrosno constituyen documentos contablesque acrediten la existencia de tributoomitido, sino indicios que permitiríansuponer ventas omitidas.

Reiteradas resoluciones del TribunalFiscal admiten las acotaciones sobrebase cierta siempre que los libros, re-gistros contables, y documentación delcontribuyente sean fehacientes, pudien-do utilizar para tal fin información proba-

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da de terceros, y a falta de éstos y cuan-do las leyes tributarias lo dispongan, eltributo podrá determinarse sobre basepresunta (Resoluciones Nos. 118-2-97y 227-3- 97). Por tanto, debió efectuar-se la determinación sobre base pre-sunta, resultando aplicable el principiode adecuación a la realidad económicadel contribuyente.

4. La SUNAT no puede acotar ventasomitidas de productos terminados queno han podido ser fabricados por ella.En efecto, para producir la mayor can-tidad de cromos establecida por la SU-NAT hubiera sido necesario adquirir unmayor número de insumos, lo que a suvez originaría un incremento en el cos-

to de sus ventas, sin embargo, en lasresoluciones de determinación giradasno se ha reparado el gasto declaradoen la adquisición de insumos destina-dos al proceso productivo.

Si bien el área de exportaciones elaborósin el suficiente sustento técnico un cua-dro denominado “Coeficientes de Insu-mo Producto” (Reposición de Mercan-cías en Franquicia) para ser presentadoa ADUANAS, se solicitó a una entidadprofesional independiente y ajena al

asunto de autos, el Centro de Transfe-rencia Tecnológica de la Pontificia Uni-versidad Católica del Perú, que elaboreun análisis debidamente sustentado delproceso de producción de cromos y ál-bumes, así como de las mermas incu-rridas en dicho proceso. A diferencia deeste análisis, el informe elaborado porla SUNAT no ha observado la metodo-logía exigida para estos análisis, ya queni siquiera realizó dicho estudio dentrode los plazos mínimos exigidos para

este tipo de trabajo técnico. De otro lado, respecto a lo manifesta-do por la SUNAT en el sentido que lamayor producción se encuentra acre-ditada con el cuaderno denominado“Correlativos de Ordenes de Trabajo”,cabe indicar que este cuaderno es undocumento de cargos entre el área depresupuestos y el área de planeamien-to, y no órdenes de trabajo de la geren-cia de producción, por lo que el infor-me de la resolución apelada no puede

suponer que dicho cuaderno contieneproducción no declarada.

Además, las órdenes de trabajo puedenllegar a ejecutarse total o parcialmenteo no ejecutarse por decisión gerencial,debido a que las condiciones de mer-cado no hacen factible su terminación,o por falta de un insumo, etc.

La SUNAT no ha solicitado los descar-gos respectivos de las órdenes de tra-bajo no producidas y las parcialmenterealizadas, sino que ha supuesto quees una producción no declarada sinrealizar un razonamiento o análisis pre-vio de la producción gráfica.

5. La Administración Tributaria pretendesustentar una mayor producción y lano entrega de documentos con el Me-morandum N° 005-96/AI, el cual habría

sido incautado en el proceso de fisca-lización; sin embargo, este documentono cuenta con firma alguna, ni con sellode recepción del destinatario o del áreaa la que estaba dirigida, por lo que ca-rece de valor probatorio alguno.

En el supuesto negado que dicho ins-trumento sí hubiera sido redactado porlas personas cuyas firmas no aparecenen él, la Administración Tributaria nodebería contar con el mismo, toda vezque es un documento fechado el 18 de

enero de 1996 y referido a supuestoshechos ocurridos en ese año, respectodel cual no se contaba con autorizaciónde incautación.

6. Es falso que el mencionado “Cuadro deEvolución de Ventas” haya sido partedel proceso de fiscalización de la quefue objeto, por cuanto dicho documen-to no fue obtenido de la incautaciónrealizada ...........

Además, el referido cuadro no cuenta

con firma alguna que permita identificara la persona que lo elaboró, a fin deevidenciar que la autoría correspondea un ejecutivo o personal facultado amanejar la información contenida en di-cho cuadro. Tampoco aparecen sellos,cargos de recepción, clientes a quienesse les haya realizado las ventas, asícomo la moneda en que se encuentraelaborado.

La SUNAT sustenta que dicho cuadrose encuentra expresado en dólares

americanos, argüyendo que en el cua-dro denominado “Resumen de Ventas




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Acumuladas por Líneas” del 1 al 13 demayo de 1995 aparecen cifras en dó-lares; sin embargo, este último cuadrotampoco cuenta con firmas o sellosque demuestren el origen o el destinodel mencionado resumen de ventas, nisu estructura es igual a la de los “Re-súmenes de Ventas Acumuladas porLíneas” de otras fechas.

7. La Administración sostiene que el “Cua-dro de Evolución de Ventas” se encuen-tra sustentado en los reportes finan-cieros incautados, sin embargo, estosreportes son documentos manuscritosque en su mayoría no se encuentranfirmados, tal como lo reconoce la propiaauditora de SUNAT en su testimonial

ofrecida ante el JEPDT. Esta auditoraseñaló además que los cruces con losregistros se realizaron a nivel de mon-tos totales, lo cual desvirtúa la supuestadeterminación sobre base cierta.

8. Varios de los cuadros denominados“Resúmenes de Ventas Acumuladaspor Líneas” (que también sustentaríanlos informes financieros) se encuen-tran firmados por el administrador y laasistente de red, sin embargo, no sehallaron en el sistema las fuentes ni

programas que emiten estos resúme-nes, por lo que no puede afirmarse queesas personas cuentan con informaciónfidedigna, y mucho menos que obtuvie-ron la información de las jefaturas deventas, contabilidad o administración,puesto que en la incautación no seencontró información o cargos de do-cumentos remitidos por dichas áreas aestas personas.

9. La determinación de la supuesta deudatributaria contenida en las resoluciones

reclamadas no ha sido realizada sobrebase cierta como erróneamente sostie-ne la SUNAT, ya que un cuadro cuyainformación no forma parte de la docu-mentación contable y financiera de laempresa no puede constituir base cier-ta para efectuar reparos por supuestasventas omitidas, más aún si no se hanrealizado cruces con clientes, registrosde ventas, diario, compras, producción,etc.

10. Si los informes financieros constituyen un registro extracontable de ventas, tal

como lo sostiene la SUNAT, deberíaexistir la contrapartida de compras y/ogastos, registro extracontable que tam-poco existe, al no haberse incautadodurante el proceso de fiscalización.

11. Todas las operaciones realizadas porella y su vinculada (Distribuidora Nava-rrete S.A.) se encuentran debidamentesustentadas con los respectivos com-probantes de pago.

12. La SUNAT no ha tomado conocimientodel hecho que el señor Luis NavarreteLechuga, accionista mayoritario y Ge-rente General de las empresas EditorialNavarrete S.R.Ltda. y Distribuidora Na-varrete S.A., ha venido comercializan-do álbumes y cromos a través de sus

distribuidores mediante la modalidad deconsignación desde hace más de veinte(20) años, inicialmente en forma perso-nal, y luego por medio de dichas em-presas. Desde aquellos primeros años,los distribuidores depositaban en lascuentas bancarias personales de LuisNavarrete Lechuga los montos corres-pondientes a las consignaciones rea-lizadas, emitiendo Editorial NavarreteS.R.Ltda. y Distribuidora Navarrete S.A.los comprobantes de pago respectivos

a los distribuidores como liquidación decampaña. Posteriormente los depósitosrealizados eran trasladados periódica-mente a las cuentas bancarias de di-chas empresas con el objeto de regula-rizar las cuentas. De lo antes se expuesto, se concluyeque el ingreso percibido por las empre-sas citadas ha sido registrado conta-blemente, no existiendo venta omitidaalguna, lo cual queda acreditado conlos documentos incautados referidos al

señor Angel Ucañay (distribuidor). Asimismo, las regularizaciones periódi-cas realizadas de las cuentas persona-les de Luis Navarrete a las cuentas de se encuentranacreditadas con las transferencias ban-carias que la Administración Tributariatuvo en su poder como producto de laincautación, y que no ha verificado ensu oportunidad. Cabe mencionar queel Tribunal Fiscal ha establecido queel uso de cuentas personales del socioprincipal por parte de las empresas no

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constituye presunción de ocultación deingresos por ventas (RTF N° 8011 de 19 de enero de 1973).

13. Todas las exportaciones realizadashan sido debidamente facturadas den-

tro de los márgenes de precios interna-cionales, en función a importacionesefectuadas por empresas nacionalesde productos similares a los del extran-

jero.

La SUNAT ha efectuado reparos enbase a documentación epistolar reali-zada con sus clientes extranjeros vin-culados a ella, sin haber realizado unaverificación de las cuentas corrientescontables correspondientes a estosclientes, con lo cual hubiese apreciado

que la vinculación accionaria de algu-nas de ellas y la continuidad del mer-cado permitieron que estas empresasrealizaran préstamos o adelantos parafuturos envíos a Editorial NavarreteS.R.Ltda., transferencias que son per-fectamente válidas y lícitas tal comoestá acreditado en los asientos corres-pondientes y en las leyes que permitie-ron el libre tránsito de capitales.

Los reparos relacionados con la em-presa Figuritas Saló S.A. de Argentina

se basan en la liquidación efectuada enBuenos Aires, la cual está referida a laejecución de un contrato de joint ven-ture. De esta liquidación se desprendeque Editorial Navarrete S.R.Ltda. era laencargada de poner la mercadería y laotra empresa de distribuirla y promo-cionarla, y una vez finalizada la venta,determinados los ingresos y efectuadala deducción de gastos, se pagaba elImpuesto a las Ganancias vigente en

Argentina, y los dividendos eran distri-

buidos entre las partes (los que de con-formidad con la Ley del Impuesto a laRenta estaban inafectos).

14. La operación de venta realizada a laempresa Distribuidora Navarrete S.A.no fue anulada, siendo consideradadentro de la respectiva base imponibledel Impuesto General a las Ventas deoctubre de 1994. Lo que se produjofue la anulación del comprobante depago, vale decir, de la Factura Nfi 001- 001122 tal como se encuentra anotado en su registro de ventas, anulación que

se efectuó antes de la entrega de ellaal comprador (lo que se acredita al noestar asentada en su registro de com-pras), para ser reemplazada por cuatrofacturas válidamente emitidas que sus-tentaron finalmente la transacción rea-lizada (Facturas Nos. 001-1197, 001- 1200, 001-1201 y 001-1202, las cualesfueron debidamente canceladas); y porconsiguiente, no existió ninguna omi-sión en el cálculo del Impuesto Generala las Ventas de octubre de 1994 ni enel Impuesto a la Renta de este año. De otro lado, el importe desembolsadoinicialmente por Distribuidora Navarre-te S.A. por la Factura N° 001-001122,tal como aparece en los respectivos

comprobantes de ingreso a caja, fue-ron aplicados a cuentas pendientes decancelación que esta empresa tenía,tal como se acordó en dicha oportuni-dad.

15. Habiéndose demostrado la nulidad, yen su caso la anulabilidad, y carenciade fundamento de las resolucionesde determinación impugnadas, las su-puestas infracciones que se le imputanno se han verificado, y por consiguien-te, las resoluciones de multa devienen

en improcedentes. 16. Al habérsele otorgado sólo un plazo de

dieciocho (18) días hábiles para quepueda revisar el expediente (el cuales extenso y desordenado) a fin depoder encontrar el sustento de los ar-gumentos de la Administración, y al nohabérsele entregado todas las copiassolicitadas, se han vulnerado sus dere-chos a la legítima defensa y al debidoproceso.

Que la Administración señala: 1. Respecto a la nulidad y anulabilidad de las resoluciones de determinación:

- Al efectuarse la incautación se encon-tró la documentación que anteriormen-te había sido solicitada en reiteradasoportunidades y que no fue presentadapor la recurrente, por lo que al haberseverificado la existencia de dicha docu-mentación, corresponde tener por ce-rrado el Requerimiento N° 820-97.

- Teniendo en cuenta el reiterado incumplimiento en la presentación de la




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documentación solicitada, el sucesivopedido de prórrogas y la inconsistenciade la información proporcionada, sepresumió la existencia de evasión tri-butaria, y en aplicación de lo dispuestopor el numeral 7) del artículo 62° delCódigo Tributario, se procedió a la in-cautación de documentación, previaautorización judicial, en los locales delas empresas que conforman el GrupoNavarrete.

- El artículo 97° de la Ley del Impuestoa la Renta, faculta a la AdministraciónTributaria a comunicar al contribuyentelos resultados de su acción fiscalizado-ra, es decir, es potestad de la Adminis-tración poner en conocimiento de los

contribuyentes sus conclusiones, porlo que optar por no hacerlo no vulneraprocedimiento alguno.

- El “Cuadro de Evolución de Ventas”ha sido parte del proceso de fiscaliza-ción al haberse obtenido como conse-cuencia de la incautación practicada aDistribuidora Navarrete S.A., empresavinculada a la recurrente, por lo quecarece de fundamento lo señalado poresta última respecto a que ignoraba elcontenido del referido cuadro.

- La solicitud presentada por la recurrente el 1 de agosto de 1997 (escrito Nº 313302), resultaba improcedente por cuanto el acceso al expediente a que se refiere el artículo 131° del CódigoTributario, opera siempre que exista unexpediente de reclamación en trámite,supuesto que no se cumplía al momen-to de presentarse el citado escrito.

- Teniendo en cuenta lo antes manifes-tado, las resoluciones impugnadas noadolecen de la causal de nulidad con-templada en el inciso 2) del artículo 109° del Código Tributario, por lo quelos argumentos de la contribuyente enese sentido carecen de fundamento.

- Las resoluciones de determinación seencuentran suficientemente fundamen-tadas, al haberse cumplido con los re-quisitos contenidos en el artículo 77°del Código Tributario, por cuanto enellas se indica tanto los motivos de losreparos como los fundamentos lega-

les que las amparan. Además, en losanexos de los valores impugnados se

indica la documentación incautada depropiedad de la recurrente, que sirvióde base para la determinación de ladeuda tributaria.

- Con posterioridad a la interposición del

escrito de reclamación, se permitió larevisión del expediente y se proporcio-nó las fotocopias de los papeles de tra-bajo solicitadas.

2. Con la incautación practicada, se contócon la documentación necesaria paraefectuar la determinación de la deudatributaria sobre base cierta, resultandoinaplicables los procedimientos de de-terminación sobre base presunta. Asi-mismo, no resultan aplicables las reso-luciones del Tribunal Fiscal citadas por

la recurrente, por cuanto versan sobresupuestos distintos a los planteados enel presente caso y además porque noconstituyen jurisprudencia de obser-vancia obligatoria.

Producto del estudio de la documenta-ción incautada se determinaron omisio-nes al Impuesto a la Renta y al Impues-to General a las Ventas de los años 1994 y 1995: por el ejercicio 1994 segiraron las Resoluciones de Determina-ción Nos. 012-3-05517 y 012-3-05518

reparándose subvaluación de ventasal exterior, ventas omitidas y facturaindebidamente anulada, y por el ejerci-cio 1995 se emitieron las Resolucionesde Determinación Nos. 012-3-05441 y 012-3-05442 por subvaluación de ven-tas al exterior y ventas omitidas.

3. En lo referente a la “Relación Insumo - Producto”, durante la etapa de la fis- calización se efectuó una inspección en la planta de producción de la recurrente a efecto de conocer el proceso productivo así como los porcentajes demermas y desperdicios por etapas, ela-borándose como resultado el informede fecha 22 de julio de 1997, en el quese indica que la verificación de la rela-ción existente entre insumos y produc-tos se realizó basándose en el balancede materiales, es decir, la cantidad depapel utilizado y la cantidad de cromosimpresos obtenidos.

Al comparar la cantidad calculada de

paquetes (según relación insumo -producto) con la cantidad de paquetes

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vendidos (según factura) y la cantidadde paquetes programados (según órde-nes de trabajo), se obtuvieron diferen-cias sustanciales entre la produccióncalculada según la relación insumo - producto y la producción según lasórdenes de trabajo. Es por ello que nose reconoció a la recurrente un mayorgasto por adquisición de insumos. El análisis de la relación insumo - pro-ducto efectuado permitió establecerdiferencias en las cantidades de pa-quetes producidos utilizando la mismacantidad de insumos, es decir, se esta-bleció una mayor producción en base aun mayor rendimiento de los insumosen comparación a lo declarado por la

recurrente. Con posterioridad a la incautación lle-vada a cabo, la contribuyente presentóun informe relativo al proceso producti-vo de cromos y álbumes elaborado porla Pontificia Universidad Católica delPerú, el cual presenta mermas supe-riores a las declaradas ante Aduanas,consignadas en los “Cuadros de Coefi-cientes Insumo - Producto (Reposiciónde Mercancías en Franquicia)”. Por estemotivo, resulta correcto el análisis co-

rrespondiente sobre la relación insumo - producto en el proceso productivo.

4. No se presenta la situación descritaen el artículo 72° del Código Tributario(que contiene una presunción que pue-de ser utilizada por la Administraciónpara determinar ingresos omitidos), ypor tal motivo no ha sido utilizado paraefecto de la determinación de las ven-tas omitidas.

5. Producto de la incautación llevada acabo se obtuvieron unos cuadernos deórdenes de producción denominados“Correlativos de Órdenes de Trabajo”,cuyo análisis permitió establecer quela recurrente no declaró la totalidad delas órdenes de producción que fueronrequeridas expresamente, y que las ór-denes de trabajo presentadas lo fueronpor cantidades inferiores a las consig-nadas en los mencionados cuadernos,no obstante haber manifestado la recu-rrente en respuesta al RequerimientoNa 0367-96 que las órdenes de trabajoentregadas correspondían a la produc-

ción real y total realizada con Distribui-dora Navarrete S.A.

6. En el Informe General de Fiscalizaciónse señala que producto de la incauta-ción se puso en evidencia la existencia

de un kárdex del “Almacén WF’ de por los meses de octubre ynoviembre de 1994, habiéndose deter-minado luego de la verificación corres-pondiente, que dichas transaccionesno fueron registradas ni declaradastanto por Editorial Navarrete S.R.Ltda.como por Distribuidora Navarrete S.A.Asimismo, de los diskettes incautadosse obtuvo información respecto al con-trol que se llevaba de las mercaderíasque salían del almacén y que no eran

facturadas, a través de las siglas WF- 1080.

7. El reparo por ventas omitidas se deter-minó en base al “Cuadro de Evoluciónde Ventas de Distribuidora NavarreteS.A.”, en el cual se consignan las ven-tas en el mercado local tanto de cro-mos como de otros artículos, las que seencuentran anotadas en el rubro WF- 1080 que constituye un registro rela-cionado con (principal accionista de larecurrente).

El cuadro mencionado constituye unregistro en dólares que refleja las ope-raciones efectuadas por Distribuido-ra Navarrete S.A. que se encuentranseparadas bajo dos conceptos: el pri-mero bajo el rubro DISNAV, el cual seencuentra registrado y declarado antela Administración Tributaria, y el segun-do bajo el rubro WF-1080, en el que seconsignan ingresos no registrados nideclarados.

Dicho cuadro, de acuerdo con lo con-signado en el Informe General, se en-cuentra sustentado en los reportes fi-nancieros incautados, elaborados por

, los cuales con-tienen ingresos de “oficina” (contabili-dad oficial) y “1080” (control paralelo).Los mencionados reportes financierosconstan de los siguientes documentos:Hoja de “Informe Financiero Diario”,“Resumen de Ventas Acumuladas porLíneas”, “Reporte de Caja General”,“Reporte de Ingresos a Caja”, “Reportede Guías de Cotizaciones” y “Documen-




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tos Cancelados - Reporte de Guía”. 8. En el Memorando N° 131-95/AI del

24 de noviembre de 1995 emitido por Auditoría Interna del Grupo Empresa-rial Navarrete, obtenido de la incauta-

ción, dirigido al señor Luis NavarreteLechuga, se indica que DistribuidoraNavarrete S.A. informa diariamente ladistribución de los ingresos en cuentascorrientes de DISNAV y en cuentas co-rrientes o de ahorros de Luis NavarreteLechuga.

El contenido del citado memorandopone en evidencia que la recurrentelleva un control paralelo extracontabledenominado WF-1080 ó 1080, en elcual se consigna el monto de los ingre-

sos por operaciones realizadas que noson registradas ni declaradas a la Ad-ministración.

9. Para el caso de autos, del “Cuadro deEvolución de Ventas” se tomó única-mente la línea de cromos, por cuantola recurrente es el proveedor exclusivode cromos y álbumes en el país de Dis-tribuidora Navarrete S.A., tal como seevidencia de los registros de comprasde esta última y de los registros de ven-tas de la primera. Por consiguiente, las

ventas de la línea de cromos efectua-das por Distribuidora Navarrete S.A.,necesariamente provenían de adquisi-ciones efectuadas a la recurrente.

10. El “Cuadro de Evolución de Ventas”contiene información hasta el mes deabril de 1995 por lo que a partir demayo del mismo año se recurrió direc-tamente a los “Resúmenes de VentasAcumuladas por Líneas”, los cualesson emitidos diariamente y reflejan lasoperaciones que son registradas bajoel rubro WF-1080. Tomando como referencia los montosconsignados en el referido cuadro, seestableció el margen de utilidad de larecurrente con la finalidad de determi-nar los ingresos omitidos tanto paraefecto del Impuesto General a las Ven-tas como para el Impuesto a la Renta.

11. En lo que respecta al reparo por ventaanulada, durante el ejercicio 1994 sedetectó ingresos por una operación de

venta a Distribuidora Navarrete S.A.realizada mediante la Factura N° 001-

001122 por un monto de S/. 533 449,00,la que fue registrada indebidamentecomo anulada.

Este reparo se sustenta en los compro-bantes de ingresos a caja, el registro en

el libro caja y documentación interna decontabilidad, los que evidencian que laoperación no fue anulada, y al no ha-berse presentado pruebas que desvir-túen el reparo, procede mantenerlo.

12. El rubro subvaluación de ventas al ex-terior se sustenta en liquidaciones, con-tratos de venta y estados de cuentascorrientes consolidados, los que formanparte de la documentación incautada yque son de propiedad de la recurrente.

Del estudio de dicha documentaciónse estableció que por los años 1994 y 1995 la recurrente realizó operacionescomerciales con empresas del exterior,produciéndose la subvaluación de ven-tas consistente en la omisión de ingre-sos al no registrar ni declarar la totali-dad de los montos correspondientes adichas operaciones.

El artículo 32° de la Ley del Impuesto ala Renta no resulta aplicable al caso deautos, toda vez que como resultado dela incautación se encontró documenta-ción que acredita el valor de las ope-raciones realizadas por la recurrente,y por consiguiente, no cabe recurrir alvalor de mercado.

Se ha verificado los montos determina-dos en las Resoluciones de Determina-ción Nos. 012-3-05517 y 012-3-05441,efectuándose el cruce correspondientecon los registros de ventas de 1994 y 1995, con la documentación incautaday con los medios magnéticos propor-

cionados por ADUANAS. Al no haber la recurrente presentadodentro del término probatorio, los cer-tificados de inspección y los documen-tos emitidos por la autoridad aduaneraque ofreciera en su escrito de recla-mación, ni ningún otro documento quedesvirtúe los resultados obtenidos porla Administración, corresponde man-tener los reparos por subvaluación deventas al exterior.

13. Las resoluciones de multa impugnadasfueron emitidas al amparo del numeral 1) del artículo 178° del Código Tribu-

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tario por concepto del tributo omitidodeterminado en las Resoluciones deDeterminación Nos. 012-3-05517, 012- 3-05518, 012-3-05441 y 012-3-05442.Dado que estas resoluciones de deter-minación han sido mantenidas en sutotalidad, también procede mantenerlas multas que derivan de ellas, sinembargo, respecto a las Resolucionesde Multa Nss. 012-2-11231 y 012-2- 10987, corresponde rectificarlas al ha-berse detectado un error en la aplica-ción de los intereses.

Que de lo actuado se tiene:

El asunto materia de controversia en el casode autos consiste en determinar si las Resolu-ciones de Determinación Nos. 012-3-05517,

012-3-05518, 012-3-05441 y 012-3-05442, ylas Resoluciones de Multa Nos. 012-2-11219a 012-2-11231 y 012-2-10980 a 012-2-10987han sido emitidas conforme a ley.

Ahora bien, para ello resulta necesario efec-tuar una descripción de los hechos ocurridosen la etapa de fiscalización: - Mediante Carta N° 0330-95-15.0000

(folio 12950), notificada el 19 de di-ciembre de 1995, la AdministraciónTributaria comunicó a la recurrente el

inicio de la fiscalización respecto delImpuesto a la Renta del ejercicio 1994y el Impuesto General a las Ventas yotros del ejercicio 1995.

Para tal efecto, se emitió el Requerimien-to N° 0102739 (folio 12931), notificadoesa misma fecha, solicitándose diversainformación y/o documentación corres-pondientes a los períodos tributarios 1994 y 1995, En el resultado de este re-querimiento se aprecia que la recurrenteno cumplió con presentar los inventarios

permanentes, los controles físicos deexistencias ni el libro de actas.

- A través del Requerimiento N° 0306- 96 (folio 12928), notificado el 3 de abril de 19961, se solicitaron las pólizas deimportación y exportación, los compro-bantes de pago originales de adquisi-ciones, las órdenes de producción, los

1 Si bien este requerimiento, al igual que los emitidos con posterioridad, tienen como sustento la Carta N- 0347- 96-15.0000 (folio 12949), mediante ésta únicamente se

designó a los auditores que reemplazarían a los mencio-nados en la Carta N° 0330-95-15.0000.

kárdex valorados de materias primas,suministros, y productos terminados,los inventarios iniciales y finales y elanálisis de determinadas cuentas con-tables de los períodos 1994 y 1995.

Del resultado de este requerimiento seaprecia que la recurrente presentó fo-tocopia de las pólizas de exportación yde importación, y que no cumplió conpresentar las facturas originales, loskárdex valorados y las órdenes de pro-ducción solicitadas.

- El 9 de mayo de 1996 se notificó el Re-querimiento N° 0318-96 (folio 12927),mediante el cual se solicitó que se in-dique por escrito el proceso productivode la impresión de álbumes y cromos,

debiendo adjuntarse la ficha técnicade las impresiones efectuadas de losejercicios 1994 y 1995 (en la que seseñala el consumo de materia prima,las mermas y desperdicios de las ma-terias primas y productos terminados).Asimismo, se reiteró la presentación delas órdenes de producción correspon-dientes al ejercicio 1995, de acuerdocon la relación de facturas señalada enanexo adjunto.

En respuesta a este requerimiento, la

recurrente presentó un escrito de fe-cha 31 de mayo de 1996 (folios 12919a 12923), adjuntando un detalle delproceso productivo de cromos. En elresultado del citado requerimiento laAdministración señaló que la recurren-te no había adjuntado las fichas técni-cas, y que presentó las órdenes de pro-ducción relacionadas a algunas de lasfacturas relacionadas con la colecciónCandy, Power Rangers y Barbie.

- Con fecha 12 de agosto de 1996 la Ad-ministración notificó el RequerimientoNa 0319-96 (folio 12918), a través delcual solicitó las órdenes de produccióndel ejercicio 1994 relacionadas a lasfacturas que figuraban detalladas en elAnexo Na 01 adjunto, los files de ex-portación (conteniendo las facturas co-merciales, póliza de exportación, órde-nes de embarque y otros documentosde exportación), y se reiteró la presen-tación de las órdenes de producción delas facturas correspondientes al ejerci-cio 1995 según Anexo Na 02.




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En el resultado de este requerimientose observa que la recurrente presentóparcialmente las órdenes de produc-ción de las facturas requeridas por losejercicios 1994 y 1995, no obstantehabérsele dado una prórroga de vein-te (20) días mediante el RequerimientoNa 0362-96 (folio 12902). Asimismose indica, que a excepción de los filesde exportación correspondientes a lasfacturas indicadas en el Anexo Na 05,la recurrente presentó la demás docu-mentación solicitada.

- Con el Requerimiento Ns 0375-96(folio 12901), notificado el 18 de se-tiembre de 1996, se solicitó la presen-tación de la información contenida en

los registros de compras y de ventaspor los ejercicios 1994 y 1995 y quese proporcione las copias SUNAT porlas adquisiciones de dichos períodos.La recurrente cumplió con presentarla información solicitada, tal como seobserva del resultado de este requeri-miento.

- Mediante el Requerimiento Nº 0367- 96 (folio 12900), notificado el 14 denoviembre de 1996, la Administraciónsolicitó, entre otros, las órdenes de tra-

bajo de la producción total de álbumesy cromos durante los ejercicios 1994y 1995, el sustento documentarlo dedonaciones de álbumes y cromos, lospapeles de trabajo del ajuste por infla-ción, los registros de letras por cobrary los libros caja de los ejercicios 1994y 1995. Asimismo se reiteró lo solicita-do mediante los Requerimientos Nfis. 0102739 y 0306-96 referente al libro deinventarios y balances, el libro de ac-tas, controles de inventario, controles

físicos de existencias, kardex valoriza-do e inventarios permanentes.

En el resultado de este requerimientose aprecia que la recurrente cumpliócon presentar parcialmente la infor-mación y documentación solicitada, noobstante habérsele dado una prórrogade dieciséis (16) días mediante el Re-querimiento Nº 0388-96 (folio 12891).La recurrente no cumplió con presentarlas órdenes de trabajo por las ventasal exterior y otras ventas nacionales, el

libro de actas de directorio ni los inven-tarios permanentes.

- Con fecha 6 de enero de 1997 se no-tificó el Requerimiento Nº 0378-96 (fo-lio 12890) solicitándose, entre otros,los mayores auxiliares analíticos dediversas cuentas contables de losejercicios 1994 y 1995, el análisis dela cuenta capital y capital adicional, elsustento documentario de la provisiónpara cuentas de cobranza dudosa y lascuentas por pagar por leasing al 31 dediciembre de 1994, así como las mer-mas del proceso etapa por etapa en lafabricación de cromos. También se rei-teró la presentación de documentaciónque había sido solicitada anteriormente(inventarios permanentes y valorizadosiniciales y finales de los ejercicios 1994y 1995, y las órdenes de producción deálbumes y cromos). En el resultado de dicho requerimientose aprecia que la recurrente presentóparcialmente lo solicitado, no obstantehabérsele concedido una prórroga dedoce (12) días mediante el Requeri-miento Na 0802-97 (folio 12887). Enefecto, la recurrente no cumplió conpresentar, entre otros, los inventariospermanentes y valorizados del ejerci-cio 1994 ni las órdenes de trabajo de

producción de álbumes y cromos delos ejercicios 1994 y 1995, y tampocoproporcionó información técnica delproceso productivo.

- La recurrente presentó un escrito de fe-cha 29 de enero de 1997 (folio 12886),en el cual sólo hace una referencia alas mermas del proceso productivo, sinmayor análisis de las mismas.

- A través del Requerimiento Ns 0924-97(folio 12880), notificado el 27 de febrerode 1997, se solicitó a la recurrente que

sustente documentaría y contablemen-te las diferencias de producción deter-minadas como resultado del análisisdel proceso productivo y las órdenes deproducción, según el Anexo A adjunto.Asimismo la Administración indicó quehabía determinado que no existía re-lación entre la producción de álbumescon la de cromos, al haberse produci-do cromos para cubrir la producciónsólo del 22% y 17% de álbumes en losaños 1995 y 1994, por lo que solicitó a

la recurrente que sustente contable ydocumentariamente estas diferencias,

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las que se encuentran detalladas en el Anexo B adjunto.

El 5 de marzo.de 1997, fecha en que larecurrente debía presentar la informa-ción solicitada, ella presentó un escrito

(folio 12863) solicitando un plazo adi-cional hasta el 18 de abril de 1997 paracumplir con lo requerido. Sin embargo,esta prórroga no fue concedida, por loque en el resultado del citado requeri-miento se dejó constancia que la recu-rrente no sustentó lo solicitado.

- Con el Requerimiento Ns 0820-96 (folio 12862), notificado el 4 de marzo de 1997, y a fin de continuar con el proceso de fiscalización, la Administración solicitó a la contribuyente que el 7 de

ese mismo mes, presentara diversa do- cumentación que había sido solicitada en los Requerimientos Nas. 0378-96 y 0102739.

Este requerimiento no fue cerrado porel auditor, tal como se aprecia del re-sultado del mismo. Sin embargo, en laresolución apelada, la Administraciónseñala que como en la incautación ha-bía obtenido la documentación solicita-da, que no había sido presentada porla recurrente, correspondía tener porcerrado este requerimiento.

- En el Informe General del Ejercicio 1994que obra a folios 12937 a 12945, la Ad-ministración señaló que la contribuyen-te, durante el proceso de fiscalización,no cumplió con exhibir y/o presentar ladocumentación que sustentara la pro-ducción declarada, razón por la cualfue imposible dar fehaciencia de ella.En dicho contexto, al presumirse laexistencia de evasión tributaria, rea-lizó la incautación de libros, archivos,documentos contables y cuadernos decontroles internos en los locales de lasempresas, en aplicación del artículo 62° del Código Tributario.

Producto del análisis de la documentaciónobtenida de la fiscalización y de la documen-tación incautada, la Administración determi-nó la obligación tributaria, emitiendo las re-soluciones de determinación y de multa queson materia de impugnación, al haber encon-trado omisiones en el Impuesto a la Renta

y el Impuesto General a las Ventas de losejercicios 1994 y 1995.

Sin embargo, antes de entrar al análisis delasunto controvertido cabe determinar si laAdministración incurrió en algún vicio denulidad, esto es, si actuó conforme a leydurante el proceso de fiscalización y al mo -mento de emitir los valores materia de im-pugnación. a) Suspensión de la facultad de fiscaliza-

ción - Articulo 81° del Código Tributario

Como primer punto de análisis corres-ponde determinar si la AdministraciónTributaria tenía facultad para fiscalizarlos períodos y tributos acotados. El artículo 81° del Código Tributarioaprobado por el Decreto LegislativoNº 773, vigente desde el 1 de enero de 1994 hasta el 21 de abril de 1996,

señalaba que la Administración Tri-butaria suspendería su facultad deverificación o fiscalización respectode cada tributo, por los ejercicios operíodos no prescritos, si efectuadala verificación o fiscalización del últimoejercicio, tratándose de tributos de liqui-dación anual, o de los últimos doce (12)meses, tratándose de tributos de liquida-ción mensual, no se detectaban algunosde los hechos que expresamente seña-laba la referida norma.

A su vez, en su segundo párrafo esta-blecía expresamente como excepciónque „Tratándose de tributos de liqui-dación anual, la facultad de verifica-ción o fiscalización contemplada enel párrafo anterior se prorrogará has-ta el sexto mes del período gravablesiguiente”.2

Conforme con lo señalado por este Tri-bunal en la Resolución Nº 05847-5-2002de 11 de octubre de 2002, publicada

con el carácter de jurisprudencia de ob-servancia obligatoria el 23 de octubre delmismo año en el diario oficial “El Perua-no”, de conformidad con el mencionadoartículo 81°, tratándose de tributos deliquidación anual como es el Impuestoa la Renta, hasta el mes de junio delaño en que se realizaba la fiscalizaciónse consideraría como último ejercicio,

2 Lo dispuesto por esta norma también fue recogido en elartículo 81° del Código Tributario aprobado por el DecretoLegislativo N- 816, vigente desde el 22 de abril de 1996,artículo que fue derogado por la Ley N5 27788, publicadaen el diario oficial “El Peruano” el 25 de julio de 2002.




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para efecto de la fiscalización, el año precedente al anterior 3.

Así, a partir del vencimiento del plazopara efectuar la determinación de laobligación tributaria y hasta el mes de

junio del ejercicio en que se realizabala fiscalización, la Administración noestaba facultada para realizar la fisca-lización alternativa y de manera exclu-yente entre el último o penúltimo ejer-cicio gravable, toda vez que el CódigoTributario dispuso expresamente unaexcepción en el sentido que, en el casode tributos de liquidación anual, hasta junio del año en que se realizaba la fis-calización, se debía iniciar ésta por elaño precedente al anterior.

En consecuencia, debe entenderseque de acuerdo con lo dispuesto porel artículo 81° del Código Tributariocitado, tratándose de fiscalizacionesa tributos de liquidación anual que sehubieran iniciado entre el vencimientodel plazo para presentar la declaración jurada que contenía la determinaciónde la obligación tributaria y hasta elmes de junio, se consideraba como “úl-timo ejercicio”, únicamente el año pre-cedente al anterior a aquél en que se

realizaba la fiscalización. En cuanto a los tributos de liquidaciónmensual, como es el caso del ImpuestoGeneral a las Ventas, la norma era cla-ra en cuanto a que la fiscalización sólopodía comprender los últimos doce(12) meses, salvo las excepciones queel propio artículo 81° contenía. En el presente caso, y tal como se in- dicó anteriormente, mediante Carta Na 0330-95-15.0000 de 18 de diciembre de 1995 (folio 12950) se comunicó ala recurrente que se había dispuestola verificación del cumplimiento de susobligaciones tributarias referidas al Im-puesto a la Renta del ejercicio 1994 yal Impuesto General a las Ventas de 1995, emitiéndose para tal efecto el Re- querimiento Ns 0102739 (folio 12931),

el cual fue notificado el 19 de diciembre de 1995.

Si bien la mencionada carta señaló quese fiscalizaría el Impuesto a la Rentadel ejercicio 1994 y el Impuesto Gene-

ral a las Ventas de 1995, en realidadla Administración fiscalizó el Impuestoa la Renta y el Impuesto General a lasVentas de los períodos 1994 y 1995.En efecto, a través del RequerimientoN® 0102739 la Administración solici-tó a la recurrente diversa informacióny/o documentación a fin de fiscalizarlos períodos 1994 y 1994, tales comolibros de contabilidad, documentaciónsustentatoria de compras y ventas, de-claraciones juradas, libros de actas de

directorio y accionistas, entre otros. Conforme se aprecia de la documen-tación que obra en el expediente, conposterioridad a la notificación del Re-querimiento N° 0102739, la Administra-ción emitió a la recurrente otros requeri-mientos solicitando diversa informacióny/o documentación también referida alos períodos 1994 y 1995. Cabe indicarque todos estos requerimientos se en-cuentran vinculados a la fiscalizacióniniciada el 19 de diciembre de 1995.

En aplicación del artículo 810 del Có-digo Tributario antes analizado, la Ad-ministración debía empezar a fiscalizarlos últimos doce (12) meses tratándo-se del Impuesto General a las Ventas,esto es, los períodos noviembre de 1994 a octubre de 19954, y respectodel Impuesto a la Renta, debía iniciarla fiscalización únicamente por el año 1994, por ser éste el último ejercicio, ysólo si encontrara omisiones a la pre-sentación de declaraciones o pago de

la obligación tributaria o irregularidadesen la determinación de la obligación tri-butaria podía ampliar su fiscalización aperíodos anteriores, lo cual no hizo. En ese sentido, de acuerdo con el nu-meral 2) del artículo 109° del citadoCódigo, los actos de la Administra-ción Tributaria son nulos cuando son

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3 Si bien en la Resolución Ns 05847-5-2002, el Tribunal Fiscal analiza el artículo 81a del Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo Nº 816, el criterio recogido

en esta resolución también resulta aplicable a lo dispues-

to por el artículo 81a

del Código Tributario aprobado porel Decreto Legislativo Na 773, por tratarse de la misma

norma.

4 De conformidad con la Resolución de SuperintendenciaN- 006-95/SUNAT, el vencimiento de la obligación tribu-

taria del mes noviembre de 1995 a cargo de la recurrente,según el último dígito de su número de RUC, fue el 21 dediciembre de 1995.



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dictados prescindiendo totalmente delprocedimiento legal establecido, por loque corresponde establecer si los re-querimientos emitidos por la Adminis-tración en ejercicio de su facultad defiscalización y excediendo los alcancesdel artículo 81 ° son total o parcialmen-te nulos.

Al respecto, en la Resolución Na 05847-5-2002 antes mencionada, el Tribunal Fiscal ha establecido que pro-cede declarar la nulidad parcial de unrequerimiento cursado por la Adminis-tración Tributaria en la parte que hayaexcedido la solicitud del último ejercicio,tratándose de tributos de liquidaciónanual, o los últimos doce (12) meses,

tratándose de tributos de liquidaciónmensual o mediante el que se solicita,en forma conjunta, documentación y/oinformación referida a tributos de liqui-dación anual y tributos de liquidaciónmensual, cuando respecto de uno dedichos tributos, o en ambos, se exige aldeudor tributario documentación y/o in-formación relativa a períodos distintosde los señalados en el artículo 81° delCódigo Tributario. En esta resoluciónse señala además, que se entiende

que dentro de las causales de nulidadno están incluidas las excepciones queel propio artículo 81 ° prevé. Conforme con el criterio antes expues-to, se declara la nulidad parcial delRequerimiento Nfi 0102739 y los actosposteriores vinculados a éste, man-teniéndose la validez de los mismosrespecto del Impuesto General a lasVentas en la parte que no excede losúltimos doce (12) meses (noviembrede 1994 a octubre de 1995) y respecto

del Impuesto a la Renta en la parte queno excede la solicitud de documenta-ción y/o información del último ejercicio(1994), pues sólo respecto de estosextremos la Administración cumpliócon lo establecido por el artículo 81°del Código Tributario. Una vez efectuado el análisis anterior,se concluye que la Resolución de De-terminación Na 012-3-05441, emitidapor concepto del Impuesto a la Rentadel ejercicio 1995 y las Resoluciones

de Multa Nºs. 012-2-11219 a 012-2- 11228, 012-2-10986 y 012-2-10987

(folios 13150, 13151, 13161 a 13170, 13175 a 13177), vinculadas al Impues- to a la Renta del ejercicio 1995 y al Impuesto General a las Ventas de losperíodos enero a octubre de 1994 y di-ciembre de 1995, son nulas, y las Re-soluciones de Determinación Nas. 012- 3-05518 y 012-3-05442 (folios 13171 a 13174) son parcialmente nulas, en el extremo referido al Impuesto General a las Ventas de los períodos enero a oc-tubre de 1994, noviembre y diciembrede 1995, pues estas resoluciones sesustentan en la parte del Requerimien-to Ns 0102739 que ha sido declaradonulo por transgredir los alcances delartículo 81° del Código Tributario anali-zado. En tal sentido, procede mantener la Resolución de Determinación Na 012- 3-05517 (folios 13178 a 13180), girada por omisión al Impuesto a la Renta del ejercicio 1994, y de las Resoluciones de Determinación Nas. 012-3-05518 y 012-3-05442 en el extremo referido al Impuesto General a las Ventas de losperíodos noviembre de 1994 a octubrede 1995. Asimismo, son válidas las Re-soluciones de Multa N3s. 012-2-11229

a 012-2-11231 y 012-2-10980 a 012-2- 10985 (folios 13152 a 13160), las cua-les guardan vinculación con los tributosy períodos mencionados.

b) Irregularidades durante el proceso de fis-calización alegadas por la recurrente De conformidad con lo dispuesto por elartículo 62° de los Códigos Tributariosaprobados por los Decretos Legislati-vos Nas. 773 y 816, aplicables al casode autos, el ejercicio de la función fis-calizadora, incluye la inspección, inves-

tigación y el control del cumplimientode obligaciones tributarias, incluso deaquellos sujetos que gocen de inafec-tación, exoneración o beneficios tribu-tarios, señalando que para tal efecto, laAdministración dispone entre otras fa-cultades, de la de exigir a los deudorestributarios la exhibición de sus libros yregistros contables y documentaciónsustentatoria. En ese sentido, se tiene que la facultadde fiscalización de la AdministraciónTributaria se materializa con la notifi-cación de los actos administrativos que




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constan en instrumentos o documentos(requerimientos), que efectúa la citadaentidad a los deudores tributarios me-diante los cuales se le solicita la exhibi-ción de sus libros, registros contables,o cualquier otra documentación queconsidere necesaria a efecto de verifi-car el cumplimento de las obligacionestributarias, criterio recogido en la Reso-lución del Tribunal Fiscal Nfi 0489-2-99de 19 de mayo de 1999. Ahora bien, el numeral 7) del referidoartículo 62° señala que cuando la Ad-ministración presuma la existencia deevasión tributaria, podrá practicar, pre-via autorización judicial, incautacionesde libros, archivos, documentos, regis-

tros en general y bienes, de cualquiernaturaleza, que guarden relación conla realización de hechos imponibles,por un plazo de quince (15) días hábi-les, prorrogable por un plazo igual. De los papeles de trabajo se apreciaque la recurrente en reiteradas opor-tunidades solicitó prórrogas a fin depresentar la documentación que le erarequerida, lo cual le fue concedido porla Administración Tributaria, tal comose aprecia en los Requerimientos Nas.

0362-96, 0388-96, y 0802- 97 (folios 12887, 12891 y 12902). No obstante haberse otorgado varias prórrogas, la recurrente en algunos casos no cum- plió con presentar la información y/odocumentación solicitada y en otroscumplió de manera parcial, pese a quefue requerida en varias ocasiones. Teniendo en consideración el reiteradoincumplimiento de la recurrente de pro-porcionar la información y/o documen-tación solicitada, y que el proceso de

fiscalización estaba durando más deun año (según se aprecia de las fechasen que fueron notificadas el primer yúltimo requerimiento, RequerimientosNas. 0102739 y 0820-96, respectiva-mente), en aplicación de lo estableci-do por el numeral 7) del artículo 62°del Código Tributario, el 7 de mazode 1997 la Administración procedió ala incautación, al presumir que existíaevasión tributaria. Por consiguiente, el argumento de la

recurrente, respecto a que su derechode defensa en el proceso de fiscaliza-

ción se ha visto afectado al no habertenido la oportunidad de plantear susdescargos, carece de sustento, porcuanto, conforme a lo antes expuesto,ella incumplió en reiteradas oportunida-des con brindar la información y/o docu-mentación que le había sido solicitada,esto es, al no haber presentado lo reque-rido por la Administración ella optó porejercer su derecho en esa forma. Tal como alega la recurrente, el Re-querimiento Ng 0820-96 (folio12862)deviene en nulo por cuanto no consig-nan en su reverso los resultados de losmismos, ni figura la firma del represen-tante legal de la recurrente ni del au-ditor de la Administración Tributaria,

careciendo éstos de mérito probatorio,criterio recogido en la Resolución delTribunal Fiscal Nfi 380-1-97 de 14 demarzo de 1997. Si bien el citado requerimiento no fuecerrado, no significa que la fiscaliza-ción continúa, tal como lo sostiene larecurrente, por cuanto de conformidadcon el artículo 75° del Código Tributarioaprobado por el Decreto Legislativo Na 816, con la emisión de las resolucionesde determinación materia de impug-

nación, la Administración concluyó elproceso de fiscalización iniciado a larecurrente. La recurrente sostiene además que seha vulnerado el artículo 97°55 de la Leydel Impuesto a la Renta aprobada porel Decreto Legislativo Nfi 774, el cualestablecía que la SUNAT, al finalizarsu acción fiscalizadora y siempre que,a su juicio, la complejidad del casotratado lo justificase, podía comunicarsus conclusiones a los contribuyentes,

indicándoles expresamente las obser-vaciones formuladas. Esto es, la recu-rrente considera que se vulnera dichoartículo al no habérsele comunicadolos resultados del proceso de fiscaliza-ción; sin embargo, de la lectura de esteartículo se desprende que era potesta-tivo de la Administración el comunicaro no las conclusiones del proceso defiscalización, según se expone en elpárrafo siguiente.

5 Derogado por el artículo 23° de la Ley Ne 27034, publica-da el 30 de diciembre de 1998.

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Lo dispuesto por el referido artículo 97° fue recogido en el segundo párra- fo del artículo 75° del Código Tributa- rio, según la modificación efectuada por la Ley Na 27038 publicada el 31 de diciembre de 1998, estableciendoque previamente a la emisión de lasresoluciones de determinación, la Ad-ministración podrá comunicar sus con-clusiones a los contribuyentes, indicán-doles expresamente las observacionesformuladas, siempre que a su juicio lacomplejidad del caso lo justifique. So-bre este extremo, el Tribunal Fiscal haseñalado en la Resolución NB 00846- 4-2002 de 20 de febrero de 2002, quelo dispuesto por dicha norma confierea la Administración una facultad quepuede ejercer en forma discrecional, yque consiste en que previamente a laemisión de los valores que resulten dela fiscalización comunique sus conclu-siones al contribuyente, indicándole lasobservaciones formuladas y las infrac-ciones que se le imputan, pero siempreque a su juicio la complejidad del casolo justifique. Asimismo cabe señalar que el Tribunal Fiscal, en la Resolución Nfi 0412-5-

2001 de 16 de abril de 2001, ha establecido que el hecho que en los resul-tados del requerimiento no se hayanindicado los reparos, no determina queel proceso de fiscalización sea nulo,por cuanto, de conformidad con el ar-tículo 76° del Código Tributario es me-diante la resolución de determinacióny no mediante el resultado del requeri-miento que la Administración Tributariapone en conocimiento del deudor tribu-tario el resultado de su labor de fiscali-

zación. Por consiguiente, el argumentoseñalado por la recurrente respectoa que la Administración debió darle aconocer los resultados del proceso defiscalización antes de la emisión de losvalores, carece de sustento.

De otro lado, la apelante alega quela Administración incurrió en abusode autoridad al haber incautado do-cumentación respecto de la cual noestaba autorizada, esto es, documen-tación correspondiente a los ejercicios

1991,1992, 1993, 1996 y 1997. Al res-pecto, cabe indicar que si bien la Admi-

nistración estaba autorizada a incautardocumentación vinculada a los ejerci-cios 1994 y 1995, no significa que solopodía incautar la documentación ela-borada en estos años, sino toda aque-lla información que permitiera determi-nar las obligaciones tributarias a cargode la recurrente en esos períodos, asíhaya sido elaborada con anterioridada 1994 o con posterioridad a 1995. Loque si no podía la Administración Tri-butaria era, en base a dicha documen-tación, reparar tributos y períodos queno se encontraba facultada a fiscalizar,según lo dispuesto por el artículo 81°del Código Tributario. Por consiguien-te, lo argumentado por la recurrente eneste extremo también carece de sus-tento.

Por otra parte, la recurrente sostieneque la Administración Tributaria havulnerado su derecho de defensa alhabérsele otorgado pocos días parala revisión del expediente y por no ha -berle proporcionado todas las copiassolicitadas. Al respecto cabe indicarque mediante el documento que obraa folios 13213, la recurrente solicitóla revisión de los papeles de trabajo

designando para tal efecto a cuatropersonas, solicitud que fue concedi-da mediante el Oficio N2 1069-97-16- 3000 (folios 13214) de fecha 16 desetiembre de 1997. Es por ello que losdías 17, 18,19, 22 y 23 de setiembrede 1997, las personas designadas porla recurrente tuvieron acceso a dichospapeles de trabajo, según se apreciade las constancias que obran a folios 13215 a 13219.

Con fecha 29 de setiembre de 1997, la

recurrente solicitó copias simples de di-versos documentos del expediente ad-ministrativo y la ampliación por un plazode siete (7) días hábiles para la revisióndel mismo (folios 13220 y 13221). Através del Oficio NB 1144-97-16-3000(folio 13222) la Administración conce-dió la solicitud de ampliación desde eldía 13 hasta el 21 de octubre de 1997,sin embargo, de los documentos queobran a folios 13223 a 13229 se apre-cia que la recurrente no utilizó ninguno

de los días concedidos. Asimismo, me-diante Carta Na 1051-97-16-3000 (folio




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13230) la Administración comunicó a larecurrente que el día 5 de noviembrede 1997 podía recoger las copias soli-citadas.

Mediante el Oficio Nº 1512-97-SUNAT-

I6-3000 (folio 13370), notificado el 27de diciembre de 1997, la Administra-ción volvió a acceder a la revisión delos papeles de trabajo que había sidosolicitada por la recurrente el 26 de no-viembre de 1997. A pesar que la Ad-ministración señaló a la recurrente quepodía acceder a los papeles de trabajodesde el 30 de diciembre de 1997, larecurrente no se apersonó, según seaprecia de los documentos que obrana folios 13371 a 13375, en los que se

deja constancia que los días 30 y 31 dediciembre de 1997, 5, 6 y 7 de enero de 1998 no asistieron las personas autorizadas por la recurrente.

De lo antes expuesto se desprendeque lo alegado por la recurrente care-ce de sustento, por cuanto no obstantehabérsele comunicado que tenía ac-ceso a la revisión del expediente bajoanálisis, sólo hizo uso de este derechoalgunos días, y con relación a que nose le entregaron todas las copias solici-

tadas, cabe indicar que si bien la recu-rrente manifestó ello en sus solicitudesde revisión de los papeles de trabajo,no solicitó que se le vuelvan a emitir lascopias faltantes.

c) Falta de motivación en las resolucionesde determinación

La recurrente sostiene que las resolu-ciones de determinación no se encuen-tran debidamente fundamentadas, porcuanto los reparos por ventas omitidas

se sustentan en un cuadro denominado“Cuadro de Evolución de Ventas” quesegún la Administración ha sido obte-nido del proceso de incautación. Al nohaberse señalado en dichos valores dequé cuadro se trata, la información quecontiene ni el análisis efectuado por laSUNAT, la recurrente alega que se ha in-cumplido con los requisitos establecidospor el artículo 77° del Código Tributario.

Asimismo, la recurrente alega que enlas resoluciones de determinación la

Administración no ha determinado lasupuesta subvaluación de exportacio-

nes con empresas del exterior, ya quesólo se limita a indicar que sustenta estereparo en liquidaciones y contratos deventas que dice incluir en un Anexo A,el que no contiene información algunasobre tales liquidaciones y contratos. El último párrafo del mismo artículo 109° del Código Tributario antes aludido, dispone que los actos de la Ad- ministración Tributaria son anulablescuando son dictadas sin observar losprevisto en el artículo 77°, los mismosque podrán ser convalidados por la Ad-ministración subsanando los vicios queadolezcan. En las Resoluciones de Determina-ción NQs. 012-3-05517, 012-3-05518

y 012-3-05442 bajo análisis, se ha se-ñalado expresamente que el reparo porventas omitidas se ha determinado enbase a la información del “Cuadro deEvolución de Ventas” (ventas no decla-radas del rubro WF 1080 de la línea decromos) que fue incautado en base a laAutorización Judicial Ns 001-97 INC de 6 de marzo de 1997. Además, en losanexos pertinentes de dichos valoresse han detallado, entre otros, los mon-tos mensuales que se reparan y el tipo

de cambio aplicado, datos ciertamentenecesarios para que la contribuyentepueda ejercer su derecho de defensa.Por lo tanto, al cumplir las resolucionesantes citadas con precisar cabalmentelos motivos determinantes del reparo,lo alegado por la recurrente carece desustento. De otro lado, en la Resolución de De-terminación Ns 012-3-05517 giradapor el Impuesto a la Renta del ejercicio 1994, también se ha reparado ventas

omitidas por concepto de operacionesrealizadas con empresas del exterior(Mundicrom S.A., Distribuidora Nacio-nal Gráfica S.A., Distribuidora los An-des S.A., Distribuidoras Unidas S.A.,Mexicromos SCRL de C.V.), que segúnla Administración están sustentadas enliquidaciones, contratos de ventas y es-tados de cuentas corrientes consolida-dos (Anexo A). En el Anexo A de la mencionada reso-lución de determinación se observa elmonto de las ventas subvaluadas concada una de las empresas menciona-

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das, mas no, por lo menos, un resumende “las liquidaciones, contratos de ven-tas y estados de cuenta consolidados”a los que se hace referencia en el cuer-po de dicho valor.

El vicio que contiene el valor bajo análi-sis no fue subsanado por la Administra-ción en la resolución apelada, pues enésta tampoco se da a conocer el moti-vo de cada uno de los reparos con lasempresas extranjeras. En efecto, en elinforme que sustenta esta resoluciónsólo se señala que del estudio de las li-quidaciones, contratos de venta y esta-dos de cuenta corrientes consolidadosse estableció que la recurrente habíarealizado operaciones comerciales con

empresas del exterior produciéndosela subvaluación de ventas, sin embar-go, no se ha identificado a qué liquida-ciones, contratos o estados de cuentase refiere, ni se ha descrito el proce-dimiento seguido por la Administraciónpara calcular estas supuestas ventasomitidas, remitiéndose únicamente alInforme General de Fiscalización (fo-lios 12937 a 12945), el cual no habríasido notificado a la recurrente, segúnse aprecia de autos.

Cabe indicar asimismo que el referidoInforme General se remite a una seriede cédulas que tampoco han sido no-tificadas a la recurrente. Además enestos documentos se hace referenciaa la “Cédula 14- Documentación Sus-tentatoria de Reparos por Ventas alExterior”’ (folios12606 a 12647), la cualcontiene una serie de documentos queno permiten establecer la cuantía delos reparos con cada una de las em-presas extranjeras.

En tal sentido, al no haber la Adminis-tración Tributaria subsanado el viciocontenido en la Resolución Ns 012-3- 05517 referido a la falta de sustentodel reparo por ventas subvaluadas,corresponde declarar la nulidad parcialde dicho valor en el extremo referido almencionado reparo. Luego del análisis anterior, correspon-de determinar si los reparos contenidosen la Resolución de Determinación N2 012-3-05517 girada por el Impuesto a

la Renta del ejercicio 1994, y en lasResoluciones de Determinación N2s.

012-3-05518 y 012-3-05442 en el ex-tremo referido al Impuesto General alas Ventas de los períodos noviembrede 1994 a octubre de 1995, se encuen-tran conformes a ley. Por consiguien-te, la materia controvertida consiste enestablecer: 1) si la Administración seencontraba en condiciones de efectuarla determinación de la obligación tribu-taria sobre base cierta, tomando comosustento la documentación obtenida enla incautación autorizada judicialmen-te, 2) si el reparo efectuado por unafactura anulada se encuentra arregladoa ley, y 3) si las resoluciones de multahan sido giradas de acuerdo a ley.

1) Reparos por ventas omitidas so-

bre base cierta - Cuadro de Evo-lución de Ventas En relación al procedimiento dedeterminación de la obligacióntributaria, el artículo 60° de losCódigos Tributarios aprobadospor los Decretos Legislativos Nºs. 773 y 816, aplicables al caso deautos, prescribe que dicha de-terminación se inicia: por acto odeclaración del deudor tributario,o por la Administración Tributaria

(por propia iniciativa o denunciade terceros). Por su parte, el artículo 62° de loscitados Códigos establece que laAdministración al ejercer su fa-cultad de fiscalización dispone deciertas facultades discrecionales,entre las que se encuentran, exi-gir a los deudores tributarios laexhibición de sus libros y regis-tros contables y documentaciónsustentatoria, efectuar tomas de

inventario de existencias y acti-vos fijos, y practicar incautacio-nes de documentos y bienes decualquier naturaleza que guar-den relación con la realizaciónde hechos imponibles en casopresuma la existencia de evasióntributaria.

Asimismo, de acuerdo con lo es-tablecido por el artículo 63° delos referidos Códigos, la Admi-nistración Tributaria, durante elperíodo de prescripción, puededeterminar la obligación tributa-




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ria tomando en consideración lasbases siguientes: a) base cierta,tomando en cuenta los elementosexistentes que permitan conoceren forma directa el hecho gene-rador de la obligación tributaria yla cuantía de la misma, o b) basepresunta, en mérito a los hechosy circunstancias que, por relaciónnormal con el hecho generadorde la obligación tributaria, per-mitan establecer la existencia ycuantía de la obligación. La Administración sostiene quea fin de determinar la obligacióntributaria a cargo de la recurrenteutilizó una base cierta, teniendo

como sustento la documentaciónincautada con autorización judi-cial. En efecto, con la finalidadde obtener la información y/o do-cumentación no entregada por lacontribuyente y poder continuarcon el proceso de fiscalización,se incautó copias de los registroscontables, cuadros de ventas,diskettes con información del sis-tema computarizado, entre otros,constituyendo esta documenta-

ción para la Administración basesuficiente para la determinaciónsobre base cierta, descartandode esta manera la determinaciónsobre base presunta.

Sin embargo, la recurrente noestá de acuerdo con dicha de-terminación argumentando quela determinación de la obligacióntributaria debió efectuarse sobrebase presunta, toda vez que la

acotación se realizó en funcióna un cuadro apócrifo (sin reali-zar cruces con clientes, registrosde venta, diario, compras, pro-ducción, etc.). En consecuencia,corresponde determinar en estainstancia si la Administración Tri-butaria podía determinar la obliga-ción tributaria sobre base cierta,es decir, si los elementos toma-dos en cuenta por ella permitíanconocer en forma directa y concerteza el hecho generador de laobligación tributaria y su cuantía. La Administración sustenta elreparo por ventas omitidas en el“Cuadro de Evolución de Ven-

tas” (documento que habría sidoobtenido de la incautación reali-zada a Distribuidora NavarreteS.A.). En efecto, la SUNAT afir-ma que la información consigna-da en dicho cuadro bajo el rubroWF 1080, corresponde a ventasomitidas efectuadas por Distri-buidora Navarrete S.A., y comoasume que la recurrente es laúnica proveedora de cromos dedicha empresa, considera que la

recurrente también ha efectuadoventas omitidas.

De los anexos de las resolucionesde determinación impugnadas(folios 13171, 13173 y 13178) ylos papeles de trabajo (folios 874 a 879 y 12746), se observaque la Administración efectuó elsiguiente procedimiento a fin dedeterminar la deuda tributaria dela recurrente:

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VENTAS DE CROMOS NO DECLARADAS A DISTRIBUIDORA NAVARRETE S.A. (1080)

1994Valor US$

(1)

V. Venta EDINAV

79.05% (2)

Ventas Omitidas

T.C.Compra I. Renta T.C.Venta IGV

Ene 48,00 37,94 2,16 82,00 2,18 83,00

Feb 207 582,00 164 093,57 2,17 356 083,00 2,18 357 724,00 Mar 604 672,00 477 993,22 2,16 1 032 465,00 2,17 1 037 245,00

Abr 37 528,00 29 665,88 2,18 64 672,00 2,18 64 672,00

May 754 499,00 596 431,46 2,18 1 300 221,00 2,19 1 306 185,00

Jun 647 644,00 511 962,58 2,19 1 121 198,00 2,19 1 121 198,00

Jul 173 036,00 136 784,96 2,19 299 559,00 2,20 300 927,00

Ago 238 927,00 188 871,79 2,22 419 295,00 2,23 421 184,00

Set 218 587,00 172 793,02 2,25 388 784,00 2,26 390 512,00

Oct 219 986,00 173 898,93 2,23 387 795,00 2,24 389 534,00

Nov 190 252,00 150 394,21 2,18 327 859,00 2,20 330 867,00

Die 3 118,00 2 464,78 2,12 5 225,00 2,14 5 275,00

Total 3 295 879,00 2 605 392,34 5 703 238,00 5 725 406,00

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(1) Información obtenida del “Cuadro de Evolución de Ventas de Distribuidora Navarrete S.A.”,referente a las ventas no declaradas del rubro WF 1080 de la línea de cromos.

(2) El porcentaje ss ha obtenido de la comparación del precio promedio de venta de la recurrente (EDINAV) a Distribuidora Navarrete S.A., y de esta última hacia la primera y al público.

Siguiendo el mismo procedimien-to, la Administración procedió adeterminar las ventas omitidascorrespondiente al ejercicio 1995,

deduciendo del total del valor deventas del rubro WF 1080 (prove-niente del “Cuadro de Evoluciónde Ventas” y de los “Resúmenesde Ventas Acumulados por Lí-neas”) el porcentaje de 52.31%,que correspondía al porcentajedel costo (folio 874).

De lo antes expuesto se apreciaque la Administración asumióque las ventas de otra empresa(Distribuidora Navarrete S.A.), laque no habría cumplido con de-clararlas, se produjeron con bie-nes vendidos por la recurrente,sin embargo, ello no ha sido com-probado fehacientemente por elfisco. Asimismo, se observa quela SUNAT asumió que el margende utilidad de Distribuidora Na-varrete S.A. ascendía a 20.95%,porcentaje que consideró a fin dedeterminar el valor de venta dela recurrente. De esta manera,

la Administración asume que elvalor por el cual se habrían trans-

ferido los cromos, fue el costo deadquisición de Distribuidora Na-varrete S.A. (folio 12746). Con relación al “Cuadro de Evo-

lución de Ventas”, documento enel que se sustenta básicamentela Administración para considerarque la recurrente ha efectuadoventas omitidas, cabe señalar queen la Resolución Na 02319-5-2003de 30 abril de 2003, expedida conmotivo de la apelación interpuestapor Distribuidora Navarrete S.A.contra la Resolución de Intenden-cia Ng 015-4-07612, este Tribunalha establecido lo siguiente:

“Ahora bien el “Cuadro de Evo-lución de Ventas”, que sirve desustento a la Administración paraefectuar reparos por ventas omiti-das, no muestra información que

permita determinar su origen, talcomo la fecha de su emisión o elnombre de la persona responsa-ble que lo elaboró. La Adminis-tración tampoco ha demostradoque dicho cuadro provenga dealgún medio magnético incauta-

do, dado que sólo obra en copiasimple fotostática.




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En cuanto al contenido del re-ferido cuadro, si bien se incluyeinformación en tres secciones: 1)operaciones bajo el rubro DIS-NAV, 2) operaciones bajo el ru-bro WF 1080, y 3) consolidaciónde la información de los dos ru-bros, presenta errores en cuantoa las sumas totales al cierre delejercicio 1994.

Además, no se han encontrado pruebas contundentes que per-mitan establecer la veracidad delos montos consignados en dichocuadro, dado que la Administra-ción no ha conseguido fijar larelación de los montos del rubro

DISNAV con los declarados porla recurrente, ni de los montosdel rubro Ventas WF 1080 conlos que se encuentran en los “Re-

portes Financieros” o en los “Re-súmenes de Ventas Acumuladas

por Lineas”. En todo caso, losmontos consignados en el “Cua-dro de Evolución de Ventas” sóloevidenciarían la existencia deindicios de omisiones a la baseimponible del Impuesto a la Ren-

ta y del Impuesto General a lasVentas, no pudiendo la Adminis-tración determinar la obligacióntributaria sobre base cierta.”

De otro lado, la Administración,a fin de de sustentar los cálculosde ventas omitidas, utilizó comorespaldo la relación insumo-producto que elaboró en la eta-pa de fiscalización, tal como sepuede apreciar del contenido delRequerimiento Na 0924-97 (fo-

lio 12880). Sin embargo, ello nodemuestra de manera fehacienteque la recurrente efectivamentehaya realizado dichas ventas,esto es, no es posible utilizar unapresunción para justificar ventasdeterminadas sobre base cierta.

De lo expuesto en los párrafosprecedentes se deduce que laAdministración parte de indiciosy presunciones para justificar unadeterminación sobre base cierta,

lo cual no es procedente, todavez que los antecedentes em-

pleados no obedecen a hechosque ocurrieron en la realidad,sino a suposiciones. En tal sen-tido, el procedimiento empleadono es válido para afirmar que el“Cuadro de Evolución de Ventas”contiene ventas que no fuerondeclaradas por la recurrente.

Al respecto, es importante consi-derar que para la determinaciónsobre base cierta, necesariamen-te se deben considerar los ele-mentos exhibidos por el deudoro los obtenidos en la incautación,como en el presente caso, en lamedida que permitan conocer enforma directa el hecho generador

de la obligación tributaria. Estoes, se tiene que conocer en for-ma directa el supuesto de afecta-ción y los hechos imponibles de-ben ser perceptibles con la solaobservación y actuación de ladocumentación, situación que nose presenta en el caso de autos,dado que la documentación queconsta en el expediente es insufi-ciente para llegar a la conclusióna la que llegó la Administración.

En efecto, y de acuerdo con loseñalado por Héctor Villegas6,la determinación sobre basecierta se debe efectuar cuan-do la Administración cuente conlos elementos necesarios paraconocer en forma directa y concerteza tanto la existencia de laobligación tributaria sustancialcomo la dimensión pecuniaria detal obligación. Es decir, esta for-ma de determinación deberá ser

aplicada en función a los elemen-tos imprescindibles y esencialespara conocer en forma explícitay con certeza, la existencia de laobligación tributaria sustancial yla cuantía de tal obligación; porello, es necesario que la Admi-nistración, para el caso de autos,determine con exactitud y conpruebas concluyentes si el contri-buyente realizó operaciones que

6 VILLEGAS, Héctor. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Buenos Aires: Depalma, 1995. Pag. 350.

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debieron estar afectas con al Im-puesto General a las Ventas y alImpuesto a la Renta.

La diferencia entre la determina-ción sobre base cierta y sobre

base presunta radica en que, enla primera se conoce la realiza-ción del hecho generador de laobligación tributaria, el períodoal que corresponde y la base im-ponible, mientras que en la se-gunda estos datos son obtenidospor estimaciones o suposicionesefectuadas sobre hechos ciertosvinculados al nacimiento de laobligación tributaria, criterio re-cogido en la Resolución del Tri-

bunal Fiscal N® 9826-3-2001 de 14 de diciembre de 2001. Paraefectuar una determinación sobrebase presunta es imprescindiblela existencia de una causal debi-damente acreditada, conforme lodispone el artículo 64° del CódigoTributario.

En el caso bajo análisis, el deter-minar ingresos omitidos en fun-ción a una apreciación de ventasprovenientes de un cuadro e in-

formación complementaria obte-nidos de una incautación, no espropio de un procedimiento dedeterminación de la obligacióntributaria sobre base cierta. Enefecto, la Administración Tributa-ria no acreditó cuál fue el hechogenerador de la obligación tribu-taria y la oportunidad en que éstese produjo, esto es, en base a lainformación y/o documentaciónsupuestamente incautada no ha

probado de manera fehacienteque la recurrente haya efectuadoventas que no declaró. De acuerdo con el numeral 3) delartículo 64° del Código Tributarioaprobado por el Decreto Legisla-tivo N2 773 así como del aproba-do por el Decreto Legislativo Nfi 816, la Administración puede de-terminar la obligación sobre basepresunta cuando “el deudor tribu-tario requerido en forma expresa

por la Administración Tributaria apresentar y/o exhibir sus libros,

registros y/o documentos quesustenten la contabilidad, no lohaga dentro del término señaladopor la Administraciórf. Del resultado de los requerimien-

tos emitidos por la Administracióndurante el proceso de fiscaliza-ción se advierte que la recurren-te incumplió reiteradamente conpresentar la información y/o do-cumentación que sustentase sucontabilidad y la realización desus operaciones, hechos quepermitían a la Administración de-terminar la obligación tributariasobre base presunta, de acuerdocon el artículo antes menciona-

do. Sin perjuicio de lo antes expues-to, cabe señalar que en el pro-ceso penal seguido contra LuisGuillermo Navarrete Lechuga(principal accionista de la recu-rrente y de Distribuidora Navarre-te S.A.) y Otros por el delito dedefraudación tributaria en agraviodel Estado, el Juzgado Especia-lizado en Delitos Tributarios yAduaneros mediante Resolución

S/N de fecha 14 de noviembre de 1997 nombró peritos contables judiciales a fin que emitan, entreotros, un informe o dictamen pe-ricial respecto al ocultamiento deingresos por parte de la recurren-te.

En el Peritaje Contable Judicialde fecha 17 de febrero de 1998(folios 13800 a 13836) se señalaque las diferencias que resultande comparar las cifras contenidasen el “Cuadro de Evolución deVentas” difieren sustancialmentecon las operaciones contabili-zadas en el Registro de Ventasde Distribuidora Navarrete S.A.(DISNAV), correspondientes alperíodo 1 de enero de 1994 al 13 de mayo de 1995, y en con-secuencia “el tramo DISNAV delmencionado cuadro no es cohe-rente con las cifras contenidasen la contabilidad de DISNAV,

presentando, además, errores desuma, por consiguiente, desde el




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punto de vista técnico contableno cumple con los propósitos quedebiera de tener un control para-lelo extra contable’1, y en cuantoal tramo WF 1080 señala que “noexiste ningún documento o indi-cio razonable que demuestre entodo o en parte la veracidad desus cifras”.

De otro lado, la Fiscal Supremoen lo Penal Especializada enDelitos Tributarios y Aduaneros,en el Dictamen Ns 67-99-MP-FN-32FSPEDTA-DC de fecha 9de agosto de 1999 (folio 13837),opinó no haber nulidad en el autoexpedido por la Sala Penal Espe-

cializada en Delitos Tributarios yAduaneros que declaró no habermérito para pasar a juicio oralcontra Luis Guillermo NavarreteLechuga y Otros por delito de de-fraudación tributaria en agraviodel Estado. La Fiscal señaló queno existen suficientes elementosde prueba que acrediten de ma-nera clara y convincente la res-ponsabilidad de los procesados,más aún cuando el “Cuadro de

Evolución de Ventas” no cons-tituye prueba idónea y no se hadeterminado la existencia de uncontrol paralelo extracontable,concluyéndose que “en la rela-ción jurídico tributaria no se haacotado sobre una base cierta”.

Asimismo, la Primera Sala PenalTransitoria de la Corte Suprema deJusticia de la República median-te Resolución S/N de fecha 31de mayo de 2000 (folios 13854 y

13855) declaró no haber nulidaden el auto que declaró no habermérito para pasar a juicio oral. Por consiguiente, teniendo enconsideración lo analizado poreste Tribunal así como lo actua-do en el proceso penal seguidocontra Luis Navarrete Lechugay otros, procede declarar nula einsubsistente la resolución ape-lada en este extremo, por cuantola Administración no contaba con

los elementos suficientes paradeterminar sobre base cierta, de-

biendo en todo caso efectuar unadeterminación sobre base pre-sunta.

2) Reparo por factura anulada

La Administración repara el mon-

to de S/. 452 075,00 por conceptodel Impuesto a la Renta del ejer-cicio 1994 (Resolución de Deter-minación Na 012-3-05517), porconsiderar que la recurrente haanulado indebidamente la Factu-ra Ns 001-001122 emitida el 31de octubre de 1994 a Distribuido-ra Navarrete S.A., que obra a folio 9103. El sustento de este reparose encuentra en el Anexo 1 de laResolución de Determinación N°

012-3-05517. En efecto, a folio 12666 obra elregistro de ventas de la recurren-te en el que se aprecia que lafactura en mención ha sido regis-trada como anulada. Asimismo,en dicho registro se señala quela base imponible de las opera-ciones gravadas del mes de octu-bre de 1994 asciende a S/. 1 741 751,00.

De acuerdo con lo señalado en el Informe General del Ejercicio 1994 (folios 12937 a 12945) ydel Anexo 1.3 de la Cédula deReparos de Impuesto a la Rentade 1994 (folio 12745), la Adminis-tración efectuó este reparo comoresultado de la evaluación de ladocumentación incautada, deter-minando que la venta efectuada aDistribuidora Navarrete S.A. sus-tentada en la mencionada factura

fue anulada indebidamente, dadoque en realidad se trataba de unaventa. La Administración susten-tó su reparo con los memorán-dums internos de fechas 22 dediciembre de 1994 y 16 de enerode 1995 (folios 12659 a 12662), ycon el registro de ventas prelimi-nar (folio 13663).

Respecto a los referidos memo-rándums internos, cabe indicarque en ellos sólo se señala que

faltan regularizar las guías de re-misión de, entre otras, la Factura

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Ne 001-001122 y con relaciónal registro de ventas preliminar,cabe precisar que si bien en élaparece anotada la citada facturaconsignando una base imponiblede S/. 452 075,00 y un ImpuestoGeneral a las Ventas de S/. 81 373,50, también se aprecia unaanotación manual en la mismalínea de dicho registro, en dondese señala la orden “anular”. Ade-más, en este registro de ventaspreliminar también se consignacomo base imponible del mes deoctubre 1994 la suma de S/. 1 741 750,00.

Por consiguiente, la documen-

tación antes analizada (memo-rándums internos y registro deventas preliminar) no constituyeprueba fehaciente que acrediteque la recurrente anuló la Fac-tura Ns 001- 001122 de maneraindebida.

Ahora bien, la Administracióntambién sustenta su reparo conel libro caja y sus respectivoscomprobantes de ingreso a caja.Sobre este punto cabe indicar

que a folios 12656 y 12658 obranlos Recibos de Ingreso a CajaNºs. 11364, 11365 y 11455 defechas 10 y 22 de diciembre de 1994, giradas por las sumas deS/. 301 000,00, S/. 107 500,00 ySI. 85 000,00, respectivamente,por concepto de pagos a cuentade la Factura Nfi 001-001122. No obstante, en el libra caja delmes de diciembre de 1994 (fo-lios 12655 y 12657), los referidos

recibos están vinculados no a lacobranza de la Factura Nfi 001- 001122, sino a la cobranza de las Facturas Nss. 002-001197, 002-001200, 002-001201 y 002- 001202, giradas a DistribuidoraNavarrete S.A. el 30 de noviem-bre por los montos de S/. 214 684,50, S/. 189 065,50, S/. 188 682,00 y S/. 188 835,40, respectivamente (folios 9093 a 9095 y 9097).

Al respecto, la recurrente señala

en el recurso de apelación quela Factura N- 001-001122 fue re-emplazada por las Facturas Nas. 002-001197, 002-001200, 002- 001201 y 002-001202, y es portal motivo que anuló la primera, yque sustenta ello con el libro cajay con los respectivos recibos deingreso a caja.

Del análisis antes efectuado yde lo señalado por la recurren-te ha quedado acreditado quelos importes consignados en losRecibos de Ingreso a Caja Nas. 11364,11365 y 11455, fueronaplicados a la deuda contenidaen las Facturas Nas. 002-001197,

002-001200, 002-001201 y 002- 001202, y por consiguiente, elreparo efectuado por la Adminis-tración carece de sustento. En adición a lo antes expuesto,cabe indicar que en el PeritajeContable Judicial antes señalado,los peritos sostienen que de laconfrontación de los documentoscontables de Editorial Navarre-te S.R.Ltda. (registro de ventas,libro caja, libro diario y vouchers

de caja ingresos) y de Distribui-dora Navarrete S.A. (registro decompras, libro caja, libro diario yvouchers de caja egresos), se hademostrado que las cobranzaspercibidas por la recurrente con-tablemente han sido aplicadaspara efectuar cancelaciones ypagos de facturas distintas (Fac-turas Nss. 002-1197, 002-1200, 002-1201 y 002-1202) a la que fi-gura en los Recibos de Ingreso a

Caja Nfis. 11364, 11365 y 11455(Factura Na 001-001122). Asimismo, en las conclusionesdel referido peritaje se sostieneque “es correcta la anulación dela Factura NB 001-001122” al ha-berse constatado que esta factu-ra no fue registrada en la conta-bilidad de Distribuidora NavarreteS.A. Se señala además que en lapráctica los referidos recibos hansido aplicados para la cancela-

ción de otras facturas, “justificán-dose así un error por falta de co-




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ordinación con el departamentode Créditos y Cobranzas”.

3) Resoluciones de Multa Nes. 012- 2-11229 a 012-2-11231 y 012-2- 10980 a 012-2-10985

Estas resoluciones de multa fue-ron giradas por la comisión de lainfracción tipificada en el numeral 1) del artículo 178° del CódigoTributario, esto es, por no incluiren las declaraciones ingresos,rentas, patrimonio, actos grava-dos o tributos retenidos o perci-bidos o declarar cifras o datosfalsos u omitir circunstancias queinfluyan en la determinación de laobligación tributaria.

Al encontrarse vinculadas es-tas multas con las Resolucionesde Determinación Nas. 012-3- 05517, 012-3-05518, y 012-3- 05442 (giradas por el Impuestoa la Renta del ejercicio 1994 y alImpuesto General a las Ventas enel extremo referido a los períodosnoviembre de 1994 a octubre de 1995), también corresponde quela Administración emita un nuevopronunciamiento sobre ellas.

Finalmente cabe señalar que con fe-cha 18 de febrero de 2003, se llevó acabo la diligencia de informe oral conla sola asistencia del representante dela recurrente, según se acredita con laConstancia de Informe Oral Na 0059- 2003-EF/TF que obra a folio 13861 deautos.

Con las vocales Chau Quispe, OlanoSilva y Zegarra Mulanovich, e intervi-niendo como ponente la vocal Olano

Silva.

RESUELVE:

1. Declarar la NULIDAD PARCIAL delRequerimiento Na 0102739 y los actosposteriores vinculados a éste, en el ex-

tremo referido al Impuesto a la Rentadel ejercicio 1995 y al Impuesto Gene-ral a las Ventas de los períodos enero aoctubre de 1994 y noviembre y diciem-bre de 1995.

2. Declarar la NULIDAD de la Resoluciónde Determinación Ns 012-3-05441 y delas Resoluciones de Multa Nºs. 012-2- 11219 a 012-2-11228, 012-2-10986 y 012-2-10987, y la NULIDAD PARCIALde las Resoluciones de DeterminaciónNBs. 012-3-05518 y 012-3-05442 en elextremo referido al Impuesto General alas Ventas de los períodos enero a oc-tubre de 1994, noviembre y diciembrede 1995, y de la Resolución de Deter-minación Ns 012-3-05517 en el extre-

mo referido al reparo por subvaluaciónde ventas.

3. Declarar NULO el Requerimiento Na 0820-96.

4. Declarar NULA E INSUBSISTENTE la Resolución de Intendencia Ns 015- 4-07601 de 31 de diciembre de 1997, en el extremo referido a los reparospor ventas omitidas realizadas a Dis-tribuidora Navarrete S.A. efectuados alImpuesto a la Renta del ejercicio 1994y al Impuesto General a las Ventas

de los períodos noviembre de 1994a octubre de 1995, contenidos en lasResoluciones de Determinación Nas., 012-3-05518, 012-3-05442 y 012-3- 05517 así como las Resoluciones deMulta NQ 012-2-11229 a 012-2-11231y 012-2-10980 a 012-2-10985, debien-do la Administración emitir un nue-vo pronunciamiento según el criterioexpuesto en la presente resolución yREVOCARLA en el extremo referidoal reparo por factura anulada conteni-

do en la Resolución de DeterminaciónNs 012- 3-05517.

Regístrese, comuniqúese y remítase a la In-tendencia de Principales Contribuyentes Na-cionales de la SUNAT, para sus efectos.

CAP. IV



Dr. Jor ge Arévalo Mogollón

Capítulo V

El procedimientosancionador



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CAP. IX

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CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

El procedimiento sancionador

1. Principios de la potestad sancionador a pr evistos en el artículo 171º del Código Tributario Una norma legal que no sea exigi ble y/o que no contenga una sanción en casode incum plimiento no pasa de ser una mera r ecomendación.

En este sentido, el ar tículo 82º del Código Tributario señala que la Admi-nistración Tributaria tiene la f acultad discr ecional de sancionar inf r accionestr i butar ias.

Ahora bien, según el ar tículo 171º del Código Tributario, esta f acultad sancio-nadora se rige de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, non bis inidem, pro porcionalidad, no concurrencia de inf r acciones, entre otros.

Principio de legalidad

En virtud de ello, según el tercer párr af o de la Norma VIII del Título Pr eliminardel Código Tributario, en vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecer se sanciones, concederse exoner aciones, ni extenderse las dis posicionestributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley.

Por lo mismo, como anti-e jemplo del principio de legalidad en materia sancio-nadora, puede citarse la Ley Gener al de Aduanas, aprobada mediante Decr etoLegislativo Nº 1053, la misma que esta blece en su ar tículo 192º el con juntode conductas sanciona bles. El ar tículo 189º del mismo Decreto Legislativodispone que por Decreto Supremo se aprobará la Ta bla de sanciones que laAdministración Aduanera a plicar á por la comisión de inf r acciones. Esta Ta blade sanciones ha sido aprobada por el Decreto Supremo Nº 031-2009/SU NAT,la cual es una norma de rango r eglamentar io y no una norma con rango deley.

Principio de tipicidad

Por el principio de tipicidad, sólo constituyen conductas sanciona bles admi-nistrativamente las inf r acciones previstas expresamente en normas con r angode ley mediante su ti pif icación como tales, sin admitir interpretación extensiva



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o analogía. Esto quiere decir que la conducta ilícita debe estar expresamente prevista en la norma para que la misma sea sanciona ble.

Así por e jemplo, en la RTF N° 73-2-98 el Tr i bunal Fiscal señaló que el ar tículo 153° del Código Tributario entonces vigente no ti pif ica ba como inf r acción el

presentar las decl

a

r a

ciones en f otostática

del f or mato respectivo, por lo que no puede sancionar se a una persona con una inf r acción no prevista en el Código

Tr i butar io.

Principio de Non bis in idem

Según MORON URBINA, ―La incor por ación de este principio sancionador presupone la existencia de dos or denamientos sancionador es en el Estado quecontienen una do ble ti pif icación de conductas: el penal y el administrativo, y,además, admiten la posi bilidad que dentro del mismo régimen administr ativoexista do ble incriminación de conductas. Pr ecisamente este principio intentar esolver la concurrencia del ejercicio de poderes punitivos o sancionador esmediante la exclusión de la posi bilidad de imponer sobre la base de los mismoshechos dos o más sanciones administrativas o una sanción administrativa yotra de orden penal.‖1

En este orden de ideas, en el Fundamento Nº 19 de la Sentencia contenido enel Expediente Nº 2050-2002-AA/TC, el Tr i bunal Constitucional ha señaladolo siguiente:

CAP. V

―19. El principio ne bis in idem tiene una doble conf igur ación: por un lado,una versión sustantiva y, por otro, una connotación pr ocesal:

1. En su f or mulación mater ial, el enunciado según el cual, «nadie puede ser

castigado dos veces por un mismo hecho», expresa la im posi bilidad de querecaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma inf r acción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador ,contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su a plicación, pues, impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o másveces) por una misma inf r acción cuando exista identidad de sujeto, hechoy f undamento. El principio del ne bis in idem mater ial tiene conexión con los principiosde legalidad y pr oporcionalidad, ya que si la exigencia de lex praevia y lexcerta que impone el ar tículo 2°, inciso 24, or dinal d), de la Constituciónobedece, entre otros motivos, — como lo ha expresado este Tr i bunal enel Caso Encuestas a Boca de Urna, Exp. N.° 0002-2001-AI/TC, Fund. Jur .

N°. 6) — a la necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimientoantici pado del contenido de la reacción punitiva o sancionador a delEstado ante la eventual comisión de un hecho antijurídico, tal cometidogarantista devendr ía inútil si ese mismo hecho, y por igual f undamento, pudiese ser objeto de una nueva sanción, lo que com por tar ía una puni-ción des pr oporcionada de la conducta antijurídica. Por ello, el elementoconsistente en la igualdad de f undamento es la clave que def ine el sentidodel principio: no cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismohecho cuando la punición se f undamenta en un mismo contenido in justo,esto es, en la lesión de en un mismo bien jurídico o un mismo inter és

pr otegido.

1 MORON URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Gaceta Jurídica. Lima 2003. Pág. 522.



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2. En su vertiente pr ocesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juz-gado dos veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se iniciendos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, ladualidad de pr ocedimientos (por e jem plo, uno de orden administr ativoy otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cadauno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismoobjeto, por e jem plo). Como lo ha expuesto el Tr i bunal Constitucional de España (STC 47/1981),―(...) El principio nom bis in idem deter mina una interdicción de la dupli-cidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismoshechos, pero conduce también a la im posi bilidad de que, cuando elor denamiento permite una dualidad de pr ocedimientos, y en cada unode ellos ha de producirse un en juiciamiento y una calif icación de unosmismos hechos, el en juiciamiento y la calif icación que en el plano jurí-dico pueda producirse, se hagan con independencia, si r esultan de laa plicación de normativa dif er ente, pero que no pueda ocurrir lo mismo

en lo que se r ef ier e a la

a pr eci

a

ción de los hechos, pues es cla

r o que unosmismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos delEstado‖ (cursivas agregadas). Lo que significa que, en el supuesto deexistencia de una dualidad de pr ocedimientos, el órgano administr ativoqueda inexor a blemente vinculado a lo que en el proceso penal se hayadeclar ado como probado o im pr obado.‖2

A mayor a bundamiento, conf or me señala el Tr i bunal Constitucional, el pr inci pionon bis in idem

―garantiza que no se vuelva a juzgar a una persona que ya lo haya sido,utilizando similar f undamento. Y ello con la f inalidad de evitar lo que la VEnmienda de la Constitución Nor teamer icana denomina double jeopardy, esdecir, el doble peligr o de condena sobre una per sona.

Este principio contem pla la prohibición de la a plicación de múlti ples nor massancionador as, la proscripción de ulter ior juzgamiento cuando por el mismohecho ya se haya enjuiciado en un primer proceso en el que se haya dictadouna r esolución con ef ecto de cosa juzgada.‖3

Por lo mismo, en virtud de este principio, de acuerdo a lo señalado en el nu-mer al 10) del ar tículo 230º de la LPAG, no se podrán imponer una sanción penal y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en quese aprecie la identidad del sujeto, hecho y f undamento.

Principio de pr opor cionalidad

El principio de pro porcionalidad se identif ica con el denominado pr inci piode r azona bilidad. En este sentido, según el numer al 3) del ar tículo 230º de laLey del Pr ocedimiento Administrativo Gener al, Ley Nº 27444, modif icado porel ar tículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029, las autor idades deben pr everque la comisión de la conducta sanciona ble no r esulte más ventajosa para elinf r actor que cum plir las normas inf r ingidas o asumir la sanción. La misma

norma administrativa señala que las sanciones a ser a plicadas deberán ser

CAP. V

2 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/02050-2002-AA.html 3 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00729-2003-HC.html

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/02050-2002-AA.html


http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00729-2003-HC.html






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pro porcionales al incum plimiento calif icado como inf r acción, de biendo o b-servar los siguientes criterios que en orden de pr elación se señalan a ef ectosde su gr aduación:

a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;

b) EI perjuicio económico causado; c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la inf r acción;

d) Las circunstancias de la comisión de la inf r acción;

e) EI benef icio ilegalmente obtenido; y

f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del inf r actor .

En este sentido, por e jemplo, las multas impuestas en f unción de los ―I N‖,el Régimen de gr adualidad contenido en la R esolución de Su per intendencia Nº 063-2007/SUNAT y el régimen de incentivos esta blecido en el ar tículo 179ºdel Código Tributario guardan r elación con el principio antes mencionado.

En cambio, a modo de anti-e jemplo, las multas impuestas por SUNAT a loscontribuyentes del rus que no se acogieron oportunamente al nuevo rus du-rante el ejercicio 2004 no cum plen con el principio de pro porcionalidad, puesel importe de la multa es manif iestamente mayor al importe de sus ingr esosen dicho e jercicio.

Principio de no concurrencia de infr acciones

Por el principio de no concurrencia de inf r acciones, no puede imponerse dosinf r acciones por un mismo hecho. Por lo mismo, según el numer al 6) del ar tículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo Gener al, Ley Nº 27444, de

concurrir dos tipos legales respecto de una misma conducta, se deberá o ptar por el tipo legal que esta blezca la sanción más gr ave.

Ahora bien, el ar tículo 171º del Código Tributario, antes de la modif icaciónintroducida por el Decreto legislativo Nº 981, esta blecía que

―cuando por un mismo hecho se incurra en más de una inf r acción, se a plicar ála sanción más gr ave.‖

Luego de ello, con la modif icación ef ectuada por el Decreto Legislativo Nº 981, el citado ar tículo 171º del Código Tributario recoge el mismo pr inci pio,

pero bajo una redacción distinta: ―La Administración Tributaria ejercerá su f acultad de imponer sanciones deacuerdo con los principios de (…) no concurr encia de inf r acciones, y otr os principios a plica bles‖.

Como e jemplo del principio de no concurrencia de inf r acciones podemos citarla RTF 275-3-2000, r ef er ida a la r eclamación de una multa impuesta por nocomunicar oportunamente la dirección de un esta blecimiento anexo, en lacual el Tr i bunal Fiscal señaló que, por un mismo hecho (la no pr esentacióndel f or mular io 2046) se incurrió en las inf r acciones ti pif icadas en el numer al

5 del art. 173° y en el numer al 2 del

a

r tículo 176; por lo que procedea plic

a

rla sanción más gr ave.



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CAP. IV

En este mismo sentido, en un criterio que comparto, en la RTF N° 426-5-2000,el mismo Tr i bunal Fiscal ha señalado que no hay concurrencia de inf r accionesentre la inf r acción del art. 178 num. 1 y art. 178 num. 4; pues se trata de doshechos distintos, un hecho es declar ar datos f alsos y otro hecho es no pagarla r etención.

Como último e jemplo podemos citar la RTF Nº 1109-4-2003, la cual es deo bservancia o bligator ia, según la cual, durante la a plicación de las Ta blasaprobadas mediante la Ley Nº 27335, cabe invocar la concurrencia de in-f r acciones a que se r ef ier e el ar tículo 171° del Código en caso se cometan lasinf r acciones ti pif icadas en los numer ales 1) y 2) de su ar tículo 178°, cuandoha biéndose consignado un saldo a f avor en la declar ación or iginal, poster ior -mente se deter mina un tributo a pagar como consecuencia del incremento delos ingresos en la declar ación r ectif icator ia o en la f iscalización ef ectuada porla Administración, dado que por un mismo hecho, cual es el de omitir ingr esos,se ha producido la comisión de ambas inf r acciones.

2. Otr os principios contenidos en el Libro IV del Código Tributario Adicionalmente a los principios señalados en el ar tículo 171º del Código Tri-

butario, del Libro IV del mismo Código, r ef er ido a las inf r acciones y sancionestributarias, pueden extraerse algunos otros principios, los cuales tam biénr egulan la actividad sancionador a de la Administración tr i butar ia:

Principio de ob jetividad

El ar tículo 165º del Código Tributario esta blece que la inf r acción será deter -

minada en f or ma objetiva. Ello quiere decir que, al momento de imponer lasanción, la Administración no evalúa la intención del agente, es decir, no seexige ver if icar si el deudor tributario actuó con dolo o cul pa en la comisión dela conducta tí pica.

Este dispositivo del Código Tributario es contrario a lo señalado por el Tr i bunal Constitucional. En ef ecto, en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 2868- 2004-AA/TC el Tr i bunal Constitucional ha señalado:

―un límite a la potestad sancionator ia del Estado está representado por el pr inci- pio de cul pa bilidad. Desde este punto de vista, la sanción, penal o disci plinar ia,solo puede sustentarse en la com pr obación de r es ponsa bilidad subjetiva del

agente inf r actor de un bien jurídico. En ese sentido, no es constitucionalmenteacepta ble que una persona sea sancionada por un acto o una omisión de undeber jurídico que no le sea im puta ble.‖

En este mismo sentido, el Tr i bunal Constitucional ha señalado:

―es necesario precisar que los principios de cul pa bilidad, legalidad, ti picidad,entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador , que nosólo se a plican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del der echoadministrativo sancionador .‖4

CAP. V

4 Fundamento N° 8 de la sentencia contenida en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC.



CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

Principio de irretroactividad en materia sancionatoria tributaria Según el numer al 5) del ar tículo 230º de la Ley del Procedimiento Adminis-trativo Gener al, Ley Nº 27444, son a plica bles las disposiciones sancionador asvigentes en el momento de incurrir el administr ado en la conducta a sancionar ,

salvo que l

as posteriores le sean más f

a

vor a bles.

No obstante ello, el ar tículo 168º del Código Tributario dispone que las nor mastributarias que supriman o reduzcan sanciones por inf r acciones tributarias, noextinguirán ni reducirán las que se encuentren en trámite o en e jecución.

Al respecto, consider amos que el último dispositivo mencionado es contrario alespíritu del ar tículo 9º de la Convención Inter amer icana de Derecho Humanos,(concordado con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución),según el cual:

―Si con poster ior idad a la comisión del delito la ley dispone la imposición deuna pena más leve, el delincuente se benef iciar á de ello‖.

CAP. V

Intr ansmisibilidad de sanciones

Como r egla gener al, según el ar tículo 660º del Código Civil, desde el mo-mento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y o bligaciones queconstituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores. En este mismo sentido,según el ar tículo 661º del mismo Código, el heredero responde de las deudasy cargas de la herencia sólo hasta donde alcancen los bienes de ésta.

Habida cuenta la mencionada r egla gener al de tr ansmisi bilidad de las deudasdel causante, el ar tículo 27º del Código Tributario, cuando r egula la extinción

de la o bligación tributaria, no contempla el caso del f allecimiento del deudortr i butar io.

Ahora bien, la citada r egla de tr ansmisi bilidad de la o bligación tributaria sequiebra en el caso de inf r acciones. En ef ecto, según el ar tículo 167º del CódigoTributario, no son tr ansmisi bles a los herederos y legatar ios las sanciones porinf r acciones tributarias. El dispositivo precisa que dicha intr ansmisi bilidadobedece al carácter per sonal de las inf r acciones.

El principio del debido procedimiento administr ativo

Adicionalmente a los principios antes acotados, es oportuno acotar que el nu-mer al 2) del ar tículo 230º de la Ley Nº 27444 recoge el principio del de bido procedimiento administr ativo.

Al respecto, el Tr i bunal Constitucional ha señalado que:

―el derecho al debido proceso, r econocido en el inciso 3) del ar tículo 139º dela Constitución, es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusiva-mente el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su r es petoy protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza f unciones f or malo mater ialmente jur isdiccionales.‖5.

5 Fundamento Nº 35 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 6149-2006666-AA. El texto de la Resolución se ubica enla siguiente dirección electrónica: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06149-2006-AA%2006662-2006-AA.html

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06149-2006-AA%2006662-2006-AA.html





CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

A mayor precisión, en la R esolución recaída en el Expediente N.º 2659-2003-AA/TC, el Tr i bunal Constitucional ha señalado:

―Si bien el inciso 3) del ar tículo 139º de nuestra Constitución esta blece que son― principios y derechos de la f unción jur isdiccional― la ―observancia del debido proceso― y la ―tutela jur isdiccional‖, la ef icacia de esta disposición constitu-cional no solo alcanza a los pr ocedimientos judiciales, sino que también a los

pr ocedimientos administrativos sancionator ios.‖

3. El procedimiento administr ativo sancionador según la LPAG A modo ex plicativo, mencionar emos que, según el ar tículo 235º de la Ley Nº 27444, Ley del Pr ocedimiento Administrativo Gener al decidida la iniciación del pr ocedimiento sancionador, la autor idad instructora del pr ocedimiento f or mulala respectiva notif icación de cargo al posi ble sancionado, para que pr esentesus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inf er ior a cinco días

há biles contados a partir de la f echa de notif icación. El mismo dispositivo señala que, vencido dicho plazo y con el respectivo des-cargo o sin él, la autor idad que instruye el procedimiento r ealizar á de of iciotodas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, r eca bandolos datos e inf or maciones que sean r elevantes para deter minar , en su caso, laexistencia de r es ponsa bilidad susce pti ble de sanción.

Luego, concluida la r ecolección de pruebas, la autor idad instructora del pr oce-dimiento r esuelve la imposición de una sanción o la no existencia de inf r acción.Incluso, en caso de que la estructura del pr ocedimiento contemple la existenciadif erenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluidala r ecolección de pruebas, la autor idad instructora f or mular á propuesta der esolución en la que se deter minar á, de manera motivada, las conductas quese consideren probadas constitutivas de inf r acción, la norma que prevé la im-

posición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que seimponga; o bien se propondrá la declar ación de no existencia de inf r acción.

Recibida la propuesta de r esolución, el órgano competente para decidir laa plicación de la sanción podrá disponer la r ealización de actuaciones com ple-mentarias, siempre que sean indis pensa bles para r esolver el procedimiento.Por último, la r esolución que a plique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notif icada tanto al administr ado como al órgano u entidad

que f or muló la solicitud o a quién denunció la inf r acción, de ser el caso. El diseño del pr ocedimiento sancionador planteado por la Ley del Pr ocedimien-to Administrativo Gener al tiene la virtud de respetar el derecho a la def ensa,lo cual es acorde con la Constitución, pues se permite que el administr adof or mule sus descargos de manera previa a la imposición de la sanción.

Ahora, en el Código Tributario el ejercicio del derecho a la def ensa en la etapa previa a imposición de la sanción no siempre se ver if ica, como veremos a

continuación.

CAP. V



CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

Base legal Infracción

Art. 176ºdel CódigoTributario

1. No presentar las declaraciones que contengan la determinación dela deuda tributaria dentro de los plazos establecidos.

2. No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los

plazos establecidos. 3. Presentar las declaraciones que contengan la determinación de la

deuda tributaria en forma incompleta.

4. Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompletao no conformes con la realidad.

5. Presentar más de una declaración rectificatoria relativa al mismotributo y período tributario.

6. Presentar más de una declaración rectificatoria de otras declaracio-nes o comunicaciones referidas a un mismo concepto y período.

7. Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificato-rias, sin tener en cuenta los lugares que establezca la AdministraciónTributaria.

8. Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificato-

rias, sin tener en cuenta la forma u otras condiciones que establezcala Administración Tributaria.


1. No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/oretribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributosretenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientesdistintos a los que les corresponde en la determinación de los pagosa cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circuns-tancias en las declaraciones, que influyan en la determinación de laobligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldoso pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario y/o quegeneren la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables uotros valores similares.

4. No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos opercibidos.

4. Los pr ocedimientos sancionador es según el Código Tributario En primer término, debemos manifestar que según el primer párr af o delar tículo 180º del Código Tributario, la Administración Tributaria a plicar á,

por la comisión de inf r acciones, distintos tipos de sanciones: multa, comiso,

inter namiento tempor al de vehículos, cierre tempor al de esta blecimiento uof icina de prof esionales inde pendientes y suspensión tempor al de licencias,

permisos, concesiones, o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades delEstado para el desempeño de actividades o servicios públicos, lo cual im plicala ex plicación de diversos procedimientos sancionador es.

4.1 Infr acciones emitidas directamente por la Administr ación sin etapa previade descar gos

Así pues, en deter minados casos la Administración Tributaria emite y notif icaal deudor tributario la respectiva R esolución de multa, sin que exista una f ase

previa de descargos por parte del administr ado en los términos que indica elar tículo 235º de la Ley del Procedimiento Administrativo Gener al.

Estas multas están asociadas a las declar aciones juradas determinativas einf or mativas. Sin ánimo de fijar una lista cerrada, las multas en cuestión estánr elacionadas a las siguientes inf r acciones:

CAP. V



CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

En estos casos, el contr i buyente no tiene la posi bilidad legal de f or mular unadef ensa de manera previa a la imposición de la sanción, sino que, sólo una vezque la R esolución de multa es notif icada, el contr i buyente im pugnar á dichasanción a través del corr es pondiente Recurso de r eclamación, ello de conf or -midad con el ar tículo 135º del Código Tributario. De esta manera, al inter ponerla r eclamación contra este tipo de r esoluciones de multa se inicia el r es pectivo procedimiento contencioso – tributario a ex plicar se en el siguiente ca pítulo.

4.2. Infracciones emitidas en los procedimientos de fiscalización y/o veri- ficación

En otros casos, las r esoluciones de multa son impuestas por el área de auditor íacomo consecuencia de un proceso de f iscalización. En ef ecto, según el pr imer párr af o del ar tículo 75º del Código Tributario, concluido el proceso de f iscali-zación o ver if icación, la Administración Tributaria emitirá la corr es pondienteR esolución de Determinación, R esolución de Multa u Orden de Pago, si f uer ael caso. En este tipo de sanciones, el administr ado sí tiene la posi bilidad de f or mularsus descargos y of r ecer sus medios pro bator ios durante la f iscalización y demanera previa a la imposición de la sanción, mediante la a bsolución del r e-quer imiento en que le imputa la inf r acción, con lo cual se respeta el der echoa la def ensa del contr i buyente previsto en la Constitución.

Cabe acotar que estas multas emitidas como consecuencia de una f iscalización pueden r ef er ir se a las inf r acciones previstas en el ar tículo 176º del CódigoTributario o a los numer ales 1) y 4) del ar tículo 178º del mismo Código, ello

en razón que el objetivo de una f iscaliza

ción es ver if ica

r el correcto contenidode la declar ación jur ada.6

Empero, además, las multas emitidas por el área de auditoría como consecuen-cia de una f iscalización o ver if icación también pueden r ef er ir se a otro tipo deinf r acciones tributarias, es pecialmente a las contempladas en los ar tículo 175º(inf r acciones r elacionadas a la o bligación de llevar li bros y registros conta bles)y 177º (inf r acciones r elacionadas con la o bligación de permitir el control de laAdministración) del Código Tr i butar io.

Por último, debe puntualizar se que, en a plicación del ar tículo 135º del CódigoTributario, las r esoluciones de multa en cuestión también pueden ser o b jeto

de la corr es pondiente r eclamación (con lo cual se inicia el procedimiento con-tencioso – tr i butar io).

4.3 Pr ocedimientos tributarios sancionador es especiales

Por último, el segundo párr af o del ar tículo 165º del Código Tributario dis poneque, en el control del cum plimiento de o bligaciones tributarias administr adas

por la Su per intendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se presume la veracidad de los actos comprobados por los agentes f iscalizador es,de acuerdo a lo que se esta blezca mediante Decreto Su pr emo.

CAP. V

6 En este caso, el ejercicio de la facultad sancionadora deberá respetar el principio non bis in idem, en la hipótesis que el área

de Control de la deuda ya hubiese impuesto con anterioridad una sanción por el mismo tr ibuto, periodo y fundamento.



CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV


Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de inscribirse, actuali-zar o acreditar la inscripción en los registros de la Administración Tributaria: 1. No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, salvo

aquellos en que la inscripción constituye condición par el goce de un

beneficio. 2. Proporcionar o comunicar la información, incluyendo la requerida porla Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos parala inscripción, cambio de domicilio, o actualización en los registros, noconforme con la realidad.

5. No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria informacionesrelativas a los antecedentes o datos para la inscripción, cambio de domici-lio o actualización en los registros o proporcionarla sin observar la forma,plazos y condiciones que establezca la Administración Tributaria.


Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar yexigir comprobantes de pago:

1. No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos comple-

mentarios a éstos, distintos a la guía de remisión. 2. Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y caracte-rísticas para ser considerados como comprobantes de pago o comodocumentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión.

3. Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios aéstos, distintos a la guía de remisión, que no correspondan al régimen deldeudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con lasleyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la SUNAT.

En este sentido, mediante Decreto Supremo Nº 086-2003-EF se ha a pro badoel R eglamento del Fedatario Fiscalizador .

Según el liter al a) del ar tículo 4º del mencionado Decreto Supremo, una delas f unciones del f edatar io f iscalizador es dejar constancia de las acciones u

omisiones que importen la

comisión de las inf r

a

cciones tributarias a que ser ef ier en los numer ales 1, 2, y 5 del ar tículo 173º; las consignadas en el ar tículo 174º; numer ales 4, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24 del ar tículo 177º,numer ales 2 y 3 del ar tículo 178º del Código Tributario, para lo cual levantar áel Acta Probatoria en la cual se dejará constancia de dichos hechos y/o de lainf r acción cometida.

CAP. V



CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV


4. Transportar bienes y/o pasajeros sin el correspondiente comprobantede pago, guía de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documentoprevisto por las normas para sustentar el traslado.

5. Transportar bienes y/o pasajeros con documentos que no reúnan losrequisitos y características para ser considerados como comprobantesde pago o guías de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documentoque carezca de validez.

6. No obtener el comprador los comprobantes de pago u otros documentoscomplementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, por las comprasefectuadas, según las normas sobre la materia.

7. No obtener el usuario los comprobantes de pago u otros documentoscomplementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, por los serviciosque le fueran prestados, según las normas sobre la materia.

8. Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro documento previsto por las normas para sustentar la remisión.

9. Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y caracte-rísticas para ser considerados como comprobantes de pago, guías deremisión y/u otro documento que carezca de validez.

10. Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros do-

cumentos complementarios que no correspondan al régimen del deudortributario o al tipo de operación realizada de conformidad con las normassobre la materia.

11. Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no declaradoso sin la autorización de la Administración Tributaria para emitir compro-bantes de pago o documentos complementarios a éstos.

12. Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión en estable-cimientos distintos del declarado ante la SUNAT para su utilización.

13. Usar máquinas automáticas para la transferencia de bienes o prestaciónde servicios que no cumplan con las disposiciones establecidas en elReglamento de Comprobantes de Pago, excepto las referidas a la obli-gación de emitir y/u otorgar dichos documentos.

14. Remitir o poseer bienes sin los precintos adheridos a los productos o sig-

nos de control visibles, según lo establecido en las normas tributarias. 15. No sustentar la posesión de bienes mediante los comprobantes de pagoy/u otro documento previsto por las normas sobre la materia, que permitansustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición.

16. Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los re-quisitos y características para ser considerados comprobantes de pagosegún las normas sobre la materia y/u otro documento que carezca devalidez.


Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de permitir el controlde la Administración, informar y comparecer ante la misma: 4. Reabrir indebidamente el local, establecimiento u oficina de profesionales

independientes sobre los cuales se haya impuesto la sanción de cierretemporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes

sin haberse vencido el término señalado para la reapertura y/o sin lapresencia de un funcionario de la administración.

10. No exhibir, ocultar o destruir sellos, carteles o letreros oficiales, señales y demás medios utilizados o distribuidos por la Administración Tributaria.

12. Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de seguridadempleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la ejecución desanciones.

16. Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen ins-pecciones, tomas de inventario de bienes, o controlen su ejecución, lacomprobación física y valuación y/o no permitir que se practiquen arqueosde caja, valores, documentos y control de ingresos, así como no permitiry/o no facilitar la inspección o el control de los medios de transporte.

17. Impedir u obstaculizar la inmovilización o incautación no permitiendo el

ingreso de los funcionarios de la Administración Tributaria al local o alestablecimiento o a la oficina de profesionales independientes.

CAP. V



CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV


18. No facilitar el acceso a los contadores manuales, electrónicos y/o me-cánicos de las máquinas tragamonedas, no permitir la instalación desoportes informáticos que faciliten el control de ingresos de máquinastragamonedas; o no proporcionar la información necesaria para verificarel funcionamiento de los mismos.

19. No permitir la instalación de sistemas informáticos, equipos u otros mediosproporcionados por la SUNAT para el control tributario.

20. No facilitar el acceso a los sistemas informáticos, equipos u otros mediosproporcionados por la SUNAT para el control tributario.

21. No implementar, las empresas que explotan juegos de casino y/o máqui-nas tragamonedas, el Sistema Unificado en Tiempo Real o implementarun sistema que no reúne las características técnicas establecidas porSUNAT.

22. No cumplir con las disposiciones sobre actividades artísticas o vinculadas a espectáculos públicos.

24. No exhibir en un lugar visible de la unidad de explotación donde los sujetosacogidos al Nuevo Régimen Único Simplificado desarrollen sus activida-des, los emblemas y/o signos distintivos proporcionados por la SUNATasí como el comprobante de información registrada y las constancias de

pago.


2. Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficiosen actividades distintas de las que corresponden.

3. Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediantela sustracción a los controles fiscales; la utilización indebida de sellos,timbres, precintos y demás medios de control; la destrucción o adultera-ción de los mismos; la alteración de las características de los bienes; laocultación, cambio de destino o falsa indicación de la procedencia de losmismos.

CAP. V

Cabe precisar que, según el ar tículo 6º del Decreto Supremo Nº 086-2003-EF, las Actas Probatorias, por su calidad de documentos públicos constituyen prueba suf iciente para acreditar los hechos r ealizados que presencie o constateel Fedatario Fiscalizador , siendo que dichas Actas sustentarán la a plicaciónde la sanción corr es pondiente, de ser el caso. La norma precisa que una vezculminada su ela bor ación, copia de la r ef er ida Acta será entregada al su jetointervenido, o en su def ecto, al deudor tributario. Por lo mismo, en las situa-ciones antes señaladas, la SUNAT emite la respectiva r esolución sancionador asustentándose en un acta probatoria pr evia.

Ahora, si bien el ar tículo 6º del Decreto Supremo Nº 086-2003-EF esta blece que

las actas pr o b

ator i

as constituyen

― prueba suf iciente para acreditar los hechos

‖,en la jurisprudencia del Tr i bunal Fiscal encontramos reiterados e jemplos en

los cuales se ha declar ado la nulidad del acta probatoria y de la consiguienter esolución sancionador a.

Sin perjuicio de lo señalado en el párr af o anterior, en el caso de las inf r accio-nes emitidas en base a un acta probatoria, el deudor tributario debe es per arque SUNAT emita la respectiva R esolución sancionador a, para recién e jercersu derecho de def ensa. Mejor dicho, el deudor tributario sólo podrá alegar lanulidad del acta probatoria una vez notif icada la r esolución sancionador a através del procedimiento contencioso - tr i butar io.

Es más, en la RTF Nº 3619-1-2007, la cual es de observancia o bligator ia, el Tr i bunal Fiscal señaló que dicho Colegiado no es competente para pr onunciar -



CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

se, en la vía de la queja, sobre la legalidad de las actas probatorias levantadasdurante las intervenciones de los f edatar ios f iscalizador es.

Así pues, una vez notif icada la r esolución de sanción, la misma es pasi ble delrespectivo recurso de r eclamación, ello de conf or midad con el ar tículo 135º

del Código Tributario, en el cual el contr i buyente podrá invocar l

a

medida delacta pro bator ia.

A mayor precisión, no con poca f r ecuencia, a través del respectivo proce-dimiento contencioso-tributario el Tr i bunal Fiscal ha declar ado la nulidadde las actas probatorias cuando las mismas adolecen de inconsistenciaso incongr uencias.

Así por e jemplo, en la RTF Nº 2680-4-2008, el Tr i bunal Fiscal indicó queel acta probatoria pierde f ehaciencia cuando no se da razón por qué elf edatar io regresa al local después de seis hor as.

También podemos citar la RTF Nº 3372-4-2008, en la cual el Tr i bunal

Fiscal ha señalado que acta pierde mérito pr o bator io cuando es levantada por el f edatar io f iscalizador después de haber consumido una jarra decerveza.

Un último e jemplo: En la RTF Nº 2654-3-2008 el Tr i bunal Fiscal mani-f iesta que es nula la sanción de cierre cuando el acta pr o bator ia manif iestacontr adicción.

Por ende, el acta probatoria no es un documento inescr uta ble para el Tr i bunal Fiscal.

5. ¿Cabe hablar de confiscatoriedad de las resoluciones de multa? Según el ar tículo 74º de la Constitución, ningún tributo puede tener car ácterconf iscator io.

Sobre la a plicación de dicho dispositivo constitucional a las inf r acciones ad-ministrativas, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 1492-2003-AA elTr i bunal Constitucional ha señalado en el Fundamento Nº 27 lo siguiente:

―En cuanto a la alegada conf iscator iedad de la multa impuesta, este Colegiadoconsidera que, en principio, las multas – a dif er encia de los tributos – no sonsuscepti bles de declar ación de conf iscator iedad, salvo que se constate unaextrema irr acionalidad, ya sea por su cuantía o por su f alta de adecuación ala gravedad de la inf r acción sancionada‖.

CAP. V



CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

MODELO DE RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTRA RESOLUCIÓNDE CIERRE DE LOCAL

FORMULA RECURSO DE RECLAMACIÓN CON-TRA RESOLUCIÓN DE CIERRE DE LOCAL

SEÑOR INTENDENTE DE LA INTENDENCIA REGIONAL LIMA DE LA SUPERINTEN-DENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RUBIO SAN MARTIN ELVIS, con RUC Nº 10002001299, identificado con DNINº 25203138, con domicilio fiscal en Avenida Aviación Nº 1058 San Borja – Lima - Lima;a Usted respetuosamente digo:

1. PETITORIO

Que, dentro del término de Ley interpongo RECURSO DE RECLAMACIÓN contrala Resolución de Intendencia Nº 254012000056, solicitando a vuestro Despacho

se sirva declarar FUNDADO el presente Recurso y, en consecuencia, se dispongaREVOCAR la Resolución impugnada; en atención a los siguientes fundamentos dehecho y de derecho:

CAP. V

2. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

1. La Resolución de Intendencia Nº 254012000056 señala que el recurrente nocumplió con la obligación señalada en el numeral 3) del artículo 85º del CódigoTributario, referida a la emisión del correspondiente comprobante de pago.

Para tal efecto, la Resolución impugnada se sustenta únicamente en el méritodel Acta probatoria Nº 210060000037701 del 14 de octubre del 2008.

2. Adicionalmente, la Resolución impugnada considera que, con el acta proba-toria antes mencionada se acredita la comisión de la infracción en cuestiónpor una cuarta oportunidad.

3. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

1. El acta probatoria adolece de nulidad insubsanable, habida cuenta que lamisma contiene una grave incongruencia o inconsistencia.

2. En efecto, existe una indebida prolongación entre la hora de inicio de la inter- vención (0.30 horas) y la hora de término de la diligencia (20.00 horas). Es más, en la sección de Observaciones del acta probatoria se indica quela conclusión del servicio por parte del fedatario fiscalizador se produjo a las 9.30 horas. Por lo mismo, no se comprende por qué una diligencia de elaboración de una

escueta acta probatoria se prolongó, desde el inicio de la intervención, porcasi veinte horas. Asimismo, si la conclusión del servicio por parte del fedatario fiscalizador seprodujo a las 9.30 horas, no se comprende por qué razón el acta probatoriarecién terminó de elaborar a las 20.00 horas. La inconsistencia antes señalada generan per sé la pérdida de fehacienciadel acta probatoria; por lo que la misma no puede sustentar válidamente laimposición de la sanción de cierre temporal dispuesta en la Resolución im-pugnada.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

1. Según el artículo 165º del Código Tributario, en el control del cumplimiento

de obligaciones tributarias administradas por parte de la Superintendencia



CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se presume la veracidad delos actos comprobados por los agentes fiscalizadores. i. En este mismo sentido, según el artículo 5º del Decreto Supremo

Nº 086-2003-EF, los documentos emitidos por el Fedatario Fiscaliza-

dor, en el ejercicio de sus funciones, tienen el carácter de documentopúblico, según lo dispuesto en el numeral 43.1 del artículo 43 de la LeyNº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo quelos mismos producen fe respecto de los hechos comprobados por elFedatario Fiscalizado.

ii. La presunción contenida en los dispositivos antes mencionados es unapresunción juris tantum, esto es, que la misma admite prueba en con-trario. En este sentido, un acta probatoria pierde su fehaciencia cuando, lamisma contiene inconsistencias o incongruencias.

iv. Así por ejemplo, en la RTF Nº 2680-4-2008, del 27.02.08, el Tribunal Fis-cal señaló que el acta probatoria pierde su fehaciencia cuando no se da

razón de porqué el fedatario regresa después de más de seis horas. Esto quiere decir que, según el Tribunal Fiscal la actuación del fedatario fiscalizador debe ser continua y no debe ser objeto de interrupciones.

5. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.-

El presente Recurso de reclamación cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 137º del Código Tributario: 1. Está contenido en un escrito debidamente fundamentado. 2. Es interpuesto dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la

notificación de la Resolución impugnada. 3. El presente recurso está autorizado por letrado hábil.

4. Se adjunta el Formulario 6000 – Hoja de información sumaria.

6. MEDIOS PROBATORIOS.-

A efectos de sustentar el presente Recurso de reclamación ofrezco los siguientesmedios probatorios:

1. La copia del acta probatoria Nº 210060000037701, de fecha 14 de octubredel 2008.

7. ANEXOS.- a. Copia del DNI del contribuyente. b. Copia de la Resolución de Intendencia Nº 254012000056.c. Copia del Acta probatoria Nº 210060000037701.

POR TANTO: Solicito a Usted se sirva declarar FUNDADO el presente Recurso de Reclamación y, enconsecuencia, se disponga REVOCAR la Resolución impugnada; por ser conforme aLey.

Lima, junio del 2009

CAP. V



CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV


Anexos

RTF N° 184-1-98

CAP. V

EXPEDIENTE N° : 837-98 INTERESADO : ASUNTO : Abandono de Bienes

Comisados PROCEDENCIA : Arequipa FECHA : Lima, 27 de febrero de

1998

Visto el recurso de apelación interpuesto porcontra la Reso-

lución de Intendencia N° 97R1200014141de 18 de noviembre de 1997, emitida porla Intendencia Regional Arequipa de la Su-perintendencia Nacional de AdministraciónTributaria, que declara en abandono los bie-nes comisados mediante Acta Probatoria N° 050602-97;

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 3 delartículo 101° del Código Tributario aprobado

por Decreto Legislativo N° 816, son atribucio-nes del Tribunal Fiscal, entre otras, conocery resolver en última instancia administrativalas apelaciones respecto de la sanción decomiso de bienes, por lo que carece de com-petencia para emitir pronunciamiento en lasapelaciones formuladas contra las resolucio-nes que declaran en abandono los bienescomisados por la Administración, salvo enlos casos que exista una resolución de comi-so emitida y apelada con anterioridad;

De acuerdo con el dictamen de la Vocal Se-ñora Pinto de Aliaga, cuyos fundamentos sereproducen;

Con los Vocales Cogorno Prestinoni, Pintode Aliaga e Indacochea González a quienllamaron para completar Sala;

RESUELVE:

Declarar NULO EL CONCESORIO de laapelación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase a laIntendencia Regional Arequipa de la Super-intendencia Nacional de Administración Tri-butaria, para sus efectos.

EXPEDIENTE N° : 837-98 DICTAMEN : Nº 63-1-98 Vocal señora

Pinto de Aliaga INTERESADO : ASUNTO : Abandono de Bienes

Comisados PROCEDENCIA : Arequipa FECHA : Lima, 27 de febrero de

1998

Señor: interpone recur-

so de apelación contra la Resolución de In-tendencia Nº 97R1200014141 de 18 de no-

viembre de 1997, emitida por la IntendenciaRegional Arequipa de la SuperintendenciaNacional de Administración Tributaria, quedeclara en abandono los bienes comisadosmediante Acta Probatoria N° 050602-97.

Al respecto, cabe señalar que de conformi-dad con lo establecido por el numeral 3 delartículo 1010 del Código Tributario, son atri-buciones de este Tribunal, entre otras, cono-cer y resolver en última instancia administra-tiva las apelaciones respecto de la sanciónde comiso de bienes, por lo que carece de

competencia para emitir pronunciamiento enlas apelaciones formuladas contra las resolu-ciones que declaran en abandono los bienescomisados por la Administración, salvo enlos casos que exista una resolución de comi-so emitida y apelada con anterioridad.

Por lo expuesto, soy de opinión que se decla-re nulo el concesorio de apelación.

Salvo mejor parecer.




CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

RTF N° 375-1-98

EXPEDIENTE N° : 2554-97 INTERESADO : ASUNTO

: QuejaPROCEDENCIA : Cajamarca FECHA : Lima, 12 de mayo de

1998

Visto el recurso de queja interpuesto porcontra la Oficina

Zonal Cajamarca de la Superintendencia Na- cional de Administración Tributaria, al con-travenir lo establecido en el artículo 184° delCódigo Tributario, negándose a entregarlelos 400 sacos de azúcar comisados según el

Acta Probatoria N° 160277 de 1 ° de julio de 1997;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 155° del Código Tributarioaprobado por Decreto Legislativo N° 816, es-tablece que el recurso de queja se presentacuando existan actuaciones o procedimien-tos que afecten directamente o infrinjan loestablecido en dicho Código;

Que de la revisión de los extremos del recur-so formulado, se advierte que la quejosa pre-tende desvirtuar los extremos la Resoluciónde Oficina Zonal N° 97Z03000000616 de 25de julio de 1997, que dispone el abandono delos bienes objeto de comiso;

Que según el Acuerdo de Sala Plena de fe-cha 15 de enero de 1998, este Tribunal no escompetente para conocer los casos de aban-dono al no existir una resolución de comisoemitida y apelada con anterioridad;

Que el segundo párrafo del artículo 13 delTexto Único Ordenado de la Ley de Normasde Procedimientos Administrativos aprobadopor Decreto Supremo N° 02-94-JUS, esta-blece que el órgano administrativo que seestime incompetente para la tramitación oresolución de un asunto, remitirá directamen-te las actuaciones al órgano que considerecompetente;

De acuerdo con el dictamen de la Vocal Se-ñora Cogorno Prestinoni, cuyos fundamentosse reproduce;

Con las señoras Cogorno Prestinoni, Casali-no Mannarelli y Pinto de Aliaga;

RESUELVE:

REMITIR los actuados a la Administración

Tributaria a efecto que le otorgue al presenterecurso el trámite que corresponda.

Regístrese, comuníquese y remítase a la Ofi-cina Zonal Cajamarca de la Superintenden-cia Nacional de Administración Tributaria,para sus efectos.

EXPEDIENTE N° : 2554-97 DICTAMEN N° : 97-1-98 Vocal señora

Cogorno Prestinoni INTERESADO : ASUNTO : QuejaPROCEDENCIA : Cajamarca

Señor:

La empresa de la referencia, representadapor doña María Antonia Castillo Morales,interpone recurso de queja contra la OficinaZonal Cajamarca de la Superintendencia Na-cional de Administración Tributaria, al con-travenir lo establecido en el artículo 184° del

Código Tributario, negándose a entregarlelos 400 sacos de azúcar comisados segúnel Acta Probatoria N° 160277 de 1 ° de juliode 1997.

La quejosa manifiesta que no obstante ha-berse emitido la Resolución de Comiso N° 97Z10300000584, haber cumplido con pagarla multa por un monto de SI. 2 466 y haberacreditado el derecho de propiedad de losbienes comisados, la Administración Tributa-ria se niega a devolverlos, aduciendo que losmismos son de propiedad de la señora OlgaRudas, según el Acta Probatoria levantada almomento de la intervención.

Al respecto cabe señalar lo siguiente: 1. El artículo 155° del Código Tributario

aprobado por Decreto Legislativo N°816, establece que el recurso de queja se presenta cuando existan actuacio-nes o procedimientos que afecten di-rectamente o infrinjan lo establecido endicho Código.

Por su parte el último párrafo del literal

a) del artículo 184° del citado cuerpolegal, norma que según la quejosa ha-

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CAP. IX

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bría sido transgredida por la Adminis-tración, establece que en caso que elinfractor no hubiera acreditado su dere-cho de propiedad o posesión dentro delplazo de diez días de levantada el acta,la Administración declarará los bienesen abandono, procediendo a rematar-los, destinarlos a entidades estatales odonarlos.

2. De la revisión de la copia certificadade la Resolución de Oficina Zonal N°97Z03000000616 de 25 de julio de 1997, que corre en autos a fojas 43,se aprecia que la Administración no hatransgredido el procedimiento estable-cido en la norma antes citada, al se-ñalar en su tercer considerando: “Que,

en el caso de autos el plazo para pre-sentar la documentación que acreditela propiedad o el derecho a la tenenciade los bienes materia de comiso vencióel 1 5 de julio de 1997”; para posterior -mente declarar en su parte resolutiva,el abandono de los bienes comisados.

3. De lo antes expuesto se aprecia quela queja se centra en el abandono dis-puesto por la Resolución de OficinaZonal antes citada, violando normasde procedimiento. Pero en el fondo lo

que la quejosa pretende es desvirtuarlos extremos de la citada Resolución,por haber acreditado en su momento lapropiedad de los bienes comisados

Por consiguiente la vía correspondien-te no es la queja, que como se ha ma-nifiestado cautela las transgresionesde la Administración al procedimiento,sino el recurso impugnativo destinadoa desvirtuar una resolución formalmen-te emitida por la Administración, estoes, la reclamación o la apelación, deser el caso.

4. No obstante, es necesario tener encuenta el Acuerdo de Sala Plena deeste Tribunal de fecha 15 de enerode 1998, en el sentido que el TribunalFiscal no es competente para conocerlos casos de abandono al no existir unaresolución de comiso emitida y apeladacon anterioridad.

En tal sentido debe tenerse en cuentael articulo 13 del Texto Único Ordena-do de la Ley de Normas de Procedi-mientos Administrativos aprobado porDecreto Supremo N° 02-94-JUS, queestablece que el órgano administrati-vo que se estime incompetente para latramitación o resolución de un asunto,remitirá directamente las actuacionesal órgano que considere competente.

Por lo expuesto soy de opinión que el Tribu-nal acuerde remitir los actuados a la Admi-nistración para que otorgue el trámite quecorresponda al recurso interpuesto.


RTF N° 073-2-98

EXPEDIENTE N° : 5783-94 INTERESADO : ASUNTO : MultaPROCEDENCIA : Arequipa FECHA : Lima, 21 de enero de

1998

Vista la apelación interpuesta por S.C.R.L. contra la

Resolución de Intendencia N° 055-4 00420

de fecha 31 de mayo de 1994, emitida por laIntendencia Regional Arequipa de la Super-

intendencia Nacional de Administración Tri-butaria, que declara improcedente el recursode reclamación interpuesto contra la Resolu-ción de Multa N° 93-010-914-K-02074, emitidapor la presentación extemporánea de la De-claración Jurada del Impuesto General a lasVentas correspondiente a mayo de 1992.

CONSIDERANDO:

Que la controversia versa sobre la tipificación

que correspondería al hecho de haber utiliza-do una fotocopia de un formato de declara-




CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

ción jurada distinto a aquél en que los con-tribuyentes debían cumplir sus obligacionestributarias;

Que según la Administración, de acuerdo a loestablecido en las Resoluciones N°s. 059-91-

EF/SUNAT y 041-92-EF/SUNAT, a partir defebrero de 1992 sólo se consideraban cum-plidas las obligaciones de los contribuyentespara con la SUNAT en tanto que las mismasse efectuaran en Formulario “ Recibo de Pagode Tributos N° 1”;

Que por ello, la Administración no considerala declaración que la recurrente aduce haberpresentado oportunamente, atribuyéndole enla etapa de reclamación la condición de omisaa la presentación;

Que al respecto, el Texto Único Ordenado delCódigo Tributario aprobado por Decreto Su-premo N° 218 90 EF, modificado por DecretoLegislativo N° 641, vigente a la (echa de ven-cimiento del plazo para la presentación de laDeclaración Jurada correspondiente al mes demayo de 1992, en su artículo 153° tipificaba encuatro numerales las infracciones tributarias,sean éstas formales sancionadas con multa,vinculadas a la evasión tributaria, así comolas vinculadas a la función profesional;

Que ninguno de dichos numerales tipificó

como infracción el presentar las declaracio-nes en fotocopia del formato anterior distintoal entonces autorizado por la Administración,situación que se presenta en el caso de autos,habida cuenta que no puede desconocerse elhecho que la recurrente hubiera efectuado sudeclaración pago aunque en un recibo distintodel vigente;

Que en consecuencia, la interpretación de laAdministración mediante la cual se le resta va-lidez a la declaración pago de mayo de 1992presentada en formato distinto al entonces

autorizado, excede los alcances del artículo 153° del Código Tributario antes señalado;

Que adoptar dicha interpretación significaríaque se sancione como omiso a quien, aúnpresentando la declaración oportunamente,no ha incurrido en un acto que se encuentretipificado como infracción, más aún, cuandoconforme a lo establecido en la Norma IV delTitulo Preliminar del Código Tributario, sólopor ley se puede definir las infracciones y es-tablecer sanciones;

Que a mayor abundamiento, debe tenerseen cuenta que en los Resultados del Reque-

rimiento N° 4414-92 se indica que “presentóconforme” las declaraciones-pago del I.G.V.obrando, además una relación de dichasdeclaraciones-pago en formato de la Admi-nistración sin observación alguna, siendo queel formulario utilizado es una fotocopia de losque provee la Administración y contiene in-formación que permite la fiscalización y quela Administración no desvirtúa que dicho for-mulario no sea de los que proveía o que losnuevos formularios hayan estado disponiblesen la localidad;

Que de otro lado, la infracción de presentarlas declaraciones en formularios distintos alos autorizados por la Administración reciénes recogida por el Decreto Legislativo N° 773,vigente desde el 1 de enero de 1994;

De acuerdo con el Dictamen del vocal Nué Bra-camonte, cuyos fundamentos se reproduce;

Con los vocales Zelaya Vidal, Nué Bracamon-te y Caller Ferreyros.

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 055-4-00420 del 31 de mayo de 1994, debien-do la Administración dejar sin efecto la Reso-lución de Multa N° 93-010-914-K- 02074.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE y DEVUéL-

VASE a la Superintendencia Nacional de Ad-ministración Tributaria, para sus efectos.


DICTAMEN : N° 020 Vocal Nué Bra-camonte

INTERESADO : ASUNTO : MultaPROCEDENCIA : Arequipa FECHA : Lima, 21 de enero de

1998

Señor: ................. S.C.R.L. representada por ............ ....................... interpone recurso de apelacióncontra la Resolución de Intendencia N° 055-4- 00420 de fecha 31 de mayo de 1994, emitidapor la Intendencia Regional Arequipa de laSuperintendencia Nacional de AdministraciónTributaria, que declara improcedente el recur-so de reclamación interpuesto contra la Re-solución de Multa N° 93-010-914-K- 02074,emitida por la presentación extemporánea de

la Declaración Jurada del Impuesto General alas Ventas correspondiente a mayo de 1992.

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I. La Resolución apelada se sustenta enel informe N° 1 72-94-SUNAT-DJ defecha 31 de mayo de 1994, en el cualse señala que de la verificación de losarchivos de dicha Intendencia, se ob-tuvo que efectivamente la recurrentecumplió con el pago, pero que el formu-lario utilizado no era el autorizado porLey, el cual no podía ser rechazado deacuerdo al Decreto Legislativo N° 666,sin embargo, los contribuyentes debenpresentar las declaraciones en la formay plazos que le sean requeridos.

Indica que por Resolución de Super-intendencia N° 059-91-EF/SUNAT secreó el recibo de pago de tributos N° 1que usarían los contribuyentes de Lima

y Callao. Posteriormente, mediante Re-solución de Superintendencia N° 041-92-EF/SUNAT se modificó el Formulario N° 1 y se amplía su utilización a los contri-buyentes del resto de la República conexcepción de los principales, el cualdebió ser utilizado por la recurrente.

De lo anterior incide en que si bien elpago se realizó dentro del plazo, la pre-sentación del formato preimpreso porel propio contribuyente no puede con-siderarse como una Declaración váli-da, por cuanto no reúne la forma quela Ley exige, por lo que de acuerdo a lodispuesto por el artículo 173° del Códi-go Tributario se reforma la apelada encuanto al motivo determinante debién-dose considerar que se ha configuradola infracción prevista en el inciso “a” delnumeral 1 del artículo 153° del DecretoSupremo N° 218-90-EF, en concordan-cia con la Resolución de Superinten-dencia N° 047-92-EF-SUNAT.

II. La empresa recurrente, por su parte,manifiesta que de los Resultados delpropio Requerimiento N° 4144 de fecha 15 de diciembre de 1992, no se señalóen ningún momento la infracción quese le imputa.

Agrega que si bien la AdministraciónTributaria puede corregir el conceptode la multa, lo que no le está permiti-do es crear nuevas infracciones puesatentaría contra el Principio de Legali-dad, tal como lo consigna el inciso d)

de la Norma IV del Titulo Preliminar delCódigo Tributario.

Precisa que el formato pre impresoa que se hace alusión se encontrabaen circulación y si bien se presentó encopia totostática fue por la escasez delos mismos, lo que usualmente se hacecon otros formularios.

Afirma que el Decreto Supremo N° 218- 90-EF no ha tipificado en ninguno de sus numerales la infracción consistente en usar formularios preimpresos, por loque tal pretensión resulta nula en apli-cación de lo dispuesto por el numeral 3del artículo 109° del Código Tributario.

III. De lo dicho por las partes, de lo actua-do en el expediente y de la legislaciónaplicable, se desprende lo siguiente:

1. En cuanto a la infracción cuya co-

misión se le atribuye a la recurren-te y que consiste en no presentarla declaración pago del ImpuestoGeneral a las Ventas correspon-diente a mayo de 1992 y ser de-tectado por la Administración, esde resaltar que la controversiaversa sobre la calificación quemerece haber utilizado una foto-copia de formato de declaración

jurada distinto a aquél en que loscontribuyentes debían cumplir

sus obligaciones tributarias. Es decir, según la Administración, deacuerdo a lo establecido en la Resolu-ción N° 059-91-EF/SUNAT y en la Nº 041-92-EF/SUNAT, a partir de febrerode 1992 sólo se consideran cumplidaslas obligaciones de los contribuyentespara con la SUNAT en tanto que lasmismas se efectúen en el modificadoFormulario “Recibo de Pago de Tribu-tos N° 1”. Por ello, no se considera ladeclaración que la recurrente aducehaber presentado, atribuyéndole en laetapa de reclamación la condición deomisa a la presentación.

Al respecto, el Texto Unico Ordenadodel Código Tributario aprobado por De-creto Supremo N° 218-90- EF, modifi-cado por Decreto Legislativo N° 641,vigente a la fecha de vencimiento delplazo para la presentación de la Decla-ración Jurada correspondiente al mesde mayo de 1992, en su artículo 153° ti-

pificaba en cuatro numerales las infrac-ciones tributarias, sean éstas formales




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sancionadas con multa, vinculadas a laevasión tributaria, así como las vincula-das a la función profesional. Ninguno dedichos numerales tipificó como infracciónel presentar las declaraciones en fotoco-pia del formato distinto al autorizadopor la Administración, situación que sepresenta en el caso de autos, habidacuenta que no puede desconocerse elhecho que la recurrente hubiera efec-tuado su declaración pago en un recibodistinto del autorizado.

En consecuencia, la interpretación dela Administración mediante la cual se leresta validez a las declaraciones pagopresentadas en fotocopia de formatosanteriores a los entonces autorizados,

excede los alcances del artículo 153°del Código Tributario antes señalado,toda vez que se sustentaría en que asupuestos infractores, quienes si” pre-sentaron declaración oportunamente,se les considere omisos a la misma.Más aún cuando, conforme a lo esta-blecido en la Norma IV del Título Pre-liminar del Código Tributario, sólo porley se puede definir las infracciones yestablecer sanciones.

A mayor abundamiento, cabe señalar

que (1) en el Resultado del Requeri-

miento N° 4414-92 se indica que “pre-sentó conforme” las declaraciones pagodel IGV, (2) obra una relación de dichasdeclaraciones- pago en formato propor-cionado por la Administración sin cons-tar observación alguna; (3) el formularioutilizado es una fotocopia de los queprovee la Administración y contiene infor-mación que permite la fiscalización y (4)la Administración no desvirtúa que dichoformulario no sea de los que proveía oque los nuevos formularios hayan esta-do disponibles en la localidad.

De otro lado, cabe resaltar que reciéncon la dación del Código Tributarioaprobado por Decreto Legislativo N” 773 y vigente a partir del 01 de enero

de 1994, se tipifica en el numeral 6) delartículo 176° como infracción el “pre-sentar las declaraciones en los formu-larios y/o lugares no autorizados por la

Administración Tributaria”.

Conclusión:

Por lo expuesto, soy de opinión que esteTribunal acuerde revocar la Resolución deIntendencia N° 055- 4-00420 de 31 de mayode 1994, debiendo la Administración dejar sinefecto la Resolución de Multa N° 93-010 914-

K-02074.

CAP. V

RTF N° 426-5-2000

EXPEDIENTE N° : 4677-97 INTERESADO :

ASUNTO : MultaPROCEDENCIA : Lima FECHA : Lima, 26 de junio del

2000

Vista la apelación interpuesta por .......................... contra la Resolución deIntendencia N° 015-4-07284 emitida el 26de setiembre de 1997 por la Intendencia dePrincipales Contribuyentes Nacionales de laSuperintendencia Nacional de Administra-ción Tributaria, que declaró improcedente la

reclamación presentada contra la Resoluciónde Multa N° 011-2-09250, girada por incurrir

en la infracción tipificada en el numeral 1) delartículo 178° del Código Tributario, aprobadopor Decreto Legislativo N° 816;

CONSIDERANDO:

Que el recurrente presentó su DeclaraciónPago Mensual por concepto del Impuesto a laRenta correspondiente a abril de 1997, el 14 demayo de 1997 mediante el Formulario N° 281con número de orden 00183870, consignan-do en la casilla N° 337 la suma de S/. 38,270como retenciones de Quinta Categoría;

Que con fecha 13 de junio de 1997, el con-tribuyente presenta una Declaración Pago

Rectificatoria por el mencionado perío-do abril de 1997, mediante el Formulario




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N° 291 con número de orden: 00251808, através del cual se modifica lo consignado enla casilla N° 337 de S/. 38,270 a S/. 90,881,pagando la diferencia de S/. 52,611.00 y losrespectivos intereses a través de la Boleta dePago N° 0031 5546;

Que a través de la Boleta de Pago N° 00315545de f echa 13 de junio de 1997, el recurrente pagóla suma de S/. 5,261, y S/. 108, por concepto deuna multa e intereses respectivamente, dichamulta, de acuerdo al código consignado en lamencionada Boleta de Pago, corresponde a lainfracción de no pagar dentro de los plazos es-tablecidos, los tributos retenidos o percibidos,tipificada en el numeral 5) del artículo 178°del Código Tributario, aprobado por DecretoLegislativo N° 816, vigente en el momento de

la comisión de la infracción; Que el 14 de setiembre de 1997, la Admi-nistración gira la Resolución de Multa N° 011-2- 09250, por la infracción de no incluiren las declaraciones ingresos, rentas, patri-monio, actos gravados o tributos retenidos opercibidos, o declarar cifras o datos falsos uomitir circunstancias que influyan en la deter-minación de la obligación tributaria, tipificadaen el numeral 1) del artículo 178° del referidoCódigo;

Que en el caso de autos, la materia con-trovertida consiste en determinar si es queexiste concurso de infracciones, y en conse-cuencia si es procedente el cobro de la Re-solución de Multa N° 011-2- 09250;

Que al respecto, el artículo 171° del mencio-nado Código, establece que habrá concursode infracciones cuando por un mismo hechose incurra en más de una infracción;

Que de conformidad con lo dispuesto en laResolución N° 001-97/SUNAT, que estable-ce el cronograma de cumplimiento de las

obligaciones correspondientes a los deudo-res tributarios para el año 1997, el plazo paraque el recurrente realizara el pago de lostributos retenidos respecto de las rentas deQuinta Categoría correspondientes al mesde abril de 1997, venció el 16 de mayo de 1997;

Que el 14 de mayo de 1997, el recurrentepresentó su Declaración Jurada Pago, co-rrespondiente al período de abril de 1997,determinando y cancelando por conceptode retenciones del Impuesto a la Renta deQuinta Categoría la suma de S/. 38,270, pos-

teriormente a través de la Declaración Rec-tificatoria presentada el 13 de junio de 1997,determina que lo que realmente correspon-día pagar por retenciones era la suma de S/. 90,881, en consecuencia se puede concluirque el recurrente dejó de pagar a la Adminis-tración en el plazo indicado en la Resolucióncitada, el monto de S/. 52,611.00, es decirla infracción tipificada en el numeral 5) delartículo 178° del mencionado Código, se haconfigurado el 1 6 de mayo de 1997, fechaen la cual incumplió con pagar la totalidad delo retenido por rentas de Quinta Categoría;

Que de otro lado, se tiene que el recurrenteal presentar su Declaración Jurada original,no cumplió con consignar los datos de ma-nera correcta, por lo que se ha incurrido en

la infracción tipificada en el numeral 1) delartículo 178° del citado Código, cuya sanciónde acuerdo con el Decreto Supremo N° 120- 95-EF, vigente en el momento de la comisiónde la infracción, es una multa equivalente al 100% del tributo omitido;

Que de lo expuesto en los párrafos anterio-res, se puede concluir que no existe con-curso de infracciones, toda vez que se estáfrente a dos hechos distintos, el no pago delas retenciones dentro del plazo establecido,y declarar cifras falsas en la presentación

de su declaración, que han configurado dosinfracciones distintas, por lo que procedeconfirmar la Resolución de Multa N° 011-2- 09250;

Que finalmente, con respecto a la Resolucióndel Tribunal Fiscal N° 2727-4-96 de fecha 23de diciembre de 1996, citada por el recu-rrente y que recoge el criterio de que si elcontribuyente presenta una declaración recti-ficatoria determinando una mayor obligación,no puede tipificarse al mismo tiempo comouna declaración de cifras o datos falsos uomisión de circunstancias que influyan en ladeterminación de la obligación tributaria, ha-bida cuenta que demuestra con su actuar elcumplimiento voluntario de sus obligacionestributarias, cabe señalar que dicho criterioha sido modificado mediante la Resolucióndel Tribunal Fiscal N° 196-1-98 de fecha 6de marzo de 1998, la misma que es de ob-servancia obligatoria, y ampara lo expresadoprecedentemente;

De conformidad con el dictamen del Vocal

Guillén Meza, cuyos fundamentos se repro-duce;




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Con los Vocales Guillén Meza, Herrera Boni-lla y Barrantes Takata;

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución de Intenden-cia N° 015-4-07284 de 26 de setiembre de

1997. Regístrese, comuníquese y devuélvase a laIntendencia de Principales ContribuyentesNacionales de la SUNAT para sus efectos.

EXPEDIENTE : 4677-97

DICTAMEN : 147 - Vocal Guillén Meza

INTERESADO :ASUNTO : Multa

PROCEDENCIA : Lima FECHA : Lima, 26 de junio del

2000

Señor:

........................................ debidamente re-presentada por Eduardo Pecol del Castillo,interpone recurso de apelación contra la Re-solución de Intendencia N° 01 5-4-07284 defecha 26 de setiembre de 1997, emitida porla Intendencia de Principales ContribuyentesNacionales de la Superintendencia Nacionalde Administración Tributaria, que declaró im-procedente la reclamación presentada contrala Resolución de Multa N° 011-2-09250, giradapor incurrir en la infracción tipificada en el nu-meral 1) del artículo 178° del Código Tributario,aprobado por Decreto Legislativo N° 816.

Argumentos de la Recurrente:

Señala que con fecha 14 de mayo de 1997,presentó su Declaración Jurada medianteel Formulario N° 281 con número de orden: 00183870, por concepto de Retenciones de

Quinta Categoría del período abril de 1997,colocando en el casillero N° 337 la suma deS/. 38,270.00.

Manifiesta que habiendo advertido el errorcometido en la Declaración presentada, confecha 13 de junio de 1997, presenta unaDeclaración Jurada Rectificatoria medianteel Formulario N° 291 con número de orden: 00251808, por el cual modificó lo consigna-do en el casillero N° 337 de S/. 38,270.00a S/. 90,881.00, pagando la diferencia de

52,611.00, con sus intereses a través de la Boleta de Pago N° 0031 5546.

Afirma que en la misma fecha en la que pre -sentó su Declaración Jurada Rectificatoria,realizó pagos por Sí. 5,261 por concepto deuna Multa, emitida por incurrir en la infrac-ción tipificada en el numeral 5) del artículo 178° del Código Tributario, aprobado por De-creto Legislativo N°816, y S/. 108.00 por in-tereses, en aplicación de la rebaja contenidaen el artículo 179° del referido Código.

Refiere que la Administración ha considera-do que en el caso de autos se ha configu-rado también la infracción tipificada en elnumeral 1) del artículo 178° del mencio-nado Código, esto es por no incluir en lasdeclaraciones tributos retenidos o percibi-dos, la que se sanciona con el 100% deltributo omitido, existiendo un concurso de

infracciones. Sostiene que el Tribunal Fiscal, a través dela Resolución N° 2727-4-96, ha precisadoque no se configura la infracción tipificadaen el numeral 1) del artículo 178° del citadoCódigo, cuando el contribuyente rectifica sudeclaración antes de cualquier requerimientoo intervención de la Administración, toda vezque con ello evidencia la voluntad de cumplircon sus obligaciones tributarias.

Arguye que no tendría sentido la existencia

de la regla contenida en el artículo 88° delreferido Código, la cual faculta la rectificaciónde la declaración jurada, siempre que versesobre errores materiales o de cálculo o de-terminen una mayor obligación, la que surtiráefectos con su sola presentación, si existe elpeligro de que el contribuyente esté expues-to a una sanción por este hecho.

Finalmente señala, que cumplió con presen-tar su Declaración Rectificatoria sin que la

Administración hiciera requerimiento alguno,reconociendo una mayor obligación y pa-

gando los intereses respectivos, por lo queconsidera inadmisible la pretensión de la Ad-ministración de cobrarle una multa adicionala la pagada oportunamente.


Señala que la Resolución de Multa impug-nada, fue emitida por la División de Recau-dación por no incluir en las declaracionesingresos, rentas, patrimonio, actos gravadoso tributos retenidos o percibidos, o declarardatos falsos u omitir circunstancias que in-

fluyan en la determinación de la obligacióntributaria, al amparo del numeral 1) del ar-

CAP. V




CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

tículo 178° del Código Tributario, aprobado por Decreto Legislativo N° 816.

Manifiesta que con fecha 14 de mayo de 1997, el contribuyente presentó su Declara- ción Pago Mensual por retenciones signada

con el número 00183870, correspondiente alperíodo tributario abril de 1997, consignandoen la casilla N° 337, como retenciones delImpuesto a la Renta correspondiente a laQuinta Categoría la suma de S/. 38,270.00.

Posteriormente, con fecha 13 de junio de 1997, el contribuyente presentó la Decla-ración Pago Rectificatoria con número deorden: 00251808 por el período de abril de 1997, modificando el monto de S/. 38,270.00a la suma de S/. 90,881.00, cuya diferenciade pago ascendió a S/. 52,611.00, la cual fue

cancelada con los intereses respectivos, me-diante la Boleta de Pago N° 00315546.

Asimismo, a través de la Boleta de Pago N° 00315545 de fecha 13 de junio de 1997, el recurrente canceló el importe deS/. 5,261.00, por concepto de Multa yS/. 108.00, por intereses moratorios, aplican-do la rebaja del 90% en mérito del régimen de incentivos señalado en el segundo párra-fo del artículo 179° del mencionado Código.

Con respecto de la Boleta de Pago menciona-da, cabe indicar que el contribuyente consig-

no por el concepto de dicha multa el código 6111, es decir por la infracción relacionadacon retenciones o percepciones no pagadasen los plazos establecidos, tipificada en el nu-meral 5) del artículo 178°del referido Código.

De conformidad con lo dispuesto en el artí-culo 171° del citado Código, habrá concursode infracciones, cuando por un mismo hechose incurra en más de una infracción, en cuyocaso será de aplicación la sanción más gra-ve, es decir que para que exista una concu-rrencia de infracciones es necesario por unlado que exista un hecho único, y por otraparte, la vulneración con dicho acto de unapluralidad de tipos legales.

Refiere que en el presente caso, se debe te-ner presente que la Declaración N° 00183870con datos inexactos, y el no pago o pago deuna cantidad menor a la retenida o percibidapor concepto de tributos, implica la realiza-ción de dos actos de naturaleza distinta yconstituyen violación de obligaciones inde-pendientes entre sí.

Se tiene que el recurrente, que actuó comoagente de retención, incumplió con la obliga-

ción formal de declarar correctamente los da-tos correspondientes a la retención efectua-da. Lo sancionable es la conducta comisivade declarar datos no conformes con la reali-dad, por lo tanto la infracción se configuró enel momento de la presentación de la decla-ración inexacta, es decir con la DeclaraciónN° 00183870 de fecha 14 de mayo de 1997.

Por otro lado, la actuación del agente rete-nedor implicó ser responsable al haber ad-quirido la calidad de deudor tributario de larelación jurídico tributaria, por lo que al ha-ber incumplido con la obligación de caráctersustancial, generando no sólo la comisión deuna infracción, sino también el devengo deintereses moratorios, se produjo la segundainfracción que fue la de no haber ingresado

al fisco el monto debido, vale decir el total deS/. 52,611.00, por el mes de abril de 1997,infracción que se entenderá configurada úni-camente al vencerse el plazo para el pagoseñalado en la norma tributaria, es decir el 17 de mayo de 1997.

Finalmente, señala que el hecho de que am-bas infracciones puedan tener como mediode prueba la existencia de un único formula-rio con el cual se realizó la declaración y me-diante el cual se acredita el pago, no enervala afirmación que una infracción tenga origen

en el acto de declarar, y la otra la omisión enla entrega de la cantidad debida.

Análisis:

Consta en autos, a fojas 4, que el recurrentepresentó su Declaración Pago Mensual con fe-cha 14 de mayo de 1997, mediante el Formu-lario N° 281 con número de orden: 00183870,por concepto del Impuesto a la Renta, con-signando en la casilla N° 337 la suma deS/. 38,270 como retenciones de Quinta Cate-goría por el mes de abril de 1997.

La contribuyente con fecha 13 de junio de 1997, presenta una Declaración Pago Recti- ficatoria por el mencionado período abril de 1997, mediante el Formulario N° 291 con nú- mero de orden: 00251808, a través del cual semodifica lo consignado en la casilla N° 337 deS/. 38,270 a S/. 90,881, pagando la diferenciade S/. 52,611.00 y los respectivos interesesa través de la Boleta de Pago N° 00315546,que obra a fojas 5 del expediente.

Consta en autos, fojas 6, la Boleta de PagoN° 00315545 de fecha 13 de junio de 1997,

mediante la cual el recurrente pagó la sumade S/. 5,261, y S/. 108, por concepto de una




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multa e intereses respectivamente, dichamulta, de acuerdo al código consignado enla mencionada Boleta de Pago, fue por in-currir en la infracción de no pagar dentrode los plazos establecidos, los tributos rete-nidos o percibidos, tipificada en el numeral 5) del artículo 178° del Código Tributario,aprobado por Decreto Legislativo N° 816,vigente en el momento de la comisión dela infracción.

El 14 de setiembre de 1997, la Administra-ción emite la Resolución de Multa N° 011-2- 09250, por incurrir en la infracción de no in-cluir en las declaraciones ingresos, rentas,patrimonio, actos gravados o tributos rete-nidos o percibidos, o declarar cifras o datosfalsos u omitir circunstancias que influyan en

la determinación de la obligación tributaria,tipificada en el numeral 1) del artículo 178°del referido Código.

En virtud de los hechos descritos, cabe indi-car que la materia controvertida en el casode autos está en determinar si es que existeconcurso de infracciones, y en consecuenciasi es procedente el cobro de la Resolución deMulta N° 011-2-09250.

Al respecto, el artículo 171° del mencionadoCódigo, establece que habrá concurso deinfracciones cuando por un mismo hecho seincurra en más de una infracción.

De conformidad con lo dispuesto en la Re-solución N° 001-97/SUNAT, que establece elcronograma de cumplimiento de las obliga-ciones correspondientes a los deudores tri-butarios para el año 1997, el plazo para queel recurrente realizara el pago de los tributosretenidos respecto de las rentas de QuintaCategoría correspondientes al mes de abrilde 1997, venció el 16 de mayo de 1997.

El 14 de mayo de 1997, el recurrente presentó

su Declaración Jurada Pago, correspondien-te al período de abril de 1997, determinandoy cancelando por concepto de retencionesdel Impuesto a la Renta de Quinta Catego-ría la suma de S/. 38,270, posteriormente através de la Declaración Rectificatoria pre-sentada el 13 de junio de 1997, determinaque lo que realmente correspondía pagarpor retenciones era la suma de S/. 90,881,en consecuencia se puede concluir que el re-currente dejó de pagar a la Administración en

el plazo indicado en la Resolución citada, elmonto de S/. 52,611.00, es decir la infraccióntipificada en el numeral 5) del artículo 178°del mencionado Código, se ha configurado el 16 de mayo de 1997, fecha en la cual incum-plió con pagar la totalidad de lo retenido porrentas de Quinta Categoría.

De otro lado, se tiene que el recurrente alpresentar su Declaración Jurada original,no cumplió con consignar los datos de ma-nera correcta, por lo que se ha incurrido enla infracción tipificada en el numeral 1) delartículo 178° del citado Código, cuya sanciónde acuerdo con el Decreto Supremo N° 120- 95-EF, vigente en el momento de la comisiónde la infracción, es una multa equivalente al 100% del tributo omitido.

De lo expuesto en los párrafos anteriores, sepuede concluir que no existe concurso de in-fracciones, toda vez que se está frente a doshechos distintos, el no pago de las retencio-nes dentro del plazo establecido, y declararcifras falsas en la presentación de su decla-ración, que han configurado dos infraccionesdistintas, por lo que procede confirmar la Re-solución de Multa N° 011-2-09250.

Finalmente, con respecto a la Resolución delTribunal Fiscal N° 2727-4-96 de fecha 23 dediciembre de 1996, citada por el recurrentey que recoge el criterio de que si el contri-buyente presenta una declaración rectifica-toria determinando una mayor obligación,no puede tipificarse al mismo tiempo comouna declaración de cifras o datos falsos uomisión de circunstancias que influyan en ladeterminación de la obligación tributaria, ha-bida cuenta que demuestra con su actuar elcumplimiento voluntario de sus obligacionestributarias, cabe señalar que dicho criterio hasido modificado mediante la Resolución delTribunal Fiscal N° 196-1-98 de fecha 6 demarzo de 1998, la misma que es de obser-vancia obligatoria, y que ampara el presenteinforme.

Conclusión:

Por lo expuesto, soy de opinión que el Tribu-nal Fiscal acuerde CONFIRMAR la Resolu-ción de Intendencia N° 015-4-07284 de 26 desetiembre de 1997.


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RTF N° 03619-1-2007

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EXPEDIENTE N° : 13180-2006 INTERESADO : ASUNTO :

Queja PROCEDENCIA : Maynas – Loreto FECHA : Lima, 20 de abril de

2007

Vista la queja interpuesta por contra la Intendencia Re-

gional Loreto de la Superintendencia Na-cional de Administración Tributaria, porhaber emitido el Acta Probatoria N° 120-060- 0003294-01 del 12 de octubre de 2006 encontravención con lo dispuesto en el Regla-

mento del Fedatario Fiscalizador; CONSIDERANDO:

Que la quejosa señala que el Acta Probatoria N° 120-060-0003294-01 del 12 de octubre de 2007 fue levantada cuatro días después derealizada la intervención del fedatario fisca-lizador de la SUNAT, contraviniendo lo dis-puesto en el artículo 9° del Reglamento delFedatario Fiscalizador aprobado por DecretoSupremo N° 101-2004-EF, que estableceque las actuaciones del referido funcionario

deberán ser ejecutadas en forma inmediatacon ocasión a la intervención;

Que asimismo indica que habiéndose vul-nerado el procedimiento de intervencionesestablecido en el Reglamento del FedatarioFiscalizador, solicita que este Tribunal decla-re la nulidad de la intervención del fedatariofiscalizador referida en el Acta Probatoria N°120-060-0003294-01;

Que de conformidad con el artículo 155° delTexto Único Ordenado del Código Tributarioaprobado por el Decreto Supremo N° 135- 99-EF, la queja se presenta cuando existanactuaciones o procedimientos que afectendirectamente o infrinjan lo establecido en di-cho código;

Que de la documentación que acompaña laquejosa se aprecia la copia del Acta Proba-toria N° 120-060- 0003294-01 del 12 de oc-tubre de 2007, en la cual se deja constanciade la verificación de la infracción prevista enel numeral 1 del artículo 174° del Código Tri-butario, debiendo asimismo precisarse que

de los actuados no resulta posible verificarsi ha sido emitida la resolución sancionatoria

correspondiente a la mencionada acta pro-batoria;

Que en el presente caso, si bien la contro-versia que plantea la quejosa está referidaa la nulidad del Acta Probatoria N° 120-060- 0003294-01 que deja constancia de la inter-vención del fedatario fiscalizador, sin embar-go, previamente debe determinarse si esteTribunal es competente para pronunciarseen la vía de la queja, sobre la legalidad delas actas probatorias levantadas durante laintervención de fedatarios fiscalizadores;

Que sobre el particular, sometida a Sala Ple-na de este Tribunal la controversia en comen-tario, se acordó por mayoría según constaen el Acuerdo de Sala Plena contenido en el

Acta de Reunión de Sala Plena N° 2007-11del 10 de abril de 2007, el criterio conformeal cual, el Tribunal Fiscal no es competen-te para pronunciarse, en la vía de la queja,sobre la legalidad de las actas probatoriaslevantadas durante las intervenciones delos fedatarios fiscalizadores, de conformidadcon los fundamentos que a continuación sereproducen:

“Según el informe que sustenta el Acuerdo de Reunión de Sala PlenaN° 2004-11 de fecha 3 de junio de 2004, la finalidad de la queja es corregiractuaciones en el curso de un procedi-miento y que su naturaleza es la de unremedio procesal que ante la afectacióno posible vulneración de los derechoso intereses del deudor tributario poractuaciones indebidas de la Adminis-tración o por la sola contravención delas normas que inciden en la relación

jurídica tributaria. Asimismo, según elinforme que sustenta el Acuerdo deSala Plena del Tribunal Fiscal N° 24- 2003 de fecha 9 de diciembre de 2003,sólo cabe la formulación de una quejacuando no exista adicionalmente otros

procedimientos o vías idóneas para co-nocer la materia controvertida.

De conformidad con lo previsto en elartículo 62° del Texto Único Ordena-do del Código Tributario aprobado porel Decreto Supremo N° 135-99-EF, el

ejercicio de la función fiscalizadora dela Administración Tributaria incluye la




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inspección, investigación y el controldel cumplimiento de obligaciones tri-butarias, disponiendo para tal efecto,entre otras, de la facultad de investigarlos hechos que configuran infraccionestributarias, asegurando los medios de prueba e identificando al infractor. De acuerdo con lo dispuesto por el pri-mer párrafo del artículo 165° del TextoÚnico Ordenado aprobado por el De-creto Supremo N° 135-99-EF modifica-do por el Decreto Legislativo N° 953, lainfracción será determinada en formaobjetiva y sancionada administrativa-mente con penas pecuniarias, comisode bienes, internamiento temporal devehículos, cierre temporal de estableci-

miento u oficina de profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizacio-nes vigentes otorgadas por entidadesdel Estado para el desempeño de acti-vidades o servicios públicos.

A su tumo, el segundo párrafo del mis-mo artículo establece que en el controldel cumplimiento de obligaciones tri-butarias administradas por la Superin-tendencia Nacional de AdministraciónTributaria - SU NAT, se presume la ve-

racidad de los actos comprobados porlos agentes fiscalizadores, de acuerdoa lo que se establezca mediante decre-to supremo.

Al respecto, debe señalarse que el De-creto Supremo N° 086-2003-EF, modi-ficado por los Decretos Supremos N°s. 136-2003-EF y 101-2004-EF, aprobó elreglamento del fedatario fiscalizador dela SUNAT, estableciendo las normasque regulan las actuaciones de dichosagentes fiscalizadores, las que, según

el artículo 1° del mismo decreto supre-mo, consisten en efectuarla investiga-ción, control y/o verificación del cumpli -miento de las obligaciones tributariasde los administrados. De acuerdo con lo previsto por el artí-culo 6° del anotado reglamento, el fe-datario deberá dejar constancia de loshechos que comprueba -en ejercicio desus funciones señaladas por el artícu-lo 4° del mismo decreto supremo- enlos documentos denominados actas

probatorias, las que por su calidad dedocumentos públicos constituyen prue-

ba suficiente para acreditar los hechosrealizados que presencie o constate di-cho fedatario; indicándose, asimismo,que aquellas sustentarán la aplicaciónde la sanción correspondiente, de serel caso.

Según se indica en el artículo 6o delmismo reglamento, en concordanciacon el inciso a) de su artículo 4°, lasactas probatorias dejan constancia oacreditan, entre otros, las acciones uomisiones que importen la comisiónde las infracciones tributarias a que serefieren los numerales 1 y 5 del artícu-lo 173°; las consignadas en el artículo 174°; numerales 5, 10 y 12 del artículo 177°, numeral 4 del artículo 178° del

Código Tributario, las que de confor-midad con las Tablas de Infraccionesy Sanciones aprobadas por el CódigoTributario son sancionadas mediante laemisión de resoluciones de multa, re-soluciones que establezcan sancionesde comiso de bienes, internamientotemporal de vehículos y cierre temporalde establecimiento u oficina de profe-sionales independientes, según corres-

ponda.

Como se puede advertir de las nor-

mas citadas, las actas probatorias enmención no son actos definitivos sinoconstituyen actos de trámite al estardirigidos a preparar la materia y dejar-la expedita para la decisión final.1 Enefecto, una vez que tales actas sonlevantadas por el fedatario fiscalizador -dejando constancia de las accionesu omisiones que importen la comisiónde ciertas infracciones- estará expe-dita la facultad discrecional de la Ad-ministración - conforme al artículo 82°

del Código Tributario- para la emisiónde las resoluciones sancionatorias quecorrespondan2 , las que conforme al ar-tículo 135° del Código Tributario cons-tituyen actos reclamables.

1 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Cometario a la Ley del

Procedimiento Administrativo General, División de Es-

tudios Administrativos, Lima, 2001, Pág. 65 2 Sin perjuicio que la Administración inaplique la sanción

respectiva con motivo de la suscripción del Acta de Re-conocimiento por el infractor, a que se refiere el artículo 6 o de la Resolución de Superintendencia N° 141-2004/

SUNAT (Régimen de Gradualidad) cuando se incurra por primera vez en las infracciones tipif icadas en losnumerales 1 al 3 del artículo 174” del mismo código.

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Nótese que sólo procede el cuestio-namiento del acta probatoria -en la víacontenciosa- una vez emitida y notifi -cada la resolución sanclonatoria a laque sustenta, encontrándose de estamanera a salvo el derecho de defensadel supuesto infractor mediante la pre-sentación de los recursos impugnativosrespectivos, en tal sentido, dado quesegún el informe que sustenta el Acuer-do de Sala Plena del Tribunal Fiscal N° 24-2003 de fecha 9 de diciembre de 2003, sólo cabe la formulación de unaqueja cuando no exista adicionalmen-te otros procedimientos o vías idóneas

para conocer la materia controvertida,no cabe presentar una queja contra unacta probatoria pues dicho cuestiona-miento debe tramitarse en el procedi-miento contencioso tributario.

A esto debe agregarse que de con-formidad con la normativa antes men-cionada la intervención del fedatariofiscaíizador-en el caso que constate lacomisión de una infracción- se consu-ma con el levantamiento del acta pro-batoria, por lo que el procedimiento queregula su actuación concluye mediantela emisión de esta última, en tal senti-

do y habida cuenta que en el informeque sustenta el Acuerdo de Reuniónde Sala Plena N° 2004-11 de fecha 3de junio de 2004 se ha indicado que lafinalidad de la queja es corregir actua-ciones en el curso de un procedimientono procede que ésta sea presentadacontra un acta probatoria.

Asimismo, cabe señalar que si bien losartículos 137° y siguientes del CódigoTributario establecen un procedimientode carácter sumario para emitir pro-

nunciamiento sobre las impugnaciones presentadas contra las resolucionessancionatorias antes mencionadas,también lo es que el mismo ofrecemayores garantías que la queja paradeterminar la comisión de una infrac-ción (etapa probatoria, doble instancia,informe oral, etc) considerando que su

probanza debe regirse por principioscuya aplicación es muy rigurosa (comoel de tipicidad, concurso de infraccio-nes, presunción de inocencia, etc.) a

efecto de cautelar los derechos de losadministrados.

Finalmente, debe indicarse que el le-vantamiento de un acta probatoria no

produce un perjuicio inminente e irre- parable ni conduce a la indefensióndel administrado, considerando que lamisma no establece sanción alguna,la que recién seria impuesta mediantela resolución sancionatoria respectiva,dejándose a salvo el derecho de defen-sa del supuesto infractor mediante la

presentación de los recursos impugna-tivos correspondientes.

Por lo tanto, el recurso de queja no esla vía idónea para cuestionar la validezde las actas probatorias, teniendo eldeudor tributario expedito su derecho

para iniciar el procedimiento conten-

cioso de reclamación mediante la inter- posición del recurso correspondientedonde podrá cuestionar tanto el acta

probatoria como la resolución a la queésta da sustento”.

Que el criterio antes citado tiene el caráctervinculante para todos los vocales de esteTribunal, conforme a lo establecido por elacuerdo recogido en el Acta de Reunión deSala Plena N° 2002-10 del 25 de setiembrede 2002;

Que asimismo, conforme lo aprobado poracuerdo que consta en el Acta de Reuniónde Sala Plena N° 2007-11 de 10 de abril de 2007, lo adoptado se ajusta a lo previsto porel artículo 154° del Código Tributario, por loque corresponde que se emita una resolu-ción de observancia obligatoria, disponiendosu publicación en el diario oficial “El Perua-no”;

Que a consecuencia de lo anterior, procededeclarar improcedente la queja toda vez queesta no es la vía para cuestionar el Acta Pro-

batoria N° 120-060-0003294-01, teniendola quejosa expedito su derecho de iniciar elprocedimiento contencioso de reclamaciónmediante la interposición del recurso corres-pondiente donde podrá cuestionar tanto laresolución sancionatoria como el acta proba-toria sustentatoria de aquélla;

Con las vocales Cogorno Prestinoni, Casali-no Mannarelli, e interviniendo como ponentela vocal Barrantes Takata;

RESUELVE:

1. Declarar IMPROCEDENTE la queja in-terpuesta.




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2. Declarar que de acuerdo con el artículo 154° del Texto Único Ordenado del Có-digo Tributario aprobado por el DecretoSupremo N° 135-99-EF, la presenteresolución constituye precedente de

observancia obligatoria, disponiéndosesu publicación en el diario oficial “El Pe-ruano” en cuanto establece el siguientecriterio:

“El Tribunal Fiscal no es competen-te para pronunciarse, en la vía de laqueja, sobre la legalidad de las ac-tas probatorias levantadas durantelas intervenciones de los fedatariosfiscalizadores”.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE y REMíTA-SE a la Superintendencia Nacional de Admi-nistración Tributaria, para sus efectos

RTF N° 02680-4-2008

EXPEDIENTE N° : 11388-2007 INTERESADO : ASUNTO : Cierre de Establecimiento PROCEDENCIA : Junín FECHA : Lima, 27 de febrero de

2008

VISTA la apelación interpuesta por contra la Resolu-

ción de Intendencia N° 1350140000895/SU-NAT de 27 de julio de 2007, emitida por la

Intendencia Regional Junín de la Superinten-dencia Nacional de Administración Tributa-ria, que declaró infundada la reclamación for-mulada contra la Resolución de IntendenciaN° 1320120000117, que estableció la san-ción de cierre temporal de establecimientopor la infracción tipificada en el numeral 1 delartículo 174° del Código Tributario.

CONSIDERANDO:

Que el recurrente sostiene, entre otros, queno se ha producido el hecho generador de

la obligación tributaria, esto es, que no es eldeudor tributario, toda vez que el servicio delegalización de firmas la realizó otro Notario alencontrarse él fuera de la ciudad de Junín,por lo que señala no se encuentra obligado aemitir el comprobante de pago por el referidoservicio;

Que por su parte, la Administración señalaque el recurrente incurrió en la infraccióntipificada en el numeral 1 del artículo 174°del Código Tributario, por no entregar com-probante de pago respectivo por el servicioprestado, según se acredita con el Acta Pro-batoria N° 1300600008371-01 de fecha 23

de enero de 2007, por lo que se emitió la Re-solución de Intendencia N° 1320120000117,toda vez que era la segunda vez que incu-rría en dicha infracción, siendo no obstanteque al haber declarado la improcedencia delrecurso presentado, la referida sanción seimpuso por seis días, al haberse perdido elrégimen de gradualidad;

Que el asunto materia de controversia con-siste en determinar si el recurrente incurrióen la infracción tipificada en el numeral 1 del

artículo 174° del Código Tributario; Que el artículo 165°del Texto Único Ordena-do del Código Tributario, aprobado medianteDecreto Supremo N° 135-99-EF, señala quela infracción se determina en forma objeti-va y que en el control del cumplimiento deobligaciones tributarias administradas por laSUNAT se presume la veracidad de los actoscomprobados por los agentes fiscalizadores;

Que el numeral 1 del artículo 174° del citadoTexto Único Ordenado del Código Tributario,

sustituido por el Decreto Legislativo N° 953,establece que constituyen infracciones rela-cionadas con la obligación de emitir, otorgary exigir comprobantes de pago, el no emitiry/o no otorgar comprobantes de pago o do-cumentos complementarios a éstos, distintosa la guía de remisión;

Que el artículo 4° del Reglamento del Fe-datario Fiscalizador aprobado por DecretoSupremo N° 086- 2003-EF y modificado porDecreto Supremo N° 101-2004-EF, estable-ce que el fedatario fiscalizador tiene comouna de sus funciones el dejar constancia delas acciones u omisiones que importen la co-

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misión de las infracciones tributarias a quese refiere el artículo 174° del Código Tribu-tario, entre otras, para lo cual levantará el

Acta Probatoria en la cual dejará constanciade dichos hechos y/o de la infracción come-tida;

Que conforme con el artículo 5° del citadoreglamento, el acta probatoria tiene calidadde documento público y goza de la presun-ción de veracidad a que se refiere el segun-do párrafo del artículo 165° del Código Tri-butario;

Que se aprecia de autos que la Resolución de Intendencia N° 1320120000117 (folio 18), que establece la sanción de cierre de establecimiento del recurrente por tres (3) días calendarios, se sustenta en el Acta Pro-

batoria N° 1300600008371-01 de fecha 23de enero de 2007, obrante a folio 17, en lacual se consigna que el funcionario de la Ad-ministración intervino el local del recurrente,y luego de concluido el servicio, no se emitióel comprobante de pago correspondiente;

Que según se aprecia de la indicada actaprobatoria, la intervención se llevó a caboen el local del recurrente, iniciándose a las 11:30 a.m. y culminando a las 5 p.m. en elcual se recibió el servicio de legalización defirmas de carta poder y copias del D.N.I., can-celándose con el importe de diez soles (SI. 10.00), recibiéndose el vuelto de dos soles(S/.2.00), no otorgándosele el comprobantede pago, hecho que configuraría la comisiónde la infracción tipificada en el numeral 1 delartículo 174° del Código Tributario;

Que no obstante, cabe indicar que en la ape-lada la Administración refiere que en el actaprobatoria se aprecia que el fedatario regre-só al local luego de seis horas de la comisiónde la infracción, agregando no obstante, que

ello no resta fehaciencia a la misma al haberregresado el referido funcionario en el mis-mo día de realizada la intervención;

Que el referido hecho es corroborado porel recurrente en el escrito presentado antela Administración el 26 de enero de 2007,así como en el acta probatoria en la cual seconsigna haber culminado la intervención alas 5 p.m., no obstante haberla iniciado a las 11:30 a.m.;

Que si bien el acta probatoria tiene la calidadde documento público, la situación antesdescrita resta fehaciencia el Acta ProbatoriaN° 13000600008371-01 respecto de la co-misión de la infracción, por cuanto la inter-vención no se habría realizado de maneraconjunta, esto es, de conformidad con loprevisto en el numeral 2 del Decreto Supre-mo N° 086-2003-EF, modificado por Decre-to Supremo N° 101-2004- EF, que establece

que el fedatario fiscalizador podrá adquirirbienes o servicios: “Luego de ello el feda-tario fiscalizador acreditará su identificacióncon la credencial a que se refiere el artículo 3”, lo que no puede afirmarse haya ocurridoen el presente caso, al haber retornado allocal intervenido luego de seis horas, comolo refiere la Administración en la apelada;

Que finalmente, cabe señalar que no proce-de el pedido de informe oral del recurrente(folio 49), toda vez que el mismo fue presen-tado fuera del plazo previsto en el artículo

150° del Código Tributario; Con las vocales Flores Talavera, MárquezPacheco y Espinoza Bassino, a quien sellamó para completar Sala, e interviniendocomo ponente la vocal Flores Talavera;

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución de IntendenciaN° 1350140000895/SUNAT de 27 de juliode 2007, y dejar sin efecto la Resolución deIntendencia N° 1320120000117.

Regístrese, comuníquese y remítase a laSuperintendencia Nacional de Administra-ción Tributaria, para sus efectos.




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RTF N° 03372-4-2008


ASUNTO : Cierre de Establecimiento PROCEDENCIA : Lima FECHA : Lima, 14 de marzo de

2008

VISTA la apelación interpuesta por contra la Reso-

lución de Intendencia Nº 0260140023361/SUNAT de 31 de mayo de 2007, emitida porla Intendencia Regional Lima de la Superin-tendencia Nacional de Administración Tribu-taria, que declaró infundada la reclamacióncontra la Resolución de Intendencia N° 024- 012-0016343 que dispuso aplicar la sanciónde cierre en el establecimiento de la recu-rrente ubicado en calle San Ramón N° 277,Miraflores, Lima.

CONSIDERANDO:

Que la recurrente sostiene que ha reconocidola falta pese a que no hubo la espera necesa-ria, no obstante, solicita el cambio de sanciónde cierre por multa, toda vez que en el localdonde se pretende aplicar dicho cierre, tieneuna sola entrada de acceso a vivienda y ne-

gocio, siendo que ahí viven los señores Que por su parte, la Administración señalaque la recurrente incurrió en la comisión dela infracción tipificada en el numeral 1 del ar-tículo 174° del Código Tributario, por no emi-tir comprobante de pago, según se acreditacon el Acta Probatoria N° 0200600077890- 01, y que anteriormente incurrió en la mismainfracción en una oportunidad, por lo que lecorrespondía la sanción de cierre de esta-blecimiento por tres días y que la recurrenteno ha acreditado que las consecuencias quederivarían de la sanción de cierre ameritan lasustitución de ésta por una multa;

Que en el presente caso, corresponde deter-minar si la recurrente ha incurrido en la in-fracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174° del Código Tributario y si le correspon-de la sanción de cierre de establecimiento;

Que el numeral 1 del artículo 174° del TextoÚnico Ordenado del Código Tributario, apro-bado por Decreto Supremo N° 135-99-EF,sustituido por el Decreto Legislativo N° 953,

establece que constituyen infracciones rela-cionadas con la obligación de emitir, otorgar

y exigir comprobantes de pago, el no emitiry/o no otorgar comprobantes de pago o do-

cumentos complementarios a éstos, distintosa la guía de remisión;

Que la Tabla I de Infracciones y SancionesTributarias del citado código, aplicable a laspersonas y entidades generadoras de ren-tas de tercera categoría, como el recurrente(folio 67), señala como sanción aplicable porno otorgar comprobantes de pago, la multaequivalente al 100% de la UIT o cierre, in-dicándose en la Nota 4 de la referida tabla,que la multa se aplicará en la primera oportu-nidad que el infractor incurra en la infracción

salvo que éste reconozca la infracción me-diante acta de reconocimiento, y la sanciónde cierre se aplicará a partir de la segundaoportunidad en que el infractor incurra en lamisma infracción y que a tal efecto, se enten-derá que ha incurrido en una anterior oportu-nidad cuando la sanción de multa respectivahubiera quedado firme y consentida en lavía administrativa o se hubiera reconocido laprimera infracción mediante acta de recono-cimiento;

Que a su vez, el numeral 2 del artículo 6°del Reglamento de Comprobantes de Pago,aprobado por Resolución de Superintenden-cia N° 007-99/SUNAT, modificado por la Re-solución de Superintendencia N° 034-2002/SUNAT, señala que están obligados a emi-tir comprobantes de pago, entre otros, laspersonas naturales o jurídicas, sociedadesconyugales, sucesiones indivisas, socieda-des de hecho u otros entes colectivos quepresten servicios;

Que el numeral 5 del artículo 5° del citado

reglamento dispone que en la prestación deservicios, el comprobante de pago deberáser entregado en ei momento de la culmina-ción del servicio, en la percepción de la re-tribución total o parcial, o al vencimiento delplazo o de cada uno de los plazos fijados oconvenidos para el pago del servicio, lo queocurra primero;

Que conforme con el artículo 5° del Regla-mento de Fedatario Fiscalizador aprobadopor Decreto Supremo N° 086-2003-EF, ynormas modificatorias si bien los documen-tos emitidos por el fedatario fiscalizador sonde carácter público y se presume su vera-

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cidad, dichos documentos deben permitir laplena acreditación y clara comprensión delos hechos que se hubieren comprobado;

Que el artículo 8° del citado reglamento se-ñala que adicionalmente, con motivo del

cumplimiento de sus funciones, los Fedata-rios Fiscalizadores pueden dejar constanciade los hechos que comprueben en otros ti-pos de documentos tales como las notas dedevolución y/o restitución e informes, acredi-tando dichos documentos los hechos que enellos se consignen;

Que se aprecia de autos que la Resolución de Intendencia N° 024-012-0016343 (folio 36) que establece la sanción de cierre de establecimiento del recurrente por tres (3) días calendarios se sustenta en el Acta Probatoria N° 0200600077890-01 de fecha 4 de agostode 2006;

Que según se observa del Acta ProbatoriaN° 0200600077890-01 (folio 10), con fecha 5de agosto de 2006 el Fedatario de la Admi-nistración, identificado con Registro N° F058,intervino el establecimiento de la recurrente,ubicado en calle San Román N° 277, distritode Miraflores, departamento de Lima, consu-miendo una jarra de cerveza y una botella deagua mineral, por un valor de S/.25.00, que

fue cancelado con el importe de S/.50.00, re-cibiendo como vuelto S/.25.00, mas no así elcomprobante de pago respectivo, por lo queluego de esperar en dicho establecimientopor dos minutos para que se le otorgue el re-ferido comprobante y no cumpliéndose con talobligación, procedió a retirarse del local, paraposteriormente reingresar al local interveni-do, identificarse como Fedatario Fiscalizadorde la Administración Tributaria, y comunicarla infracción cometida tipificada en el nume-ral 1 del artículo 174° del Código Tributario,

suscribiendo dicha acta en la que consignó lanegativa a firmar de la persona encargada;

Que conforme a lo antes señalado, si bien la Administración se sustenta en el Acta Pro-

batoria N° 0200600077890-01 para imputarla infracción a la recurrente, sin embargo,dado el contexto en que ésta se levanta, nopuede constituir prueba para acreditar la co-misión de la infracción que se atribuye a larecurrente;

Que en efecto, conforme el propio fedatarioconsigna en el acta, consumió una jarra decerveza (no aparece observación en el actaque hubiere efectuado la intervención acom-pañado de otros funcionarios), siendo quese señala que por tratarse de consumo debienes o uso de servicio no se procede a ladevolución del dinero, lo que genera dudassobre los actos de los que supuestamenteda fe, debiendo anotarse que si bien la leyen principio le otorga valor a la manifestación

de éste y por tanto constituye una prueba encontra de los contribuyentes, su actuacióndebe efectuarse dentro de un marco de con-tabilidad;

Que estando lo expuesto, el acta probatoriaantes referida habría perdido mérito proba-torio por lo que la comisión de la infracciónno se encuentra debidamente acreditada,debiéndose por ello revocar la apelada, locual se encuentra conforme al criterio conte-nido en las Resoluciones N° 03888-4-2007 y

07609-4-2007; Que al haberse revocado la apelada no co-rresponde emitir pronunciamiento respecto alos restantes alegatos de la recurrente;

Con las vocales Flores Talavera, MárquezPacheco y Zúñiga Dulanto, e interviniendocomo ponente la vocal Zúñiga Dulanto;

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución de IntendenciaN° 0260140023361/SUNAT de 31 de mayo

de 2007. Regístrese, comuníquese y remítase a la Su-perintendencia Nacional de AdministraciónTributaria, para sus efectos.




Capítulo VI

El Procedimiento

Contencioso – Tr ibutar io



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CAP. I

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CAP. VI

El Procedimiento Contencioso – Tributario

1. Introducción Como r egla gener al, el procedimiento contencioso – tributario tiene comocaracterística esencial la preexistencia de un acto administrativo emitido porla Administración Tributaria, que deter mina una deuda de cargo del contr i bu-yente, el cual es im pugnado por el deudor tr i butar io.

Precisamente, el nomen iuris del pr ocedimiento contencioso – tributario o bede-ce al hecho que, mediante el mismo el contr i buyente ingresa a una contiendao controversia con la Administración tributaria respecto de la deuda pre - es-ta blecida por esta última.

Sin embargo, esta r egla también tiene su excepción y es que, también son

im pugna bles las r esoluciones fictas denegatorias, r ef er idas a procedimientosno contenciosos asociados a la deter minación de la o bligación tr i butar ia.

Siendo esto así, el pr ocedimiento contencioso – tributario puede def inir secomo el conjunto de actos y diligencias de bidamente ordenados, tr amitadosa iniciativa del propio contr i buyente, con la f inalidad expresa de obtener unar esolución que se pronuncie sobre la legalidad o legitimidad de un acto ad-ministrativo pr eexistente, emitido por la Administración de manera expresa oficta sobre la deter minación de la deuda tr i butar ia.

2. Etap

as del procedimiento

cont

en

cioso – tribut

ario:

El ar tículo 124º del Código Tributario reconoce dos etapas del Procedimiento Contencioso-Tr i butar io:

a) La r eclamación ante la Administración Tr i butar ia.

b) La a pelación ante el Tr i bunal Fiscal.

Ahora, el mencionado dispositivo agrega que, cuando la r esolución sobre lasr eclamaciones haya sido emitida por órgano sometido a jerarquía, los r ecla-mantes deberán a pelar ante el superior jerárquico antes de recurrir al Tr i bunalFiscal, siendo que, en ningún caso podrá haber más de dos instancias antesde recurrir al Tr i bunal Fiscal.



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Frente a lo indicado en el párr af o anterior, cabe preguntarse en primer tér minosi el mandato de a pelación previa ante el Superior jerárquico antes de r ecu-rrir al Tr i bunal Fiscal es a plica ble a las r esoluciones emitidas por la SUNAT.Al respecto, cabe indicar que las Intendencias R egionales y Of icinas Zonalesde la SUNAT son órganos sujetos a jerarquía f uncional, pues dependen del

Su per intendente Nacional de Administración Tributaria, no obstante lo cualsus pronunciamientos no son susce pti bles de revisión al interior de la propiaAdministración Tributaria. Por lo mismo, las a pelaciones interpuestas contr alas r esoluciones emitidas por las Intendencias y Of icinas Zonales de SUNATson vistas dir ectamente por el Tr i bunal Fiscal.

Por otro lado, también cabe preguntarse si la r egla de a pelación previa anteel superior jerárquico también es a plica ble a las Administraciones tr i butar iasdistr itales. Sobre este punto, en la RTF Nº 3590-6-2003, la cual es de o bser -vancia o bligator ia, el Tr i bunal Fiscal ha señalado lo siguiente:

―Desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Munici palidades, Ley Nº 27972, el Tr i bunal Fiscal es el órgano competente para conocer las a pe-laciones f or muladas contra las r esoluciones emitidas por las munici palidadesdistr itales dentro del pr ocedimiento contencioso, toda vez que dicha nor ma

suprimió el texto del ar tículo 96° de la Ley Orgánica de Munici palidades Nº 23853‖. ―Las a pelaciones f or muladas contra r esoluciones emitidas por lasmunici palidades distr itales dentro de un pr ocedimiento contencioso y que seencontrasen en trámite a la f echa de entrada en vigencia de la Ley Orgánicade Munici palidades, Ley Nº 27972, deben ser resueltas por las munici palidades

pr ovinciales.‖

CAP. VI

En este sentido, el actual marco r egulator io ha sido pr ácticamente devastador

para el Tr i bunal Fiscal, pues, debe r esolver en segunda instancia directa losrecursos de a pelación f or mulados contra las r esoluciones que r esuelven lasr eclamaciones, tanto las provenientes de las Intendencias R egionales y Of ici-nas Zonales de SUNAT, como también, las emitidas por las Munici palidadesDistr itales y Provinciales.

Por lo mismo, nos permitimos plantear las siguientes pro puestas:

a. Que la SUNAT r esuelva en segunda instancia administrativa, quizás me-diante órganos desconcentrados a nivel macro r egional, los recursos dea pelación interpuestos contra las r esoluciones que r esuelven r eclamacionesrespecto de los tributos que administr a.

b. Que las Munici palidades Pr ovinciales resuelvan en segunda instanciaadministrativa los recursos de a pelación interpuestos contra las r esolu-ciones que r esuelven r eclamaciones, emitidas por las Munici palidadesDistr itales.

c. Que el Tr i bunal Fiscal se convierta en un órgano de casación adminis-trativa, que se pronuncie sólo en casos de errores de interpretación ode indebida a plicación de las normas tributarias, o por trasgresión de la

jurisprudencia administr ativa.



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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

3. El r ecur so de reclamación

3.1 Actos r eclamables

Con la interposición del recurso de r eclamación se inicia el Procedimiento

contencioso – tr i butar io. Ahora, no todo acto administrativo de la SUNAT es pasi ble de una r eclama-ción. De hecho, el ar tículo 135º del Código Tributario esta blece los actos que pueden ser objeto de dicho r ecur so:

• La resolución de determinación

En este sentido, recuérdese que, según el ar tículo 76º del Código Tr i buta-rio, la r esolución de deter minación es el acto administrativo, con el cual laAdministración pone en conocimiento del deudor tributario el r esultadode la f iscalización tr i butar ia.

Asimismo, según los liter ales a) y b) del ar tículo 115º del mismo Código,es deuda exigi ble coactivamente la esta blecida mediante R esolución deDeterminación que no hubiese sido reclamada en el plazo de ley, así comotambién, la esta blecida mediante R esolución de Determinación r eclamadasf uer a del plazo esta blecido para la interposición del recurso, siempre queno se cum pla con presentar la Carta Fianza respectiva conf or me con lodispuesto en el Ar tículo 137°.

Por lo mismo, la pr esentación oportuna del recurso de r eclamación tendr áun do ble ef ecto, pues, por un lado, permitirá discutir el r esultado de laf iscalización, pero, además, evitará la cobranza coactiva de la acotación

en cuestión.

• La Orden de pago

Como r egla, la orden de pago no tiene como vocación ser un acto r ecla-ma ble, habida cuenta que la misma es r ef le jo directo de la deuda insolutaexpresamente r econocida por el contr i buyente en una declar ación jur ada

previa, sea como tributo autoliquidado, o como producto de la r eliquida-ción sustentada en las propias declar aciones juradas presentadas por elcontr i buyente.

Es por ello que, según el segundo párr af o del ar tículo 136º del Código Tri- butario, para interponer r eclamación contra la Orden de Pago es r equisitoacreditar el pago previo de la totalidad de la deuda tributaria actualizadahasta la f echa en que r ealice el pago, excepto en el caso esta blecido enel numer al 3 del inciso a) del Ar tículo 119º del mismo Código, es decir ,cuando la cobranza podría ser im procedente.

• La Resolución de multa

Como señala bamos en el ca pítulo anterior, una vez impuesta la r esoluciónde multa, la misma puede ser objeto de un procedimiento contencioso – tributario. Con la interposición oportuna de este recurso im pugnator io el

contr i buyente tendrá la posi bilidad de discutir los f undamentos de hecho

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y de derecho de la sanción impuesta, a la vez que evitará la co br anzacoactiva de la misma, ello por interpretación ad contrario de los liter alesa) y b) del ar tículo 115º del Código Tr i butar io.

• La resolución ficta sobre recursos no contenciosos.

Sobre este punto, el segundo párr af o del ar tículo 163º del Código Tr i buta-rio establece que, en caso de no r esolver se las solicitudes no contenciosasr elacionadas con la deter minación de la deuda tributaria en el plazo decuarenta y cinco (45) días há biles, el deudor tributario podrá inter ponerrecurso de r eclamación dando por denegada su solicitud.

Cabe precisar que, respecto de las solicitudes no contenciosas no r ela-cionadas con la deter minación de la deuda tributaria no cabe inter ponerr eclamación contra la denegatoria f icta, sino que, en a plicación del tercer párr af o del ar tículo 163º del Código Tributario, corresponderá la inter po-sición de los recursos previstos en la Ley del Pr ocedimiento Administr ativoGener al – Ley Nº 27444.

• Las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes,internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de esta-blecimiento u oficina de profesionales independientes, así comolas resoluciones que las sustituyan.

Al igual que en el caso de las r esoluciones de multas, la im pugnaciónoportuna de este tipo de sanciones convierte al pr ocedimiento sancionadoren uno de carácter contencioso – tr i butar io.

Cabe precisar que las r esoluciones que determinan el abandono de bienescomisados no son susce pti bles de r eclamo, sino de im pugnación mediantelos recursos señalados en la ley Nº 27444.

• Los actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda Tributaria

El Código Tributario no es pecíf ica a qué se r ef ier e con esta expresión, locual nos llevar á necesariamente al desar rollo casuístico del tema.

En este sentido, por e jemplo, a entender del Tr i bunal Fiscal, los r eque-rimientos no son actos r eclama bles, pues, conf or me se indica en la RTF Nº 04684-3-2002,

―Los requerimientos así como sus r esultados no constituyen actos r eclamables; en ese sentido, la Administración Tributaria al no haber emitido pr o-nunciamiento al respecto no ha inf r ingido pr ocedimiento legal alguno, todavez que el pr ocedimiento de f iscalización o ver if icación culmina con lacorr es pondiente emisión de la r esolución de deter minación, r esolución demulta u orden de pago, según sea el caso, de acuerdo con el ar tículo 75ºdel mencionado Código Tributario; y son dichos valor es los que pueden serobjeto de im pugnación.‖

Asimismo, en las RTFs Nº 10092-5-2007, 10670-5-2007 y 10675-5-2007,

entre otras, el Tr i bunal Fiscal ha señalado que los documentos deno-



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minados estados de cuenta y avisos de cobranza coactiva no son actosr eclama bles.

Así también, en la RTF 8042-3-2007, el Tr i bunal ha indicado que la R esolu-ción que declar a válido el acogimiento al RESIT es un acto r eclama ble.

• Las resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución Al respecto, recuérdese que según el primer párr af o del ar tículo 163º delCódigo Tributario, las r esoluciones que r esuelven las solicitudes no con-tenciosas r elacionadas con la deter minación de la deuda tributaria ser ána pela bles ante el Tr i bunal Fiscal, con excepción de las que r esuelvan lassolicitudes de devolución, las mismas que serán r eclama bles.

• Las resoluciones que determinan la pérdida del f raccionamiento de carácter general o particular

Sobre este tema, cabe acotar que, en a plicación del liter al a) del ar tículo 115º del Código Tributario, la sola r eclamación de la r esolución de pér didade un f r accionamiento no evita la cobranza coactiva del saldo insoluto,sino que, además, el contr i buyente deberá continuar con el pago de lascuotas de f r accionamiento.

3.2 Requisitos de admisibilidad

El ar tículo 137º del Código Tributario r egula los requisitos de admisi bilidadque debe contener el recurso de r eclamación:

a) Se deberá interponer a través de un escrito fundame

ntado. El deudor a interponer r eclamación concuerda con el ar tículo 106º de laLey Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Gener al, según elcual, ―cualquier administr ado, individual o colectivamente, puede pro-mover por escrito el inicio de un pr ocedimiento administrativo ante todas ycualesquier a de las entidades, ejerciendo el derecho de petición r econocidoen el Ar tículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado‖.

Nótese que, no son admisi bles las r eclamaciones manif estadas de f or ma

or al o gestual.

Respecto de las r eclamaciones interpuestas utilizando como medio el f ax,

en la RTF Nº 408-4-2000, que no es de observancia o bligator ia, admitela posi bilidad que el contr i buyente interponga escritos por esta vía, ha bidacuenta que dicho sistema es un medio técnico que cum ple con la f inalidaddel correo cer tif icado. Sin embargo, cabe precisar que esta RTF no es deobservancia o bligator ia.

De otro lado, el escrito debe estar autorizado por letr ado en los lugar esdonde la def ensa f uer a cautiva, el que además deberá contener el nom br edel abogado que lo autoriza, su f ir ma y número de registro há bil.

Sobre este punto, en la RTF Nº 6503-2-2004, el Tr i bunal Fiscal ha indicadoque si bien en el escrito no se consignó la f ir ma de abogado, sí consta la

misma en la Hoja de Inf or mación Sumaria. En este mismo sentido, en la

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RTF Nº 2720-5-2004, el Colegiado administrativo ha señalado que essuf iciente con que la f ir ma del abogado se encuentre indistintamente enel escrito o en la Hoja de Inf or mación Sumaria, para que se tenga porcum plido el requisito de admisi bilidad.

Otro tema a tener en cuenta se r ef ier e a, si uno de los requisitos deadmi-si bilidad se r ef ier e a la pr esentación de la constancia de ha bilitación del

abogado.

Sobre este punto, en la RTF Nº 6514-2-2004, el Tr i bunal Fiscal ha indi-cado que, uno de los requisitos de admisi bilidad de la r eclamación es elnúmero de abogado há bil, el cual se cum ple con su sola consignación enel escrito respectivo, salvo que la Administración Tributaria com pr ue beque tal número no es há bil – vía la inf or mación que puede obtener delColegio de Abogados al que pertenece el letr ado -, caso en el cual de ber árequerir al contr i buyente a ef ecto que subsane la omisión en el plazo de 15 días há biles de notif icado el r equer imiento.

c) A dicho escrito se deberá adjuntar la Hoja de Información Su-maria correspondiente, de acuerdo al formato que hubiera sidoaprobado mediante Resolución de Superintendencia.

El requisito en cuestión se r ef ier e a los For mular ios Nº 6000 y Nº 6001,aprobados mediante R esolución de Super intendencia Nº .083-99/SU NAT,modif icado a través de la R esolución de Su per intendencia Nº 106-2005/SUNAT.

Sobre este extremo del ar tículo 137º del Código Tributario, el legislador

se olvidó que dicha norma no sólo r egula la actividad de la SUNAT, sinode la Administración tributaria en gener al.

d) Debe inter poner se dentro del plazo de ley

d.1) El caso de las Resoluciones de determinación y resoluciones de multa

En este sentido, el ar tículo 137º del Código Tributario, tratándose der eclamaciones contra R esoluciones de Determinación, R esoluciones deMulta, r esoluciones que resuelven las solicitudes de devolución, r esolucio-nes que deter minan la pérdida del f r accionamiento gener al o par ticulary los actos que tengan r elación directa con la deter minación de la deudatributaria, éstas se presentarán en el término impr orr oga ble de veinte (20)días há biles computados desde el día há bil siguiente a aquél en que senotif icó el acto o r esolución r ecurr ida.

Asimismo, tratándose de las r esoluciones que esta blezcan sanciones decomiso de bienes, inter namiento tempor al de vehículos y cierre tempor alde esta blecimiento u of icina de pr of esionales inde pendientes, así como lasr esoluciones que las sustituyan, la r eclamación se presentará en el plazode cinco (5) días há biles computados desde el día há bil siguiente a aquélen que se notif icó la r esolución r ecurr ida.

Así también, la r eclamación contra la r esolución ficta denegatoria de de-



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volución podrá inter poner se vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) díashá biles a que se r ef ier e el segundo párr af o del ar tículo 163º del CódigoTr i butar io.

Ahora, según el ar tículo 136º del Código Tributario, tratándose de R e-

soluciones de Determinación y de Multa, ― para interponer r eclama

ciónno es requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte queconstituye motivo de la r eclamación‖. Sin embargo, este dispositivo de beconcordarse con el primer párr af o del numer al 3) del ar tículo 137º delCódigo Tributario, según el cual, como requisito de admisi bilidad, cuandolas R esoluciones de Determinación y de Multa se r eclamen vencido elseñalado término de veinte (20) días há biles, deberá acreditarse el pagode la totalidad de la deuda tributaria que se r eclama, actualizada hastala f echa de pago, o presentar carta f ianza bancaria o f inancier a por elmonto de la deuda actualizada hasta por 6 (seis) meses posteriores a laf echa de la interposición de la r eclamación, con una vigencia de 6 (seis)

meses, de biendo renovarse por períodos similar es dentro del plazo queseñale la Administr ación1.

d.2) El caso de las Ór denes de pago.-

Respecto de las órdenes de pago, el segundo párr af o del ar tículo 136ºdel Código Tributario señala que, para interponer r eclamación contr ala Orden de Pago es requisito acreditar el pago previo de la totalidadde la deuda tributaria actualizada hasta la f echa en que r ealice el pago,excepto en el caso esta blecido en el numer al 3 del inciso a) del Ar tículo 119º del mismo Código Tributario, esto es, cuando la cobranza r esulte

im procedente. Esto tiene su ex plicación en el hecho que, la orden de pago es una mer aconsecuencia de la deuda expresamente r econocida por el contr i buyente enuna declar ación jurada previa. Es por esta razón que en la sentencia r ecaídaen el Expediente Nº 4242-2006-AA/TC, el Tr i bunal Constitucional ha

precisado que no está proscrito el pago previo de una orden de pago:

―14. (…) el Tr i bunal Constitucional considera conveniente precisar algunosaspectos de su jurisprudencia que puedan tener im plicancia en lo r ef er idoa la im pugnación de órdenes de pago. En ef ecto, mediante la STC 3741- 2004-AA/TC, el Tr i bunal Constitucional esta bleció la siguiente r egla.

R egla sustancial B: ―Todo cobro que se haya esta blecido al interior deun pr ocedimiento administrativo, como condición o requisito previo a

la im pugnación de un acto de la propia administración pública, es con-trario a los derechos const itucionales al debido proceso, de petición y deacceso a la tutela jur isdiccional y, por tanto, las normas que lo autor izanson nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la pr esentesentencia‖.

15. De una primera lectur a de dicha R egla podría suponerse que el caso deim pugnación de órdenes de pago se encuentra dentro de sus alcances – en tanto acto de la Administración Tributaria emitido para exigir la

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1 Nótese que el plazo de seis meses de la carta fianza no guarda concordancia con el plazo de nueve meses con el que cuenta

la Administración Tributaria para resolver la reclamación, ello de conformidad con el artículo 142º del Código Tributario,

modificado por el artículo 36º del Decreto Legislativo Nº 981.



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cancelación de deuda, sujeta al pago previo en caso de im pugnación – ;y, en ese sentido, ante una r eclamación o a pelación en el pr ocedimientocontencioso-tributario, la Administración Tributaria o, de suyo, el Tr i bunalFiscal estarían impedidos de requerir el pago previo de la deuda en estossupuestos, conf or me lo dispone el segundo párr af o del ar tículo 136 delCódigo Tr i butar io.

16. El Tr i bunal Const itucional descarta de plano dicha postura, puesto queentender la r ef er ida r egla precedente desde una perspectiva mer amenteliter al-f or mal, es decir ajena a las circunstancias del caso del cual der ivósu creación, conllevar ía a desnatur alizar la con el riesgo inminente deextender la a supuestos que este Colegiado no quiso prever dentro desus alcances.‖ (el r esaltado es nuestr o)‖.

CAP. VI

Sin embargo, podría ocurrir que la orden de pago no r ef le je el monto dela deuda pr eviamente r econocida por el contr i buyente en una declar ación

jurada pr evia.

Por ello, el ar tículo 136º nos remite al numer al 3 del inciso a) del Ar tículo 119º del Código Tributario, según el cual, el Ejecutor Coactivo sus pender átem por almente el Pr ocedimiento de Cobranza Coactiva exce pcionalmen-te, tratándose de Órdenes de pago, cuando medien circunstancias queevidencien que la cobranza podría ser im procedente y siempre que lar eclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de veinte (20) díashá biles de notif icada la Orden de Pago2.

Ahora, el legislador no ha desar rollado qué cosa debe entenderse por―circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser im pr ocedente‖,siendo la jurisprudencia del Tr i bunal Fiscal la que se ha encargado de

desa

r rolla

r este tema. Así por e jemplo, en la RTF Nº 2136-4-2004, el Tr i bunal Fiscal or denó

admitir a trámite la r esolución la r eclamación interpuesta contra una or dende pago, habida cuenta que el monto puesto a cobro en dicho valor nose ajusta al impuesto deter minado en la declar ación jur ada.

Asimismo, en la RTF Nº 4614-1-2006 el Tr i bunal Fiscal señaló que, lasórdenes de pago objeto de r eclamo habrían desconocido el arrastre delos saldos a f avor declar ados por la recurrente en sus respectivas decla-raciones, por lo que dichos valor es no f ueron emitidos de conf or midadcon el numer al 1) del ar tículo 78º del Código Tr i butar io.

Por último, en la RTF Nº 6225-4-2003 el Colegio administrativo de jósin ef ecto la orden de pago materia de a pelación, habida cuenta querecurrente había presentado declar ación r ectif icator ia mediante la cualhabía deter minado la inexistencia de la deuda or iginalmente declar ada.

Así pues, cuando un contr i buyente es notif icado con una orden de pagoque contiene una cobranza im procedente, por e jemplo, por las causalesantes señaladas, corresponderá la interposición del respectivo recurso der eclamación dentro del término de veinte días há biles. En este escenar io,

2 El mencionado artículo 119º precisa que, en este caso, la Administración deberá admitir y resolver la reclamación dentro

del plazo de noventa (90) días hábiles, bajo responsabilidad del órgano competente. Además, la suspensión deberá man-

tenerse hasta que la deuda sea exigible de conformidad con lo establecido en el artículo 115º del Código Tributario.



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CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

ante la r esolución de la Administración declar ando inadmisi ble el r ecur sode r eclamación, corresponderá al contr i buyente interponer el r es pectivorecurso de a pelación, ello sin perjuicio de la cobranza coactiva del valorde conf or midad con la RTF Nº 05464-4-2007.

3.3 Subsanación de los requisitos de admisibilidad: De conf or midad con el ar tículo 140º del Código Tributario, la Administr aciónTributaria notif icar á al r eclamante para que, dentro del término de quince (15)días há biles, subsane las omisiones que pudier an existir cuando el r ecur sode r eclamación no cum pla con los requisitos para su admisión a trámite. Lanorma precisa que, tratándose de las r esoluciones que esta blezcan sancionesde comiso de bienes, inter namiento tempor al de vehículos y cierre tempor alde esta blecimiento u of icina de prof esionales inde pendientes, así como las quelas sustituyan, el término para subsanar dichas omisiones será de cinco (5) díashá biles.

La notif icación de este r ef er imiento de he r ealizar se en el domicilio fiscal delcontr i buyente, salvo que éste hubiese señalado un domicilio procesal, en cuyocaso, en a plicación del ar tículo 104º la notif icación del citado r equer imientodebe r ealizar se en esta última dir ección.

El mismo art. 140º señala que, vencidos dichos términos sin la subsanacióncorr es pondiente, se declar ar á inadmisi ble la r eclamación, salvo cuando lasdef iciencias no sean sustanciales, en cuyo caso la Administración Tr i butar ia

podrá subsanar las de of icio.

Al respecto, cabe mencionar que, cuando la Administración Tributaria r esuelve

la inadmisi bilidad de un recurso de r eclamación, el contr i buyente se encuentr aen la posi bilidad de interponer la corr es pondiente a pelación, en cuyo caso, lamateria de grado se limita a def inir si dicha inadmisi bilidad ha sido emitidaconf or me a ley.

En este sentido, en la reiterada casuística del Tr i bunal Fiscal encontramos quedicho colegiado ordena la nulidad del acto de notificación o de la r esolución quedeclar a inadmisi ble la r eclamación cuando el r equer imiento de admisi bilidadno se encuentra de bidamente notif icado o, cuando la Administración Tr i butar iaha emitido la r esolución declar ando la inadmisi bilidad antes del vencimientodel plazo otorgado en dicho r equer imiento.

3.4 Medios pr obatorios

Medios pr obatorios admisibles

Respecto de los medios pro bator ios, el ar tículo 125º del Código Tr i butar ioseñala en primer término que, los únicos medios pro bator ios que pueden ac-tuarse en la vía administrativa son los documentos, la pericia y la ins peccióndel órgano encargo de r esolver , los cuales serán valor ados por dicho órgano,con juntamente con las manif estaciones o btenidas por la Administración Tri- butar ia.

Esto quiere decir que, en estricto legal, el contr i buyente no podrá of r ecer comomedios pr o bator ios la declar ación de parte o la declar ación testimonial, siendo

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CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

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que esta limitación podría im plicar una limitación al derecho constitucional ala def ensa.

Plazo para ofrecer y actuar pruebas

Por otro lado, el mismoa

r tículo 125º del Código Tributario señala que, el plazo para of r ecer las pruebas y actuar las mismas será de treinta (30) días há biles,contados a partir de la f echa en que se interpone el recurso de r eclamación oa pelación. Asimismo, en el caso de las r esoluciones que esta blezcan sancionesde comiso de bienes, inter namiento tempor al de vehículos y cierre tempor alde esta blecimiento u of icina de prof esionales inde pendientes, así como lasr esoluciones que las sustituyan, el plazo para of r ecer y actuar las pruebas ser áde cinco (5) días há biles.

Sobre este punto, el of r ecimiento de pruebas consiste en la manif estaciónexpresa por parte del contr i buyente de los instrumentos o medios pro bator iosque sustentan el recurso, en tanto que, la actuación de las pruebas es la entr egaal órgano r esolutor de los medios pro bator ios of r ecidos.

De otro lado, cabe precisar que, si bien el contr i buyente cuenta con los plazosantes señalados, nada impide que el mismo of r ezca y actúe los medios pro ba-torios en el mismo escrito de r eclamación.

No obstante, la Administración Tributaria estará en la im posi bilidad de r esolverla r eclamación antes de los plazos antes señalados, pues ello podría af ectar elderecho de def ensa del administrado, en el caso que el mismo pretenda of r ecermedios pro bator ios adicionales dentro del plazo legalmente otorgado.

Medios probatorios de ofic

io El ar tículo 126º del Código Tributario señala que, para mejor r esolver el órganoencargado podrá, en cualquier estado del procedimiento, ordenar de of iciolas pruebas que juzgue necesarias y solicitar los inf or mes necesarios para elmejor esclar ecimiento de la cuestión a r esolver .

Este dispositivo recoge el principio pr ocesal de im pulso de of icio, el cual a su veztambién está contenido en el numer al 1.3 del ar tículo IV del Título Pr eliminarde la Ley Nº 27444, según el cual, las autor idades deben dirigir e im pulsarde oficio el procedimiento y ordenar la r ealización o práctica de los actos quer esulten convenientes para el esclar ecimiento y r esolución de las cuestiones

necesar ias Asimismo, la norma tributaria concuerda con el principio de verdad mater ialcontenido en el numer al 1.11 del ar tículo IV de la misma Ley Nº 27444, porel cual, en el procedimiento, la autor idad administrativa competente de ber áver if icar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para locual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas porla ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administr ados o hayanacordado eximirse de ellas.



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CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

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CAP. IV

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Medios pr obatorios inadmisibles

El ar tículo 141º del Código Tributario señala que, no se admitirá como medio pro bator io, el que ha biendo sido requerido por la Administración Tr i butar iadurante el proceso de ver if icación o f iscalización no hubiera sido pr esentado

y/o exhi bido. Esta norma tiene dos f inalidades: En primer término, se busca que el deudortributario tenga una activa cola bor ación en el procedimiento de f iscalización,evitando que el mismo omita inf or mación expresamente r equer ida por laAdministración. En segundo lugar , se busca proteger la verdad mater ial, puesse parte de la idea que, con plazos más prolongados, el contr i buyente podr íaverse en tentado a f a br icar o crear medios pro bator ios.

No obstante lo antes señalado, el mismo ar tículo 141º del Código Tr i butar ioadmite exce pcionalmente los medios pro bator ios extemporáneos, cuando eldeudor tributario prueba que la omisión no se generó por su causa o acr edita

la cancelación del monto r eclamado vinculado a las pruebas pr esentadasactualizado a la f echa de pago, o presente carta f ianza bancaria o f inancier a

por dicho monto3.

3.5 Plazo para resolver el recurso de reclamación.-

De conf or midad con el ar tículo 142º del Código Tributario, en la versión modi-f icada por el Decreto Legislativo Nº 981, la Administración Tributaria r esolver álas r eclamaciones dentro del plazo máximo de nueve (9) meses, incluido el plazo pro bator io, contado a partir de la f echa de pr esentación del recurso der eclamación.

Asimismo, tratándose de la r eclamación de r esoluciones emitidas como con-secuencia de la a plicación de las normas de precios de tr ansf er encia, la Ad-ministración r esolver á las r eclamaciones dentro del plazo de doce (12) meses,incluido el plazo pro bator io, contado a partir de la f echa de pr esentación delrecurso de r eclamación.

Por último, en el caso de las r eclamaciones contra r esoluciones que esta blezcansanciones de comiso de bienes, inter namiento tempor al de vehículos y cierr etem por al de esta blecimiento u of icina de pr of esionales inde pendientes, así comolas r esoluciones que las sustituyan, la Administración las r esolver á dentro del plazo de veinte (20) días há biles, incluido el plazo pro bator io, contado a partir

de la f echa de pr esentación del recurso de r eclamación. Anteriormente al Decreto Legislativo Nº 981, la Administración contaba conseis meses para r esolver las r eclamaciones de carácter gener al y nueve meses

para r esolver las r eclamaciones vinculadas a precios de tr ansf er encia.

En este sentido, el incremento del plazo introducido por el Decreto legislativo Nº 981 sólo tiene su ex plicación en la elevada carga procesal que tiene ac-

CAP. VI

3 Nótese que dicha Carta fianza debe estar actualizada hasta por seis (6) meses o nueve (9) meses tratándose de la recla-mación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de precios de transferencia, siendoque este plazo no es concordante con el plazo establecido en el artículo 142º, modificado por el Decreto Legislativo Nº

981.



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tualmente la Administración Tributaria y el Tr i bunal Fiscal, lo cual im plica unaaf ectación al principio de celer idad.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el legislador del Decreto Legislativo Nº 981 am plió los plazos para la r esolución de los recursos im pugnator ios,

mas omitió modif ica

r los a

r tículos conexos del Código Tributario, tales comoel numer al 3) del ar tículo 137º y el ar tículo 141º.

3.6 Naturaleza del Formulario Nº 194

De conf or midad con la RTF Nº 1743-3-2005, la cual es de observancia o bli-gatoria, ha señalado que:

―El For mulario N° 194 ―Comunicación para la revocación, modif icación, susti-tución o com plementación de actos administrativos‖, r egulado por la R esoluciónde Super intendencia N° 002-97/SUNAT, es una r eclamación es pecial en que lavoluntad del administr ado es cuestionar el acto de cobro y, en consecuencia,

contra lo r esuelto por la

Administración procederá el recurso dea pel

a

ción r es- pectivo. El carácter es pecial de la r eclamación está dado porque consider andolos casos en que procede no le son a plica bles los requisitos de admisi bilidadesta blecidos en el ar tículo 137º del Código Tributario, excepto el del plazo. Enel caso que lo solicitado por el administr ado mediante la comunicación con-tenida en el For mular io N° 194 no se encuentre dentro de los supuestos de lamencionada R esolución, procede que la Administración Tributaria le otorguea dicha comunicación el trámite de recurso de r eclamación, en a plicación delar tículo 213° de la Ley del Pr ocedimiento Administrativo Gener al, Ley N° 27444, consider ando como f echa de pr esentación del recurso, la que constecomo tal en el For mular io N° 194‖.

CAP. VI

Por lo mismo, en la hipótesis que la solicitud de quiebre de valor contenida en elcitado f or mular io no se ajuste a los supuestos de pr ocedencia esta blecidos en laR esolución de Super intendencia Nº 002-97/SUNAT, entonces la Administr aciónestá o bligada a considerar que dicho f or mular io corresponde a una r eclamación presentada en la f echa que conste en el mencionado For mular io.

4. El r ecur so de apelación

4.1 Actos apelables

Según el a

r tículo 143º del Código Tributario, el Tr i bunal Fisc

al es el órg

anoencargado de r esolver en última instancia administrativa las r eclamaciones

sobre materia tributaria, gener al y local, inclusive la r elativa a las a por tacionesa ESSALUD y a la ONP, así como las a pelaciones sobre materia de tributaciónaduaner a.

Asimismo, de conf or midad con lo esta blecido en el ar tículo 144º del mismoCódigo, procede interponer a pelación cuando el contr i buyente f or mula unar eclamación ante la Administración Tributaria y ésta no notif ique su decisiónen el plazo de ley. Al respecto, cabe señalar que los plazos de seis y nuevemeses esta blecidos en el mencionado ar tículo 144º no se corresponden conlos plazos de nueve meses y un años señalados en el ar tículo 142º del mismo

Código, modif icado por el Decreto Legislativo Nº 981. Mejor dicho, el citado



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Decreto Legislativo modif icó los plazos para r esolver la r eclamación conteni-dos en el ar tículo 142º, mas omitió ef ectuar el respectivo ajuste en el ar tículo 144º. No obstante esta contradicción, por inter pr etación sistemática e histór ica,consideramos que el ar tículo 144º debe leer se a la luz del ar tículo 142º y sumodif icator ia contenida en el Decreto Legislativo Nº 981.

4.2 Requisitos de admisibilidad

En primer término, debe indicarse que la a pelación debe presentarse ante elórgano que dictó la r esolución, siendo que dicho órgano deberá evaluar si elrecurso en cuestión cum ple los requisitos de admisi bilidad, a fin de elevar deoficio el recurso im pugnator io ante el Tr i bunal Fiscal.

Ahora, en la hipótesis que el contr i buyente ingrese el recurso de a pelacióndir ectamente ante el Tr i bunal Fiscal, dicho órgano no se pronunciará al r es-

pecto, sino que remitirá el mismo a la Administración Tributaria, a ef ectos

que la

misma ver if ique el cum plimiento de los requisitos deadmisi bilid

ad,considerándose como f icha de interposición del recurso la consignada para el

Tr i bunal Fiscal.

En r elación a los requisitos de admisi bilidad, los mismos están contenidos enel ar tículo 146º del Código Tr i butar io:

a. Deberá f or mular se dentro de los quince (15) días há biles siguientes a

aquél en que se ef ectuó su notif icación. Según el ar tículo 156º este plazose acorta a cinco días há biles en el caso de las a pelaciones contra lasr esoluciones que r esuelvan las r eclamaciones r ef er idas a sanciones deinter namiento tempor al de vehículos, comiso de bienes y cierre tempor al

de esta blecimiento u of icina de prof esionales inde pendientes, así comolas r esoluciones que las sustituyan.

b. El recurso debe estar contenido en un escrito f undamentado y autor izado por letr ado en los lugar es donde la def ensa f uer a cautiva.

c. El escritor deberá contener el nombre del abogado que lo autoriza, suf ir ma y número de registro há bil.

d. Debe ad juntar se al escrito, la hoja de inf or mación sumaria corr es pon-diente.

Ahora, de modo semejante como ocurre en la etapa de r eclamación, la Ad-

ministración notif ica

r á

al a pel

ante para que dentro del término de quince (15)días há biles subsane las omisiones que pudier an existir cuando el recurso de

a pelación no cum pla con los requisitos para su admisión a trámite, siendo queeste plazo se reduce a cinco días (5) cuando se trata de la im pugnación der esoluciones que esta blezcan sanciones de comiso de bienes, inter namientotempor al de vehículos y cierre tempor al de esta blecimiento u of icina de pro-f esionales inde pendientes, así como las r esoluciones que las sustituyan.

En este sentido, la Administración podrá declar ar inadmisi ble el recurso dea pelación vencido dichos términos sin la subsanación corr es pondiente.

Cabe precisar f ue de conf or midad con la RTF Nº 11526-4-2009, de o bservancia

o bligator ia, cuando el ar tículo 146º del Código Tributario prevé que para admitira trámite la a pelación f or mulada en f or ma extemporánea se debe acreditar el

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pago o af ianzamiento de la totalidad de la deuda tributaria a pelada, alude ala deuda contenida en los valor es que esta blecen deuda y no aquellos r elativosa la deter minación.

La r esolución que declar e inadmisi ble el recurso de a pelación también es pa-

si ble dea pel

a

ción, en cuyo caso el Tr i bunal Fisc

al ev

alua

r á

en primer tér minosi dicha inadmisi bilidad de la a pelación se encuentra arr eglada a ley.

Ahora bien, si el Tr i bunal Fiscal encuentra que la inadmisi bilidad de a pelaciónno se encuentra arr eglada a ley, procederá a pronunciarse sobre el f ondo dela controver sia.

En r elación al pago previo de la deuda im pugnada, como r egla gener al elar tículo 146º precisa que para interponer la a pelación no es requisito el pago

previo de la deuda tributaria por la parte que constituye el motivo de la a pe-lación. Sin embargo, el mismo dispositivo contiene dos exce pciones:

a. En primer término, el a pelante deberá acreditar que ha abonado la par te

no a pelada actualizada hasta la f echa en que se r ealice el pago. Esto quier edecir que, en el caso de a pelación parcial, necesar iamente el contr i buyentedeberá pagar la parte de la deuda no im pugnada.

b. En segundo lugar , en el caso que el contr i buyente f or mule a pelación unavez vencido el plazo para interponer dicho recurso, la a pelación ser áadmitida siempre que se acredite el pago de la totalidad de la deudatributaria a pelada actualizada hasta la f echa de pago o se presente car taf ianza bancaria o f inancier a.

4.3 Aspectos inimpugnables

De conf or midad con el ar tículo 147º del Código Tributario, al inter ponera pelación ante el Tr i bunal Fiscal, el recurrente no podrá discutir aspectos queno impugnó al r eclamar , a no ser que, no f igur ando en la Orden de Pago oR esolución de la Administración Tributaria, hubier an sido incor por ados porésta al r esolver la r eclamación.

Esta disposición tiene como f inalidad que exista un pr onunciamiento previo por parte de la Administración en la etapa de r eclamación sobre los argumentosdel recurrente, con anter ior idad al pronunciamiento del Tr i bunal Fiscal.

En virtud del citado ar tículo, por e jem plo, si un contr i buyente omite discutir en

la etapa de r eclamación deter minados reparos contenidos en una r esoluciónde deter minación, estará im posi bilitado de observar los mismos en la eta pade a pelación.

Lo que sí podría ocurrir es que, en virtud de la f acultad de reexamen, la Ad-ministración incorpore nuevos aspectos en la etapa de r eclamación, en cuyocaso, estos nuevos aspectos podrán ser discutidos por el contr i buyente en laetapa de a pelación.

4.4 La solicitud de informe oral.-

Según el ar tículo 150º del Código Tributario, la Administración Tributaria o el

a pelante podrán solicitar el uso de la pala br a dentro de los cuarenticinco (45)



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días há biles de interpuesto el recurso de a pelación4, contados a partir del díade pr esentación del recurso, de biendo el Tr i bunal Fiscal señalar una misma

f echa y hora para el inf or me de ambas par tes.

En el caso de a pelaciones interpuestas contra r esoluciones que r esuelvan las

r eclama

ciones contraaquéll

as que est

a blezc

an sanciones de inter n

amientotempor al de vehículos, comiso de bienes y cierre tempor al de esta blecimiento

u of icina de prof esionales inde pendientes, así como las r esoluciones que lassustituyan, este plazo se reduce a cinco (5) días há biles de interpuesto el r ecur sode a pelación, habida cuenta la natur aleza sumaria de dicho proceso.

Al respecto, cabe precisar que, la solicitud de inf or me or al puede f or mular seincluso en el mismo escrito de a pelación y no necesariamente en un escr itoinde pendiente, por lo que los plazos antes señalados se r ef ier en a los casos enque la solicitud en cuestión se f or mule de manera inde pendiente al r ecur so.

De otro lado, cabe subrayar que el plazo para solicitar inf or me or al se com puta

desde la f echa de interposición de la a pelación y no desde el día siguiente. Por último, el ar tículo 150º del Código Tributario esta blece que el Tr i bunal Fiscal no concederá el uso de la pala br a:

- Cuando considere que las a pelaciones de puro derecho presentadas nocalif ican como tales.

- Cuando declar e la nulidad del concesorio de la a pelación.

- Cuando considere de a plicación el último párr af o del mismo ar tículo 150º,esto es, cuando la Administración no se hubiera pr onunciado sobre todoslos extremos del recurso de r eclamación.

- En las que jas. - En las solicitudes presentadas al amparo del ar tículo 153º del Código

Tributario, esto es, en las solicitudes de am pliación, corrección o aclar a-ción.

4.5 Solicitud de abstención

La a bstención podrá ser invocada por el vocal o por las partes cuando existancausales atendi bles para ello. En este sentido r esulta a plica ble lo dis puesto

por el ar tículo 88º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administr ativoGener al:

Ar tículo 88.- Causales de a bstención: ―La autor idad que tenga f acultad r eso-lutiva o cuyas opiniones sobre el f ondo del procedimiento puedan influir enel sentido de la r esolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuyacompetencia le esté atribuida, en los siguientes casos:

1. Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo deaf inidad, con cualquier a de los administr ados o con sus r e pr esentantes,mandatar ios, con los administr ador es de sus empresas, o con quienes les

presten servicios.

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4 Nótese que el plazo se ************ desde el mismo día de interpuesta la apelación y no desde el día siguiente.



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2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si como autor idad hubiere manif estado pr eviamentesu parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha

pr onunciado sobre el asunto, salvo la r ectif icación de errores o la decisióndel recurso de r econsider ación.

3. Si per sonalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuar togrado de consanguinidad o segundo de af inidad, tuviere interés en elasunto de que se trate o en otra seme jante, cuya r esolución pueda inf luiren la situación de aquél.

4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manif iesta o conf licto deintereses objetivo con cualquier a de los administr ados intervinientes enel procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechosevidentes en el procedimiento.

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos dos años, r elación de

servicio o de subor dinación con cualquier a de los administr ados o terce-ros dir ectamente inter esados en el asunto, o si tuviera en proyecto unaconcer tación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no seconcrete poster ior mente.‖

4.6 Medios pr obatorios

De conf or midad con el ar tículo 148º del Código Tributario, no se admitirá comomedio pro bator io ante el Tr i bunal Fiscal la documentación que ha biendo sidor equer ida en primera instancia no hubiera sido presentada y/o exhibida por eldeudor tr i butar io.

El mencionado dispositivo precisa que el Tr i bunal Fiscal deberá admitir y actuarlos medios pro bator ios extemporáneos en los siguientes casos:

a. Aquellas pruebas en las que el deudor tributario demuestre que la omisiónde su pr esentación no se generó por su causa.

b. Cuando el deudor tributario acredite la cancelación del monto im pugna-do vinculado a las pruebas no presentadas y/o exhibidas por el deudortributario en primera instancia, el cual deberá encontrarse actualizado ala f echa de pago.

Ahora, si bien el mencionado ar tículo 148º se limita únicamente a la docu-

menta

ción r equer ida

y no presentada en la

etapa de r eclama

ción, el Tr i bunalFiscal ha entendido que también le r esulta a plica ble la restricción pro bator ia

prevista en el ar tículo 141º del Código Tributario, r ef er ida a los medios probatorios requeridos y no presentados en la etapa de f iscalización.

Por otro lado, según el ar tículo 126º del mismo Código, para mejor r esolver elórgano encargado podrá, en cualquier estado del procedimiento, ordenar deoficio las pruebas que juzgue necesarias y solicitar los inf or mes necesarios par ael mejor esclar ecimiento de la cuestión a r esolver , siendo que este dis positivono sólo se r ef ier e a la Administración, sino también, al Tr i bunal Fiscal.



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CAP. VIII

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CAP. IV

CAP. V

4.7 Apelación de puro derecho Según el ar tículo 151º del Código Tributario, podrá inter poner se recurso dea pelación ante el Tr i bunal Fiscal dentro del plazo de veinte (20) días há bilessiguientes a la notif icación de los actos de la Administración, cuando la im-

pugnación sea de puro derecho, no siendo necesario interponer r eclamaciónante instancias pr evias.

Este plazo se reduce a diez días há biles en el caso de a pelación de puro der echocontra r esoluciones que esta blezcan sanciones de comiso de bienes, inter na-miento tem por al de vehículos y cierre tem por al de establecimiento u of icina de prof esionales inde pendientes, así como las r esoluciones que las sustituyan.

El citado ar tículo precisa que la a pelación de puro de derecho se inter poneante el órgano recurrido, esto es, ante la propia Administración, quien de ber áver if icar el cum plimiento de los requisitos de admisi bilidad señalados en elar tículo 146º del Código Tributario. En este sentido, una vez elevado el r ecur so

y antes de conocer la a pelación, esto es, antes de pronunciarse sobre el f ondode la controversia, el Tr i bunal Fiscal deberá calif icar la im pugnación como de

puro derecho y en caso contrario, remitirá el recurso al órgano com petente,notif icando al inter esado para que se tenga por interpuesta la r eclamación.

Esto quiere decir que, en las a pelaciones de puro derecho, la Administr aciónsólo es competente para ver if icar el cum plimiento de los requisitos pr evistosen el ar tículo 146º, mas no es competente para calif icar el recurso en cuestióncomo una a pelación de puro de derecho, pues ello le corresponde de maner a pr eliminar al contr i buyente y en def initiva al Tr i bunal Fiscal. En este sentido, por e jemplo en la RTF Nº 8241-2-2008 el Tr i bunal Fiscal ha manif estado que

la a pelación de puro derecho debe ser calif icada expresamente como tal porel propio contr i buyente.

Por otro lado, r esulta pertinente la precisión del citado Colegiado administrativoen el sentido que no procede a pelación de puro derecho contra actos que noson r eclama bles, conf or me se indica en la RTF Nº 1288-5-2008.

Sobre el contenido de la apelación de puro de derecho, cabe indicar queen este tipo de recursos el contr i buyente no discute en a bsoluto los hechosdeter minados por la Administración, sino que se discute la calif icación o inter -

pretación jurídica de los mismos. Así por e jemplo, en la RTF Nº 6362-7-2007,el Tr i bunal Fiscal ha indicado que calif ica como a pelación de puro der echo

el cuestionamiento a la deter minación de arbitrios en base a una or denanzaque vulner a la ley de tributación munici pal y los criterios esta blecidos por elTr i bunal Constitucional.

4.8 Plazo para resolver el recurso de apelación

Según el ar tículo 150º del Código Tributario, el Tr i bunal Fiscal r esolver á lasa pelaciones dentro del plazo de doce meses (12) meses contados a partir dela f echa de ingreso de los actuados al Tr i bunal.

Tratándose de la a pelación de r esoluciones emitidas como consecuencia de laa plic

a

ción de las normas de precios de tr

ansf er enci

a, el Tr i bun

al Fisc

al r esolver

á

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las a pelaciones dentro del plazo de dieciocho (18) meses contados a partir dela f echa de ingreso de los actuados al Tr i bunal.

Al respecto, la actual carga procesal del Tr i bunal Fiscal hace mater ialmenteim posi ble cum plir con los plazos antes mencionados.

4.9. Nulidad e insubsistencia de la resolución apelada:

El último párr af o del ar tículo 150º del Código Tributario señala que el Tri- bunal Fiscal no podrá pronunciarse sobre aspectos que, considerados en lar eclamación, no hubier an sido examinados y r esueltos en primera instancia;en tal caso declar ar á la nulidad e insubsistencia de la r esolución, r e poniendoel proceso al estado que corr es ponda.

En este sentido, como indica la RTF Nº 11921-4-2007, viola el derecho al de bido proceso el no emitir pronunciamiento sobre todos los extremos alegados.

No obstante ello, cabe preguntarse el mencionado ar tículo 150º se r ef ier e acualquier aspecto no examinado en la etapa de r eclamación, o si se r ef ier eúnicamente a los aspectos r elevantes. En este sentido, podría ocurrir que enef ecto, la Administración hubiese omitido pronunciarse sobre un reparo o unvalor expresamente im pugnado, en cuyo caso, que duda cabe, corr es ponder áque el Tr i bunal Fiscal declar e la nulidad e insubsistencia de la a pelada.

Sin embargo, también podría ocurrir que la a pelada omita pr onunciar serespecto de aspectos o argumentos irr elevantes, que no af ectan ni varían el pronunciamiento, en cuyo caso consideramos, no cabe declar ar la nulidad einsubsistencia de la venida en gr ado.

Así por e jemplo, en la

RTF 2234-4-2008, el Tr i bunal Fisc

al señ

aló que,

alhaberse declar ado la inadmisi bilidad del recurso de r eclamación no le corr es-

pondía a la Administración pronunciarse sobre los objetos de f ondo de la r er ecurr ente.

5. Resoluciones de cumplimiento Según el ar tículo 156º del Código Tributario, las r esoluciones del Tr i bunal Fiscal serán cum plidas por los f uncionar ios de la Administr ación.

En este sentido, ver if icado el incum plimiento, el Tr i bunal Fiscal deberá cur saroficio del hecho al Procurador del Ministerio de Economía y Finanzas, a ef ectosque r ealicen la respectiva denuncia penal por el presunto delito de r esistenciaa la autor idad.



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CAP. VIII

CAP. IX

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CAP. IV

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fIscAlIzAcIón y procedIMIento contencIoso trIbut ArIo

Anexos

RtF N° 408-4-2000

EXPEdIENtE N° : 3913-98 INtERESAdO : ASUNtO : Impuesto General a las

Ventas e Impuesto a laRenta

PROCEdENCIA : Amazonas FECHA : Lima, 12 de mayo del

2000

VIStA la apelación interpuesta por contra la Reso-

lución Zonal N° 295-4-00044 del 30 de ju-nio de 1998, expedida por la Oficina Zonal

Amazonas de la Superintendencia Nacionalde Administración Tributaria, que declaró in-admisible la reclamación que formuló contralas Resoluciones de Determinación N°s 294- 3-00483, 294-3-00484 y 294-3-00491, sobreImpuesto General a las Ventas e Impuesto ala Renta de 1995, e Impuesto General a lasVentas de enero a junio de 1996, y contralas Resoluciones de Multa N°s 294-2-02045a 294-2-02059, emitidas por la infracción ti-pificada en el numeral 1 del artículo 178° delCódigo Tributario.

CONSIdERANdO:

Que conforme lo previsto en el artículo 137°del Código Tributario aprobado por DecretoLegislativo N° 816, la reclamación se iniciarámediante escrito fundamentado, autorizadopor letrado en los lugares donde la defensafuera cautiva, adjuntando la Hoja de Informa-

ción Sumaria correspondiente y tratándosede reclamaciones contra Resoluciones deDeterminación o de Multa se presentará enel término improrrogable de 20 días hábilescomputados desde el día hábil siguiente aaquél en que se notificó el acto o resoluciónrecurrida;

Que de acuerdo al citado artículo cuando lasResoluciones de Determinación y de Multase reclamen vencido el mencionado término,deberá acreditarse el pago de la totalidad dela deuda tributaria que se reclama, actualiza-

da hasta la fecha de pago, o presentar cartafianza por dicho monto;

Que las Resoluciones de Determinación y deMulta impugnadas fueron notificadas al recu-rrente el 1 5 de abril de 1998, lo que signifi-ca que el plazo para interponer reclamacióncontra las mismas, sin que fuera necesarioacreditar el pago previo de la deuda tributa-ria reclamada o la presentación de una cartafianza, vencía el 14 de mayo del mismo año;

Que de acuerdo a lo señalado en el informe sustentatorio de la apelada, el 14 de mayo de 1998, a horas 6:48 p.m., fuera del horario deatención al público, ingresó vía fax el recur-so de reclamación contra los valores antesreferidos;

Que de conformidad con el artículo 60° delTexto Único Ordenado de la Ley de NormasGenerales de Procedimientos Administrati-vos aprobada por Decreto Supremo N° 002- 94-JUS, los interesados pueden remitir susescritos y peticiones por correo certificadoa la autoridad administrativa competente, laque consignará en su registro el número decertificado y la fecha de recepción;

Que si bien esta norma no se refiere expre-samente al fax, se le puede aplicar analó-gicamente, puesto que dicho sistema es unmedio técnico que cumple con la misma fina-lidad del correo certificado, enviando, a tra-vés de las vías de telecomunicación, un textoescrito desde un aparato a otro distante, elmismo que lo reproduce en forma idéntica al

original, emitiendo un reporte de la fecha yhora de transmisión;

Que no obstante ello, el escrito del recurren-te ingresó fuera del horario de atención alpúblico, lo que no se puede aceptar, puestoque implicaría otorgarle a los que tienen a sudisposición estos medios técnicos, un mayorderecho a los que no lo tienen, los que ten-drían que ceñirse al horario establecido; Que además, el Tribunal Fiscal ha estable-cido en la Resolución N° 540-2-97 del 13 de junio de 1997 que las notificaciones de los

actos de la Administración por intermedio delfax no son válidas cuando el mensaje es reci-

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bido mientras está cerrado el local del contri-buyente, debiendo ser similar el tratamientoque se le concede a ambas partes del proce-dimiento administrativo;

Que de lo expuesto se concluye que el recur-

so de reclamación fue presentado extempo-ráneamente;

Que el recurrente no ha acreditado el pagode la deuda impugnada, no obstante habersido requerido para tal efecto, conforme a loestablecido por el artículo 140° del referidoCódigo, por lo que la inadmisibilidad declara-da se encuentra arreglada a ley;

De acuerdo con el dictamen del Vocal Loza-no Byrne, cuyos fundamentos se reproduce;

Con los vocales Flores Talavera, León Pine-

do y Lozano Byrne. RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución Zonal N° 295-4- 00044 del 30 de junio de 1998.

REgí StRESE, COMUNíqUESE y dE-VUéLVASE a la Oficina Zonal de Amazonasde la Superintendencia Nacional de Adminis-tración Tributaria, para sus efectos.

EXPEdIENtE N° : 3913-98

dICtAMEN N° : 131 - Vocal Lozano Byrne INtERESAdO : ASUNtO : Impuesto General a las

Ventas e Impuesto a laRenta

PROCEdENCIA : Amazonas FECHA : Lima, 12 de mayo del

2000

Señor:

interpone recur-so de apelación contra la Resolución ZonalN° 295-4-00044 del 30 de junio de 1998,expedida por la Oficina Zonal Amazonas dela Superintendencia Nacional de Administra-ción Tributaria, que declaró inadmisible lareclamación que formuló contra las Resolu-ciones de Determinación N°s 294-3-00483, 294-3-00484 y 294-3-00491, sobre ImpuestoGeneral a las Ventas e Impuesto a la Rentade 1995, e Impuesto General a las Ventasde enero a junio de 1996, y contra las Re-soluciones de Multa N°s 294-2-02045 a 294- 2-02059, emitidas por la infracción tipificadaen el numeral 1 del artfculo 178° del CódigoTributario.


Manifiesta que el 14 de mayo de 1998, a ho -ras 6.48 p.m., es decir, fuera del horario deatención al público (que se extiende hasta las 4:30 p.m.), la recurrente ingresó vía fax el re-

curso de reclamación y una hoja sumaria, alArea Administrativa de la Oficina Zonal Ama-zonas; sin embargo, recién al día siguiente,a horas 11:05 a.m., presentó por vía regularante Mesa de Partes de la Oficina Zonal surecurso de reclamación, lo que resulta fueradel plazo de 20 días hábiles indicado en elartículo 137° del Código Tributario.

Argumentos del recurrente:

Alega que cumplió con lo dispuesto en el ar-tículo 137° del Código Tributario, pues la ley

no manifiesta la manera cómo debe presen-tarse el escrito fundamentando el reclamo nila Hoja de Información Sumaria, y el términode los 20 días hábiles termina recién a las 24 horas del día 14 de mayo de 1998 -últimodía del plazo para reclamar-, siendo su recla-mo interpuesto en dicha fecha, a horas 18:51mediante fax.

Asimismo, indica que con su escrito del 15de mayo de 1998 lo único que hizo fue ofre-cer más pruebas, amparado en lo dispuestoen el artículo 125° del Código Tributario, no

pudiendo considerarse que recién estabapresentando su reclamo.

Análisis:

Conforme a lo previsto en el artículo 1 37°del Código Tributario aprobado por DecretoLegislativo N° 816, la reclamación se iniciarámediante escrito fundamentado, autorizadopor letrado en los lugares donde la defensafuera cautiva, adjuntando la Hoja de Informa-ción Sumaria correspondiente. Tratándosede reclamaciones contra Resoluciones de

Determinación o de Multa se presentará enel término improrrogable de veinte (20) díashábiles computados desde el día hábil si-guiente a aquél en que se notificó el acto oresolución recurrida.

Cuando las Resoluciones de Determinacióny de Multa se reclamen vencido el mencio-nado término, deberá acreditarse el pago dela totalidad de la deuda tributaria que se re-clama, actualizada hasta la fecha de pago, opresentar carta fianza por dicho monto.

Asimismo, el artículo 140° del citado Códi-go dispone que la Administración Tributarianotificará al reclamante para que, dentro del



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término de quince (15) días hábiles, subsanelas omisiones que pudieran existir cuando elrecurso de reclamación no cumpla con losrequisitos para su admisión a trámite. Si nose efectúa la subsanación, se declarará inad-

misible la reclamación. En el presente caso, las Resoluciones deDeterminación y de Multa impugnadas fue-ron notificadas al recurrente con fecha 15 deabril de 1998, lo que significa que el plazopara interponer reclamación contra las mis-mas, sin que fuera necesario acreditar elpago previo de la deuda tributaria reclamadao la presentación de una carta fianza, vencíael 14 de mayo

De acuerdo a lo señalado en el informe quesustenta la apelada, el 14 de mayo de 1998,a horas 6:48 p.m., fuera del horario de aten-ción al público (que se extendía hasta las 4:30 p.m.), ingresó vía fax el recurso de re-clamación contra los valores antes referidos.

De conformidad con el artículo 60°del TextoÚnico Ordenado de la Ley de Normas Ge-nerales de Procedimientos Administrativosaprobada por Decreto Supremo N° 002-94-JUS, los interesados pueden remitir sus es-critos y peticiones por correo certificado a laautoridad administrativa competente, la que

consignará en su registro el número de certi-ficado y la fecha de recepción.

Si bien esta norma no se refiere expresamen-te al fax, se le puede aplicar analógicamente,puesto que dicho sistema es un medio téc-nico que cumple con la misma finalidad delcorreo certificado, enviando, a través de lasvías de telecomunicación, un texto escritodesde un aparato a otro distante, el mismoque lo reproduce en forma idéntica al origi-nal, emitiendo un reporte de la fecha y horade transmisión.

Sin embargo, en el caso de autos, el escri- to de la recurrente ingresó fuera del horario

de atención al público, lo que no se puedeaceptar, puesto que ello implicaría otorgarlea los que tienen a su disposición estos me-dios técnicos, un mayor derecho a los queno lo tienen, los que tendrían que tíeñirse al

horario establecido. Además, el Tribunal Fiscal ha establecido en la Resolución N° 540-2-97 del 13 de junio de 1997 que las notificaciones de los actos de la

Administración por intermedio del fax no sonválidas cuando el mensaje es recibido mien-tras está cerrado el local del contribuyente,debiendo ser similar el tratamiento que se leconcede a ambas partes del procedimientoadministrativo.

De lo expuesto se concluye que el recursode reclamación fue presentado extemporá-neamente.

El recurrente no ha acreditado el pago de ladeuda impugnada, no obstante haber sidorequerido para tal efecto, conforme a lo esta-blecido por el artículo 140° del referido Códi-go, por lo que la inadmisibilidad declarada seencuentra arreglada a ley.

Es del caso recordar que el artículo 124° dela Ley Orgánica del Poder Judicial -normaaplicable supletoriamente en materia tributa-ria, como se desprende de lo dispuesto en

la Norma IX del Título Preliminar del Códi-go Tributario-, referido a las actuaciones judiciales, señala que éstas se practican endías y horas hábiles, bajo pena de nulidad,lo que debe entenderse referido, en el casode horas hábiles, al horario de atención alpúblico.

Conclusión:

Por las razones expuestas, soy de opiniónque el Tribunal acuerde CONFIRMAR laResolución Zonal N° 295-4-00044 del 30 de

junio de 1998. Salvo mejor parecer.

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RtF N° 04684-3-2002

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EXPEdIENtE N° : 3968-02 INtERESAdO :

ASUNtO : QuejaPROCEdENCIA : Huacho FECHA : Lima, 16 de agosto de

2002

VIStA la queja interpuesta por contra la Oficina

Zonal Huacho de la Superintendencia Nacio-nal de Administración Tributaria, por no ha-ber emitido pronunciamiento respecto de surecurso de reclamación por nulidad de actocontra los Requerimientos N°s. 00092531 y

00059855. CONSIdERANdO:

Que la recurrente señala que el 22 de mayode 2002 interpuso recurso de reclamaciónalegando la nulidad de acto contra los Re-querimientos N°s. 00092531 y 00059855, yque la Administración Tributaria con fecha 17de julio del mismo año, procede a emitir elresultado del Requerimiento N° 00059855;

Que asimismo, agrega que el auditor ¡legal-mente resuelve su recurso de reclamación

dentro del resultado de Requerimiento, mos-trando un total desconocimiento del CódigoTributario, en tanto que la AdministraciónTributaria no tiene facultad para acumular unprocedimiento de fiscalización o verificacióncon un procedimiento de reclamación, ni pararesolver el recurso de reclamación dentro deun procedimiento de fiscalización;

Que además indica que con fecha 24 de juliode 2002, interpuso un recurso de reclama-ción por nulidad de acto contra el resultadode Requerimiento N° 00059885;

Que de conformidad con lo dispuesto por elartículo 155° del Texto Único Ordenado delCódigo Tributario aprobado por el DecretoSupremo N° 135-99-EF, procede presentarqueja cuando existan actuaciones o proce-dimientos que afecten directamente al con-tribuyente o infrinjan lo establecido en lascitadas normas;

Que en el presente caso, el quejoso preten-de cuestionar el resultado del RequerimientoN° 00059855 emitido por la Administración

Tributaria, señalando que mediante ese do-cumento se resuelve ¡legalmente su recurso

de reclamación por nulidad del acto del men-cionado Requerimiento;

Que el artículo 62° del mencionado CódigoTributario, establece que la facultad de fis-calización de la Administración Tributaria seejerce en forma discrecional, de acuerdo a loestablecido en el último párrafo de la NormaIV del Título Preliminar;

Que asimismo, el mismo artículo disponeque el ejercicio de la función fiscalizadora in-cluye la inspección, investigación y el controldel cumplimiento de obligaciones tributarias,incluso de aquellos sujetos que gocen deinafectación, exoneración o beneficios tribu-tarios; para tal efecto, dispone, entre otras, lafacultad de exigir a los deudores tributarios laexhibición de sus libros y registros contablesy documentación sustentatoria, los mismosque deberán ser llevados de acuerdo con lasnormas correspondientes, sólo en el casoque, por razones debidamente justificadas,el deudor tributario requiera un término paradicha exhibición, la Administración deberáotorgarle un plazo no menor de dos (2) díashábiles; finalmente, se estipula que tambiénpodrá exigir la presentación de informes yanálisis relacionados con hechos imponibles,exhibición de documentos y correspondenciacomercial relacionada con hechos que deter-minen tributación, en la forma y condicionessolicitadas, para lo cual la Administración de-berá otorgar un plazo que no podrá ser me-nor de tres (3) días hábiles;

Que de otro lado, el artículo 87° del referidoCódigo Tributario, establece que los deudo-res tributarios están obligados a facilitar laslabores de fiscalización y determinación que

realice la Administración Tributaria y en es-pecial deberán, entre otras, permitir el con-trol por la Administración Tributaria, asi comopresentar o exhibir, en las oficinas fiscaleso ante los funcionarios autorizados, segúnseñale la Administración, las declaraciones,informes, libros de actas, registros y libroscontables y demás documentos relacionadoscon hechos generadores de obligaciones tri-butarias, en la forma, plazos y condicionesque le sean requeridos, así como formularlas aclaraciones que le sean solicitadas;

Que de autos se advierte que el Requeri-miento N° 00059855, materia del presente



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procedimiento, fue emitido por la Administra-ción Tributaria al amparo de las normas cita-das en los considerandos anteriores;

Que el artículo 135° del mencionado CódigoTributario, establece que puede ser objeto de

reclamación, la resolución de determinación,la orden de pago, y la resolución de multa,igualmente, señala que también son reclama-bles la resolución ficta sobre recursos no con-tenciosos, las resoluciones que establezcansanciones de comiso de bienes, internamien-to temporal de vehículos y cierre temporal deestablecimiento u oficina de profesionalesindependientes, así como las resolucionesque sustituyan a esta última y al comiso, ylos actos que tengan relación directa con ladeterminación de la deuda tributaria;

Que como se advierte, los requerimientos asícomo sus resultados no constituyen actos re-clamables; en ese sentido, la Administración

Tributaria al no haber emitido pronuncia-miento al respecto no ha infringido procedi-miento legal alguno, toda vez que el procesode fiscalización o verificación culmina con lacorrespondiente emisión de la resolución de

determinación, resolución de multa u ordende pago, según sea el caso, de acuerdo conel artículo 75° del mencionado Código Tribu-tario; y son dichos valores los que puedenser objeto de impugnación;

Con las vocales León Pinedo y BarrantesTakata, e interviniendo como ponente el vo-cal Arispe Villagarcía.

RESUELVE:

Declarar INFUNdAdO el recurso de queja.

Regístrese, comuníquese y remítase a la Ofi-cina Zonal Huacho de la SuperintendenciaNacional de Administración Tributaria, parasus efectos.

RtF N° 06225-4-2003


INtERESAdO : ASUNtO : Impuesto General a las

Ventas PROCEdENCIA : Huánuco FECHA : Lima, 29 de octubre de

2003

VIStA la apelación interpuesta por contra la Resolu-

ción de Oficina Zonal N° 196-4-00728 del 16de enero de 2003, emitida por la Oficina Zo-nal Huánuco de la Superintendencia Nacio-nal de Administración Tributaria, que declaróinadmisible el reclamo formulado contra laOrden de Pago N° 193-01-0010463 sobreImpuesto General a las Ventas del mes desetiembre de 2002.

CONSIdERANdO:

Que el recurrente señala que en el presen-te caso resulta aplicable lo dispuesto en elsegundo párrafo del artículo 136- del CódigoTributario, toda vez que existen circunstan-cias que evidencian que la cobranza podríaser improcedente, no siendo exigible el pagoprevio de la deuda impugnada a efecto de

admitir a trámite su recurso de reclamación,

toda vez que ha presentado declaración recti-ficatoria con fecha 26 de noviembre de 2002,en mérito a lo previsto en el artículo 88a delcitado Código, por lo que no adeuda tributoalguno por el mes de setiembre de 2002;

Que por su parte, la Administración manifies-ta que de conformidad con lo dispuesto porel artículo 119° del Código antes citado, dadoque no se han presentado circunstanciasque evidencien que la cobranza podría serimprocedente, el recurrente no cumplió con

efectuar el pago previo de la totalidad de ladeuda tributaria, por lo que no se ha verifica-do el cumplimiento de uno de los requisitospara admitir a trámite el recurso de reclama-ción interpuesto;

Que asimismo, refiere que en virtud a loestablecido por el artículo 140° del CódigoTributario, notificó al recurrente con el Re-querimiento Ng 123-2002-SUNAT/IK-1040,solicitando adjunte la constancia de pagoprevio de la deuda tributaria impugnada sinque el recurrente haya cumplido con subsa-nar la omisión de dicho requisito en el pla-zo otorgado, por lo que procedió a declarar

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inadmisible el recurso de reclamación inter-puesto;

Que de los actuados se tiene que la Admi-nistración, mediante la apelada, declaró lainadmisibilidad del reclamo interpuesto por el

recurrente contra la Orden de Pago N6 193- 01-0010463, al haber presentado el mismosin acreditar el pago previo de la deuda tri-butaria contenida en dicho valor, no obstantehaber vencido el plazo de quince (15) díashábiles otorgado para estos efectos median-te Requerimiento Ne 123- 2002-SUNAT/IK- 1040 notificado el 29 de noviembre de 2002;

Que si bien de conformidad con lo estable-cido en los artículos 136° y 140° del TextoÚnico Ordenado del Código Tributario apro-bado por Decreto Supremo Na 135-99-EF,

correspondía a la Administración verificarlos requisitos de admisibilidad a efecto deadmitir a trámite el recurso formulado, el re-currente a la fecha de emisión de la apeladahabía presentado declaración rectificatoriamediante la que determinó un crédito fiscalmayor y por tanto, la inexistencia de la deudaoriginalmente declarada, lo que podía evi-denciar la existencia de circunstancias quehicieran que la deuda resultara improceden-te, aspecto que no ha sido merituado por laAdministración, lo que evidenciaría una nuli-

dad e ¡nsubsistencia de la apelada; Que no obstante lo expuesto, contando enesta instancia con todos los elementos pararesolver, por economía procesal procedeemitir pronunciamiento sobre el fondo de lacontroversia;

Que la Orden de Pago impugnada fue emi-tida sobre la base de la declaración juradamensual presentada por el recurrente me-diante Formulario 621 Na 86220873 de fe-cha 16 de octubre de 2002 por el Impuesto

General a las Ventas del mes de setiembrede 2002 (folios 38 a 43), en la cual el re-currente consignó como ventas gravadasla suma de S/.145,720.00 y un tributo deS/,26,230.00, compras netas nacionalesmixtas por S/.35,455.00 y un crédito fiscalde S/.3,272.00, determinando un tributo porpagar de S/.22,958.00, sin que el recurrentehaya efectuado pago alguno por el referidoconcepto;

Que de conformidad con el numeral 1 del artí-culo 78° del Código Tributario, procede emitir

órdenes de pago por tributos autoliquidadospor el deudor tributario, por lo que la Orden

de Pago, materia de autos, fue en su momen-to válidamente emitida, por los tributos autoli-quidados y no pagados por el recurrente; Que no obstante ello, según se desprendedel registro informático del Formulario 621

Na 86223577 que obra en autos (folios 44 a 49), el 25 de noviembre de 1995 el recurrentepresentó declaración rectificatoria por el Im-puesto General a las Ventas del mes de se-tiembre de 2002, en la que aumentó la baseimponible de las compras netas nacionalesmixtas a S/.329,030.00 y el crédito fiscal aS/.30,365.00, determinando así un saldo afavor de S/.4,135.00; Que de acuerdo al artículo 88° del precita-do Código, modificado por Ley N° 27355,vencido el plazo para la presentación de la

Declaración Jurada puede presentarse unadeclaración rectificatoria, la misma que sur-tirá efecto con su presentación siempre quedetermine igual o mayor obligación y que encaso contrario, surtirá efecto si en un plazode sesenta (60) días hábiles siguientes a lapresentación de la declaración rectificatoria,la Administración no emitiera pronunciamien-to sobre la veracidad y exactitud de los datoscontenidos en dicha declaración rectificato-ria, sin perjuicio del derecho de la Adminis-tración de efectuar la verificación o fiscaliza-

ción posterior que corresponda en ejerciciode sus atribuciones; Que este Tribunal, mediante Proveído Na 00537-4-2003 del 2 de julio de 2003, reiterado mediante Proveído Na 00739-4-2003del 24 de setiembre de 2003, solicitó a la

Administración informe si la declaración rec-tificatoria presentada por el recurrente confecha 25 de noviembre de 2002, antes cita-da, ha sido materia de pronunciamiento porparte de la Administración, de conformidadcon lo previsto en el artículo 88s del Códi-

go Tributario, siendo que mediante Oficio Na 353-2003-SUNAT-2R1000, recibido por esteTribunal el 28 de octubre de 2003, la referidaentidad indica que la citada declaración recti-ficatoria no ha sido validada; Que estando a lo informado por la Adminis-tración y teniendo en cuenta el criterio esta-blecido en la Resolución del Tribunal FiscalNa 206-4-2001, que constituye jurispruden-cia de observancia obligatoria, que estableceque habiendo vencido el indicado plazo desesenta (60) días, sin que la Administración

haya realizado la verificación correspondien-te, la rectificatoria presentada por el recu-



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rrente surtió efectos, por lo que procede queen aplicación del principio de economía pro-cesal, se deje sin efecto la Orden de PagoNa 193-01-0010463, sin perjuicio que la Ad-ministración efectúe la verificación o fiscali-

zación posterior; Con las vocales Flores Talavera, MárquezPacheco y Caller Ferreyros, a quien se llamópara completar Sala, e interviniendo comoponente la vocal Flores Talavera.

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución de Oficina ZonalN° 196-4-00728 del 16 de enero de 2003, de-biendo dejarse sin efecto la Orden de PagoN° 193-01-0010463.

Regístrese, comuníquese y remítase a la Ofi-cina Zonal Huánuco de la SuperintendenciaNacional de Administración Tributaria, parasus efectos.

RtF N° 03590-6-2003

EXPEdIENtE N° : 2003002792 INtERESAdO : ASUNtO : Impuesto a los Juegos

Pimball PROCEdENCIA : Santiago de Surco - Lima FECHA : Lima, 25 de junio de

2003


ción Jefatural N° 4725-2002- OR-MSS emi-

tida el 04 de setiembre de 2002 por la Muni-cipalidad de Santiago de Surco, que declaróimprocedente la reclamación formulada con-tra las Resoluciones de Determinación Nas. 00025-IMP-2002- UIT-OR-MSS, 00026-IMP- 2002-UIT-OR-MSS y 00027-IMP-2002-UIT-OR-MSS giradas por Impuesto a los JuegosPimball correspondiente a los años 2000, 2001 y 2002.

CONSIdERANdO:

Que de la documentación que corre en au-

tos se observa que la recurrente con fecha 15 de agosto de 2002, interpuso recursode reclamación contra las Resoluciones deDeterminación Nas. 00025-IMP-2002- UIT-OR-MSS, 00026-IMP-2002-UIT-OR-MSS y 00027-IMP-2002-UIT-OR-MSS giradas porImpuesto a los Juegos Pimball correspon-diente a los años 2000, 2001 y 2002;

Que la Municipalidad de Santiago de Surcomediante la Resolución Jefatural N° 4725- 2002-OR-MSS de 04 de setiembre de 2002,declaró improcedente la reclamación pre-sentada contra los referidos valores, la mis-ma que fue apelada por la recurrente con el

escrito presentado de fecha 22 de octubre de 2002;

Que a través del Oficio N° 113-2003-SG-MSS de 06 de febrero de 2003, la Municipali-dad de Santiago de Surco elevó el expedien-te de apelación al Servicio de AdministraciónTributaria de la Municipalidad Metropolitanade Lima para su resolución;

Que dicha instancia, a su vez, mediante el Oficio N° 04-90-00000866 de 03 de junio de

2003, dirigido al Tribunal Fiscal, señaló quedesde la entrada en vigencia de la Ley Or-gánica de Municipalidades aprobada por laLey N° 27972, vigente desde el 28 de mayode 2003, no se encuentra regulada la com-petencia de la municipalidad provincial parapronunciarse respecto de las resolucionesemitidas por las municipalidades distritalesen los recursos de reclamación sobre ma-teria tributaria, motivo por el cual remitió elreferido expediente a este Tribunal para suresolución;

Que en el presente caso corresponde de-terminar si las municipalidades provinciales,desde la entrada en vigencia de la nueva LeyOrgánica de Municipalidades, Ley Na 27972,son competentes para resolver los recursosde apelación contra las resoluciones emitidaspor las municipalidades distritales en los pro-cedimientos contenciosos y, de ser el caso,el trámite a seguir en el caso de recursos deapelación que hubieren sido presentadosdurante del vigencia de la Ley Orgánica deMunicipalidades, Ley N® 23853;

Que la competencia de las municipalidadesprovinciales desde la vigencia de la Ley Or-

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gánica de Municipalidades, Ley Na 27972, essusceptible de dos interpretaciones: (i) unaprimera según la cual las municipalidadesprovinciales continúan siendo competentespara resolver las apelaciones de resolucionesemitidas por las municipalidades distritalesdentro del procedimiento contencioso, y (ii)una segunda que considera que desde la en-trada en vigencia de la nueva Ley Orgánicade Municipalidades, Ley N° 27972, el TribunalFiscal es el órgano competente para conocerlas apelaciones formuladas contra las resolu-ciones emitidas por las municipalidades distri-tales dentro del procedimiento contencioso;

Que la segunda interpretación es la que hasido adoptada por este Tribunal mediante

Acta de Reunión de Sala Plena N° 2003-12

de fecha 24 de junio de 2003, acordándoseque “Desde la entrada en vigencia de la LeyOrgánica de Municipalidades, Ley N9 27972,el Tribunal Fiscal es el órgano competentepara conocer las apelaciones formuladascontra las resoluciones emitidas por las mu-nicipalidades distritales dentro del procedi-miento contencioso, toda vez que dicha nor-ma suprimió el texto del artículo 96°de la LeyOrgánica de Municipalidades Ne 23853”;

Que el mencionado criterio ha sido adop-tado por este Tribunal por los fundamentos

siguientes: “De conformidad con lo establecidoen el artículo 96°1 de la derogada LeyOrgánica de Municipalidades, Ley Na 23853, concordado con el artículo 124°del Código Tributario, para el caso deprocedimientos contenciosos iniciadosante las municipalidades distritales,las instancias competentes eran las si-guientes:

- Primera instancia vía reclama-

ción: Municipalidad Distrital. - Segunda instancia vía apelación: Municipalidad Provincial.

1 Artículo 96° de la Ley Orgánica de Municipalidades, en

adelante LOM, aprobado por la Ley N° 23853: “Las reclamaciones sobre materia tributaria que inter -

pongan individualmente los contribuyentes se rigen por

las disposiciones del Código Tributario. Corresponde al Alcalde Provincial o Distrital, en su

caso, expedir la Resolución en primera instancia.

Contra la Resolución del Alcalde Provincial procede elrecurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Cuando laResolución se expida por un Alcalde Distrital, antes de

recurrirse al Tribunal Fiscal, debe agotarse el recurso jerárquico correspondiente ante el Alcalde Provincial

respectivo.”

- Tercera instancia vía apelación: Tribunal Fiscal.

Con la entrada en vigencia de la nue-va Ley Orgánica de Municipalidades,Ley N° 27972, se suprime el texto del

artículo 96°de la anterior Ley Orgánicade Municipalidades, estableciéndoseque el sistema tributario de las muni-cipalidades se rige por la ley especialy el Código Tributario. Ello implica laeliminación de la norma que en formaexpresa regulaba la relación de jerar-quía entre la municipalidad distrital yprovincial para el caso específico de lasimpugnaciones en materia tributaria.

En el artículo 124° de la nueva Ley Orgá-

nica de Municipalidades, que en generalregula la relación entre las municipalida-des, se establece que “Las relacionesque mantiene las municipalidades entreellas, son de coordinación, de coopera-ción o de asociación para la ejecuciónde obras o prestación de servicios. Sedesenvuelven con respeto mutuo desus competencias y gobierno”.

En tal sentido, la nueva Ley Orgánicade Municipalidades, a diferencia de laLey Na 23853, no establece relación

de jerárquica entre las municipalidadesprovinciales y distritales, y en el casoespecífico del procedimiento conten-cioso tributario, no prescribe expresa-mente que las apelaciones de las re-soluciones expedidas por estas últimasson competencia de los municipalida-des provinciales como vía previa pararecurrir al Tribunal Fiscal, última instan-cia en sede administrativa.

De otro lado, el artículo 61° de la Ley

del Procedimiento Administrativo Ge-neral, Ley Ns 27444 dispone que “Lacompetencia de las entidades tiene sufuente en la Constitución y en la ley, yes reglamentada por las normas admi-nistrativas que de aquéllas se deriven”.

Teniendo en cuenta que en el CódigoTributario, ni en la Ley del Procedi-miento Administrativo General, se haestablecido que las municipalidadesprovinciales sean una instancia re-solutoria previa al Tribunal Fiscal, las

etapas dentro del procedimiento con-tencioso conforme con lo dispuesto en



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el artículo 124° del Código Tributario2,son las siguientes:

- Primera instancia vía reclama-ción: Municipalidad Distrital.

- Segunda instancia vía apelación: Tribunal Fiscal.

En conclusión, el Tribunal Fiscal es elórgano resolutor, en segunda y últimainstancia administrativa, respecto delas apelaciones que sean presentadascontra las resoluciones emitidas por lasmunicipalidades distritales dentro deun procedimiento contencioso”;

Que en consecuencia, no siendo competen-tes las municipalidades provinciales para re-solver los recursos de apelación que se inter-

pongan contra las resoluciones emitidas porlas municipalidades distritales en los proce-dimientos contenciosos, en el caso de autoscorresponde emitir pronunciamiento acercadel trámite a seguir respecto del recurso deapelación presentado por la recurrente confecha 22 de octubre de 2002, esto es, antesque entrara en vigencia la nueva Ley Orgáni-ca de Municipalidades, Ley N° 27972;

Que el trámite a seguir en el caso de recursosde apelación que hubieren sido presentadosdurante la vigencia de la Ley Orgánica de

Municipalidades, Ley N° 23853, constituye untema que también es susceptible de dos in-terpretaciones: (i) una primera según la cuallas apelaciones formuladas contra resolucio-nes emitidas por las municipalidades distrita-les dentro de un procedimiento contenciosoy que se encontrasen en trámite a la fechade entrada en vigencia de la Ley Orgánica deMunicipalidades, Ley Nfi 27972, deben ser re-sueltas por el Tribunal Fiscal, no siendo com-petentes las municipalidades provinciales, y(ii) una segunda que considera que las apela-

ciones formuladas contra resoluciones emiti-das por las municipalidades distritales dentrode un procedimiento contencioso y que seencontrasen en trámite a la fecha de entradaen vigencia de la Ley Orgánica de Municipa-lidades, Ley Nfi 27972, deben ser resueltaspor las municipalidades provinciales;

2 Si bien es cierto que el segundo párrafo del artículo 124° del Código Tributario vigente, señala que las reso-

luciones de reclamos expedidas por un órgano someti -

do a jerarquía deberán apelarse ante el superior jerár -

quico antes de recurrir al Tribunal Fiscal, lo hace para

regular aquellos casos en los que la norma especialasí lo establece, lo que se daba cuando se encontrabavigente el artículo 96° de la Ley N° 23853.

Que la segunda interpretación ha sido adop-tada por este Tribunal mediante Acta de Re-unión de Sala Plena N° 2003-12 de fecha 24 de junio de 2003, acordándose que: “Lasapelaciones formuladas contra resoluciones

emitidas por las municipalidades distritalesdentro de un procedimiento contencioso yque se encontrasen en trámite a la fechade entrada en vigencia de la Ley Orgánicade Municipalidades, Ley NB 27972, debenser resueltas por las municipalidades pro-vinciales”;

Que el mencionado criterio ha sido adop-tado por este Tribunal por los fundamentossiguientes:

“Conforme con el artículo 103B de laConstitución Política de 1993 ningunaley tiene fuerza ni efecto retroactivos,salvo en materia penal, cuando favore-ce al reo y que de acuerdo con lo con-sagrado en la Norma IX del Código Tri-butario, en lo no previsto por el Códigoo en otras normas tributarias puedenaplicarse normas distintas a las tributa-rias siempre que no se les opongan nilas desnaturalicen.

En virtud de ello, resulta de aplicaciónsupletoria las disposiciones del Código

Civil, promulgado por el Decreto Le-gislativo NB 295 y el Código ProcesalCivil cuyo Texto Único Ordenado fueaprobado por Resolución Ministerial N° 010-93-JUS.

Sobre el particular, la norma III del Títu-lo Preliminar del Código Civil en concor-dancia con el artículo 103° de la Cons-titución Política del Perú dispone quela ley se aplica a las consecuencias delas relaciones o situaciones jurídicasexistentes no teniendo fuerza ni efec-

tos retroactivos, salvo las excepcionesprevistas en la Constitución, lo que endoctrina se conoce como teoría de loshechos cumplidos, consagrándose deeste modo el principio de aplicación in-mediata de la norma.

En ese orden de ¡deas, la SegundaDisposición Complementaria y Finaldel Código Procesal Civil, estableceque las normas procesales son de apli-cación inmediata, incluso al procesoen trámite. Sin embargo, dicha norma

establece una excepción, en el sentidoque continuarán rigiéndose por la nor-

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ma anterior las reglas de competencia,los medios impugnatorios interpuestos,los actos procesales con principio deejecución y los plazos que hubierenempezado3 4.

Los recursos de apelación a que nosreferimos en la presente, son aquellosque se presentaron cuando el artículo 96° de la Ley Orgánica de Municipali-dades, Ley N3 23853, tenía plena vi-gencia y no había sufrido modificatoriaalguna. Es decir, aquellos recursos quea la fecha de vigencia de la nueva LeyOrgánica de Municipalidades, Ley Nfi 27972, y por consiguiente de la supre-sión del artículo 96° de la ley anterior,se encontraban pendientes de reso-

lución ante las municipalidades pro-vinciales o ante el Tribunal Fiscal porhaber sido elevados directamente porlas municipalidades distritales, cuandoéstos últimos debieron ser elevadospreviamente a las municipalidadesprovinciales. También se incluyen losrecursos de apelación que a la fechade vigencia de la citada ley, están pen-dientes de elevación por parte de lasmunicipalidades distritales.

En tales casos, resulta aplicable la ex-

cepción de las reglas de competencia ylos medios impugnatorios prevista en laSegunda Disposición Final del CódigoProcesal Civil y, en consecuencia, co-rresponde a las municipalidades provin-ciales resolver las apelaciones formula-das contra resoluciones emitidas porlas municipalidades distritales dentrode un procedimiento contencioso y quese encontrasen en trámite a la fecha deentrada en vigencia de la Ley Orgánicade Municipalidades, Ley Ns 27972.”

3 Añade el primer párrafo de la Quinta Disposición Transi -

toria del Código Procesal Civil que: “Com o excepción a lodispuesto en la Segunda Disposición Final, los procesos

iniciados antes de la vigencia de este Código, continua-

rán su trámite según las normas procesales con las cua-les se iniciaron” . Situación que corrobora la aplicación de

las excepciones referidas en el párrafo precedente. 4 Sobre el particular, cabe citar a Devls Echeandía, autor

que si bien reconoce que las normas procesales sonaplicables a los procedimientos en trámite, restringe su

aplicación cuando señala que “si la nueva ley cambia

el efecto de la apelación (.....) pero la apelación había

sido interpuesta (.....), el proceso debe continuar y la

apelación surte efectos”. ECHEANDIA, Devis, Teoría

General del Proceso. T-I, Editorial Universidad, Bs. Ai -

res, pág. 64.

Que en aplicación del criterio expuesto, pro-cede que al recurso de apelación formula-do contra la Resolución Jefatural N° 4725- 2002-OR-MSS presentado el 22 de octubrede 2002, se le aplique la excepción de lasreglas de competencia y los medios impug-natorios prevista en la Segunda DisposiciónFinal del Código Procesal Civil y, en con-secuencia, corresponde al Servicio de Ad-ministración Tributaria de la MunicipalidadMetropolitana de Lima resolver el referidorecurso de apelación;

Que es preciso anotar que el mencionadocriterio varía el establecido por las Resolu-ciones Nss. 70-1-99, 29-499 y 55-2-99, se-gún las cuales las normas procesales, sinexcepción alguna, son aplicables a los pro-

cedimientos en trámite; Que conforme al Acta de Reunión de Sala Plena N° 2003-12 de fecha 24 de junio de 2003, los criterios adoptados se ajustan a lo establecido por el artículo 154° del CódigoTributario, por lo que corresponde que seemita una resolución con carácter de obser-vancia obligatoria, disponiéndose su publica-ción en el Diario Oficial El Peruano;

Que asimismo, cabe indicar que los criteriosadoptados tienen carácter vinculante paratodos los vocales de este Tribunal, conformecon lo dispuesto por el Acta de Reunión deSala Plena N9 2002-10 del 17 de septiembrede 2002, con base a la cual se emite la pre-sente resolución;

Con los vocales Huamán Sialer y CallerFerreyros a quien llamaron para completarSala, e interviniendo como ponente la vocalMuñoz Garcfa;

RESUELVE:

1.- Declarar NULO EL CONCESORIO deapelación interpuesto contra la Resolu-ción Jefatural N° 4725- 2002-OR-MSSde 04 de septiembre de 2002, debien-do remitirse los autos al Servicio de

Administración Tributaria de la Munici-palidad Metropolitana de Lima para suresolución.

2.- Declarar de acuerdo con el artículo 154° del Texto Único Ordenado del Có- digo Tributario aprobado por DecretoSupremo Na 135-99-EF, la presenteresolución constituye precedente de

observancia obligatoria, disponiéndo-se su publicación en el Diario Oficial



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El Peruano, en cuanto establece lossiguientes criterios:

“Desde la entrada en vig encia de laLey Orgánic a de Mun icip alidades,Ley NB 27972, el Tribun al Fiscal es

el órgano com petente para cono cerlas apelac iones fo rmuladas co ntralas resoluc iones emit idas por lasmunic ipal idades dist r i ta les dentrodel procedim iento contenc io so, todavez que dicha norma su prim ió el tex-to del arti cu lo 96°de la Ley Orgáni cade Munic ipal idades Ns23853”.

“Las apelac iones form uladas contraresoluc iones emit idas por las m uni-cipal idades distr i tales dentro de unprocedimiento contencioso y quese enc on trasen en trám ite a la fecha

de entrada en v igencia de la Ley Or-gánic a de Mun icip alidades , Ley Ns 27972, deben ser resueltas po r lasmunic ipal idades provinciales”.

Regístrese, comuníquese y remítase al Ser-vicio de Administración Tributaria de la Mu-nicipalidad Metropolitana de Lima, para susefectos.

RtF N° 06503-2-2004

EXPEdIENtE N° : 4364-2004 INtERESAdO : ASUNtO : Aportaciones al Seguro

Social de Salud y otros PROCEdENCIA : Lima FECHA : Lima, 31 de agosto de

2004

VIStA la apelación interpuesta por S.A., contra la Re-solución de Intendencia N° 0150150000272,emitida el 15 de abril de 2004 por la Inten-dencia de Principales Contribuyentes Na-cionales de la Superintendencia Nacionalde Administración Tributaria, que declaróinadmisible el recurso de apelación formu-lado contra la Resolución de Intendencia l\P 015-01-50000199, que declaró inadmisiblela apelación interpuesta contra la Resolu-ción de Intendencia N° 0150150000160,

que declaró inadmisible la apelación formu-lada contra la Resolución de IntendenciaN° 0150150000049, que declaró inadmisiblela apelación interpuesta contra la Resoluciónde Intendencia N° 015-4-16146, que a su vezdeclaró inadmisible el recurso de reclama-ción presentado contra las Órdenes de PagoNss. 011-01- 0092816 a 011-01-0092819 gi-radas por Aportaciones al Sistema Nacionalde Pensiones y al Seguro Social de Salud,por Impuesto Extraordinario de Solidaridad eImpuesto a la Renta - Retenciones de quintacategoría, correspondientes a noviembre de 2002.

CONSIdERANdO:

Que la recurrente sostiene que el CódigoTributario establece que cuando medien cir-cunstancias que evidencien que la cobranzapodría ser improcedente, la Administraciónpodrá disponer la suspensión de la cobranza;

Que agrega que la Resolución de Intenden-cia Ns 0150150000272, declaró la inadmisi-bilidad de lo solicitado por una formalidad,sin haberse pronunciado sobre el fondo dela controversia;

Que la Administración Tributaria señala quela recurrente interpuso recurso de apelacióncontra la Resolución de Intendencia Na 015- 01-50000199 sin presentar el escrito debida-mente autorizado por letrado, por lo que leemitió el Requerimiento Ng 0150550001798,mediante el cual le solicitó que cumpla consubsanar dicho requisito en el plazo de 15

días hábiles, no obstante transcurrido dichoplazo, la recurrente no cumplió con lo solici-tado por lo que procedió a declarar la inadmi-sibilidad del recurso interpuesto;

Que de conformidad con el artículo 146s delTexto Único Ordenado del Código Tributarioaprobado por Decreto Supremo N2 135-99-EF, modificado por el Decreto Legislativo Na 953, la apelación de la resolución ante el Tri-bunal Fiscal deberá formularse dentro de losquince (15) días hábiles siguientes a aquél

en que se efectuó su notificación, medianteun escrito fundamentado y autorizado por le-trado en los lugares donde la defensa fuera

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cautiva, el cual deberá contener el nombredel abogado que lo autoriza, su firma y nú -mero de registro hábil, y que asimismo, sedeberá adjuntar al escrito, la hoja de informa-ción sumaria correspondiente, de acuerdo alformato que hubiera sido aprobado medianteResolución de Superintendencia;

Que el segundo párrafo de dicho artículo pre-cisa que la Administración Tributaria notifica-rá al apelante para que dentro del término dequince (15) días hábiles subsane las omisio-nes que pudieran existir cuando el recursode apelación no cumpla con los requisitospara su admisión a trámite;

Que de autos se aprecia que mediante la Re-solución de Intendencia N9 0150150000272se declaró inadmisible el recurso de ape-

lación interpuesto contra la Resolución deIntendencia Ne 015-01-50000199, debido aque la Administración consideró que la recu-rrente no cumplió con el requisito de presen-tación del escrito autorizado por letrado;

Que de la revisión de la documentación queobra en el expediente (folio 133) se tieneque si bien en el escrito de apelación inter-puesto por la recurrente sólo se consigna elnombre y el número de registro del Colegiode Abogados de Lima del abogado Dante

Aguilar Onofre, en la Hoja de InformaciónSumaria presentada conjuntamente condicho escrito sí se consignó el nombre, nú-mero de registro de Colegio de Abogados deLima y la firma de Dante Aguilar Onofre, porlo que carece de sustento la inadmisibilldaddeclarada por la Resolución de IntendenciaN° 0150150000272, procediendo revocar laapelada;

Que en tal sentido, al haberse revocado lainadmisibilidad declarada por la Resoluciónde Intendencia N° 0150150000272 procede

emitir pronunciamiento respecto de la inad-misibilidad declarada por Resolución de In-tendencia N° 015-01-50000199;

Que la referida resolución de intendenciadeclaró inadmisible el recurso de apelaciónformulado contra la Resolución de Intenden-cia N° 0150150000160, debido a que la recu-rrente no acompañó el escrito de apelación,el poder vigente y suficiente que acreditasea Oscar como represen-tante legal, pese a habérsele notificado el 6 de enero de 2004 con el Requerimiento

N° 0150550001348, otorgándole el plazo de 15 días hábiles para tal efecto;

Que del escrito de apelación presenta-do contra la Resolución de Intendencia Na 0150150000160 se puede apreciar que endicho documento se consignó el nombre yfirma de Augusto gerente general de la recu-rrente (folios 115 a 117);

Que al respecto, el artículo 23° del TextoÚnico Ordenado del Código Tributario apro-bado por Decreto Supremo N9 135-99-EF,establece que para presentar declaracio-nes, escritos, interponer medios impugnati-vos o recursos administrativos, desistlrse orenunciar a derechos, la persona que actúeen nombre del titular deberá acreditar surepresentación, mediante poder por docu-mento público o privado con firma legalizadanotarialmente o por fedatario designado por

la Administración Tributaria, y que la falta oinsuficiencia del poder no impedirá que setenga por realizado el acto de que se trate,cuando la Administración Tributaria puedasubsanarlo de oficio, o en su defecto, el deu-dor tributario acompañe el poder o subsaneel defecto dentro del término de quince (15)días hábiles que deberá conceder para esteefecto la Administración Tributaria;

Que de conformidad con el último párrafo delartículo 14° de la Ley General de Socieda -des, Ley N° 26887, el gerente general o los

administradores de la sociedad, según seael caso, gozan de las facultades generales yespeciales de representación procesal seña-ladas en el código de la materia por el solomérito de su nombramiento, salvo estipula-ción en contrario del estatuto;

Que a folios 1 y 2, y 90 a 92 obran copiasde las Partida Registral N- 11053335 sobreconstitución y nombramiento de mandata-rios de la recurrente, mediante las cuales senombró a Augusto como gerente general dela recurrente y además se le otorgó las facul-tades de representación establecidas en losartículos 749 y 75a del Código Procesal Civil,es decir, tanto de las facultades generalescomo las especiales de representación;

Que en tal sentido procede revocar la inad-misibilldad declarada por la Resolución deIntendencia Nfi 015- 01-50000199 al carecerésta de sustento y en consecuencia analizarsi la inadmisibilidad declarada por la Resolu-ción de Intendencia Nfi 0150150000160 seencuentra conforme a ley;

Que la Resolución de Intendencia Na 0150150000160 declaró Inadmisible la ape-



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lación formulada contra la Resolución de In-tendencia N° 0150150000049, debido a quela recurrente presentó el escrito de apelacióncontra la citada resolución de intendencia ex-temporáneamente y sin acreditar poder sufi-

ciente y vigente de Augusto no obstante haberle otorgado elplazo de 15 días para que subsane dichasomisiones mediante la notificación del Re-querimiento N° 0150550000795;

Que respecto al extremo del requerimientoreferido al poder vigente de Augusto

es preciso indicar que tal como seha señalado en la presente resolución, almomento de emitir pronunciamiento la Admi-nistración Tributaria contaba con los elemen-tos suficientes para determinar que como

gerente general de la recurrente tenía elpoder suficiente para interponer los recursosimpugnativos correspondientes, por lo queprocedería revocar la Resolución de Inten-dencia N° 0150150000160 en este extremo;

Que no obstante, a folio 99 obra la copia dela constancia de notificación de la Resoluciónde Intendencia N° 0150150000049, en la quese consigna como fecha de notificación el 12de agosto de 2003;

Que al respecto cabe señalar que según lo

dispuesto por el citado artículo 146a del Có-digo Tributario, la apelación ante el TribunalFiscal deberá formularse dentro de los 15días hábiles siguientes a aquel en que seefectuó su notificación, por lo que la apela-ción presentada por la recurrente el 5 de se-tiembre de 2003 resulta extemporánea;

Que la Administración Tributaria en aplica- ción del segundo párrafo del artículo 1469

del citado código notificó el RequerimientoN° 0150550000795 el 7 de octubre de 2003a la recurrente a efecto que en el plazo de 15 días cumpla con acreditar el pago de latotalidad de la deuda tributaria actualizada a

la fecha de pago, o carta fianza bancaria o fi-nanciera por el monto de la deuda actualiza-da hasta por 6 meses posteriores a la fechade interposición de la apelación, respecto delas Órdenes de Pago Nas. 011-01- 0092816a 011 -01 -0092819 (folio 100);

Que sin embargo, transcurrido dicho plazo larecurrente no cumplió con lo solicitado por loque la inadmisibilidad declarada por la Re-solución de Intendencia Na 0150150000160,se encuentra conforme a ley, procediendo ental sentido confirmarla;

Que finalmente, el informe oral solicitado porla recurrente, no se realizó por inasistenciade ambas partes a pesar de haber sido notifi-cados según se aprecia a folios 161 y 163;

Con las vocales Zelaya Vidal y Caller Ferre-yros, a quien llamaron para completar Sala,e interviniendo como ponente la vocal Espi-noza Bassino.

RESUELVE:

REVOCAR las Resoluciones de Intenden-

cia N°s. 0150150000272 del 15 de abril de 2004 y 015-01- 50000199 del 30 de enerode 2004.

CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 0150150000160 del 28 de noviembre de 2003.

Regístrese, comuníquese y devuélvase a laSuperintendencia Nacional de Administra-ción Tributaria, para sus efectos.

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RtF N° 06514-2-2004

EXPEdIENtE N° : 4913-2004 INtERESAdO : ASUNtO

: MultaPROCEdENCIA : Arequipa FECHA : Lima, 31 de agosto de

2004


ción de Intendencia N2 056-014-0000449/SUNAT, emitida el 29 de abril de 2004 por laIntendencia Regional Arequipa de la Super-intendencia Nacional de Administración Tri-butaria, que declaró inadmisible la reclama-ción formulada contra la Resolución de MultaNs 054-002-0002910, girada por la infracciónprevista en el numeral 8 del artículo 177a delCódigo Tributario.



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CONSIdERANdO:

Que el recurrente sostiene que es abogadohábil, por lo que la inadmisibilidad del recursode reclamación presentado con su nombre,firma y número de registro del Colegio de

Abogados de Arequipa, declarada por la Ad-ministración no se encuentra conforme a ley;

Que agrega que la Administración habría de-clarado la inadmisibilidad de su reclamacióntomando en consideración la lista de los le-trados que se encuentran al día en sus cuo-tas sociales remitida por el Colegio de Abo-gados de Arequipa, hecho que es contrarioa la ley, ya que debe primar el derecho a ladefensa sobre el derecho que tiene el citadogremio a que sus miembros estén al día ensus cuotas;

Que añade que de ser éste el motivo por elcual la Administración no admitió a trámiteel referido recurso, se estaría arrogando lafacultad de supervisión del cumplimiento delas obligaciones económicas de los aboga-dos con su gremio;

Que la Administración Tributaria señala querequirió al recurrente a efecto que cumplieracon presentar la constancia de habilitacióndel abogado que autorizaba el recurso de re-clamación, por lo que al no haber cumplido

con subsanar dicha omisión en el plazo de 15 días hábiles, se declaró inadmisible la re -ferida reclamación;

Que el numeral 1 del artículo 137° del TextoÚnico Ordenado del Código Tributario apro-bado por Decreto Supremo N° 135-99-EF,modificado por el Decreto Legislativo Na 953, establece que la reclamación se de-berá interponer a través de un escrito fun-damentado y autorizado por letrado en loslugares donde la defensa fuera cautiva, elque, además, deberá contener el nombre del

abogado que lo autoriza, su firma y núme-ro de registro hábil, sin indicar en este casola acreditación correspondiente, tal como seexige en situaciones como la representaciónde las personas jurídicas, el pago previo enel caso de impugnaciones contra órdenes depago, entre otros;

Que el artículo 140° del código en mencióndispone que la Administración notificará alreclamante para que, dentro del plazo de 15 días hábiles, subsane las omisiones quepudieran existir cuando el recurso de recla-

mación no cumpla con los requisitos parasu admisión a trámite, vencido el cual sin la

subsanación correspondiente, se declararáinadmisible la reclamación;

Que conforme con la normas citadas, unode los requisitos de admisibilidad de la re-clamación es el número de registro hábil del

abogado que autoriza el recurso, el cual secumple con la sola consignación de dichonúmero en el escrito respectivo, salvo que la

Administración Tributaria compruebe que talnúmero no es hábil -vía la información quepuede obtener del Colegio de Abogados alque pertenece el letrado-, caso en el cual de-berá requerir al contribuyente a efecto quesubsane la omisión en el plazo de 15 díashábiles de notificado el requerimiento; Que en ese sentido, y teniendo en cuentaademás que en aplicación del principio de

presunción de veracidad establecido por elartículo IV del Título Preliminar de la Ley delProcedimiento Administrativo General, LeyNs 27444, la Administración Tributaria nopuede presumir que el número de registrocontenido en el escrito de reclamación no seencuentra hábil;

Que en el caso de autos el 12 de marzo de 2004 la recurrente formuló recurso de recla-mación contra la Resolución de Multa Ns 054- 002-0002910, apreciándose que el escrito dereclamación contiene el nombre del abogadoque lo autoriza, su firma y número de registro,por lo que en atención a las normas antes ex-puestas, no habiendo la Administración Tribu-taria probado que el recurrente incumplió conel requisito establecido por el artículo 1372consistente en consignar el número de regis-tro hábil del abogado que lo autorizó, procederevocar la inadmisibilidad declarada;

Que cabe indicar que al ser la materia degrado la inadmisibilidad de la reclamaciónpresentada, no cabe emitir pronunciamiento

respecto de los demás argumentos alegadospor el recurrente;

Con las vocales Zelaya Vidal y Caller Ferre-yros, a quien llamaron para completar Sala,e interviniendo como ponente la vocal Espi-noza Bassino.

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución de Intendencia N9 056-014-0000449/SUNAT del 29 de abril de 2004.

Regístrese, comuníquese y devuélvase a la

Superintendencia Nacional de Administra-ción Tributaria, para sus efectos.



CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

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CAP. III

CAP. IV

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RtF N° 02720-5-2004


ASUNtO : MultaPROCEdENCIA : Lima FECHA : Lima, 30 de abril de

2004


ción de Intendencia N° 0150140000933 emi-tida con fecha 26 de diciembre de 2003 porla Intendencia de Principales ContribuyentesNacionales de la Superintendencia Nacionalde Administración Tributaria, que declaró in-

admisible la reclamación presentada contralas Resoluciones de Multa Nes. 011-002- 0002553 a 011-002-0002556 girada por lainfracción tipificada en el numeral 5) del ar-tículo 178° del Código Tributario.

CONSIdERANdO:

Que de lo actuado se tiene que el asunto mate-ria de controversia se encuentra referido a es-tablecer (i) si el representante de la recurrenteacreditó poder suficiente ante la Administraciónpara interponer el recurso de reclamación y (ii)

si la hoja de información sumaria se encontródebidamente suscrita por el letrado que autori-zó el citado recurso impugnativo, así como porel representante legal de la recurrente.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artí-culo 23° del Texto Único Ordenado del CódigoTributario aprobado por el Decreto SupremoN° 135-99-EF, para presentar declaraciones,escritos, interponer medios impugnatorios orecursos administrativos, desistirse o renun-ciar a derechos, la persona que actúe en nom-bre del titular deberá acreditar su representa-

ción, mediante poder por documento públicoo privado con firma legalizada notarialmente opor fedatario designado por la AdministraciónTributaria y que la falta o insuficiencia del po-der no impedirá que se tenga por realizado elacto de que se trate, cuando la AdministraciónTributaria pueda subsanarlo de oficio, o en sudefecto, el deudor tributario acompañe el po-der o, subsane el defecto dentro del términode 15 días hábiles que deberá conceder la Ad-ministración Tributaria para dicho fin.

Que según consta en el Comprobante de In-formación Registrada que obra en autos, elseñor Augusto Oscar Rubini Vargas, fue de-

clarado como representante legal de la recu-rrente, en calidad de gerente general desde

el 19 de noviembre de 1998, por lo que enaplicación del artículo 287° de la Ley Generalde Sociedades, Ley N° 26887, gozaba de lasfacultades generales y especiales de repre-sentación procesal.

Que para el referido registro era necesarioacompañar ante la Administración una copiade la Minuta o de la Escritura Pública corres-pondiente, resultando de aplicación lo dispues-to en el numeral 40.1.1 del artículo 40° de laLey del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, que establece que no procede

que la Administración solicite a los administra-dos la presentación de aquella información odocumentación que posea o deba poseer envirtud de algún trámite realizado anteriormen-te por el administrado en cualquiera de susdependencias, durante los 5 años anterioresinmediatos, siempre que los datos no hubierensufrido variación ni haya vencido la vigenciadel documento entregado, lo que acredita elcumplimiento del registro del poder.

Que atendiendo a las normas glosadas y te-

niendo en cuenta además que la reclamaciónfue presentada después del registro de poderdel representante legal de la recurrente en sucalidad de gerente general, la representacióndel señor Augusto Oscar Rubini Vargas seencontraba debidamente acreditada.

Que respecto a la falta de suscripción en lahoja de información sumaria, tanto del letradocomo del representante de la recurrente, cabeindicar que al constituir dicho documento parteintegrante del recurso de reclamación, bastacon que se encuentre suscrito indistintamente

en cualquiera de ellos, como ocurre en el pre-sente caso, para entenderse cumplido.

Con las vocales Chau Quispe, Olano Silva yMuñoz García, e interviniendo como ponentela vocal Muñoz García.

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 0150140000933 de 26 de diciembre de 2003, debiendo la Administración admitir atrámite la reclamación interpuesta.

Regístrese, comuníquese y remítase a la In-tendencia de Principales Contribuyentes dela SUNAT, para sus efectos.

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RtF N° 01743-3-2005

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ASUNtO : Impuesto a la Renta PROCEdENCIA : Huacho FECHA : Lima, 17 de marzo de

2005


ción de Oficina Zonal N° 171401646 del 31de octubre de 2001, expedida por la Oficinade la Superintendencia Nacional de Admi-nistración Tributaria, que revocó la Orden dePago N° 171-01- 0015506, girada por pago

a cuenta del Impuesto a la Renta - RégimenAgrario de agosto de 2001 y modifica el sal -do a favor del ejercicio 2000.

CONSIdERANdO:

Que la recurrente sostiene que de acuerdocon su declaración del Impuesto a la Rentadel ejercicio 2000, contaba con un saldo afavor mayor al considerado por la Adminis-tración, por lo que la nueva determinación dedicho saldo resulta nula;

Que conforme se advierte de autos, en aten-

ción a la comunicación para la revocaciónde la Orden de Pago N° 171-01-0015506presentada por la recurrente mediante For-mulario N° 194, la Administración emitió laresolución impugnada revocando el referidovalor debido a que no se había considera-do la utilización del saldo a favor del períodoanterior;

Que en tal sentido, si bien de acuerdo con losargumentos expuestos por la recurrente ensu apelación, el asunto materia de controver-sia consiste en determinar si la modificacióndel saldo a favor efectuada por la Adminis-tración mediante la resolución apelada seencuentra arreglada a ley, de manera previaa su análisis corresponde establecer la natu-raleza jurídica del referido formulario, a quese refiere la Resolución de SuperintendenciaN° 002-97/SUNAT, a fin de establecer si esteTribunal resulta competente para emitir pro-nunciamiento sobre la impugnación contra laResolución de Oficina Zonal N° 171401646;

Que sobre tal naturaleza caben las siguien-

tes interpretaciones, (i) debe ser tramitadoen todos los casos como un recurso de recla-

mación, posición recogida en la Resolucióndel Tribunal Fiscal N° 0026-2-2001, (ii) tiene

la naturaleza de reclamación especial dadoque la voluntad del administrado es cuestio-nar el acto de cobro, no siéndole aplicablelos requisitos de admisibilidad establecidosen el artículo 137° del Código Tributarlo ex -cepto el del plazo, (iii) tiene la naturaleza deuna solicitud no contenciosa vinculada a ladeterminación de la obligación tributaría, in-terpretación recogida en la Resolución delTribunal Fiscal N° 9392-5-2001, o (iv) tienela naturaleza de una declaración tributaría ocomunicación de datos, lo que no afecta el

derecho de los deudores tributarios de inter-poner simultánea o sucesivamente los me-dios impugnativos correspondientes en loscasos previstos en el artículo 1° de la referidaresolución;

Que el segundo de los criterios antes aludidosha sido adoptado por este Tribunal median-te Acuerdo recogido en el Acta de Reuniónde Sala Plena N° 2005-4 del 7 de febrero de 2005, por los fundamentos siguientes:

“El artículo 108° del Código Tributario apro -

bado por el Decreto Legislativo N” 816 y reco-gido en el Texto Único Ordenado del CódigoTributario aprobado por el Decreto SupremoN” 135-99-EF, faculta a la Administración Tri -butaria a señalar los casos en que existancircunstancias posteriores a la emisión desus actos que demuestren su improceden-cia, así como errores materiales, y a estable-cer un procedimiento que le permita revocar,modificar, sustituir o complementar sus ac-tos. Mediante la modificación dispuesta porDecreto Legislativo N° 953 al citado artícu-

lo 108”, se precisó que tratándose de actosemitidos por la SUNAT, el área que expidió elacto será el competente para revocar, modifi -car, sustituir o complementar los actos, salvoel caso de connivencia entre el personal dela Administración Tributaría y el deudor tribu-tario, supuesto en que el superior jerárquicodel área emisora del acto será el competentepara emitir dicha declaración”. “Bajo el marco establecido en el artículo 108°del citado Código Tributario, la SUNATdictóla Resolución de Superintendencia N° 002- 97/SUNAT, en cuyo articulo 3° se estableceque los deudores tributarios deberán presen-



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tar el Formulario N° 194 - Comunicación parala Revocación, Modificación, Sustitución,Complementación o Convalidación de Actos Administrativos, con la finalidad de comuni -car a la Administración Tributaria la existen-

cia de las causales detalladas en el artícu-lo 1” de la referida resolución, así como lascausales de anulabilidad a las que se refiereel último párrafo del artículo 109° del CódigoTributario’’. “Efectivamente, en los numerales 1 y 2 delartículo 1” de la citada resolución de superin-tendencia se mencionan los supuestos, quesegún la Administración Tributaria, habilitanla revocación, modificación, sustitución ocomplementación de sus actos después dela notificación, tales como los actos que no

han considerado los pagos efectuados porel deudor tributario, el fraccionamiento y/oaplazamiento de la deuda, actos emitidos porerrores de digitación, transcripción y/o proce-samiento de cifras por la Administración Tri -butaria, duplicidad de valores, no se ha con-siderado la presentación de la declaraciónsustitutoria o rectifícatoria que determina unamayor obligación, no se ha tenido en cuentaque la deuda tributaria acotada ha sido co-rregida, con motivo de una solicitud de modi -ficación de datos aceptada por SUNAT o por

la modificación del coeficiente o porcentajede los pagos a cuenta del Impuesto a la Ren-ta o de la comunicación de la suspensión delos mismos, se aplicaron las notas de créditonegociables para cancelarla deuda tributariasin considerarlos pagos realizados respectode dichas deudas “De las normas antes citadas, se advier -te que la Resolución de SuperintendenciaN° 002-97/SUNAT, dictada al amparo de loestablecido en el artículo 108” del Código Tri -butario, establece un procedimiento para que

los deudores tributarios, que consideren quelos actos notificados por la Administración seencuentren en los supuestos establecidosen los numerales 1 y 2 del artículo 1” délareferida resolución, o que contengan algunacausal de anulabilidad, puedan informar ala Administración Tributaria de la existenciade dichos supuestos, a efecto que la citadaentidad pueda ejercer su potestad de autotu-tela administrativa, y en virtud a ello puedamodificar, revocar, sustituir o complementarsus actos”.

“En la medida que la comunicación regulada porta Resolución de Superintendencia

N° 002-97/SUNAT tiene por finalidad re-vocar, modificar, sustituir, complementar oconvalidar actos administrativos notificados,es decir, tiene como propósito contradecirun acto administrativo con el objeto que la

Administración Tributaria analice y determinela procedencia del cobro que pretende, dichacomunicación constituye un medio impugna-tivo, cuya procedencia estará condicionadaa la existencia de las causales previstas enla mencionada resolución; y en caso el ad -ministrado no estuviera de acuerdo con loresuelto por la Administración, tendrá expe-dito su derecho para interponer el recurso deapelación respectivo”. “En consecuencia, cuando el administradoconsidere que se ha presentado alguna de

las causales señaladas en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Resolución de Su- perintendencia N° 002- 97/SUNAT, o quecontengan alguna causal de anulabilidad, podrá optar entre presentarla comunicaciónmediante Formulario N” 194 o interponer elrecurso de reclamación a que se refiere elartículo 137” del Texto Único Ordenado delCódigo Tributario aprobado por el DecretoSupremo N° 135-99-EF, modificado por elDecreto Legislativo N” 953”. “Lo señalado anteriormente se sustenta enque tanto el procedimiento regulado por laResolución de Superintendencia N° 002-97/SUNAT, como el procedimiento contenciosotributario, iniciado con el recurso de reclama-ción a que se refiere artículo 137” del TextoÚnico Ordenado del Código Tributario apro-bado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF,modificado por el Decreto Legislativo N° 953,cuestionan los actos administrativos de la Administración Tributaria, solo que el primeroestá referido exclusivamente a aquellos actosemitidos por error u omisión de la citada enti -dad, y que se encuentran incursos en el artí -culo 1o déla Resolución de SuperintendenciaN° 002-97/SUNAT, entre otros, en tanto queel segundo está dirigido a impugnar los actosadministrativos cuando el deudor tributariodiscrepa de la acotación o decisión de la Ad -ministración Tributaria contenida en el actoadministrativo, independientemente si dichadiscrepancia se base en la existencia de lossupuestos contenidos en la Resolución deSuperintendencia N° 002-97/SUNAT. “En caso la Administración Tributaria con -siderase que sus actos no se encuentranincursos en dichas causales, la referida en-

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tidad en aplicación del artículo 213° de laLey del Procedimiento Administrativo Gene-ral aprobada por la Ley N° 27444, según elcual el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo parasu tramitación siempre que del escrito se de-duzca su verdadero carácter, deberé dará lacitada comunicación (Formulario N” 194) eltrámite de recurso de reclamación a que serefiere el artículo 1378 del Código Tributario,considerando como fecha de interposicióndel recurso, la que conste como tal en el For -mulario N0194, y en caso existiese un recur -so de reclamación en trámite procederá suacumulación’’.

“Dado que la comunicación presentada me-diante Formulario Ne 194 tiene la naturaleza

de un medio impugnativo interpuesto contraun acto administrativo, y, en la medida quedicha comunicación haya sido presentadadentro del plazo establecido en el referidoartículo 137”, procederé la suspensión y/oconclusión del procedimiento de cobranzacoactiva contra tales actos, de conformidadcon lo dispuesto en el articulo 119” del citadoCódigo.”

Que es preciso anotar que el mencionadocriterio varía los establecidos en las Resolu-ciones del Tribunal Fiscal N°s, 0026-2-2001

y 9392-5-2001, antes mencionadas; Que el criterio del Acuerdo antes citado tienecarácter vinculante para todos los vocales deeste Tribunal conforme con lo dispuesto porel Acuerdo recogido en el Acta de Reuniónde Sala Plena N° 2002-10, suscrita el 17 desetiembre de 2002;

Que atendiendo a lo expuesto, este Tribu-nal resulta competente para conocer de laapelación interpuesta contra la Resoluciónde Oficina Zonal N° 171401646, en el ex-

tremo referido a la modificación del saldo afavor del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000;

Que conforme al artículo 61° del Texto ÚnicoOrdenado del Código Tributario aprobado porDecreto Supremo IM° 135-99-EF, la determi-nación de la obligación tributaria efectuadapor el deudor tributario está sujeta a fisca-lización o verificación por la Administración,la que podrá modificarla cuando constate laomisión o inexactitud en la información pro-porcionada, emitiendo la resolución de de-

terminación, orden de pago o resolución demulta;

Que según el numeral 6 del artículo 77° delreferido código la resolución de determina-ción será formulada por escrito y expresará,entre otros, los motivos determinantes delreparo u observación, cuando se rectifique ladeclaración tributaria;

Que en el caso de autos, tal como se obser-va en la copia de la declaración del Impuestoa la Renta del ejercicio 2000 presentada el 2 de abril de 2001, la recurrente consignócomo saldo a favor del ejercicio la suma deSI. 437 683,00;

Que como se puede apreciar, la Administra-ción modificó el saldo a favor consignado enla declaración del ejercicio 2000, el que sólopodría ser rectificado mediante resoluciónde determinación como resultado de un pro-

cedimiento de fiscalización o verificación talcomo se señala en la norma antes citada;

Que en tal sentido, al haberse efectuado unanueva determinación del saldo a favor decla-rado por la recurrente sin seguir el procedi-miento establecido en el Código Tributario, laresolución apelada deviene en nula de con-formidad con el numeral 2 del artículo 109°del mencionado código;

Con los vocales Arispe Villagarcía, HuamánSialer e interviniendo como ponente la vocal

León Pinedo. RESUELVE:

1. Declarar NULA la Resolución de Ofici-na Zonal N° 171401646 del 31 de oc-tubre de 2001, en el extremo que mo-difica el saldo a favor del Impuesto a laRenta del ejercicio 2000 declarado porla recurrente, y CONFIRMARLA en lodemás que contiene.

2. dECLARAR de acuerdo con el artículo 154° del Texto Único Ordenado del Có-

digo Tributario aprobado por DecretoSupremo N° 135-99-EF, que la presen-te resolución constituye precedente deobservancia obligatoria, disponiendosu publicación en el diario oficial “ElPeruano”, en cuanto establece el si-guiente criterio:

“El Formulario N° 194 “Comunicación para la revocación, modificación, sus-titución o complementación de actosadministrativos”, regulado por la Reso -lución de Superintendencia N° 002’97/

SUNAT, es una reclamación especialen que la voluntad del administrado



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es cuestionar el acto de cobro, y, enconsecuencia, contra lo resuelto porla Administración procederá el recursode apelación respectivo. El carácter deespecial de la reclamación está dado

porque considerando los casos en que procede no le son aplicables los requi -sitos de admisibilidad establecidos enel artículo 137° del Código Tributarioexcepto el del plazo.

En el caso que lo solicitado por el ad -ministrado mediante la comunicacióncontenida en el Fonnulario N° 194 no

se encuentre dentro de los supuestosde la mencionada Resolución, procedeque la Administración Tributaria le otor -gue a dicha comunicación el trámite derecurso de reclamación, en aplicación

del articulo 213° de la Ley del Procedi -miento Administrativo General, Ley N° 27444, considerando como fecha de presentación del recurso, la que constecomo tal en el Formulario N° 194”

Regístrese, comuníquese y remítase a la Su-perintendencia Nacional de AdministraciónTributaria, para sus efectos.

RtF N° 08042-3-2007

EXPEdIENtE N° : 9488-2004 INtERESAdO : ASUNtO : Ley de Reactivación a tra-

vés del Sinceramiento delas Deudas Tributarias

PROCEdENCIA : Ica FECHA : Lima, 21 de agosto de

2007

VIStA la reclamación interpuesta por lacontra la Reso-

lución de Intendencia N° 1030170000427,emitida el 14 de julio de 2003 por la Inten-dencia Regional lea de la SuperintendenciaNacional de Administración Tributaria, quedeclara válido el acogimiento a la Ley deReactivación a través del Sinceramiento delas Deudas Tributarias-RESIT.

CONSIdERANdO:

Que la recurrente señala que mediante Re-solución de Intendencia N° 1030170000427,la Administración declaró válida su solicitudde acogimiento a la Ley de Reactivación através del Sinceramiento de las Deudas Tri-butarias - RESIT por SI. 127 038,00 corres-pondientes al Impuesto General a las Ven-tas de los meses de octubre y noviembre de 2001, toda vez que en las declaraciones jura-das de los citados meses consideró errónea-mente que sus operaciones se encontrabangravadas con dicho impuesto. Agrega que

posteriormente advirtió que no se encontra-ba afecta al mismo, por lo que ha procedidoa presentar las declaraciones juradas recti-

ficatorias respectivas, por cuanto no existe deuda tributaria a pagar.

Que el artículo 135° del Texto Único Orde-nado del Código Tributario aprobado por De-creto Supremo N° 135-99-EF, modificado porDecreto Legislativo N° 953, establece quepueden ser objeto de reclamación la reso-lución de determinación, la orden de pago y

la resolución de multa; asimismo, añade quetambién son reclamables la resolución fictasobre recursos no contenciosos, los actosque tengan relación directa con la determina-ción de la deuda tributaria, las resolucionesque resuelvan las solicitudes de devolución yaquéllas que determinan la pérdida del frac-cionamiento de carácter general o particular,entre otros.

Que el artículo 163° del referido código dis-pone que las resoluciones que resuelven las

solicitudes no contenciosas vinculadas conla determinación de la obligación tributariaserán apelables ante el Tribunal Fiscal, conexcepción de las que resuelvan las solicitu-des de devolución, las mismas que seránreclamables.

Que la Décimo Primera Disposición Final delCódigo Tributario señala que las resolucio-nes que resuelven las solicitudes de devo-lución, así como aquéllas que determinan lapérdida del fraccionamiento establecido por

el presente código o por normas especiales;serán reclamadas dentro del plazo estable-cido en el primer párrafo de su artículo 137°,

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esto es, veinte (20) días hábiles desde el díasiguiente a su notificación.

Que en tal sentido, la resolución que declaraválido el acogimiento solicitado por la recu-rrente resulta reclamable en la medida que

la pretensión del contribuyente está dirigidaa cuestionar la deuda tributaria y, por tanto,el compromiso de pagarla a través de la Leyde Reactivación a través del Sinceramientode las Deudas Tributarias, esto es, se tratade un acto relacionado directamente con ladeterminación de la deuda tributaria.

Que en el caso de autos, la recurrente cues-tiona que la Administración haya determina-do como deuda acogida un monto que pesea estar consignado en su solicitud de aco-gimiento a la Ley de Reactivación a través

del Sinceramiento de las Deudas Tributarias - RESIT, no corresponde a la realidad pues-to que sostiene que sus operaciones no seencuentran gravadas y habría presentadodeclaraciones juradas rectificatorias al efec-

to; por lo que en virtud del artículo 136° delCódigo Tributario, procedía la interposiciónde un recurso de reclamación.

Que de acuerdo a lo expuesto, la recurren-te formuló válidamente recurso de reclama-

ción contra la Resolución de IntendenciaN° 1030170000427, en tal sentido, corres-pondía a la Administración emitir pronuncia-miento en primera instancia y no elevar elexpediente a este Tribunal, debiendo decla-rarse nulo el concesorio dispuesto por aqué-lla.

Con las vocales Casalino Mannarelli, LeónPinedo y Guarníz Cabell, e interviniendocomo ponente la vocal Guarníz Cabell.

RESUELVE:

Declarar NULO EL CONCESORIO del recur-so de reclamación interpuesto.


RTF N° 11921-4-2007

CAP. VI

EXPEdIENtE N° : 12210-2004 INtERESAdO : ASUNtO : Impuesto General a las

Ventas y Multas PROCEdENCIA : Cañete FECHA : Lima, 14 de diciembre

de 2007


ción de Oficina Zonal N° 2260140000303/

SUNAT de 30 de setiembre de 2004, emi-tida por la Oficina Zonal Cañete de la Su-perintendencia Nacional de AdministraciónTributaria, que declaró infundada la recla-mación formulada contra las Resolucionesde Determinación N° 224-003-0000414 a 224-003-0000423 giradas por la omisión alImpuesto General a las Ventas de los mesesde marzo a diciembre de 2002 y las Resolu-ciones de Multa N° 224-002-0001488 a 224- 002-0001494 por incurrir en las infracciones

tipificadas en los numerales 1 y 2 del artículo 178° del Código Tributario.

CONSIdERANdO:

Que la recurrente alega que la deducción yrepercusión es el núcleo fundamental en elimpuesto al valor agregado, siendo que elDecreto Supremo Ne 136-96-EF, Reglamen-to de la Ley del Impuesto General a las Ven-tas, no puede desnaturalizar ello, afirmandoque se está aplicando una interpretación res-trictiva de la ley, toda vez que los requisitosformales sirven únicamente como elementosde probanza tendentes a facilitar el control

administrativo, no debiendo desconocerseel derecho al crédito fiscal sin que existanindicios de que la operación no se hubierarealizado;

Que agrega que se vulnera el principio delegalidad consagrado en la ConstituciónPolítica del Perú, máxime si los requisitosformales han sido establecidos por normasemitidas por quien actúa como juez y parte;

Que afirma que del procedimiento de fisca-lización y de la emisión de las resoluciones

impugnadas se observan vicios que acarreansu nulidad;



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Que por su parte, la Administración señalaque durante el proceso de verificación formu-ló reparos al crédito fiscal de la recurrente, aldetectar comprobantes de pago que habíansido anotados en el Registro de Comprasfuera del plazo establecido por la Ley del Im-puesto General a las Ventas y su Reglamen-to, no pudiendo considerarse que tales com-probantes hayan sido recibidos con atraso;

Que asimismo, refiere que si bien la recurrente en su escrito de fecha 9 de junio de 2004 menciona que su actividad económica se realiza tanto en la ciudad de Cañete comoen Pisco, lugar este último- de donde llegancon retraso los comprobantes de pago, ha-ciendo alusión a que el Reglamento de la Leydel Impuesto General a las Ventas no puede

desnaturalizar las leyes que conceden el usodel crédito fiscal, de acuerdo con la Resolu-ción de Observancia Obligatoria N° 331-2-99emitida por este Tribunal, únicamente señalaque esta última fue emitida en un contextolegal distinto sin referirse a los otros argu-mentos expuestos por la recurrente;

Que de acuerdo con el artículo 150° del Tex-to Único Ordenado del Código Tributario,aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, el Tribunal Fiscal no podrá pronunciar-se sobre aspectos que, considerados en la

reclamación, no hubieran sido examinados yresueltos en primera instancia, debiendo ental caso declarar la insubsistencia de la reso-lución, reponiendo el proceso al estado quecorresponda;

Que de la revisión del recurso de reclama-ción se aprecia que la recurrente señala quela Administración no ha tenido en cuenta los“sólidos argumentos de hecho y de derechoque expuse en la carta presentada el 9 de

junio del año en curso, mediante la cual sus-tenté la observación formulada”;

Que obra a folios 216 a 217, el escrito pre-sentado el 9 de junio de 2004 en el cual seobserva que la recurrente alegó que “nues-

tra actividad económica se desarrolla en laciudad de cañete, contando con anexo enPisco, lugar del que nos llega con retrasolos comprobantes de Pago, documentos decuyo examen también puede observarse quela emisión de ellos son en ciudades distintasa la ciudad de Cañete, lo que explica la ano-tación dentro de los períodos a que se refiereel comentado reglamento”;

Que de la revisión de la apelada y conforme seha expuesto precedentemente, se aprecia quela Administración en la apelada no ha emitido

pronunciamiento con relación al indicado argu-mento, expuesto por la recurrente en su recur-so de reclamación, lo que resulta necesario, afin de emitir debido pronunciamiento, más aúncuando conforme se aprecia del anexo al Re-querimiento N° 3611-00128714 en efecto exis-tiría más de un proveedor fuera de la ciudadde Cañete (lugar donde la recurrente realizasus actividades), por lo que procede declararla nulidad e insubsistencia de la apelada;

Con las vocales Flores Talavera, MárquezPacheco y Zúñiga Dulanto, e interviniendocomo ponente la vocal Flores Talavera;

RESUELVE:

dECLARAR NULA E INSUBSIStEN-tE la Resolución de Oficina ZonalN° 2260140000303/SUNAT de 30 de setiem-bre de 2004.


CAP. VI

RtF N° 10092-5-2007

EXPEdIENtE N° : 4018-05 INtERESAdO : ASUNtO : Impuesto al Patrimonio

Vehicular PROCEdENCIA : Lima

FECHA : Lima, 25 de octubre de 2007

VIStA la apelación interpuesta por contra la Reso-

lución de Departamento N° 66-29-0003528de 11 de junio de 2004, emitida por el Ser-vicio de Administración Tributaria (SAT) de

la Municipalidad Metropolitana de Lima, quedeclaró improcedente la reclamación contra




224 c A pítulo v I - el procedIMIento contencIoso – tr Ibut A r Io

CAP. VII

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CAP. VI

el Estado de Cuenta que contiene el detallede su deuda por Impuesto al Patrimonio Ve-hicular del año 2003, respecto del vehículocon Placa de Rodaje N9 SQS-733.

CONSIdERANdO:

Que la Administración indica que el recurrentepretende cuestionar el documento denomina-do “Estado de Cuenta”, que contiene el detallede su deuda por Impuesto al Patrimonio Vehi-cular del año 2003, respecto de su vehículocon Placa N9 SQS-733, no obstante dichodocumento no califica como acto reclamable,por lo que su recurso es improcedente.

Que el artículo 135° del Texto Único Orde-nado del Código Tributario aprobado porDecreto Supremo N° 135-99-EF dispone quepueden ser objeto de reclamación, la resolu-ción de determinación, la orden de pago, laresolución de multa, la resolución ficta sobrerecursos no contenciosos, las resolucionesque establezcan sanciones de comiso debienes, internamiento temporal de vehículosy cierre temporal de establecimiento u oficinade profesionales independientes, así comolas resoluciones que sustituyan a esta últimay al comiso, y los actos que tengan relacióndirecta con la determinación de la deuda tri-butaria.

Que el 11 de julio de 2003 el recurrentepresentó un escrito cuestionando el cobrode la tercera y cuarta cuotas del Impuestoal Patrimonio Vehicular del año 2003, refe-rido a su vehículo con Placa NQ SQS-733,detalladas en el documento denominado“Estado de Cuenta” que obra en autos afojas 4, sosteniendo que el cobro de dichotributo debía dejarse sin efecto a partir de julio del año 2003, pues el mencionado

vehículo le fue robado el 17 de enero delmismo año.

Que del “Estado de Cuenta” que obra en autosa fojas 4 se aprecia que constituye un docu-mento por el cual la Administración comunica

al recurrente que a la fecha de su emisión,esto es, 25 de junio de 2003, tiene una deudapor la primera a cuarta cuotas del Impuesto alPatrimonio Vehicular del año 2003.

Que no obstante, el referido acto no seencuentra dentro de los supuestos con-templados por el citado artículo 135° comoacto reclamable, se trata más bien de undocumento meramente informativo que nocontiene la determinación de la obligacióntributaria, mediante el cual la AdministraciónTributaria hace de conocimiento del contri-

buyente el monto que a la fecha de emisiónfigura en sus registros como deuda, sobrecuya base no puede requerirle el pago niiniciarle un procedimiento coactivo, criterioque concuerda con el establecido en lasResoluciones del Tribunal Fiscal N° 01423- 2-2006 y 01028-2-2007 de 17 de marzo de 2006 y 13 de febrero de 2007, respectiva-mente, por lo que el recurso interpuesto esimprocedente.

Con los vocales Chau Quispe, Byrne SantaMaría y Ezeta Carpió, e interviniendo comoponente la vocal Byrne Santa María.

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución de Departa-mento N9 66-29-0003528 de 11 de junio de 2004.

Regístrese, comuníquese y remítase al SATde la Municipalidad Metropolitana de Lima,para sus efectos.

RtF N° 10675-5-2007


INtERESAdO :

ASUNtO : Impuesto al Patrimonio Vehicular

PROCEdENCIA : Lima

FECHA : Lima, 8 de noviembre de 2007

VIStA la apelación interpuesta por contra la Re-

solución de Departamento Ns 066-025- 00001506 de 6 de julio de 2004, emitidapor el Servicio de Administración Tributaria(SAT) de la Municipalidad Metropolitana de

Lima, que declaró improcedente su solicitudde inafectación al Impuesto al Patrimonio



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Vehicular, por el vehículo con Placa de Ro-daje N9 RIT-763.

CONSIdERANdO:

Que de conformidad con el artículo 129° delTexto Único Ordenado del Código Tributario

aprobado por Decreto Supremo Ns 135-99-EF, las resoluciones expresarán los funda-mentos de hecho y de derecho que les sirvende base y decidirán sobre todas las cuestio-nes planteadas por los interesados y cuantassuscite el expediente, y según el numeral 2)del artículo 109° del mismo cuerpo legal, sonnulos los actos emitidos prescindiendo delprocedimiento legal establecido.

Que mediante escrito de fecha 23 de abrilde 2004 el recurrente invoca la nulidad de la

deuda tributaria correspondiente al Impuestoal Patrimonio Vehicular por el vehículo conPlaca de Rodaje N9 RIT-763, contenida en eldocumento denominado “Estado de Cuentaal 14/04/2004”, que le fue remitido por la Ad-ministración mediante Carta N9 MP0000591de 14 de abril de 2004.

Que como argumento de su impugnación elrecurrente señaló que era indebido que la

Administración pretendiera cobrarle el refe-rido tributo por el vehículo en cuestión, puesconforme con la copia de la denuncia policial

ante la Comisaría San Genaro de Chorrillos,el 1 de octubre de 2003, le fue robado.

Que por tanto, y toda vez que el recurren-te objetó un acto emitido por la Administra-ción, no puede considerarse que a través delescrito en mención, inició un procedimientono contencioso solicitando la inafectación alImpuesto al Patrimonio Vehicular, como erró-neamente lo interpreta la Administración, enconsecuencia, la apelada es nula al amparodel numeral 2) del artículo 109° del CódigoTributario.

Que ahora bien, en aplicación del artículo 217° de la Ley del Procedimiento Adminis- trativo General, Ley N° 27444, que señalaque en el caso que la autoridad constate laexistencia de una causal de nulidad, ade-más de la declaración de tal, deberá resolversobre el fondo del asunto, si cuenta con loselementos suficientes para ello, lo que se ad-vierte en el presente caso, por lo que proce-de que este Tribunal emita pronunciamientoal respecto.

Que el artículo 135° del Código Tributario dispone que pueden ser objeto de reclama-

ción, la resolución de determinación, la ordende pago, la resolución de multa, la resoluciónficta sobre recursos no contenciosos, lasresoluciones que establezcan sanciones decomiso de bienes, internamiento temporal devehículos y cierre temporal de establecimien-to u oficina de profesionales independientes,las resoluciones que las sustituyan, los actosque tengan relación directa con la determina-ción de la deuda tributaria, las resolucionesque resuelven las solicitudes de devolución ylas que determinan la pérdida del fracciona-miento de carácter general o particular.

Que el documento denominado “Estado deCuenta al 14/04/2004” constituye uno por elcual la Administración comunica al recurren-te que tiene deudas por la segunda a cuarta

cuotas del Impuesto al Patrimonio Vehiculardel año 2003 y una multa por no presentar ladeclaración que contenga la determinacióndel impuesto al Patrimonio Vehicular del año 2002 dentro del plazo establecido, ascen-dentes a S/. 240.40 y S/. 871.91, respecti-vamente.

Que el referido acto no se encuentra dentrode los supuestos contemplados por el citadoartículo 135° como acto reclamable, se tratamás bien de un documento meramente infor-mativo que no contiene la determinación de

la obligación tributaria, ni la aplicación de lasanción, mediante el cual la AdministraciónTributaria hace de conocimiento del contri-buyente el monto que a la fecha de emisiónfigura en sus registros como deuda, sobrecuya base no puede requerirle el pago ni ini-ciarle un procedimiento coactivo, criterio queconcuerda con el establecido en las Resolu-ciones del Tribunal Fiscal N° 01423-2-2006 y 01028-2-2007 de 17 de marzo de 2006 y 13de febrero de 2007, respectivamente, por loque el recurso interpuesto es improcedente.

Con los vocales Chau Quispe, Byrne SantaMaría y Ezeta Carpió, e interviniendo comoponente la vocal Byrne Santa María.

RESUELVE:

Declarar NULA la Resolución de Departa-mento Ne 066-025-00001506 de 6 de juliode 2004 e IMPROCEdENtE la reclamacióninterpuesta contra el documento denomina-do “Estado de Cuenta al 14/04/2004”.

Regístrese, comuníquese y remítase al SAT

de la Municipalidad Metropolitana de Lima,para sus efectos.

CAP. VI





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CAP. IX

CAP. I

CAP. II

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RtF N° 06362-7-2007

CAP. VI


ASUNtO : Arbitrios Municipales PROCEdENCIA : Lima FECHA : Lima, 11 de julio de

2007

VIStA la apelación de puro derecho presen-tada por c o n t r alas Resoluciones de Determinación N° 197- 012-00382805 y N8 197-012-00382801, emi-tidas por la Municipalidad Metropolitana deLima por concepto de Arbitrios Municipalesde Limpieza Pública, Parques y Jardines y

Serenazgo del primer, segundo y tercer tri-mestres del año 2005.

CONSIdERANdO:

Que la recurrente sostiene que los valoresimpugnados contienen como motivación dela desproporcionada liquidación, los con-ceptos de “área total del terreno”, “valor delautoavalúo”, “área construida” y “uso del pre-dio”, que son factores ajenos al costo real delservicio, habiéndose transferido lo dispuestopor el artículo 69° de la Ley de TributaciónMunicipal, así como los criterios establecidospor el Tribunal Constitucional, la Defensoríadel Pueblo y el Indecopi.

Que cuestiona el criterio de solidaridad apli-cado por la Administración, toda vez que sebasa en el tamaño del predio, por lo que con-sidera que no estaría pagando una tasa, sinoun impuesto.

Que asimismo señala que se encuentrainafecta a los tributos que se le pretende co-brar, por tratarse de una congregación reli-giosa que integra la Iglesia Católica, siéndole

aplicable el Acuerdo celebrado entre la San-ta Sede y la República del Perú.

Que de lo actuado se tiene que si bien la recu-rrente la impugna dos resoluciones de deter-minación, una de ellas, la Resolución de De-terminación Nfi 197-012-00382805 (folio 45)corresponde a otro contribuyente, por lo quela recurrente carece de legitimidad para obrarcon relación a dicho valor, correspondiendoque se declare improcedente la apelación depuro derecho presentada en dicho extremo.

Que de otro lado, cabe indicar que el artículo 151° del Texto Único Ordenado del Código

Tributario, aprobado por el Decreto SupremoN° 135-99-EF y modificatorias, señala que po-

drá interponerse recurso de apelación de puroderecho ante el Tribunal Fiscal dentro del pla-zo de veinte (20) días hábiles siguientes a lanotificación de los actos de la Administración,no siendo necesario interponer reclamaciónante instancias previas, precisándose quedicho recurso deberá ser presentado ante elórgano recurrido, quien dará la alzada luegode verificar que se ha cumplido con lo esta-blecido en el artículo 146° del mencionadocuerpo legal y que no haya reclamación entrámite sobre la misma materia.

Que el tercer párrafo de dicho artículo refiereque el Tribunal para conocer de la apelaciónpreviamente deberá calificar la impugnacióncomo de puro derecho, en caso contrario,remitirá el recurso al órgano competente,notificando al interesado para que tenga porinterpuesta la reclamación.

Que de acuerdo con lo informado por la Ad- ministración Tributaria mediante el Oficio N°186-090- 000000676 (folio 43), no existe re-clamación en trámite contra la Resolución de

Determinación NQ 197- 012-00382801 y laapelación de puro derecho ha sido presenta-da dentro del plazo establecido por el citadoartículo 151°.

Que del escrito formulado por la recurrentese tiene que alega que la regulación de los

Arbitrios Municipales, que sustenta la deter-minación efectuada por la Administración,vulnera lo dispuesto por la Ley de TributaciónMunicipal así como los criterios establecidos,entre otros por el Tribunal Constitucional, delo que se desprende que la apelación califi -

ca como de puro, no existiendo hechos queprobar.

Que de la revisión del valor impugnado se tie-ne que fue emitido por concepto de Arbitriosde Limpieza Pública, Parques y Jardines ySerenazgo del primer, segundo y tercer tri-mestres de 2005 al amparo de la OrdenanzaNe 830.

Que la Resolución del Tribunal Fiscal N9 03264-2-2007, publicada el 26 de abril de 2007 en el diario oficial “El Peruano”, que

constituye precedente de observancia obli-gatoria, ha señalado que la Ordenanza Ns



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830, emitida por Municipalidad Metropolita-na de Lima para regular los Arbitrios Muni-cipales de los años 2001 a 2005 en base ala habilitación excepcional otorgada por elTribunal Constitucional en la Sentencia Ns 00053-2004-PI/TC, infringe el principio dereserva de ley al incumplir los parámetrosde validez establecidos por el citado Tribu-nal en las Sentencias N9 0041-2004-AI/TC,y N9 00053-2004-PI/TC, ya que no explicó elcosto de los servicios de Limpieza Pública,Parques y Jardines, y Serenazgo de los años 2001 a 2005, no señaló la forma como se de-terminó la cuota tributaria de los Arbitrios deLimpieza Pública y Parques y Jardines, noadoptó criterios válidos para la distribucióndel costo de los servicios de barrido de ca-lles, recojo de basura y parques y jardines,no cumplió con justificar la aplicación delprincipio de solidaridad y estableció en formainválida que procedía la actualización de ladeuda por Arbitrios impagos desde la fechade vencimiento original hasta el nuevo plazoestablecido por la Ordenanza Ne 830.

Que en tal sentido, al haberse establecidoque la Ordenanza N9 830 es una norma in-válida por no cumplir con los parámetros devalidez y vigencia establecidos por las sen-

tencias del Tribunal Constitucional recaídasen los Expedientes N3 0041-2004-AI/TC yN3 0053-2004-PI/TC, procede declarar fun-dada la apelación de puro derecho presen-tada contra la Resolución de DeterminaciónNs 197-012-00382801, dejándose sin efectodicho valor. Que estando a lo expuesto carece de objetoemitir pronunciamiento sobre los demás ar-gumentos señalados por la recurrente.

Con los vocales Muñoz García, MoreanoValdivia e interviniendo como ponente la vo-cal Huertas Lizarzaburu.

RESUELVE:

1. Declarar IMPROCEdENtE la apela-ción de puro derecho presentada con-

tra la Resolución de DeterminaciónN° 197-012-00382805.

2. Declarar FUNdAdA la apelación depuro derecho y dEJAR SIN EFEC-tO la Resolución de DeterminaciónN° 197-012-00382801.


RtF N° 08241-2-2008 CAP. VI

EXPEdIENtE N° : 4393-2008 INtERESAdO :ASUNtO : QuejaPROCEdENCIA : Lima FECHA : Lima, 7 de julio de 2008

VIStA la queja presentada por contra

el Servicio de Administración Tributaria de laMunicipalidad Metropolitana de Lima por nohaber dado trámite al recurso de apelacióninterpuesto.

CONSIdERANdO:

Que el quejoso sostiene que el 18 de enerode 2008 presentó un recurso de apelacióncontra las Resoluciones de Determinación N2 127-012-00285398 y N2 127-012-00285399,

sin embargo, la Administración se niega adarle trámite y elevarlo a este Tribunal.

Que de conformidad con lo dispuesto por elartículo 1552 del Texto Único Ordenado delCódigo Tributario aprobado por el DecretoSupremo N2 135-99-EF, la queja se pre-senta ante el Tribunal Fiscal cuando existenactuaciones o procedimientos que afectandirectamente o infringen lo establecido endicho código.

Que a fin de resolver la queja presentada,mediante Proveído N9 00973-2-2008 del 15de abril de 2008 (folio 8), este Tribunal soli-citó a la Administración que informara sobreel trámite otorgado al recurso de apelación aque se hace referencia en la queja; sin em-bargo, habiendo vencido el plazo otorgado,a la fecha la Administración no ha cumpli-do con remitir la información y documenta-

ción solicitadas, por lo que en aplicación del Acuerdo de Sala Plena Ne 2005-15 del 10





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de mayo de 2005, según el cual “Vencido elplazo otorgado el Tribunal Fiscal resuelveel expediente mediante una resolución, aúncuando no exista respuesta o la misma seaincompleta”, corresponde emitir pronuncia-miento en el presente caso con la documen-tación que obra en el expediente.

Que el artículo 135º del citado código, esta-blece que pueden ser objeto de reclamación,entre otros actos, la resolución de determi-nación, la orden de pago y la resolución demulta.

Que el artículo 151º del Código Tributario se-ñala que podrá interponerse recurso de ape-lación ante el Tribunal Fiscal dentro del plazode 20 días hábiles siguientes a la notificaciónde los actos de la Administración, cuando la

impugnación sea de puro derecho, no sien-do necesario interponer reclamación anteinstancias previas. Asimismo, dispone queeste Tribunal para conocer de la apelación,previamente deberá calificar la impugnacióncomo de puro derecho y que, en caso contra-rio, remitirá el recurso al órgano competente,notificando al interesado para que se tengapor interpuesta la reclamación.

Que obra a folios 2 a 4 copia del escritopresentado por el quejoso el 18 de enerode 2008 ante la Mesa de Partes de la Ad-ministración, con la denominación “recursode apelación”, mediante el cual impugna lasResoluciones de Determinación N2 127-012- 00285398 y N9 127-012-00285399.

Que asimismo, obra a folio 1 copia del repor-te emitido por el Sistema de Información dela Administración correspondiente al recursode apelación antes mencionado, al cual se leasignó el Expediente N9 222-089- 30019369y se le dio trámite de apelación de puro de-recho.

Que al respecto, cabe señalar que mediante Resolución del Tribunal Fiscal N8 08862-2- 2004, se ha establecido como precedente deobservancia obligatoria, que procede discutiren vía de queja la calificación efectuada porla Administración Tributaria respecto de losescritos presentados por los administrados,en tanto dicha actuación puede representaruna infracción al procedimiento tributario.

Que de la revisión del escrito presentado porel quejoso se advierte que si bien ha sidodenominado “recurso de apelación”, no con-signa en forma expresa que fuese una ape-lación de puro derecho ni que hubiese sidointerpuesta al amparo del artículo 151s delCódigo Tributario. En tal sentido y habidacuenta que las resoluciones de determina-ción son actos reclamables, no correspondíadarle trámite de apelación de puro derechosino de reclamación, debiendo la Administra-ción emitir pronunciamiento en primera ins-tancia, conforme con el criterio establecidoen la Resolución del Tribunal Fiscal NB 999- 2-20011, entre otras.

Que en consecuencia, la pretensión del quejoso de que su recurso sea elevado a este

Tribunal carece de sustento y, por lo tanto,procede declarar infundada la queja.

Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe in-dicar que de acuerdo con lo dispuesto porel artículo 144º del Código Tributario, antela demora o falta de pronunciamiento de la

Administración respecto de un recurso de re-clamación, el contribuyente tiene expedito suderecho a dar por denegada su reclamaciónuna vez vencido el plazo legal establecido,e interponer, de considerarlo conveniente,un recurso de apelación ante este Tribunal

contra la resolución ficta denegatoria de sureclamación.

Con las vocales Zelaya Vidal y Guarníz Ca-bell, e interviniendo como ponente la vocalEspinoza.

RESUELVE:

Declarar INFUNdAdA la queja presentada.


1 En la cual se señala que la interposición del recurso de

apelación de puro derecho es una facultad del recu -rrente y no de la Administración Tributaria, por lo que al

no haber sido invocado expresamente el artículo 151°del Código Tributario, no procedía que la Administra-

ción diera trámite de apelación de puro derecho al es-crito denominado recurso de apelación.




Capítulo VII

El procedimiento de

cobranza coactiva



CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

El procedimiento de cobranza coactiva

1. Marco constitucional de la cobranza coactiva En primer término, debemos mencionar que, en estricto, el procedimiento decobranza coactiva no tiene un r econocimiento expreso por parte de la Cons-titución.

No obstante ello, como bien señala MORON URBINA1, el r econocimientoremoto de este procedimiento lo podemos encontrar en el numer al 1) del ar -tículo 118º de la Constitución, según el cual se le encarga al Presidente de laR e pública a cum plir y hacer cum plir la Constitución, los tratados y las leyes.

Por otro lado, es im por tante tener en cuenta que la f acultad coercitiva de laAdministración no es irrestricta, sino que la misma está limitada por la Cons-

titución y la ley. En este sentido, el ar tículo 74º de la Constitución señala queel ejercicio de la potestad tributaria tiene como límite el respeto a los der echosf undamentales. Por lo mismo, r esulta pertinente reseñar lo señalado por elTr i bunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 05637- 2006-PA/TC:

“Los poderes públicos, en gener al, tienen un deber es pecial de pr otecciónde los derechos f undamentales de la persona. Tal deber de protección exigela actuación positiva de aquéllos. Tratándose de órganos administrativos, tal

f unción comprende todas aquellas actuaciones positivas que la Constitución olas leyes le atribuyen para la protección de los derechos f undamentales, tanto

f r ente a actos del propio Estado como respecto a los pr ovenientes de pa

r ticu-lar es. En consecuencia, si un órgano administrativo omite el cum plimiento dela actuación positiva destinada a la protección de derechos f undamentales dela persona f r ente a actos del propio Estado o de par ticular es, habrá incurr idoen la omisión de su deber de protección de derechos f undamentales y, enconsecuencia, los habrá af ectado.”2

En este sentido, por e jem plo, una cobranza coactiva no debería af ectar el der e-cho alimentar io de un contr i buyente persona natur al cuando el mismo perci ba

1 MORON URBINA, Juan Carlos. “La suspensión de la cobranza coactiva por la interposición de la demanda contencioso – tributaria”. En: Actualidad Jurídica Nº 142. Setiembre 2005. Páginas 15 -16.

2 Fundamento Nº 11 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 5637-2006-AA. La versión íntegra de la Sentencia se

encuentra en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/05637-2006-AA.html







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CAP. IX

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ingresos mensuales menores a 5 URP, aun cuando los mismos provengan úni-camente del ejercicio individual de una pr of esión, arte u of icio.

2. Legislación que regula la cobranza coactiva

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que como regla gener al el pr ocedimientode cobranza coactiva está r egulado por el ar tículo 114º y siguiente del CódigoTr i butar io.

En adición a lo anterior, la SUNAT tiene su propio R eglamento del Procedi-miento de Cobranza Coactiva, el cual ha sido aprobado mediante la R esoluciónde Su per intendencia Nº 216-2004/SU NAT.

Asimismo, la cobranza coactiva ejercida por los Gobiernos Locales se r egula por la Ley Nº 26979 y sus normas modif icator ias, ello en virtud del criterio dees pecialidad. En este sentido, cuando una Munici palidad ef ectúa la co br anzacoactiva de sus créditos tributarios no a plicar á la R esolución de Su per inten-dencia Nº 216-2004/SUNAT, la cual es exclusiva de SUNAT.

En este mismo sentido, en la RTF Nº 185-5-2005 el Tr i bunal Fiscal ha pr eci-sado que la Ley Nº 26979 r egula el procedimiento coactivo de o bligacionesno tributarias de entidades públicas y tributarias de los gobiernos locales.

Tipo de deudas Marco legal

Deudas tributarias administradas por SUNAT.

Código Tributario. Resolución de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT.

Deudas tributarias administradas por los Gobiernos Locales. Ley Nº 26979.

CAP. VII

3. Pr esupuesto de la cobranza coactiva No toda deuda puede ser objeto de una cobranza coactiva, sino, únicamentelas deudas expresamente esta blecidas en la Ley.

Así pues, respecto de las o bligaciones tributarias administr adas por SUNAT,el ar tículo 115º del Código Tributario, se consideras deudas exigi bles por víacoactiva:

a) La esta blecida en una r esolución de deter minación o en una r esoluciónde multa, notif icadas por la Administración y no r eclamadas en el plazode ley.

Al respecto, cabe recordar que, según el ar tículo 137º del Código Tri- butario, la r eclamación contra dicho actos se presenta en el tér minoim pror roga ble de veinte (20) días há biles computados desde el día há bilsiguiente a aquél en que se notif icó el acto o r esolución r ecurr ida.

b) La deuda contenida en la R esolución de pérdida del f r accionamientonotif icada por la Administración y no r eclamada en el plazo de ley.

Sobre este punto, el ar tículo 115º del Código Tributario precisa que lar esolución de pérdida de f r accionamiento mantendrá la condición de



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CAP. I

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deuda exigi ble si ef ectuándose la r eclamación dentro del plazo, no secontinúa con el pago de las cuotas de f r accionamiento. En este mismo sentido, en la RTF Nº 3745-2-2006, la cual es de o bservan-cia o bligator ia, el Tr i bunal Fiscal ha señalado que no procede la co br anza

coactiva del monto

pend

ient

e de pago esta bl

ecido en

la r e

solució

n e

mitida

por SUNAT y que declar a la pérdida de un f r accionamiento otorgado envirtud del ar tículo 36º del Código tributario, cuando dicha r esolución ha

sido im pugnada en el plazo de ley y el administr ado continúe con el pagode las cuotas de dicho f r accionamiento manteniendo a su vez las gar antíasque se le hubiesen exigido para el acogimiento a tal benef icio.

c) La deuda esta blecida mediante R esolución de Determinación o de Multar eclamadas f uer a del plazo esta blecido para la interposición del r ecur so,siempre que no se cum pla con presentar la Carta Fianza respectiva con-f or me con lo dispuesto en el Ar tículo 137°.

En este sentido, según el numer al 3) del ar tículo 137º del Código Tr i bu-tario, cuando las R esoluciones de Determinación y de Multa se r eclamenvencido el término de veinte (20) días há biles, deberá acreditarse el pagode la totalidad de la deuda tributaria que se r eclama, actualizada hastala f echa de pago, o presentar carta f ianza bancaria o f inancier a por elmonto de la deuda actualizada hasta por 6 (seis) meses posteriores a laf echa de la interposición de la r eclamación, con una vigencia de 6 (seis)meses, de biendo renovarse por períodos similar es dentro del plazo queseñale la Administr ación.

d) La deuda esta blecida por R esolución no a pelada en el plazo de ley, oa pelada f uer a del plazo legal, siempre que no se cum pla con pr esentarla Carta Fianza respectiva conf or me con lo dispuesto en el Ar tículo 146°del Código Tr i butar io. Este acápite se r ef ier e al caso en que el deudor tributario hubiese en primertérmino efectuado la reclamación contra una acotación o una multa, per oluego de ello hubiese omitido interponer el recurso de a pelación contr ala r esolución adversa que r esuelve la r eclamación.

e) La que conste en Orden de Pago notif icada conf or me a ley. En este sentido, siendo que la orden de pago pone a cobro una deuda

expresamente r econocida por el contr i buyente en una declar ación jur ada

pr eexistente, la misma no requiere de un plazo extenso para su exigi bilidadcoactiva, como sí ocurre con las r esoluciones de determinación o las r eso-luciones de multa. En este sentido, en la RTF Nº 9191-7-2007, el Tr i bunalFiscal señaló que, en el caso de la orden de pago bastará su notif icación

para que la deuda exigi ble en dicho valor sea exigi ble coactivamente. Es más, en la RTF Nº 5464-4-2007, la cual es de o bservancia o bligator ia,el Tr i bunal Fiscal ha señalado que procede la cobranza coactiva de una

orden de pago cuya r eclamación hubiese sido declar ada inadmisi ble, aúncuando el deudor tributario hubiese interpuesto el respectivo recurso dea pelación contra dicha inadmisi bilidad.

Esto significa que, como r egla, las órdenes de pago no se r eclaman, sino que se pagan y, por lo mismo, son pasi bles de una cobranza coactiva inmediata.

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CAP. II

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CAP. V

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Sin perjuicio de lo anterior, podría ocurrir que la deuda contenida en una

orden de pago sea manif iestamente im procedente, en cuyo caso corr es- ponderá que el deudor tributario solicite dir ectamente al Ejecutor coactivola suspensión de la cobranza coactiva, en tanto se hubiese f or mulado lacorr es pondiente r eclamación contra la orden de pago dentro del plazo

de veinte días há biles, ello de conf or midad con el numer al 3) del liter ala) del ar tículo 119º del Código Tr i butar io.

f) Las costas y los gastos en que la Administración hubiera incurrido en elProcedimiento de Cobranza Coactiva, y en la a plicación de sanciones no

pecuniarias de conf or midad con las normas vigentes.

Sobre este punto, es pertinente recordar que el ar ancel de costas coactivas deSUNAT ha sido aprobado mediante el anexo 2 de la R esolución de Super -intendencia Nº 050-96/SUNAT, el cual ha sido sustituido por la R esoluciónde Super intendencia Nº 089-2005/SUNAT en los términos siguientes:

ARANCEL DE COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DECOBRANZA COACTIVA DE SUNAT

CONCEPTO % UIT

1. Resolución de Ejecución Coactiva. 0.7

2. Embargo en forma de:

2.1. Depósito con extracción. 2.6

2.2. Depósito sin extracción. 1.1

2.3. Depósito sin extracción e inscripción de vehículos. 1.9

2.4. Inscripción de acciones. 0.8

2.5. Inscripción de derechos de propiedad industrial. 0.8

2.6. Inscripción de inmuebles. 0.9 2.7. Inscripción de vehículos. 0.8

2.8. Intervención en información. 1.1

2.9. Intervención en recaudación. 2.6

2.10. Intervención en administración. 2.6

2.11. Retención ordenada a terceros, con excepción de las empresas del sistema financiero.

0.5

2.12. Retención ordenada a las empresas del sistema financiero . 0.5

3. Medida Cautelar Genérica. 0.8

CAP. VII Notas del Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 050-96/SUNAT,

sustituido por la Resolución de Superintendencia Nº 089-2005/SUNAT

1. La ampliación del embargo o medida tendrá el mismo costo del concepto involucrado. 2. Cuando se traben embargos o medidas concurrentes, el arancel equivaldrá a la suma

de las costas correspondientes. 3. Se cobrará el porcentaje señalado para el embargo de inscripción por cada bien, valor

o derecho embargado. 4. El porcentaje señalado para el embargo en forma de intervención en administración no

incluye la remuneración del Administrador. 5. La SUNAT no cobrará monto alguno cuando se efectúe embargos mediante mecanismos

electrónicos. 6. Se cobrará el porcentaje señalado para el embargo en forma de retención por cada

embargo ordenado.

7. La SUNAT no cobrará monto alguno cuando la medida cautelar genérica hubiera sidoordenada para que la cumpla alguna dependencia de la propia SUNAT.



CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

Respecto de las o bligaciones tributarias de los gobiernos locales, el ar tículo 25º de la Ley Nº 26979 señala que se considera deuda exigi ble coactiva-mente:

a) La esta blecida mediante R esolución de Determinación o de Multa, emitida

por la Entidad conf or me a ley, de bidamente notif icada y no r eclamadaen el plazo de ley;

b) La esta blecida por r esolución de bidamente notif icada y no a pelada en el plazo de ley, o por R esolución del Tr i bunal Fiscal;

c) Aquella constituida por las cuotas de amortización de la deuda tr i butar iamateria de a plazamiento y/o f r accionamiento pendientes de pago, cuan-do se incum plan las condiciones bajo las cuales se otorgó ese benef icio,siempre y cuando se haya cum plido con notif icar al deudor la r esoluciónque declar a la pérdida del benef icio de f r accionamiento y no se hubier ainterpuesto recurso im pugnator io dentro del plazo de ley.

En este punto, la Ley Nº 26979 dif ier e del Código Tributario, pues segúnesta última norma la r esolución de pérdida de f r accionamiento mantendr ála condición de deuda exigi ble si ef ectuándose la r eclamación dentro del

plazo, no se continúa con el pago de las cuotas de f r accionamiento.

d) La que conste en una Orden de Pago emitida conf or me a Ley y de bi-damente notif icada, de conf or midad con las disposiciones de la mater ia

previstas en el Texto Único Ordenado del Código Tr i butar io.

Sobre este acápite, el mismo ar tículo 25º precisa que la Administr aciónTributaria de los Gobiernos Locales únicamente emitirá Ordenes dePago en los casos esta blecidos en los numer ales 1 y 3 del Ar tículo 78 del

Código Tributario, siendo que para los demás supuestos deberá emitirR esoluciones de Deter minación.3

En virtud de lo anterior, son pasi bles de queja las cobranzas coactivasmunici pales de órdenes de pago que no se encuentren sustentadas enlas corr es pondientes declar aciones juradas, o cuando la actualización devalor es prevista en el ar tículo 14º de la Ley de Tributación Munici pal quesustituye a dicha declar ación no hubiese sido de bidamente notif icada alcontr i buyente con las f or malidades previstas en el ar tículo 104º del CódigoTr i butar io.

Como se puede apreciar, para que una deuda sea exigi ble en la vía coactiva,la misma debe estar expresamente deter minada y cuantif icada en un actoadministrativo previo, comúnmente denominado “valor ”.

CAP. VII

3 En este sentido, en la RTF Nº 0815-7-2008, el Tribunal Fiscal declara que la Ley de Tributación Municipal no ha establecidoel deber formal de presentar una declaración jurada que contenga la determinación del tributo, para el caso del Impuesto de

Alcabala. Asimismo, en la RTF Nº 01737-7-2008 el colegiado declara que los arbitrios Municipales no son susceptibles deautoliquidarse por el deudor tributario, por lo que para efectuar su cobro debe de emitirse una resolución de determinacióny no una orden de pago, por lo que la Administración ha infringido el procedimiento establecido. Por lo mismo, la cobranza

coactiva del Impuesto de alcabala y arbitrios municipales debe sustentarse necesariamente en una resolución de determi-

nación y no así en una orden de pago. Respecto del Impuesto predial, sí es posible que una Administración tributaria local

emita órdenes de pago y desarrolle la cobranza coactiva en base a este tipo de documentos.



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AP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

4. La correcta notificación del documento que da origen a la cobranza coactiva

No debe perderse de vista que, para que la deuda sea exigi ble coactivamente,la r esolución que la contiene debe estar de bidamente notif icada.

En este sentido, la notif icación de las órdenes de pago, r esoluciones de de-terminación y r esoluciones de multa emitidas por la Administración se r egir á

por las f or malidades contenidas en los ar tículos 104º y siguientes del CódigoTributario, aun cuando correspondan a valor es emitidos por Gobiernos Lo-cales.

Cabe precisar que las declar aciones juradas del Im puesto Pr edial, en quesustenta la emisión de las órdenes de pago giradas por las Munici palidades,también deben notif icar se con las f or malidades previstas en el art. 104º delCódigo Tr i butar io.

CAP. VII

5. ¿Cómo proceder en el caso que el acto administr ativo no se encuentre debidamente notificado? De conf or midad con el numer al 1) del ar tículo 116º del Código Tr i butar io,el Ejecutor Coactivo tiene la f acultad (y a la vez, la o bligación) de ver if icar laexigi bilidad de la deuda tributaria, a fin de iniciar la cobranza coactiva.

Asimismo, respecto de las o bligaciones tributarias munici pales, según el ar tículo 31º de la Ley 26979, concordado con el liter al d) del numer al 16.1 del ar tículo 16º de la misma norma, el Ejecutor Coactivo debe suspender el procedimientode cobranza coactivo cuando se haya omitido la notif icación al O bligado, del

acto administrativo que sirve de título para la e jecución. Por lo mismo, en el supuesto que el acto administrativo que sirve de sustento a

la cobranza coactiva, no haya sido de bidamente notif icado por SUNAT o la Ad-ministración Munici pal, corresponderá al contr i buyente solicitar la sus pensióndel procedimiento de cobranza coactiva ante el propio Ejecutor coactivo.

En el supuesto que el Ejecutor coactivo no ordene la suspensión del procedi-miento coactivo, el deudor tributario tiene la posi bilidad de recurrir en vía dequeja al Tr i bunal Fiscal. En este sentido, en la RTF 1380-1-2006, el Tr i bunalFiscal ha señalado:

“Procede que el Tr i bunal Fiscal en la vía de queja se pr onuncie sobre la validezde la notif icación de los valor es y/o r esoluciones emitidos por la Administr a-ción Tributaria, cuando la deuda tributaria materia de queja se encuentra encobranza coactiva.”4

4 http://tribunal.mef.gob.pe/Tribunal_Fiscal/PDFS/ROO/2006_1_01380.pdf

http://tribunal.mef.gob.pe/Tribunal_Fiscal/PDFS/ROO/2006_1_01380.pdf





CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

6. La Resolución de Ejecución Coactiva

6.1. Inicio del Procedimiento

Según el ar tículo 117º del Código Tributario el procedimiento de co br anza

coactiva es iniciado por el Ejecutor coactivo mediante la notif icación al deudortributario de la R esolución de Ejecución Coactiva, que contiene un mandatode cancelación de las Ordenes de Pago o R esoluciones en cobranza, dentro desiete (7) días há biles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelar es o deiniciarse la ejecución f or zada de las mismas, en caso que éstas ya se hubier andictado.

En este mismo sentido, respecto de las o bligaciones tributarias administr adas por los Gobiernos Locales, encontramos una disposición de similar contenidoen el ar tículo 29º de la Ley Nº 26979.

Nótese que según ambos dispositivos, la resolución de ejecución coactiva

contiene un mandato de pago. Además, también según ambos dispositivos, lar esolución debe estar de bidamente notif icada al deudor tributario. Por último,ambos dispositivos otorgan un plazo per entor io de siete días há biles para queel contr i buyente r ealice el pago voluntar io de la deuda puesta a co bro.

Por otro lado, debe criticarse la redacción de los dispositivos bajo comentar io,según los cuales, el mandato de pago de la deuda tributaria se r ealizar á ba joapercibimiento de dictarse la corr es pondientes medidas cautelar es. Al r es pec-to, es im por tante señalar que desde el punto de vista procesal las medidascautelar es se dictan cuando el derecho o la pretensión aún no se encuentr adeter minada, empero r esulta im por tante asegurar el cum plimiento de la pr e-

tensión. Por lo mismo, en el caso de los procedimientos de ejecución coactiva,las medidas dictadas una vez iniciado el mismo no deberían denominar se“medidas cautelar es”, pues el derecho al cobro por parte de la Administr aciónya tiene natur aleza cierta. En este sentido, en puridad técnica, la r esolución decobranza coactiva deberá contener un mandato de pago bajo a perci bimientode dictarse “las medidas de ejecución f or zada”.

De hecho, de acuerdo a lo antes señalado, sólo en los supuestos previstos en losar tículos 56º al 58º del Código Tributario r esulta técnico r ef er ir se a “medidascautelar es”, pues, en dichos casos aún no se ha def inido de manera cierta laacotación de la Administración tr i butar ia.

De otro lado, r esulta im por tante señalar que la R esolución de Ejecución coactivano es un acto r eclama ble.

6.2. Requisitos de la Resolución de ejecución coactiva

En relación a los requisitos que debe contener la Resolución de e jecucióncoactiva emitida al amparo del Código Tributario, los mismos son señaladostaxativamente por el ar tículo 117º del mencionado Código:

a.- El nombre del deudor tr i butar io.

b.- El número de la Orden de Pago o R esolución objeto de la co br anza.

c.- La cuantía del tributo o multa, según corresponda, así como de los inte-reses y el monto total de la deuda.

CAP. VII



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AP. VIII

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CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

d.- El tributo o multa y período a que corr es ponde.

Sobre este mismo punto, la Ley Nº 26979 ha sido más exigente respecto delas acotaciones cobradas por los Gobiernos Locales. En ef ecto, el ar tículo 15ºde la mencionada Ley, concordado con el ar tículo 30º de la misma esta blece

los siguientes requisitos de la r esolución de ejecución coactiva: a) La indicación del lugar y f echa en que se ex pide;

b) El número de orden que le corresponde dentro del expediente o delcuaderno en que se ex pide;

c) El nombre y domicilio del o bligado;

d) La identif icación de la r esolución o acto administrativo generador de laO bligación, de bidamente notif icado, así como la indicación expresa delcum plimiento de la o bligación en el plazo de siete (7) días;

e) El monto total de la deuda objeto de la cobranza, indicando detallada-

mente la cuantía de la multa administrativa, así como los intereses o, ensu caso, la es pecif icación de la o bligación de hacer o no hacer objeto delProcedimiento;

f) La base legal en que se sustenta; y,

g) La suscripción del Ejecutor y el Auxiliar r es pectivo.5

Este tr atamiento dif er enciado entre la r esolución de ejecución coactiva emitida

por una Administración al amparo del Código Tributario y la r esolución deejecución coactiva emitida por un Go bier no Local tiene ribetes de inconsti-tucionalidad, habida cuenta la inexistencia de una razón técnica para dicha

distinción.

6.3. Notificación de la resolución de ejecución coactiva

La r esolución de ejecución coactiva debe estar de bidamente notif icada.

So br e las f or malidades de dicha notif icación, si la r esolución de ejecución coactiva corresponde a SUNAT entonces la diligencia debe reunir las f or malidadesdel ar tículo 104º del Código Tr i butar io.

En cambio, si la r esolución de ejecución coactiva corresponde a una acotacióntributaria de un Go bier no local, entonces el acto de notif icación debe r eunirlos requisitos esta blecidos en la Ley del Pr ocedimiento Administrativo Gener al,

ello en virtud de la Cuarta Disposición Final de la Ley Nº 28165. De otro lado, es pertinente mencionar que de acuerdo a lo señalado por elTr i bunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 417-2005-AA/TC, la r esolución de ejecución coactiva no puede notif icar se de maner aconjunta con el valor o documento de ejecución, pues ello vulner a el der echoconstitucional al debido proceso.6

5 Es más, la Ley Nº 26979 no acepta como válida la incorporación de la firma mecanizada para la suscripción de las resolu-

ciones de ejecución coactiva provenientes de los gobiernos locales, ello a diferencia de lo dispuesto en el artículo 111º del

Código Tributario. Nótese además que, respecto de las resoluciones de ejecución coactiva emitidas por una Administración

tributaria distinta a los Gobiernos Locales no se requiere la rúbrica del Auxiliar coactivo. 6 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00417-2005-AA.html






CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

Por último, r esulta im por tante subrayar que, en el caso de la r esolución deejecución coactiva emitida por los Gobiernos Locales en materia tributaria lamisma será acompañada de la copia del valor o título de ejecución, su corr es-

pondiente constancia de notif icación y recepción en la que f igur e la f echa enque se llevó a cabo, así como la constancia de haber quedado consentida ocausado estado, ello de conf or midad con el numer al 15.2 del ar tículo 15º dela Ley Nº 26979, concordado con el ar tículo 30º de la misma norma. Este r e-quisito no ha sido contem plado respecto de la r esolución de ejecución coactiva

emitida al amparo del Código Tr i butar io.

7. Las medidas de ejecución (las mal denominadas medidas cautelar es) Una vez vencido el plazo de siete días há biles otorgado en la r esolución deejecución coactiva, el Ejecutor coactivo se encuentra f acultado a trabar lasmedidas de ejecución que considere necesarias, ello de conf or midad con el

primer párr af o del liter al a) del ar tículo 118º del Código Tributario y ar tículo 32º de la Ley Nº 26979.

En este sentido, según el mencionado ar tículo 118º del Código Tributario yar tículo 33º de la Ley Nº 26979, el Ejecutor Coactivo podrá dictar, indistinta-mente y sin orden de pr elación, las siguientes medidas de ejecución f or zada:

7.1. En forma de intervención en recaudación, en información o en admi-nistr ación de bienes

Embargo en forma de intervención en r ecaudación

Según el numer al 1) del ar tículo 17º de la R esolución de Su per intendencia Nº 216-2004/SUNAT, R eglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva

de la Coactiva de la SUNAT, a través del embargo en f or ma de intervención enr ecaudación se af ectan dir ectamente los ingresos del Deudor en el lugar en elcual éstos se perciben, con la f inalidad de hacer ef ectiva la cobranza de la deuda.El mismo ar tículo 17º esta blece las f unciones del interventor r ecaudador :

a) Ef ectuar el arqueo de caja inicial, cuyos r esultados serán consignadosen el Acta de instalación respectiva. Si la medida se r ealiza en var iosesta blecimientos del Deudor, se ef ectuar á un arqueo de caja inicial porcada caja que se encuentre en dichos esta blecimientos.

b) Llevar el control de ingresos y de egresos, ef ectuando diariamente elarqueo de ca ja.

c) Comunicar al Ejecutor si se han ef ectuado pagos al Deudor por medio detarjetas de crédito o similar es, para que éste, de consider ar lo per tinente,ordene el embargo en f or ma de r etención.

d) Verificar que durante la diligencia se r ealicen los pagos necesarios par ael f uncionamiento del negocio y para el cum plimiento de las o bligacioneslegales del Deudor de natur aleza la bor al, tributaria y alimenticia cuyovencimiento o f echa de pago se produzcan durante la intervención.

e) R ealizar el arqueo de caja f inal con la anotación precisa del monto que

se detrae por concepto de pago de la deuda tributaria materia del proce-dimiento.

CAP. VII



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CAP. I

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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

f) Inf or mar al Ejecutor sobre los hechos que o bstaculicen el nor mal desarr ollode la medida, a fin de que éste adopte las previsiones del caso.

g) Incluir los r esultados del arqueo f inal de caja en la respectiva Acta decierre, cuya copia será entregada al Deudor, a su representante o a la

persona con quien se entiende la diligencia. Si la medida se r ealiza envarios esta blecimientos del Deudor, el arqueo de caja f inal será por cada

caja que se encuentre en dichos esta blecimientos.

h) Ingr esar el monto recaudado el día en que se r ealizó la diligencia o a mástardar el día há bil siguiente, en la entidad bancaria ubicada en la depen-dencia de la SUNAT o en cualquier Agencia, Sucur sal u Of icina de la R edBancaria autorizada para la r ecaudación de tributos, según corr es ponda.Los documentos donde conste el ingreso del monto recaudado ser ánentregados al Deudor .

i) Custodiar o poner bajo custodia, el dinero recaudado hasta el momento

que r ealice el ingreso a que se r ef ier e el liter al anter ior . Cabe precisar que la mencionada disposición es a plica ble sólo a los em bargosen f or ma de intervención en r ecaudación dictados por SUNAT. En este sen-tido, respecto de las medidas cautelar es dictadas por otras Administr acionestributarias, será de a plicación supletor ia los ar tículos 662º y 663º del CódigoPr ocesal Civil, los cuales señalan que el interventor recaudador está o bligadoa:

a) Verificar el f uncionamiento y conservación de lo intervenido, sin inter f er irni interrumpir sus la bor es pro pias;

b) Llevar control de ingresos y de egr esos;

c) Pro porcionar , de los f ondos que recauda, lo necesario para la actividadr egular y ordinaria de lo intervenido;

d) Poner a disposición del Juez (léase, ejecutor coactivo) dentro de tercerdía las cantidades recaudadas, consignándolas a su orden en el Banco dela Nación. A pedido propio o de parte, puede el Juez modif icar el plazo

para consignar ;

e) Inf or mar , en los plazos señalados por el Juzgado, el desar rollo r egular dela intervención,

f) Inf or mar , de inmediato, sobre aspectos que considere per judiciales oinconvenientes a los intereses de quien ha o btenido la medida cautelar ,entre ellos la f alta de ingresos y la resistencia e intencional o bstr ucciónque dif iculte o impida su actuación.

En cualquier a de ambos supuestos, el embargo de f or ma de intervención enr ecaudación es de corta duración, pues se limita a af ectar los ingresos perci bidos

por el e jecutado sólo en la f echa u o por tunidad señalada en la diligencia.

Embargo en forma de intervención en inf or mación

Respecto del embargo en f or ma de intervención en inf or mación, de acuerdo alnumer al 2) del ar tículo 17º de la R esolución de Super intendencia Nº 216-2004/

SUNAT, a plica ble a la Administración Tributaria Nacional, el mismo consiste



CAP. VIII

CAP. IX

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CAP. VI

en el nombramiento por parte del Ejecutor, de uno o varios interventoresinf or mador es para que en un plazo deter minado recaben inf or mación y ver i-f iquen el movimiento económico del Deudor y su situación patr imonial, conel fin de hacer ef ectiva la cobranza de la deuda. En este sentido, el interventorinf or mador observará lo siguiente:

a. Notif icar á al Deudor la r esolución de embargo, la misma que de ber ácontener la identif icación del interventor inf or mador .

b. No podrá recabar la inf or mación r elacionada a procesos productivos,conocimientos tecnológicos y similar es, salvo que se encuentre r elacio-nada con inf or mación r elativa al movimiento económico o a la situación

patr imonial del Deudor .

c. Pondrá en conocimiento del Ejecutor los hechos que o bstaculicen elnor mal desar rollo de sus f unciones, a fin de que éste adopte las medidascorr es pondientes.

d. Vencido el plazo señalado en la r esolución que ordenó el em bargo,inf or mar á por escrito al Ejecutor sobre el r esultado de las ver if icacionesef ectuadas.

Respecto de las otras Administraciones tributarias, según el ar tículo 666º del Código Procesal Civil, el inf or mador está o bligado:

• Inf or mar , en las f echas señaladas por éste, respecto de las com pr o baciones sobre el movimiento económico de la empresa inter venida, así como otr ostemas que interesen a la materia controvertida; y

• Dar cuenta inmediata so br e los hechos que consider e per judiciales al titular

de la medida cautelar , o que obsten el ejercicio de la intervención. Como puede apreciarse, el objeto del embargo en f or ma de intervención eninf or mación se limita a recabar inf or mación, mas no im plica de modo algu-no de las f acultades de administración o r e pr esentación de la empresa. Esdecir, este tipo de embargos no constituyen una af ectación directa sobre los

bienes y rentas del e jecutado. De hecho, después recogidas las inf or macionesdir ectamente en la empresa embargada, el Ejecutor podrá dictar las medidasde ejecución que correspondan (af ectación de cuentas, f actur as por co br ar ,activos, etc).

Embargo en forma de administr ación.-

Respecto del embargo en f or ma de administración, el numer al 3) del ar tículo 17º de la R esolución de Su per intendencia Nº 216-2004/SUNAT, r ef er ido a los

procedimientos de la SUNAT, dispone que por el embargo en f or ma de inter -vención en administración de bienes el Ejecutor está f acultado para nom br aruno o varios interventores administr ador es con la f inalidad de recaudar losf r utos o utilidades que pudier an producir los bienes em bargados.

Son f unciones del interventor administr ador según la norma antes glosada:

• Ver if icar y supervisar la administr ación de los f r utos o utilidades que produzca el bien o los bienes em bargados.

CAP. VII



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CAP. I

CAP. II

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CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

• Si el bien embargado es la f uente pr inci pal de ingresos del Deudor ,comprobar que de lo producido por éste, sólo se r ealicen los gastos ne-cesarios para el mantenimiento de la f uente productora, así como para elcum plimiento de las o bligaciones legales de natur aleza la bor al, tr i butar iay alimenticia cuyo vencimiento o f echa de pago se produzca durante la

intervención. • Rendir cuenta al Ejecutor de la gestión en f or ma periódica, con f r ecuencia

no mayor a la mensual, a fin que se pueda evaluar la ef ectividad de lamedida cautelar .

• Poner a disposición de la SUNAT las utilidades o f r utos o btenidos, de jandoconstancia de ello en el Acta corr es pondiente, cuya copia será entr egada

al Deudor, a su representante o a la persona con quien se entiende ladiligencia.

• Inf or mar al Ejecutor de las situaciones que o bstaculicen su desempeño,

a fin que éste adopte las medidas del caso. • Presentar un inf or me al Ejecutor al término de su gestión, detallando las

utilidades y los f r utos que se hubieren recaudado durante la medida, asícomo de las diversas gestiones r ealizadas en su f unción.

• Si como r esultado de la medida de embargo, el Interventor pone a dis- posición de la SUNAT bienes distintos al dinero, se variará dicha medida

a embargo en f or ma de de pósito.

• Ingr esar el monto recaudado en la entidad bancaria ubicada en la de pen-dencia de la SUNAT o en cualquier Agencia, Sucur sal u Of icina de la R edBancaria autorizada para la r ecaudación de tributos, cuando corr es ponda.

Los documentos donde conste el ingreso al Fisco del monto r ecaudadoserán entregados al Deudor .

• Custodiar o poner bajo custodia, el dinero recaudado hasta el momento que r ealice el ingreso a que se r ef ier e el párr af o anter ior .

Sobre el mismo tema, respecto de las otras Administraciones tributarias, elar tículo 671º del Código Procesal Civil señala que el administr ador está o bli-gado, según corresponda al bien o empresa, a:

• Gerenciar la empresa embargada, con sujeción a su objeto social;

• R ealizar los gastos ordinarios y los de conservación;

• Cum plir con las o bligaciones la bor ales que corr es pondan; • Pagar tributos y demás o bligaciones legales;

• For mular los balances y las declar aciones juradas dispuestas por ley;

• Pro porcionar la inf or mación que éste exija, agregando las o bservaciones sobre su gestión;

• Poner a disposición las utilidades o f r utos o btenidos.

Como puede apreciarse, en los embargos en f or ma de intervención en ad-ministración tampoco se genera una af ectación directa sobre bienes o r entas

es pecíf icas de la empresa, no obstante lo cual, sí se produce una af ectaciónen la dirección y r e pr esentación de la misma.



CAP. VIII

CAP. IX

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CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

Cur iosamente, la R esolución de Su per intendencia Nº 216-2004/SUNAT no prevé como o bligación del administr ador el cum plir con el pago de las o bli-gaciones la bor ales de la empresa intervenida. Sin perjuicio de ello, consideroque, en cum plimiento del ar tículo 24º de la Constitución, el administr adordesignado por SUNAT está igualmente o bligado a dar pr ef er encia al pago de

las o bligaciones la bor ales de los tr a ba jador es de la empresa sobre las o bliga-ciones tributarias que causaron la intervención.

7.2 Embargo en forma de depósito, con o sin extracción de bienes

El embargo en f or ma de depósito, con o sin extracción de bienes, im plica laaf ectación sobre los bienes de pro piedad del deudor tributario. En este senti-do, según el numer al 2 del inciso a) del ar tículo 118º del Código Tr i butar io,dicha medida se ejecutará sobre los bienes y/o derechos que se encuentren encualquier esta blecimiento, inclusive los comerciales o industr iales, u of icinasde prof esionales inde pendientes, aún cuando se encuentren en poder de un

tercero, incluso cuando los citados bienes estuvieran siendo transportados. Si-milar redacción es recogida por el inciso b) del ar tículo 33º de la ley 269797.

Ahora, esta af ectación puede ser con o sin extracción del bien. En este sentido, enel embargo en f or ma de depósito con extracción de bienes se produce una af ecta-ción constitucionalmente válida del derecho de posesión, uso y disf r ute r es pectodel propietario del bien. En esto casos, no se designará como depositario almismo deudor tributario, sino a un tercero o a la misma Administr ación.

En cambio, en el embargo en f or ma de depósito sin extracción de bienes eldeudor tributario mantiene la posesión, uso y/o disf r ute del bien, pero el dicho

bien suf r e una af ectación jurídica, de modo que, deberá ponerse a disposición del

Ejecutor coactivo cuando este f uncionar io así lo solicite. De hecho, según el ar tículo 190º del Código Penal incurre en delito de a pr o piación ilícita el depositario queen provecho propio o de un tercero se apropia de un bien recibido en calidadde depósito. En la medida de ejecución en f or ma de depósito sin extracción de

bienes se designa como depositario o custodio al mismo deudor tr i butar io.

Cualquiera f uese el tipo de embargo en f or ma de depósito, en virtud del ar tículoliter al c) del numer al 1 del ar tículo 18º de la R esolución de Super intendencia Nº 216-2004/SUNAT, la diligencia se mater ializar á en un acta de embargo, en lacual se consignar án los datos que permitan identif icar al bien embargado, talescomo su natur aleza, cantidad, número de serie, marca de f á br ica, modelo, color ,año de f a br icación, estado de conservación, señas par ticular es o cualquier otr acaracterística que corresponda al tipo de bien. También, se deberá consignaren el acta, el lugar donde quedan de positados los bienes embargados. En igualsentido, podemos citar el art. 644º del Código Procesal Civil, en r elación a lascobranzas coactivas r ealizadas por los Gobiernos Locales.

En cualquier a de los casos, la af ectación de los bienes embargados en f or ma

de depósito traerá como consecuencia el remate de los bienes, previa tasaciónde los mismos; salvo que el deudor tributario pague la deuda exigi ble o que laAdministración tributaria apruebe el f r accionamiento tributario con anter ior idadal acto de r emate.

CAP. VII

7 Excepto la mención a los bienes que estuvieran siendo transportados.



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CAP. II

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CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

De otro lado, el numer al 2) del liter al a) del ar tículo 118º del Código Tr i butar iocontiene una contradicción: Por un lado señala que cuando los bienes con-f or mantes de la unidad de producción o comercio, aisladamente, no af ectenel proceso de producción o de comercio, se podrá trabar, desde el inicio, elembargo en f or ma de depósito con extracción. Empero, a r eglón seguido, el

mismo dispositivo también dispone que respecto de los bienes que se encuen-tren dentro de la unidad de producción o comercio, “se trabará” (nótese laexpresión imperativa) inicialmente embargo en f or ma de depósito sin extr acciónde bienes, siendo que en este extremo de la norma no se distingue entre los

bienes que af ecten o no aisladamente el proceso productivo.

Como f uer a, el embargo en f or ma de depósito es una de las f or mas de e je-cución f or zada que produce una mayor sensi bilidad en la esf er a patr imonialy psicológica del contr i buyente. Es por esta razón que el último párr af o delnumer al 2) del liter al a) del ar tículo 118º del Código Tributario señala que elEjecutor Coactivo, a solicitud del deudor tributario, podrá sustituir los bienes

af ectados por otros de igual o mayor valor . No está demás precisar que en no pocas o por tunidades se requerirá de la a pli-cación de medidas de descerraje o similar es para la ejecución de la medida deembargo en f or ma de depósito, es pecialmente, en el embargo con extr acciónde bienes. Al respecto, el liter al b) del ar tículo 118º del Código Tributario se-ñala que los Ejecutores Coactivos de la SUNAT podrán hacer uso de medidascomo el descerraje o similar es, previa autorización judicial, siendo que, par atal efecto, deberán cursar solicitud motivada ante cualquier Juez Es pecializadoen lo Civil, quien debe r esolver en el término de veinticuatro (24) horas, sincorrer tr aslado a la otra parte, bajo r es ponsa bilidad. A pesar que el Código

hace alusión exclusiva a los ejecutores de la SUNAT, los ar tículos 19º y 35º dela Ley Nº 26979 hace extensiva dicha r egulación a los ejecutores coactivos delos Gobiernos locales.

7.3. Embargo en forma de inscripción

Este tipo de medidas im plica una af ectación sobre un bien mue ble o inmue bler egistr a ble. Por ello, el numer al 3) del liter al a) del ar tículo 118º del CódigoTributario y el inciso c) del ar tículo 33º de la ley Nº 26979 señala, que dichoembargo deberá anotarse en el Registro Público u otro registro, con lo cual,también será posi ble dictar una medida de ejecución f or zada de esta natur aleza

en un registro de carácter administr ativo. Ahora, este tipo de af ectaciones, al igual que los embargos en f or ma de de pósitoconllevan a la tasación y posterior remate de los bienes, salvo que el deudortributario pague la deuda puesta a cobro o le sea aprobado un f r accionamientotr i butar io.

Las citadas normas precisan que el importe de tasas r egistr ales u otros der echos,deberá ser pagado por la Administración Tributaria con el producto del r emate,luego de o btenido éste, o por el inter esado con ocasión del levantamiento dela medida. Sobre este mismo punto, en la RTF Nº 2670-5-2007 el Tr i bunalFiscal ha señalado como criterio de observancia o bligator ia que:



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CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

“En el caso que se declar e f undada la intervención excluyente de pr opiedadde un bien sobre el cual se hubiera trabado una medida de embargo en f or ma

de inscripción, la Super intendencia Nacional de Administración Tr i butar ia(SUNAT) está obligada al pago de las tasas r egistr ales u otros derechos exigidos para la anotación y/o el levantamiento de dicha medida cautelar .”8

7.4. En forma de retención

Ésta es una medida ejecutiva de suma ef ectividad, pues la misma le per mitea la Administración ef ectuar el cobro de la deuda de manera inmediata, sinnecesidad de a plicar el procedimiento de tasación y remate de bienes.

El embargo en f or ma de retención, como indica el numer al 4) del liter al a) delar tículo 118º del Código Tributario, recae sobre los bienes, valor es y f ondosen cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como sobre los der echosde crédito de los cuales el deudor tributario sea titular , que se encuentren en

poder de terceros. Similar redacción contiene el inciso d) del ar tículo 33º dela Ley 26979.

Ahora, estos terceros pueden ser una entidad del Estado que ef ectúa adquisi-ciones al ejecutado, una entidad del sistema f inanciero donde este último tienedepositados sus ahorros o un cliente directo del proveedor .

Respecto de los proveedores de las entidades del Estado, el ar tículo 2º del De-creto Legislativo 931, de f echa 10.10.2003, señala que a través del r es pectivomedio inf or mático dichas entidades estatales deberán comunicar a la SUNATcada vez que se devengue un gasto a f avor de sus Proveedores. Asimismo, encaso el sistema inf or mático señale que el Proveedor tiene deuda tributaria, la

SUNAT deberá notif icar le a la Entidad, hasta el día há bil siguiente de ef ectua-da la comunicación, la r esolución que permita trabar el embargo en f or ma deretención. Por último, desde que la Entidad estatal conozca la existencia de ladeuda Tributaria hasta el vencimiento del plazo antes indicado o la notif icaciónde la r esolución respectiva, lo que ocurra primero, la Entidad no deberá ef ectuar

pago alguno al Proveedor por concepto del gasto que se ha devengado.

En este mismo orden de ideas, según el ar tículo 2º del Decreto Legislativo Nº 932, las Empresas del Sistema Financiero deberán im plementar y manteneren f uncionamiento el “Sistema de embargo por medios telemáticos” medianteel cual la SUNAT notif icar á, al amparo del inciso b) del ar tículo 104 del Código

Tributario, las r esoluciones que dis pongan embargos en f or ma de retención aterceros o las vinculadas a dicho embargo, en la f or ma, condiciones y o por -tunidad que ésta indique.

Por último, respecto de las medidas en f or ma de retención notif icadas a losclientes del proveedor, la medida podrá ejecutarse mediante la diligencia detoma de dicho o notif icando al tercero, a ef ectos que se retenga el pago a laorden de la Administración Tr i butar ia.

En cualquier a de los casos antes señalados, una vez notif icada la r esolucióncoactiva de embargo en f or ma de retención, se generan las siguientes o bligacio-nes f or males con sus consiguientes inf r acciones en caso de incum plimiento:

CAP. VII

8 http://tribunal.mef.gob.pe/Tribunal_Fiscal/PDFS/ROO/2007_5_02670.pdf






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CAP. V

CAP. VI

Obligación Consecuencia jurídica encaso de incumplimiento

Base legal

Poner en conocimiento delEjecutor Coactivo la retencióno la imposibilidad de ésta en

el plazo máximo de cinco (5)días hábiles de notificada laresolución.

Multa Numeral 5) del Artículo 177° del Código Tributario.

No informar al ejecutado de laejecución de la medida hastaque se realice la misma.

Informar la existencia decréditos y/o bienes cuandoexistan

Pagar el monto que omitióretener y multa.

numeral 6) del Artículo 177° del Código Tributario.

Entregar a la AdministraciónTributaria los montos rete-

nidos

Pagar a la AdministraciónTributaria el monto que debió

retener y multa

Artículo 18º del Código Tri-butario.

Numeral 6 del Artículo 178° del Código Tributario.

CAP. VII

Por último, debe tenerse bien presente que la r esolución de embargo en f or ma

de retención no agota sus ef ectos en la o por tunidad que el tercero entrega loscréditos y/o bienes al Ejecutor coactivo, sino que este mandato administr ativose mantendrá hasta la f echa en que la Administración ordene el levantamientode la medida.

7.5. Medida cautela genérica

El primer párr af o del liter al a) del ar tículo 118º del Código Tributario dis poneque el ejecutor coactivo podrá adoptar otras medidas no contempladas endicho dispositivo, siempre que asegure de la f or ma más adecuada el pago dela deuda tributaria materia de la co br anza.

Respecto del pr ocedimiento de cobranza coactiva de o bligaciones munici pales,la Ley Nº 26979 intenta ser más restrictiva, pues el ar tículo 32º de la misma

señala que vencido el plazo de siete días há biles, el Ejecutor podrá disponer setraben como medidas cautelar es cualquier a de las previstas en el ar tículo 33º,con lo cual podría generar la errónea impresión que un f uncionar io munici palestá impedido de r esolver una medida cautelar genér ica.

Al respecto, considero que, por a plicación supletor ia del Código Tr i butar io,un ejecutor coactivo munici pal sí se encuentra en la posi bilidad de trabar una

medida cautelar genér ica.

7.6 For malidades especiales en el caso de tributos municipales

A dif er encia del procedimiento coactivo r egulado por el Código Tr i butar io,La Ley Nº 26979 es bastante exigente respecto de las medidas de e jecucióndictadas por los Gobiernos Locales.

En ef ecto, el ar tículo 33-A de la Ley Nº 26979 dispone que sólo los E jecutor es

coactivos de bidamente acr editados ante las entidades del sistema f inancieroy bancar io, la Policía Nacional del Perú, las dif er entes of icinas r egistr ales del



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CAP. IX

CAP. I

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CAP. VI

territorio nacional y ante el Banco de la Nación, podrán ordenar embargos orequerir su cum plimiento.

La norma menciona que dicha acr editación deberá contener, cuando menos, elnombre de la persona, el número del documento de identif icación per sonal, el

domicilio per sonal, el número de inscripción corr es pondiente a su colegiatur a,el número y f echa de la r esolución que lo designa, el registro de f ir mas y selloscorr es pondiente, la dirección de la of icina en donde f unciona la E jecutor íacoactiva de la Entidad. Esta acr editación del Ejecutor coactivo deberá sersuscrita por el titular de la Entidad corr es pondiente.

Incluso, los terceros exigirán, bajo r es ponsa bilidad, la acr editación antes r ef er i-da, quedando dis pensados de ejecutar las medidas cautelar es que sean dictadasen caso de que la misma no sea cum plida y/o no se encuentre conf or me a loesta blecido en la presente Ley.

Asimismo, el ar tículo 33-B de la misma Ley Nº 26979 dispone que para or denar

la entrega de f ondos retenidos o recaudados, o para llevar a cabo la e jecuciónf or zosa mediante remate o cualquier otra modalidad, el ejecutor notif icar á

previamente al o bligado con la R esolución que pone en su conocimiento elinicio de la ejecución f or zosa y el mandato de em bargo.

8. Bienes inembar gables El Código Tributario no r egula expresamente el tema de los bienes inem barga-

bles. Empero, por a plicación supletor ia del ar tículo 648º del Código ProcesalCivil, son inem barga bles los siguientes bienes:

a. Los bienes constituidos en patrimonio f amiliar , sin perjuicio de lo dis puesto por el Ar tículo 492 del Código Civil;

b. Las prendas de estricto uso per sonal, li bros y alimentos básicos del o bli-gado y de sus parientes con los que conf or ma una unidad f amiliar , asícomo los bienes que r esultan indis pensa bles para su subsistencia;

c. Los vehículos, máquinas, utensilios y herr amientas indis pensa bles par ael ejercicio directo de la prof esión, of icio, enseñanza o aprendizaje delo bligado;

d. Las insignias condecor ativas, los unif or mes de los f uncionar ios y servi-dores del Estado y las armas y equipos de los miembros de las Fuer zas

Armadas y de la Policía Nacional; e. Las r emuner aciones y pensiones, cuando no excedan de cinco Unidades

de R ef er encia Pr ocesal. El exceso es em barga ble hasta una tercera par te.

f. Las pensiones alimentar ias;

g. Los bienes mue bles de los templos r eligiosos; y,

h. Los se pulcros.

En este sentido, si una Administración Tributaria trabase una medida de ejecu-ción f or zada sobre algún bien de naturaleza inem barga ble, el deudor tr i butar iodeberá solicitar el levantamiento inmediato de dicha medida, ad juntando los

medios pro bator ios corr es pondientes.

CAP. VII



248

Así por e jemplo, si el Ejecutor coactivo trabase un embargo en f or ma de r eten-ción sobre las r emuner aciones de un tr a ba jador con vínculo de de pendencia, elmismo deberá solicitar de inmediato la desaf ectación de las sumas em bargadas,acr editando su derecho con las últimas boletas de pago de r emuner aciones ylos estados de cuenta de bancarios corr es pondientes a los depósitos de estas

r emuner aciones. Incluso, si el Ejecutor coactivo denegase la solicitud de desa-f ectación de la cuenta de haberes, considero que el administr ado podrá r ecurr iren vía de Queja ante el Tr i bunal Fiscal.



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SOLICITA LEVANTAMIENTO DE EMBARGOEN CUENTA DE REMUNERACIONES

SEÑOR EJECUTOR COACTIVO DE LA INTENDENCIA REGIONAL LIMA DE LA SU-PERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.-

MERCEDES VIRGINIA RAMOS CISNEROS, identificada con DNI Nº 42459087, con RUC Nº 10424590875, a Usted respetuosamente digo:

I. PETITORIO:

Que solicito a vuestro Despacho se sirva disponer el LEVANTAMIENTO DE EM-BARGO respecto de la cuenta de ahorros Nº 234-001-345678, del Banco Nuevo Amanecer del Perú, en atención a los siguientes fundamentos de hecho y dere-cho:

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:

1. El recurrente tiene la calidad de trabajadora dependiente de la empresa “Solde Oro SAC”, razón por la cual percibe una remuneración mensual de S/. 1,000.00 en la cuenta de ahorros Nº 234-001-345678, del Banco Nuevo Ama-necer del Perú.

2. A la fecha, la Administración Tributaria ha trabado embargo en forma de re-tención sobre los depósitos efectuados en dicha cuenta de ahorros.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

De conformidad con el articulo 648º del Código Procesal Civil, son inembargableslas remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de cinco Unidades de Refe-rencia Procesal.

IV. MEDIOS PROBATORIOS:

1. Copia de las tres últimas boletas de pago de remuneraciones.

2. Copia de los tres últimos estados de cuenta de la cuenta de ahorros Nº 234- 001-345678, del Banco Nuevo Amanecer del Perú.

V. ANEXOS:

1. Copia del DNI de la recurrente.

2. Copia de las tres últimas boletas de pago de remuneraciones.

3. Copia de los tres últimos estados de cuenta de la cuenta de ahorros Nº 234-001-345678, del Banco Nuevo Amanecer del Perú.

POR TANTO:

Solicito a Usted se sirva proveer conforme a Ley.

Lima, 30 de junio del 2009.

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CAP. I

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CAP. VI

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9. Tasación y remate de los bienes embar gados Una vez af ectado el bien a través del mandato de embargo en f or ma de de-

pósito o en f or ma de inscripción, el Ejecutor coactivo dis pondr á la tasación yconsecuente remate de los bienes.

9.1 Designación del perito tasador

Para ef ectos de este Manual, el Diccionario de la R eal Academia de la Lengua Es pañola reconoce dos ace pciones del término “ per ito”:9

a) Entendido, ex per imentado, há bil, práctico en una ciencia o ar te.

b) Persona que, poseyendo deter minados conocimientos científ icos, artísti-cos, técnicos o prácticos, inf or ma, bajo jur amento, al juzgador sobre puntoslitigiosos en cuanto se r elacionan con su es pecial saber o ex per iencia.

Como r egla gener al, el ar tículo 121º del Código Tributario señala que la ta-

sación de los bienes embargados se ef ectuar á por un (1) perito per tenecientea la Administración Tributaria o designado por ella. En este punto, el CódigoTributario también dif ier e de la Ley Nº 26979, norma a plica ble a los proce-dimientos coactivos de las entidades munici pales. En este sentido, según losar tículos 21º y 37º de esta última norma la tasación y remate de los bienesembargados por deudas tributarias munici pales se ef ectuar á de acuerdo a lasnormas que para el caso esta blece el Código Procesal Civil, con lo cual, deconf or midad con el ar tículo 728º del mencionado Código la tasación debe serela bor ada por dos (2) peritos tasador es.

9.2 Tratamiento de las convocatorias desiertas

De conf or midad con el ar tículo 121º del Código Tributario, respecto de los pr o-cedimientos desarr ollados por la Administración tributaria en gener al, luego deaprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el Ejecutor Coactivo convocar áa remate de los bienes embargados, sobre la base de las dos terceras par tesdel valor de tasación. Si en la primera convocatoria no se presentan postor es,se r ealizar á una segunda en la que la base de la postura será reducida en unquince por ciento (15%). Si en la segunda convocatoria tampoco se pr esen-tan postores, se convocará nuevamente a remate sin señalar precio base. Elremanente que se origine después de rematados los bienes embargados ser áentregado al e jecutado.

El dispositivo antes glosado dif ier e en parte del ar tículo 742º del TUO delCódigo Procesal Civil, a plica ble a los remates convocados por las Munici pali-dades, según el cual si en la primera convocatoria no se presentan postores, seconvoca a una segunda en la que la base de la postura se reduce en un quince

por ciento. Si en la segunda convocatoria tampoco se presentan postores, seconvoca a una tercera, r educiendo la base en un quince por ciento adicional.Si en la tercera convocatoria no hay postores, a solicitud del ejecutante podr áad judicár sele dir ectamente el bien, por el precio base de la postura que sirvió

para la última convocatoria, pagando el exceso sobre el valor de su crédito, sihubier e.

9 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=perito

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=perito





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10. Inter vención excluyente de la propiedad Ahora, en el desarr ollo del pr ocedimiento de ejecución coactiva, podría ocurr irque el ejecutor af ectase activos o existencias de una persona distinta al deudortr i butar io.

En este tipo de situaciones, el tercero que sea propietario de bienes em barga-dos por la Administración Tributaria se encontrará f acultado a presentar una

solicitud de intervención excluyente de pro piedad, ello de conf or midad con elar tículo 120º del Código Tr i butar io.

Para tal ef ecto, el tercero af ectado deberá acreditar su derecho de pro piedadsobre los bienes embargados mediante:

a. Documento privado de f echa cier ta.

b. Documento público.

c. Otro documento.

Al respecto, el ar tículo 235º del Código Pr ocesal Civil señala que es documento público el otorgado por f uncionar io público en ejercicio de sus atr i buciones,la escritura pública y los demás documentos otorgados ante o por notar io

público.

En este mismo sentido, el ar tículo 236º del mismo Código Pr ocesal Civildocumento privado es aquel que no tiene las características del documento

público. El mismo ar tículo precisa que la legalización o cer tif icación de f ir masno convierte al documento privado en un documento público.

En los tres casos previstos en el Código Tributario, el documento exhi bido

por el tercerista debe acreditar f ehacientemente la pro piedad sobre los bienesaf ectados.

Así por e jemplo, en la RTF Nº 6710-1-2006, el Tr i bunal Fiscal señaló que conlos respectivos testimonios de escritura pública of r ecidos por el tercerista, seacredita que los bienes materia de embargo le f ueron tr ansf er idos con ante-rioridad a la f echa en que se dictó la medida cautelar sobre los mismos.

En este orden de ideas, en la RTF Nº 101-4-2000 el Tr i bunal Fiscal señaló queuna guía de remisión sustenta el tr aslado de los bienes, mas no la pro piedadde los mismos.

No obstante el requisito de f ehaciencia exigido por el Código Tributario, en

algunas ocasiones el Tr i bunal se ha mostrado un tanto más f lexi ble. Así por e jemplo, en la RTF Nº 1127-4-2001 el Tr i bunal Fiscal señaló que eltercerista ha acr editado la posesión del local en donde se desar rolló la diligen-cia de embargo a través del respectivo contrato de arr endamiento, por lo quer esulta de a plicación la presunción esta blecida en el ar tículo 913º del CódigoCivil, según la cual la posesión de un inmue ble hace presumir la pro piedadrespecto de los bienes mue bles que se hallan en él. Es decir, en este caso, elColegiado no exigió un documento que acredite dir ectamente la pro piedadsobre los bienes mue bles embargados, siendo suf iciente el contrato de alquilerrespecto del inmue ble.

CAP. VII



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Otro e jemplo de f lexi bilidad del Colegiado lo encontramos en la RTF Nº 10263- 5-2001, en la cual el Tr i bunal Fiscal señaló que, tratándose de bienes mue blesno r egistr a bles, el documento que acredita la pro piedad es el com pro bantede pago emitido por el vendedor en la que se describen los bienes objeto detr asf er encia.

No puede dejar de mencionar se la RTF 8184-1-2007, según la cual procedeque un mismo procedimiento de cobranza coactiva se inter ponga una nueva

tercería o intervención excluyente de pro piedad, aun cuando el Tr i bunal Fis-cal haya desestimado con anter ior idad una sobre el mismo bien materia deembargo, si se sustenta en la pr esentación de nuevos medios pro bator ios.

Por otro lado, en el ar tículo 533º, el Código Procesal Civil contempla no sólola tercería excluyente de pro piedad, sino también la tercería de derecho pr ef e-rente de pago. Al respecto, en el Inf or me Nº 004-2007/SUNAT, la SUNAT ha

señalado que ni el Ejecutor Coactivo ni ningún órgano de la Administr ación

Tributaria tienen com petencia

para pr onuncia

r se sobre la

Intervención deDerecho Pr ef er ente, siendo competente para ello el Poder Judicial.

Respecto del procedimiento de la tercería excluyente de pro piedad, el ar tículo 120º del Código Tributario esta blece lo siguiente:

• La tercería excluyente de propiedad podrá inter poner se en cualquier momento antes del inicio del remate del bien.

• Como se ha indicado líneas arriba, la solicitud en cuestión debe acom- pañarse de un documento que acredite f ehacientemente la pro piedad del bien.

• El Ejecutor calif ica el escrito interpuesto por el tercerista y lo admite a tr ámite.

• Como consecuencia de la admisión a trámite, el Ejecutor coactivo sus- penderá el remate de los bienes objeto de la solicitud y correrá tr asladodel escrito de tercería al e jecutado.

• El e jecutado está en la posi bilidad de pr onunciar se respecto de la solicitud en el término de cinco días há biles.

• Con la respuesta del e jecutado o sin ella, el Ejecutor debe pronunciarse respecto de la solicitud en el término de término de treinta días há biles.

• La r esolución dictada por el Ejecutor coactivo es a pela ble al Tr i bunal

Fiscal en el término de cinco días há biles siguientes a su notif icación. • Durante la tramitación de la tercería o del recurso de a pelación, el E je-

cutor está o bligado a suspender cualquier actuación tendente a e jecutarlos embargos trabados respecto de los bienes objeto de la solicitud detercer ía.



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CAP. VI

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN EXCLU- YENTE DE PROPIEDAD


CARLOS MIGUEL JULCA REYNOSO, identificado con DNI Nº 10293878, a Usted res-petuosamente digo:

I. PETITORIO:

Que, en los seguidos por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRA-CIÓN TRIBUTARIA con EMPRESA MAIZ DEL RICO SAC, formulo INTERVEN-CIÓN EXCLUYENTE DE PROPIEDAD respecto de la máquina desgranadora demaíz marca “Lunix”, serie Nº AB-123, modelo Nº 789-B, en atención a los siguientesfundamentos de hecho y derecho:

II. FUNDAMENTOS DE HECHO: 1. Con fecha 02 de junio del 2009 la Administración Tributaria ha trabado em-

bargo en forma de depósito con extracción de bienes respecto de los bienesde la ejecutada EMPRESA MAIZ DEL RICO SAC.

2. Es el caso que dentro de los bienes objeto de dicha medida de ejecución, laSUNAT ha afectado la máquina desgranadora de maíz marca “Lunix”, serieNº AB-123, modelo Nº 789-B, la cual es de exclusiva propiedad del recurren-te.

3. En efecto, conforme se acredita con el correspondiente contrato privado decompra - venta con firmas legalizadas ante notario y la Factura Nº 002-199, laejecutada procedió a la transferencia del mencionado bien al recurrente con

fecha 01.04.2009, esto es, con mucha anterioridad a la diligencia de embar-go.

4. Asimismo, con el contrato de arrendamiento de fecha 01.05.2009, tambiénlegalizado ante notario, el recurrente procedió a ceder en uso el bien antesseñalado a la ejecutada, razón por la cual el mismo fue encontrado en el localde la ejecutada al momento de la diligencia de embargo.


1. Según el artículo 120º del Código Tributario, el tercero que sea propietario delos bienes embargados podrá interponer intervención excluyente de propie-dad ante el Ejecutor coactivo antes que se inicie el remate del bien.

IV. MEDIOS PROBATORIOS: 1. Contrato privado de compra - venta con firmas legalizadas ante notario. 2. Factura Nº 002-199.

V. ANEXOS:

1. Copia del DNI de la recurrente.

2. Contrato privado de compra - venta con firmas legalizadas ante notario. 3. Factura Nº 002-199.

POR TANTO:

Solicito a Usted se sirva proveer conforme a Ley.


CAP. VII



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CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

11. Suspensión del procedimiento de cobranza coactiva

11.1. Autonomía del funcionario coactivo.-

El procedimiento de ejecución coactiva es un procedimiento administr ativo

sumario, cuya f inalidad pr imor dial es la r ecaudación mediante la af ectaciónf or zosa en la esf er a patr imonial del deudor tributario, dentro del marco de laConstitución y la ley.

Por lo mismo, es im por tante que el Ejecuto desarr olle sus f unciones con autono-mía, sin encontrarse sujeto a presiones en el f uer o interno de la Administr acióntributaria a la cual per tenece.

Es en salvaguar da de esta autonomía que la Ley Nº 26979, a plica ble a losgobiernos munici pales, dispone que los f uncionar ios de Ejecutor y Auxiliarcoactivo deben designarse mediante concurso público de méritos. Una dis po-sición semejante no la encontramos en el Código Tributario respecto de los

f uncionar ios coactivos de la SUNAT. Ahora, el ar tículo 119º del Código Tributario ha querido expresar este margende autonomía de los ejecutores con la siguiente ex pr esión:

“ Ninguna autor idad ni órgano administrativo, político, ni judicial podrá suspender o concluir el pr ocedimiento de cobranza coactiva (…)”

CAP. VII

Sin embargo, la redacción de la norma antes glosada no es la más f eliz, pues da la impresión que el Ejecutor no está obligado a acatar los mandatosdel Tr i bunal Fiscal ni del Poder Judicial, cuando, pr ecisamente, son estos

órganos los encargados de contr olar la legalidad de las actuaciones del f un-cionario coactivo. Además, tampoco es exacto que ningún órgano político puede suspender los pr ocedimientos coactivos, pues no es poco f r ecuenteque el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo o el Concejo Munici palexpidan leyes, decretos legislativos u or denanzas munici pales, dis poniendola condonación de deudas tributarias, aun de aquellas que se encuentren en

plena cobranza coactiva.

Por lo mismo, lo más adecuado desde un punto de vista técnico es eliminardel Código Tributario (o al menos, r ef or mular ) la expresión antes glosada ya la vez, diseñar un marco de protección a la autonomía de los f uncionar ios

coactivos de la

Administración tributaria na

ciona

l, por e jemplo, a través delos concursos públicos de mér itos.

11.2. Causales de suspensión del procedimiento de cobranza coactiva

Ahora, el liter al a) del ar tículo 119º del Código Tributario esta blece tres supuestos de suspensión del procedimiento de cobranza coactiva:

a) Cuando se hubiese dictado una medida cautelar en un pr ocesoconstitucional de amparo

En ef ecto, según el ar tículo 15º de la Ley Nº 28237, Código Procesal

Constitucional, modif icado por la Ley Nº 28946, se pueden concedermedidas cautelar es y de suspensión del acto violator io en los procesos



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de amparo, hábeas data y de cum plimiento, sin transgredir lo esta blecidoen el primer párr af o del ar tículo 3 del mencionado Código.

La norma precisa que, para su expedición se exigirá a par iencia delderecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o

r azona ble para garantizar la ef icacia de la pr etensión. Además, como r egla, en los pr ocedimientos de amparo, las medidascautelar es se dictan sin conocimiento de la otra par te.

Por otro lado, aun cuando el Código Tributario no lo señala ex pr esa-mente, el procedimiento de cobranza coactiva también se suspende poraplicación de una medida cautelar dictada en pr ocedimiento judicialcontencioso – administrativo, ello de conf or midad con el ar tículo 35º dela Ley Nº 27584.

b) Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expr esa-

mente En este sentido, una ley, decreto legislativo o una or denanza munici pal

pueden disponer la suspensión de los procedimientos de cobranza coac-tiva.

c) Tr atándose de ór denes de pago, cuando medien cir cunstanciasque evidencien que la cobranza podría ser improcedente.-

Al respecto, téngase presente que, como r egla, la orden de pago esexigi ble inmediatamente, sin que exista un plazo para su r eclamaciónantes que la misma sea derivada para su cobranza coactiva. Por ello el

ar tículo 115º señala que es deuda exigi ble coactivamente la contenidaen una orden de pago notif icada conf or me a ley. En este mismo sentido,según el segundo párr af o del ar tículo 136º del Código Tributario, par ainterponer r eclamación contra la orden de pago es requisito acreditar el

pago previo de la totalidad de la deuda.

Así por e jemplo, en la RTF Nº 2899-4-2004, el Tr i bunal Fiscal señalóque en cum plimiento de lo dispuesto en el numer al 1) del ar tículo 78º delCódigo Tributario, la Administración únicamente había puesto a co brola deuda que ha sido autoliquidada por el deudor tributario en su decla-ración jurada, por lo que la emisión de la orden de pago ha sido emitida

conf or me a Ley. En este mismo sentido, también pueden citarse a modode e jemplo, la RTF Nº 2763-4-2004 y la RTF Nº 597-4-2004.

Sin embargo, podría ocurrir que la deuda contenida en la orden de pagosea im procedente. Ahora, aun cuando el numer al 3) del liter al a) del ar -tículo 119º del Código Tributario no desar rolla el tema, nos encontr amosante una cobranza im procedente en los siguientes casos:

1. Cuando el deudor tributario presenta una declar ación r ectif icator iadeter minando una menor o bligación tr i butar ia.

2. Cuando la Administración pretende la cobranza de pagos a cuentauna vez deter minado el importe de la o bligación pr inci pal.

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3. Cuando la Administración pretende el cobro de deudas no r econo-cidas expresamente en la declar ación jur ada.

4. Cuando el deudor realizó pagos contra la deuda puesta a cobro, per o, por error, consignó equivocadamente el número de ruc, periodo o

código del tr i buto. En los casos antes señalados, corresponderá al deudor tributario inter - poner el corr es pondiente recurso de r eclamación (o, incluso, se podr áinterponer el f or mular io Nº 194, el cual tiene la natur aleza de una r e-clamación es pecial) en el plazo per entor io de veinte días há biles. Pero,además, en el supuesto que la orden de pago ya hubiese sido gener adola respectiva r esolución de ejecución coactiva, corresponderá solicitar lainmediata suspensión de la cobranza coactiva dir ectamente al E jecutorcoactivo. Incluso, en el supuesto que el Ejecutor se negase a sus penderla cobranza coactiva, el contr i buyente podrá interponer un denominadorecurso de Que ja.

De otro lado, r esulta im por tante mencionar que en la reiterada jur is pr u-dencia del Tr i bunal Fiscal encontramos que dicho Colegiado, ante lasquejas interpuestas alegando el inicio indebido de la cobranza coactiva,dispone la suspensión tempor al de los procedimientos de cobranza coac-tiva, cuando ver if ica en autos que la Administración ha dictado medidasde embargo (gener almente, próximas a ejecutarse), ello con la f inalidadde evitar un posi ble perjuicio al contr i buyente. En este sentido, puedecitarse, por e jemplo, la RTF Nº 03830-2-2008.

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SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA CO-BRANZA COACTIVA


EMPRESA PROCESADORA DEL CENTRO SAC,con RUC 20123456785, debidamente repre-sentada por don CARLOS MORETTI ROJAS,identificado con DNI 23457819, a Usted digo:

I. PETITORIO: Que, solitamos la SUSPENSIÓN de la cobranza coactiva contenida en el Expe-diente Nº 2345900012347, correspondiente a la orden de pago Nº 2146700034569,por la suma de S/. 10,000; en atención a los siguientes fundamentos de hecho y dederecho:

II. FUNDAMENTOS DE HECHO: 1. La orden de pago Nº 2146700034569 pone a cobro la suma de S/. 10,000.00,correspondiente al IGV del periodo marzo del 2008, la cual a su vez es lasuma declarada en el PDT Nº 621- 23499999.

2. Es el caso que la información contenida en el PDT 621- 23499999 es erró-nea, siendo el importe correcto la suma de S/. 1000.00.

3. Por lo mismo, al haber sido notificados con la Orden de Pago Nº 2146700034569,hemos procedido a presentar la respectiva declaración rectificatoria, conformeobra en el PDT Nº 621- 24788888. Asimismo, hemos procedido a interponer el correspondiente recurso de recla-mación contra la mencionada orden de pago.

4. Por lo mismo, la cobranza coactiva contenida en la resolución de ejecución

coactiva Nº 2345900012347 es improcedente. III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

De conformidad con el numeral 3) del literal a) del artículo 119º del Código Tribu-tario, procede la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva cuando semedien circunstancias que evidencien que la cobranza es improcedente.

IV. MEDIOS PROBATORIOS: 1. Copia de la orden de pago Nº 2146700034569. 2. Copia del PDT Nº 621- 23499999. 3. Copia del PDT Nº 621- 24788888. 4. Copia del recurso de reclamación interpuesto contra la orden de pago Nº

2146700034569.

V. ANEXOS: 1. Copia del DNI del representante legal. 2. Vigencia de poder del representante legal. 3. Copia de la orden de pago Nº 2146700034569. 4. Copia del PDT Nº 621- 23499999. 5. Copia del PDT Nº 621- 24788888. 6. Copia del recurso de reclamación interpuesto contra la orden de pago Nº

2146700034569.

POR TANTO: Solicitamos a Usted se sirva resolver conforme a Ley.

Lima, junio del 2009.

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12. Causales de conclusión del procedimiento de cobranza coactiva Por otro lado, el liter al b) del ar tículo 119º del Código Tributario esta blece lascausales de conclusión def initiva del procedimiento de cobranza coactiva:

a. Se hubiera pr esentado oportunamente reclamación o apelación contrala Resolución de Determinación o Resolución de Multa que contenga ladeuda tributaria puesta en cobranza, o Resolución que declara la pér di-da de fraccionamiento, siempr e que se continúe pagando las cuotas defraccionamiento

Recuérdese que, según el liter al a) del ar tículo 115º del Código Tr i butar io,es deuda exigi ble coactivamente aquella contenida en una R esolución deDeterminación o de Multa o la contenida en la R esolución de pérdida delf r accionamiento notif icadas por la Administración y no r eclamadas en el

plazo de ley. La misma norma precisa que, en el supuesto de la r esolu-ción de pérdida de f r accionamiento se mantendrá la condición de deuda

exigi ble si ef ectuándose la r eclamación dentro del plazo, no se continúacon el pago de las cuotas de f r accionamiento.

En este sentido, si se hubiese presentado oportunamente la r eclamacióncontra alguno de los valor es antes señalados, la deuda en cuestión nunca

debió ingresar al área de cobranza coactiva. Por lo mismo, si por error sehubiese iniciado un procedimiento de cobranza coactiva respecto de una

r esolución de deter minación, r esolución de multa o r esolución de pér dida

de f r accionamiento, de bidamente r eclamadas en el plazo de ley, entoncescorresponderá solicitar la conclusión de dicho procedimiento.

b. La deuda haya quedado extinguida por cualquiera de los medios seña-lados en el Artículo 27º del Código Tributario.

Al respecto, cabe recordar que, según el ar tículo 27º del Código Tr i butar io,La o bligación tributaria se extingue por los siguientes medios:

1. Pago.

2. Com pensación.

3. Condonación.

4. Consolidación.

5. R esolución de la Administración Tributaria sobre deudas de co branzadudosa o de r ecuper ación onerosa.

6. Otros que se esta blezcan por leyes es peciales.

En este sentido, si la deuda objeto de cobranza coactiva se extingue por alguna de las causales antes señaladas, por e jemplo, el pago de ladeuda, evidentemente no tiene sentido la continuación de la co br anzacoactiva.

Sobre el tema del pago, cabe precisar que, para que proceda la conclusióndel procedimiento coactivo, este pago debe ef ectuar se en su integr idad,caso contrario, continuar á la cobranza coactiva sobre la dif er encia inso-

luta.



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c. Se declare la pr escripción de la deuda puesta en cobranza

Al respecto, debe precisarse que no es suf iciente con la interposición dela solicitud de prescripción, sino que, necesariamente, la Administr acióndeberá emitir una r esolución declar ando la prescripción, a ef ectos que

proceda la conclusión del procedimiento de cobranza coactiva. Una duda que se genera sobre este punto se r ef ier e a quién es el f uncio-nario competente para r esolver la solicitud de pr escr i pción.

En este sentido, es pertinente acotar la RTF Nº 1194-1-2006, la cual esde observancia o bligator ia, según la cual:

“Procede que el Tr i bunal Fiscal en vía de queja se pr onuncie sobre la pr escr i p-ción de la acción de la Administración Tributaria para deter minar la obligacióntributaria, así como la acción para exigir su pago y a plicar sanciones, cuandola deuda tributaria materia de queja se encuentra en cobranza coactiva.”

Esto quiere decir que, cuando la deuda se encuentra en cobranza coac-tiva, el ejecutor coactivo es el f uncionar io competente para pronunciarseen primer término sobre la solicitud de prescripción. En este sentido, siel pronunciamiento del Ejecutor no es satisf actor io a la pretensión de

prescripción, corresponderá que el contr i buyente inter ponga una Que jaante el Tr i bunal Fiscal.

Lo antes señalado no se modif ica por la RTF Nº 12280-4-2008, la cualtambién es de observancia o bligator ia, en la que el Tr i bunal Fiscal ha

señalado:

“ No procede que el Tr i bunal Fiscal en vía de queja se pronuncie sobre la

prescripción de la acción de la Administración Tributaria para deter minar laobligación tributaria, así como la acción para exigir su pago y a plicar sanciones,cuando ha sido opuesta al ejecutor coactivo al encontrarse la deuda tr i butar iaen cobranza coactiva y éste le da trámite de solicitud no contenciosa.”

Nótese que en esta última RTF el Tr i bunal Fiscal no ha dispuesto que lassolicitudes de prescripción r ef er idas a deudas objeto de una co br anzacoactiva sean r esueltas necesariamente en vía de un procedimiento nocontencioso. Lo que indica el Colegiado en la RTF Nº 12280-4-2008 esque, en el supuesto que el Ejecutor coactivo le hubiese dado a la solicitud

de prescripción el trámite de un procedimiento no contencioso, entoncesel Tr i bunal Fiscal no r esultar á competente para pronunciarse en vía deQue ja.

Ahora, def initivamente, la RTF Nº 12280-4-2008 deja en indef ensión alos contribuyentes, pues, bastará con que el Ejecutor derive la solicitud de

prescripción respecto de una deuda objeto de cobranza coactiva a otr aárea de la Administración, para que el procedimiento coactivo continúesobre la deuda prescrita y a la vez se im posi bilite la ca pacidad de r evisiónal Tr i bunal Fiscal en vía de Que ja.

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d. La acción se siga contra per sona distinta a la obligada al pago

Esta situación puede presentarse, por e jemplo, cuando se sigue el proce-dimiento de cobranza coactiva a una sociedad conyugal respecto de las

bienes propicios de uno de los cónyugues.

e. Exista r esolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento depago

Al respecto, es im por tante indicar que la sola pr esentación de la solicitudde f r accionamiento (a través del PDT Nº 687 o PDT Nº 689) no sus pendela cobranza coactiva, siendo que, recién con la r esolución aprobatoria delf r accionamiento se dará por concluido el procedimiento de r ecaudaciónf or zosa.

También cabe mencionar que la cobranza coactiva continuar á r es pectode las deudas exigi bles que no hubiesen sido objeto de la solicitud def r accionamiento.

Por último, en el supuesto que el contr i buyente tenga ya aprobado un“Fr accionamiento ar tículo 36º” y luego ello sea notif icado con una deuda

f r acciona ble, no podrá incluir la nueva deuda en dicho f r accionamiento.

En este tipo de casos, corresponderá que el deudor tributario acoja ladeuda del “Fr accionamiento ar tículo 36º” a un R ef inanciamiento (a tr avésdel PDT Nº 689), para que, luego de aprobado este r ef inanciamiento,acoja en un segundo “Fr accionamiento ar tículo 36º” la nueva deuda

notif icada. Es decir, para ef ectos prácticos, el contr i buyente tendrá dosf r accionamientos tr i butar ios.

f. Las Ór denes de Pago o r esoluciones que son materia de cobranza hayansido declaradas nulas, revocadas o sustituidas después de la notificaciónde la Resolución de Ejecución Coactiva.

Según el literal d) del ar tículo 115º del Código Tributario, es deuda exigi blecoactivamente la que conste en una orden de Pago notif icada conf or mea ley.

En este sentido, la Administración Tributaria no requiere esperar el tér minode veinte días há biles para recién iniciar la cobranza coactiva de una or dende pago, como sí ocurre en el caso de las r esoluciones de deter minacióny/o de multa.

Ahora, podría ocurrir que la orden de pago adolezca de una causal denulidad. Siendo esto así, cuando la nulidad sea declar ada expresamente

por la propia Administración Tributaria, de oficio o a pedido de par temediante la interposición del For mular io Nº 194 o r eclamación, corr es-

ponderá al Ejecutor coactivo disponer la conclusión del procedimientocoactivo.

g. Cuando la per sona obligada haya sido declarada en quiebra.

Al respecto, es im por tante acotar que la declar ación de quiebra es r eali-zada por el juez.



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En este sentido, según el ar tículo 99º de la Ley Nº 27809, Ley Gener aldel Sistema Concur sal, cuando en los procedimientos de disolución yliquidación se ver if ique el supuesto previsto en el Ar tículo 88.7º de dicha

norma, el Liquidador deberá solicitar la declar ación judicial de quie br adel deudor ante el Juez Es pecializado en lo Civil.

Presentada la demanda el Juez, dentro de los treinta (30) días siguientesde presentada la solicitud, y previa ver if icación de la extinción del patr i-monio a partir del balance f inal de liquidación que deberá ad juntar se encopia, sin más trámite, declar ar á la quiebra del deudor y la inco br a bilidadde sus deudas.

La norma concur sal precisa que el auto que declar a la quiebra del deudor ,la extinción del patrimonio del deudor y la inco br a bilidad de las deudas,deberá ser publicado en el Diario Of icial El Peruano por dos (2) díasconsecutivos.

A su vez, consentida o e jecutor iada la r esolución que declar a la quie br a,concluir á el procedimiento y el Juez ordenará su archivo, así como lainscripción de la extinción del patrimonio del deudor, en su caso, y emi-tirá los cer tif icados de inco br a bilidad para todos los acreedores im pagos.Asimismo, la declaración de la extinción del patrimonio del deudor conte-nida en dicho auto, deberá ser registrada por el Liquidador en el R egistroPúblico corr es pondiente.

h. Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expr esamente.

Nótese que la norma alude dir ectamente a las normas con rango de ley.En este sentido, recuérdese que el ar tículo 74º de la Constitución con-

tiene el principio de legalidad y de reserva de ley en materia tr i butar ia.Por ello se ex plica que el Código Tributario exija que la conclusión del

procedimiento coactivo se disponga a través de una norma con rango deley.

Sobre el mismo punto, el numer al 4) del ar tículo 200º de la Constituciónseñala que gozan del rango de ley las leyes, decretos legislativos, decr etosde urgencia, tratados, r eglamentos del Congreso, normas r egionales decarácter gener al y or denanzas munici pales.

i. Cuando el deudor tributario hubiera presentado una reclamación o ape-

lación vencidos los plazos establecidos para la inter posición de dichosr ecur sos, cumpliendo con pr esentar la Carta Fianza r espectiva conf or mecon lo dispuesto en los Artículos 137° o 146°

Al respecto, el numer al 3) del ar tículo 137° del Código Tributario señalaque, cuando las R esoluciones de Determinación y de Multa se r eclamenvencido el señalado término de veinte (20) días há biles, deberá acr editar seel pago de la totalidad de la deuda tributaria que se r eclama, actualizada

hasta la f echa de pago, o presentar carta f ianza bancaria o f inancier a porel monto de la deuda actualizada hasta por 6 (seis) meses posteriores a laf echa de la interposición de la r eclamación, con una vigencia de 6 (seis)

meses, de biendo renovarse por períodos similar es dentro del plazo queseñale la Administr ación.

CAP. VII



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CAP. VI

Asimismo, el ar tículo 146º del Código Tributario dispone que la a pelaciónserá admitida vencido el plazo de quince días há biles, siempre que seacredite el pago de la totalidad de la deuda tributaria a pelada actualizada

hasta la f echa de pago o se presente carta f ianza bancaria o f inancier a porel monto de la deuda actualizada hasta por seis (6) meses posteriores a la

f echa de la interposición de la a pelación, y se f or mule dentro del tér minode seis (6) meses contados a partir del día siguiente a aquél en que seef ectuó la notif icación cer tif icada.

En este sentido, el contr i buyente tiene la posi bilidad de interponer unrecurso de r eclamación o de a pelación de f or ma extemporánea sólo sicum ple con pagar el íntegro de la deuda puesta a cobro o si al menosotorga carta f ianza en los términos antes indicados.

SOLICITUD DE CONCLUSIÓN DEL PRO-CEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA


EMPRESA PROCESADORA DEL SUR SAC, con RUC 20123456785, debidamenterepresentada por don CARLOS MORETTI ROJAS, identificado con DNI 23457819, aUsted digo:

a. PETITORIO:

Que, solitamos la CONCLUSIÓN de la cobranza coactiva contenida en el Expedien-

te Nº 2345900012347, correspondiente a la orden de pago Nº 2146700034569, porla suma de S/. 1,000, por el periodo mayo del 2001; en atención a los siguientesfundamentos de hecho y de derecho:

b. FUNDAMENTOS DE HECHO:

1. Mediante Resolución de Intendencia Nº 3052897563133, la AdministraciónTributaria ha declarado la prescripción de la deuda tributaria correspondientea la Orden de Pago Nº 2146700034569.

2. En este sentido, corresponde la conclusión del procedimiento de cobranzacoactiva contenido en el Expediente Nº 2345900012347.

CAP. VII c. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1. Según el literal b) del artículo 119º del Código Tributario, corresponde laconclusión del procedimiento de cobranza coactiva respecto de las deudasque hubiesen sido declaradas prescritas.

d. ANEXOS:

a) Copia del DNI del representante legal.

b) Copia de la Resolución de Intendencia Nº 3052897563133.

POR TANTO:

Solicitamos a Usted se sirva resolver conforme a Ley.

Lima, junio del 2009



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CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

13. Las medidas cautelar es pr evias Hemos señalado que, como r egla gener al, el dictado de una medida de e jecu-ción sólo procede después de vencido el plazo de siete días há biles otorgado

por la r esolución de ejecución coactiva.

A su vez, la emisión y notif icación de la r esolución de ejecución coactiva r equier eque las r esoluciones de determinación y r esoluciones de multas hayan quedadof ir mes o consentidas en la vía administrativa. En el caso de órdenes de pago,

para que r esulte procedente la cobranza coactiva, los valor es deben r ef er ir sea deudas expresamente r econocidas por el contr i buyente en una declar ación

jurada pr eexistente.

Sin embargo, lo antes señalado tiene su excepción en las denominadas medi-das cautelar es previas. En ef ecto, según el ar tículo 56º del Código Tr i butar ioexce pcionalmente, cuando por el com por tamiento del deudor tributario sea

indis pensa ble o, existan razones que permitan presumir que la cobranza po-

dría devenir en inf r uctuosa, antes de iniciado el Procedimiento de Co br anzaCoactiva, la Administración podrá trabar medidas cautelar es por la suma que

baste para satisf acer dicha deuda, inclusive cuando ésta no sea exigi ble coac-tivamente, a fin de asegurar el pago de la deuda tributaria. En este sentido,en las RTF Nº 5157-4-2008, entre otras, el Tr i bunal Fiscal ha señalado que:

Que en ef ecto, los dos supuestos enunciados por el ar tículo 56° son distintos,toda vez que las razones que permiten presumir que la cobranza podría seinf r uctuosa no necesar iamente provienen del com por tamiento del deudor tributario, sino que al ser ajenas al mismo, ponen en peligr o el pago de la deuda

tributaria y, por el contrario, no necesar iamente en todos los supuestos que la

norma enuncia existen razones para presumir que la cobranza podría deveniren inf r uctuosa, toda vez que aunque los mismos se pr odu jer an, también podr íaser que la solvencia del deudor tributario garantice el pago;

Que asimismo, es pertinente mencionar que la f inalidad de la medida cautelar previa es asegurar el pago de la deuda, es decir, evitar el peligr o de f alta de pagode la misma, ya sea por causas atr i bui bles al deudor tributario o a situacionesexternas, o sim plemente por causas que no se pueden atribuir dir ectamente ycon certeza al deudor tr i butar io.

Ahora, en citado ar tículo 56º esta blece una r elación numerus clausus de in-conductas del deudor tributario, los cuales ameritan el dictado de una medida

de esta natur aleza: • Presentar declar aciones, comunicaciones o documentos f alsos, f alsif icados

o adulter ados que reduzcan total o parcialmente la base im poni ble. • Ocultar total o parcialmente activos, bienes, ingresos, rentas, f r utos o

productos, pasivos, gastos o egresos; o consignar activos, bienes, pasivos,gastos o egresos, total o parcialmente f alsos.

• R ealizar , ordenar o consentir la r ealización de actos f r audulentos en losli br os o registros de conta bilidad u otros li br os y registros exigidos porley, r eglamento o R esolución de Super intendencia, estados conta bles,declar aciones juradas e inf or mación contenida en soportes magnéticoso de cualquier otra natur aleza en perjuicio del fisco, tales como: alter a-ción, raspadura o tacha de anotaciones, asientos o constancias hechas

en los li br os, así como la inscripción o consignación de asientos, cuentas,nombres, cantidades o datos f alsos.

CAP. VII



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CAP. I

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CAP. VI

• Destruir u ocultar total o parcialmente los li br os o registros de conta bilidadu otros li br os o registros exigidos por las normas tributarias u otros li br oso registros exigidos por ley, reglamento o R esolución de Super intendenciao los documentos o inf or mación contenida en soportes magnéticos uotros medios de almacenamiento de inf or mación, r elacionados con la

tr i butación. • No exhibir y/o no presentar los li br os, registros y/o documentos que sus-

tenten la conta bilidad, y/o que se encuentren r elacionados con hechossuscepti bles de generar obligaciones tributarias que hayan sido r equer idosen f or ma expresa por la Administración Tributaria, en las of icinas f iscaleso ante los f uncionar ios autor izados, dentro del plazo señalado por la

Administración en el r equer imiento en el cual se hubier an solicitado por primera vez. Asimismo, no exhibir y/o no presentar, los documentos r elacionados conhechos suscepti bles de generar obligaciones tributarias, en las of icinasf iscales o ante los f uncionar ios autor izados, en el caso de aquellos deu-dores tributarios no obligados a llevar conta bilidad.

• No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percep-ciones de tributos que se hubieren ef ectuado al vencimiento del plazoque para hacer lo fijen las leyes y r eglamentos per tinentes.

• Obtener exoner aciones tributarias, reintegros o devoluciones de tr i butosde cualquier natur aleza o cualquier otro benef icio tributario simulandola existencia de hechos que permitan gozar de tales benef icios.

• Utilizar cualquier otro art if icio, engaño, astucia, ardid u otro medio f r audulento, para dejar de pagar todo o parte de la deuda tr i butar ia.

• Pasar a la condición de no ha bido. • Haber demostrado una conducta de constante incum plimiento de com-

promisos de pago.

• Of ertar o tr ansf er ir sus activos, para dejar de pagar todo o parte de la deuda tr i butar ia.

• No estar inscrito ante la administración tr i butar ia.

CAP. VII

Por lo mismo, un contr i buyente no debe incurrir en alguno de los supues-tos previstos en el ar tículo 56º, a ef ectos de evitar la imposición de una

medida cautelar de manera antici pada.

Las medidas cautelar es previas tienen las siguientes car acter ísticas:

a) Serán sustentadas mediante la corr es pondiente R esolución de De-ter minación, R esolución de Multa, Orden de Pago o R esolución que

desestima una r eclamación. Es decir, la Administración Tributaria sólo podrá dictar una medida

cautelar previa cuando se hubiese notif icado la acotación al contr i- buyente.

Sin embargo, la excepción a lo antes señalado está en el ar tículo 58º del Código Tributario, según el cual, cuando en el proceso def iscalización o ver if icación se ver if ique alguna de las causales par adictar medidas cautelar es previas, la Administración Tr i butar iatrabará aquellas que considere necesarias para garantizar la deu-da tributaria, aún cuando no se hubiese emitido la R esolución de

Determinación, R esolución de Multa u Orden de Pago de la deudatr i butar ia.



CAP. VIII

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

b) Las medidas cautelar es previas podrán ser e jecutadas sólo des puésde iniciado el pr ocedimiento de cobranza coactiva y una vez vencidoel plazo de siete días há biles otorgados por la r esolución de e jecucióncoactiva. Asimismo, si al momento de trabar una medida cautelar

previa se af ecta un bien de pr o piedad de terceros, los mismos podr án

iniciar el procedimiento de intervención excluyente de pro piedad. Esto se explica por cuanto la acotación f or mulada aun no se encuen-tra f ir me o consentida a nivel contencioso – tr i butar io.

c) Las medidas cautelar es previas son de vocación tempor al. En estesentido, según el numer al 1) del ar tículo 57º del Código Tr i butar io,como r egla gener al, tratándose de deudas no exigi bles coactivamen-te, la medida cautelar se mantendrá durante un (1) año, com putadodesde la f echa en que f ue trabada. A su vez, sólo si existiera una

r esolución desestimando la r eclamación del deudor tributario, dicha

medida se mantendrá por dos (2) años adicionales. Vencido los plazos antes indicados, sin necesidad de una declar ación ex pr esa,la medida cautelar caducará, estando o bligada la Administración a

ordenar su levantamiento.

Así también, en el caso de medidas cautelar es previas dictadas conanter ior idad a la emisión de la acotación tributaria, la Administr aciónTributaria notif icar á las R esoluciones u Ordenes de Pago en un plazode treinta (30) días há biles, siendo que, en caso que no se notif iquela R esolución de Determinación, R esolución de Multa u Orden dePago de la deuda tributaria dentro dicho plazo, caducará la medida

cautelar .

14. Control de legalidad del procedimiento de cobranza coactiva Como r egla, las r esoluciones emitidas dentro de un pr ocedimiento de co br anzacoactiva no pueden ser objeto de ningún recurso im pugnator io, excepto en elcaso de la r esolución coactiva que se pr onuncia sobre la intervención excluyentede pro piedad, la cual puede ser pasi ble de un recurso de a pelación (r esueltoen def initiva por el Tr i bunal Fiscal).

Sin perjuicio de lo anterior, debe tener se en cuenta que, cualquier tr ansgr esiónde las normas contenidas en el Código Tributario r ef er idas al procedimiento

de cobranza coactiva pueden ser denunciadas ante el tr i bunal Fiscal a tr avésdel mal llamado Recurso de Queja, ello de conf or midad con el ar tículo 155ºdel mencionado Código Tributario y el ar tículo 38º de la Ley Nº 26979.

Así por e jem plo, en la RTF Nº 0614-2-2007, el Tr i bunal Fiscal declaró FUNDA-DAS las quejas interpuestas por cuanto los valor es que sustentan la ejecución nodiscriminaron la parte que corresponde al tributo de la parte que corr es pondea los inter eses.

Otro e jemplo adicional sobre el mismo tema: En la RTF Nº 06801-4-2006, elColegiado declaró FUNDADA la Queja contra un procedimiento de co br anzacoactiva, habida cuenta la nulidad de la orden de pago que sustentaba dicha

co br anza.

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Por último, en la RTF Nº 0745-5-2003, el Tr i bunal Fiscal declaró FU N-DADA la Queja y ordenó el levantamiento de las medidas cautelar esdispuesta por una Administración Tributaria local, habida cuenta que losdepósitos de dinero en cuentas del Estado son inem barga bles.

15. Devolución de los montos indebidamente embar gados De conf or midad con la RTF 8879-4-2009, cuando el Tr i bunal Fiscal or denela devolución del dinero embargado en f or ma de retención e im putado a lascuentas deudoras del contr i buyente en los casos en que declar e f undada laqueja al haberse deter minado que el procedimiento de cobranza coactiva esindebido, la Administración debe expedir la r esolución corr es pondiente enel procedimiento de cobranza coactiva y poner a disposición del quejoso elmonto inde bidamente embargado así como los intereses a plica bles en el plazode diez (10) días há biles.

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fIscAlIzAcIón y procedIMIento contencIoso trIbut ArIo

Anexos

RTF N° 00185-5-2005

EXPEDIENTE N° : 6657-2003 INTERESADO : ASUNTO : Impuesto General a las

Ventas PROCEDENCIA : Ica FECHA : Lima, 7 de mayo de 2004

VISTA la queja interpuesta por contra el ejecutor co-

activo de la Intendencia Regional Lima de laSuperintendencia Nacional de Administra-ción Tributaria (SUNAT) por infringir lo esta-blecido en el numeral 16.4 del artículo 16s dela Ley Ns 26979.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 155° delTexto Único Ordenado del Código Tributarioaprobado por Decreto Supremo N9 135-99-EF, procede presentar queja cuando existanactuaciones o procedimientos que afectendirectamente o infrinjan lo establecido en elcitado código.

Que la quejosa señala que el ejecutor co-activo de la Intendencia Regional Lima nosuspendió el procedimiento coactivo iniciadoen su contra a pesar de haber acreditado elsilencio administrativo positivo respecto a susolicitud de suspensión presentada el 14 desetiembre de 2004, con el cargo de recep-ción del mismo, lo que contraviene el nume-ral 16.4 del artículo 16 de la Ley Na 26979.

Que añade que mediante Resolución Coac-tiva Na 0230070129157, el ejecutor coactivodeclara no ha lugar su solicitud de suspen-sión por considerar que entorpece y dilatael procedimiento, lo cual resulta violatorio aldebido proceso.

Que resulta pertinente mencionar que para elcaso de autos es de aplicación lo dispuestoen el Código Tributario y no la Ley Na 26979,que regula el procedimiento coactivo de obli-gaciones no tributarias de entidades públicasy tributarias de gobiernos locales.

Que el artículo 1199 del Código Tributario,modificado por el Decreto Legislativo Na 953,

señala que el ejecutor coactivo suspenderátemporalmente el procedimiento de cobranzacoactiva cuando: 1) en un proceso de acciónde amparo, exista una medida cautelar firmeque ordene al ejecutor coactivo la suspensiónde la cobranza, 2) una ley o norma con rangode ley lo disponga expresamente, o 3) excep-cionalmente, tratándose de órdenes de pago,y cuando medien otras circunstancias que evi-dencien que la cobranza podría ser improce-dente y siempre que la reclamación se hubierainterpuesto dentro del plazo de veinte (20) días

hábiles de notificada la orden de pago. Que siendo que el Código Tributario no esta-blece como causal de suspensión del procedi-miento de cobranza coactiva la alegada por laquejosa y no encontrándose inmersa en algu-nas de las causales de suspensión señaladas,no corresponde amparar la queja presentada.

Con las vocales Chau Quispe, Olano Silva yCaller Ferreyros, a quien se llamó para com-pletar Sala, e interviniendo como ponente lavocal Olano Silva.

RESUELVE:

Declarar INFUNDADA la queja interpuesta.

Regístrese,comuníquese y remítase a la SU- NAT, para sus efectos.

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RTF N° 01194-1-2006

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ASUNTO : Queja PROCEDENCIA : Santiago de Surco - Lima FECHA : Lima, 7 de marzo de

2006

Vista la queja interpuesta por ....................... .......... contra el Ejecutor Coactivo de la Mu-nicipalidad Distrital de Santiago de Surco, porproseguir indebidamente el procedimiento deejecución coactiva respecto a la deuda tributa-ria por concepto del Impuesto Predial corres-pondiente al tercer y cuarto trimestre del 2001

e Impuesto de Alcabala del 2000, no obstante,que se encuentra prescrita la acción de la refe-rida Administración para exigir su cobro;

CONSIDERANDO:

Que la quejosa alega que las deudas tribu-tarias, que son materia del procedimiento deejecución coactiva que se sigue en su contra,a la fecha se encuentran prescritas, y quela Administración ha ordenado una medidacautelar de embargo en forma de depósitocon extracción respecto a bienes de propie-

dad de un tercero; Que el numeral 38.1 del artículo 38° de laLey de Procedimiento de Ejecución Coactiva,aprobada por Ley N° 26979, modificado por laLey N° 28165, dispone que el obligado podráinterponer recurso de queja ante el TribunalFiscal contra las actuaciones o procedimien-tos del ejecutor o auxiliar que lo afecten di-rectamente o infrinjan el debido procedimien-to de ejecución coactiva para obligacionestributarias de los gobiernos locales;

Que respecto a lo alegado por la quejosaen el sentido que las deudas materia delprocedimiento de cobranza coactiva se en-cuentran prescritas, es preciso anotar que seha presentado dos interpretaciones acercade la competencia del Tribunal Fiscal parapronunciarse sobre dicho aspecto, vía recur-so de queja: 1) No procede que el TribunalFiscal en vía de queja se pronuncie sobre laprescripción de la acción de la Administra-ción Tributaria para determinar la obligacióntributaria, así como la acción para exigir supago y aplicar sanciones, cuando la deudatributaria materia de queja se encuentra encobranza coactiva, y 2) Procede que el Tribu-

nal Fiscal en vía de queja se pronuncie sobrela prescripción de la acción de la Administra-ción Tributaria para determinar la obligacióntributaria, así como la acción para exigir supago y aplicar sanciones, cuando la deudatributaría materia de queja se encuentra encobranza coactiva;

Que en relación a la primera posición, sur-gieron dos sub posiciones: 1) Sólo procedela conclusión o suspensión del procedimientode cobranza coactiva, cuando el escrito en elque se invoca la prescripción y que se tramitacomo recurso de reclamación, sea presen-tado oportunamente, dentro de los plazos de

ley, y 2) Procede la conclusión o suspensióndel procedimiento de cobranza coactiva, aúncuando el escrito en el que se invoca la pres-cripción y que se tramita como recurso dereclamación, no sea presentado oportuna-mente, dentro de los plazos de ley;

Que la segunda posición es la que ha sidoadoptada por este Tribunal mediante acuer-do recogido en el Acta de Reunión de SalaPlena N° 2006-06 del 6 de marzo de 2006,por los fundamentos siguientes:

“Las facultades de la Administración

Tributaria para determinar la obligacióntributaria, exigir su pago y aplicaciónsanciones tributarías están sometidasa plazos de prescripción (artículo 439del Código Tributario1). La prescripciónno extingue la obligación tributaria, perosí extingue la acción que tiene la Ad-ministración para determinar la obliga-ción tributaria, exigir su pago y aplicarsanciones (artículo 27a último párrafodel Código Tributario), y sólo puede serdeclarada a pedido del deudor tributa-

rio, no procediendo se declare de oficio(artículo 47s del Código Tributario).

En nuestra legislación la prescripciónpuede ser deducida en cualquier esta-do del procedimiento administrativo o

judicial, conforme a lo señalado expre-samente en el artículo 48s del CódigoTributario, debiendo precisarse que el

1 El artículo 43° del Texto Único Ordenado del CódigoTributarlo, aprobado por Decreto Supremo No. 135-99-

EF, señala que la acción de la Administración Tributaria

para determinar la obligación tributaria, así como la ac-

ción para exigir su pago y aplicar sanciones prescribea los cuatro (4) años, y a los seis (6) años para quienes

no hayan presentado la declaración respectiva.



f Isc A lI z A cIón y procedIMIento contencIoso tr Ibut A r Io

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artículo 112º del mismo Código calificaal procedimiento de cobranza coactivacomo uno de los procedimientos admi-nistrativos tributarios, de allí que dichainstitución pueda ser invocada por eldeudor tributario en el anotado proce-dimiento de cobranza. En efecto, si el ejecutor coactivo ejercelas acciones de coerción para el cobrode las deudas exigibles, y tiene por fun-ción verificar la exigibilidad de la deudatributaria a fin de iniciar el procedimientode cobranza coactiva - conforme lo es-tablecen los artículos 114º y siguientesdel Código Tributario -, está facultadoa pronunciarse sobre la prescripción dela exigibilidad de la deuda que invoque eladministrado en dicho procedimiento.

Según Martín Cáceres2 si en el marcode la facultad liquidadora y la dirigida ala ejecución de la deuda, la Administra-ción ejercita su derecho, la proyecciónmaterial de la prescripción se traduceen la inexigibilidad de la deuda tribu-taria, y si la inexigibilidad de la deudatributaria por prescripción determinala imposibilidad de reclamar su cum-plimiento, con mayor razón provoca laimposibilidad de obtener la ejecuciónforzosa de la deuda impagada.

De conformidad con lo dispuesto en losartículos 101º y 155º del Texto ÚnicoOrdenado (TUO) del Código Tributa-rio aprobado por Decreto Supremo Na 135-99-EF y en el artículo 38a de la Leyde Procedimiento de Ejecución Coacti-va, Ley Nº 26979, el Tribunal Fiscal escompetente para resolver las quejaspresentadas por actuaciones o procedi-mientos de la Administración Tributariaque afectan a los administrados.

Ahora bien, considerando que en la Re-

solución del Tribunal Fiscal Na 4187-3- 2004, que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, se señaló quede los supuestos que habilitan la inter-posición de la queja se aprecia que sunaturaleza es la de un remedio procesalque ante la afectación o posible vulne-ración de los derechos o intereses deldeudor tributario, por actuaciones in-debidas de la Administración o por la

2 MARTÍN CACERES, Adriana Fabiola. La Prescripción

del Crédito Tributario Madrid: instituto de EstudiosFiscales-Marcial Pons, Ediciones Jurídicas , S.A. 1994,

págs. 204 y 208

sola contravención de las normas queinciden en la relación jurídica tributaria,y por tanto, el recurso de queja permitecorregir las actuaciones y reencauzar elprocedimiento bajo el marco de lo esta-blecido en las normas correspondientes,no cabe duda que en la vía de la quejaprocede que el deudor tributario solici-te al Tribunal Fiscal la corrección de lasactuaciones del ejecutor coactivo encuanto pretende continuar con el proce-dimiento de cobranza coactiva de unadeuda tributaria cuya prescripción le hasido invocada por el deudor tributario. Habida cuenta que el artículo 47a delCódigo Tributario dispone que la pres-cripción sólo puede ser declarada apedido del deudor tributario -de lo cual

se infiere que no cabe ser declarada deoficio por el ejecutor coactivo-, la quejaformulada por el deudor tributario serámerituada por el Tribunal Fiscal en lamedida que previamente el quejosohaya invocado la prescripción de la deu-da puesta a cobro ante el ejecutor co-activo a efecto de suspender el procedi-miento de cobranza, considerando quesólo así dicho Tribunal podrá verificar lainfracción de dicho procedimiento. En efecto, si el ejecutor coactivo omi-

te pronunciarse sobre la prescripcióndeducida por el deudor tributario o de-niega el pedido del administrado, éstepuede plantear una queja ante el Tribu-nal Fiscal para que se pronuncie sobrela falta de exigibilidad de la deuda encobranza por haber prescrito las accio-nes de la Administración. Por el contrario, cuando el administra-do no hubiere deducido la prescripciónante el ejecutor coactivo y lo haga di-rectamente ante el Tribunal Fiscal envía de queja, éste Tribunal no podráamparar dicha queja, procediendo sedeclare infundada, toda vez que mien-tras la prescripción no haya sido invoca-da ante el ejecutor coactivo éste no hainfringido el procedimiento de cobranzadada la prohibición de declarar de oficiola prescripción conforme lo señalado enel artículo 47º del Código Tributario. Por lo expuesto, cabe considerar queen la vía de la queja el Tribunal Fiscal escompetente para emitir pronunciamien-to sobre la prescripción de la acción de

la Administración Tributaria para deter-minar la obligación tributaria, así como

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la acción para exigir su pago y aplicarsanciones, cuando la deuda tributariase encuentre en cobranza coactiva.”

Que el citado criterio tiene carácter vinculan-te para todos los vocales de este Tribunal, de

conformidad con lo establecido por el acuer-do recogido en el Acta de Reunión de SalaPlena N° 2002-10, suscrita con fecha 17 desetiembre de 2002;

Que conforme a lo indicado en el Acta de Re-unión de Sala Plena N° 2006-06 del 6 de mar-zo de 2006, el acuerdo adoptado se ajusta alo previsto en el artículo 154° del Texto ÚnicoOrdenado del Código Tributario aprobadopor Decreto Supremo N° 135-99-EF, por loque corresponde que se emita la resoluciónde observancia obligatoria, disponiendo su

publicación en el diario oficial El Peruano; Que mediante Oficio N° 2350-205-SGECT- GAT-GCAR-MSS, recibido el 9 de enero de 2006, la Administración Tributaria remite a esteTribunal el recurso de queja presentado por laquejosa el 28 de diciembre de 2005, así comosus anexos, conjuntamente con copia certifica-da de diversa documentación que considerónecesaria para que se emitiese pronuncia-miento, sin embargo de la revisión efectuadaen la presente instancia se advierte que no se haenviado el mencionado recurso de queja sino

únicamente copia certificada del mismo; Que de conformidad con el acuerdo recogidoen el Acta de Reunión de Sala Plena N° 2004- 14 del 2 de setiembre de 2004, no procedeque el Tribunal Fiscal resuelva los recursos deapelación y queja así como las solicitudes deampliación, corrección o aclaración tratán-dose de expedientes en los que sólo constacopia simple o certificada de los referidos re-cursos o solicitudes, con excepción de aque-llos expedientes desglosados, modificados oreconstruidos, declarando nulo el concesorio

de apelación en aquellos casos en que noobre en el expediente el referido original;

Que en ese orden de ideas tampoco deben tra-mitarse aquellos recursos de queja en los queno obre en el expediente el escrito original;

Que en el presente caso, la AdministraciónTributaria no ha acreditado que se esté anteuno de los supuestos de excepción, por loque procede remitir los actuados a fin quecumpla con enviar el original del recurso dequeja presentado;

Que a efecto de emitir pronunciamiento entomo a los extremos del presente recurso de

queja, procede que además de lo ya requeridoy de la documentación que obra en el expe-diente formado, la Administración remita: 1) uninforme sobre los hechos materia del recursode queja, 2) precise el trámite otorgado a losescritos presentados por la quejosa el 14 denoviembre y 12 de diciembre de 2005, preci-sando si los órganos correspondientes de laMunicipalidad Distrital de Santiago de Surcohan emitido pronunciamiento en torno a ellos,e 3) indique la forma en que determinó el olos domicilios fiscales y/o procesales en donderealizó la notificación de cada uno de los valo-res y resoluciones de ejecución coactiva materiade cobranza, precisando la fecha exacta en quese produjo cada cambio, de ser el caso, remitien-do la documentación sustentatoria correspon-diente a toda la información que brinde;

Que por lo expuesto procede la suspensióntemporal del o los procedimientos de cobran-za coactiva que se hubieran iniciado respectoal Impuesto Predial correspondiente al tercer ycuarto trimestre del 2001 e Impuesto de Alca-bala del 2000, hasta que se remita el informesolicitado y este Tribunal emita pronuncia-miento definitivo sobre la presente queja;

Con las vocales Cogorno Prestinoni, LeónPinedo a quien se llamó para completar Sala,e interviniendo como vocal ponente la vocal

Casalino Manarelli; RESUELVE:

1. REQUERIR a la Administración quecumpla con enviar la información y/odocumentación solicitada en el plazode siete (7) días hábiles contados apartir del día siguiente de notificada lapresente resolución.

2. Declarar que de acuerdo con el artículo 154° del Texto Único Ordenado del Có-digo Tributario aprobado por Decreto Su-premo N° 135-99-EF, la presente resolu-

ción constituye precedente de observanciaobligatoria disponiéndose su publicaciónen el diario oficial El Peruano en cuantoestablece el siguiente criterio:

“Procede que el Tribunal Fiscalen vía de queja se pronuncie so-bre la prescripción de la acciónde la Administración Tributariapara determinar la obligación tri-butaria, así como la acción paraexigir su pago y aplicar sancio-nes, cuando la deuda tributaria

materia de queja se encuentraen cobranza coactiva”.




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3. DISPONER la suspensión temporal delo los procedimientos de cobranza co-activa que se hubieran iniciado respec-to al Impuesto Predial correspondienteal tercer y cuarto trimestre del 2001 eImpuesto de Alcabala del 2000, hastaque la Administración envíe la docu-

mentación solicitada y este Tribunalemita pronunciamiento definitivo en laqueja presentada.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y REMÍTA-SE copia a la Municipalidad Distrital de San-tiago de Surco - Lima, para sus efectos.

RTF N° 01380-1-2006

EXPEDIENTE N° : 880-2006 INTERESADO : ASUNTO :Queja PROCEDENCIA : La Molina- Lima FECHA : Lima, 15 de marzo de

2006

Vista la queja interpuesta por ........................ ............... contra la Ejecutoría Coactiva de laMunicipalidad Distrital de La Molina, por ini-ciarle un procedimiento de cobranza coactivasin haberle notificado previamente los valo-res en que se sustenta;

CONSIDERANDO:

Que la quejosa señala que se le ha iniciadoun procedimiento de cobranza coactiva sinhabérsele notificado previamente los valoresen que se sustenta, agregando que no conocea Victoria Castro Figo quien según la Adminis-tración habría recibido la Resolución de Deter-minación N2 00489-2005 y la Resolución deMulta Ne 00491-2005, relacionadas con elImpuesto Predial de los años 2001 a 2004;

Que el numeral 38.1 del artículo 38° de laLey de Procedimiento de Ejecución Coactiva,

aprobada por Ley N° 26979, modificado porLey N° 28165, dispone que el obligado podráinterponer recurso de queja ante el TribunalFiscal contra las actuaciones o procedimien-tos del ejecutor o auxiliar que lo afecten di-rectamente o infrinjan el debido procedimien-to de ejecución coactiva para obligacionestributarias de los gobiernos locales;

Que respecto de lo alegado por la quejosaen el sentido que los valores materia del pro-cedimiento de cobranza coactiva no han sidonotificados conforme a ley, es preciso anotarque se han presentado dos interpretacionesacerca de la competencia del Tribunal Fiscal

para pronunciarse sobre dicho aspecto, víarecurso de queja: 1) No procede que el Tribu-nal Fiscal en la vía de queja se pronuncie so-

bre la validez de la notificación de los valoresy/o resoluciones emitidos por la Administra-ción Tributaria, cuando la deuda tributaria ma-teria de queja se encuentra en cobranza co-activa, y 2) Procede que el Tribunal Fiscal enla vía de queja se pronuncie sobre la validezde la notificación de los valores y/o resolucio-nes emitidos por la Administración Tributaria,cuando la deuda tributaria materia de quejase encuentra en cobranza coactiva;

Que la segunda posición es la que ha sido

adoptada por este Tribunal mediante acuer-do recogido en el Acta de Reunión de SalaPlena N° 2006-09 del 15 de marzo de 2006,por los fundamentos siguientes:

“De conformidad con lo establecido porlos artículos 101° y 155° del Código Tri-butario, mediante el acuerdo adoptadopor el Pleno según consta en el Actade Reunión de Sala Plena N° 2003-24se delimitó la competencia del TribunalFiscal respecto del recurso de queja,

estableciéndose que éste procede enlos siguientes casos: (i) contra las actua-ciones de la Administración que afectenindebidamente al deudor y, (ii) contra lasactuaciones que constituyan una infrac-ción a cualquier norma que incida en larelación jurídica tributaria, aún cuando noesté contenida en el Código Tributario.

El artículo 104° del Texto Único Orde-nado del Código Tributario aprobadopor Decreto Supremo N° 135-99-EF ymodificado por Decreto Legislativo N°953, establece que los actos de la Ad-ministración Tributaria deben ser notifi-

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cados de acuerdo con las modalidadesque se señalan en el citado artículo, delo contrario la diligencia de notificaciónno surtirá efectos legales.

Por su parte, el artículo 115° del anota-

do Código señala que la deuda exigibledará lugar a las acciones de coerciónpara su cobranza, considerando, entreotros supuestos, como deuda exigible: (i)a la establecida mediante resolución dedeterminación o de multa notificada porla Administración y no reclamada en elplazo de ley, (¡i) a la establecida por re-solución no apelada en el plazo de ley opor resolución del Tribunal Fiscal y (iii) laque conste en orden de pago notificadaconforme a ley. Seguidamente, el artícu-lo 116° numeral 1) del citado cuerpo legalseñala que la Administración Tributaria, a través del ejecutor coacti-vo, ejerce las acciones de coerción parael cobro de las deudas exigibles, inclu-yendo expresamente como una de susfacultades, el verificar la exigibilidad dela deuda tributaria a fin de iniciar el pro-cedimiento de cobranza coactiva. En el mismo sentido, el artículo 25.1 de laLey de Procedimiento de Ejecución Co-activa, Ley N° 26979, modificado por laLey N° 28165, dispone que se consideradeuda exigible, la que conste en una re-solución de determinación o multa, debi-damente notificada y no reclamada en elplazo de ley, así como la que conste enuna orden de pago emitida conforme aley y debidamente notificada, según lasnormas del Código Tributario. De otro lado, el artículo 119° del cita-do Código señala que una vez iniciadoel procedimiento de cobranza coactivapueden producirse determinadas situa-ciones que obliguen al ejecutor coactivo

a suspenderlo temporalmente o darlopor concluido. El citado artículo tambiéndispone que, excepcionalmente, el eje-cutor coactivo deberá suspender tempo-ralmente el citado procedimiento cuandomedien circunstancias que evidencienque la cobranza contenida en órdenesde pago podría ser improcedente siem-pre que la reclamación hubiese sidointerpuesta dentro del plazo de 20 díashábiles de notificadas éstas. El inciso d) del artículo 16.1 de la

mencionada Ley de Procedimiento deEjecución Coactiva, dispone que el

ejecutor coactivo deberá suspender elprocedimiento de cobranza coactiva,bajo responsabilidad: (i) cuando sehaya omitido la notificación al obligado,del acto administrativo que sirve de tí-tulo para la ejecución y (ii) cuando seencuentre en trámite o pendiente devencimiento el plazo para la presen-tación del recurso administrativo dereconsideración, apelación, revisión odemanda contencioso-administrativapresentada dentro del plazo estableci-do por ley contra el acto administrativoque sirve de título para la ejecución, ocontra el acto administrativo que deter-mine la responsabilidad solidaria en elsupuesto contemplado en el artículo 18°, numeral 18.3 de la ley.

De lo expuesto, se puede concluir queuna deuda tributaria sólo será exigiblepara efectos del procedimiento de co-branza coactiva, siempre que hubierasido notificada conforme a ley, aspectoque compete verificar al ejecutor coacti-vo por mandato expreso del artículo 116°del Código Tributario citado. También lecompete al ejecutor, verificar la validezde la notificación del acto administrati-vo que contiene la deuda tributaria paraefecto de establecer si existe un recurso

impugnativo en trámite conforme conlos plazos de ley y proceder a la conclu-sión o suspensión del procedimiento decobranza coactiva, según corresponda,conforme con lo previsto por el artículo 119° del citado Código Tributario y el ar-tículo 16.1 de la Ley de Procedimientode Ejecución Coactiva, Ley N° 26979,modificada por la Ley N° 28165.

En el caso que dicho ejecutor no cumplacon efectuar la verificación que le compe-te y prosiga con la cobranza coactiva de

una deuda tributaría que no es exigiblepor no haber sido notificada válidamenteo por existir causales de suspensión oconclusión del procedimiento de cobran-za coactiva, entre otras, las vinculadas ala validez del acto de notificación, es de-recho del ejecutado presentar un recursode queja ante el Tribunal Fiscal, entidadque conforme con lo previsto por el ar-tículo 155° del Código Tributario debepronunciarse respecto de las actuacio-nes de la Administración que afecten in-debidamente al deudor, lo que incluye elemitir pronunciamiento sobre la validezde la notificación del acto administrativo




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que contiene la deuda tributaria cuya co-branza coactiva se pretende y que justa-mente es cuestionada por el ejecutado ysegún el artículo 38° de la Ley N° 26979debe determinar si existen actuacioneso procedimientos del ejecutor o auxiliarcoactivo que lo afecten directamentee infrinjan lo establecido en el capítuloreferido a la cobranza coactiva de deu-das tributarias de gobiernos locales. Sostener la incompetencia del Tribu-nal Fiscal para conocer vía queja lavalidez de la notificación de una deu-da tributaria cuya cobranza coactiva seencuentra en trámite y, de ser el caso,disponer que tal cuestionamiento seventile en un procedimiento contencio-so, implicaría que el ejecutado quede

en una situación de indefensión, nosólo porque debería esperar que con-cluya el procedimiento contencioso ad-ministrativo para determinar la validezde la notificación cuando el ejecutadose encuentra dentro del plazo paraimpugnar, sino que además podría su-ceder que se prosiga con la cobranzacoactiva de una deuda tributaría quenunca resultó exigible por no habersenotificado y por tanto tampoco puedaejercerse válidamente el derecho para

contradecirla. Además, debe tenerseen cuenta que en estos supuestos, nohabría causal para suspender aún tem-poralmente la cobranza coactiva. Lo expuesto no implica que el ejecutorcoactivo se esté atribuyendo facultadesresolutivas o que a través de una víadistinta se esté discutiendo materia pro-pia del procedimiento contencioso admi-nistrativo tributario, pues en este caso laverificación se limitaría a un tema formalcomo es la validez de las notificaciones

de los valores o resoluciones para efec-tos de determinar la validez del procedi-miento de cobranza coactiva cuestiona-do, lo que como se ha explicado líneasarriba deriva de las normas que regulanla materia y que tiene justificación en elderecho a un debido proceso que tienenlos administrados,”

Que el citado criterio tiene carácter vinculan-te para todos los vocales de este Tribunal, deconformidad con lo establecido por el acuer-do recogido en el Acta de Reunión de Sala

Plena N° 2002-10, suscrita con fecha 17 desetiembre de 2002;

Que conforme a lo indicado en el Acta deReunión de Sala Plena N° 2006-09 del 15 demarzo de 2006, el acuerdo adoptado se ajustaa lo previsto en el artículo 154° del Texto ÚnicoOrdenado del Código Tributario aprobado porDecreto Supremo N° 135-99-EF, por lo quecorresponde que se emita la resolución deobservancia obligatoria, disponiendo su pu-blicación en el Diario Oficial El Peruano;

Que respecto al caso de autos, el inciso d) delnumeral 16.1 del artículo 16s de la Ley de Pro-cedimiento de Ejecución Coactiva, concordadocon el artículo 31a de la misma norma, señalaque ninguna autoridad administrativa o políticapodrá suspender el procedimiento de ejecucióncoactiva, con excepción del ejecutor que de-berá hacerlo, bajo responsabilidad, cuando,entre otros, se haya omitido la notificación al

obligado, del acto administrativo que sirve detítulo para la ejecución;

Que el artículo 29c de la mencionada ley, se-ñala que el procedimiento es iniciado por elejecutor mediante la notificación al obligadode la resolución de ejecución coactiva, la quecontiene un mandato de cumplimiento de laobligación exigible coactivamente, dentro delplazo de siete (7) días hábiles de notificado,bajo apercibimiento de dictarse alguna medi-da cautelar;

Que el inciso a) del artículo 104s del TextoÚnico Ordenado del Código Tributario apro-bado por Decreto Supremo Nfi 135-99-EF,modificado por Decreto Legislativo Na 953,establece que la notificación de los actosadministrativos se realizará por correo certi-ficado o por mensajero, en el domicilio fiscal,con acuse de recibo o con certificación de lanegativa a la recepción efectuada por el en-cargado de la diligencia;

Que agrega el citado inciso, que el acuse derecibo deberá contener, como mínimo: (i) ape-llidos y nombres, denominación o razón social

del deudor tributario, (ii) número de RUC deldeudor tributario o número del documento deidentificación que corresponda, (iii) número dedocumento que se notifica, (iv) nombre dequien recibe la notificación, así como la firmao la constancia de la negativa, (v) fecha enque se realiza la notificación;

Que mediante Proveído Nº 00055-1-2006del 24 de enero de 2006, este Tribunal so-licitó a la Administración que informara so-bre los hechos que motivan la queja, y queremitiera, entre otros documentos, copias

autenticadas de la Resolución de Determi-nación N° 00489-2005 y de la Resolución de

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Multa Ns 00491-2005, así como sus respecti-vos cargos de notificación, otorgándosele paratal ef ecto un plazo de siete (7) días hábiles;

Que en respuesta del citado proveído la Ad-ministración envía el Oficio Ng 086-2006-

MDLM-SG, a través del cual remite copiasautenticadas de la Resolución de Determina-ción N° 00489-2005 y de la Resolución deMulta N9 00491-2005, así como de su cargode notificación;

Que de la revisión del acuse de recibo delos citados valores se advierte que la Admi-nistración ha realizado la referida diligenciaen el domicilio ubicado en el Jirón Huanca-velica Ns - Departamento Ns 501 - Cercadode Lima, que de acuerdo con la informaciónconsignada en los mencionados valores no

corresponde al domicilio fiscal de la quejosa,el cual se ubica en el Jirón Huancavelica NsDepartamento Ng - Cercado de Lima;

Que como es de verse, la notificación de la Resolución de Determinación N° 00489- 2005 y de la Resolución de Multa Na 00491- 2005, no se ha realizado de conformidad conlo dispuesto por el citado artículo 104s, por loque procede declarar fundada la queja inter-puesta, debiendo el ejecutor coactivo de la

Administración suspender el procedimientoiniciado respecto de dichos valores, y de ser

el caso, levantar las medidas cautelares quese hubieren trabado;

Con las vocales Casalino Manarelli, Barran-tes Takata, e interviniendo como vocal po-nente la vocal Cogorno Prestinoni,

RESUELVE: 1. Declarar FUNDADA la queja interpues-

ta, debiendo la Administración procederconforme con lo expuesto en la presen-te resolución.

2. Declarar que de acuerdo con el artícu-lo 154° del Texto Único Ordenado delCódigo Tributario aprobado por DecretoSupremo N° 135-99-EF, la presente re-solución constituye precedente de ob-servancia obligatoria disponiéndose supublicación en el diario oficial El Peruanoen cuanto establece el siguiente criterio: “Pr ocede que el Tribunal Fiscal en lavía de queja se pronuncie sobre lavalidez de la notificación de los va-lores y/o resoluciones emitidos por laAdministración Tributaria, cuandola deuda tributaria materia de quejase encuentra en cobranzacoactiva”.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y REMÍTA-SE a la Municipalidad Distrital de La Molina - Lima, para sus efectos.

RTF N° 06710-1-2006

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EXPEDIENTE N° : 12330-2006 INTERESADO : ASUNTO : Intervención Excluyente

de Propiedad PROCEDENCIA : Cañete

FECHA : Lima, 6 de diciembre de 2006

Vista la apelación interpuesta por ........................... contra la resolución ficta de-negatoria de la intervención excluyente depropiedad presentada respecto de los lotesde terreno ubicados en Manzana 2 de la ZonaConchitas 4, Lotes 50 y 51, Playa Los Lobos,Distrito de Cerro Azul, Cañete - Lima, en losseguidos contra Avigail Consuelo Huapaya

Audante;

CONSIDERANDO:

Que los terceritas señalan que habiendotranscurrido más de treinta días desde que fueadmitida a trámite su intervención excluyentede propiedad, sin que se haya emitido pronun-ciamiento, interpone apelación contra la dene-gatoria tácita, precisando que su derecho depropiedad se encuentra debidamente acre-ditado con la copia de las escrituras públicasque adjuntó a su solicitud del 12 de octubre de 2004, en las que se aprecia que la fecha deadquisición de los bienes materia de embargofue anterior a la medida de embargo trabada,por lo que deberá ampararse su pedido;

Que de conformidad con lo dispuesto por losincisos b), c) y d) del artículo 120° del Tex-

to Único Ordenado del Código Tributarioaprobado por Decreto Supremo N° 135-




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99-EF, modificado por el Decreto Legis-lativo N° 953, admitida la intervención ex-cluyente de propiedad, el ejecutor coactivosuspenderá el remate de los bienes objetode la medida y remitirá el escrito presentadopor el tercero para que el ejecutado emita supronunciamiento en un plazo no mayor de 5días hábiles siguientes a la notificación, y conla respuesta del deudor tributario o sin ella, elejecutor coactivo emitirá su pronunciamientoen un plazo no mayor de 30 días hábiles,siendo la resolución dictada por éste apela-ble ante el Tribunal Fiscal en un plazo de 5días hábiles siguientes a la notificación de lacitada resolución;

Que el artículo 23° del Reglamento deProcedimiento de Cobranza Coactiva de

la Superintendencia Nacional de Adminis-tración Tributaria, aprobado por Resoluciónde Superintendencia N° 216-2004- SU-NAT, señala que el tercero deberá consi-derar que su solicitud ha sido denegada,cuando el ejecutor no emita pronunciamientoen el plazo de 30 días hábiles señalado en elconsiderando precedente;

Que como se advierte, la norma antes glosadaha previsto la facultad del tercero de conside-rar denegada su intervención excluyente depropiedad ante el vencimiento del plazo para

que el ejecutor coactivo emita pronunciamien-to sobre ésta, por lo que corresponde emitirpronunciamiento en torno a la apelación pre-sentada;

Que de acuerdo con el artículo 120° del Tex-to Único Ordenando del Código Tributario,modificado por el artículo 57° del Decreto Le-gislativo N° 953, el tercero que sea propieta-rio de bienes embargados podrá interponerintervención excluyente de propiedad anteel Ejecutor Coactivo en cualquier momentoantes que se inicie el remate del bien;

Que el inciso a) del referido artículo estableceque la intervención excluyente de propiedadsólo será admitida si el tercero prueba su de-recho con documento privado de fecha cier-ta, documento público u otro documento, quea juicio de la Administración, acredite fehacien-temente la propiedad de los bienes antes dehaberse trabado la medida cautelar, agregandoel inciso f) que el Tribunal Fiscal está facultadopara pronunciarse respecto a la fehaciencia del

documento con el que pretende demostrar eltercero su derecho de propiedad;

Que en el presente caso, con fecha 20 denoviembre de 2002, mediante ResoluciónCoactiva N° 22307003863, se trabó sobre los

inmuebles materia de autos una medida caute-lar previa de embargo por las deudas de AvigailConsuelo Huapaya Audante, la que posterior-mente ha sido convertida en definitiva;

Que según se aprecia del testimonio de la es-critura pública de compraventa de fecha 31 dediciembre de 1994 y del testimonio de la escri-tura pública de confirmación y aclaración defecha 11 de junio de 2004, que obran a folios 57 a 62, en fotocopias autenticadas por feda-tario de la Administración, Avigail ConsueloHuapaya Audante transfirió a favor de To-

más Marky Montero y María del Pilar Ber-tarelli de Marky, la propiedad de los lotes deterreno ubicados en Manzana 2 de la ZonaConchitas 4, Lotes 50 y 51, Playa Los Lo-bos, Distrito de Cerro Azul, Cañete - Lima;

Que de dichos documentos públicos se apre-cia que la transferencia de los citados prediosse produjo con anterioridad a la fecha en quese trabara la medida cautelar previa de em-bargo dictada mediante Resolución CoactivaN° 22307003863, por lo que corresponde am-parar la intervención excluyente de propiedadpresentada, debiendo levantarse la medidacautelar en la parte que afectasen a los in-muebles de propiedad de los terceristas;

Con las vocales Casalino Mannarelli, Ba-rrantes Takata, e interviniendo como ponen-te la vocal Cogorno Prestinoni;

RESUELVE:

REVOCAR la resolución ficta denegatoria dela intervención excluyente de propiedad pre-

sentada respecto de los lotes de terreno ubi-cados en Manzana 2 de la Zona Conchitas 4, Lotes 50 y 51, Playa Los Lobos, Distritode Cerro Azul, Cañete - Lima, debiendo la

Administración Tributaria levantar la medidacautelar en la parte que afectasen a los in-muebles de propiedad de los terceristas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y REMÍ-TASE a la Superintendencia Nacional de

Administración Tributaria, para sus efectos.

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RTF N° 03745-2-2006

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ASUNTO : QuejaPROCEDENCIA : Lima FECHA : Lima, 11 de julio de

2006

VISTA la queja interpuesta por ......................... S.A., contra la Intenden-cia Regional Lima de la SuperintendenciaNacional de Administración Tributaria porhaber iniciado indebidamente procedimien-to de cobranza coactiva de la deuda con-tenida en la Resolución de Intendencia N° 0230170112203 que declaró la pérdida del

fraccionamiento tributario otorgado al ampa-ro del artículo 36- del Código Tributario.

CONSIDERANDO:

Que la quejosa sostiene que la AdministraciónTributaria inició el procedimiento de cobran-za coactiva de la deuda contenida en la Re-solución de Intendencia N° 0230170112203,que declaró la pérdida del fraccionamientotributario otorgado al amparo del artículo 36°del Código Tributario, no obstante que dicharesolución no fue notificada en su domicilio

fiscal conforme a ley; Que señala que tomó conocimiento de la ci-tada resolución de intendencia el 8 de febre-ro de 2006, con posterioridad al embargo enforma de retención bancaria trabado por la

Administración, al haberse presentado a lasoficinas de la Administración para solicitaruna copia, habiendo interpuesto el 6 de mar-zo de 2006 recurso de reclamación en el quecuestiona la validez de la notificación de la re-ferida resolución por no ajustarse a ley, funda-mentando su posición en pronunciamientos del

Tribunal Fiscal como la Resolución N° 1994-2- 2002 que señala que tratándose de nulidad dela notificación, procede admitir a trámite lasimpugnaciones aún vencido el plazo para lainterposición del medio impugnativo;

Que en tal sentido, sostiene que el mencio-nado recurso de reclamación debe ser admi-tido a trámite por la Administración, debiendosuspenderse el procedimiento de cobranzacoactiva materia de queja;

Que de conformidad con lo dispuesto por elartículo 155° del Texto Único Ordenado del

Código Tributario aprobado por el DecretoSupremo N° 135-99-EF, la queja se presenta

cuando existan actuaciones o procedimien-tos que afecten directamente o infrinjan loestablecido en dicho código;

Que la Administración en respuesta al Pro-veído N° 0229-2-2006 mediante el cual se lesolicitó diversa información y documentacióna efecto de resolver la queja formulada, re-mitió a este Tribunal el Oficio N° 582-2006-SUNAT/2I0400 al cual adjuntó el InformeN° 266-2006/2I0203, en el que señaló queel 27 de setiembre de 2005 notificó a la que-

josa la Resolución de Ejecución CoactivaN° 0230060249705 requiriendo el pago de ladeuda contenida en la Resolución de Intenden-

cia N° 0230170112203 que declaró la pérdidadel fraccionamiento otorgado al amparo delartículo 36° del Código Tributario, habiendoemitido eM4 de diciembre de 2005 la Reso-lución Coactiva N° 0230070212333 mediantela cual se acumularon varios expedientes co-activos, entre ellos, el que es materia de queja,con Expediente N° 0230060249705 y Acumu-lados, asimismo, emitió la Resolución CoactivaN° 0230070212585 que dispuso trabar embar-go en forma de retención bancaria, hasta por lasuma de S/. 19,495.30, la que fue notificada el

11 de enero de 2006 (folios 29 y 30); Que añade que la quejosa presentó el 6de marzo de 2006, recurso de reclama-ción contra la Resolución de IntendenciaN° 0230170112203, el cual fue declaradoinadmisible mediante la Resolución de Inten-dencia N° 0260140014266/SUNAT, la quefue apelada el 26 de abril de 2006;

Que en el caso de autos, la quejosa cues-tiona el procedimiento de cobranza coac-tiva de la Resolución de Intendencia N° 0230170112203, que declaró la pérdida delfraccionamiento tributario otorgado al ampa-ro del artículo 36° del Código Tributario, alencontrarse en trámite el recurso de recla-mación interpuesto contra ésta;

Que en tal sentido, corresponde determinarsi procede suspender la cobranza coactivade la deuda contenida en la resolución quedeclaró la pérdida del fraccionamiento otor-gado de contormidad con el artículo 36° delCódigo Tributario, al haberse formulado re-clamación contra la referida resolución, temaque fue sometido a consideración de la SalaPlena del Tribunal Fiscal, habiéndose for-mulado las siguientes interpretaciones: I) No




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procede la cobranza coactiva del monto pen-diente de pago establecido en la resoluciónque declara la pérdida de un fraccionamientootorgado de conformidad con el artículo 36adel Código Tributario, cuando dicha resolu-ción ha sido impugnada en el plazo de ley,ii) Procede la referida cobranza coactiva auncuando la resolución que declara la pérdidaha sido impugnada en el plazo de ley y, iii) Noprocede la cobranza coactiva del monto pen-diente de pago establecido en la resoluciónque declara la pérdida de un fraccionamientootorgado al amparo del artículo 36° del Có-digo Tributario, cuando dicha resolución hasido impugnada en el plazo de ley y el admi-nistrado continúe con el pago de las cuotas dedicho fraccionamiento manteniendo a su vezlas garantías que se le hubiesen exigido para

el acogimiento de tal beneficio, siendo esteúltimo el criterio adoptado según consta en el Acta de Reunión de Sala Plena Na 2006-16del 15 de mayo de 2006, que se sustenta enlos argumentos expuestos a continuación;

Que el artículo 36g del Código Tributario se-ñala que en casos particulares la Adminis-tración Tributaria está facultada a concederaplazamiento y/o fraccionamiento para elpago de la deuda tributaria al deudor tribu-tario que lo solicite siempre que cumpla conlos requerimientos o garantías que aquélla

establezca mediante resolución de superin-tendencia o norma de rango similar, y con lossiguientes requisitos: a) Que las deudas tribu-tarias estén suficientemente garantizadas porcarta fianza bancaria, hipoteca u otra garantíaa juicio de la Administración, pudiendo éstaconceder aplazamiento y/o fraccionamientosin exigir garantías y, b) Que las deudas tribu-tarias no hayan sido materia de aplazamientoy/o fraccionamiento, señalando el último pá-rrafo del citado artículo que el incumplimientode las condiciones bajo las cuales se otorgó

dicho beneficio, conforme a lo dispuesto enlas normas reglamentarias, dará lugar auto-máticamente a la ejecución de las medidasde cobranza coactiva por la totalidad de laamortización e intereses correspondientesque estuvieran pendientes de pago;

Que el inciso c) del artículo 115s del mencio-nado código, modificado por el Decreto Le-gislativo Na 953, establece que se consideradeuda exigible la constituida por la amortiza-ción e intereses de la deuda materia de apla-zamiento o fraccionamiento pendientes de

pago, cuando se incumplen las condicionesbajo las cuales se otorgó ese beneficio;

Que el artículo 106a del citado código señalaque las notificaciones surtirán efectos desdeel día hábil siguiente al de su recepción, en-trega o depósito, según sea el caso;

Que por su parte, el segundo párrafo del ar-

tículo 135º del Código Tributario, modificadopor el Decreto Legislativo Nº 953, señalaque son reclamables, las resoluciones quedeterminan la pérdida del fraccionamientode carácter general o particular, siendo que,de no interponerse la referida reclamacióndentro del plazo legal, quedarán firmes, enaplicación del numeral 2 del artículo 137a delcitado código;

Que si bien del tenor del último párrafo del ar-tículo 36a, del inciso c) del artículo 115a y delartículo 106a del Código Tributario se puede

llegar a inferir que una vez notificada la resolu-ción que declara la pérdida de fraccionamientoel monto pendiente de pago establecido porla Administración es exigible coactivamente,dando lugar a las acciones de coerción parasu cobranza, dicha lectura no resultaría co-herente con el mandato del artículo 135s delCódigo Tributario que reconoce a los admi-nistrados el derecho de impugnar en la víacontenciosa administrativa la pérdida de losfraccionamientos con el objeto de exigir unpronunciamiento en revisión sobre la verifi-

cación de las causales de pérdida y definir lavigencia del programa de fraccionamiento dedeuda, pretensión que carecería de objeto sise exigiese coactivamente la cancelación dela totalidad del monto pendiente de pago conla notificación de la resolución que declara lapérdida del fraccionamiento;

Que es en virtud al derecho de impugnar elacto que declara la pérdida del fraccionamientoque el artículo 137º del Código Tributario otor-ga el plazo de veinte (20) días hábiles para pre-sentar el recurso de reclamación, precisando

dicha norma que la extemporaneidad en lainterposición de tal recurso determina que ladeclaración de pérdida del fraccionamientoquede firme en la vía administrativa y en con-secuencia firme el monto pendiente de pagoestablecido en la resolución que declaró lapérdida del fraccionamiento;

Que de las normas señaladas precedentemen-te se tiene que cuando el inciso c) del artícu-lo 115º del Código Tributario establece comodeuda exigible coactivamente la constituida porla amortización e intereses de la deuda materiade aplazamiento o fraccionamiento pendien-tes de pago, cuando se incumplen las condi-

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ciones bajo las cuales se otorgó ese beneficio,debe interpretarse que tal deuda será exigiblecuando el acto administrativo que declara lapérdida del fraccionamiento no hubiese sidoimpugnado en el plazo de ley;

Que de presentarse en el plazo de ley elrecurso de reclamación, debe tenerse encuenta que al cuestionarse la pérdida de unfraccionamiento mediante un recurso impug-nativo se está invocando la vigencia de unfraccionamiento que exige el pago de la deu-da a través de un cronograma de cuotas, yde acuerdo con lo establecido en el artículo 36a del Código Tributario el otorgamiento delfraccionamiento puede requerir del adminis-trado garantizar la deuda durante el plazodel cronograma de pago, por lo que talescondiciones deberán ser cumplidas por el

administrado mientras la pérdida se encuen-tre impugnada en el plazo de ley y hasta quese confirme la pérdida o culmine el pago víafraccionamiento, lo que ocurra primero;

Que en tal sentido, al no tener la calidad dedeuda exigible el monto pendiente de pagoestablecido en la resolución que declara lapérdida de un fraccionamiento -cuando dichoacto ha sido impugnado dentro del plazo deley- y en tanto el administrado siga pagandolas cuotas de fraccionamiento y manteniendolas garantías que otorgó para el acogimiento

a dicho beneficio, carece de efecto todo actoorientado a la cobranza de tal saldo pendien-te de pago, de conformidad con las disposi-ciones antes señaladas;

Que conforme con el marco normativo ci-tado se dictaron los artículos 222 y 23º delReglamento de Aplazamiento y/o Fraccio-namiento, aprobado por la Resolución deSuperintendencia Nº 199- 2004/SUNAT, dis-posiciones según las cuales no procederá lacobranza coactiva de la deuda pendiente depago establecida en la resolución de pérdida

impugnada siempre que el deudor tributariocontinúe con el pago de las cuotas de dichofraccionamiento, hasta la notificación de laresolución que confirme la pérdida o el térmi-no del plazo del fraccionamiento, y/o manten-ga vigente, renueve o sustituya las garantíasque hubiere otorgado en el fraccionamiento,hasta que la resolución que estableció la pér-dida de dicho fraccionamiento quede firmeen la vía administrativa;

Que por los fundamentos expuestos, me-diante Acta de Reunión de Sala Plena Ne 2006-16 se aprobó el siguiente criterio: “No

procede la cobranza coactiva del monto pen-

diente de pago establecido en la resoluciónemitida por la Superintendencia Nacional de

Administración Tributaria y que declara la pérdida de un fraccionamiento otorgado deconformidad con el artículo 36° del CódigoTributario, cuando dicha resolución ha sidoimpugnada en el plazo de ley y el adminis-trado continúe con el pago de las cuotas dedicho fraccionamiento manteniendo a su vezlas garantías que se le hubiesen exigido parael acogimiento de tal beneficio” ;

Que el citado criterio tiene carácter vinculan-te para todos los Vocales del Tribunal Fiscalconforme con lo establecido por el Acta deReunión de Sala Plena Na 2002-10 del 17de setiembre de 2002, en base a la cual seemite la presente resolución;

Que asimismo cabe indicar que conforme seseñala en el Acta de Reunión de Sala PlenaNa 2006-16, el acuerdo adoptado se ajusta alo establecido por el artículo 154° del Códi-go Tributario, por lo que corresponde que seemita una resolución con carácter de obser-vancia obligatoria, disponiéndose su publica-ción en el Diario Oficial “El Peruano”;

Que en el caso de autos, se advierte quela Administración emitió el 30 de mar-zo de 2005 la Resolución de IntendenciaN° 0230170112203 declarando la pérdida

del fraccionamiento de la deuda tributariaotorgado sin garantías al amparo del artículo 36° del Código Tributario (folios 3 a 5), ha-biendo la quejosa formulado el 6 de marzode 2006 el recurso de reclamación contra lacitada resolución (folios 8 a 12), la cual fuedeclarada inadmisible por extemporánea,habiendo este Tribunal mediante la Reso-lución N° 03643-2-2006 del 4 de julio de 2006 revocado dicha inadmisibilidad, dis-poniendo sea admitida a trámite la recla-mación interpuesta contra la Resolución deIntendencia N° 0230170112203 al considerarque la notificación de la resolución materia dereclamación a la quejosa se habría realizadoel 8 de febrero de 2006, cuando ésta tomóconocimiento de su emisión, en aplicacióndel penúltimo párrafo del artículo 104º delCódigo Tributario;

Que asimismo, se advierte de autos quela quejosa canceló el 27 de febrero, 31 demarzo, 28 de abril y 29 de mayo de 2006,las cuotas mensuales del fraccionamientotributario de los períodos de febrero, marzo,abril y mayo de 2006 (folios 34, 43, y 51 a 53), según el cronograma de pagos esta-blecido en la Resolución de Intendencia




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N° 0230170025642 que declaró el acogi-miento al fraccionamiento;

Que encontrándose acreditado que la quejosa interpuso oportunamente recurso dereclamación contra la Resolución de Inten-

dencia N° 0230170112203 que declaró lapérdida del fraccionamiento tributario otorga-do de conformidad con el artículo 36° delCódigo Tributario, y teniendo en cuentaque la quejosa ha continuado pagando lascuotas de dicho fraccionamiento luego dela notificación de la resolución de pérdida,no habiéndosele exigido el otorgamientode garantías para el acogimiento de tal be-neficio, corresponde que la Administracióndeje sin efecto el procedimiento de cobranzacoactiva de la deuda contenida en la Reso-lución de Intendencia N° 0230170112203y se levanten las medidas cautelares traba-das, en aplicación del criterio expuesto en lapresente resolución, procediendo por tantodeclarar fundada la queja;

Con las vocales Zelaya Vidal y Muñoz Gar-cía, e interviniendo como ponente la vocalEspinoza Bassino.

RESUELVE:

1. Declarar FUNDADA la queja interpues-ta, debiendo la Administración procederconforme con lo expuesto.

2. Declarar de conformidad con lo dis-puesto por el artículo 154® del TextoÚnico Ordenado del Código Tributa-rio aprobado por Decreto SupremoNa 135-99-EF, que la presente reso-lución constituye precedente de ob-servancia obligatoria, disponiéndosesu publicación en el Diario Oficial “ElPeruano” en cuanto establece el si-guiente criterio:

“No procede la cobranza coactivade l mo nto p end iente de pago es-tab lec ido en la reso luc ión emi t idapor la Super in tendenc ia Nac iona lde Adm in is t rac ión Tr ibu tar ia y quedec lara l a pérd id a de u n f racc ion a-m ien to o to rgado de con fo rm idadco n e l ar tícul o 36°de l Cód ig o T ri-

bu tar lo , cuando d icha reso luc iónha s ido im pug nada en el p lazo deley y e l adm in is t rado co nt inúe cone l pago de las cuo tas de d icho f rac-c ionam iento m anten iendo a su vezlas garantías qu e se le hub iesen ex i-gido p ara el acogimiento de tal bene-ficio”.


RTF N° 05464-4-2007

EXPEDIENTE N° : 4522-2007 y 4524-2007 INTERESADO :ASUNTO : QuejaPROCEDENCIA : Loreto FECHA : Lima, 20 de junio de

2007

VISTAS las quejas presentadas por ........................ contra la SuperintendenciaNacional de Administración Tributaria porregistrar información sobre su deuda tribu-taria en las centrales de riesgo, vulnerandoel derecho a la reserva tributaria y por trabarembargo respecto de una deuda que se en-cuentra extinguida.

CONSIDERANDO:

Que conforme se desprende de autos, losasuntos que se ventilan en los Expedientes

N°s 4522-2007 y 4524-2007 guardan co-nexión entre sí, por lo que en aplicación delartículo 149° de la Ley del Procedimiento

Administrativo General, Ley N° 27444, pro-cede acumularlos;

Que la quejosa sostiene que la Administraciónha violado su derecho a la reserva tributaria alregistrar información sobre su deuda tributa-ria ante las centrales de riesgo, lo que vulnerael artículo 85° del Código Tributario;

Que agrega que en aplicación del artículo 119° del Código Tributario y la ResoluciónN° 04563-5-2003, debe suspenderse el pro-cedimiento de cobranza coactiva seguidoen su contra, correspondiente a la deudacontenida en las órdenes de pago y resolu-ciones de multa emitidas sobre la base de las

declaraciones juradas originales, toda vez quecontra ellas interpuso recursos de reclamación

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2007-SUNAT/2Q0302 (folios 83 y 84 del Ex-pediente N° 4522-2007) en el que señala quela deuda contenida en las Órdenes de PagoN°s 121-001-0002906, 121-001-0002907, 121-001-0008393 y 121-001-0008394 y lasResoluciones de Multa N°s 123-002-0009037y 123-002-0009355 constituye deuda exigiblecoactivamente, al haber sido reclamada fuera del plazo establecido, por lo que la cobranza de la misma resulta arreglada a ley, habién-dose acumulado su cobranza bajo el Expe-diente Coactivo N° 121-06-013109;

Que en el citado Informe la Administra-ción indica que al no existir ninguna de lascausales de suspensión del procedimientode cobranza coactiva, procedió a informarla existencia de la deuda contenida en lasÓrdenes de Pago N°s 121-001-0002906, 121-001-0002907, 121-001-0008393 y 121- 001-0008394 y las Resoluciones de MultaN°s 123-002-0009037 y 123-002-0009355 alas centrales de riesgo en el rubro “Deudastributarias exigibles”;

Que de acuerdo al artículo 117° del citadoTexto Único Ordenado del Código Tributa-rio, el procedimiento de cobranza coactivaes iniciado por el Ejecutor Coactivo median-te la notificación al deudor tributario de la re-solución de ejecución coactiva, que contieneun mandato de cancelación de las órdenesde pago o resoluciones en cobranza, dentrode siete (7) días hábiles, bajo apercibimientode dictarse medidas cautelares o de iniciar-se la ejecución forzada de las mismas, encaso que éstas ya se hubieran dictado;

Que los incisos a) y d) del artículo 115° delreferido Texto Único Ordenado (cuyo texto hasido recogido por Decreto Legislativo Nc 953),establecen que la deuda exigible dará lugara las acciones de coerción para su cobran-za, considerándose como tal a la establecidamediante resolución de determinación o de

multa notificadas por la Administración y no re-clamadas en el plazo de ley o la que conste enorden de pago notificada conforme a ley;

Que según el inciso a) del artículo 104° delTexto Único Ordenado del Código Tributarioaprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, vigente hasta el 5 de febrero de 2004, lanotificación de los actos administrativos debíarealizarse por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo ocon certificación de la negativa a la recepción,en este último caso adicionalmente, se podía

fijar la notificación en la puerta principal del do-micilio fiscal, asimismo, si no hubiera persona

capaz alguna en el mismo o éste estuviesecerrado, debía fijarse la notificación en lapuerta principal del domicilio fiscal;

Que por su parte, el inciso a) del artícu-lo 104° de la norma citada, modificada por

Decreto Legislativo N° 953, señala que lanotificación de los actos administrativos serealizará por correo certificado o por men-sajero, en el domicilio fiscal, con acuse derecibo o con certificación de la negativa a larecepción efectuada por el encargado de ladiligencia, añadiendo que el acuse de recibodeberá contener, como mínimo: (i) apellidosy nombres, denominación o razón social deldeudor tributario, (ii) número de RUC deldeudor tributario o número del documen-to de identificación que corresponda, (iii)número de documento que se notifica, (iv)nombre de quien recibe la notificación, asícomo la firma o la constancia de la negativay (v) fecha en que se realiza la notificación;

Que obran en autos copias certificadas de las Órdenes dePago N°s 121-001-0002906 y 121- 001- 0002907 (folios 42 y 44 del ExpedienteN° 4522-2007), verificándose de las respecti-vas constancias de notificación (folios 43 y 45 del Expediente N° 4522-2007) que éstasfueron notificadas a la quejosa en su domi-cilio fiscal el 29 de enero de 2004, medianteacuse de recibo habiendo sido recibidas por

Hernán Rodríguez, quien se identificó consu número de Documento Nacional de Iden-tidad y firmó las constancias, cumpliéndosecon los requisitos establecidos en el incisoa) del artículo 104° del Código Tributario;

Que asimismo, obra en autos copia certifica-da de la Resolución de Ejecución CoactivaN° 121-006- 0001695 (folio 77 del ExpedienteN° 4522-2007) - Expediente Coactivo N° 121- 006-0001695-, mediante la que se da inicioal procedimiento de cobranza coactiva de lascitadas órdenes de pago, verificándose que

ésta fue notificada a la quejosa el mismo díaen que fueron notificadas las precitadas órde-nes de pago (29 de enero de 2004) medianteacuse de recibo en su domicilio fiscal, siendorecibida por Hernán Rodríguez, quien se iden-tificó con su número de Documento Nacionalde Identidad y firmó el acuse respectivo;

Que por su parte, obran en autos copias certificadas de las Órdenes de Pago N°s 121- 001-0008394 y 121-001-0008393 (folios 38 y 40 del Expediente N° 4522-2007), verifi-cándose de las respectivas constancias de

notificación (folios 39 y 41 del Expediente N°4522-2007) que éstas fueron notificadas a la

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quejosa en su domicilio fiscal el 6 de julio de 2005 mediante acuse de recibo, siendo recibidas por Hernán Rodríguez, quien se iden-tificó con su número de Documento Nacionalde Identidad y firmó las respectivas constan-cias, por lo que dicha diligencia cumple conlos requisitos establecidos en el inciso a) delartículo 104° del Código Tributario;

Que asimismo, obra a folio 80 del Expe-diente N° 4522-2007 copia certificada de laResolución de Ejecución Coactiva N° 121- 006-0004579 - Expediente Coactivo N° 121- 006-0004579-, con la que se da inicio a la co-branza coactiva de las anotadas órdenes depago, apreciándose que ésta fue notificada enla misma fecha en que fueron notificados talesvalores (6 de julio de 2005) mediante acuse derecibo en su domicilio fiscal, siendo recibida porManuel Sandy Tananta, quien se identificó consu número de Documento Nacional de Identi-dad y firmó el acuse de recibo;

Que según se aprecia de lo actuado, las Re-soluciones de Ejecución Coactiva N°s 121- 006-0001695 y 121-006-0004579 fueronnotificadas en las mismas fechas que lasÓrdenes de Pago N°s 121-001- 0002906, 121-001-0002907, 121-001-0008394 y 1121-001-0008393 en mérito a las cuales sedio inicio a los procedimientos de cobranzacoactiva materia de queja;

Que cabe señalar con relación a la notifica-ción conjunta de órdenes de pago y resolu-ciones de ejecución coactiva, que este Tribu-nal en las Resoluciones N°s 04490-5-2007y 04973-1-2007 del 24 de mayo de 2007 y 12 de junio de 2007, respectivamente, haseñalado que el Tribunal Constitucional enla sentencia de fecha 5 de marzo de 2007recaída en el Expediente Ne 03797-2006-PA/TC, ha modificado su criterio en relacióncon la validez de la notificación conjunta dela orden de pago y de la resolución de eje-

cución coactiva, al señalar que “(...) obranlos cargos de las citadas resoluciones (ordende pago y resolución de ejecución coactiva),que fueron notificadas simultáneamente (...).

A este respecto, los artículos 114° y 115° delCódigo Tributario establecen el procedimien-to de cobranza coactiva como facultad de la

Administración Tributaria. Asimismo, señalanque es deuda exigible en el presente casola que conste en la orden de pago notificadacon arreglo a ley. Este Tribunal considera queaunque efectivamente en el presente caso se

trate de una deuda exigible de acuerdo conla legislación tributaria, ello no implica que la

Administración, abusando de sus facultades,notifique en un mismo acto (léase la realiza-ción en un mismo día de la notificación de laorden de pago y de la resolución que inicia el

procedimiento coactivo) los dos documentosde pago, puesto que el debido procedimientoadministrativo obliga a salvaguardar el in-terés general y, en particular, los derechosconstitucionales de los administrados.” ;

Que agrega que, refiriéndose al caso parti-cular de ese expediente, el Tribunal Consti-tucional indica que “Se deduce, entonces, quela demandada trata de confundir al juzgadormanifestando que “lueg o de la presentaciónde la declaración jurada del ITAN, de verificar -se el incumplimiento del pago del mismo, laSUNAT emitirá la orden de pago respectiva,las cuales después de haber transcurrido el

plazo para su cancelación, recién son trans-feridos al área de cobranza coactiva. Señalaademás, que el demandado cuenta con un

plazo de siete (7) días para cancelarla deuda”(...). Sin embargo, no hace referencia a quees imposible que ese hecho se haya dado enel presente caso, en el que ambos valoresfueron notificados el mismo día y a la mismahora, y que estos siete (7) días a los que aludetranscurren una vez iniciada la cobranza co-activa, esto es, en la etapa de ejecución dela deuda impaga y bajo apercibimiento de

dictarse medidas cautelares o de iniciarse laejecución forzada de las mismas. En la STC 0649-2002- AA/TC este Tribunal subrayóque “[...] el derecho de defensa consiste enla facultad de toda persona de contar con eltiempo y los medios necesarios para ejercerloen todo tipo de procesos, incluidos los admi-nistrativos, lo cual implica, entre otras cosas,que sea informada con anticipación de lasactuaciones iniciadas en su contra” ,

Que en tal sentido, en las referidas Resolu-ciones del Tribunal Fiscal N°s 04490-5-2007

y 04973-1-2007 se ha establecido que deacuerdo a lo señalado en la última sentenciadel Tribunal Constitucional antes glosada, laque resulta vinculante para este Tribunal ensu calidad de tribunal administrativo conformea lo dispuesto en la Primera Disposición Finalde la Ley N° 28301, se deduce que la notifica-ción conjunta de una orden de pago y de suresolución de ejecución coactiva implica unavulneración del debido procedimiento y delderecho de defensa en sede administrativa;

Que consecuentemente, dado que en el

caso de autos, las Resoluciones de Eje-cución Coactiva N°s 121- 006-0001695 y




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121-006-0004579 fueron notificadas en lasmismas fechas que las Órdenes de PagoN°s 121-001-0002906, 121-001-0002907, 121-001-0008394 y 1121-001-0008393 enmérito a las cuales se iniciaron los proce-dimientos de cobranza coactiva seguidosen los Expedientes N°s 121-006-0001695y 121-006-0004579, lo que de acuerdo conel último criterio del Tribunal Constitucionalafecta los derechos del contribuyente ensede administrativa, tales procedimientosde cobranza coactiva no fueron iniciados deacuerdo a ley, por lo que corresponde de-clarar fundadas las quejas en tal extremo,debiendo la Administración dejar sin efectotales procedimientos coactivos;

Que sin embargo, toda vez que las precita-das Órdenes de Pago N°s 121-001-0002906, 121-001-0002907, 121-001-0008394 y 1121-001-0008393 fueron notificadas a laquejosa conforme a ley, la deuda contenidaen tales valores tenía el carácter de exigiblecoactivamente de acuerdo a lo establecidoen el inciso d) del artículo 115° del CódigoTributario antes citado, por lo que corres-pondía que la misma sea comunicada porla Administración a las centrales de riesgo“en el rubro de Deudas Tributarias Exigibles”conforme se da cuenta en el Informe N° 016- 2007-SUNAT/2Q0302 obrante a folio 83, por

lo que procede declarar infundadas las quejas formuladas en este extremo;

Que con relación a lo alegado por la quejosaen cuanto a que al encontrarse en trámitela apelación interpuesta contra la Resolu-ción de Intendencia N° 126-015-0000067/SUNAT del 27 de enero de 20061 (folio 98del Expediente N° 4522-2007) que declaróinadmisible el recurso de apelación formu-lado contra la Resolución de IntendenciaN° 126-014-0000526/SUNAT que a su vezdeclaró inadmisible el recurso de reclama-

ción formulado contra las Órdenes de PagoN°s 121-001-0002906, 121-001-0002907, 121-001-0008394 y 1121-001-00083932,correspondía que el Ejecutor suspendierael procedimiento de cobranza respecto de ladeuda contenida en tales valores, cabe se-ñalar que aun cuando los procedimientos decobranza coactiva correspondientes a dicha

1 Recurso de apelación interpuesto con fecha 15 de fe-brero de 2005 y que se viene tramitando en esta ins-

tancia mediante Expediente IT 2792-2006.

2 Recurso de reclamación formulado con fecha 2 de se-tiembre de 2005, fuera del plazo de veinte (20) díashábiles establecido en el Código Tributario.

deuda hubieran sido iniciados con arreglo aley, este Tribunal mediante el Acuerdo deSala Plena contenido en el Acta de Reuniónde Sala Plena N° 2006-24 ha establecido queprocede la cobranza coactiva de una orden depago cuya reclamación ha sido declarada in-admisible por la Administración en los casosque el deudor tributario haya interpuesto re-curso de apelación en el plazo de ley;

Que dicho acuerdo se sustenta en los funda-mentos que a continuación se reproducen:

“E n el artículo 115° del Texto Único Or-denado del Código Tributario aprobado

por Decreto Supremo N° 135-99-EF ymodificado por el Decreto LegislativoN° 953 (en adelante el Código Tribu-tario), se señala que la deuda exigible

dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza, considerando, entreotros supuestos, como deuda exigible,la que conste en orden de pago notifica-da conforme a ley. Dicha norma es apli-cable siempre que se trate de una ordende pago emitida conforme a ley, esto es,que se ajuste a lo previsto en el artículo 78° del citado Código, pues de lo contra-rio la deuda no será exigible.

De otro lado, en el artículo 119° del Có-digo Tributario se dispone que ningunaautoridad ni órgano administrativo,

político, ni judicial podrá suspender oconcluir el procedimiento de cobranzacoactiva en trámite con excepción delejecutor coactivo quien deberá actuarconforme con lo señalado en dicho dis-

positivo, es decir, suspender temporal-mente el procedimiento de cobranza co-activa en los supuestos que se señalanen el inciso a) del articulo 119° o, segúncorresponda, concluir el procedimientode cobranza en los casos previstos enlos incisos b) y c), lo que incluye el

caso en que una ley o norma con ran-go de ley lo disponga expresamente. Específicamente, en el numeral 1 delinciso b) del artículo 119° del referi-do Código, se señala que el ejecutorcoactivo deberá dar por concluido el

procedimiento, levantar los embargosy ordenar el archivo de los actuados,cuando “se hubiera presentado opor -tunamente reclamación o apelacióncontra la resolución de determinacióno resolución de multa que contenga la

deuda tributaria puesta en cobranza”. Como se puede apreciar, el anotado

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numeral 1 no hace referencia a las ór-denes de pago, por lo que no incluye elcaso de una apelación contra una reso-lución que declaró inadmisible la recla-mación contra una orden de pago. Por tanto, la deuda tributaria contenidaen una orden de pago emitida confor-me al artículo 78° del Código Tributa-rio y notificada conforme a ley es exigi -ble coactivamente según se señala enel inciso d) del artículo 115° del citadoCódigo; la interposición de un recursode reclamación contra dicha orden de

pago no modifica su exigibilidad, por elcontrario, el pago previo de la totalidadde la deuda constituye requisito para ad-mitir a trámite la reclamación tal como seestablece en el artículo 136° del Código

Tributario y sólo de manera excepcio-nal, cuando existan circunstancias queevidencien que la cobranza de la deuda

podría ser improcedente, en el nume-ral 3 del inciso a) del artículo 119° delCódigo Tributario, se permite al ejecutorsuspender temporalmente la cobranza.

Asimismo, la apelación oportuna de unaresolución que declaró inadmisible la re-clamación contra una orden de pago, tam-

poco modifica la exigibilidad de la deudacontenida en dicha orden de pago, puesello no se encuentra previsto dentro de

los supuestos de conclusión del procedi-miento de cobranza coactiva contenidosen el inciso b) del citado artículo 119°. En consecuencia, no procede la sus-

pensión ni conclusión del procedi-miento de cobranza coactiva de ladeuda tributaria contenida en una ordende pago por el hecho de encontrarse entrámite la apelación de la resolución quedeclaró inadmisible su reclamación.”

Que el criterio antes citado tiene carácter vin-culante para todos los vocales de este Tribu-

nal, según lo establecido por el acuerdo reco-gido en el Acta de Reunión de Sala Plena N° 2002-10 del 17 de setiembre de 2002;

Que asimismo, conforme con lo aprobadopor Acuerdo que consta en el Acta de Re-unión de Sala Plena N° 2006-24 el criterioadoptado se ajusta a lo previsto por el artí-culo 154° del Código Tributario, por lo quecorresponde que se emita una resolución deobservancia obligatoria, disponiéndose supublicación en el diario oficial “El Peruano”;

Que en tal sentido, aun cuando el procedi-miento de cobranza coactiva respecto de lasÓrdenes de Pago N°s 121-001-0002906, 121-

001-0002907, 121-001-0008393 y 121-001- 0008394 se hubiese iniciado conforme a ley,no procedía la suspensión del procedimientode cobranza coactiva de las referidas órdenesde pago por el hecho de encontrarse en trámi-te la apelación de la inadmisibilidad de la ape-lación de la resolución que declaró inadmisiblesu reclamación, por lo que lo alegado por laquejosa al respecto carece de sustento;

Que con relación a la Resolución de MultaN° 123-002-0009355, de la revisión de surespectiva constancia de notificación (folios 34 y 35 del Expediente N° 4522-2007) se verifica que ésta fue notificada a la quejosa el 16 de setiembre de 2006, mediante acuse de recibo en su domicilio fiscal, siendo reci-bida por Edison Rodríguez, quien se identi-ficó con su número de Documento Nacional

de Identidad y firmó la respectiva constan-cia, por lo que dicha diligencia cumple conlos requisitos establecidos en el inciso a) delartículo 104° del Código Tributario;

Que a folio 82 del Expediente N° 4522-2007obra copia certificada de la Resolución de Eje-cución Coactiva N° 123-006-0034706 -Expe-diente Coactivo N° 123-006-0034706-, con laque se da inicio a la cobranza coactiva de lamencionada resolución de multa, apreciándo-se que ésta fue notificada a la quejosa el 20de octubre de 2006 mediante acuse de reci-

bo en su domicilio fiscal, siendo recibida porWalter Ríos, quien se identificó con su nú-mero de Documento Nacional de Identidady firmó el acuse de recibo, por lo que dichanotificación se encuentra conforme a ley;

Que adicionalmente, de los actuados se apreciaque con fecha 25 de octubre de 2006 la quejosainterpuso recurso de reclamación contra la Re-solución de Multa N° 123-002-0009355 (folios 107 a 112 del Expediente N° 4522-2007),pese a que dicho valor fue notificado el 16 desetiembre de 2006, recurso que fue declarado

inadmisible por extemporáneo mediante la Re-solución de Intendencia N° 126-014- 0001066/SUNAT (folio 115), notificada a la quejosa confecha 26 de febrero de 2007 (folio 114);

Que toda vez que la quejosa interpuso recur-so de reclamación vencido el plazo de ley, laResolución de Multa N° 123-002-0009335constituía deuda exigible coactivamenteconforme a lo dispuesto en el inciso a) delartículo 115° del Código Tributario, por loque el procedimiento coactivo respecto delcitado valor fue iniciado conforme a ley;

Que cabe señalar que si bien se aprecia a fo-lios 116 a 121 que la quejosa interpuso con




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fecha 6 de marzo de 2007, esto es, dentrodel plazo de quince días hábiles, recurso deapelación contra la precitada Resolución deIntendencia N° 126-014-0001066/SUNAT,de conformidad con lo establecido en el úl-timo párrafo del inciso b) del artículo 119°del Texto Único Ordenado del Código Tribu-tario, modificado por el Decreto LegislativoN° 969, vigente desde el 25 de diciembre de 2006, en cualquier caso que se interpongareclamación fuera del plazo de ley, la calidadde deuda exigible se mantendrá aun cuandoel deudor tributario apele la resolución quedeclare inadmisible dicho recurso, siendoque la interposición del recurso de apelaciónaludido no constituía causal de suspensióndel procedimiento de cobranza iniciado;

Que consecuentemente, toda vez que ladeuda contenida en la Resolución de Mul-ta N° 123-002-0009335 resultaba exigiblecoactivamente, la misma era susceptible deser comunicada a las centrales de riesgo,por lo que corresponde declarar infundadala queja en este extremo;

Que con relación a la Resolución de MultaN° 123-002-0009037, de la revisión de surespectiva constancia de notificación (folios 36 y 37 del Expediente N° 4522-2007) seobserva que ésta fue notificada a la quejosael 12 de junio de 2006, mediante acuse derecibo en su domicilio fiscal, siendo recibi-das por Edison Rodríguez, quien se identi-ficó con su número de Documento Nacionalde Identidad y firmó el acuse respectivo, porlo que dicha diligencia cumple con los requi-sitos establecidos en el inciso a) del artículo 104° del Código Tributario;

Que habiendo sido notificado el referidovalor el 12 de junio de 2006, el plazo parainterponer recurso de reclamación venció el 11 de julio de 2006, interponiendo la quejo-sa recurso de reclamación con fecha 15 deagosto de 2006 (folios 122 a 127 del Expe-diente N° 4522-2007), por lo que el mismofue declarado inadmisible por extemporá-neo mediante la Resolución de IntendenciaN° 126-014-000998/SUNAT (folio 128 delExpediente N° 4522-2007), notificada a laquejosa con fecha 22 de diciembre de 2006(folio 129 del Expediente N° 4522-2007);

Que toda vez que la quejosa interpuso recur-so de reclamación vencido el plazo de ley, laResolución de Multa N° 123-002-0009037constituía deuda exigible coactivamenteconforme a lo dispuesto en el inciso a) delartículo 115° del Código Tributario;

Que no obstante, obra af olio 81 delExpediente N° 4522-2007 copia certificada de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 123-006-0032289 -Expediente Coactivo N° 123-006-0032289-,con la que se da inicio a la cobranza coac-tiva de la Resolución de Multa N° 123-002- 0009037, observándose que en la mismafigura un sello que señala “Motivo de devolu-ción” y se ha indicado “Rechazado”, anotándosecon lapicero las fechas “13-07-06”, “14-07-06”y “15-07-06”, así como una rúbrica ¡legible;

Que al respecto, este Tribunal en las Reso-luciones N°s 03692-5-2006, 03642-2-2006y 02640-4-2006 ha establecido que el con-signarse “rechazado” en las constancias denotificación equivale a indicar la negativa ala recepción de los documentos materia denotificación, lo que se encuentra reguladoen el inciso a) del artículo 104° del CódigoTributario antes glosado;

Que sin embargo, dado que en el caso deautos no se identifica a la persona que dejaconstancia de la negativa a la recepción, ha-biéndose consignado únicamente una rúbri-ca ilegible, la notificación de la Resolución deEjecución Coactiva N° 123-006-0032289 nose encuentra arreglada a ley, procediendodeclarar fundada la queja en este extremo,debiendo la Administración proceder a de-

jar sin efecto el procedimiento de cobranza

correspondiente al Expediente Coactivo N° 123-006-0032289 referido a la Resoluciónde Multa N° 123-002-0009037, y levantarlas medidas cautelares que se hubieran tra-bado con relación a dicha deuda, así comoproceder a la desacumulación del mismo delExpediente Coactivo N° 121-06-013109;

Que de otro lado, habiéndose establecidoque la deuda contenida en la Resoluciónde Multa N° 123-002- 0009037 resultabaexigible coactivamente, al haber sido recla-mada extemporáneamente, carácter que se

mantiene aun cuando se hubiere formuladoapelación dentro del plazo de ley conforme alos fundamentos antes expuestos, procedíaque la Administración la reportase a las cen-trales de riesgo como deuda exigible comoha sucedido en el caso de autos, por lo quecorresponde declarar infundada la queja for-mulada en este extremo; Que en cuanto a lo alegado por la quejosaen el sentido que la Administración preten-de cobrarle la Orden de Pago N° 121-01- 0008258 sin considerar que dicho valor se

encuentra extinguido y que por tanto noresulta ser exigible coactivamente, cabe se-

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ñalar que este Tribunal mediante Proveído N° 00595-4-2007, notificado el 3 de mayo de 2007, solicitó a la Administración que, en un plazo de siete (7) días, entre otros, precise sien el procedimiento coactivo a que se refiereel Expediente Coactivo N° 12106013109 seencuentran comprendidos valores extingui-dos como alega la quejosa, adjuntando ladocumentación pertinente, e indique el es-tado del procedimiento;

Que vencido el plazo antes anotado, la Adminis-tración remite diversa documentación, sin em-bargo, no adjunta información ni documentaciónalguna con relación a este extremo de la quejaformulada, por lo que corresponde emitir pro-nunciamiento en virtud a la documentación queobra en autos, conforme al criterio establecidomediante Acuerdo recogido en el Acta de Sala

Plena N° 2005-15 del 10 de mayo de 2005, enel que se estableció que “vencido el plazo otor-gado, el Tribunal Fiscal resuelve el expedien-te mediante una Resolución, aun cuando noexiste respuesta o la misma sea incompleta”,el mismo que resulta vinculante para todos losvocales de este Tribunal conforme al Acuerdorecogido en el Acta de Sala Plena N° 2002- 10 del 17 de setiembre de 2002;

Que obra en autos copia certificada dela Resolución de Ejecución CoactivaN° 121-06-013109 (folio 68 del Expedien-

te N° 4522-2007) - Expediente CoactivoN° 121-06-013109, mediante la que se dio ini-cio al procedimiento de cobranza coactiva re-ferido a la Orden de Pago N° 121-01-0008258(folio 46 del Expediente N° 4522-2007);

Que de la copia del reporte “Consulta de va-lores” de fecha 12 de abril de 2007 (folio 1 delExpediente N° 4524-2007), proporcionada porla quejosa, se aprecia que la Orden de PagoN° 121-01-0008258 -cuya cobranza se ini-ció con la Resolución de Ejecución CoactivaN° 121-06-013109- se encuentra extinguida;

Que si bien la Administración ha señaladoen su Informe N° 016-2007-SUNAT/2Q0302(folios 83 y 84 del Expediente N° 4522-2007)que el mencionado Expediente CoactivoN° 121-06-013109 además de la anotadaOrden de Pago N° 121-01-0008258 se en-cuentra referido a otros valores, al haberseacumulado bajo dicho expediente diversosexpedientes coactivos (como es, entre otros,el Expediente Coactivo N° 123-006-0034706,que contienen deudas exigibles coactivamen-

te), ésta no acredita de modo alguno que hayaexcluido del referido Expediente Coactivo N° 121-06-013109 y Acumulados la deuda conte-nida en la Orden de Pago N° 121-01-0008258considerada como “extinguida” en el anotadoreporte, obrando únicamente en autos copiade la resolución de ejecución coactiva de ini-cio de la cobranza contra dicho valor, por loque corresponde declarar fundada la quejaen este extremo, debiendo la Administracióndejar sin efecto el procedimiento coactivoiniciado mediante Expediente N° 121-06- 013109 respecto al anotado valor;

Con las vocales Flores Talavera, MárquezPacheco y Zúñiga Dulanto, e interviniendocomo ponente la vocal Márquez Pacheco;

RESUELVE:

1. ACUMULAR los Expedientes N°s 4522-2007 y 4524-2007.

2. DECLARAR FUNDADA la queja pre-sentada en el extremo referido a losprocedimientos coactivos iniciadoscon relación a las Órdenes de PagoN°s 121-001-0002906, 121-001- 0002907, 121-001-0008393, 121- 001-0008394 y 121-01-0008258 yla Resolución de Multa N° 123-002- 0009037, debiendo la Administración

dejar sin efecto dichos procedimientosy levantar las medidas de embargo tra-badas, de ser el caso; e INFUNDADAen lo demás que contiene.

3. DECLARAR que de acuerdo con elartículo 154° del Texto Único Ordena-do del Código Tributario aprobado porDecreto Supremo N° 135-99-EF, lapresente resolución constituye prece-dente de observancia obligatoria, dis-poniéndose su publicación en el diariooficial “El Peruano” en cuanto estable-

ce el siguiente criterio: “Procede la cobranza coactivade una orden de pago cuya re-clamación ha sido declarada in-admisible por la Administración,aun cuando el deudor tributariohaya interpuesto recurso de ape-lación en el plazo de ley.”

Regístrese, comuniqúese y remítase a laSuperintendencia Nacional de Administra-ción Tributaria, para sus efectos.




Capítulo VIII

Procedimientos nocontenciosos



InstItuto p A cífIco 289

CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

Pr ocedimientos no contenciosos

1. Introducción Un procedimiento contencioso – tributario requiere de la existencia pr eviade un acto administrativo por parte de la Administración Tributaria. Em pero,también existen un conjunto de procedimientos iniciados a propia solicituddel propio contr i buyente, sin que exista de por medio un acto administr ativo

pr evio.

Estos procedimientos se encuentran r egulados en detalle en el Texto Único deProcedimientos Administrativos de la Administración Tributaria. En este sen-tido, mediante Decreto Supremo Nº 057-2009-EF se aprobó el TUPA vigentede la Su per intendencia Nacional de Administración Tr i butar ia.

Estos pr ocedimientos no contenciosos pueden ser de dos tipos: Pr ocedimientosr elacionados con la deter minación de la deuda tributaria y Procedimientos nor elacionados con la deter minación de la deuda tr i butar ia.

Así por e jemplo, si un sujeto solicita la inscripción en el Registro de im pr entas(Procedimiento Nº 12 del TUPA 2009 de SUNAT), este procedimiento tendr ála natur aleza de un procedimiento no contencioso no vinculado a la deter mi-nación de la deuda tr i butar ia.

Por el contrario, si un deudor tributario interpone una solicitud de Inscr i pciónen el Registro de Entidades Exoneradas del Im puesto a la Renta (Pr ocedimiento

Nº 35 del TUPA 2009 de SUNAT), este procedimiento tiene la natur aleza de

un procedimiento no contencioso vinculado a la deter minación de la deuda

tr i butar ia.

Ahora bien, habrán deter minados procedimientos en los cuales la dif er enciaentre su vinculación o no a la deter minación de la deuda tributaria es tenue1.Al respecto, a fin de poder distinguir la natur aleza de cada procedimiento nocontencioso, es r ecomenda ble ver if icar en el TUPA el recurso im pugnator ioque corresponde interponer en el caso que la solicitud no contenciosa r esultaseadver sa.

1 Este es el caso, por ejemplo, de las resoluciones que declaran el abandono de bienes comisados, las cuales, por criterio jurisprudencial del Tribunal Fiscal deben ser objeto de una apelación administrativa, en los términos de la Ley del Procedi-miento Administrativo General.



290 c A pítulo vIII - procedIMIentos no contencIosos


CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

En este sentido, si se trata de una solicitud no contenciosa vinculada a ladeter minación de la deuda tributaria, el TUPA de SUNAT contemplar á la im-

pugnación de la r esolución adversa a través del respectivo recurso de a pelaciónante el Tr i bunal Fiscal (con la única excepción de la solicitud de devolución, lacual es r eclama ble) y del recurso de reclamación ante la r esolución denegator iaf icta. En cambio, si se trata de una solicitud no contenciosa no vinculada a la deter -minación de la deuda tributaria, el TUPA de SUNAT esta blecer á la im pugnaciónde la r esolución adversa a través de los recursos previstos en la Ley Nº 27444,Ley del Procedimiento Administrativo Gener al.

AP. VIII

2. Regulación de los pr ocedimientos no contenciosos r elacionadoscon la determinación de la deuda tributaria Según el ar tículo 162º del Código Tributario, las solicitudes no contenciosas

vinculadas a la deter minación de la o bligación tributaria, deberán ser r esueltas ynotif icadas en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles siem pr eque, conf or me a las disposiciones per tinentes, requiriese de pronunciamientoexpreso de la Administración Tr i butar ia.

A su vez, según el ar tículo 163º del mismo Código, las r esoluciones que r esuel-ven estas solicitudes vinculadas a la determinación de la deuda serán a pela blesante el Tr i bunal Fiscal, con excepción de las que r esuelvan las solicitudes dedevolución, las mismas que serán r eclama bles, por cuanto, por lo gener al lasr esoluciones que r esuelven devoluciones se encuentran vinculadas a r e parostributarios, los cuales a su vez se contienen en una r esolución de determinación

de deter minación, la cual es un acto r eclama ble. Asimismo, de conf or midad con el segundo párr af o del ar tículo 163º del CódigoTributario, en caso de no r esolver se estas solicitudes en el plazo de cuar entay cinco (45) días há biles, el deudor tributario podrá interponer recurso der eclamación dando por denegada su solicitud. El objetivo del legislador conesta disposición es que exista un pronunciamiento previo en primera instancia

por parte de la Administración Tributaria. A su vez, este silencio administr ativonegativo previsto en el segundo párr af o del ar tículo 163º es concordante con laPrimera Disposición Transitoria, Com plementar ia y Final de la Ley Nº 29060,Ley del Silencio Administr ativo.

No obstante, podría ocurrir que la Administración omita pr onunciar se r es pectode la r eclamación f or mulada contra la r esolución ficta benef actor ia de una

solicitud no contenciosa vinculada a la deter minación de la o bligación tr i bu-taria, en cuyo caso r esulta procedente la interposición del respectivo r ecur sode a pelación.

Como puede apreciarse, si la Administración tributaria deniega una solicitudno contenciosa vinculada a la deter minación de la o bligación tributaria, o sila Administración no se pronuncia expresamente sobre la misma, dicho pro-cedimiento no contencioso se convierte en uno contencioso – tributario si eldeudor tributario ejerce el derecho de contr adicción.





CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

3. Tratamiento de los Pr ocedimientos no contenciosos no r elaciona-dos con la determinación de la deuda tributaria. A su vez, según el segundo párr af o del citado ar tículo 162º del Código Tr i bu-tario, tratándose de solicitudes no contenciosas no vinculadas a la deter mi-

nación de la deter minación de la o bligación tributaria, éstas serán r esueltassegún el procedimiento r egulado en la Ley del Procedimiento Administr ativoGener al.

En este sentido, el ar tículo 30º de la Ley Nº 27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo Gener al, señala que los pr ocedimientos administrativos iniciadosa solicitud de parte se clasif ican en:

a) Procedimientos de a pro bación automática, o

b) Procedimientos de evaluación previa por la entidad. A su vez, en esteúltimo caso, en caso de f alta de pronunciamiento oportuno, los procedi-

mientos de evalu

a

ción previa pueden estar sujetos a silencio positivo osilencio negativo.

Ahora bien, será el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA dela Administración Tributaria el que deter minar á en cada caso la natur aleza decada procedimiento. Así por e jemplo, el trámite de inscripción en el R egistroÚnico de Contr i buyentes o la solicitud de modif icación de datos en el R egistroÚnico de Contr i buyentes son procedimientos de a pro bación automática. Encambio, el procedimiento de Inscr i pción en el Registro de Im pr entas es un

procedimiento de evaluación previa con silencio administrativo negativo.

Respecto de los pr ocedimientos de evaluación previa, el plazo para r esolver las

solicitudes no contenciosas no vinculadas a la deter minación de la o bligacióntributaria es de treinta días há biles, ello de conf or midad con el ar tículo 142ºde la Ley Nº 27444.

Asimismo, también respecto de los procedimientos de evaluación previa, elar tículo 163º del Código Tributario precisa que los actos de la Administr aciónTributaria que r esuelven las solicitudes no contenciosas no vinculadas a ladeter minación de la o bligación tributaria podrán ser im pugnados mediantelos recursos r egulados en la Ley del Procedimiento Administrativo Gener al,los mismos que se tramitarán observando lo dispuesto en la citada Ley, salvoen aquellos aspectos r egulados expresamente en el Código Tr i butar io.

En este sentido, según el ar tículo 208º de la Ley del Procedimiento Adminis-trativo Gener al, el recurso de r econsider ación se inter pondr á ante el mismoórgano que dictó el primer acto que es materia de la im pugnación y de ber ásustentarse en nueva prueba. El dispositivo precisa que en los casos de actosadministrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no serequiere nueva prueba. Cabe subrayar que este recurso es o pcional y su nointerposición no impide el ejercicio del recurso de a pelación.

A su vez, según el ar tículo 209º de la Ley del Procedimiento Administr ativoGener al el recurso de a pelación se inter pondr á cuando la im pugnación sesustente en dif er ente interpretación de las pruebas producidas o cuando se

trate de cuestiones de puro derecho, de biendo dirigirse a la misma autor idad

CAP. VIII





CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII Procedimiento no

contencioso

Plazo paraemitir la

resolución

Recursos que procede con-

tra la Resolución expresa

Recursos que procedecontra la Resolución

denegatoria ficta

Solicitudes relaciona-das con la determi-nación de la deudatributaria.

45 días hábiles

Base legal: Ar t. 162º del Código Tributario.

Apelación ante el Tribunal Fis-cal. Reclamación sólo en el caso de Devoluciones. Base legal:

Art. 163º del Código Tributario.

Reclamación ante la Admi-nistración Tributaria.

Base legal: Art. 163º del Código Tributario.

Solicitudes no re-lacionadas con ladeterminación de ladeuda tributaria

30 días hábiles

Base legal : Art. 142º de la Ley Nº 27444.

Reconsideración ante SUNAT Apelación ante la misma SU-NAT

Base legal : Art. 163º del Código Tributario.

Art. 209º y 210º de la LPAG

que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al super ior jer ár quico.

Por último, en el caso que la Administración Tributaria no r esuelva una solicitudde evaluación previa dentro del plazo legal esti pulado, corresponderá a plicar

el silencio administrativo positivo o negativo según se encuentre esti puladoen el corr es pondiente TUPA. A su vez, si el silencio administrativo previsto enun deter minado procedimiento f uese negativo, el deudor tributario tendrá la

posi bilidad de interponer el respectivo Recurso de r econsider ación o a pelacióncontra la r esolución denegatoria f icta.

Procedimientos no contenciosos más frecuentes contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de Sunat

Procedimiento

Vinculado ala deter-

minac. de la

OT

No Vincu-lado a la

determinac.

de la OT Inscripción en el registro único de contribuyentes x

Autorización de impresión de comprobantes de pago u otros documentos x

Autorización para la emisión de boletos de transporte aéreo por medioselectrónicos – bme

x

Devolución de pagos indebidos o en exceso mediante notas de créditonegociables o cheque

x

Reintegro tributario para comerciantes en la región de la selva mediantenotas de crédito negociables o cheque

x

Impugnación de la resolución que declara el abandono de bienes comi-sados

x

Prescripción x Compensación a solicitud de parte X

Solicitud de acceso al sistema sunat operaciones en línea – sol x

Existencia de errores materiales o circunstancias posteriores a la emisiónde actos de la administración tributaria

x

Registro de empleadores, trabajadores y derechohabientes x

Registro de empleadores de trabajadores del hogar, trabajadores del hogary sus derechohabientes

X

AP. VIII





CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

MODELO DE SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN

Solicitud de prescripción de deuda tributaria.

SEÑOR INTENDENTE DE INTENDENCIA REGIONAL LIMA DE LA SUPERINTENDEN- CIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:

EMPRESA CONSTRUCTORA LOS ANDES SAC, identificada con RUC Nº 20504389567, debidamente representada por el señor Juan Carlos Mogollón Zelada, con DNI N° 52897658; a Usted decimos:

PETITORIO:

Que, solicitamos se sirva declarar la prescripción de la acción de la Administración Tribu-taria respecto del Impuesto General a las Ventas del periodo mayo del 2001; en atencióna los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:


1. Con fecha 12 de junio del 2001 la empresa recurrente presentó la declaración jurada correspondiente al periodo mayo del 2001, en la cual determinó unadeuda de S/. 1,500.00 por concepto de Impuesto General a las Ventas.

2. Recién con fecha 10 de junio del 2009 la SUNAT ha procedido a notificar a la empresa recurrente la Orden de pago Nº 2528596789 por la deuda antes indicada.

3. Desde el 01 de enero del año 2002 (año siguiente a la presentación de dichaDeclaración jurada) a la fecha de notificación de la orden de pago han trans-currido más de cuatro años calendario, por lo que resulta manifiesto que seencuentra prescrita la acción de la Administración para exigir el cobro de ladeuda en cuestión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: De conformidad con el artículo 43º del Código Tributario, La acción de la AdministraciónTributaria para determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pagoy aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años.

2. En este sentido, de conformidad con el numeral 2) del artículo 44º del mencionadoCódigo, el término prescriptorio se computará desde el uno (1) de enero siguientea la fecha en que la obligación sea exigible, respecto de tributos que deban serdeterminados por el deudor tributario de periodicidad distinta a la anual.

3. Según el Procedimiento Nº 55 del TUPA de SUNAT, para solicitar la prescripciónde la acción para exigir el pago de una deuda tributaria, el deudor tributario debeindicar el tributo y el periodo objeto de la solicitud.

MEDIOS PROBATORIOS: 1. Copia de la Declaración jurada correspondiente al periodo mayo del 2001. 2. Copia de la orden de pago Nº 2528596789

ANEXOS: Copia del DNI del representante legal de la empresa recurrente. 2. Copia de la Declaración jurada correspondiente al periodo mayo del 2001. 3. Copia de la orden de pago Nº 2528596789

POR TANTO: Solicito a vuestro Despacho declarar FUNDADA la presente solicitud, por ser conformea Ley.


CAP. VIII





CAP. IX

CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

MODELO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓNDE PAGO INDEBIDO O EN EXCESO

Solicitud de devolución de pago indebido o en exceso

SEÑOR INTENDENTE DE INTENDENCIA REGIONAL LIMA DE LA SUPERINTEN-DENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:

EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL NORTE SAC, identificada con RUC Nº 20608989567, debidamente representada por el señor Alberto Sánchez Ludeña, con DNI N° 20307658; a Usted decimos:

PETITORIO:

Que, solicitamos se sirva disponer la DEVOLUCIÓN del importe de S/. 10,000.00 porconcepto de Impuesto General a las Ventas del periodo 05/2009; en atención a los si -guientes fundamentos de hecho y de derecho:


1. Nuestra representada realiza la adquisición y venta de gaseosas y cervezas,razón por la cual se encuentra sujeta a las percepciones del Impuesto Gene-ral a las Ventas a la venta interna de bienes.

En este sentido, en el periodo febrero del 2009 fuimos objeto de una percep-ción, por la suma de S/. 15,000.00.

3. Dicha percepción fue declarada por nuestra representada en la casilla per-cepciones del periodo en el referido mes de febrero del 2009. A la vez, hasido objeto de arrastre a los periodos siguientes.

4. Por lo mismo, al periodo mayo del 2009 nuestra representada no ha utilizado

la suma de S/. 10,000.00, conforme se evidencia del contenido de la Decla-ración jurada del periodo mayo del 2009; por lo que se solicita la devoluciónde dicho importe.

AP. VIII


1. De conformidad con el artículo 31º de la Ley del IGV, las retenciones o per-cepciones que se hubieran efectuado por concepto del Impuesto Generala las Ventas y/o del Impuesto de Promoción Municipal, se deducirán delImpuesto a pagar.

La norma precisa que, en caso que no existieran operaciones gravadas o seréstas insuficientes para absorber las retenciones o percepciones, el contri -buyente podrá:

a. Arrastrar las retenciones o percepciones no aplicadas a los meses si-guientes.

b. Si las retenciones o percepciones no pudieran ser aplicadas en un pla-zo no menor de tres (3) periodos consecutivos, el contribuyente podráoptar por solicitar la devolución de las mismas.

2. El mismo artículo 31º precisa que, en caso de que opte por solicitar la de-volución de los saldos no aplicados, la solicitud solo procederá hasta por elsaldo acumulado no aplicado o compensado al último periodo vencido a lafecha de presentación de la solicitud, siempre que en la declaración de dichoperiodo conste el saldo cuya devolución se solicita. periodo vencido a la fe-cha de presentación de la solicitud, siempre que en la declaración de dicho

periodo conste el saldo cuya devolución se solicita.





CAP. IX

CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

MEDIOS PROBATORIOS:

1. Copia de la Declaración jurada correspondiente al periodo mayo del 2009.

ANEXOS:

1. Copia del DNI del representante legal de la empresa recurrente.

2. Copia de la Declaración jurada correspondiente al periodo mayo del 2009.

POR TANTO:

Solicito a vuestro Despacho declarar FUNDADA la presente solicitud, por ser conformea Ley.


CAP. VIII



Fiscalización y Procedimiento Contencioso Tributario


Capítulo IX

El mal llamadoRecur sode Queja



CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

CAP. IX

El mal llamado Recur so de Queja

1. Distinción del Recur so de Queja con la Queja funcional A af ectos de abordar el tema del denominado Recurso de Queja, r esulta im-

portante distinguir este instituto procesal de la queja f uncional prevista en laLey del Procedimiento Administrativo Gener al y de la Queja r eglamentada

por la propia Su per intendencia Nacional de Administración Tr i butar ia.

En ef ecto, según el ar tículo 158º de la Ley Nº 27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo Gener al, en cualquier momento, los administr ados pueden f or -mular queja contra los defectos de tramitación y, en es pecial, los que supongan

par alización, inf r acción de los plazos esta blecidos legalmente, incum plimientode los deberes f uncionales u omisión de trámites que deben ser subsanados

antes de la r esolución def initiva del asunto en la instancia r es pectiva. El mismo dispositivo señala que:

a) Esta queja se presenta ante el superior jerárquico de la autor idad quetramita el procedimiento, citándose el deber inf r ingido y la norma que loexige.

b) La autor idad que conoce de la queja puede disponer motivadamente queotro f uncionar io de similar jerarquía al que jado, asuma el conocimientodel asunto.

c) En caso de declar ar se f undada la queja, se dictarán las medidas corr ec-

tivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma r esoluciónse dis pondr á el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar alr es ponsa ble.

En este mismo sentido, el ar tículo 209º de la misma Ley Nº 27444 dispone que,Las autor idades y per sonal al servicio de las entidades, inde pendientemente desu régimen la bor al o contr actual, incurren en f alta administrativa en el tr ámitede los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susce pti blesde ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, ceseo destitución atendiendo a la gravedad de la f alta, la reincidencia, el dañocausado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

1. Negarse a recibir in justif icadamente solicitudes, recursos, declar aciones,inf or maciones o expedir constancia sobre ellas.



CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la au-toridad que deba decidir u opinar sobre ellos.

3. Demorar in justif icadamente la remisión de datos, actuados o ex pedientessolicitados para r esolver un procedimiento o la producción de un acto

procesal sujeto a plazo deter minado dentro del procedimiento adminis-tr ativo.

4. R esolver sin motivación algún asunto sometido a su com petencia.

5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.

6. No comunicar dentro del término legal la causal de a bstención en la cualse encuentra incur so.

7. Dilatar el cum plimiento de mandatos superiores o administrativo o con-tradecir sus decisiones.

8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administr ativa

o contradecir sus decisiones. 9. Incurr ir en ilegalidad manif iesta.

10. Dif undir de cualquier modo o permitir el acceso a la inf or mación conf i-dencial a que se r ef ier e el numer al 160.1 de la Ley Nº 27444.

El ar tículo 239º antes mencionado precisa que las corr es pondientes sanciones por las inf r acciones antes indicadas deberán ser impuestas previo procesoadministrativo disci plinar io que, en el caso del per sonal sujeto al régimen dela carrera administrativa, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre lamateria, de biendo aplicarse para los demás casos el pr ocedimiento esta blecidoen el Ar tículo 235 de la misma Ley Nº 27444, en lo que f uer e per tinente.

Como puede apreciarse, la Queja f uncional tiene por objeto denunciar ante elsuperior jerárquico la inconducta f uncional del servidor público, mas ello no va

a tener una incidencia directa en el pr ocedimiento administrativo. Mejor dicho,la Administración podrá suspender, cesar o incluso destituir al f uncionar ioinvolucr ado en una inconducta administrativa, pero este hecho por sí solo noim plicar á la suspensión de la cobranza coactiva, de ser el caso.

Sin perjuicio de lo anterior, la Queja f uncional r esulta un im por tante mecanis-mo de def ensa a utilizar f r ente a la conducta impropia del auditor, f edatar io of uncionar io r esolutor de la Administración Tr i butar ia.

A ef ectos de interponer la Queja f uncional, el contr i buyente deberá pr esentarel respectivo escrito f undamentado en Mesa de Partes de la Administr aciónTributaria, con los respectivos medios pro bator ios que sustenten la denunciacontra el f uncionar io de la Administración. Cabe indicar además que, dichoescrito de queja no requerirá f ir ma de abogado.

CAP. IX



CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

2. Distinción del Recur so de Queja con la Queja reglamentada por SUNAT Por otro lado, la propia SUNAT ha esta blecido un procedimiento de quejas ysugerencias, el cual está r egulado por la R esolución de Su per intendencia Nº 073-2002/SU NAT. Según el liter al c) del ar tículo 1º de dicha R esolución, las quejas son def inidascomo las expresiones de descontento de los administr ados, por cualquier accióno inacción de los servidores y/o f uncionar ios de las diversas dependencias dela SUNAT que vulner e sus derechos, tales como mala atención, pro blemas enlos trámites y/o procedimientos o aspectos institucionales.

En este sentido, según el ar tículo 3º de la acotada R esolución, este tipo dequejas no tienen, en ningún caso, la natur aleza de recurso administr ativo,siendo además que su interposición no interrumpirá ni suspenderá los plazos

esta blecidos en la legislación vigente para la tramitación y r esolución de loscorr es pondientes procedimientos. Asimismo, las quejas r eguladas por SUNATno condicionan, en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones, r ecur -sos o derechos que, de conf or midad con la nor matividad r egulador a de cada

procedimiento, puedan ejercitar los que f igur en en éstos como inter esados.

Como puede apreciarse, a semejanza de la queja f uncional, la Queja r egulada

por la R esolución de Su per intendencia Nº 073-2002/SUNAT no es un r ecur soim pugnator io, ni tampoco tiene una incidencia directa en los procedimientosadministr ativos.

Empero, a dif er encia de la queja f uncional, la queja r egulada por la SUNAT se

rige por el principio de inf or malidad, pues su interposición puede r ealizar se pordiversos medios, conf or me acota el ar tículo 4º de la mencionada R esoluciónde Su per intendencia:

a. De manera per sonal ante cualquier Unidad Receptora utilizando el f or -mular io N° 5020.

b. Mediante el llenado del f or mular io indicado en el liter al precedente yenvío del mismo por correo o f ax a las Unidades Receptoras de cualquierdependencia o centro de servicios de la SUNAT.

c. A través de la página Web de la SUNAT, en la dirección electr ónica: www.sunat.go b.pe

d. A través de la Centr al de Consultas, comunicándose a los números tele-f ónicos pro porcionados para este fin por la SUNAT.

e. Mediante cualquier otro medio autorizado por la SUNAT a través de R esolución de Su per intendencia.

Ahora bien, la propia R esolución de Super intendencia Nº 073-2002/SU NATseñala en su ar tículo 2º que, dicha norma no es de a plicación al recurso de que jaa que se r ef ier e el Ar tículo 155° del Código Tributario, ni a la queja r egulada porel ar tículo 158° y/o a las faltas administrativas ti pif icadas en el Ar tículo 239° dela Ley del Pr ocedimiento Administrativo Gener al, los que se regirán por dichos

dispositivos. Por lo mismo, la queja r egulada por SUNAT es distinta a la que jaf uncional r egulada por la Ley del Pr ocedimiento Administrativo Gener al.

CAP. IX

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CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

3. ¿Qué es laQue ja? El ar tículo 155º del Código Tributario señala lo siguiente:

CAP. IX

“El recurso de queja se presenta cuando existan actuaciones o pr ocedimientosque af ecten dir ectamente o inf r in jan lo esta blecido en este Código; debiendo

ser r esuelto por : a) El Tr i bunal Fiscal dentro del plazo de veinte (20) días há biles de pr e-

sentado el recurso, tratándose de recursos contra la Administr aciónTr i butar ia.

b) El Ministro de Economía y Finanzas dentro del plazo de veinte (20) días,tratándose de recursos contra el Tr i bunal Fiscal.”

A pesar de la muy escueta r egulación del Código Tributario, de la misma pue-de colegir se que la queja es un remedio procesal,1 que tiene como f inalidadcorregir o enmendar de manera inmediata un vicio pr ocesal, o en gener al, una

actuación irr egular de las instancias administrativas, en tanto que no exista una

vía previa deter minada. Esto es, el Recurso de queja no es la r egla gener al, sinola excepción a la r egla, que actúa únicamente ante un vicio extr aor dinar io.

En este orden de ideas, como bien indica Eduardo Germán BAUCHÉ, losrecursos son a plicados sólo para pronunciamientos, en tanto que los r eme-dios procesales tienen por objeto la r e par ación de errores (ilegalidades) detodos los sujetos procesales; de ahí que también se los designe como “vías der e par ación”.2 Atendiendo a esta natur aleza, en el Acta de reunión de Sala Plena

Nº 2003-24, el propio Tr i bunal Fiscal reconoce que la Queja se ale ja del car ácterde recurso im pugnator io de los actos administrativos, como son los r eguladosen los ar tículos 137º y 145º del Código Tributario. Por lo mismo, considero que

el ar tículo 155º del Código Tributario debería constituir un acápite dif er enciadodel Procedimiento contencioso – tr i butar io.

Por otro lado, cabe acotar que, como r egla, el Recurso de queja no sirve par adenunciar la actuación o inf r acción pr ocesal prevista en cualquier norma legal,sino, únicamente los vicios que af ecten o inf r in jan de manera directa lo dis pues-to en el Código Tributario. No obstante ello, el R eglamento del Procedimientode Fiscalización de la SUNAT aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 085- 2007-EF señala en su ar tículo 11º que, en tanto no se notif ique la R esoluciónde Determinación y/o de Multa, contra las actuaciones en el Procedimientode Fiscalización procede interponer el recurso de queja previsto en el ar tículo

155º del Código Tr i butar io3. Ello quiere decir, que, en los procedimientos de f iscalización, el recurso dequeja no se limita a las inf r acciones al Código Tributario, sino también a lasinf r acciones a la norma r eglamentar ia en cuestión. En todos los demás casos,el recurso de queja se inter pondr á sólo por transgresiones al Código Tr i buta-r io.

Asimismo, cabe acotar que, según la reiterada jurisprudencia del Tr i bunal Fiscal,la queja no es la vía para cuestionar los actos emitidos por la Administr ación

1 En este sentido, la RTF Nº 7036-5-2006. 2 www.e-derecho.org.ar/congresoprocesal/ 3 En este sentido, ya se había pronunciado la RTF Nº 4187-3-2004, la cual es de observancia obligatoria.

http://www.e-derecho.org.ar/congresoprocesal/





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CAP. VII

CAP. VIII

que son susce pti bles de ser im pugnados a través del pr ocedimiento contenciosotributario regulado en el Código Tributario4. En este mismo sentido, el Tr i bunalFiscal ha señalado que la queja no es la vía para cuestionar las r esolucionesde deter minación y las r esoluciones de multa, sino el recurso de r eclamación

o a pelación de puro der echo

5

. Por otro lado, cabe indicar que el Recurso de Queja es un procedimiento bas-tante sumario, lo cual se r ef le ja en el plazo extremadamente corto de veintedías há biles con lo que cuenta el órgano corr es pondiente para r esolver dichorecurso. Ello se ex plica por la propia natur aleza del recurso, el cual busca solu-cionar de manera inmediata una inf r acción en los procedimientos r egular es.

4. Requisitos f or males del Recur so de Queja Según la inf or mación contenida en el Por tal web del Tr i bunal Fiscal6, en basea lo previsto en los ar tículos 23º y 146º del Texto Único Ordenado del Código

Tributario y ar tículo 113º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Admi-nistrativo Gener al, el escrito que contiene el Recurso de Queja debe contenerlos siguientes r equisitos:

Escritofundamentado

Deberán expresarse los fundamentos de hecho y de derecho quesustentan el recurso o solicitud. En el caso de la queja, indicar laentidad que realiza el acto o procedimiento materia de queja y deser posible identificar al funcionario a cargo del mismo.

Identificación delrecurrente, quejoso

o solicitante

Personas naturales: Nombres y apellidos completos, documentonacional de identidad (DNI), carnet de extranjería (extranjeros) o

Registro Único de Contribuyente(RUC), de ser el caso, y firma ohuella digital en caso de no saber firmar. Personas jurídicas: Denominación o razón social y número de RUC

Identificación del representante

Quienes actúen como representantes de personas jurídicas o depersonas naturales, deberán identificarse consignando sus nombresy apellidos, número de DNI y firma o huella digital en caso de nosaber firmar, indicar su calidad de representantes y adjuntar la do-cumentación que acredite su representación (poder por documentopúblico o privado con firma legalizada notarialmente o por fedatario).

Domicilio Domicilio fiscal completo o domicilio procesal de ser el caso,donde se le efectuarán las notificaciones. La casilla de la Central

de Notificaciones del Poder Judicial no constituye domicilio válido.

Datos del abogado Deben indicar nombre, firma y número de registro hábil del abogado que suscribe el recurso.

CAP. IX

4 En este sentido, por ejemplo, la RTF Nº 7036-5-2006. 5 Ver, por ejemplo, RTF Nº 5612-1-2007 y 6883-1-2007. 6 http://tribunal.mef.gob.pe/infutilidad.htm.

http://tribunal.mef.gob.pe/infutilidad.htm





CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

5. Situaciones comunes por las que los contribuyentes interponen Recur sos de Queja Los contribuyentes suelen interponer interponer Recursos de Queja por diver sascausales:

Queja por actuaciones concretas de la Administración

Contra funcionarios de la Administración

Por negarse la Administración a recibir documentos o declaraciones

Por no elevar los actuados a la instancia correspondiente

Por no expedir la Resolución de Reclamación o Apelación

Queja contra actos administrativos específicos

Contra acto reclamable

Contra resolución formalmente emitida

Contra asuntos de fondo

Queja contra la adopción de medidas cautelares previas Queja contra actos de procedimiento de cobranza coactiva

Queja contra actos de fiscalización

Queja - Centrales de Riesgo

Queja contra actos del procedimiento contencioso tributario

Queja contra cobranza coactiva de Gobiernos Locales - Reglas especiales

Quejoso solicita levantamiento medidas cautelares por presentación demanda de revisión judicial

Quejoso solicita suspensión de cobranza coactiva de acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley N° 26979

Abandono del recurso

Otros queja

CAP. IX

6. ¿Qué sucede si la información contenida en el Expediente no contiene información suficiente para resolver el Recurso de Que ja? En virtud del derecho constitucional al debido proceso y el derecho a la def ensa,el Tr i bunal Fiscal no puede r esolver un recurso de queja con el solo escrito deladministr ado, sino que, antes de pronunciarse debe correr tr aslado de dichoescrito a la Administración Tributaria, a fin que la misma haga los descargoscorr es pondientes.

Así también, existe la posi bilidad que el recurrenteno hubiese br indado lainf or mación suf iciente y necesaria para la r esolución del recurso de que jainter puesto.

Es por esta razón que, mediante el Acuerdo de Sala Plena Nº 2005-15, del 10 de mayo del 2005, el Tr i bunal Fiscal ha señalado que, cuando el Tr i bu-nal Fiscal considere que los ex pedientes de queja no contienen inf or maciónsuf iciente para emitir un f allo def initivo, solicitar á la inf or mación f altante a laAdministración que jada y/o al quejoso, mediante un proveído y/o R esolucióntipo proveído dirigido a la Administración y/o al quejoso, otorgando para ellolos siguientes plazos:



CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

- Para la Administración: siete (7) días, de conf or midad con lo esta blecido enel numer al 3 del ar tículo 132º de la Ley del Pr ocedimiento Administr ativoGener al, Ley Nº 27444, pudiendo prorrogarse por tres días cuando serequiera el tr aslado f uer a de su sede o la asistencia de terceros.

- Para el quejoso: diez (10) días, de conf or midad con lo esta blecido en elnumer al 4 del ar tículo 132º de la Ley del Procedimiento Administr ativoGener al, Ley Nº 27444.

Según el mencionado Acuerdo, vencido el plazo otorgado, el Tr i bunal Fiscalr esolver á el ex pediente mediante una R esolución, aún cuando no exista r es-

puesta o la misma sea incom pleta.

Por lo mismo, r esulta im por tante que la Administración y el contr i buyenteatiendan los r equer imientos de inf or mación ef ectuados por el Tr i bunal Fiscalde manera oportuna, a f ectos de sustentar su posición.

7. Impr ocedencia del Recur so de Queja

7.1 Cuando está habilitada la vía del procedimiento contencioso tributa-rio:

En la RTF Nº 7036-5-2006, el Tr i bunal Fiscal ha señalado lo siguiente:

“que la queja es un remedio pr ocesal que, ante la af ectación de los derechos ointereses del deudor tributario por actuaciones indebidas de la Administr acióno contr avención de las normas que inciden en la r elación jurídica tr i butar ia, permite corregir las actuaciones y encauzar el pr ocedimiento bajo el marco de

lo esta blecido por las normas corr es pondientes, no siendo la vía para cuestionarlos actos emitidos por aquélla, que son susce pti bles de ser im pugnados a tr avésdel pr ocedimiento contencioso tributario r egulado en el Código Tr i butar io”.(el r esaltado es del autor ).

En este mismo sentido, en la RTF Nº 5612-1-2007, el Tr i bunal Fiscal ex pr esalo siguiente:

“Que, (…) este Tr i bunal señaló que procede ver if icar en vía de la queja, la

validez de las or denanzas que sustentaban los valor es que eran materia de un pr ocedimiento de ejecución coactiva;

Que la quejosa no ha acr editado el inicio de la ejecución coactiva de las R esoluciones de Determinación Nº 9291-2005, 9293-2005 y 9386-2005 a 9391-2005, por lo que no r esulta a plica ble al caso de autos de autos el cr iter ioantes mencionado.

Que, de otro lado, del escrito presentado por la quejosa se advierte que cuestio-na las Resoluciones de Determinación Nº 9291-2005, 9293-2005 y 9386-2005a 9391-2005 sobre arbitrios munici pales de los años 2001 a 2005, sin em bargo,según lo indicado precedentemente, la queja no es la vía pertinente para ello,sino el recurso de r eclamación o a pelación de puro derecho, (…).”

De ambas R esoluciones podemos extraer la siguiente r egla: Si el contr i buyente

tiene ha bilitada la posi bilidad de interponer el corr es pondiente recurso der eclamación o a pelación, entonces, no procede la interposición de la queja. A

CAP. IX



CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

su vez, si el contr i buyente no tiene la posi bilidad de interponer el recurso der eclamación o a pelación (por e jemplo, por la no emisión del valor , por viciosen su notif icación o por el hecho que dicho valor se encuentra de manera irr e-gular en cobranza coactiva), entonces, sí procede la interposición del r es pectivorecurso de que ja.

7.2 Respecto de la validez de or denanzas municipales

En la RTF Nº 6950-5-2006, la cual es de observancia o bligator ia, el Tr i bunal Fiscal ha señalado el siguiente cr iter io:

“ No procede que en vía de queja el Tr i bunal Fiscal se pronuncie sobre la validezde las or denanzas que crean ar bitr ios.

No obstante, cuando el Tr i bunal Fiscal hubiere ina plicado una or denanza procede que el tr i bunal en vía de queja deje sin ef ecto el cobro de la deuda

tributaria sustentada en dicha Or denanza.”

CAP. IX

7.3 Respecto de la pr escripción de la acción de la Administr ación paraexigir el pago de una deuda que no se encuentren en cobr anzacoactiva En la RTF Nº 1194-1-2006, la cual también es de observancia o bligator ia, elTr i bunal Fiscal ha indicado que es procedente en vía de queja sobre la pr escr i p-ción de la acción de la Administración para exigir el pago de una deuda quese encuentre en cobranza coactiva, siempre que el quejoso hubiese deducido

la prescripción ante el Ejecutor coactivo. Por lo mismo, en una interpretación a contrario, si el contr i buyente no ha invo-cado la prescripción ante el ejecutor de manera previa, entonces, no r esultar á

procedente el recurso de queja contra la deuda tributaria cuya prescripción sedenuncia.

Asimismo, de conf or midad con la RTF Nº 12280-4-2008 no r esulta pr ocedenteque el Tr i bunal fiscal se pronuncie sobre la solicitud de prescripción cuandoésta ha recibido el trámite de una solicitud no contenciosa por parte de laAdministr ación.

7.4 Por incompetencia del Tribunal Fiscal Por otro lado, el Tr i bunal Fiscal se ha manif estado incom petente para r esolverquejas de diversa natur aleza, tales como7:

• La pa peleta impuesta por “no exhibir la respectiva licencia de f uncio-namiento” corresponde a una sanción impuesta por una inf r acción decarácter administrativa y no tributaria, por lo que el Tr i bunal Fiscal noes competente para emitir pronunciamiento (RTF 3257-5-07).

• La multa im puesta por el Minister io de Tr a ba jo por la comisión de “no haber pagado benef icios y derechos la bor ales irr enuncia bles”, detectada

7 http://tribunal.mef.gob.pe/rtfquejas.htm

http://tribunal.mef.gob.pe/rtfquejas.htm





CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

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CAP. VII

CAP. VIII

en el marco de un procedimiento de inspección de trabajo, no tiene na-tur aleza tributaria sino administrativa (RTF 1330-5-05).

• Las multas por “operar un esta blecimiento sin contar con la r es pecti-va licencia de f uncionamiento y por instalar anuncios sin autor ización

munici pal”, son impuestas por inf r acciones de carácter administrativo yno tributaria, por lo que el Tr i bunal Fiscal carece de competencia par a

pronunciarse sobre el procedimiento de cobranza coactiva de las mismas(RTF 7134-5-05).

• Las pa peletas por la comisión de una inf r acción de tránsito como “usarluces altas en vías urbanas o hacer mal uso de las luces (Código C32)”,no tienen natur aleza de o bligación tributaria, por lo que el Tr i bunal Fis-cal carece de competencia para pronunciarse sobre los actos para haceref ectiva su cobranza coactiva. (RTF 2520-5-05).

• Las r esoluciones de multa giradas por “operar un esta blecimiento sin

contar con la respectiva licencia de f uncionamiento y por carecer delCer tif icado de Ins pección de Def ensa Civil”, no responden a inf r accionesde natur aleza tributaria sino administrativa, por lo que el Tr i bunal Fiscalno tiene competencia para pronunciarse sobre la a pelación inter puesta(RTF 6077-5-06).

8. Línea jurispr udencial del Tribunal Fiscal referida a laQue ja: Los pronunciamientos del Tr i bunal Fiscal r ef er idos al mal llamado recurso dequeja los podemos clasif icar en tres r ubros:

a) Quejas r ef er idas a deudas que se encuentran en cobranza coactiva. b) Quejas r ef er idas a vicios de notif icación de los valor es.

c) Quejas r ef er idas al procedimiento de f iscalización. (Tratadas o por tuna-mente en el ca pítulo r ef er ido a Fiscalización Tr i butar ia).

CAP. IX



CAP. I

CAP. II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

AP. VIII

Deuda exigible coactivamente:

• Si la Administración no remite al Tr i bunal Fiscal las declar aciones jur a-das que sustentan las órdenes de pago materia de cobranza coactiva a

pesar de ha bér selas solicitado, no acredita que tales valor es se ajusten a

lo dispuesto por el ar tículo 78° del Código Tributario y por tanto que ladeuda que contienen sea exigi ble coactivamente (RTF 4415-5-06).

• La orden de pago que no se ajusta al supuesto del numer al 1) del ar tículo 78° del Código Tributario, por haber sido emitida o b jetando lo consig-nado por la recurrente en su declar ación, no constituye deuda exigi blecoactivamente (RTF 6445-5-05 y 451-4-99).

• La Administración no acredita que la deuda tributaria tenga el car ácterde exigi ble coactivamente, cuando no remite los valor es en que se sus-tenta la cobranza ni sus respectivas constancias de notif icación (RTF 4735-5-06)

Notificaciones:

• El hecho que se haya consignado como r esultado de la diligencia de notif i-cación que el destinatario era desconocido no supone que el contr i buyentey el domicilio fiscal en el que se r ealizó la diligencia tengan la condición de“no hallado” o “no ha bido”, por lo que no procede efectuar la notif icaciónmediante publicación (RTF 04685-2-2006 y 02000-5-2007).

• Para que la notif icación por cedulón prevista por el inciso f) del ar tículo 104° del Código Tributario sea válida, debe dejarse constancia de que elcedulón se ha f i jado en el domicilio fiscal y que los documentos a notif i-

car se han dejado en sobre cerrado, bajo la puerta (RTF 2680-5-2007 y 2759-1-2007).

• La modalidad de notif icación por cedulón no se encuentra contemplada

en la Ley del Pr ocedimiento Administrativo Gener al, Ley N° 27444, por loque no r esulta válida para notif icar las r esoluciones de cobranza coactiva

emitidas por los Gobiernos Locales. (RTF 486-4-2007 y 4034-5-2007).

• Procede que el Tr i bunal Fiscal en vía de queja se pronuncie sobre lavalidez de la notif icación de los valor es y/o r esoluciones emitidas por laAdministración cuando la deuda tributaria se encuentra en cobranza co-activa (RTF 01380-1-2006, criterio de observancia o bligator ia publicada

en el Diario El Peruano el 22.03.2006). • La notif icación conjunta de la orden de pago y la r esolución de e jecución

coactiva vulner a el debido pr ocedimiento y el derecho de def ensa en sedeadministrativa según sentencia del Tr i bunal Constitucional recaída en elExpediente Nº 3797-2006-PA/TC (RTF 4488-5-2007).

CAP. IX



CAP. I

CAP.II

CAP. III

CAP. IV

CAP. V

CAP. VI

CAP. VII

CAP. VIII

FORMULA RECURSO DE QUEJA

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FISCAL

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NAUTILLIUS, conRUC Nº 20100140917, debidamente represen-tada por don HOMAR IPARRAGUIRRE HUAPA-YA, con DNI Nº 05012509, con domicilio fiscal enAvenida Canadá 775 La Victoria – Lima – Lima;a Usted decimos:

4. PETITORIO:

Que interponemos RECURSO DE QUEJA contra la ilegal cobranza contenida enla Resolución de Ejecución Coactiva Nº 173-006-0044205, solicitando a vuestroDespacho se sirva ADMITIR a trámite el presente Recurso impugnatorio y en su

oportunidad lo declare FUNDADO y en consecuencia, se disponga, la NULIDADde la Resolución de ejecución coactiva Nº 173-006-0044205 y SE ORDENE ellevantamiento de las medidas cautelares trabadas en contra de nuestra represen-tada; en atención a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

5. FUNDAMENTOS DE HECHO:

1. En la declaración jurada contenida en el PDT 660 Nº de orden 00299087-082,correspondiente al Impuesto a la renta del ejercicio anual 2007 la empresarecurrente señaló expresamente un importe de cero (0) en la casilla 113, co-rrespondiente al total del Impuesto a la renta resultante en el ejercicio.

Asimismo, en las casillas 210 y 216 de la misma Declaración, la empresaseñaló expresamente que se encontraba exonerada del Impuesto a la renta,

ello en virtud del literal o) del artículo 19º de la Ley del Impuesto a la Renta. 2. Incomprensiblemente, sin que exista reconocimiento de saldo alguno a favordel fisco por parte de la empresa recurrente, la Administración Tributaria hadesconocido el contenido de la Declaración Jurada antes mencionada y pro-cedió a emitir la Orden de Pago Nº 173-001-0069510 respecto del Impuestoa la renta del ejercicio 2007, sustentándose en el numeral l) del artículo 78ºdel Código Tributario

3. Si la Administración Tributaria pretendía desconocer el contenido de la De-claración Jurada PDT Nº 660 Nº de orden 00299087-82 (la cual no expresasaldo a favor del Fisco), debió entonces iniciar un proceso de fiscalización tri -butaria, a fin de determinar el supuesto saldo a favor del Fisco y luego de ello,emitir la correspondiente Resolución de Determinación con los fundamentos

en virtud de los cuales se determinaba el presunto monto puesto a cobro. Por lo mismo, la Orden pago sobre la cual la Administración Tributaria sus-tenta la cobranza coactiva adolece de nulidad insubsanable.

5 No obstante lo antes expresado, la Administración tributaria persiste en suilegal cobro y ha procedido a iniciar la cobranza coactiva de la Orden de pagoantes indicada, mediante la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 173-006- 0044205.

Asimismo, la Administración ha trabado embargo en forma de retenciónen nuestras cuentas del sistema Financiero. En este sentido, medianteResolución coactiva Nº 1730007001991, la SUNAT ha ordenado que unaentidad financiera nacional cumpla con entregar la suma retenida en contrade los intereses de nuestra representada, sin respetar el derecho al debido

proceso.

CAP. IX



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VIII

5. Por otro lado, la Administración Tributaria no ha cumplido con efectuar lanotificación de la Orden de Pago Nº 173-001-0069510 con las formalidadesexpresamente previstas en el Código Tributario. De hecho, hasta la fecha la Administración no exhibe copia de cargo de re-

cepción de la Orden de pago Nº 173-001-0069510.

6. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 1. Según el numeral l) del artículo 78º del Código Tributario, la Orden de Pago

es el acto en virtud del cual la Administración Tributaria exige al deudor tri-butario la cancelación de la deuda tributaria, sin necesidad de emitirse pre-viamente la Resolución de Determinación, por tributos autoliquidados por eldeudor tributario.

2. Asimismo, según el artículo 76º del mismo Código Tributario, la Resoluciónde Determinación es el acto por el cual la Administración Tributaria pone enconocimiento del deudor tributario el resultado de su labor destinada a con-trolar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y establece la existencia

del crédito o de la deuda tributaria. Cabe precisar que, según el numeral 6) del artículo 77º de la mencionadanorma legal, la Resolución de determinación debe contener los motivos de-terminantes del reparo u observación, cuando la Administración rectifique ladeclaración tributaria presentada por el contribuyente.

3. En la RTF Nº 11293-2-2007, el Tribunal Fiscal señaló que, de la revisión delmonto declarado por el recurrente y la suma por la que se giró la orden depago, se constata que ésta no corresponde a la liquidación efectuada porla recurrente, sino a la reliquidación efectuada por la propia Administracióntributaria, razón por la cual no correspondía la emisión de una orden de pago,sino, de una resolución de determinación.

En este mismo sentido, en la RTF Nº 6445-5-05 y 451-4-99, el Tribunal Fiscal

observó la cobranza coactiva sustentada en una orden de pago que no se ajus-taba al supuesto del numeral 1) del artículo 78º del Código Tributario, por habersido emitida objetando lo consignado por la recurrente en su declaración.

4. Por lo mismo, en el caso sub-análisis, siendo que la Administración Tributariadiscute u observa el monto determinado en la declaración jurada por la em-presa recurrente, le correspondía entonces emitir la respectiva Resolución dedeterminación, mas no así la emisión de una orden de pago.

Por ende, al haber emitido una Orden de pago en contravención de la declara - ción jurada, la cobranza coactiva deviene en manifiestamente improcedente.

5. Por otro lado, el literal a) del artículo 104º del Código Tributario, la notificaciónde los actos administrativos se realizará, por correo certificado o por mensaje-

ro, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la negativaa la recepción efectuada por el encargado de la diligencia. La norma precisaque el acuse de recibo deberá contener, como mínimo:

i. Apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor tributa-rio.

ii. Número de RUC del deudor tributario o número del documento de iden- tificación que corresponda.

iii. Número de documento que se notifica. iv. Nombre de quien recibe y su firma, o la constancia de la negativa.v. Fecha en que se realiza la notificación.

Fiscalizacion y Procedimientos Contenciosos Tributarios

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