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EZLN: VIOLENCIA,DERECHOS CULTURALES

Y DEMOCRACIA

Alan Arias Marín

MÉXICO, 2003

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Primera edición: septiembre, 2003ISBN: 970-644-329-0

© Comisión Nacionalde los Derechos HumanosPeriférico Sur 3469,esquina Luis Cabrera,Col. San Jerónimo Lídice,C. P. 10200, México, D. F.

Diseño de portada:Flavio López Alcocer

Impreso en México

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CONTENIDO

PRÓLOGO ........................................................................................ 9

INTRODUCCIÓN

¿Cómo ganar libertades y no perderlas?Notas sobre el significado del movimiento del EZLNy relevancia de la reforma constitucional en materiade derechos y cultura indígenas .................................................... 15

Notas sobre la problemática indígena en México ............................. 18

LOS PRELIMINARES

La reconstrucción de la izquierda ...................................................... 25Jaque doble en Chiapas ..................................................................... 29Política del zig-zag ............................................................................ 33Chiapas: ¿estrategia o palos de ciego? .............................................. 39Chiapas: democracia y conflicto ....................................................... 45Chiapas: astucia versus improvisación .............................................. 49

EL COLOR Y EL FOLCLOR DE LA TIERRA

Apocalípticos o integrados, uno ........................................................ 55Jaque al rey con peón ........................................................................ 59Macabeos, Libro I .............................................................................. 61Apuestas presidenciales ..................................................................... 63La paz foxiriana ................................................................................. 65

6 ALAN ARIAS MARÍN

Caballo-siete-alfil-del-rey .................................................................. 67Marcos: mensajes cifrados ................................................................ 69Riesgos de confrontación .................................................................. 73Nurio y las libertades de los indios ................................................... 75Utopía de las malas ............................................................................ 77El encantamiento de la T.V. ............................................................... 79Apocalípticos o integrados, dos......................................................... 81Repetida tentación ............................................................................. 85Ciudad abierta .................................................................................... 87

CIUDADANÍA MULTICULTURAL

Pinza al legislativo ............................................................................. 91Los desafíos del EZLN ...................................................................... 93EZLN y Congreso, ¿quién paga los costos? ...................................... 97Impulso populista .............................................................................. 101La plaza ............................................................................................. 103Domingo de masas............................................................................. 107De la cima a la sima........................................................................... 109Responsabilidad legislativa ............................................................... 111EZLN, buenas cuentas, repliegue... ................................................... 113Los idus de marzo .............................................................................. 115Observaciones críticas al proyecto de la Cocopa .............................. 119

RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENCIAS

El conflicto en Chiapas y el Congreso de la Unión ........................... 125¿Son hoy racionales las estrategias políticas? ................................... 129Reforma constitucional indígena: 11 tesis ......................................... 133Reforma indígena y conflicto ............................................................ 137¿El Presidente en el disenso?............................................................. 141Una reforma minimalista ................................................................... 145Reforma indígena: democracia y disidencia...................................... 149Universidad y guerrilla ...................................................................... 153

EZLN: VIOLENCIA, DERECHOS CULTURALES Y DEMOCRACIA 7

LOS DILEMAS DE LA REFORMA CONSTITUCIONALEN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS

Introducción ....................................................................................... 159Dilema 1. El conflicto del EZLN en Chiapas

y los Acuerdos de San Andrés ....................................................... 163Dilema 2. Conflictos negociables e irresolubles ............................... 166Dilema 3. Libre determinación de los Estados y autonomía

de los pueblos indios ..................................................................... 171Dilema 4. Sujeto de derecho individual y colectivo .......................... 174Dilema 5. Territorio y tierras ............................................................. 176Dilema 6. Comunidad indígena ¿entidad de derecho

o entidad de interés público? ......................................................... 178Dilema 7. Lucha política y legal ........................................................ 180Dilema final. ¿Qué sigue? ................................................................. 182

APÉNDICES

Cronología del conflicto en Chiapasdiciembre de 2000-agosto de 2001 ............................................... 187

Aprobación de la ley indígena en el Congreso de la Unión .............. 201Aprobación en la Cámara de Senadores ............................................ 201Aprobación en la Cámara de Diputados ............................................ 201Proceso legislativo en los Congresos locales .................................... 203Votación en los Congresos locales que aprobaron la Ley

sobre Derechos y Cultura Indígenas ............................................. 205Votación en los Congresos locales que rechazaron la Ley

sobre Derechos y Cultura Indígenas ............................................. 209Cuadro comparativo de la reforma constitucional, la iniciativa

del Ejecutivo y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar ............... 211

EPÍLOGO

EZLN: estancamiento, resistencia y dominio .................................... 239

[9]

PRÓLOGO

El conflicto en Chiapas es un referente obligado para la discusión y elanálisis del México contemporáneo. Interpretar el fenómeno, dada su inme-diatez y sus implicaciones éticas e ideológicas, resulta un desafío —difíciltanto de eludir como de superar. ¿Cómo escapar a la subjetividad?, ¿tomarpartido, pero, con quién?, ¿hacer o no labor de intelectual comprometido?,¿cómo conciliar violencia y democracia?, ¿por qué y cómo criticar un mo-vimiento de los desposeídos?

Este libro es un análisis pormenorizado del movimiento zapatista; se si-túa desde el anuncio del EZLN para marchar a la ciudad de México —en di-ciembre del año 2000— hasta la promulgación de la reforma constitucionalen materia indígena —en agosto de 2001.

Se trata de una recopilación de textos, algunos ya conocidos y otros denueva elaboración. Varios de los materiales aquí contenidos fueron publi-cados en Milenio Diario y otros en revistas especializadas, de la UNAM yde la CNDH. El texto sobre los dilemas de la reforma constitucional apare-ció en la revista Este País. Agradezco la generosidad de los responsables deesas publicaciones para componer este libro. No obstante el carácter perio-dístico de algunos, el conjunto de los escritos tienen en común la pretensiónde entender la racionalidad subyacente en los diferentes actores involucradosen el conflicto zapatista. Bajo este punto de vista, el libro busca explicar laintencionalidad de la marcha zapatista, de la presencia del EZLN en el Con-greso, de la presentación como iniciativa al Senado del proyecto de refor-mas de la Cocopa por parte del Presidente y de la resultante reforma cons-titucional. A su vez, también analiza las opciones de los legisladores y delgobierno federal ante la inteligente estrategia desarrollada por el EZLNdurante este periodo.

10 ALAN ARIAS MARÍN

El tema central es el del reconocimiento de los derechos culturales de laminoría indígena; un más allá del liberalismo, obligado a extender su premi-sa individualista sin dejar de ser el referente básico del orden jurídico mo-derno del país. Uno de los retos cruciales de la reforma indígena, la ya apro-bada y sus secuelas, consistirá en conjugar los derechos de las minoríasindígenas sin afectar los principios de la libertad individual, la democraciay la justicia social. Otro, no menos acuciante, apunta al dilema de legislarpara los más de 100 millones de mexicanos y, al tiempo, contribuir a la so-lución del conflicto del gobierno federal con el EZLN. Da la impresión deque si bien parece haberse superado en parte el primer escollo, no es así enrelación con el conflicto chiapaneco, abierto al tiempo, exacerbadas las con-tradicciones internas de las comunidades y entre ellas.

El libro está dividido en siete partes, la primera de las cuales es una in-troducción donde se plasman las características del conflicto; la segundaaborda diferentes aspectos preliminares al inicio de la caravana zapatista. Eltercer apartado da cuenta de los diversos momentos de la marcha hasta sullegada a Milpa Alta, en las goteras de la ciudad de México. Uno de los ob-jetivos inmediatos del EZLN, y que no difería de los del Presidente Fox algarantizar la caravana, era ganar la batalla de los medios. El movimientozapatista se ha caracterizado siempre —y en este episodio de modo notable—en incidir en ese nuevo espacio mediático, la cultura de masas, en su nuevocapítulo de participación democrática, en el nuevo territorio de la lucha.

El cuarto capítulo se refiere a la estancia del EZLN en la ciudad de México,fase que representó la cima de la movilización zapatista, el punto máximode presión política, misma que incidía en el trabajo del Legislativo al pro-blematizar la deliberación y el procesamiento de la nueva normatividad cons-titucional. La labor del Congreso, debería entenderse, estaba presidida porotros criterios y otra valoración del momento político; en consecuencia, parala gran mayoría de los legisladores —incluso con notables distancias res-pecto de las dirigencias partidistas— no era lo prioritario solucionar el con-flicto en Chiapas, sino legislar bien en consonancia con la lógica parlamen-taria y en virtud de la correlación de fuerzas existente en el Senado y en laCámara de Diputados.

La quinta parte gira en torno a la discusión de la reforma constitucionalen materia de derechos y cultura indígenas hasta su aprobación en el Con-greso de la Unión. Se desarrollan las tesis bajo las cuales se debiera condu-


cir la reforma indígena. En su núcleo, se propone la integración necesariade la categoría del control de legalidad. Ésta sería la condición para evitardinámicas que pudieran poner en riesgo el objetivo fundamental de lograrla unidad de la nación al integrar las diferencias culturales, tarea todavía iné-dita en las experiencias del constitucionalismo mexicano. Después hay unasección de carácter complementario que ha sido adicionada. La misma con-tiene un texto sobre los dilemas —puntos ciegos— de la reforma constitu-cional, y, por último, se integró una sección denominada apéndices, queincluye una cronología, una relación de la discusión y aprobación de la leyindígena en los Congresos locales, así como un cuadro comparativo de mu-cha utilidad, desde mi punto de vista. Las circunstancias editoriales han per-mitido la inclusión de un epílogo que actualiza el debate.

La última parte aborda el debate suscitado por las modificaciones hechasa la propuesta de la Cocopa, inopinadamente asumida por el Presidente Vi-cente Fox. Se exponen las razones teóricas y jurídicas de los críticos a lareforma constitucional, así como los argumentos que llevaron al Legislati-vo a aprobar esta reforma, de forma unánime en el Senado y por abrumado-ra mayoría entre los diputados.

Si bien la responsabilidad por los defectos y errores presentes en el textoson de la completa responsabilidad del autor, no cabe duda que muchos delos aciertos son, en gran medida, resultado del trabajo común y la discusiónsistemática con la inteligencia, el conocimiento y la agudeza de mis amigosJosé María Rodríguez y Carlos Ballesteros. Miller Santacruz escribió con-migo algunos textos, totalmente reconocibles por su crítica corrosiva y sutalento. David Aguilera me ha ayudado en la reordenación y revisión de lostextos y Karina Hernández hizo la revisión final. El cuidado de la ediciónlo ha realizado con profesionalismo y diligencia María del Carmen Freyssinier.

Mi gratitud por la generosidad de José Luis Soberanes, Presidente de laComisión Nacional de los Derechos Humanos, quien posibilitó las condi-ciones para componer este libro y avanzar en mi investigación sobre el de-recho a la diferencia y los derechos culturales. Asimismo, mi agradecimientoa Luis García López Guerrero, Director del Centro Nacional de DerechosHumanos, por las facilidades prestadas para desarrollar mi trabajo.

INTRODUCCIÓN

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¿CÓMO GANAR LIBERTADES Y NO PERDERLAS?NOTAS SOBRE EL SIGNIFICADO DEL MOVIMIENTO DEL EZLNY RELEVANCIA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA

DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS

Caracterización del conflicto

Desde el 1 de enero de 1994 México se encuentra ante una situación que,de algún modo, denota un retorno de la historia. La irrupción del EZLNtuvo, en un principio, las características de uno más de los movimientosinsurgentes propios del entorno centroamericano; tenía enfrente, no obs-tante, un régimen político sustancialmente diferente, con rasgos y atavis-mos autoritarios, pero apto para la evolución democrática, como se hizomeridianamente diáfano en julio de 2000, con la alternancia en la Presi-dencia de la República y la integración de un Congreso plural, sin mayoría,obligado a la negociación.

Conviene puntualizar, así sea esquemáticamente, que en el conflicto conel EZLN en México no se negocia la resolución de una guerra civil y larefundación constitucional como en El Salvador, tampoco el desmante-lamiento de un estado contrainsurgente del tipo guatemalteco; se trata,más bien, de resolver un conflicto político a través de la inclusión del movi-miento y su vanguardia al cauce de la participación legal, erradicando lapremisa de la amenaza armada como vía de presión política. En consecuen-cia, las reformas conducentes a la solución del conflicto apuntan más a laextensión de derechos de orden cultural y político que a la redefinición cons-titucional.


Si la naturaleza del conflicto era radicalmente diferente a la del entornogeográfico y político próximo a Chiapas, los actores también lo eran. Elgobierno mexicano abrió, desde los primeros días del conflicto, una vía deconciliación con el cese al fuego decidido unilateralmente el 12 de enero;sobre esa base se convocó a una solución dialogada para resolver pacífica-mente el alzamiento. En el EZLN muy pronto aparecieron los rasgos de unaracionalidad mucho más compleja que superaba el mero vanguardismo gue-rrillero. Los revolucionarios que impugnaban al régimen lo hacían en nom-bre de los desplazados por el complejo proceso de integración nacional;particularmente, afirmaban su carácter de grupo mayoritariamente indí-gena y, con ello, asumían la tipología contemporánea de los movimientosetnopolíticos de fin de siglo. El perfil de la lucha se fue definiendo cada vezmás, el movimiento ha llegado a ser portavoz privilegiado de uno de lostemas centrales del tránsito entre dos siglos y, simultáneamente, una cuestióncrucial de la evolución entre dos etapas de la modernidad mexicana.

Estamos hoy ante un fenómeno político sumamente peculiar. De algúnmodo es el pasado el que reivindica las grandes injusticias cometidas con-tra grupos humanos víctimas de un esquema de dominación y que, en su ma-yoría, han quedado como grupos sociales en desventaja. Los desafíos y loscostos políticos y sociales de esta situación de marginación y discriminaciónde los indígenas han sido y son altos; no obstante, todavía pueden agravar-se críticamente o prolongarse en el tiempo; de ahí el significado estratégicode estos momentos dominados, sin embargo, por las decisiones tácticas decorto alcance. Las diacronías histórico-culturales que hay que enfrentar enMéxico para encarar la problemática de los indígenas son de mucha densidad,no sólo entre la cultura mestiza dominante y las diversas culturas indias, sinotambién, y agudamente, en el seno de los pueblos y las comunidades. Lasdiferencias internas de raza o etnia, o entre religiones, o por diferencias po-líticas, pueden profundizarse; en consecuencia, una de las grandes dificul-tades que enfrenta el EZLN y el movimiento zapatista radica no tanto en latentación de las armas —aunque cada vez más resulte una antinomia irre-soluble con la democracia el mantenerlas—, sino en la tendencia a que suautoafirmación adopte caracteres fundamentalistas, excluyentes y, por en-de, autoritarios.

Son explicables esas inercias. Es ya un hecho doloroso e irreversible queel movimiento del EZLN, en tanto que minoría activa que pugna por el re-


conocimiento de los indígenas, asuma las experiencias de impotencia y dis-criminación sufridas por los indios mexicanos y busque refugio en plantea-mientos regresivos, defensivos y conservadores como vía de preservaciónde sus identidades. Del mismo modo, el punto de partida insurreccional delmovimiento pone a prueba su capacidad para desarrollarse —vía la movili-zación de masas— y articular conscientemente una identidad propia, étnicay política, elaborada constructivamente y en interrelación con las institucio-nes estatales reconocidas y con el otro imaginario —ya sedimentado— dela identidad nacional.

Es en este periodo de necesaria y urgente consolidación democrática delrégimen político —o de su eventual transformación— al que se sobreponeeste otro proceso de reivindicaciones culturales e identitarias, del cual elmovimiento encabezado por el EZLN es, si bien no su expresión general osu representante mayoritario, sí un indicio irrefutable y rico en significa-ciones.

La tarea legislativa de construir, con sensibilidad y rigor, el marco cons-titucional que ofrezca cauce legal y pacífico a estas tendencias profundas ydesiguales de nuestra composición social y de nuestra historia habrá deser decisiva. Se trata de una reparación tardía, de reconocer e impulsar a des-tiempo a los culturalmente diferentes; en este caso, y por ahora, a esa enor-me minoría indígena, pero, al mismo tiempo, el impulso legislativo apuntahacia el futuro, en términos de un proyecto de convivencia pacífica y demo-crática, apenas en esbozo. Se trata, entonces, de recomponer la comunidadética trastocada por la historia, sin perder de vista que esa reconstrucción yaestá implícita en las mejores aportaciones de nuestra tradición constitucional.

El avance hacia un acuerdo legal tiene como antecedente paradójico unacto de fuerza. La rebelión armada, política y moralmente cuestionable, hasido el punto de partida de una dinámica que ha puesto a prueba al conjuntodel entramado institucional. Cabe esperar, sin embargo, que todo el esfuer-zo de conciliación, incluida la actual fase en manos del Poder Legislativo,sea el valladar decisivo a la violencia.

La lucha del EZLN ha estado definida por la polivalencia de su interven-ción política. Las demandas locales de un conjunto de comunidades hanpasado a encontrar su lugar en la construcción de una nueva universalidadjurídica. Su proyección ya no es sólo nacional, sino internacional, y se co-necta con el complejo problema de la recomposición del Estado. Al mismo


tiempo, es una expresión del extendido malestar por las consecuencias deuna modernización implacable. La política de la ambigüedad que ha ejercidoel movimiento indígena incluye, también, un innegable perfil conservadorque, paradójicamente, resulta completamente revolucionario. Se trata de unareacción contra una nueva modalidad de opresión que pone en riesgo a dis-tintos mundos de vida, pero, por lo mismo, conforma una vanguardia en laactualización de los sistemas normativos.

El gran tema es la incorporación de los derechos culturales, el reconoci-miento de las comunidades; un más allá del liberalismo que está obligado aextender su premisa individualista sin dejar de ser el referente básico delorden jurídico moderno.

También debe reconocerse el mérito de la prudencia. El EZLN ha sido pru-dente, ha sabido actuar en el plano de la política y parece dispuesto a perse-verar, pero es un mérito compartido con la parte institucional. Los tres Po-deres de la Unión han comprendido la necesidad de tratar el problema entérminos sociales y políticos. Por eso ahora estamos en posibilidades deencontrar soluciones de fondo a una cuestión de interés prioritario para to-dos los mexicanos.

NOTAS SOBRE LA PROBLEMÁTICA INDÍGENA EN MÉXICO

Los pueblos indígenas de México han sido y son parte sustancial de la his-toria y la identidad de la nación. La presencia indígena es la clave mayor dela diversidad cultural del país, por lo que resulta indispensable reconocersu aportación y garantizar condiciones de igualdad para los herederos di-rectos de la tradición prehispánica. Desde esta perspectiva, es preciso par-tir de la situación creada por un conjunto de procesos que han llevado a laexclusión, marginación e, incluso, discriminación contra los pueblos y lascomunidades indígenas. El propósito de esta reforma constitucional es in-cidir decisivamente en la eliminación de uno de los principales obstáculospara el desarrollo y el avance democrático de la sociedad mexicana.

El universo de hablantes de una lengua indígena es de 7.6 millones depersonas, que corresponde a 7.8% de los mexicanos. Su característica másdestacada es la diversidad que se expresa en los 61 idiomas indígenas y enla amplia variedad de dialectos y derivaciones. Cada lengua incorpora una


experiencia particular del mundo, construida colectivamente a través de lossiglos. Las lenguas son sistemas de conocimiento y medios de percepciónde la naturaleza y de la historia que aportan una enorme riqueza cultural. Esuna herencia frágil debido a que los idiomas indígenas son predominante-mente orales. Además, existen grandes contrastes entre la extensión del ná-huatl, maya, zapoteco y mixteco en que se comunican más de la mitad de loshablantes de lenguas indígenas y el conjunto de 21 idiomas que son conoci-dos y utilizados por menos de mil personas.

Dada la diversidad de idiomas, el español es utilizado por 83.2% de losindígenas mexicanos para comunicarse fuera de su entorno directo. No obs-tante, 1,250,000 personas sólo dominan su lengua indígena materna. Lamayor proporción de monolingües se encuentra en Chiapas, con 400,000, yOaxaca, con 250,000, seguidos por los estados de Guerrero, Puebla y Ve-racruz.

La distribución de la población indígena es sumamente irregular; en nueveentidades de la República representa una proporción superior a 10% del totalde habitantes, e inferior a 38%, siendo Yucatán y Oaxaca los que registranlas proporciones máximas. Los estados con mayor número de hablantes delenguas indígenas son Oaxaca y Chiapas, donde superan el millón de per-sonas, pero sin rebasar 1,300.000. En Veracruz, Puebla y Yucatán los hablan-tes de lenguas indígenas se encuentran en el rango de entre 600,000 y 700,000personas; Guerrero e Hidalgo cuentan con 400,000 cada uno, y San LuisPotosí y Quintana Roo tienen una población de hablantes de lenguas indí-genas de 200,000 y 250,000, respectivamente. Las tres cuartas partes dehablantes de lenguas indígenas habitan en estas nueve entidades. En un se-gundo nivel respecto al número de pobladores que utilizan lenguas indíge-nas se encuentran Michoacán, Estado de México y el Distrito Federal, con800,000 personas, mismas que representan 3.1% de su población total. Elresto de las entidades del país tienen un promedio de 1.8% de poblaciónindígena, pero de este conjunto ocho estados registran proporciones meno-res a 1%. En consecuencia, 84% de los hablantes de lenguas indígenas seconcentran en 12 estados de la República.

Los indígenas mexicanos viven en estrecha interacción con grupos no in-dígenas. Asimismo, la mayoría de los hablantes de lenguas indígenas (60%)vive en zonas plurilingües. Las continuidades culturales indígenas son ex-cepcionales, como en el caso de los mayas de Yucatán y los purépechas de


Michoacán. Lo más frecuente es la imbricación de distintos grupos indíge-nas que hablan diferentes lenguas y su población es mestiza. Las relacionesde la pluralidad étnica no son simétricas ni equitativas, ya que existen siste-mas de estratificación tanto entre mestizos e indígenas como entre los pro-pios grupos indígenas.

Por otra parte, en México se presenta un fenómeno de imbricación y frag-mentación de grupos lingüísticos que determina la discontinuidad en el es-pacio de las lenguas indígenas. Así, no hay una correspondencia nítida en-tre territorio y población que comparte la misma lengua y cultura; en estesentido, es característica la conformación de demarcaciones donde una len-gua de uso extendido, como el náhuatl, comparte el espacio con otras lenguas.Esta distribución lingüística es el resultado de tendencias prehispánicas quese consolidaron durante la etapa colonial. La integración grupal y muchasde las instituciones indígenas reflejan un proceso de resistencia cultural quepropicia la integración de lazos de cohesión y solidaridad. Actualmenteperviven estructuras heredadas de la etapa colonial que fueron utilizadascomo medio de defensa ante la opresión. No obstante, se han generado di-námicas que tienden a la transformación de instituciones, usos y costumbres,en coincidencia con nuevas problemáticas y demandas colectivas e indivi-duales.

La realidad de los pueblos indígenas ha cambiado continuamente, tantopor factores antropológicos, entre los que destaca el mestizaje, como porrazones de orden político. Durante la etapa posrevolucionaria se desarrolla-ron múltiples iniciativas orientadas a procurar mejores condiciones de vidapara los indígenas. Un ejemplo notable es la Reforma Agraria, que dio granimpulso a la propiedad social. La formación de ejidos y comunidades reafir-mó el vínculo entre los indígenas y la tierra, aunque aún existe retraso en laatención al problema agrario, como en Chiapas. Actualmente, los hablantesde lenguas indígenas que viven en localidades rurales o predominantemen-te agrarias representan 80% del total. La actividad agrícola de los indígenasno se limita al marco de la propiedad ejidal o comunal, pues alrededor de400,000 campesinos indígenas tienen tierras en propiedad privada.

La problemática indígena tiene como referente principal la pobreza; entérminos actuales se relaciona con la crisis de un modelo de desarrollo agra-rio. La relación entre extensión de la tierra, formas de explotación y creci-miento demográfico ha llevado a situaciones de extrema pobreza. La migra-


ción temporal o permanente de las zonas indígenas a zonas de producciónagrícola comercial expresa con claridad el agotamiento de un esquema desubsistencia.

En relación con lo anterior, se presenta una circunstancia que tiene su ori-gen en procesos de orden económico y social sumamente complejos, ya quela mayoría de los indígenas depende de actividades que han dejado de ofre-cer medios de vida suficientes, al tiempo que carece de condiciones paraencontrar nuevos caminos de desarrollo. Los indígenas reciben menos edu-cación y servicios públicos, enfrentan obstáculos para acceder a la jurisdic-ción del Estado, son altamente vulnerables a la violación de sus derechos hu-manos y prácticamente carecen de representación política. A estos grandesproblemas se suma la marginación debida a prejuicios y actitudes que con-tradicen los principios y el espíritu de la Constitución. La situación de losindígenas mexicanos se resume en los términos desigualdad y discrimina-ción, pese a las iniciativas políticas que históricamente se han tomado paramejorar sus condiciones sociales.

Para enfrentar las causas que asocian la situación de los indígenas con laposición social más baja es necesario impulsar políticas con pleno respaldoinstitucional. La corrección de los grandes problemas de la pobreza y la mar-ginación indígenas obliga a un compromiso de largo aliento de la sociedady del Estado con acciones precisas. La iniciativa de reforma constitucional,con la reestructuración, las modificaciones y las contribuciones, integramedidas específicas, entre las que destaca el respaldo a la participacióndemocrática de los mexicanos indígenas, incluida la autonomía para deci-dir aspectos sustanciales de su vida colectiva y la defensa y promoción desus lenguas y culturas, pero no olvida e insiste en la obligación del Estadode instrumentar políticas de afirmación compensatoria para su desarrollo in-tegral.

LOS PRELIMINARES

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LA RECONSTRUCCIÓNDE LA IZQUIERDA

Durante los últimos días han ocurrido dos sucesos de gran importanciapara el futuro de la izquierda en México. El primero es la reaparición delsubcomandante Marcos en la escena política, y el segundo es la toma deposesión de Andrés Manuel López Obrador como nuevo Jefe de Gobiernode la ciudad de México. Vistos en su conjunto, se trata de hechos que defi-nen una nueva orientación para quienes disienten por la izquierda del en-foque liberal en la conducción de los asuntos públicos. Luego del triunfode Vicente Fox en las elecciones del 2 de julio, son los primeros indicios deuna difícil reconstrucción discursiva y práctica de un amplio espacio de iden-tificación política, que abarca desde las posiciones más radicales hasta lasmás comprometidas con un proyecto democrático y reformista. Resultainteresante advertir un esfuerzo de adecuación a las condiciones actuales,sin renunciar a una perspectiva ideológica seriamente cuestionada por larealidad.

La intervención del subcomandante Marcos fue planteada con todo cui-dado para servir de contrapunto a la asunción del gobierno foxista. Caris-ma contra carisma en un complejo juego político donde el trasfondo es elinmenso problema de la pobreza y la marginación. Marcos apuesta al fra-caso de Vicente Fox en su intento por mejorar las condiciones sociales dela mayoría y consolidar la evolución democrática. La idea es que el gobier-no de la elite empresarial y su confianza en el poder del mercado no seráncapaces de procesar las demandas reales de los mexicanos. Asimismo, laalternancia no equivale a la “transición democrática”, entendida maxima-listamente, misma que aún está por cumplirse. El extenso documento dedica-do por el líder del EZLN al análisis de la actual coyuntura política tiene comoconclusión principal que el Ejecutivo no es el interlocutor de la izquierda radi-


cal, sino, más bien, el Congreso, pero, sobre todo, la ciudadanía. Desde LasCañadas se esboza, entonces, un programa de acción que opta por la movili-zación y la resistencia para oponerse a un gobierno legítimo, pero antipopular.

El horizonte político del zapatismo se despliega en torno a tres ámbitos:el de la resistencia armada para el predominio en sus zonas de influencia, elde la reivindicación de los derechos y demandas de las comunidades indíge-nas y, por último, el de una política ciudadana de nuevo tipo, que consolidey amplíe su base social de apoyo. La estrategia política del subcomandanteMarcos supone una actitud más flexible —aunque obligada— de cara a lasmedidas de distensión político-militares del nuevo gobierno.

El asunto prioritario para el EZLN es el despeje del acotamiento militaral que ha estado sometido; de ahí su exigencia para reanudar las negocia-ciones para que el Ejército mexicano se retire de siete importantes posicio-nes que “liberarían” su espacio territorial; de lograrlo, el movimiento armadoestaría en inmejorables condiciones para negociar, desde una posición defuerza, nuevas reivindicaciones. Otra condición central consiste en el cum-plimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, reducidos a la trans-formación en ley del proyecto de reformas constitucionales elaborado porla Cocopa; la iniciativa ya fue presentada por el Presidente de la República,pero ello no significa que pueda ser aprobada sin modificación alguna, loque augura la permanencia del núcleo de las demandas sobre el reconoci-miento de los derechos de los pueblos indígenas.

El tercer plano de la estrategia zapatista considera un programa de movi-lización social, que arranca con la presencia del liderazgo político-militardel EZLN en la capital para cabildear en el Congreso de la Unión la inicia-tiva del titular del Ejecutivo en materia de derechos y cultura indígenas, perocuyo objetivo final es avanzar en la conformación de un movimiento ciuda-dano de oposición semileal (puesto que no busca constituirse en partidopolítico y no quiere acceder al poder) para estar en posibilidades de influirpermanentemente en las decisiones gubernamentales.

El EZLN intenta, con este “mínimo” programa de acción, posicionarseestratégicamente en el proceso político nacional como un actor privilegia-do y con una capacidad de intervención a todas luces desproporcionada a sufuerza real. No obstante, dada la crisis política de la opción de centro-izquier-da y la falta de alternativas orgánicas de muchos ciudadanos y movimien-tos, el zapatismo representa uno de los polos de la muy problemática recons-


trucción de la izquierda mexicana. Su crítica radical al “neoliberalismo”, sualejamiento de todo encasillamiento en formas tradicionales de organizacióny su peculiar concepción de atracción-repulsión del poder conforman unesquema ideológico apetecible para quienes consideran que hay razones parala rebelión.

El otro gran núcleo de la potencial rearticulación de la izquierda se cen-tra en la figura de Andrés Manuel López Obrador. El nuevo Jefe de Gobier-no del Distrito Federal, desde la más importante posición de poder real a es-cala nacional que conserva el PRD, está en posibilidades de conformar unaefectiva opción electoral de izquierda, sustentada en un proyecto políticodemocrático, nacionalista y popular.

La ventaja relativa de la tendencia política identificada con la figura deLópez Obrador en el PRD y otros sectores de la sociedad se sustenta en lasposibilidades de instrumentar una serie de acciones que efectivamente sa-tisfagan a grupos populares y alienten a sus organizaciones a la conforma-ción de una alianza político-social con capacidad competitiva y, a medianoplazo, con posibilidades de acceso a nuevas posiciones de gobierno o repre-sentación. La combinación de un ejercicio gubernamental honesto y eficien-te, políticas orientadas a satisfacer prioritariamente las demandas de ampliosestratos de pocos recursos y una constante diferenciación en las palabras,los estilos y los hechos con el Ejecutivo federal son los instrumentos tácti-co-estratégicos para consolidar y fortalecer su opción electoral y su posiciónpreeminente en el PRD.

Sin embargo, el principal riesgo del nuevo Jefe de Gobierno de la ciudadde México radica en que el ejercicio de gobierno puede serle altamentecostoso para sus pretensiones políticas. El probable incumplimiento de laspromesas planteadas por López Obrador en su discurso de toma de posesiónpueden propiciarle una pérdida de apoyo y confianza de los grupos que pre-tende aglutinar y consolidar como la base social de su proyecto político. Poreso, la fórmula extralegal de someterse al principio de “revocación de man-dato” cada dos años supone un inteligente cálculo político que lo podríafortalecer con miras a las elecciones intermedias de 2003. El otro frente queel político tabasqueño arraigado en el Distrito Federal tendrá que cuidares el de la política interna del PRD. Las diferencias entre las distintas corrien-tes que convergen en esa organización, particularmente, con la que encabe-za Rosario Robles, requerirán que, aunado a su posible gestión exitosa en


la capital, desarrolle una política de construcción de consensos. Sólo de esamanera el PRD estará en condiciones de aparecer como una viable alterna-tiva partidista de izquierda con capacidad competitiva en los procesos elec-torales.

La posibilidad de reconstrucción de una izquierda política en México en-cuentra, en este momento, sus expresiones más claras en los proyectos im-pulsados por el subcomandante Marcos y Andrés Manuel López Obrador.El planteamiento del EZLN apunta, con sus especificidades de movimientoarmado y reivindicaciones de reconocimiento de las minorías, hacia la con-formación de un movimiento político ciudadano de resistencia a las políticas“neoliberales”, en tanto que la estrategia política del nuevo Jefe de Gobier-no del Distrito Federal está orientada a la constitución, bajo su hegemonía,del PRD como una efectiva opción electoral de izquierda, fundada en lareivindicación de un nacionalismo propio de otras épocas y en la obtencióndel apoyo de los sectores populares de las zonas urbanas. El porvenir de laizquierda en México posee como elementos motores de su avance estos ejesdiscursivos y organizativos, tendrá que superar —lo que nunca le ha sidofácil— el dilema entre la movilización ciudadana y el fortalecimiento de unaorganización partidista en un entorno adverso ideológicamente y después deuna severa derrota electoral. Por eso mismo es que la emergencia de unaizquierda con visión de futuro resulta tan necesaria y tan difícil.

7 de diciembre de 2000

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JAQUE DOBLE EN CHIAPAS

La reinstauración de la concordia en Chiapas se ha transformado en un tra-bajo de Sísifo debido a grandes problemas derivados de un falso afán deconsistencia. El eje ideológico han sido los acuerdos de San Andrés Larráin-zar, documento evidentemente político que expresa una voluntad compar-tida entre el gobierno federal y el EZLN acerca de los derechos de los me-xicanos indígenas, un documento, por otra parte, que sólo conocen losexpertos en el tema y que fue la base de la iniciativa de la reforma constitu-cional elaborado por la Cocopa. Dicha iniciativa ha pasado a ser una espe-cie de tabú para quienes asumen las posiciones del EZLN. No debe alterar-se en lo más mínimo, so pena de violentar la voluntad de quienes se hanautoproclamado defensores de los pueblos indígenas. El mito pesa sobrecualquier intento por racionalizar la discusión y se convierte en un obs-táculo infranqueable.

El nuevo gobierno ha comprometido una parte importante de su credibi-lidad en la solución al conflicto en Chiapas, para lo cual aceptó presentar elproyecto de la Cocopa como una iniciativa presidencial de reforma consti-tucional. Paralelamente, se ordenó el acuartelamiento de efectivos milita-res en la zona de mayor influencia del EZLN. En términos estrictos, se hacumplido con el compromiso establecido por Vicente Fox durante su cam-paña presidencial, pero el efecto positivo conseguido entre el sector mayo-ritario de la opinión pública contrasta con la terquedad de los hechos. Lasmuestras de voluntad política han servido más para afirmar la imagen delejecutivo que para destrabar el proceso de negociación entre el gobierno fe-deral y la guerrilla zapatista. No obstante, están dados los primeros pasos yel juego estratégico abierto. Quizá con demasiada premura, los portavocesoficiosos del EZLN han comenzado a calificar las esperanzadoras medidas


gubernamentales de meramente publicitarias. Los cierto es que se trata ape-nas de signos favorables a un acuerdo todavía muy lejano.

Nadie podría objetar la pertinencia de la paulatina desmilitarización dela zona de conflicto. Hasta el momento sólo se han retirado algunos retenespara permitir mayor libertad de movimiento a los militantes y simpatizan-tes del EZLN. Se ha actuado con la cautela propia de las circunstancias, perosin comprometer un repliegue que pondría en riesgo a los grupos indígenasen desacuerdo con las formas de operación y control de los zapatistas. Elproblema es que, de inmediato, el subcomandante Marcos ha demandadola integración de una amplia “zona desmilitarizada” como reclamo inamo-vible para reiniciar el diálogo de paz. La exigencia es retirar al ejército desiete posiciones estratégicas, lo que, en la práctica, le conferiría al EZLN eldominio de un territorio bastante extenso, sin presencia institucionalizada,a semejanza de Colombia, situación que le otorgaría condiciones para con-siderarse “fuerza beligerante”.

No puede predecirse con certeza cuál será la respuesta del gobierno a esacondición, pero lo que aparece como sumamente problemático es el desen-lace de la discusión en torno a la iniciativa de reforma constitucional elabo-rada por la Cocopa. Inteligentemente, el subcomandante Marcos ha plan-teado que condiciona el reinicio del diálogo a la aprobación del texto íntegroredactado por la instancia coadyuvante. Presenciamos una especie de dobleJaque. Por una parte, se busca confrontar al gobierno con el ejército y seproblematiza el carácter presidencial de “comandante en jefe”, y, por la otra,se le induce a una ruptura con su propio partido, que no está dispuesto aapoyar una iniciativa con grandes deficiencias. Hoy, panistas destacados enel gobierno se ven presionados a contradecir sus posiciones, tal es el casode Juan de Dios Castro, quien en 1997 aseveraba que el texto de la Cocopaplanteaba serios problemas de soberanía, o el mismo Luis H. Álvarez, quienen marzo de ese mismo año sugería “otra redacción”.

La iniciativa de la Cocopa ya fue recibida por el Senado y procedería pasara su análisis en comisiones a fin de elaborar un dictamen. Con suerte, lostrabajos se iniciarían a principios del próximo año y, probablemente, seconvoque a la realización de foros de discusión, no tanto para crear consen-so, sino para darle oportunidad al subcomandante Marcos de llegar al Con-greso como lo anunció en La Realidad. Es posible que el PAN se resista aese diálogo directo, prácticamente, entre el diablo y el buen Dios, pero la


oposición estará más que dispuesta, con tal de incrementar el caudal de crí-ticas al Ejecutivo. Marcos viene a defender un texto asumido por el propioPresidente de la República, pero que, quién sabe, es inasimilable por la es-tructura jurídica del estado. De tal modo, comenzaría un largo debate sinsalida posible, a menos que se decidiera iniciar una reforma política com-pleta para conformar un nuevo Estado, fundado en la autonomía y libredeterminación de sus pueblos originarios, tal y como lo plantea el texto dela Cocopa.

La dirigencia zapatista tiene en perspectiva alcanzar una mayor presenciapolítica sobre la base de un programa de movilización a escala nacional.Primero el Congreso, después los Congresos de los estados, mañana la inter-locución con organismos internacionales, un movimiento zapatista reivin-dicador de los derechos de las minorías articulado en torno a una propuestacomunitarista. La guerrilla pacífica que busca transformar una realidad in-justa y promueve los derechos colectivos. Toda una línea de desman-telamiento del Estado homogeneizador en vista de establecer la sociedadmulticultural y redimir a los pueblos indígenas. Los objetivos pueden parecertoda una innovación revolucionaria, pero encierran múltiples problemas des-de la perspectiva del proyecto emancipatorio que viene desde los inicios dela modernidad política.

El asunto es de fondo y exige una reflexión seria, informada y abierta atodas las posibilidades de desarrollar políticas incluyentes. Es un reto ma-yor que implica eludir la introducción de nuevas desigualdades con el pre-texto de preservar intacta la diferencia. De allí la necesidad de instrumentaruna reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas a laaltura de las demandas de justicia y en correspondencia con el sentido de-mocrático de la ley fundamental. Está implícito un trabajo sumamente cui-dadoso en los planos conceptual y político, que se extendería, incluso, a laeventual reforma del Estado. Para tal propósito, resulta, a todas luces, inade-cuada la redacción de la iniciativa presentada por la Cocopa, como se hademostrado en múltiples ocasiones —y en esta reedición del debate, demanera minuciosa por Arturo Warman.

La iniciativa de la Cocopa es una propuesta de compromiso marcada porla crisis del diálogo entre el Ejecutivo y el EZLN. Es más un producto de lascircunstancias que un texto derivado del rigor jurídico. Como tal, se presta aconfusiones, es equívoca la definición de sujetos de derecho y, lo más grave,


propicia nuevos conflictos. En muchos aspectos, los planteamientos de lainstancia legislativa de coadyuvancia se encuentran por detrás de las garan-tías consagradas en la constitución y en otros se quedan en meras abstrac-ciones. Una redacción tan deficiente como unilateral no puede ser la basepara una reforma tan importante como la que se requiere. De proseguirse lalínea política, de no transigir en modificaciones indispensables, seremostestigos de un nuevo debate improductivo para la solución del conflicto enChiapas.

En este contexto, es tranquilizador que en el Senado se considere nece-saria la elaboración de las reformas constitucionales sobre los derechos indí-genas a partir de las cuatro iniciativas existentes: la del PAN, la del PVEM, laenviada al Congreso por el ex Presidente Ernesto Zedillo, así como la delPresidente Fox (antes Cocopa). De tal modo, esta última sería sólo un referenteen la discusión legislativa, dotada de significación política relevante, aun-que no por eso jurídicamente superior. La idea de nuevos derechos, necesa-rios y, además, estipulados en los acuerdos de San Andrés, abre un espacioimportante para la concertación política que incluye al EZLN. Cabe espe-rar que la razón y la responsabilidad se impongan y podamos alejarnos deuna pugna estéril por posiciones que sólo se sostienen en la mera intransi-gencia.

14 de diciembre de 2000

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POLÍTICA DEL ZIG-ZAG

El proceso político en México augura, en el corto plazo, muchas emocio-nes. Su curso natural es el zig-zag. Son tiempos deconstructivos. La líneapolítica se conforma quebradiza, con entrantes y salientes que resulta di-fícil discernir a la luz de los viejos conceptos de progresismo o reacción.¿Avanzamos?, ¿a dónde?, ¿por la izquierda o por la derecha? Por eso,más que nunca conviene la cautela, también por aquello de la famosamaldición de los antiguos sabios chinos a sus enemigos: “Ojalá y vivasen tiempos de emoción”. El nuevo gobierno ha superado bizarramente,aunque con solvencia, su primera prueba de fuego, logrando la aproba-ción de un presupuesto por consenso. Fue un éxito. No debemos dejar deseñalar, sin embrago, que se trata de un presupuesto provisional, de vi-gencia limitada, pactado en función de la muy postergada reforma fiscal,que, de aprobarse, obligará a la reestructuración del presupuesto vigentea partir de la mitad de este año que apenas comienza. Un primer pasito,pues. Zig.

Como espada de Damocles, pende sobre el presupuesto aprobado la pre-visión de un déficit público más elevado (0.65%) de lo que los prudentescriterios internacionales postulan para México, así como un cálculo riesgo-samente optimista en precio del petróleo (18 dólares por barril). La cambian-te situación de la economía estadounidense acecha en el horizonte de cortoplazo. Pese a las pifias, los equívocos, las inercias y la alharaca fueron máspoderosas y convincentes las expectativas de ajustes a futuro y los canalesde interlocución no desgastados del nuevo gobierno, particularmente losinstrumentados por el Secretario Creel y su equipo con el PAN, en tanto queGil Díaz y los suyos previamente habían acordado las modificaciones a lapropuesta original con el PRI y el PRD.


Están en capilla legislativa para el próximo periodo ordinario de prima-vera o, antes, la citada reforma fiscal integral, las reformas constituciona-les en materia de derechos y cultura indígenas, así como las reformas quepermitan la participación de capitales privados en la industria eléctrica. ElEjecutivo Federal hizo apreciables concesiones para amarrar el futuro pa-quete legislativo con las oposiciones. Ha sido una negociación arriesgadahecha con el fin de lograr las condiciones financieras y también políticas ade-cuadas para instrumentar su programa de gobierno. Habrá que ver si las tur-bulencias políticas en curso, principalmente, la veloz dinámica del juego es-tratégico del gobierno con el EZLN y la tosquedad del desmantelamiento delPRI en el sureste (dos interinos eventualmente ilegales en Tabasco, luegodel polémico fallo más político que jurídico del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación anulando la elección del PRI a la gubernatura; dosConsejos Electorales presuntamente ilegales en Yucatán, luego del no aca-tamiento del fallo del TEPJF, ordenando al Congreso, de mayoría priísta,reponer el procedimiento para nombrar a los consejeros electorales; por úl-timo, el veto jurídicamente dudoso del gobernador de Chiapas, Pablo SalazarMendiguchía, al presupuesto de egresos para el año 2001, votado por lamayoría priísta en el Congreso local, amén del conflicto del nuevo Ejecuti-vo estatal con el Poder Judicial), no descomponen los arreglos y compromi-sos políticos legislativos pactados. Está también la cuestión, ya inminente,de las decisiones gubernamentales de cara al EZLN.

Las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indíge-nas pueden resultar cruciales para la credibilidad política e internacional delnuevo gobierno. La apuesta es alta y proporcionalmente riesgosa: en el tin-tero de la agenda política ya está la excursión del subcomandante Marcospara promover y cabildear la iniciativa presidencial —redactada en su opor-tunidad por la Cocopa— a lo largo de la ruta de La Realidad a la ciudad deMéxico. El gobierno federal ya está inmerso en el juego estratégico con elEZLN; enfrenta, por lo pronto, una doble pinza, ya que, por un lado, estácomprometido políticamente con una iniciativa de reformas constituciona-les insostenible jurídicamente y, en consecuencia, con resistencias más querazonables del PAN y sus fracciones legislativas, incluso, con una iniciati-va contrapuesta conceptual y políticamente a la del Presidente; eso sin con-siderar las posiciones del PRI y el PVEM, que también cuentan con visio-nes e iniciativas legislativas propias. Sin duda, el más seguro aliado del


Presidente Fox en esta cuestión habrá de ser el PRD, que siempre sostuvosu acuerdo con el texto de la Cocopa, aunque como grupo legislativo nuncalo presentó al Congreso, por consideraciones y cálculos políticos. Convie-ne recordar que la misma Cocopa adoptó por consenso —eran integrantesde la misma, entre otros, el actual gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Men-diguchía; Luis H. Álvarez, comisionado del gobierno para la negociación;Jaime Martínez Veloz, Presidente en turno de la instancia coadyuvante, asícomo Fernando Pérez Noriega, nuevamente miembro de la Cocopa y redac-tor de una versión corregida del texto original— la decisión de no presentarsu proyecto como iniciativa, toda vez que lo consideró no sólo perfectible,sino adolescente de técnica jurídica adecuada (4 de marzo de 1996). No seríade extrañar, en consecuencia, que el Presidente Fox, en su lógica de presen-tar grandes logros en menos de 100 días, busque ganar tiempo y plantear unperiodo extraordinario de sesiones para tratar de resolver, de una buena vez,esa parte necesaria, pero no suficiente, del conflicto en Chiapas. ¿Será unavance?, ¿una saliente al vacío? o ¿una mala reforma políticamente correc-ta? Zig-zag.

Por otro lado, su disposición e interés por resolver con prontitud el con-flicto —que no la guerra— en el estado suriano lo emplaza a tomar deci-siones político-militares de trascendencia, tanto para el país como para supropia relación con el Ejército, del cual es constitucionalmente su coman-dante en jefe. A la suspensión de los retenes militares en las zonas de mayorinfluencia zapatista o siguió el desmantelamiento de la posición del Ejér-cito en Amador Hernández, surgida a raíz del bloqueo de las bases de apoyodel EZLN a las tareas de construcción de una carretera rural. El 1 de ene-ro, milicianos, bases de apoyo y simpatizantes mexicanos y de otros paí-ses irrumpieron en el cuartel de Jolnachoj, en el poblado de San AndrésLarráinzar, logrando expulsar a las tropas; la orden de retirarse fue poste-rior a las acciones del grupo insurrecto. Aun en el marco de las medidasimpulsadas por el gobierno para distender la zona y lograr la confianza dela dirigencia del EZLN, el hecho de Jolnachoj constituye una capitaliza-ción de esas condiciones, una victoria político-militar del movimientozapatista. ¿Estamos, de nueva cuenta, en una entrante de la lógica militar?Zag. Zig-Zag.

Clausewitz, el clásico moderno de la teoría de la guerra, ha señalado queel repliegue es el movimiento bélico de mayor dificultad, amén del de ma-


yor costo. Pareciera que el gobierno de Fox ha optado por cumplir con lascondiciones de desmilitarización planteadas por el subcomandante Marcospara retomar la mesa de diálogo. En ese caso, estamos ante la instrumenta-ción de un repliegue militar que responde a una decisión política. Sin em-bargo, las acciones militares del gobierno parecen determinadas por la acep-tación, sin más, de los condicionamientos zapatistas y, más grave aun, elgobierno no ha explicitado los criterios político-militares de su estrategiapara avanzar hacia un diálogo que derive en una solución pacífica del con-flicto. La política debe predominar sobre la guerra, de acuerdo con el viejoClausewitz; sólo así se pueden dominar las leyes absolutas de las accionesarmadas, cuyo objetivo es, en principio, la aniquilación del enemigo y elcontrol del territorio. En estos últimos días el Ejército mexicano ha dadopruebas de disciplina y control notables, pero está políticamente indefenso.Cuidado, porque la dirigencia zapatista, por tradición leninista, asume lanaturaleza político-militar de sus acciones; el mayor riesgo radica en que elsubcomandante Marcos piensa, de acuerdo con Foucault e inversamente aClausewitz, que la política es la prolongación de la guerra y que ésta predo-mina en toda sociedad de dominio. El riesgo para el país y sus fuerzas ar-madas consiste en que el gobierno no cuente con una estrategia que compensey sea capaz de neutralizar la audaz concepción zapatista de resistir a losembates del “neoliberalismo”. La guerrilla pacífica del EZLN gana posicio-nes a gritos, lo que es insólito. No obstante, lo principal es lograr una solu-ción justa y duradera en la mesa de negociaciones, con base en lo estipula-do por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas,hasta ahora la mejor garantía para resolver el conflicto por la vía política ysin violencia. Lo que es inaceptable es la carencia de una estrategia, de undiscurso político que inhiba el riesgo de las acciones militares, aunque loshechos nos muestren buena voluntad.

Grandes asuntos conforman la agenda política inmediata. Es mejor abor-darlos con criterios racionales que con emoción. Zig-zag. La crisis degobernabilidad en Tabasco; los problemas políticos en Yucatán; la confron-tación entre Poderes en Chiapas, catalizada por la unilateralidad de los ac-tores políticos, y, last but not least, el maximalismo sin autocontención nifreno del EZLN son retos; las entrantes y salientes de un curso político to-davía sin rumbo. Zig-zag. Zigzagueo que habrá de presentarse también enel Congreso de la Unión, al discutirse temas relevantes para el país, como


la reforma fiscal, la participación de la inversión privada en el sector eléctricoy el reconocimiento de los derechos y cultura indígenas. Serios problemasque deberán ser afrontados con visión estratégica y criterios de gobernabi-lidad democrática, que no significan concesiones populistas ni obedienciaa los mandatos de la popularidad. Zig-zag.

4 de enero de 2001

[39]

CHIAPAS: ¿ESTRATEGIAO PALOS DE CIEGO?

En torno al conflicto del gobierno mexicano con el EZLN, que ya dura másde siete años, se ha dicho y escrito mucho. Sin embargo, aún es pertinentepreguntarse acerca del proyecto político de ese movimiento que se ha cons-tituido en una guerrilla pacífica, desde que se suspendieron los enfrenta-mientos armados y se hizo evidente la inviabilidad de la victoria militar za-patista. Desde ese momento, los principales actores optaron por la vía deldiálogo para lograr una solución negociada y no violenta. No obstante, laconcreción de esta posibilidad se ha dificultado, debido no a la falta devoluntad de las partes, sino, si vamos a fondo, a la existencia de concepcio-nes diferentes sobre la naturaleza de ese conflicto.

El gobierno mexicano ha considerado que el procedimiento más efecti-vo de solución de la insurgencia armada del 1 de enero de 1994 reside en laincorporación del EZLN al ámbito de la política institucionalizada, mediantesu reconocimiento como una organización en el seno del sistema de parti-dos. En cuanto a las demandas sociales indígenas que justifican la rebelión,se ha procedido a instrumentar un conjunto de acciones para enfrentar elproblema histórico de desigualdad y atraso existente en las comunidades. Sibien el Estado asumió el carácter político-militar del conflicto, confió en quela presencia del Ejército mexicano aportaría las condiciones disuasivas ypreventivas suficientes para garantizar la preservación del orden legal y asípoder desarrollar su tradicional política incluyente.

La neutralización de las contradicciones ha sido uno de los mecanismosque habitualmente se han aplicado para superar cualquier diferendo o disi-dencia, incluso las que han optado por la acción armada. El régimen posrevo-lucionario logró una envidiable estabilidad, a través de la combinación decomportamientos autoritarios con una pausada, pero efectiva, capacidadde cooptación e inclusión de los grupos que lo desafiaban.


La idea política que subyace a la Ley para el Diálogo, la Conciliación yla Paz Digna en Chiapas es precisamente ésa. Luego de la estratégica ofen-siva militar del 9 de febrero de ese año —se trataba de posicionar al ejérci-to mexicano y controlar la frontera con Guatemala, más que capturar a ladirigencia del EZLN— el gobierno, encabezado por Ernesto Zedillo, pro-cedió a institucionalizar la vía de solución negociada y pacífica del conflic-to. Al aceptar la guerrilla el diálogo legalizado, el gobierno logró un triunfoestratégico, pero el EZLN obtenía un sinnúmero de ventajas tácticas. ElEstado mexicano mantenía al grupo inconforme en la mesa de negociacio-nes, con base en lo establecido por una ley aprobada por todos los partidosrepresentados en el Congreso de la Unión, y lo encaminaba hacia su trans-formación de disidencia armada en fuerza política opositora. Por su parte,el EZLN había logrado decisivas prerrogativas que le otorgaban una granflexibilidad táctica. De la noche a la mañana, la guerrilla, mayoritariamenteindígena, se convirtió en una organización política con reconocimiento le-gal, con derecho a mantener sus armas y con la garantía de que, directamente,las fuerzas armadas no habrían de proceder a su aniquilamiento.

No obstante, el EZLN construía aceleradamente una concepción de la po-lítica inédita, no sólo en la izquierda, sino en la tradición y la cultura políti-ca de México. ¿Cuál es este proyecto político? Ante sus limitaciones mili-tares y sus fallidas previsiones acerca de una crisis política y económica delsistema, la dirigencia zapatista redefine su discurso revolucionario y asumecomo clave la lucha por el reconocimiento de la minoría indígena. Para elsubcomandante Marcos se convierte en central la demanda por el respeto ala identidad de un grupo social históricamente vulnerado en términos socia-les, culturales y políticos. Nada mejor para la lucha mediática, a la que elEZLN dedica las mayores energías, que el desarrollo y promoción de unespíritu de rebelión, a la par que una práctica multidimensional de resisten-cia y protesta social.

La firma de los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultu-ra indígenas es, para el movimiento zapatista, una decisiva victoria estraté-gica, aunque, ciertamente, significó un logro político de carácter táctico parael gobierno. Con esos acuerdos, el EZLN obtuvo para los pueblos indíge-nas su reconocimiento como sujetos de derecho con capacidad de libre de-terminación y autonomía. La intransigencia del zapatismo en reivindicar tex-tualmente el proyecto de reforma constitucional de la Cocopa, hoy iniciativa


del Presidente de la República, en articulado de la Constitución, abre undebate sumamente complejo y tortuoso entre las concepciones comuni-taristas y liberales, que, dadas las actuales condiciones políticas, difícilmentepodrá ser superado en el corto plazo. Las insuficiencias jurídicas y los pro-blemas políticos inherentes a la propuesta de modificaciones constituciona-les constituyen más un obstáculo político que una herramienta útil para lareanudación del diálogo; asimismo, como efecto perverso, pospondrán elreconocimiento necesario de los derechos de la gran minoría de mexicanosindígenas.

Tratar de entender las dos concepciones contrapuestas que de la políticatienen el gobierno y el EZLN puede contribuir a la comprensión de algunosrasgos esenciales del presente conflicto y de su inopinada duración. La teo-ría política hace una distinción entre conflictos negociables y no negocia-bles. Los primeros están orientados a obtener más o menos ventajas deladversario y son susceptibles de solución mediante acciones correctivas yreformas legales e instituciones que impliquen una distribución más equi-tativa del producto social y del poder político. Este tipo de confrontacioneses visto, incluso, como saludable y cohesivo en las sociedades democráti-cas. Tal pareciera que ésta ha sido la percepción predominante en el gobier-no mexicano. El comportamiento del nuevo gobierno amerita preguntarsesi está operando con esta lógica y, en consecuencia, si podrá restringir oacotar, con responsabilidad, a un movimiento en ascenso que no tiene estaconcepción.

Por otra parte, los conflictos no asimilables o sin posibilidad de negocia-ción son propios de sociedades divididas entre tendencias de carácter étni-co, lingüístico o religioso, y recientemente han cobrado importancia por losproblemas derivados del multiculturalismo en las sociedades atrasadas o desistemas democráticos insuficientes. Esta pareciera ser la concepción de ladirigencia político-militar del EZLN respecto del movimiento que encabe-za contra el sistema de opresión imperante. Las reivindicaciones extremasdel derecho a la diferencia, el integracionismo indianista sin pudor por lasposibles implicaciones regresivas, así como una deliberada radicalidad po-lítica inherentes al zapatismo no son accidentales. Se trata de demandas yemplazamientos políticos y discursivos que resulten difícilmente procesablespor el gobierno. Ciertamente, el EZLN no quiere asaltar el poder constitui-do, pero sí desea conformarse como una organización reivindicadora de


multiplicidad de espacios de excepción, de contrapoderes, de ámbitos deresistencia a los embates de la disciplina de la sociedad de dominio. No setrata de un juego estratégico y táctico con una finalidad política superior, poreso no aspira al poder, se trata de impulsar un proyecto político alternativoy de constituir una organización política permanente que sean expresión deuna visión crítica e irreductible del ejercicio del poder.

El periplo de los líderes del zapatismo por varios estados de la Repúbli-ca para arribar a la capital del país el 6 de marzo es tan sólo una fase de unproyecto de mayor envergadura y duración. El subcomandante Marcos hadejado ver que tiene una visión estratégica de largo plazo y que trabaja enuna concepción política de nuevo aliento; ha logrado poner en cuestión latradicional política de inclusión característica del régimen mexicano. Esadificultad explicaría por qué el gobierno de Zedillo, luego de la suspensiónde las negociaciones y los asesinatos de Acteal, abandonó la idea de unasolución a corto plazo, optó por la administración del conflicto y tuvo rela-tivo éxito al privilegiar la contención político-militar del EZLN.

El nuevo gobierno quiere resolver rápidamente el conflicto; en ello se jue-ga un alto porcentaje de su credibilidad nacional e internacional y se arriesgaa una operación política que brinde una legitimidad indisputable. Por eso, asu buena voluntad añade una preocupante disposición a cumplir con lascondiciones establecidas por el EZLN para restablecer las pláticas de paz.No será tan sencillo. Ya es sabido el riesgo de dejar una zona social y polí-ticamente polarizada en manos del EZLN; es evidente la dificultad de apro-bar, sin modificaciones, el viejo texto de la Cocopa; la oposición del parti-do gobernante y del PRI hacen inviable cumplir esa pretensión; sonconocidos los problemas que el repliegue militar causa en las fuerzas arma-das, y sorprenden las zigzagueantes y contradictorias declaraciones del jefedel Ejecutivo y sus colaboradores sobre la conducta gubernamental respec-to del EZLN.

De cara al despliegue estratégico y discursivo del zapatismo, el gobiernopareciera estar en estado de indefensión teórica y práctica. Sus apreciablesacciones de flexibilidad no parecen corresponder a una concepción estraté-gica —política y militar— idónea para mantener el conflicto en una dimen-sión razonable y proceder a la instrumentación de políticas que conduzcana la reconciliación y la regeneración del tejido social en las comunidadesindígenas de Chiapas. Es pertinente tener en consideración que una posible


solución requiere asumir que, en una perspectiva democrática amplia, losconflictos políticos pueden ser un elemento de integración, éste, con elEZLN, trasciende la visión limitada del consenso. Se necesita estrategia yno palos de ciego.

18 de enero de 2001

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CHIAPAS: DEMOCRACIAY CONFLICTO

El conflicto del EZLN con el gobierno federal reclama con fuerza una es-trategia político-militar de Estado acorde a las nuevas condiciones del país.No puede ser una estrategia que se invente de la noche a la mañana, comovoluntariamente han pensado algunos actores responsables de conducir lapolítica gubernamental orientada a lograr una solución pacífica; el procesoposee condicionantes previos y decisivos de mucha densidad política, perotambién histórica y cultural. Por supuesto que resulta ingenua la preten-sión de que el EZLN redefina su estrategia y hasta su propia naturalezaorganizativa y política por el hecho del cambio —por vía electoral— en latitularidad del Poder Ejecutivo. El levantamiento armado del 1 de enero de1994 no fue contra el PRI, aunque sus errores, sobre todo en el ámbitolocal, hayan sido determinantes para la insurrección y la propaganda.

Siempre ha sido claro para quienes han intentado comprender el conflic-to, que éste sólo podía tener posibilidades de resolverse si se partía de unaconcepción acerca del tipo de Estado al que el EZLN enfrentaba, primerocomo guerrilla insurreccional y luego como “guerrilla pacífica” y movimien-to de la sociedad civil. Ni qué decir del necesario entendimiento de la muysui generis transformación del zapatismo al abandonar el corsé marxista-leninista y adoptar los postulados del comunitarismo, comprometiéndosecentralmente con la reivindicación de los derechos políticos y culturales dela minoría indígena.

El régimen político mexicano (posrevolucionario) posee todavía fuertesrasgos autoritarios, pero, ya se ha dicho con insistencia, nunca fue una dic-tadura y, sorprendentemente, evolucionó democráticamente hasta el puntodel desplazamiento del partido hegemónico, primero, y predominante des-pués, mismo que había monopolizado el poder por casi 70 años. La lógica


del Estado mexicano frente a la disidencia consistió —con eventuales com-portamientos represivos— en la inclusión de sus fuerzas y organizacionesa la política legal, a través de su reconocimiento como opciones partidistas.

La victoria electoral de Vicente Fox no significa el final de la historia polí-tica de México. Las tareas por venir no consisten en ir erradicando los bolso-nes de antidemocracia y corrupción heredados por los gobiernos priístas; lacuestión es mucho más compleja e interesante. Venturosamente, los queha-ceres por venir para la sociedad mexicana y su sociedad política, incluidossus nuevos gobernantes, son de mayor envergadura y aliento. La consolida-ción de la democracia implica su institucionalización plena, por lo que esnecesario retomar los temas de la reforma del Estado, graciosamente sosla-yados por la falacia de que con la alternancia en el Ejecutivo Federal se ha ins-taurado un nuevo régimen genuinamente democrático. Sin embargo, el pro-ceso de democratización de la democracia no puede restringirse a un simplediseño institucional o, en el mejor de los casos, a una reingeniería constitu-cional. La democracia funcional al desarrollo político requerido no se reducea los procesos electorales y al ejercicio democrático del gobierno, sino quedebe alcanzar una dimensión societal.

Como prueba fehaciente de que la historia de la democracia en México noha terminado, allí están una serie de movimientos sociales latentes y, des-tacadamente, el resurgimiento notable de la lucha del EZLN y las dificultadesque enfrenta el gobierno de Vicente Fox para establecer una estrategia yobtener el suficiente apoyo político y social necesario para instrumentarla.El gobierno federal parece tener una noción estrecha de democracia; conci-be que sus propuestas e ideas son expresión de la voluntad general de lasociedad, por lo que presume que su conducción política goza de la acepta-ción unánime de la ciudadanía. Su apego acrítico a las encuestas de popula-ridad lo pueden conducir a un pragmatismo mediático y a realizar accionessólo orientadas a preservar su imagen. Desde esa perspectiva puede embar-carse en buscar, a toda costa, subsumir a la sociedad con toda su compleji-dad a su propia lógica.

De ser cierto lo anterior, es que al gobierno presidido por Vicente Fox ya quienes tienen la responsabilidad de atender la situación política en Chiapasles ha resultado sumamente difícil diagnosticar adecuadamente el conflic-to planteado por el EZLN y, en consecuencia, definir una estrategia pararestablecer la concordia en las comunidades indígenas de esa entidad. El


EZLN es expresión de un nuevo tipo de conflictos que trasciende la limita-da idea de democracia imperante en el gobierno y, al mismo tiempo, rompecon la lógica del consenso automático.

El proyecto político y cultural que encabeza el EZLN resulta de difícil asi-milación teórica y práctica, toda vez que se conforma como una minoría acti-va que, por un lado, incide en el ámbito institucional demandando el recono-cimiento de derechos inéditos en la estructura constitucional del Estado y, porel otro, se afirma como una organización de disenso al régimen político esta-blecido. Su idea de política está puesta más allá de la concepción habitualcentrada en los partidos, de allí su renuencia a convertirse en uno más delespectro; incluso, estamos frente a una estructura organizada que aspira ala permanencia, pero que se resiste a cualquier forma de incorporación es-tatal. ¿Se trata, entonces, de un conflicto irresoluble y de una organizaciónimposible de integrar a la vida democrática? De la respuesta y el diagnósticoque se hagan dependen el diseño y la instrumentación de una estrategia.

La teoría política crítica ha considerado que los movimientos sociales, enlas democracias avanzadas, pueden constituirse en un elemento dinámico ytransformador. Los movimientos contestatarios serían, entonces, suscepti-bles de integración social. ¿Puede serlo el que encabeza el EZLN? El desa-fío que esta organización ha puesto al Estado y a la sociedad radica en quepropone efectivamente una integración, pero lo plantea por la vía de la di-ferencia, al definirse como divergencia y demandar reconocimiento y tole-rancia a su peculiaridad política y cultural.

Sin embargo, el EZLN viviría también una dificultad interna muy de fondopara realizar su propia transformación democrática. Su reticencia a optar porformas políticas abiertas y legales atañe a su propia idiosincrasia como or-ganización de izquierda, con remanentes antidemocráticos, con la influen-cia, además, de la tradición comunitarista indígena. El concepto de demo-cracia que aplica en las comunidades indígenas es problemático, ya que setrata de una noción que cree ingenuamente en el consenso unánime, so penade represión y expulsión de quienes difieren de sus puntos de vista. La su-gerente idea de “mandar obedeciendo” se sustenta en una falacia, ya queerige una supuesta voluntad general construida autoritariamente sobre la basede negarle cualquier derecho a las minorías y los disidentes.

Por eso, las condiciones que el EZLN ha puesto al gobierno para reanu-dar las negociaciones de paz constituyen, en los hechos, una petición que le


garantice —con una zona desmilitarizada y autonomía en los territorios bajosu influencia— su sobrevivencia política y su capacidad de intervención enel proceso de democratización del país, tal es su perspectiva estratégica amediano plazo. En ese sentido, el grupo inconforme ha capitalizado la bue-na disposición gubernamental para resolver rápidamente (su gran debilidadtáctica) el conflicto desplegando un operativo de movilización social que loposicione en la opinión pública nacional e internacional, a la vez que con-solida su red organizativa y se proyecta con fuerza para trasladarse libremen-te por toda la República y, eventualmente, al exterior.

No obstante, su recorrido por 12 estados, su arribo a la capital y su entre-vista con el Congreso parecen un hecho irreversible. Es una organizaciónreconocida por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna enChiapas; su denominación es EZLN, por lo que resulta impropio y ofensi-vo para el Ejército mexicano designarlo de otra manera; ya negoció y esta-bleció acuerdos con la representación del gobierno federal, lo hizo desarma-do pero con el rostro cubierto; hay precedentes de visitas anteriores demilicianos y bases de apoyo del zapatismo a la capital del país, y no debierahaber inconvenientes para que las comisiones responsables de dictaminarla reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas atien-dan los puntos de vista de esa organización sobre el tema. La victoria tácti-ca y estratégica del EZLN es ya un hecho consumado. La discusión debe serde más fondo.

La responsabilidad del Poder Legislativo y de los grupos parlamentariosde los diferentes partidos consiste, prioritaria y fundamentalmente, en lograruna reforma constitucional que reivindique los derechos de la muy grandeminoría indígena del país. Se trata de legislar para muy diversos y diferen-ciados grupos indígenas y no sólo con la intención de que el EZLN retornea las negociaciones de paz. El Congreso tiene la oportunidad de realizar sutrabajo con base en criterios objetivos y, en su caso, aprobar una modifica-ción a la ley suprema de avanzada que concilie creativamente la tradiciónliberal con las orientaciones comunitarias de los mexicanos indígenas.

2 de febrero de 2001

[49]

CHIAPAS: ASTUCIA VERSUS IMPROVISACIÓN

A menos de los primeros 100 días de gobierno, la administración presididapor Vicente Fox se ve inmersa en situaciones cruciales para el desarrollo, amediano plazo, de sus planes políticos. Si creemos en las encuestas deopinión, su aceptación es sumamente alta, él se comporta en consecuenciay sigue su marcha, declarando a diestra y siniestra, con una agresiva cam-paña de mercadotecnia.

Los medios electrónicos, especialmente las grandes corporaciones televi-sivas, asumen un comportamiento casi obsequioso con su imagen y sus pro-puestas. Han llegado, incluso, a convertirse en aliados táctico-operativos desu controvertida estrategia para lidiar con el complejo proceso político-mi-litar que supone la estancada negociación con el EZLN; han compartido larelativa frustración gubernamental derivada del ataque británico y estado-unidense a Irak mientras el Presidente Bush conversaba con su homólogomexicano; han tenido que frenar su perorata sobre la inminente aplicación—ahora sí— del Estado de Derecho en Yucatán por el desacato del Congresoy del gobernador Víctor Cervera a las resoluciones del Tribunal Electoraldel Poder Judicial de la Federación.

De modo concomitante, no obstante, sectores politizados dotados de unainformación más cualitativa manifiestan preocupación. Las posturas críti-cas se afirman y afinan, sobre todo —como es razonable esperar— en el ám-bito de la prensa escrita y algunos espacios radiofónicos. Se trata de unapercepción que ocurre entre ciudadanos más ilustrados, minoría que cierta-mente no cuenta mayormente en las proyecciones estadísticas, pero que, sibien, excluida de la toma de grandes decisiones políticas y financieras, ron-da a la elite cultural, política y económica del país. Por supuesto que entreellos se cuentan políticos, académicos e intelectuales, así como adherentes


de los ahora partidos opositores, PRD y PRI, pero de ningún modo se redu-cen a ellos.

El periplo que habrá de realizar una representación del EZLN por 12 es-tados del país antes de llegar a la ciudad de México, se ha constituido en unode los asuntos que ha generado inquietud en algunos sectores de la pobla-ción, quienes, incluso, han llegado a considerar inadecuada la política gu-bernamental con respecto al grupo inconforme, sustentada en el propósitode lograr, en un corto plazo, una solución pacífica del conflicto en Chiapas,a fin de que el Presidente Fox mantenga sus altos índices de popularidad enla opinión pública nacional e internacional. Para estos ciudadanos y críti-cos, entre los que se encuentran dirigentes empresariales e, incluso, desta-cados militantes del partido en el gobierno, se ha incrementado significa-tivamente el peso del EZLN en la vida política del país, situación que nocorresponde con su dimensión real y sólo propiciará que la dirigenciazapatista postergue indefinidamente la reanudación del diálogo de paz. Pa-reciera que al centrarse las acciones gubernamentales en relación con elconflicto en Chiapas, en criterios propagandísticos y de mercadotecnia, seha dejado de lado una concepción estratégica de Estado que posibilite unasalida política del conflicto en Chiapas, en un razonable periodo de tiempo.

Una evidencia de la ambivalente posición del gobierno con respecto alEZLN, es la disposición para que el grupo inconforme realice su marcha ala capital del país, pero que las garantías de seguridad de la representaciónzapatista que habrá de entrevistarse con el Poder Legislativo estén bajo laresponsabilidad de la Policía Federal Preventiva, en lugar de que las labo-res de protección estén a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja(CICR), como lo había propuesto la dirigencia del EZLN. La intención delgrupo inconforme con ese planteamiento es demostrar que cuenta con acep-tación y apoyo internacionales y, por lo mismo, mantener viva la expectati-va para ser reconocido como fuerza beligerante.

Sin embargo, en la Nota de Entendimiento entre el gobierno mexicano yel CICR, misma que autoriza y regula las actividades de ese organismo in-ternacional en el estado de Chiapas, se establece textualmente que: “En vir-tud de las nuevas condiciones del proceso de pacificación, y no obstante notratarse de un conflicto armado en los términos del artículo 3, común a lasconvenciones de Ginebra, procede a celebrar un nuevo Acuerdo con elCICR...” Conviene recordar que el enfriamiento de las relaciones del CICR


con el gobierno mexicano derivó de un grave malentendido con el Ejércitomexicano, que presumía un comportamiento ajeno a la neutralidad del or-ganismo en ocasión de la ofensiva militar de febrero de 1995, orientada mása la recuperación de territorio y control fronterizo que a la eventual aprehen-sión de algunos dirigentes zapatistas. No obstante, para el gobierno mexi-cano resulta de suma importancia la presencia y buena relación con el CICRpara su legitimación internacional. La lectura atenta de la nota del 6 de mayode 1998 habría ahorrado al gobierno de Vicente Fox incurrir en imprecisionesterminológicas respecto de la caracterización de la situación que impera enalgunas zonas del estado sureño. Estamos embarcados en una retórica porla paz sin correlato real.

El CICR ha servido para el transporte y acompañamiento de las delega-ciones zapatistas a eventos relacionados con las negociaciones. Cuando elEZLN se ha movilizado para entrevistarse con las instancias reconocidas enla ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas —y tal esel caso obvio de la Cocopa, artículos 6 y 9— se infiere que acude a esa ins-tancia para que facilite el diálogo.

Con agudeza, el subcomandante Marcos, de acuerdo a su manejo tácticode los tiempos, ha cumplido con los requisitos legales que le permiten soli-citar la participación del CICR en el traslado a la ciudad de México. Tienerazón el CICR cuando señala que la petición no ha sido hecha de acuerdo alas normas del derecho humanitario internacional; en efecto, la solicitud paraesta actividad específica de la organización debiera provenir del gobiernode México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcos es-peró a tener pactada la entrevista con la Cocopa, programada para el 12 demarzo, y fue entonces cuando anunció de sus contactos con los delegadosinternacionales. Inexplicablemente, la Cocopa no hizo las gestiones perti-nentes ante el gobierno federal a fin de oficializar, dentro del marco legalvigente, su reunión con la representación zapatista. Esa mecánica se ha re-petido en numerosas ocasiones, la última vez en noviembre de 1998, cuan-do el EZLN, en el marco de una reunión con organizaciones de la sociedadcivil, tuvo una entrevista ríspida con la instancia coadyuvante.

La ausencia de estrategia gubernamental ha llevado la cuestión por lassendas perdidas de la improvisación, las contradicciones y las acciones in-conexas. La irritación del Coordinador para el Diálogo y de otros altos fun-cionarios del gobierno vinculados a la atención del conflicto por la astucia


zapatista demuestra la evidente ventaja táctica impuesta por el EZLN. Lassorprendidas afirmaciones del Presidente Fox en el sentido de que loszapatistas no le requirieron la participación del CICR, pero que contará congarantías suficientes de seguridad, denota amplio desconocimiento del pro-ceso y sus reglas, así como ausencia de operación política.

Los actos de buena fe del gobierno federal, como el retiro de retenes y lapresentación al Congreso del proyecto de reforma constitucional redactadopor la Cocopa, fueron rápidamente insuficientes ante las tres condicionesplanteadas por el EZLN. Vicente Fox, hoy por hoy, está a la defensiva y suconducta política está siendo meramente reactiva. No podrá, en principio,desmantelar las bases militares de Río Euseba, La Garrucha y GuadalupeTepeyac, criterios de seguridad nacional y de relación con las fuerzas arma-das lo hacen inviable; no podrá lograr, en el corto plazo, los acuerdos nece-sarios para convertir en norma constitucional el texto de la Cocopa, y no sepodrá liberar al conjunto de presuntos zapatistas presos en Chiapas, Tabascoy Querétaro. En consecuencia, y dadas las tirantes relaciones entre las par-tes, no es probable la reanudación del diálogo a partir de las premisas plan-teadas en este precipitado inicio de gobierno.


EL COLOR Y EL FOLCLORDE LA TIERRA

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APOCALÍPTICOS O INTEGRADOS, UNO*

Ladies and gentlemen ¡Show time! ¡Señoras y señores, el espectáculo va acomenzar! ¡Ajústense sus botas y sus pasamontañas! El camino será largoy sinuoso, acaso un poco repetitivo, pero como hay mucha injusticia acu-mulada, mucha rabia y pobreza, habrá materia prima suficiente para estaretoma de la capital. También hay verborrea democrática y despropósitodel sentido como para “changarrizar” la inteligencia.

Negocie con su voceador, asegure sus periódicos, pero, sobre todo,arrellánese frente a su televisor. Transmisiones en vivo, mejor, más chic, entiempo real. Largas secciones sobre la caravana, la marcha india y el “za-patour”. La cultura de masas como prolongación de la política, que, a su vez,Foucault dixit, es prolongación de la guerra, idea siniestra y premodernareferida en las tesis universitarias de Guillén Vicente, alias el subcomandanteMarcos. No se las pierdan. Son dos marchas por el precio de una. La de Mar-cos es más larga, la ciudad de México es tan sólo una escala de ese viaje alfinal de la noche oscura que es el nuevo zapatismo. Luego seguirán Gine-bra, Venecia, Nueva York. La de Fox es tan sólo para agarrar un vuelo quedure seis años, escala en el 2003, ¡no reelección, bendita seas! La del Presi-dente Fox es la marcha por la paz, hoy, en esta hora, ya. Desafiando a lo real,a la densidad política y cultural de ese conflicto. La otra se llama tan sólo“cabildeando con el enemigo”. Come in baby Marcos, light my fire...

La caravana de los zapatistas es “apocalíptica”: no venimos a firmar lapaz, queremos conocer a Roque y a Bartlett. La del gobierno es “integrada”,campaña sin fin, encuesta que cuesta y no termina. Carisma contra carisma.Marcos es “cronopio”, Fox “fama”. La sociedad civil de Fox es la del azte-

* Miller Santacruz y Alan Arias.


ca, la inventó Raúl Velasco, su consigna es que “aún hay más”. La sociedadcivil del zapatismo es la que inventó Monsiváis; su consigna: somos jodidospero autocomplacientes. Demostraciones fehacientes de la crisis de la so-ciología en México.

¡Filozapatistas del mundo uníos! Id en pos de vuestros boletos, convertirel acto del estadio en una acción revolucionaria, llenad el Azteca de pasamon-tañas o paliacates, levantad vuestras pancartas, ¡ya basta de noticiarios envivo! Vosotros sois la noticia. Nunca más un concierto por la paz sin voso-tros. López Dóriga os acompaña, la fuerza de los gritos de Alatorre está convosotros y con tu espíritu, oremos, ahí estuvo Wojtyla. Los “jaguaná” y los“majuares” unidos para siempre. Aún habrá más.

Ya Boudrillard alertaba que la política devenía en espectáculo. Lo vamosa tener de sobra, en demasía... Lucha política, batalla de medios y confron-tación simbólica, a final de cuentas, una cuestión de cultura de masas. ¿Cómoescribir decentemente sobre el asunto? ¿Apocalípticos o integrados? Más alláde usar como consigna el viejo libro de Umberto Eco, conviene asentar quela utilización de los términos no supone un dilema excluyente, sino la pré-dica de dos adjetivos complementarios. El Apocalipsis es una obsesión deldisidente, la integración es la realidad concreta de los que no disienten. Losprimeros sobreviven teorizando sobre la decadencia, por ejemplo, la descom-posición del sistema priísta o la inutilidad torpe del democratismo del nue-vo gobierno. Los segundos raramente teorizan, actúan, emiten mensajesconstantemente y a todos los niveles, verbigracia, es la hora de la Paz, Méxicoha cambiado con tu voto o somos el color moreno de la patria, all rightMarcos, the color of your skin... La cultura de masas, en su capítulo de par-ticipación democrática, es el nuevo territorio de la conquista. Telefonear auna televisora significa poseer la autoridad brutal de la reprimida libertadvirtual: telefoneé para cambiar el horario, para reprimir a Marcos, para quegane el Guadalajara o para reeducar a “El Mosh”. Telefoneo, luego existo.¿Apocalípticos o integrados?

¿No estaremos ante dos modos distintos de escritura, de reflexión de lomismo? ¿Hasta qué punto los discursos apocalípticos no son el producto mássofisticado que se ofrece a las masas para su integración? Endemoniadodilema —sobre todo en la prensa escrita— para los que quisiéramos pensary escribir con decencia y distancia. El “zapatour” es también un reto inte-lectual y moral para la escritura, el periodismo y los medios. Apocalípticos


e integrados quieren enfrentar ese desafío. Tiene que ser con armas múltiples einsólitas. Para enunciarlo y referenciarlo (neologismo in nuce) literariamen-te, y terminar este texto de manera malamente periodística —según sapien-tes indicaciones de Riva Palacio—: ¿qué tanto tienen de complementarios—apocalípticos e integrados— el subcomandante Marcos, “el gatopardo delas Cañadas”, y el Presidente Fox, “el Hans Castorp de la democracia má-gica”?


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JAQUE AL REY CON PEÓN

Casi lo único que me ha gustado del arranque del periplo zapatista ha sidola imagen, ya vista, del subcomandante Marcos despojándose de sus ar-mas. Es un símbolo alentador, pero no denota esperanza. Tiene que ver conun gran logro de la nación en su conjunto, incluido, por supuesto, el EZLN—no sé si el zapatismo en su conjunto—; la sociedad civil, toda; la socie-dad propiamente política, y el Estado. Ante lo irreductible del hecho gue-rrillero de enero de 1994, México construyó una compleja e inédita opciónde solución pacífica y política del conflicto. Ése es el dato duro olvidado.Pese a todo, la tregua se mantiene y el EZLN hace política y habla.

Hace falta otro esfuerzo similar. Virtud.El significado más perturbador, quizá el más complejo en este inicio demovilización, sin duda el más criticable, resulta de haber nombrado al ar-quitecto Fernando Yáñez, el comandante Germán, enlace del EZLN con elPoder Legislativo. ¿Qué se dice con ello? Yáñez no es un demócrata desta-cado de la sociedad civil, es un dinosaurio de la trágica guerrilla de lossetentas, involucrado en sórdidos acontecimientos, ejecuciones de ex com-pañeros y dogmatismos. Es una decisión sectaria y agresiva. Autoritaria.No tiene porvenir. Dice: que todo cambie para que todo siga igual. Símbolo.


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MACABEOS, LIBRO I

Tú eres el único en levantarte contra nosotros, y por tu causa he venido aser yo objeto de irrisión y desprecio. ¿Por qué ejerces tu poder contra noso-tros desde las montañas? “Si es que tienes confianza en tus fuerzas, bajaahora a encontrarte con nosotros en la llanura y ahí nos mediremos, queconmigo está la fuerza de las ciudades” (Macabeos, Libro 1, versículos 70y 71).

Las montañas del sureste de México de cara a la fuerza de los ciudada-nos. El mensaje del gobierno de Vicente Fox al EZLN ha sido ése. Resolva-mos el conflicto pacíficamente, pero incorpórate a la institucionalidad po-lítica y reconoce la nueva democracia. Pero Marcos cree que la llanuradebiera subir a la montaña. Por lo pronto, nada le impide el desprecio y lairrisión. El asunto es de mayor profundidad y tiene relación con la conviven-cia entre los principios universales y las reivindicaciones culturales de esagran minoría de los indígenas mexicanos. La cuestión merece mayor cuida-do que la mera reivindicación de un vanguardismo mediático. ¿Llegará elmomento de la sobriedad?


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APUESTAS PRESIDENCIALES*

Quien hace política pacta con el diablo. Quien no lo entiende así es unniño, políticamente hablando. ¡Zas!, dijo Weber. Los protagonistas princi-pales de la coyuntura política mexicana actual, el subcomandante Marcosy el Presidente Fox, definitivamente no son niños de esos de los que ha-blaba el viejo Max. La prueba: Fox es capaz de convencer a José Sarama-go, quien, bienaventuradamente, sí es un poco niño en política, pero pareceque no con las palabras, dice: “Si yo hago un juicio por las palabras delPresidente... creo que sí... que la voluntad del gobierno es llegar a la paz...también resolver todos lo problemas de los indígenas de Chiapas o no Chia-pas...”, ¡zas!

Saramago, quien no ha de hablar bien inglés, pero que sí lo entiende, quizáno leyó el Wall Street Journal del 21 de febrero; dijo Fox: “Creo que estaráabsolutamente claro en pocas semanas quién desea la paz y si la vamos aconseguir. Si no es así, la opinión pública estará conmigo, ya que estoy otor-gando todo lo que Marcos pide. Así que para mí es una buena jugada”. Ycomo de jugar se trata, pues que apuesta la Presidencia. ¡Toma! Ni modo,habrá que hacerse como niños para entrar al reino de los cielos; mientrastanto, el diablo es el que tiene sobre Dios las más vastas perspectivas. ¡Azúcar!



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LA PAZ FOXIRIANA*

Fox sigue en su marcha por la paz. Dice que Marcos viene a sumarse a lainiciativa del gobierno. La operación emplaza políticamente al Congreso,incluidos los legisladores del PAN, en especial al barbado don Diego. Elprobable estancamiento de la voluntad presidencial sería culpa del PoderLegislativo. Un Congreso opuesto a la paz anhelada, a las firmas y al rocktelevisado.

Marcos se previene; declara que sin sus “señales” cumplidas, ni siquierase iniciará el diálogo con el gobierno federal. Los “duros” del EPR, conmo-vidos por la irrupción del viejo espíritu guerrillero del enlace zapatista conlos legisladores y los líderes de los partidos, minimizan las diferencias y con-cilian, anuncian seguridad a la caravana. En el avance a la gran Tenochtitlánse invita a los tlaxcaltecas, conocedores históricos de tales situaciones.

El ser verdadero se manifiesta cuando el talento decae. Deja de mostrarlo que sabe hacer. El talento es también un adorno que cuando comienza afallar se convierte en disfraz. Muy acorde con el fin de los carnavales.

1 de marzo de 2001


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CABALLO-SIETE-ALFIL-DEL-REY*

El juego estratégico (juego mágico, hubiera gruñido Juan Ibáñez, quien ya sefue) continúa. Mueve Marcos, Alfil-cuatro-Dama. Nombra, por fin, un enla-ce con el Congreso y los partidos. Buena onda, luego de tanto tiempo, uncontacto, pero... es el comandante Germán, reaparecido, el muerto vivo. ¡Sapo¡A tragar. Veloces los comandantes Jimmy (Martínez Veloz) y Joe (Narro) dela Cocopa, alborozados se tragan el sapo sin decir agua va. Martí Batres yCárdenas Batel. Corren presurosos. El PAN respinga pero mastica. DiegoFernández mejor ni se entera. Carlos Rojas, del PRI, sereno el moreno, locome sin chistar. Por su parte, Fox, en pleno baño de indios, ahora con losmazahuas, insiste en que el EZLN viene al apoyo de su iniciativa. Sana, sana,este no es de sapo que es de rana. Dongo le dio a Borondongo.

El subcomandante Marcos flexibiliza posiciones. En primer lugar, adop-ta, como parte de su sencilla indumentaria, unos audífonos con un micrófonohands free como un modesto homenaje —de comunicador a comunicador—a Jacobo Zabludovsky y sus imperecederos grandes audífonos. En segundolugar, pero tan importante o más que lo anterior, se muestra conciliador. Noelige cualquier asunto, sino uno decisivo. Que siempre sí acepta cambios a lainiciativa Fox-Cocopa de reformas constitucionales. ¡Cómo! ¿Qué pues? ¿Noque ni un punto ni una coma de menos? Caballo-siete-Alfil-del-Rey. ¿Alguienha dicho intransigencia? Legisladores a sudar. Diego y Bartlett se preguntan¿tomamos el caballo? Gambito en curso. Borondongo le dio a Bernabé.

2 de marzo de 2001


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MARCOS: MENSAJES CIFRADOS*

* Alan Arias y Carlos Ballesteros.

La larga marcha prosigue, pese a incidentes desafortunados. Como la queen su momento encabezó Mao, es una medida pensada para ganar apoyopopular. Pero a diferencia de la protagonizada por los comunistas chinosno es una retirada, sino un avance estratégico. La dirigencia zapatista hamanejado muy bien el aspecto emocional de la comunicación política y losresultados están a la vista. Pese a los intentos por banalizar la moviliza-ción, lo cierto es que al paso del líder mestizo la gente ha respondido demanera espontánea y no pocos han dado muestras de estar dispuestos acomprometerse más allá de la participación civil. Además, el EZLN halogrado el apoyo tácito, aunque ominoso, de grupos radicalizados, como elEPR y el ERPI.

Marcos tiene en sus manos un importante capital político. Sin embargo,no es un líder como cualquier otro. Es, ante todo, el jefe político-militar deuna organización guerrillera y, por tanto, con relaciones muy complejas enel mundo de la clandestinidad revolucionaria. De allí la necesidad de ma-nejar un doble plano discursivo que pudiera convertirse en un obstáculomayor para alcanzar el anhelado acuerdo entre el gobierno y la insurgencia.No por dejar las armas en Chiapas se define un nuevo perfil para el EZLN.La muestra más evidente es el nombramiento de un representante ante elCongreso de la Unión y los partidos que está claramente identificado con lasposiciones más beligerantes de la vanguardia armada.

El mensaje tiene dos filos. Primero, es un signo para todos los partici-pantes de organizaciones radicales que siguen pensando que la democra-


cia es un instrumento de opresión de la burguesía. Al poner en un primerplano a Fernando Yáñez se dan garantías de que el EZLN continúa siendoun movimiento inasimilable por el sistema. La gran marcha sería así untriunfo político para un sector que ha vivido en la marginalidad desde losaños setenta. Ver las muestras de apoyo a una figura emanada de ese ám-bito debe de ser sumamente estimulante para los herederos de Genaro Váz-quez y Lucio Cabañas. Pero, en segundo lugar, es una advertencia al go-bierno de que la negociación está predefinida por los compromisos del EZLNcon una línea intransigente en lo que se refiere al cambio de fondo de las con-diciones sociales y políticas. La incorporación de Fernando Yáñez sería,así, la punta de lanza para lograr el objetivo general de poner al gobierno enuna situación crítica. Con todo el espacio ganado a escala de la opinión pú-blica, y dado el enorme compromiso asumido por Vicente Fox, la negati-va zapatista a aceptar cualquier acuerdo tendría un elevado costo políticopara el Ejecutivo Federal. El Presidente está obligado, por tanto, a prose-guir con una estrategia de concesiones que no se ve compensada por actosrecíprocos.

Sin embargo, Marcos ha enviado otro mensaje cifrado; según versionesde los representantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa)les ha dado a entender que estaría dispuesto a aceptar modificaciones a lainiciativa de reforma constitucional elaborada por esa instancia de coadyu-vancia. Los cambios tendrían que limitarse a cuestiones de técnica jurídicaque no desnaturalicen el texto original. Hay aquí una muestra de flexibi-lización que le fue imposible obtener al gobierno anterior. Aun así el margenes muy estrecho y será muy difícil para Vicente Fox esquivar los escollosque han puesto su propio partido y el PRI. El problema es que la llamada leyCocopa requiere de un análisis de fondo para evitar inconsecuencias con losgrandes principios de la soberanía, la igualdad de todos ante la ley, unidadnacional, integridad territorial y los regímenes de propiedad. Marcos sabeque la discusión será sumamente complicada y que la paz en Chiapas nopuede obtenerse al precio de una crisis del sistema constitucional vigente.De hecho, cabría pensar en que la reforma en materia de derechos y culturaindígenas podría ser un punto de encuentro entre las demandas por el reco-nocimiento de una situación de desigualdad y el difícil proyecto de revisiónintegral de la Constitución propuesto por Vicente Fox. ¿Puede entendersela flexibilización del EZLN como una señal al Ejecutivo?


Vistas así las cosas, prevalece la incertidumbre en un juego político querequiere de una gran sutileza y en el que se ponen en riesgo tanto la credibi-lidad del gobierno como la estabilidad política de, por lo menos, el surestedel país. El EZLN va ganando la partida al desmantelar el bloqueo al queestaba sometido y elevar el costo del eventual inicio de negociaciones, sinentregar un solo cartucho. Pero Vicente Fox también cuenta con importan-tes ventajas políticas. Su aquiescencia con la izquierda extraparlamentariaemplaza al Congreso a aceptar un nuevo diseño o arquitectura constitucio-nal con resultados todavía impredecibles. La cuestión más delicada seríallegar a las negociaciones de paz, una vez cumplidas las tres condicionesfijadas por Marcos. De concretarse, tales pláticas podrían volver a incluirlos aspectos relacionados con la democracia y la justicia, tal y como estabapensado originalmente.

Vale la pena seguir los mensajes cifrados entre los principales actores delconflicto en Chiapas. A través de ellos podremos entender, quizá, cuál es elsentido de un proceso sumamente peculiar en el que puede definirse un nuevoescenario político. Los principales interesados en este análisis deberían serel Congreso y los partidos que, por lo pronto, parecen sufrir la condición deconvidados de piedra.

2 de marzo de 2001

[73]

RIESGOS DE CONFRONTACIÓN

La caravana zapatista deberá entrar en su fase de mayores contenidos enlos próximos días. La reunión del Congreso Nacional Indígena marcará unapausa reflexiva. Sobre el controvertido texto de los Acuerdos de San An-drés versarán las discusiones de esa importante organización del movi-miento indígena, que no la única ni necesariamente la mayoritaria. La in-fluencia decisiva del EZLN en esa organización y, particularmente en eseencuentro, contribuirá a minimizar viejas diferencias y ofrecer ante la opi-nión pública inadvertida la impresión de una representatividad que objeti-vamente no tiene. La marcha se indigeniza.

El problema de cómo conciliar los derechos generales del conjunto de losciudadanos con los derechos de la gran minoría de los mexicanos indígenaspodría encontrar una modulación propia y renovada. Sería de gran trascenden-cia que los liderazgos de grupos indígenas afines al EZLN se acerquen a al-gún tipo de consideración automática. El reconocimiento de los derechos delas minorías implica riesgos graves de confrontación de los pueblos que nopertenecen a sus grupos y de represión de los disidentes internos. Los nuevosderechos no pueden atarse a la reproducción indefinida y sin salida de las di-ferencias. Los derechos de las minorías han de limitarse por los principios dela libertad individual, la democracia y la justicia social. La reforma constitu-cional en materia indígena no puede restringirse a la cuestión de la solucióndel conflicto en Chiapas, ni siquiera estar orientada a los 11 millones de mexi-canos pertenecientes a alguna de las muchas etnias; se debe legislar pensan-do en todos y para el bien de todos, incluidos los 90 millones de mestizos.

3 de marzo de 2001

[75]

NURIO Y LAS LIBERTADES DE LOS INDIOS

La discusión de las organizaciones indígenas cercanas al EZLN en Nuriodebiera ser la oportunidad para un debate de ideas, antes del entusiasmoy la ebriedad de masas y medios que nos aguardan. Uno de los temas defondo consiste en repensar las relaciones del Estado mexicano con una mi-noría indígena enorme (México no es Canadá ni Colombia, no podemoscopiar), la cuestión de redefinir las nuevas modalidades del carácter multi-cultural de la sociedad mexicana. El texto de los Acuerdos de San AndrésLarráinzar, interesante, pero no concluyente, tan sólo lo enuncia, no loresuelve. Deviene acumulación de demandas políticas para una lucha sincuartel contra la Constitución liberal. No en vano el EZLN reivindicaprogramáticamente un gobierno de transición y una nueva Constitución(coincidencias y suspicacias aparte). Su traducción a norma constitucio-nal la heredó la Cocopa y no pudo con ella. Ahora le toca el turno al Con-greso.

El debate multicultural llevado abruptamente al terreno jurídico es de altadificultad y de graves consecuencias. ¿Es viable que una teoría de los dere-chos construida con base en nociones individualistas haga justicia a deman-das de reconocimiento que suponen la articulación y la afirmación de iden-tidades colectivas?

Haciendo abstracción —lo cual sólo es posible en un domingo meditabun-do y luminoso, es decir, sólo teóricamente— de las armas y los muertos, laretórica mediática y la demagogia, lo sintomático del neozapatismo consis-tiría en ser un movimiento de emancipación de nuevo tipo. Acción y discursode grupos minoritarios en desventaja, vulnerables, cuyos objetivos políticos


colectivos debieran entenderse, primordialmente, en clave cultural, no obs-tante también estén en juego desigualdades socioeconómicas y sujecionesy marginalidades políticas.

4 de marzo de 2001

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UTOPÍA DE LAS MALAS*


Terminó la asamblea del Congreso Nacional Indígena. No se discutió dema-siado, según se ha informado, más bien poco. De las ideas que se han vuel-to a plantear destaco una, de las concusiones del acto, dotada de gran ri-queza polémica. “Impulsar la reconstrucción de los pueblos” (indígenas uoriginarios): la resonancia es milenarista. Se trata de una propuesta de ac-ción que desafía a la imaginación, en verdad; más difícil que resistir al “neo-liberalismo” o, incluso, que hacer la revolución.

Promueve una ilusión, induce un efecto emocional, pero está lleno de di-ficultades y ambigüedades. Es una proyección del imaginario colectivo delmovimiento, un tema problemático, casi un lapsus, que tiene connotacioneshistóricas y políticas, jurídicas y antropológicas corrosivas de la estructurateórica básica del discurso zapatista.

Habrá algunos mestizos o indígenas, sentimentales y pseudoilustrados,que se emocionen. Es una pena, no hay sustento. No existe —más que la víalingüística y vulnerada— conexión entre los grupos indígenas actuales consus ancestros originarios, el trauma colonial es devastador; los indígenasmexicanos —confusiones terminológicas aparte— no se han organizado, nisubsistido, ni desarrollado como pueblos. Por otro lado, los pueblos indios,entendidos como sujeto jurídico de derecho resulta ser uno de los concep-tos más debatidos en el derecho internacional, motivo del estancamiento dedocumentos consagratorios de derechos para los indígenas en la OEA y enla ONU; incluso, el célebre Convenio 169 de la OIT acota su sentido, al


diferenciarlo del concepto jurídico de pueblo de uso común en el derechointernacional. Así que reconstruir a los pueblos es una utopía de las malas.Es un mito, es decir, una mistificación. Pero es bonito decirlo.

5 de marzo de 2001

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EL ENCANTAMIENTO DE LA T.V.

Hay un exacerbado debate nacional sobre el zapatismo, el subcomandanteMarcos y, también, sobre la cuestión indígena. Hay dos motivos de fondoque pueden ayudar a entender su ferocidad y, de paso, advertirnos sobre lagravedad de los temas y lo crucial de las soluciones políticas que logrenimponerse. El primer motivo lo constituye el efecto perverso del, notable yterrible, desarrollo del país durante el siglo XX. Acaso más de la mitad dela población está marginada de los circuitos de la política y la cultura; entérminos económicos, 40 millones están excluidos del mercado. Las cifrassobre pobreza extrema son de escalofrío. ¿Cómo redefinir el sistema polí-tico con ese vacío?, ¿qué pacto social puede construirse? La segunda ma-triz explicativa es de índole propiamente política, la alternancia —que, porcierto, no es una categoría consistente con el transicionismo desbocado delmomento actual— ha recreado el mito del nuevo proyecto nacional. Loque tenemos es una insuficiencia dura de instituciones democráticas, ausen-cia de una cultura democrática sólida, moderna; ante tales carencias —conuna opinión pública vociferante e ignorante, en términos generales— esta-mos tentados a comprender el proceso político bajo una perspectiva popu-lista y/o mediática. Fox y Marcos; Marcos o Fox.

Por ejemplo, Enrique Krauze, el historiador y crítico político —que pre-sume con buenas credenciales de liberal— se ve desbordado por la vorági-ne política del foxismo-zapatismo- pensamiento-nueva nación-nueva Cons-titución y suelta impertérrito que la preeminencia política y mediática actualdel EZLN obedece a “una sincera convicción moral” del Presidente Fox yno a un cálculo político.

Acepta que tal moralismo en política puede ser “riesgoso”, pero confíaque se trate de “un milagro de concordia y pacificación”... ¿Y la juiciosa se-


paración liberal de los valores respecto de los hechos?, y, sobretodo, ¿el im-perativo moral de la política de responder a criterios éticos de responsabili-dad y no de convicción? Tendría razón don Francisco de Goya y Lucientes:el encantamiento del mundo y la televisión producen monstruos.

5 de marzo de 2001

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APOCALÍPTICOS O INTEGRADOS, DOS*


En la reunión del Congreso Nacional Indígena, clausurada ayer, se handesnudado, poética del buen salvaje aparte, algunas de las limitaciones yriesgos de la cultura política del movimiento zapatista. El EZLN y muchosde sus adherentes y simpatizantes enfrentan una antinomia grave respectoa la democracia. La democracia inherente al movimiento y su balbuceantediscurso siguen en un curso protopropedéutico. En el “mito del pasadoacadémico” del subcomandante Marcos, la cuestión de la democracia notuvo suerte y no fue su fuerte, Bobbio lo convenció rápido de que tienemuchos problemas y es muy difícil.

En el largo empeño mexicano por la democracia, centralmente la electoral,la retórica de la “transición” sigue causando estragos a diestra y siniestra.Conceptualmente, la izquierda y la derecha están indigestadas de transi-cionitis cronicus, algunos constipados y otros sueltos, pero la jerigonza deltransicionismo no quiere salir de la escena y el debate se atiborra de un ba-tiburrillo de nociones, temas, niveles y términos. Fox, Macedonio el “inefa-ble y omnipresente”, Carmen Salinas, Amalia, Lorenzo Meyer, GuadalupeLoaeza, Ferriz junior y hasta doña Marta Sahagún han levantado un edifi-cante discurso de la transición que no se sabe bien si ya acabó o apenascomienza, pero que ya reclama una revisión integral de la Constitución y, sise descuidan y no son apoyadores y echados “p’alante”, un nuevo Congre-so foxista-zapatista, pensamiento Mao Ze Dong, que repiense desde el 2 dejulio la vida toda. ¡Uf! Escuchamos delirios privados vueltos públicos, comoel escrito por Manuel Camacho “el insondable”, de que la alternancia en lapresidencia se debe a la insurrección del 1 de enero del 94.


Medina Viedas, aquí en este zapatour, ha buscado emplazar con mejorsentido este anhelo de ver democrático y transicionista al EZLN, señalandoque el movimiento buscaría una “revolución en la transición”. ¡Toma can-dela! Podría ser una reflexión interesante, siempre y cuando se asuma, conrigor y atendiendo a sus consecuencias, la poca química (es la nueva cien-cia política muy de moda para hablar de las relaciones en el foxismo) delzapatismo con la democracia.

La ideología zapatista implica una explosiva combinación del autorita-rismo de izquierda —que dicho a la mala nos remite al stalinismo o al ase-sinato de Roque Dalton, por ejemplo, y que dicho a la buena podría expli-carse por la valoración prioritaria de la igualdad y la justicia como el fin quejustifica los medios en detrimento de la libertad y la crítica— con el comu-nitarismo indígena —hijo putativo de la novohispana cultura política de laColonia, la mayoría de sus usos y costumbres incluidos, y del invento afran-cesado y revolucionario del buen salvaje de Rousseau. Esa combinación esletal a la democracia. Tiene al consenso como ídolo. Como el consenso es mu-cho más defectuoso, en términos democráticos, que la modesta regla demayoría, basta un voto en contra o una voz disidente para aguar la fiesta—preguntar a la Cocopa si no es cierto—, pues se calla, se expulsa o se eli-mina a los que discrepan, y la fiesta en paz. Por la revolución todo, contraella nada, es la premisa que orienta el mandar obedeciendo.

En la reunión de Nurio, pese a lo que se quiera decir, no ha habido discu-sión, ni debate libre, ni asomo alguno de autocrítica. Ha habido conclusio-nes por consenso, voto de calidad de la delegación zapatista, exclusionespolíticas, retórica indiano-naturalista y hasta una especie desagradable deracismo a la inversa, pues sólo los indígenas tuvieron derecho a voto. Esde pensarse que por eso Marcos echó montón. Para aderezar el guiso, susintelectuales orgánicos desvarían por la emoción y —ojalá sea por eso, porsentimentales y añosos— predican contra su propio oficio, ofrendan un re-galito al neozapatismo, el antiintelectualismo. Van tres señales:

Una. Pablo González Casanova, apocalíptico e inquisidor, sentencia queel momento histórico de la definición ha llegado. Unos contra otros.Apocalípticos revolucionarios e integrados ojetes. Los justos, ala diestra delPadre, en favor de los derechos indígenas; los infieles, candidatos a algunode los círculos —que no de estudio— del infierno de Dante, los que se opo-nen. De esa raza maldita, algunos son cínicos porque lo dicen abiertamen-


te, otros falaces y mentirosos que inventan problemas jurídicos o políticos.Los peores, sin embargo, son los enredadores que dicen que hay que estu-diar más el problema. ¡Ay, mi doctor! Mi estudioso intelectual, mi fecundoprefacista, don Pablone. ¿Y si resulta que el compromiso del intelectualcomprometido fuera, ante todo y en primera instancia, con la legalidad pro-pia de su propio quehacer, con el código intrínseco de las disciplinas y/ociencias a las que se dedica, con independencia de los valores y causas conque se simpatiza?

Dos. Luis Villoro, menos obvio o más sagaz, quiere igual que el coman-dante Germán, que la discusión de la iniciativa Fox-Cocopa de reformasconstitucionales se restrinja a correcciones de pura “técnica jurídica”, en-tendida como mero formalismo, incompetente para alterar la naturaleza osustancia de las propuestas. El viejo Mario de la Cueva, de por sí ya agitadopor las ideas del Presidente Fox sobre la Constitución —como tiene 400 cam-bios ya no sirve, entonces, implacable condicional lógico, si no hubiera ja-más cambios estaría a todo dar—, hace tronar su voz desde ultratumba.

Tres. La cereza en el pastel le corresponde a Herr Hermann Bellinghausen,el integrado cronista oficial del EZLN, el apocalíptico corresponsal de gue-rra. En su crónica de la asamblea de Nurio, luego de poetizar facilote conlos nombres de las etnias, hacer respirar las danzas en los micrófonos, vera los pobres avanzar con sus riquezas, las montañas afilarse, el cielo grandey las anchas tierras... ¡puf! ¡Cuánto kitsch! Don Hermann, una leidita a WaltherKilly en su Deutscher kitsch, por favor. Los indios, de veras, créelo, no vi-ven siempre en trance poético, hay unos buena onda y otros medio canijosy no bailan bien la rumba, qué le vamos a hacer, la bailan chistoso, lo cual,pues está muy bien, ni a las cubanas se les dan bien las mazurkas, ni las polkasa los flamencos. Pues luego de todo eso, concluye su mítica crónica, a con-trapelo de lo que ocurrió verosímilmente en un encuentro de ese tipo, dicien-do que la reunión de Nurio “es una reunión fundamentalmente armónica,donde todos están de acuerdo en lo esencial”. La crónica periodística alservicio de los mitofílicos.

Concluyo. La democracia es una encrucijada para un movimiento comoel que encabeza el EZLN. Es, de alguna forma, normal. Su origen guerrille-ro; su fe en la violencia que redime; la clandestinidad; su intimidad con lasarmas; el peso de las tradiciones indígenas, que refuncionaliza su izquier-dismo antidemocrático; el antiintelectualismo de muchos de sus intelectua-


les; el feroz protagonismo de su líder, lo kitsch de sus cronistas... ¿No sonsuficientes razones y motivos para discutir el tema en el seno de sus mili-tantes y con sus simpatizantes?, ¿no debiera debatirse en la opinión públi-ca, en la academia, en los partidos? Más importante todavía, debatir por laimportancia del zapatismo en el movimiento indígena y en la cultura políti-ca del país, particularmente en las izquierdas. Mientras tanto, el Congresoy el gobierno, sus interlocutores próximos, debieran alertarse, afirmar yasegurar las condiciones democráticas del diálogo.

5 de marzo de 2001

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REPETIDA TENTACIÓN

La reiteración ad nauseam de los problemas y las dificultades para en-contrar salidas viables llevan al olvido de los orígenes. Bien dijo el viejoNietzsche que el final está en el comienzo. Ahora que la caravana del Ejér-cito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se apresta a una de susmetamorfosis mejores, simbolizar, o vilmente parodiar, al Ejército Revo-lucionario del Sur, a los originales zapatistas que ocuparon la ciudad deMéxico la noche del 24 de noviembre de 1914, durmiendo donde durmie-ron, entrando por Milpa Alta y Xochimilco, por donde llegaron hasta elzócalo y el Sanborn´s de los Azulejos, cafeteando donde chocolatearon,como lo harán Marcos y los suyos, ahora, quizá, conviene rememorar el co-mienzo.

Decía el subcomandante el 1 de enero de 1994: “Por lo tanto, y confor-me a esta Declaración de Guerra, damos a nuestras fuerzas militares delEjército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes: Primero.Avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejercito federal, protegien-do en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblosliberados elegir, libre y democráticamente, a sus propias autoridades admi-nistrativas”.

Es muy probable que el subcomandante Marcos mantenga una relaciónde amor-odio con John Womack junior, el historiador estadounidense autor deun libro clásico sobre Emiliano Zapata, luego defensor del salinismo y quetambién escribió un librito sobre la revuelta zapatista y sus relaciones conSamuel Ruiz, ex obispo de San Cristóbal. Sobre la epopeya zapatista, laprimera, Womack comienza así su relato: “Éste es un libro acerca de unoscampesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una re-


volución. Nunca imaginaron un destino tan singular”. La tentación de repe-tir, de nueva cuenta, que la historia ocurre como tragedia y después repitecomo comedia, es, casi, una repetida tentación.

6 de marzo de 2001

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CIUDAD ABIERTA*


El inminente y esperado arribo de Marcos al Distrito Federal, por el caminitoescolar pautado por Emiliano Zapata, tiene ya para los citadinos, incluidoslos de la provincia capitalina de Milpa Alta y, un buen número de románti-cos de toda especie, anarquistas deambulantes y políticos realistas y prag-máticos, para remitir a la trilogía de Hermann Broch —ni modo, la culturaexcéntrica como consuelo ante el mundo; ¡puf!, el carácter de una efeméridenacional y mundial. Mundanidad de mundanidades, todo es mundanidad.

La fiesta del héroe epónimo se acerca a su estallido, el epítome de la sín-tesis simbólica y sincrética que dará comienzo en esa especie de domingode ramos revolucionario. Aunque, esta ciudad, ojerosa y pintada, no hay queolvidarlo nunca, ha recibido con entusiasmo a tirios y troyanos. Dio la bien-venida con hosannas a Hernán Cortés, al virrey Antonio de Mendoza, alfuturo emperador Iturbide, muchas veces a Antonio López de Santa Anna,a Maximiliano de Habsburgo, a Benito Juárez, a Porfirio Díaz, a Madero, aCarranza, a Zapata y a Villa, a Plutarco Elías Calles, también a De Gaulle,a Kennedy, al Papa y a Fox.

A muchos otros los ensalzó y admiró y, ahora, otra vez, ojerosa y pinta-da, con las campanas a vuelo, se acicala para recibir al guerrillero sin ros-tro. Ligera de cascos ideológicos e históricos resulta ser nuestra muy bellay muy leal ciudad de México.

8 de marzo de 2001

CIUDADANÍA MULTICULTURAL

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PINZA AL LEGISLATIVO

El Presidente Fox prácticamente ha monopolizado la interlocución públicacon el subcomandante Marcos. Vanidad de vanidades. El costo político essumamente alto. No todo puede ser vanidad. No le queda ya al gobiernoninguna otra instancia —sea de benevolencia o de dureza— en la estructu-ra del Poder Ejecutivo. Marcos feliz. Ni Santiago Creel, ni Rodolfo Elizondohan gravitado en la coyuntura de las dos marchas, la de Fox por la paz, ladel EZLN para cabildear con el Congreso. Ha salido a la palestra Luis H.Álvarez, con su capital político históricamente acumulado; ha apostado porFox. Su mensaje, con lenguaje benevolente, emplaza, sin embargo, equí-vocamente al Congreso.

El Poder Legislativo, con su inmadura composición plural, con gruposparlamentarios de partidos con crisis de identidad, constituye, pese a todo,la instancia de institucionalidad y de posible discusión racional más viable,no obstante su vulnerabilidad, en las actuales circunstancias. La pinza (¿es-tratégica?) envuelve al Congreso. De un lado Marcos y la obsecuente yobsequiosa Cocopa —caballito de Troya—, y, del otro, el gobierno federal.

Dice el Comisionado Luis H. Álvarez que el Legislativo debe hacerse car-go de las críticas a la iniciativa de reformas presentada por Fox. Perdón donLuis, pero no. Al contrario, la crítica mejor, la jurídicamente más rigurosadebe darse precisamente en su seno. El PAN está en contra hasta que digalo contrario El texto redactado por la Cocopa no recibió el aval de los parti-dos representados en ella. Tanto, que el PAN, el PVEM y, de algún modo,el PRI decidieron presentar formalmente sus propias iniciativas. El Congresono es responsable de solucionar el conflicto, “de lograr la paz” como dicenalgunos “cocopos”, no señores, ésa es tarea del Ejecutivo. La responsabili-dad de los senadores y diputados es legislar bien. Nada más y nada menos.


En la desmesura imperante de propaganda y confusión mental, destaca elacuerdo de la subcomisión del Senado responsable del anteproyecto de dic-tamen.

Es un trance difícil. México, bajo el impulso del EZLN, lo que es su de-recho y su convicción, pero también con la ligereza del gobierno, puede su-cumbir a la tentación de optar por vías extrainstitucionales para solucionarsus problemas. Los “monos blancos” de la marginalísima izquierda europeaextraparlamentaria no lo podrán creer. México mágico, paraíso de la inver-sión y los negocios. ¡Ah!

7 de marzo de 2001

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LOS DESAFÍOS DEL EZLN

La toma simbólica del centro político e histórico de la nación por elsubcomandante insurgente Marcos y sus nuevos zapatistas constituye unpunto de inflexión decisivo en la historia del conflicto político-militar, quesi bien no es sinónimo de guerra, no excluye un emplazamiento estratégicode naturaleza bélica. Con Marcos y los suyos marchando por la avenida20 de Noviembre se hará evidente la ofensiva para concluir el aislamientoy el silencio. Comenzará una nueva fase de asedio a las instituciones, lle-gará el momento de la expansión y la apertura.

En un lenguaje más político, el corte consiste en capitalizar al máximola ola de la alternancia en el poder, el entusiasmo gubernamental por unasolución rápida y las expectativas confusas de la sociedad civil, en especialde las masas empobrecidas y marginadas del desarrollo. La gran moviliza-ción hacia la capital, por cierto sin ruta establecida de regreso, se arraiga yse concentra en un inédito cabildeo con el Poder Legislativo, convertido enespectáculo, acerca de la reforma constitucional en materia de derechos y cul-tura indígenas. Amén de sentidos insólitos, como es el de un grupo guerrillerodesarmado que, en los hechos, reconoce un poder legalmente establecido yapoya activamente una iniciativa del Presidente de la República, la presen-cia y la fuerza política del zapatismo reabre una polémica ancestral.

Se trata de una discusión multidimensional, histórica, antropológica, social,política y cultural, que culmina y decanta en debate jurídico constitucional.Es una cuestión de vieja data cuyo tema se ha modulado de diversas maneras.¿Tienen alma los indios?, ¿son humanos?, ¿son genuinos propietarios?, ¿tienenderechos?, si los tienen ¿se les reconocen o se les otorgan? De fray Franciscode Vitoria, el padre Las Casas, las Cortes de Cádiz hasta Rawls y Dworkin,Walzer y Taylor, Habermas y Kymlicka ha transcurrido la disputa.


Como puede observarse, la discusión es antigua y muy amplia, misma queen nuestros días podría esquematizarse como una controversia entre liberalis-mo y comunitarismo. El punto central radica en lo que se ha denominado elmulticulturalismo, que asume el hecho de que en los Estados nacionales con-fluyen gran diversidad de culturas, etnias y formas de organización social,que, bajo configuraciones particulares y específicas, requieren del recono-cimiento u otorgamiento de los derechos de las minorías y las identidades.Estos son los temas nodales a los que remiten los Acuerdos de San AndrésLarráinzar y las diversas interpretaciones jurídicas que de ellos se han deri-vado y que hoy están en juego, en virtud de la perentoria necesidad políticay social de elevar a rango constitucional los derechos de más de 10 millo-nes de mexicanos indígenas. Ésta es la tarea que tiene, en principio, el Se-nado de la República. No es una labor legislativa de poca envergadura, peropuede contribuir a la solución negociada del conflicto. Sin embargo, el Con-greso no debiera asumir una responsabilidad que no le corresponde, sino quees incumbencia propia del Poder Ejecutivo, mandatado, por ley, a negociarcon el EZLN una salida política.

Conviene, en consecuencia, tener presente que el diálogo con la guerrillazapatista está, lo que es un precedente a nivel internacional, normado por la ley.Ante lo vertiginoso de los hechos, el gobierno y la Cocopa parecen olvidarlo.Es pertinente enmarcar, en consecuencia, todas las medidas y las acciones deeste complejo proceso desde la perspectiva de los instrumentos legales cons-truidos para realizar las negociaciones, por más que las nuevas circunstanciasapunten a una probable redefinición. Tal es el caso de la designación de Fer-nando Yáñez, alias el comandante Germán, con la carga política que conlle-va, puesto que se ha constituido, en la práctica, en una figura que realiza fun-ciones que corresponderían a la instancia de mediación, que en su momentopresidiera y disolviera el obispo Samuel Ruiz. La Ley para el Diálogo, laConciliación y la Paz Digna en Chiapas señala que la mediación deberá seraceptada por los negociadores de las partes. La obsequiosidad de los miem-bros de la Cocopa, explicable sólo por un afán protagónico excesivo, ha pro-piciado omisiones en el cumplimiento de sus tareas de coadyuvancia esti-puladas en la ley o producto de experiencias anteriores, y es previsible queconceda, sin más, las propuestas que habrá de hacerle el EZLN.

La reunión del próximo lunes 12 de marzo entre la representación delEZLN, encabezada por el subcomandante Marcos y el comandante Germán,


y la instancia de coadyuvancia y facilitación, la Cocopa, precisará el formatodel primer encuentro o encuentros del grupo inconforme con el Congreso dela Unión. Conviene no perder de vista que el 15 de marzo se inicia un nue-vo periodo de sesiones, por lo que se realizará, obligatoriamente, una reuniónde Congreso General, a la que concurren tanto diputados como senadores,situación propicia para que el EZLN, con la fuerza de su movilización polí-tica e influencia mediática, presione para que se le otorgue el uso de la tri-buna para dar a conocer la posición del zapatismo sobre los contenidos dela reforma constitucional. Eso no obsta para que posteriormente, durante suestadía en la capital, se entrevisten con las comisiones legislativas respon-sables de elaborar el dictamen de modificaciones a la Carta Magna.

La situación es legalmente confusa, simbólicamente relevante, aunque de-bería preocupar más, en términos políticos, la radicalización discursiva deMarcos y el aliento subversivo de los planteamientos previos a su arribo alD. F. Tal es caso de algunas de las conclusiones de la reunión del CongresoNacional Indígena, como el programa del “levantamiento indígena nacio-nal pacífico”, que supone, entre otras acciones ilegales y de graves conse-cuencias, la instauración de municipios y regiones autónomas y la recupe-ración de recursos naturales, tierras y territorios. Este programa de acciónha sido fraseado por Marcos como un ambiguo llamado a desafiar al gobier-no, tanto para la paz como para la guerra. El emplazamiento culmina con elacercamiento táctico y estratégico con algunos de los grupos guerrilleros queoperan en el estado de Guerrero, como el EPR, el ERPI y las FARP.

Puede ser que no se trate de un problema de seguridad nacional y que,efectivamente, se trate de una marcha por la paz, como ha dicho el gobier-no, pero valdría la pena advertir tales contenidos y no festejar, sin ton ni son,una movilización social fuerte del disenso armado.

8 de marzo de 2001

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EZLN Y CONGRESO,¿QUIÉN PAGA LOS COSTOS?

A una semana de la importante concentración en el zócalo, la movilizacióndel EZLN comienza a desarrollar otras modalidades. El tejido de alianzascon movimientos y organizaciones, tales como sindicatos de la UNT, estu-diantes politécnicos, grupos de académicos e intelectuales y ONG, se vacruzando. La vertiente internacional retoma su fuerza y esboza un derrote-ro esperado, la caravana zapatista habrá de continuar, relativamente pron-to, por Europa. Bruselas, Ginebra, Venecia, París, las ciudades de las pere-grinaciones disidentes y de las organizaciones de liberación nacional yaapuntan en el itinerario del grupo insurrecto con buenas posibilidades deobtener, de facto, su reconocimiento como fuerza beligerante.

Mientras tanto, el EZLN perece fijar una agenda más allá de la reformaconstitucional en materia de derechos y cultura indígenas. De ser así, elcálculo acerca de un estancamiento del proceso legislativo o de la aproba-ción de una reforma constitucional, desde su perspectiva inaceptable, suponeuna utilización del tema indígena como presión al gobierno en vista a exten-der el potencial de movilización del zapatismo. La pifia, inexplicable, de losliderazgos del Congreso al presentar un formato de interlocución poco se-rio le ha facilitado las cosas a la dirigencia rebelde. En primer lugar, el pa-pel sin membrete y sin firma no era una ofensa, tan sólo una tontería —lotenía que haber firmado el Presidente del Congreso, el panista Ricardo GarcíaCervantes—; en segundo término, lo escuálido de la representación legis-lativa propuesta, restringida a las comisiones, sin incorporar a las mesasdirectivas de las Cámaras y debilitando las condiciones del espectáculomediático hacían previsible el rechazo de Marcos, y, por último y para re-matar, la anonadada Cocopa, aceptando la propuesta por consenso, se de-duce que siempre actúa así por consenso, y llevándola ingenuamente y de


consenso ante los zapatistas y, oportunista, después, al revirar, contra loslíderes de sus fracciones.

El subcomandante Marcos capitaliza el regalo y revira endureciendo yescalando sus posiciones. Quiere la tribuna ante el pleno del Congreso, yano le resulta suficiente ser escuchado para convencer, ahora desea una se-rie múltiple de encuentros para dialogar en reuniones encaminadas a obte-ner acuerdos. Luego de posiciones encontradas entre Marcos y FernandoYáñez, su nuevo ángel custodio, acerca de eventuales modificaciones al textode la iniciativa del asunto, ya ni se habla, se da por descontado que quierenel texto de la Cocopa sin cambios. El bloqueo al Congreso mediante la pre-sentación de exigencias inasimilables puede constituirse en una ruta quegarantice, en el mediano plazo, el tácito derecho de veto que la organizaciónguerrillera tiene sobre la reforma constitucional.

El PAN también se planta. Los líderes del Congreso, Diego Fernández deCevallos en el Senado y Felipe Calderón Hinojosa en la Cámara baja, nie-gan la tribuna principal al EZLN y advierten acerca de mantener sus propiasposiciones en la elaboración y discusión del dictamen de la iniciativa presi-dencial. Luis Felipe Bravo Mena, dirigente nacional del partido, apuntala asus correligionarios ante la intervención de Santiago Creel, quien, comoSecretario de Gobernación, habrá de comparecer ante la subcomisión coor-dinadora de los trabajos del dictamen, defendiendo el controvertido texto,calificando a sus correligionarios partidistas de corta visión y conservadu-rismo. La situación de confrontación entre el Presidente y el partido gober-nante es inédita, lo que genera grandes incertidumbres sobre el resultado delproceso legislativo.

Por su parte, el inefable PRI, con una dirección nacional prácticamenteinexistente, dista mucho de poseer una postura definida y, más lejos toda-vía, de presentar un frente homogéneo. No existen coincidencias explícitasentre los liderazgos de las Cámaras, y el tema de la reforma en materia indí-gena ha revelado la dispersión de posiciones y la pugna por el protagonismo.Es, no obstante, el grupo parlamentario decisivo, pues sin los priístas nopuede haber reforma constitucional. Si se descuidan pueden ser los que car-guen con el costo político del estancamiento legislativo. Frente a la cuestiónindígena pueden reivindicar una tradición asistencialista y de promoción deldesarrollo, pero difícilmente podrán ajustar cuentas críticamente con la res-ponsabilidad del estancamiento de las negociaciones y la ostensible poli-


semia, por decir lo menos, de los Acuerdos de San Andrés firmados por elgobierno de Zedillo.

El gobierno federal, con el Presidente Fox, todavía en primer plano, aun-que comenzando su repliegue, postula un discurso generalizante por la paz,busca beneficiarse del hecho mismo de la marcha, se desentiende de loscontenidos de su iniciativa y sus implicaciones y aboca al Congreso no sólola tarea de dictaminar en el mismo sentido del texto de la Cocopa, sino quelo hace responsable del proceso de negociación y de su improbable reco-mienzo. Si a esta cuestión le añadimos las encrucijadas de otros temas rele-vantes de la agenda legislativa, como la reforma hacendaria, lo relativo a laLey de Desarrollo Rural, lo de la industria eléctrica y otras linduras, se pue-de ver con meridiana claridad que el Poder Legislativo, con su médula priísta,es el candidato a ser quien impida gobernar al Presidente, el gran obstáculoconservador a la instrumentación y aterrizaje del cambio. Una interpretaciónsimplificada de los últimos resultados electorales, ciertamente, un manda-to presidencial presuntamente unívoco versus la equívoca pluralidad delCongreso. Todavía es prematuro, pero ojalá no resulte necesaria la defensainstitucional del díscolo Poder Legislativo producto del 2 de julio. El Presi-dente Fox y Marcos no habrán de tentarse el corazón (de las tinieblas, diríaConrad).

9 de marzo de 2001

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IMPULSO POPULISTA

Por un lado, la movilización del EZLN con objetivos políticos múltiples,pero por lo menos con uno explícito, convencer a los legisladores de refor-mar la Constitución en los términos de la redacción de la primera Cocopa.Por el otro, el Presidente Vicente Fox, que hizo suyo el proyecto y lo pre-sentó como iniciativa al Senado de la República. El punto de intersecciónde la pinza: el Poder Legislativo. En fila, casi india, esperan a los diputa-dos y senadores las reformas fiscal, de la industria eléctrica y la resaca dela ley de desarrollo rural si es, como parece, revertida por el Ejecutivo.Además, el Presidente, imbuido de su afán de reinaugurar la historia pa-tria, propone un nuevo proyecto nacional y el rediseño integral de la Cons-titución. ¿Y si el Congreso no aprueba la reforma constitucional en materiade derechos y cultura indígenas?, ¿y si el sector doctrinario del PAN, Fer-nández de Cevallos, afirma que la reforma Fox-Cocopa es una vacilada, nocede a las intempestivas necesidades políticas de su Presidente?, ¿y si lacooptación —por las buenas o no tan buenas— de los legisladores del PRIno resulta suficiente?

Si el Congreso, con su médula priísta, resultado de las mismas maravi-llosas elecciones de la alternancia, no deja gobernar al Presidente, no reco-noce a los indígenas, no salva de la crisis financiera el Estado, nos deja sinluz y otorga subsidios a los campesinos... ¿qué hacer con esa clase políticareacia al cambio, indolente, acomodaticia y, eventualmente, corrupta? ¿Seráel momento de fundar de nueva cuenta la República?, ¿se tendrá que con-vocar a nuevas elecciones para un nuevo Constituyente que salve a la patria?Marcos y Fox, en sus abismales diferencias tienen en común un espontáneoimpulso antiinstitucional; un menosprecio por los partidos, una proclividadnatural al populismo, gran confianza en la propaganda mediática, una envi-


diable autoestima y un afán protagónico de pura cepa. Hay un tufillobananero en el proceso político del país. Fantasmagóricos, Chávez yFujimori andan sueltos, los Montesinos mexicanos rondan. Como dicen quedijo Shakespeare, algo huele mal en Milpa Alta.

10 de marzo de 2001

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LA PLAZA *

* Alan Arias y Carlos Ballesteros.

De cara al sol, en el centro simbólico del país, un liderazgo mítico culminala que, quizá, sea la más insólita de las aventuras políticas de los últimostiempos. Sin armas, como Gandhi, pero sin dejar de ser una guerrilla deinspiración maoísta, el EZLN toma la capital del país apoyado en una bri-llante estrategia mediática. Ha usado los elementos del misterio, la mitolo-gía revolucionaria, las razones de peso que están detrás de las reivindica-ciones indígenas y una cierta empatía con los referentes del nacionalismomexicano. La gran virtud del movimiento neozapatista es esa capacidadpara fundir factores de índole emocional con demandas legítimas y llevar acabo una política original e inasimilable.

La proyección del EZLN a escala global es uno de los fenómenos másinteresantes de lo que puede definirse como un cambio en la operación dela política. Estos son tiempos en los que muy pocos ponen atención en loscontenidos, porque domina la imagen y el reconocimiento superficial queella concita. Marcos lo sabe y actúa en consecuencia. Sin embargo, su pro-yecto va más allá de la lucha mediática, toda vez que se orienta a tener unainfluencia real en las grandes decisiones nacionales. A diferencia de otrospublicistas que se enredan en un protagonismo vacío, el líder de Las Caña-das cuenta con un programa bien definido, aunque no del todo explícito. Delos miles de miles que lo acompañan hoy al Zócalo, muy pocos saben hastadónde puede llegar el movimiento y si estarían dispuestos a apoyarlo hasta elfinal. Es el momento de la apoteosis y no de la reflexión.

La recepción de la comandancia zapatista y el acto histórico en la PlazaMayor viene después de una marcha que, como otras, ha servido para res-


tablecer el vínculo entre la masa y el poder. Detrás de ella viene la izquier-da recién salida de una gran debacle. En tales condiciones, no ha dudado enentregarse sin más a una dinámica por completo fuera de su control. Está allípor necesidad, por nostalgia y porque no tiene otro proyecto. El liderazgo deMarcos subordina a pragmáticos y a idealistas, a reformistas y a radicalesdesesperados. Pero la izquierda ha perdido la orientación y ya sólo impro-visa en el espacio definido por el énfasis emocional del planteamiento in-digenista. Por lo pronto es lógico e, incluso, inevitable. También la derechapadece una gran confusión y se refugia, en el mejor de los casos, en formu-lismos liberales que pecan de insensibilidad.

La situación actual tiene algo de irreal y es producto de una escaladavoluntarista sumamente riesgosa. Cabe el valor festivo de la reunión masi-va, la dimensión transgresora y la posibilidad de manifestar todo lo que habíasido reprimido por un orden político anquilosado. Sin embargo, toda la car-ga utópica que encarna la comandancia indígena puede derivar en una te-rrible frustración colectiva si no llega, y pronto, una fase de madurez delmovimiento. La condición sine qua non es la aprobación de la reforma cons-titucional en materia de derechos y cultura indígenas. Hoy y en gracia a laestrategia del EZLN las posibilidades son altas, aunque para llegar a buenpuerto se haga indispensable flexibilizar las posiciones asumidas con ante-rioridad. Más adelante, la dirigencia zapatista tendrá que definir la forma desu participación política futura. No hay razón para limitarla a la dinámicapartidista, aún cuando sería el camino para converger en un proceso demo-crático de mayor aliento.

En todo caso, la irrupción política del EZLN plantea serios cuestionamien-tos a la izquierda en todas sus expresiones. He aquí un proceso que rebasa ala tradición socialista, sin dejar de entroncar con esa corriente de pensamien-to y práctica, incluido el pasado autoritario. El neozapatismo es una luchadesde los márgenes que impugna tácitamente los compromisos con el siste-ma representativo. Su modelo es el de la democracia comunitaria, directa yapegada al mundo de vida. El componente indígena lleva a una dimensiónmuy compleja de las relaciones interculturales y se centra en una política dela diferencia. La pregunta es si se trata de una perspectiva verdaderamentelibertaria y si puede ser la base para recomponer la estructura social con unsentido de inclusión e igualdad.


Es preciso pensar más allá de este momento solar que obnubila y polari-za. Marcos parece haber decidido quemar sus naves y proseguir con lamicrofísica del poder, aun cuando ha vuelto a hablar de lucha de clases. Nadiesabe, realmente, qué alcance tiene el neocomunitarismo teñido de leves yproblemáticos matices democráticos. Nadie sabe si pueda seguir caminan-do por el filo de la navaja. De cualquier forma, ya ha llegado hasta un puntode no retorno. Está hoy en la plaza principal y habrá que ver si la entiendecomo la plaza de los ídolos, la del sacrificio o como el lugar del diálogo contodos.

11 de marzo de 2001

[107]

DOMINGO DE MASAS

Ha llegado el momento de la fiesta revolucionaria. No es, sin embargo,todavía, la Tierra Prometida. Puede ser un momento de idolatría. La masacerrada y lenta —para invitar a Elías Canetti a este domingo de masas me-xicano— vive su descarga, se abre y estalla. La masa lenta, la de la carava-na o la de los peregrinos, se apodera de la Plaza enorme, ombligo del mundopolítico, metáfora del poder y del triunfo. Sucedáneo de la victoria siem-pre. No obstante, en el Zócalo se repiten, de vez en vez, los ritos que legarantizan a la masa una vivencia domesticada de sí misma. Casi siempreen la disolución de las concentraciones amaga la frustración, la desilusióndel lunes nuestro de cada día.

El movimiento está en su cenit. Bien plantado, anuncia su permanenciaen la ciudad hasta el logro de las reformas a la Constitución que reconozcanlos derechos de los indígenas. Buen puerto programático para un reabas-tecimiento organizativo de ida y vuelta. Hacia las comunidades indígenas—su base dura y segura— y hacia el exterior, redes potencialmente comu-nicables por el icono. Clic.

11 de marzo de 2001

[109]

DE LA CIMA A LA SIMA

Uno. Luego del clímax del arribo al Zócalo, comienza otra fase de presióny resistencia; se abre, también, un manejo táctico de los tiempos y los espa-cios de otra índole, con diferente complejidad. Serán escaramuzas urba-nas, selva de asfalto. Los primeros 100 días del gobierno del PresidenteFox, mucho ruido no tantas nueces, fueron fugaces y efímeros como ape-nas 15 minutos. Para el tiempo indígena de los zapatistas las próximas se-manas pueden írseles como agua entre las manos; Marcos y su troupe ten-drán que atender al reloj del tiempo occidental y, peor, hasta comprarseotro para el acelerado verano capitalino. Luego de la cresta de la ola vieneun descenso. De la cima a la sima. Se inicia una nueva cuenta regresiva.

Dos. El héroe moderno, la quintaesencia de la modernidad, quedó plas-mado indeleblemente por Baudelaire. La libertad del flaneur, vagabundo ycallejero, y la elegancia sofisticada del dandi. Así la cruel contradicciónmoderna de la libertad imposibilitada por el sometimiento a las reglas ex-tremas de la moda. Del héroe posmoderno se predicaría que conjuga alcibernauta y al líder del mass media, lo de guerrillero sería la cita anacrónica—feroz y agresiva— que completa el producto. Así la contradicciónposmoderna de la errancia ilimitada aniquilada por el rating. La búsquedade la verdad sojuzgada por el éxito.

12 de marzo de 2001

[111]

RESPONSABILIDAD LEGISLATIVA

Estos anteojos están en la obligación moral de transformarse en catalejosy, en ocasiones, en microscopio. ¿Qué se ve en lontananza? Un movimien-to amplio, pero frágil. El EZLN es hoy una gran fuerza y, en buena medida,su porvenir dependerá de la suerte que corra la reforma constitucional, hoyen manos de un Congreso sin orientación dominante. Es el tiempo de losgrupos parlamentarios que deberían actuar de buena fe y con sensatez. Ensu arsenal político, el EZLN mantiene un tácito derecho de veto y determi-na y distorsiona con toda conciencia y paciencia la agenda del gobiernofederal. Lo mejor sería que el Congreso pudiera deliberar con libertad yprocesar con responsabilidad una buena reforma. De no ser así, es válidopreguntarse: ¿tendremos un regreso sin gloria? En ese caso, entraremos enuna nueva fase del conflicto. Marcos se ha definido a sí mismo más como unhombre rebelde que como un revolucionario, por eso, incluso como desti-no personal, su encuadramiento político en un partido resulta improbable.Ciertamente se ha mantenido en una organización dura, pero desde hace añoses, más bien, la cabeza y no los pies. El zapatour deviene zapat-inn.

13 de marzo de 2001

[113]

EZLN, BUENAS CUENTAS, REPLIEGUE...

Catalejos obligados, Marcos anuncia su vuelta a La Realidad. Replieguetáctico adelantado, no se trata ni de un regreso sin gloria, ni, mucho menos,de un retorno a las condiciones imperantes —aislamiento, cerco, poca pre-sencia en los medios— antes de la movilización iniciada el 25 de febrero.El EZLN ha logrado un vuelco estratégico de su situación. Ante el previsibleempantanamiento de la reforma constitucional en el Congreso, el inevita-ble desgaste político de una estancia prolongada en la capital sin dividen-dos, al ritmo de los senadores y diputados y con la perspectiva de tener queasimilar un texto constitucional diferente al suyo, Marcos levanta las cartasde la mesa, busca con ello consolidar el capital político adquirido con susmovilizaciones, concentración en el zócalo incluida. La Realidad es, será,a partir de la próxima semana, el cuartel de un movimiento con amplia ca-pacidad de desplazamiento nacional e internacional. La agenda política delsubcomandante Marcos no se ha restringido nunca a la reforma constitu-cional en materia de derechos y cultura indígenas, ni tampoco se ha atado ala negociación con el gobierno federal. Ha obtenido algo más preciado, lascondiciones militares, políticas, mediáticas y culturales que permitan alzapatismo permanecer como factor clave en el escenario político nacional,extender sus ámbitos de organización e influencia, proyectarse sin inter-mediarios en el exterior.

De cara al Congreso, el próximo jueves —si los legisladores no entranen pánico y le ofrecen la tribuna y la reforma en súbito arrebato— Marcoscobrará los costos políticos al Congreso, de manera enfática a los legisla-dores de Acción Nacional y, en menor medida, a los del PRI. Hace mutis delescenario parlamentario y de ese modo no legitima la reforma constitucio-nal que habría de venir; más importante aún, se reserva un derecho de veto


potenciado por su nueva circunstancia política. De aprobarse una reformaconstitucional —ya sabemos, obligada alianza PAN-PRI— estará en posi-bilidades de emplazar al Presidente Fox para que ejerza su veto presiden-cial y... vuelta todos a la noria. La intervención política del zapatismo dejamuchos damnificados, entre ellos al Poder Ejecutivo que no pudo construirlos acuerdos mínimos necesarios en el partido gobernante para nuclear al PRIy obligarlo a legislar acorde a sus intenciones políticas. Es un damnificadomayor que reclamará con creces al Congreso su insensibilidad política. Sehabía dicho, la doble marcha era tan sólo un episodio, una escala de otrosrumbos: para Marcos permanecer y consolidarse, Bruselas y Ginebra en elpaquete, el punto de partida cualitativamente superior para una nueva olea-da política; para Fox un punto de arranque a las elecciones intermedias de2003 o más pronto, puede ser.

20 de marzo de 2001

[115]

LOS IDUS DE MARZO

A Luis Donaldo ColosioIn memoriam

Si bien es cierto que T. S. Elliot sostiene que “abril es el mes más cruel”,este de marzo presenta señales que debieran motivar una reflexión que sedespegara de la velocidad fugaz de los acontecimientos y los dichos decada día. Con todo, cabe esperar que estos idus de marzo no resulten tansombríos como los de la novela de Thorton Wilder o los de aquel marzomexicano de 1994. Violencia y pérdida del poder son el sino que la memo-ria histórica asigna a los idus de marzo.

Sirva el rodeo para introducir, una vez más, el tema de la gobernabilidadamenazada. La presencia con valor estratégico del EZLN en la capital y surepliegue táctico revelan que la cuestión de la violencia no ha desaparecidode la sociedad mexicana. Por otro lado, el poder en México no acaba de re-definir su nueva forma; se percibe, en consecuencia, una desarticulación quela clase política de antes y ahora no parece ser capaz de resolver con sufi-ciencia. Ha sido, desde hace años y persiste como un tema central de lagobernabilidad del país, la cuestión de la necesaria nueva relación entre lospoderes Ejecutivo y Legislativo. La problemática relación entre el Presidentey el Congreso ya había despuntado desde las elecciones de 1997, cuando elPRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y se vivió unagrave crisis para instalar la LVII Legislatura. Ahora las condiciones son to-davía más difíciles, al menos por dos razones.

Primera, la alternancia en la Presidencia de la República ha generado lanecesidad de reconsiderar el tipo de poder presidencial de esta nueva etapa.Más allá de los muy controvertidos estilos personales de gobernar, el hecho


de que el nuevo Presidente no provenga del PRI, partido hegemónico o porlo menos dominante por más de siete décadas, marca una diferencia tantode origen como de operación que, sin embargo, todavía no ofrece un perfilclaro. Sigue faltando un diseño institucional acorde a las necesidades de lasociedad y que satisfaga las expectativas de cambio con las que se identifica-ron los electores mayoritarios del 2 de julio, además de la ausencia de com-portamientos gubernamentales orientados a la consolidación de la demo-cracia. Tabasco; Yucatán; la relación con el EZLN, amén de la incertidumbreacerca de los asuntos cruciales de la agenda legislativa de este periodo desesiones del Congreso; la reforma hacendaria, y la reforma constitucionalen materia de derechos y cultura indígenas, así como la referente a la parti-cipación de inversionistas privados en la industria eléctrica muestran la sagade las insuficiencias de estrategia y operación políticas.

Segunda, el hecho de que ningún partido goce de mayoría absoluta en elCongreso de la Unión complica la situación, todavía más que en el caso tí-pico de gobiernos divididos, en donde la fuerza política titular del Ejecutivocarece de la mayoría parlamentaria. En México, la correlación de fuerzasderivada de los pasados comicios federales, así como la estructura triparti-dista del espectro político obligarían a una sistemática tarea de planeacióne instrumentación de líneas de acción para la construcción de acuerdos y laprevención de conflictos con el Legislativo o en el seno del Congreso paraevitar o disminuir los riesgos de una parálisis legislativa.

Es sabido que no podrá haber ninguna reforma constitucional si no hayun acuerdo entre el partido gobernante y el PRI, principal fuerza política enel Legislativo, sin embargo, da la impresión que el gobierno federal ha des-cuidado la interlocución política con la oposición y que presenta sus propues-tas políticas y económicas, y aun sus iniciativas de ley, sin haber cabildeadoen el Congreso y con los actores decisivos vinculados a los temas en cues-tión, como parece haber sido el caso de la, hasta ahora malograda, reformafiscal integral que cuenta con la animadversión no sólo de la oposición —locual es razonable—, sino de influyentes legisladores panistas, como FelipeCalderón y Fauzi Hamdan, como muestra, así como de organizaciones pa-tronales y obreras. Más escandalosa ha sido todavía la disputa relativa ala reforma constitucional en materia indígena, donde tanto el Presidente Foxcomo el Secretario de Gobernación, Santiago Creel, se han enfrentado conlos liderazgos parlamentarios y la dirigencia panistas, tanto sobre lo sustan-tivo de las modificaciones constitucionales enviadas por el Ejecutivo al Con-


greso como acerca de las modalidades de interlocución del EZLN con elPoder Legislativo.

En este caso se ha llegado a un punto de tensión inusitado, propiciado porel anuncio del retorno del EZLN a las montañas del sureste, sin haber dia-logado con el Congreso, sin reforma indígena y sin entablar negociacionescon el gobierno, no obstante haber modificado con la movilización sus con-diciones estratégicas y tácticas para la continuidad y permanencia de sulucha, incluso, con perspectivas más amplias, tanto en la esfera nacionalcomo internacional, y con una potencialidad mediática mucho mayor. ElPresidente Fox, desde el comienzo, con el envío del proyecto Cocopa comoiniciativa al Senado, emplazó al Legislativo a asumir tareas que no le corres-ponden, como hacerse cargo de la interlocución con el grupo inconforme y,aún más, a endilgarle la responsabilidad de “la paz” al Congreso. En esapresión, el Presidente Fox parece coincidir con el subcomandante Marcos,los costos políticos para el gobierno y la insatisfacción de las demandas delEZLN se canalizan al Poder Legislativo. Conviene atender a esta imperti-nente traslación de responsabilidades de un poder a otro. La obligación delCongreso es legislar bien, esto es, producir leyes justas, no resolver el con-flicto con el EZLN, ni la pacificación de Chiapas. Sus tareas propias loobligan a contribuir con la salida política y negociada, pero no es la instan-cia de diálogo. La nueva correlación entre las fuerzas políticas, así como elcarácter inédito del poder presidencial han convertido al Poder Legislativoen uno de los centros neurálgicos de la vida política. Pese a sus insuficien-cias —intolerancia, rigidez legalista y anacronismo simbólico incluidos—es una parte decisiva de la institucionalidad que es necesario preservar ydesarrollar, a fin de profundizar en el proceso de consolidación democráti-ca. Desgastarlo por motivos de táctica política de corto plazo, como lo ha-cen el Presidente Fox y el EZLN, es, hay que decirlo, una irresponsabilidad.Actitud cortoplazista que vulnera la todavía frágil democracia mexicana.

Estamos lejos del dramatismo de los idus de marzo que alertaron sin éxitoa Julio César y que presagiaban su derrocamiento. Pese a ello, no está de másaguzar el oído y afinar la vista a las señales del desconcierto que puedenpropiciar el debilitamiento del orden democrático y presagiar el retorno delos brujos autoritarios.

23 de marzo de 2001

[119]

OBSERVACIONES CRÍTICASAL PROYECTO DE LA COCOPA

La iniciativa constitucional en materia de derechos y cultura indígenas ela-borada por la Cocopa ha adquirido un valor referencial obligado en el de-bate en torno al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.Para los simpatizantes del zapatismo el texto elaborado por la Cocopa esfuente absoluta de legitimidad: los principios ahí contenidos, tal y como seencuentran redactados, son la única vía para lograr el reconocimiento de losderechos indios con dignidad.

El proyecto de la Cocopa tiene la virtud de recoger el espíritu de los Acuer-dos de San Andrés Larráinzar. Sin embargo, la forma en que se encuentraredactada adolece de rigor y de la técnica jurídica requeridos para alcanzarla precisión y certidumbre de sus contenidos

Entre los puntos del proyecto de la Cocopa que se presume requeriríande una revisión de técnica jurídica destacan:

1. La consideración de los “pueblos indígenas como el sujeto de derecho”,ya que su enunciado general y abstracto resulta impreciso, por lo que seríapertinente una mayor determinación en las leyes secundarias, sea la ley re-glamentaria o en las legislaciones estatales. De mantenerse como está po-dría dar pábulo o derivar en conflictos. La definición étnica del concepto“pueblos indígenas”, tomada textualmente del Acuerdo 169 de la OIT, nopermite precisar con claridad los límites geográficos de un pueblo indíge-na, ya que en nuestro país la gran mayoría de los grupos étnicos se organi-zan por comunidades claramente establecidas en un espacio territorial, don-de, por lo general, deciden sus formas internas de convivencia, desarrollanmecanismos para resolver sus conflictos internos y, en algunos casos, deci-den sus autoridades comunitarias formas de organización social, económi-ca, política y cultural.


2. La aplicación de los “sistemas normativos” de los pueblos indígenasen la regulación y solución de conflictos internos y la “convalidación” desus procedimientos, juicios y decisiones por las autoridades jurisdicciona-les del Estado. Esta facultad se otorga a los pueblos y/o comunidades por de-legación, es decir, que los contenidos tradicionales de los órdenes jurídico-indígenas lleguen a constituir los contenidos de los órdenes municipales ocomunitarios. Los límites explícitos en los Acuerdos de San Andrés radicanen que las resoluciones no podrán contravenir las garantías individualesprevistas en la Constitución, así como la necesaria convalidación por partede las autoridades estatales.

No obstante, persiste la controversia acerca de si resulta pertinente hablarde “sistemas normativos” para referirse a una serie de normas, sumamentemaleables, de carácter oral y consuetudinario. Asimismo, cabría cierta pre-vención en cuanto al carácter ambivalente del imperativo de convalidaciónde las normas o sistemas normativos, se acepta sin discusión que las reso-luciones del orden jurídico indígena sean convalidadas, se discute si debedominar la interpretación de la convalidación obligatoria o bien la idea deun control de legalidad a los usos y costumbres jurídicos de los grupos in-dígenas que los aplican.

También existen argumentos que cuestionan la especificidad indígena delos conjuntos de normas de algunas comunidades o pueblos indios, toda vezque se sustentan en una serie de supuestos abstractos carentes de suficientefundamentación o correspondencia histórica, ya que desde la Colonia sevivió un intenso proceso de mestizaje y una política de orientación homo-geneizante, por lo que gran cantidad de los usos y costumbres, así como lasprácticas jurídicas tradicionales en comento, son, en muchos casos, productode la época colonial y tienen un origen más novohispano que de los llama-dos pueblos originarios. Por otra parte, esta propuesta abre la controversiaacerca de que el eventual reconocimiento de los sistemas normativos indí-genas no implique la creación de fueros, derechos o privilegios exclusivospara un grupo de la población.

3. El otorgamiento a las autoridades educativas estatales y municipalesde la facultad de definir programas educativos con contenidos específicospara las poblaciones indígenas pareciera una extralimitación, en virtud deque son atribuciones expresamente reservadas al Ejecutivo federal, de acuer-do con lo establecido en la fracción III del artículo 3o. constitucional.


4. El “acceso de manera colectiva” al uso y disfrute de los recursos natu-rales de sus “tierras y territorios” resulta en otro gran tema de debate derivadode la iniciativa del Ejecutivo y redactada por la instancia de coadyuvanciapara el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN. Se ha señalado que esetexto incorporado a la Constitución (fracción V del artículo 40) puede pro-piciar un conflicto social mayor, disputas agrarias y enfrentamientos y en-conos por la posesión de la tierra. Las objeciones mayores son dos: a) queel texto propuesto en la iniciativa afecta las modalidades de propiedad ins-critas en el artículo 27 constitucional, y b) que la referencia al concepto “te-rritorio” implicaría un ámbito espacial de validez aparte del resto del terri-torio nacional, diverso del ámbito espacial de validez exclusivo del Estado.

En el debate y en el contraste entre las diferentes iniciativas en manos delCongreso de la Unión se hacen evidentes algunos problemas importantes.En primer lugar, en cuanto al sujeto de derecho al disfrute de los recursosnaturales de tierras y territorios existe duda razonable respecto de si el pue-blo indígena es una persona jurídica o se trata de un ámbito de validez per-sonal. En segundo lugar, si se plantea en la Constitución el derecho de usoy disfrute y no se incorpora el derecho de propiedad, como ocurre en la ini-ciativa presidencial, cabe la duda de si ello supone la exclusión del poderde disposición de los pueblos indígenas, lo que les negaría el derecho depropiedad a los mismos.

El tercer problema proviene de que al establecer el derecho del puebloindígena al uso y disfrute de su hábitat se pueda entender como un descono-cimiento del derecho de los propietarios particulares, los ejidos y las comu-nidades sobre sus tierras, lo que supondría que la propuesta crea derechosque afectan los derechos adquiridos de otros. Lo anterior abriría el comple-jo debate de interpretación jurídica, puesto que la Constitución estaría des-conociendo derechos otorgados por ella misma (el artículo 4o., un derechode los pueblos indígenas versus el artículo 27, las distintas formas de pro-piedad). El conflicto surge con el texto que plantea “sus territorios, enten-didos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan yocupan”.

Por último, otra objeción recurrente a la iniciativa redactada por la Cocopaapunta al derecho de los pueblos indígenas para acceder “de manera colec-tiva al uso y disfrute de los recursos naturales”. Los argumentos críticosseñalan la ausencia de una referencia explícita, incluida en los Acuerdos de


San Andrés Larráinzar, al marco constitucional, lo que potencia la posibleinterpretación de establecer la modalidad colectiva en detrimento de otrasmodalidades. En consecuencia la modalidad colectiva excluiría a los pue-blos indígenas de otras formas de uso o disfrute posibles.

5. El derecho de los pueblos indígenas a “adquirir, operar y administrarsus medios de comunicación”, con lo cual se establece un derecho constitu-cional directo, que deja de lado el régimen de concesión y permiso que deberácumplir el resto de la población, induciendo un régimen especial de derechoo fuero.

6. La definición de las “comunidades indígenas como entidades de dere-cho público” propicia que éstas tengan facultad para administrar fondospúblicos y puedan entrar en confrontación con las autoridades municipales.Por otra parte, los “municipios pueden reconocer su pertenencia a un pue-blo indígena”, con lo cual se puede dar una situación en la que se establez-ca, por la vía de la asociación de las comunidades y los municipios paracoordinar sus acciones, un nuevo orden de gobierno que no está precisadoen la Constitución.

7. El derecho para que los habitantes de aquellos municipios, comunida-des, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines que asumansu pertenencia a un pueblo indígena, definan de acuerdo con “las prácticaspolíticas propias de la tradición” de cada uno de ellos los procedimientos parala elección de sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus for-mas propias de gobierno interno, en un marco que asegure la unidad delEstado nacional. De esta propuesta podrían derivarse situaciones en las quese establezcan procedimientos electivos en los que las decisiones sean to-madas por unanimidad y que, en el caso de simple mayoría, se generaranhechos de irrespeto de los derechos de la minoría e, incluso, procedimien-tos de exclusión o expulsión de aquellos grupos disidentes, vulnerando susderechos fundamentales.

24 de marzo de 2001

RECONOCIMIENTODE LAS DIFERENCIAS

[125]

EL CONFLICTO EN CHIAPAS Y EL CONGRESODE LA UNIÓN

El conflicto iniciado el 1 de enero de 1994 con la irrupción armada del EZLNha entrado en una nueva fases. La incorporación del movimiento zapatistay su vanguardia a la participación legal parece viable y factible, toda vezque el Congreso de la Unión ha decidido dar cumplimiento a los Acuerdosde San Andrés Larráinzar mediante el reconocimiento constitucional delos derechos de los pueblos indígenas.

El Poder Legislativo tiene ante sí una tarea sumamente delicada que de-berá realizar con todo rigor y plena responsabilidad. El establecimiento deun marco constitucional que ofrezca cauce legal y pacífico a las tendenciasprofundas y desiguales de nuestra composición social y de nuestra historiaconlleva la necesidad de reconocer y apoyar a los culturalmente diferentes,por ahora, a una enorme minoría indígena que se hizo presente, con todaclaridad, desde que el EZLN se manifestó por la vía de las armas en contrade la exclusión y discriminación de un sector numéricamente importante demexicanos.

El primer aspecto que deberán considerar los legisladores de todos los par-tidos políticos es que la reforma constitucional en materia de derechos y cul-tura indígenas constituye un cambio jurídico decisivo para el futuro del país.Su importancia radica en que habrá de precisarse una concepción del Estadomexicano que no se limita al respeto de las libertades y las garantías indivi-duales, así como la consagración de los derechos sociales, sino que estable-ce el principio de que los colectivos sociales son titulares de derechos. Conesta reforma se da continuidad a un proyecto de eliminación de las discri-minaciones y se asume que en una sociedad democrática convergen la com-petencia política entre partidos y las minorías culturales que reivindicanformas particulares de identidad de vida. La perspectiva es la de una nación


apegada a los criterios de justicia, reconocimiento de las diferencias y con-vivencia pacífica.

Los derechos que habrá de consagrar la reforma en materia indígena ten-drán que contar con una gran solidez conceptual; no pueden ser producto dela improvisación ni una simple respuesta a la coyuntura política definida porel reposicionamiento del EZLN en la opinión pública nacional e internacio-nal. Una buena reforma integra, necesariamente, la categoría del control dela legalidad. Ésta es la condición para evitar dinámicas que podrían poneren riesgo el objetivo fundamental de lograr la unidad de las diferencias.

El punto de referencia del proceso legislativo deben ser los Acuerdos deSan Andrés. Éstos gozan de plena sustentación jurídica, toda vez que estándirectamente articulados con el proceso de negociación, y las iniciativas queobran en manos del Congreso de la Unión son todas, en mayor o menormedida, interpretaciones diversas de lo pactado por el gobierno y el EZLNpara lograr la reconciliación y el restablecimiento de la concordia en Chiapas;pero el texto pactado trasciende el particularismo chiapaneco y proponealgunas de las premisas básicas para el establecimiento de una nueva rela-ción entre la sociedad, el Estado y los pueblos indígenas.

La iniciativa redactada por la Cocopa, eje del trabajo de las comisionesdictaminadoras, posee una significación política que la hace relevante, serun resultado —si bien excéntrico y determinado por la coyuntura política—del proceso institucional de negociación. Cuenta con la aceptación delEZLN, lo que no es poca cosa para el destrabamiento del diálogo. No obs-tante, la reforma constitucional debe responder a objetivos que trasciendenel conflicto. Se habrá de legislar para la nación, así es como el Poder Legis-lativo contribuye a la paz y a la convivencia democrática duraderas no sóloen Chiapas sino en todo el país.

El reconocimiento de los colectivos como sujetos de derecho obliga a unaprecisión jurídica y a la determinación específica de los pueblos indígenas,a fin de dar cauce a la incorporación de los derechos de las minorías cultu-rales en el marco del Estado nacional. Las Constituciones políticas de losestados del país y la legislación reglamentaria son el ámbito idóneo paradeterminar claramente las particularidades de los pueblos y las comunida-des asentados en sus demarcaciones geográficas.

El estatus de entidades de derecho público de las comunidades indígenasno debe propiciar interpretaciones extralógicas al sistema jurídico mexica-


no y ser consideradas como entidades territoriales independientes, con ca-pacidad de libre determinación sobre el ámbito de validez de su jurisdicción.Esto resulta de importancia crucial, a fin de evitar la conformación de uncuarto orden de gobierno no establecido en los Acuerdos de San Andrés.

Uno de los propósitos de la reforma constitucional indígena debe ser laincorporación en el sistema jurídico mexicano de un tipo de derechos dife-rente de los sociales ya consagrados en la ley suprema. Se trata del recono-cimiento de los derechos de las minorías culturales, que habrán de consti-tuirse en una de las premisas fundadoras de la estructura básica de la sociedaddemocrática. El nuevo marco constitucional de autonomía debe incluir prin-cipios y mecanismos que posibiliten el desarrollo y enriquecimiento cultu-rales de los diferentes, no la condena a una permanente repetición idéntica.

La reforma constitucional deberá complementarse con una serie de ac-ciones y políticas afirmativas de gobierno tendentes a garantizar el desarrollosocial de las comunidades indígenas, tal y como se establece en los Acuer-dos de San Andrés. Es obligación del Estado atender las demandas socialesde los grupos indígenas vulnerables y promover su efectivo acceso, en con-diciones de igualdad, a las oportunidades de progreso y bienestar. El reco-nocimiento de los derechos culturales de los pueblos y las comunidades noexime a los órdenes de gobierno de sus obligaciones compensatorias y dejusticia con los excluidos del circuito de bienes y servicios.

El reconocimiento de las minorías culturales, en particular de los pueblosindígenas, está en relación con una propuesta comunitaria que supone au-tonomía, autogobierno, participación igualitaria y voluntad general, valoresque han acompañado a las luchas por la democracia, pero su pertinencia yviabilidad requieren de la incorporación complementaria de un programacivilizatorio en el que las libertades son principio básico.

Se trata de entender que la democracia trasciende el estrecho ámbito delconsenso e incorpora el espacio del conflicto político y el disenso, sin queello implique riesgos de desestabilización que pongan en entredicho un or-den político democrático. En todo caso, y este será un tema de los tiemposmexicanos por venir, el disenso, por más reconocido y legitimado que seencuentre, no puede ser tal que nulifique la convivencia civilizada y pacífica.

30 de marzo de 2001

[129]

¿SON HOY RACIONALESLAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS?

Las intensidades mediáticas del proceso político en México a las que, porlo visto, habremos de acostumbrarnos deberán ser incorporadas al análisiscomo una variable imprescindible. No obstante, habrá que aprender a valo-rarlas, a desarrollar las mediaciones que permitan su articulación a los fenó-menos políticos y sociales. Más importante aún, será decisivo no confun-dirlas con los hechos, por más que sean un ingrediente crucial de los mismos.No importan tanto las creencias acerca de lo que se hace, sino los resultadosde lo hecho. Lo anterior viene a cuento luego de las jornadas de la movili-zación zapatista, la complejidad política puesta en juego, así como su me-morable metamorfosis en espectáculo.

Llama la atención que periodistas de fuste, como Ciro Gómez Leyva oJoaquín López Dóriga, confiesen haberse equivocado en sus juicios inicia-les respecto de la estrategia del Presidente para lidiar con el conflicto conel EZLN. Los resultados de la movilización, los signos de distensión en la con-frontación política y la acreditada legitimidad de las reivindicaciones indí-genas parecen validar la autocrítica de estos inteligentes analistas con do-tes periodísticas y/o periodistas con virtudes analíticas. En rigor, todos losque hemos seguido los acontecimientos de las últimas semanas estamosobligados a reconsideraciones y precisiones, la velocidad de los aconteci-mientos y la multiplicidad de los sentidos y las tendencias implícitas en loshechos así lo exigen. En todo caso, como enseña Enzesberger, de lo que setrata al analizar con objetividad la política y la historia no es ser congruen-tes con nuestras ideas, sino inteligentes con los datos. Pese a lo anterior, creoque tenían más razón mis admirados periodistas al ser suspicaces con laestrategia del Presidente Fox que al ponderar sus éxitos. Al tiempo. Habráocasión para volver al análisis de las nuevas condiciones militares, políti-


cas y culturales del conflicto con el EZLN luego de su periplo y audienciacon las comisiones dictaminadoras de la reforma constitucional indígena enel Congreso.

Lo que resulta de significativo de estos hechos y dichos para la construc-ción de una opinión pública crítica y responsable, en estos días mexicanos,es la dificultad para establecer los criterios a partir de los cuales las decisionespolíticas del gobierno pueden justificarse como decisiones políticamenteválidas, es decir, entender las razones gubernamentales como socialmente ra-zonables. La opinión pública en las democracias modernas es un momentodel proceso de la constitución racional del Estado; uno de los espacios pri-vilegiados para la legitimación de la institucionalidad política. Se tratade hacer un uso público de la razón, de ahí que el debate argumentativo seael entramado de un circuito de comunicación racional y unitario que conec-ta a los sujetos racionales —demandantes de razones acordes a sus necesi-dades— de la sociedad civil de cara al Estado y su gobierno.

La crítica es uno de los rasgos definitorios de la opinión libre. ¿Cómo ejer-cerla? Ante los fenómenos políticos de nuestros días, los días después de laalternancia; frente a las estrategias que desarrollan el gobierno, el Congre-so, los partidos, los movimientos y las organizaciones cabe la pregunta acercade su racionalidad o, más bien, de sus diversas racionalidades. El esfuerzoautocrítico de líderes de opinión y analistas del acontecer nacional merecedestacarse y emularse.

Los modos habituales de la crítica política encuentran dificultad para es-clarecer la intencionalidad política del comportamiento del Presidente Fox.Pareciera que juega deliberadamente con pocos elementos. En primer lugar,un imperativo moral preside y acompaña sus acciones, en el caso del con-flicto con el EZLN la necesidad de hacer justicia a los indígenas, a los po-bres y excluidos en el nuevo tema de la reforma fiscal. Su accionar se acom-paña de la permanente aseveración de no engañar, de hablar con la verdad.Focaliza sus esfuerzos en un solo objetivo en cada caso, aunque esos obje-tivos tienen un carácter abstracto y muy general y su formulación sea ambi-gua: alcanzar la paz en Chiapas y lograr la justicia distributiva. La concre-ción de la finalidad, la materialización empíricamente verificable, los costosy los beneficios de la acción política quedan soslayados y, quizá, lo másinteresante, la responsabilidad delegada fuera del ámbito del Poder Ejecu-tivo. En los dos casos inmediatamente próximos la responsabilidad se trans-


fiere al Congreso, que dispone como deidad con pies de barro de las propo-siciones del Presidente.

El Poder Legislativo, el nuevo centro nervioso de la política nacional des-pués de las ilusiones del cambio, cobra la apariencia de ser el obstáculo prin-cipal del gobernante. Haga una buena reforma constitucional o no la haga,apruebe o no la reforma fiscal, la solución al conflicto con el EZLN, no digamosla paz en Chiapas o el logro de mayor equidad, seguirán pendientes, pospues-tas las soluciones y ausente la materialidad de la intervención gubernamental.En todo caso, pareciera una estrategia en sentido laxo, unilateralmente orien-tada al juego de imagen, de aceptación y respuesta con base en la opiniónmedida por encuestas, eslogans y comunicación, la vieja idea de que el medioes el mensaje, la política ejercida como comunicación. Ausencia de una vi-sión de Estado como indicara ese destacado miembro de la elite política na-cional, el subcomandante Marcos.

La temporalidad de esta estrategia es muy corta. Viene un tema, un pro-blema, la movilización zapatista hacia la ciudad de México, decidida e im-puesta por el EZLN, como una ola... hay que ir por ella, no esperar a quereviente, subirla, escalarla, quedar encima, atisbar la próxima, la reforma dela hacienda pública, focalizarla, el horizonte se limita a lo que ya viene,buscarla, que no reviente encima, trasladarla, quedar arriba, de eso se trata,siempre arriba —en popularidad, en impactos noticiosos, en tiempos aire—,entre ola y ola, en este vaivén mediático en el que parece convertirse el pro-ceso político en México.

La crítica y la opinión pública no parecen habituados o carecen del en-trenamiento adecuado para poder comprender y valorar esta nueva modali-dad del quehacer político. Se logra entrever una racionalidad aplicada en eltiempo, aunque se trata de racionalidades episódicas, por tramos, focalizadasa objetivos o problemas singulares. La conexión, el sentido unitario, la vi-sión integral se complica, se escurre, sólo queda recurrir a las ofertas pro-gramáticas para estar en condiciones de ubicar los hechos y las accionesconcretas. No se trata de un accionar a tontas y a locas, existe una tramaestructural constituida por los grandes problemas nacionales, diagnostica-dos hace muchos años, las demandas sociales y políticas que conforman lostemas de la agenda política nacional.

Las respuestas gubernamentales atienden de manera casi automática a esamatriz, cargando, por cierto, con un viejo tono opositor ante los problemas


y los rezagos. Quizá ocurre un traslape de racionalidades entre los diferen-ciados ámbitos de la vida social. Todavía no nos hemos acostumbrado a quelas esferas de la vida moderna cuentan con autonomía y racionalidad pro-pia y ya estamos frente a la innovación de un gobierno que hace uso privi-legiado de la lógica mercadotécnica y la comunicación —el gobernado comocliente— en la política. La nueva racionalidad del Estado mexicano nece-sita, entonces, de un inédito rodeo para ser dilucidada.

6 de abril de 2001

[133]

REFORMA CONSTITUCIONALINDÍGENA: 11 TESIS

El primer aspecto a considerar sobre la reforma constitucional en materiade derechos y cultura indígenas es que se trata de un cambio jurídico deci-sivo para el futuro del país. La reforma trasciende las demandas del EZLNy de las propias comunidades indígenas porque da continuidad a un pro-yecto de eliminación de las discriminaciones. Es un asunto vital para la na-ción en la medida en que puede poner las bases para conformar una socie-dad verdaderamente incluyente. De allí la enorme responsabilidad de loslegisladores.

El reto es armonizar los llamados derechos de carácter cultural con todoel entramado jurídico que da sustento a las instituciones democráticas. Deallí que la pregunta pertinente es ¿cómo no perder, sino ganar libertades? Setrata de asegurar la convivencia respetuosa y tolerante de las diferencias enun marco general de derecho fundado en la igualdad de los ciudadanos.

En este orden de ideas, es preciso orientar la reforma de manera tal quesea congruente con todas las fases de integración de un régimen jurídico de-mocrático. Debe, por tanto, incorporar los momentos del Estado de Dere-cho; las garantías sociales, tan difícilmente conseguidas, y la nueva dimen-sión del reconocimiento a las realidades culturales. El problema es que, pordesgracia, sigue aún inconclusa la obra civilizatoria y justiciera que estádefinida por nuestras leyes.

Hay, así, un imperativo de congruencia. Los derechos que habrá de con-sagrar la reforma tendrán que contar con una gran solidez conceptual. En todocaso, no pueden ser producto de la improvisación debida a cuestiones pro-pias de la contingencia política. Una buena reforma integra, necesariamen-te, la categoría del control de la legalidad. Ésta es la condición para evitardinámicas que podrían poner en riesgo el objetivo fundamental de lograr la


unidad de las diferencias. La perspectiva es la de la nación democrática,apegada a los criterios de justicia y de convivencia pacífica.

Tesis uno. El punto de referencia del proceso legislativo debieran ser losAcuerdos de San Andrés Larráinzar. Éstos gozan de plena sustentación ju-rídica. Las iniciativas que obran en manos del Congreso de la Unión sontodas, en mayor o menor medida, interpretaciones diversas de los Acuerdos.

Tesis dos. Los Acuerdos de San Andrés configuran un documento con pre-tensiones más generales, que trascienden el particularismo chiapaneco yproponen algunas de las premisas básicas para el establecimiento de unanueva relación entre la sociedad, el Estado y los pueblos indígenas.

Tesis tres. La iniciativa redactada por la Cocopa posee una significaciónpolítica que la hace relevante, ser un resultado —si bien excéntrico y deter-minado por la coyuntura política— del proceso institucional de negocia-ción. Cuenta con la aceptación del EZLN. No obstante, la reforma consti-tucional debe responder a objetivos que trascienden el conflicto. Se habráde legislar para la nación, así es como el Poder Legislativo contribuye a lapaz y a la convivencia democrática duraderas no sólo en Chiapas sino enel resto del país.

Tesis cuatro. La Constitución establece, desde 1992, en su artículo 4o., ylos Acuerdos de San Andrés así lo ratifican, el reconocimiento jurídico a lospueblos indígenas. La iniciativa presidencial reproduce la definición étnicadel concepto pueblos extraída del Convenio 169 de la OIT. El concepto, noobstante, requiere de mayor precisión y claridad jurídicas.

Las Constituciones políticas de los estados del país y la legislación regla-mentaria son el ámbito idóneo para determinar claramente las particulari-dades de los pueblos y las comunidades asentados en sus demarcacionesgeográficas.

Tesis cinco. Al definir a las comunidades indígenas en los Acuerdos deSan Andrés y en la iniciativa presidencial, como entidades de derecho pú-blico del Estado mexicano habrán de contar con atribuciones y recursosidóneos a su función autonómica, poseedoras de un orden jurídico indíge-na. Esta caracterización no debe derivar en una concepción equivalente a lade entidades territoriales con capacidad de libre determinación sobre elámbito de validez de su jurisdicción. Esto resulta de importancia crucial, afin de evitar la conformación de un cuarto orden de gobierno no estableci-do en los Acuerdos de San Andrés.


Tesis seis. Los Acuerdos de San Andrés plantean el reconocimiento de di-versos tipos de derechos de los pueblos indígenas. Una reforma constitucio-nal trascendente debe asumir como criterio general el significado históricoy jurídico del reconocimiento de los derechos culturales denominados detercera generación, que tienen un estatus diferente de los derechos socialesya consagrados en la Ley Suprema. Se trata de incorporar en el sistema ju-rídico un nuevo tipo de derechos, capaz de operar como premisa fundantede la estructura básica de los derechos indígenas y, eventualmente, de otrasminorías culturales.

Tesis siete. La reforma constitucional y la nueva legislación indígena de-ben evitar el establecimiento de un sistema normativo rígido, conservador,que derive en la reproducción indefinida y/o perpetua de las condiciones dela diferencia y pueda propiciar el regreso de formas autoritarias de ejerciciodel poder. El nuevo marco constitucional de autonomía debe incluir princi-pios y mecanismos democráticos que posibiliten el desarrollo y enriqueci-miento culturales de los diferentes, no la condena a una permanente repeti-ción idéntica.

Tesis ocho. El carácter consuetudinario, sumamente maleable y muy par-ticularizado de los usos y costumbres de algunos pueblos y comunidades in-dígenas conlleva, en muchos casos, el riesgo sabido de que su práctica essusceptible de vulnerar los derechos humanos y las garantías individualesde otros integrantes de las comunidades, de otros ciudadanos y, particular-mente, de las mujeres y de los adversarios o disidentes de la autoridad con-vencional. El legislador tiene la responsabilidad política y moral de gene-rar leyes que no se presten a interpretaciones laxas en cuanto al respetoirrestricto de la integridad de las personas y sus derechos humanos.

Tesis nueve. La reforma constitucional deberá complementarse con unaserie de acciones y políticas afirmativas de gobierno tendentes a garantizarel desarrollo social de las comunidades indígenas, tal y como se estableceen los Acuerdos de San Andrés. Es obligación del Estado nacional atenderlas demandas sociales de los grupos indígenas vulnerables y promover suefectivo acceso, en condiciones de igualdad, a las oportunidades de progre-so y bienestar.

Tesis diez. El reconocimiento de la diferencia de las minorías culturalesestá en relación con un programa comunitario de autonomía, autogobierno,participación igualitaria y voluntad general que desde su inicio ha acompa-


ñado al reclamo y al concepto de democracia. No obstante, su reivindica-ción unilateral resulta riesgosa, equívoca e improbable. Se trata de enten-der que la democracia trasciende el estrecho ámbito del consenso e incor-pora el espacio del conflicto político y el disenso, sin que ello implique unprograma de desestabilización que ponga en entredicho el orden político de-mocrático. En todo caso, y éste será un tema de los tiempos mexicanos porvenir, el respeto y procesamiento del disenso no puede ser tal que esté en con-diciones de vetar o nulificar al consenso.

Tesis once. A manera de conclusión, es pertinente preguntarnos sobre elsignificado del movimiento zapatista y la reforma constitucional por venircon una doble mirada: ¿cómo no perder, sino ganar libertades? Y, a final decuentas, ¿cuánto comunitarismo es deseable en la sociedad mexicana si seprecia de ser libre y democrática?

Glosa: los legisladores han interpretado la diversidad cultural de dife-rentes maneras, pero de lo que se trata es que leyes justas y buenas la trans-formen.

19 de abril de 2001

[137]

REFORMA INDÍGENA Y CONFLICTO

La discriminación, marginalidad y rezago que viven los indígenas mexica-nos fueron algunos de los factores que propiciaron la insurrección armadadel EZLN el 1 de enero de 1994. A partir de entonces, México vive unasituación que remite, de algún modo, a un regreso de la historia pasada, unretorno paradójico de la política revolucionaria en uno de los países tradi-cionalmente más estables de América Latina. En un momento de conver-gencia mundial en favor de los procedimientos democráticos, el EZLNtrajo de vuelta la figura de la rebelión armada como forma de lucha paraacceder al poder. El movimiento zapatista, desde un primer momento, lo-gró el apoyo de la sociedad a sus demandas de justicia, a pesar de que optópor un procedimiento sumamente cuestionable para reivindicar los dere-chos de los pueblos indígenas.

El gobierno mexicano abrió, desde los primeros días del conflicto, un ca-mino de conciliación y convocó a una solución política del conflicto, a tra-vés del diálogo y la negociación, a fin de incluir al movimiento y su liderazgoen la participación legal, erradicando la amenaza de las armas como formade presión política. En consecuencia, las reformas inherentes a la solución delconflicto apuntan más a la creación de un nuevo pacto de la sociedad y del Es-tado con los indígenas, a la extensión de derechos de orden cultural y po-lítico, así como a las reformas institucionales y los compromisos guberna-mentales consecuentes.

La aprobación de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Dignaen Chiapas por la LVI Legislatura del Congreso de la Unión fue una medi-da que ha contribuido significativamente a la resolución pacífica del con-flicto en Chiapas. Este ordenamiento normativo estableció las bases del diá-logo entre el gobierno federal y el EZLN, uno de cuyos primeros resultados


fueron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en materia de derechos ycultura indígenas. La esencia de estos acuerdos es la de obtener la concor-dancia entre derechos universales y demandas particulares de una minoríaimportante del país.

La reforma constitucional que aprobó el Senado de la República tomacomo base lo pactado en febrero de 1996 por el EZLN y el gobierno, a finde adecuar los derechos de carácter cultural con todo el entramado jurídicoque sustenta la institucionalidad democrática. El objetivo que alentó el tra-bajo legislativo para lograr las modificaciones legales fue el de asegurar laconvivencia respetuosa y tolerante de las diferencias en un marco generalde derecho fundado en el respeto a las libertades y la igualdad jurídica detodos los mexicanos. Se trata de una reforma congruente con todas las fasesde integración de un régimen jurídico democrático. Se incorporan los mo-mentos del Estado de Derecho, las garantías sociales, tan difícilmente con-cedidas, y la nueva dimensión del reconocimiento a la diversidad y la dife-rencia culturales de la sociedad mexicana.

Los derechos que consagra la reforma constitucional reconocen una rea-lidad incuestionable del país; la existencia de una nación pluricultural sus-tentada originalmente en los pueblos indígenas, a los que se define comoaquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorioactual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias ins-tituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, peroreconoce y garantiza prácticamente en un solo artículo un conjunto de dere-chos de los pueblos y las comunidades indígenas del país.

Al concentrar prácticamente todos los derechos en un solo artículo cons-titucional, el Senado de la República rescata y continúa con una de las me-jores tradiciones constitucionalistas del Estado mexicano, al tiempo que seprecisan los derechos de los pueblos indígenas, respetando el texto redac-tado por la Cocopa y se le otorga mayor precisión a los conceptos, ademásde ampliar sus contenidos cuando esto resultaba indispensable.

La reforma aprobada tiene el mérito de consagrar en el texto constitucionalla libre determinación y la autonomía de los pueblos y las comunidades in-dígenas para decidir sus formas internas de convivencia y organización so-cial, económica, política y cultural; el derecho para que apliquen sus siste-mas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos; paraque elijan, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicio-


nales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas pro-pias de gobierno interno, y para que accedan, con respeto, a los regímenesde propiedad establecidos en la Constitución, y al uso y disfrute de los re-cursos naturales que habitan y ocupan las comunidades.

Esta reforma también incorpora un conjunto de acciones afirmativas degobierno tendentes a garantizar el desarrollo social de las comunidades in-dígenas, tal y como se establece en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar,a fin de establecer un nuevo pacto entre sociedad, gobierno federal y pue-blos indígenas. Se trata de coadyuvar a la justicia social, a fin de elevar lascondiciones de vida de un gran número de mexicanos que aún se encuen-tran rezagados del desarrollo y el progreso del país.

Con esta reforma constitucional se reconoce la legitimidad de la lucha delmovimiento indígena por la reconstrucción de los pueblos, a fin de hacerlotransitar por la vía institucional hacia la conformación de una sociedad enla que convivan pacíficamente todos lo mexicanos, independientemente desus diferencias culturales y políticas. Es una reforma que debe ser seriamentevalorada por el EZLN, ya que, de esta manera, el Poder Legislativo recono-ce las demandas de una importante minoría cultural, como es la de los pue-blos y las comunidades indígenas, además de que contribuye a la reanuda-ción de las negociaciones de paz.

Ciertamente, hay cuestiones que, en aras de lograr el consenso entre losdistintos grupos parlamentarios del Senado de la República, fueron dejadasde lado, entre las que destacan el acceso colectivo de los pueblos y las co-munidades al uso y disfrute de los recursos naturales de los territorios en quese asientan y la definición de las comunidades como entidades de derechopúblico. Sin embargo, en condiciones en las que ningún partido político tienela mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, la tarea de legislar requierede una permanente discusión y construcción de acuerdos, a fin de avanzaren el proceso de instauración y consolidación democrática en el país.

El reconocimiento del derecho a las diferencias culturales es un logro querevela el compromiso de los legisladores por avanzar en la construcción deun Estado constitucional que incorpora los elementos característicos de unEstado democrático: vigencia de la legalidad, compromiso con la justiciasocial y reconocimiento de las diferencias culturales.

26 de abril de 2001

[141]

¿EL PRESIDENTE EN EL DISENSO?

El proceso político en México vive una paradoja peligrosa. La reformaconstitucional en materia de derechos y cultura indígenas aprobada la se-mana pasada por las dos Cámaras del Congreso de la Unión, con un altogrado de consenso, ha generado una ola de críticas de parte no sólo de laminoría que expresan el EZLN, sus organizaciones afines y voceros simpa-tizantes, sino —de modo insólito— provenientes del mismo Poder Ejecu-tivo. La contradicción entre el Presidente y el Poder Legislativo supera yalo anecdótico y reviste una gravedad mayor que lo que la frivolidad impe-rante en la política mexicana deja traslucir.

Hay que insistir en el hecho de que lo genuinamente nuevo de la situa-ción política del país consiste en la paulatina constitución del Congreso comoel centro neurálgico de la vida política nacional. La división y colaboraciónentre los poderes de la Unión, esa aspiración democrática tantas décadaspospuesta, comienza a ser real. La consolidación del Legislativo como con-trapeso responsable del Presidente de la República es, sin duda, el dato duro,inédito, producto de las elecciones del 2 de julio pasado. Por vía democrá-tica y electoral se instauró la alternancia en la titularidad del Poder Ejecuti-vo; al mismo tiempo, y con una legitimidad igual, se materializó la repre-sentación popular y federal. Así, quedó conformado un Congreso sin mayoríaabsoluta para ninguna de las fuerzas políticas nacionales, imposibilitadas,en consecuencia, para legislar sin acuerdos y, en el caso de las reformasconstitucionales, condenadas a la alianza entre el partido gobernante y elderrotado PRI. En consecuencia, la principal clave de la gobernabilidad enMéxico ha comenzado a ser la de una relación funcional y eficiente entre latodavía muy poderosa Presidencia de la República y ese Congreso plural.En las nuevas condiciones políticas no será posible gobernar sin discusión


racional, sin persuasión y sin acuerdos. No será posible gobernar sin el Po-der Legislativo.

La recientemente aprobada reforma constitucional en materia de derechosy cultura indígenas hizo evidente la importancia del diálogo entre los dis-tintos grupos parlamentarios para superar las discrepancias y llegar a acuer-dos. Estas modificaciones legales son indicativas de que en un Estado de-mocrático no es posible la imposición de una determinada voluntad política,sino que se requiere de un permanente intercambio de opiniones entre loslegisladores de los distintos partidos políticos, a fin de lograr la definiciónde los contenidos de una ley. Con la reforma en materia indígena se recono-cen un conjunto de derechos para los pueblos y las comunidades, a fin deresponder a las demandas y reivindicaciones sociales y políticas de una mi-noría cultural que ha puesto en cuestión la homogeneidad social y culturalen que se sustenta el Estado mexicano.

Con esta reforma se incluye un conjunto heterogéneo de reclamos políti-cos y sociales de un sector importante de la sociedad en la estructura de losderechos formales de los ciudadanos; se trata de un cambio jurídico que tienelos límites del consenso a que fue posible llegar en el Poder Legislativo, peroque revela la disposición del Congreso por establecer en la Constitución losderechos de los indígenas mexicanos y garantizar, así, la coexistencia de unagran minoría cultural en el marco de la libertad, la democracia y la justiciasocial. Al enriquecer la Carta Magna con el establecimiento de un ámbitoque reconoce el derecho a la diversidad y que prohíbe toda forma de discri-minación, se ha dado un avance decisivo hacia un Estado constitucionalgenuinamente contemporáneo, que asume el respeto a las diferencias cul-turales y, específicamente, otorga derechos a los pueblos y las comunidadesindígenas. La reforma tiene, además, la virtud de no soslayar las desigual-dades reales, por lo que, heterodoxa desde el punto de vista jurídico, adicionauna serie de obligaciones constitucionales del Estado, en sus tres órdenesde gobierno, para instrumentar políticas afirmativas a fin de generar condi-ciones de igualdad para quienes han sido históricamente marginados y ex-cluidos de los beneficios del desarrollo nacional.

Desde la perspectiva estratégica e ideológica del EZLN y sus seguidores,el rechazo y las acciones de deslegitimación a la reforma constitucional nodeberían causar mayor sorpresa. Dejemos de lado, por ahora, las conside-raciones estrictamente políticas para apuntar a su idea de Estado, radical-


mente contrapuesta a la concepción vigente en la Constitución y las leyesde México.

Para el movimiento zapatista lo central es la conformación de “otro” Es-tado, fundado en la reconstitución de los pueblos originarios previos a laconfiguración del Estado nacional. El sustento no es el individuo ni el pac-to entre ellos, como condición para crear una instancia superior garante dela seguridad, sino la tradición cultural de los pueblos y las comunidades, susvalores, ideas, costumbres y convenciones que validan a las institucionessociales heredadas. A diferencia del concepto abstracto de la libertad de losiguales, los ciudadanos del Estado moderno, el Estado cultural —historicis-mo redivivo— tiene como eje una noción de democracia fundada en la vo-luntad general con insalvables dificultades para aceptar y tolerar cualquierdivergencia política, étnica o religiosa.

A contrapelo, la moderna concepción del Estado racional y legal, concompromisos sociales y, desde hace un par de décadas, abierto al recono-cimiento de los derechos de las minorías culturales, se centra en una ideade democracia no unívoca, sino que acepta la pluralidad de voces y el con-flicto como elementos constitutivos del sistema social y, en consecuencia,el acuerdo como resultado de un permanente proceso de construcción deconsensos, incompletos y sucesivos. De alguna manera, los contenidos de lareforma constitucional son la explícita expresión de los consensos logra-dos entre los legisladores de las fuerzas políticas nacionales —incluida ladiscrepancia en el seno del PRD. Como es natural y hasta deseable en unasociedad democrática, no se trata de un consenso unánime, sino del con-senso generado por la regla de la mayoría; cabe recordar que, como decíaJesús Reyes Heroles, el viejo, “todo consenso (unánime) es sospechoso”.La aceptación de la regla democrática por excelencia se basa en la acep-tación de que los intereses, valores y aspiraciones de la mayor cantidad depersonas mantiene una correspondencia más adecuada con el interés co-lectivo que los intereses, valores y deseos del menor número de indivi-duos. Aceptar la regla de la mayoría supone asumir los principios demo-cráticos y el respeto a las instituciones del Estado. La decisión del PoderLegislativo es la de la representación popular y debiera ser acatada, enprimer lugar, por los otros poderes de la Unión y también por los que,aun estando en desacuerdo, se mantienen en los márgenes del disensolegítimo.


Ciertamente, no es el caso del movimiento zapatista ni, por supuesto, delEZLN. Lo que llama poderosamente la atención es la peculiar disidencia defuncionarios del Poder Ejecutivo y hasta del mismo Presidente de la Repú-blica, quienes luego de conocer la desproporcionada descalificación que dela reforma hizo el EZLN, se desdijeron de su beneplácito inicial y pasarona reivindicar la necesidad de profundizar aspectos centrales de las modifi-caciones constitucionales. Por su parte, nadie puede dejar de considerar alEZLN —pese a su relativa aceptación del diálogo institucionalizado— comoun movimiento de disenso extremo comprometido con un proyecto políti-co contrario al régimen, reivindicador de la vía armada y, por ende, factorde inestabilidad para el orden democrático. Este tipo de disenso ilegítimosupone una lógica de confrontación que se niega a ser parte de la interacciónpolítica democrática. No le basta con la aceptación de su derecho al desacuer-do, es un disenso exclusivista, contrario a las formas de oposición compro-metidas con las reformas y el perfeccionamiento del sistema democrático.

La reforma constitucional, ya habrá ocasión para discutirla en detalle enlas próximas semanas, intenta incorporar ciertos intereses y perspectivas par-ticulares de la minoría indígena, para reconocerlos y constituirlos como partede la institucionalidad civil y política. El maximalismo del EZLN expresano sólo intransigencia o precario realismo, sino, sobre todo, congruencia consu perspectiva de disenso radical. La democracia supone la coexistenciasimultánea del consenso y el disenso, aunque se trata de un consenso demo-crático que no excluye al disenso, pero que no puede permitir ser nulificadopor un disenso ilegítimo. Podemos entender al subcomandante Marcos y alos suyos, cuesta mucho más trabajo entender al Presidente Fox y a los su-yos jugando al disenso.

3 de mayo de 2001

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UNA REFORMA MINIMALISTA

Tres son las objeciones principales a la reforma indígena y una sola laconcepción que seriamente las subyace. Tal sería la bendita forma trinitaria conla que el disenso radical, antisistémico, maldice los cambios constituciona-les en materia indígena recientemente aprobados. Con la novedad insólitade que el mismo jefe del Ejecutivo se ha sumado a la deslegitimación de laprimera enmienda constitucional, a través de las declaraciones de algunosde sus funcionarios.

La impugnación del EZLN y del zapatismo era previsible, tanto en tér-minos estratégicos como tácticos, y, por lo tanto, los costos calculables y, atodas luces, asimilables. Sin embargo, la intervención gubernamental, con-tradictoria y equívoca, ha potenciado a tal grado el rechazo a los cambiosconstitucionales que, si bien es improbable su modificación en los congre-sos locales, parece condenada a languidecer políticamente y a convertirseen uno más de los nudos gordianos del actual gobierno, así como en otro delos múltiples agravios de la infeliz relación del Presidente Fox con el Con-greso.

Estamos frente a dos problemas importantes para la gobernabilidad delpaís. Por un lado, queda postergada la posibilidad de una reanudación de lasnegociaciones del gobierno federal con el EZLN. La magnanimidad presi-dencial naufraga ante una estrategia y una concepción que, congruentemente,mantienen tanto una posición de resistencia a toda forma de dominio globa-lizador —capitalista, occidental, universalista—, como permanentes accio-nes de rebeldía, como corresponde a una minoría política activa contraria atoda forma de institucionalidad, incluida la del régimen democrático. La acep-tación de la reforma constitucional por parte del movimiento zapatista hu-biera significado un paso, quizá sin retorno posible, hacia su plena incorpo-


ración a la vida política civil y, por lo tanto, obligado a respetar los procedi-mientos y las reglas de la democracia, así como a entregar las armas en unplazo perentorio. Al descalificarla, el EZLN se preserva como una organi-zación reivindicadora de una concepción de vida fundada en el reconoci-miento de las comunidades y los pueblos indígenas como elementos esen-ciales en torno a los cuales habrá de articularse el Estado.

Por el otro lado, las diferencias entre los Poderes Ejecutivo y Legislati-vo son un hecho inédito en la historia política contemporánea del país. Ladisfuncionalidad entre estos dos lugares de ejercicio de la política se ha cons-tituido en un desafío a la gobernabilidad democrática. Es necesaria, en conse-cuencia, la redefinición de los mecanismos de corresponsabilidad en las nuevascondiciones políticas, en las que ningún partido goza de la mayoría absolu-ta en el Congreso y donde se requiere de permanentes negociaciones a finde llegar a acuerdos. No se trata de la problemática propia de los llamadosgobiernos divididos, sino del replanteamiento de los modos de operaciónpolítica a fin de garantizar un efectivo equilibrio y complementariedad en-tre ambos poderes.

La descalificación de la reforma constitucional en materia indígena porparte del Poder Ejecutivo es el hecho más sintomático de la difícil relacióndel Presidente Fox con los legisladores, incluidos los de su partido. Quizásea prematuro deducir de esta posición presidencial la tendencia que habráde desarrollar en sus futuras relaciones con el Congreso, pero cabe advertirun comportamiento a contracorriente de una de las instituciones fundamen-tales de la consolidación democrática del país. Ante las modificaciones ylimitaciones impuestas al proyecto de la Cocopa, presentado como iniciati-va por el Ejecutivo, se optó por otorgar la aquiescencia presidencial a laversión de la dirigencia política-militar del EZLN.

Este embrollo político ha desplazado la discusión de los contenidos dela reforma constitucional y propiciado la creación de mitos y tabúes respectoa documentos de referencia, como el proyecto de la Cocopa y los acuerdosde San Andrés, que el Congreso analizó para legislar con autonomía y cri-terios propios sobre los derechos de los pueblos y las comunidades indíge-nas de México. Lo decisivo es que la representación popular y federal delpaís consideró que lo más adecuado para la sociedad mexicana y los gruposétnicos era una modificación a la ley suprema que no contraviniera la estruc-tura jurídico-política del Estado mexicano.


Contrario a la posición del Legislativo, el planteamiento del movimien-to zapatista se articula en torno a un conjunto de demandas, que han asumi-do la mayoría de los movimientos etnopolíticos actuales, relativas a la es-tructura del Estado. Estos reclamos pueden considerarse residuos de lo quefue consustancial y determinante en la conformación de las sociedades, peroque hoy adquieren de nueva cuenta su carácter antimoderno. Las impug-naciones a la reforma en materia indígena aprobada por el Poder Legislati-vo provienen de una concepción de Estado multicultural o, como lo deno-mina el maestro Luis Villoro, plural. La unidad de este Estado es el resultadodel acuerdo entre los pueblos que lo conforman y no del pacto entre ciudada-nos libres e iguales. En consecuencia, para el EZLN, sus aliados y simpati-zantes es prioritario e irrenunciable el reconocimiento de las comunidadesy pueblos como entidades territoriales independientes que libremente acep-tan ser parte de un Estado nacional, pero que se asumen con derecho a la libredeterminación y la autonomía en las tierras y los territorios que usan y ocu-pan. Esta tríada de reivindicaciones supone un uso y una conceptualizacióndiferentes de los mismos términos presentes en el dictamen de reforma cons-titucional en manos de los Congresos locales. En el fondo se encuentran dosideas antagónicas sobre el Estado moderno; por un lado, la sustentada en laconciencia colectiva y la voluntad general, y, por el otro, la que apela a la ciu-dadanía y la ley.

Este dilema pareciera irresoluble y, en términos del debate teórico, qui-zá así lo sea. No obstante, tiene soluciones parciales, limitadas y minimalistasde carácter práctico, de acuerdo con la correlación de fuerzas políticas y sóloen el Estado constitucional democrático. El dilema, inasimilable como con-flicto, se dirime, sin embargo, provisionalmente, de acuerdo con los proce-dimientos de la democracia, por la vía legal que determina la mayoría. Elfundamentalismo histórico y cultural lleva, al principio o al final, al abismode la violencia. Los mexicanos, mestizos e indígenas, seguirán coexistien-do sólo si en el marco de la unidad nacional reconocen y aceptan sus dife-rencias y acatan las reglas de la convivencia civilizada y pacífica.

La reforma constitucional aprobada tiene evidentes limitaciones e insu-ficiencias para la perspectiva del zapatismo —y parece ser del PresidenteFox y algunos de sus colaboradores— pero, pese a su minimalismo, tienela virtud de garantizar el respeto a las libertades individuales y colectivas;reconocer a los pueblos y las comunidades; promover la igualdad de opor-


tunidades; rechazar las discriminaciones, e institucionalizar la tolerancia. Setrata de un primer paso, que si bien asegura la necesidad de valores e insti-tuciones comunes para resistir y doblegar al racismo, para disminuir y erra-dicar la violencia o para remontar las consecuencias de la pobreza, se man-tiene todavía lejos de una afirmación del ideal de autogobierno y autonomíade las comunidades, en el marco de una sociedad plenamente democrática.

10 de mayo de 2001

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REFORMA INDÍGENA: DEMOCRACIAY DISIDENCIA

1. Han entrado en vigor las reformas a la Constitución en materia indígena.Aprobadas por unanimidad en el Senado y por muy amplio margen en la Cá-mara de Diputados (sólo 60 votos en contra), recibió la aceptación de lamayoría de los Congresos estatales (19 hasta el momento). El PresidenteFox la promulgó y publicó como corresponde, pese a indecisiones y decla-raciones no muy felices. El nuevo artículo 2o. condensa los derechos cul-turales y autonómicos de los pueblos y las comunidades indígenas. Garan-tiza derechos políticos, jurisdiccionales, socioeconómicos y propiamenteculturales. Asimismo, obliga a los tres órdenes de gobierno a financiar ydesarrollar acciones para la igualdad social de la enorme minoría de indí-genas, históricamente marginados y vulnerables. El texto constitucional hade regir para todos los mexicanos, indígenas y no, mestizos en abrumadoramayoría.

2. ¿Cumple con los Acuerdos de San Andrés? Fundamentalmente sí. Res-cata al pie de la letra las premisas centrales de ese documento, signado porel Ejecutivo y el EZLN, para su consideración y transformación en ley por elCongreso. Tales premisas son: el reconocimiento del derecho a la diferen-cia cultural de los indígenas mexicanos, y a su libre determinación y auto-nomía relativas, así como la obligación del Estado a proporcionarles un tra-to preferencial que propicie la ampliación de oportunidades. La iniciativaFox-Cocopa, lo mismo que las otras tres presentadas, fueron interpretacio-nes de los Acuerdos de San Andrés; el nuevo texto constitucional tambiénlo es, con la diferencia cualitativa de ser resultado del procedimiento cons-titucional y del mérito político de expresar en sus contenidos los avances ylímites que determina el consenso de las fuerzas políticas mayoritarias delpaís. Legitimidad de la democracia versus el disenso radical.


3. La reforma es, en consecuencia, una reforma minimalista. Está cons-truida desde la perspectiva del Estado constitucional vigente. Se asume laidea de que es posible el reconocimiento de los derechos autonómicos y lasdiferencias culturales de los indios mediante reformas, sin transgredir laestructura del Estado mexicano. No es ésa la óptica del EZLN y sus simpa-tizantes, comprometidos en la construcción de otro estado, fundado en elacuerdo entre el “pueblo dominante” (?) y los pueblos originarios —porcierto, todavía en proceso de reconstrucción, tal y como lo postulan los mo-vimientos etnopolíticos contemporáneos. De aquí las objeciones y los pro-pósitos de enmienda. No sólo un nuevo orden jurídico dotado de autorida-des, normativa y ámbitos de competencia autónomos —como sí lo establecela reforma constitucional—, sino que los pueblos y las comunidades indí-genas sean entidades territoriales independientes, pilares del nuevo estado.Por eso el empeño en las nociones de entidades de derecho público y terri-torios; por eso el desdén por, los nada desdeñables, conceptos de interéspúblico y hábitat.

4. ¿Qué sigue? Un permanente conflicto con intermitentes ascensos y re-flujos. No vale el optimismo fácil. Las controversias constitucionales segui-rán su curso, es improbable su éxito. Toca mover al gobierno federal, pare-ce que habrá de inclinarse por el reforzamiento de la política social y lacontención político-militar del EZLN. Largos 15 minutos. El EZLN en losuyo: resistir. Oleadas de movilizaciones en el ámbito interno e internacio-nal, aprovechar los nuevos resquicios abiertos por el nuevo texto constitu-cional en las leyes estatales, capitalizar la distensión militar mientras dure.La decisión ineludible y persistente entre la tolerancia reformista o la disi-dencia excluyente. Si opta por el radicalismo de las demandas inasimilablespara la mayoría democrática, lo cual es probable, el conflicto deviene eninnegociable. El impasse reeditado y permanente. La lucha prolongada, lapaciencia india por los siglos de los siglos. La violencia endémica y cotidianaincrementará exponencialmente el riesgo de escalarse. Es el precio delfundamentalismo, de la tentación de la vía armada; pero también el costopolítico de la ausencia de estrategia gubernamental, de la demagogia popu-lachera, así como también de la irresponsabilidad y el oportunismo de lospartidos que han aprovechado la cuestión indígena para dirimir querellasinternas —léase PRD y/o PRI— o hasta para negociar agendas legislativasentrampadas, como en el Estado de México, entre otros.


5. La reforma constituye un gran avance en la construcción de un Estadoconstitucional moderno, lo saben todos, lo reconocen soto voce los más lú-cidos de sus críticos. El carácter pluricultural del Estado mexicano se incluyeen su definición democrática, ahí la regla que los impugnadores no aceptan,la de la mayoría. Implacable norma de toda democracia representativa. Entodo caso, ojalá y así lo detecten las organizaciones indígenas, los partidosy la opinión pública, hasta el programa de la reconstrucción de los pueblosoriginarios —con toda su carga utópica crítica o fantasiosa— ha encontra-do en la reforma constitucional un cauce legal. Debiera ser el tiempo de lapolítica buena: que la disidencia autoritaria se haga oposición efectiva.

16 de agosto de 2001

[153]

UNIVERSIDAD Y GUERRILLA

Las explosiones del pasado día 8 en sucursales Citibank, reivindicadas porlas Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) han dado pie atoda una saga que obliga a retomar temas del pasado reciente. Pocos asun-tos han sido atendidos tan al detalle por la opinión pública como este retor-no de la guerrilla urbana. El interés se explica porque el golpe de las FARPfue eminentemente político y alcanzó resonancias muy amplias en un mo-mento en que, casi a diario, se reportan ataques terroristas en España y elMedio Oriente. La irrupción del grupo armado, asociado al Ejército Popu-lar Revolucionario (EPR), puso fin a la ilusión gubernamental de una tran-quilidad relativa debida al cambio democrático. De pronto, se precipitaronno sólo los problemas de seguridad nacional, sino, también, de derechos hu-manos y se han suscitado fricciones entre la PGR y la UNAM.

Con la captura de cinco presuntos miembros de las FARP y el hallazgode información estratégica se han hecho patentes capacidades y deficiencias,así como marcados prejuicios. No puede negarse que las detenciones logra-das en un breve lapso de tiempo merecen el reconocimiento a la competen-cia de las autoridades. Si el EPR intentó demostrar la vulnerabilidad delEstado, la rápida localización de militantes y su reclusión ponen de mani-fiesto que existen los recursos y una disposición total para impedir atenta-dos contra la paz social. Sin embargo, la operación ha dado margen a dudassobre la responsabilidad real de todos los implicados y están en entredicholos métodos utilizados durante su interrogatorio. Al mismo tiempo, se hadesatado el temor a las persecuciones políticas, de tan amarga memoria paraquienes vivieron la experiencia del activismo revolucionario.

El problema principal es la permanencia de grupos políticos armados quese entienden a sí mismos como vanguardia popular. Un caso aparte es el


EZLN que, aun cuando se inició bajo una perspectiva insurreccional, halogrado una rápida evolución hacia dimensiones políticas todavíainalcanzables para organizaciones como el EPR. Los neozapatistas cuentancon un líder carismático que logró transformar la intervención tradicionalde la guerrilla en una lucha mediática. El subcomandante Marcos ha dadorealce a una lucha que combina medios legales e ilegales. Están de por mediolas armas, pero más como un recurso simbólico, porque el campo real es elde una política de cuestionamiento al poder en función de objetivos propios.A diferencia del EZLN, el EPR y las FARP se encuentran estancadas en undiscurso y una práctica que las aíslan de la sociedad. Siguen manteniéndoseen una auténtica clandestinidad y sus posiciones no resultan claras a nadie.Carecen de una base de apoyo político y no parecieran estar interesadas enir más allá de un vanguardismo estéril y anacrónico. Son grupos peligrosos,más por el riesgo que suponen al apoyarse en la violencia ciega que por sucapacidad para alterar el curso del proceso político. Aquí lo determinantees la posibilidad del ejercicio del terror, así como las posibles relaciones conel crimen organizado. La vía que siguen es más la de Sendero Luminoso quela del neozapatismo en Chiapas.

La captura de los presuntos miembros de las FARP ha tocado un puntoparticularmente sensible: la presencia de grupos subversivos en las univer-sidades. Es un asunto viejo y conocido. En todo el mundo, las universida-des han sido un terreno fértil para las ideas revolucionarias. El medio estu-diantil es idóneo para la difusión de planteamientos políticos radicales dadala proclividad de sectores de la juventud a asumir una muy justificable re-beldía. No en todos, pero sí en los mejores campi, se desarrollan posicionesfavorables a los cambios sociales. Lamentablemente, en algunos casos lagenerosidad se trastoca en mera ideología y se crean condiciones para elsectarismo y el maximalismo. En este contexto, no faltan los partidos polí-ticos que ejercen una clara política universitaria, pero también operan gru-pos radicales más interesados en sostenerse en el autismo que en el avancede las causas que imaginan encabezar.

Las universidades, están, entonces, atravesadas por todo tipo de corrien-tes políticas. En particular, las universidades públicas son una importanteplataforma para los movimientos sociales. No hay forma de evitar tales pro-cesos porque son consustanciales al desarrollo de la educación superior. Losestudiantes participarán siempre en la política porque son los más interesa-


dos en contar con una perspectiva de futuro. Otra cuestión es identificar alas universidades como semilleros de la guerrilla. No cabe duda que allí hanencontrado un espacio de operación organizaciones comprometidas con laacción subversiva. El EZLN no existiría, quizá, sin las condiciones que sonpropias del medio universitario. Sin embargo, la política en la Universidady la propia institución están más allá de esas expresiones ideológicas.

Subrayar este punto resulta pertinente, porque a raíz de los sucesos del 8de agosto la PGR ha relacionado a la UNAM con la guerrilla, debido a quealgunos de los presuntos miembros de las FARP estudiaban en esa institu-ción. Lo que no es sino un dato biográfico se convierte fácilmente en unaimplicación política sumamente delicada. Por eso, el rector De la Fuente haacertado al advertir que no existe razón para que la PGR investigue a laUNAM. Efectivamente, la aplicación del Estado de Derecho no tiene por quéviolentar la autonomía universitaria y no debe permitirse que en las univer-sidades públicas se ataque la libertad de cátedra y se les censure por un he-cho ajeno a sus aulas.

Es absolutamente necesario poner un alto a las descalificaciones irrespon-sables que dañan a la principal universidad del país. De seguirse el juego queinteresa a algunos sectores no sólo se afectaría la labor de la UNAM, sinoque, también, se estaría retrocediendo al tiempo de las persecuciones polí-ticas. El asunto es crucial para un gobierno democrático que está obligadotanto a respetar escrupulosamente los derechos humanos y las libertadespúblicas, como a preservar las condiciones de seguridad. Asimismo, la pre-sencia de grupos radicales en el campus es un aspecto ineludible para lapropia universidad nacional, sobre todo después de la prolongada huelgaestudiantil que la llevó a su más grave crisis. La única receta en ambos ca-sos es desplazar a la ideología a través de una auténtica voluntad de refor-ma y apego a la legalidad. Hay mucho que pensar y hacer en el terreno de laseguridad nacional, y, también, en el del gobierno autónomo de la UNAM.

21 de agosto de 2001

LOS DILEMAS DE LA REFORMACONSTITUCIONAL EN MATERIA

DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS

[159]

INTRODUCCIÓN

Es pertinente plantear para la discusión la idea de que la reforma consti-tucional en materia de derechos y cultura indígenas posee como caracterís-tica distintiva la figura del dilema. Tal es su rasgo simbólico indeleble. Lanormativa que ahora conforma el nuevo artículo 2o. de la Ley Suprema,la misma que ha generado discrepancias, acaso irreconciliables, en cuantoa sus contenidos y la presentación de controversias constitucionales ante laCorte, cuestionando los procedimientos de su elaboración, ha tenido unlargo parto y, sin duda, digno producto de los tiempos que corren, es hijade la polémica.

Una definición precisa de “dilema” nos obliga a considerarlo un argumen-to formado por dos proposiciones contrarias, de manera que, negada o con-cedida cualquiera de las dos, queda demostrado lo que se intenta probar. Laperversidad del dilema recuerda al principal filósofo de la modernidad,Immanuel Kant, y su inolvidable razonamiento acerca de las antinomias dela filosofía. A las preguntas que dan fundamento a la moral de la nueva épo-ca —surgida bajo el impulso de las revoluciones burguesas (inglesa y fran-cesa)— sobre la libertad de los individuos, la inmortalidad de las almas y laexistencia de Dios se responde con la fecunda idea de la imposibilidad desaber.

Desde la perspectiva del conocimiento moderno, resulta imposible dar unarespuesta a esas cuestiones, puesto que se está de cara a las antinomias dela razón pura. Se puede argumentar racionalmente, sea en favor o en contrade la verdad o falsedad de las aseveraciones, los razonamientos pueden sercorrectos, pero la solución verdadera incognoscible. En virtud de esta ope-


ración crítica comenzó el derrumbe de la metafísica, el ocaso de las verda-des absolutas. No obstante, si bien queda clara su inutilidad para los propó-sitos de la ciencia, Kant afirmará su carácter de imprescindibles para la moraly la guía de la acción. Irresolubles para la razón, dilemas inescapables, se-rán, sin embargo, postulados de la vida práctica, la conducta y el comporta-miento moral.1

Muchas de las dificultades del debate sobre los derechos indígenas, y delos graves problemas intelectuales y políticos, y morales y culturales que leconciernen a estos temas, están vinculados, sin duda, con la naturalezaantinómica de la discusión entre liberalismo y comunitarismo, los insalvablesdilemas del pluralismo jurídico, la inconciliable convergencia entre derechoconsuetudinario y derecho positivo, entre usos y costumbres colectivos ynormativa individual. Sin ironías, se debe afirmar que en el debate acerca deesta cuestión no se sabe a ciencia cierta qué importa más, si la verdad de lasaseveraciones o la responsabilidad de las soluciones. Aquí conviene muchomás ofrecer soluciones posibles que esgrimir convicciones. La cuestión indiaen México, más que académica es uno de los grandes temas mexicanos dela razón práctica.

Vayamos al grano. Una primera razón para reflexionar y analizar, con se-riedad y rigor, la reforma constitucional indígena consiste en el hecho de quees un cambio jurídico de alta significación para el país. Modificación legal-mente inatacable, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, que se declaró incompetente para conocer de los procedimien-tos del Constituyente Permanente, con lo que deja al Poder Legislativo ple-na disponibilidad para legislar sobre el tema. Contrariamente a la opinióngeneralizada y los lugares comunes, esta reforma trasciende las demandasde las comunidades indígenas y la multiplicidad de sus etnias y va más allá delincipiente movimiento de reivindicación indígena y su miríada de organi-zaciones, entre las que destacan algunas de raigambre indígena proclives ala disidencia armada, como el EZLN. El proceso que ha acompañado la ele-vación a rango constitucional de los derechos de los indios ha permitido laconfluencia de múltiples actores que, a pesar de sus divergencias, han dado—y dan— continuidad a un proyecto de eliminación de las discriminaciones

1 Ver Immanuel Kant, Critique of Pure Reason. Nueva York, St. Martin’s Press, 1929;también, Crítica de la razón pura. Buenos Aires, Losada, 1968, pp. 57 y ss.


y las desigualdades, en el horizonte de una aspiración a conformar una so-ciedad incluyente y justa. Pese al encono, esa conjunción ha sido la base para—pese a su dramatismo— construir un proceso complejo, cuyo mejor ras-go ha sido la razonable contención de la violencia.

El propósito común que alienta a incorporar en la Constitución los derechosde los indios mexicanos es lograr una convivencia respetuosa y tolerante delas diferencias, en un marco jurídico general, fundado en la igualdad de losciudadanos. La perspectiva habría de ser la de una nación democrática, ape-gada a criterios de justicia, donde se resguarden los derechos fundamenta-les de los individuos, se aseguren oportunidades de desarrollo para las co-munidades y se garantice la civilidad a partir de la composición pluriculturaldel país. En lo que concierne a la reforma, queda meridianamente claro queha querido ser congruente con todas las fases de integración de un régimenjurídico democrático, incorporando los momentos del Estado de Derecho,los intereses universalizables o derechos humanos, las garantías sociales —to-davía en juego— y la nueva dimensión del reconocimiento a las diferenciasculturales.

El rezago social de la mayoría de los indígenas en México es una dificul-tad mayor para su incorporación efectiva en un nivel más complejo de lavinculación normativa. Estamos hablando de más de 10 millones de com-patriotas poseedores de muy variadas formas culturales, con la agravante desu marginación y su exclusión. La reforma indígena no elude esta realidaddolorosa en el plano social, pero, no obstante, esperanzadora en el ámbitode la cultura.

La mayoría de los indígenas resiente la pobreza extrema. Recibe menos edu-cación y servicios públicos que el resto de los mexicanos. Accede con dificul-tad a la jurisdicción del Estado y la falta de respeto a sus derechos humanosno es excepcional. Ocupa la posición social más baja y es víctima de discri-minación, injusticia y maltrato. Resiente prejuicios que lastiman su dignidad.En las regiones en que vive la mayoría sufre de opresión. Su representaciónpolítica es casi inexistente, inferior a su número y presencia y, sobre todo, ala justicia de muchas de sus demandas.2

2 Arturo Warman, Los indios de México, en Nexos, núm. 280. México, abril, 2001, p. 46.


Es por lo anteriormente dicho que en las nuevas disposiciones constitu-cionales podemos observar una convergencia jurídica y política de carácterestratégico. Por un lado, se asume el principio de dignidad de todos y suconsecuente igualdad, y, por el otro lado, se reconoce el principio de dife-rencia y la pluralidad cultural que le es inherente, en el ámbito del Estadodemocrático de derecho.3

La reforma constitucional fue construida en la perspectiva de garantizarel programa liberal de universalización de los derechos para quienes, por di-versas circunstancias históricas y culturales, sociales y políticas, se han vistovulnerados en sus derechos a la igualdad y restringidos en el ejercicio de suslibertades. Sin embargo, las recientes modificaciones a la Carta Magna tam-bién consideran la validez de las reivindicaciones de las minorías para elautogobierno y la libre determinación de sus asuntos internos, bajo la pre-misa de la unidad de la nación.

Muy probablemente la reforma constitucional aprobada no sea la hipotéti-camente mejor, el modelo ideal; acaso, tan sólo sea un avance, una expresióndel consenso posible de alcanzar en el espacio de la representación política ypopular, cristalizada en la correlación de fuerzas en el Congreso. Es un tramodel camino. Se está ante un proceso legislativo inconcluso, del que restan fa-ses de gran importancia para su afirmación efectiva, tales como las adecua-ciones al conjunto de leyes secundarias que inciden en los asuntos indígenas.Asimismo, se habrá de proceder a la gran tarea que los Congresos de los esta-dos de la República tienen que realizar, en el ámbito de sus competencias yen cumplimiento de los nuevos mandatos constitucionales. Ni siquiera con ellola labor legislativa y el debate teórico y político podrán darse por concluidos.

Las insatisfacciones y los desacuerdos que se articulan en torno a propó-sitos que van más allá de los cambios constitucionales mantienen viva ladiscusión. De lograr, quienes hoy impugnan la reforma, una articulaciónpolítica con la dimensión suficiente para modificar la correlación de fuer-zas, se abrirán posibilidades para incorporar nuevos contenidos e, incluso,se podrán hacer replanteamientos novedosos a la Constitución, la llamada

3 “These principles primarily apply to the basic structure of society. They are to governthe assignment of rights and duties and to regulate the distribution of social and economicadvantages”. En John Rawls, Theory of justice. Cambridge, Harvard University Press, 1970,p. 60.


“reforma de la reforma”, que inevitablemente habrán de estar en correspon-dencia con una reestructuración radical del Estado, vinculada a la instaura-ción de una nueva forma del mismo.

Mientras esto no ocurra, si bien la reforma cuenta con la legitimidad for-mal que le otorga la representación nacional y, complementariamente, ha sidodotada de plena legitimidad legal por la Corte al desestimar las controver-sias constitucionales, estamos ante modificaciones legales políticamentevulneradas. Legalidad políticamente débil en la medida que carecen delconsentimiento y la aceptación de los sectores más organizados y de mayormérito en el impulso reciente de las justas reivindicaciones indígenas enMéxico. Muchos de esos grupos y comunidades, de organizaciones e inte-lectuales poseen una perspectiva teórica y política común, que bien puedesintetizarse en este condensado texto de Luis Villoro:

La aceptación de la multiplicidad de los pueblos, sin un núcleo de unidad,implica la destrucción del Estado, la imposición de la unidad sin respeto a ladiversidad, conduce a un Estado opresivo. La solución sólo puede darse enuna forma de síntesis entre unidad y multiplicidad. Entre la ruptura de la aso-ciación política existente y su mantenimiento por coacción, cabe una terceravía: la transformación de la asociación política, de ser obra de la imposiciónde una de las partes a ser resultado de un consenso entre sujetos autónomos.4

Esa mirada insatisfecha y crítica postula una sociedad multicultural sus-tentada en la existencia o en el proyecto de reconstitución de diversas co-munidades o pueblos de cultura plenamente autónomos, asentados en terri-torios específicos y que cuentan con sus propias instituciones sociales ypolíticas o que pretenden reconstruirlas.

DILEMA 1. EL CONFLICTO DEL EZLN EN CHIAPAS

Y LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS

La reforma constitucional parte de dos antecedentes jurídicos. Por una par-te, el hecho que desde 1990 el país ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre

4 Luis Villoro, “Sobre derechos humanos y derechos de los pueblos”, en Isonomía, núm.3. México, ITAM, octubre, 1995, p. 9.


Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y, por la otra, que,en concordancia con ese tratado internacional, se modificó en 1992 el ar-tículo 4o. de la Ley Suprema, para introducir el carácter pluricultural de lanación, sustentado originalmente en los pueblos indígenas, y la precisión,en la fracción VII del artículo 27 constitucional referente a la integridad delas tierras de los grupos indígenas.

Sin embargo, el camino hacia la afirmación de los derechos indígenas enel plano constitucional no fue, en México, una cuestión académica o jurídi-ca, sino eminentemente política. Las consideraciones internacionales y el re-conocimiento pluricultural de la nación no fueron, de ninguna manera, losaspectos determinantes. La insurrección armada del EZLN, el 1 de enero de1994, su rápida e inédita evolución ideológica, transitando de demandaspropias de los grupos guerrilleros reivindicantes de propuestas de corte so-cialista —cuyo referente más próximo fueron las organizaciones armadasde los países centroamericanos— hacia planteamientos específicos de losmovimientos etnopolíticos contemporáneos5 ubicó el núcleo central de susreclamos en los derechos autonómicos de los pueblos y las comunidadesindígenas (reconocimiento de las diferencias culturales) y la exigencia deacciones afirmativas por parte del Estado —a través de políticas compen-satorias— para elevar las condiciones de vida de los indígenas, eliminar lasdiscriminaciones y asegurar la igualdad de oportunidades (principio de dig-nidad).

El EZLN se ha configurado como uno de los actores políticos más rele-vantes de la última década. Lo caracteriza la polivalencia de su intervenciónen los asuntos públicos y de Estado. Por una parte, ha logrado la hazaña deque las demandas locales de un conjunto de comunidades hayan pasado aencontrar su lugar en la construcción de una nueva universalidad jurídica.Por la otra, ha perseverado en su afirmación sistemática de espacios de re-sistencia asumidos como micropoderes, como lo demuestra la creación demunicipios autónomos por la vía de los hechos, en consciente desafío de lainstitucionalidad vigente. Su proyección no es sólo nacional, sino interna-cional; es punto de referencia para otros espacios comunitarios amenazadosy para grupos contrarios a la modernización y la globalización. Finalmente,

5 Véase “Primera Declaración de la Selva Lacandona” y “Segunda Declaración”, en EZLN:documentos y comunicados. México, ERA, 1993-1994. 3 vols.


se articula con un proyecto más complejo —de ambición revolucionaria—de recomposición del Estado, bajo premisas no liberales.

Las acciones políticas del movimiento zapatista, sus aliados y simpatizan-tes no han estado exentos, también, de un innegable perfil conservador que,paradójicamente, resulta completamente innovador. Sus principales deman-das son en favor del reconocimiento y de la vigencia de las formas cultura-les tradicionales de los pueblos indígenas, previas a la conformación delEstado moderno, elemento que le otorga ingredientes de protesta y subver-sión desde mundos de vida que pueden considerarse residuales, pero quetienen plena incidencia para la construcción de un tipo de Estado que tras-cienda la homogeneidad de la sociedad de mercado y asuma la diversidad;a que, con base en el derecho, se les reconozca el derecho al autogobierno y aun nuevo arreglo de incorporación al orden jurídico nacional. Los plantea-mientos estratégicos del EZLN han convertido en central la demanda por elrespeto a la identidad (dignidad y diferencia) y a los derechos de autonomíapolítica y cultural de un grupo social históricamente vulnerado y discrimi-nado en términos económicos, sociales y políticos. Nada mejor para la luchamediática —a la que el zapatismo ha dedicado las mayores energías— queel desarrollo y promoción de un espíritu de rebelión, al mismo tiempo que sepractican formas multidimensionales de resistencia.6

Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar son uno de los resultados del diá-logo entre el gobierno y el grupo armado. Cumplen un papel crucial tantoen el camino de una solución legal y pacífica al conflicto, como en el pro-ceso legislativo de incorporación de los derechos indígenas a la Constitu-ción. La firma de estos Acuerdos fue para el zapatismo una decisiva victo-ria estratégica, aunque, ciertamente, significó un logro político de alto valortáctico para el gobierno. Con ellos, el EZLN obtuvo para los pueblos indí-genas su reconocimiento como sujetos de derecho con capacidad de libredeterminación y autonomía. La intransigencia del zapatismo en reivindicarcomo la única reforma constitucional aceptable la del proyecto de la Cocopa,presentada como iniciativa por el Presidente Vicente Fox, profundizó un de-bate sumamente complejo entre las concepciones liberales y comunitaris-

6 Sobre este tema véase Alan Arias Marín, “¿Cómo ganar libertades y no perderlas?”, enRevista Mexicana de Ciencia Política, núm. 46. México, UNAM, Facultad de Ciencias Po-líticas y Sociales, 2001. También véase supra Introducción, p. 15.


tas, mismo que, dadas las actuales condiciones políticas, difícilmente podráser superado en el corto y mediano plazos.

Una cuestión fundamental de estos Acuerdos es que constituye un docu-mento con pretensiones de carácter general, que contiene algunas de laspremisas básicas para el establecimiento de una nueva relación de los pue-blos indígenas, el Estado y el conjunto de la sociedad mexicana. Estaspremisas sólo pueden realizarse en el marco de una profunda reforma delEstado, paralela a la construcción de un nuevo pacto social que garantice eldesarrollo sustentable de los pueblos y las comunidades indígenas.7

DILEMA 2. CONFLICTOS NEGOCIABLES E IRRESOLUBLES

Dos lecturas han determinado la interpretación de estos Acuerdos y, conellas, indirectamente, la valoración general de la reforma constitucionalaprobada el año pasado. Una, liberal-democrática, que entiende —en últi-ma instancia— como conciliables, tanto en la estructura básica de la socie-dad como en su expresión jurídica constitucional, las premisas de derechoa la dignidad y a la diferencia que constituyen el fundamento de los Acuer-dos. Ésta fue la línea seguida por el Congreso al aceptar la diversidad cul-tural materializada en más de 56 grupos étnicos y otorgarles derechos polí-ticos, sociales, económicos y culturales, relevantemente el derecho a laautonomía relativa en la conducción de su vida interna, así como un con-junto sistemático de políticas públicas de promoción del desarrollo, a tra-vés de acciones afirmativas favorables a las poblaciones indígenas, en tan-to que grupos vulnerados en situaciones de inequidad y desventaja. El ejearticulador de la reforma constitucional fue garantizar la libertad de losciudadanos, independientemente de sus orígenes o formas de organizacióncultural, y atender las necesidades sociales básicas de quienes se encuen-tran en condiciones de desigualdad.8

7 Véase José Ramón Cossío Díaz et al., “Pronunciamiento conjunto, ASAL”, en Dere-chos y cultura indígena. Los dilemas del debate jurídico. México, Miguel Ángel Porrúa, 1998,pp. 288 y ss.

8 Véase “Exposición de motivos de las reformas y adiciones presentadas por el Senado,junio, 2001”.


La otra interpretación, comunitarista-histórica, tiene como punto de par-tida la ratificación que, desde su perspectiva, se hace en los Acuerdos res-pecto de las formas tradicionales políticas, económicas, sociales y cultura-les de los pueblos indígenas originarios, que hoy adquieren, de nueva cuenta,un carácter crítico ante los modos y las consecuencias de una modernizaciónimplacable. El nuevo pacto preconizado por los Acuerdos debiera ser pro-ducto de un arreglo (pactum conjunctionis) entre los pueblos que conformanel Estado y no de un simple contrato (pactum subjectionis) entre ciudada-nos libres e iguales; por consiguiente, se requiere de la construcción de unnuevo Estado, que sólo podrá ser resultado del reconocimiento de los dere-chos colectivos integrales de los pueblos indígenas y demás actores socia-les que aceptan su pertenencia a una misma comunidad histórica.

La batería de argumentos críticos utilizados para impugnar los conteni-dos de la reforma constitucional, y que derivan de esta segunda interpreta-ción, consiste en impugnar la falta de reconocimiento de los pueblos comosujetos de derecho y de las comunidades como entidades de derecho públi-co; el carácter no obligatorio del uso y disfrute colectivo de los territoriosque ocupan, y el hecho de que la reforma se niega a otorgar una plena juris-dicción legal sobre sus territorios.

El respeto a la vida, a la autonomía y a la igualdad de condiciones y la posi-bilidad de perseguir sin coacción los propios fines y valores no son resultadosino condición de todo convenio político voluntario. Corresponden, pues, auna situación ideal. De no darse ésta, el resultado no sería una asociaciónvoluntaria, sino una imposición, al menos parcial, de una de las partes sobrelas otras.9

A estas dos lecturas les subyacen dos ideas antagónicas acerca del Esta-do moderno. Por un lado, la sustentada en la conciencia colectiva y la vo-luntad general y, por el otro, la que apela a la ciudadanía y a sus capacidadesde autolegislación. La primera asume la idea de una comunidad de destinocultural e histórico (nacionalismo étnico), en tanto que la segunda —pro-cedimental— se cimenta en la idea de una sociedad política capaz de garan-

9 L. Villoro, “Sobre derechos humanos y...”, en op. cit., p. 10.


tizar la representación de la diversidad de intereses, al tiempo que respetuosade los principios de libertad, justicia y diferencia (nacionalismo cívico).10

Tratar de entender las dos concepciones contrapuestas que pueden deri-varse de los Acuerdos de San Andrés resulta una clave explicativa para lacomprensión de algunos rasgos esenciales del conflicto con el EZLN —deduración inopinada—, y, en lo que aquí nos concierne, para entender por quéla reforma constitucional aprobada resulta radicalmente insuficiente e in-aceptable para el movimiento indígena más radicalizado —incluidos loszapatistas. En teoría política se establece una dura distinción entre los con-flictos negociables y los que no lo son. Los primeros están orientados a ob-tener más o menos ventajas del adversario y son susceptibles de soluciónmediante acciones correctivas y reformas legales e institucionales que im-pliquen distribuciones más equitativas del poder político y del productosocial. Este tipo de conflictos son observados, incluso, como saludables, todavez que pueden resultar en una mayor cohesión de las sociedades democrá-ticas, siempre y cuando se establezca un entramado institucional garante dela gobernabilidad y que se corresponda con la pluralidad política existente.

Una sociedad pluralista y de libre mercado, que incuba una interminable se-rie de conflictos en rápida sucesión, difiere de otros tipos de estructuras so-ciopolíticas en un aspecto importante: no puede pretender establecer ningunaclase de orden y de armonía permanentes, a lo único que aspira es a “ir saliendoal paso” de un conflicto al siguiente.11

Por otra parte, existen conflictos sin posibilidad de negociación, no asimi-lables a la legalidad y a la institucionalidad propias del régimen políticovigente. Se trata de confrontaciones propias de sociedades divididas, pola-rizadas políticamente, especialmente entre tendencias divergentes de carácter

10 “La integración de los ciudadanos asegura la lealtad a la cultura política común. Éstaecha sus raíces en la interpretación de los principios constitucionales que cada Estado na-cional hace desde la perspectiva de su contexto histórico de experiencia y que, por tanto, nopuede ser éticamente neutral”, en Jürgen Habermas, La inclusión del otro. Barcelona, Paidós,1999, p. 213.

11 Albert O. Hirschman, Tendencias autosubversivas. Ensayos, FCE, 1996, p. 277. Tam-bién revisar Marco Cupolo, comp., Sistemas políticos: términos conceptuales, temas del de-bate italiano. México, UAM, 1986.


étnico, lingüístico o religioso. A nivel mundial y en las últimas décadas sehan convertido en conflictos relevantes, por los problemas derivados delcarácter multinacional o multicultural de las sociedades atrasadas o con sis-temas democráticos defectuosos e insuficientes. Como resultará evidente,estos rasgos se ajustan con inusitada fidelidad a la concepción que imperaen el mundo cultural del indigenismo ilustrado y en el movimiento zapatista encontra de lo que, desde su perspectiva, es un sistema global y nacional deopresión.

El conjunto de demandas y emplazamientos políticos y discursivos queenarbola el EZLN han sido y son difícilmente procesables por el gobierno.El movimiento no aspira al asalto del poder constituido, pero sí se afirmacomo una organización que reivindica una multiplicidad de espacios deexcepción, contrapoderes y ámbitos de resistencia a los embates disciplina-rios (y explotadores) de la sociedad de dominio. Es verdad que, desde suconcepción de Estado, se requiere impulsar un proyecto político de naciónalternativo, que reconozca el poder constituyente de los pueblos y acepte ladiversidad y autonomía de las comunidades y pueblos que lo conforman, asícomo, en consecuencia, la necesidad de un arreglo institucional de nuevotipo.12

Es por lo anterior, y desde el punto de vista de los conflictos políticos, queel que ocurre entre el EZLN y el gobierno federal es uno de los de carácterinconciliable; no es de los de más o menos, es, más bien, de los que se for-mulan como de esto o lo otro (de suma cero). Por consiguiente, en el temaque aquí nos atañe, la reforma constitucional aprobada por el Congreso re-sulta, a todas luces, insuficiente en la perspectiva tanto de la solución delconflicto con el EZLN como en el de la satisfacción de las demandas del mo-vimiento zapatista. Hay un dilema político, cuyo núcleo no es resoluble,dadas las líneas de interpretación y argumentación puestas en juego.

También manifiesta ser un conflicto insoluble bajo una perspectiva cul-tural. Desde lo que pueden denominarse problemáticas culturales, no se pue-

12 “Es importante centrar el análisis en la necesidad de una reforma del Estado y en laexplicación de sus elementos constitutivos en contraste y paralelo con el derecho indígena.Pueblo, territorio y soberanía, dice la teoría del derecho, son elementos que le son propios alEstado. Pueblos, territorios, autonomía, son los ejes de la demanda indígena”, en MagdaGómez, “Derecho indígena y constitucionalidad”, en Antropología jurídica: perspectivassocioculturales en el estudio del derecho. México, UAM-Anthropos, 2002, p. 236.


de eludir que algunos conflictos tienen como elemento definitorio las con-traposiciones étnicas, lingüísticas o religiosas, factores determinantes quehacen prácticamente imposible superar las discrepancias entre el Estadonacional homogéneo y los pueblos y las comunidades reivindicadores de esostipos de derechos tradicionales. Es esta dificultad la que hace prácticamen-te nugatoria la posibilidad de una solución pacífica, es decir, en la que laautoridad establecida se autolímite en sus facultades de coacción legítima,en tanto que gobierno del Estado legalmente constituido.

El predominio de una concepción cultural y política de raigambre comu-nitaria por una de las partes, contraria a los principios en los que se sustentael Estado liberal-democrático —propio de sociedades plurales cuyo ejepolítico es el sistema de partidos— se constituye en el obstáculo más evi-dente para la neutralización de las contradicciones y la superación de losconflictos de índole política.

Los desafíos resultarán mayores cuanto más profundas sean las diferencias dereligión, de raza o de etnia, o las diacronías histórico-culturales que deben sersuperadas; serán más dolorosos cuanto más adopten las tendencias deautoafirmación un carácter fundamentalista-delimitador, ya sea porque laminoría que pugna por el reconocimiento al haber sufrido de experiencias deimpotencia se refugie en regresiones.13

Poco habrá de importar si las partes confrontadas tienen motivacionesvalorativas semejantes, tales como la equidad (dignidad) y la tolerancia (re-conocimiento de las diferencias), lo que casi siempre se declara pero no siem-pre ocurre; motivaciones que, en principio, debieran contribuir a una natu-ral resolución de los conflictos, lo que permitiría caracterizarlos comoresolubles (del tipo más o menos).

El predominio de las reivindicaciones de los pueblos, fundamentados enuna idea de comunidad histórica —dotada de instituciones políticas y so-ciales, que ocupa un territorio, comparte una lengua y una cultura diferencia-das—, hace evidente que estamos ante formas de vida significativas a lo largoy ancho del conjunto de las actividades humanas, sociales, educativas, reli-

13 J. Habermas, op. cit., pp. 198 y 199.


giosas, recreativas y, por supuesto, económicas. Estos mundos de vida, ver-daderas culturas societales, en la formulación de Will Kymlicka están orien-tadas a su realización, su plena vigencia y reproducción, y, con ello, al ase-guramiento de su continuidad intergeneracional. Es por eso que no sóloabarcan la esfera de lo privado, sino que, de manera determinante, tambiénaspiran a extenderse al ámbito de lo público.14

El desafío a la lógica de la cultura dominante por parte de los pueblos y/o las minorías culturales resulta, pues, de muy improbable asimilación porel establishment. Ello es así en virtud del empeño en sostener la igualaciónvalorativa que la perspectiva multicultural le otorga a los pueblos y sus cul-turas en la lucha por preservarse y reproducirse como tales, y, también, ensu práctica, como actor político y cultural con incidencia decisiva en losasuntos públicos del país, sin importar(les) que no sean mayoritarios, niexpresivos de la hegemonía cultural.15 El resultado de la incorporación deeste otro plano —cultural-societal— a la naturaleza de los movimientosetnopolíticos, introduce nuevos y duros elementos para justificar los moti-vos y argumentos que califican de insuficiente a la reforma constitucionalindígena, recientemente aprobada en México.

DILEMA 3. LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS ESTADOS

Y AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDIOS

Los criterios y principios que rigen y alientan las acciones y el discursode los legisladores que, con unanimidad en el Senado y holgada mayoríaen la Cámara de Diputados, aprobaron las modificaciones constitucionales enmateria indígena son, no obstante, de otra índole y obedecen a un horizonteideológico y a una cultura política radicalmente diferenciados a los delmovimiento zapatista y la cultura indigenista comunitaria.

La tarea legislativa estuvo pensada y encaminada a incorporar los dere-chos indígenas a la Constitución y no orientada a la solución del conflicto

14 Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural. Barcelona, Paidós, 1996, pp. 112 y ss.15 Véase Charles Taylor et al., El multiculturalismo y la “política del reconocimiento”.

México, FCE, 1993.


entre el EZLN y el gobierno federal en Chiapas. El universo de referenciano era el EZLN, a pesar de que fue la organización política que llevó a pri-mer plano este tema; tampoco los indígenas chiapanecos, ni siquiera los másde 10 millones de indígenas que habitan en el país, sino el conjunto de lapoblación mexicana vista desde un orden constitucional susceptible de ga-rantizar derechos iguales para todos, en el trance de otorgar derechos auto-nómicos y diferenciados relativos a los pueblos y a las comunidades indí-genas, en el marco del Estado, así como de promover acciones afirmativasen favor de esa numerosa minoría vulnerable.

En el nuevo artículo 2o., se concentra, por una parte, el conjunto de lasatribuciones de los indígenas (libre determinación y autonomía para deci-dir formas internas de convivencia, aplicación sus sistemas normativos enla regulación y solución de sus conflictos internos, elección de autoridadesde gobierno interno con base en sus normas, acceso al uso y disfrute prefe-rente de los recursos naturales en los lugares que habitan y ocupan, elecciónde representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción delEstado), y, por otra parte, las obligaciones correspondientes al Estado (re-conocimiento de los pueblos y las comunidades en las constituciones y le-yes de las entidades federativas, establecimiento de las características de libredeterminación y autonomía en cada entidad y de las normas para reconocera las comunidades como entidades de interés público; obligatoriedad, paralos tres órdenes de gobierno, de promover la igualdad de oportunidades,eliminar las discriminaciones, establecer instituciones y políticas, diseña-das y operadas conjuntamente con los indios para garantizar la vigencia delos derechos y el desarrollo integral de los pueblos; establecimiento de par-tidas presupuestales específicas destinadas al cumplimiento de estas obli-gaciones, así como formas y procedimientos para que las comunidades par-ticipen en su ejercicio y vigilancia).

Este precepto constitucional precisa, también, mediante una readecuacióndel concepto de pueblos indígenas del artículo 1o., inciso b), del Convenio169 de la OIT, a la realidad particular del país la nueva noción constitucio-nal de pueblos indios. Los “pueblos” son definidos como aquellos gruposde personas que descienden de poblaciones que habitaban en el territorioactual del país al iniciarse la colonización y que aún mantienen sus institu-ciones sociales, culturales, económicas y políticas, o parte de ellas; se esta-blece que la conciencia de su identidad indígena es uno de los criterios que


servirá para determinar a quiénes se aplican las disposiciones propias de lospueblos indígenas.16

Conviene tener presente un aspecto de este Convenio que a menudo sesoslaya o se disminuye en sus consecuencias; se trata de la precisión, en elartículo 1o., párrafo 3, de este tratado internacional, señalando que la utili-zación del término “pueblos” no deberá interpretarse en el sentido de quetenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que puedan confe-rirse a dicho término en el derecho internacional. Conviene tomar en consi-deración que el derecho internacional, si bien utiliza con cierta liberalidadlas nociones de autodeterminación y pueblos indígenas, habitualmente es-tablece salvedades y restricciones a sus significados, siempre orientadas enfavor de un uso analógico entre las nociones de “pueblos” y “estados nacio-nales” en tanto que sujetos de derechos. Así, desde 1948 la Carta de lasNaciones Unidas estatuye (artículos 1o. y 55) “el derecho de los pueblos ala autodeterminación”, e instrumentos posteriores ratifican este derecho,destacadamente los convenios conocidos como Pacto Internacional de De-rechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales, en vigor desde 1976 y ratificados por México en 1981;en sentido análogo, queda establecida la restricción que el Convenio 169adjunta al concepto de pueblo que ya se mencionó. En virtud de lo anterior,se puede afirmar que el conjunto de la normativa internacional adscribe unsignificado igual u homogéneo entre las nociones de “pueblo” y la de “Es-tado-nación”.

De esta manera, en la medida en que son los Estados nacionales lossuscriptores de los tratados y convenios y, sobre todo, “el sujeto de derechos”,el reconocimiento de los pueblos queda acotado y subordinado a los Esta-dos nacionales. Con base en esta consideración, el nuevo artículo 2o. cons-titucional establece una premisa general aplicable a todo el texto constitu-cional, la unicidad e indivisibilidad de la nación mexicana. Esta premisaconfiere al Estado exclusividad en cuanto a ser el sujeto de los derechos delibre determinación como condición sine qua non de la soberanía e integri-dad de la nación. Su consecuencia obliga a considerar la autonomía de lospueblos y las comunidades indígenas como una “autonomía subordinada o

16 Véase la definición de pueblo en el Convenio 169 de la OIT.


de segundo orden”, en tanto que esos derechos son otorgados bajo la condi-ción de que “aseguran la unidad nacional”.

DILEMA 4. SUJETO DE DERECHO INDIVIDUAL

Y COLECTIVO

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá,entonces, como autonomía relativa, en tanto que asegura la unidad nacio-nal. El reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas habráde darse efectivamente en el marco de la República Federal, que es laforma constitucional de organización de la nación. En consecuencia, elcriterio federalista se convierte en el decisivo en cuanto al otorgamientode los derechos y prerrogativas que la Constitución garantiza a los pue-blos y a las comunidades indígenas, por lo que será facultad de los Con-gresos de las entidades federativas otorgarlos. Con ello, se cancela cons-titucionalmente la posibilidad de que el Estado pueda configurarse a partirde la asociación libre de pueblos indígenas en un ámbito comunitario y,en consecuencia, predomina la sujeción a una estructura representativa,democrática y federal. El sujeto de derecho son los individuos indígenas,con lo que el énfasis de una relación de cultura expresada en el principiodel “mandar obedeciendo” (a la voluntad general comunitaria), aspira-ción del fundamento deseable del Estado comunitarista y su noción dedemocracia, queda subordinado a la prevalencia de la relación entre go-bernantes (con representación y legitimidad democrática) y gobernadosque reconocen el principio en el que se sustenta el Estado liberal-demo-crático.

Una lectura distinta a la letra y al espíritu del derecho internacional y dela mayoría de las constituciones nacionales, misma en la que se fundamen-ta la crítica radical a la reforma indígena, apunta a una redefinición del con-cepto “pueblo” entendido como una unidad de cultura en el espacio y el tiem-po, amalgamada a la conciencia de identidad y a la voluntad de pertenenciaa una comunidad. Ejemplo destacado de esta interpretación en nuestro am-biente deliberativo es la desarrollada por Luis Villoro en sus últimas obras.Ahí se concluye con una definición de pueblo construida en la perspectivay en función de una probable constitución de estados “plurales”, consecuen-


tes con el carácter multicultural de las sociedades, sustantivamente diferentesa los estados liberal-democráticos.17

En esta perspectiva multicultural, las notas definitorias requeridas paraser reconocidos como “pueblos” serían: la unidad cultural de la población(con un gran peso específico otorgado a la homogeneidad lingüística); unpasado y un proyecto de futuro comunes; conciencia de identidad colecti-va, y posesión, uso y disfrute, así como jurisdicción sobre un territorio pro-pio; conjunto de características que le otorgarían a los “pueblos” indígenasderechos plenos a la libre determinación y a la autonomía. Como resultaráevidente, es esta línea interpretativa la que conviene a todas luces a las rei-vindicaciones de pueblos y etnias de cara a los Estados nacionales consti-tuidos, la que conforma las bases para formas de estados multinacionales omulticulturales, en los que el sujeto de derecho son los pueblos y a los quese les tendría que reconocer como verdaderas “entidades territoriales inde-pendientes”, titulares de derechos colectivos de naturaleza distinta a losindividuales. En ese sentido apunta también la concepción de Estado yfederalismo desarrollada por Rodolfo Stavenhagen.

El Estado unitario y centralista no ha podido dar las garantías necesarias a losderechos de los pueblos indígenas; por el contrario, ha sido generalmente suprimer violador. El Estado pluriétnico en gestación debe ser, por supuesto, civily democrático, pero también pluricultural y pluralista en lo político. El fede-ralismo, en donde existe o donde se crea conveniente que exista, puede ser nosólo territorial, sino también étnico. De no ser así, resultaría ilusorio hablarde derechos colectivos de los derechos indígenas.18

Del mismo modo que en todos los temas antes referidos, se hace eviden-te aquí el dilema que subyace en la interpretación-valoración del sujeto dederecho de la reforma constitucional. Para quienes asumen que los cambioslegales deben mantenerse en el ámbito de la estructura constitucional del

17 Véase la definición de pueblo en L. Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas,Paidós, 1998.

18 Rodolfo Stavenhagen, “Los derechos indígenas: algunos problemas conceptuales”, enReflexiones sobre la identidad de los pueblos indígenas. México, El Colegio de la FronteraNorte, 1996, p. 127.


Estado, sólo se requería establecer el carácter pluricultural de la naciónmexicana y las formas en que los pueblos realizarían su derecho de libredeterminación y autonomía relativas; en tanto que para quienes postulan unEstado multicultural o plural, resultado del acuerdo entre los pueblos quelo conforman y no del pacto entre ciudadanos libres e iguales, la reforma de-bería ser el punto de partida para una reconfiguración de la estructura delEstado. Esta reforma radical, en rigor, revolucionaria, se plantearía con baseen el reconocimiento de la diversidad de los pueblos y de sus derechos co-lectivos, como fundamento y legitimidad originarios, lo que obligaría a unaespecificación clara entre los derechos particulares de cada pueblo y losderechos comunes y generales de cualquier ciudadano.

La admisión de los derechos individuales de los indígenas no tropieza conobstáculos formales graves, en la medida de que se trata de derechos recono-cidos a todos los hombres, que simplemente se trasladan hacia el indígena. Encambio, no existe la misma disposición hacia los derechos de los pueblos, quepudieran ser disgregadores —se dice— de las naciones y de los Estados na-cionales.19

DILEMA 5. TERRITORIO Y TIERRAS

Del uso acotado o restrictivo del concepto de “pueblo” como equivalentede Estado, tanto en la reforma indígena mexicana como en la normatividadinternacional (lo que descalifica a los pueblos indígenas como posible su-jeto de derecho), se implica necesariamente que sus atribuciones de auto-determinación tengan limitaciones o restricciones importantes. La libre de-terminación de los pueblos indígenas está referida y subordinada al Estadonacional de pertenencia. Se trata de autodeterminaciones y autonomías re-lativas solamente al ámbito de la vida interna y en el marco de los Estadosnacionales.

19 David Chacón Hernández, “Autonomía y territorialidad de las etnias”, en Derecho ypoder: la cuestión de la tierra y los pueblos indios. México, Universidad de Chapingo, 1995,p. 128.


Una primera y decisiva consecuencia de esta restricción se refiere a la no-ción de “territorio”. Esta categoría se preserva como exclusiva del Estadonacional, entendida como ámbito universal de su validez y espacio de sujurisdicción institucional, condición necesaria para garantizar la integridadde la nación y la soberanía. Derivado de esas premisas, la reforma constitu-cional indígena otorga el derecho de los pueblos y las comunidades paraacceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugaresque habitan, con respeto a las formas de propiedad y tenencia de la tierraconstitucionalmente establecidas. Tal formulación permite modalidades deapropiación o disfrute colectivas, pero, ciertamente, no las generaliza nirestringe los modos individuales de hacerlo. La pretensión de su obligato-riedad queda descartada. La propiedad y/o posesión se refiere exclusivamen-te a las “tierras” y no al “territorio”, susceptibles de ser utilizadas u ocupa-das de alguna manera por las comunidades y los pueblos indígenas. Se estáante una visión que tiene como propósito garantizar y salvaguardar los de-rechos de los propietarios de los predios, así como evitar, en lo posible, con-frontaciones entre los pueblos y las comunidades, quienes demandan laexistencia de derechos originarios, precedentes a la constitución del Esta-do, y los legítimos dueños las tierras, de acuerdo con las disposiciones queregulan la propiedad de individuos o de núcleos de población, como es elcaso de las tierras ejidales y comunales.

Con el ordenamiento general de la reforma constitucional en cuanto a quelos pueblos indígenas sólo pueden acceder al uso y disfrute de sus “tierras”,se está eliminando uno de los elementos constitutivos de la definición de los“pueblos” y, con ello, ha quedado sin efecto la posibilidad de que éstos cuen-ten con el espacio material donde ejerzan su control político y decidan co-lectivamente sus formas de reproducción de acuerdo con sus valores cultu-rales y sus sistemas normativos. La inexistencia de “territorios” para los“pueblos indígenas” supone, desde la óptica de los movimientos etnopolí-ticos,20 la pérdida de un aspecto fundamental para garantizar la reproduc-ción de su propia existencia o para proyectar su reconstitución futura. Enconsecuencia, queda denegada, por la vía legal, una de las condiciones im-prescindibles para la conformación de un Estado multicultural o plural, toda

20 Véase Miguel Alberto Bartolomé, Gente de costumbre y gente de razón. México, Si-glo XXI, 1997.


vez que —para la perspectiva política comprometida con la “reconstituciónde los pueblos indios”— sólo a partir del derecho territorial es que un pue-blo está en condiciones de afirmar su cultura y preservarse como componentede la diversidad cultural de la nación. Sólo en la “jurisdicción de los pue-blos sobre un territorio” es donde podría materializarse, de manera efecti-va, su reconocimiento como sujeto de derechos.

La territorialidad tiene aquí un alcance diverso de la mera relación dominical—o bien, la tenencia, bajo alguna de sus expresiones— de la tierra. Cierta-mente, el concepto de territorialidad tiene que ver con el espacio donde habi-tan los pueblos indios, pero en el entendido de su autonomía regional que per-mite su autodeterminación.21

Sin embargo, al estar restringida esta posibilidad por la reforma consti-tucional, sólo se otorgan derechos para las comunidades en lo que se refierea la forma de organización social y política de su vida interna, y, a los indí-genas, en particular, para garantizarles sus derechos de propiedad. Parale-lamente, a las comunidades se les confieren condiciones de “preferencia”en el uso y disfrute de los recursos naturales, no estratégicos según la Cons-titución, de su hábitat. En virtud de estas restricciones o limitaciones es que,desde el punto de vista de quienes reivindican y postulan la pertinencia dederechos colectivos —diferenciados de los derechos generales ciudadanos—para los pueblos indios, la reforma constitucional resulta incapaz de satis-facer sus reclamos de avanzar hacia un tipo de Estado distinto al democrá-tico de derecho, vigente en el país.

DILEMA 6. COMUNIDAD INDÍGENA ¿ENTIDAD DE DERECHO

O ENTIDAD DE INTERÉS PÚBLICO?

La reforma constitucional ofrece una definición de las comunidades indí-genas como unidad social, económica y cultural, con autoridades tradicio-nales, asentadas en un espacio territorial y pertenecientes a un pueblo indí-

21 Miguel Ángel Sámano Rentería, “La cuestión agraria indígena y el desarrollo susten-table”, en Derecho y poder: la cuestión de la tierra y los pueblos indios. México, Universi-dad de Chapingo, 1995, p. 163.


gena. En términos jurídicos las caracteriza como de “interés público” y,consecuentemente, restringe sus vínculos a la figura de la “asociación”, Espor ello que la reforma asume una actitud de tolerancia cultural y de pro-moción social con respecto a las comunidades. De ese modo, al no ser lacomunidad una instancia pública cualitativamente diferenciada de los ór-denes de gobierno establecidos constitucionalmente —federal, estatal omunicipal—, que se subordinan sus posibilidades de ejercicio de autode-terminación y autonomía (ya sabemos que relativas o secundarias) al ordenmunicipal.22

Se evita, con ello, la posibilidad de formas o figuras de asociación institu-cional que sobrepasen el horizonte municipal con objetivos que trasciendanel mero desarrollo económico y social o el uso y disfrute preferente de losrecursos naturales. En la modificación al artículo 115, fracción III, de laConstitución se explicita la atribución de las comunidades indígenas paracoordinarse y asociarse en el ámbito municipal. A la manera clásica, la re-forma constitucional busca asimilar a la estructura y la lógica prevalecien-tes en la Constitución esta figura de organización comunal, encaminándolacomo asociación de índole productiva, titular de prestaciones especiales (ode discriminación positiva) para el desarrollo social.

En tanto que “orden jurídico”, las modificaciones constitucionales incor-poran a la comunidad indígena como parte del entramado legal del país enun “plano submunicipal”. Como figura tradicional que ha disfrutado atribu-ciones legales de hecho (análogas a la de los jueces de paz) para dirimirconflictos de orden interno, la comunidad es articulada al derecho positivoy la aplicación de sus sistemas normativos consuetudinarios aceptados,mediante el establecimiento legal de los procedimientos y casos de valida-ción jurídica. Se trata, pues, de la incorporación de un orden jurídico tradi-cional a la jurisdicción del Estado mexicano, al que se le otorga la titulari-dad de derechos y atribuciones, incluida la elección por usos y costumbresde sus autoridades comunitarias, con un ámbito de validez inframunicipal.

22 “Desde el momento en que ese derecho a la libre determinación está acotado por launidad e indivisibilidad de la nación mexicana, y adicionalmente debe ejercerse en un mar-co constitucional de autonomía, sus alcances son distintos. La conjunción de estos dos lími-tes a la libre determinación sólo puede significar que habrá de ejercerse en las condicionesque lo permita el orden jurídico y, particularmente, la Constitución”, en J. R. Cossío Díaz,Los problemas del derecho indígena en México. México, CNDH, 2002, p. 154.


Para la perspectiva comunitarista, la reforma constitucional vulnera ra-dicalmente el núcleo esencial del andamiaje jurídico y político de los “pue-blos indios”. Con la instrumentación de los procedimientos habituales delderecho liberal para lidiar con los dilemas del “pluralismo jurídico”, lo quesupone una serie de limitaciones e incomprensiones en el tratamiento de lasfiguras colectivas del derecho consuetudinario indígena, las modificacionesa la Carta Magna descartan toda posibilidad de avanzar en la conformaciónde un Estado multinacional o multicultural. Para los críticos de la reformaconstitucional, el zapatismo y sus grupos de aliados y simpatizantes, impul-sores de otra forma estatal fundada en la asociación de los pueblos y bajo lapremisa de una cultura histórica común, la reforma del Estado, concomitantea la incorporación de los derechos colectivos de los indios en la Constitu-ción, ha quedado en suspenso e inconclusa.

A las insuficiencias que el derecho positivo dominante tiene en el proce-samiento de demandas y modificaciones legales de índole comunitaria, in-cluso, a sus inevitables reticencias ideológicas frente al pluralismo jurídi-co, las aspiraciones del movimiento indígena radical, incluido el EZLN y suorganización afín, el Congreso Nacional Indígena, habrán de añadir otralimitación inapelable: se trata del hecho terco y políticamente incontrover-tible, desde el punto de vista del criterio democrático, de una correlación defuerzas políticas reticentes a una radical transformación del Estado mexi-cano y de sus premisas jurídicas e ideológicas de corte liberal.

DILEMA 7. LUCHA POLÍTICA Y LEGAL

La reforma constitucional en materia indígena resulta en la inclusión de unconjunto heterogéneo de reclamos políticos, sociales y culturales, en laestructura de los derechos formales de los ciudadanos. Se trata de una modi-ficación jurídica que tiene los “límites del consenso que fue posible construiren el Poder Legislativo”, con una correlación de fuerzas muy equilibradaque dificulta sobremanera los acuerdos y en torno a un tema sobrepolitizadoy altamente ideológico.

El Congreso tuvo la disposición de establecer constitucionalmente los de-rechos de los indígenas mexicanos y garantizar de ese modo la coexisten-cia de una numerosa minoría cultural bajo los criterios de libertad, demo-


cracia y justicia social. Nada revolucionario, ciertamente. No obstante, laCarta Magna se ha enriquecido con el reconocimiento del derecho a la di-versidad y la prohibición de toda forma de discriminación. Con ello, se avan-za hacia un Estado constitucional de un corte más contemporáneo, que asu-me el respeto a las diferencias culturales y que no soslaya las desigualdadesreales y la pobreza de gran parte de la población indígena.

Este punto es trascendente, dada la marginación y el rezago que involucraa la mayoría de los núcleos de población indígena en el país. Llama la aten-ción que los cambios a la ley fundamental incorporen explícitamente laobligación constitucional de los tres órdenes de gobierno para la atenciónparticularizada de los indígenas y, sobre todo, la prescripción normativa dedestinar recursos presupuestales exclusivos para la instrumentación de polí-ticas específicas para las comunidades indígenas. Con ello se supera la per-niciosa tradición mexicana de promulgar leyes de carácter “programático”sin obligatoriedad vinculatoria y sin posibilidades de aplicación efectiva.

La reforma es una reforma “minimalista”. Está construida desde la pers-pectiva del Estado constitucional vigente. Adopta la idea de que es posibleotorgar derechos autonómicos relativos y reconocer las diferencias culturales—por vía reformista— sin transgredir la estructura del Estado mexicano. Lareforma también es calificable como “garantista”, sustentada en el “princi-pio de dignidad” (igualdad), por lo que incorpora acciones afirmativas, asícomo fundada en el “principio de diferencia”, aceptación de la composiciónpluricultural de la nación y garantías de respeto y tolerancia para las cultu-ras que forman parte del Estado mexicano.

No es ése, por supuesto, el punto de vista de los acervos críticos de la re-forma, principalmente el EZLN, las organizaciones indígenas afines —co-mo el Congreso Nacional Indígena—, sus simpatizantes e intelectuales cer-canos, comprometidos en la construcción de un Estado de otro tipo, fundadoen el acuerdo entre los pueblos que constituyen la nación. No sólo aspiran anuevos órdenes jurídicos dotados de autoridad, normas y ámbitos de com-petencia restringidos, como establece el nuevo artículo 2o. derivado de lareforma, sino a que los pueblos y las comunidades indígenas sean entidadesterritoriales independientes (autonomías en sentido fuerte), pilares consti-tutivos del nuevo Estado. De ahí la insistencia en las nociones de territorioy en la determinación de las comunidades indígenas como entidades dederecho (público).


La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarándo-se incompetente para calificar los procedimientos del Constituyente Perma-nente al modificar y/o adicionar el texto de la Carta Magna y, con ello, sus-pender cualquier impugnación legal a la reforma indígena en el ámbitonacional —los procedimientos ante la OIT o la Corte Interamericana de De-rechos Humanos todavía pueden ensayarse— cierran temporalmente un epi-sodio más del proceso de incorporación de los derechos de los indios mexi-canos al entramado institucional y jurídico del país.23

DILEMA FINAL. ¿QUÉ SIGUE?

¿Qué sigue? Se trata de un conflicto política y culturalmente irresoluble.Un conflicto moralmente inasimilable; por ello su permanente y renovadacapacidad de legitimación. No vale el optimismo fácil. Largos 15 minutos.Viviremos en la matriz del conflicto, con intermitentes ascensos y reflujos,con violencias inmanentes y el riesgo siempre presente de su escalamientotrágico. Oleadas de movilización, aprovechamiento de los resquicios abier-tos por las modificaciones constitucionales y las nuevas normativas quepuedan generarse a su amparo. Mantener en lo posible la distensión mili-tar. El gobierno parece resignado al reforzamiento de la política social y ala obligada contención militar del EZLN.

Por su parte, el movimiento zapatista en lo suyo: resistir, abrir en los hechosmicroespacios de poder y control. Inevitable en la cotidiana toma de deci-siones la opción entre la tolerancia (reformista) o la disidencia radical y exclu-yente (revolucionaria). Si se elige el radicalismo de las demandas inasimi-lables el conflicto deviene innegociable. La lucha prolongada, la pacienciaindia por los siglos de los siglos. Es el precio del fundamentalismo, de latentación de las armas. También de la ausencia de estrategia gubernamen-tal y de la demagogia de casi todos los actores políticos involucrados.

El dilema de la reforma constitucional indígena y del conflicto que lesubyace parece irresoluble. En términos del debate político, cultural y jurí-

23 Véase Olga Sánchez Cordero, “Constitución y derechos indígenas”, en El Universal,30 de septiembre de 2002, y A. Arias Marín, “EZLN: momento de definiciones”, en MilenioDiario, 12 de septiembre de 2002.


dico lo es, todavía por largo rato. Hay pequeñas soluciones, avances parcia-les, componendas limitadas —minimalistas— de carácter práctico, en con-sonancia con las cambiantes correlaciones de fuerza. Provisionales solucio-nes democráticas, es decir, por la vía de la elemental e insustituible regla dela mayoría. Obligada y deseable utopía: renunciar al fundamentalismo (his-tórico o cultural) que siempre lleva —al principio o al final— al abismo dela violencia.

APÉNDICES

[187]

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO EN CHIAPASDICIEMBRE DE 2000-AGOSTO DE 2001

DICIEMBRE DE 2000-AGOSTO DE 2001

5 de diciembre de 2000. A cinco días de haber tomado posesión, el Presi-dente Vicente Fox envió al Senado de la República la iniciativa elaboradapor la Cocopa, la cual recoge los compromisos asumidos en los Acuerdosde San Andrés Larráinzar.

Ante este hecho, hubo declaraciones encontradas. El Comisionado parala paz en Chiapas, Luis H. Álvarez, aseguró que dicha iniciativa “no contie-ne ninguna inconstitucionalidad”.

El PRD expresó respaldo total a la iniciativa. Demetrio Sodi de la Tijera,vicecoordinador de este partido en el Senado de la República, mencionó queesta iniciativa “es el paso que se requiere para lograr la paz”.

Por su parte, el PAN advirtió, por conducto de Diego Fernández deCevallos, que el Congreso “no se dejará presionar por el ejecutivo, y que supostura no ha cambiado respecto a no negociar con encapuchados”.

Por otro lado, el Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, dijoque la iniciativa de reformas en materia de cultura y derechos indígenasenviada al Congreso fue exactamente la que elaboró en su momento la Co-misión de Concordia y Pacificación.

Asimismo, el Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano,Luis Morales Reyes, felicitó tanto a Fox como al EZLN, por “tomar deci-siones que llevaban a retomar el camino a la paz”.

7-14 de diciembre de 2000. En esta semana toma posesión el nuevo Go-bernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, y reaparece el subco-mandante Marcos con un nuevo comunicado.


El EZLN definió su posición y puso sobre la mesa algunas condicionespara que el diálogo saliera del impasse en el que se encontraba desde sep-tiembre de 1996. En un comunicado pide la retirada total del Ejército de lazona del conflicto, la liberación de todos los zapatistas presos en cárcelesde Chiapas y de otros estados y el reconocimiento constitucional de los dere-chos y cultura indígenas, de acuerdo con la iniciativa de la Cocopa.

Asimismo, en dicho comunicado, el EZLN expresó su desconfianza y pocacredibilidad hacia el gobierno de Vicente Fox, argumentando que éste ten-dría que mostrar señales concretas que acreditaran su disposición al diálo-go y a la negociación.

5-18 de enero de 2001. En estas semanas se encadenaron con celeridadvarias declaraciones, algunas encontradas, que podían ser señal de una po-sible reanudación del diálogo del conflicto en Chiapas.

El Presidente en turno de la Cocopa, Felipe de Jesús Vicencio Álvarez,consideró que las “señales” que hasta ese momento había dado el gobiernoen torno al conflicto eran “insuficientes” para exigir al EZLN que reanuda-ra el diálogo de inmediato. Fox contestó que los “hechos ahí están” y que lainiciativa de la Cocopa ya se encontraba en el Congreso.

Sin embargo, el dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo, aseveróque su partido no apoyaría la iniciativa de ley indígena que había enviadoel jefe del Ejecutivo y recordó que Acción Nacional ya tenía su propia ini-ciativa.

Por su parte, el subcomandante Marcos anunció que llegaría a la ciudadde México, mandando un comunicado en donde expuso, una vez más, cuálera la “llave para abrir la puerta de la confianza”: la liberación de todos lospresos zapatistas, la salida del Ejército de cuatro posiciones y el reconoci-miento constitucional de los derechos y cultura indígenas.

Ante esta postura, el Presidente Vicente Fox “le tomó la palabra” y reviróla respuesta, afirmando que “si hay paz, si dejan las armas y si llegan a acuer-dos, se cumplirán íntegramente las tres demandas zapatistas”.

Por último, la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapasanunció el 17 de enero de 2001 un nuevo retiro de tropas en la comunidadRoberto Barrios, ubicada en el municipio de Palenque, después de que lavocera del Ejecutivo, Martha Sahagún, anunciara que ya no se preveían másrepliegues por parte del Ejército mexicano.


20 de enero-5 de febrero de 2001. El Presidente Vicente Fox manifestóque veía con esperanza la marcha del zapatismo, pues podría ayudar a laresolución del conflicto y a establecer la paz en Chiapas. Sin embargo, ensu gira por Europa, se refirió al subcomandante Marcos como SebastiánGuillén. Para Fox dejaba de ser Marcos porque ahora éste participaba en eldebate político del país y con esos fines haría su viaje a la ciudad.

Por otro lado, no con los mismos ánimos de recibimiento, el gobernadorde Querétaro, Ignacio Loyola Vera, calificó a los zapatistas de “traidores ala patria”, y dijo que, por tal motivo, merecían “la pena de muerte”. Respectoal tránsito del EZLN por ese estado, subrayó que su gobierno no garantiza-ría el paso a personas armadas, por lo que si esto sucedía tendrían que serdetenidos.

El EZLN seguía manteniendo en pie las señales que indicaban el compro-miso del gobierno con el diálogo y la negociación, por lo que, afirmaron, ensu visita a la ciudad de México no harían contacto con el gobierno federalhasta que estas señales fueran cumplidas. Los zapatistas anunciaron quevendrían a la ciudad de México a dialogar con el Congreso de la Unión y enel trayecto dialogarían con la sociedad civil, principalmente con los pueblosindios y el Congreso Nacional Indígena.

Ante algunos comentarios sobre los pasamontañas y sobre las armas, elsubcomandante Marcos, en un comunicado, estableció que el EZLN ha sidoclaro en que dicho “pasamontañas forma parte de su ser y que irían a la ciu-dad con ellos puestos”. Sobre las armas, el EZLN dijo que es “respetuosode la Ley para el Diálogo y que el viaje lo haría desarmado”.

24 de febrero de 2001. Los zapatistas iniciaron la marcha a la ciudad deMéxico. Una marcha a la que calificaron como “la marcha de la dignidadindígena, la marcha del color de la tierra”.

25 de febrero-1 de marzo de 2001. Dicho recorrido por varios estados dela República Mexicana inició con un comunicado en el que el EZLN decla-raba que marchaban por la libertad, la democracia y la justicia. En el mis-mo comunicado anunciaron que el arquitecto Fernando Yáñez Muñoz seríael encargado de “servir de puente” entre la delegación zapatista, que el 11de marzo llegaría al Distrito Federal, y diputados y senadores que acepta-ran dialogar con ellos.


El primer punto al que llegaron fue el istmo de Tehuantepec en Oaxaca,en donde las organizaciones indígenas exigieron al gobierno de Vicente Foxel cumplimiento de las tres demandas del EZLN para reanudar el diálogo.Ahí mismo, el subcomandante Marcos dijo que “el istmo no se vende”, anteel megaproyecto de construir un canal interoceánico —marítimo o terrestre.

Al llegar a la ciudad de Oaxaca, la caravana zapatista defendió la auto-nomía indígena y cuestionó la modernización que lleva a cabo una “políti-ca de exterminio” de las etnias.

La ciudad de Tehuacan, Puebla, fue otra de las paradas que hizo el EZLN.Ahí, los zapatistas aseguraron que no quieren dividir al país, ni formar unEstado dentro del Estado, sino un lugar en el que haya la posibilidad de ejer-cer su derecho a la libre determinación.

Otros actos se realizaron en Pachuca y Tlaxcala, en donde el EZLN anun-ció formalmente el comienzo de contactos con legisladores federales y rei-teró que no aceptarían una “paz publicitaria”.

22 de marzo de 2001. La Cámara de Diputados aprobó, en una sesión his-tórica, en el último minuto y por 218 votos en favor, 210 en contra, siete abs-tenciones y 63 ausentes, ceder la tribuna de la Cámara de Diputados al Ejér-cito Zapatista de Liberación Nacional para que pudiera defender un proyectode ley que abre el paso al reconocimiento constitucional de los indígenas deMéxico.

El subcomandante Marcos aceptó la propuesta de los legisladores parahacer uso de la tribuna del Congreso de la Unión; así, pospone su regreso alsureste mexicano y da instrucciones para que el comandante Germán, Fer-nando Yáñez, sea el encargado de hacer contacto con los diputados.

El Partido Revolucionario Institucional demostró que no es intransigenteni obstaculiza el diálogo para la paz en Chiapas, al aprobar el punto de acuer-do para que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional haga uso de la tri-buna de la Cámara de Diputados, afirmó la senadora Dulce María SauriRiancho.

El enlace del EZLN con el Congreso, Fernando Yáñez, agradeció a loslegisladores del PRD, PRI, PT, CD y PAS su contribución para facilitar unencuentro de los zapatistas con los diputados federales. Así iniciaron loscontactos del Congreso con el EZLN.


23 de marzo de 2001. Legisladores federales y la comandancia del Ejérci-to Zapatista de Liberación Nacional llegan a un acuerdo para reunirse elmiércoles 28 de marzo a las 11:00, hora local, en Salón de Plenos del Pala-cio Legislativo de San Lázaro, donde sesiona la Cámara de Diputados.

El acuerdo para el encuentro fue resultado de un diálogo de varias horasentre coordinadores parlamentarios y el comandante Germán, representantedel EZLN para el diálogo con el Congreso de la Unión.

El Presidente Vicente Fox Quesada insistió que tiene un interés real poralcanzar la paz en el estado de Chiapas e informó, en ese sentido, que con-cedió el indulto presidencial a varios presos del Ejército Zapatista de Libe-ración Nacional.

24 de marzo de 2001. Los soldados del 31 Batallón de Infantería que des-de hace seis años se encontraban en el campamento de La Garrucha aban-donaron el lugar en cumplimiento de una orden presidencial.

25 de marzo de 2001. El EZLN pidió a los panistas Diego Fernández deCevallos y Felipe Calderón no ser “rencorosos”.

Por otra parte, el Presidente Fox aclaró que él nunca abogó por que loszapatistas usaran la tribuna, “abogué por que el Congreso los recibiera; hastaahí fue mi promoción”.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel, y Luis Felipe Bravo Mena,dirigente del PAN, señalaron que las presiones a Diego Fernández para acep-tar la postura de Fox respecto de los zapatistas “son acciones en función dela gobernabilidad”.

26 de marzo de 2001. La Comisión de Concordia y Pacificación no superalos desacuerdos internos con los legisladores del Partido Acción Nacionaly, en principio, acordó que senadores y diputados integrantes de dicha ins-tancia acudirán a título personal al encuentro Ejército Zapatista de Libera-ción Nacional-Congreso.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, rechazó que elPartido Acción Nacional sea un obstáculo para la paz en Chiapas, ya que,aseguró, es “un facilitador” del diálogo y del proceso de pacificación.

Cinco días después de haberse anunciado la transformación de las basesmilitares, ubicadas en zonas zapatistas, se publicó el decreto para conver-tirlas en centros para el desarrollo de las comunidades indígenas.


27 de marzo de 2001. El investigador Jesús Silva Herzog consideró que elEjército Zapatista de Liberación Nacional, que surgió en el sur de México,es el principal responsable de que se promueva la violencia como vía legí-tima de cambio.

La comunidad intelectual mexicana consideró como un síntoma positi-vo de la democracia que el subcomandante Marcos o algún representantedel Ejército Zapatista de Liberación Nacional pueda hacer uso de la tribu-na de la Cámara de Diputados para hablar sobre los derechos e importanciade reivindicar la cultura indígena.

28 de marzo de 2001. Por primera vez, una representante de un gruporebelde subía a la tribuna más alta del país. La comandanta Esther hablópor el EZLN. En su discurso enumeró las cuatro acciones de paz que toma-rían los zapatistas. Primero, no habría más avances militares de las fuerzaszapatistas sobre las posiciones que ha desocupado el Ejército federal. Se-gundo, le dieron instrucciones al arquitecto Yáñez para ponerse en contac-to con la Cocopa y con el comisionado gubernamental Luis H. Álvarezpara certificar que las siete posiciones estuvieran libres de toda presenciamilitar. Tercero, nombraron al arquitecto Yáñez como “correo oficial delEZLN”. Y cuarto, solicitaron al Congreso de la Unión un espacio parahacer posible un encuentro entre el gobierno federal y el enlace del EZLN.

También los comandantes David, Zebedeo y Tacho llamaron a los legis-ladores a hacer a un lado el racismo y la exclusión, y aprobar la iniciativade ley sobre derechos y cultura indígenas de la Cocopa, para así, dijeron,construir una sociedad basada en la justicia, la igualdad y el respeto a los in-dígenas.

El acto terminó afuera de la Cámara de Diputados con un discurso delsubcomandante Marcos: “Nuestra palabra para todos y todas, para agrade-cer a los millones que hoy se están movilizando; a ̀ mis jefes los comandantesdel Comité Clandestino Revolucionario Indígena’, a los pueblos zapatistas,a la sociedad civil de los 12 estados que recorrió la marcha. En fin, quere-mos darles las gracias y despedirnos, ¡ya acabamos! Mañana empacamos ynos regresamos”.

29 de marzo de 2001. En conferencia, Luis H. Álvarez dio a conocer que laSecretaría de la Defensa Nacional ya inició el proceso de entrega de las


instalaciones militares de Guadalupe Tepeyac y Río Euseba a la Secretaríade Desarrollo Social, para que ahí operen, en “unos días”, los centros deatención social para el desarrollo de las comunidades indígenas; mas re-chazó proporcionar la fecha exacta en que dejen las posiciones.

El subsecretario de la Sedesol, Sánchez Díaz de Rivera, habló de la mi-sión de los centros de atención social para el desarrollo de las comunidadesindígenas, como un programa diferente al que se realizó en el pasado. Aho-ra, comentó, se forman concejos de participación para que lo que se haga seapara beneficio de las comunidades.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró que confiaba ple-namente en el gobierno de Vicente Fox y consideró que era viable alcanzarla paz en Chiapas, pues su elección democrática y la disponibilidad mostra-da para llegar a acuerdos han ayudado a la reanudación del diálogo, sostu-vo Fernando Yáñez, conocido como comandante Germán.

30 de marzo de 2001. Este día, a las 10:05 horas, cuando Marcos y sus 23comandantes del EZLN iniciaron el camino de retorno a la selva chiapaneca,llegaron a su fin 33 días de estancia del EZLN en la ciudad de México.

El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, pidió al Congresode la Unión aprobar la reforma constitucional sobre derechos y cultura in-dígenas sin modificaciones a la iniciativa que elaboró la Comisión de Con-cordia y Pacificación, y se comprometió a que el Presidente Vicente Fox nola vete si los legisladores deciden hacerle cambios.

1 de abril de 2001. La dirigencia del Ejército Zapatista de LiberaciónNacional anunció el fin de la caravana por la paz, y por la noche, en elcampamento “Aguascalientes” de Oventic, el subcomandante Marcos pre-sentó un informe ante más de 10 mil indígenas zapatistas, a quienes dijoque la marcha cumplió con sus objetivos y que ahora “la guerra está cadavez un poco más lejos, y la paz con justicia y dignidad un poco más cerca”.

El diálogo de paz emprendido con la guerrilla zapatista puede servir deejemplo para Colombia, aconsejó el Presidente Vicente Fox en entrevista conel diario español La Vanguardia, reproducida por El Espectador y Cambio,en Colombia, donde además dijo que siente tener a un “amigo” en el sub-comandante Marcos.


2-5 de abril de 2001. En el marco de un ánimo favorable por parte de losdiferentes actores para reanudar el diálogo de paz, la caravana llegó a LaRealidad. El subcomandante Marcos reasumió el mando supremo de lasfuerzas militares del EZLN y dio instrucciones para que no haya avancemilitar en ningún lugar desalojado por el Ejército.

Luis H. Álvarez, tras una reunión con el Presidente Fox, señaló que se estáncimentando las acciones para atacar las causas que dieron origen al conflic-to y afirmó que a la iniciativa presentada por el Ejecutivo únicamente seríanecesario realizar precisiones, pero que el espíritu de la misma se podíarespetar.

Mientras tanto, en Washington, Santiago Creel afirmó que el gobierno fe-deral y el Ejército de México están comprometidos a resolver el conflictoen Chiapas y manifestó su confianza para que la reforma indígena sea apro-bada por el Congreso. Sobre el cumplimiento de las condiciones del EZLNpara reiniciar el diálogo, señaló que paulatinamente se está procediendo acumplir con las condiciones solicitadas.

Manuel Bartlett anunció el compromiso de la subcomisión dictaminadorapara trabajar de manera acelerada y lograr el consenso requerido para apro-bar la reforma en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.

13 de abril de 2001. Reunión entre Luis H. Álvarez y el arquitecto Yáñez,en Guadalupe Tepeyac, Chiapas, para afinar detalles sobre la retirada delEjército de la localidad.

18 de abril de 2001. La fracción del PAN en el Senado presentó su propiodictamen sobre la reforma indígena, que incluyó varias modificaciones alproyecto de la Cocopa. Uno de los puntos que no logró consenso, entre lospanistas, fue el relativo a considerar el derecho de los pueblos indígenaspara usar y aprovechar colectivamente los recursos naturales de sus tierras.Sobre la autonomía, se manifestaron por precisar que dicho concepto im-plica decidir sus formas internas de convivencia y de organización social,económica, política y cultural, en la forma y en los términos que su estatu-to jurídico lo determine.

19 de abril de 2001. Inicia un intenso proceso de negociación entre lasprincipales fracciones parlamentarias en el Senado. Manuel Bartlett pre-


sentó el proyecto de dictamen de la ley indígena a los partidos políticos.Señaló que dicho dictamen se basó en los acuerdos de San Andrés y en lainiciativa enviada por el Ejecutivo.

20 de abril de 2001. El Ejército desalojó las posiciones militares deGuadalupe Tepeyac y Río Euseba.En Canadá, el Presidente Fox afirmó que la retirada del Ejército abre lapuerta del diálogo.

21 de abril de 2001. La fracción del PRI en el Senado dio a conocer suproyecto de dictamen. Retomaba el contenido del proyecto elaborado porel Presidente de la Subcomisión, Manuel Bartlett, pero incluía modifica-ciones en temas como autonomía, libre determinación y usos y costum-bres.

22 de abril de 2001. De manera paralela al proceso de negociación deldictamen, el gobierno federal continuó creando un clima favorable parareactivar el diálogo. En Guadalupe Tepeyac, la titular de la Sedesol, JosefinaVázquez Mota, declaró que los cuarteles desalojados serán convertidos enbodegas de granos, en centros de salud, en escuelas, o en lo que los habi-tantes decidan.

27 de abril de 2001. Tras varios intentos fallidos, finalmente fue aprobadoel dictamen. El mismo día, después de 12 horas de negociaciones y bús-queda de consenso, el Senado aprobó por unanimidad, en general, y con 12votos en contra, de legisladores del PRD, en particular, la reforma consti-tucional en materia de derechos y cultura indígenas.

Hasta el último momento, el PRD trató de incluir en la reforma aprobadamodificaciones en el artículo 115 y otros tantos ordenamientos contenidosen la iniciativa de la Cocopa. Pese a no lograr este objetivo, manifestó subeneplácito por la reforma y atribuyó al EZLN el triunfo obtenido.

El Presidente Fox manifestó su beneplácito con la reforma e incluso laconsideró un paso más hacia los acuerdos definitivos de paz en Chiapas.Xóchitl Gálvez, titular de la oficina presidencial para la atención de los pue-blos indígenas, mostró su desacuerdo en algunos temas, pero consideró quelas nuevas disposiciones representaban un avance para los pueblos indígenas.


En los días subsecuentes, diferentes sectores sociales, entre ellos el Con-greso Nacional Indígena, criticaron la iniciativa aprobada por el Senado,aduciendo que la reforma contenía serias omisiones.

Frente a las críticas recibidas por aprobar la iniciativa, el CEN del PRDavaló el voto de sus senadores, argumentando que su fracción parlamenta-ria intentó rescatar el espíritu de la iniciativa de la Cocopa.

28 de abril de 2001. Fue aprobada, con 386 votos en favor, la ley indígenaen la Cámara de Diputados, con el respaldo del PAN, PRI y PVEM. ElPRD modificó su postura y votó en contra.

Tanto el PRI como el PAN aceptaron, en tribuna, que la ley podía mejo-rarse y ofrecieron discutir una legislación reglamentaria e incluso reformarla propia ley recién aprobada, pero en el futuro.

Los partidos que votaron en contra de la ley coincidieron en señalar queel texto aprobado se apartó del contenido de la Cocopa.

29 de abril de 2001. Surgen las primeras diferencias al interior del PoderEjecutivo. Xóchitl Gálvez declaró que la ley aprobada no era la que el go-bierno hubiese querido que fuera. En particular, descalificó la reforma poromitir el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades.

31 de abril de 2001. En un comunicado, el EZLN da a conocer su rechazoa la ley indígena y anuncia la suspensión del diálogo con el gobierno, entanto no se reconozcan constitucionalmente los derechos que postula lainiciativa de la Cocopa, alterados sustancialmente, según el grupo armado,en la Cámara de Senadores.

1-8 de mayo de 2001. Frente a ese hecho, se suscitaron declaraciones en-contradas. Luis H. Álvarez llamó al EZLN a reflexionar su decisión desuspender el contacto con el gobierno federal y reconoció que la reformano aborda algunos temas centrales, si bien contiene avances importantes.También reiteró que el Ejército mantendría su repliegue aun con la rupturadel EZLN.

Algunos líderes empresariales expresaron su respaldo a la ley indígena.El Congreso Nacional Indígena no descartó el resurgimiento del movi-

miento armado en Chiapas. El PRD consideró un error táctico haber avala-


do la reforma indígena por el Senado y planteó la necesidad de realizar una“reforma de la reforma”. Asimismo, pidió a las legislaturas locales que re-chazaran los cambios aprobados por el Congreso de la Unión.

Durante esos días, se dieron los acuerdos entre el PRD y el PT para bus-car acercamientos con los Congresos estatales, con el objetivo de frenar lareforma y poder impulsar un nuevo proceso legislativo.

13 de mayo de 2001. Se registraron las primeras movilizaciones indígenasen Yucatán y Quintana Roo, para manifestar su rechazo a la reforma. A lolargo del proceso legislativo en las entidades, las manifestaciones indíge-nas fueron una constante para evitar la aprobación de ley indígena.

14 de mayo de 2001. El comisionado para la paz confirmó que el contactocon el EZLN seguía suspendido y por primera vez dio a conocer que laestrategia que seguiría el gobierno federal sería impulsar el desarrollo deprogramas que atajen las carencias que originaron el conflicto.La Unión Europea realizó un llamado al EZLN para reanudar el diálogo.

16-21 de mayo de 2001. El debate en torno a la ley se da sobre los meca-nismos alternos para incluir los supuestos temas ausentes en la reforma. ElPRD presentó, de nueva cuenta, la iniciativa de la Cocopa.Luis H. Álvarez y Rodolfo Elizondo, Coordinador presidencial para la Alian-za Ciudadana, revelaron que el gobierno incluiría el contenido de los Acuer-dos de San Andrés en la iniciativa de ley reglamentaria que se encontrabaelaborando. Justificaron el hecho de que sin una ley reglamentaria, difícil-mente se podría dar una implementación en términos prácticos de la propiareforma recién aprobada.

24 de mayo de 2001. Veracruz fue el primer estado que ratificó la ley indíge-na, en medio de manifestaciones de protesta de organizaciones indígenas.

6-13 de junio de 2001. En diferentes municipios chiapanecos, indígenasdenunciaron hostigamiento por parte de grupos paramilitares y el reiniciode las maniobras del Ejército en las zonas del conflicto. Al mismo tiempo,organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos señalaron lalentitud de los procesos de liberación de indígenas.


En reunión con la Cocopa, Santiago Creel dio a conocer la liberación dedos presos zapatistas, con lo cual sólo restaba concluir la excarcelación ennueve casos

La Cocopa manifestó que continuaría las gestiones para lograr la libera-ción de los nueve zapatistas que hasta ese momento permanecían presos.

En Chiapas y Guerrero indígenas tomaron los edificios de las legislatu-ras locales.

14-15 de junio de 2001. En el marco de la presentación del Plan Puebla-Panamá, el Presidente Fox afirmó que en Chiapas ya no había conflicto, yque el país se encontraba en “santa paz”. Era la primera ocasión que el jefedel Ejecutivo minimizaba el conflicto en Chiapas.

La Cocopa expresó su desacuerdo con el primer mandatario y le recordóque el gobierno no puede soslayar la realidad del conflicto zapatista, el cualrequiere, afirmaron los legisladores, una solución política y negociada.

El dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, salió a la defen-sa del Presidente Fox y puntualizó que Chiapas no estaba envuelto en vio-lencia, ni mucho menos en una situación armada.

23-29 de junio de 2001. Luis H. Álvarez reconoció que en algunas comu-nidades chiapanecas hubo manifestaciones de rechazo a los programasgubernamentales, actitud que calificó de poco congruente, debido a queésas fueron las causas que dieron “origen al conflicto”. Convocó al EZLNa no obstaculizar la instrumentación de dichos programas especiales en co-munidades zapatistas.

Asimismo, Álvarez solicitó a la Cocopa tomar en cuenta la posibilidadde modificar la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna enChiapas.

La Cocopa manifestó su preocupación por lo que llamó “postura de en-durecimiento” del gobierno federal, expresada a través de la solicitud delComisionado para la Paz.

El Secretario de Gobernación dijo que una vez concluido el proceso le-gislativo en las entidades, se proyectaba reiniciar los esfuerzos de diálo-go y la instrumentación de un nuevo esquema para la reanudación del diá-logo.


9-11 de julio de 2001. Los Congresos de Nayarit y Michoacán aprobaronla reforma indígena, fueron las legislaturas 16 y 17 en aprobar, por lo que lasmodificaciones adquirieron rango constitucional.

18 de julio de 2001. Acorde al procedimiento legislativo, la Comisión Per-manente del Congreso de la Unión computó la votación de la reforma indí-gena en los Congresos locales y declaró la aprobación de la misma con lavotación mayoritaria del PRI y del PAN. La premura con que se realizó elcómputo levantó fuertes críticas para los grupos parlamentarios que la apro-baron.

La Presidencia de la República fijó la postura del gobierno federal. Seña-ló que el Ejecutivo reiteraba su pleno respeto al ejercicio de las atribucionesdel Congreso de la Unión y al proceso político que la Constitución señala.

Xóchitl Gálvez consideró una locura considerar el veto presidencial. Con-fió en que el gobierno federal buscaría otros mecanismos para incluir lostemas que no se acordaron en la reforma.

La Cocopa deploró la prisa con que la Comisión Permanente decidió lle-var a cabo el cómputo de la votación en las legislaturas estatales.

20 de julio de 2001. El Secretario de Gobernación informó que en cuantoel Congreso de la Unión remitiera al Ejecutivo Federal la reforma indíge-na, procedería a su promulgación.

31 de julio de 2001. El gobierno del estado de Oaxaca interpuso un recur-so de controversia constitucional sobre la ley recién aprobada.

14 de agosto de 2001. Es promulgada la ley en materia de derechos ycultura indígenas, con su publicación en el Diario Oficial de la Federa-ción.

15 de agosto de 2001. Entran en vigor las nuevas disposiciones constitu-cionales.

[201]

APROBACIÓN DE LA LEY INDÍGENAEN EL CONGRESO DE LA UNIÓN

APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE SENADORES

Con 109 votos en favor de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN,PRD y PVEM, el Senado de la República aprobó la ley indígena por unani-midad en lo general. En particular, el PRD votó en contra. Este partidoobjetó las reformas a las fracciones V y VI, así como el último párrafo delinciso a) del artículo 2o. y la fracción III del artículo 115, a pesar de que enlos trabajos de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Asuntos Indí-genas y Estudios Legislativos había votado en favor del dictamen.

Votación en favor

PRI

PAN

PRD

PVEM

APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

En la cámara baja, el PAN, PRI, PVEM y el Partido de la Sociedad Nacio-nalista aprobaron, por mayoría calificada, la ley indígena con 386 votos enfavor. La fracción del PRD votó en contra. Se registraron dos abstencionesdel PRI.


Votación en favor

PRI 177

PAN 190

PVEM 13

PSN 3

PAS 2

Convergencia 1

Votación en contra

PRI 5

PRD 45

PT 5

Independientes 1

Votación en general

Votos en favor 386

Votos en contra 60

Abstenciones 2

Ausencias 52

Votación en particular

Votos en favor 369

Votos en contra 9

Abstenciones 2

[203]

Fecha Aprobada Rechazada

24 de mayo Veracruz, Puebla y Colima

30 de mayo Aguascalientes31 de mayo Querétaro, Campeche

y Guanajuato

6 de junio Oaxaca y Zacatecas

6 de junio Durango7 de junio Quintana Roo

12 de junio Coahuila14 de junio Baja California Sur

21 de junio Jalisco

21 de junio Sinaloa22 de junio Morelos

28 de junio Sonora

28 de junio Chiapas, Guerrero, Hidalgoy San Luis Potosí

29 de junio Tlaxcala

1 de julio Nuevo León

6 de julio Estado de México19 de julio Baja California

9 de julio Tabasco

12 de julio Nayarit y Michoacán17 de julio Chihuahua

PROCESO LEGISLATIVOEN LOS CONGRESOS LOCALES

[205]

Aguascalientes

Votos en favor Votos en contra

PAN 13 PRI 9PRD 1

Se registraron 3 abstenciones, 2 del PAN y 1independiente, y una ausencia de un diputadodel PAN

Baja California


PAN 10 PRD 2PRI 9Independiente 1

Ausencias: 1 del PRI, 1 del PRD y 1 del PAN

Campeche


PAN 10 PT 1PRI 19 PRD 3

Ausencias: 2 del PAN

VOTACIÓN EN LOS CONGRESOS LOCALESQUE APROBARON LA LEY SOBRE DERECHOS

Y CULTURA INDÍGENAS

Coahuila


PAN 5 PRI 7PRI 12 PRD 2UDC 23 PVEM 1

PT 1PCC 2

Colima



Durango


PAN 1 PRD 2PRI 11 PT 2Independientes 2 Independiente 1

Ausencias: 3 del PAN y 3 del PRI


Chihuahua


PAN 11 PRD 3PRI 18Independiente 13

Guanajuato


PAN 21 PAS 2PRI 7 PRI 2Independiente 1 PRD 2

PVEM 1

Jalisco


PAN 21 PRD 2PRI 14PVEM 1

Abstenciones: 2 del PRI

Michoacán


PAN 4 PRD 7PRI 14 Independiente 5

Nayarit


PAN 10 PRS 1PRI 8 PRD 6Independiente 1 PT 1PCD 1

Ausencias: 1 del PRI y 1 PRD

Nuevo León



Abstenciones: 5 del PRI. Ausencias: 6 del PRI

Puebla


PAN 6 PRD 4PRI 25 PT 1

PVEM 1

Ausencias: 1 del PRI y 1 del PAN

Querétaro


PAN 12 PRD 2PRI 2 PRI 6

PT 1PARM 1PVEM 1

Quintana Roo



PT 1

Ausencias: 1 del PRD

Sonora




Tabasco


PAN 2 PRD 12PRI 16 PT 1

Veracruz


PAN 10 PRD 4PRI 21 PVEM 1

PT 1

Ausencias: 6 del PRI, 1 del PAN y 1 del PCD

[209]

VOTACIÓN EN LOS CONGRESOS LOCALESQUE RECHAZARON LA LEY SOBRE DERECHOS

Y CULTURA INDÍGENAS

Baja California Sur


PRI 1 PRD 9PAN 1 PT 1

Independientes 3

Ausencias: 2 del PAN y 2 del PRI

Chiapas


PAN 3 PRI 19PRI 2 PAN 1

PRD 5PT 2PFC 1Independientes 1

Abstenciones: 1 del PAN

Guerrero


PAN 1 PRI 28PRD 14PRS 1

Ausencias: 2 del PRI

Hidalgo


PAN 7 PRI 17PRD 3PT 1

Ausencias: 1 del PRI

Estado de México


PAN 13 PRI 24PRD 12PVEM 2PT 2Otros 12

Ausencias: 3 del PAN, 4 del PRD, 3 Indepen-dientes y 1 del PRI

Oaxaca


PAN 4 PRI 24PRD 9

Ausencias: 3 del PRD, 1 del PRI y 1 Indepen-diente


San Luis Potosí


PAN 11 PRI 13PRI 1 PRD 2

Sinaloa


PAN 9 PRI 21Independiente 1 PRD 4

Ausencias: 2 del PRI, 1 del PRD, 1 del PAN y 1Independiente

Zacatecas


PAN 5 PRD 8PRI 3 PTI 2

Independientes 3

Ausencias: 4 del PRD y 2 del PRI. Abstencio-nes: 1 del PRI

Tlaxcala

El pleno del Congreso aprobó la minuta de reforma con 20 votos en favor,tres del PAN, 16 del PRI y uno del PT; cuatro en contra, tres del PRI y unodel PVEM. No asistieron seis diputados del PRD, uno del PRI y uno delPT. El 19 de julio de 2001, el ejecutivo estatal envió a la diputada AnaMaría Amador Valdés, Presidenta de la Mesa Directiva de la ComisiónPermanente de la LVI Legislatura estatal un oficio por medio del cual de-vuelve al Congreso la ley indígena aprobada.

El 10 de julio, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, lamayoría de esa comisión aprobó un acuerdo para devolver al Ejecutivo es-tatal la ley para que dé cumplimiento al proceso legislativo.

Morelos

El 21 de junio, el Congreso local rechazó la ley indígena. En contra vota-ron 12 diputados del PRI, tres del PRD y uno independiente. En favorvotaron 14 diputados del PAN. La Constitución Política del Estado deMorelos establece que para que una iniciativa adquiera el carácter de ley odecreto, requiere de la votación de dos terceras partes de los diputadosintegrantes de la legislatura, motivo por el cual el pleno determinó devol-ver el dictamen a las comisiones, al no alcanzar la mayoría requerida.

* Alan Arias Marín y José María Rodríguez Saucedo.

CUADRO COMPARATIVO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL, LA INICIATIVADEL EJECUTIVO Y LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS LARRÁINZAR*

[211]

Reforma constitucional

Artículo 1o.

En los Estados Unidos Mexicanostodo individuo gozará de las garan-tías que otorga esta Constitución,las cuales no podrán restringirse nisuspenderse, sino en los casos y conlas condiciones que ella misma es-tablece.

Está prohibida la esclavitud en losEstados Unidos Mexicanos. Los es-clavos del extranjero que entren alterritorio nacional alcanzarán, poreste solo hecho, su libertad y la pro-tección de las leyes.

Queda prohibida toda discrimina-ción motivada por origen étnico onacional, el género, la edad, las ca-pacidades diferentes, la condiciónsocial, las condiciones de salud, lareligión, las opiniones, las preferen-cias, el estado civil o cualquier otra

Iniciativa del Ejecutivo Acuerdos de San Andrés

V. Reformas constitucionales y legales

1. [...] estas reformas deberán conte-ner, entre otros, los siguientes aspec-tos generales:[...]g) En la Carta Magna, asegurar la

Observaciones

Se recuperan los Acuerdos de SanAndrés. Ausente en Cocopa.Se amplían las motivaciones de ladiscriminación.Se recuperan declaraciones de laComisión Nacional de los DerechosHumanos.


que

aten

te c

ontr

a la

dig

nida

d hu

ma-

na y

ten

ga p

or o

bjet

o an

ular

o m

e-n

osc

ab

ar

los

de

rech

os

y lib

ert

ad

es

de l

as p

erso

nas.

Art

ícul

o 2o

.

La n

ació

n m

exic

ana

es ú

nica

e in

di-

visi

ble

.

La

na

ció

n t

ien

e u

na

co

mp

osi

ció

npl

uric

ultu

ral s

uste

ntad

a or

igin

alm

en-

te e

n su

s pu

eblo

s in

díge

nas,

que

son

aq

ue

llos

qu

e d

esc

ien

de

n d

e p

ob

la-

cion

es q

ue h

abita

ban

en e

l ter

ritor

ioac

tual

del

paí

s al

inic

iars

e la

col

oni-

zaci

ón y

que

con

serv

an s

us p

ropi

asin

stitu

cio

ne

s so

cia

les,

eco

nó

mic

as,

cultu

rale

s y

polít

icas

, o p

arte

de

ella

s.

Art

ícul

o 4o

.

La

na

ció

n m

exi

can

a t

ien

e u

na

co

m-

posi

ción

plu

ricul

tura

l, su

sten

tada

ori-

gina

lmen

te e

n su

s pu

eblo

s in

díge

nas,

qu

e s

on

aq

ue

llos

qu

e d

esc

ien

de

n d

epo

blac

ione

s qu

e ha

bita

ban

en e

l pa

ísal

inic

iars

e la

col

oniz

ació

n y

ante

s de

qu

e se

est

able

cier

an la

s fr

onte

ras

de lo

sE

sta

do

s U

nid

os

Me

xica

no

s, y

qu

ecu

alqu

iera

que

sea

su

situ

ació

n ju

rí-

dic

a,

con

serv

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su

s p

rop

ias

inst

itu-

cion

es s

ocia

les,

eco

nóm

icas

, cu

ltura

-le

s y

polít

icas

, o

part

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s.

oblig

ació

n de

no

disc

rimin

ar p

or o

ri-ge

n ra

cial

o é

tnic

o, le

ngua

, sex

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reen

-ci

a o

co

nd

ició

n s

oci

al,

po

sib

ilita

nd

oco

n el

lo la

tipi

ficac

ión

de la

dis

crim

i-na

ción

soc

ial

com

o de

lito.

P

ropu

es-

tas

conj

unta

s.

Co

mp

rom

iso

s d

el

Go

bie

rno

fe

de

ral

con

lo

s p

ue

blo

s in

díg

en

as

1. [

...]

Rec

onoc

er a

los

pue

blos

ind

í-ge

nas

en l

a C

onst

ituci

ón G

ener

al.

El

Est

ad

o d

eb

e p

rom

ove

r e

l re

con

oci

-m

ient

o, c

omo

gara

ntía

con

stitu

cion

al,

del d

erec

ho a

la li

bre

dete

rmin

ació

n de

los

pu

eb

los

ind

íge

na

s, q

ue

so

n l

os

que

“des

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den

de p

obla

cion

es q

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bita

ban

en e

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s en

la é

poca

de

laC

onqu

ista

o l

a co

loni

zaci

ón y

del

es-

tabl

ecim

ient

o de

las

actu

ales

fro

nter

ases

tata

les,

y q

ue,

cual

quie

ra q

ue s

ea s

usi

tuac

ión

jurí

dica

, co

nser

van

sus

pro-

pias

ins

tituc

ione

s so

cial

es,

econ

ómi-

cas,

cul

tura

les

y po

lític

as o

par

te d

ee

llas”

. Pro

nunc

iam

ient

o co

njun

to.

II.

[...

][.

..]

2.

Dic

ho

ma

rco

ju

ríd

ico

ha

de

ed

i-fic

arse

a p

artir

de

reco

noce

r la

lib

rede

term

inac

ión

de l

os p

uebl

os i

ndíg

e-

Se

esta

blec

e la

pre

mis

a pa

ra l

a pu

-ni

bilid

ad d

e la

dis

crim

inac

ión

en e

lC

ód

igo

Pe

na

l.

Au

sen

te e

n l

a C

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stitu

ció

n.

La r

efor

ma

recu

pera

los

Acu

erdo

s de

San

And

rés,

res

peta

a l

a C

ocop

a.

Se

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de

Sa

nA

nd

rés.


La c

onci

enci

a de

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iden

tidad

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í-ge

na d

eber

á se

r cr

iterio

fund

amen

tal

para

det

erm

inar

a q

uien

es s

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las

dis

po

sici

on

es

sob

re p

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blo

s in

-d

íge

na

s.

Son

com

unid

ades

int

egra

ntes

de

unp

ue

blo

in

díg

en

a a

qu

ella

s q

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fo

r-m

en

un

a u

nid

ad

so

cia

l, e

con

óm

ica

y cu

ltura

l, a

sen

tad

as

en

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te

rrito

-rio

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econ

ocen

aut

orid

ades

pro

-pi

as d

e ac

uerd

o co

n su

s us

os y

cos

-tu

mb

res.

na

s, q

ue

so

n l

os

qu

e,

ten

ien

do

un

aco

ntin

uid

ad

his

tóri

ca c

on

la

s so

cie

-d

ad

es

an

teri

ore

s a

la

im

po

sici

ón

de

lré

gim

en c

olon

ial,

man

tiene

n id

entid

a-d

es

pro

pia

s, c

on

cie

nci

a d

e l

as

mis

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as y

la

volu

ntad

de

pres

erva

rlas,

ap

art

ir d

e s

us

cara

cte

ríst

ica

s cu

ltura

-le

s, s

ocia

les,

pol

ítica

s y

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ómic

as,

pro

pia

s y

dife

ren

cia

da

s...

P

ropu

es-

tas

conj

unta

s.

Com

prom

isos

del

Gob

iern

o fe

dera

l con

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pu

eb

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ind

íge

na

s1.

[...

] La

con

cien

cia

de s

u id

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adin

díge

na d

eber

á co

nsid

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se u

n cr

i-te

rio fu

ndam

enta

l par

a de

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inar

los

grup

os a

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que

apl

ican

las

dis

posi

-ci

ones

sob

re p

uebl

os in

díge

nas.

P

ro-

nu

nci

am

ien

to c

on

jun

to.

Com

prom

isos

del

Gob

iern

o fe

dera

l con

los

pu

eb

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ind

íge

na

s1

. [.

..]

[...

]4.

El d

erec

ho a

la li

bre

dete

rmin

ació

nse

eje

rcer

á en

un

mar

co c

onst

ituci

o-na

l de

auto

nom

ía,

aseg

uran

do la

uni

-d

ad

naci

onal

. Pro

nunc

iam

ient

o co

n-ju

nto

.

Se

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de

Sa

nA

nd

rés.

Aus

ente

en

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ocop

a.

Se

in

tro

du

ce u

na

de

finic

ión

de

co

-m

unid

ad i

ndíg

ena

cuya

s ca

ract

erís

-tic

as

con

figu

ran

el

reco

no

cim

ien

tod

e un

ord

en ju

rídi

co n

uevo

a p

artir

de

las

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as d

e co

mun

idad

es e

xist

en-

tes

en

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mu

nd

o i

nd

íge

na

.A

usen

te e

n la

Coc

opa.

Au

sen

te e

n l

os

Acu

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os

de

Sa

nA

nd

rés.


El d

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ho d

e lo

s pu

eblo

s in

díge

nas

a la

lib

re d

eter

min

ació

n se

eje

rcer

áen

un

mar

co c

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ituci

onal

de

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-no

mía

que

ase

gure

la

unid

ad n

acio

-n

al.

El

reco

no

cim

ien

to d

e l

os

pu

e-

blo

s y

las

com

unid

ades

ind

ígen

as s

eh

ará

en

la

s C

on

stitu

cio

ne

s y

leye

sde

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idad

es f

eder

ativ

as,

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que

debe

rán

tom

ar e

n cu

enta

, ad

emás

de

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pri

nci

pio

s g

en

era

les

est

ab

leci

-do

s en

los

párr

afos

ant

erio

res

de e

ste

artíc

ulo,

crit

erio

s et

nolin

güís

ticos

yd

e a

sen

tam

ien

to f

ísic

o.

A.

Est

a C

onst

ituci

ón r

econ

oce

y ga

-ra

ntiz

a el

der

echo

de

los

pueb

los

yla

s co

mun

idad

es in

díge

nas

a la

libr

ede

term

inac

ión

y, e

n co

nsec

uenc

ia,

ala

aut

onom

ía p

ara:

I. D

eci

dir

su

s fo

rma

s in

tern

as

de

con

vive

nci

a y

org

an

iza

ció

n s

oci

al,

eco

nó

mic

a,

po

lític

a y

cu

ltura

l.

Los

pueb

los

indí

gena

s tie

nen

el d

ere-

cho

a la

lib

re d

eter

min

ació

n y,

com

oex

pres

ión

de é

sta,

a la

aut

onom

ía c

o-m

o pa

rte

del

Est

ado

mex

ican

o pa

ra:

I. D

ecid

ir su

s fo

rmas

inte

rnas

de

con-

vive

ncia

y d

e or

gani

zaci

ón s

ocia

l, ec

o-n

óm

ica

, p

olít

ica

y c

ultu

ral.

Nu

evo

ma

rco

ju

ríd

ico

[...

]3

. E

l re

con

oci

mie

nto

de

qu

e e

n l

as

leg

isla

cio

ne

s d

e l

os

est

ad

os

de

la

Rep

úblic

a de

ben

qued

ar e

stab

leci

das

las

cara

cter

ístic

as d

e la

libr

e de

term

i-na

ción

y a

uton

omía

que

mej

or e

xpre

-se

n la

s si

tuac

ione

s y

aspi

raci

ones

di-

vers

as

y le

gít

ima

s d

e l

os

pu

eb

los

ind

íge

na

s. P

ron

un

cia

mie

nto

co

n-

jun

to.

II.

[...

]2.

[...

] La

aut

onom

ía e

s la

exp

resi

ónco

ncre

ta d

el e

jerc

icio

del

der

echo

a la

libre

det

erm

inac

ión,

exp

resa

da c

omo

un m

arco

que

se

conf

orm

a co

mo

par-

te d

el

Est

ad

o N

aci

on

al..

. Pro

pues

-ta

s co

njun

tas.

3. L

a le

gisl

ació

n na

cion

al d

ebe

reco

-n

oce

r a

lo

s p

ue

blo

s in

díg

en

as

com

olo

s su

jeto

s de

los

der

echo

s a

la l

ibre

de

term

ina

ció

n y

au

ton

om

ía. Pro

-p

ue

sta

s co

nju

nta

s.

Nu

evo

ma

rco

ju

ríd

ico

1. E

l re

cono

cim

ient

o en

la

Con

stitu

-ci

ón

po

lític

a n

aci

on

al

de

...

[...

]c)

Der

echo

s so

cial

es.

Par

a qu

e se

ga-

ran

tice

n s

us

form

as

de

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an

iza

ció

nSe

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de S

an

An

dré

s.A

usen

te e

n la

Coc

opa.

Se

reco

noce

el d

erec

ho e

n la

Con

sti-

tuci

ón P

olíti

ca d

e lo

s E

stad

os U

nido

sM

exic

anos

y s

e m

anda

ta e

sa o

rien-

taci

ón

a l

as

Co

nst

ituci

on

es

loca

les,

exig

iénd

oles

esp

ecifi

caci

ones

pro

pias

.

Rec

uper

a y

clar

ifica

los

Acu

erdo

s de

Sa

n A

nd

rés.

Cla

rific

a y

prof

undi

za e

n la

Coc

opa;

el d

erec

ho d

e lib

re d

eter

min

ació

n se

ge

ne

raliz

a a

pu

eb

los

y co

mu

nid

a-

de

s, n

o s

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ntie

nd

e c

om

o m

era

ex-

pre

sió

n.

Si b

ien

no e

xplíc

itam

ente

, res

ulta

evi

-de

nte

el r

econ

ocim

ient

o de

pue

blos

y co

mun

idad

es c

omo

suje

tos

del

de-

rech

o ge

nera

l a la

libr

e de

term

inac

ión

y a

uto

no

mía

; a

de

má

s, a

co

ntin

ua

-ci

ón s

e en

umer

an lo

s ru

bros

par

ticu-

lare

s de

l m

arco

aut

onóm

ico

para

su

eje

rcic

io.

Se

re

cup

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n l

os

Acu

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os

de

Sa

nA

ndré

s y

de l

a C

ocop

a.A

cue

rdo

s d

e S

an

An

dré

s re

pite

lo

mis

mo

en

otr

os

do

cum

en

tos,

ta

nto

en “

Pro

nunc

iam

ient

o”, c

omo

en “

Pro

-p

ue

sta

s”.


II. A

plic

ar s

us p

ropi

os s

iste

mas

nor

-m

ativ

os e

n la

reg

ulac

ión

y so

luci

ónd

e s

us

con

flict

os

inte

rno

s, s

uje

tán

-d

ose

a l

os

pri

nci

pio

s g

en

era

les

de

est

a C

on

stit

uci

ón

, re

spe

tan

do

la

sga

rant

ías

indi

vidu

ales

, lo

s de

rech

oshu

man

os y

, de

man

era

rele

vant

e, l

adi

gnid

ad e

inte

grid

ad d

e la

s m

ujer

es.

La le

y es

tabl

ecer

á lo

s ca

sos

y pr

oce-

dim

ient

os d

e va

lidac

ión

por

los

jue-

ces

o t

rib

un

ale

s co

rre

spo

nd

ien

tes.

II.

Ap

lica

r su

s si

ste

ma

s n

orm

ativ

os

en r

egul

ació

n y

solu

ción

de

conf

lic-

tos

inte

rnos

, re

spet

ando

las

gar

antía

sin

div

idu

ale

s, l

os

de

rech

os

hu

ma

no

sy,

en

part

icul

ar,

la d

igni

dad

e inte

gri-

dad

de la

s m

ujer

es; s

us p

roce

dim

ient

os,

juic

ios

y de

cisi

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ser

án c

onva

lida-

do

s p

or

las

au

tori

da

de

s ju

risd

icci

o-

na

les

de

l E

sta

do

.

soci

al,

la s

atis

facc

ión

de s

us n

eces

i-d

ad

es

hu

ma

na

s fu

nd

am

en

tale

s y

sus

inst

ituci

ones

int

erna

s. Pro

nunc

iam

ien-

to c

onju

nto.

II.

[...

]2.

[...

] La

aut

onom

ía e

s la

exp

resi

ónco

ncre

ta d

el e

jerc

icio

del

der

echo

a la

libre

de

term

ina

ció

n..

. L

os

pu

eb

los

ind

íge

na

s p

od

rán

, e

n c

on

secu

en

cia

,de

cidi

r su

for

ma

de g

obie

rno

inte

rna

y su

s m

aner

as d

e or

gani

zars

e po

líti-

ca,

soci

al,

econ

ómic

a y

cultu

ralm

en-

te..

. Pro

pues

tas

conj

unta

s.1

. L

a c

rea

ció

n d

e u

n n

ue

vo m

arc

oju

rídi

co q

ue e

stab

lezc

a un

a nu

eva

re-

laci

ón

en

tre

lo

s p

ue

blo

s in

díg

en

as

yel

Est

ado,

con

bas

e en

el r

econ

ocim

ien-

to d

e su

der

echo

a la

libr

e de

term

inac

ión

y de

los

dere

chos

jurí

dico

s, p

olíti

cos,

soci

ales

, eco

nóm

icos

y c

ultu

rale

s qu

ed

e é

l se

de

riva

n..

. Pro

pues

tas

con-

jun

tas.

Nu

evo

ma

rco

ju

ríd

ico

1. [

...]

El r

econ

ocim

ient

o en

la C

ons-

titu

ció

n p

olít

ica

na

cio

na

l d

e d

em

an

-da

s in

díge

nas

que

debe

n qu

edar

con

-sa

gra

da

s co

mo

de

rech

os

leg

ítim

os.

..[.

..]

b) D

erec

hos

de ju

risdi

cció

n. P

ara

que

se a

cept

en s

us p

ropi

os p

roce

dim

ien-

tos

pa

ra d

esi

gn

ar

sus

au

tori

da

de

s y

sus

sist

emas

nor

mat

ivos

par

a la

res

o-lu

ción

de

conf

licto

s in

tern

os, c

on r

es-

Se

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de

Sa

nA

ndré

s y

de la

Coc

opa;

se

esta

blec

ere

fere

ncia

a la

Con

stitu

ción

Pol

ítica

de lo

s E

stad

os U

nido

s M

exic

anos

yse

rem

iten

a la

ley

los

caso

s y

proc

e-d

imie

nto

s va

lida

ble

s, a

fin

de

pro

-ve

er d

e cr

iterio

s a

los

juec

es y

a lo

sT

ribun

ales

. N

o se

est

able

ce l

a ob

li-ga

torie

dad

de la

con

valid

ació

n co

mo

en l

a C

ocop

a.


peto

a lo

s de

rech

os h

uman

os.

Pro

nun-

ciam

ient

o co

njun

to.

II.

[...

]6

. [.

..]

[...

]b)

Obt

ener

el

reco

noci

mie

nto

de s

ussi

stem

as n

orm

ativ

os i

nter

nos

para

la

regu

laci

ón y

san

ción

, en

tant

o no

sea

nco

ntra

rios

a la

s ga

rant

ías

cons

tituc

io-

nale

s y

a los

dere

chos

hum

anos

, en

par-

ticul

ar lo

s de

las

muj

eres

. P

ropu

esta

sco

nju

nta

s.III

.[.

..]

2.

[...

] E

l re

con

oci

mie

nto

de

esp

a-

cios

juris

dicc

iona

les

a la

s au

torid

ades

desi

gnad

as e

n el

sen

o de

las

com

uni-

da

de

s, p

ue

blo

s in

díg

en

as

y m

un

ici-

pios

, a

part

ir de

una

red

istr

ibuc

ión

deco

mp

ete

nci

as

de

l fu

ero

est

ata

l, p

ara

que

dich

as a

utor

idad

es e

stén

en

apti-

tud

de d

irim

ir la

s co

ntro

vers

ias

inte

r-na

s de

con

vive

ncia

, cuy

o co

noci

mie

n-to

y r

esol

ució

n im

pliq

uen

una

mej

orp

rocu

raci

ón

e i

mp

art

ició

n d

e j

ust

i-ci

a. P

ropu

esta

s co

njun

tas.

V.

Re

form

as

con

stitu

cio

na

les

y le

-g

ale

s1

. [.

..]

[...

]f)

En

el

con

ten

ido

de

la

le

gis

laci

ón

,to

mar

en

cons

ider

ació

n la

plu

ricul

tu-

ralid

ad

de

la

na

ció

n m

exi

can

a q

ue

refle

je e

l d

iálo

go

in

terc

ultu

ral

con

Se

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de

Sa

nA

nd

rés.

Se

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de

Sa

nA

nd

rés.


III.

Ele

gir,

de

acue

rdo

con

sus

norm

as,

proc

edim

ient

os y

prá

ctic

as t

radi

cio-

nale

s, a

las

aut

orid

ades

o r

epre

sen-

tant

es p

ara

el e

jerc

icio

de

sus

form

aspr

opia

s de

gob

iern

o in

tern

o, g

aran

-tiz

an

do

la

pa

rtic

ipa

ció

n d

e l

as

mu

-je

res

en c

ondi

cion

es d

e eq

uida

d fr

en-

te a

lo

s va

ron

es,

en

un

ma

rco

qu

ere

spet

e el

pac

to f

eder

al y

la s

ober

a-n

ía d

e l

os

est

ad

os.

III.

Ele

gir

a su

s au

torid

ades

y e

jerc

ersu

s fo

rma

s d

e g

ob

iern

o i

nte

rno

de

acue

rdo

a su

s no

rmas

en

los

ámbi

tos

de s

u au

tono

mía

, gar

antiz

ando

la p

ar-

ticip

ació

n de

las

muj

eres

en

cond

icio

-ne

s de

equ

idad

.

norm

as c

omun

es p

ara

todo

s lo

s m

exi-

can

os

y re

spe

to a

lo

s si

ste

ma

s n

or-

ma

tivo

s in

tern

os

de

lo

s p

ue

blo

s in

-d

íge

na

s. P

rop

ue

sta

s co

nju

nta

s.

V. R

efor

mas

con

stitu

cion

ales

y le

gale

s1

. [.

..]

[...

]e)

Leg

isla

r so

bre

los

dere

chos

de

los

pueb

los

indí

gena

s a

eleg

ir a

sus

auto

-rid

ades

y e

jerc

er la

aut

orid

ad d

e ac

uer-

do a

sus

pro

pias

nor

mas

en

el in

terio

rde

sus

ám

bito

s de

aut

onom

ía,

gara

n-tiz

ando

la

part

icip

ació

n de

las

muj

e-re

s en

con

dici

ones

de

equi

dad.

P

ro-

pu

est

as

con

jun

tas.

Nu

evo

ma

rco

ju

ríd

ico

1.

[...

][.

..]

b) D

erec

hos

de ju

risdi

cció

n. P

ara

que

se a

cept

en s

us p

ropi

os p

roce

dim

ien-

tos

pa

ra d

esi

gn

ar

sus

au

tori

da

de

s y

sus

sist

emas

nor

mat

ivos

par

a la

res

o-lu

ción

de

conf

licto

s in

tern

os,

con

res-

pect

o a

los

dere

chos

hum

anos

. P

ronu

n-ci

amie

nto

conj

unto

.

II.

[...

]6

. [.

..]

h)

De

sig

na

r lib

rem

en

te a

su

s re

pre

-se

nta

nte

s, t

an

to c

om

un

itari

os

com

oe

n l

os

órg

an

os

de

go

bie

rno

mu

nic

i-p

al,

y a

su

s a

uto

rid

ad

es

com

o p

ue

-Se

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de

Sa

nA

ndré

s y

de l

a C

ocop

a.S

e in

corp

ora

el r

espe

to a

l pa

cto

fe-

dera

l y a

la s

ober

anía

de

los

esta

dos

com

o c

an

da

do

s.


IV.

Pre

serv

ar

y e

nri

qu

ece

r su

s le

n-

guas

, co

noci

mie

ntos

y t

odos

los

ele-

men

tos

que

cons

tituy

an s

u cu

ltura

eid

en

tida

d.

VI.

Pre

serv

ar

y e

nri

qu

ece

r su

s le

n-

guas

, co

noci

mie

ntos

y t

odos

los

ele

-m

en

tos

qu

e c

on

figu

ren

su

cu

ltura

eid

en

tida

d.

blo

s in

díg

en

as,

de

co

nfo

rmid

ad

co

nla

s in

stitu

cion

es y

trad

icio

nes

prop

ias

de c

ada

pueb

lo. Pro

pues

tas

conj

unta

s.

II.

[...

]5

. [.

..]

[...

]e)

[...

] S

e pr

opon

e al

Con

gres

o de

la

Un

ión

el

reco

no

cim

ien

to,

en

re

for-

ma

s co

nst

ituci

on

ale

s y

po

lític

as

qu

ese

de

rive

n,

de

l d

ere

cho

de

la

mu

jer

indí

gena

par

a pa

rtic

ipar

, en

un p

lano

de

igu

ald

ad

, co

n e

l va

rón

en

to

do

s lo

sni

vele

s de

gob

iern

o y

en e

l des

arro

llod

e l

os

pu

eb

los

ind

íge

na

s.

Pro

pues

-ta

s co

njun

tas.

II.

[...

]6

. S

e p

rop

on

e a

l C

on

gre

so d

e l

aU

nió

n..

.[.

..]

e)

pro

mo

ver

el

de

sarr

ollo

de

lo

s d

i-ve

rso

s co

mp

on

en

tes

de

su

id

en

tida

dy

pa

trim

on

io c

ultu

ral.

[...

]i)

prom

over

y d

esar

rolla

r su

s le

ngua

sy

cultu

ras,

así

com

o su

s co

stum

bres

ytr

adic

ione

s, t

anto

pol

ítica

s co

mo

so-

cia

les,

eco

nó

mic

as,

re

ligio

sas

y cu

l-tu

rale

s. P

ropu

esta

s co

njun

tas.

Se

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de

Sa

nA

nd

rés.

Se

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de

Sa

nA

ndré

s y

de l

a C

ocop

a.

EZLN: VIOLENCIA, DERECHOS CULTURALES Y DEMOCRACIA 219V.

Con

serv

ar y

mej

orar

el

hábi

tat

ypr

eser

var

la in

tegr

idad

de

sus

tierr

asen

los

térm

inos

est

able

cido

s en

est

aC

on

stit

uci

ón

.V

I. A

cced

er,

con

resp

eto,

a l

as f

or-

mas

y m

odal

idad

es d

e pr

opie

dad

yte

nenc

ia d

e la

tie

rra

esta

blec

idas

en

esta

Con

stitu

ción

y e

n la

s le

yes

dela

mat

eria

, as

í co

mo

a lo

s de

rech

osa

dq

uir

ido

s p

or

terc

ero

s o

po

r in

te-

gra

nte

s d

e l

a c

om

un

ida

d,

al

uso

ydi

sfru

te p

refe

rent

e de

los

recu

rsos

na-

tura

les

de l

os l

ugar

es q

ue h

abita

n y

ocup

an la

s co

mun

idad

es, s

alvo

aqu

e-llo

s q

ue

co

rre

spo

nd

en

a l

as

áre

as

estr

atégi

cas,

en

térm

inos

de

esta

Con

s-tit

uci

ón

. P

ara

est

os

efe

cto

s la

s co

-m

unid

ades

pod

rán

asoc

iars

e en

tér

-m

ino

s d

e l

ey.

V. A

cced

er d

e m

aner

a co

lect

iva

al u

soy

disf

rute

de

los

recu

rsos

nat

ural

es d

esu

s tie

rra

s y

terr

itori

os,

en

ten

did

os

ést

os

com

o l

a t

ota

lida

d d

el

há

bita

tq

ue

lo

s p

ue

blo

s in

díg

en

as

usa

n u

ocu

pa

n,

salv

o a

qu

ello

s cu

yo d

om

i-ni

o di

rect

o co

rres

pond

e a

la n

ació

n.

Co

ncl

usi

ón

[...

]2.

El G

obie

rno

fede

ral a

sum

e el

com

-p

rom

iso

de

co

nst

ruir

, co

n l

os

dife

-re

ntes

sec

tore

s de

la s

ocie

dad

y en

un

nu

evo

fe

de

ralis

mo

, u

n n

ue

vo p

act

oso

cial

que

mod

ifiqu

e de

raí

z la

s re

la-

cio

ne

s so

cia

les,

po

lític

as,

eco

nó

mi-

cas

y cu

ltura

les

con

los

pueb

los

indí

-g

en

as

. E

l p

ac

to [

…]

de

be

ha

ce

ref

ectiv

os lo

s de

rech

os y

gar

antía

s qu

ele

s co

rres

pond

en:

dere

cho

a su

dife

-re

ncia

cul

tura

l; de

rech

o a

su h

ábita

t;us

o y

disf

rute

del

terr

itorio

, con

form

ea

l a

rtíc

ulo

13

.2.

de

l C

on

ven

io 1

69

de

la

OIT

; Pro

nu

nci

am

ien

to c

on

-ju

nto

.

Ref

orm

as c

onst

ituci

onal

es y

leg

ales

1.

[...

][.

..]

c) E

n m

ate

ria

de

re

curs

os

na

tura

les,

regl

amen

tar u

n or

den

de p

refe

renc

ia q

uepr

ivile

gie

a la

s co

mun

idad

es i

ndíg

e-na

s en

el

otor

gam

ient

o de

con

cesi

o-ne

s pa

ra o

bten

er l

os b

enef

icio

s de

la

expl

otac

ión

y ap

rove

cham

ient

o de

los

recu

rso

s n

atu

rale

s.

Pro

pues

tas

con-

jun

tas.

Ref

orm

as c

onst

ituci

onal

es y

leg

ales

1.

[...

][.

..]

Rec

uper

a lo

s A

cuer

dos

de S

an A

n-d

rés

en

lo

co

nce

rnie

nte

al

há

bita

t.A

ñade

el p

rece

pto

cons

tituc

iona

l de

la in

tegr

idad

de

las

tierr

as d

e la

s co

-m

unid

ades

agr

aria

s. E

l car

ácte

r col

ec-

tivo

del

uso

y di

sfru

te n

o se

exp

li-ci

ta;

no o

bsta

nte,

al

esta

blec

erse

su

dere

cho

de p

refe

renc

ia (cfr.

Acu

er-

do

s d

e S

an

An

dré

s) s

e a

sum

e q

ue

podr

á ha

cers

e co

lect

iva

o in

divi

dual

-m

en

te.

Se

exc

luye

la

no

ció

n d

e t

err

itori

o.

El

conc

epto

es

cons

ider

ado

equí

vo-

co.

Co

rre

spo

nd

e,

en

pri

me

r lu

ga

r,al

ám

bito

de

valid

ez p

ropi

o de

l E

s-ta

do m

exic

ano;

asi

mis

mo,

se

refie

real

ter

ritor

io d

e la

s en

tidad

es f

eder

a-tiv

as,

y, e

n te

rcer

tér

min

o, a

l es

pa-

cio

de a

sent

amie

nto

físic

o de

las

co-

mu

nid

ad

es.

Se

utili

za h

ábita

t co

mo

equi

vale

nte

(ver

los

Acu

erdo

s de

San

And

rés,

ye

l C

on

ven

io 1

69

de

la

OIT

, 1

3.2

)


b) L

egis

lar

para

que

se

“gar

antic

e la

prot

ecci

ón a

la

inte

grid

ad d

e la

s tie

-rr

as d

e lo

s gr

upos

indí

gena

s”, t

oman

doe

n c

on

sid

era

ció

n l

as

esp

eci

ficid

ad

es

de lo

s pu

eblo

s in

díge

nas

y la

s co

mu-

nida

des,

en

el c

once

pto

de in

tegr

idad

terr

itori

al

con

ten

ido

en

el

Co

nve

nio

169

de la

OIT

, as

í co

mo

el e

stab

leci

-m

ient

o de

pro

cedi

mie

ntos

y m

ecan

is-

mos

par

a la

regu

lariz

ació

n de

las

form

asde

la p

ropi

edad

indí

gena

y d

e fo

men

-to

de

la c

ohes

ión

cultu

ral. Pro

pues

-ta

s co

njun

tas.

II.

[...

]5

. S

e p

rop

on

e a

l C

on

gre

so d

e l

aU

nió

n..

.a

) T

err

itori

o.

To

do

pu

eb

lo i

nd

íge

na

se a

sien

ta e

n un

ter

ritor

io q

ue c

ubre

la t

ota

lida

d d

el

há

bita

t q

ue

lo

s p

ue

-b

los

ind

íge

na

s o

cup

an

o u

tiliz

an

de

algu

na m

aner

a. E

l ter

ritor

io e

s la

bas

em

ate

ria

l d

e s

u r

ep

rod

ucc

ión

co

mo

pueb

lo y

exp

resa

la

unid

ad i

ndis

olu-

ble

ho

mb

re-t

ierr

a-n

atu

rale

za. Pro

-p

ue

sta

s co

nju

nta

s.

II.

[...

]6

. S

e p

rop

on

e a

l C

on

gre

so d

e l

aU

nión

y a

las

Leg

isla

tura

s de

los

es-

tad

os.

..[.

..]

d) A

cced

er d

e m

aner

a co

lect

iva

al u

soy

dis

fru

te d

e l

os

recu

rso

s n

atu

rale

s,

El r

iesg

o de

rec

lam

os g

ener

aliz

ados

,en

tér

min

os d

e pr

opie

dad

y te

nenc

iad

e l

a t

ierr

a,

po

r p

art

e d

e p

ue

blo

s y

com

unid

ades

sob

re e

spac

ios

ya t

itu-

lado

s de

pro

pied

ad,

mot

ivó,

asi

mis

-m

o, l

a ex

clus

ión

del

conc

epto

de

te-

rrito

rio

s.S

e pe

rfec

cion

an lo

s A

cuer

dos

de S

anA

nd

rés

y d

e l

a C

oco

pa

al

sust

ituir

recu

rsos

de

dom

inio

dire

cto

por á

reas

estr

atég

icas

de

acue

rdo

con

el a

rtíc

ulo

28 d

e la

Con

stitu

ción

Pol

ítica

de

los

Est

ad

os

Un

ido

s M

exi

can

os.

Se

est

ab

lece

el

de

rech

o d

e a

soci

a-

ción

de

las

com

unid

ades

par

a ac

ce-

so p

refe

rent

e al

uso

y d

isfr

ute

de lo

sre

curs

os n

atur

ales

. Aus

ente

en

la C

o-co

pa

.


VII

. E

leg

ir,

en

lo

s m

un

icip

ios

con

po

bla

ció

n i

nd

íge

na

, re

pre

sen

tan

tes

an

te l

os

ayu

nta

mie

nto

s.

La

s co

nst

ituci

on

es

y le

yes

de

la

sen

tidad

es f

eder

ativ

as r

econ

ocer

án y

regu

lará

n es

tos

dere

chos

en

los

mu-

nic

ipio

s, c

on

el

pro

pó

sito

de

fo

rta

-

salv

o aq

uello

s cu

yo d

omin

io d

irect

oco

rres

pond

a a

la n

ació

n.

Pro

pues

tas

con

jun

tas.

III.

[...

]6

. L

a p

rod

ucc

ión

y e

l e

mp

leo

...

[...]

Se

debe

bus

car

el r

econ

ocim

ien-

to e

n el

sis

tem

a ju

rídic

o m

exic

ano,

fe-

de

ral y

est

atal

, del

der

echo

de

los

pue-

blo

s in

díg

en

as

al

uso

so

ste

nib

le y

ato

dos

los

bene

ficio

s de

rivad

os d

el u

soy

ap

rove

cha

mie

nto

de

lo

s re

curs

os

na

tura

les

de

lo

s te

rrito

rio

s q

ue

ocu

-p

an

o ut

iliza

n de

alg

una

man

era.

.. P

ro-

pu

est

as

con

jun

tas.

Prin

cipi

os d

e la

nue

va r

elac

ión

[...

]2

. S

ust

en

tab

ilid

ad

. E

s in

dis

pe

nsa

ble

y ur

gent

e as

egur

ar l

a pe

rdur

ació

n de

la n

atur

alez

a y

la c

ultu

ra d

e lo

s te

rri-

torio

s qu

e oc

upan

y u

tiliz

an d

e al

gu-

na m

aner

a lo

s pu

eblo

s in

díge

nas,

se-

gú

n l

os

de

fine

el

art

ícu

lo 1

3.2

. d

el

Co

nve

nio

16

9 d

e l

a O

IT..

. Pro

nun-

ciam

ient

o co

njun

to.

Nu

evo

ma

rco

ju

ríd

ico

4.

[...

][.

..]

b) a

rtíc

ulo

115.

Par

a qu

e se

fort

alez

cael

pac

to fe

dera

l y s

e ga

rant

ice

la p

arti-

cipa

ción

de

las

com

unid

ades

indí

gena

sen

la

inte

grac

ión

de l

os a

yunt

amie

n-to

s y

de l

os m

unic

ipio

s m

ayor

itaria

-

Se

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de

Sa

nA

nd

rés.

Aus

ente

en

la C

ocop

a.S

e ex

cluy

e lo

rel

ativ

o a

la e

lecc

ión

de

au

tori

da

de

s e

n l

os

mu

nic

ipio

sm

ayor

itaria

men

te i

ndíg

enas

por

ser

com

pete

ncia

s de

las

entid

ades

fed

e-ra

tiva

s.


lece

r la

pa

rtic

ipa

ció

n y

re

pre

sen

ta-

ción

pol

ítica

de

conf

orm

idad

con

sus

tra

dic

ion

es

y n

orm

as

inte

rna

s.

VIII

. Acc

eder

ple

nam

ente

a la

juris

-d

icci

ón

de

l E

sta

do

. P

ara

ga

ran

tiza

re

se d

ere

cho

, e

n t

od

os

los

juic

ios

yp

roce

dim

ien

tos

en

qu

e s

ea

n p

art

e,

indi

vidu

al o

col

ectiv

amen

te, s

e de

be-

rán

tom

ar e

n cu

enta

sus

cos

tum

bres

y es

peci

ficid

ades

cul

tura

les

resp

etan

-d

o l

os

pre

cep

tos

de

est

a C

on

stitu

-ci

ón

. L

os

ind

íge

na

s tie

ne

n e

n t

od

otie

mpo

el d

erec

ho a

ser

asi

stid

os p

orin

térp

rete

s y

defe

nsor

es q

ue t

enga

nco

noci

mie

nto

de s

u le

ngua

y c

ultu

ra.

Las

cons

tituc

ione

s y

leye

s de

las

en-

tida

de

s fe

de

rativ

as

est

ab

lece

rán

la

sca

ract

erís

ticas

de

libre

det

erm

inac

ión

[...

] P

ara

ga

ran

tiza

r e

l a

cce

so p

len

od

e l

os

pu

eb

los

ind

íge

na

s a

la

ju

ris-

dic

ció

n d

el

Est

ad

o,

en

to

do

lo

s ju

i-ci

os y

pro

cedi

mie

ntos

que

invo

lucr

enin

divi

dual

o c

olec

tivam

ente

a in

díge

-na

s, s

e to

mar

án e

n cu

enta

sus

prá

cti-

cas

jurí

dica

s y

espe

cific

idad

es c

ultu

-ra

les,

res

peta

ndo

los

prec

epto

s de

est

aC

onst

ituci

ón.

Los

indí

gena

s te

ndrá

n,e

n t

od

o t

iem

po

, e

l d

ere

cho

de

se

ra

sist

ido

s p

or

inté

rpre

tes

y d

efe

nso

-re

s, p

artic

ular

es o

de

ofic

io,

que

ten-

ga

n c

on

oci

mie

nto

de

su

s le

ng

ua

s y

cultu

ras.

me

nte

in

díg

en

as

en

lo

s a

sun

tos

pú

-b

lico

s. P

ronu

ncia

mie

nto

conj

unto

.

II.

[...

]6

. [.

..]

[...

]h

) d

esi

gn

ar

libre

me

nte

a s

us

rep

re-

sen

tan

tes,

ta

nto

co

mu

nita

rio

s co

mo

en

lo

s ó

rga

no

s d

e g

ob

iern

o m

un

ici-

pa

l, y

a s

us

au

tori

da

de

s co

mo

pu

e-

blo

s in

díg

en

as,

de

co

nfo

rmid

ad

co

nla

s in

stitu

cio

ne

s y

tra

dic

ion

es

pro

-pi

as d

e ca

da p

uebl

o.

Pro

pues

tas

con-

jun

tas.

III.

[...

]2.

Gar

antiz

ar a

cces

o pl

eno

a la

jus

ti-ci

a. E

l Est

ado

debe

gar

antiz

ar e

l acc

eso

plen

o de

los

pueb

los

a la

juris

dicc

ión

del E

stad

o m

exic

ano,

con

reco

noci

mie

n-to

y r

espe

to a

esp

ecifi

cida

des

cultu

ra-

les

y a

su

s si

ste

ma

s n

orm

ativ

os

in-

tern

os,

gara

ntiz

ando

el

plen

o re

spet

oa

los

dere

chos

hum

anos

. P

ronu

ncia

-m

ient

o co

njun

to.

Nu

evo

ma

rco

ju

ríd

ico

[...

]E

l gob

iern

o fe

dera

l asu

me

el c

ompr

o-

Se

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de

Sa

nA

ndré

s y

de l

a C

ocop

a.

Se

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de

Sa

nA

ndré

s, a

usen

te e

n la

Coc

opa.

Se

reco

noce

a la

s co

mun

idad

es c

omo

EZLN: VIOLENCIA, DERECHOS CULTURALES Y DEMOCRACIA 223y

auto

nom

ía q

ue m

ejor

exp

rese

n la

ssi

tua

cio

ne

s y

asp

ira

cio

ne

s d

e l

os

pu

eb

los

ind

íge

na

s e

n c

ad

a e

ntid

ad

,as

í co

mo

las

norm

as p

ara

el r

econ

o-ci

mie

nto

de la

s co

mun

idad

es in

díge

-n

as

com

o e

ntid

ad

es

de

in

teré

s p

ú-

blic

o.

mis

o d

e i

mp

uls

ar

las

sig

uie

nte

s a

c-ci

on

es:

[...

]3

. E

l re

con

oci

mie

nto

de

qu

e e

n l

as

legi

slac

ione

s de

los

esta

dos

de la

Re-

públ

ica

debe

n qu

edar

est

able

cida

s la

sca

ract

erís

ticas

de

la l

ibre

det

erm

ina-

ción

y a

uton

omía

que

mej

or e

xpre

sen

las

situ

aci

on

es

y a

spir

aci

on

es

div

er-

sas

y le

gít

ima

s d

e l

os

pu

eb

los

ind

í-g

en

as.

Pro

nunc

iam

ient

o co

njun

to.

Nu

evo

ma

rco

ju

ríd

ico

El g

obie

rno

fede

ral a

sum

e el

com

pro-

mis

o d

e i

mp

uls

ar

las

sig

uie

nte

s a

c-ci

on

es:

[...

]2

. E

l re

con

oci

mie

nto

en

la

le

gis

la-

ció

n n

aci

on

al

de

la

s co

mu

nid

ad

es

com

o e

ntid

ad

es

de

de

rech

o p

úb

lico

el d

erec

ho d

e as

ocia

rse

libre

men

te e

nm

unic

ipio

s co

n po

blac

ión

may

orita

ria-

men

te i

ndíg

ena,

así

com

o el

der

echo

de v

ario

s m

unic

ipio

s pa

ra a

soci

arse

,a

fin d

e co

ordi

nar

sus

acci

ones

com

opu

eblo

s in

díge

nas.

P

ronu

ncia

mie

nto

con

jun

to.

II.

[...

]4

. Se

prop

one

al C

ongr

eso

de la

Uni

ónre

cono

cer

en la

legi

slac

ión

naci

onal

ala

s co

mu

nid

ad

es

com

o e

ntid

ad

es

de

dere

cho

públ

ico

el d

erec

ho d

e as

ocia

r-se

lib

rem

ente

en

mun

icip

ios

con

po-

bla

ció

n m

ayo

rita

ria

me

nte

in

díg

en

a,

entid

ades

de

inte

rés

públ

ico,

lo

que

fort

ale

ce l

a o

blig

aci

ón

de

l E

sta

do

para

pro

mov

er a

ccio

nes

de d

esar

ro-

llo y

el

otor

gam

ient

o de

rec

urso

s a

las

com

unid

ades

, tal

y c

omo

se e

sta-

blec

erá

en e

l ap

arta

do B

.

No

se in

corp

ora

lo q

ue lo

s A

cuer

dos

de S

an A

ndré

s re

itera

n en

los

niv

e-le

s q

ue

co

mp

on

en

lo

s d

ocu

me

nto

sde

los

Acu

erdo

s S

an A

ndré

s, “

Pro

-n

un

cia

mie

nto

s” y

“P

rop

ue

sta

s”,

asa

be

r:a)

Ent

idad

es d

e de

rech

o pú

blic

o.N

o ap

arec

e la

exp

resi

ón;

no o

bsta

n-te

, si

lo

que

se d

eman

da e

s el

rec

o-no

cim

ient

o de

las

com

unid

ades

com

oun

nue

vo o

rden

jur

ídic

o, l

a re

form

ale

oto

rga

a la

s co

mun

idad

es l

as c

a-ra

cter

ístic

as c

orre

spon

dien

tes,

a s

a-b

er:

ele

cció

n d

e a

uto

rid

ad

es,

sis

te-

mas

nor

mat

ivos

, ám

bito

esp

acia

l de

valid

ez y

asi

gnac

ión

de re

curs

os p

ro-

pios

. Lu

ego

se c

umpl

en l

os r

equi

si-

tos

de u

n nu

evo

orde

n ju

rídi

co-p

o-lí

tico

.b)

No

se r

econ

oce,

en

el á

mbi

to f

e-de

ral,

el d

erec

ho d

e as

ocia

rse

libre

-m

en

te e

n m

un

icip

ios,

en

vir

tud

de

que

la c

reac

ión

de n

uevo

s m

unic

ipio

s


B.

La F

eder

ació

n, l

os E

stad

os y

los

Mun

icip

ios,

par

a pr

omov

er la

igua

l-d

ad

de

op

ort

un

ida

de

s d

e l

os

ind

í-g

en

as

y e

limin

ar

cua

lqu

ier

prá

ctic

adi

scrim

inat

oria

, es

tabl

ecer

án la

s in

s-tit

ucio

nes

y de

term

inar

án la

s po

lític

asne

cesa

rias

para

gar

antiz

ar l

a vi

gen-

cia

de lo

s de

rech

os d

e lo

s in

díge

nas

y e

l d

esa

rro

llo i

nte

gra

l d

e s

us

pu

e-

blo

s y

com

un

ida

de

s, l

as

cua

les

de

-be

rán

ser

dise

ñada

s y

oper

adas

con

-ju

nta

me

nte

co

n e

llos.

El E

stad

o es

tabl

ecer

á la

s in

stitu

cion

esy

polít

icas

nec

esar

ias

para

gar

antiz

arla

vig

enci

a de

los

dere

chos

de

los

pue-

blo

s in

díg

en

as

y su

de

sarr

ollo

in

te-

gral

, la

s cu

ales

deb

erán

ser

dis

eñad

asy

oper

adas

con

junt

amen

te c

on d

icho

sp

ue

blo

s.La

s C

onst

ituci

ones

y la

s le

yes

de lo

ses

tado

s de

la

Rep

úblic

a, c

onfo

rme

asu

s p

art

icu

lare

s ca

ract

erí

stic

as,

est

a-

blec

erán

las

mod

alid

ades

per

tinen

tes

pa

ra l

a a

plic

aci

ón

de

lo

s p

rin

cip

ios

así

co

mo

el

de

rech

o d

e v

ari

os

mu

-ni

cipi

os p

ara

asoc

iars

e, a

fin

de

coor

-di

nar

sus

acci

ones

com

o pu

eblo

s in

-d

íge

na

s. P

rop

ue

sta

s co

nju

nta

s.

Ref

orm

as c

onst

ituci

onal

es y

leg

ales

1. E

l es

tabl

ecim

ient

o de

la

nuev

a re

-la

ción

de

los

pueb

los

indí

gena

s y

elE

stad

o [..

.] P

or e

llo,

prop

onem

os q

uees

tas

refo

rmas

deb

erán

con

tene

r, e

n-tr

e ot

ros,

los

sig

uien

tes

aspe

ctos

ge-

nera

les:

a) L

egis

lar

sobr

e la

aut

onom

ía d

e la

sco

mun

idad

es y

pue

blos

indí

gena

s pa

rain

clu

ir e

l re

con

oci

mie

nto

de

la

s co

-m

un

ida

de

s co

mo

en

tida

de

s d

e d

ere

-ch

o pú

blic

o; e

l de

rech

o de

aso

ciar

selib

rem

ente

en

mun

icip

ios

con

pobl

a-ci

ón

ma

yori

tari

am

en

te i

nd

íge

na

; a

síco

mo

el

de

rech

o d

e v

ari

os

mu

nic

i-pi

os p

ara

asoc

iars

e a

fin d

e co

ordi

nar

sus

acc

ion

es

com

o p

ue

blo

s in

díg

e-

na

s. P

ropu

esta

s co

njun

tas.

es

atr

ibu

ció

n d

e l

os

Co

ng

reso

s lo

-ca

les.

c) T

ampo

co s

e re

cono

ce e

l de

rech

ode

que

mun

icip

ios

may

orita

riam

ente

indí

gena

s se

aso

cien

par

a co

ordi

nar

sus

acci

ones

com

o pu

eblo

s. E

se d

e-re

cho

cons

titui

ría

un d

esbo

rdam

ien-

to d

e l

os

tre

s ó

rde

ne

s d

e g

ob

iern

oes

tabl

ecid

os e

n la

est

ruct

ura

jurí

dica

de

l E

stad

o m

exic

ano.

La

aspi

raci

ónde

co

nst

ituir

aso

cia

cio

ne

s re

gio

na

-le

s tr

anse

stat

ales

pro

pias

de

los

pue-

blos

y s

u re

spec

tivo

reco

noci

mie

nto

con

stitu

cio

na

l n

o q

ue

da

est

ab

leci

-d

a e

n l

a r

efo

rma

, p

ue

s su

po

nd

ría

el

est

ab

leci

mie

nto

de

un

de

rech

o p

ara

con

stit

uir

un

nu

evo

ord

en

de

go

-b

iern

o.

Ap

art

ad

o B

Re

cup

era

Co

cop

a.

Am

plía

y e

xplic

ita a

ccio

nes

afirm

a-tiv

as

de

go

bie

rno

, re

cup

era

nd

o l

os

Acu

erdo

s de

San

And

rés.


Par

a ab

atir

las

care

ncia

s y

reza

gos

que

afec

tan

a pu

eblo

s y

com

unid

ades

in-

díg

en

as,

dic

ha

s a

uto

rid

ad

es,

tie

ne

nla

ob

liga

ció

n d

e:

I. Im

puls

ar e

l des

arro

llo r

egio

nal d

ela

s zo

nas

indí

gena

s co

n el

pro

pósi

tode

fort

alec

er la

s ec

onom

ías

loca

les

ym

ejor

ar l

as c

ondi

cion

es d

e vi

da d

esu

s pu

eblo

s, m

edia

nte

acci

ones

co-

ord

ina

da

s e

ntr

e l

os

tre

s ó

rde

ne

s d

ego

bier

no,

con

la p

artic

ipac

ión

de la

sco

mun

idad

es. L

as a

utor

idad

es m

uni-

cipa

les

dete

rmin

arán

equ

itativ

amen

-te

la

s a

sig

na

cio

ne

s p

resu

pu

est

ale

sq

ue

la

s co

mu

nid

ad

es

ad

min

istr

ará

ndi

rect

amen

te p

ara

fines

esp

ecífi

cos.

seña

lado

s, g

aran

tizan

do l

os d

erec

hos

que

esta

Con

stitu

ción

rec

onoc

e a

los

pu

eb

los

ind

íge

na

s.

La F

eder

ació

n, l

os e

stad

os y

los

mu-

nici

pios

deb

erán

, en

el á

mbi

to d

e su

sre

spe

ctiv

as

com

pe

ten

cia

s y

con

el

con

curs

o d

e l

os

pu

eb

los

ind

íge

na

s,p

rom

ove

r su

de

sarr

ollo

eq

uita

tivo

ysu

sten

tabl

e y

la e

duca

ción

bili

ngüe

ein

terc

ultu

ral.

Asi

mis

mo,

deb

erán

im

-p

uls

ar

el

resp

eto

y c

on

oci

mie

nto

de

las

dive

rsas

cul

tura

s ex

iste

ntes

en

lana

ción

y c

omba

tir t

oda

form

a de

dis

-cr

imin

aci

ón

.

Com

prom

isos

del

Gob

iern

o fe

dera

l con

los

pu

eb

los

ind

íge

na

s[.

..]

7.

imp

uls

ar

la p

rod

ucc

ión

y e

l e

m-

pleo

. E

l Est

ado

debe

impu

lsar

la b

ase

eco

nó

mic

a d

e l

os

pu

eb

los

ind

íge

na

sco

n es

trat

egia

s es

pecí

ficas

de

desa

rro-

llo a

cord

adas

con

ello

s, q

ue a

prov

e-ch

en

su

s p

ote

nci

alid

ad

es

hu

ma

na

sm

ed

ian

te a

ctiv

ida

de

s in

du

stri

ale

s y

agro

indu

stria

les

que

cobr

an s

us n

ece-

sida

des

y pr

oduz

can

exce

dent

es p

ara

los

mer

cado

s; q

ue c

oady

uven

a g

ener

arem

pleo

a t

ravé

s de

pro

ceso

s pr

oduc

-tiv

os q

ue i

ncre

men

ten

el v

alor

agr

e-ga

do d

e su

s re

curs

os;

y qu

e m

ejor

enla

dot

ació

n de

ser

vici

os b

ásic

os d

e la

sco

mun

idad

es y

su en

torn

o re

gion

al…

Pro

nunc

iam

ient

o co

njun

to.

Rec

uper

a y

clas

ifica

los

Acu

erdo

s de

Sa

n A

nd

rés.


II.

Ga

ran

tiza

r e

in

cre

me

nta

r lo

s n

i-ve

les

de e

scol

arid

ad, f

avor

ecie

ndo

lae

du

caci

ón

bili

ng

üe

e i

nte

rcu

ltura

l,la

alfa

betiz

ació

n, la

con

clus

ión

de la

ed

uca

ció

n b

ási

ca,

la c

ap

aci

taci

ón

prod

uctiv

a y

la e

duca

ción

med

ia s

u-pe

rior

y su

perio

r. E

stab

lece

r un

sis

-te

ma

de

be

cas

pa

ra l

os

est

ud

ian

tes

indí

gena

s en

tod

os l

os n

ivel

es.

De-

finir

y de

sarr

olla

r pr

ogra

mas

edu

ca-

tivos

de

cont

enid

o re

gion

al q

ue r

e-co

no

zca

n l

a h

ere

nci

a c

ult

ura

l d

esu

s pu

eblo

s, d

e ac

uerd

o co

n la

s le

-ye

s de

la

mat

eria

y e

n co

nsul

ta c

onla

s co

mun

idad

es in

díge

nas.

Im

puls

arel

resp

eto

y co

noci

mie

nto

de la

s di

ver-

sas

cultu

ras

exis

tent

es e

n la

nac

ión.

Las

auto

ridad

es e

duca

tivas

fed

eral

es,

est

ata

les

y m

un

icip

ale

s, e

n c

on

sulta

con

lo

s p

ue

blo

s in

díg

en

as,

de

finir

án

y de

sarr

olla

rán

prog

ram

as e

duca

tivos

de c

onte

nido

reg

iona

l, en

los

que

re-

cono

cerá

n su

her

enci

a cu

ltura

l.

Co

mp

rom

iso

s d

el

Go

bie

rno

fe

de

ral

con

lo

s p

ue

blo

s in

díg

en

as

[...

]4.

Pro

mov

er la

s m

anife

stac

ione

s cu

l-tu

rale

s d

e l

os

pu

eb

los

ind

íge

na

s. E

lE

sta

do

de

be

im

pu

lsa

r p

olít

ica

s cu

l-tu

rale

s na

cion

ales

y l

ocal

es d

e re

co-

no

cim

ien

to y

am

plia

ció

n d

e l

os

es-

paci

os d

e lo

s pu

eblo

s in

díge

nas

para

la p

rod

ucc

ión

, re

cre

aci

ón

y d

ifusi

ón

de s

us c

ultu

ras;

de

prom

oció

n y

coor

-di

naci

ón d

e la

s ac

tivid

ades

e i

nstit

u-ci

ones

ded

icad

as a

l de

sarr

ollo

de

las

cultu

ras

ind

íge

na

s, c

on

la

pa

rtic

ipa

-ci

ón a

ctiv

a de

los

pue

blos

ind

ígen

as,

y de

inc

orpo

raci

ón d

el c

onoc

imie

nto

de la

s di

vers

as p

ráct

icas

cul

tura

les

enlo

s pl

anes

y p

rogr

amas

de

estu

dio

dela

s in

stitu

cio

ne

s e

du

cativ

as

pú

blic

as

y p

riva

da

s. E

l co

no

cim

ien

to d

e l

as

cultu

ras

indí

gena

s es

enr

ique

cim

ien-

to n

acio

nal

y un

pas

o ne

cesa

rio p

ara

elim

ina

r in

com

pre

nsi

on

es

y d

iscr

i-m

ina

cio

ne

s h

aci

a l

os

ind

íge

na

s.5.

Ase

gura

r ed

ucac

ión

y ca

paci

taci

ón.

El E

stad

o de

be a

segu

rar

a lo

s in

díge

-na

s un

a ed

ucac

ión

que

resp

ete

y ap

ro-

vech

e su

s sa

bere

s, t

radi

cion

es y

for

-m

as

de

org

an

iza

ció

n.

Co

n p

roce

sos

de e

duca

ción

int

egra

l en

las

com

uni-

dade

s qu

e le

s am

plíe

n su

acc

eso

a la

cultu

ra,

la c

ien

cia

y l

a t

ecn

olo

gía

;ed

ucac

ión

prof

esio

nal q

ue m

ejor

e su

sp

ers

pe

ctiv

as

de

de

sarr

ollo

; ca

pa

cita

-ci

ón y

asi

sten

cia

técn

ica

que

mej

ore

Re

cup

era

lo

s A

cue

rdo

s d

e S

an

An

-dr

és y

de

la C

ocop

a.La

ref

orm

a re

mite

a l

as l

eyes

en

lam

ater

ia y

circ

unsc

ribe

a pr

ogra

mas

re-

gio

nale

s, lo

que

en

la C

ocop

a se

pla

n-te

a c

om

o a

trib

uci

on

es

con

curr

en

tes

de

lo

s tr

es

órd

en

es

de

go

bie

rno

, lo

que

cont

radi

ce e

l artí

culo

3o.

de

la C

ons-

tituc

ión

Pol

ítica

de

los

Est

ados

Uni

-d

os

Me

xica

no

s.


III. A

segu

rar

el a

cces

o ef

ectiv

o a

los

serv

icio

s d

e s

alu

d m

ed

ian

te l

a a

m-

plia

ción

de

la c

ober

tura

del

sis

tem

ana

cion

al,

apro

vech

ando

deb

idam

en-

te l

a m

edic

ina

trad

icio

nal,

así

com

oa

po

yar

la n

utr

ició

n d

e l

os

ind

íge

-na

s m

edia

nte

prog

ram

as d

e al

imen

-ta

ción

, en

esp

ecia

l par

a la

pob

laci

ónin

fan

til.

los

pro

ceso

s p

rod

uct

ivo

s y

calid

ad

de s

us b

iene

s, y

cap

acita

ción

par

a la

org

an

iza

ció

n q

ue

ele

ve l

a c

ap

aci

da

dd

e ge

stió

n de

las

com

unid

ades

. E

l Es-

tado

deb

erá

resp

etar

el q

ueha

cer

edu-

cativ

o de

los

pue

blos

ind

ígen

as d

en-

tro

de s

u pr

opio

esp

acio

cul

tura

l. La

educ

ació

n qu

e im

part

a el

Est

ado

debe

ser

inte

rcul

tura

l. S

e im

puls

ará

la i

n-te

gra

ció

n d

e r

ed

es

ed

uca

tiva

s re

gio

-na

les

que

ofre

zcan

a la

s co

mun

idad

esla

pos

ibili

dad

de a

cced

er a

los

dist

in-

tos

niv

ele

s d

e e

du

caci

ón

. Pro

nu

n-

ciam

ient

o co

njun

to.

Co

mp

rom

iso

s d

el

Go

bie

rno

fe

de

ral

con

lo

s p

ue

blo

s in

díg

en

as

[...

]6.

Gar

antiz

ar la

sat

isfa

cció

n de

nec

e-si

da

de

s b

ási

cas.

El

Est

ad

o d

eb

e g

a-

rant

izar

a l

os p

uebl

os i

ndíg

enas

con

-di

cion

es q

ue le

per

mita

n oc

upar

se d

esu

alim

en

taci

ón

, sa

lud

y s

erv

icio

sd

e v

ivie

nd

a e

n f

orm

a s

atis

fact

ori

a y

por

lo m

enos

a u

n ni

vel

de b

iene

star

ace

pta

ble

. L

a p

olít

ica

so

cia

l im

pu

l-sa

rá p

rog

ram

as

pri

ori

tari

os

pa

ra q

ue

la p

ob

laci

ón

in

fan

til d

e l

os

pu

eb

los

ind

íge

na

s m

ejo

re s

us

niv

ele

s d

e s

a-

lud

y a

lime

nta

ció

n,

y d

e a

po

yo a

la

activ

idad

y c

apac

itaci

ón d

e la

s m

uje-

res

indí

gena

s. Pro

nunc

iam

ient

o co

n-ju

nto

.

Rec

uper

a lo

s A

cuer

dos

de S

an A

n-d

rés.


IV.

Me

jora

r la

s co

nd

icio

ne

s d

e l

as

com

unid

ades

ind

ígen

as y

de

sus

es-

paci

os p

ara

la c

onvi

venc

ia y

rec

rea-

ción

, med

iant

e ac

cion

es q

ue fa

cilit

enel

acc

eso

al f

inan

ciam

ient

o pú

blic

oy

priv

ado

para

la c

onst

rucc

ión

y m

e-jo

ram

ient

o de

viv

iend

a, a

sí c

omo

am-

plia

r la

co

be

rtu

ra d

e l

os

serv

icio

sso

cia

les

bá

sico

s.

V. P

ropi

ciar

la

inco

rpor

ació

n de

las

mu

jere

s in

díg

en

as

al

de

sarr

ollo

,m

edi

ante

el a

poyo

a lo

s pr

oyec

tos

pro-

duct

ivos

, la

pro

tecc

ión

de s

u sa

lud,

el

oto

rga

mie

nto

de

est

ímu

los

pa

rafa

vore

cer

su e

duca

ción

y s

u pa

rtic

i-pa

ción

en

la t

oma

de d

ecis

ione

s re

-la

cion

adas

con

la

vida

com

unita

ria.

VI.

Ext

ende

r la

red

de

com

unic

acio

-ne

s qu

e pe

rmita

la in

tegr

ació

n de

las

com

unid

ades

, m

edia

nte

la c

onst

ruc-

ción

y a

mpl

iaci

ón d

e ví

as d

e co

mun

i-ca

ción

y t

elec

omun

icac

ión.

Est

able

-ce

r co

ndic

ione

s pa

ra q

ue lo

s pu

eblo

sy

las

com

un

ida

de

s in

díg

en

as

pu

e-

da

n a

dq

uir

ir,

op

era

r y

ad

min

istr

ar

med

ios

de c

omun

icac

ión,

en

los

tér-

min

os

qu

e l

as

leye

s d

e l

a m

ate

ria

de

term

ine

n.

VII

. A

dq

uir

ir, o

pe

rar

y a

dm

inis

tra

rsu

s pr

opio

s m

edio

s de

com

unic

ació

n.III

.[.

..]

8. M

edio

s de

com

unic

ació

n. A

fin

de

prop

icia

r un

diál

ogo

inte

rcul

tura

l des

deel

niv

el c

omun

itario

has

ta e

l nac

iona

l,qu

e pe

rmita

una

nue

va y

pos

itiva

re-

laci

ón

en

tre

lo

s p

ue

blo

s in

díg

en

as

yen

tre

ésto

s y

el r

esto

de

la s

ocie

dad

esin

dis

pe

nsa

ble

do

tar

a e

sto

s p

ue

blo

sde

sus

pro

pios

med

ios

de c

omun

ica-

ción

… P

or t

anto

, se

pro

pond

rá a

las

inst

an

cia

s n

aci

on

ale

s re

spe

ctiv

as

lael

abor

ació

n de

una

nue

va l

ey d

e co

-m

unic

ació

n qu

e pe

rmita

a lo

s pu

eblo

sin

díge

nas

adqu

irir,

ope

rar

y ad

min

is-

tra

r su

s p

rop

ios

me

dio

s d

e c

om

un

i-ca

ció

n. P

ropu

esta

s co

njun

tas.

Aus

ente

en

la C

ocop

a.

Re

cup

era

lo

s A

cue

rdo

s d

e S

an

An

-d

rés.

Aus

ente

en

la C

ocop

a.

Rec

uper

a lo

s A

cuer

dos

de S

an A

ndré

s.A

usen

te e

n la

Coc

opa.

Rec

uper

a, a

mpl

ía y

pre

cisa

los

Acu

er-

dos

de S

an A

ndré

s.La

ref

orm

a se

ref

iere

, en

gen

eral

, a

vías

de

com

unic

ació

n y

tele

com

uni-

caci

ón

.R

emite

a la

ley

de la

mat

eria

y a

pun-

ta a

l est

able

cim

ient

o de

con

dici

ones

que

faci

liten

a l

os p

uebl

os y

las

co-

mun

idad

es a

dqui

rir,

oper

ar y

adm

i-ni

stra

r su

s m

edio

s de

com

unic

ació

n(v

er A

cuer

dos

de S

an A

ndré

s).

Pe

rfe

ccio

na

Co

cop

a a

l e

limin

ar

el

cará

cte

r d

e d

ere

cho

co

nst

ituci

on

al

dire

ctor

inh

eren

te a

l te

xto

de l

a in

i-ci

ativ

a p

resi

de

nci

al.

EZLN: VIOLENCIA, DERECHOS CULTURALES Y DEMOCRACIA 229V

II. A

poya

r la

s ac

tivid

ades

pro

duc-

tiva

s y

el

de

sarr

ollo

su

ste

nta

ble

de

las

com

unid

ades

ind

ígen

as m

edia

n-te

acc

ione

s qu

e pe

rmita

n al

canz

ar la

sufic

ien

cia

de

su

s in

gre

sos

eco

nó

-m

icos

, la

aplic

ació

n de

est

ímul

os p

ara

las

inve

rsio

ne

s p

úb

lica

s y

pri

vad

as

qu

e p

rop

icie

n l

a c

rea

ció

n d

e e

m-

ple

os,

la

in

corp

ora

ció

n d

e t

ecn

olo

-gí

as p

ara

incr

emen

tar

su p

ropi

a ca

-p

aci

da

d p

rod

uct

iva

, a

sí c

om

o p

ara

ase

gu

rar

el

acc

eso

eq

uita

tivo

a l

os

sist

em

as

de

ab

ast

o y

co

me

rcia

li-za

ció

n.

VII

I. E

sta

ble

cer

po

lític

as

soci

ale

spa

ra p

rote

ger

a lo

s m

igra

ntes

de

los

pueb

los

indí

gena

s, t

anto

en

el t

erri-

torio

nac

iona

l co

mo

en e

l ex

tran

je-

ro,

med

iant

e ac

cion

es p

ara

gara

nti-

zar

los

de

rech

os

lab

ora

les

de

lo

sjo

rnal

eros

agr

ícol

as; m

ejor

ar la

s co

n-d

icio

ne

s d

e s

alu

d d

e l

as

mu

jere

s;ap

oyar

con

pro

gram

as e

spec

iale

s de

educ

ació

n y

nutr

ició

n a

niño

s y

jó-

ven

es

de

fa

mili

as

mig

ran

tes;

ve

lar

po

r e

l re

spe

to d

e s

us

de

rech

os

hu

-m

anos

y p

rom

over

la d

ifusi

ón d

e su

scu

ltura

s.

El

Est

ado

impu

lsar

á ta

mbi

én p

rogr

a-m

as e

spec

ífico

s de

pro

tecc

ión

de l

osde

rech

os d

e lo

s in

díge

nas

mig

rant

es,

tant

o en

el t

errit

orio

nac

iona

l com

o en

el e

xtra

njer

o.

Co

mp

rom

iso

s d

el

Go

bie

rno

fe

de

ral

con

lo

s p

ue

blo

s in

díg

en

as

[...

]8.

Pro

tege

r a

los

indí

gena

s m

igra

ntes

.E

l Est

ado

debe

impu

lsar

pol

ítica

s so

-ci

ales

esp

ecífi

cas

para

pro

tege

r a

los

ind

íge

na

s m

igra

nte

s, t

an

to e

n e

l te

-rr

itori

o n

aci

on

al

com

o m

ás

allá

de

las

fro

nte

ras.

.. Pro

nu

nci

am

ien

toco

nju

nto

.

III.

[...

]7.

Pro

tecc

ión

a in

díge

nas

mig

rant

es.

El E

stad

o de

be im

puls

ar p

olíti

cas

so-

cial

es e

spec

ífica

s pa

ra p

rote

ger

a lo

sin

díg

en

as

mig

ran

tes,

ta

nto

en

el

te-

rrito

rio

na

cio

na

l co

mo

má

s a

llá d

ela

s fr

on

tera

s, c

on

acc

ion

es

inte

rin

s-tit

uci

on

ale

s. P

ropu

esta

s co

njun

tas.

Rec

uper

a lo

s A

cuer

dos

de S

an A

n-d

rés.

Aus

ente

en

la C

ocop

a.

Rec

uper

a lo

s A

cuer

dos

de S

an A

n-d

rés.

Rec

uper

a y

ampl

ía C

ocop

a.


IX.

Con

sulta

r a

los

pueb

los

indí

ge-

na

s e

n l

a e

lab

ora

ció

n d

el

Pla

n N

a-

cion

al d

e D

esar

rollo

y d

e lo

s es

tata

les

y m

unic

ipal

es,

y, e

n su

cas

o, i

ncor

-p

ora

r la

s re

com

en

da

cio

ne

s y

pro

-pu

esta

s qu

e re

alic

en.

Pa

ra g

ara

ntiz

ar

el

cum

plim

ien

to d

ela

s o

blig

aci

on

es

señ

ala

da

s e

n e

ste

ap

art

ad

o,

la C

ám

ara

de

Dip

uta

do

sde

l Con

gres

o de

la U

nión

, la

s le

gis-

latu

ras

de la

s en

tidad

es fe

dera

tivas

ylo

s a

yun

tam

ien

tos,

en

el

ám

bito

de

sus

resp

ect

iva

s co

mp

ete

nci

as,

est

a-

blec

erán

las

part

idas

esp

ecífi

cas

dest

i-n

adas

al c

umpl

imie

nto

de e

stas

obl

iga-

cion

es e

n lo

s pr

esup

uest

os d

e eg

reso

squ

e ap

rueb

en,

así

com

o la

s fo

rmas

yp

roce

dim

ien

tos

pa

ra q

ue

la

s co

mu

-ni

dade

s pa

rtic

ipen

en

el e

jerc

icio

yvi

gila

nci

a d

e l

as

mis

ma

s.

Sin

pe

rju

icio

de

lo

s d

ere

cho

s a

qu

íe

sta

ble

cid

os

a f

avo

r d

e l

os

ind

íge

-n

as,

su

s co

mu

nid

ad

es

y p

ue

blo

s,to

da c

omun

idad

equ

ipar

able

a a

qué-

llos

ten

drá

en

lo

co

nd

uce

nte

lo

s

Art

ícul

o 26

La le

gisl

ació

n co

rres

pond

ient

e es

tabl

e-ce

rá l

os m

ecan

ism

os n

eces

ario

s pa

raqu

e en

los

plan

es y

pro

gram

as d

e de

sa-

rrol

lo s

e to

men

en

cuen

ta a

las

com

u-n

ida

de

s y

pu

eb

los

ind

íge

na

s e

n s

us

nece

sida

des

y su

s es

peci

ficid

ades

cul

-tu

rale

s. E

l E

sta

do

le

s g

ara

ntiz

ará

su

acce

so e

quita

tivo

a la

dis

trib

ució

n de

la r

ique

za n

acio

nal.

Art

ícul

o 11

5E

n l

os

pla

ne

s d

e d

esa

rro

llo m

un

ici-

pal

y en

los

pro

gram

as q

ue d

e el

los

se d

eriv

en, l

os a

yunt

amie

ntos

le d

arán

part

icip

ació

n a

los

núcl

eos

de p

obla

-ci

ón

ub

ica

da

s d

en

tro

de

la

cir

cun

s-cr

ipci

ón

mu

nic

ipa

l, e

n l

os

térm

ino

sq

ue

est

ab

lezc

a l

a l

eg

isla

ció

n l

oca

l.E

n ca

da m

unic

ipio

se

esta

blec

erán

me-

cani

smos

de

part

icip

ació

n ci

udad

ana

para

coa

dyuv

ar c

on l

os a

yunt

amie

n-to

s en

la p

rogr

amac

ión,

eje

rcic

io, e

va-

luac

ión

y co

ntro

l de

los

rec

urso

s, i

n-cl

uido

s lo

s fe

dera

les,

que

se

dest

inen

al

de

sarr

ollo

so

cia

l.

Prin

cipi

os d

e la

nue

va r

elac

ión

[...

]4

. P

art

icip

aci

ón

. E

l E

sta

do

de

be

fa

-vo

rece

r q

ue

la

acc

ión

in

stitu

cio

na

lim

pu

lse

la

pa

rtic

ipa

ció

n d

e l

os

pu

e-

blo

s y

las

com

un

ida

de

s in

díg

en

as

yre

spe

te s

us

form

as

de

org

an

iza

ció

nin

tern

a, p

ara

alca

nzar

el p

ropó

sito

de

fort

alec

er s

u ca

paci

dad

de s

er lo

s ac

-to

res

deci

sivo

s de

su

prop

io d

esar

ro-

llo.

Deb

e pr

omov

er,

en c

olab

orac

ión

con

las

expr

esio

nes

orga

niza

tivas

de

los

pueb

los

indí

gena

s, q

ue e

stos

vig

o-ri

cen

su

s ca

pa

cid

ad

es

de

de

cisi

ón

yge

stió

n. Y

deb

e as

egur

ar la

ade

cuad

aco

rres

pons

abili

dad

del g

obie

rno

y lo

sp

ue

blo

s in

díg

en

as

en

la

co

nce

pci

ón

,p

lan

ea

ció

n,

eje

cuci

ón

y e

valu

aci

ón

de a

ccio

nes

que

actú

an s

obre

los

in-

díg

en

as.

Pu

est

o q

ue

la

s p

olít

ica

s e

nla

s ár

eas

indí

gena

s no

sól

o de

ben

ser

con

ceb

ida

s co

n l

os pr

opio

s pu

eblo

s,si

no i

mpl

emen

tada

s co

n el

los,

las

ac-

tual

es i

nstit

ucio

nes

indi

geni

stas

y d

ede

sarr

ollo

soc

ial

que

oper

an e

n el

las

debe

n se

r tr

ansf

orm

adas

en

otra

s qu

eco

ncib

an y

ope

ren

conj

unta

y c

once

r-ta

dam

ente

con

el

Est

ado

los

prop

ios

pu

eb

los

ind

íge

na

s. Pro

nunc

iam

ien-

to c

onju

nto.

Re

cup

era

lo

s A

cue

rdo

s d

e S

an

An

-dr

és y

de

la C

ocop

a.E

limin

a la

gar

antía

par

a ac

cede

r equ

i-ta

tiva

me

nte

a l

a d

istr

ibu

ció

n d

e l

ariq

ueza

nac

iona

l, po

r im

proc

eden

te.

Se

se

ña

la l

a o

blig

aci

ón

co

nst

itu

-ci

onal

del

Est

ado,

vía

la

Cám

ara

deD

ipu

tad

os,

la

s L

eg

isla

tura

s lo

cale

sy

los

Ayu

nta

mie

nto

s, p

ara

est

ab

le-

cer

part

idas

pre

supu

esta

les

espe

cífi-

cas

para

el

cum

plim

ient

o de

las

ac-

cio

ne

s se

ña

lad

as

en

el

ap

art

ad

o B

de

l a

rtíc

ulo

2.

No

se i

ncor

poró

la

dem

anda

de

re-

form

ar l

as i

nstit

ucio

nes

esta

tale

s de

ate

nci

ón

a l

as

po

bla

cio

ne

s in

díg

e-

nas

pla

ntea

da e

n lo

s A

cuer

dos

de S

anA

ndré

s. E

s at

ribuc

ión

del P

oder

Eje

-cu

tivo

.

La

re

form

a a

mp

lía a

co

mu

nid

ad

es

equi

para

bles

los

dere

chos

con

duce

n-te

s, l

o qu

e no

est

á en

los

Acu

erdo

sde

San

And

rés,

ni e

n la

pro

pues

ta d

ela

Co

cop

a.

EZLN: VIOLENCIA, DERECHOS CULTURALES Y DEMOCRACIA 231m

ism

os d

erec

hos

tal

y co

mo

lo e

s-ta

blez

ca l

a le

y.

Art

ícul

o 18

[...

] L

os

sen

ten

cia

do

s, e

n l

os

caso

sy

cond

icio

nes

que

esta

blez

ca l

a le

y,po

drán

com

purg

ar s

us p

enas

en

los

cent

ros

peni

tenc

iario

s m

ás c

erca

nos

a su

dom

icili

o, a

fin

de

prop

icia

r su

rein

tegr

ació

n a

la c

omun

idad

com

ofo

rma

de r

eada

ptac

ión

soci

al.

Art

ícul

o 73

XX

VII

I. P

ara

exp

ed

ir l

as

leye

s q

ue

est

ab

lezc

an

la

co

ncu

rre

nci

a d

el

go

-bi

erno

fede

ral,

de lo

s es

tado

s y

de lo

sm

un

icip

ios

en

el

ám

bito

de

su

s re

s-p

ect

iva

s co

mp

ete

nci

as,

re

spe

cto

de

los

pu

eb

los

y la

s co

mu

nid

ad

es

ind

í-g

en

as,

co

n o

bje

to d

e c

um

plir

lo

s fi-

ne

s p

revi

sto

s e

n l

os

art

ícu

los

4o

. y

11

5 d

e e

sta

Co

nst

ituci

ón

.

Art

ícul

o18

[...]

Los

indí

gena

s po

drán

com

purg

arsu

s pe

nas

pref

eren

tem

ente

en

los

es-

tabl

ecim

ient

os m

ás c

erca

nos

a su

do-

mic

ilio,

de

mod

o qu

e se

pro

pici

e su

rein

teg

raci

ón

a l

a c

om

un

ida

d c

om

om

ecan

ism

o es

enci

al d

e re

adap

taci

ónso

cia

l.

III.

[...

]2

. E

n l

as

refo

rma

s le

gis

lativ

as

qu

een

rique

zcan

los

sis

tem

as n

orm

ativ

osin

tern

os d

eber

á de

term

inar

se q

ue, c

uan-

do

se

im

po

ng

an

sa

nci

on

es

a m

iem

-br

os d

e lo

s pu

eblo

s in

díge

nas,

deb

e-rá

n te

ners

e en

cue

nta

las

cara

cter

ístic

asec

onóm

icas

, soc

iale

s y

cultu

rale

s de

los

sanc

iona

dos,

priv

ilegi

ando

san

cion

esd

istin

tas

al

en

carc

ela

mie

nto

; y

qu

ep

refe

ren

tem

en

te p

ue

da

n c

om

pu

rga

rsu

s p

en

as

en

lo

s e

sta

ble

cim

ien

tos

más

cer

cano

s a

su d

omic

ilio

y, e

n su

caso

, se

pro

pici

e su

rei

nteg

raci

ón a

laco

mu

nid

ad

co

mo

me

can

ism

o e

sen

-ci

al d

e re

adap

taci

ón s

ocia

l. Pro

pues

-ta

s co

njun

tas.

En

el p

árra

fo X

XV

III d

e C

ocop

a se

recu

pera

en

el a

rtíc

ulo

2, p

árra

fo 5

.

Se

re

cup

era

n l

os

Acu

erd

os

de

Sa

nA

ndré

s y

de l

a C

ocop

a.

No

se i

nclu

yó e

n el

art

ícul

o 2,

por

ha

be

rse

am

plia

do

a t

od

a l

a p

ob

la-

ció

n.


Art

ícul

o 11

5F

racc

ión

III

Últi

mo

párr

afo

La

s co

mu

nid

ad

es

ind

íge

na

s, d

en

-tr

o d

el

ám

bit

o m

un

icip

al,

po

drá

nco

ord

ina

rse

y a

soci

ars

e e

n l

os

tér-

min

os

y p

ara

lo

s e

fect

os

qu

e p

re-

ven

ga

la

le

y.

Art

ícul

o 11

5[.

..]

IX.

Se

resp

etar

á el

eje

rcic

io d

e la

li-

bre

dete

rmin

ació

n de

los

pue

blos

in-

díge

nas

en c

ada

uno

de lo

s ám

bito

s y

nive

les

en q

ue h

agan

val

er s

u au

tono

-m

ía, p

udie

ndo

abar

car

uno

o m

ás p

ue-

blos

ind

ígen

as,

de a

cuer

do a

las

cir-

cuns

tanc

ias

part

icul

ares

y e

spec

ífica

sde

cad

a en

tidad

fed

erat

iva.

Las

com

unid

ades

indí

gena

s co

mo

en-

tidad

es d

e de

rech

o pú

blic

o y

los

mu-

nici

pios

que

rec

onoz

can

su p

erte

nen-

cia

a u

n p

ue

blo

in

díg

en

a t

en

drá

n l

afa

culta

d de

aso

ciar

se li

brem

ente

a f

inde

coo

rdin

ar s

us a

ccio

nes.

Las

aut

ori-

dade

s co

mpe

tent

es r

ealiz

arán

la tr

ans-

fere

ncia

ord

enad

a y

paul

atin

a de

recu

rsos

,p

ara

qu

e e

llos

mis

mo

s a

dm

inis

tre

nlo

s fo

nd

os

pú

blic

os

qu

e s

e l

es

asi

g-

ne

n.

Co

rre

spo

nd

erá

a l

as

Le

gis

latu

-ra

s e

sta

tale

s d

ete

rmin

ar,

en

su

ca

so,

las

func

ione

s y

facu

ltade

s qu

e pu

die-

ran

tran

sfer

írse

les,

yX

. E

n lo

s m

unic

ipio

s, c

omun

idad

es,

orga

nism

os a

uxili

ares

del

ayu

ntam

ien-

to e

ins

tanc

ias

afin

es q

ue a

sum

an s

upe

rten

enci

a a

un p

uebl

o in

díge

na,

sere

con

oce

rá a

su

s h

ab

itan

tes

el

de

re-

cho

para

que

def

inan

, de

acu

erdo

con

las

prá

ctic

as

po

lític

as

pro

pia

s d

e l

atr

ad

ició

n d

e c

ad

a u

no

de

ello

s, l

os

pro

ced

imie

nto

s p

ara

la

ele

cció

n d

esu

s au

torid

ades

o re

pres

enta

ntes

y p

ara

el e

jerc

icio

de

sus

form

as p

ropi

as d

eg

ob

iern

o i

nte

rno

, e

n u

n m

arc

o q

ue

IV.

La

ad

op

ció

n d

e l

os

sig

uie

nte

spr

inci

pios

, qu

e de

ben

norm

ar l

a nu

e-va

rel

ació

n en

tre

los

pueb

los

indí

ge-

na

s y

el

Est

ad

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EZLN: VIOLENCIA, DERECHOS CULTURALES Y DEMOCRACIA 233a

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EZLN: VIOLENCIA, DERECHOS CULTURALES Y DEMOCRACIA 235A

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EPÍLOGO

[239]

EZLN: ESTANCAMIENTO, RESISTENCIA Y DOMINIO

A tres años del inicio del gobierno de Vicente Fox, el proceso político delpaís, distanciado de la sociedad y sin incentivos capaces de generar expec-tativas ciudadanas, deambula entre los intentos de una reanimación legis-lativa de no muy altas probabilidades y una sucesión presidencial adelan-tada, que convierte en equívocos los escasos empeños de conciliación yacuerdos. En ese marasmo, que carga acentos a la deslegitimación del go-bierno y los partidos políticos, ha irrumpido de nueva cuenta el EZLN y sudirigente e ideólogo, el subcomandante Marcos, buscando ocupar un nue-vo espacio en la escena política.

Más allá de las iras que desata en algunos analistas o periodistas ilustra-dos por su modo (que no estilo) de escritura, sus dilatados comunicados hanrestablecido las coordenadas estratégicas de su movimiento. Sus simpati-zantes se apresuran, como es habitual, al elogio y al arropamiento ideológi-co y algunos de sus adversarios le hacen el juego al echar espuma por la boca.Un dato es irrefutable, el EZLN mantiene su apuesta a la política y no a laconfrontación armada con el Estado, eso siempre será importante, valorabley, a fin de cuentas (más allá de la sobrevivencia), redituable.

Marcos se ha acogido a la capacidad de movilización de sus bases y sim-patizantes (convocatoria limitada pero estable) y confía en el sobredimen-sionamiento discursivo y propagandístico, con la probada conjunción deplanteamientos políticos cuya culminación sea una movilización en el terre-no, mostrando capacidad de convocatoria. Tal y como se ha visto reciente-mente (luego de la aprobación de la reforma constitucional indígena por elConstituyente permanente y la ratificación implícita de la Suprema Corte deJusticia de la Nación) con sus silencios, su infausta apología de la ETA o sudescorazonador (de ida y vuelta) tête a tête con el juez Garzón, el líder mi-


litar y político del EZLN puede equivocarse sin incurrir en costos fatales parasu causa.

El conjunto de sus planteamientos recientes en agosto de este año y quehabrían de culminar en el evento de Oventic, inaugurando “Los caracoles”e iniciando las tareas correspondientes las “juntas de buen gobierno” (apun-tando a las protestas en contra de la reunión ministerial de la OMC, en Can-cún), representa una intervención política que merece una reflexión, noobstante su corta duración mediática (indicativa del menor peso político delEZLN, si lo comparamos a otras intervenciones). El análisis debiera desa-rrollarse en un doble plano: el de la estrategia política y el de los conteni-dos y significados de las medidas autonómicas por instrumentar. Conviene,en toda circunstancia, tener presente y ponderar que el discurso del subco-mandante Marcos no hace referencia sistemática y rigurosa a los hechosobjetivos, sino que busca instaurar en la realidad sus propuestas de accióny sus ideas por la vía propagandística.

En el plano estratégico y táctico se revela —como casi siempre— inteli-gente y sagaz, capitalizando las omisiones de los adversarios y el vacío depoder gubernamental. El despiste lamentable y el ausentismo del gobiernofederal en la cuestión del conflicto chiapaneco ha sido ostensible desde elinicio de la administración del Presidente Vicente Fox.

La última decisión gubernamental, prácticamente de “dejar hacer, dejarpasar”, plasmada en las declaraciones del Secretario de Gobernación, Santia-go Creel, y del Comisionado para el Diálogo en Chiapas, Luis H. Álvarez,señalando —el primero— que las “juntas de buen gobierno” no vulneran elorden constitucional y —el segundo— en el sentido de que los nuevos plan-teamientos del EZLN son indicativos de un proceso de desarme de esa orga-nización son francamente inefables. Tales afirmaciones sólo se explican en uncontexto gubernamental de ausencia de estrategia y de desconocimiento alar-mante del estado de la cuestión chiapaneca. Da la impresión de que el gobier-no federal, menesteroso de ideas y de voluntad de gobernanza, ha tomado elcamino de una fuga hacia adelante, eludiendo la realidad obvia de los hechosy los discursos mediante un comportamiento fantasioso e irresponsable.

Por otra parte, resultan también inaceptables las declaraciones del gober-nador, Pablo Salazar Mendiguchía, en el sentido de que las “juntas de buengobierno” no violan la ley, “ya que ninguna comunidad que busque formasde mejorar su vida viola la ley” (entonces, ¿buscar mejoras hace que todo


se valga?, ¿el fin justifica los medios?). Ambos dislates son muestras feha-cientes del vacío de poder y de legalidad en el que se desenvuelve cómoda-mente Marcos, tanto en el plano federal como en el ámbito estatal, lo quehace comprensible que sus prioridades estén orientadas a resolver los pro-blemas y conflictos internos del EZLN, así como —sobre todo— las tensio-nes intracomunitarias o entre comunidades, contradicción principal y no re-suelta nunca, de manera suficientemente satisfactoria.

Dos premisas conforman la base de sus planteamientos. La suspensiónde todo contacto con el gobierno y los partidos políticos (el oportunismo dealgunos miembros de la Cocopa al querer capitalizar las iniciativas zapatistaslos ciega ante lo evidente), así como la reiteración de la resistencia como elprincipal criterio de su lucha. Esos criterios, ciertamente, en curso desde la“suspensión” del diálogo —brevemente interrumpidos para obtener venta-jas estratégicas durante los primeros entusiastas 15 minutos del foxismo—requerían ser reactualizados en virtud del agresivo entorno internacional y,sobre todo, por su rechazo frontal de la reforma constitucional indígena.

La magnitud e intensidad de la lucha internacional contra el terrorismo—encabezada por el gobierno estadounidense— y el peso legal y políticode la reforma constitucional, políticamente vulnerada, pero ya establecidainstitucionalmente, viable en lo relativo a las acciones afirmativas para eldesarrollo y contra la marginación (incluidas en el apartado B del nuevoartículo 2o. constitucional), han acrecentado la debilidad política del EZLN,obligándolo a un repliegue y al establecimiento de mayores controles sobresus bases de apoyo y los cuadros con responsabilidades en las comunidadesy en los municipios autónomos.

El alto abstencionismo en los comicios federales de julio le sirvió decobijo para expresar una alternativa de disidencia política radical, sin dejarde insinuar vínculos con el movimiento campesino (en un compás de espe-ra de posibles movilizaciones ante el incumplimiento gubernamental), mo-vimientos de furia como el de Atenco y con otras organizaciones proclivesa la vía armada (tal es el caso de la OCEZ, el EPR o el incipiente Partido deIndígenas Oaxaqueños vinculados a la vieja Unión del Pueblo y que, porcierto, se reunieron en Ocosingo en las mismas fechas que la convocatoriade Oventic).

La intención del EZLN es reposicionarse políticamente y obligar al go-bierno y a los partidos a que lo consideren un actor político —no prescindi-


ble— en el proceso de la redefinición del sistema político (no así del régi-men democrático al que descalifica, en función de la necesidad de un otroEstado, fundado en la idea de una comunidad de destino cultural e históri-co, en clave étnica).

No puede eludirse el carácter desafiante de la estrategia del zapatismo.Procede, por la vía de los hechos, a la aplicación de su muy peculiar inter-pretación de los Acuerdos de San Andrés, mediante la construcción de unespacio de autonomía plena transmunicipal, con funciones de autoridad,promoción del desarrollo, procuración e impartición de justicia, y hastade Ombudsman recibiendo y calificando las denuncias por violaciones a losderechos humanos, presuntamente cometidas por las autoridades autóno-mas y las bases de apoyo, etcétera. Todo ello en un “territorio rebelde” queagruparía varios “municipios indígenas rebeldes y autónomos” como con-dición para el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indios (enrigor inexistentes, pero en vías de reconstrucción, de acuerdo con el discur-so de los movimientos étnico-políticos contemporáneos) y de las comuni-dades indígenas.

No hay lugar a equívocos, se trata de un cuestionamiento de facto de laestructura liberal del Estado mexicano y de su orden constitucional y legal.La afirmación, en los hechos, de las comunidades y los pueblos como uncuarto nivel de gobierno adicional a los órdenes municipal, estatal y fede-ral establecidos constitucionalmente. En rigor, los planteamientos del EZLNapuntan a instituir estructuras territoriales autónomas que, al amparo delausentismo del Estado, se desarrollen y sirvan de plataforma de negociaciónpara fases posteriores del proceso. Si bien están lejos de proclamar una in-dependencia (separatista) del Estado mexicano, sí instrumentan tácticamenteterritorios autónomos del marco legal del Estado nacional, ajenos a cualquierautoridad, reticentes a la presencia de las instituciones estatales y al margende la normativa constitucional, legal y reglamentaria que rige en el territo-rio nacional para los ciudadanos del país.

Por otro lado, los significados de las medidas autonómicas y organizativasanunciadas no debieran pasar inadvertidas. Las “juntas de buen gobierno”que han iniciado formalmente sus funciones de autogobierno, el pasado mesde agosto, sobre la base de los (mitad realidad-mitad ficción) llamados mu-nicipios autónomos rebeldes zapatistas, pretenden instaurar una organiza-ción centralizada que aumente el control del comando militar sobre la red


de comunidades o partes de las comunidades que apoyan o simpatizan conel EZLN. Asimismo, buscarán controlar y obtener dividendos del conjuntode iniciativas de ayuda y proyectos productivos que las ONG internaciona-les y nacionales brindan a los indígenas bajo el amparo —auténtico o falaz—de la causa zapatista. El sarcásticamente denominado “impuesto hermano”a los financiamientos de proyectos productivos se montará sobre el nadafraterno “impuesto revolucionario” que se exige a las comunidades; se tra-ta de una expresión desnuda y dura de la autoridad (armada) para garanti-zar la cohesión organizativa y el control sobre las comunidades o segmen-tos de las mismas en su zona de influencia.

Conviene no olvidar que el fundamento disciplinario de tal poder siguesiendo la organización militar, misma que con las reestructuraciones anun-ciadas refuerza su hegemonía y autoridad sobre las comunidades indígenasy, así, el EZLN se convierte en el articulador obligatorio del movimientozapatista, movimientos afines, simpatizantes y ONG. La “sociedad civil”,en la denominación que el zapatismo hace de los grupos y organizacionesafines o simpatizantes, queda absorbida por la estructura explícitamente mi-litar del EZLN.

Llama la atención que tanto en el diagnóstico (difícil encontrar unaautocrítica seria) como en las explicaciones de Marcos acerca de la instru-mentación de las nuevas medidas resuenen permanentemente las ideas dedesviación, control, vigilancia, aprobaciones y cuidados. Sobre la base de unaopción, sofísticamente construida, en favor de la pobreza, entendida (¿porquién?) como “un arma que ha sido elegida por nuestros pueblos” para re-chazar el asistencialismo y lograr gobernarse sin el gobierno, el subcoman-dante Marcos delínea su ideal de una microsociedad de control fundada enla escasez.

Una organización de dominio y control que administra el conjunto de lavida comunitaria e individual, que todo lo vigila y todo lo castiga, que bus-ca penetrar en la conciencia y en los cuerpos para garantizar obediencia. Unpoder que homogeniza y subordina todos los elementos de la vida social delas comunidades zapatistas —al amparo de la miseria asumida como desti-no heroico, el aislamiento deliberado y la proclamación conservadora de lasdiferencias— a los intereses de la dirigencia político-militar del EZLN.

Son estos contenidos altamente problemáticos y dignos de preocupaciónlos que no debieran abandonarse en la consideración crítica del zapatismo,


primordialmente —por desgracia no ocurre así— por parte de sus aliados ysimpatizantes. En su lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas,el EZLN (su comando militar central) desafía al Estado desde el ámbito dela resistencia, pero en su pretendido territorio autónomo ejerce fieramentetodas las formas de control y disciplina sobre sus bases sociales. Vive latrágica paradoja (históricamente reconocible) de un movimiento que anhelala libertad pero contiene en sí mismo la opresión y el dominio.

Desde estas consideraciones, la más reciente intervención política dis-cursiva de la dirigencia político-militar del EZLN pudiera sintetizarse es-quemáticamente en tres grandes trazos:

El estancamiento: que lo inhabilita para desarrollar iniciativas de enver-gadura que incidieran en alguna modificación significativa de la correlaciónde fuerzas, no digamos a nivel nacional, pero siquiera en el espacio local(holgado triunfo del PRI en las zonas predominantemente indígenas deChiapas, Los Altos y La Selva; medidas de control centralizado para inhi-bir o limitar las “deserciones” de sus bases de apoyo o, al menos, la volatili-dad de sus lealtades políticas).

En segunda instancia, la resistencia: como el criterio clave de su estrategia.Anclados en el rechazo de la reforma constitucional indígena y en su des-conocimiento de los tres poderes constitucionalmente establecidos, el EZLNse ve constreñido a desarrollar e instrumentar formas de organización co-munitaria con base territorial, o con reivindicaciones en ese sentido, de ca-rácter autonómico radical, en desafío extremo (aunque no armado) a la cons-titucionalidad del país.

Por último, el dominio: control férreo de sus comunidades y zonas deinfluencia sobre la base de la organización armada (y con ello de la amena-za de las armas sobre los grupos adversos o reticentes). Sus formas de orga-nización y su rediseño dejan ver una prioridad centralizadora en torno alcomando político militar del EZLN, al que se buscará subordinar no sólo alas comunidades, sino al conjunto del movimiento articulado en torno a ellos,incluidas las ONG nacionales e internacionales. El ánimo de dominio no seagota en ello, sino que lo radicaliza en el afán de control del comportamientocomunitario e individual.

En condiciones de escasez, dramáticamente propiciada e inducida por lapolítica del EZLN, al impedir que las comunidades acepten participar enlas políticas públicas de combate a la pobreza o promoción del desarrollo


auspiciadas por los gobiernos federal y estatal (negativa a la asistencia ensalud, sistema educativo público, subsidios al campo, construcción de ca-minos rurales, etcétera).

La histórica paradoja del EZLN se renueva vigorosamente en los plan-teamientos del mes de agosto; un movimiento de aspiración libertaria yantidiscriminatoria de cara al Estado mexicano deviene en un microcosmosde vigilancia, control y castigo hacia sus propios militantes y sus bases deapoyo o simpatizantes. La observación crítica de este movimiento de reivin-dicación social y étnica no puede permitir el olvido o la elusión de sus com-portamientos autoritarios, ni de su pathos de dominio.

EZLN: violencia, derechos culturales y democracia,editado por la Comisión Nacional de los DerechosHumanos, se terminó de imprimir en septiembre de2003 en los talleres de OFFSET UNIVERSAL, S. A., Ca-lle 2, núm. 113, Col. Granjas San Antonio, C. P.09070, México, D. F. El cuidado de la edición estuvoa cargo de la Dirección de Publicaciones de esta Co-misión Nacional. El tiraje consta de 2,000 ejemplares.

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