EZKER BATUA BERDEAK PROGRAMA …...castillo de naipes. El lema liberal de “Más mercado y menos...

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EZKER BATUA BERDEAK

PROGRAMA AUTONOMICAS 2009

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EUSKADI: ANTE LA CRISIS OTRO MODELO ECONOMICO, SOCIAL Y PRODUCTIVO ES POSIBLE

CAMBIAR EL MODELO SOCIAL Y PRODUCTIVO Y HACER FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA

UNA FISCALIDAD JUSTA PARA UN MAYOR GASTO SOCIAL Y POR EL EMPLEO

POR UNA POLÍTICA PRESUPUESTARIA AL SERVICIO DEL PLENO EMPLEO Y LAS NECESIDADES SOCIALES.

CREAR EMPLEO DECENTE Y CON DERECHOS

MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

PROTEGER LA INDUSTRIA E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN

REVISIÓN Y NUEVO IMPULSO DEL MODELO VASCO DE I+D

APUESTA POR LA ECONOMIA SOCIAL: COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

El RETO TRANSFORMADOR DE LA ECONOMIA SOLIDARIA Y EL TERCER SECTOR

EUSKADI ANTE LA EXTENSIÓN DE NUEVOS DERECHOS SOCIALES DE CIUDADANIA

DERECHO A LA VIVIENDA PARA TODAS LAS PERSONAS SANIDAD GRATUITA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD

POR LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES: UN SISTEMA PARA TODAS LAS PERSONAS.

EL DERECHO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, UNA RESPOSANSABILIDAD DE TODOS LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.

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HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO VASCO, PÚBLICO, INCLUSIVO, PARTICIPATIVO, PLURILINGÜE Y DE CALIDAD

UNA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD VASCA

JUSTICIA DEMOCRÁTICA Y EFICAZ

UNA POLÍTICA DEMOCRÁTICA Y AVANZADA EN SEGURIDAD

GARANTIZAR EL ACCESO A LA CULTURA Y CULTURA CRÍTICA

EUSKARA, GUZTION ALTXORRA

DEPORTE AL ALCANCE DE TODA LA CIUDADANÍA

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, UN RETO PARA LA COHESIÓN SOCIAL

EUSKADI ANTE EL RETO DE LA DIVERSIDAD IGUALDAD PLENA ENTRE MUJERES Y HOMBRES: UN MODELO ALTERNATIVO FRENTE AL MODELO PATRIARCAL

LA INFANCIA: RECONOCIMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO PERSONAS CIUDADANAS DE PLENO DERECHO JÓVENES CON TODOS LOS DERECHOS LAS PERSONAS MAYORES: JUBILACIÓN, DEPENDENCIA Y PROTAGONISMO SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIBERTAD DE EXPRESIÓN AFECTIVO-SEXUAL

POLÍTICA MIGRATORIA JUSTA

UNA POLÍTICA INNOVADORA HACIA LAS DROGODEPENDENCIAS MODELO PENITENCIARIO AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN

UNA EUSKADI VERDE Y SOSTENIBLE POLÍTICA AMBIENTAL PARA UNA EUSKADI MÁS VERDE

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UN MODELO SOSTENIBLE DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL LITORAL UN TRANSPORTE SIN INFRAESTRUCTURAS DESTRUCTIVAS AGRICULTURA Y PESCA: VIDA PARA EL CAMPO Y LA MAR

CONSUMO RESPONSABLE Y CON GARANTÍAS

COMERCIO, URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

UNA SOCIEDAD VASCA ANTIMILITARISTA

UNA EUSKADI SOLIDARIA PRESENTE EN EL MUNDO EUSKADI EN EUROPA Y EN EL MUNDO

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: HACER POSIBLE OTRO MUNDO DESDE EUSKADI

UNA EUSKADI EN PAZ, QUE PARTICIPA, DECIDE Y AVANZA

UNA EUSKADI EN PAZ

NUESTRA ALTERNIVA: FEDERALISMO DE LIBRE ADHESIÓN

RADICALIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NUEVA LEY INSTITUCIONAL VASCA: REPENSEMOS EUSKADI

MEJORA DE LAS ADMINISTRACIONES VASCAS Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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EUSKADI: ANTE LA CRISIS OTRO MODELO ECONOMICO, SOCIAL Y PRODUCTIVO ES POSIBLE

CAMBIAR EL MODELO SOCIAL Y PRODUCTIVO Y HACER FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA

I. Otro modelo económico, social, y productivo es posible.

La crisis económica y financiera ha puesto en evidencia el fracaso del sistema capitalista neoliberal. La economía financiera se ha derrumbado como un castillo de naipes. El lema liberal de “Más mercado y menos Estado” y la consiguiente sacralización del libre mercado como forma de asignación de los recursos ya sabíamos que era injusta y depredadora. Los derrumbes de los bancos han puesto en evidencia que ni siquiera funciona. Los mayores defensores de estas ideas ahora hablan de la necesidad de intervención de los estados, del poder político, como regulador y moderador de la voracidad innata a este tipo de economía.

Es el momento de evitar que surja un nuevo modelo similar al existente, bajo la frase “hay que refundar el capitalismo”. La ciudadanía, los trabajadores, trabajadoras y la izquierda debe plantearse que hay que ir a otro modelo de sociedad donde la política sea la que gobierne la economía y no al revés, que ponga coto a las multinacionales, incluido el sistema bancario, que recupere el papel central y director de lo público, aquello que depende de la voluntad democrática de los ciudadanos.

Las políticas, fundamentalmente neoliberales, que impulsan el PSOE con Zapatero o el PP y el PNV no están haciendo frente al problema. Están parcheando un barco que se hunde. No es aceptable que se estén dando decenas de millones de euros a los bancos, procedentes de los impuestos, que van a endeudar a próximas generaciones de ciudadanos y el estado no asuma la dirección y la propiedad que le corresponde por su aportación y menos que se mantengan los salarios y otros beneficios para directivos y accionistas en aquellas instituciones financieras que han sido beneficiarias de importantes aportaciones de la administración. Estos partidos a nivel general, y algún otro en Euskadi, han venido impulsando rebajas fiscales en los últimos años, aduciendo un superávit que no empleaban en mejorar los servicios y el gasto público. Ahora, cuando viene la crisis y es necesario incrementar la inversión y los servicios públicos, no hay dinero para ello, e incluso plantean recortar el gasto, imprescindible para relanzar la economía.

Ezker Batua-Berdeak denuncia los excesos del sistema y las políticas de estos partidos pero a la vez, nos implicamos en dar respuestas a los problemas de la mayoría de la población que son: el desempleo, la precariedad, la insuficiencia de la protección social, el debilitamiento de los servicios públicos, la falta de políticas industriales y de I+D que nos lleven a otro modelo productivo en otro modelo de sociedad.

Para Ezker Batua-Berdeak el empleo es la prioridad. Más de 100.000 personas en Euskadi carecen de empleo y el doble lo tienen temporal y precario. Los accidentes laborales están a la orden del día, las enfermedades profesionales siguen acechando al mundo del trabajo sin una respuesta eficaz. La juventud, las

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mujeres, las personas extranjeras inmigrantes o discapacitadas están especialmente afectadas. Gran parte de la ciudadanía ve su futuro con inseguridad e incertidumbre.

Para hacer frente a todo esto, Ezker Batua-Berdeak, considera necesario una actuación decidida de los poderes públicos y de los agentes sociales. Ante una crisis de la magnitud como la que estamos inmersos es imprescindible que todas las administraciones actúen conjuntamente y que sean posibles acuerdos con los sindicatos y patronales para lograr rehacer la economía y crear empleos de calidad, y con derechos. Es el momento de impulsar un cambio de modelo productivo y con él, de modelo social. El modelo neoliberal ha fracasado, la reconstrucción de la economía debe hacerse desde otra óptica. La política y con ella lo público tienen que tener un papel determinante. La actuación de las administraciones, la inversión en infraestructuras sostenibles, el desarrollo y la mejora de los servicios públicos son actuaciones a desarrollar. Basta ya de poner los recursos públicos al servicio de iniciativas privadas como se ha venido haciendo hasta ahora. Es el momento de construir otro modelo y en esa línea van orientadas las propuestas electorales que fijan el compromiso electoral de Ezker Batua-Berdeak ante las elecciones al Parlamento Vasco del 1 de marzo. Creemos que otro modelo de sociedad es posible y que se puede ir construyendo desde las instituciones vascas.

II. Hacer frente a la crisis económica y financiera

La crisis actual viene de una crisis financiera y en estos momentos nos encontramos con problemas de financiación de las familias, las empresas y las administraciones. Cualquier medida que quiera hacer frente a la situación pasa por controlar el sistema financiero e impulsar el crédito. Es necesario establecer fuertes mecanismos de control de la banca, tanto a nivel internacional como europeo o estatal, para evitar la vuelta a situaciones como las que han provocado esta situación. Es imprescindible poner en marcha medidas claras hacia la banca que no pasan por aportarles millones y millones de euros para que saneen sus cuentas y retribuyan a sus accionistas. El Gobierno central tiene que eliminar los dividendos y las indemnizaciones a los directivos de entidades bancarias en pérdida o que reciban ayudas de la administración. El dinero de la ciudadanía que el Gobierno central está aportando para los rescates bancarios debe incluir su intervención en la dirección, la vigilancia y la garantía de transparencia y la participación social en esos bancos, sin excluir la nacionalización de algunos de ellos. Es preciso forzar al sistema financiero a reducir los tipos de interés en sus préstamos a las empresas y familias. Una de los problemas para hacer frente a la crisis actual es la endeblez de la banca pública minimizada por los gobiernos de corte neoliberal tanto del PP como del PSOE.

Hay que lograr que el sistema bancario garantice en primer lugar los recursos económicos para poner en marcha medidas que hagan llegar el crédito a las familias, administraciones y empresas. En este sentido, la fusión de las tres cajas vascas para que actúen como banca pública bajo el control de la sociedad es una medida imprescindible que se tendría que haber realizado ya si los intereses de algunos partidos no se hubieran puesto por encima del interés general. En esta línea, es necesaria la creación de un instrumento público de intervención, con una dotación acorde con la situación actual, más allá de gestos electorales, y coordinado con las cajas para llevar a cabo una política de apoyo económico a los sectores clave de la economía y la industria.

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En segundo lugar, es necesario garantizar los recursos suficientes mediante un sistema fiscal justo, por lo que proponemos reformarlo y revertir las medidas regresivas que han ido impulsando el “trío neoliberal” en los últimos años (IRPF, sociedades, patrimonio, imposición indirecta frente a la directa, etc).

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UNA FISCALIDAD JUSTA, PARA UN MAYOR GASTO SOCIAL Y POR EL EMPLEO

Hemos venido asistiendo en estos últimos años a un proceso de desfiscalización a cargo de PNV, PP y PSOE. Lo último ha sido eliminar el Impuesto de Patrimonio, primero por Zapatero y a continuación el PNV y el PP se han sumado en Euskadi. El resultado de todo ello, lo previsto: cuando hay vacas gordas se nota menos, pero cuando llegan las vacas flacas la situación se torno gravísima. Ezker Batua-Berdeak y todos los sindicatos denunciamos esto en su momento y ahora se ve con claridad. Reducir impuestos a quienes más deberían aportar al gasto común dificulta financiar las inversiones necesarias para hacer frente a la crisis.

Se ha rebajado la fiscalidad las rentas del ahorro en el IRPF, se ha rebajado el porcentaje de gravamen a las empresas que declaraban beneficios, además de la supresión del Impuesto de Patrimonio. En suma, han rebajado los impuestos directos que favorecían la progresividad de la fiscalidad, con lo que ésta cada vez se hace más injusta, aligerando la contribución de quienes más tenían que aportar en la actual situación económica.

Ezker Batua–Berdeak considera que es necesario reformar el IRPF para favorecer a los trabajadores y trabajadoras, y recuperar el Impuesto de Patrimonio, así como, en el caso de las empresas, equiparar el Impuesto de Sociedades con los países europeos avanzados.

En general, apostamos por rebajar la imposición indirecta a favor de la directa. Las decisiones adoptadas por los distintos Gobiernos, tanto estatales como forales, durante estos años en materia fiscal han modificado seriamente la estructura tradicional del sistema tributario. IRPF: diferenciación de las rentas del ahorro y del trabajo, gravando menos las rentas del ahorro. Impuesto de Sociedades: rebajas del porcentaje de imposición en una competición con los Estados Miembros de la Unión Europea Rentas del capital: impulso, una vez más, del proceso de desfiscalización de estas rentas. Impuesto sobre Patrimonio: eliminación del impuesto a los ricos. Más de un tercio de la recaudación de la CAPV proviene del IVA y esto, junto con las rentas del trabajo, hace que dos tercios de lo recaudado en Euskadi sean aportados por los trabajadores y trabajadoras. Frente a ello, los ingresos vinculados directa o indirectamente al capital tienen una aportación realmente baja a la recaudación (en torno al 15% de lo recaudado). Esta situación de desfiscalización de las rentas y patrimonios elevados (societarios, del capital, tramos altos del IRPF e Impuesto de Patrimonio) es aún más preocupante si tenemos en cuenta nuestra posición en el conjunto europeo en términos de presión fiscal global. Las cifras de recaudaciones muestran que la suma de los ingresos a través de los impuestos y cuotas sociales, son el equivalente al 33% del PIB de nuestra Comunidad autónoma. La presión fiscal agregada es todavía inferior en un 6 por ciento del PIB respecto a la media de los países de la Unión Europea y esto tiene efecto en el gasto social. Nuestra menor presión fiscal, comparada con los países comunitarios, está presente en todas las fuentes de ingresos, aunque la mayor diferencia está situada en los impuestos directos, el 3.5 por ciento. En el último quinquenio se ha dado un ligero aumento de la recaudación del IRPF sobre el PIB. Las principales subidas respecto al PIB han correspondido al IVA y al Impuesto de Sociedades. El aumento del principal impuesto indirecto es una mala noticia. La nueva estructura fiscal implica una peor situación relativa de las personas con menor renta, al ser éstas de forma obligada las que deben destinar

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una mayor proporción de sus ingresos a la adquisición de bienes y servicios privados y las que, paradójicamente, más contribuyen a la financiación de los bienes y servicios públicos. Su posición desfavorable aumenta al no poder acceder a las rebajas de la tarifa del IRPF, pues a veces ni entran en ellas y en ningún caso al mejor tratamiento de los rendimientos del capital, al ser nulas sus posibilidades de ahorro. El aumento de la recaudación por el Impuesto de Sociedades en los últimos cinco años se ha debido al incremento de los beneficios empresariales a base de reducir los salarios reales. Sin embargo, el pasado año se ha realizado una reforma para cambiar esta tendencia y que los beneficios tributen menos a Hacienda. En términos generales, hemos asistido a un dumping fiscal en las rentas del capital y profesionales. De tal manera que nuestro todavía incipiente y débil Estado Social no es financiado según los principios clásicos (contribuye más el que más tiene, que a su vez es el que menos recibe y contribuye menos el que menos tiene, que consecuentemente es el que más recibe). Los sistemas clásicos de redistribución a través de la fiscalidad y el Estado del Bienestar han sido dinamitados por el paradigma neoliberal. Pero, hoy más que nunca, es necesario reivindicar el papel nivelador y protector del Estado.

1. Las leyes fiscales al Parlamento Vasco.

Entre 2007 y 2008 nos hemos encontrado en una situación indeseable, donde ha habido dos Impuestos de Sociedades, uno en Araba y Bizkaia, y otro en Gipuzkoa. Ahora, tras unirse EA a la desfiscalización del Impuesto de Sociedades, aparece otra desarmonización dentro de las Haciendas vascas al mantener Gipuzkoa el Impuesto de Patrimonio y haberlo eliminado por completo Araba y Bizkaia.

Ezker Batua-Berdeak considera que la alternativa más adecuada debiera haber pasado por la Ley de Armonización y haber llevado el debate al Parlamento Vasco, y no intentar consensuarlo dentro del Órgano de Coordinación Tributaria, en el que no está representada la sociedad de Euskadi. Las decisiones sobre fiscalidad se toman en el Órgano de Coordinación Tributaria, donde se reúnen los Diputados Forales de Hacienda y la Consejera de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco. Desde Ezker Batua-Berdeak, consideramos que el debate sobre la fiscalidad debe darse en el Parlamento vasco, en el que está representada la ciudadanía vasca. De esta forma, sería un debate público, garantizándose la transparencia del mismo. Estas reuniones del OCT carecen de transparencia y producen, sin ese debate público, las normas forales para que sean aprobadas en las Juntas Generales.

Un sistema impositivo que impide que se debilite la cohesión interna de la Comunidad Autónoma Vasca. Dada la importancia de los impuestos en la configuración de las Administraciones, la situación actual puede acabar por debilitar los servicios sociales y las infraestructuras. La alternativa, para Ezker Batua, pasa por utilizar la capacidad armonizadora del Parlamento Vasco a partir de lo establecido en la Ley 3/1989 de Armonización, Coordinación y Colaboración fiscal, que les daría el rango necesario y dificultaría el recurso a las mismas. De este modo, no habría que preocuparse del rango legal de las normas, ya que éstas, en la actualidad, son recurribles por cualquier tribunal, lo que genera una inestabilidad evidente.

La capacidad normativa sobre los impuestos, que defendemos para el Parlamento Vasco, debe ser utilizada para diseñar una política fiscal diferenciada, más justa y progresiva, que dé los recursos necesarios para unos servicios públicos y una protección social universales y de calidad.

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2. Un concierto económico solidario.

Ezker Batua-Berdeak defiende el Concierto Económico como instrumento financiero fiscal en el que se sustenta el autogobierno vasco, pero seguimos discrepando sobre la forma en que han sido utilizadas sus facultades económicas, financieras y fiscales por los sucesivos Gobiernos vasco y forales, que las han utilizado para desfiscalizar a las rentas del capital e incrementar la presión fiscal de las personas asalariadas. El Concierto Económico fundamentalmente concede la facultad de legislar en materia fiscal a las Juntas Generales de cada Territorio Histórico, y el ejercicio de esta capacidad legislativa ha sido negativo para los trabajadores y trabajadoras. Así, en el IRPF se ha favorecido en todas las reformas que se han efectuado a las rentas más altas, en el Impuesto de Sociedades los beneficios a las empresas han reducido el tipo de gravamen; el Ompuesto sobre las rentas del capital ha bajado en dos años del 25 al 18 por ciento y así sucesivamente. El incremento de esta insolidaridad interna, derivada de la mala gestión del Concierto, no viene solo, sino que también ha provocado una pérdida para Euskadi en términos de flujo económico con el Estado. En concreto, una de las características que posee el sistema del Concierto Económico es la que se conoce como riesgo unilateral, por la cual una buena gestión reporta una mayor recaudación que redunda en beneficio de ésta.

La gestión del Concierto Económico y el nivel de descentralización del gasto existente no se han utilizado para intentar mitigar la situación de desempleo que vive nuestra Comunidad, ni para evitar el progresivo incremento de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Actualmente. Euskadi paga al Estado un Cupo equivalente al 6,24 por ciento del montante económico de las competencias que continúan en manos del Gobierno central. Si la Comunidad autónoma en el ámbito fiscal, recaudase por los impuestos que gestiona un importe superior al 6,24 por ciento de lo que se recauda por los mismos impuestos en el total del Estado, estaría obteniendo un beneficio, pero esto no ha sucedido hasta el momento. Para Ezker Batua-Berdeak, éste es, desafortunadamente, un ejemplo de lo que no se debe hacer con el Concierto Económico. Se ha utilizado un potente instrumento fiscal, que podría haber beneficiado a las clases más desfavorecidas para beneficiar al grupo hegemónico, cuyos intereses defiende a través de una larga cadena de favores y regalos fiscales a las rentas del capital. Nuestra realidad cotidiana queda muy lejos de un Concierto Económico Solidario. La política fiscal de corte neoliberal, practicada por las formaciones con responsabilidades en los gobiernos forales, ha derivado en una fiscalidad creciente regresiva y, por lo tanto, insolidaria, que ha provocado una negativa gestión del Concierto Económico.

Ezker Batua-Berdeak añade la necesidad de realizar una gestión del régimen de Concierto de acuerdo con el principio de “solidaridad federal” o solidaridad económica con el resto de pueblos y comunidades que forman el Estado español. Desde la izquierda, este es un principio claramente irrenunciable. Euskadi tiene la obligación de contribuir al desarrollo y bienestar del resto de los ciudadanos del Estado español. Y en este campo, la gestión que se está realizando hasta la fecha del Concierto Económico tampoco ha sido solidaria o federal. En este sentido, defendemos que el Cupo incluya, además de la aportación al Fondo de Compensación Interterritorial destinado a gastos de inversión, otras dotaciones a Fondos de Nivelación Federales para garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio

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3. Impulsar la fiscalidad directa

Ezker Batua Berdeak considera necesario reformar el IRPF para igualar las rentas del capital y las del trabajo a fin de hacerlo más justo. Para ello, plantea aumentar los tramos y los tipos de gravamen más altos y más progresivos, elevando el marginal superior hasta el 55%. Es preciso actuar también sobre las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, cobertura que ya la realiza la Seguridad Social y que supone, en gran medida, una aportación a la economía especulativa que está en el origen de la crisis financiera. Asimismo, proponemos igualar las rentas del trabajo y las del capital integrando las plusvalías del capital en la base general del IRPF y no en una base especial gravada solamente al 18 por ciento. Además hay que revisar y ampliar las deducciones fiscales ante determinados grupos poblacionales como las familias monoparentales, numerosas, con dicapacidad, etc.

Respecto a las empresas, creemos necesario poner el freno, al menos en el marco fiscal vasco, a la carrera por ver quién rebaja más en Europa la fiscalidad sobre la actividad empresarial y fijar el tipo de gravamen al 35 por ciento. La base de nuestra competitividad no pueden ser ni los bajos salarios ni la desaparición de los impuestos (desgraciadamente siempre habrá alguien en el planeta que trabaje por menos y sin cobrar impuestos), sino el capital humano y la productividad. Por ello, es necesario volver a aumentar el tipo de gravamen de este impuesto. Sin ánimo de desincentivar la productividad y la actividad económica y laboral, se pretende que el capital contribuya en la medida adecuada al sostenimiento del erario público y a la financiación de las políticas públicas. Hay que tener en cuenta que es un impuesto sobre los beneficios y que supone apenas el 15 por ciento de la recaudación total. Además, es necesario reducir y regular las deducciones de este impuesto para que el tipo real no sea tan inferior al tipo nominal.

Es indispensable recuperar el Impuesto que grava el Patrimonio de los ricos, pues es un elemento dentro de la fiscalidad que servía para hacer contrapeso en la perdida de progresividad, además de servir para gravar a los contribuyentes que se escapan de tributar en el IRPF. Es escandaloso que, en un momento en que se reducen los ingresos de Hacienda, se les perdonen unos 20.000 euros anuales a quienes tienen una base imponible de más de millón y medio de euros. Propugnamos el mantenimiento con las reformas necesarias (aumentar tipos y reducir las exenciones), de modo que grave realmente la capacidad económica manifestada a través de la riqueza, puesto que este tributo sólo debe afectar a las personas físicas con un patrimonio de cierta importancia.

Recuperar el Impuesto de Sucesiones. En el contexto vasco, se ha convertido en un tributo meramente censal o estadístico. O lo que es lo mismo, el impuesto teóricamente sigue existiendo, pero en realidad prácticamente no se recauda cantidad alguna. Al igual que en el Impuesto del Patrimonio entendemos que son necesarias aquellas reformas conducentes a la aplicación de este tributo sobre las grandes fortunas, al mantenimiento de una imposición discreta sobre los tramos medios de renta y a la desfiscalización total y absoluta de las sucesiones de los tramos bajos de renta.

Los impuestos indirectos actúan independientemente del nivel de renta de la ciudadanía, por lo que Ezker Batua-Berdeak quiere rebajar el IVA de los productos básicos. Apostamos por la reducción del protagonismo de este impuesto en la recaudación global del sistema tributario, como consecuencia de su carácter escasamente equitativo desde el punto de vista social. En línea con lo anterior, proponemos la revisión de la lista de bienes y servicios afectos a este

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impuesto como condición para poder reducir la imposición sobre los productos de primera necesidad.

De la misma manera que con el IVA, Ezker Batua-Berdeak entiende que la recaudación del sistema tributario vasco no puede pivotar en torno a la tributación indirecta y, por ello, abogamos por la pérdida de protagonismo recaudatorio de los impuestos especiales, que sólo debe suavizarse en el caso de aquellos impuestos especiales que graven actividades nocivas para la salud o el medioambiente, cuya práctica debe ser desincentivada desde el sector público.

En el ámbito de la vivienda, creemos necesario potenciar el Impuesto de Bienes Inmuebles (la antigua contribución urbana), ya que éste es un impuesto que podría convertirse en un elemento dinamizador del mercado inmobiliario, aumentando la oferta y contribuyendo a disminuir los precios. Todo ello fijando el gravamen según los usos diferenciando entre el terreno y la construcción, gravando mucho más el primero, penalizando con un recargo el mantenimiento de casas vacías, actualizando los valores catastrales, al menos a la mitad del precio de mercado e introduciendo bonificaciones para las familias con menos ingresos

Es preciso actuar fiscalmente en relación a la vivienda transformando el gasto fiscal, mediante una eliminación progresiva de las desgravaciones por su adquisición, en gasto directo en vivienda. Esto es especialmente necesario en el caso de las rentas más altas. Esa recaudación es más eficiente en políticas activas de vivienda social y de alquiler.

Incrementar la tributación de las plusvalías por la venta de viviendas, salvo en el caso de venta para su reinversión en domicilio habitual, para poder desincentivar la especulación sobre este bien básico para el cumplimiento de un derecho ciudadano (acceso a una vivienda digna).

3. Impulsar la fiscalidad verde.

La imposición ecológica no está desarrollada en Euskadi. La política fiscal ha de incorporar consideraciones ecológicas para que las personas consumidoras y las empresas internalicen los costes ambientales de sus decisiones y modifiquen su conducta. Otros países, especialmente los del Norte de Europa, llevan ya varios años de aplicación de este tipo de tributos, pero España está a la cola de Europa en fiscalidad ecológica.

En todo caso, EZKER BATUA-BERDEAK considera que es posible instaurar un tributo sobre la energía, a un nivel moderado al principio, pero que sirva para anticiparse a su implantación general en el contexto de la Unión Europea. La gravedad del efecto invernadero hace inevitable esta medida a corto-medio plazo, para la cual debemos estar preparados, ya que nuestro tejido productivo sigue siendo muy dependiente del factor energía.

Los tributos ambientales deben tener un carácter finalista. Su importe se debe destinar íntegramente a financiar programas de inversión, subvención o investigación que persigan las necesarias mejoras ecológicas o sociales en los mismos campos. Por ejemplo, las tasas o recargos sobre los combustibles fósiles se han de dedicar a subvencionar aislamientos y medidas de ahorro de energía. Así, a la vez que se penaliza la conducta indeseada se constituye la alternativa.

Se pueden unir, además, deducciones fiscales en los impuestos directos (inversión en instalación de tecnologías limpias, que permitan un ahorro de energía y materias primas). De todos modos, consideramos que son preferibles las ayudas directas a las desgravaciones, dado su mayor control y transparencia.

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Para la defensa del suelo agrario, Ezker Batua-Berdeak reivindica los tributos sobre la vivienda vacía y otro en la imposición sobre bienes inmuebles, diferenciando entre terreno y construcción, gravando mucho más fuertemente el primero para conseguir una utilización más eficiente del factor suelo y promover la rehabilitación de los edificios actuales.

La fiscalidad ecológica se instrumenta esencialmente a través de tributos indirectos y, una vez repercutida sobre los precios, afecta más a las personas pobres que a las ricas, especialmente cuando lo que sube son los artículos de primera necesidad. Por ello, los tributos ecológicos deben sustituir parte de los ingresos que hoy recauda el IVA, de modo que la presión fiscal de carácter indirecto no se vea aumentada. Este hecho permitiría abaratar en términos relativos el factor trabajo frente a los recursos naturales, lo que redundaría en la utilización de tecnologías más intensivas en trabajo y una mayor generación de empleo. Este efecto se vería reforzado, además, si se redujera una parte de las cotizaciones sociales y se compensara con este tipo de tributos ambientales. En todo caso, para Ezker Batua-Berdeak, la reforma fiscal ecológica no puede suponer un cambio socialmente regresivo en la distribución de las cargas impositivas ni comprometer el futuro del sistema público de Seguridad Social. Nuestro objetivo se concreta en alcanzar un claro efecto redistributivo hacia las clases populares que les compense de los efectos de la imposición ecológica: mejora de las redes de transporte colectivo, construcción de un parque de viviendas en alquiler social energéticamente eficientes, subvenciones para abaratar los aparatos domésticos y sistemas de calefacción ahorradores de energía, etcétera.

El volumen de subvenciones y contratos que se conceden desde las Administraciones públicas es enorme y entendemos que ha de estar impregnado de consideraciones distributivas, de género y ecológicas.

Reformar la legislación para que todas las empresas que se beneficien de contratos o subvenciones públicas ajusten su actuación a criterios ecológicos y sociales estrictos. Las políticas sectoriales (apoyo a Zabalgarbi y las nuevas centrales de gas, a la inversión en grandes superficies, a prácticas agrícolas y forestales insostenibles) tienen mayores repercusiones ambientales negativas que las subvenciones propiamente dichas del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

Ezker Batua-Berdeak defiende, como ya sucede en otras comunidades autónomas, la necesidad de que las empresas de una cierta dimensión que quieran acceder a cualquier tipo de ayuda pública deberán presentar una auditoría o informe ecológico que certifique sus buenas prácticas, de la misma manera que se exige el certificado de cumplimiento de las obligaciones fiscales y las cotizaciones sociales.

El establecimiento de tributos indirectos sobre la energía (combustibles fósiles), los recursos (agua, materias primas) o residuos son la vía principal para alcanzar este objetivo.

Otro medio es la modulación ecológica del IVA (tipo reducido para los productos ecológicamente benignos, normal y alto para los ecológicamente nocivos), una vez que se desarrolle un sistema de ecoetiquetado fiable, que permita discriminar los productos.

Un ejemplo de propuesta consiste en establecer un IVA de tipo cero o super reducido sobre las actividades de reparación de utensilios, recuperación o reciclaje. Este tipo de tributos, de carácter indirecto, depende en buena medida de un proceso de armonización general a nivel europeo.

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4. Una lucha decidida contra el fraude fiscal

En Euskadi, pese a los escándalos que se han dado en las Haciendas de Gipuzkoa y Bizkaia no existe una lucha contra el fraude fiscal en condiciones. Incluso por medio de artilugios legales se fomenta, aunque sólo para algunos sectores. El fraude encuentra un buen caldo de cultivo en Gipuzkoa, donde desde 1999 no paran de bajar el número de contribuyentes inspeccionados.

Existen otras formas de fraude como son las inversiones en activos financieros (pólizas de seguro de primas única, las pólizas de crédito del tesoro, anotaciones en cuenta de Deuda Pública, cuentas bancarias, lavado de cupón, etcétera), además de las evasiones a paraísos fiscales, muy difíciles de cuantificar.

Ezker Batua-Berdeak considera imprescindible impulsar una acción decidida contra el fraude fiscal y, para ello, reivindicamos las siguientes propuestas:

1. Aumentar la capacidad inspectora y sancionadora de las Administraciones Tributarias, desarrollando metodologías para la evaluación del fraude.

2. Reforzar el control y las inspecciones sobre los profesionales y actividades empresariales, con actuaciones contundentes.

3. Eliminar el sistema de módulo, pasándose a tributar por el sistema general de estimación directa.

4. Publicar las listas de quienes defrauden por encima de un límite.

5. Realizar las reformas legales precisas para evitar las sociedades interpuestas patrimoniales, que permiten escapar del IRPF y acogerse al Impuesto de Sociedades, donde la cotización es menor.

6. Modificar la legislación en materia de fraude fiscal para que éste tenga la adecuada sanción administrativa y penal, apartándonos de las tendencias imperantes en el Estado español, que abogan por la despenalización casi total del fraude fiscal.

7. Eliminar el secreto bancario.

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POR UNA POLÍTICA PRESUPUESTARIA AL SERVICIO DEL PLENO EMPLEO Y LAS NECESIDADES SOCIALES.

EZKER BATUA-BERDEAK considera que la acción presupuestaria de las Administraciones es un instrumento clave para garantizar el bienestar de la ciudadanía, para hacer frente a la crisis económica y para impulsar un cambio del modelo social, económico y productivo. La crisis actual ha barrido los modelos presupuestarios tan queridos por el PP y PSOE de déficit cero e incluso de superávit, habiendo como había y más aún ahora, necesidades sociales importantes.

Consideramos que la política presupuestaria vasca ha de contribuir a elevar el potencial de desarrollo sostenible de nuestra economía, promover el pleno empleo y procurar una distribución más justa de la renta y la riqueza.

EZKER BATUA-BERDEAK se compromete a garantizar la suficiencia del Presupuesto de la CAPV para sostener las políticas públicas comprometidas en este Programa Electoral y, en general, la generación de empleo, el estado del Bienestar, los nuevos servicios sociales, la educación y la cultura en Euskadi.

La política presupuestaria debe partir de un Presupuesto Comunitario que aumente a corto plazo hasta el 3% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y se incremente progresivamente hasta alcanzar el 7% en 2013, destinándose la mitad a las acciones estructurales para el objetivo de la cohesión económica, social y territorial entre los Estados miembros. La fuente principal de ingresos del Presupuesto Comunitario debe ser un impuesto europeo directo y progresivo.

No es de recibo la política fiscal y presupuestaria estatal, que primero hace regalos como los 400€, después elimina ingresos como el Impuesto de Patrimonio, luego recorta presupuesto cuando más falta hace y financia con decenas de miles de millones de euros a los bancos sin asumir el control como sería necesario.

Defendemos, en los niveles autonómico, foral y local, unos presupuestos públicos de ingresos y gastos que impulsen un desarrollo ecológico socialmente sostenible, así como generador de empleo, y que se comprometa con el impulso de políticas públicas redistributivas que tengan como finalidad el empleo digno y la cohesión social, y sean capaces de corregir las diferencias y desequilibrios existentes.

Es preciso modificar el sistema de financiación de los Ayuntamientos vascos para que los mismos adquieran una auténtica suficiencia financiera que les permita sostener sus crecientes obligaciones competenciales e iniciar fórmulas de presupuestos participativos a nivel local.

Presupuestos abiertas, participativos y transparentes EZKER BATUA-BERDEAK propone ir introduciendo progresivamente

fórmulas de presupuestos participativos por la ciudadanía en el ámbito de Euskadi, especialmente en los capítulos de Juventud, Cultura, etc. Para ello, se someterán los presupuestos a su concertación previa antes de su tramitación parlamentaria y durante la misma.

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Facilitar de forma digital un acceso público y permanente al grado de ejecución presupuestaria del Gobierno Vasco en cada ejercicio. Para ello se dispondrá de la ejecución de las cuentas públicas consolidadas bajo un sistema homogéneo y con un detalle suficiente para facilitar su análisis.

Garantizar que cualquier persona pueda tener conocimiento, en un lenguaje sencillo y comprensible, de los compromisos presupuestarios del Gobierno Vasco para cada ejercicio.

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CREAR EMPLEO DIGNO Y CON DERECHOS

Si queremos seguir siendo un país que se sitúe entre los de vanguardia en Europa tiene que hacer frente al desempleo y la precariedad. La administración vasca tiene que lograr sentarse con los agentes sociales y acordar un plan frente a la crisis que contenga un proyecto de empleo y formación; que incorpore medidas de política industrial e I+D; que impulse la inversión pública en infraestructuras y servicios, y que aumente la igualdad en la sociedad, mejorando las condiciones laborales y protegiendo a quienes están en desempleo o exclusión. En este sentido, el acuerdo social es necesario y debe incluir a todos los que estén dispuestos al compromiso. Encontrar un punto de encuentro para la transferencia del SPEE-INEM ayudará de forma importante a implementar estas políticas.

Reclamamos empleos dignos, es decir, estables, seguros y con derechos, y esto supone concertar las políticas teniendo en cuenta esta exigencia, desde el empleo público a las políticas de estímulo al empleo, fiscales o de apoyo a la inversión y a la contratación que realizan las administraciones.

Impulsar una política que priorice la creación de empleo y el cambio del modelo productivo con una política industrial y hacia las empresas, basada en la calidad, la innovación, la investigación y la formación, y respetuosa con el medio ambiente y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Una actuación que cree nuevos empleos, en términos netos, haga frente a la precariedad y la subcontratación empresarial y en las administraciones públicas, reduzca para repartir el tiempo de trabajo, cree puestos de trabajo y garantice la igualdad ante el empleo de la juventud, las mujeres, las personas discapacitadas y, en general, todas aquellas personas que el sistema empuja hacia la exclusión. Todo lo anterior implica priorizar el pleno empleo y la justicia social como punto central de las políticas públicas, tanto en materia de gasto como en política de ingresos. Los impuestos y tributos deben recaudar los recursos necesarios para implantar estas iniciativas a favor de la creación de puestos de trabajo y de una Renta Básica para quienes no tienen empleo.

Abogamos por mejorar el modelo actual de relaciones laborales, reforzando los contratos indefinidos que dan estabilidad a los trabajadores y facilitan un tejido empresarial de calidad, la limitación del uso de los contratos temporales incrementando sus cotizaciones sociales y su encadenamiento e incentivando su conversión en contratos indefinidos. Ezker Batua-Berdeak impulsará la reforma legal que refuerce el principio de causalidad en la contratación y la limitación a un año de los de obra o servicio, al cabo del cual serán indefinidos, así como que otorgue a los contratos a tiempo parcial plenos derechos y limite las horas de disponibilidad de la empresa.

1. Mantener y crear empleo. Empleo estable. Reparto del empleo y reducción de la jornada laboral

La crisis, más allá de su gravedad, se está convirtiendo en justificación en muchas empresas para llevar a cabo ajustes que les permitan mantener o incrementar los beneficios. En momentos de crisis, todos tienen que arrimar el hombro y no es posible exigir ayudas públicas a la vez que se recortan las plantillas sin causas económicas que lo justifiquen. En este sentido, Ezker Batua-Berdeak exige el estricto seguimiento de todos los Expedientes de Regulación de Empleo, EREs, con la creación de una comisión mixta Administración,

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empresarios y sindicatos. Defendemos que no se autoricen EREs si las empresas han tenido beneficios en los dos últimos ejercicios.

Estímulo a la creación de empleo estable y con derechos. Todas las acciones de las Administraciones deberán incluir el apoyo al empleo estable y el respeto de los derechos laborales y de los convenios colectivos de aplicación.

Apoyo a la reducción de jornada con el objetivo de universalizar las 35 horas semanales y repartir el empleo. Poniendo en práctica la expresión “trabajar menos para trabajar todos y todas”, el reparto del empleo evita crear una relación directa entre éste y la evolución de la economía. Ezker Batua Berdeak plantea liberar un número de horas de trabajo equivalente a la creación de 120.000 empleos en Euskadi. La iniciativa básica de este proyecto consiste en la reducción de la jornada laboral a nivel estatal y europeo a 35 horas semanales, manteniendo el salario. La reducción de la jornada debe ser conjunta en el ámbito de la Unión Europea para evitar el dumping entre Estados. Es decir ir en dirección contraria a la directiva de las 65 horas que se intenta implantar, a pesar del rechazo del Parlamento europeo. Su aprobación por una directiva europea se concretaría sectorialmente y en la empresa a través de la negociación colectiva. La reducción de la jornada ha de completarse con otras medidas de reparto del empleo como son:

La eliminación de las horas extraordinarias (20 millones realizadas en Euskadi anualmente). Sólo se aceptarán las horas extraordinarias realizadas por fuerza mayor, que se compensarán en tiempo y nunca en dinero. De manera inmediata, han de prohibirse en el sector público y las grandes empresas. El papel de la Administración laboral en este área es fundamental para controlar que se cumple la legalidad.

Incorporar la quinta semana de vacaciones. Posibilidad de optar por el empleo a tiempo parcial. De forma voluntaria, con opción, en todo momento, a reincorporarse a la jornada completa. Permisos para la formación y por causas familiares, así como años sabáticos con cobertura de los puestos de trabajo afectados.

Reformar el contrato de relevo. Convertirlo en una auténtica herramienta de solidaridad intergeneracional a favor de la juventud. Adelantar la edad de jubilación y sustituir, en las mismas condiciones de contratación fija, a un joven en el puesto de la persona jubilada.

Las Administraciones públicas han de liderar la implantación de programas de reparto del trabajo. La dimensión de sus plantillas les permite realizar los ajustes precisos y el nivel retributivo del que disponen puede animar a muchas personas a trabajar jornadas más reducidas o a demandar excedencias. Las nuevas contrataciones públicas deben ser fijadas en jornada semanal de 32 horas. Es preciso revitalizar las ofertas públicas de empleo frente a la amortización y la subcontrata de servicios a empresas privadas, con trabajos precarios y mal retribuidos.

Conciliación de la vida laboral y personal. Creación de una red pública de escuelas infantiles que cubre las necesidades.

Además de la creación de servicios públicos para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, hay que impulsar nuevas medidas como mejoras en las condiciones de excedencias, reducción y flexibilidad de horarios. También se debe ampliar el permiso de maternidad y paternidad.

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2. Impulso de los servicios públicos y crear empleo

Responder a las demandas de la sociedad, cubrir sus necesidades básicas y fomentar la igualdad de oportunidades supone apostar por mejorar y ampliar los servicios públicos. Por un lado, hay que mejorar los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad,…). dotándolos de los medios materiales adecuados y que las plantillas tengan ratios de los países europeos equiparables en renta per cápita a Euskadi. Junto a ello, garantizar el empleo estable en los servicios públicos.

Dentro de la satisfacción de nuevas demandas de la ciudadanía, es preciso desarrollar la Ley de Servicios Sociales, especialmente lo relacionado con la atención a las personas dependientes (mayores, discapacitadas,…), generando servicios públicos y empleos estables y con derechos.

Crear empleo y proporcionar nuevos servicios a la ciudadanía supone también satisfacer las demandas en el ámbito cultural, de ocio, medio ambiente, energías renovables,…. Ezker Batua Berdeak considera que estos servicios y sectores son nuevas fuentes de empleo que contribuyen a ese doble objetivo de sociedad de pleno empleo, con calidad de vida y derechos sociales. Ezker Batua Berdeak se compromete, con la participación de los agentes sociales, a cubrir esas necesidades.

Apuesta decidida por el desarrollo de los servicios de proximidad, muchos de ellos con características de servicio público (guarderías, cuidado de mayores, transportes locales, prestaciones culturales de ámbito local, ayudas a jóvenes con dificultad de inserción, etcétera).

3. La igualdad de trato ante el empleo.

La política de fomento del empleo que impulsa Ezker Batua Berdeak prioriza a aquellos colectivos con más dificultades de conseguir un empleo digno. En ese sentido, el plan de empleo desarrollará programas específicos hacia los colectivos: mujeres, jóvenes, desempleados de larga duración y discapacitados, inmigrantes y otros colectivos en riesgo de exclusión.

La problemática del empleo de la mujer, con el objetivo de la igualdad, debe ir unida a factores que inciden en las formas de vida, de participación social, de ocio,... Esto supone dotar a la sociedad de servicios como las escuelas infantiles, la flexibilidad en el tiempo de trabajo para conciliar la vida personal y laboral, y medidas específicas en el ámbito de la contratación.

Establecer un plan específico en los planes de empleo, que articule una acción integral por la igualdad de género (.), que involucre a los ayuntamientos, organizaciones sindicales y patronales.

Impulsar la mejora de la Ley de Conciliación de la Vida laboral y Personal. Apoyar medidas en ese sentido por las administraciones. Estimular la incorporación de estas medidas en los convenios colectivos.

Ampliar el permiso de paternidad a seis semanas de duración, similar al maternal.

Difundir y reforzar los incentivos a la contratación en los sectores donde se hallen subrepresentadas las mujeres.

Establecer la figura de la Inspección de Trabajo para la Igualdad.

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Apoyo a la creación de Agentes de Igualdad en entidades locales y agentes sociales.

Promover y garantizar el acceso a la formación continua en las empresas y la formación ocupacional para aquellas mujeres que deseen reincorporarse al mercado de trabajo.

4. El empleo de las personas discapacitadas.

En situaciones de crisis, el empleo se complica en mayor medida para determinados colectivos. Ezker Batua-Berdeak como fuerza solidaria tiene que hacer un esfuerzo porque la discriminación en el mercado laboral no se acentúe. Eso nos debe llevar a impulsar el empleo de estas personas mediante diversas acciones:

Exigir el cumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a reserva del 3 por ciento de los puestos de trabajo de la Administración y del 2 por ciento en las empresas privadas, de más de 50 personas en plantilla, para estas personas. Este requisito será imprescindible para acceder a los contratos públicos, subvenciones o beneficios fiscales. Hacer un balance sectorial de la situación para, en una segunda fase, instar a la elevación de los cupos de reserva.

Establecimiento de un servicio específico en el Servicio Público Vasco de Empleo para la formación e inserción de estas personas en las empresas.

En las Administraciones: catalogar los puestos de trabajo para evaluar cuáles serían los más indicados para cada tipo de discapacidad. Garantizar los cupos en los procesos de selección. Adaptar las pruebas y cualificar los tribunales para abordar esta selección.

Seguimiento, apoyo y regulación de los Centros Ocupacionales, así como los Centros Especiales de Empleo para que sean un puente hacia el mercado laboral ordinario, con aquellas personas que estén en condiciones de hacerlo, y no como destino final de un trabajo mal remunerado.

Establecer planes específicos de formación continua para las personas discapacitadas que ocupen puestos de trabajo.

Exigir y supervisar la adecuación de los puestos de trabajo para asegurar la seguridad e higiene y la prevención de accidentes.

5. Especial atención al empleo juvenil.

La situación está marcada por la alta precariedad, la menor tasa de actividad y la mayor tasa de desempleo, junto a una desconexión entre la formación adquirida y la cualificación de los puestos de trabajo que desempeña. Es necesario impulsar medidas de carácter general, con impacto en la juventud, así como mayor inversión en I+D+i, persecución del fraude en la contratación, más información sobre sus derechos laborales y reforzar su presencia en los convenios colectivos.

De forma más específica, Ezker Batua Berdeak plantea, para incrementar y mejorar el empleo de la juventud, adelantar la edad de jubilación y transformar el contrato de relevo en uno de solidaridad intergeneracional.

Modificar las normas de fomento de la contratación para considerar a la juventud como colectivo de difícil acceso al empleo, con independencia del período que lleve en paro.

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Eliminar la necesidad de tener un período cotizado para acceder a la prestación, subsidio de desempleo o a la renta básica, haciéndolo extensivo a la juventud estudiante mayor de 18 años

Modificación de las modalidades contractuales que permitan compatibilizar los años de formación con trabajo real (contratos a tiempo parcial), de manera que refuercen su causalidad como contratos para compatibilizar dos actividades

Crear un fondo público para avalar y facilitar créditos blandos y asesoramiento a jóvenes que quieran auto emplearse o formar cooperativas. Apoyar las explotaciones agrarias de jóvenes mediante subvenciones, créditos y cesión de tierras.

Promover Planes Especiales de Empleo Juvenil, destinados a las zonas con mayor índice de desempleo de Euskadi.

Fomentar los contratos que compatibilicen la jornada laboral y el estudio, garantizando este último. Apoyo a los programas de prácticas formativas en las empresas bajo supervisión de la Administración, las organizaciones sindicales y las patronales para evitar que sean empleos encubiertos. Fortalecimiento de los módulos referidos a materias sociolaborales en la formación reglada, dando participación en ellos a los agentes sociales

6. El empleo de las personas inmigrantes.

La bonanza económica de años anteriores ha hecho que miles de personas de otros países hayan ingresado en nuestro mercado laboral. La mayoría de ellas en sectores de escasa cualificación, especialmente en la construcción y los servicios. Ahora, el desempleo les afecta especialmente, por eso es necesario una política que tenga en cuenta esta situación.

Al respecto, es necesario impulsar la creación de una Comisión Tripartita permanente entre las organizaciones sindicales, empresariales y la Administración para consensuar las políticas laborales hacia la emigración.

Garantizar la aplicación de los derechos recogidos en la legislación laboral y en los convenios colectivos sin discriminación.

Promover acciones específicas de la Inspección de Trabajo contra la contratación fraudulenta de trabajadores y trabajadoras inmigrantes.

Establecer acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales para el asesoramiento sobre sus derechos laborales y profesionales.

Promover planes específicos de cualificación profesional para facilitar la inserción y reinserción laborales.

Establecer comisiones sectoriales, administración, sindicatos, empresarios y organizaciones agrarias, para velar por las condiciones de empleo y laborales de las personas inmigrantes en los sectores agrario y de la pesca, así como para los temporeros del campo, incluyendo la vivienda.

7. Un plan vasco de empleo impulsado por instituciones y agentes sociales.

En situaciones difíciles, como la actual, es preciso aunar esfuerzos entre todos los que participan del mercado laboral y de la economía. En este sentido es necesaria la puesta en marcha de una mesa por el empleo con las Administraciones locales, forales, autonómicas y el SPEE (INEM) con la participación sindical y patronal.

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La acción a favor del empleo de calidad requiere, especialmente en estos momentos de crisis de una herramienta de intervención que sea integral y consensuada entre las administraciones, local, foral y autonómica y los agentes sociales. El Plan plurianual de Empleo debe ser la herramienta de acción del Gobierno Vasco en el empleo. Ha de ser un plan acordado y de ejecución descentralizada territorialmente. Supone la elaboración y gestión con la participación de los sindicatos, empresarios y entidades locales.

Los objetivos del Plan de Empleo serían: creación de ocupación neta y reducción de las tasas de paro, mejora de la calidad de la ocupación y reducción de la precariedad, reducción significativa de los accidentes laborales, impulso de las políticas activas de ocupación que permitan la atención personalizada de los desempleados y la mejora de sus niveles formativos, con una atención preferente a colectivos con especial dificultad de empleo como la juventud, las personas desempleadas, las mayores de 45 años, las discapacitada y las inmigrantes, la atención a los nuevos colectivos de trabajadores y trabajadoras autónomos dependientes, el impulso de la cultura emprendedora y el apoyo al cambio en el modelo productivo hacia productos y servicios de más calidad y contenido tecnológico y formativo.

8. Transferencia inmediata del INEM y creación del Servicios Público Vasco de Empleo.

Ezker Batua Berdeak exige la transferencia del INEM con carácter urgente y prioritario, mediante una negociación realista con el Estado que quede abierta a su adaptación al marco político que se establezca para Euskadi. Esta transferencia es imprescindible para realizar una política integral efectiva de la lucha contra el desempleo frente a la multiplicación y descoordinación de los actores actuales. Esto supone transferir las políticas activas del INEM: promoción y gestión de empleo, formación profesional, ocupacional y regulación de empleo, así como las funciones y servicios dedicados a la gestión de las prestaciones por desempleo (políticas pasivas), en línea con lo aprobado en la VII Asamblea, lo previsto en el Estatuto de Autonomía y la dirección marcada por los acuerdos adoptados por el Parlamento Vasco.

Crear el Servicio Público Vasco de Empleo. Ezker Batua-Berdeak reivindica supuesta en marcha sin demora, sobre la base de la transferencia, dada la situación de crisis de este servicio. Este organismo se constituirá como ente autónomo dependiente del Gobierno Vasco y habrá de gestionarse de forma acordada y tripartita entre las organizaciones sindicales, empresariales y la Administración. Su modo de financiación, de funcionamiento y sus prestaciones no deben suponer en ningún caso una fractura en la solidaridad interterritorial y para ello se arbitrarán los mecanismos oportunos. El Servicio Público Vasco de Empleo deberá coordinarse con los de otras Comunidades para garantizar una base de datos conjunta sobre ofertas laborales en el Estado, y mantener unos mínimos de homogeneidad entre los distintos servicios de empleo.

La estructura será descentralizada, de forma que permita dar respuesta a la diferente situación laboral de las comarcas vascas y se articularán estructuras de participación comarcales de las que formarán parte las entidades locales, agentes sociales, centros de formación y otras organizaciones que trabajen en la promoción del empleo.

La transferencia de la Seguridad Social. Exigiremos al Gobierno del Estado la transferencia de la gestión económica, en cumplimiento íntegro del contenido del Estatuto de Autonomía en esta materia. Ezker Batua Berdeak, como parte de su propuesta federal, plantea una reforma de la estructura de la Seguridad Social

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estatal de forma que sea posible ampliar las competencias de Euskadi al respecto y la participación de la Comunidad en las decisiones de la Seguridad Social federal.

9. Fuerte impulso al empleo, la formación y la orientación profesionales.

Es necesario un fuerte impulso de los programas sociales de empleo, formación y orientación, articulados lo más próximos a la ciudadanía, es decir de ámbito municipal. Para eso, debe crearse un presupuesto específico e intensificar la coordinación con el Gobierno Vasco y las demás administraciones competentes, incluido el INEM.

Impulso de los programas de orientación y formación profesionales. Reforzamiento de Lanbide y de la red de centros colaboradores de Formación profesional, tanto de iniciativa pública como de iniciativa social, en colaboración con los sindicatos para evaluar las capacidades de las personas desempleadas, orientarlas, formarlas e insertarlas en los nuevos empleos que se vayan generando. Desde la base de otro modelo de gestión, que abandone un modelo basado en las subvenciones a “destajo”, sobre todo en el ámbito de la orientación, la formación y la intermediación , a otro basado en la concertación.

Una formación profesional para el empleo. Euskadi ha sido pionera en el desarrollo de la formación profesional. El primer Plan Vasco de Formación Profesional estableció las líneas generales para su desarrollo y fue fruto de un acuerdo entre la mayoría de agentes sociales, Administración y centros de formación. Es momento de un nuevo impulso de la formación profesional mediante un nuevo plan que cubra las carencias del anterior, entre ellas, la insuficiente financiación, el trata discriminatorio de unos centros de Formación Profesional respecto a otros, la separación de la gestión de la Formación Continua de los trabajadores de las empresas, de la Formación Ocupacional para las personas desempleadas, y la existencia de dos entidades actuando simultáneamente (Hobetuz y la Fundación tripartita estatal) y dos administraciones (Gobierno Vasco e INEM). La transferencia del INEM y los acuerdos con los agentes sociales podrían solventar estos problemas y ser la base para ese nuevo impulso.

Es necesaria la unidad de toda la formación profesional de los trabajadores y de ésta con la negociación colectiva y los convenios donde esa profesionalidad es reconocida laboralmente. Ezker Batua Berdeak apuesta por unificar toda la formación profesional: la de los centros educativos, la continua y la ocupacional en la Administración vasca mediante la oportuna transferencia de las competencias y los fondos para dotarle de la necesaria equivalencia entre los subsistemas de formación profesional y facilitar la certificación de la competencia profesional de los trabajadores, reforzando, asimismo, los programas de empleo y formación y, en general, todas las políticas activas de empleo. Entendemos el ejercicio de esta competencia manteniendo una coherencia con el resto del sistema de formación profesional estatal, que facilite la movilidad de los trabajadores vascos con la implicación de sindicatos y empresarios en la planificación y gestión de necesidades y planes formativos, además de otras medidas de apoyo a la formación, superando la situación actual de no transferencia y los vetos en la gestión de organismos como la Fundación para la formación Hobetuz.

La participación de sindicatos y empresarios en los centros de formación profesional mediante la creación de una comisión tripartita o Consejo Social representativos del ámbito de influencia de cada centro.

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MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

Frente a las recetas neoliberales de reducir los derechos laborales, tanto los salariales, como los referidos a la contratación, la jornada, etc. Ezker Batua-Berdeak considera que unas condiciones laborales dignas, decentes en expresión de la OIT, son la base para una sociedad cohesionada que garantice el bienestar de la ciudadanía. En esta línea, creemos que deben apoyarse mejoras salariales por encima de la inflación, especialmente en los colectivos con menores salarios. El poder adquisitivo de los salarios es una de las bases principales de la economía de forma que incentive el consumo que no el consumismo.

1. Garantizar la cobertura a las personas desempleadas

En primer lugar nuestro compromiso pasa porque ningún trabajador o trabajadora quede desatendido si se queda sin trabajo. Creemos que es necesario establecer una renta básica salarial de 600 euros durante dos años para todos los trabajadores y trabajadoras en desempleo y autónomos sin derecho a prestación (.).

2. Reducir drásticamente la subcontratación.

Estamos asistiendo a un proceso creciente por parte de las empresas de rebajar sus costes laborales mediante la subcontratación de gran parte de sus actividades a otras compañías con empleos precarios. Esta dinámica empresarial está siendo seguida también por las Administraciones públicas para una parte de sus servicios a la ciudadanía con el consiguiente riesgo añadido, en este caso, de una degradación de la calidad de los mismos. Consideramos imprescindible la obligación de consultar, con carácter previo, a la representación laboral de cualquier proceso de subcontratación.

Ezker Batua Berdeak propugna que en todas las Administraciones públicas vascas se minimice la subcontratación. En este sentido, apoyamos establecer una normativa específica en la que se limitará a un solo nivel la subcontratación de las Administraciones públicas de Euskadi. Esta norma debe ser fruto de un acuerdo entre las administraciones y los sindicatos que limite y fije las condiciones de subcontratación. Incluirá la norma del acuerdo sobre subcontratación, la elaboración de una normativa para fijar los parámetros de aplicación y seguimiento de las normas de seguridad laboral en las adjudicaciones de obra pública y en empresas subcontratistas,así como las medidas de acción positiva en la contratación, empleo estable y proporción de mujeres.

Nuestro objetivo pasa por impulsar la modificación de la Ley de Contratos del Estado, incluyendo como uno de los requisitos que las empresas contengan medidas de acción positiva.

Ezker Batua-Berdeak apuesta por limitar legalmente las subcontratas en todos los sectores del ámbito privado. Limitar los procesos de subcontratación a un máximo de dos niveles y establecer la responsabilidad subsidiaria de la empresa contratante en materia de seguridad laboral y medioambiental. Es nuestro objetivo impulsar una reforma legal que limite la subcontratación, las empresas de trabajo temporal y esa nueva fuente de precariedad que son las denominadas "empresas de servicios".

3. Impulso de la negociación colectiva y contra la siniestralidad.

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Los convenios colectivos son una herramienta fundamental de reparto de la riqueza, de ahí nuestro apoyo a la negociación colectiva y la negativa a la inclusión de normas que la limiten, tanto sectorial como territorialmente. Apoyamos la inclusión de la prevención de riesgos laborales en ella.

El mundo del trabajo soporta unos índices de siniestralidad y daños a la salud que sitúan a Euskadi y al Estado en los últimos lugares de Europa. La precariedad y la rotación en los contratos es la causa principal, junto a la falta de gestión preventiva de los empresarios y Administraciones públicas. También contribuyen las nuevas formas de organización del trabajo, que priman la flexibilidad sobre la salud, la descoordinación en la prevención entre contratas y subcontratas, la negativa a la participación y consulta a los representantes sindicales en la prevención o la insuficiencia de medios. No se puede hablar de empleo de calidad sin incorporar a la estabilidad de los contratos la protección de la salud en el trabajo. En este sentido, el compromiso de Ezker Batua-Berdeak es de:

Ampliar significativamente el presupuesto de la Administración para prevención, impulsar la participación y el acuerdo de carácter tripartito en la planificación, el seguimiento y la gestión de Osalan.

Crear una Fundación vasca para la Salud en el Trabajo, tripartita con sindicatos y patronales, que, de forma consensuada, impulse la cultura de la prevención, la formación, el control del cumplimiento de los planes preventivos mediante delegados sectoriales de prevención en los sectores con siniestralidad. Se le dotará de recursos propios, además de los que correspondan a Euskadi de la Fundación estatal homóloga.

Crear un órgano de coordinación de las actividades preventivas de las mutuas, la Inspección de Trabajo, el Gobierno Vasco, las organizaciones sindicales y las patronales e impulsar la modificación de la legislación para un mayor control de la actuación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a nivel general y de Euskadi. Oposición al traspaso del control de altas y bajas laborales por las Mutuas, que debe seguir en los médicos de Osakidetza.

Formar a los médicos de atención primaria para detectar las enfermedades de origen profesional y orientar su traslado para el cambio de contingencia en el INSS. Establecer la notificación de las Unidades de Oncología a los familiares y Osalan del origen profesional de enfermedades derivadas del amianto, benceno y cloruro de vinilo. Establecer una vigilancia médica post-ocupacional a todos los trabajadores y trabajadoras que los servicios de prevención hayan registrado sus trabajos como cancerígenos.

Intervenir “de oficio” por el Departamento de Trabajo en los casos de accidentes mortales y graves, incoando la sanción y recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y trasladarlo a la Fiscalía, incluida su personación si hay indicios penales.

Extender las auditorías, por parte de la Administración, sobre prevención de riesgos laborales en las empresas y sectores con siniestralidad.

Desarrollo de una regulación legal sobre acoso moral en el trabajo.

Promover la modificación legislativa que dé competencias de vigilancia ambiental a los delegados de prevención. Establecer esta competencia y la participación sindical en los Acuerdos voluntarios de carácter medioambiental sectorial que suscriba la Administración.

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Impulsar programas plurianuales, acordados con los agentes sociales, para abordar la prevención y tratamiento de los problemas de drogodependencias en el ámbito laboral.

Reformar la Ley de Prevención de Riesgos para abordar la problemática preventiva de los trabajadores autónomos.

Impulso del seguimiento e inspección de los planes de prevención de riesgos laborales. Acuerdos con sindicatos y patronales para incrementar las acciones de la Inspección de Trabajo y de Osalan y los recursos necesarios. Apoyo y financiación para el desarrollo de los delegados sectoriales de prevención en la PYMEs siguiendo el Acuerdo de Visesa y el Departamento de Vivienda con los sindicatos. Crear una Inspección preventiva vasca para las Cooperativas y las Administraciones Públicas.

Plan especial de seguimiento de las enfermedades profesionales. Homogeneizar un sistema eficaz y rápido de información sobre la situación de la siniestralidad laboral y la evolución de las enfermedades profesionales.

Impulso del dialogo y la concertación social entre Administración, sindicatos y patronales. El diálogo social y la negociación colectiva son herramientas fundamentales para promover el empleo, la calidad del mismo, la salud laboral, la mejora de la protección social, el reparto del trabajo, la mejora salarial y de las condiciones de vida, en general, y el impulso de la economía.

4. Impulso del diálogo social.

Impulsar el diálogo social y favorecer la negociación colectiva deben ser tareas fundamentales para el Gobierno Vasco. Euskadi se enfrenta en estos momentos a una crisis de alcance desconocido, además de los retos tradicionales relacionados con la ampliación europea y el incremento de la competencia de los países emergentes. Los Departamentos de Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno Vasco o no han querido o no han sido capaces de impulsar el diálogo social con los sindicatos y empresarios. Se ha sustituido por el acuerdo interinstitucional Gobierno Vasco, Diputaciones y Eudel, caso del plan de impulso económico, o se ha dialogado exclusivamente con los empresarios. El necesario acuerdo entre las administraciones no puede ser una coartada para rehuir el impulso del verdadero diálogo social.

Ezker Batua Berdeak considera que, en línea con la práctica europea, el Gobierno debe asumir e implementar los acuerdos con los agentes sociales dispuestos a ello, tanto de carácter tripartito, con patronal y sindicatos sin exclusiones y sin vetos, como el bipartito: empresarios trabajadores…

Reformar las instituciones sociolaborales reforzando su papel para que puedan ser lugares de acuerdo, sin vetos, (.) un ámbito de participación de los agentes sociales en todas las políticas sociales, económicas y fiscales. La concepción de la democracia de Ezker Batua Berdeak implica la búsqueda de la máxima participación de la sociedad y, en concreto, de los trabajadores y trabajadoras. Uno de los ámbitos de esa participación son las instituciones sociolaborales, (.), que, a lo largo de los últimos años, han sido un lugar de confrontación más que un ámbito de encuentro hasta el punto de abandonar algunas organizaciones sindicales su participación en alguno de ellos.

La propia administración de Euskadi ha contribuido a ese desencuentro, avalando o permitiendo actitudes excluyentes, ignorando las sugerencias de esos organismos y, a menudo, haciendo caso omiso de su deber de consulta por parte de algunas consejerías del propio gobierno.

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El Consejo Económico y Social, Consejo de Relaciones Laborales, Consejo General de Osalan, Hobetuz,… han de configurarse como entes que contribuyan a la mejora de las relaciones laborales, la negociación colectiva, el asesoramiento al Gobierno sobre las políticas socio-laborales, la promoción de la salud laboral en el trabajo, así como el impulso a la formación continua de los trabajadores.

Es necesario lograr que estas instituciones sean órganos de encuentro y vía de participación de los intereses económicos y sociales, propiciando contenidos de síntesis que logren el consenso suficiente.

Ezker Batua-Berdeak considera necesaria una reforma legal de las Instituciones sociolaborales, que implique la modificación del sistema de toma de decisiones, que evite el ejercicio de vetos y que sea la mayoría absoluta de sus componentes quien pueda adoptar acuerdos.

(.) Ezker Batua Berdeak considera que la democracia no puede quedarse en el ámbito político, sino que tiene que llegar al ámbito económico. Dentro de ese objetivo, apoyamos el derecho de los trabajadores a la participación en la empresa, que no sólo alcance los actuales derechos reconocidos por la legislación laboral, a menudo incumplidos, sino también la participación en la gestión y administración de las empresas.

Ezker Batua Berdeak impulsará la regulación necesaria para que los trabajadores, a través de sus sindicatos representativos, participen nombrando representantes en el Consejo de Administración de todas las empresas con más de 250 trabajadores, con los mismos derechos que el resto de consejeros o bien constituyendo una Comisión de Seguimiento, si no tienen consejo de administración.

Se garantizará que en todos los consejos de administración de las empresas de titularidad del Gobierno Vasco estén representados los sindicatos presentes, como medida ejemplarizante hacia el sector privado.

Se impulsará la normativa necesaria para que los trabajadores que participen en estos órganos tengan las mismas garantías frente a las empresas que los delegados de personal o de comité.

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PROTEGER LA INDUSTRIA E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN

Una política de empleo tiene bases débiles si no tiene un sistema productivo dinámico que la sustente. Euskadi es una sociedad industrial avanzada, pero está sometida a fuertes riesgos si no busca nuevas formas de desarrollo. En este sentido, es preciso consolidar lo que hacemos bien, como es la industria, y abrirse hacia nuevos sectores, incrementando nuestro nivel tecnológico, que apenas está desarrollado en los niveles de alto nivel tecnológico. La sociedad del conocimiento hay que ponerla en práctica, más allá de los eslóganes propagandísticos que a veces nos invaden.

Es preciso, en momentos de crisis y falta de financiación, garantizar que ésta llegue a las empresas, para lo cual es necesario impulsar la creación de un fondo específico entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones y las Cajas de Ahorro para que esa financiación les llegue. Lógicamente, exigiendo como condición para cualquier ayuda que no se destruya empleo.

La gestión de la política industrial ha brillado por ejecutarse de espaldas a los sindicatos y con una interlocución no transparente con las patronales. Una apuesta como la que Ezker Batua-Berdeak quiere hacer pasa por crear una mesa u observatorio industrial con la participación de la Administración, las organizaciones sindicales y las patronales, que oriente y haga el seguimiento de la política industrial y la financiación a conceder por el fondo.

En estos momentos, donde el capital privado se retrae, es preciso redoblar esfuerzos en lo que nunca se debía haber abandonado y crear un fuerte sector público industrial con voluntad tractora, especialmente en aquellos campos, donde no existe sector privado o es insuficiente (energía, biotecnología, TICs…) y en aquellos sectores de futuro. Esta actuación es fundamental si de verdad se quiere impulsar un nuevo modelo productivo.

Dentro de los ámbitos prioritarios de intervención, está potenciar un sector medioambiental desarrollando las energías renovables y la gestión de residuos; un sector capaz de exportar una parte de su producción (bienes de equipo en energías renovables, tecnologías limpias, descontaminación de suelos, sistemas de aislamiento y de ahorro energético, etcétera).

Dado el pequeño tamaño de la industria vasca, es preciso impulsar con más fuerza las alianzas y las fusiones, además de apoyar a las industrias vascas y la cooperación entre ellas para generar sinergias.

Dentro de ese impulso a las empresas vascas, un destino preferente de la acción del Gobierno debe ser la economía social y solidaria: Cooperativas, SALES y empresas de inserción, Dándoles preferencia, en el sector privado, frente a las sociedades de capital, en la convicción de que mantienen mejor el trabajo y democratizan las relaciones económicas. Asimismo, es necesario incentivar y subvencionar la constitución y consolidación de iniciativas empresariales promovidas por mujeres, especialmente cuando se trate de empresas de economía social debe ser una acción específica dentro de este apartado de la política industrial.

La industria vasca está bastante internacionalizada, pero esa línea debe hacer un mayor esfuerzo hacia los países emergentes. Para ello, es necesario un mayor desarrollo de un sector de servicios de exportación, aprovechando la alta formación de la juventud vasca en la industria del conocimiento: software, sector audiovisual, cultural,…

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REVISIÓN Y NUEVO IMPULSO DEL MODELO VASCO DE I+D

El modelo de I+D+i que se ha venido desarrollando estos años está, en gran medida, agotado. El Libro Blanco del Sistema Vasco de Innovación Horizonte 2010 incluye un diagnóstico y un conjunto de directrices marcados por una visión triunfalista de la política seguida en los últimos años y una visión tecnocrática de los objetivos y contenidos de la política de innovación, obviando que las condiciones sociales y de entorno son clave en todo proceso innovador dinámico y sostenible. Las empresas son presentadas como el centro del sistema, olvidando que los trabajadores son el núcleo central de la actividad productiva, y es su concurso el principal activo de la innovación empresarial.

La “segunda transformación económica” vasca promovida por el PNV está resultando un fracaso por la incapacidad de generar nuevas actividades productivas y la madurez de los sectores centrales de la actividad. Las orientaciones estratégicas en materia de ciencia, tecnología e innovación se han desarrollado, en gran medida, dentro de las previsiones del Programa Marco de la Unión Europea y del Programa de Competitividad e Innovación comunitario (CIP), asumiendo así un marco de dependencia en materia de desarrollo tecnológico, por cuanto las prioridades propias quedan establecidas en función de las definidas para el conjunto de la Unión Europa.

Las instituciones vascas, en particular las Diputaciones, se han negado a promover un nuevo ciclo económico basado en el lanzamiento a gran escala de los servicios sociales. La sociedad del conocimiento se ha visto limitada por la escasa financiación para la mejora de la calidad de la enseñanza y de la investigación. La administración digital, salvo en el caso de los trámites fiscales, tiene un desarrollo inferior al de otras comunidades autónomas del entorno, y el comercio electrónico está en niveles muy inferiores al de los países de Europa occidental.

Se invierte en investigación, desarrollo e innovación, un porcentaje del PIB algo superior al estatal (1,65% frente al 1,2%), pero muy inferior a otros países europeos, de parámetros equivalentes a Euskadi, y, desde luego, muy alejado del objetivo planteado por la Unión europea en la estrategia de Lisboa (3%). La investigación pública es la mitad de la media europea.

Todo el esfuerzo se ha puesto en financiar a las empresas privadas, incluso a costa de los recursos públicos. De hecho, la participación de las universidades en la investigación vasca ha sido reducido desde más de un 25% a finales de los 90 hasta un 15% actualmente.

Las empresas no están respondiendo adecuadamente al esfuerzo realizado por la sociedad y el Gobierno tampoco se ha encargado de evaluar correctamente el destino del gasto financiado con los recursos de la ciudadanía vasca. Como consecuencia, la economía vasca sigue especializada en productos de tecnología media y media-baja, con una presencia muy reducida de la producción de alta tecnología, tanto en términos absolutos, como relativos a las economías de nuestro entorno.

En los años más recientes, el agotamiento de la política seguida se ha querido disfrazar con la creación de organismos que están sirviendo para financiar con recursos públicos cementerios de elefantes (Innobasque), para sustraer a la universidad pública el control de la contratación de investigadores

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de alto rendimiento (Ikerbasque) o en un intento con escasas garantías de éxito de impulsar nuevos sectores productivos (Biogune).

La incapacidad de los centros tecnológicos vascos para producir adelantos científicos y tecnológicos relevantes se intenta suplir con procesos larvados de fusiones y lavado de imagen (IK4, Tecnalia) que cumplen una función de consultoras semipúblicas, pero que no dinamizan el tejido productivo ni lideran una actuación proactiva orientada al cambio productivo y tecnológico.

Una situación que refleja el agotamiento de un modelo clientelista y basado en la subordinación de los público a la iniciativa privada, que requiere una profunda transformación para hacer viable la inserción de Euskadi en la sociedad del conocimiento.

1. Definir la política de investigación con la participación social.

Es especialmente criticable la política desarrollada en este área por la renuncia al debate social y la participación sobre las orientaciones estratégicas en general y sobre la investigación básica, que se orienta a responder a necesidades empresariales explícitas o latentes, pero que no establece mecanismos de participación en la definición de las prioridades sociales. El proceso de elaboración de la política científica y tecnológica se lleva a cabo de forma tecnocrática y con una fuerte dosis de propaganda e imagen. La definición de programas y acciones la lleva a cabo el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco, que define los capítulos que hacen referencia a la Estrategia y a la Estructura Básica de los Programas y Acciones, sin ninguna participación social, más allá de la consulta a los expertos que unilateralmente consideren. El Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación es un organismo inoperante, que solo cumple una función de adorno en el proceso de adopción de la política científica vasca.

Las denominadas "acciones integrales" del Plan de Tecnología, Ciencia e Investigación, compuestas por actuaciones horizontales de carácter estratégico, se han caracterizado por su opacidad política en materia de infraestructuras, formación de investigadores y tecnólogos, creación de empresas de base tecnológica, innovación en el contexto de las PYMES y por su escasa relevancia en lo referido a cooperación internacional y a difusión en el tejido social de la necesidad de la inversión masiva en la ciencia, la tecnología y la innovación.

La gestión de la política científica y tecnológica se ha compartimentado entre la Consejería de Industria y la red de Centros Tecnológicos, quedando el Departamento de Educación en un papel subordinado, responsabilizándose de la financiación del área de investigación básica no orientada, participando en el programa de "Cultura y contenidos en una sociedad Multilingüe", en el programa de "Biotecnología y tecnologías farmacéuticas", en la acción "Recursos vivos" y en las acciones integrales de infraestructuras, formación de investigadores y tecnólogos, cooperación internacional y difusión de la ciencia, tecnología e innovación.

2. Garantizar el liderazgo público de la investigación.

La Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, lejos de tener el liderazgo de la investigación vasca, se ha convertido en la cantera de formación de investigadores que luego lideran la red de centros tecnológicos e

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incluso otras universidades, a través de los cuales vehicula su política la Consejería de Industria. Organismos como Ikerbaske evidencian la voluntad de que sea el sector privado empresarial quien dirija la política de investigación e innovación.

Es preciso cambiar la situación donde se crean instituciones privadas que determinan la actuación de las públicas que se convierten en subsidiarias de aquellas.

Ezker Batua Berdeak se plantea lograr en materia de Investigación:

- Incrementar la inversión en investigación, en general, y la dirigida a la fabricación de vehículos de eficiencia energética y de bajas emisiones. Destinar el 3% del PIB del presupuesto a lo largo de la legislatura, garantizando el liderazgo público de la investigación, excluyendo la de orientación militar. Fomentar la investigación básica y aplicada en áreas de elevado interés social, como son: desarrollo de tecnologías energéticas alternativas; tratamiento de residuos urbanos e industriales; software; sistemas de evaluación de políticas públicas; integración social; reconversión de tecnologías industriales; seguridad e higiene en el trabajo; calidad de vida urbana; salud de las personas. Excluir la de orientación militar.

- La UPV-EHU debe ser el referente en investigación. Es necesario establecer los mecanismos legales y organizativos, acordados con la universidad, para el desarrollo de proyectos comunes universidad empresa, incluida la posibilidad de creación de empresas tuteladas por la universidad para la actividad y la financiación conjunta con las empresas de programas de I+D+i. Por lo que apostamos por duplicar la financiación publica para este concepto

- Sacar la política tecnológica del ambiente tecnocrático y clientelar en la que se ha envuelto y convertirla en problema político abierto al debate social más amplio, dotando de la participación y las competencias adecuadas al Consejo Vasco de Ciencia Tecnología e Innovación para que tenga un papel relevante en la programación, desarrollo y evaluación del Plan de Tecnología, Ciencia e Investigación de Euskadi.

- Fomentar la transparencia, evaluación y seguimiento del gasto público, canalizado a través de las empresas, incluyendo las buenas prácticas laborales en los requisitos de las compañías para participar en los fondos de apoyo a la innovación.

- Fomentar la investigación básica y aplicada en áreas de elevado interés social, abandonadas total o parcialmente en las prioridades del actual Gobierno vasco como son: desarrollo de tecnologías energéticas alternativas; tratamiento de residuos urbanos e industriales; software; sistemas de evaluación de políticas públicas; integración social; reconversión de tecnologías industriales; seguridad e higiene en el trabajo; calidad de vida urbana; salud de las personas

- Incrementar los gastos en I+D en las empresas públicas vascas, articulando las medidas necesarias para que las empresas privadas destinen a esta materia un mínimo de un 3 por ciento de sus beneficios antes de impuestos. Se impulsará la participación de los agentes sociales en el diseño de la política tecnológica de las empresas.

- Crear una Agencia Vasca de Investigación e Innovación de carácter público dirigida por un Consejo vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación reformado,

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del que formen parte las universidades y los agentes sociales y económicos de Euskadi, puede ser el instrumento adecuado para implementar la política de I+D y su evaluación .

- Establecer sistemas de evaluación continua de las políticas de I+D, estimulando la participación activa de los agentes sociales, de los investigadores y de la sociedad en general.

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APUESTA POR LA ECONOMIA SOCIAL: COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

1. Empresas Sociales: Democracia y Poder de decisión

Nuestro modelo se basa en el desarrollo, el control social y el impulso de la empresa y la economía locales-regionales, frente a la concentración y deslocalización de capitales. Apostamos un el reparto de rentas y el impulso del modelo de empresa y consumo basados en el reparto equitativo del trabajo y el poder de decisión en las empresas. En ese sentido, las empresas vascas de Economía Social (Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales) constituyen un agente y un referente reales en materia de participación de las personas trabajadoras en las decisiones estratégicas (reinversión de los beneficios, solidaridad del abanico retributivo, mejora de las condiciones laborales, agrupación y federación de empresas para compartir trabajo y resultados, creación y mantenimiento del empleo en comarcas en declive, etcétera). Sin embargo, por la presión del entorno capitalista, están sufriendo una paulatina concentración de decisiones en órganos de segundo y tercer nivel, la contratación abusiva y extraestatutaria de eventuales para empleos estables con un empeoramiento de las condiciones laborales, el aumento de las diferencias retributivas entre dirección y mano de obra directa, y la ralentización en la promoción de la mujer.

Ezker Batua-Berdeak entiende que el crecimiento de las empresas de Economía Social ha de llevarse a cabo mejorando sus valores y pautas de participación sociales y no a costa de sacrificar los mismos. Por ello, proponemos la necesidad de dotar a la Economía Social de un carácter de interés general a través de las siguientes medidas:

- Incrementar el impulso institucional a la creación de nuevas empresas como fórmula eficaz de autoempleo y de desarrollo comarcal (asistencia técnico-jurídica, formación, financiación y fiscalidad, dotación de instalaciones, etcétera).

- Impulsar la colaboración de las cooperativas de trabajo asociado y las SALES vascas

- Impulsar las modificaciones necesarias para la convergencia del sistema de jubilación de autónomos con el Régimen General de la Seguridad Social.

- Fomentar y proteger la Economía Social en el marco de la Unión Europea a través de una Ley específica.

- Formar a las plantillas laborales en tecnologías y productos limpios.

- Apoyar a las cooperativas de viviendas de protección oficial, garantizando que respondan a verdaderas iniciativas sociales.

2. Mayor participación, más solidaridad Con el fin de impulsar la participación, la calidad en el empleo y la solidaridad en las cooperativas, EZKER BATUA-BERDEAK se compromete a impulsar, mediante la acción de la Administración y la modificación de la Ley vasca de Cooperativas, las siguientes medidas:

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- Garantizar una retribución digna a personas socias y trabajadoras de menor índice, incluso en momentos de crisis, a través de la solidaridad retributiva interna, la agrupación de empresas y la participación de las cooperativas en los fondos públicos de desempleo. - Fijar un límite al reparto de beneficios capitalizados tras la jubilación. - Garantizar la intervención de las personas socias y trabajadoras en la toma de decisiones. - Defender el criterio de protección y desarrollo de las cooperativas y SALES

como empresas de interés social. Oposición a toda modificación en contra de los principios cooperativos proclamados por la Alianza Cooperativa Internacional, en particular el principio de “una persona socia, un voto”.

-Recuperar las facultades de propuesta, cambio estatutario, control y revocación del Ejecutivo del Grupo por las Asambleas Generales de base, en Referéndum Grupal. - Profundizar las facultades negociadoras del Consejo Social de las Cooperativas. - Potenciar la igualdad y la promoción de la mujer en las empresas de Economía Social. - Crear un Foro por la Democracia Económica, que premie anualmente los exponentes más avanzados en materia de participación social en la gestión, creación de empleo estable, solidaridad intra e interempresas, promoción de la mujer y cooperación con los países en desarrollo. - Fomentar la intercooperación dentro de la Economía Social, a nivel de Federación de Euskadi, estatal e internacional. - Salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras asalariadas y no socias en términos de empleo, formación y representación contractual y derechos sociales o cooperativos. Incorporación de eventuales que, sobrepasando el 20 por ciento del número total de socios, haya acumulado más de 12 meses de trabajo. - Posibilitar la elección de representantes sindicales a las personas trabajadoras y no socias con capacidad de negociación y representación en el Consejo Superior de Cooperativas. - Aplicar como mínimo en las Cooperativas y SALES las mismas condiciones de prestación de trabajo que las establecidas por la legislación laboral para el conjunto de personas asalariadas. - Incentivar la mejora del empleo, incorporando el personal eventual en SALES y Cooperativas vascas como socios de pleno derecho. - Fomentar la organización y formación de jóvenes en desempleo en proyectos de Economía Social, dada su demostrada rentabilidad en materia de empleo.

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- Establecer mecanismos de control a la contratación de personas “falsas autónomas” y la proliferación extraestatutaria de eventuales en las Cooperativas y SALES. - Mantener la incentivación pública para sustituir personal mayor de 60 años por jóvenes mediante contratos de relevo. - Estimular la reducción de jornada y la sustitución de las horas extraordinarias por empleo.

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El POTENCIAL TRANSFORMADOR DE LA ECONOMIA SOLIDARIA Y EL TERCER SECTOR

1. La Economía Solidaria como un “bien público”. Nuestro sistema económico, no sólo hace posible, sino que muchas veces

favorece crisis como la que estamos sufriendo. El capitalismo globalizado se ha convertido en una construcción cultural en la que consumir, competir y ser el más rentable para seguir creciendo son los valores que guían las decisiones de todos los agentes económicos.

Ese marco de valores modela los comportamientos no sólo de las

empresas, sino de todas las personas, reduciendo su ciudadanía a su condición de consumidoras.

Frente a este marco de valores, no se puede plantear un cambio radical

actuando sólo a nivel país, pero se debe rescatar un pensamiento de izquierdas alternativo al capitalismo neoliberal. Ese pensamiento debe empezar por reconocer que las pautas económicas de cada persona y organización son un “lugar político”, un momento de participación de la ciudadanía en la configuración de nuestra sociedad. La canalización de esa participación exige que se creen y se consoliden alternativas organizadas que realizan actividades económicas de todo tipo, de acuerdo con un marco de valores radicalmente distinto.

Esto implica, ya a nivel país, que sea necesario reconocer ese universo de

propuestas alternativas como un espacio propio generador de bienestar. La Economía Solidaria es un “bien público” (en la más sólida tradición republicana) que es necesario, no sólo proteger, sino promover.

2. Contexto y datos estadísticos de Euskadi, un espacio

económico propio.

La mayoría de los servicios y recursos destinados en nuestra Comunidad a la atención social de sectores tan significativos como las personas en riesgo de exclusión, los menores desprotegidos, las personas con discapacidad o las personas mayores con mayor o menor grado de dependencia, se encuentran gestionados por asociaciones o entidades de iniciativa social que reciben, para ello, ayudas económicas de diferentes administraciones (departamentos del Gobierno Vasco; departamentos de las diputaciones forales; ayuntamientos y mancomunidades...). Existe, pues, de hecho, una colaboración entre lo público y lo privado, pero frecuentemente sin la clarificación o regulación que serían deseables.

El tercer sector de intervención social es un sector en constante crecimiento y que ha alcanzado en estos años un desarrollo considerable. Así, según datos de 2002, movía ya en la CAPV un presupuesto anual de unos 520 millones de euros, lo que suponía aproximadamente un 1,4% del PIB generado en Euskadi. En términos de empleo equivalente a jornada completa, el volumen

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global de empleo retribuido se situaba en torno a 15.450 puestos de trabajo, lo que suponía el 1,9% del empleo total de la Comunidad.

Otros datos más recientes señalan que el sector no lucrativo de acción social de la CAPV estaría compuesto por unas 1.500 entidades, a las que pertenecerían un total de unas 180.000 personas. Más de 18.000 trabajarían de forma remunerada en el sector y cerca de 60.000 lo harían de forma voluntaria, sin recibir remuneración.

La actividad principal de estas entidades se centra en el campo de los servicios sociales (44%). Un 19% atiende a la tercera edad; un 34% a la infancia, adolescencia o juventud. La mayor parte de las situaciones atendidas están asociadas a alguna discapacidad (44%) o a exclusión social (37%)

Ocupa, pues, un espacio económico propio que articula relaciones basadas en la participación activa, la cooperación, la solidaridad, el respeto al medio ambiente y la orientación preferente a las personas excluidas o vulnerables.

Un espacio de alternativa frente al consumo insostenible y la primacía de la rentabilidad económica. Un espacio de innovación social que ofrece soluciones a muchos de los problemas que genera el sistema económico actual.

Necesita, por tanto, de un reconocimiento político que estimule la aparición y el desarrollo de disposiciones cívicas por parte de la ciudadanía

3. La Economía Solidaria y Tercer Sector como palanca de

transformación social y económica.

Las posibilidades de crear palancas de transformación social requieren un apoyo político decidido a la Economía Solidaria, entendida en sentido amplio como ese espacio en el que se desarrollan propuestas alternativas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Propuestas asentadas sobre valores nítidamente distintos de los que mueven el sistema económico actual. Propuestas que persiguen agregar ciudadanía que participe activamente. Propuestas que orientan su actividad a la protección de las personas y ecosistemas más vulnerables.

Sus dinamismos van íntimamente unidos a una estrategia de agregación

ciudadana para la transformación, como medio de ir articulando un espacio de alternativa que se construya de la mano de la reocupación del espacio público por parte de la ciudadanía. Economía Solidaria y participación ciudadana se vinculan de forma muy estrecha desde el convencimiento de que la necesaria superación del sistema actual pasa necesariamente por esa reconquista del espacio público.

Junto a la participación, La Economía Solidaria propone una redefinición de

las relaciones económicas en dos direcciones fundamentales: por un lado, el rescate de las relaciones locales, la apuesta por el desarrollo de redes de intercambio comunitario que eliminen o al menos disminuyan las complejas redes y estructuras económicas que operan actualmente y que son causa (o al menos excusa) para nuestra desmovilización ciudadana. Por otro, la mirada solidaria constante desde el Norte rico al Sur empobrecido, desde la convicción de que las desigualdades globales que se constatan en ese Sur son un clamor al que no se puede dar la espalda. Desde esta perspectiva, la Economía Solidaria se

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compromete en la articulación de Territorios Socialmente Responsables, donde el compromiso con el entorno se combina con la solidaridad con el Sur.

Junto a la participación y la articulación de territorios socialmente

responsables, hay un tercer eje que conforma el espacio que quiere ocupar la Economía Solidaria. Este tercer eje atiende al contexto concreto en el que se plantea la transformación, que no es otro que el marcado por las grandes realidades de pobreza y desigualdad. Por las personas y ecosistemas víctimas del sistema económico actual. Cuando la Economía Solidaria habla de transformación, lo hace desde la óptica de los más débiles, ofreciendo así una propuesta regenerativa que rescata la solidaridad y el compromiso con los excluidos como un valor irrenunciable en la actividad económica. Y todo desde unos principios, en los que muchos de ellos están presentes en actividad transformadora como son la igualdad, la cooperación, el empleo, el compromiso con el entorno y el medio ambiente, y todo ello sin carácter lucrativo.

De estos tres ejes (participación, territorios socialmente

responsables y solidaridad), surge la conceptualización de la Economía Solidaria. Por eso, si bien el establecimiento de un sistema económico distinto no es un objetivo que ésta persiga, ni que pueda asumirse desde la acción política local, autonómica o estatal, sí lo es la articulación de un nuevo espacio de alternativas en el que la ciudadanía pueda sacudirse la losa cultural capitalista. Un espacio en el que se van desarrollando esas palancas de transformación a las que antes hacíamos referencia. Un espacio cuya consolidación necesita del compromiso y la movilización ciudadana, pero que no puede hacerse sin un apoyo político decidido.

4. Propuestas.

• Ley de regulación y fomento de la Economía Solidaria y

el Tercer Sector. • Creación de la Dirección Economía y Tercer Sector, que

permita situar al Tercer Sector en el lugar que ocupa tanto en volumen económico como en aportación social de tantas y para tantas miles de personas.

• Extensión del Modelo Concertación al resto de Polticas Sociales

Extender e implantar el modelo de Concertación, configurado en el Ley de Servicios Sociales entre el Tercer Sector y la Administración Pública, a todas las áreas de responsabilidad publica de las políticas sociales, particularmente en el ámbito del empleo y la sanidad, de modo que se supere definitivamente el modelo subvencional.

• Equiparación de las condiciones laborales del Tercer Sector con las del Sector Público.

Equiparación de las condiciones salariales del Tercer Sector, especialmente de intervención social, con las del sector público, de modo que, para el final de la próxima legislatura, se disminuya el actual 40-50% a un diferencial máximo del 20%, con las condiciones del sector publico.

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• Desarrollar instrumentos que permitan reconocer no sólo el impacto social, sino también el económico de las actividades desarrolladas desde el espacio del Tercer Sector y la Economía Solidaria.

• Apoyar la estabilidad laboral del sector: implicación en la regulación laboral y establecimiento de relaciones estables con entidades que presten servicios (concertación)

• Desarrollar del Observatorio sobre la Responsabilidad de las Administraciones Públicas como un espacio de participación en el que se discute y desarrolla el papel de la Administración respecto al sector.

• Desarrollar y fomentar sectorialmente la economía solidaria y al tercer sector:

o Educación:

contenidos en currículo preuniversitario sobre cooperación, emprendizaje social, consumo responsable.,..

programas universitarios (master, postgrados, cátedras, escuelas de verano...) sobre economía solidaria, finanzas éticas...

o Economía: Participación en el desarrollo del concepto y articulación de la Responsabilidad Social de la Empresa, velando por que se incluya en su alcance las relaciones de las empresas con el Tercer Sector. Apoyo específico a programas de alianzas entre empresas y entidades del Tercer Sector (alianzas para la inserción laboral, mecenazgo, apoyo tecnológico, cesión de canales de comercialización,...)

o Innovación: Participación en las estrategias de promoción de la Innovación, velando porque se incluyan la Innovación Social orientada a dar respuesta a los problemas específicos de los excluidos y de la sostenibilidad.

o Vivienda: modelos alternativos de acceso al uso de vivienda

o Hacienda: Criterios fiscales favorecedores de este sector, tesorería en banca ética,...

o Agricultura: producción ecológica, desarrollo de circuitos locales de producción-consumo.

o Desarrollos legislativos que tengan en cuenta el valor de este sector (cláusulas sociales en contratación, labelización, reconocimiento de formas jurídicas específicas...).

• Desarrollo de criterios de compra pública ética (comercio justo, empresas de inserción, agricultura ecológica,...)

• Sensibilizar e informar a la ciudadanía de este espacio productivo. (campañas hechas por la propia administración, difusión con apoyo público, espacios públicos preferentes para la difusión,...).

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• Incluir a las organizaciones del Tercer Sector y de la Economía solidaria en todos aquellos espacios de decisión que les influyan del Gobierno Vasco en la que estén representados diversos colectivos o estamentos.

• El Gobierno Vasco se comprometerá a destinar un porcentaje significativo de su presupuesto a los conocidos como productos financieros éticos.

• Desarrollo experiencias de que impulsen un comercio justo

entre productores del Sur y distribuidores del Norte en mejores condiciones que las multinacionales.

- El apoyo y la financiación de la cooperación que permita compartir formas de funcionamiento, experiencias y conocimientos.

• Desarrollar todo tipo de acciones (subvencionales, formativas…) que permitan el desarrollo de sistemas de calidad entre las organizaciones del Tercer Sector y la Economía Solidaria.

• Fomentar el papel de las Coordinadoras y de los proyectos presentados en Consorcio, en la opinión de que, desde el trabajo en red, la fuerza del Tercer Sector se multiplica.

• Potenciar una contratación pública ética y sostenible, donde las cláusulas sociales jueguen un papel fundamental.

• Mejorar y homogeneizar la aplicación sobre el IVA y resto de impuestos en su repercusión en las organizaciones del Tercer Sector y la Economía Social.

• Aumentar los incentivos fiscales en las actividades de apoyo al Tercer Sector y la Economía Solidaria, especialmente en las donaciones.

• Revisar toda la política subvencional del Gobierno Vasco sobre el Tercer Sector, y comprometerse a adoptar medidas que permitan mejorar las órdenes de subvenciones en cuanto a su complejidad y respecto a la tardanza en la notificación de su resolución.

• Desarrollar políticas encaminadas a la participación prioritaria

del las organizaciones del Tercer Sector y la Economía Solidaria en todo aquello que se ha llamando como Innovación Social.

• Apoyar una de las claves del Tercer Sector como es la

profesionalización del mismo, sin olvidarnos de las políticas de apoyo al voluntariado, pero desarrollando políticas que permitan contar dentro del Tercer Sector con personal de la más alta cualificación.

• Promover el intercambio de conocimiento y el acceso a

buenas prácticas (nacionales e internacionales) de las organizaciones del Tercer Sector y la Economía Solidaria.

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• Trabajar, junto con las entidades del Tercer Sector, en la promoción de nuevos modelos de participación económica emergente...

• Favorecer el rol protagonista del Tercer Sector en un contexto postcrisis como elemento cohesionador, diverso y con capacidad de anticipación a las nuevas realidades.

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EUSKADI ANTE LA EXTENSIÓN DE NUEVOS DERECHOS SOCIALES DE CIUDADANIA

DERECHO A LA VIVIENDA PARA TODAS LAS PERSONAS Mucho ha cambiado el mercado de la vivienda y sobre todo la oferta pública de vivienda en los últimos ocho años en Euskadi. Mucho se ha hecho por modificar el panorama normativo y legal del urbanismo y la vivienda vasco. Mucho se ha hecho por la consolidación de un parque público de vivienda protegida de carácter indefinido, claramente volcado hacia el alquiler y la movilización de vivienda vacía. Mucho se ha hecho por la rehabilitación y la regeneración urbana. Sin embargo, es todavía mucho lo que queda por hacer para que la vivienda en Euskadi pase de ser una mercancía a convertirse en un derecho social de la ciudadanía. Para caminar hacia una solución al grave problema de acceso a la vivienda que viven amplias capas de la sociedad vasca, así como para impulsar un urbanismo público, inclusivo socialmente, medioambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado EB Berdeak parte de dos ideas principios rectores: NI UNA PERSONA SIN VIVIENDA y NI UN METRO MAS DE SUELO DEL NECESARIO y propone aplicar las siguientes medidas: A).- Aprobación de la LEY DE GARANTÍA DEL DERECHO CIUDADANO A UNA VIVIENDA DIGNA.

Esta ley pretende ser expresión del Estado Social y por eso cataloga el acceso a la vivienda como un verdadero derecho social con garantías, como un derecho exigible por todos los ciudadanos y ciudadanas vascas ante la Administración. Regula por Ley el reconocimiento y desarrollo del derecho subjetivo y universal a una vivienda digna. Establece un calendario de aplicación de ese derecho, priorizando las situaciones más graves. En función de ese calendario, garantiza por ley el derecho de las personas con necesidad de vivienda a una vivienda en alquiler a un precio que no supere el 30% de sus ingresos o el 20% en las rentas más modestas. En caso de no satisfacerse este derecho por parte de Ayuntamientos y Gobierno Vasco la ciudadanía tendrá, a partir del año 2012, acceso directo a la tutela judicial efectiva (los demandantes de vivienda social en alquiler y Alojamientos Dotacionales en Alquiler dispondrán de esa tutela judicial efectiva en el año 2012; posteriormente se irán incorporando el resto de demandantes de vivienda protegida, de forma que en año 2014 todos dispondrán de la citada tutela judicial efectiva de su derecho a una vivienda pública en alquiler).

Además esta norma asume otros grandes objetivos:

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En primer lugar, pretende crear un Servicio Público de Vivienda. Que entre otras cosas continué impulsando la creación y gestión de un parque público permanente de vivienda en alquiler que permita satisfacer adecuadamente las necesidades de alojamiento en Euskadi. Se regula la obligación de las Administraciones Públicas de producción de un parque de vivienda protegida en alquiler suficiente para dar satisfacción al derecho ciudadano a una vivienda digna en alquiler.

En segundo lugar, se apuesta decididamente por un entorno físico y social integrado y sostenible, donde se impida, la creación de guetos, es decir, la segregación urbana en función de rentas económicas y donde además, se rentabilice el parque residencial existente a través de la lucha contra la vivienda vacía y la apuesta decidida por la rehabilitación y renovación urbana.

No debemos perder en ningún momento de vista que esta es una norma que se basa en la decidida intervención pública sobre el mercado. La vivienda no puede dejarse solo en manos del mercado, pues esto entraña el riesgo de desprotección de una parte importante de la población, sobretodo de los más débiles económicamente, así como del territorio es su conjunto, todo ello sin perder de vista los efectos perniciosos sobre la economía y el empleo de un modelo de vivienda excesivamente mercantilizado.

Desde esta perspectiva nuestros esfuerzos se dirigirán fundamentalmente a: o Promover y construir vivienda en alquiler para garantizar el

derecho a una vivienda digna.

o Diseñar la política de vivienda desde la perspectiva del equilibrio territorial.

o Apostar de forma decidida por las políticas de movilización de vivienda vacía, rehabilitación y renovación urbana.

Para cumplir con los fines de la Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna Ezker Batua Berdeak considera que se deben desplegar los siguientes grupos de políticas públicas:

B).- NI UNA PERSONA SIN VIVIENDA B.1).- ALQUILER, ALQUILER Y MAS ALQUILER

1. Ezker Batua Berdeak se compromete, en el caso de gestionar la política pública de suelo y vivienda del Gobierno Vasco, a dedicar el 100% de la producción de vivienda protegida del Gobierno al alquiler público. 2. De la producción de vivienda protegida que se de en Euskadi se debe destinar, al menos, el 50% al alquiler público, tanto a nivel de la

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CAPV, como en cada TTHH y en cada ayuntamiento. Estos alquileres públicos, como se ha comentado más arriba, no deberían suponer más del 30% de los ingresos de los inquilinos, o del 20% en le caso de las rentas más modestas. En cualquier caso, los alquileres protegidos se adaptarán a los ingresos de los inquilinos (a mayores ingresos mayor alquiler y viceversa).

3. Introducir legalmente la obligación de Ayuntamientos y Gobierno Vasco, de construir un parque público permanente de alquiler de 50.000 unidades en el plazo de 6 años (2016). Dicho parque público permanente de alquiler deberá estar repartido en los tres TTHH y municipios vascos de forma que pueda satisfacer la demanda de alquiler inscrita en Etxebide. En las 50.000 viviendas del parque público permanente en alquiler se incluirán la vivienda social, la vivienda de protección oficial, la vivienda tasada en alquiler, la vivienda vacía movilizada hacia el alquiler por programa públicos similares a Bizigune, los Alojamientos Dotacionales en Alquiler, así como otras viviendas de las que puedan disponer las Administraciones Públicas vascas y que se alquilen a precios sociales. 4. Al servicio del objetivo anterior, la futura Ley de Garantía del derecho ciudadano a una vivienda digna de Euskadi deberá crear una nueva figura legal: las reservas de suelo para vivienda protegida en alquiler. Se trata de dar un paso más en la legalidad urbanística, de forma que haya suelos que por ley no se tengan que dedicar solo a vivienda protegida (como ocurre en estos momentos), sino específicamente a vivienda protegida en alquiler. En principio, estimamos que estas reservas legales de suelo para vivienda protegida en alquiler podrían ascender a 15 puntos de la reserva legal de vivienda protegida en suelo urbano (15 puntos sobre el 40% de vivienda protegida en suelo urbano) y 40 puntos de la reserva legal de vivienda protegida en suelo urbanizable (40 puntos sobre el 75% de vivienda protegida en suelo urbanizable) Sin perjuicio, de que una vez implantada la figura, estas reservas pudieran ampliarse mediante modificación legal.

5. Consecuentemente con todo lo anterior, Ezker Batua Berdeak se compromete a hacer desaparecer los sorteos de vivienda protegida para los demandantes de vivienda protegida en alquiler en el plazo de tres años (2012) para la demanda de vivienda social en alquiler y en el plazo de cinco años (2014) para el resto de demandantes de vivienda protegida en alquiler inscritos en Etxebide. Euskadi debe estar en condiciones de no sortear un derecho ciudadano y social como es la vivienda. Este es un objetivo ambicioso, pero perfectamente alcanzable por la sociedad vasca, una sociedad prospera, dinámica, cohesionada y solidaria. Este objetivo, por otra parte, no tiene solo un valor social (evidente en si mismo), sino que puede situar a la sociedad vasca en mejores condiciones económicas y productivas, dada la intima ligazón existente entre políticas sociales urbanas y la capacidad del tejido económico de ser innovador y productivo (como prueban las sociedades centroeuropeas y escandinavas). 6. En consonancia con las propuestas anteriores y atendiendo a cuales son los lugares con mayor necesidad de vivienda en Euskadi, Ezker Batua Berdeak impulsará que en las ciudades y pueblos de las áreas

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metropolitanas de Bilbao y Donosti el 100% de la oferta de vivienda protegida se dedique al alquiler. En estas dos coronas urbanas está concentrada la mayor demanda de vivienda protegida de todo Euskadi y, hasta la fecha, las soluciones para estas personas han sido solo parciales. En estas áreas la sociedad vasca debe acelerar social y urbanísticamente. Ayuntamientos y Gobierno Vasco debemos dar una solución urgente en forma de alquiler a una demanda embolsada desde hace años y que no admite dilación en la respuesta pública. 7. Para fortalecer aún más la cultura del alquiler, Ezker Batua Berdeak se compromete en los próximos años a desarrollar en Euskadi un modelo vasco de cooperativas de vivienda protegida en alquiler. Se trata de la constitución de cooperativas destinadas a la promoción y posterior alquiler de vivienda protegida, de forma que los socios cooperativistas sean copropietarios de los inmuebles construidos (en su conjunto), tengan derecho a vivir en uno de ellos en alquiler y puedan solicitar la liquidación de su aportación económica inicial (con las correspondientes actualizaciones), pero sin llegar a ser propietario de ninguna de las concretas vivienda de la cooperativa. Esta fórmula, experimentada con éxito en Escandinavia, permite acceder al alquiler a varias promociones (situadas a su vez en varios municipios de Euskadi) con una modesta aportación inicial particular y las consiguientes ayudas públicas a este tipo de iniciativas (suelo, subvenciones, asistencia técnica, ayuda de gestión, etc.). A nuestro juicio, este modelo ayuda a insistir en la idea de acceso a una vivienda digna sin tener que ser propietario de la misma previo endeudamiento hipotecario y puede permitir a Euskadi tener una red cooperativa (con ayudas públicas) de vivienda social en alquiler que complemente la red puramente pública de vivienda protegida en alquiler.

B.2).- ASEGURAR LA PRODUCCION Y EL EQUILIBRIO TERRITORIAL DE LA VIVIENDA PROTEGIDA

8. Para lograr este fin, Ezker Batua Berdeak considera que, al menos se deben mantener las reservas mínimas legales de Vivienda Protegida en los actuales niveles de 75% en suelo urbanizable y el 40% en suelo urbano (consecuencia de la probación de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Euskadi, la ley autonómica con las reservas de suelo para vivienda protegida más altas de todo el Estado). Todo ello sin perjuicio de que desde Ezker Batua Berdeak se apoyarán los planeamientos urbanísticos que superen estos mínimos legales, así como los sectores urbanizables y urbanos con un 100% vivienda protegida.

9. En aplicación de las anteriores reservas legales de suelo para vivienda protegida, Ezker Batua Berdeak considera que Euskadi debe conseguir que la producción de Vivienda Protegida llegue hasta, por lo menos, a una cuota de mercado del 50% en los tres TTHH, una vez que ya se ha llegado en el 2008 al 50% global en la CAPV (en el año 2008 la cuota de mercado de la vivienda protegida fue del 48%; casi una de cada dos nuevas viviendas fue una vivienda protegida). De esta manera se podría llegar en ocho años (2018) a un parque de vivienda protegida de 100.000 unidades (en la actualidad estamos en el entorno de las 50.000). Aunque, insistimos en que el objetivo de primer nivel es llegar a las 50.000 viviendas públicas en alquiler social (en estos momentos estamos en 17.000). Ezker Batua Berdeak no considera que el objetivo sea llegar a

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las 100.000 viviendas protegidas a cualquier coste. Ese parque de 100.000 viviendas protegidas solo tendrá justificación para nosotros si dentro del mismo podemos encontrar 50.000 viviendas preparadas para el alquiler social.

10. Otra medida importante (aunque entendemos que ya muy asumida por la sociedad vasca) para garantizar una oferta suficiente de vivienda protegida en Euskadi es mantener la calificación de por vida de la vivienda protegida, de forma que nunca aflore al mercado privado, así como el control en la entrada, permanencia y salida de los usuarios del parque de vivienda protegida de forma que se evite el fraude. Estos objetivos se perseguirán con técnicas como los procedimientos de adjudicación con garantías suficientes de publicidad, libre concurrencia e igualdad de oportunidades, el registro de demandantes de vivienda protegida Etxebide y otros similares que pudieran existir de los municipios, la inspección del uso del parque, el ejercicio de la potestad sancionadora y expropiatoria en casos de mal uso, la venta forzosa (que pretendemos introducir en la Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna) y el ejercicio universal del tanteo y retracto y los visados en segundas y posteriores transmisiones (que hacen que toda la vivienda protegida se venda de facto al Gobierno Vasco y se readjudique a demandantes inscritos en Etxebide). En definitiva de lo que se trata es de que la vivienda protegida siempre esté fuera del mercado y sus usuarios sean los que la Administración designe y a los precios de compra o alquiler que la Administración fije. 11. Pero Ezker Batua Berdeak considera que no solo tiene que existir en Euskadi una oferta suficiente de vivienda protegida (principalmente en alquiler), sino que la misma tiene que estar adecuadamente distribuida territorialmente. Para la adecuada territorialización de la oferta de vivienda protegida la política de vivienda del Gobierno Vasco tiene que desempeñar un papel de reequilibrio territorial dada las muy diferentes posibilidades que tienen las diferentes comarcas y los diferentes agentes intervinientes en materia de vivienda protegida. Este reequilibrio territorial tiene diferentes frentes y que pasan por:

a. Acometer un programa de movilización de suelo utilizando la figura del agente urbanizador, que reivindicamos debe tener carácter público y actuar concertadamente con el respectivo Ayuntamiento. Se trata de que, ante la crisis inmobiliaria y financiera, se utilicen recursos públicos para movilizar la gestión y la urbanización de suelo de forma que la situación económica no estrangule la oferta de suelo urbanizado para seguir construyendo vivienda protegida. Ante el más que evidente "parón" urbanístico por falta de financiación y de iniciativa privada reclamamos el carácter de función pública del urbanismo para que desde la intervención pública se garantice que los suelos destinados a vivienda protegida de cualquier tipo no queden desactivados.

b. Entendemos que, una vez obtenido el suelo urbanizado para

vivienda protegida, la promoción de vivienda protegida en derecho de superficie es económicamente autosuficiente y, por lo tanto, no hay excusas para que los Ayuntamientos no se responsabilicen autónomamente de este proceso.

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c. Esto habilitaría al Gobierno Vasco para centrarse, en colaboración y

coordinación con los Ayuntamientos, en el objetivo de obtener un parque permanente de viviendas y de alojamientos en régimen de alquiler protegido bien distribuido territorialmente. Este parque permanente haría posible empezar a construir la base de un Servicio Público Vasco de Vivienda con capacidad para garantizara el derecho de acceso en alquiler a la población vasca en determinadas condiciones subjetivas y temporales. Sólo para el impulso de este objetivo también se hace preciso el incremento de la dotación presupuestaria actual del Departamento en un 50% de lo que actualmente dispone.

d. El reequilibrio territorial también pasa por impulsar la actuaciones

públicas - bien directas bien de carácter subvencional - discriminando positivamente algunos barrios y pueblos de Euskadi que, debido a las dinámicas histórica y territoriales, están especialmente expuestos a la vulnerabilidad social, económica y urbanística. Se ha estado trabajando por parte del Departamento de Vivienda con especial intensidad en determinados barrios (Bilbao La Vieja, El Carmen de Barakaldo) y en determinados municipios con carácter más integral (Sestao, Pasaia, etc.). Se trataría de acometer anualmente un programa de ayudas económicas para la subvención de hasta un 80% en los casos de mayor necesidad para el fomento de la obra pública municipal tanto en reurbanización de espacios públicos como rehabilitación de edificios destinados a servicios públicos.

B.3.).- EL SERVICIO PUBLICO DE VIVIENDA

Muchas de las medidas necesarias para disponer de un Servicio Público de Vivienda en Euskadi ya se han tomado: la calificación definitiva de toda la vivienda protegida desde el año 2002, la obligación de todos los promotores de vivienda protegida de adjudicarla a través de sorteo (y no sin procedimiento como se hacía antes), el registro de toda la demanda de vivienda protegida en Etxebide, el control del fraude a través de protocolos de actuación con notarios, registradores y otras Administraciones Públicas, la imposibilidad de vender una vivienda protegida en el mercado como consecuencia del ejercicio de tanteo y retracto, la inspección del parque de vivienda protegida, la sanción y expropiación de los fraudes más graves, etc. Pero es claro que aún se deben desarrollar otras medidas para fortalecer el Servicio Público de Vivienda en Euskadi. De entre las medidas a desarrollar obviamente disponer de un parque público permanente de alquiler suficiente es la clave a la que en este programa electoral dedicamos amplio espacio. Pero consideramos que otras medidas también deben ser tenidas aplicadas. A continuación apuntamos algunas: 12. En consonancia con la apuesta por el alquiler público, Ezker Batua Berdeak impulsará las reformas legales necesarias para que las Administraciones Públicas vascas no puedan ceder vivienda protegida nada más que en régimen de alquiler o derecho de

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superficie. De esta manera Gobierno Vasco y Ayuntamientos solo no podrán adjudicar vivienda protegida en propiedad plena. 13. Reclamamos la conveniencia de avanzar en la reflexión sobre establecer unos itinerarios en la vivienda protegida. Las personas son adjudicatarias de vivienda protegida en un momento concreto de su vida y sus circunstancias personales, laborales, familiares y vitales pueden cambiar de forma importante. Un parque de vivienda protegida calificada de por vida como el de Euskadi debe poder dar respuesta a las necesidades de movilidad de las personas que viven en ese parque y que ni quizás ni tienen ni quieren abandonarlo. 14. Entendemos que es necesario discriminar socialmente a determinados colectivos en la adjudicación de viviendas en alquiler (jóvenes, mayores, familias monoparentales, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad física o psíquica, víctimas del terrorismo, familias numerosas, personas que llevan más de cuatro años apuntadas en Etxebide, personas separadas y divorciadas, familias con vivienda inadecuada, etc), procurando una mixtificación adecuada, tanto de la localización de dichas viviendas protegidas como de sus ocupantes. Priorizar las adjudicaciones sobre los colectivos más necesitados y/o con necesidades específicas no debe conducir a la creación de guetos. Hay que mezclar población de diferentes niveles de renta, vivienda libre con vivienda protegida, vivienda en alquiler con vivienda en propiedad, vivienda con equipamientos públicos, comercio, actividad económica. Sólo así podremos atender a colectivos especialmente necesitados y, a la vez, hacer urbanismo inclusivo. 15. En función de nuestra apuesta por el Servicio Público de Vivienda (un servicio público que pretende resolver los problemas de vivienda de la ciudadanía, pero que no está al servicio del derecho a la propiedad), Ezker Batua Berdeak impulsará las reformas legales necesarias para conseguir que los inquilinos o compradores de vivienda protegida, una vez que vivan en ella, tengan que devolver la vivienda protegida si adquieren una vivienda libre. Desde nuestro punto de vista Servicio Público de Vivienda vasco debe procurar vivienda digna a precios razonables a quien la necesite, pero una persona que se compra una vivienda, por definición no necesita ayuda pública en materia de vivienda. Las viviendas devueltas voluntariamente (o expropiadas en caso de que la devolución no sea voluntaria) serán readjudicadas a los demandantes inscritos en Etxebide. 16. Ezker Batua Berdeak considera que es necesario poner en marcha un Plan de recursos residenciales para personas en riesgo de exclusión social en cooperación entre las Administraciones Públicas y el tercer sector vasco. Frente a otras sociedades de nuestro entorno este problema reviste en Euskadi menores proporciones. Pero ello no quiere decir que no merezca un tratamiento particularizado tendente en primer lugar a evitar el fenómeno de “los sin techo” y medio y largo plazo orientado hacia la inserción social. 17. Y finalmente Ezker Batua Berdeak considera necesario que se produzca un aumento sustancial de las prestaciones sociales vinculadas al alquiler de vivienda (sea cual sea su forma: IMI, AES, Complemento de

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Vivienda, etc), pero vinculándolas siempre a las políticas de alquiler de las Administraciones Públicas vascas. No puede ocurrir, como está sucediendo en estos momentos, que estas prestaciones sociales de vivienda estén totalmente desvinculadas de las políticas públicas de vivienda del Gobierno Vasco y los Ayuntamientos.

C).- NI UN METRO MAS DE SUELO DEL NECESARIO C.1).- LO CUALITATIVO

18. Desde Ezker Batua Berdeak consideramos que en políticas públicas de suelo y vivienda es más necesario que nunca un enfoque más cualitativo que cuantitativo. La vivienda más sostenible es la que no se construye, y sólo debemos utilizar el suelo, materias primas y energía estrictamente necesarios para cubrir la necesidad real de vivienda de la sociedad vasca. Consideramos más adecuado y ajustado a las necesidades medioambientales de la comunidad que la simple colonización de nuevos suelos, el aprovechamiento del parque existente mediante su puesta en servicio, a través de la intervención pública -programas de movilización y penalización de la vivienda vacía, fomento de la rehabilitación, regeneración urbana, reconversión de usos obsoletos, etc- . El modelo desarrollista de otras comunidades no es nuestro modelo, como se podrá ver en las siguientes propuestas. 19.- Sea como fuere, Ezker Batua Berdeak defiende que Euskadi no debe ir más allá de las 7 viviendas por cada 1000 habitantes, con la mayor cuota de vivienda protegida posible. Con esta producción se da satisfacción a las necesidades de vivienda de la ciudadanía. Por encima de la misma solo se alienta la especulación.

C.2).- MOVILIZACION DE LA VIVIENDA VACIA HACIA EL ALQUILER SOCIAL

20. Ezker Batua Berdeak considera que en Euskadi debemos continuar movilizando vivienda vacía hacia el alquiler protegido mediante programas públicos similares a Bizigune que controlen el precio final de los alquileres (el inquilino no paga más del 30% de sus ingresos de alquiler – de media unos 250 euros al mes – y al propietario no se le paga una renta de mercado sino una un 20% o 30% inferior – de media 580 euros al mes). No trazamos como objetivo el garantizar un parque permanente de viviendas al servicio de Bizigune de 7.500 viviendas. Este programa público que ha sido despreciado y denostado en no pocas ocasiones, dados su evidentes beneficios medioambientales (no se construye más vivienda), sociales (alquiler social para personas que lo necesitan) y económicos (ingresos mensuales para propietarios de viviendas “muertas de risa”) es hoy asumido por amplias capas de la sociedad vasca y sus instituciones. Ahora bien, queremos insistir en que la clave de este programa está en que se moviliza vivienda vacía (no vivienda previamente alquilada), que el alquiler es social (la diferencia entre lo que se le paga al propietario y lo que paga el inquilino debe sufragarse con fondos públicos) y que se busca una reducción de los precios del alquiler (al pagar al propietario una renta inferior a la de mercado este programa es deflacionista). Por lo tanto, Ezker Batua

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Berdeak defiende el modelo Bizigune y alerta ante la proliferación de malas copias (en tanto que no cumplen los mismos objetivos) sobre el original. 21. Somos conscientes de que el fomento de la movilización de la vivienda vacía hacia el alquiler pro si mismo, no va a acabar con la vivienda vacía. Por ello además de medidas de fomento público (como Bizigune) Ezker Batua Berdeak defiende las penalizaciones fiscales suficientemente disuasorias a la vivienda vacía a la que se le hayan ofrecido ayudas públicas para el alquiler y la rehabilitación (como hace Bizigune) y siga estando vacía. Lo ideal es que estas penalizaciones fiscales se impongan por las Diputaciones Forales, instituciones competentes entre nosotros en materia de tributos. Pero si persiste su inactividad Euskadi deberá explorar otras fórmulas de penalización fiscal de este fenómeno medioambiental, social y económicamente disfuncional. 21. Ezker Batua Berdeak considera que Euskadi debe seguir estando entre las tres Comunidades Autónomas con menor porcentaje de vivienda vacía y segundas residencias, como ocurre en estos momentos y para ello las políticas públicas deberán desplegar las medidas que se recogen en este programa.

C.3).- LA REHABILITACION Y LA REGENERACION URBANA

23. Otra de las obvias formas de satisfacer necesidades de vivienda sin construir nueva vivienda es el impulso de forma decida las políticas de rehabilitación y regeneración urbana pues permite reducir al máximo el consumo de suelo y maximizar el uso del tejido urbano ya existente. La solución a los problemas de la vivienda no se puede encontrar solo en la construcción de nueva vivienda y hay que evitar en la medida en que sea posible construir cuando estén disponibles viviendas o áreas urbanas para rehabilitar o regenerar.

a. Los programas públicos de rehabilitación se han consolidado como

unos de los de mayor éxito y, en una estrategia de sostenibilidad, está posibilitando el mantenimiento del parque actual de vivienda en buen estado. Además, se han la incorporación de muchos municipios en los programas públicos de promoción de la accesibilidad, permitiendo así el ejercicio de sus derechos a muchas personas. Pero aún queda mucho por hacer en esta materia. La experiencia en rehabilitación de cascos históricos ha sido muy importante y positiva. Ahora toca abrir las áreas de actuación a los barrios construidos entre los años 1940-1970. El periodo de intenso desarrollo urbano ha tocado a su fin y ahora hay que mirar a nuestras ciudades y pueblos

b. La rehabilitación hay que entenderla no como un gasto sino como una

inversión rentable, económica y socialmente. Es una oportunidad de hacer país, ya que posibilitará un desarrollo urbano sostenible, el acceso de muchas personas a una vivienda digna y la generación de empleo en un momento de crisis.

c. Hoy, además, la rehabilitación se debe hacer desde parámetros de

sostenibilidad y eficiencia energética, ya que es aquí, en el parque existente donde nos jugamos nuestro futuro y donde podemos avanzar

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en la lucha contra el cambio climático. Nos encontramos con un parque inmobiliario relativamente moderno construido en los años 1950-1960 que no responde a los criterios de confort y calidad hoy exigibles. Se construyeron masivamente, en periodos de tiempo cortos, con reducidos costes y niveles de exigencia de confort bastante bajos. Tienen características comunes: alta densidad de vivienda, baja calidad ambiental de sus espacios públicos, elevado consumos energéticos, pérdida selectiva de población y dificultades de accesibilidad. Es necesario recuperar estas zonas y ponerlas en valor a través de actuaciones integrales que recuperen la autoestima de estos barrios tradicionales frente a los nuevos desarrollos.

d. Las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas implicadas en

la rehabilitación y regeneración urbana, dadas sus características, deberán coordinar e integrar sus políticas sociales y de vivienda.

e. En materia de rehabilitación, regeneración urbana, alquiler y lucha

contra la exclusión social, las Administraciones Públicas, dado su potencial y su conocimiento de las realidades sobre el terreno, deben contar con las iniciativas del tercer sector, de la economía social no lucrativa.

f. Finalmente, en materia de rehabilitación y regeneración urbana, Ezker

Batua Berdeak defenderá el principio de que, allí donde haya inversión de dinero público, existan limitaciones temporales o definitivas a la transmisión de las viviendas resultantes de estos procesos. Cuando la inversión pública sea de gran calado, las viviendas resultantes deberán calificarse permanentemente como vivienda protegida.

C.4).- EL“PLAN BERRIGUNE” DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BARRIOS Y FOMENTO DEL RELEVO GENERACIONAL

24. Para ello se realizarán las siguientes actuaciones dentro del “Plan Berrigune” rehabilitación integral de barrios y fomento del relevo generacional en los mismos (hay que poner en valor social, urbanístico y económico los barrios construidos hace varias décadas, de forma que a sus habitantes les resulte atractivo vivir en ellos, que dichos barrios no envejezcan y que se de un razonable relevo generacional en los mismos). Para lo cual el Plan Berrigune se basará en las siguientes medidas:

a. Aprobación de importantes ayudas económica y de nuevos recursos

humanos (órganos gestores estables y pluridisplinares que gestionen todo el proceso).

b. Esas ayudas públicas deberán posibilitar la rehabilitación de

viviendas y espacios urbanos de forma que sus habitantes puedan costear las reformas y se animen a permanecer en sus barrios e incluso puedan atraer a nueva población.

c. Ahora bien, cuando las ayudas públicas sean lo suficientemente

importantes las personas que las hayan recibido deberán aceptar la calificación temporal o definitiva de su vivienda como vivienda

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protegida. No se podría justificar que el dinero público invertido en los nuevos barrios se convierta en vivienda protegida calificada de por vida, mientras que esfuerzos presupuestarios y operativos aún mayores (rehabilitar vivienda y espacio urbano es mucho más caro y difícil que construir vivienda nueva) en barrios ya consolidados puedan ser patrimonializados por los beneficiarios al no estar limitados por el régimen legal de la vivienda protegida.

d. Incrementar lo más posible el tiempo de residencia de las

personas mayores en su vivienda y barrio habitual. A tal efecto, se continuarán impulsando las ayudas a la rehabilitación y adaptación de las viviendas de dichas personas, así como las permutas de vivienda libre no adecuada por vivienda protegida adaptada a las necesidades de este colectivo.

e. Creación de un inventario general del parque inmobiliario existente

que permita una planificación a largo plazo, con presupuestos adecuados y fijando prioridades.

f. Creación de espacios de participación de los vecinos.

g. Desarrollo multifuncional en estos barrios, apoyando iniciativas que

creen empleo (comercio de proximidad…), a través de la instalación de usos no residenciales, de nuevos equipamientos, de modernas aplicaciones (redes Wifi gratuitas, energías renovables, transporte sostenible).

h. Renovación del espacio urbano para hacerlo accesible a todos y

todas.

C.5).- COMPARTIR VIVIENDA

25. Ezker Batua Berdeak considera que Euskadi debe explorar en la políticas públicas de vivienda fórmulas que permitan sacarle un máximo rendimiento al patrimonio inmobiliario ya existente, como pueden ser el derecho de habitación, compartir voluntariamente vivienda protegida, el alquiler de vivienda protegida mezclando personas jóvenes con mayores, las prestaciones a bancos de tiempo en las promociones de alquiler protegido o las cooperativas de vivienda protegida en alquiler, etc. Estas no son fórmulas para grandes mayorías sociales, pero deben jugar un cierto papel para colectivos que las acepten y en situaciones donde sean socialmente recomendables.

D).- ENFRENTANDO DESDE LO PUBLICO LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO POR LA VIVIENDA

Los sucesivos gobiernos españoles, el Congreso de los Diputados, el PP y el PSOE y las entidades financieras españolas han creado en los últimos años un extraordinario problema de sobre-endeudamiento hipotecario de las personas que han adquirido vivienda en el periodo 1997-2007. Aunque este es un problema que solo se puede solucionar en origen, Ezker Batua Berdeak considera que en Euskadi no podemos permanecer de brazos cruzados y por ello entendemos que debe impulsarse un Plan de

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medidas contra el sobre-endeudamiento de inquilinos y propietarios de vivienda libre y protegida (en ciertas condiciones, evitar los desahucios de inquilinos y las ejecuciones hipotecarias de los propietarios) que consista, al menos, en las siguientes medidas:

26. Recompra de vivienda libre, transformación en vivienda protegida y mantenimiento de los ex-propietarios como inquilinos con opción de compra. Esta medida plantea ofrecer a propietarios de una vivienda libre, que sea su residencia habitual, y que se encuentren con dificultades para hacer frente al pago de la misma como consecuencia del desempleo, la compra de dicha vivienda por parte del Gobierno Vasco, su transformación en vivienda protegida con calificación permanente y la conversión de los ex-propietarios en inquilinos. Para ello es necesario que se den las siguientes circunstancias:

• Que tanto el precio escriturado de compra de la vivienda y como el principal del préstamo hipotecario sobre el que se va a actuar sea inferior a 275.000 euros (no queremos dar cobertura a las personas que se hayan comprado cualquier vivienda libre de cualquier precio).

• Que el propietario de la vivienda – el hipotecado – acepte convertir su vivienda libre en vivienda protegida de precio tasado autonómico con régimen de calificación permanente (no entendemos intervenir en el mercado de la vivienda si no es para producir un crecimiento del parque de vivienda protegida).

• Que la entidad financiera acepte una quita mínima de un 20% sobre el saldo pendiente de amortización y al mismo tiempo renuncie al resto de la deuda pendiente y cualesquiera comisiones por cancelación de la hipoteca (no aceptamos los precios actuales de las vivienda libres como reales y exigimos al sector financiero que haga un ajuste con sacrificios por su parte).

Cumplidas estas tres condiciones, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco accedería a la compra de la vivienda a precio de vivienda protegida de precio tasado – en lo que afecta al hipotecado – y cancelaría al mismo tiempo la hipoteca – en lo que afecta a la entidad financiera – (esto significa que en el acto de compra tienen que sentarse con el Gobierno Vasco al mismo tiempo el hipotecado y la entidad financiera aceptando las condiciones de la medida -). Tras su conversión en vivienda protegida, el Gobierno Vasco alquilaría la misma a su ex-propietario, fijando la renta según la orden vigente de precios máximos de vivienda protegida (el 40% de la cantidad que debe recibir el expropietario después de la liquidación de su vivienda se retendría como alquiler a cuenta).

La adjudicación de la vivienda se realiza en alquiler con opción a compra ejecutable en cualquier momento y por el precio máximo actualizado vigente de la vivienda protegida. El 30% de las cantidades abonadas en concepto de renta a lo largo de la vigencia del contrato de alquiler serán deducidas como anticipo a cuenta del precio de venta final.

27. Reducción de renta en el alquiler de vivienda libre y garantía de cobro al arrendador. Esta medida plantea ofrecer a arrendadores de vivienda libre, que actualmente cuenten con un inquilino en situación de desempleo, el cobro garantizado del pago de las rentas y la devolución de

http://www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net/r40-2190/es/�

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la vivienda en el mismo estado en que se encontraba en el momento de acogerse a esta medida, si acepta una reducción mínima de un 30% sobre la renta actual (de forma similar a la anterior medida, no consideramos oportuno intervenir en el mercado de la vivienda si no es para reducir los precios de los alquileres y hacer que sean más cercanos a los de la vivienda protegida en alquiler). A su vez, al inquilino se le subvencionará la renta a abonar y únicamente tendrá que pagar un máximo de 450 €. El resto, es decir, la diferencia entre la renta actualizada (con reducción del 30%) y los mencionados 450 €, serán subvencionados por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Asimismo, la renta máxima que viniera cobrando el arrendador hasta la fecha no podrá superar los 1.050 euros mensuales. El arrendatario no puede ser propietario de otra vivienda. El alquiler actual tenga una antigüedad mínima de un año, se encuentre registrado en el Servicio Público de Propiedad Horizontal y Arrendamientos Urbanos (Bizilagun), con fianza depositada y esté al corriente de las obligaciones tributarias que emanen del mismo. Y finalmente no puede existir relación de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad entre el titular de la vivienda y alguno de los miembros de la unidad convivencial. En su operativa, esta medida es similar al programa Bizigune, que ha movilizado hacia el alquiler social más de 4.000 viviendas, con la diferencia que esta medida amplía su colectivo de acción hacia viviendas que no se encuentran vacías, sino hacia aquellas que cuentan con inquilinos con dificultades para hacer frente al pago de la renta por haber caído recientemente en el desempleo. De esta manera, el propietario obtendría seguridad en el cobro del alquiler y la devolución en perfecto estado de la vivienda (además de obviamente seguir cobrando de un inquilino que de otra forma sería insolvente) Esta ayuda se concederá por un año y se podrá renovar por un segundo año si vuelve a acreditar las condiciones que motivaron la ayuda inicial. Por tanto, la renta a pagar por el inquilino será inicialmente de 450 € durante 12 ó 24 meses como máximo. A partir de ese momento deberá abonar el importe completo de la renta actualizada (la inicial, menos el 30% pactado).

28. Recompra de la vivienda de protección oficial y mantenimiento de los ex-propietarios como inquilinos. De manera complementaria a las medidas anteriores, y buscando ayudar a también a los titulares de una vivienda protegida, con independencia de su fecha de adquisición, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco debería recomprar su vivienda protegida a aquellos titulares que por haber ingresado en el desempleo no pueden hacer frente al pago de su hipoteca y ofrecerles la posibilidad de convertirse en inquilinos del parque vivienda protegida de alquiler. Con esta medida, el Departamento garantiza a los adjudicatarios de una vivienda protegida la posibilidad de disfrutar de ella, aunque sus condiciones económicas empeoren de forma drástica. 29. En el caso de que las tres medidas anteriores no pudieran aplicarse por razones ajenas a la Administración, Ezker Batua Berdeak es partidaria

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de que el Gobierno vasco provea con vivienda protegida en alquiler a las personas desempleadas que pierdan su vivienda en propiedad y en alquiler. 30. Para evitar que se produzcan en el futuro nuevas crisis de sobre-endeudamiento por vivienda, Ezker Batua Berdeak apoyará las modificaciones legislativas que puedan producirse en el Congreso de los Diputados (única institución competente para la reforma legal de esta materia) para limitar por ley el crédito hipotecario, de forma que la ciudadanía solo pueda recibir préstamos hipotecarios por una parte de los ingresos familiares (como máximo el 30%) y por un tiempo limitado (como máximo 15 años), pues esto limitaría el precio de la Vivienda Libre. Este tipo de legislaciones en otros países de la UE está limitando el precio de la vivienda tipo o media, pues la financiación es, junto con la fiscalidad, el suelo y las políticas públicas, uno de los grandes condicionantes del precio de la vivienda libre. 31.- En conexión con todo lo comentado en los dos puntos anteriores, las Administraciones Públicas deben realizar campañas divulgativas que aumenten la cultura financiera básica de la población, de forma que en el futuro no se produzcan crisis de sobre-endeudamiento hipotecario como consecuencia de falta de información o conocimientos de los consumidores en materia de vivienda.

E).- COMO FINANCIAR ESTAS POLITICAS PUBLICAS DE SUELO Y VIVIENDA

Todas las políticas públicas de suelo y vivienda descritas en hasta ahora no se pueden llevar a cabo sin medios humanos y económicos. Debemos de tener muy en cuenta la vertiente presupuestaria, fiscal, financiera y económica del problema de la vivienda. Para ello desde Ezker Batua Berdeak consideramos necesario acometer las siguientes medidas: 30. Aumento presupuestario en materia de vivienda de Gobierno Vasco y Ayuntamientos. Tanto el Gobierno Vasco como los Ayuntamientos tienen que incrementar de forma importante sus presupuestos de gasto para políticas públicas de suelo y vivienda hasta que logremos la convergencia con los estados líderes en la materia en la UE. El horizonte que debemos marcarnos como sociedad es el empleo del entre el 2 y el 3% del PIB de Euskadi en esta materia. En estos momentos el gasto público en materia de vivienda en Euskadi está por debajo del 1% de nuestro PIB (en el entorno del 0.8%). En el año 2001 estábamos por debajo del 0.3%. Para lograr este fin es importante el aumento del gasto en suelo y vivienda del Gobierno Vasco, pero también que los Ayuntamientos vascos empiecen a concebir el suelo y la vivienda como un gasto público y no solo como una fuente de ingresos. 31. En conexión con lo anterior, apoyaremos las mejoras de la financiación de los municipios vascos, en tanto no se tome esta medida lo que se haga será poco eficaz, porque los ayuntamientos seguirán tentados por utilizar el urbanismo no como función pública sino como sistema de financiación indirecta.

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32. Apoyaremos la modificación de política fiscal de las Diputaciones Forales vascas en relación a la vivienda para favorecer el alquiler frente a la compra de vivienda, mejorar el tratamiento fiscal de la vivienda protegida en relación a la vivienda libre e implantar medidas fiscales que penalicen las viviendas vacías, así como las segundas residencias. En el caso de que las DDFF no aprobasen normativa del tipo reseñado, impulsaremos las medidas recogidas en el punto 21 de esta sección del programa electoral. 33. Extender los beneficios fiscales de las cuentas vivienda (para la compra de vivienda) a las aportaciones que realicen los cooperativistas a cooperativas de alquiler. El tratamiento fiscal debería ser lógicamente mejorado en el caso de aportaciones a cooperativas de vivienda protegida en alquiler. 34. Apoyaremos las modificaciones legales que se puedan producir en el Congreso de los Diputados (una institución competente para reformar esta materia) que supongan un incremento de la participación de la comunidad en las plusvalías que se producen como consecuencia de la acción pública en el urbanismo. Dentro de las opciones que permita la legislación básica estatal, promoveremos ante el Parlamento Vasco la mayor cesión de plusvalías posible a favor de la comunidad, en este caso los ayuntamientos vascos. Aunque es necesario señalar que Euskadi tiene el porcentaje más alto de todo el Estado en la cesión de plusvalías urbanísticas a la comunidad (un 15% frente al 10% del resto de Comunidades Autónomas). La legislación estatal permite pasar del 10% al 15% a las Comunidades Autónomas, pero hasta la fecha solo Euskadi ha aprobado una Ley para este menester. 35. Ezker Batua Berdeak considera que el recientemente creado Instituto Vasco de Finanzas debe ser el banco público vasco al servicio de las políticas públicas de suelo y vivienda de Gobierno Vasco y Ayuntamientos tendentes a garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna de la ciudadanía. 36. Ezker Batua Berdeak considera que se debe continuar por la senda ya explorada en la pasada década de acuerdos financieros entre el Gobierno Vasco y las entidades financieras que operan en Euskadi, de forma que los promotores y adquirientes de vivienda protegida accedan a crédito en mejores condiciones que las imperantes en cada momento en el mercado. Especialmente interesante es la cooperación financiera entre Gobierno Vasco y entidades en el caso de la promoción de parques públicos de alquiler. En cualquier caso, cuando las garantías ofrecidas por la Administración a las entidades financieras sean de importancia, de forma que los riesgos bancarios se reducen drásticamente o desaparecen, la Administración deberá participar también en los beneficios de esas operaciones garantizadas. En caso contrario, con dinero público aseguraríamos pérdidas privadas, pero no accederíamos a los beneficios. Ezker Batua Berdeak no suscribe dicha asimetría. 37. Aunque este pueda parecer un tema industrial, Ezker Batua Berdeak apoyará la industrializacion de la producción de vivienda por sus

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potencialidades industriales, económicas, pero también sociales, humanas y ecológicas. Hoy la mayor parte de los productores de vivienda en Euskadi continúan produciendo por métodos semiartesanales. En buena parte del mundo desarrollado la producción de vivienda se ha industrializado reduciendo el tiempo de edificación, haciendo más seguro el trabajo en la construcción (reducción de siniestralidad), reduciendo los costes de producción, disminuyendo su impacto medioambiental y abaratando la vivienda. Entendemos que Euskadi (dado su liderazgo industrial y en vivienda protegida en el Estado) tiene una gran oportunidad en esta materia. Creemos que hay que poner a nuestras Administraciones Públicas, empresas y profesionales a la búsqueda del valor añadido, la reducción de la siniestralidad, el aumento de la profesionalización del sector, la eficiencia energética y medioambiental y el ahorro en plazos y costes de la construcción. 38. Debemos controlar la participación de la construcción en el PIB de Euskadi, de forma que nos mantengamos lejos de dependencias que se han demostrado en otras sociedades (Irlanda, Australia, Reino Unido y muchas CCAA españolas).

En ciclos recesivos de la economía, debemos utilizar la tracción pública (suelo, vivienda protegida, movilización de vivienda vacía, alquiler, rehabilitación, regeneración urbana, etc.) para garantizar la actividad del sector en Euskadi, producir un importante parque de vivienda protegida, limitar con fuerza el precio de la vivienda libre, evitar procesos masivos de quiebras empresariales y despidos laborales como los que se están produciendo en otras Comunidades Autónomas españolas.

En ciclos expansivos de la economía, debemos utilizar el sector público vasco de suelo y vivienda para limitar beneficios empresariales excesivos y especulativos, reducir un desmedido consumo de suelo, presionar a la baja sobre el precio de la vivienda libre y producir un importante parque de vivienda protegida al servicio de la ciudadanía vasca.

F).- NUESTRA FORMA DE HACER LAS COSAS: EL URBANISMO SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL, LABORAL Y POLITICAMENTE INCLUSIVO.

Todo lo que hemos dicho hasta este punto en este programa electoral Ezker Batua Berdeak no lo quiere conseguir de cualquier forma, a cualquier precio. Nosotros hacemos las cosas de determinadas maneras y una vez más nos comprometemos con la ciudadanía vasca. 38. Compromiso con la Participación Ciudadana y el urbanismo inclusivo. La participación ciudadana en el diseño, la ejecución y el control de la actividad pública constituye un ejercicio de profundización democrática, que las instituciones y las formaciones políticas tienen que promover e impulsar mediante distintas iniciativas.

a. Entendemos que la ciudadanía es cada vez más compleja y sus

necesidades más diversas. Demasiadas veces los grandes proyectos urbanos no responden a las necesidades reales de la ciudadanía. Estos

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proyectos no están pensados para ayudar al desarrollo cotidiano de las vidas de sus habitantes.

b. El urbanismo con perspectiva de género trata de paliar las diferencias

en las prioridades a la hora de decidir las estrategias de intervención pública buscando un resultado que permita el acceso y disfrute en igualdad de condiciones por las diferentes usuarias/os que conforman la ciudadanía.

c. Por estos motivos la participación ciudadana debe ser un instrumento

fundamental a la hora de replantear el urbanismo público contemporáneo. Es preciso articular mecanismo de participación ciudadana reales que generen espacios para vivir y convivir, que conformen ciudades amables y habitables, que cuyos espacios sean accesibles y seguros para todos y todas.

39. Sostenibilidad, eficiencia energética e innovación en nuestras ciudades. En los últimos años se han dado pasos importantes en esta materia. Por ejemplo, se ha obtenido el certificado de eficiencia energética en todas las promociones de vivienda del Gobierno y sus sociedades y se han dado pasos muy importantes en la implantación de criterios de urbanismo sostenible. Tanto el Protocolo de Kyoto, como el cumplimiento de las Directrices europeas aprobadas con el objetivo de luchar contra el cambio climático suponen un reto de gran envergadura, al que la vivienda debe contribuir de forma decisiva en los próximos años. Para ello proponemos el desarrollo de un Plan de Adaptación del Parque de Viviendas de Euskadi al protocolo de Kyoto que contemplará aspectos como:

a. La creación de un certificado de sostenibilidad de los edificios. Este

certificado persigue aumentar la eficiencia energética y reducir los impactos ambientales de los edificios en todo su ciclo de vida, estableciendo así una verdadera lucha contra el cambio climático dentro de este sector. Por otro lado, también supondrá una información adicional para el usuario, propietario o inquilino, sobre las características de su vivienda, consumos de energía, materiales de construcción, etc.

b. La obligación de todas las viviendas públicas de obtener el certificado

de sostenibilidad

c. La instalación de energías renovables en los nuevos desarrollos con más de 100 viviendas

d. La utilización de materiales sostenibles en los procesos constructivos

e. La realización de campañas de concienciación entre la población sobre

esta cuestión de la sostenibilidad. 40. La reducción de la siniestralidad laboral. Los niveles de siniestralidad de las obras de construcción en España y Euskadi son una verdadera ofensa a la dignidad humana. El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, junto con su sociedad Visesa han implantado un convenio sobre seguridad laboral en sus obras que ha

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reducido la siniestralidad de las obras del Gobierno a un tercio la existente en el sector en Euskadi. Creemos que debemos extender los convenios ya vigentes a todos los sindicatos, administraciones y patronales para intensificar el seguimiento y control de las medidas de seguridad en el trabajo y las limitaciones a las cadenas de subcontratación. 41. Debemos adaptar las formas de intervención pública en materia de suelo, vivienda, alquiler, rehabilitación, movilización de vivienda vacía, etc a los entornos rurales. Estos tienen una serie de particularidades (rehabilitación de forma preferente frente a nueva construcción, tipologías propias de vivienda protegida, etc) que aconsejan utilizar instrumentos de intervención pública adaptados.

SANIDAD GRATUITA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD I. UNA APUESTA URGENTE POR LA SANIDAD PÚBLICA El funcionamiento actual de la sanidad pública vasca está presidido por la

lógica economicista mercantil-empresarial que prima la rentabilidad económica por encima de otras consideraciones sanitarias. Se prima en la gestión, el ahorro en personal, medios que son los que garantizan una mayor extensión y calidad del servicio. Siguen aumentado considerablemente las concertaciones con entidades privadas, en aspectos tales como oncología, urgencias, etcétera

El sistema sanitario vasco tiene insuficiencias en el desarrollo de la

atención primaria donde sigue existiendo masificación y hay descoordinación entre la atención primaria y la atención especializada y sigue teniendo importantes listas de espera.

Por otra parte el personal sanitario está desmotivado por la política de

recursos humanos que se practica con una aplicación cicatera del acuerdo de de jornada de 35 horas.

Faltan programas específicos en materia de prevención y educación

sanitaria y hay déficits graves en salud mental y atención a determinados grupos poblacionales y enfermedades.

1. Es necesario un Pacto Social e Institucional por la defensa y

mejora de la Sanidad Pública. Un acuerdo básico de mantenimiento de uno de los pilares del Estado de

Bienestar. Una alianza con los profesionales de todas las categorías y con los agentes sociales y políticos que aborde una reforma en profundidad y una apuesta de la gestión publica, con financiación suficiente.

Es importante ser conscientes de que los determinantes sociales, como el

paro, la vivienda, la alimentación, los precios, los espacios de ocio, los salarios, los sistemas de transporte y comunicación…tienen una gran influencia en las condiciones de salud de las personas, y por ello, las políticas de salud deben ser

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tenidas en cuenta por todo el Gobierno de la CAPV, en todas sus áreas de gestión y planificación, y también en las Diputaciones Forales y Municipios. Por ello, desde EB-B proponemos:

1. Una apuesta por la sanidad pública de calidad 2. Una financiación suficiente 3. Otro modelo de gestión de Osakidetza 4. Apuesta por la Atención Primaria 5. Refuerzo de Especialidades y Áreas no atendidas suficientemente: Salud

Mental, Unidades de Geriatría, servicios sociosanitarios. 6. Extensión de nuevos derechos sociales en la salud.

II. UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD: ES POSIBLE GESTIONAR

OSAKIDETZA DE OTRA MANERA. La sanidad pública constituye uno de los pilares, junto a la educación y la

protección social, del “estado de bienestar”, es decir, el derecho de toda la ciudadanía a ver cubiertas esas necesidades por la Administración en clara oposición a las políticas económicas neoliberales, que apuestan por su desmantelamiento, y de las que la Administración vasca no reniega.

Es necesario frenar el proceso de privatización de Osakidetza y

presupuestar adecuadamente las prestaciones sanitarias que se decida ofrecer a la población vasca.

Por el contrario, Ezker Batua-Berdeak defiende la mejora sustancial de los

recursos, basada en las necesidades reales y bajo control social. Una sanidad pública financiada por los presupuestos, gestionada por la Administración pública, universal, solidaria y gratuita, que garantice el derecho a la salud de toda la población, sin distinción de sexo, raza, edad, clase social, religión o lugar de residencia.

Apostamos por la defensa de la salud desde políticas intersectoriales que actúen sobre el conjunto de causas que producen la enfermedad, lo que va más allá del sistema sanitario e incide en el medio ambiente, los estilos de vida, etc. Defendemos una atención integral de la salud, sea física, psíquica, social o ambiental, mediante programas definidos y con el presupuesto necesario.

1. Una financiación pública suficiente.

Defendemos la financiación pública como garantía de universalidad y equidad tanto social como territorial en el acceso a las prestaciones. Este hecho permite planificar libremente en función de las necesidades de salud de la población, evitando la selección adversa de pacientes. Exigimos la equiparación de este presupuesto a los países de nuestro entorno, ya que hoy la relación PIB/presupuesto está muy por debajo de la media europea.

Proponemos como meta el 7% del PIB para el presupuesto sanitario del Gobierno vasco en los próximos años. Estamos hablando de 4.000 millones de euros más en los próximos cuatro años, como mínimo, para frenar la descapitalizacion del sistema público de salud e inflación sanitaria.

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El porcentaje del PIB que se destina a centros sanitarios de carácter privado va en aumento.,Consideramos urgente frenar esta tendencia, ya que los riesgos de descapitalización son evidentes.

Primacía de la provisión pública que puede garantizar más medios humanos y tecnológicos y más posibilidades de investigación y docencia. Es preciso delimitar público y privado, que evite la parasitación de este sector respecto del público y el detraimiento de recursos para lo que es imprescindible la dedicación exclusiva del personal sanitario que trabaja en la red pública.

2. Es una prioridad organizar de otra manera Osakidetza. Hoy la distribución de los recursos financieros en Osakidetza no es la

adecuada, genera listas de espera, satura periódicamente los hospitales y crea insatisfacciones entre los profesionales y la población que demanda servicios de salud de calidad.

Hay que distribuir los presupuestos de acuerdo a otros criterios y a otras

prioridades. Se debe modificar la financiación, aumentando ostensiblemente el porcentaje de inversión en Salud Publica y en la red de servicios de Atención Primaria, llegando al menos al 20% del total del gasto publico dedicado a los Centros de Salud y sus profesionales. Reforzando las inversiones en Salud Mental y patologías duales…drogodependencias, presupuestando nuevas e innovadoras estructuras.

Los hospitales de media y larga estancia también deben ser priorizados en

las inversiones. El envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas son los protagonistas de las causas de demanda a los servicios de salud. Y con los hospitales de agudos, es necesario estabilizar la financiación para evitar la descapitalización y cumplir los compromisos ya adquiridos de ampliación y refuerzo de áreas prioritarias.

Una estrategia de integrar recursos y actividades de atención a la salud y

de coordinar estructuras y servicios es la línea de trabajo esencial. No es un tema sencillo, pero hay que dar pasos con voluntad clara. Es necesario incorporar Osalan al Departamento de Sanidad y mejorar todo el proceso de coordinación con la salud laboral y sus políticas. Crear redes por procesos de atención en las enfermedades crónicas, y con el espacio socio sanitario. Mejorar la accesibilidad y capacidad de resolución de problemas de la Atención Primaria y coordinar e integrar la atención primaria y la Atención Especializada, de igual a igual, cambiando las erróneas “hegemonías “actualmente existentes en el Sistema de salud.

Ezker Batua-Berdeak propone las siguientes medidas:

• Revisar las escalas salariales, disminuyendo sus

diferencias.

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• Racionalización de recursos, para evitar los despilfarros derivados de la mala gestión, así como el más estricto control de las contratas y concertaciones con entidades privadas

• Introducir los turnos de tarde en todas las estructuras

de Osakidetza, incluyendo Hospitales y Centros de salud, afectando también a médicos.

• Simplificación del organigrama y eliminar cuadros y

responsables flotantes, que no aportan valor en la atención a la ciudadanía.

• Desarrollo de la atención primaria de la salud, superando definitivamente la obsoleta atención del cupo. Hay que asegurar la cobertura en este primer escalón sanitario al 100 por cien de la población.

• Política integral con el medicamento, dirigida a lograr un uso racional del mismo y poniendo en cuestión el control que ejerce la poderosa industria farmacéutica sobre la prescripción de los fármacos.

• Ratios sanitarios homologados a UE-12. Una plantilla

adecuada a las necesidades, actualizando la plantilla de personal para cumplir con los compromisos contraídos con los sindicatos en materia de ofertas públicas de empleo, actuaciones para la supresión de horas extras (o sus equivalentes, como peonadas) y ampliación presupuestaria para formación y reciclaje del personal sanitario.

• Además del personal sanitario, refuerzo del personal

auxiliar y administrativo para facilitar su trabajo.

• Desarrollo de una carrera profesional facultativa que permita introducir una política de estímulo del personal sanitario, ya que ésta es una de las claves de la buena calidad asistencial mediante la promoción profesional.

• Controlar, desde Osakidetza, las quejas/demandas que se plantean en los servicios de atención al paciente, de manera que constituyan un verdadero garante de los derechos del usuario.

• Puesta en práctica de medidas que procuren la

coordinación estricta y eficaz entre los niveles de atención primaria-especializada-hospital.

• Una valoración urgente de la crisis en la disponibilidad

de profesionales sanitarios y su adecuada solución y planificación futura.

• Actualizar los planes de formación y estimular el incremernto de estudiantes de Medicina y Enfermería, sobre todo en las áreas con mayor falta de personal, especialemente en anestesiología, rehabilitación, pediatría, radiología y traumatología.

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• Reducir las listas de espera y el tiempo máximo de respuesta

en las demandas asistenciales normalizadas a un máximo de tres meses.

2. Modelo de gestión participativa.

Las actuales estructuras de participación de los profesionales no funcionan

y los usuarios y la ciudadanía no participa en los centros de atención. Los consejos de área son insuficientes. Un sistema de salud fuerte necesita la ciudadanía, organismos directos de participación y espacios de participación en todos los centros, garantizando una auténtica interacción en la gestión, programación y desarrollo de la atención.

Defendemos una verdadera democratización de las estructuras de atención

a la salud, abriendo las puertas de los equipos directivos a los profesionales y a la población, que garantice la eficiencia y la calidad del modelo sanitario, el desarrollo de un concepto de salud que favorezca una cultura sanitaria y posibilite el control racional del gasto.

Las políticas de democratización de la toma de decisiones a todos los

niveles y la transparencia debe ser la cultura de gestión.

• Poner en marcha un proceso de participación y Foro de Debate para el establecimiento de un Plan de Mejora de la Administración Pública en Osakidetza. Ampliar la participación en el actual foro de la representación profesional, ciudadana e Institucional.

• Consejos de salud en todas las zonas, con participación directa de ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos.

• Transparencia e información de todas las unidades de salud, haciendo públicas las Actas de los Consejos de Dirección y de otras comisiones o equipos directivos. III. MEJORAR LA ASISTENCIA SANITARIA 1. Atención Primaria Queda todavía mucho camino por recorrer para el desarrollo pleno de la

atención primaria en Euskadi, siendo ésta además una faceta de vital importancia, pues si la atención primaria no funciona, el resto de áreas sanitarias tampoco funcionará. Ha de ser el verdadero eje de la sanidad reduciendo las listas de espera y ampliando los horarios.

Por ello, proponemos las siguientes medidas:

• Debería sobrepasar al menos el 20% del total del presupuesto, mejorando como contrapartida su capacidad de resolución y aumentando el

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porcentaje de medicamentos genéricos hasta un promedio del 35% en los próximos cuatro años. • Desarrollar por completo la atención primaria, pues aún queda

alrededor del 25 por ciento del personal y los centros bajo el sistema antiguo.

• Reforzar el rol de los profesionales de enfermería, especialmente en atención primaria, para potenciar sus reales capacidades en salud comunitaria.

• Reestructuración global de las consultas de primaria en los centros, eliminando de las tareas administrativas y burocráticas de las consultas al personal sanitario, con el objetivo de incrementar el tiempo asistencial, la seguridad y la comodidad para el paciente, y contribuir a la eficacia y la eficiencia de la atención prestada.

• Extensión de la receta electrónica a todos los centros de Osakidetza y el

fomento de las herramientas informáticas, incluida la firma electrónica.

• Luchar contra la masificación de las consultas en atención primaria. En la situación actual, los médicos no llegan ni a los diez minutos por paciente de media, lo que genera, a su vez, derivaciones innecesarias a otras áreas de atención (urgencias, PAC, especialidades), reequilibrando la dotación presupuestaria que ahora prima la atención hospitalaria. • Eliminación del “Medical-Dom” (contratas con equipos privados para avisos domiciliarios). Estas empresas privadas a su vez realizan contratos leoninos a médicos en situación de desempleo, resultando el equivalente en la sanidad pública de las tristemente célebres ETTs. compensando esta medida con un aumento de la plantilla de los P.A.C. (Puntos de Atención Continuada). • Participación del colectivo de profesionales de la sanidad en la elaboración de la planificación sanitaria y “contratos-programas” (que hoy son papel mojado, ya que sólo sirven para justificar sueldos de gerentes comarcales). • Invertir en tecnología en la atención primaria no puede estar sólo en la red hospitalaria, como ecógrafos.

• Incrementar el número de especialidades:

Constituir una Unidad Geriátrica adscrita a cada Centro de Salud o atención primaria.

Reforzar la atención primaria de la Salud Mental con el incremento de profesionales.

Ampliar el número de profesionales de Pediatría. Incorporar la Logopedia en los centros de Salud en

programas específicos de infancia y patologías crónicas (diabéticos, tercera edad, enfermedad mental,…).

Incorporar psicólogos y trabajadores sociales en unidades organizadas por Áreas y a programas específicos.

Asitencia bucodental para adultos.

2. Atención hospitalaria y especializada

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Existe un enorme problema con las listas de espera, que se generan ya

desde la atención primaria y son cada vez más insoportables para los usuarios, además de la necesidad de adecuar la red sanitaria. Paliar el déficit de personal mediante horas extraordinarias (peonadas), no es la solución. Ezker Batua Berdeak considera que solución pasa por:

• El aumento de las plantillas, superando la actual política

restrictiva.

• Una política de motivación al personal especialista que trabaja fuera de las grandes concentraciones urbanas, en ámbitos rurales, en hospitales comarcales, etc.

• Llevar a cabo un plan de inversiones para la renovación de la red sanitaria, así como para su ampliación, de tal manera que sea posible alcanzar el nivel europeo de número de camas por cada 1.000 habitantes. Evitar la descontrolada política de conciertos con entidades privadas.

• Un mayor apoyo a la investigación y la docencia. Hoy día, los hospitales están infrautilizados, tanto para actividades docentes como de investigación.

• Los hospitales de media y larga estancia son una propuesta que tiene hoy el máximo consenso entre los profesionales de nuestro país. El crecimiento de este tipo de hospitales es fundamental para coordinar adecuadamente el sector social y el sector sanitario en los procesos de atención integrados.

2.1. Propuestas

Construir un Hospital de Agudos en la Margen Derecha del Nervión, en Bizkaia, en coordinación con el Hospital de Cruces.

La Construcción de un hospital en Getxo, aprovechando los recursos de los hospitales de Cruces y San Eloy, con las especialidades básicas, de 200/300 camas, que se ponga en funcionamiento en la próxima legislatura y que coordine su plantilla, sus recursos tecnológicos y su actividad con Cruces y San Eloy es una prioridad. No sólo porque el crecimiento demográfico de la Comarca de Uribe Kosta es el más alto de la CAPV, sino por la importancia de los capitales privados invertidos en la zona en el sector privado de la sanidad. El Gobierno Vasco debe garantizar una adecuada atención de calidad desde sus propias instalaciones y capacidades. Los hospitales de media y larga estancia son una propuesta que tiene hoy el máximo consenso entre los profesionales de nuestro país. El crecimiento de este tipo de centros es fundamental para coordinar adecuadamente el sector social y el sector sanitario en los procesos de atención integrados.

Planificar la construcción de hospitales de media y larga en Margen Izquierda, Gernikaldea y Gasteiz.

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Su objetivo prioritario es la recuperación funcional de los pacientes, generalmente personas mayores con incapacidad o deterioro inicialmente reversible. Pero también administran cuidados dirigidos a la adaptación de los pacientes a la incapacidad, la implicación y el aprendizaje de familiares en el cuidado de ancianos incapacitados, el cuidado y cicatrización de úlceras y heridas, la planificación de la ubicación definitiva al alta hospitalaria, la evaluación de los síndromes geriátricos e incluso la estabilización clínica de enfermedades en fase subaguda. Hay que finalizar la construcción de los hospitales ya planificados de Urduliz y Encartaciones , y uno nuevo en Gipuzkoa.

2.2. Más Propuestas de diversificación

• Hospitalización domiciliaria. Constituye una alternativa a la hospitalización convencional.

• Continuidad de Cuidados. Cuidados tras el alta hospitalaria: Aseguran la

continuidad de cuidados entre el hospital y la comunidad, facilitando la adaptación de los pacientes en su domicilio y previniendo reingresos hospitalarios evitables.

• Cuidados paliativos. Se proporcionan a pacientes con enfermedades en

estadio terminal, habitualmente neoplásicas, centrándose en aspectos de control de síntomas y apoyo psico-social, tanto al paciente como a sus cuidadores.

• Hospitalización domiciliaria propiamente dicha: es una alternativa

asistencial capaz de realizar, en el domicilio del paciente, procedimientos diagnósticos, terapéuticos y cuidados similares a los dispensados en los hospitales, sólo aplicable cuando la enfermedad cuenta con la decisión de la persona y cuenta con un entorno favorable para ello. Asimismo, es imprescindible combinarse con nuestra propuesta de Servicio Integrado de Atención Domiciliaria que proporciona cuidados domiciliarios de carácter social, para intentar evitar ingresos, favorecer la continuidad de cuidados desde el hospital, etc.

• Un centro de referencia para tratar daños cerebrales y las

enfermedades degenerativas

• Programas de apoyo sanitario a centros sociales o residenciales.

• En todos los hospitales, unidades de soporte psicoemocional en la atención a los pacientes y familiares con cancer.

3. Promoción y Educación para la Salud La Promoción de la salud en el trabajo, en la escuela, en los institutos, en

los centros de salud y en los hospitales es la estrategia para lograr una sociedad más sana y más solidaria. Las causas de muerte y de enfermedad crónica exigen mayor eficacia en la práctica de la promoción de la salud.

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Es el centro de salud y no el hospital el que se debe considerar el centro del sistema de atención a la salud.

Es necesario un compromiso de servicio en la Administración pública vasca

con las políticas saludables. Hay que incorporar, fundamentalmente en atención primaria, un área de

formación ciudadana de educación para la Salud que potencie la concienciación, la formación y la adquisición de hábitos de vida saludables en la ciudadanía. Esta estrategia es fundamental, asimismo, en todos los centros de trabajo.

4. Coordinación Socio-Sanitaria

La atención sociosanitaria sigue siendo uno de los grandes retos que tiene planteado nuestro sistema de bienestar social, cuestión compleja que requiere de soluciones complejas, articuladas con el concurso de todos los agentes interesados e implicados y que requiere la coordinación o integración de las prestaciones propias del sistema sanitario y del de servicios sociales para mejora atender a las personas que necesitan una atención intensa, simultánea y sostenida por parte de ambos sistemas de protección social. Ha de partir de la coordinación tanto en atención primaria como en secundaria por ello, deben de existir suficiente variedad de servicios, así como de figuras profesionales para generar una oferta ajustada a cada caso. Hablamos de personas mayores dependientes, sí, pero también de personas con grave discapacidad, con toxicomanías o personas en situación de alta exclusión. Hacen falta las siguientes condiciones:

• Recursos suficientes. • Diversidad y flexibilidad de los mismos • Espacios de coordinación desde el nivel de intervención de atención

primaria hasta secundaria, a nivel territorial y de CAE. • Protocolos conjuntos de actuación. • Garantizar la continuidad de cuidados, con una gestión de “caso adecuada

y personalizada”

5. Salud laboral

Aunque supera el enfoque puramente sanitario, y ha de ser abordada

desde múltiples puntos de vista, es importante que el sistema público de salud responda a este problema y a los intentos de privatización del control de la salud de trabajadores y trabajadoras.

La prevención de la salud laboral tiene que estar fuertemente incardinada

con la sanidad pública. Osalan y Osakidetza no pueden trabajar uno de espaldas al otro. Esto incluye, entre otras medidas (ver apartado de empleo y salud laboral) que se ha de dejar en cualquier caso la incapacidad temporal bajo responsabilidad exclusiva de los médicos de la atención primaria.

Los accidentes laborales y las enfermedades profesionales son una

preocupación social, por ello hay que incrementar la inversión en prevención y salud en el puesto de trabajo por parte de Administración y empresas.

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6. Salud Mental La enfermad metal, sobre todo en atención primaria, esta infradotada de profesionales y requiere de una intervención urgente y decidida para hacer frente a la demanda. Una demanda, por cierto, muchas veces vergonzante y estigmatizante, que se ha de superar y vivir con naturalidad, y desde el necesario respeto y aceptación social: • Reforzar la atención prestada a las personas con enfermedad mental y/o

trastornos de conductas y, en particular, dentro de éstos, a niños, niñas y adolescentes, así como a las personas que presentan patología dual.

• Necesidad de normativa sobre el tratamiento Ambulatorio Involuntario

para casos de verdadera resistencia al tratamiento y siempre aplicada con carácter restrictivo.

• Impulso al Plan de Salud Mental y creación de un Observatorio de la Salud

Mental.

7. Salud y Ciudadanía inclusiva

Los problemas de salud que afectan a las personas tienen, en muchas ocasiones, su raíz en las desigualdades sociales y económicas. Un proceso de universalización mal entendido, que hace que se beneficien del sistema de salud aquellas clases mejor informadas e integradas, ello viene además reforzado por el fomento del proceso de privatización creciente al que asistimos. Las poblaciones excluidas son las paganas de esta situación. Entre ellas, además de otros grupos poblacionales, se encuentran las personas inmigrantes.

Ezker Batua-Berdeak exigirá siempre que Osakidetza actúe y normalice la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes, sea cual sea su situación administrativa.

Una distribución de los recursos adecuada y mejorar la competencia

cultural de los profesionales, son las bases para garantizar la atención a la población inmigrante, a la población itinerante y a otros colectivos con especificidades sociales.

8. Mejora de la salud sexual y reproductiva

Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, y establecer un precio social para el preservativo.

Mejorar la accesibilidad de la atención de la planificación familiar desde la

atención primaria, mejorando la accesibilidad y la adecuación de horarios para adolescentes e incidencias reproductivas, destinando días específicos sólo a la adolescencia y coordinando esta acción con Programas escolares dirigidos al mismo objetivo.

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La ampliación y mejora de los recursos públicos destinados a la realización de abortos, garantizando la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red sanitaria pública vasca.

La mejora de la detección desde atención primaria de las prácticas de

riesgo sexuales. La mejora de la atención toco-ginecológica y la coordinación entre los

recursos especializados y de atención primaria. Fomentar la educación sexual entre adolescentes para que hagan uso y

disfrute de sus inclinaciones sexuales y reconozcan los riesgos de unas relaciones sexuales no protegidas.

Garantizar la práctica del Interrupción Voluntaria del Embarazo dentro de

la red sanitaria pública (actualmente sólo es del 5%). La puesta en marcha de estrategias que mejoren la accesibilidad de los

servicios de reproducción asistida, bien por que se amplían los grupos de edad susceptibles de asistencia o porque aumentan los recursos destinados a tal efecto, acabando con las listas de espera.

9. Una sanidad también para todas La detección, prevención y atención a los malos tratos a mujeres y a la

infancia, la atención adecuada a la mujer en los procesos de embarazo, parto y puerperio, que implica la visita domiciliaria de seguimiento, la Planificación familiar, los programas de detección precoz de patologías importantes, las revisiones periódicas,… la atención específica al género en el estudio, investigación y atención a las enfermedades agudas y crónicas, son tareas que aún no se realizan bien desde Osakidetza. Su refuerzo no admite demora.

Atendiendo a diferencias físicas, de status económico y social, laboral... entre hombres y mujeres, se hace imprescindible conocer en profundidad los aspectos que está dejando de lado el actual sistema sanitario que, como todos los del mundo, trabaja desde una perspectiva androcéntrica. Pese a los pasos dados en los últimos años, existen problemas de salud específicos o mayoritarios entre las mujeres a los que no se está atendiendo adecuadamente (cáncer de mama y de cérvix, trastornos en la conducta alimentaria, enfermedades musculoesqueléticas, etcétera). También existe sintomatología ignorada y no investigada por negársele la importancia debida. Por todo ello, es necesario dotar de recursos suficientes a la Administración sanitaria para mejorar la investigación y el tratamiento de estos problemas (lógicamente con criterios de género), para a continuación establecer medidas de mejora tanto en la prevención como en la atención sanitaria a las niñas y mujeres.

- Impulsar campañas de sensibilización y formación sobre estas

cuestiones en el ámbito de la sanidad, para incorporar la perspectiva de género a la sanidad pública vasca.

- Realizar el seguimiento de la continuidad y de la calidad en la oferta

por parte de Osakidetza de Programas de Salud para las mujeres, en lo que se refiere a planificación, atención de partos y embarazos, atención a la menopausia y/o prevención de cánceres ginecológicos.

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- Revisiones ginecológicas anuales gratuitas para todas las mujeres.

- Derecho a la prueba de la amniocentesis de modo gratuito y sin límite de edad para todas las mujeres.

- Impulsar campañas que potencien la utilización de métodos

anticonceptivos masculinos, evitando que la contracepción recaiga exclusivamente sobre las mujeres.

- Desarrollar Programas de Salud específicamente dirigidos a

colectivos de mujeres desfavorecidas: prostitución, víctimas de violencia y malos tratos, drogadicción...

- Desarrollar campañas específicas destinadas a la prevención de los

malos tratos, ya que el sistema sanitario puede ser, en muchas ocasiones, el primer espacio en el que se puede detectar esta violencia y, por tanto, tiene una gran responsabilidad a la hora de actuar para poner soluciones.

- La formación de profesionales de la salud en la identificación de los

signos de la violencia contra las mujeres.

- Aplicar el protocolo de actuaciones ya aprobado cuando una mujer maltratada pide ayuda en un centro sanitario con apoyo psicológico específico del sistema de salud público.

- Priorizar el criterio de salud sobre el criterio económico en las

actuaciones del sistema de salud, contrariamente a lo que está sucediendo, por ejemplo, en la administración de la vacuna del papiloma humano en las niñas.

Impulsar, desde el ámbito vasco, una regulación del aborto progresista,

asumiendo las reivindicaciones feministas (ver más en Cáp. Igualdad plena entre mujeres y hombres

10. VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual EZKER BATUA BERDEAK refrenda la Declaración Universal de los Derechos

de las personas con VIH-Sida, y se suma, igualmente, a las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Unión Europea, la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo en relación a esta materia.

El Sida es una enfermedad más, y como tal debe ser entendida por toda la

sociedad. Por ello nos comprometemos a defender a quienes son víctimas de miedos irracionales, prejuicios, discriminaciones y violaciones de sus derechos.

El VIH-Sida y las Enfermedades de Transmisión Sexual son un problema de

todos/as, y su transmisión e incidencia está en función de las prácticas y actitudes de riesgo, nunca de los grupos, por lo que deben abordarse, a nuestro juicio, desde la triple perspectiva de la prevención, la asistencia y la solidaridad.

a) Prevención La información rigurosa dirigida a toda la población sobre las causas de

transmisión del virus del Sida y las prácticas de riesgo es la mejor arma para la

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prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. De igual modo, las medidas profilácticas y la información son la mejor forma de detener las enfermedades de transmisión sexual. Proponemos:

1. La puesta en marcha desde las Administraciones públicas

vascas, en colaboración con las asociaciones de lucha contra el Sida, de campañas periódicas dirigidas a toda la población, centradas en mensajes de prevención y solidaridad, así como de campañas específicas de información sobre otras enfermedades de transmisión sexual.

2. Impartir en todos los niveles de la enseñanza obligatoria conocimientos sobre educación sexual que aborden estos temas.

3. Colaborar con las asociaciones de lucha contra el Sida en los proyectos de prevención que éstas llevan a cabo.

4. Promover la puesta en marcha de programas de prevención y reducción del riesgo entre los trabajadores y trabajadoras sexuales.

5. Subvencionar la venta de preservativos a los más jóvenes y a las personas de escaso poder adquisitivo. Subvencionar, asimismo, los proyectos de las asociaciones de lucha contra el Sida de reparto gratuito de preservativos.

6. Incrementar y dotar con más fondos y medios las campañas de intercambio de jeringuillas dirigidas a los usuarios de drogas por vía parenteral. b) Asistencia

1. Garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas afectadas, incluidos extranjeros, refugiados e inmigrantes.

2. Reforzar los Equipos de Asistencia Primaria de Osakidetza para que asuman el seguimiento y tratamiento de las personas seropositivas, tanto sintomáticas como asintomáticas. El traslado o seguimiento hospitalario sólo se realizará cuando se den procesos graves o se necesite un control más específico.

3. Integrar, tanto en los EAPs como en las unidades específicas hospitalarias, Equipos de Apoyo Sicológico.

4. Facilitar el acceso a los tratamientos humanitarios y protocolos de investigación a aquellas personas que hayan desarrollado la enfermedad y lo soliciten expresamente.

5. Realizar un seguimiento y control de las investigaciones que llevan a cabo las multinacionales farmacéuticas, para evitar posibles fraudes y falsas expectativas.

6. Facilitar la asistencia médica y la ayuda domiciliaria a las personas afectadas que lo necesiten.

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7. Dispensar el tratamiento médico-asistencial necesario a los seropositivos que estén en prisión, y llevar a cabo una labor de prevención específica, mediante el reparto de preservativos y jeringuillas, así como información suficiente.

8. Instar a la concesión, en cumplimiento de la normativa penitenciaria, de la libertad condicional a los enfermos graves. c) Solidaridad

1. Fomentar desde las administraciones públicas vascas las actitudes de solidaridad hacia las personas seropositivas.

2. Impedir y, en su caso, sancionar cualquier manifestación de rechazo y discriminación en centros escolares, empresas, Administraciones públicas, centros sanitarios públicos y privados, etc.

3. Prohibir el sometimiento obligatorio a la prueba de detección del virus por parte de las empresas a sus empleados con fines discriminatorios.

4. Suprimir la inclusión del término y del concepto grupos de riesgo en los cuestionarios previos a las donaciones de semen y en cualesquiera otros que lo contemplen, por su carácter discriminatorio. Deberá aludirse siempre, en su lugar, a las prácticas y a las conductas de riesgo.

5. Rechazar la puesta en marcha que pretenden algunas instancias sanitarias de censos de personas seropositivas que permitan su identificación. Los censos destinados al control de las causas de transmisión del V.I.H. deberán elaborarse de tal forma que se garantice la absoluta confidencialidad de los datos de las personas afectadas.

11. Optimizar el uso farmacológico

Abogamos por una política integral con el medicamento dirigido a lograr un uso racional del mismo, que ponga en cuestión el control que ejerce la poderosa industria farmacéutica sobre la prescripción de los fármacos.

Hasta ahora, se ha venido impulsando una política de ahorro de fármacos con las leyes de recorte del consumo o prestaciones farmacéuticas de carácter superficial sin abordar el tema de los precios abusivos de la industria farmacéutica.

Ezker Batua-Berdeak Proponemos:

• La integración de almacenes farmacológicos en los centros de salud públicos, de tal manera que sea la Administración sanitaria la que adquiera de modo directo y global los genéricos necesarios para su utilización en la sanidad pública.

• Creación de una nueva receta, en la que se haga mostrar la duración del tratamiento preescrito, entre otros datos encaminados al control del consumo farmacológico.

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• Modificación del envasado para permitir el consumo estricto

de las dosis prescritas

12. Medicina naturalista y alternativa.

Inclusión dentro de la red pública de los diversos aspectos de la medicina naturalista y alternativa: Homeopatía, Osteopatía, Balneoterapia, helioterapia, geoterapias, etcétera.

13. Uso terapéutico del Cannabis Tal y como proponemos en el Plan de Drogodependencias impulsado por

EZKER BATUA-BERDEAK, nos comprometemos a habilitar todas las vías posibles para que se posibilite la utilización del Cannabis y sus derivados con fines terapéuticos bajo prescripción facultativa, así como su suministro a pacientes que lo necesiten por medio de las farmacias.

IV. AUN NO SE HAN COMPLETADO LOS DERECHOS SOCIALES Y

CIUDADANOS EN EL CAMPO DE LA SALUD. Un derecho a la interrupción del embarazo donde la voluntad de la

mujer y las garantías sanitarias y jurídicas queden claras, aun esta pendiente. El derecho a una muerte digna y a la Eutanasia es parte de las decisiones que cualquier ciudadano o ciudadana debe poder tomar. Mejorar otros derechos, como la ampliación de la edad, al menos hasta los 45 años, en la realización de la prueba para la Fecundación in Vitro, o derecho a las intervenciones quirúrgicas para el cambio de sexo, son aún asuntos pendientes que tienen que ver con los derechos sociales y, en concreto, con el derecho a las salud de las personas.

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POR LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES: UN SISTEMA PARA TODAS LAS PERSONAS.

I. BALANCE DE LA ACTUACION DEL GOBIERNO VASCO EN LA

PASADA LEGISLATURA La aprobación en el Parlamento Vasco de la nueva Ley de Servicios

Sociales es un logro cuya trascendencia no es fácil de calibrar para quién no haya seguido de cerca la historia y no conozca el contexto de los servicios sociales en Euskadi.

La historia de los servicios sociales en Euskadi es una historia de esfuerzos

de mucha gente, de trabajadoras y trabajadores del sector público y de las entidades sociales, de colectivos de personas afectadas por alguna situación con especial necesidad de atención por parte de los servicios sociales, de personas con mayor sensibilidad... Un desarrollo que, sobre todo en los últimos años, ha venido traccionado por un indudable tirón de la demanda de apoyo social.

Pero eran y son uno servicios desvertebrados y normalmente pensados y

cerrados para colectivos vulnerables, entendidos en una clave no pocas veces asistencialista y paternalista y en los cuales la calidad de la atención y la calidad en el empleo han brillado por su ausencia en muchas ocasiones.

En ese contexto social, económico y político, Ezker Batua Berdeak decidió

jugar fuerte sus bazas, empezando por reivindicar y, más que reivindicar, ejercer desde el Gobierno Vasco el papel de liderazgo y coordinación del sistema vasco de servicios sociales que por ley le corresponde. Y lo hizo buscando y encontrando la complicidad de sectores políticos, sindicales, institucionales, asociativos, laborales o sociales conscientes de que la atomización y debilidad de los servicios sociales no podía continuar por más tiempo y que cuanto más tardáramos en estructurar un verdadero sistema de servicios sociales, como parte del sistema de bienestar, peores iban a ser las consecuencias para la ciudadanía.

Se trata de una ley que articula el sistema vasco de servicios sociales

poniendo en su sitio al Gobierno Vasco, que ve reforzada su función de coordinador y garante de la homogeneidad y equidad en la atención apoyándose en un catálogo y una cartera única de prestaciones y servicios para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco. Contando el Gobierno contará con un instrumento sin precedentes: La Alta Inspección, cuya misión será la de velar por la calidad en el Sistema y que la ley se cumpla ante la ciudadanía.

Se refuerza el carácter público del Sistema Vasco de Servicios Sociales,

identificando que en aras de la cohesión y calidad del sistema un núcleo duro de funciones y prestaciones que estarán, en todo caso, en manos de la gestión directa por parte de las administraciones públicas ya sea autonómica, foral o municipal.

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La nueva ley vasca de servicios sociales representa el paso decisivo que configura el sistema vasco de servicios sociales como un nuevo pilar del sistema de bienestar o protección social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, equiparable en envergadura y fortaleza a los que ya representan otros como puedan serlo el educativo o el sanitario, tan apreciados por la población.

Esta ley, además:

• nos garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho subjetivo a los servicios sociales (no solo a la dependencia) exigible ante los tribunales y la consideración igualitaria de todas las personas de Euskadi a las que les ofrece por primera vez un mismo Catálogo de Prestaciones y Servicios, evitando las diferencias territoriales.

• nadie queda excluido por carecer de recursos económicos y la vivienda

habitual tiene una consideración excepcional en el caso extremo de los recursos residenciales.

• garantiza a cada persona en Euskadi un profesional de referencia que

garantice tanto la atención personalizada como la continuidad de nuestro cuidado.

• hace una apuesta por la gestión pública y por la creación de mecanismos

de planificación, control y calidad propios de un sistema moderno y avanzado de protección social.

• crea por primera vez los consejos de centro, lugar de encuentro y

participación de usuarios y trabajadores… así como nuevos órganos para el diálogo social y la calidad del empleo en los servicios sociales.

• Complementariamente, hay que seguir desarrollando nuevas leyes que

avancen en derechos sociales, como una nueva Ley Vasca de Familias Numerosas. II. NUEVAS PROPUESTAS PARA EL NECESARIO DESARROLLO

TRASNSFORMADOR DE LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES Es mucho lo alcanzado, sin duda, pero queda camino por recorrer en la

apuesta de una izquierda transformadora que persigue con ahínco políticas sociales que garanticen los derechos sociales de las personas desde la igualdad y la diversidad.

1. Pacto de Financiación por los Servicios Sociales: Duplicar el

gasto. Nos empeñaremos, además, en que esta apuesta venga soportada por el

necesario impulso económico, en la senda de la duplicación del gasto y persistente aún en situaciones de contracción económica. De este modo se garantiza financiación suficiente para los Ayuntamientos y el resto de Instituciones responsables, para un desarrollo avanzado y transformador de la ley.

Por ello, desde Ezker Batua Berdeak exigimos avanzar con decisión en el

camino de la convergencia como país, superando las diferencias interterritoriales,

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no sólo entre Territorios Históricos, también entre comarcas y municipios, poniendo a disposición de todos y todas las ciudadanas de Euskadi los servicios y prestaciones a los que la ley nos da derecho. Avanzar en igualdad de derechos es poder acceder a cualquiera de los servicios y/o prestaciones de servicios sociales independientemente de dónde residamos, si en un entorno urbano o rural, en una comarca con más o menos ingresos, en un municipio con “sensibilidad social” o no.

2. Liderazgo del Gobierno y Agenda común con los Agentes Sociales e Institucionales

Y defendemos el liderazgo del Gobierno en este proceso de evolución hacia

la equidad como estructura más idónea para velar por los intereses de todos y todas, responsable y capaz de una mirada de conjunto, de la interlocución con otros sistemas, de coordinación dentro y fuera de Euskadi.

Ahora bien, una vez proclamada la garantía del derecho a los servicios

sociales e identificados los titulares de dicho derecho, esta ley tiene que transformar, tiene que consolidar un verdadero sistema público de servicios sociales.

Así, en estos cuatro años tendremos que asegurar que actúe en todo su

potencial transformador en: • El desarrollo de la Cartera de Prestaciones y Servicios del modo más

inclusivo en incluyente de las necesidades de la ciudadanía. • La elaboración de los instrumentos de gestión: Especialmente el Plan

Estratégico de Servicios Sociales, y el Mapa de Servicios Sociales, que establezca los objetivos de crecimiento y evolución en los distintos municipios, comarcas y territorios.

• El Sistema de Información que aporte datos precisos y actualizados con los que tomar decisiones y “guiar” las actuaciones.

• El Observatorio de servicios sociales, que imagine el futuro y detecte nuevas tendencias, nuevos fenómenos, nuevas necesidades.

• La apuesta por el modelo comunitario, de proximidad, con profesionales de referencia y gestores de caso cercanos, para lo que exigiremos el incremento y refuerzo donde sea necesario de los equipos profesionales de los servicios sociales de base, aumentando los ratios de trabajadores y trabajadoras sociales, de educadores y educadoras sociales y demás profesionales del sector de la intervención social.

• La definición de la participación social, entendida tanto desde la estructuración y potenciación de órganos representativos y/o de asesoramiento, con el Consejo Vasco de Servicios Sociales a la cabeza, como desde la articulación de fórmulas, protocolos y mecanismos que garanticen que la voz de las personas usuarias de los servicios es escuchada, es tenida en cuenta, es incorporada a la gestión de éstos.

• La concreción de fórmulas que profundicen en la coordinación con otros sistemas, especialmente con el sanitario, ofreciendo respuestas innovadoras y de calidad que hagan realidad de una vez por todas ese instrumento tan etéreo hasta el momento como es el Plan Vasco Sociosanitario.

• Apuesta decidida por la Calidad y la Innovación social.

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3. Modelo de Concertación y mejora de las condiciones de trabajo del Sector de la Intervención Social.

Más allá de la apuesta por la gestión pública del sistema, existe una deuda

histórica con un sector social cuyas condiciones de relación con la Administración para la gestión de los servicios de responsabilidad pública, distan con mucho de ser las adecuadas especialmente en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo de sus trabajadores y trabajadoras.

Por ello desde EB-B defendemos un modelo de concertación con la

iniciativa social en el que se conjugan la apuesta por lo público y el reconocimiento y puesta en valor de la iniciativa social, de su trayectoria histórica y de su papel actual como prestadora de servicios, garantizando la calidad de éstos y en el camino citado de convergencia también entre agentes y ámbitos.

Para ello proponemos que una de las primeras tareas del nuevo gobierno

sea:

• Proponemos desde EB-B, un modelo de concertación con la iniciativa social que reconoce su peso específico en el ámbito de los servicios y repara la injusticia histórica que han padecido sus organizaciones y profesionales, generando condiciones de estabilidad en la financiación y calidad en el empleo beneficiosas para el conjunto del sistema.

• El diferencial salarial entre el sector público y el concertado no

debe ser superior al 20% al final de la legislatura. 4. Mejora de los servicios para la promoción de la autonomía y la

atención a las personas en situación de dependencia Más allá de lo que al despliegue de esta ley exija y posibilite, no olvidamos

las mejoras que debemos ya exigir en los servicios sociales existentes que, como decíamos al comienzo, se ocupan fundamentalmente de la promoción de la autonomía y la integración comunitaria.

• Disminución de los tiempos del proceso global desde la solicitud de

valoración del grado y nivel de dependencia hasta la recepción del servicio o prestación concreto.

• Facilitar el acceso a ayudas técnicas y/o ayudas económicas para la adaptación de la vivienda.

• Evolución del actual SAD a un Servicio de Atención Integral en el Domicilio a la persona y sus familias más intensivo y diversificado en sus funciones. Mayor extensión y diversificación por tanto del servicio de ayuda a domicilio.

• Apoyo y extensión de los servicios de asistencia personal. • Extensión y mejoras tecnológicas que permitan nuevos usos al

servicio de teleasistencia. • Soporte formativo, psicológico y emocional a las personas

cuidadoras del entorno familiar. • Mejora en la distribución territorial de los servicios de atención

diurna y residencial para asegurar la cercanía al entorno vital de las personas.

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• Creación de centros de día específicos en ciertas patologías como lugar en el que se ofrece atención integral al afectado y centro de referencia sobre esa patología, en coordinación muy estrecha con el área sanitaria a la que se refiere la patología.

• Apoyo a la construcción de apartamentos tutelados y viviendas con apoyos como fórmula para promover y/o preservar la autonomía en personas frágiles o que requieren de pequeños apoyos para mantener vidas “normalizadas”.

• Mejora en los parámetros de calidad de los servicios residenciales: - Residencias de pequeño-mediano tamaño y

modulización de las grandes. - Incremento de ratios de personal de atención directa. - Mejora de los niveles de inspección y control. - Garantías democráticas y de control por parte de las

personas usuarias. - Canales de participación de las personas usuarias.

• Apoyo a las organizaciones sociales implicadas en la atención de personas dependientes. 5. Mejora de la atención a las personas en desprotección • Mejora en la elaboración de planes locales de prevención. • Establecimiento de programas específicos de apoyo a familias que, por

causas diversas (monoparentalidad, precariedad económica, limitaciones en la movilidad, etc.), tienen dificultades especiales para el desempeño de su función en relación con sus hijos e hijas.

• Mejora en la coordinación para la detección, valoración y abordaje de las situaciones de desprotección o desamparo entre los servicios de atención primaria y secundaria.

• Fortalecimiento de los equipos sociocomunitarios de atención a la infancia en situación o riesgo de desprotección.

• Apuesta por el acogimiento familiar como fórmula prioritaria frente a otras respuestas de tipo residencial. Refuerzo de los programas de acogimiento familiar.

• Apoyo a las familias acogedoras y adoptivas. • Garantizar la adecuada cobertura de centros residenciales para

menores en desprotección, dando cabida a cuantos menores y adolescentes lo vayan necesitando.

• Atención a la emergencia de nuevas situaciones de abuso y maltrato, explotación sexual y/o acoso, especialmente entre menores migrantes no acompañados que se quedan fuera del sistema de protección.

• Garantizar los derechos de los menores infractores residencializados. • Promoción de los puntos de encuentro familiar como espacio neutral

que garantiza los derechos de los y las menores al contacto y relación con sus padres en situaciones de ruptura con conflicto.

• Apoyo a las organizaciones sociales vinculadas a la defensa de la infancia y, en especial, de la infancia en desprotección.

• Fortalecimiento de la labor coordinada de los recursos para la atención a mujeres víctimas de maltrato.

• Especial atención a los menores, hijos e hijas de mujeres víctimas de maltrato.

• Reorganización e impulso a los de Servicios de Acompañamiento Inclusión Social en Atención Primaria.

• Creación de más recursos de inclusión social tanto de día como residenciales en atención secundaria.

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EL DERECHO A LA INCLUSION SOCIAL, UNA RESPOSANSABILIDAD

DE TODOS LOS SISTEMAS DE PROTECION SOCIAL.

I. CONTEXTO Y DATOS ESTADÍSTICOS DE EUSKADI.

La globalización es un proceso complejo que tiene no sólo un componente económico, sino también social, político o institucional, tecnológico y medio ambiental. Es incuestionable que este proceso ha supuesto un considerable desarrollo en sus diversas vertientes (crecimiento económico, desarrollo de la innovación tecnológica, etc.) que ha afectado a distintos países y grupos sociales; aunque también es cierto que no todo el mundo, ni todos los países, se han beneficiado y han participado por igual de esos avances. Existen importantes sectores de la población que se han quedado al margen del llamado “Estado de bienestar”. Es más, se podría decir que cada vez son mayores las desigualdades y las distancias que separan a unos países de otros, a unas personas de otras.

Los datos estadísticos sobre la pobreza en el mundo dan muestra del

incremento de las desigualdades. No sólo hay un mayor número de personas que se ven afectadas por estos procesos de desequilibrios, sino que también hay un incremento de la intensidad de las carencias de bastantes personas. Por ejemplo, en el Informe sobre Desarrollo Humano de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2005 se destaca que cuatro de cada cinco seres humanos sufren procesos de desigualdad.

El fenómeno de la pobreza no sólo se debe vincular a la pobreza económica

–a pesar de que ésta constituye un aspecto sustancial en su generación–, sino que es necesario contemplar también otras dimensiones como la dificultad de acceso al empleo, el abandono prematuro de los sistemas educativos, la carencia de una vivienda, etc.

En el caso de Euskadi la pobreza real se mantiene en niveles bastante

parejos a los de cuatro años atrás, a pesar del proceso de expansión económica que se ha dado en este periodo. Es un fenómeno social decreciente y con una incidencia relativamente baja si se compara con otras comunidades españolas o la media europea.

No obstante, tal como sabemos por los datos de la Encuesta de Pobreza y

Desigualdades Sociales 2008 de nuestra Comunidad, en Euskadi todavía hay 68.051 pobres (el 3,2% de la población), la mayoría de los cuales ha tenido durante el último año problemas muy graves para hacer frente a las necesidades más básicas, como la alimentación. El mapa de la pobreza presenta su cara más amarga entre los inmigrantes, donde las situaciones de privación elemental afectan al 25,6% de este colectivo, multiplicándose por trece la tasa de pobreza en relación con la población autóctona.

En Euskadi la pobreza está más presente en los hogares monoparentales

(10,1%) o unipersonales (4,2%), y se reduce notablemente en las familias tradicionales (biparentales) con o sin hijos. El problema se agudiza cuando en un hogar la persona principal tiene más de 45 años y es dos veces superior a la media cuando la cabeza de familia es una mujer (el 6,4%).

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En cuanto a la pobreza de mantenimiento (cuando en un momento puntual no hay ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades más elementales) afecta al 4,6% de los hogares (36.955) y al 4,1% de la población, unos índices que han bajado muy poco en los últimos cuatro años.

Respecto al índice de pobreza de acumulación (la incapacidad estructural

para mantener un nivel de vida mínimamente adecuado), se sitúa en el 0,5% de los hogares y el 0,7% de la población. Los hogares donde se vive alguna de estas dos situaciones de riesgo se elevan a 39.737 (el 5% del total) y afectan a 100.250 personas.

También existe un colectivo de personas que no alcanzan niveles de

comodidad económica pero tampoco pueden ser considerados pobres. En este escalón se encuentran 184.237 hogares (el 23,1%) y 454.089 personas. Los márgenes de la exclusión son cada vez más difusos y aparecen nuevas personas excluidas que, aparentemente, viven en condiciones normales de bienestar (poseen un empleo, una vivienda, han recibido una formación), pero que pueden padecer, por ejemplo, situaciones de aislamiento y exclusión debido a la ausencia de redes sociales o familiares.

Existe un cierto acuerdo en que la lucha contra la exclusión social,

entendida ésta como la imposibilidad o incapacidad de ejercer distintos derechos (derecho al empleo, a la educación, a la cultura, a la salud, a la vivienda, etc.), se ha convertido en uno de los principales retos de las sociedades occidentales.

II. CLAVES PARA ABORDAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL

• La invisibilidad de miles de personas que conviven junto a todas nosotras y nosotros en nuestra sociedad.

• La hipervisibilidad de algunos colectivos de personas (Ej: personas inmigrantes), que no hace más que estigmatizar y construir actitudes xenófobas.

• No considerar a la Exclusión Social como un concepto multidimensional, donde juegan otros muchos factores como son los laborales, económicos, sociales, familiares, etc.

• Considerar a la Exclusión Social como un problema coyuntural y no como un problema estructural, la Exclusión Social no surge por azar, es el resultado de una estructura social, política, cultural y económica.

• Entender la Exclusión Social como un estado y no como un proceso, también se ha de evitar hablar de la Exclusión en términos binarios (se está o no se está incluido). La Exclusión Social es un proceso que se va forjando a través de un itinerario en el que se suele pasar por fases distintas, en el que hay avances, retrocesos, rupturas y cambios de ritmo.

o Creer que la Exclusión Social sólo se produce en unas personas. En realidad cualquier personas puede sufrir situaciones o exclusógenas, o que generan exclusión. Cuantas más situaciones acumulas de estas más posibilidades tienes de caer en un proceso de exclusión social. Algunos de estos factores

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som: La edad, la discapacidad de las personas, la existencia de relaciones familiares desestructuradas, ls drogodependencia, Enfermedades crónicas, enfermedades mentales, la legislación en materia de inmigración, el conocimiento del idioma, reclusión en una cárcel, origen o etnia, carecer de hogar o vivir en una infravivienda, carecer de empleo, tener una formación no adecuada a los requerimientos del entorno, entre otrs factores.

III. MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE GARANTIA DE

INGRESOS Y LA INCLUSIÓN SOCIAL. Es por ello que insistimos, desde EB-B, que una buena política de inclusión

social, como política transversal que es, se apoye en todos los sistemas o políticas verticales (en todos los pilares del sistema de bienestar): educación, sanidad, servicios sociales, empleo, vivienda, garantía de ingresos...

Tanto las prestaciones económicas como las intervenciones sociales que

favorecen la inclusión social han de ser gestionadas desde el ámbito que corresponda con su finalidad y carácter: vivienda, empleo, garantía de ingresos, servicios sociales...

En el ámbito de cada una de dichas políticas o sistemas verticales (de cada

uno de esos pilares) existirá la correspondiente distribución competencial, encargándose de lo que lo que le corresponda el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y a los Ayuntamientos.

Doblemente erróneo sería un único departamento el que se haría cargo de

todo ese variopinto conjunto de medidas y actuaciones correspondientes a áreas tan diferentes como las de servicios sociales, garantía de ingresos, empleo u otras, todas ellas coadyuvantes a los procesos de inclusión social.

Así cabría señalar que: • La prestación complementaria de rentas de trabajo y la prima de

estímulo al empleo se gestionarían en el marco de las políticas de empleo y desde los sistemas de empleo, al igual que otras medidas o programas para la inserción laboral.

• La prestación de complemento de pensiones se gestionaría desde las haciendas.

• La prestación complementaria de vivienda se gestionaría desde el sistema de vivienda.

• La Renta de Garantía de Ingresos y las Ayudas de emergencia social se gestionarían desde el sistema de servicios sociales.

• El caso de la Renta de Garantía de Ingresos iría ligado a la situación de la persona, no es lo mimo una persona que está buscando empleo que una persona con una persona inactiva laboralmente con una enfermedad crónica por ejemplo.

Otro modelo viable, pero que pasa por la transferencia de la Seguridad

Social, seria la gestión estas prestaciones a través de ella, pues se trata en realidad de una extensión de facto de las pensiones no contributivas.

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Los convenios de inclusión podrían ser considerados como herramientas para la coordinación de los procesos de inclusión que serían gestionados, en cada caso, por aquel sistema con más peso en el proceso de inclusión de la persona.

En cualquier caso abogamos por acuerdo social e interinstitucional pues la

situación de los Servicios Sociales se hace insostenible si no se adoptan medidas estructurales.

IV. PROPUESTAS.

1. Sistema de Garantía de Ingresos

• Extensión del Complemento de pensiones a todas las personas mayores de 65 equivalente al SMI universal por persona y no por unidad familiar, incluidas las viudas.

• La diferencia existente entre la pensión mínima y la máxima es

verdaderamente abismal. Por ello, entendemos que la consideración de estas situaciones no puede ser uniforme y exigimos que el acceso a se realice progresivamente y urgentemente desde las pensiones más bajas.

• Renta garantía de Ingresos a partir de los 18 años.

2. Servicios sociales

• Como hemos comentado, anteriormente abogamos desde EB-B pro sacar de la tramitación de los Servicios Sociales el Complemento de Pensiones, de Vivienda y de Empleo. Solo quedaría la Renta de Garantía de Ingresos (en ciertos casos) y las AES.

• Organizar los Servicios Sociales para la Inserción creando unidades específicas para ello en los Servicios de Atención Primaria para la tramitación de las ayudas correspondientes y otros diferenciados para los procesos de inclusión social.

• Incrementar el número de profesionales que trabaja en inclusión social en el sistema de servicios sociales, pero también en el sistema de salud, de empleo y educación.

• Ninguna persona durmiendo en la calle. Pontenciar una Red extensa de albergues y viviendas comunitarias.

• Creación de más recursos de inclusión social, tanto de día como residenciales en atención secundaria.

3. Formación y el Empleo: Políticas Activas • Establecer Ciclos Continuos de Formación y Empleo, abiertos en

el tiempo y duración, que faciliten la entrada y salida de los mismos a las personas que mejoran sus capacidades y competencias formativas en cualesquiera de los ámbitos de la Formación Ocupacional, Continua o de Empleo-Formación, en cualquiera de los marcos establecidos por los distintos niveles de Gobierno.

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• Desarrollar Programas Operativos diseñados por los entes locales, al estilo de los presentados en los Programas Operativos del FSE, que posibiliten adecuar la respuesta al desempleo y la mejora del mismo a los distintos ámbitos municipales.

• Programas de Activación de Inactivos que acerquen al mercado normalizado de trabajo a colectivos que tienen dificultades para su inserción sociolaboral efectiva: mujeres, jóvenes, personas sin cualificación y bajos estudios, inmigrantes, perceptores de rentas básicas y otras ayudas sociales, etc.

• Coordinación de las distintas políticas de los distintos niveles de gobierno (europeo, estatal, autonómico, provincial y foral, local) en materia de formación y empleo.

• Potenciar los programas de empleo y formación especialmente con los colectivos más vulnerables, acercándolos a los nuevos yacimientos de empleo y nichos de oportunidad.

4. Salud y la asistencia sanitaria

• Garantizar el derecho a una vivienda por ley y desarrollo de un plan de medidas dirigidas especialmente a la población excluida.

• Incluir en todos los Centros de Salud programas específicos

de carácter preventivo dirigidos a personas en riesgo de exclusión.

• Implantar servicios de atención médica y enfermería en el domicilio de las personas.

• Incrementar el número de unidades de Salud Mental en primaria.

• Reforzar el rol del profesional de la enfermería en atención primaria.

• Garantizar la adecuada atención especializada a las

personas ingresadas en los hospitales y residencias asistidas.

• Generar dispositivos de día y residenciales de atención sociosanitaria a personas en situación exclusión social.

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HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO VASCO, PÚBLICO, INCLUSIVO,

PARTICIPATIVO, PLURILINGÜE Y DE CALIDAD I. LA EDUCACIÓN PARA EZKER BATUA: UNA HERRAMIENTA CLAVE

PARA LA TRANFORMACIÓN SOCIAL EN EL SIGLO XXI.

Los vertiginosos cambios sociales de las últimas décadas han desbordado el papel tradicional de la educación en la formación de las personas y en la capacidad de influir socialmente. Piénsese en los cambios habidos en los hábitos familiares, en la incorporación de las mujeres al mercado laboral, en el influjo de la televisión y otros medios audiovisuales frente a los que la infancia y la adolescencia pasa casi tantas horas como en el centro de enseñanza, o el poder creciente de la tecnología especialmente en el mundo de las telecomunicaciones que tanto condicionan y van a marcar en el futuro el devenir de nuestras vidas.

Hoy la escuela ha dejado de ser la única y la principal ventana por la que acceder al mundo. El ambiente social y familiar, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías son poderosas fuentes de información. A fin de cuentas, según los expertos, sólo un 14% de promedio del tiempo que un alumno o alumna pasa despierto, lo hace en la institución escolar. Es impensable que la educación de hoy día se realice desde la escuela concebida (.) como burbuja, en vez de en estrecha correlación con lo que ocurre en la calle y en el domicilio. Los roles de sus protagonistas han mutado considerablemente y ello obliga a una profunda revisión de los métodos de trabajo y de la organización escolar.

La educación se encuentra ante una encrucijada que le exige audacia y creatividad para dejar de ser una institución del pasado y convertirse en una eficaz herramienta de transformación social que dé respuesta a los problemas de este comienzo del siglo XXI.

Pero, al mismo tiempo, es necesario ser conscientes de que la hoy llamada sociedad del conocimiento no trae mágicamente una igualdad de oportunidades, sino que, aunque ha provocado cambios notables en la organización del trabajo y de la producción, y más aún en la carencia de conciencia social frente a la dominación anónima del capital, se enfrenta a nuevos y más agudos retos en la consecución de una sociedad más cohesionada y en la construcción de una ciudadanía crítica y comprometida con el cambio social.

Hacer frente a esta ingente tarea pasa por una política educativa, que, para Ezker Batua-Berdeak, debe articularse en torno a los siguientes ejes:

• Una educación compensadora de las desigualdades de origen.

• Una educación integradora de la diversidad, cualquiera que sea su origen: cultural, étnica, de género, de origen socioeconómico y de capacidades personales.

• Una educación que promueva el desarrollo integral, y no sólo cognitivo, de las personas.

• Una educación abierta y permeable a su entorno.

• Una educación en valores que promueva la observación, el pensamiento propio y crítico y la acción transformadora sobre ese entorno.

• Una educación democrática que promueva los hábitos de participación de los miembros de las comunidades escolares.

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• Una educación coeducadora para la igualdad entre los sexos y solidaria con las realidades cercanas y lejanas de empobrecimiento.

• Una educación gratuita, como servicio público, vertebrado a partir de una red de centros de titularidad pública, al que debe tener acceso toda persona por el hecho de serlo.

• Una educación plurilingüe como expresión de la riqueza y diversidad sociolingüística de nuestro país, que capacite en las dos lenguas oficiales y en, al menos, una tercera extranjera.

• Una educación concebida como proceso formativo permanente de las personas que no queda ceñido a los actuales planes de estudios reglados.

II. BREVE DIAGNÓSTICO DE LA ACTUAL COYUNTURA EDUCATIVA.

La coyuntura educativa ha variado sustancialmente en el ámbito estatal y ha agudizado sus peores tendencias en el ámbito autonómico.

El anterior programa electoral se enmarcaba en el ámbito estatal en la lucha contra una Ley regresiva como la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza), impulsada en el último período de gobierno del PP. La dinámica de concepción progresista, apuntada en la LOGSE, aunque mal apuntalada en lo presupuestario y con la necesidad de introducir algunas medidas correctoras con el paso del tiempo, fue interrumpida con la LOCE, que no sólo cojeaba en la insuficiencia de presupuestos, sino especialmente en el enfoque que se pretendía dar a la educación. La derecha, con dicha Ley de Educación (LOCE), pretendió quebrar esa línea de mejora que durante décadas se venía planteando, para introducir una educación selectiva, academicista, confesional, meritocrática, centralista y limitadora de la participación. Esa ley, rechazada mayoritariamente por la comunidad escolar, encontró en Euskadi una actitud ambivalente por parte de sus responsables educativos: rechazo a su centralismo pero puesta en marcha de parte de las medidas autoritarias y de segregación. Hay que felicitarse porque el conjunto de luchas, en las que hemos participado activamente desde las comunidades escolares, desde los sindicatos y en las protestas populares de la calle, junto con los cambios sociales y políticos habidos en este último período, hayan permitido poner freno al desarrollo de la LOCE.

Sin embargo, el cambio de gobierno, pasando a manos socialistas, suscitó unas expectativas de corrección de rumbo que han quedado sólo muy parcialmente satisfechas con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), actualmente en plena fase de despliegue y bajo cuyo marco se desarrolla el actual tiempo electoral. Sin duda, ha supuesto una reorientación para las políticas más conservadoras que suponía la LOCE, pero su formulación no ha sido nada vigorosa, especialmente en el desarrollo de una dimensión pública de la enseñanza, todo ello, sin obtener, ni siquiera a cambio, un amplio consenso social que permitiera augurar una larga vida a la nueva reordenación educativa.

En efecto, la LOE ha quedado lejos de aquel anhelo expresado, en plena tramitación de la LOCE, por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública cuando afirmaba: “las Administraciones educativas deben, ante todo, reforzar el papel de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa y sólo deben mantener conciertos con los centros privados que estén dispuestos a atender a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación, a hacer efectivo el principio de gratuidad y a llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente”.

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Frente a ello, la LOE no sólo renunció a reconocer ese papel a la educación pública, sino que ha reforzado los conciertos extendiéndolos a etapas no obligatorias, tal como hizo el PP. Por otro lado, la Ley no ha cortado de raíz cualquier posibilidad de cobro a las familias por enseñanzas concertadas; ni ha sometido a los centros privados concertados a los mismos requisitos de funcionamiento y control social; ni ha evitado la competencia desleal de éstos con la red pública.

Además, se ha claudicado ante la vieja exigencia de la derecha de equiparar el derecho de todos a la educación con la “libre elección de centro”, supeditando a ello el deber de los poderes públicos de programar las plazas escolares. Se pretende presentar como iguales a las dos redes, pública y privada, que siguen siendo muy diferentes en cuanto a su origen, objetivos, gestión, admisión del alumnado o contratación del profesorado, con el objeto de que la red privada concertada pueda recibir todo tipo de sobredotación económica y de personal, como se recoge en distintos apartados de la Ley.

En lo que respecta al ámbito autonómico, la tercera legislatura de la Consejería de Educación en manos de EA ha agudizado algunas de las tendencias más negativas ya patentes en las anteriores legislaturas. Así, el último período se ha caracterizado por una exacerbación de:

• Una gestión ineficaz que no ha cumplido con los principales puntos programáticos marcados, como la elaboración de una Ley del Sistema Educativo Vasco o la Ley Marco de Aprendizaje de las Lenguas. Se han abierto, eso sí, muchos temas y de mucho calado, pero no se ha conseguido cerrar casi ninguno, con lo que seguimos, cuatro años después, con las grandes cuestiones educativas que afectan a nuestra comunidad sin resolver: La ley del sistema educativo, la remodelación de los modelos lingüísticos, el mapa escolar, la remodelación aún no publicada en boletín de los Berritzegunes…

• Una orientación excesivamente preocupada por lo identitario, incapaz de lograr acuerdos entre diferentes, muy obsesionada por desmarcarse de todo lo procedente del ámbito estatal, pero por otro lado haciendo un seguidismo, unas veces obligados por los tribunales, como ha sido en la nefasta gestión de la elección de directores y directoras de los centros escolares públicos y otras, por falta de imaginación, como ha ocurrido con el llamado currículum vasco, en el que salvo unas pocas pinceladas identitarias, que son las que se destacan en los medios de comunicación y en las que se fijan el PSOE y el PP, en lo que respecta a la concepción educativa y curricular, mimetizan lo que hay en otras partes, en el estado mismo, perdiendo la ocasión de hacer un planteamiento verdaderamente propio y novedoso en competencias educativas o en la vertebración desde otros ejes menos academicistas del currículo.

• Una gestión carente de criterios vertebradores y de coordinación. El Departamento de Educación no ha funcionado con un proyecto educativo definido, más allá de declaraciones genéricas grandilocuentes. “Las líneas prioritarias de innovación educativa 2007-2010” son un claro ejemplo de la amalgama de líneas, artificialmente estructuradas, publicadas tarde y sin participación de la comunidad educativa. Todo programa y línea de actuación es importante y el sentido de lo prioritario carece de significado. Los centros responden anualmente a un aluvión de ofertas, muchas veces solapadas, y en las comunidades escolares crece la sensación de hiperactividad y de totum revolutum.

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• Una gestión laxa en su orientación social. La falta de definición de un marco, de un terreno de juego definido sigue siendo la gran coartada para que el mundo educativo se mueva demasiado en base a las presiones, especialmente de las patronales de la enseñanza concertada. Realmente, la concepción socialdemócrata que dicen tener quienes han tenido la titularidad del Departamento de Educación y su corolario de defensa de la enseñanza pública se ha visto defraudada en los hechos. Dicha defensa de la enseñanza pública no se ha manifestado ni en el decreto sobre admisión de alumnado, ni en el borrador de decreto sobre criterios para la configuración del Mapa Escolar, ni en la política de defensa de lo público en el tramo 0-3, ni en las subvenciones concedidas a centros concertados de ese tramo, ni en otras más que discutibles ayudas económicas que han recibido los centros de iniciativa social.

Estamos, por tanto, ante un horizonte poco definido, con todas las grandes cuestiones de nuestro sistema educativo abiertas, acumulando ya un retraso preocupante. Ante este panorama, Ezker Batua apuesta por una política educativa vigorosa y definida, incansable en la búsqueda de acuerdo, pero que, en todo caso, ha de girar hacia estas señas de identidad: Hacia un sistema educativo vasco, público, inclusivo, participativo, plurilingüe y de calidad. Pasamos a continuación a desarrollar esta propuesta programática para la política educativa de los próximos cuatro años.

III. HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO VASCO

La educación en Euskadi necesita de una definición, de una identidad propia. La identidad no viene dada porque ya exista la transferencia en materia educativa, ni sólo porque se contemple la historia de Euskal Herria en nuestro currículo. Se necesitan, sobre todo, dos elementos definitorios básicos: Tener un sistema educativo con vertebración propia y tener un proyecto educativo propio.

Desde hace tiempo se vienen percibiendo signos que indican el final de un período educativo y el comienzo de uno nuevo, si bien, la falta de una política educativa reflexionada y sosegada va postergando esa necesidad sentida de dar una estructura consensuada a nuestro sistema educativo. Lejos queda el Pacto Escolar del año 92, por cuya superación o reedición en otros términos, hace años que se vienen oyendo voces de diferente procedencia y bajo cuyo cobijo se aprobó la todavía vigente Ley de la Escuela Pública Vasca. Por otro lado, es hora de tener referentes educativos propios, sin menospreciar los que nos llegan de fuera, pero preguntándonos qué educación queremos para nuestros hijos e hijas en estas primeras décadas del siglo XXI. No se trata de mimetizar procesos, pero es necesario realizar también en el mundo de la enseñanza algo semejante a lo que se está realizando con la política lingüística que queremos para el siglo XXI. En este sentido Ezker Batua propone:

1. Aprobar un Proyecto de Política Educativa propia, un proyecto

educativo para la Euskadi del primer tercio del siglo XXI en el que, dentro de un amplio proceso participativo de los agentes educativos y sociales que tienen relación con la educación, se formulen nuestras apuestas educativas y las mediaciones en que se van a plasmar.

2. Aprobar una Ley del Sistema Educativo Vasco, con el mayor grado de consenso posible, que formule de forma clara las apuestas educativas, que determine el papel de los agentes educativos, la responsabilidad que incumbe a cada uno de ellos, los parámetros que

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hagan de la educación un servicio inequívocamente público sobre la base de una potente red educativa de titularidad pública que lo vertebre dentro de una estructura conjunta del sistema educativo.

IV. HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO VASCO Y PÚBLICO

El Pacto Escolar ha quedado tan atrás en el tiempo, que ya no es una referencia para nadie y nadie se atrevería hoy a solicitar una evaluación del mismo. Pero lo cierto es que su seguimiento sería la historia de una serie de incumplimientos en los que la Red Pública ha ido saliendo perjudicada.

El contenido del Pacto Escolar tenía tres apartados básicos: Planificación, financiación y euskaldunización. La intención fundamental era, una vez a punto de cerrarse la publificación de las Ikastolas que lo desearan, consolidar una doble red Pública-Privada y mantener un equilibrio entre ellas, toda vez que se venía observando una pérdida constante de alumnado para la pública en beneficio de las ikastolas y el resto de centros privados.

Se pactó en un contexto muy grave de brutal caída de la natalidad, de tal manera que en 15 años el sistema educativo vasco perdió más de un tercio de alumnado, pasando de estar matriculados 520.000 alumnos en el año 1986 a solamente 290.000 en el año 2000, y también en previsión de evitar una pugna sin cuartel en la disputa entre ambas redes por no perder alumnado.

Según datos del Eustat, si tomamos en conjunto la Educación Primaria y Secundaria, incluyendo en ésta la Formación Profesional, la evolución del reparto por redes ha arrojado esta evolución: en el curso 93/94 el reparto era muy equilibrado con sólo 3.000 alumnos más en la red privada. En el curso 97/98 la diferencia era ya de 7.000; en el curso 98-99 era de 14.000; en el 2000/01 era de 17.000, siempre a favor de la red privada. La situación se ha equilibrado en los últimos años, habiéndose reducido la diferencia a 7.000 alumnos y alumnas en el curso 06/07. La pérdida de la cuota de matrícula de Enseñanza Pública se ha concentrado, especialmente, en todos los tramos de la enseñanza secundaria, si bien, en los últimos 5 años ha aumentado la matriculación en estos tramos de la Red Pública. Con todo, sigue produciéndose un cuello de botella en el paso de Primaria a Secundaria en los centros educativos de las tres capitales vascas: hay 78 colegios concertados de secundaria frente a los 34 institutos públicos.

El Mapa Escolar que se aprobó en el año 1996 no vino a reparar las desigualdades, pues se trataba de un Mapa Escolar sólo para la Pública, lejos de los nuevos criterios de planificación educativa que reclaman la configuración de zonas comunes de influencia.

En cuanto a financiación, el Pacto Escolar quedó presupuestado en 19.000 millones de pesetas para el período 1992-1998 para cubrir los compromisos de equiparación retributiva del profesorado de la Pública con el resto de las Administraciones, la equiparación retributiva del profesorado de la concertada con el de la Pública, aún pendiente, el avance a la gratuidad de la concertada en el tramo 14-16, la mejora de las ratios en ambas redes, la revisión de módulos de conciertos en la formación profesional y una financiación adicional a las ikastolas concertadas. En 1999, el entonces Consejero de Educación declaró que lo gastado se acercaba a los 40.000 millones de pesetas. ¿A qué cabe atribuirse el desfase? a dos factores: el coste superior al previsto en la equiparación retributiva de ambas redes (en torno a 6.000 millones de más) y, sobre todo, a las ayudas de sobrefinanciación que han venido recibiendo las ikastolas privadas, lo que ha permitido una situación ventajosa de estos centros en relación con el resto de centros de la red concertada.

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Ya en el programa de hace cuatro años, denunciábamos una política que favorezca el desarrollo de la enseñanza privada en el tramo educativo de 0 a 3 años. A pesar del indudable incremento de plazas en los últimos años en el tramo 0-2 para el consorcio Haurreskolak, todavía no hay una plaza pública asegurada para quien lo desee en muchos municipios de nuestra Comunidad. Por ejemplo, en toda la Margen Derecha no hay una plaza pública disponible para menores de 2 años y en Bilbao, Basauri, Arrigorriaga, Trapagaran, Barakaldo, Cruces y Santurtzi no alcanzan la cuota del 10% de cobertura pública, cuando es esperable el doble. La fórmula consorcial de Haurreskolak establece la participación voluntaria de los ayuntamientos, lo que hace que sea potestad de los municipios el crear plazas por medio de esta fórmula. Se hace, por tanto, perentoria una revisión del Decreto actualmente en vigor y que ya fue muy controvertido en el momento de su publicación, el año 2002.

En lo referente al cobro de las cuotas, el propio Eustat recoge en sus estadísticas una cantidad para el año 2007 de 257.792 euros en concepto de cobro de las mismas por parte de los centros privados, contra el criterio legal de la gratuidad de la enseñanza.

Ante el estado de estas cuestiones, reafirmamos el principio expresado en la LOE de la educación como un servicio público, es decir, como un servicio que compete resolver, en primer lugar, a la Administración del Estado y de las Autonomías. Hemos hablado en el apartado anterior de la necesidad de vertebrar el sistema educativo vasco. Ahora bien, para Ezker Batua cualquier intento de nueva vertebración futura debe pasar por concebir la Red Pública como aquella a quien corresponde ofrecer un servicio educativo de calidad a toda la ciudadanía y compete a la Administración y a los responsables políticos elegidos, con independencia de su adscripción, velar por que no falte a nadie en ninguna circunscripción educativa una oferta pública de verdadera calidad. En base a estos criterios, Ezker Batua propone:

3. Dotar a la Escuela Pública de voz propia y organizada, que vele por sus intereses y la represente, aglutinando a todos los centros públicos y a todos los agentes que operan en el ámbito de la enseñanza pública.

4. Reelaborar el Mapa Escolar organizándolo desde los siguientes criterios: que sea integrador de todos los centros, aceptando las áreas comunes de influencia y la vertebración de dicho Mapa desde el Sistema Público, de forma que, en ninguna parte de nuestra comunidad, falte oferta pública y de calidad. y el carácter gratuito de la enseñanza.

5. Modificar el actual Decreto de Admisión del Alumnado para que esté en consonancia con los criterios anteriormente expuestos.

6. Establecer Comisiones de Matriculación por circunscripción que canalizarán todas las solicitudes de matriculación del sistema educativo de financiación pública de forma unitaria y velarán por el cumplimiento de lo establecido en la LOE sobre la admisión de alumnos además de los criterios que la propia Administración Vasca desarrolle para asegurar la cohesión social.

7. Promover un sistema de matriculación informatizado, lo que permitirá un proceso centralizado del mismo un mejor análisis de cohortes y datos que sirvan para afinar criterios en el impulso de políticas de equidad, así como potenciar la transparencia de datos, soslayando posibles manipulaciones para “orientar” la decisión de los familiares.

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8. Garantizar a los centros una financiación adecuada que contemple apoyos adicionales específicos en función de una serie de factores relacionados con la equidad y la calidad educativa, tales como, la ubicación geográfica del centro y entorno socioeconómico del mismo, las rentas anuales de las unidades familiares a las que pertenezca el alumnado, la proporción de alumnado con necesidades educativas especiales, el proyecto educativo del centro y sus desarrollos e implicaciones en la vida diaria del centro, los proyectos de innovación pedagógica, los proyectos de formación del profesorado etc.

9. Revisar la normativa de adjudicación de conciertos con arreglo a estos criterios:

• Reorganizar y unificar las múltiples convocatorias que, por distintos conceptos, se realizan a lo largo del año y que pueden constituir objeto de subvención de forma que, una vez resueltas de forma coordinada y simultánea, forme parte de las cantidades a percibir en el módulo y sean perfectamente desglosables.

• Garantizar que los requisitos educativos (calendario escolar, número de horas lectivas, número máximo de alumnos y alumnas por aula, servicios complementarios,…) sean iguales en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Garantizar las posibles actividades complementarias no son utilizadas como procedimiento de selección del alumnado.

• Garantizar que la selección del profesorado de los centros financiados con fondos públicos de titularidad privada se hace garantizando la publicidad, el mérito y la capacidad, estableciendo los mecanismos para verificar que los procedimientos de contratación se realicen con arreglo a dichos criterios. Para ayudar a ello, se creará en cada centro una comisión de contratación tripartita: titular del centro, administración educativa y representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

10. Reelaborar un nuevo de Decreto sobre la ordenación del Educación Infantil, que actualice el anterior y lo vertebre en torno a la oferta pública, canalizada ésta a través de Haurreskolak, que sin prejuicio de los debidos convenios con los municipios, se integrará en la red pública educativa, bajo la responsabilidad del Departamento de Educación. El nuevo Decreto buscará que la oferta pública de Haurreskolak se extienda a todos los municipios y no se concedan nuevas subvenciones a centros privados, allá donde existe oferta pública sin cubrir.

V. HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO VASCO, PÚBLICO E INCLUSIVO

La equidad es un principio irrenunciable de los sistemas educativos de hoy día. Más allá de la mera generalización de la escolarización, la educación debe empeñarse en la superación de las desigualdades socioeconómicas de origen y en una adecuada respuesta a la diversidad que permita que todo el alumnado pueda sentirse parte activa y participativa de la sociedad del mañana. La Comisión de las Comunidades Europeas recuerda los enormes costes ocultos que acarrean las desigualdades en materia de educación. En Estados Unidos el coste bruto medio de una persona que abandona los estudios de enseñanza media se estima en 450.000 dólares. La tasa de idoneidad (alumnado que no ha repetido curso) es del 69% en Euskadi y la tasa de fracaso al final de la ESO es del 14%,

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según datos del año 2006. Aún no siendo malas cifras, comparadas con el Estado, siempre representan un reto permanente de mejora para la política educativa que no puede ser ajena a esta cuestión crucial y debe poner en marcha las medidas de planificación educativa necesarias para reducir al mínimo posible la población escolar en riesgo de exclusión social. Pero entre nosotros y nosotras existen diversos factores que contribuyen al alejamiento de tales objetivos. Vamos a repasar someramente algunos.

Uno de estos factores es la escasa elaboración de herramientas para discriminar entre unos centros y otros, según las características socioeconómicas de su entorno. Hay un tratamiento excesivamente estandarizado, que apenas discrimina entre centros, su ubicación, su forma de trabajar, su implicación en proyectos inclusivos, la efectividad de éstos, etc.

Otro elemento a considerar es el desigual reparto entre centros y redes del alumnado según su origen socioeconómico y cultural. Los centros públicos tienen en su conjunto, una media de becarios del 36% con grandes desigualdades entre ellos, pero asimismo, dicho porcentaje es notablemente superior al de los centros privados. Algo semejante ocurre con el alumnado inmigrante que en un 69% está en los centros públicos.

Un factor tremendamente discriminador y en el que habitualmente no se repara es el actual sistema de modelos lingüísticos. El índice económico, social y cultural del alumnado que hizo la prueba Pisa 2006 por modelos lingüísticos arroja considerables diferencias entre los dos extremos situados entre los modelos A y B de la concertada, los más favorecidos, y el modelo A de la Pública, el que concentra mayores riesgos de exclusión para su alumnado. En términos académicos, se estima que la diferencia entre el alumnado de uno u otro modelo, combinado con la red, puede ser incluso de un curso de diferencia, en el alumnado de la misma edad.

Ezker Batua, pese al camino recorrido, es consciente de lo mucho que aún queda, por lograr una sociedad en la que hombres y mujeres se sientan verdaderos compañeros de vida y camino. El creciente fenómeno de la violencia de género es sólo la punta más abominable de un iceberg que nos habla de la apremiante necesidad de hacer de la educación un instrumento clave para la superación de estereotipos y la transformación de actitudes.

Finalmente, es necesario considerar la extensión indiscriminada de ciertas medidas especiales de respuesta a la diversidad, como los Proyectos de Intervención Específica, la Diversificación Curricular o los Programas de Educación Complementaria. No es cuestión de poner en tela de juicio estas medidas especiales en sí mismas, pero sí hay que hablar de la urgente necesidad de evaluarlas y de contrastar si verdaderamente generan aprendizaje y si se están aplicando de forma inclusiva, en la manera como están siendo llevadas a cabo.

La evaluación de diagnóstico prevista en la LOE y cuyas pruebas se van a desarrollar a partir del presente curso pueden resultar un herramienta muy valiosa para determinar los planes de mejora de los centros, pero también para proporcionar una información muy útil a fin de conocer la situación de cada alumno y alumna y establecer las medias de refuerzo necesarias, dentro de un planteamiento de seguimiento cada vez más personalizado hacia el que debe ir la Administración Educativa.

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Así pues, conscientes de la necesidad de hacer de la inclusividad la apuesta fundamental de nuestro sistema educativo, Ezker Batua hace suyas las siguientes propuestas:

11. Planificar un conjunto de actuaciones, entre las que cabe subrayar el compromiso de desarrollar un sistema de índices de nivel socioeconómico y cultural, que conduzca al objetivo de impedir la concentración de alumnado con dificultades asociadas a su extracción socioeconómica, al modelo lingüístico y/o a sus capacidades, promoviendo un mayor equilibrio entre los centros sostenidos con fondos públicos e impulsando planes urgentes para los centros que se han convertido en gueto o estén riesgo de serlo, a fin de que en el plazo más breve posible puedan invertir esa situación.

12. Introducir mejoras en la gestión de la acogida y atención al alumnado inmigrante, distinguiendo su diversa tipología, sus necesidades cambiantes en función de los años de inserción en nuestra sociedad y su distribución por curso, todos ellos datos relevantes para afinar las medidas de atención educativa de dicho colectivo.

13. Garantizar un sistema de seguimiento del itinerario educativo personal de cada alumno y alumna que permita tener una visión de conjunto de su trayectoria y evitar los itinerarios erráticos propiciados al partir de cero en cada coyuntura, sin considerar las trayectorias individuales y tomando decisiones repetitivas o disonantes con las necesidades personales de dicho alumno o alumna.

14. Promover en los centros Planes Globales de Mejora de la Inclusividad, bien a través de conocidos proyectos que la impulsan (Comunidades de Aprendizaje, INDEX para la Inclusión, PROA etc.), bien a través de herramientas que los Berritzegunes deben poner a disposición de los centros para que estos concreten dichos Planes, con la implicación de todos los estamentos de la comunidad escolar.

15. Promover la extensión de programas educativos que busquen la erradicación de las actitudes de discriminación sexista y promuevan la coeducación y la igualdad de género.

16. Evaluar e introducir las correspondientes mejoras en los programas concebidos como medidas especiales de atención a la diversidad, como los Proyectos de Intervención Educativa Específica, los programas de Diversificación Curricular, los Programas de Educación Complementaria y los Programas de Cualificación Inicial Profesional, para que sean medidas verdaderamente extraordinarias ejecutadas de forma inclusiva y no como itinerarios alternativos encubiertos.

VI. HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO VASCO, PÚBLICO, INCLUSIVO Y PARTICIPATIVO

La escuela, se ha dicho ya, no es la única fuente de aprendizaje. Hay que superar la “patialización” de la escuela, su aislamiento como patio cerrado y aislado de la sociedad, convertida en una burbuja endogámica, para abrirla a la vida, a la sociedad y a la participación de los diversos agentes de la misma en la propia marcha escolar. Es preciso coordinar las actuaciones, no caer en discursos y prácticas discordantes, salir de los saberes estancos, impedir el secuestro de la

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educación por parte de “especialistas” y hacer de la misma un compromiso compartido por toda la comunidad.

Ezker Batua defiende concepciones participativas de pirámide invertida, en las que el desarrollo de las apuestas educativas, bien sean locales o generales, sean construidas con el impulso de procesos participativos desde la propia base. Eso supone una nueva concepción de la Administración Educativa, que no gobierna desde el boletín y sin consultar a los afectados por sus decisiones, sino que hace síntesis de las aportaciones que le llegan desde los propios centros educativos.

La autonomía de los centros es un tema recurrente, pero nunca desarrollado. Necesitamos apuestas educativas fuertes en clave de inclusividad, compartidas y elaboradas desde las peculiaridades de cada comunidad educativa, superando el tratamiento estandarizado que actualmente reciben los centros, especialmente los de la red pública.

Desde estos principios de impulso a la participación, Ezker Batua se propone para la próxima legislatura:

17. Impulsar una Conferencia Vasca de Educación, plural y participativa, que permita sentar las bases del Proyecto Vasco de Política Educativa y de la nueva Ley del Sistema Educativo Vasco.

18. Desarrollar un Decreto de Autonomía de los Centros Públicos, que impulse y facilite aquellos proyectos de calidad y equidad que deseen impulsar las comunidades educativas, con fuerte implicación de todos los agentes de las mismas, con especial atención las familias y el entorno.

VII. HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO VASCO, PÚBLICO, INCLUSIVO, PARTICIPATIVO Y PLURILINGUE

Una de las peculiaridades de nuestro sistema educativo estriba en el sistema de modelos lingüísticos, concebido en 1982 con la intención de respetar la posibilidad de cada familia de educar a sus hijos en su lengua materna, teniendo en cuenta la cooficialidad del euskera y el castellano. Aunque aquel acuerdo fue fruto del consenso y ha tenido sus virtualidades que no hay que despreciar en el avance del bilingüismo en nuestra comunidad, Ezker Batua comparte con la mayoría de la comunidad educativa la necesidad de superar el actual marco, por un doble motivo: por la segregación social en que ha devenido el actual sistema al que nos hemos referido antes y por la notable insuficiencia de algunos modelos para euskaldunizar al alumnado.

Ezker Batua ha recordado recientemente los principios lingüísticos que le inspiran en el ámbito educativo:

• El bilingüismo (multilingüismo), es decir, la voluntad de contribuir al objetivo final de un conocimiento pleno, por parte de toda la ciudadanía vasca, de sus dos lenguas oficiales. Asimismo, este objetivo debe ser complementado, sin temor a interferencias negativas, por el conocimiento adecuado de al menos una lengua extranjera.

• La normalización del euskera, lo que supone el reconocimiento del carácter diglósico del euskera respecto al castellano y la voluntad de impulsar medidas que permitan su conocimiento y su uso normalizados en la sociedad vasca.

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• El impulso de la educación bilingüe (multilingüe). Más allá del derecho a la educación en la lengua materna, creemos que la educación bilingüe o plurilingüe, cuando está bien implementada, reporta más beneficios al alumnado que la educación monolingüe, tal como vienen demostrando numerosas investigaciones de las últimas décadas.

• La progresividad y la flexibilidad: Las situaciones sociolingüísticas, los recursos y las motivaciones de los centros de Euskadi son muy diversos, por lo que es necesaria una adaptación a esta diversidad, para que cada cual, partiendo de su realidad, pueda seguir progresando en el objetivo del bilingüismo.

• El consenso: Tratándose de una materia tan delicada, creemos imprescindible sustraerla de los vaivenes de las coyunturas políticas, sintiéndonos moralmente obligados a llegar a acuerdos estables. Cualquier reforma que no goce de un amplio consenso la coloca en posición de debilidad desde su origen, por lo que es preciso esforzarse en remover las resistencias que pueden ofrecer unas sensibilidades u otras, sin que eso signifique resignación frente a los inmovilismos.

• Atribución al sistema educativo de su justa responsabilidad: Valoramos públicamente el enorme esfuerzo que viene realizando el mundo de la enseñanza, contribuyendo de manera muy significativa al bilingüismo y la normalización del euskera. Así y todo, somos conscientes del carácter imprescindible, pero limitado de su contribución, por lo que no se alcanzarán los objetivos lingüísticos anhelados si no hay un esfuerzo correlativo de toda la sociedad. No se debe cargar sobre los hombros de la institución escolar toda la responsabilidad de la euskaldunización.

En la consideración de estos principios, Ezker Batua se propone para la próxima legislatura,

19. Aprobar, con el mayor grado de consenso posible, una Ley de Aprendizaje de las Lenguas en la Enseñanza Básica que recoja medidas inspiradas en los principios anteriores y formule un modelo único, aunque flexible, superador de las clasificaciones que tiene al actual sistema, bajo un planteamiento de educación bilingüe-plurilingüe, que reconoce a cada lengua oficial el carácter vehicular en la transmisión de conocimientos, plantee una igualdad de exigencia para las dos lenguas oficiales, aunque desde la autonomía de los centros y sus Proyectos Lingüísticos y su consecuente evaluación y control, puedan establecerse ritmos, etapas y medios diferentes para lograr los objetivos comunes que establezca dicha ley.

VIII. HACIA UN SISTEMA EDUCATIVO VASCO, PÚBLICO, INCLUSIVO, PARTICIPATIVO, PLURILINGÜE Y DE CALIDAD

La ecuación equidad-excelencia ha dejado de existir como oposición de contrarios, por lo que debe ser entendida como binomio incluyente. Las medidas de refuerzo para la inclusividad antes propuestas no son, en absoluto, incompatibles con un sistema que busque la excelencia de resultados y que motive para proseguir en el aprendizaje permanente a cada alumno y alumna que termina sus estudios básicos.

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Un sistema educativo de calidad es aquel que potencia el desarrollo integral del alumnado, corrige desigualdades, de forma que sus diferencias no sean atribuibles a factores socioeconómicos, potencia la participación de la comunidad educativa y promueve el desarrollo profesional de los profesionales de la enseñanza.

Si nos atenemos a algunos datos de referencia, podemos observar que nuestro sistema educativo arroja algunos contrastes. Si bien nos encontramos a la cabeza del Estado en tasa de éxito escolar al final de la Secundaria Obligatoria (87% de éxito), los resultados de PISA de nuestro alumnado son regulares y no guardan relación con el elevado nivel de desarrollo económico. Hay, pues, margen importante para la mejora.

Vamos a ocuparnos en este apartado final de una serie de elementos que contribuyen decisivamente a una mejora de la calidad de nuestra enseñanza.

1. Unos Servicios de Apoyo renovados para los nuevos retos.

Uno de ellos es el relativo a los Servicios de Apoyo. Recientemente han sufrido una reforma discutible, que, aunque ya experimentada, funciona de manera cuando menos alegal, pues aún no se ha reflejado en el boletín la reestructuración que han sufrido. Ha pasado ya tiempo suficiente para detectar algunas disfunciones previsibles que se están produciendo, para constatar la falta de coordinación entre las diversas líneas y entre el Berritzegune Central y los territoriales y la dificultad técnica que implica la nueva función que se asigna a los asesores y asesoras, que ya no lo son de materias, sino que realizan el seguimiento global de los centros. Por otro lado, es necesario reactivar la Inspeccción Educativa dotándole de un enfoque menos burocrático y de mayor incidencia, así como dar mayor peso específico a la dirección del IVEI-ISEI, poniendo en marcha los órganos que prevé el Decreto de su constitución y que no han sido activados: El Consejo Rector y el Comité Científico.

20. Sacar de la actual ambigüedad la reforma a medio camino que se ha pretendido hacer con los Berritzegunes, detectar las disfunciones y faltas de coordinación que se están dando, así como las nuevas necesidades de formación de los asesores y asesoras en función de nuevos roles de acompañamiento y plasmarlo en un decreto que clarifique el actual panorama confuso.

21. Activar el Consejo Rector y el Comité Científico del ISEI-IVEI y poner en marcha un Plan de Inspección Educativa que vincule el trabajo de la Inspección a aquellas tareas que sirven para impulsar en los centros Planes Globales de Inclusividad y a profundizar en la autonomía de los centros desde el asesoramiento en estrategias de participación de toda la comunidad escolar.

2. Un profesorado estable, rejuvenecido, reconocido y competente.

Otro elemento fundamental para la calidad de la enseñanza lo constituye el profesorado. En relación al mismo señalaremos estos aspectos: La necesidad de dotar de estabilidad a las plantillas de la Enseñanza Pública, continuando enr la senda iniciada en la convocatoria de OPEs como herramienta necesaria para reducir al máximo posible la interinidad; el envejecimiento de la plantilla con una dificultad ya real en este momento para reponer los contingentes crecientes de jubilaciones anuales (se prevé un ritmo con un promedio de casi 600 jubilaciones anuales hasta el 2015 y de casi el doble en la siguiente década, lo que unido a la necesidad de competencia lingüística en las dos lenguas oficiales, plantea un verdadero reto en la reposición de estas tasas); la necesidad de una formación

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adaptada a las nuevas exigencias educativas que parta de las realidades cotidianas del profesorado y no tanto de cursos descontextualizados y la necesidad de reforzamiento de los niveles de euskaldunización.

En relación con esto último, hay que subrayar la necesidad de dar un mayor impulso a la innovación pedagógica. El tradicional sistema discursivo, de seguidismo del libro de texto y realización de ejercicios que aseguren de modo repetitivo que se ha retenido la información dada hace tiempo, ha tocado techo y los y las docentes de nuestro sistema son conscientes de ello y reclaman herramientas y formación para profundizar en los cambios metodológicos. El discurso en boga de la educación por competencias no ha permeabilizado suficientemente en los claustros y choca con dificultades organizativas del currículo que es necesario empezar a remover. Esta renovación pedagógica sería una innegable fuente de satisfacción profesional.

22. Realizar convocatorias anuales de OPEs para docentes del sistema público, con el objetivo de ir reduciendo la interinidad hasta el 8% y fomentar la equiparación entre todos los y las docentes de los centros sostenidos con fondos públicos.

23. Realizar una investigación en profundidad y proponer un Plan de Previsión de Personal Educativo, con diversas actuaciones frente al grave problema de falta de personal cualificado para la docencia, cuyos primeros síntomas ya han empezado a aparecer.

24. Promover un Plan de Renovación Pedagógica, que girará en torno a la metodología dialógica y las competencias educativas, impulsando los Planes de Formación en Centro y el sistema de Investigación-Acción.

3. Una financiación acorde a los parámetros europeos y una mejora de las infraestructuras de la Escuela Pública.

Otro elemento necesario, aunque no suficiente para la calidad del sistema, es el relativo a los recursos económicos que se dedican a la enseñanza. Analizados algunos datos relevantes nos manifiestan también una situación de claroscuros. Si bien somos la Comunidad del Estado que gasta más por alumno (6.070 euros en el año 2005, un 34% más que la media del Estado), por otro lado, el gasto en educación en relación al PIB muestra una tendencia regresiva situándose en torno al 3,8% en el año 2004, lejos del 4,3 del conjunto del Estado y más lejos aún del objetivo europeo fijado para el 2010 de alcanzar el 6%. Otro cuestionamiento añadido, a la luz de los resultados PISA, es si hay aprovechamiento óptimo de los fondos que se destinan. El tema financiero va ineluctablemente unido con la creación y mejora de las infraestructuras. En ese sentido, hay que dar continuidad al reciente Plan Estratégico en Infraestructura en Centros de la Enseñanza Pública.

25. Acercar la dotación presupuestaria a educación al 6%, porcentaje de referencia establecido en el ámbito europeo para el 2010.

26. Llevar a cabo el Plan Estratégico en Infraestructuras de los Centros de la Enseñanza Pública.

4. Articular la formación profesional y el aprendizaje a lo largo de la vida

Finalmente, apostamos por un sistema sólido y flexible de Formación Profesional y de Educación Permanente de Adultos como vías necesarias para una mayor capacitación y especialización personal y profesional a lo largo de

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toda la vida y, desde nuestra concepción de un sistema educativo lleno de pasarelas y suficientemente flexible e intercomunicado, hacer realidad el reto de lograr una ciudadanía en proceso constante de aprendizaje. En el caso de la Formación Profesional, es necesario ampliar la red de centros integrales e impulsar el consenso y el acuerdo sobre la misma entre la Administración, las patronales y los sindicatos dispuestos a ello.

27. Proseguir en la dirección de una Formación Profesional integradora de sus subsistemas (inicial o reglada, ocupacional y continua, complementando la formación técnica que exige el entorno productivo, con una formación social, que permita ir transformado las relaciones laborales en las empresas. Esto supone reorganizar los centros de Formación Profesional de forma que pueda tener plantillas que cubran los tres subsistemas sin utilizar el recurso de las horas extras de la plantilla.

28. Dotar a cada centro de una Comisión tripartita o Consejo Social con la participación de la dirección y profesorado del centro, los sindicatos y los empresarios de la zona o comarca de influencia del centro, con capacidad para definir y evaluar la planificación de la oferta de formación ocupacional y continua que realice.

29. Dotar al sistema vasco de cualificaciones profesionales e impulsar el acuerdo con los agentes sociales para que sus acreditaciones tengan validez en el mercado laboral. Dotar al sistema de un modelo de acreditación de la experiencia, consensuado con sindicatos y empresarios, en el que participen expertos de estos junto a los de la administración.

30. Ampliar la oferta formativa de EPA, de forma coordinada con la Formación profesional, para que se convierta en un fuerte eslabón en el proceso de aprendizaje, de forma que no se limiten casi exclusivamente a la obtención tardía de la titulación que acredita la formación básica, sino que permita responder a la amplia demanda de formación reglada y no reglada de los adultos y adultas.

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UNA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD VASCA

1.- CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD. POR UN SERVICIO PÚBLICO CON FINANICACIÓN SUFICIENTE. PROMOVER LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA.

Las universidades europeas están siendo sometidas a una presión creciente por parte del gran capital, orientada a convertir el servicio público de investigación y docencia superior en una mercancía para los estudiantes-clientes y en una subvención indirecta, al servicio de la formación de capital humano e innovación tecnológica de las empresas, subordinando los objetivos de desarrollo general del conocimiento y de creación de cultura crítica que expresan la esencia de la trayectoria de las universidades europeas. La creación del Espacio Europeo de Investigación está siendo hegemonizada por los sectores empresariales y administrativos, promotores de la concepción más neoliberal de los servicios públicos (“de interés general” en la terminología oficial de la Unión) y se está diseñando desde la lógica de la promoción de un mercado global de servicios educativos.

Bajo la excusa de velar por la calidad, el denominado Proceso de Bolonia se orienta a diferenciar los centros y, por tanto, el acceso entre una mayoría de instituciones masificadas e infradotadas de personal y de recursos, y unas cuantas instituciones al servicio de la renovación de las élites de poder. Al mismo tiempo, el personal universitario, tanto los docentes e investigadores, como el personal de administración, se ven sometidos a una intensificación del trabajo asociada a las modificaciones en la estructura de la docencia

Y todo esto está ocurriendo con muy poca contestación social, y sin menos propuestas alternativas. En este sentido, el modelo universitario que tradicionalmente ha venido impulsando la Administración vasca situado dentro de la impronta neoliberal respecto a los servicios públicos, encaja en las nuevas orientaciones que dominan el panorama europeo. Durante los últimos años, ha continuado el apoyo con dinero público al desarrollo de las universidades privadas de Deusto y Mondragón, manteniendo una actitud cicatera hacia la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibersitatea, la más importante en cuanto al número de alumnos y alumnas, trabajadores y realidad investigadora, además de su carácter social, inherente a su titularidad pública, y carácter crítico, garantizado por su autonomía

A este respecto, a lo largo de prácticamente toda la legislatura que ahora culmina, han continuado las dificultades en la financiación, limitando la consolidación de la plantilla de personal de administración e impidiendo la asignación de complementos retributivos en cantidad suficiente al profesorado. Se ha ido consolidando un reparto de la función social de las universidades vascas en el que las privadas seguirán siendo las responsables de la formación de la elite política y social. En ese sentido, tienen un trato especial y una financiación adicional, toda vez que, en la práctica, están incluidas en la red de centros tecnológicos y científicos tutelados por el Gobierno vasco, para desarrollar buena parte de la investigación en Euskadi, en la que la UPV/EHU aparece solamente como una subcontrata de recursos humanos.

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A la universidad que debía ser el eje central del sistema de ciencia-tecnología vasco, la UPV-EHU, a pesar de contar con medios y personal altamente cualificados, salvo algunas pequeñas excepciones, ligadas más a vínculos políticos que estrictamente académicos, le han sido escatimados los medios relegándola a la concurrencia subsidiaria, tanto en oferta académica como investigadora. Como consecuencia directa de esto, la UPV-EHU sigue asumiendo los costes de la masificación estudiantil, se le asigna cada vez más un papel de fomento de la lengua vernácula y de formación generalista de profesionales, participando escasamente en la definición de las orientaciones estratégicas de la investigación vasca.

Por otra parte, el modelo de universidad que define la mencionada Ley del Sistema Universitario Vasco, otorga una preeminencia considerable al Gobierno Vasco en detrimento de la autonomía universitaria, a la vez que rebaja la representación social e incorpora a las universidades privadas en régimen de igualdad con la UPV-EHU. La pérdida de autonomía universitaria puede acentuarse, además, si en la creación de organismos y nombramiento de los miembros de los mismos por el Gobierno Vasco, se prima la fidelidad política a consideraciones de excelencia de sus miembros.

Este riesgo es especialmente grave en la composición de la Agencia Vasca de evaluación y certificación académica, cuyos primeros pasos en la evaluación del profesorado no han podido ser más nefastos, y que va a tener también un papel relevante en el acceso del nuevo profesorado, especialmente en el de contratación laboral que la propia ley crea. Con todo, seguimos prácticamente en la misma línea que marcó en su día la Ley de Ordenación Universitaria, precedente de la actual, lo cual podría convertir a la universidad en una prolongación del gobierno.

2.- POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CALIDAD

Ezker Batua tiene el compromiso de defender una universidad vasca, pública y autónoma, en la cual el esfuerzo de los investigadores se encuentre socialmente reconocido, con financiación suficiente para adaptarse a los rápidos cambios en los contenidos y estrategias docentes e investigadoras, presente activamente en la definición de las prioridades de la investigación vasca, con una posición de liderazgo.

La Administración pública vasca, en la medida que dependa de EB, garantizará la autonomía de la UPV-EHU y promoverá las medidas necesarias para aumentar y consolidar los mecanismos de participación de estudiantes, Personal Docente y de Investigación (PDI) y trabajadores de administración y servicios.

• EB se compromete a modificar la estructura y funciones del Consejo Social, para que sea un órgano de participación social y de encuentro de la comunidad universitaria con la sociedad en general. En el caso de la presidencia del Consejo Social de la UPV Ezker Batua-Berdeak es partidaria de que su presidencia vuelva a estar designada por el Parlamento Vasco con mayoría cualificada. EB plantea la exigencia de la creación de Consejos Sociales de composición similar en su parte social al de la UPV-EHU en las universidades privadas si quieren recibir ayudas públicas

• EB promoverá el acceso a la actividad docente e investigadora respetando escrupulosamente los requisitos de mérito y capacidad, y facilitará

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la carrera docente y la mejora de las retribuciones acordes con la función social que ejercen los investigadores y docentes universitarios.

• EB se propone fomentar los vínculos entre la Enseñanza Superior y la Secundaria, para favorecer la formación permanente del personal docente de Enseñanzas Medias. También fomentar los estudios de Humanidades y facilitar salidas profesionales para dichas carreras, por cuanto son un elemento insustituible en la formación de la conciencia social, en la comprensión crítica de la realidad y en la definición de cualquier proyecto social de futuro.

• Regulación laboral con plenos derechos del personal becario investigador.

• Establecer un convenio de colaboración ente Osakidetza y la UPV/EHU que facilite la polivalencia del cuerpo médico de la Sanidad Pública entre actividades clínicas y actividades de docencia e investigación, incremente la dedicación a tiempo completo a tareas de docencia e investigación de la plantilla de la Facultad de Medicina y desarrolle nuevas áreas de investigación médica.

3.-EL EUSKERA EN LA UNIVERSIDAD

Por lo que respecta al euskera, avanzar en la oferta de asignaturas en este idioma, incluso facilitar la investigación en euskera, son objetivos compartidos, pero que en ningún caso se pueden desarrollar en detrimento de la calidad de la oferta docente e investigadora. Por eso, se requiere seguir impulsando planes consensuados de extensión del euskera en la Universidad, que tengan siempre una graduación y coadyuvando a los objetivos de mejora de la oferta docente e investigadora, tomando en consideración la diversificación lingüística con el impulso al inglés, y la captación de talentos

4.- MÁS FINANCIACIÓN AL SERVICIO DE LA CALIDAD DE LA UPV/EHU

Esta progresión a la que nos referimos en el apartado anterior no es posible sin asignar esfuerzos presupuestarios especiales. Y también rechazamos que se pretenda sustraer al quehacer universitario la creación del centro de investigación de vanguardia, que sin requisitos lingüísticos ni los mecanismos adecuados de selección transparente y autónoma, se están derivando hacia estructuras paralelas diversas dependientes de Diputaciones y Gobierno Vasco

• EB propone eliminar todas las subvenciones para infraestructura y docencia a centros universitarios privados en áreas científicas presentes en la UPV/EHU y que no se encuentren saturadas.

• Incrementar la financiación de la Universidad Pública, hasta conseguir alcanzar en la legislatura un presupuesto equivalente al 2% del PIB de Euskadi.

• Estabilizar e incrementar la plantilla de personal de administración y servicios, que actualmente sufre un 40% de inestabilidad y presenta uno de los ratios PAS/profesorado más bajos de las universidades estatales.

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5.-NO A LA SELECTIVIDAD Y A LOS MASTERS DE PAGO

Ezker Batua Berdeak se ratifica en su postura contraria a los filtros y barreras selectivas para el acceso a los estudios superiores, con los que hasta ahora se ha pretendido resolver los ajustes entre la oferta y la demanda. Son mecanismos que hay que ir superando hasta su definitiva desaparición.

Apostamos por ampliar las ofertas de formación y cualificación profesional y social y mejorar la orientación educativa y laboral al final de los bachilleratos, como verdadera respuesta de fondo al acceso masivo a la Universidad. También ayudará la realización de un análisis de necesidades, según zonas y tipos de estudios.

Ezker Batua Berdeak va a impulsar una política universitaria que implique:

• Adaptar la oferta a la demanda de servicios educativos superiores.

• Reforzar las plataformas de acceso a la universidad desde otros itinerarios educativos y la participación de la universidad en la formación permanente de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

EB se opone frontalmente a la mercantilización de la universidad, y en esta línea, rechazamos el intento de mantener unos grados masificados de baja calidad, y unos postgrados altamente selectivos y por los cuales los estudiantes estén obligados a pagar un precio equivalente al coste implícito de los mismos. Entendemos los estudios universitarios en su integridad hasta el doctorado, como un servicio público, y como tales, y en la medida que esté en su mano, EB rechazará el patrocinio privado de masters y líneas curriculares, que se deben definir desde el más escrupuloso respeto a la autonomía de las universidades.

6.-EL RECONOCIMIENTO Y LA DIGNIFICACIÓN DE LOS Y LAS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Todas las propuestas y materialización de los objetivos expuestos pasan ineludiblemente, por el principal capital de la Universidad: los profesionales, hombres y mujeres que cada día la hacen posible. Para el logro y materialización de los principios generales expuestos, consideramos que la actuación de gobierno debe tender a la consecución, en un plazo razonable, de los siguientes objetivos:

Personal de Administración y Servicios

La política universitaria en lo que respecta al Personal de Administración y Servicios, pasa por dotarse de una plantilla acorde en cantidad y calidad con las necesidades reales de la Universidad. Hace ya mucho tiempo que es patente la carencia de personal, asunto denunciado por los sindicatos hasta la saciedad, sin encontrar, hasta el momento, respuesta suficiente ni presupuestaria, ni en la planificación global de la UPV/EHU. Por el contrario, la administración autonómica ha actuado en este tema ignorando la autonomía universitaria, y fundamentalmente considerando a la universidad como una institución con la que contar para “aliviar” la distribución de los excedentes de plantilla de la administración autonómica.

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El PAS requiere garantizar la estabilidad de las plantillas, tema no resuelto con las OPE que de forma tardía y parcial se han promovido desde el Gobierno Vasco y las autoridades académicas. Pero sobre todo, el PAS de la universidad necesita una elevación general de las categorías y niveles de especialización. Es necesaria la creación de una plantilla específica de apoyo a la docencia y la investigación: técnicos de laboratorio, técnicos informáticos y de medios audiovisuales, así como documentalistas. Es preciso que se reconozca en este sentido el esfuerzo de adaptación y mejora profesional que lleva a cabo una parte sustancial de la plantilla, y que se elaboren planes ambiciosos para profundizar en esa especialización requerida, comprometiendo los fondos públicos necesarios para ello.

Personal docente e investigador

Gran parte de lo dicho en el caso del Personal de Administración y Servicios, es igualmente válido en el caso del profesorado, tanto en lo que se refiere a la adecuación a las profundas transformaciones docentes y de investigación que las nuevas tecnologías, líneas formativas y planes docentes comportan, como en lo que a la permanente puesta al día se refiere. Los continuos cambios en planes de estudio y su implicación en los contenidos docentes y metodológicos sólo pueden ser afrontados por el profesorado, contando con un apoyo decidido de la institución académica en materia económica y rebaja de carga docente, tal y como se viene haciendo, desde hace ya bastantes años en otros ámbitos educativos. Pero, difícilmente se puede actuar en este sentido sin el apoyo decidido del Gobierno Vasco y su compromiso con una universidad pública de calidad y en mejora continua.

Ezker Batua-Berdeak promoverá un incremento en la financiación para la formación permanente del profesorado universitario, que permita, entre otras cosas, mejorar la movilidad de los profesores, los intercambios de docentes e investigadores en particular en el seno del Espacio Europeo de Investigación y la presencia de la investigación vasca en revistas científicas de primer nivel. Rechazamos la política de atracción de talentos que no contempla la generación de talento propio.

Esta continua demanda de adaptación al profesorado universitario contrasta con el escaso reconocimiento que hasta ahora se hace a la labor de los docentes, en particular a los universitarios. En el sistema vasco de ciencia y tecnología, los profesores de la UPV/EHU aportan el mayor capital humano, sin embargo, la presencia institucional de la universidad aparece en un lugar subordinado, con escaso control sobre los resultados de la investigación que ejecutan en consorcio con otros agentes empresariales y tecnológicos del sistema vasco. Se requiere un cambio estructural que dote a la UPV/EHU y al PDI de mayor visibilidad, autoridad y autonomía en el sistema de creación y transferencia de conocimiento.

Los niveles salariales del PDI están por debajo de los niveles de cualificación en la Administración vasca, en una cantidad aproximada de 6.000 euros anuales. La fracasada asignación de complementos salariales sólo ha paliado parcialmente, y de forma desigual entre el PDI, ese diferencial.

En este sentido, desde Ezker Batua nos parece imprescindible continuar trabajando para la consecución, en primer lugar, de una mejora salarial generalizada, a través de una correcta materialización de los acuerdos firmados sobre los complementos, puestos aún en solfa desde distintos ámbitos, fuera y dentro de la propia Universidad.

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JUSTICIA DEMOCRATICA Y EFICAZ

1.- LA DEFENSA DE NUESTRA JUSTICIA. EZKER BATUA defiende a todas las personas al servicio de la

Administración de Justicia del País Vasco. Las defendemos de las amenazas y coacciones terroristas que vienen

sufriendo y de los ataques a sedes judiciales, recordando que en 2001 ello culminó en el asesinato del magistrado José María Lidón, sin que, desde entonces, la amenaza haya disminuido un ápice.

Esta situación, además de constituir un insoportable ataque a los más

elementales derechos humanos de quienes los padecen, también constituye un ataque a la independencia judicial, a la ciudadanía y al patrimonio público.

2.- LA JUSTICIA EN EL ESTADO Y EN EUSKADI. Han pasado cuatro años desde nuestro anterior programa electoral y la

Administración de Justicia en el Estado Español se encuentra sumida en una crisis aún más profunda que la que en anteriores ocasiones ya habíamos denunciado.

Si los Gobiernos del Partido Popular habían renunciado a una Justicia

independiente, imparcial y eficaz y se habían lanzado a una estrategia de reformas legales oportunistas, populistas y reaccionarias, los dos últimos Gobiernos del Partido Socialista han transcurrido por la misma senda: se ha rehusado abordar los auténticos problemas de la Justicia y se ha continuado en idéntica línea de actuaciones legislativas de mera oportunidad y contrarias a políticas progresistas en materia de justicia y seguridad.

Por eso, hoy nuestras propuestas adquieren una mayor fuerza después de

constatar que, tras ocho años de gobierno del PP, que significaron un claro retroceso normativo con pérdida de calidad, de eficacia, de garantías e inseguridad jurídica de los ciudadanos, el Ejecutivo del PSOE ha optado por el continuismo en justicia y la falta de una decidida voluntad política para llevar adelante reformas estructurales. Y ello, sin perjuicio de algunos avances en cuestiones importantes, en las que la izquierda real ha sido determinante para su aprobación, como la reforma del Código Civil en materia de matrimonio, entre otras.

Desde una perspectiva de izquierda transformadora, que Ezker Batua-

Berdeak representa, son objetivos preferentes los de:

• el logro de la efectiva independencia y el desempeño de un papel ajustado al orden constitucional por parte del Poder Judicial, y la garantía de una respuesta judicial igual para toda la ciudadanía

• una transformación radical de la Administración de Justicia para el cumplimiento de la misión que le es propia, para lograr una justicia eficaz sin dilaciones indebidas y superar la falta de confianza y credibilidad en la ciudadanía.

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En este sentido, Ezker Batua-Berdeak apuesta claramente por una justicia

independiente como verdadero poder de Estado y una justicia eficaz, equilibrada, sensible a los cambios sociales y moderna en su funcionamiento, capaz de ofrecer a los ciudadanos un servicio público próximo y de calidad. Junto a ello, resulta fundamental e irrenunciable la profundización en la democratización de la justicia y la participación ciudadana, sensibilizando a la sociedad en la idea de la justicia como servicio público.

En el camino quedan, enquistados y agudizados, los eternos problemas de

la Justicia en el Estado:

• Lentitud e ineficacia. Resultado de las deficientes leyes procesales, de la falta de medios materiales y de su adecuación a las exigencias de una Justicia moderna, de la ausencia de desarrollo pleno de las previsiones de creación de Juzgados – planta judicial - y de la falta de adaptación de la Oficina Judicial a las necesidades actuales de la Justicia.

• Desigualdad económica en el acceso a la Justicia y vulneración de hecho del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

• Desigualdad, en la percepción ciudadana, en la respuesta judicial en función de la condición económica, política o ideológica de las personas.

• Falta de confianza en la Justicia. Lamentablemente, en los últimos diez años hemos asistido a grandes

discursos y a supuestos intentos de mejora de la Justicia. Así, el llamado Pacto por la Justicia, entre el PP – entonces en el Gobierno – y el PSOE – entonces en la oposición –, que se ha prolongado durante estos años, ha servido únicamente para promover un buen número de reformas legales que han generado una auténtica involución democrática: la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y posteriores reformas, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley de Partidos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley sobre Juicios Rápidos, las sucesivas reformas para el endurecimiento del Código Penal e incluso la introducción de un nuevo tipo delictivo para castigar a quien convocara un referéndum no autorizado.

Ha de recordarse, además, que muchas de estas reformas han seguido los

criterios de oportunidad inmediata y de rentabilidad electoral al abordar la lucha contra el fenómeno terrorista y, en conjunto, la cuestión vasca. A ello ha de sumarse la utilización de la judicatura para combatir el entorno cultural, lingüístico y económico de HB (Xaki, Fundación Zumalabe, AEK, Zabaltzen, Egunkaria, etc) en procesos judiciales de dudosa adecuación a las exigencias constitucionales, cuyo final en algunos casos aún no conocemos.

Además, en Euskadi la independencia e imparcialidad de la Justicia se han

visto muy dañadas por la respuesta judicial en casos de gran relevancia social y jurídica. Así, en los procedimientos penales seguidos contra los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco, la compañera Kontxi Bilbao, y su Presidente Juan María Atutxa y Gorka Knörr; en la elaboración de la denominada doctrina Parot; en el conocido caso De Juana; en el proceso penal contra el Lehendakari Ibarretxe y otras siete personas por seguir confiando en el diálogo político como cauce de resolución de conflictos… Las respuestas judiciales, manifiestamente desiguales, en estos procesos y en otros afectando a otras personas, han

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quebrado de manera grave la confianza en la Justicia y van a exigir grandes esfuerzos para su recuperación.

Por otra parte, algunas de las reformas legales anunciadas y presentadas

por el PSOE no se han materializado aún o han sido ya abandonadas, como la creación de Consejos Territoriales de Justicia en las Comunidades Autónomas, la creación de los llamados Juzgados de Proximidad, la reforma de la Oficina Judicial, etc.

Mención especial merece el llamado Gobierno de la Justicia, esto es, el

Consejo General del Poder Judicial. Copado hasta la última renovación en este pasado otoño de 2008 por los sectores más conservadores y reaccionarios de la carrera judicial, han impedido que este órgano lleve a cabo su principal cometido, cual es garantizar la independencia judicial y la eficacia de la Justicia. Las reformas legislativas sobre la forma de designación de sus miembros y la práctica parlamentaria revelada una vez más en la última renovación del CGPJ han dejado de manifiesto la nula voluntad de dotar a este órgano y, en consecuencia, a la Justicia, de altas cotas de independencia.

Asimismo, las continuas injerencias del Gobierno en la Justicia y en el CGPJ

y la falta de medios materiales adecuados en una gran parte del Estado, han generado una importante situación de conflicto cuyos últimos capítulos no se han escrito aún, pero que, unida a las más que legítimas demandas ciudadanas, exige una profunda reforma de la Administración de Justicia.

Reforma que Ezker Batua ha venido ya reclamando e impulsando en los

últimos años: replanteamiento de la forma de designación del CGPJ; reforma del acceso a la judicatura mediante sistemas racionales alternativos al de la tradicional oposición; reintroducir el tercer turno y potenciar el cuarto turno, como modo de acceso a la judicatura; adecuación real e integral de la Justicia al Estado de las Comunidades Autónomas; adecuación de la Justicia en Euskadi a las exigencias derivadas de la existencia de dos lenguas oficiales y euskaldunización; impulso de la participación ciudadana en la Administración ciudadana mediante la institución del Jurado. Se trata, en definitiva, de repensar la Justicia con los colectivos que en ella actúan y la ciudadanía y sus representantes, para lograr una Justicia cuya independencia, eficacia y adecuación a los valores de convivencia constitucionales sean reales.

3.- ÁREAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN. Esta profunda reforma exige abordar aspectos sustanciales de la

Administración de Justicia, que EZKER BATUA centra en los siguientes terrenos:

• La denuncia y la condena de la violencia y de la amenaza contra los servidores de la Justicia y los ataques a los edificios judiciales.

• La participación ciudadana en la Administración de Justicia. • La reforma de las leyes procesales. • La mejora de la efectividad de la respuesta judicial. • La Planta Judicial y su pleno desarrollo. • La nueva Oficina Judicial. • La culminación de las transferencias del personal de la

Justicia. • La normalización del uso del euskera en la Justicia.

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• La Ertzaintza como Policía Judicial. 4.- LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA JUSTICIA. Sin duda, la Justicia es el poder del Estado más desconectado de la

ciudadanía y uno de los servicios públicos más alejados de la ciudadanía. Esta desconexión no constituye un fenómeno nuevo, sino más bien histórico, lo que hace imprescindible abordar medidas profundas que faciliten la participación ciudadana, tanto en la impartición de justicia como en su gobierno.

El Jurado es un medio fundamental para la participación ciudadana en la

Administración de Justicia y en el acceso directo de la sensibilidad social al momento de impartir justicia. Ezker Batua apuesta por la extensión de la figura del Jurado a todos o la mayor parte de los procesos judiciales y por la participación social en todas las jurisdicciones, esto es, también la civil, la social y la contencioso-administrativa.

La acción popular se configura constitucionalmente como modo de

participación de la ciudadanía. Urge una clara regulación de esta acción popular que reaccione frente a la sentencia dictada al respecto en el llamado caso Botín y rectifique la doctrina en el sentido de que la acción popular pueda actuar de modo autónomo cuando el Fiscal y los perjudicados -si los hubiere- no acusen. El ejercicio de la acción popular debiera estar sometido al único control de la calidad y solvencia de la acusación, es decir lo que representa el llamado juicio de acusación, al margen de quién vehicule la pretensión punitiva, control que ha de realizar el órgano judicial correspondiente.

La valoración y el control del servicio público de la justicia por parte

de la ciudadanía es un instrumento imprescindible de conexión entre ambas y de mejora de sus deficiencias. Por ello, apostamos por crear mecanismos eficientes de participación de los usuarios del servicio que, junto con todos los restantes agentes, permitan disponer de manera permanente de un diagnóstico certero de la situación de la justicia para facilitar el abordaje de cada una de sus carencias. Ezker Batua-Berdeak ha defendido la creación de un Consejo de Coordinación que reúna a las fuerzas judiciales, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, y otras fuerzas de representación social, en cuyo seno se debatan los problemas reales del funcionamiento de la Administración de Justicia y se propongan las soluciones más oportunas.

La elección popular de algunas funciones judiciales de primera

instancia también ha sido defendida por Ezker Batua-Berdeak en su propuesta de Federalismo de libre adhesión.

El gobierno del Poder Judicial ha de adecuarse también a la realidad de las

Comunidades Autónomas. Urge una descentralización profunda de las funciones del Consejo General del Poder Judicial que permita que la dirección de la Administración de Justicia en las Comunidades Autónomas se ejerza en este marco. La creación de nuevos órganos - Consejos de Justicia o del Poder Judicial autonómicos o Salas de Gobierno –, cualquiera que sea la denominación que reciban, ha de ser abordada desde estos planteamientos de participación y cercanía de la toma de decisiones.

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Estos nuevos órganos deben constituirse en auténticos órganos generales de gobierno interno del Poder Judicial en cada territorio. Ello va a exigir también adecuar su composición para dar cabida a las representaciones profesionales y sociales necesarias para garantizar la participación social en las mismas. Igualmente, la designación de estos órganos de gobierno del Poder Judicial habrá de hacerse con la intervención de los Parlamentos Autonómicos – en nuestro caso, el Parlamento Vasco – y según un sistema proporcional que sustituya al sistema mayoritario actual, que permita la auténtica representación de todas las sensibilidades judiciales.

A su vez, estos órganos y las actuales Salas de Gobierno han de colaborar

con la Comunidad Autónoma para lograr una mayor eficacia de la Administración de Justicia, para lo que urge un refuerzo y un nuevo impulso de las respectivas Comisiones Mixtas.

En definitiva, se trata de fortalecer todos los mecanismos de democratización y participación ciudadana en la Administración de Justicia, muy especialmente el Jurado y la acción popular, en evitación de cualquier tentación de erradicar participación directa de los ciudadanos en la justicia, y tratando de avanzar y profundizar en ella.

5.- REFORMA DE LAS LEYES CIVILES, PENALES Y PROCESALES. A diferencia de lo acontecido en las jurisdicciones social, contencioso-

administrativa y civil, en las que se han aprobado en los últimos veinte años nuevas Leyes de procedimiento, en la jurisdicción penal sigue vigente la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, norma que ha sufrido un buen número de reformas parciales que han generado un cierto caos sistemático y mantenido estructuras judiciales tradicionales sin adecuarlas a las nuevas exigencias.

A).- LAS LEYES CIVILES.

Este orden jurisdiccional civil resuelve conflictos que tienen gran incidencia en la vida diaria y familiar de las personas. Ezker Batua-Berdeak considera imprescindible abordar algunas reformas, tanto sustantivas como procesales, en las siguientes líneas:

• Establecimiento de tres procesos civiles: Ordinario, Ejecutivo (títulos), De las personas (Familia, incapacidades, tutela).

• Creación de nuevos títulos ejecutivos.

• Aprobación de una Ley de Jurisdicción Voluntaria.

• Aprobación de una Ley de Mediación Civil.

• Atribución al Fiscal la protección/intervención en el proceso de las personas y en el ordinario que afecten a los derechos de las personas.

• Criterios de especialización de Jueces, Fiscales de Familia e Incapacidades.

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• Creación de Juzgados de las Personas, que estarán especializados en Familia e Incapacidades.

• Creación de Secciones de Audiencias especializadas.

• Separación de las jurisdicciones civil y penal en partidos judiciales con más de 4 Juzgados.

• Reformar la regulación de la guarda y custodia de los menores tras la separación de los progenitores y establecer como modelo general y preferente la custodia compartida de los hijos, ejercida de forma alterna, con la excepción de aquellos casos en que ello perjudique objetivamente el interés del menor.

• Crear, al menos, un servicio de mediación familiar por cada partido judicial. Facultar al Juez para que, de forma preceptiva, dirija a las partes en litigio a conocer este servicio antes de iniciar la vía contenciosa y siempre que haya menores. Facultarlo, a su vez, para que tenga conocimiento del estado de la mediación y los motivos por los que se renuncia a este servicio si así fuese. Realizar campañas institucionales de información y sensibilización para la población sobre los beneficios de la mediación familiar.

• Trazar nuevas políticas de conciliación de la vida laboral y familiar que faciliten la aplicación de la custodia compartida, con medidas de flexibilización del horario laboral de ambos progenitores.

• Ayudas económicas y facilidades en el acceso a la vivienda para el progenitor que ha perdido la vivienda, cuyos hijos e hijas tienen también derecho, además del propio progenitor, a una casa digna durante las estancias con el progenitor no custodio.

B).- EL CÓDIGO PENAL.

• Atención a las nuevas tendencias de la criminalidad y los nuevos factores sociales, dando prioridad a la defensa de los bienes jurídicos colectivos.

• Despenalización del aborto, con expresa consideración de los plazos.

• Despenalización de la eutanasia activa. • Despenalización de la ocupación de viviendas y propiedades

abandonadas y reconducción del conflicto a la jurisdicción civil. • Endurecimiento de los delitos fiscales, societarios y contra el

medio ambiente. C).- EL PROCESO PENAL.

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Urge, desde luego, una reforma del proceso penal que siga las siguientes líneas básicas, en aras de recoger de manera integral y coherente los valores y principios constitucionales.

• Reforma de la actual regulación de los juicios rápidos que,

además de la eficacia de la acción judicial, garantice el derecho a al defensa de las personas imputadas.

• Atribución de la instrucción del proceso penal al Ministerio Fiscal, previa imprescindible adecuación del modelo actual de Ministerio Fiscal. En efecto, una vez reformada la posición institucional del Ministerio Público, a fin de acentuar el principio de imparcialidad, en defensa de principio de legalidad, imprescindible para su actuación en el marco del Estado de Derecho, deberá atribuírsele la investigación penal, reservando al poder judicial el enjuiciamiento y la garantía de los derechos en el proceso.

• Consecuente creación de los Juzgados de Garantías, encargados de velar por los derechos de las partes durante la instrucción del proceso penal y de resolver sobre las medidas cautelares.

• Fijar un nuevo modelo de política criminal, que comprendería la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la regulación de la prisión provisional y la reforma integral del Código Penal, para introducir las penas alternativas a la prisión provisional y atender las nuevas tendencias de criminalidad y teniendo en cuenta los nuevos factores sociales.

• Regulación adecuada de la acción popular, que garantice la participación ciudadana en la Administración de Justicia y los derechos de las personas imputadas.

• Aumento de las competencias y mejorar la implantación del Jurado.

• Simplificación a dos únicos procesos ordinarios: Por delito y por faltas.

• Desaparición de la Audiencia Nacional, que ha terminado por consolidar un órgano de jurisdicción excepcional expansivo y cuya experiencia obliga a reflexionar sobre la oportunidad de su mantenimiento transitorio para conflictos muy específicos que ahora tiene en trámite, (narcotráfico, algunos delitos económicos, contenciosos que puedan afectar a varios territorios autonómicos, etc...), reconduciendo la asignación de nuevos asuntos al Juez natural, hasta su total desaparición a medio plazo.

• Regulación de la doble Instancia Penal. • Regulación de la Mediación Penal, para facilitar mediante la

intervención de profesionales con formación idónea soluciones extraprocesales basadas en la reeducación del delincuente y la reparación eficaz del perjuicio causado. D).- LA VIGILANCIA PENITENCIARIA.

En materia de vigilancia de la ejecución de las penas privativas de libertad, Ezker Batua-Berdeak propone:

• Creación de una Ley Procesal penitenciaria (inexistente), que comprenda un único proceso e intervención multidisciplinar.

• Modificación competencias Jueces Vigilancia, asumiendo la ejecución de penas.

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• Creación de la 2ª instancia de vigilancia penitenciaria. • Modificación planta actual. (Juzgado de Vigilancia-Centro

penitenciario como criterio). E).- LA JUSTICIA JUVENIL. Esta rama de la Justicia precisa también de algunas importantes reformas,

que Ezker Batua-Berdeak prioriza en las siguientes líneas: • Orientar la justicia penal de menores al interés superior del

menor, reforzando la eficacia de las medidas educativas frente al "populismo punitivo”.

• Incremento los medios económicos y los recursos humanos de los Juzgados de Menores para la correcta y efectiva aplicación de la actual Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.

• Regulación del procedimiento de faltas. • Creación de secciones especializadas en las Audiencias. • Desaparición del Juzgado de Menores de la Audiencia Nacional

y la instrucción y enjuiciamiento de los delitos cometidos por menores en los Juzgados de nuestra Comunidad Autónoma para los que se debe recuperar la competencia en materia de delitos de terrorismo en este ámbito de la Justicia juvenil. Por otra parte, el Gobierno Vasco ha de recuperar también la competencia en la ejecución de las medidas establecidas para los menores en delitos de terrorismo.

• Ha de continuarse en la línea del modelo de gestión público respecto de las medidas privativas de libertad, así como de las restantes medidas impuestas a jóvenes infractores. No se debe permitir que los derechos fundamentales de los menores queden en manos de Entidades Privadas, siquiera sean sometidas a control público.

• Finalmente, se ha de extender la aplicación de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor a las personas entre los 18 y los 21 años, como ocurre en otros países de nuestro entorno, evitando en la medida de lo posible el ingreso en prisión de estas personas.

6.- MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LOS SERVICIOS.

Desde una concepción de la Justicia como servicio público, las propuestas de EZKER BATUA parten de la negativa valoración que otorgan los usuarios al funcionamiento de la Administración de Justicia, según el siguiente diagnóstico: aumento de la litigiosidad; retrasos judiciales en ocasiones insoportables; o penuria en medios materiales, humanos y financieros, etc.

Este deterioro en la calidad de la respuesta del servicio público de la Justicia se ha producido, sin duda, como resultado de una concepción neoliberal que entiende la justicia como un servicio público individualizado, en tanto que EZKER BATUA defiende una justicia concebida como servicio público global, de contenido y proyección social reales.

Este servicio público eficaz ha de reunir las siguientes cualidades: -Un alto nivel de calidad en las resoluciones. - Ser fácilmente accesible y comprensible para los ciudadanos.

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- Funcionamiento con rapidez y eficacia en todos sus trámites y fases.

- Impartición con inmediación, oralidad y publicidad. - Garantía del ejercicio de los derechos en condiciones de máxima

igualdad. - Disposición de los medios materiales, técnicos y humanos

adecuados. La reforma de la Oficina Judicial, que luego se abordará, requiere mejorar

sensiblemente la respuesta de la Administración de Justicia a la ciudadanía, lo que, a su vez, va a exigir una mejora tanto en el aspecto cuantitativo como en su aspecto cualitativo.

En su aspecto cualitativo, va a ser preciso mejorar especialmente los

siguientes extremos:

• La dedicación exclusiva de jueces y juezas a su labor constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, desvinculándose de tareas de jefatura de personal de la organización judicial.

• Establecimiento de un sistema retributivo ligado al cumplimiento de índices y objetivos.

• Definición de la carrera profesional sobre la base de no primar exclusivamente la antigüedad, sino otros méritos, como la formación, la especialización, el conocimiento de las lenguas autonómicas…

• Establecimiento de sistemas de inspección y control del cumplimiento de todas las obligaciones de las personas que trabajan en la Administración de Justicia. En el terreno cualitativo, proponemos las siguientes líneas de actuación:

• Dedicar más esfuerzos y medios en la formación y en la especialización del personal al servicio de la Justicia.

• Esfuerzo especial en aras a conseguir una real euskaldunización de la Administración de Justicia que garantice la real cooficialidad lingüística.

• Eliminar al máximo las sustituciones y suplencias, dando atención preferente a la calidad en la defensa de la ciudadanía.

• Reforma de los estudios jurídicos que garantice la mejor formación de las personas profesionales que trabajan en esta Administración.

• Formación específica para todos los profesionales de los órganos judiciales dedicados a los malos tratos, violencia contra la mujer y extranjería.

• Regular por Ley la llamada Carta de Derechos de los Usuarios de la Justicia, de forma que sean derechos ciertos y con posibilidades de desarrollo efectivo, lo cual, entre otras cosas, debe incluir la exigencia de responsabilidades en caso que se produzcan disfunciones o errores del juez o de la administración, así como la forma de satisfacer a los perjudicados.

En especial, consideramos urgente la intervención en los siguientes terrenos:

A.- Servicios de asistencia a la víctima.

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Es imprescindible potenciar dichos servicios, para lograr una efectiva

coordinación con los Juzgados y Tribunales. Siendo la asistencia directa a la víctima uno de los factores de éxito de

este Servicio, su atención debe extenderse a todos los Partidos Judiciales en el modo más operativo posible (traslados itinerantes del Servicio, traslados ad hoc de algunos de sus profesionales…), sin que la víctima deba desplazarse necesariamente a la capital.

B.- Servicios de mediación. La búsqueda de alternativas reales a los cauces judiciales actuales

obliga a plantearse el impulso de la mediación como medio de resolver un buen número de conflictos.

La aprobación por el Parlamento Vasco de la Ley de Mediación Familiar

es uno de los hitos de la legislatura que acaba de terminar. Su aprobación, a impulso de la Consejería de Servicios Sociales, dirigida por EZKER BATUA, va a permitir desarrollar un modo de resolución de conflictos que ya en la práctica estaba siendo exitosa.

Esta experiencia legislativa ha de extenderse a otros campos, como el

penal. En este terreno, basta recordar la Decisión Marco 2001/220/AI de 15 de marzo de 2001, que dispone que los Estados Miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales y que habrá de darse cumplimiento a esta previsión antes de marzo de 2006, lo que no se ha llevado a efecto.

Las experiencias en materia de mediación en el ámbito de la Justicia

Juvenil y en la justicia penal de adultos, en la que tanto en Euskadi como en otros lugares del Estado se llevan a cabo con éxito, deben llevar a una regulación adecuada de esta institución de resolución de conflictos en la que la intervención de las partes es fundamental.

C.- Servicios de asistencia al detenido y servicio de

cumplimiento alternativo de las penas. Estos servicios han de ser reforzados, especialmente con más medios

personales y, además, el Gobierno Vasco ha de facilitar la implantación de las medidas alternativas a la prisión previstas en el Código Penal (trabajos en beneficio de la Comunidad, localización permanente) promoviendo, en su caso, los medios técnicos o electrónicos precisos para este cumplimiento alternativo.

Resulta también imprescindible la creación de un mayor número de

Centros de Rehabilitación de personas delincuentes adictas a sustancias estupefacientes, en régimen interno, que permita el cumplimiento alternativo de la pena, así como la desintoxicación y la rehabilitación de estas personas. Estos Centros habrán de actuar en coordinación con los Centros Penitenciarios y con los órganos judiciales penales.

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D.- Igualdad en el acceso a la justicia, asistencia jurídica

gratuita. La garantía del principio de igualdad en el acceso a la justicia exige

garantizar la existencia de un servicio adecuado de asistencia jurídica gratuita.

En esta materia, las líneas de actuación han de ser las siguientes:

• Ampliación de los medios personales y materiales a disposición de este servicio; perfeccionamiento del funcionamiento de los Servicios de Orientación Jurídica que eviten prestaciones y procedimientos inútiles o carentes de fundamento.

• Mejorar de forma radical el acceso de los ciudadanos a la justicia gratuita (turno de oficio) y a la orientación jurídica pública, substrayendo éstas del ámbito de los Colegios de Abogados y concediendo su impulso al Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Justicia.

• Aumento de las cuantías para el turno de oficio, así como exigencia de una formación permanente obligatoria para los profesionales que integran los turnos especiales en aras a garantizar el efectivo derecho de defensa por personal especializado.

• Garantizar a las personas de origen extranjero la asistencia jurídica gratuita integral y efectiva, superando los límites de la Ley 1/1996 y de los de las normas reguladoras de la situación de extranjería.

• Garantizar que, cuando de hechos relacionados entre sí (procesos de familia y malos tratos, por ejemplo) deriven distintos procedimientos en órganos u órdenes judiciales distintos, sea un mismo profesional del turno de oficio quien defienda al justiciable. Ello permitirá al justiciable mantener una adecuada relación de confianza y la consiguiente seguridad, y al profesional un conocimiento completo de los problemas existentes y un ejercicio adecuado del derecho de defensa.

7.- LA PLANTA JUDICIAL.

Somos conscientes de que en este terreno disponen de competencias el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y algunas Comunidades Autónomas, lo que hace imprescindible que todas estas instancias colaboren, cooperen y se coordinen (cuando proceda), para lo que es necesario que todos ellos se reúnan con frecuencia en un foro similar a las conferencias sectoriales que ya existen para las relaciones entre Gobiernos.

Justicia de proximidad.

Regular la Justicia de Proximidad, ante la necesidad de dar una respuesta inmediata en el tiempo y en el espacio a determinados conflictos que surgen en la sociedad y que podríamos calificar como "conflictos menores".

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Planta judicial.

En cuanto a la adecuación del número de órganos judiciales a la realidad actual, es clara la necesidad de reformar la Planta judicial, tanto en el Estado como en Euskadi. Ezker Batua-Berdeak lanza las siguientes propuestas:

• Abordaje urgente de la situación en la jurisdicción

contencioso-administrativa, muchas de cuyas Salas, en los diversos Tribunales Superiores de Justicia, se hallan en una situación de retraso inadmisible en la resolución de litigios. Ello genera una gravísima vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, así como una clara disuasión de la ciudadanía para acudir a los tribunales. La Administración confía en la onerosidad de esta jurisdicción y en lo dilatado de los plazos para desanimar a la sociedad y evitar litigios contra la propia Administración, pues son pocas las personas que disponen de medios económicos y de tiempo para litigar contra las Administraciones Públicas y sólo algunas personas jurídicas (promotores urbanísticos, asociaciones, partidos políticos, sindicatos y similares) pueden impugnar judicialmente las resoluciones administrativas que no les son favorables.

En Euskadi resulta imprescindible, en este terreno, la ampliación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia y la puesta a disposición de ésta de medios personales suficientes para reducir el insoportable retraso en la resolución de los litigios.

• Respecto a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, es preciso que, en Euskadi, cada Territorio Histórico cuente con un órgano de esta naturaleza, para atender a quienes están internos en cada uno de los Centros Penitenciarios. También reclamamos la desaparición del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional y la vigilancia del cumplimiento de las penas de prisión de las personas condenadas por delitos de terrorismo por parte de los Juzgados ordinarios, así como el acercamiento de estos presos a sus lugares de origen.

• Urge el reforzamiento y la creación de nuevos Juzgados de Familia.

• Es también prioritario corregir situaciones de localidades con mucha población (notablemente en la margen izquierda de Bilbao), servidas hoy por Juzgados de Paz insuficientes, tanto en cuanto a la preparación profesional de los jueces y juezas, a los que no puede exigírseles más, como por la escasez de las plantillas que los componen. En particular, ha de abordarse la situación de localidades como Sestao, Portugalete, Santurtzi, Errenteria, etc. Habría que tender hacia un “nuevo mapa judicial” con demarcaciones más pequeñas que las actuales.

• Hay que repensar la actual Planta judicial para equilibrar la carga de trabajo de los Juzgados hoy existentes. Ello puede implicar la desaparición de algunos órganos judiciales y la creación de otros, así como la redistribución de los Partidos Judiciales. Se trata de adecuar la Planta a la nueva situación surgida de los cambios legislativos y de población y comunicaciones.

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• Es preciso, también, que todos los Juzgados especializados tengan competencia sobre todo el Territorio Histórico, pues la peculiaridad y especialidad de estas materias resultan más importantes y relevantes que los posibles inconvenientes de una cierta distancia a los Juzgados.

8.- REFORMA DE LA OFICINA JUDICIAL. La organización judicial actual sigue manteniendo la estructura

decimonónica del Juzgado. Los jueces y juezas, además de la función constitucional que tienen atribuida de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, actúan como responsables de personal y tienen también a su cargo, junto a otros funcionarios, la organización de la Oficina. Hoy, esta estructura es seriamente contestada, notablemente por su inoperancia, dado que no es razonable ni eficaz mantener una oficina judicial propia del S. XIX para el S. XXI.

En este sentido, Ezker Batua-Berdeak apuesta decididamente por

reintegrar a los jueces y juezas a su auténtica labor constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y por dejar el resto de labores organizativas y laborales al órgano administrativo que corresponda. Ello ha de completarse con la creación de amplias estructuras de apoyo para la labor juzgadora: Servicios Comunes, Oficinas Comunes, Servicios Técnicos de Apoyo, etc. que en Euskadi serán dependientes de la Administración vasca.

La nueva Oficina Judicial vasca habrá de contener los siguientes

elementos y reformas:

• Implantación de técnicas perfectamente conocidas en otros ámbitos de la Administración tales como la especialización, división del trabajo, formación continua real, promoción profesional, evaluación de la productividad y los costes, colaboración, coordinación, control, etc.

• Servicios Comunes y Oficinas de Ejecuciones, así como tareas de información al público, citaciones, embargos, averiguación de bienes, correo, la atención a las Salas de Vistas, etc. han de ser objeto de Servicios Comunes a crear en evitación de duplicidades de las tareas actuales.

• Continuar en la línea de apoyo a la Administración de Justicia que ha brindado la Comunidad Autónoma en cuanto a los medios materiales y cubrir las carencias aún existentes en algunos servicios.

• En el aspecto de medios personales, ha de potenciarse y exigirse la formación del personal, máxime en el marco de una nueva concepción de la oficina judicial y dada la creciente complejidad de las tareas a realizar.

9.- FINALIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE PERSONAL. En 1996 se produjo una peculiar y limitada transferencia de personal que

ha dado lugar a una situación confusa e inestable y a un buen número de conflictos entre la Comunidad Autónoma, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. En la última legislatura, no obstante, el conflicto generado entre el personal y la administración autónoma de Euskadi ha

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permitido avanzar hacia la inaplazable equiparación de las condiciones laborales del personal de justicia con las del resto del funcionariado dependiente de la Comunidad Autónoma.

A pesar de que la reforma de la LOPJ, que tuvo lugar en el año 2003, ha

seguido por la línea de la descentralización al conferir mayores competencias a las Comunidades Autónomas, siguen existiendo Cuerpos Nacionales, lo que provoca problemas de gestión y funcionamiento.

Urge la transferencia plena y definitiva de este personal para permitir que

las Comunidades Autónomas puedan gestionarlo sin las disfunciones que se generan al depender tanto del Ministerio de Justicia como del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.

La dependencia de los Secretarios del Ministerio de Justicia genera también

problemas en la gestión de este personal, por lo que también resulta urgente su transferencia a las Comunidades Autónomas.

En definitiva, Ezker Batua-Berdeak propone:

• Traspaso total a la Comunidad Autónoma Vasca de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia.

• Equiparación plena de las condiciones de este personal a las del resto del personal funcionario de las Administraciones Vascas.

10.- NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. La Administración de Justicia del País Vasco sigue siendo una isla

lingüística en el conjunto de Administraciones Públicas que caminan hacia la normalización lingüística y no ha sabido responder a la creciente demanda de bilingüismo real de la sociedad vasca. El Poder Judicial se ha mantenido absolutamente al margen de las obligaciones que le impone la legalidad vigente en cuanto a la garantía de la oficialidad del euskera y del respeto a los derechos de la ciudadanía.

Ezker Batua-Berdeak recuerda el derecho de la ciudadanía vasca a ser

atendida por la Administración de Justicia en cualquiera de los dos idiomas oficiales de Euskadi. Ello obliga a que exista personal suficiente en todos los estamentos para prestar este servicio.

Ha de destacarse como muy positivo en este terreno que, en 2007, se ha

alcanzado el Tercer Acuerdo Sindical entre el Departamento de Justicia y los Sindicatos CCOO, CSI-CSIF, LAB y UGT, en el que los firmantes se han comprometido a que los trabajadores mantengan su implicación con el Plan de Normalización Lingüística en la Administración de Justicia.

Ha de continuarse en el camino emprendido por el Gobierno Vasco, para lo

que resulta imprescindible el compromiso de la Administración del Estado en cuanto que determinados colectivos – Jueces, Fiscales y Secretarios – son cuerpos estatales. En cualquier caso, ha de reducirse al máximo el uso transitorio de los servicios de traducción y articular medidas para que ese personal pueda seguir prestando sus servicios y aprendiendo euskera sin perjuicio de sus derechos laborales. También ha de incentivarse y promoverse de manera

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efectiva que este personal alcance un nivel satisfactorio de conocimiento del euskera.

Además, cualquier actuación en este campo ha de garantizar la

continuidad y la calidad en el servicio público, en evitación de que la rotación de los funcionarios no entorpezca ni retrase las actuaciones judiciales.

La evidencia de la dificultad de extender el conocimiento voluntario del

euskera a determinados funcionarios en esta Administración de Justicia, notablemente los de los cuerpos estatales antes citados – y la obligación de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía euskaldun llevan a proponer la creación de circuitos de Juzgados en los que todos los funcionarios, incluidos Juez, Fiscal y Secretario sean conocedores del euskera. Estos órganos judiciales deberán tener competencia en cada territorio histórico y deberá haber, también al menos, uno por cada orden jurisdiccional.

11.- LA ERTZAINTZA, POLICÍA JUDICIAL. Una Justicia independiente precisa de una policía dependiente orgánica y

funcionalmente de los Jueces y Fiscales. Por ello, Ezker Batua-Berdeak considera preciso impulsar la creación,

dentro de la Ertzaintza, de una verdadera policía judicial dotada de esa dependencia.

Además, se precisa una mayor especialización de la Ertzaintza en materias

como la violencia de género y en el ámbito de menores. Aunque se han producido avances en este campo, es preciso seguir

profundizando en la Policía Científica y en su colaboración con el Servicio Médico Forense.

Finalmente, resulta imprescindible que la Ertzaintza utilice exclusivamente

métodos exquisita e incontestablemente democráticos en la averiguación de los delitos y su persecución, renunciando incluso a la utilización de mecanismos y medios admitidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como la incomunicación, y profundizando y avanzando en la adopción de medidas de prevención de la tortura y los malos tratos a las personas detenidas.

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UNA POLITICA DEMOCRATICA Y AVANZADA EN SEGURIDAD 1.- LA SEGURIDAD EN UNA CONCEPCIÓN DE IZQUIERDAS. No se puede negar que la seguridad es un pilar de las sociedades actuales.

Pero, para que una política de seguridad sea avanzada, su objetivo no ha de ser la consolidación y el mantenimiento de estructuras sociales injustas y desiguales, sino que ha de integrarse en una política social transformadora. Por eso, EZKER BATUA considera la seguridad pública como un aspecto parcial de las políticas globales de seguridad al servicio de la paz social, entendiendo ésta como la protección y el desarrollo de los derechos humanos, políticos y sociales, en condiciones de igualdad en dignidad y libertad.

Los últimos años nos han proporcionado un modelo bien distinto de

seguridad pública, asimilado a la seguridad policial. Este modelo policial se ha ido extendiendo en las sociedades occidentales desde aquel 11-S de 2001. Asistimos, en nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo internacional, a un auténtico y relevante recorte de libertades ciudadanas ya clásicas, como el habeas corpus, la intimidad e inviolabilidad del domicilio y del secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión ideológica y religiosa, el derecho a la defensa en un procedimiento judicial, etc.

Tradicionalmente, la izquierda ha contrapuesto la seguridad a la libertad,

dado que los Estados tienden a defender un determinado status quo social, incluidos los privilegios clasistas, mediante el uso de sistemas de seguridad coactivos. Pues bien, en los últimos tiempos esta dicotomía seguridad – libertad se ha puesto aún más de manifiesto en acontecimientos tales como los de Guantánamo o Abu Grahib, aún de plena actualidad. Ésta es la razón por la que las fuerzas progresistas han tendido a adoptar posiciones de enfrentamiento a la noción de seguridad. Ahora bien, también la izquierda ha repensado esta cuestión y hoy puede afirmarse que se ha evolucionado hacia posiciones transformadoras de la propia noción de la seguridad.

Así, entendemos que el control formal es necesario, aunque con pleno

respeto de los derechos del a ciudadanía y con una finalidad de compromiso social.

Ezker Batua-Berdeak, como fuerza política de progreso situada en el

terreno de la izquierda transformadora, mantiene la utopía de conseguir una comunidad social en cuyo desarrollo no sea precisa la coerción pública, aunque ésta se considerara legítima. Pero también somos conscientes de las dificultades de la vida en sociedad y de la existencia de conflictos interpersonales y conductas humanas que dañan gravemente las vidas y los derechos de otras personas, lo que hace necesario articular fórmulas de actuación en este terreno.

Admitida esta realidad, consideramos también que la Administración

Pública tiene la responsabilidad de articular políticas de acción directa y de motivación y apoyo a la corresponsabilidad social.

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2.- LA SITUACIÓN ACTUAL. Ezker Batua-Berdeak considera que la acción de las instituciones vascas y,

en particular, del Gobierno Vasco, en materia de seguridad, presenta deficiencias, ya que sigue basándose en la estrategia de intervención basada en la Ley Orgánica par la Protección de la Seguridad Ciudadana (la conocida “Ley Corcuera”) que permite actuaciones poco acordes con un sistema pleno de libertades (identificaciones a millares y, además, innecesarias).

La seguridad es prestada por diferentes Administraciones: la estatal, la

autonómica y la local. Esto genera una actuación variada, con respuestas bien distintas en función del color ideológico de cada Administración. Se aprecia la falta de una base común guiada por el interés social y también una situación en la que las antiguas prácticas de control siguen teniendo vigencia.

Además, existen factores que preocupan a la ciudadanía, como una tasa de

criminalidad persistente y un consiguiente sentimiento de inseguridad. Se trata de un cóctel peligroso en cuanto a algunas demandas sociales en materia de seguridad. Por otra parte, revela que la gran inversión de recursos públicos en seguridad no impide que surjan o se mantengan algunos fenómenos delictivos peculiares ni que la seguridad pública no haya mejorado de manera sustancial.

En este terreno, Ezker Batua-Berdeak no quiere dejar de recordar que el

asunto de seguridad que más preocupa y vulnera los derechos de la ciudadanía vasca es el terrorismo en sus diversas formas y que se sufre particularmente en Euskadi. En este campo, queremos destacar los siguientes aspectos:

• la persistencia de la actividad de ETA, mediante los atentados

contra la vida de las personas, daños a los bienes, extorsiones y coacciones. ETA sigue manteniendo bajo amenaza a colectivos enteros: cargos públicos representativos a todos los niveles institucionales, jueces, periodistas no complacientes… y ahora trabajadores del proyecto del TAV. ETA atenta contra la vida y los restantes derechos de las personas y desprecia la libertad ideológica y la democracia. Esta realidad exige una respuesta unánime y eficaz de todas las Administraciones para proteger los derechos amenazados.

• la actividad de ETA acaba por justificar políticas claramente regresivas en materia de seguridad y de medios de persecución de sus delitos.

• la actividad terrorista de ETA sirve de coartada para la gestión y el lucro privados mediante la subvención de la seguridad privada en la protección de los derechos amenazados.

• la intervención sobre la kale borroka, operada en diversos terrenos, y también el policial, ha dado un resultado objetivamente eficaz en cuanto a la reducción casi total del uso de este medio de coacción.

Desde luego, en Euskadi se producen también delitos de otros tipos, y

también éstos nos preocupan. Así:

• los datos oficiales acerca del consumo de drogas ilegales permiten concluir que el tráfico ilícito de estas sustancias sigue evolucionando de manera llamativa y preocupante. Las actuaciones policiales exitosas no consiguen objetivos duraderos y revelan la incapacidad e inoperancia de la represión para terminar con este tráfico

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prohibido. Por ello, entendemos que ha de abrirse un serio debate en torno a la regularización de estas sustancias y su comercialización.

• muchas personas sufren necesidades a nuestro lado. Algunas han venido de lejos y otras llevan con nosotros largo tiempo: todas sufren la marginación social en su condición de necesitadas y desfavorecidas. Además, están sometidas a una marginación extra por las instancias de control formal, notablemente la policial, por lo que urge que la Ertzaintza se dote de grupos especiales para la atención de estas personas.

• en Euskadi se constatan muy pocas actuaciones policiales y judiciales contra la llamada “delincuencia de cuello blanco”, pese a los datos existentes al respecto (un fraude fiscal de varios cientos de millones de euros), a pesar de que su número se ha incrementado en los últimos años.

• los delitos contra las personas trabajadoras también son escasamente perseguidos a pesar de que se ha incrementado el esfuerzo en este terreno y de que los datos son escalofriantes respecto al número de accidentes laborales y su gravedad y la existencia de condiciones de trabajo contrarias a la legalidad vigente.

• otras manifestaciones delictivas tampoco son objeto de la actividad de control policial en la medida necesaria: esto es predicable de los delitos contra el medio ambiente o contra el patrimonio histórico – artístico. En la consideración de Ezker Batua-Berdeak, el derecho sancionador y la

actividad policial represiva se reservan, de manera sustancial, para las clases y las personas más desfavorecidas de la sociedad y, además, resulta ineficaz para el cumplimiento de la finalidad de seguridad.

Por eso, Ezker Batua-Berdeak propone la aprobación de una normativa en

materia de seguridad sobre las siguientes bases, que a continuación desarrollamos:

• La inclusión de la política de seguridad dentro de la política

social en el marco del rechazo a una mayor efectividad del control sobre la base de una reducción de la libertad.

• Todas las políticas de seguridad han de tener como finalidad la del logro y mantenimiento de las libertades públicas de la ciudadanía vasca.

• Urge abordar políticas de planificación de la actividad pública de seguridad y de coordinación entre todas las Administraciones implicadas.

3.- POLÍTICA DE SEGURIDAD COMO POLÍTICA SOCIAL. No es posible confiar en una política de seguridad pública ajena a la

política social. Las acciones de las Administraciones Públicas vascas en materia social han de recoger también aspectos criminológicos y de seguridad. Las políticas sociales sobre la exclusión social, la educación compensatoria, el empleo y determinados programas específicos como los referidos a drogodependencias o reinserción de ex-delincuentes, deben conformar una política pública cohesionada y servir de objetivos a los planes de seguridad.

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La Comisión Vasca para la Seguridad, creada en 1992, sigue sin funcionar a estos efectos y los acuerdos de colaboración entre el Departamento de Interior y algunos organismos oficiales (Ayuntamientos, Emakunde, etcétera) carecen de continuidad y de efectividad práctica. Resulta preciso avanzar en formas de trabajo y colaboración ínter y multi-institucionales, en el marco de los organismos existentes y generando programas de actuación ágiles y prácticos.

En esta materia, Ezker Batua-Berdeak propone las siguientes líneas de

actuación:

• Desarrollo del artículo 4 de la Ley 4/1992, de Policía del País Vasco, para lo que habrá de constituirse un Foro de Trabajo Gubernativo, compuesto por los Departamentos reglamentariamente determinados, para concretar los programas conexos a la seguridad pública, y cuyas decisiones se adoptarán con la mayor transparencia.

• Dinamizar la Comisión Vasca para la Seguridad, mediante el compromiso de presentar programas de actuación pública en materia de seguridad y la correspondiente Memoria Anual de evaluación de las acciones efectuadas.

• Modificación de los Reglamentos de las Subcomisiones de Seguridad y de las Comisiones de Coordinación de ámbito local para adaptarlas en la línea prevista para la Comisión Vasca para la Seguridad.

• Modificación del Decreto de la “Oficina de iniciativas para la mejora de los servicios policiales” para aumentar sus prestaciones y dotarla de recursos para la mediación y el arbitraje, en aras a adaptarla y modernizarla para el tratamiento de las quejas de la ciudadanía en materia de actuación policial. Para ello se creará un Consejo Comunitario en el que participarán fundamentalmente el Ararteko y las organizaciones de personas consumidoras y no gubernamentales cuya actuación se relacione con el campo de la seguridad ciudadana.

• La elaboración de un Libro Blanco de la Seguridad Pública por parte del Gobierno Vasco, que será debatido en el Parlamento Vasco. En este Libro se contendrán, al menos, un diagnóstico detallado y real de la situación actual y la propuesta para la adopción de medidas concretas de futuro, con especial atención a la formación en este terreno y a una posible Ley sobre la promoción de la seguridad ciudadana en libertad.

4.- OBJETIVO: LA PROTECCIÓN DE LAS LIBERTADES CIUDADANAS. Las políticas de seguridad pública no sólo han de perseguir en sí mismas el

objetivo de la protección de las libertades de la ciudadanía. Además, ha de asegurarse que las actuaciones en este terreno no produzcan efectos restrictivos de esas libertades. Ezker Batua-Berdeak considera que hemos de profundizar en la configuración de un auténtico Estado Social y de la Cultura, cuyos objetivos han de ser la paz social basada en la justicia y la evitación de coacciones ilegítimas y abusivas. Se trata de articular sistemas de control acerca del trabajo de los controladores.

Por eso, Ezker Batua-Berdeak propone las siguientes actuaciones:

• Formación de las personas agentes de la Ertzaintza en los valores del respeto y la protección de los Derechos Humanos mediante enseñanza permanente y campañas constantes en el seno de

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sus organizaciones, para lo que la Academia de la Ertzaintza elaborará el correspondiente plan, con la colaboración de los sindicatos policiales y entidades no gubernativas de reconocido prestigio (Ararteko, Amnistía Internacional, etc.) con programas anuales de evaluación continua.

• Reunión, al menos anual, de la Comisión Vasca para la Seguridad para tratar monográficamente acerca de la adecuación de la intervención policial a los parámetros democráticos. En este sentido, tanto los responsables policiales como todas aquellas entidades que así lo estimen, remitirán cuantos datos dispongan en este campo (expedientes disciplinarios abiertos, procesos, noticias, etc.) a fin de que se emita un dictamen específico.

• Si se produjeran hechos que, con gran repercusión social, cuestionen la dignidad profesional de la Policía Vasca, se propondrá que el Parlamento Vasco demande la creación de Comisiones Profesionales imparciales para la investigación de los sucesos en el marco de cada organización afectada. Estas Comisiones emitirán sus informes, que se tendrán en cuenta por parte de las direcciones de las policías de la Comunidad Autónoma Vasca para la adopción de las medidas oportunas, correctoras en su caso.

• Se cumplirán con especial sensibilidad y esmero las recomendaciones del Ararteko, facilitando una evaluación conjunta de las medidas que se adopten.

• Establecer un Convenio de colaboración con el Ministerio Fiscal, en su condición de garante del interés público y de la legalidad vigente. En este Acuerdo se determinará la adecuación de los procedimientos policiales a las garantías legales, tanto en el sistema administrativo como en el judicial, especialmente de las actuaciones en el marco de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (“Ley Corcuera”), cuya supervisión hasta la fecha ha sido claramente deficitaria.

• Elaboración de un nuevo reglamento disciplinario para los estamentos policiales, eliminando su carácter paramilitar y adecuando sus previsiones al régimen general de la Función Pública, con las peculiaridades precisas.

• Potenciación de las Unidades o Secciones de control interno policial, dotándolas de los recursos humanos y materiales precisos y promocionando su papel dentro de las organizaciones profesionales en su condición de elementos imprescindibles para el correcto devenir de la institución y su credibilidad pública.

• Dotar de la máxima transparencia posible al servicio policial. Para ello, se cuidará especialmente la relación con los medios de comunicación y se favorecerá la transmisión de toda la información posible, cuidándose de evitar la propaganda parcial y generando un trato profesional de la información interna mediante entrevistas y reportajes directos con la Policía Vasca. Especial esmero se observará en el tratamiento de las noticias referidas a colectivos marginados, como los de las personas inmigrantes, eludiendo la aportación de características estigmatizantes como la nacionalidad o la etnia.

• Implantación de un sistema claro de seguimiento contable de los recursos financieros utilizados por la Ertzaintza, especialmente los relativos a los contratos al amparo de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, evitando situaciones de falta de control y favoreciendo un presupuesto policial transparente.

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5.- PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. Ya nos hemos referido anteriormente a la urgencia de la adopción de

políticas de planificación de la actividad pública de seguridad y de coordinación entre todas las Administraciones implicadas. EZKER BATUA entiende que ello resulta imprescindible para mejorar la prestación del servicio público en condiciones de equilibrio social y garantía de las libertades. Esta planificación habrá de contener una programación inflexible en sus fundamentos democráticos, adaptable a la realidad social de cada momento y habrá de ser elaborada con absoluta objetividad.

Para ello, es imprescindible conocer la realidad de nuestra Comunidad,

pese a la carencia de estudios y la dispersión de los pocos que en esta materia se realizan.

Una vez conocidos los datos precisos, se elaborarán los programas

institucionales de actuación con especial referencia a la participación múltiple y a la corresponsabilidad social.

EZKER BATUA propone la realización, en este sentido, de las siguientes

actuaciones:

• Creación de un Centro Vasco de Estudios para la Seguridad en la Academia de la Ertzaintza, con dos esenciales áreas de trabajo: un Observatorio de la evolución de la seguridad en la Comunidad Autónoma a cuyo fin se elaborarán los estudios precisos y se seguirá un sistema adecuado de indicadores; un área de reflexión y contraste de los sistemas de actuación convenientes, para lo que se efectuarán tareas de diagnóstico, prospectiva, recomendaciones, evaluaciones y estudios comparados de las cuestiones suscitadas para la mejora de la seguridad pública. Este Centro se concretará según los convenios y acuerdos de cooperación precisos, con entidades tanto públicas como privadas, nacionales o internacionales, pero con especial vinculación al Instituto Vasco de Criminología y al Instituto Vasco de Sociología Jurídica de Oñati.

• Constitución de un sistema de cobertura presupuestaria para la ejecución de programas de actuación inter-administrativa que se presentarán al Departamento de Interior del Gobierno Vasco en forma de planes de intervención específicos, sectoriales y zonales, sobre todo de ámbito local para que, una vez aprobados por el Gobierno o por la Comisión Vasca para la Seguridad, sean dotados presupuestariamente y puestos en práctica. Estos programas se evaluarán de manera imparcial y se contrastarán sus resultados a través de mecanismos de iniciativa pública preferentemente. En especial se atenderán aquellos proyectos que faciliten la rehabilitación integral de zonas desfavorecidas o en crisis, con mención específica de la seguridad, pero englobando una intervención multiagencial. También se hará un especial esfuerzo en el desarrollo de un programa de nuevos empleos para la creación de ocupaciones en el campo de la seguridad, como los Orientadores, que medirán las relaciones de la Policía con la ciudadanía en aras a que el trato dispensado en las dependencias policiales sea siempre respetuoso con los derechos constitucionales, o como los llamados Mediadores Locales, para intervenir

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en los conflictos vecinales en los barrios, en especial referidos al uso de los espacios colectivos.

• Relacionar la seguridad pública vasca con los planes internacionales más avanzados y democráticos. De ahí no sólo derivará el conocimiento de programas interesantes y eficaces para la seguridad, sino también, en muchas ocasiones, una fuente de cofinanciación importante. En este sentido, se tendrán en cuenta, para la planificación y la práctica de la seguridad, las recomendaciones de los foros internacionales más destacados (el de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia) y se potenciará la presencia activa de representantes de Euskadi en tales organismos para lograr sistemas de colaboración estables. Uno de estos Foros de especial prioridad es el del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los tratos o castigos inhumanos (CPT), así como la adopción de sus recomendaciones, especialmente en materia de interrogatorios policiales.

• Promover la mejora operativa de la Policía Vasca, motivando a sus profesionales e instaurando sistemas policiales de eficacia contrastada y cumpliendo las siguientes condiciones básicas: establecer una carrera profesional homologada para la Policía de acuerdo con el Departamento de Educación y la Universidad del País Vasco y consensuándolo con las asociaciones y sindicatos policiales; aprobar una normativa que describa y homologue la organización policial vasca y facilite la fluidez y el intercambio profesional mediante un desarrollo adecuado de la Relación de Puestos de Trabajo y su provisión; regulación definitiva y adecuada de la segunda actividad, incluida la derivada de razones de edad y control público de los fondos económicos a dotar para compensar a los agentes afectados; potenciar la labor de la Ertzaintza, sin menoscabo de las Policías Locales y favoreciendo su relación con otros agentes sociales.

• Potenciar las relaciones con la representación sindical, superando situaciones de crispación y falta de entendimiento, en aras a lograr un ambiente interno satisfactorio y gratificante para los profesionales. Transformar el Consejo de Policía en un foro de debate y corresponsabilidad y reconducir la labor de la Comisión Paritaria de seguimiento de los Acuerdos de Condiciones Laborales dando entrada a todos los sindicatos.

• Mejorar los cauces de comunicación interna, reservando al correspondiente Boletín Oficial la información estrictamente profesional y canalizando la información técnica a través de la revista profesional HARLAX, cuyos contenidos habrán de dar cabida a reflexiones operativas y adecuadas a la realidad. Asimismo, la información y comunicación social será plural y con espacios abiertos a las organizaciones profesionales y se utilizarán los soportes informativos precisos.

• Avance en la formación permanente en la Policía Vasca, lo que resulta imprescindible dados los cambios normativos y la necesidad de adecuar la intervención policial a nuevos modelos. En este terreno, junto a cursos presenciales, se facilitará también la formación a distancia a través de diversos medios.

• Potenciación de la especialización dentro de la Ertzaintza, fundamentalmente en materias y campos concretos, como la atención a determinadas víctimas, la investigación de determinados delitos o la utilización de técnicas muy cualificadas. Particularmente habrá de avanzarse en la creación de unidades dedicadas a la atención especial de la violencia doméstica, del control e investigación del fraude fiscal y de los

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delitos contra el medio ambiente. Es la Ertzaintza la que debe disponer de especialistas que auxilien y apoyen a las Policías Locales.

• Favorecer el desarrollo de las Policías Locales, a fin de que puedan cumplir adecuada y eficazmente con las múltiples competencias que tienen atribuidas. Ha de corregirse la tendencia a minimizar a estas Policías a favor de la Ertzaintza, ya que se debe lograr una mayor coordinación y aprovechamiento de todos los medios existentes. Se creará un órgano directivo en el Departamento de Interior para potenciar estas Policías Locales.

• Avanzar en los apartados de homologación y coordinación de la Ley 4/92, para lo que habrá de priorizarse la concreción normativa precisa para el desarrollo de las Policías Locales, en aras a desplegar programas de apoyo en recursos tanto materiales como humanos para estas Policías y a homologarlas en la dotación de medios informáticos y de telecomunicaciones. Asimismo se potenciarán los protocolos de actuación y se fomentará el trabajo conjunto.

• Avanzar en el desarrollo normativo de la Policía Judicial y adecuación a la Ley 4/92 evolucionando hacia la dependencia integral – orgánica y funcional - de este servicio respecto de Juzgados, Tribunales y Ministerio Fiscal. La situación actual de dependencia funcional del poder judicial y dependencia orgánica del estamento policial dificulta objetivamente la independencia real y efectiva de este servicio policial.

• Modificar la imagen corporativa de la Policía Vasca, eliminando las connotaciones partidistas que en algún caso tiene y consiguiendo una capacidad integradora. La imagen de la policía tiene un importante reflejo simbólico que repercute en su consideración pública. Por esto, habrá de estudiarse esta imagen corporativa para que la misma aglutine las diferentes sensibilidades, nacionalistas o no, en la medida de lo posible.

• Potenciación de la Seguridad Pública frente a la privada en la protección de intereses y servicios públicos y respuesta eficaz e igual ante cualquier necesidad de seguridad.

Perfeccionar los mecanismos de control sobre la Seguridad Privada, cuyo auge está siendo importante, por lo que es preciso conocer su real dimensión y verificar la adecuación de su práctica a la normativa, dentro de las competencias de las administraciones vascas y con emisión de un informe público anual.

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GARANTIZAR EL ACCESO A LA CULTURA Y CULTURA CRITICA

1.- POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN AUTÉNTICO ESTADO DE LA CULTURA EN EUSKADI.

Las culturas del mundo viven hoy más interrelacionadas, más mediatizadas

que nunca, unas más preponderantes que otras, con una gran velocidad del conocimiento mutuo. Ezker Batua-Berdeak defiende con toda convicción una cultura crítica en el marco del federalismo.

El escritor Bernardo Atxaga se ha referido a Euskal Hiria (Ciudad Vasca)

para defender que debemos recuperar la tradición de la polis donde todas las etnias, grupos y minorías deben plantearse el objetivo de convivir juntos y en paz. La Cultura es un campo paradigmático de la sociedad civil, una red sustancial e interactiva de la vida.

Los Medios de Comunicación tienen un sobredimensionamiento,

especialmente la televisión que, en general, como dice la escritora Lolo Rico, “tiene algo maravilloso: un botón para apagarla”. Pero hay otros muchos sectores no articulados, desprotegidos. Ezker Batua-Berdeak quiere conectar con los sectores desprotegidos hasta ahora, escuchar sus demandas, entender sus planteamientos, sus propuestas y atender sus críticas y demandas desde la pluralidad.

Se trata de poner en valor con sensibilidad a un amplio y plural sector

cultural, fundamental en la toma de decisiones públicas. Ezker Batua-Berdeak quiere que se visualice el descubrimiento de la diversidad comenzando por nuestro propio país.

Somos conscientes de que gestionar la cultura tiene una gran importancia.

Con mecanismos de control, potenciando lo público, con modelos de gestión pública, apoyando a los jóvenes creadores, sin olvidarnos de las iniciativas amateurs, promocionando la digitalización o el software libre.

La globalización es un fenómeno que pretende ser únicamente económico

y quiere serlo con mucha arrogancia. Ezker Batua-Berdeak habla en otros términos, con otra filosofía. EB-B potenciará una globalización que ayude en el Mundo a los más necesitados. También EB-B se manifiesta en contra del pensamiento único que propicia asimismo una cultura única, etnocéntrica, cerrada, la más fuerte y triunfante. Más que nunca, es necesario tener la convicción, el afán, de que otro mundo es posible. Un mundo en permanente diálogo con otras culturas, de reconocimientos mutuos, que constituya a la humanidad en su globalidad.

Frente a ello los poderes públicos han de posibilitar que la cultura esté encaminada a desarrollar un pensamiento libre y crítico sobre lo que acontece a nuestro alrededor.

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Para alcanzar estos objetivos, EZKER BATUA-BERDEAK propugna las siguientes medidas:

• Defensa de la excepción cultural, que permita a las administraciones proteger nuestra cultura frente a las tesis neoliberales que postulan la libertad absoluta del “mercado cultural”.

• Política cultural redistributiva, favoreciendo a aquellas personas que tienen menos recursos y posibilidades.

• Defensa de la cultura vasca que hunda sus raíces en el pluralismo social y tenga al euskera como una de sus más importantes expresiones.

• Conservación y mejora del patrimonio cultural vasco, especialmente del etnográfico, propiciando su conocimiento real entre la ciudadanía. Aprobación definitiva del PTS para la conservación del Patrimonio Inmueble y defensa del patrimonio arqueológico.

• Desarrollar una cultura de la solidaridad y de la tolerancia, de respeto a lo diferente, mostrando las ventajas de la interculturalidad.

• Superar la cultura espectáculo para consumidores pasivos, buscando el fomento de un ciudadano-actor de la cultura.

• Por ello, es necesaria una apuesta clara, rotunda, que toque a todos los sectores de nuestras instituciones y que se realice una coordinación interinstitucional entre Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos a la hora de valorar el gasto público cultural por habitante. La dimensión de país pequeño también debe jugar en este caso a nuestro favor, en el sentido de que no tiene que haber de todo (infraestructura, agenda cultural, etc.) en cada uno de los municipios vascos.

2.- CONCEPCIÓN DE LA CULTURA COMO DERECHO DE LA CIUDADANÍA Y PAPEL DE LO PÚBLICO EN LA CULTURA.

Democratizar la cultura

Democratizar la cultura es tarea de toda la sociedad. Para ello EZKER BATUA-BERDEAK propone, en este sentido, romper el molde mediante el cual la cultura sería una prestación que el Gobierno ofrece a la ciudadanía vasca; frente a esta concepción paternalista y, por tanto, sumisa y oficializante, planteamos la cultura como derecho consustancial a la calidad humana de las personas, y elemento desalienizador por excelencia. Frente al coto cerrado defendemos la libertad cultural; frente a la subvención puntual y arbitraria, la financiación de proyectos culturales sin nombres ni apellidos, descentralizados y

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descentralizadores, y la asunción de programas-marco cuyo balance no se cifre en términos económicos sino en aportación y participación ciudadana en los mismos.

Control y transparencia de la gestión Por todo ello EZKER BATUA-BERDEAK expresa su compromiso con la

democratización de la cultura y de los medios de comunicación, aumentado la participación directa de los ciudadanos en su gestión y control, para lo cual es necesario priorizar el papel de lo público en la cultura. Se ha demostrado evidente la necesidad de controlar el dinero público destinado a la Cultura. Garantizar la transparencia y neutralidad en la acción pública mediante la implementación de mecanismos de fiscalización y control parlamentario en la adjudicación gubernamental de galardones, premios, certámenes, concesiones, becas, subvenciones financieras y adjudicaciones de proyectos a fin de garantizar la máxima ecuanimidad y discernimiento.

Inversión Para democratizar nuestra cultura, Ezker Batua-Berdeak propone que se

dedique al menos el 4 por ciento del presupuesto del Gobierno vasco a esta materia en el período 2009-2012. El destino de este dinero será consensuado entre los distintos agentes culturales.

Participación ciudadana en la política cultural

Ezker Batua-Berdeak tiene, entre estos valores, la participación social en

la cultura. Se trata de dar protagonismo a la participación ciudadana, a los actores culturales que la representan, a la propia sociedad como sujeto activo. Proponemos, de esta manera, que se fortalezca el Consejo Asesor de la Cultura -en el que coinciden personas con criterio-, incorporando a diferentes agentes culturales y asociativos, haciendo de éste un órgano participativo.

Profundizando en esta idea, queremos ampliar, nombrar y reconocer los

derechos culturales. Para empezar, el derecho al acceso a la cultura y el derecho a la libertad de creación, tan básicos. Además de los derechos tales como la conservación del legado cultural y lingüístico, el de la no-discriminación por motivos de pertenencia cultural, el derecho a la conservación del patrimonio, a la libertad de creación, o el derecho a la propiedad intelectual.

Acceso de la lectura y promoción de la Literatura En la era de Internet, consideramos muy importante la elaboración de una

estrategia –contando con escritores, poetas y dramaturgos- para el fomento de la lectura en Euskadi, tanto en euskera como en castellano. Creemos que todos los jóvenes pueden encontrar en la Literatura todo aquello que les inquieta o les agrada.

Creación de una Dirección de Lectura, adscrita al Departamento de Cultura, que se encargue, entre otras políticas, de las relativas a la publicación y edición de libros así como a la política pública en materia de bibliografía y de biblioteca digital.

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Creemos también que ha de revisarse y analizarse todo lo que tiene que ver con el mercado del libro, buscando una mejor situación del libro y su revalorización en la era de las comunicaciones digitales.

Acceso a la cultura, programas e infraestructuras socioculturales

Instauración de un circuito comercial del producto cultural vasco que contemple la puesta en marcha de una red que dé cobertura a los tres territorios, y donde se incluyan salas de exposiciones y auditorios, al que se pueda acceder preferencialmente mediante un carnet cultural, con ventajas para grupos específicos.

Garantía de que en todos los municipios vascos, con una población igual o superior a 3.000 habitantes, exista una biblioteca pública de calidad a cuyos fondos pueda accederse mediante internet.

Potenciación de la cultura popular. Defensa de la fiesta popular como espacio de participación colectiva.

Puesta en marcha de programas culturales dirigidos a grupos de población específicos: infancia, juventud, mujer, inmigrantes, personas mayores.

Apoyo a las redes culturales municipales: nuevas infraestructuras y espacios lúdicos, medios de comunicación locales, fortalecimiento de la red de bibliotecas, dotando de estabilidad y derechos laborales a sus plantillas, potenciación de su programación cultural, garantía de cada Barrio tenga un mínimo de oferta cultural gratuita, creación de filmotecas municipales donde se exhiban películas no estrictamente comerciales, apoyo a la implantación de una red de Casas de Cultura- Kultur Etxeas en todas las poblaciones, ciudades y comarcas, sin perjuicio de la financiación de tales instalaciones por las Administraciones locales (Diputaciones y Ayuntamientos), y la ampliación del marco operativo de éstas, impulsando los talleres de formación y creación; las unidades editoriales para la difusión de materiales de creación y estudio; la habilitación de auditorios con el fin de poner en escena actividades tales como recitales, conferencias, expresión teatral y conciertos musicales.

Interculturalidad y Ciudadanía Inclusiva Debemos potenciar una relación de buena convivencia entre las culturas

presentes en Euskadi. Integración, que no asimilación. En este último aspecto hay una iniciativa ya publicada en más de seis idiomas, que resulta ser un manual de material didáctico explicando a la inmigración que viene cómo es Euskadi como sociedad, su economía, su sistema político, su historia, etc. Se trata, como dice el autor, “de que no tengan que esperar una vida, la de sus hijos, para saber dónde están”.

Proponemos, además, que en las Casas de Cultura de todos nuestros

ayuntamientos haya al menos una estantería de materiales –libros, revistas de actualidad, vídeos, documentales- procedente de los países de origen de los inmigrantes mayoritarios. Un lugar de respeto a sus culturas y de encuentro, además de una programación estable que atienda sus propuestas.

3. APOYAR LA DIFUSIÓN DE LAS ARTES Y LA INNOVACIÓN IMPULSANDO LA CREATIVIDAD Y LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICAS EN EUSKADI.

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Teatro y Cine Debemos comenzar lamentando que los criterios de programación de

algunos teatros públicos son como si fueran privados. Ezker Batua-Berdeak propone que se impulse y promocione el teatro vasco en el resto del Estado y que, de igual manera, se haga en el conjunto de Euskadi atendiendo a criterios de coste, calidad y diversidad de públicos. Debe potenciarse la red de teatros públicos SAREA y los festivales, lo mismo que las compañías y la formación de actores y actrices. Proponemos que se propicie y fomente desde la Administración una mayor presencia del teatro en la escuela y en la calle.

Junto a la formación en Artes Escénicas, tanto públicas como privadas,

Ezker Batua-Berdeak propone que se tenga en cuenta todo el proceso del hecho teatral, desde la formación en Artes Escénicas, pasando por la infraestructura y el amparo y potenciación del teatro, proponiendo para ello la creación y puesta en marcha de la Compañía Nacional de Teatro de Euskadi.

En este sector, la profesionalización de la creación, la producción, la

gestión y la programación artística y de las artes escénicas es una necesidad del país. Es un terreno que hay que desarrollar más.

También proponemos la creación de una Compañía Joven de Teatro vasco,

que ponga en escena y conjugue obras teatrales inéditas, de autores del país, con obras del teatro de los grandes autores clásicos.

También en este campo se debe impulsar la creación de un Taller Escénico

de Coordinación en torno a la formación permanente y el refuerzo de estas actividades.

Música El lenguaje universal de la música abre espacios ilimitados al encuentro

intercultural del mundo. Ezker Batua-Berdeak propone que se elabore un catálogo amplio para ver lo que ya existe y, señalados los déficit, se realice un catálogo promocional de la música a través de distintos festivales.

Incrementar la producción de servicios en euskera, así como aumentar la

oferta musical en ámbitos sociales donde mayor presencia tiene el euskera. Llevar a los músicos y sus músicas a la escuela. Hacer de la creación un estímulo.

Y de igual manera, respaldar las giras exteriores de las formaciones

musicales vascas. Crear espacios de reflexión e ideas a través de una Asociación de músicos y cantautores vascos. Y estudiar la posibilidad de realizar encargos para compositores de las distintas músicas de Euskadi.

Danza Ezker Batua-Berdeak está en la convicción de que el folklore, la danza

tradicional, se encuentra en riesgo de supervivencia. Este es un punto estratégico. Proponemos la creación de una Compañía Vasca de Danza, que garantice el futuro a la música y al baile tradicional –además de la artesanía y los vestidos tradicionales- por meras razones de supervivencia.

Jóvenes Creadores Tenemos en Euskadi una nueva generación de creadores, pero pudiera

ocurrir que sean más una oportunidad que una fortaleza si no les acompaña su

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reconocimiento mediático, el apoyo institucional y su creciente profesionalización, para poder vivir dignamente de su trabajo en todas las expresiones creativas citadas ya anteriormente (literatura, música, audiovisual, artes plásticas y escénicas, arquitectura, moda, diseño y edición).

Una política que propicie becas, infraestructura en la que ensayar, premios

a nuevos creadores. De igual manera, en la música se debe programar a compositores jóvenes que deben encontrar un espacio para sus creaciones.

No podemos olvidar que son muchos los jóvenes músicos clásicos,

intérpretes, cineastas o bailarines los que parecen abocados irremediablemente a desempeñar su trabajo en el exterior de Euskadi, sin poder apenas elegir quedarse a trabajar en nuestro país.

Proponemos, además, la creación de talleres para la escritura, la música o

la imagen. Patrimonio Cultural e Industrial En el tema del Patrimonio, nos hemos olvidado parcialmente del

patrimonio arqueológico y casi totalmente del industrial. De este último, por concretarlo aún más, nos hemos olvidado de llevar a cabo una actuación amplia y decidida en la Margen Izquierda y en la Zona Minera de Bizkaia, por un lado, y en la zona de Donostialdea y la cuenca del Bidasoa.

Se ha hecho mucho por patrimonios que refuerzan la identidad (el museo

del Olentzero o la Mitología vasca), el etnoturismo (queso, miel, lana, etc.) el enoturismo (vino) o el gastroturismo (donde se ha trabajado muy bien), o se han rehabilitado más iglesias que monumentos industriales. Se debe actuar en todos los campos.

Ezker Batua-Berdeak propone la creación de una ruta o serie de

itinerarios que dé a conocer ese rico patrimonio industrial, minero y naval, que ponga en valor nuestro pasado industrial y que, a la vez, ese patrimonio se asocie a un planteamiento de reconocimiento al mundo del trabajo y la riqueza de la Euskadi actual, por un lado, y, por otro, desde una perspectiva de atracción turística y consecuente ampliación de empleo y economía.

Debe apoyarse con más convicción el Museo Minero de la Zona Minera, en

Bizkaia, y situar además nuevos circuitos culturales, patrimoniales y museísticos. El turismo verde puede ayudar a impulsar el patrimonio etnográfico.

Nuevas Tecnologías El Parlamento Vasco ha realizado una tarea pionera reconociendo y

apostando por el software libre (Linux), que ofrece oportunidades de ahorro y de relación a un país pequeño como el nuestro.

Proponemos que se genere un espacio copyleft de contenidos de servicio

público de acceso libre mediante ayudas específicas o convocatorias reglamentadas.

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No podemos olvidar la importancia de la digitalización. Debemos potenciar y dinamizar las actuaciones en ese campo ante los nuevos retos, apoyando institucionalmente los estudios de mercado que se realicen en Cultura Digital 4. CULTURA LIBRE: PROPUESTAS SOBRE CREACIONES ARTÍSTICAS Y DERECHOS DE AUTOR En Ezker Batua Berdeak creemos en la propiedad colectiva de la creación artística. Y creemos también que esa propiedad colectiva debe ser compatible con un trabajo remunerado de forma justa. Creemos, por tanto, en el copyleft, en el creative commons, en la libre copia, reproducción, distribución y modificación de la producción cultural. Creemos también en científicos, músicos, escritores, cineastas, etc., justamente remunerados, porque su trabajo es imprescindible para que disfrutemos de nuevas creaciones y para que continúe el progreso de la humanidad en cuanto se refiere a las creaciones artísticas, filosóficas, técnicas y científicas. No creemos, en cambio, en impuestos que gravan la reproducción de esas obras o incluso la compra de dispositivos electrónicos. Y mucho menos creemos en la gestión de esos impuestos por parte de entidades privadas, sobre las que no se puede ejercer ningún control o auditoría por parte de la Administración. Es por ello que Ezker Batua Berdeak trabajará desde el Gobierno Vasco en las siguientes líneas que favorecerán la cultura libre.

1. Las producciones realizadas por empresas públicas del Gobierno Vasco tendrán licencia copyleft. Esto incluye cualquier producción audiovisual de EITB

1. Se podrán descargar gratuitamente del portal eitb.com 2. Se podrán distribuir, copiar y reproducir libre y gratuitamente sin

necesidad de pagar derechos de autor. 3. El paso de la situación actual (100% de la producción con copyright)

a la nueva se hará progresivamente a lo largo de cuatro años. 2. Fomentar las creaciones copyleft de terceros

1. Valorando positivamente la inclusión de licencias copyleft, creative commons o similar en las convocatorias de subvenciones para creaciones artísticas, científicas, etc.

2. Abriendo convocatorias específicas, destinadas exclusivamente a la creación de obras copyleft

3. Colaborar en la difusión de obras copyleft 1. Creación de un portal específico en internet donde descargarse

cualquier obra copyleft (literaria, científica, sonora o audiovisual) 2. Establecimiento de alianzas con otros portales similares para

difundir estas obras en todo el mundo 3. Se ofrecerán servicios de maquetación gratuita de obras literarias o

científicas para su publicación en formato digital 4. Difusión entre los establecimientos del concepto copyleft y de sus

posibilidades 1. Esta difusión se hará, especialmente, entre establecimientos que

pongan música de ambiente, y que podría utilizar música con licencia creative commons.

5. En la aplicación de estas medidas, se tendrá muy presente las necesidades e intereses de los autores, sin menoscabar en ningún caso la libertad de uso, reproducción, copia, difusión y modificación de sus creaciones.

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5.- OTRAS MEDIDAS CULTURALES TRANSFORMADORAS

• Promocionar y promover la cultura como eje de cohesión social.

• Analizar y racionalizar la red de infraestructuras y

equipamientos culturales, locales y territoriales de Euskadi

• Nuevas políticas públicas coordinadas en creación, investigación y difusión cultural.

• Potenciar y atender la red profesional de la red cultural en el

país. Poner al día la gestión municipal, una gestión que incluya la producción, la gestión y la dinamización de la cultura.

• Que a través de todos los medios de comunicación y de la

red digital se promocionen programas culturales específicos sobre literatura, teatro, cine, música, artes plásticas, artes escénicas, fotografía, diseño, moda, arquitectura, danza… en los que se visualice la obra creativa y a sus creadores.

• Promoción del euskera en aquellos ámbitos en los que menor

presencia haya tenido, como por ejemplo en el teatro o el cine.

• Dinamizar y fortalecer las Artes Visuales y Escénicas. Fortalecer la red de teatros, infraestructuras para ensayos, y crear el Teatro Nacional de Euskadi, e impulsar la creación por territorio de lo que serían centros para la danza, que acoja a profesionales y aficionados.

• Establecimiento de garantías para que la igualdad, el mérito y

la capacidad regulen las relaciones entre el poder político y el mundo cultural.

• Proyección hacia el exterior de la creación autóctona, mediante la creación de un espacio donde tengan cabida también los círculos afines reunidos en torno a revistas, ateneos, asociaciones culturales, literarias y artísticas, que gestionen además la viabilidad de los proyectos culturales relegando los móviles de lucro.

• Impulso del Consejo Vasco de la Cultura para el cumplimiento de fines concretos y sometidos a control parlamentario.

• Puesta a disposición del conjunto de la ciudadanía con carácter gratuito de nuestro patrimonio cultural. Los planes de rehabilitación deben ir acompañados de una legislación que frene la especulación, los usos que deterioran este patrimonio y el expolio del mismo.

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• Supresión de las cláusulas de irrecurribilidad y sumisión expresa o tácita en las bases de convocatoria relativas a los decretos insertos en el BOPV.

• Vigilancia de las condiciones de composición de los jurados, suprimiendo de los mismos la figura del responsable departamental.

• Política tributaria que beneficie la producción cultural de calidad.

• Nuevo Plan cultural de Euskadi para acomodarlo a las propuestas anteriores.

4.- UN MODELO DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS. Euskal Irrati Telebista se está alejando de sus principios básicos y

fundacionales, y está entrando en un terreno competitivo con las televisiones comerciales que tienen otros objetivos y que, en base a ellos, están ofreciendo una programación nada edificante. Las televisiones privadas atienden a unos intereses de audiencia y de beneficios, al margen de que sean plataformas utilizadas por intereses políticos, y ahí sitúan su terreno de juego. Pero una televisión pública debe atender, preservar y proteger intereses generales, sociales, relacionados con el ámbito de la divulgación, de la información, y sí, también del entretenimiento. La televisión pública debe salvaguardar el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Hoy en día, en EITB no hay una línea informativa definida, en la que se

prime el compromiso de la información y su coherencia en la planificación de los servicios informativos. La voz de los y las profesionales de la redacción debe tener un cauce lógico en el que aportar y opinar sobre el producto que están “fabricando” en los informativos: sobre cómo hacerlo mejor, cómo estructurar de la forma más eficaz el organigrama de funcionamiento. Un cauce en el que tener voz para que el desarrollo profesional, y no político, tenga de verdad razón de ser.

El grupo EITB tiene que ser el referente en sus programas informativos con

amplios reportajes, y en sus programas divulgativos. Sin embargo, parece que los actuales mandatarios del grupo están más empeñados en imitar a TVE en el ERE (Expediente de Regulación de Empleo), amén de poner en marcha, o de continuar, con la externalización de servicios, ya que una vez que sale la gestión de la propia EITB, el control sobre la política de contratación y de contenidos de la empresa adjudicataria es nulo.

Es necesario establecer mecanismos para que no se utilice EITB como un

trampolín político. Porque visto el destino de muchos de sus Directores Generales, está claro que la gestión que implementan, las directrices que marcan, están contaminadas por actuaciones en defensa de la promoción

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permanente de su figura, y por definición primando más los intereses políticos-personales que los de una televisión con vocación de ser la Televisión Pública de Euskadi. Tenemos, por lo tanto, que proteger los intereses generales de los ciudadanos frente a intereses claramente partidistas. Se trata de meter a la sociedad en EITB, y este ente tiene que ser un referente de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Que no se tenga que identificar la televisión como la televisión del PNV. La transversalidad social y cultural tiene que ser también una realidad en la programación y en los informativos.

Paralelamente, hay que hacer un gran esfuerzo en reeducar a la audiencia,

muy acostumbrada a lo que se denomina televisión basura. Tenemos que pensar en el derecho a ser bien informados. Hay que establecer un código por el que se rijan los programas, donde la divulgación y la educación tengan un lugar preferente en la programación. Existe, en este sentido, una gran responsabilidad por parte de los medios de comunicación públicos que tienen que ejercer de contrapeso de la balanza y tiene que servir para educar a la audiencia en otra forma de ver la televisión.

Por todo ello, Ezker Batua Berdeak propone:

• Defender un modelo de radio y televisión público e independiente y al servicio de las libertades democráticas, es decir, una radio y televisión públicas vascas de calidad y profesionalizadas que garanticen la pluralidad y la neutralidad. Es decir, unos medios públicos al servicio de la sociedad.

• Modificar la ley de creación de EITB de modo que el nombramiento del director general del ente requiera el aval de dos tercios del Parlamento vasco para potenciar la imparcialidad que debe someterse al control de un Consejo de Administración plural y con funciones ejecutivas.

• Garantizar la independencia del ente con respecto al Gobierno, partidos políticos e intereses comerciales y financieros.

• Configurar un Consejo de Redacción, de cara a canalizar las sinergias de los profesionales del medio.

• Crear la figura del Defensor de la Televisión, una persona independiente encargada de ejercer una labor de control sobre la carta corporativa de EITB, una hoja de ruta en la que se especifiquen los derechos de la audiencia y las obligaciones de EITB.

• Establecer un plan de gestión de contenidos para cuatro años, tanto de programas de la cadena como de los informativos. Este plan establecería las líneas maestras, la filosofía que va a marcar la elección de los contenidos de la programación y la orientación global de la línea que se establezca en los informativos y donde la divulgación y la educación tengan un lugar preferente en la programación. Para tal efecto, habrá que crear un libro de estilo, que ha de servir para marcar el camino que seguirá la televisión pública, y una vez establecido y aprobado el plan, será el Defensor quien fiscalice su cumplimiento elaborando informes con carácter anual.

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• Aumentar la producción propia de contenidos acabando con la política de subcontratación.

• Salvaguardar la intimidad de la ciudadanía, y los derechos de los menores reduciendo los contenidos extremadamente violentos, sexistas, racistas y homófonos.

• Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los contenidos de los medios de comunicación.

• Regular los derechos del periodista profesional.

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EUSKARA, GUZTION ALTXORRA

El euskara, la lengua de los vascos y vascas, supera los limites político-

administrativos de la Comunidad Autónoma Vasca o Euskadi, ya que también es patrimonio de la Comunidad Foral Navarra y de los territorios de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa en la República Francesa, y constituye, sin duda, el principal elemento identitario que ha contribuido a dar su carácter diferencial al pueblo vasco, y que etimológicamente ha dado sentido al concepto Euskal Herria, o sea pueblo del Euskara. Pero el valor del euskara va más allá del de seña de identidad, puesto que es una lengua milenaria, única en el ámbito europeo, que constituye un patrimonio cultural universal. Ezker Batua, por tanto, considera que su preservación, desarrollo y evolución, no debe ser sólo una labor asumida por la comunidad vascófona o euskaldun, sino una responsabilidad que todo el pueblo vasco contrae frente a la comunidad internacional.

1.-CONOCIMIENTO Y USO En los años transcurridos desde la recuperación de la autonomía en la

CAPV, el euskara ha vivido un proceso de recuperación especialmente en lo que se refiere al ámbito educativo. En este sentido la apuesta decidida de los padres y madres, euskaldunes o castellanoparlantes, por matricular a sus hijos en los modelos educativos euskaldunes, ha permitido que crezca significativamente en la CAPV el porcentaje de personas que conocen el idioma. Sin embargo, hay seguir reconocimiento del carácter diglósico del euskera respecto al castellano por lo que habrá que seguir impulsado medidas que permitan tanto su conocimiento como sobre todo uso normalizado en la sociedad vasca

En la actualidad hay varias cuestiones que es necesario abordar de manera

urgente en el proceso de normalización lingüística en Euskadi: la convivencia pacífica del Euskera con el Castellano, el fomento del uso social del euskara que no crece al mismo ritmo que su conocimiento, lo cual es un dato muy preocupante, el desafío, y al mismo tiempo la oportunidad, que supone la aparición de un nuevo proceso de inmigración, inferior en número al de los años 60 y 70, y que es necesario abordar con los instrumentos actuales, y por último, la extensión del proceso de normalización a nuevos ámbitos como el laboral o el comercial.

Propuestas:

• Fomento del multilingüismo es decir, contribuir al objetivo de un conocimiento pleno por parte de toda la ciudadanía vasca de sus dos lenguas oficiales complementado por el conocimiento adecuado por lo menos de una lengua extranjera

• La superación del actual marco de modelos lingüísticos por medio de un modelo único y flexible, adecuado a las características de cada comarca o zona sociolingüística en que estén ubicados los centros, pues el anterior sistema ha propiciado una política educativa que ha desvirtuado peligrosamente los criterios básicos que determinaban la planificación de la oferta de los diferentes modelos lingüísticos de la Ley de la Escuela Pública vasca de 1993, que establecía que: “El Mapa Escolar articulará adecuadamente en cada circunscripción los criterios generales

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de planificación lingüísica...” . Ello ha dado lugar a una cierta segregación social y no ha logrado unos niveles adecuados de euskaldunización.

• La garantía de que tanto el euskera como el castellano van a ser vehículos de aprendizaje curricular.

• Reforzar la presencia del euskera en el ámbito universitario, garantizando la posibilidad de cursar al menos el 60% de las asignaturas de cualquier titulación en euskara.

• Fomento de uso diario del euskara en la vida universitaria.

• Incremento de la financiación destinada a la euskaldunización del profesorado universitario.

• Un esfuerzo para avanzar en la euskaldunización de la oferta educativa de Formación Profesional.

• Reforzar y reformar la actual estructura educativa para la euskaldunización de adultos:

o Incrementando y generalizando las ayudas económicas

ligadas a resultados académicos, hasta conseguir la gratuidad. o Fomentando y financiando la adaptación de los

sistemas de enseñanza a las nuevas tecnologías y al nuevo perfil y necesidades del alumnado.

o Creando programas específicos para las personas inmigrantes adaptados a sus posibilidades económicas y temporales, lengua materna y/o a la propia situación dioglósica de origen: magrebí (bereber/árabe vulgar), sudamericano (quechua/aymara, castellano)…etc.

• Potenciar la normalización lingüística en el mundo laboral:

o Impulsando a través de sindicatos, comités de empresa y patronales que se recojan cláusulas de normalización lingüística en las empresas y salvaguarda de los derechos lingüísticos de trabajadores.

o Financiación pública de los planes de normalización lingüística acordados por los trabajadores y la empresa.

o Incluyendo el euskara en los planes de formación continua de las empresas públicas y privadas, tanto como tema específico como lengua vehicular de otras materias.

• Potenciar la euskaldunización de la publicidad y el etiquetado.

• Crear un certificado público para las empresas prestadoras de

servicios que acrediten su capacidad de ofrecer dichos servicios en euskara.

• Apostar por la presencia del euskara en el ámbito de las nuevas tecnologías, bien mediante subvenciones, publicidad institucional u otros medios.

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• Impulsar la consolidación de los medios de comunicación que utilizan el euskara, actualmente existentes, y la creación de nuevos medios, incluyendo la publicación de versiones traducidas de periódicos o revistas que actualmente se editan sólo en castellano, aprovechando las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, como por ejemplo se está haciendo en Catalunya y Galiza.

• Potenciar ETB 1, dotándola de contenidos más atractivos y cercanos a la actual composición sociológica de la población euskaldun, mayoritariamente joven y urbana. 2.-PATRIMONIO DE LA CIUDADANÍA VASCA Otra cuestión que es necesario abordar es la de la relación entre las

comunidades lingüísticas de nuestro país, es necesario que el euskara gane prestigio social y sea percibido como algo valioso y propio por toda la población, euskaldun o no, e incluso fuera de las fronteras administrativas de los territorios vascos.

Es imprescindible apartar al euskara del debate político-ideológico y

situarlo como lo que es, patrimonio de todos los vascos y vascas. Para ello también hay que evitar que los procesos de euskaldunización generen crispaciones y conflictos que finalmente acaban perjudicando el proceso de normalización lingüística.

Propuestas:

• Realizar campañas de difusión sobre la realidad del euskara,

los creadores literarios y sus obras, la música, el cine, la animación, el bertsolarismo, las tradiciones orales, la literatura popular, etc, con el objetivo prioritario de acercar el mundo del euskara a toda la ciudadanía de los territorios donde está presente.

• Racionalizar al máximo los procesos de euskaldunización de los trabajadores y trabajadoras públicos, distinguiendo la planificación a corto y medio plazo, apartándolo de los debates partidistas, frecuentes y lamentablemente sectarios, tanto de movimientos ultra-abertzales, como de las ideologías nacionalistas españolas. Resulta imperdonable la utilización demagógica en aras a rentabilizarlo en contiendas electorales, como lo viene haciendo, de la manera más descarada, la derecha estatalista ante la pasividad o falta de valentía del PSOE, tanto en Euskadi como en otras comunidades autónomas bilingües... 3.-EL EUSKARA LENGUA OFICIAL EN UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Y EN UN ESTADO FEDERAL Por último desde nuestra óptica federalista vemos como pieza

imprescindible de esta estrategia de socialización del euskara como derecho de todos y todas, su asunción como lengua propia y oficial tanto en los Estados Español y Francés, como en la Unión Europea. Dado el reconocimiento cicatero que de las lenguas minoritarias hace la actual Constitución Española no es de extrañar que la actitud del Estado haya sido en estos 25 años, en el mejor de los casos una benevolente tolerancia hacia una lengua “extraña”, y en los peores

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momentos una abierta oposición y obstaculización de los procesos de normalización lingüística.

Un Estado Federal debe asumir como propias todas las lenguas que utilizan

sus ciudadanos y estar comprometido en su defensa y recuperación. Las diversas lenguas del Estado habrían de ser oficiales en sus territorios a todos los efectos y cooficiales en los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales federales.

Ezker Batua-Berdeak entiende que la política lingüística en Euskadi tiene que alejarse definitivamente del “dopaje” al que han pretendido llevarla desde sectores ultra-abertzales, sin tener en cuenta la situación sociolingüística de cada zona de este país, haciendo naufragar, a veces y en ciertos lugares, unos sanos deseos de recuperación del euskara en comarcas que han sido vascófonas hasta lustros recientes e incluso a las históricamente castellanizadas, pero sin una planificación racional.

Ezker Batua-Berdeak denuncia, asimismo, la irrupción de un nacionalismo español castellanista, que, perdiendo sus vergüenzas neofranquistas o neofalangistas, vuelve a los “manifiestos por la lengua común”- sólo le falta invocar aquello de “hable castellano la lengua del Imperio”. Este nacionalismo de la derecha centralista, en el que comulgan incluso algunos líderes del PSOE, vuelve por los fueros de la hegemonía del castellano y, que, aunque se proclamen “constitucionalistas”, lo son dudosamente.

Ezker Batua-Berdeak considera que las recientes manifestaciones de ciertos líderes y de algún que otro candidato o candidata son clarísimamente contrarias al Estatuto de Autonomía de Euskadi y, más concretamente, de su artículo 6º. Si son enemigos del Estatuto de Gernika que lo digan. Ezker Batua-Berdeak critica la utilización del equívoco de los derechos individuales de cualquier ciudadano en materia sociolingüística, con las obligaciones de un servidor público hacia los ciudadanos de una lengua u otra, en una comunidad bilingüe como la nuestra. Eso sí, planificándolo democráticamente, según tiempo, lugar y puesto de trabajo público. Cuando el concepto tradicional de lengua materna está en una situación cambiante, debido a la globalización, a la inmigración, a los trasiegos, por razones laborales o de otro tipo dentro de las propias sociedades española y vasca, de la encomienda, por los propios padres, a los profesionales de la educación desde temprana edad de la enseñanza de una o varias lenguas. Invocar en el siglo XXI un concepto equívoco de lengua materna, ignorando supinamente la marginación de las lenguas maternas: vasca, catalana o gallega en todo el sistema educativo español desde mediados del siglo XIX, cuando no la abierta persecución en dictaduras varias llama a escándalo. Miles de ciudadanos españoles podían pedir justas reparaciones históricas al Estado Español por el appartheid que sufrieron en su edad escolar.

Ezker Batua-Berdeak opina que la política de normalización lingüística ha de basarse, primero, en una información básica de los elementos esenciales de la sociolingüística a los ciudadanos; de un conocimiento mínimo de la sociolingüística comparada, sobre todo de los políticos, pero también de los profesionales de la educación, de la función pública y de los medios de la comunicación social. No comparte, en absoluto, las visiones estrechas, endogámicas o hegemonistas, tanto de los que ponen las fronteras en el Ebro, como de los que las ponen en el Pirineo.

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Ezker Batua-Berdeak se adhiere a debates abiertos como el de “Bases para la política lingüística del siglo XXI”, propiciado por el Consejo Asesor del Euskera del Gobierno Vasco con aportaciones de mucho rigor y conocimiento del tema, que, sin apartarse del nivel de acuerdo de la Ley Básica de Normalización del Euskera de 1982, permitan, democráticamente en sede parlamentaria, actualizarla, desarrollarla y/o adecuarla a las distintas Administraciones públicas al servicio común de la ciudadanía de Euskadi. Prefiere eso a dar recetas propias partidarias, por muy maravillosas que pudieran ser, eso sí, sin admitir sectarismos ideológicos trasnochados y retrógrados, vengan de donde vengan, en un tema tan delicado como el de la normalización lingüística.

Propuestas

• Establecer políticas lingüísticas en la Administración periférica del Estado y en la Administración de Justicia, con los mismos criterios que en las Administraciones locales y el Gobierno Vasco, de manera que se garantice el bilingüismo por toda la Administración pública en el ámbito de la CAPV.

• Incorporar en los Presupuestos Generales del Estado partidas específicas para la normalización lingüística de todas las lenguas del Estado.

• Incluir en los programas mínimos de todo el sistema educativo conocimientos básicos de la realidad pluricultural y plurilingüística del Estado.

• Incluir la enseñanza y difusión del euskara, galego y catalá en las acciones exteriores del Estado, incluido el Instituto Cervantes.

• Promover la declaración del euskara y otras lenguas minorizadas europeas como lenguas oficiales de la UE.

• Trabajar por la firma de tratados y acuerdos con los otros territorios donde el euskara está presente, dentro y fuera del Estado español, que permitan la coordinación de políticas lingüísticas, y el intercambio de medios y experiencias.

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DEPORTE AL ALCANCE DE TODA LA CIUDADANIA 1.- EL DEPORTE UN DERECHO PARA TODAS Y TODOS. En una sociedad saludable la práctica deportiva debe ser un elemento

esencial para la mejora de la salud y de la calidad de vida de la ciudadanía, además de ser fundamental en los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Por ello Ezker Batua-Berdeak defiende, ante todo, que el deporte esté al alcance de todas las personas.

Así, el uso y disfrute del deporte ha de estar garantizado por los poderes

públicos. Se hace necesario evitar que los factores o elementos económicos influyan en el acceso a su ejercicio, excluyendo de esa manera a los que menos recursos tienen sobre quienes tienen más.

También debe potenciarse la práctica deportiva de las mujeres y de la

infancia, así como de las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales.

Por ello el Gobierno Vasco deberá garantizar especialmente el impulso de

las prácticas deportivas por parte del conjunto de la ciudadanía fomentando los deportes más populares frente a los más elitistas y dotándolos de los medios necesarios.

2.- MODIFICACIÓN DEL ACTUAL MARCO LEGAL DEPORTIVO. Ezker Batua-Berdeak exigirá del Estado una modificación de la actual Ley

del Deporte y del Consejo Superior de Deportes para adecuarlos a la realidad autonómica y permitir el cumplimiento del resto de propuestas que se detallan en este apartado del programa.

3.- SELECCIONES NACIONALES DEPORTIVAS. Ezker Batua-Berdeak considera que las polémicas sobre las selecciones

deportivas vascas no hacen ningún bien para la consecución de lo que ha de ser un interés legítimo deportivo, desvinculado de cuestiones políticas.

El deporte no debe ser convertido en símbolo político. Por ello desde

EZKER BATUA-BERDEAK la defensa de las selecciones deportivas vascas se hace desde criterios en principio ajenos a toda cuestión instrumental.

Siempre que exista una liga vasca en un determinado deporte podrá

constituirse una selección vasca del mismo que pueda representar a Euskadi en las correspondientes competiciones internacionales. Al efecto deberían llevarse a cabo las reformas necesarias de la Ley del Deporte estatal.

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Como excepción a este criterio deportivo, y en aquellas prácticas deportivas donde no exista una liga vasca, Ezker Batua-Berdeak apoyará la constitución de selecciones deportivas vascas siempre que exista un amplio consenso expresado por una mayoría cualificada del Parlamento.

4.- OTRAS PROPUESTAS DE EZKER BATUA-BERDEAK EN MATERIA

DE DEPORTE.

• Lograr el pleno acceso de las personas discapacitadas físicas, psíquicas y sensoriales a las infraestructuras deportivas, tanto para el acceso a actividades deportivas normalizadas, como para su participación en actividades deportivas especializadas en discapacidad.

• Garantizar una adecuada presencia del deporte en el sistema

educativo vasco.

• Utilizar los centros educativos, fuera del horario escolar, como espacios públicos abiertos a la práctica deportiva, asegurando el material, la vigilancia y la limpieza de los mismos.

• Aumentar el fomento del deporte de base, desarrollando todo tipo de iniciativas que hagan atractivo el deporte para las niñas y niños.

• La materia de Deporte deberá tener una plena coordinación con la de Salud, especialmente en todo lo relacionado con la obesidad infantil.

• Apoyar una práctica deportiva infantil anteponiendo lo educativo cooperativo a lo meramente competitivo, favoreciendo la no discriminación y fomentando el acceso al deporte de todos y de todas, independientemente de las cualidades físicas.

• Valorar el deporte como una importante herramienta para la integración de las personas inmigrantes.

• Ajustar el número y condiciones de las instalaciones deportivas a las demandas de la ciudadanía, especialmente en los horarios de apertura y cierre, teniendo plenamente en cuenta la conciliación de la vida personal y laboral.

• Garantizar unas instalaciones modernas, seguras y suficientes.

• La transversal medioambiental ha de estar presente en toda la materia deportiva, desde las infraestructuras hasta el desarrollo de las actividades deportivas.

• Constituir en todas las ciudades y pueblos de Euskadi un “Cinturón Verde” que opere como espacio ecológico de uso social, dotado de instalaciones deportivas abiertas y cuyo acceso se circunscriba referentemente al transporte público y no contaminante.

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• Evitar que los factores o elementos económicos influyan de manera determinante en el acceso a la práctica deportiva.

• Fomentar el uso de las instalaciones deportivas por municipios colindantes si es inviable la instalación de unas propias.

• Difundir las actividades de sensibilización que trabajen la perspectiva de género en clave deportiva, y el apoyo a toda acción encaminada a solventar las diferencias de género en la práctica deportiva.

• Fomentar el asociacionismo deportivo.

• Desarrollar programas de prevención de la violencia, el racismo y el dopaje en el deporte vasco.

• Establecer un marco estable a la financiación de la práctica deportiva en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta las importantes consecuencias que la crisis mundial está teniendo también en el deporte. Se buscarán todas las mejoras posibles en el patrocinio y mecenazgo deportivo.

• Impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico en el deporte.

• Dinamizar los deportes alternativos con especial atención a los deportes de carácter autóctono.

• Favorecer la práctica deportiva de las personas mayores.

• Apoyar las actividades más destacadas del deporte para la salud y el deporte aventura.

• Potenciar el desarrollo en Euskadi de eventos deportivos de gran calado que produzcan un aumento del turismo.

• Incluir las actividades deportivas dentro las actividades potencialmente financiables en los proyectos de Cooperación al Desarrollo.

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LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, UN RETO PARA

LA COHESIÓN SOCIAL Una vez lograda la implantación de las nuevas tecnologías en nuestra

sociedad, se hace necesario incidir en el fomento de Internet como espacio de libre expresión y comunicación, como mecanismo que facilite la participación ciudadana y que ayude a profundizar en la democracia.

Para ello, los poderes públicos deben aprovechar las potencialidades

positivas de las TIC y poner los medios para paliar la denominada “brecha digital”. Nuestras propuestas en este campo son las siguientes:

• Declarar Internet servicio público universal, lo que implica que

las tarifas de conexión sean asequibles a toda la población y limitadas normativamente, y que se tomen medidas que faciliten la disponibilidad de medios informáticos para el conjunto de la población.

• Impulso de medidas para la difusión de las TIC y de

alfabetización digital, especialmente entre los colectivos más desfavorecidos o con mayores problemas de acceso en las zonas rurales, en barrios periféricos, entre personas discapacitadas, inmigrantes, etcétera. Ampliación de la red de KZgunes prioritariamente entre los sectores indicados.

• Medidas para que la comunidad educativa, profesorado y

estudiantes reciban una formación integral en la materia para que las TIC puedan servir para mejorar el proceso educativo y para que éste garantice la alfabetización digital de toda la población. Dotación de medios tecnológicos adecuados a los centros de enseñanza públicos, al menos un ordenador por cada dos estudiantes en la enseñanza secundaria, habilitando medidas para hacerlos accesibles fuera del horario lectivo.

• Protección de los ciudadanos y las ciudadanas como

consumidores de productos relacionados con las comunicaciones, frente a las operadoras del mercado y a las empresas de software y hardware.

• Establecer mecanismos jurídicos y tecnológicos que

garanticen la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones electrónicas, de manera que las escuchas o registros no puedan realizarse sin consentimiento del titular o autorización judicial.

• Impulso de la E-Administración, diseñando los servicios para

facilitar el acceso de la ciudadanía. En este sentido impulso de la firma digital, que debe ser garantizada y facilitada por la Administración pública de forma gratuita a toda la ciudadanía.

• Utilización de Internet para difundir el trabajo de las

instituciones vascas y facilitar la participación ciudadana. Desarrollo del voto electrónico en consultas ciudadanas en general como mecanismo de profundización democrática.

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• Promoveremos la instalación de conexiones WIFI en zonas públicas de todas las ciudades y pueblos, en el interior y entorno de los edificios públicos (ayuntamientos, bibliotecas, colegios, institutos y universidades), en zonas especialmente habilitadas, siempre que éstas no superen las medidas de emisión de 0,1 microwatios por centímetro cuadrado, que es lo que defendemos dentro de la Ley de emisiones de radiofrecuencias que planteamos en nuestro programa dentro de las medidas contra la electropolución. En caso de que esto no fuese posible, se habilitarían espacios públicos de acceso a internet por cable.

SOFTWARE LIBRE

El software libre representa algunos de los valores que deben estar presentes en nuestra sociedad: ética, colaboración, solidaridad e intercambio. Por ello, Ezker Batua-Berdeak aboga por su impulso como alternativa a los monopolios privados, garantizar que los programas utilizados por las Administraciones públicas vascas permitan el acceso a toda la ciudadanía, sea cual sea el software que utilicen, es decir que sean plenamente compatibles. Asimismo, proponemos que se garantice su versión en euskera.

El valor que más se identifica con el software libre es el de la libertad, que

permite que cualquier persona sea libre de usarlo para los fines que considere oportunos, de estudiar cómo funciona, de mejorarlo o de distribuir copias. Gracias, entre otras cosas, a estos valores, la calidad alcanzada por el software libre actualmente en nada tiene que envidiar al software propietario, ni en funcionalidad ni en utilización.

Si en el pasado la gran crítica que se podía hacer del software libre era la complejidad de su uso, en los últimos años se han dado grandes pasos hasta poner a Linux a la altura de sistemas propietarios en cuanto a uso, y muy por encima de ellos en cuanto a utilización óptima del hardware, lo que hace posible que ofrezcan las mismas prestaciones sin necesidad de grandes recursos. De esta forma, cualquier usuario doméstico puede hacer fácilmente una sencilla transición de sistemas operativos propietarios a sistemas. Podría decirse, por tanto, que el software libre es al propietario lo que los medicamentos genéricos son a los comerciales: mismos resultados, menor coste. Entendemos que es de vital importancia que las administraciones públicas lleven a cabo todos sus desarrollos software haciendo uso del software libre y que éste sea el motor de su difusión entre la sociedad. Además, con el software libre se reactiva la economía local de cada país, pues no es necesario hacer contrataciones a grandes multinacionales extranjeras, sino que se pueden hacer desarrollos por parte de pequeñas empresas. En este contexto, Ezker Batua-Berdeak considera imprescindible difundir el uso del software libre, para lo cual llevaría a cabo las siguientes acciones:

• Comenzar una progresiva implantación de herramientas de código abierto en la Administración Pública

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• Todas las aplicaciones de administración electrónica cumplirán los estándares para ser utilizadas desde cualquier sistema operativo y navegador.

• Difundir y promover el uso de herramientas de software libre

entre la ciudadanía vasca. Para ello, se promoverán cursos gratuitos (presenciales u on-line) que explicarán el uso de las herramientas libres multiplataforma más extendidas (ofimática, navegador web, retoque fotográfico...), así como de sistemas operativos libres.

• Promocionar y apoyar la creación de nuevas herramientas de

software libre y el desarrollo y mejora de las ya existentes. El software propietario lleva años de ventaja al libre, por lo que no todas las aplicaciones de software libre tienen las mismas prestaciones que sus equivalentes en software propietario. Para ayudar a reducir esa distancia, creemos necesario colaborar con las empresas desarrolladoras para que realicen nuevos programas o mejoren las prestaciones de los ya existentes. Esto, además, nos permitiría difundir la imagen del País Vasco por todo el mundo, al difundirse libremente los programas promovidos por la Administración Pública Vasca.

• Especial atención al desarrollo de software educativo y herramientas para

uso por parte de la Administración Pública.

• La enseñanza de la informática en las aulas utilizará exclusivamente software libre.

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EUSKADI ANTE EL RETO DE LA DIVERSIDAD La política social, sin olvidar el mandato clásico de la igualdad, se ve confrontada con el reto complejo de la diversidad: • Diversidad de género, siendo la violencia de género el síntoma más sangrante

de una sociedad que, a pesar de los avances en la materia, sigue discriminando y excluyendo en muchos momentos y situaciones a la mitad de la población, a las mujeres.

• Diversidad familiar y convivencial, de modo que ya no puede contarse con el soporte relacional que brindaba el modelo clásico de familia, en el que las mujeres estaban, por norma, disponibles para el apoyo a los miembros menores, mayores o, en todo caso, más vulnerables y en el que las familias tenían un mayor tamaño y una mayor proximidad entre sus componentes.

• Diversidad ocupacional, con trayectorias laborales (y, consecuentemente, económicas y de protección social) cada vez más fragmentarias y precarias en muchos casos.

• Diversidad funcional, de modo que cada vez un mayor porcentaje de la población presenta alguna discapacidad o, en su caso, dependencia que exige apoyos externos y adaptación del medio en clave de diseño para todas las personas y accesibilidad universal.

• Diversidad generacional, en una sociedad en la que aumenta la esperanza de vida y las demandas diferenciales procedentes de la nueva ciudadanía, tanto de las personas menores como de las mayores.

• Diversidad cultural, en una sociedad en la que conviven cada vez un mayor número de personas de orígenes diversos con idiomas, costumbres, usos del espacio público y valores diferentes e incluso contrapuestos.

• Entre otras muchas diversidades emergente…Es más en nosotros y nosotras mismas coexisten esas diversidades, que incluso lógicamente van evolucionando en función de las circunstancias, políticas estructurales más o menos restrictivas, y del propio devenir de nuestro ciclo vital… entre otras.

Estos y otros ejes de diversificación social hacen que nuestro tejido social pierda antiguos factores de cohesión o integración social. Sin embargo, esta situación comporta valiosas oportunidades en la medida en que podemos ayudar a devolver a cada persona, a cada individuo la responsabilidad y la posibilidad de construir su propio proyecto de vida sin estar necesariamente atado al estéril y empobrecedor discurso de la normalización y la homogenización social.

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IGUALDAD PLENA ENTRE MUJERES Y HOMBRES: UN MODELO

ALTERNATIVO FRENTE AL MODELO PATRIARCAL A pesar de los avances, la sociedad sigue estando organizada, sobre unos

estereotipos masculinos y femeninos que confrontan con los intentos de avanzar en pie de igualdad entre hombres y mujeres, y de los que no es ajena la sociedad vasca.

Merece la pena reflexionar, aunque sea brevemente, sobre algunas de las

cuestiones reflejo de dicha desigualdad y que son especialmente objeto de atención: La violencia sexista o violencia contra las mujeres hay que abordarla de

manera integral y no sólo en uno de sus aspectos, aunque sea el más extremo, como son las muertes por violencia sexista en el ámbito de la pareja o expareja (74 mujeres víctimas mortales en 2008 según cifras oficiales, de las cuales 3 han sido en el País Vasco).

Por ello, en la medida en que las iniciativas políticas y legislativas no aborden

todos y cada uno de los aspectos estructurales de discriminación y violencia con medidas preventivas y transversales, basadas prioritariamente en la educación, prevención y detección precoz, se seguirá impidiendo una política eficaz e integral en la lucha por la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Apelar a la responsabilidad social de los medios de comunicación y evitar los anuncios y programaciones de contenido sexista, no sólo los más violentos y explícitos, sino también los que de forma sibilina van conformando y reforzando los estereotipos y la discriminación que poco a poco que genera violencia, es otra cuestión objeto de atención. No hemos de pasar por alto, en aras de una pretendida libertad de expresión y de creación, la importancia que tiene la televisión, internet, etc. en la socialización en un género determinado en la población joven e infantil. Es un colectivo diana a la hora de hacer un trabajo de sensibilización y educativo. El trabajo de desaprender lo aprendido no sólo es un doble trabajo, la vuelta atrás es mucho más difícil y costosa. Contrariamente a lo que se puede pensar, esto sí que supone un reto para la libertad de expresión y creación, el reto de evitar reproducir siempre los mismos estereotipos, las mismas formas de hacer las cosas, el reto de visibilizar nuevas mujeres y hombres, nuevas formas de relación y expresión.

Conseguir el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad e instar al Gobierno español para que, en el anteproyecto de ley de modificación del Código Penal en el que está trabajando, se incorpore la despenalización del aborto efectuado con el consentimiento de la mujer , sin ningún tipo de tutelaje patriarcal y poniendo freno a la persecución judicial contra compañeras de IU y del movimiento feminista con las que hemos venido participando en la campaña de autoinculpaciones seguida en diversas partes del Estado, es otro eje de trabajo. Se ha de garantizar el derecho de las mujeres a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo en el Sistema Público de Salud dotando del suficiente personal sanitario (sólo un 5% de las IVE que se practican en la CAV se hacen en la red pública).

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• Abogaremos por un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito en el Código Penal y pase a estar regulado como un derecho que permita el aborto libre a partir de las 20 semanas de gestación y sin límite de tiempo en caso de grave malformación fetal y grave peligro para la vida de la madre.

La conciliación entre la vida laboral y familiar, de momento es, igualmente,

una expectativa. Los hombres siguen sin compartir equitativamente las cargas familiares y las tareas domésticas. Porque para que esto ocurra, no es sólo necesario leyes que lo regulen, sino también, y mucho más importante, crear una conciencia social de igualdad que transforme la cultura patriarcal y sexista que aún existe.

En el ámbito de los cuidados de personas dependientes, es necesario

impulsar un reparto del mismo e impulsar una política de creación de servicios públicos y apoyo al cuidado de personas dependientes, infancia, tercera edad, etcétera. Hay que avanzar en una concepción de la tarea de cuidar como una actividad compartida entre mujeres y hombres y entre distintos ámbitos (familiar, social e institucional), que incluya una redefinición de lo que significa una buena atención.

Crisis, precariedad y mercado laboral: Respecto a la crisis y sus repercusiones en el mercado laboral, la precariedad, la desigualdad salarial y la discriminación por razón de sexo o por el estado civil de las mujeres, que condiciona su acceso al empleo y a los trabajos estables, siguen siendo una realidad no superada en tiempos de bonanza, que tenderá a agravarse en el actual panorama de recesión económica y de destrucción de puestos de trabajo. Si bien las estadísticas reflejan una mayor pérdida de empleo por parte de los hombres sin que afecte en la misma medida a las mujeres, hasta el punto de que se vayan aproximando los porcentajes de paro de unos y otras, el dato no es en absoluto consolador, ya que dicha aproximación se produce no por una mejora en la situación de las mujeres sino por un empeoramiento dramático del paro masculino, al cebarse sobre sectores fuertemente masculinizados, como es el caso de la construcción o determinados sectores industriales. Sin embargo, el riesgo más temible para las mujeres, en una situación de crisis de la gravedad de la actual, es la retracción de su incorporación al mercado laboral, e incluso un retroceso en su tasa de actividad (ya de por si muy baja), y el retorno de muchas a las labores domésticas y de cuidados familiares, lo que puede producir una involución sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales que estamos intentando combatir.

Por otra parte, los alarmantes índices de pobreza, que afectan con mayor

rigor a las mujeres monoparentales, a las mujeres inmigrantes, y a las mujeres mayores, con pensiones mínimas o no contributivas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, hacen más apremiante aún el reforzamiento del Estado Social y de los sistemas de protección.

Continuar con la política de defensa de las empleadas de hogar y

reivindicar su incorporación al Estatuto de los Trabajadores y al Régimen General de la Seguridad Social, aboliendo la injusticia de tratamiento que actualmente se deriva de su consideración como relación laboral especial es otra cuestión fundamental. La situación de las trabajadoras de hogar, inmigrantes en su mayoría, es especialmente injusta en la medida que una parte de ellas carece de

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permiso de trabajo y están más expuestas a los abusos. Los servicios públicos de empleo, el INEM y Lanbide, han de mostrar mayor interés en intermediar en el empleo doméstico, evitando que la colocación quedé en manos de agencias privadas que no garantizan condiciones legales en la contratación y que trafican con la mano de obra percibiendo comisiones abusivas por intermediar.

Desde Ezker Batua-Berdeak, proponemos una sería de medidas destinadas

a una transformación real de nuestra sociedad, donde las mujeres seamos ciudadanas en plenitud de derechos.

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS CONCRETAS PARA TRANSFORMAR

NUESTRA SOCIEDAD Las propuestas programáticas de Ezker Batua-Berdeak parten del

compromiso con la sociedad y luchará para que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad, contribuyendo decididamente a que todos los aspectos de discriminación sexual se eliminen impulsando necesariamente la superación de la discriminación.

1) Propuestas institucionales y Participación Política y Social de las mujeres.

- Creación de la Consejería de la Mujer, con dotación presupuestaria

suficiente. Desde la misma, no sólo se deben realizar las políticas específicas dirigidas a mujeres, sino también se debe impulsar las políticas transversales a realizar desde todas y cada una de las Consejerías. La lucha contra la violencia de género ha de ser una prioridad.

-

- Promoción de una Comisión parlamentaria específica para la Igualdad, desgajando esta materia de las actividades que corresponden a la Comisión actual de Mujer y Juventud y concediéndole entidad propia

- Asignación de partidas presupuestarias por importe no inferior al 5 % de los Presupuestos Generales de la CAV para la realización de políticas específicas de igualdad de las mujeres y aplicación efectiva de la las normativas de igualdad.

- Creación de Consejo Autonómico de las Mujeres. Constituido por asociaciones feministas, y de mujeres por la igualdad, como elemento fundamental para ahondar en su participación y en la elaboración y seguimiento de las políticas específicas y transversales de igualdad entre mujeres y hombres.

- Dentro de nuestra apuesta por los Presupuestos participativos, éstos deben ser enfocados desde la perspectiva de género. Es decir, el proceso se debe iniciar con una perspectiva de participación activa de las mujeres.

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- Impulso a la modificación de las normativas electorales para garantizar que las listas electorales contemplen realmente un 50% de mujeres, contemplando que al menos sus números pares o impares tengan que estar integrados por mujeres.

- Apoyo institucional al asociacionismo de mujeres y fomento de organizaciones con perspectiva de género, teniendo en cuenta la diversidad.

2) Igualdad de derechos económicos de las mujeres. Apuesta por lo público.

- Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de las mujeres en el

mundo laboral, a partir de propuestas encaminadas a corregir la segregación ocupacional, la precariedad y la desigualdad salarial, con especial atención a la discriminación y a la sobreexplotación de las mujeres inmigrantes.

- Se adoptarán medidas encaminadas a la eliminación de las discriminaciones directas e indirectas en la desigualdad salarial de las mujeres.

- Efectividad y seguimiento de los Planes de Igualdad en las empresas. Se elaborará una Memoria anual cuantificada. Extensión de los planes de igualdad a empresas no obligadas por la Ley.

- La promoción de convenios marco con cláusulas que garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. A tal fin no se procederá al registro de ningún convenio que contenga elementos discriminatorios por razón de sexo.

- Regulación de formas paritarias de contratación funcionarial y laboral, para aquellos puestos y cuerpos en que existe escasa representación de las mujeres

- Dotación de créditos blandos para potenciar las iniciativas empresariales de las mujeres, así como impulsar programas de financiación preferente con las cajas de ahorro.

- Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos y subvenciones de las administraciones públicas, que garanticen la presencia de mujeres en los sectores laborales con menos representación.

- Incorporar a las empleadas de hogar al Estatuto de los Trabajadores y al Régimen General de la Seguridad Social, exigiendo como mínimo:

- La obligación de especificar en el contrato de trabajo la duración de la jornada laboral y su distribución diaria. Entrega de recibo del salario.

- En el trabajo externo e interno, una jornada máxima de 40 horas semanales, prolongable en casos excepcionales para tareas de cuidado que exijan presencia responsable. Obligación de abono de todas

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las horas a disposición de la parte empleadora. Descanso semanal y nocturno como el resto de trabajadoras/es.

- Que el salario en metálico nunca pueda ser inferior al mínimo anual interprofesional en relación con la jornada trabajada.

- La obligación de alta y cotización a la SS desde la primera hora de trabajo, y reparto en todos los casos de las cargas de cotización entre la parte empleadora y trabajadora.

- La equiparación de la prestación de incapacidad temporal por enfermedad común con la del Régimen General. Derecho a prestación por desempleo.

- Reconocimiento del accidente laboral. Concreción de las obligaciones de la parte empleadora en relación con la salud laboral, incluyendo las condiciones de alojamiento y manutención.

- Reconocimiento del trabajo que están realizando las personas extranjeras, incluyendo su derecho al alta en la SS

- La oferta y demanda de empleo a través de los servicios públicos de colocación y el cierre de las agencias privadas.

- Medidas contra la feminización de la pobreza y contra la discriminación múltiple de las mujeres mayores, inmigrantes, rurales o en riesgo de exclusión social.

3) Erradicar la violencia sexista y repolitizar lo privado.

- Dotación presupuestaria real y suficiente para un desarrollo efectivo de las normativas contra la violencia.

- Coordinación administrativa para la adopción de medidas con carácter transversal e integral para erradicar todo tipo de violencia estructural contra las mujeres

- Programas integrales de actuación dirigidos a mujeres que ejercen la prostitución. Dichas actuaciones en ningún caso favorecerán ni legitimarán a los que comercian y se lucran (proxenetas, clientes, traficantes, ...) con los cuerpos y las vidas de las mujeres.

- Impulsar el Fondo de Pensiones de Alimentos en parejas divorciadas, a las demandas históricas de las organizaciones de mujeres.

- Formación de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas de violencia contra las mujeres.

- Desarrollo de un Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género, con la participación de todas las Consejerías.

4) Derechos sexuales y reproductivos:

- Hacer efectivo el derecho a la maternidad y paternidad consciente y responsable, garantizando que la información y práctica de la contracepción esté realmente al alcance de mujeres y hombres y sea una

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prestación normalizada en la red sanitaria pública vasca. Establecer un precio social para el preservativo.

- Despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo garantizando la práctica de la IVE dentro de la red sanitaria pública (actualmente solo es del 5%).

- Revisiones ginecológicas anuales gratuitas para todas las mujeres.

- Derecho a la prueba de la amniocentesis de modo gratuito y sin

límite de edad para todas las mujeres.

- Establecer protocolos sencillos para agilizar los trámites que una mujer requiere para solicitar la atención en la red sanitaria pública y evitar demoras en las citaciones.

- Que las interrupciones de menos de 12 semanas se realicen en

centros de atención primaria y/o especializada, evitando los costes de realizarlas en hospitales, y garanticen la accesibilidad.

- Incorporar la educación afectivo-sexual en los centros de

enseñanza primaria y secundaria, para evitar los embarazos no deseados y para potenciar unas relaciones igualitarias, placenteras y basadas en el respeto mutuo.

- Campañas informativas dirigidas a jóvenes e inmigrantes

sobre los derechos sexuales y reproductivos, y los servicios y recursos existentes.

- Incluir en el Registro de IVEs la indicación de país de origen

de la mujer, a fin de disponer de datos estadísticos desagregados para diseñar políticas públicas en materia de prevención adaptadas a las necesidades de los distintos grupos de mujeres.

- Que las y los profesionales sanitarios que practican abortos

puedan realizarlos con las suficientes garantías y apoyo institucional.

- Garantizar la preparación de las y los profesionales que practican abortos, incluyendo el aborto en las Facultades de Medicina y Enfermería, ya que se trata de una práctica médica.

5) Por la incorporación de la perspectiva de género y la erradicación de los estereotipos sexuales

- Adjudicación de viviendas sociales en base a baremos sociales, que incluya la valoración de las mujeres con cargas familiares no compartidas, destinadas a mujeres con cargas familiares no compartidas, víctimas de violencia con escasos recursos económicos, potenciando el parque público de viviendas en alquiler.

- Puesta en marcha de programas destinados a potenciar actividades artísticas, deportivas, culturales y de investigación de las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad existente.

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- En el conjunto del marco educativo, garantizar que se represente a la mujer como sujeto activo de la Historia y de la sociedad, eliminando los estereotipos que reproduzcan modelos y actitudes sexistas.

- Poner en práctica, de forma efectiva, un código anti-sexista en los medios de comunicación y en las agencias de publicidad, y la realización anual de una auditoría con perspectiva de género que afecte a contenidos, protagonismos y papeles sociales de las mujeres.

- Promover campañas dirigidas a sensibilizar a la población masculina de la necesidad de generar un nuevo modo de vida, un nuevo modelo de actuación política, laboral y social, que suponga el abandono de valores sexistas y heterosexistas, competitivos, productivistas y de agresividad con las personas y el entorno ambiental y la apuesta por la vitalización de los espacios afectivos, por la revalorización de las labores de educación y cuidado, con base en la solidaridad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

- Potenciar iniciativas como los talleres de masculinidad y grupos

de hombres que cuestionan el modelo de masculinidad imperante y buscan nuevos modelos de identidad desde los que desarrollarse íntegramente como personas y establecer otro tipo de relaciones con las mujeres, desde el respeto y la solidaridad.

6) Por el reparto de los cuidados de personas dependientes

- Mejorar las condiciones laborales y formación/apoyo de las personas cuidadoras.

- Reconocer razones de amistad y solidaridad en las medidas

que facilitan tiempo y/o dinero para cuidar, además de las de parentesco. Las posibilidades de cuidar pueden abrirse a un marco más amplio aunque sea a condición de limitarse en el tiempo o en el número de veces por ejemplo.

- Planificación urbanística con perspectiva de género,

incluyendo no sólo las necesidades productivas sino también las reproductivas, y el ciclo vital completo de las personas. Los transportes, los equipamientos, las viviendas, las actividades económicas, el comercio…no permiten la autonomía de quienes por edad o discapacidad necesitan otros entornos, ni ponen fácil la combinación del empleo y la atención a las demás personas.

- Impulsar proyectos piloto con barrios, edificaciones, tipos de

residencia con servicios comunes o equipamientos que permitan hacer el trabajo doméstico de modo compartido; para grupos con dificultades para hacerlo personalmente (por edad o incapacidad); o diariamente (mujeres solas, personas mayores, mujeres y hombres jóvenes, familias monoparentales).

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- Que los permisos a que puede optar cada progenitor sean un derecho individual y no traspasable, para potenciar que el trabajo de cuidado de menores y personas dependientes se reparta entre hombres y mujeres, porque sin medidas correctoras, la diferente situación de partida tiende a reproducirse, y son las mujeres las que acaban cogiendo los permisos por presiones afectivas, por cálculo de pérdida económica comparativa, etc.

- Impulsar una política de servicios exteriores a la familia que

además de crear empleo, puede ser más igualitaria en cuanto al acceso a los servicios. Las entregas de dinero sin destino específico así como las rebajas fiscales por menores o mayores dependientes a cargo no sirven para descargar a las mujeres de tiempo de cuidado.

- Incidir en fórmulas de financiación pública de estas actividades

e instar a los entes locales y forales a incluir la atención a estas personas en su oferta de servicios públicos con carácter preceptivo y de un modo cuantitativa y cualitativamente digno para las mismas.

- Defender la necesidad de impuestos que financien los servicios

reconociendo que las rebajas fiscales indiscriminadas, además de ser regresivas, van en perjuicio de las personas con menos medios económicos, ya sean cuidadoras o personas que necesitan cuidado.

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LA INFANCIA: RECONOCIMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES COMO PERSONAS CIUDADANAS DE PLENO DERECHO BALANCE DE LA ACTUACION DEL GOBIERNO VASCO EN LA PASADA

LEGISLATURA En estos últimos años, desde el Departamento de Vivienda y Asuntos

Sociales se ha desarrollado plenamente la Ley de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia elaborada e impulsada también por este Departamento que fue aprobada en el 2005.

Esta Ley, elaborada por Ezker Batua-Berdeak, defiende una actuación

integral ante la Infancia, concebida como sujeto activo portador de derechos, con participación e implicación social, integrada en la vida comunitaria. Siendo la norma básica más progresista que existe hoy en el Estado. Se han realizado las siguientes actuaciones que emanan de la citada Ley:

- Nombramiento del Defensor para la Infancia y la Adolescencia

del País Vasco. Órgano que trabaja para la defensa de las situaciones de vulneración de derechos, así como para la sensibilización y denuncia sobre las diferentes problemáticas de la infancia y la adolescencia.

- Creación y puesta en marcha del Observatorio de la Infancia y

la Adolescencia

- Creación de la Comisión Sectorial de Infancia, dentro del Consejo Vasco de Bienestar Social, con ámbito institucional y participación social, con capacidad para poder analizar la situación actual de la infancia y hacer propuestas de mejora en el ámbito institucional. Es fundamental dar voz en las instituciones a los que trabajan en primera línea con los niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad.

- Regulación por Decreto de los Puntos de Encuentro Familiar. Servicios que cada vez tienen más usuarios y era necesario regular para que se de una equidad en los tres territorios y para velar por la propia seguridad de los niños y las niñas.

- Elaboración, de forma consensuada por las diferentes administraciones competentes, un Instrumento de Valoración para determinar la gravedad de las situaciones de desprotección. Con ello se garantiza que se apliquen correctamente las medidas necesarias y más adecuadas en cada caso en que los niños y las niñas están viviendo situaciones de riesgo de desprotección o desamparo.

- Puesta en marcha de una página Web y teléfono de atención a la Infancia y adolescencia de cara a recoger sus inquietudes, quejas, propuestas y preocupaciones. Un cauce de participación directa muy interesante. Con la aprobación y puesta en marcha de esta Ley, se quiere trabajar

transversalmente en la educación para la participación activa de los niños y las

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niñas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Crear cauces reales de participación hace que los más pequeños sean protagonistas de sus vidas, ciudadanos de pleno derecho que tienen mucho que aportar en nuestra sociedad. De esta manera el mundo adulto también tendrá una visión menos paternalista y podrá dar la posibilidad de participación en otros ámbitos privados.

En general, los niños y niñas de nuestra sociedad no son escuchados, no son tenidos en cuenta y son vistos como personas a educar y formar, con poco que aportar en este momento. En Ezker Batua-Berdeak, proponemos trabajar transversalmente en la educación para la participación activa de los niños y las niñas en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Crear cauces reales de participación (Foro de la Infancia, Parlamento de los Niños y las Niñas,…) hace que los más pequeños sean protagonistas de sus vidas, ciudadanos de pleno derecho que tienen mucho que aportar en nuestra sociedad. De esta manera, el mundo adulto también tendrá una visión menos paternalista y podrá dar la posibilidad de participación en otros ámbitos privados. La propia Defensoría para la Infancia y Adolescencia será un cauce de participación donde poder aportar propuestas concretas y detectar dónde se están dando situaciones de vulneración de sus derechos. En las nuevas tecnologías, nos encontramos ante un nuevo mundo de potencialidades que, a su vez, tiene unos peligros, podemos sacar partido de lo bueno que nos ofrecen y para evitar peligros EZKER BATUA propone hacer un seguimiento cercano, acompañar a los niños y niñas en el uso de las Nuevas Tecnologías es fundamental para ello. A su vez, es un campo nuevo que avanza muy rápidamente, el cual está muy poco regulado, las Administraciones competentes tendrán que cubrir los vacíos legales que se están dando y aportar soluciones respetando siempre el principio del superior interés del menor. Las situaciones de violencia nos rodean en nuestra sociedad, esto afecta directa y de forma importante a los niños, niñas y adolescentes. Como consecuencia de ello, aprenden comportamientos violentos que nos llevan a situaciones de violencia entre compañeros o hacía otros adultos. Ezker Batua-Berdeak propone dotar de otras herramientas de resolución de conflictos, mediante la educación, la familia y el ámbito escolar. En el ámbito familiar, se ha pasado de una educación restrictiva y punitiva de hace unos años, a una permisividad donde todo vale. Esto hace que no se marquen límites desde los primeros años y estemos educando en una excesiva permisividad. Ezker Batua-Berdeak apuesta por una autoridad moderada, educar en la libertad, pero marcando límites, supervisando y acompañando, siempre desde la comprensión y el cariño. Los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, siguen dándose en un colectivo vulnerable como son los menores de edad. No podemos permitir impasibles que esto siga sucediendo. Ezker Batua-Berdeak propone detectar estas situaciones desde diferentes ámbitos, no callarnos y denunciar públicamente cuando se produzcan, ser la voz de los más pequeños para que salgan de esta situación. Tenemos un sistema de protección para estos casos, pero hay que detectarlos. Por supuesto, además tendremos que trabajar también de forma preventiva para evitar los malos tratos antes de que empiecen a producirse.

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La adolescencia es un momento de definición de la identidad sexual, se dan situaciones muy duras de culpabilización y rechazo dentro de la propia familia. La sociedad ha ido avanzando en lo público en la normalización de las diferentes opciones sexuales, pero tenemos que cuidar que este proceso definitorio en la adolescencia se dé con libertad y normalidad. Es necesaria una orientación correcta en lo afectivo-sexual, las familias tienen que formarse en ello y la sociedad crear servicios de orientación y ayuda en este aspecto.

2. NUEVAS PROPUESTAS DE ACTUACION EN EL ÁMBITO DE LA

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Sin perjuicio de lo que esta Ley nos permita avanzar, desde EZKER BATUA-

BERDEAK seguiremos incidiendo, cuando menos, en las siguientes propuestas de actuación:

- Proteger y acompañar a los niños y niñas en el uso de las Nuevas

Tecnologías. Nos encontramos ante un nuevo mundo de potencialidades que a su vez tiene unos peligros.

- Reforzar los recursos destinados a la atención psiquiátrica de la infancia y

adolescencia, especialmente con menores en situación de riesgo o desamparo.

- Potenciar la atención temprana como fórmula realmente preventiva, de

promoción de la autonomía y de estimulación al desarrollo. Desde la mejora en los instrumentos de diagnóstico y valoración, hasta la estimulación precoz y la puesta en marcha de programas de promoción de la autonomía.

- Profundizar en nuevos métodos didácticos que permitan una mayor

flexibilidad en los ritmos de aprendizaje de cada niño o niña y, en particular, el seguimiento escolar de niños y niñas que aprenden “de otra manera”.

- Ezker Batua promoverá las reformas educativas necesarias basadas en la

educación en competencias, donde se de prioridad a lo transversal y a los valores de la cooperación y la tolerancia y en donde la emocional esté presente de modo que los niños lleguen a los contenidos a través de sus las actividades y vayan aprendiendo paulatinamente a seguir su propio camino.

- Mejorar la atención sanitaria prestada dentro de los centros educativos y, de forma más global, las actuaciones enmarcadas en el espacio compartido por los sistemas sanitario y educativo. - Reforzar la coordinación entre sistemas, el sanitario y educativo como se cita en el punto anterior, el social y sanitario para situaciones de discapacidad, el social y educativo en situaciones de desprotección o riesgo de desprotección…. - Crear un servicio post-adopción de apoyo a las familias adoptantes que, más allá de los seguimientos individualizados, aporte formación, grupos de contraste y ayuda mutua, apoyo emocional y orientación, etc. - Facilitar el acceso al carnet biológico, que identifique claramente la filiación de las personas en casos de adopción.

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- Establecimiento de programas específicos de apoyo a padres y madres que, por causas diversas (monoparentalidad, precariedad económica, limitaciones en la movilidad, etc.), tienen dificultades especiales para el desempeño de su función en relación con sus hijos e hijas. Hablamos de prevención y de soporte a los educadores principales, para adelantarnos a que estos menores, quizás en riesgo, quizás más vulnerables, tengan que ser atendidos por los servicios especializados cuando las situaciones se agudicen y sea urgente su abordaje (adicciones, discriminación, exclusión, etc.) - Fortalecimiento de los equipos sociocomunitarios de atención a la infancia. Sobre la base del modelo comunitario propugnado en la nueva Ley de Servicios Sociales y del equipo de los servicios sociales municipales establecidos para las zonas básicas de actuación, equipos en los que participan profesionales del trabajo y la educación social, articulación de un sólido trabajo en red con los agentes locales en el marco de planes locales de infancia. - Apuesta por el acogimiento familiar y otras fórmulas similares como prioritarias frente a otras respuestas de tipo residencial. Refuerzo de los programas de acogimiento familiar y potenciación del acogimiento temporal. - Reforzar las medidas de apoyo e impulsar servicios públicos de atención a la infancia (tales como escuelas infantiles) como garantia de del derecho a la educación, colaboración de los poderes públicos con la función educativa de las familias, de tal manera que se aligeren las cargas económicas y de otro orden que, hoy en día ,conlleva el cuidado y crianza de los hijos e hijas. - Eliminación de toda forma de abuso y maltrato, explotación sexual y/o acoso de cualquier tipo, mediante los instrumentos vigentes en Euskadi y cualesquiera otros que pudieran disponerse a través de programas o planes específicos. - Eliminar el uso de tratamientos médicos orientados a mejorar en rendimiento físico de menores que compiten con adultos a nivel deportivo. - En las mismas condiciones que en el punto anterior, se han de crear equipos de intervención sociocomunitaria para dar respuesta a las necesidades detectadas. Estos equipos contarán, como mínimo, con las figuras de educadores familiares, de calle y un trabajador o trabajadora social. - Impulso del conocimiento e integración de los niños y niñas en la realidad social y el espacio físico de su entorno. En este sentido, hay que potenciar de modo especial la integración de la infancia afectada por una discapacidad. - Dotación de ludotecas, talleres y minibibliotecas donde se pueda fomentar el encuentro con los libros, estimular la creatividad y despertar interés por el conocimiento y la cultura, la convivencia entre iguales, así como un estímulo para su creatividad y fantasía, allí donde no existan. - Construcción de circuitos infantiles para la educación vial e inclusión normalizada de esta materia en la educación. - Ampliar el derecho a la educación gratuita a través de libros de texto de titularidad de las escuelas públicas, reutilizables en cada curso escolar, todo ello con la financiación del Departamento de Educación.

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- Apoyar iniciativas punteras de reciclaje y reutilización de libros y materiales didácticos. - Fomentar iniciativas de prevención e intervención ante el bullying. - Propuesta para la creación del Foro de la Infancia, con participación directa de las niñas y los niños. La participación directa es una herramienta básica para dar el protagonismo que merecen los niños y las niñas, tienen mucho que aportar y sin duda son capaces de hacerlo.

- Celebración del Día Internacional -20 de Noviembre para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las niñas y los niños.

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JOVENES CON TODOS LOS DERECHOS UNA JUVENTUD QUE APUESTA POR SUS DERECHOS SIN TUTELAS.

La juventud de izquierdas vasca esta harta de que no se cuente con nosotros y nosotras. Vivimos bajo una Constitución y un Estatuto que no hemos votado, bajo una Monarquía que no hemos elegido. Los partidos políticos tradicionales nos dan la espalda, sin consultarnos qué educación, qué vivienda o qué modelo energético queremos. Nos dicen que somos el futuro y que debemos prepararnos para lo que venga. Reivindicamos que no somos el futuro, somos el presente. Que queremos tener derecho a decidir sobre todos los espacios de la política. Vamos a hacer que se escuche nuestra voz en el instituto, en la universidad, en el trabajo y en las calles.

Juventud no es sinónimo de inmadurez o falta de criterio. No se necesita una administración que se limite a planificar lo que cree más correcto para las personas jóvenes, sino una administración que diseñe unos cauces de participación adecuados para recoger las necesidades que plantea la juventud y adaptar sus planes de actuación a lo solicitado.

Una juventud transformadora

• Somos radicalmente pacifistas. Queremos cambiar nuestra realidad, pero queremos cambiarla a mejor. La violencia es un camino que solo lleva a más violencia, y a la imposición de la fuerza sobre la razón. Denunciaremos, una y otra vez, que la violencia, ya sea en Palestina, Somalia, Afganistán o en Euskadi, nunca trae nada bueno.

• Queremos vivienda para todos. La vivienda es un derecho, reconocido en muchos ámbitos y fundamental para el desarrollo de nuestros proyectos de vida, pero que aún no se ha cumplido. Hemos visto que desde que la izquierda transformadora está en el Gobierno Vasco se ha duplicado el número de VPO, se ha potenciado el alquiler y se han movilizado viviendas vacías. Todavía queda mucho por hacer y estamos convencidos de que cuanta más fuerza tenga la izquierda los próximos años, más se avanzará en garantizar ese derecho para todos.

• La última crisis económica nos dejó nuevos inventos del Gobierno socialista. Con la excusa de flexibilizar el mercado laboral, se inventaron los contratos basura, el abaratamiento del despido, las ETTs, los contratos temporales..., casualmente somos las personas jóvenes las que más sufrimos estos abusos. En resumen, la última crisis y el gobierno socialista reinventaron la precariedad laboral. Las personas jóvenes de este país no vamos a quedarnos quietas mientras se nos sigue pidiendo que arrimemos el hombro, que para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero es currar más y cobrar menos, para que luego esta institución siga apoyando a los de siempre, los bancos y las grandes empresas, los culpables de esta crisis en la que estamos viviendo.

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• Si además de joven eres mujer, se duplican los problemas. Nos pagan menos por el mismo trabajo, puedes perder tu empleo si te quedas embarazada y además tenemos que soportar los vicios de una sociedad machista. Las jóvenes de izquierdas queremos que el aborto sea libre y gratuito, para así poder decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. Y por encima de todo, queremos que se acabe de una vez con la lacra de la violencia machista.

• Las hipotecas medioambientales del presente, tendrán un alto

interés en el futuro. Queremos un mundo en el que podamos vivir. Donde los trenes de alta velocidad tengan un trazado razonable, la energía se consiga mediante fuentes renovables y no en incineradoras, quemando basuras o en centrales nucleares o térmicas, y los coches puedan llegar a funcionar con energía alternativa a los combustibles tradicionales.

• Apostamos por la proliferación de energías renovables, la

diversificación energética, la protección de áreas de interés medioambiental por encima de los intereses económicos que son los que priman en estos momentos.

• Nos encontramos ante una crisis financiera que ataca más

fuerte, si cabe, a jóvenes, pero aún tiene que llegar la gran crisis energética, y nosotras y nosotros estamos dispuestos a enfrentarla desde la sostenibilidad y la lógica de protección de nuestro entorno.

• Apostamos por una enseñanza pública, laica y democrática. La LOU y el Plan de Bolonia pretenden, a espaldas de los jóvenes, convertir la enseñanza en una fábrica de jóvenes-máquinas al servicio de las empresas. Quieren privatizar la universidad y que sólo pueda acceder a ella quien pueda pagársela. Queremos que se aumente el presupuesto de Educación, las becas y tener Consejos Escolares realmente democráticos.

• Por todo esto, alzamos la voz, luchamos para que se nos oiga,

se nos escuche, se nos tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones. Porque no sólo somos el futuro, también somos el presente.

UNA LEY DE JUVENTUD QUE GENERE NUEVOS DERECHOS La juventud en Euskadi constituye un colectivo de especial atención por

parte de las Administraciones Públicas, a las que se les debe exigir soluciones y medidas concretas que faciliten y promuevan el desarrollo personal de las personas jóvenes, huyendo de posiciones paternalistas.

Una Ley integral que garantice el acceso de las personas jóvenes a

la emancipación personal.

Se plantea la necesidad de una Ley de la Juventud que regule, oriente y coordine de manera definitiva e integral la actuación de todas las Administraciones públicas hacia un objetivo común: crear las condiciones necesarias para que toda persona joven en Euskadi pueda desarrollar un proyecto de vida autónomo.

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Para ello, se hace necesario adoptar medidas concretas y no meros principios de actuación abstractos, que afronten de manera directa los condicionamientos que en la actualidad impiden que las personas jóvenes puedan disfrutar de derechos básicos como una educación asequible a todos los niveles, unas condiciones de trabajo estables y la garantía del acceso a una vivienda digna.

Ya no existen excusas creíbles para seguir exonerando a las

Administraciones en cuanto a su responsabilidad para actuar con decisión. Desde Ezker Batua-Berdeak, se proponen las siguientes medidas

generales, que serían objeto de desarrollo normativo:

• Reconfigurar la composición de los órganos interdepartamentales de coordinación de políticas en materia de juventud, permitiendo que, en sus debates, participen igualmente las asociaciones y organizaciones juveniles. Reproducir el citado esquema en las Administraciones forales y locales.

• Creación de foros de colaboración y participación directa de las asociaciones y organizaciones juveniles con la Administración autonómica, foral o local, en igualdad de condiciones para debatir y plantear propuestas. Eliminar las figuras de representación indirecta que fomentan reducir el número de interlocutores a los que las Administraciones, especialmente la autonómica, se dirigen para recoger propuestas.

• Creación y subvención de gabinetes técnicos de información y asesoramiento para asociaciones y organizaciones juveniles, a los que se podrá acceder para solicitar subvenciones, remitir planes de gestión para su estudio y consultar los distintos servicios que la as distintas administraciones ponen a su servicio. En cualquier caso, la ley vendría a recoger las siguientes medidas, bien

porque son recogidas en leyes sectoriales de nuevas creación o bien porque directamente se generan esos derechos desde la propia Ley Vasca de Juventud.

VIVIENDA

Las personas jóvenes somos las principales perjudicadas por un modelo de

sociedad capitalista que entiende la vivienda como un bien patrimonial, que sólo adquiere sentido en la medida en que sea convertible en dinero. De este modo, la sociedad en su conjunto vive confiada en una falsa creencia de prosperidad basada en la seguridad de la revalorización de cada vivienda, sin contextualizar que es el mercado inmobiliario en su conjunto el que sube de manera irracional para todos, con lo que la ganancia patrimonial que se espera obtener en realidad no existe.

Este modelo condena de manera inexorable a la juventud vasca a

hipotecarse de por vida para adquirir una vivienda en el mercado libre, negando cualquier posibilidad de progreso personal o emancipación personal hasta que se adquiere estabilidad laboral.

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Reivindicamos un modelo de acceso a la vivienda similar al existente al de los modelos europeos sociales más avanzados, en el que las Administraciones Públicas reconozcan sin sorteos el derecho a la vivienda de todos y todas, siendo las responsables de edificar un parque de alquiler permanente, a precios sociales, que permita la emancipación de los y las jóvenes a partir de los 18 años.

En concreto, proponemos las siguientes medidas:

• Regular por Ley el reconocimiento y desarrollo del derecho subjetivo y universal a una vivienda digna. Garantizar por ley el derecho de las personas jóvenes a acceder a una vivienda en alquiler, permitiendo la emancipación del hogar familiar a edades similares a las del resto de la Unión Europea.

• Permitir un coste de los alquileres que no superen un

30 % de los ingresos del inquilino.

• Apoyar la modificación de política fiscal de las DDFF vascas en relación a la vivienda y pasar de favorecer la compra a primar el alquiler, con incentivos específicos para las personas jóvenes.

• Introducir legalmente la obligación de Ayuntamientos y Gobierno Vasco de construir un parque público permanente de alquiler de 50.000 unidades en el plazo de 10 años, con programas específicos destinados a los colectivos de jóvenes que permitan no tener que desplazarse de su municipio por la falta estructural de vivienda asequible.

• Planes especiales de edificación de Alojamientos Dotacionales. Especialmente, promover alquiler mediante la edificación de alojamientos dotacionales (soluciones habitacionales de carácter no residencial con espacios comunes) destinados a satisfacer la necesidad de vivienda de los jóvenes.

• Programas de edificación de viviendas para jóvenes en los campus universitarios, con el fin de evitar costosos desplazamientos entre el domicilio habitual y los centros de estudio.

• Continuar movilizando vivienda vacía hacia el alquiler protegido mediante programas públicos similares a Bizigune, incrementando el número de viviendas destinadas a personas jóvenes.

• Medidas contra el sobre-endeudamiento de inquilinos y

propietarios de vivienda libre y protegida, con ayudas específicas para personas jóvenes en situación de desempleo o precariedad laboral estructural.

• Implantación y desarrollo de modelos cooperativos de autopromoción de vivienda por parte de personas jóvenes, que permitan la edificación de vivienda asequible, sostenible y que prime la interrelación y mixtificación sociales.

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• Diseño estructurado de actuaciones de acceso de la juventud a edificios y pabellones abandonados, subvencionando programas de rehabilitación y adecuación de esos locales con objeto de que sean habitados y contribuyan a dinamizar los espacios urbanos en que se ubican.

EMPLEO

Los jóvenes siempre han sido el sector más afectado por el paro y la

precariedad laboral, por lo que, en la actual situación de crisis, es uno de los sectores más afectados. Debido a esto, es importante no sólo adoptar medidas para mejorar la situación actual, sino también evitar el empeoramiento de ésta por las posibles medidas que, con la excusa de superar la crisis, intenten liberalizar aún más el mercado laboral o reducir el Salario Mínimo Interprofesional.

Además de la falta de estabilidad laboral que sufren los jóvenes en Euskadi, también hay otros condicionantes que afectan a la calidad del empleo como son sueldos bajos en relación con el trabajo efectuado y empleos de baja o ninguna cualificación.

Por estos motivos, una amplia mayoría se ven forzados a permanecer en el hogar familiar, ya que optar por emanciparse conduce a enfrentarse sin ningún respaldo a la precariedad laboral y a sueldos con los que difícilmente se puede cubrir una vivienda digna.

Mencionar también el caso del contrato en prácticas o de aprendizaje, que, en la práctica, resulta un medio para pagar un salario por debajo del correspondiente a un joven que realiza correctamente las mismas funciones que cualquier otro trabajador.

Por todo ello, consideramos necesaria la adopción de las siguientes medidas:

Salario para la Cualificación o de emancipación. Instauración de un sistema de becas y bolsas de viaje para garantizar que

toda persona joven que desee desplazarse al extranjero, con objeto de desarrollar una experiencia formativa o laboral temporal, pueda hacerlo sin verse condicionado por los recursos limitados que pueda encontrar en su entorno familiar.

Refuerzo y ampliación de los programas de Empleo y la Formación

Se trata de fomentar el desempeño de un trabajo remunerado de horario reducido con la realización de cursos de especialización relacionados con la titulación de la persona joven. Asimismo, se trata de fomentar los contratos que compatibilicen la jornada laboral y el estudio, a través de ésta u otras fórmulas.

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o Mayor control en la contratación temporal, esta sólo debe emplearse para trabajos que realmente respondan a estas características.

o Dignificar de los salarios. Subidas como mínimo de acuerdo a un IPC

real y aumento del SMI. o

Supresión de las empresas de trabajo temporal, así como las empresas privadas de colocación ya que esta tarea corresponde a la Administración mediante Lanbide.

o Transferencia de las competencias de empleo a Euskadi

(Lanbide). Penalizar toda discriminación laboral por razones de edad, sexo, raza, nacionalidad, discapacidad, ideológica o creencias.

o Reducción de la jornada laboras a 35 horas semanales sin

disminución salarial. o Que el Gobierno vasco acepte EREs sólo con el 100% del salario

garantizado para los trabajadores afectados, y el acuerdo del comité de empresa.

o Revisar, mediante inspección de trabajo, la situación laboral

durante el último año de los trabajadores de servicios subcontratados dentro de todas las empresas que presenten un ERE, con el fin de valorar realmente la destrucción de empleo por pare de la empresa Aumentar la duración y flexibilizar la obtención del subsidio de desempleo debido a la actual situación de crisis.

o Aumentar la plantilla de inspectores de riesgos laborales, así como la frecuencia de las inspecciones y los servicios inspeccionados.

o Aumentar la cuantía de las sanciones a las empresas que

incumplan la normativa sobre seguridad laboral. o

Incluir en la formación a todos los niveles, y continuar con ella en la vida laboral, asignaturas y cursos sobre seguridad laboral.

EDUCACION Y PARTICIPACIÓN

La situación de la educación pública, tanto en Euskadi como a nivel europeo, es crítica. Las ultimas reformas y acuerdos que se han alcanzado, a espaldas de gran parte del personal docente y de la mayoría de los y las estudiantes, suponen la privatización y mercantilización de la educación pública, una pérdida de los valores emancipadores de la educación a favor de unos valores

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completamente relacionados con el mercado y la productividad, que distan bastante de crear ciudadanía para crear personas al servicio de la cadena productiva capitalista. El actual sistema educativo imperante en Euskadi, además, está lejos de contar con los recursos suficientes para hacer frente a su labor educadora. Las aulas masificadas en la Universidad, la falta de docentes en euskera o la pésima dotación de los centros de enseñanzas medias son buena prueba de ello. Quienes pertenecen a familias de clase media-alta o quienes estén dispuestos a hipotecar su vida con una beca-crédito concedida por el Gobierno del PSOE, accederán a costosos masters y estudiarán en centros privados bien equipados. En cambio, quienes proceden de familias humildes deberán sortear muchos más obstáculos para poder estudiar o asumir que el modelo actual está dirigido por y para una élite y resignarse a buscar un trabajo de baja cualificación que probablemente los abocará a una precariedad laboral de por vida. En Ezker Batua, sin embargo, creemos que el acceso a la cultura y a una educación de calidad, gratuita, laica, científica, bilingüe y crítica es un derecho de todo ser humano y, por ello, reivindicamos las siguientes propuestas: • Incremento del presupuesto de Educación hasta que alcance, como

mínimo, el 6 por ciento del PIB de Euskadi. • Educación gratuita, democrática, libre, mestiza y laica desde los 0

años. •

Reconocimiento de la Universidad pública como impulsora del desarrollo social, económico, cultural y democrático.

• Potenciación de los cursos nocturnos en secundaria, equiparando sus

condiciones a los que imperan en los diurnos (ratios profesorado-alumnado, clases prácticas, servicios de biblioteca, posibilidad real de elegir optativas). Es preciso facilitar el acceso de quienes trabajan por la mañana y estudian en horario nocturno.

• Establecimiento de un Plan de becas más amplio que el actualmente

existente, con participación del alumnado y justicia real de distribución. Representación paritaria de estudiantes, padres/madres y personal docente en Consejos Escolares, Claustros, etcétera.

• Democratización de los Consejos Escolares de Municipio, Comarca y

Comunidad. Ampliación de las competencias del Claustro, de manera que se convierta en el auténtico órgano director de la Universidad.

• Aumento de los porcentajes del alumnado en todos los órganos

universitarios, sin que este porcentaje disminuya a medida que asciende la importancia del órgano.

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• Fomento de las asociaciones y de la representación estudiantil (subvenciones, locales, medios técnicos).

• Tendencia al incremento de la optatividad en las titulaciones, a la

diversificación de los planes, al aumento de la experimentación, a la aparición de nuevas especialidades adaptadas alas nuevas necesidades sociales.

• Eliminación de la prueba de selectividad y de los números clausus,

limitadores del acceso a la Universidad.

• Impulso real a las titulaciones de postgrado, creando así una verdadera comunidad investigadora. Aumento del presupuesto de investigación de la UPV. Ampliación del número de aulas y de salas de estudio para evitar la masificación actualmente existente.

• Inversión suficiente para dotar a los Centros de Formación Públicos de

todo el equipamiento necesario para que puedan cumplir su labor formadora e investigadora.

• Derogación de la LOE y la LOU, y apertura de un debate social con todos

los agentes del ámbito educativo de cara a configurar un sistema educativo verdaderamente democrático, que responda verdaderamente a las necesidades e inquietudes de la ciudadanía.

• Paralización de la Construcción del Espacio Europeo de Educación Superior

(Bolonia) por ser un proceso encaminado a la privatización y elitización de la universidad pública y apertura de un análisis conjunto, por parte de todos los agentes de la comunidad universitaria, en torno a las posibles alternativas de cara a reformar el muy deficiente sistema universitario actual.

• Remuneración obligatoria de las prácticas, de acuerdo con el convenio

colectivo del sector en el que se esté trabajado.

• Regularización y transparencia de los becarios y becarias en situaciones de precariedad, aplicándoles las condiciones laborales reguladas en su convenio colectivo.

• Fin de la financiación de la escuela o universidad privadas con fondos

públicos.

• Acabar con los créditos de libre elección, ya que, con la flexibilización en la elección de las asignaturas que nosotr@s proponemos, entendemos que el actual sistema sólo es un método que tienen las universidades para cobrar por un servicio que ellas no ofrecen.

3. TRANSPORTE, OCIO, CULTURA Y PARTICIPACIÓN

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Eludir los paternalismos y los prohibicionismos es la mejor manera de proceder a desarrollar una política pública de ocio para la juventud. Las Administraciones deben, asimismo, impulsar programas de ocio con las y los jóvenes como principales protagonistas. Buscar y encontrar soluciones de ocio alternativas que alejan a la gente joven de situaciones potenciales de exclusión y/o marginación debe ser, ante todo, el principal motivo de toda actuación pública.

A tal fin, proponemos las siguientes medidas a desarrollar:

• Entre los 18 y los 20 años, asistencia gratuita a los espectáculos de La Agenda Cultural Joven teatro, danza y música clásica que se organicen en Euskadi.

• Fomento de ocio educativo y cultural, con variedad en cuanto a oferta, flexibilidad de horarios y disposición de transporte público. Los espacios e infraestructuras que integren el programa deben ahondar en la cohesión social, la educación popular, la libertad de expresión, el civismo, la participación ciudadana, la solidaridad… son valores esenciales para la convivencia, que se deben potenciar.

• Freno a la masificación de la oferta privada cultural que impide, en igualdad de condiciones, el acceso juvenil a la cultura.

• Incrementar el número de infraestructuras públicas, salas de conciertos, teatro, pintura y otras artes.

• Impulso a los locales autogestionados por la juventud, como espacios libres de encuentro y promoción cultural juvenil. El objetivo prioritario de este nuevo modelo es ampliar y actualizar las infraestructuras, para garantizar una oferta plural y de calidad en este ámbito. Volver al origen y sacar a la palestra en las mejores condiciones a todo ese caldo de cultivo joven y creativo, que por sus características no tiene cabida en infraestructuras más clásicas, siempre desde un punto de vista integral y económicamente sostenible.

• Financiación de actividades culturales realizadas y gestionadas por la juventud. Generar redes y espacios de JOVENES Y CREATIVOS, estudio de grabación, cursos, clases magistrales, producción de espectáculos, "stages"…

• Defensa del deporte federado y no federado, con dotación presupuestaria suficiente que permita la construcción y el mantenimiento de infraestructuras para la práctica. 4. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

• Incorporar de un modo más efectivo en la ESO la prevención y la promoción de la salud, así como la educación sexual.

• Creación de centros para la planificación y el asesoramiento familiar desde los Ayuntamientos.

• Impulsar la modificación de la Ley del Aborto, que regule el derecho de todas las jóvenes.

• Ampliación de la política anti SIDA, desde la prevención y la información.

• Prevención de problemas de salud mental, trastornos alimentarios, salud sexual y otros.

• Impulso a mensajes que eviten la exclusión que provocan ciertos cánones estéticos fomentados publicitaria y comercialmente desde sectores productivos como el textil o la imagen.

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• Trabajar por una ampliación no penal de las drogas, desde la base de la prevención y la información.

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Es necesario incidir en un verdadero impulso a las nuevas tecnologías de la

información y el conocimiento TIC, que necesitan de un tratamiento específico por cuanto influyen, directa y especialmente, en el desarrollo vital y profesional de la juventud. Así, Internet debe ser entendido como un espacio libre de comunicación y expresión, que permita poder profundizar en la democracia y evitar la exclusión. Las TIC tienen que ser un instrumento más, al alcance de todos y todas, para acceder a la integración social plena.

En el ámbito de la Administración pública, planteamos las siguientes

actuaciones en materia de TIC:

• Defensa de una política pública de TIC, que evite el analfabetismo digital de toda la ciudadanía. Desde la Administración pública, se debe apostar seriamente, con compromisos reales, por la utilización y la extensión de programas libres desligados de monopolios privados.

• Declarar Internet servicio universal. • Impulsar tarifas planas reales y de calidad, con precios accesibles

y/o gratuitos para colectivos desfavorecidos. • Protección de la ciudadanía como consumidora de tarifas abusivas. • Potenciación de mecanismos jurídicos y tecnológicos que garanticen

la privacidad y la confidencialidad. • Apuesta pública y fomento del software libre.

6. ANTIMILITARISMO Por último, y fieles a nuestra apuesta por una desmilitarización social y

mundial efectiva, que se asiente sobre parámetros de justicia e igualdad y rechace aquellos otros que significan dominación y jerarquía, la juventud de Ezker Batua-Berdeak seguirá apostando y participando de cuantos movimientos e iniciativas antimilitaristas se desarrollen en el seno de nuestra sociedad.

El exponente máximo del militarismo es el Ejército, pero no es el único.

Debemos lograr que la sociedad en su conjunto asuma que la resolución de los conflictos está unida al diálogo y no a la práctica de medidas coercitivas y de supeditación de unas personas sobre otras o de unos pueblos sobre otros.

A pesar del fin del Servicio Militar Obligatorio y de la Prestación Social

Sustitutoria, el problema del militarismo y nuestra lucha por un mundo desmilitarizado no ha terminado, porque sabemos que los ejércitos son el problema y no la solución. El problema de base es, ha sido y será el ejército, ya sea obligatorio o profesional. Hasta su desaparición, progresiva y total, no habremos construido los cimientos de una nueva sociedad.

Desde Ezker Batua-Berdeak, renunciamos a cualquier expresión de

militarismo, porque todas ellas no son más que instrumentos del poder para mantener el actual status mediante la represión y la fuerza. Tenemos que mantener serias reservas ante posiciones supuestamente progresistas (profesionalización del ejército, solicitud de indulto para personas insumisas

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presas, etcétera), que se quedan en meras proclamas y no cuestionan la injusticia del sistema ni su propia sinrazón.

Del mismo modo, recelamos de las diferentes propuestas que existen en

torno a la creación de un ejército europeo. Es manifiesto que su objetivo no es sino consolidar una alternativa militar a otras potencias mundiales y que va, precisamente, en la línea opuesta a la desmilitarización y al diálogo como solución a los problemas políticos que reivindicamos como instrumentos para alcanzar la paz y el respeto de los pueblos a nivel mundial. El ejército es, en la práctica, una escuela difusora de valores tan peligrosos para la humanidad como son la destrucción, la jerarquía, el machismo, la uniformidad del pensamiento, la sumisión, etcétera. Desde Ezker Batua-Berdeak, nos comprometemos a trabajar en la construcción de una cultura de paz y no violencia, que será nuestra herramienta y mecanismo de transformación social.

Por todo ello, defenderemos las siguientes cuestiones: - No a la muerte civil del insumiso (inhabilitación). El Parlamento

vasco debe garantizar la no discriminación de este colectivo a la hora de acceder a un puesto de trabajo en la Administración o de solicitar una beca de estudios.

- Las instituciones vascas deben fomentar la defensa de la objeción fiscal a los gastos militares mediante campañas de difusión y potenciación. Además, no deben destinar fondos públicos a causas que guarden relación con el gasto militar.

- Impulsar políticas que ayuden a la conversión de la industria militar en industria civil.

- Derogación de los Gobiernos militares y supresión de todo signo de presencia del ejército (nombres de calles, desfiles, etcétera).

- Fomentar, desde el Gobierno vasco, iniciativas sociales en favor de una cultura antimilitarista, promoviendo programas específicos en colegios e institutos, que hagan frente a la campaña que están desarrollando los Ministerios de Defensa y de Educación del Estado para implantar los valores del espíritu militar en las escuelas.

- Establecer convenios de colaboración con los diferentes grupos antimilitaristas de Euskadi para que éstos puedan explicar cuál es su labor a la sociedad.

- Creación por ley de una Oficina por la Paz y la Objeción de Conciencia en todos los pueblos de Euskadi, que ha de estar dirigida por los grupos antimilitaristas presentes en cada municipio.

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LAS PERSONAS MAYORES: JUBILACIÓN, DEPENDENCIA Y

PROTAGONISMO SOCIAL

Desde hace ya varias décadas asistimos en Euskadi a un progresivo envejecimiento de nuestra población, evidenciado en la progresiva inversión de la pirámide poblacional. Ciertamente, nuestra esperanza de vida ha aumentado de forma significativa, situándose en estos momentos en torno a los 80 años para los hombres y 86 para las mujeres, de igual manera que han aumentado los años vividos en autonomía y gozando de buenos niveles de salud.

Durante la reciente legislatura, desde el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, dos han sido los frentes en los que hemos avanzado. Por un lado, hemos elaborado, conjuntamente con las Asociaciones de Mayores que trabajan en el ámbito de la participación, un borrador de Plan de Participación de las personas mayores que ahora es necesario y urgente que se ponga en marcha y, por otra, ha sido la aprobación de la Ley de Servicios Sociales en cuyo centro como colectivo importante de atención están los servicios sociales. Ni que decir tiene que de cómo se desarrolle la ley, dependerá la calidad de vida de las personas mayores. Por ello, la próxima legislatura es clave para no perder lo ya conseguido.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Desde esta perspectiva, ocupa un lugar privilegiado como objeto de atención la reclamación del derecho a la participación y su configuración como agente social colectivo, organizado y con capacidad de interlocución.

Del mismo modo, exige su presencia en las decisiones que afectan a sus vidas y, en consecuencia, el desarrollo y control de políticas que, basadas en una democracia participativa, den respuesta a las necesidades específicas de las personas mayores en diferentes campos aplicando, para ello, la variable “enfoque de edad”, de la misma manera que ya se viene haciendo con el “enfoque de género”.

Desarrollo medidas y planes para el envejecimiento activo y la participación.

Desde el principio de ciudadanía, reivindicamos, en primer lugar y como sustentador del resto de propuestas, la superación de la concepción de la vejez en términos de “déficit” para situarnos en el “modelo de desarrollo”, que considera la vejez como una etapa más de la vida plena de posibilidades. Esta opción cambia radicalmente la óptica, rescatando a las personas mayores como sujeto de derechos y no meras receptoras, pasivas, de servicios o prestaciones. De la misma manera, replantea los retos de futuro, no sólo y exclusivamente en el ámbito de las pensiones, los servicios sociales y la sanidad, sino en todos los ámbitos de la vida de las personas, en los que continúa teniendo un papel activo y protagonista de sus decisiones. Superada la discriminación por edad, las personas mayores se hacen visibles como un activo imprescindible para el

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mantenimiento y transformación de todas las esferas existenciales, tanto en el espacio público como en el privado: sociales, políticas, culturales, formativas, económicas, familiares, etc.

Propuestas

Ley Integral de las personas Mayores

Ley Integral de las personas Mayores, que garantice nuevos derechos, impulse la participación social de la personas mayores y la efectiva coordinación de las Administraciones Vascas.

Consejo Vasco de Personas Mayores

Durante esta legislatura, se ha creado, a iniciativa del Departamento de Vivienda y Servicios Sociales y las Asociaciones de Mayores, una Comisión de Mayores dependiente del Consejo Vasco de Bienestar Social. Creemos que es un paso positivo que hemos ejercido desde la responsabilidad dentro del ámbito de nuestras competencias… pero debemos dar un paso más y crear un Consejo Vasco de Personas Mayores de carácter interdepartamental e interinsticional donde se aborden todas la cuestiones que afectan a la vida de las personas mayores: salud, pensiones y complementos, servicios sociosanitarios, formación, cultura, ocio, etc.

Suscribiendo que las personas mayores son un grupo heterogéneo, con situaciones y necesidades diversas como el resto de personas en las distintas etapas del ciclo vital, en esta etapa se dan muchas contingencias que afectan a un mayor número de personas; contingencias y necesidades a las que dar nuevas y mejores respuestas exige la implicación de los distintos sistemas de protección social.

Además, sería un cauce de participación, siendo el máximo órgano de consulta de participación de Euskadi en relación con las personas mayores.

POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL

Ninguna pensión por debajo del SMI

Uno de los derechos básicos tiene que ver con la garantía de unos ingresos dignos y unas condiciones de vida básicas, por lo que exigiremos la garantía de unas pensiones dignas y suficientes para el desarrollo de una vida activa y satisfactoria.

Desde EB-B, exigimos la garantía de unas pensiones dignas y suficientes

para el desarrollo de una vida activa satisfactoria socialmente. Ello exige que las pensiones mínimas se equiparen al SMI y haya una subida de éste. Asimismo, se requiere que ningún pensionista de la Seguridad Social necesite complementos de su pensión en el campo asistencial.

Sin embargo, vemos cómo, desgraciadamente, desde Euskadi, se lleva a cabo una política de complementos de pensiones para equipar la capacidad adquisitiva de las personas pensionistas al SMI.

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• Nuestra propuesta es que, progresivamente, en nuestra Comunidad Autónoma, el complemento de Pensiones sea un derecho subjetivo individual y no ligado a una unidad de convivencia.

• Aplicación del 100% de la base reguladora generada para todos aquellos jubilados anticipados cuyo cese de trabajo no fuera debido a causas imputables a ellos, que hubieran cotizado 35 años o más

Salud En el campo de la salud, reclamamos la consideración de la prevención

como ámbito a ser también articulado a través de programas preventivos en los centros de salud, en colaboración con los servicios deportivos y culturales de los municipios.

• Programar en todos los Centros de Salud exámenes

preventivos y campañas de vacunación destinadas a este colectivo.

• Implantar servicios de atención médica y enfermería en el domicilio de las personas ancianas necesitadas de estas intervenciones, dando prioridad a los núcleos rurales que carezcan de centros ambulatorios.

• Constituir una Unidad Geriátrica adscrita a cada Centro de Salud o atención primaria. Este servicio no tendrá en ningún caso un sentido marginador y se integrará con el equipo de atención primaria y centralizará las actuaciones preventivas y epidemiológicas que hemos apuntado, así como las actuaciones y tratamientos específicos que se vayan diseñando.

• Garantizar la adecuada atención especializada a las personas mayores ingresadas en los hospitales y residencias asistidas.

• Todo el resto de propuestas del Sistema vasco de Salud presentes en el programa.

Formación

• Reclamamos una profundización cierta en el “aprendizaje a lo largo de la vida”, aprovechando el conocimiento residente en las personas, en conexión con otras generaciones y aprovechando los avances y las posibilidades que nos ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

• Incrementar y potenciar las Aulas de la Experiencia y la oferta de los cursos de extensión universitaria. Atención personalizada en los Servicios Sociales: Un persona

profesional de referencia en los Servicios Sociales

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En el ámbito de los servicios sociales, partimos de un modelo general de intervención social para las personas mayores que pretende mantener a la persona mayor en su entorno natural durante el mayor tiempo y en las mejores condiciones posibles, ofreciendo los apoyos necesarios a la persona y su familia, contribuyendo a garantizar unas condiciones de vida normalizadas. Para ello, desde EB-B proponemos:

• Ofrecer una respuesta con agilidad a las necesidades de las personas mayores y de sus familias, desde un modelo de atención que integre los servicios en el entorno comunitario más cercano.

• Ofrecer un profesional de referencia que pueda ver todas las vertientes de cada caso y aunar las medidas que contribuyan mejor a dar una respuesta a las necesidades de la persona, y se mejorará en la estructuración y sistematización de procesos, procedimientos y protocolos de actuación.

• Incrementar, por tanto, el número de profesionales de los Servicios Sociales en los municipios, garantizando una dotación de cada zona básica conforme a lo establecido en la ley de servicios sociales. Servicio Integral de Atención Domiciliaria

• Creación de un Servicio Integral de Atención Domiciliara a las personas en situación de Dependencia y sus familias.

• Diversificar y ampliar la oferta existente.

• Generalizar el servicio de comida a domicilio.

• Mejorar, ampliar y extender el Servicio de Ayuda Domiciliaria. Exigiremos que éste alcance en su cobertura el porcentaje de un 7% y una ampliación de su intensidad.

• Crear un Servicio de Atención Domiciliaria Intensivo de carácter sociosanitario.

• Programa de apoyo y respiro a la familia. Formación en psicoestimulación.

• Defenderemos la prioridad de la gestión y el control públicos de este servicio.

Centros de Día

• Incremento de la red existente.

• Completar la cartera de servicios existentes con equipos que incorporen una función rehabilitadora, buscando mantener el máximo grado de autonomía. Servicios rehabilitadores de terapeutas y fisioterapeutas que “mantienen” la funcionalidad (movilizan, ejercitan…).

• Mayor apertura y flexibilidad en los horarios así como su ampliación a los fines de semana.

• Incremento de la oferta de transporte adaptado a los centros de Día.

Lucha contra el maltrato a las personas mayores

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• Frente al maltrato, tolerancia cero y rápida respuesta.

• Intervención en las situaciones que se dan en el domicilio y,

sobre todo, con un carácter preventivo, es crucial el apoyo a la red de cuidados “natural” o a los cuidadores y cuidadoras informales, para que la ansiedad, el estrés y la sobrecarga no se traduzcan en malos tratos a las personas que cuidan.

• Apoyo psicológico y emocional, con equipos de profesionales que, incluso, se trasladen a los domicilios para trabajar con el sistema familiar y especialmente con la persona cuidada y la cuidadora principal.

• Para el control del maltrato en los centros, mayor inspección y participación de las personas residentes y sus familiares.

Servicio de Teleasistencia para mayores de 65 años.

• Hay que extender el Servicio de Teleasistencia como medida preventiva entre las personas dependientes que tengan derecho al mismo. Servicio de Teleasistencia para mayores de 65 años.

• Como medida preventiva, todas las personas mayores de 65 años que viven solas, con personas mayores de 65 años, tendrán derecho al Servicio de Teleasistencia, con carácter gratuito, así como las demás personas dependientes que tengan derecho al mismo. Residencias

• Regulación de un nuevo Decreto que mejore las condiciones de calidad del servicio que deben cumplir las residencias: Ratios de personal y formación, optando por las residencias de pequeño tamaño y las viviendas comunitarias.

• Flexibilizar y ampliar los tiempos de estancia de plazas para cortas estancias, convalecencias y alojamientos de urgencia.

• Implementar centros de convalecencia en municipios de más de 50.000 habitantes o cabezas de comarca.

• Impulsar que la residencialización sólo será una alternativa para situaciones especiales y para quienes requieren una atención y supervisión continua y estable.

• Provisión pública de los servicios y rechazo a la privatización salvaje de los recursos residenciales. En la práctica, se está dando vía libre al lucro privado, dado que la inmensa mayoría de las residencias y mini-residencias están siendo gestionadas por particulares y entidades lucrativas

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Vivienda

• Conceder ayudas económicas, con carácter progresivo, para el acondicionamiento y reparación de las viviendas de personas que se encuentran es situación dependencia y/o discapacidad, de modo que puedan permanecer en su entorno habitual.

• Construir viviendas tuteladas, en su entorno social habitual, para personas mayores con una autonomía básica.

• Cumplir la normativa existente e intensificar la política de supresión de barreras arquitectónicas y adaptación de los medios de transporte.

Ocio y cultura

• Incrementar el disfrute por parte de las personas mayores de todas las facetas de la vida cultural del país, asegurando su presencia en los actos programados para el conjunto de ciudadanos.

• Accesos bonificados y gratuitos señalados dentro de una programación cultural específica general.

• Incorporar en los programas de formación profesional y ocupacional especialidades derivadas o relacionadas con la Geriatría y la Gerontología.

• Facilitar el acceso a cursos de formación primaria, media y superior a las personas mayores interesadas.

• Aumentar la oferta de Turismo Social que ofrecen las Diputaciones, ya que resulta insuficiente. Deben plantearse prioridades en función de la renta y situación familiar.

• Ampliar la oferta de Termalismo Social, haciendo partícipes a los centros sanitarios y ajustar los costos a las posibilidades económicas de quienes los usan, priorizando a las rentas bajas y a las personas con indicaciones médicas.

• Generalizar la disponibilidad de actividades deportivas y gimnasia para las personas mayores, ofreciendo nuevas instalaciones en barrios y distritos.

• Crear itinerarios o paseos, tanto en el medio urbano como en el rural, accesibles y adecuados para el uso de las personas mayores.

• Fomentar los espacios de promoción y actividad cultural, así como las bibliotecas públicas, de modo que ofrezcan servicios integrales para toda la población y no se creen compartimentos estancos según determinadas características de la ciudadanía (edad, minusvalías, etcétera). Sin embargo, en atención a las limitaciones y peculiaridades de las personas mayores, las bibliotecas públicas de carácter general deberán adecuar su contenido (libros, revistas, periódicos,...), así como el espacio y mobiliario, para el uso adecuado por parte de personas jubilados y pensionistas.

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PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sin duda, la discapacidad o, dicho de otra manera, la existencia en la sociedad de una diversidad funcional, en virtud de la cual diferentes personas tienen (en unos u otros momentos) distintas limitaciones (más permanentes o más temporales) en su autonomía personal, viene siendo desde décadas atrás, un importante foco de atención de las políticas sociales y, en menor medida, del conjunto de las políticas públicas. Estamos hablando de discapacidad física, mental, sensorial, intelectual, …Ciertamente, el de las personas con discapacidad ha venido siendo considerado como uno de los principales colectivos vulnerables merecedores de una especial atención por parte de los poderes públicos y la sociedad civil.

Aún cuando los últimos años hayan sido testigos de notables avances en el reconocimiento y efectivo ejercicio de los derechos de las personas que tienen una discapacidad, queda aún un largo camino por recorrer.

Las propuestas de Ezker Batua-Berdeak, aplicables a todos los sistemas y ámbitos de la vida de las personas, también de las que tienen una discapacidad, se soportan en los principios de:

1. PRINCIPIOS

• Accesibilidad universal y diseño para todas las personas,

como garantía de que los entornos, los productos y los servicios sean comprensibles y utilizables por cualquier persona, sin limitaciones. Como criterio general, no apostamos por “cosas para personas con movilidad reducida” o “recursos para personas invidentes” o similares y sí para servicios y entornos en los que las personas, sean sus limitaciones las que sean, puede participar autónomamente en la vida de la comunidad.

• Igualdad de oportunidades, refiriéndonos tanto a la ausencia de discriminación por motivo de una discapacidad, como a la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de la persona para el disfrute de todos sus derechos como ciudadana.

• Participación y Ciudadanía Activa, destacando la necesaria participación en la vida económica, política, social y cultural.

• Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, lo que supone la elaboración de políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública teniendo en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.

• Integración y normalización como reconocimiento de la igualdad y el derecho a la diferencia.

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Estos principios nos permiten comprometernos con actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, destacando el derecho a gozar de autonomía, de poder elegir y decidir con sus capacidades desarrolladas al máximo y de beneficiarse de la ayuda necesaria, en cada caso, para compensar esa discapacidad.

Y estas actuaciones en los ámbitos referidos a:

2. LA DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE TODAS LAS POLITICAS.

En realidad, desde Ezker Batua-Berdeak, se trata avanzar en la consideración de la discapacidad como una cuestión de Derechos Humanos fundamentales. Esta nueva visión de la discapacidad (entendida como ejercicio de estos derechos), se ha visto consolidada con la aprobación en el 2006 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Ley Autonómica de Derechos y No Discriminación de las Personas con Discapacidad.

Revisión y modificación de toda la legislación autonómica para aplicar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

• Creación de un Servicio de Inspección de infracciones y Sanción.

Desde Ezker Batua-Berdeak, creemos que está muy bien la sensibilización y la promoción, pero ha llegado la hora de hacer cumplir la ley, pues hay suficiente legislación en la materia, pero no se cumple. Por ellos apostamos por la creación de un Servicio de Inspección y denuncia con capacidad sancionadora, en colaboración con las asociaciones de personas discapacitadas, aquellas situaciones en las que se incumple la legislación vigente en materia de accesibilidad, empleo, etc…, y consecuentemente, trabajando por la eliminación de las barreras tanto físicas como sociales, haciendo una sociedad más accesible.

• Comisión Interinsticional y Consejo Vasco de la Discapacidad

De igual modo como en la propuesta anterior la discapacidad, Desde Ezker Batua-Berdeak creemos que se requiere de una un actuación integral y de un liderazgo capaz de coordinar todas las políticas sectoriales con una visión común, por eso hace falta de un organismo interinsticional y otro de órgano de máxima representación a nivel de consulta y participación de las entidades sociales de la discapacidad que consiga realmente que las reivindicaciones de las personas con discapacidad sean asumidas desde cada política sectorial y por los departamentos o institución correspondientes. Basta ya de ser relegados a políticas asistenciales desde el campo exclusivo del bienestar social.

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• Ley Autonómica de Derechos y No Discriminación de las Personas con Discapacidad.

Revisión y modificación de toda la legislación autonómica para adecuarla al nuevo marco normativo instaurado con la aprobación por parte del Estado de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, previendo y eliminando todo tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, de modos que se aglutine en una Ley Autonómica de Derechos y No Discriminación de las Personas con Discapacidad, norma general de referencia de la discapacidad del territorio.

• Ponencia en el Parlamento Vasco sobre Discapacidad

3. AREAS DE INTERVENCIÓN

Urbanismo y Vivienda

o Garantizar y Conceder ayudas económicas, con carácter progresivo, para el acondicionamiento y reparación de las viviendas de personas que se encuentran es situación dependencia y/o discapacidad.

o Dotar de los recursos necesarios para el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de accesibilidad en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y las edificaciones.

o Incrementar la aplicación de la reserva de viviendas adaptadas, dentro del parque de vivienda de protegida, facilitando su acceso mediante ayudas económicas, alquileres bajos, atendiendo a la diversidad de las diferentes discapacidades, en colaboración con las organizaciones sociales.

o Incorporar programas de formación en accesibilidad (según lo dispuesto en la Ley para la Promoción de la Accesibilidad) para todas las cualificaciones relacionadas con el diseño, la ingeniería y la construcción, fundamentales para la eliminación de barreras arquitectónicas y la accesibilidad de espacios y servicios

o Diversificación de los programas de viviendas tuteladas, pisos piloto de

convivencia, centros de vida independiente, de urgencia, temporales, de emancipación, residenciales, etc. De modo que se adapte a la las diferentes necesidades y momentos vitales.

Transporte y Comunicaciones y telecomunicaciones

o Implantación efectiva de la accesibilidad en todos los servicios públicos de

transporte, tanto en las lineas de metro como en el transporte urbano e interurbano (autobús y tren), teniendo como horizonte temporal la

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LIONDAU. En cualquier caso se garantizarán servicios puerta-puerta de atención 24 horas en cualquier municipio de la Comunidad.

o Garantizar el acceso a los medios de comunicación de masas de las personas con discapacidad (subtitulación, lengua de signos…). Considerar su papel como vehículo de formación social y, en este sentido, susceptible de ofrecer información y formación también sobre discapacidad. Fomentar su papel educativo de manera integradora y normalizadora, haciendo visibles también a las personas con discapacidad en sus plantillas.

o Reconocimiento y regulación, a escala autonómica, de la Lengua de Signos

y regulación de los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Trabajo y Formación

o En el marco del proceso abierto por la nueva ley de discapacidad física, sensorial, mental o intelectual, se abriría un debate sobre el incremento de los cupos en empleo ordinario.

o Mientras tanto se garantizará el cumplimiento efectivo de las disposiciones que conceden prioridad al empleo de la persona con discapacidad, asegurando la reserva efectiva del 3% de empleo público y la oferta del 2% de los nuevos puestos de trabajo en la iniciativa privada. Para ello es necesario la citada función de inspección.

o El mismo cupo de reserva se introducirá en las ofertas de empleo de las

Fundaciones, Sociedades, Organismos autónomos o cualquier otra entidad considerada de carácter público, tanto para los puestos con carácter fijo como temporales, previstas para cada ejercicio presupuestario.

o Diferenciar los cupos para trabajadoras/es con discapacidad psíquica

y/o intelectual que deberán tener al menos una reserva del 3% del total del cupo de discapacidad.

o Además de los cupos de reserva señalados, el Gobierno Vasco

promoverá actuaciones específicas que reactiven el acceso al empleo público de los trabajadores con discapacidad, a fin de que se cumpla la cuota de reserva en las Administraciones públicas

o El Gobierno Vasco requerirá de forma expresa a las entidades y

empresas públicas y a las fundaciones privadas sin ánimo de lucro sostenidas con dinero público ya sea total o parcialmente conveniadas por el Gobierno Vasco, el cumplimiento del cupo de reserva para discapacitados

o El Gobierno Vasco colaborará con los CEE para conseguir aumentar sus

servicios en todas las administraciones públicas y especialmente en la administración autónoma.

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o Aumentar la cuantía de las sanciones previstas por el incumplimiento de las disposiciones citadas anteriormente.

o Tiempo parcial en el marco de nuestras competencias y de flexibilización de la jornada laboral que hagan posible la compatibilidad de la discapacidad con el empleo,

o Incentivar la inserción laboral de las personas cuando la enfermedad o el accidente discapacitante sobreviene estando ya en activo a través de ayudas económicas, técnicas, domóticas… necesarias para la adecuación de los puestos de trabajo, el acceso y accesibilidad al lugar de trabajo o, incluso, el acceso a un cambio de puesto de trabajo.

o Demandar la implicación de todos los agentes sociales para que presten su apoyo a las medidas de reserva de empleo.

o Impulsar, extender y regular los centros ocupacionales.

o Creación de un programa específico para la Orientación y tutorización de las trabajadoras y trabajadores con discapacidad hacia la integración laboral normalizada, estable y con derechos, priorizando la derivación hacia las instituciones públicas pero también a las empresas privadas.

o Incentivar experiencias novedosas en las que la empresa privada acuda a los Centros Especiales de Empleo para cubrir puestos de trabajo en empresa ordinaria.

o Impulsar programas de I+D+I en adaptaciones de puestos de trabajo y

en la adecuación del transporte bajo criterios de Diseño para todas las personas y del principio de accesibilidad universal, con el objetivo de garantizar el acceso al empleo, la seguridad y la salud de la persona trabajadora y la prevención de enfermedades y su agravamiento.

o Potenciar los programas de empleo-formación, en especial con las personas con enfermedad mental, así como su formación e incorporación aun empleo ordinario.

o Asegurar que los recursos, medios y apoyos complementarios con los que cuentan los centros educativos garanticen la participación y seguimiento de las actividades escolares y extraescolares dirigidas al alumnado con diversidad funcional.

o Compromiso de ofrecer por el Servicio Público de Empleo a los demandantes de empleo con discapacidad una oferta formativa idónea a sus circunstancias en el plazo de tres meses desde su inscripción en el registro de demandantes de empleo.

Fiscalidad y Contratación Pública o Revisión de la legislación en materia fiscal para todos los supuestos que

sea posible mejorar, respecto del tratamiento común, a las personas con discapacidad (especialmente, aquéllas con una mayor grado de severidad: más del 65%), a las familias con miembros con discapacidad, y a sus organizaciones.

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o Tener en cuenta, en todos los procesos para la contratación pública, los aspectos dirigidos a asegurar la accesibilidad universal de todos los bienes, servicios y productos.

Salud y Servicios Sociales

o Articular planes de prevención y atención permanentes, orientadas a la prevención de nuevas de las diferentes discapacidades: Hipoacusia, salud mental, atención temprana

o Ampliar la cartera de servicios de salud con la incorporación de la rehabilitación para personas con enfermedad crónica, entendiendo que juega un papel importantísimo en el mantenimiento de su estado físico y la conservación de la autonomía para la realización de las actividades de la vida diaria.

o Garantizar el desarrollo de medidas de acción positiva (como centros de referencia y otras…) necesarias para posibilitar el modelo de vida independiente.

o Extender el servicio de asistente personal a todas las personas con discapacidad que lo demanden expresamente y su plan individual de actuación así lo disponga, ampliando la actuación, si fuera necesario, a los espacios de trabajo o estudio, además de en los desplazamientos hasta estos.

o Implantar Centros de Ayudas Técnicas y Tecnológicas descentralizados

que faciliten la movilidad y la accesibilidad en la vida cotidiana.

o Eliminación de barreras de todo tipo de los centros sanitarios y accesibilidad de la información general, así como de todos los trámites, gestiones, asistencia en hospitales, etc., para personas con discapacidad, mediante la formación del personal administrativo y sanitario.

o Implementar planes de formación para que los y las trabajadoras de la salud puedan prestar a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de la plena autonomía de la persona con discapacidad

o Actualización del catálogo de prestación ortoprotésica y revisión del procedimiento de reembolso de gastos incluyendo en el mismo el acceso gratuito a las sillas de ruedas eléctricas tanto por la discapacidades de las personas como por causas de sus familiares (edad…).

Cultura, Ocio y Deporte

o Mejorar las condiciones de accesibilidad de las infraestructuras y medios técnicos, culturales, de ocio y deportivos como condición necesaria para que todas las personas participen de forma activa como deportistas, artistas,… o como espectadores.

o Apoyar los programas de adaptación del turismo como elemento básico de intercambio.

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o Fomentar la participación de todas las personas en el acceso al patrimonio, en el disfrute de las actividades y espectáculos de difusión cultural y en los procesos de creación especialmente.

o Apoyo a los deportistas paralímpicos del territorio y programas de fomento de deporte base.

Educación.

o Garantizar expresamente la participación de las entidades representativas de personas con diversidad funcional en el ámbito de la educación, en la planificación, ejecución y evaluación del sistema educativo, así como en la elaboración de cualquier normativa que lo desarrolle, modificando a tal efecto la Ley 13/1988 de 28 de octubre de Consejos Escolares de Euskadi, en donde se planifique la Atención Educativa a Personas con Discapacidad.

o Promover recursos y apoyos para la atención temprana.

o Apuesta decidida por la integración/inclusión escolar: formación

permanente del profesorado y de los especialistas de apoyo al alumnado con discapacidad y dotación adecuada y suficiente de recursos educativos.

o Adopción de medidas necesarias para extender la inclusión educativa a lo

largo de todo el sistema educativo, considerando etapas fundamentales como la atención temprana, la formación profesional, la formación universitaria y la formación de adultos.

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LIBERTAD DE EXPRESION AFECTIVO-SEXUAL Ezker Batua-Berdeak apuesta por una trasformación del actual modelo de

relaciones afectivas y sexuales entre las personas, basado en la familia tradicional, con exclusión de aquellas opciones sexuales distintas a la dominante en un plano de auténtica igualdad.

Hasta hace poco tiempo se perseguían o discriminaban las relaciones

homosexuales, se discriminaba a las madres solteras y se marginaba a las parejas de hecho. Ahora se toleran estas y otras formas de quererse y relacionarse, pero se sigue negando la plena equiparación legal y social a las opciones afectivo-sexuales distintas a la heterosexual, y a las formas de vivir y expresar la afectividad y la sexualidad distintas a la familiar-matrimonial-monógama.

La Constitución, en su artículo 9.2, obliga a los poderes públicos a

promover las condiciones necesarias para que la opción sexual de cada persona se pueda vivir en circunstancias de libertad e igualdad efectivas y reales. En el marco de este derecho -y otros recogidos en el mismo sentido- todo hombre y toda mujer, en el libre y legítimo ejercicio de su libertad, puede constituir una comunidad de vida que dé lugar a la creación de una familia o a cualquier modelo de convivencia digno de la misma protección jurídica y social.

Asimismo, la Constitución, en su artículo 10, reconoce el derecho de toda

persona a desarrollar libremente su personalidad. Este derecho, sin embargo, cuyo ejercicio pleno les es negado a todas las personas, resulta especialmente conculcado para las personas transexuales, que no pueden desarrollar la identidad de género a la que sienten profundamente pertenecer por la negativa del Gobierno a incluir la reasignación de sexo en el catálogo de las prestaciones gratuitas de la sanidad pública, si bien la Ley de Identidad de Género de 2007 ha mejorado la situación en relación con el cambio legal de nombre y sexo.

Por otro lado, aún persisten en nuestra sociedad comportamientos lesbo y

homofóbicos, que se traducen en discriminación laboral, en prohibición de manifestar libremente la afectividad en público, o en desprecio y burla hacia lesbianas, gays y transexuales, y se da prevalencia a las relaciones heterosexuales en la educación, en los medios de comunicación y en todos los ámbitos en los que la afectividad y la sexualidad tiene algún reflejo.

Como consecuencia de todo lo anterior, Ezker Batua-Berdeak, que cuenta

con un área específica de trabajo denominada Área por la Libertad Afectivo-Sexual, reivindicará en el Parlamento Vasco y en todos los demás foros en los que esté presente las siguientes medidas:

Homosexualidad y lesbianismo

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1. La aprobación de convenios colectivos en todas las empresas y organismos públicos que garanticen la extensión de todos los beneficios concedidos a los matrimonios a las parejas de hecho, del mismo o distinto sexo (licencia por contraer matrimonio, permisos por paternidad/maternidad, etc.).

2. La aprobación de una Ley que prohíba expresamente la

discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género cruzada (transexualidad), que incluya sanción para las mismas, a la vez que medidas interdepartamentales que, de forma transversal, favorezcan la superación de la discriminación social.

3. Consolidación y refuerzo del Servicio Berdindu, Servicio Vasco

de Atención a gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales.

4. La promoción de campañas de información social que denuncien los comportamientos lesbo y homofóbicos y promuevan comportamientos y actitudes de respeto e igualdad

5. La completa supresión de requisitos, contenidos, menciones y signos discriminatorios hacia cualquier opción afectivo-sexual promovidos desde instancias tanto públicas como privadas, así como cualquier mención del término “grupo de riesgo” en alusión al colectivo de gays, lesbianas y transexuales.

6. La revisión de todos los contenidos con información sobre sexualidad que se ofrecen en los distintos niveles de enseñanza y otros ámbitos formativos, de modo que no se siga trasmitiendo en la educación un modelo preferente que excluye las opciones afectivo-sexuales diferentes a la heterosexual y las formas de expresar la afectividad distintas a la familiar-matrimonial.

7. La aprobación de un plan director para toda la legislatura en relación con las medidas de acción positiva, que permitan avanzar en la superación de la discriminación existente en todos los ámbitos.

8. La retirada o denegación de cualquier ayuda o subvención por parte de las Administraciones públicas vascas a aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que, por su ideología o actividad, incurran en cualquier manifestación de homo o lesbofobia.

9. Inclusión, dentro de las políticas de protección del menor, de medidas que permitan garantizar el pleno desarrollo de la personalidad, con el fin de evitar los problemas de inseguridad, baja autoestima, depresión y otros problemas derivados del rechazo del ambiente familiar y social.

10. En los casos de expulsión del hogar familiar por razón de la opción sexual, las Administraciones públicas deberán facilitar a los/as jóvenes en esta situación la ayuda tanto emocional como material necesaria: apoyo sicológico, orientación jurídica, pisos de acogida para jóvenes, becas de estudio, pensiones de manutención y otras.

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11. La exigencia a todos los países o regiones que se beneficien

de las políticas de cooperación al desarrollo de la garantía de no discriminación y respeto a los derechos de gays, lesbianas y transexuales en sus territorios.

12. Concesión del derecho de asilo y de asistencia social para aquellas personas huidas de sus países de origen como consecuencia de la discriminación y marginación que padecen por su condición de gay, lesbiana o transexual.

13. Exigir de todos los medios de comunicación un tratamiento respetuoso y digno de todas las informaciones relacionadas con gays, lesbianas y transexuales, basado en los principio de igualdad y libre desarrollo de la personalidad.

14. Incluir en los cursos de formación de la Ertzaintza y del resto de cuerpos de seguridad, tanto públicos como privados, unidades que capaciten a todos los agentes para desarrollar su labor desde el respeto hacia todas las opciones sexuales y expresiones de la identidad de género y persecución de los comportamientos lesbo y homofóbicos.

15. Incremento de las subvenciones y del apoyo por parte de todas las administraciones públicas vascas a las asociaciones de gays, lesbianas y transexuales, sin otro control que no sea el de la correcta utilización de las subvenciones concedidas en los objetivos y actividades propias de cada asociación. Transexualidad

1. La gratuidad de los procesos completos (tratamientos quirúrgicos, hormonales y endocrinológicos, plástico-estéticos y de apoyo sicológico) de reasignación de sexo para todas las personas transexuales diagnosticadas y su inclusión entre las prestaciones gratuitas de Osakidetza.

2. La normalización de la transexualidad, que incluya programas y medidas orientadas a favorecer su integración social y laboral y a combatir el rechazo y la discriminación que sufren los y las transexuales.

3. Instar de la autoridad competente en materia de régimen penitenciario la efectividad de la proposición no de ley aprobada por el Congreso para que las personas transexuales a las que no se les haya reconocido el cambio de nombre y sexo en el documento oficial acreditativo de su identidad tengan el derecho a ser ingresadas, en caso de condena privativa de libertad, en la prisión o módulo que les corresponda según su sexo sico-social y por el que desarrollan su vida.

4. La concesión de prestaciones sociales a los transexuales que hayan perdido su trabajo o su vivienda por razón de su adaptación sexual o por su condición de transexual, así como la inclusión de este colectivo entre aquellos cuya contratación se beneficia de bonificaciones, subvenciones o ayudas, facilitando asimismo la formación y acceso al

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mercado laboral de todas las personas transexuales con problemas para conseguir un puesto de trabajo digno.

5. Puesta en marcha de campañas de formación e información sobre los problemas y derechos de las personas transexuales dirigidas a toda la población, y, especialmente, a los distintos cuerpos de seguridad, tanto públicos como privados, y a los centros de información. Prostitución

1. Apoyo a la "Declaración Internacional de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Sexuales" aprobada en Amsterdam en 1985 por el International Committee for Prostitutes' Rights (ICPR).

2. Despenalización de todos los aspectos del intercambio libre y voluntario de actos sexuales por precio entre personas mayores de edad. En el caso de los/as prostitutos/as que desarrollan su actividad voluntariamente lo más importante es la mejora de sus condiciones de trabajo y de salud, y, en general, de su calidad de vida, así como la aceptación social desde el respeto a su opción laboral.

3. Puesta en marcha de iniciativas que favorezcan la autoafirmación de los trabajadores y trabajadoras sexuales, tales como programas de reducción de riesgo sanitario y de reinserción social y laboral, y, en general, de todas aquellas medidas que permitan la superación de las situaciones de exclusión social de este colectivo.

4. Rechazo de todas aquellas reglamentaciones de la prostitución que generen estigmatización o persigan el control de los y las prostitutas.

5. Consideración del trabajo sexual, tanto legal como socialmente, como una forma más de trabajo, para conseguir la normalización y dignificación de quienes se dedican voluntariamente al trabajo sexual.

6. Reconocimiento del trabajo sexual, con inclusión de esta modalidad en el catálogo de dedicaciones profesionales de la Seguridad Social, de forma que los/as prostitutos/as que trabajen por su cuenta puedan darse de alta como autónomos.

7. Las personas trabajadoras sexuales que desarrollan su labor por cuenta ajena (especialmente quienes lo hacen en locales de alterne) tienen que contar con un contrato laboral claro, respetuoso con sus derechos y regularizado.

8. Apoyo a las asociaciones de defensa de los derechos de las personas que ejercen la prostitución.

9. Promulgación de una regulación que recoja todos estos aspectos dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma Vasca.

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POLITICA MIGRATORIA JUSTA POR UNA POLITICA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y

LAS LIBERTADES PÚBLICAS DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN EUSKADI. Después de dos legislaturas en el Gobierno Vasco, la labor de Ezker Batua-

Berdeak se ha materializado en dos planes de inmigración que han permitido no sólo una preocupación por los derechos de las personas inmigrantes, sino, fundamentalmente, la materialización de un proyecto de ciudadanía inclusiva ampliamente respaldada por la sociedad vasca.

La lucha por el reconocimiento de la personas inmigrantes en el desarrollo social y cultural en Euskadi es uno de los pilares de la política vasca de inmigración que ha venido desplegando Ezker Batua-Berdeak desde los diferentes ámbitos de nuestra actuación política. Desde el Gobierno vasco, se ha materializado en una política migratoria justa.

La incorporación paulatina de personas inmigrantes ha dando una nueva configuración a nuestra sociedad y esa capacidad de acogida está llena de riesgos que debemos transformar en oportunidades para crear una sociedad intercultural. Por eso, debemos seguir apostando por desarrollar políticas públicas de sensibilización para evitar los peligros de la xenofobia alentada por discursos populistas que quieren poner a la inmigración como causante de la crisis económica del sistema capitalista.

Para la novena legislatura del Gobierno vasco, planteamos un III Plan Vasco de Inmigración como compromiso de continuidad de políticas progresistas, partiendo del eje fundamental por el reconocimiento de los derechos de las personas inmigrantes y las actuaciones institucionales para la integración social basadas en la inserción socio-laboral, la sensibilización y el co-desarrollo.

En tiempo de crisis económica es donde se ponen a prueba los planes de integración. En ese sentido, es necesario seguir impulsando, desde el ámbito institucional, ese marco de actuación para lograr una sociedad cohesionada sin facturas sociales por razón del origen de las personas. Porque lo que está en juego hoy en día es si insistimos en la capacidad de acogida que nuestros sistemas políticos y económicos han de ofrecer para cualquier persona, siguiendo la referencia que en su día representó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 1948, o si optamos por mecanismos de exclusión como el que representa, por ejemplo, la Directiva de Retorno aprobada por la Unión Europea apoyada por el PSOE en el Gobierno Central.

Obviamente, Ezker Batua-Berdeak apuesta por defender esa capacidad de acogida, que se concreta en la defensa de los derechos fundamentales de toda persona, se encuentre donde se encuentre y ostente la nacionalidad que ostente. Y es que la inmigración y la vigencia de nuestro sistema internacional y estatal de derechos fundamentales están íntimamente unidas.

Somos conscientes de que es uno de los grandes retos del futuro. Es un reto que desborda claramente las competencias de los Estados, a quienes en 1948 se entregó esta labor y que hoy debe ser asumida por toda agencia pública, ya sea esta supraestatal o subestatal.

Es en este nuevo marco donde las Comunidades Autónoma deben asumir este compromiso de defensa de los derechos fundamentales, para lo cual no existe en nuestro sistema constitucional ningún impedimento legal. Dicho compromiso se expresa en la nueva categoría jurídica de la ciudadanía inclusiva

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que han recogido los dos Planes de Inmigración aprobados por el Gobierno Vasco hasta el momento.

Frente a las “lógicas” de la seguridad, defendemos la lógica de la razón ilustrada, que sigue comprometida con la dignidad de todas las personas.

Desde Ezker Batua-Berdeak, seguimos apostando por avanzar hacia un modelo que supere el concepto político de ciudadanía ligado al estatus de nacional y que proponga progresar en el sistema constitucional español y europeo (Carta de los derechos fundamentales) hacia un concepto de ciudadanía universal con un horizonte, que no por ser utópico, no sea deseable y posible de alcanzar, cual es el concebir como ente pleno de derechos a toda persona por el hecho de ser nacida.

Hoy en día, que la crisis económica golpea nuestra sociedad, nos

planteamos que se debe dar respuesta a la entrada de inmigrantes a la realidad social y, sobre todo, a la capacidad de acogida de la sociedad vasca. Esta capacidad de acogida sólo puede considerar limites en una de las tres grandes categorías de la inmigración, cual es la “inmigración económica” ya que por múltiples razones de orden ético, moral y político, no es admisible aplicarla a las migraciones por motivos humanitarios ni a las migraciones que respondan a reagrupaciones familiares. No puede haber límites a la solidaridad.

No obstante cuando hablamos de que estamos de acuerdo en adecuar la

entrada de las migraciones por motivos económicos a la capacidad de acogida de nuestra sociedad que nadie piense que Ezker Batua-Berdeak considera el cierre de las fronteras como respuesta, como lo plantea el PSOE y PP, sino que creemos que es necesario dinamizar y ordenar la entrada de inmigrantes con derechos si queremos seguir sosteniendo el sistema básico de bienestar social. Debido a problemas estructurales a medio y largo plazo, seguiremos necesitando personas inmigrantes por la disminución del peso de la población activa nacional en la pirámide de edad y el aumento de la población mayor de 65 años.

La incorporación de personas inmigrantes genera un dinamismo social,

económico y cultural para la sociedad de acogida que servirá para construir una sociedad cohesionada, es decir, una sociedad intercultural que toda la población vasca desea, como se ha demostrando en los últimos barómetros realizados por el Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi).

Por eso, rechazamos las propuestas de “inmigración cero” en razón de la

crisis económica, porque oculta los problemas estructurales y abre las puertas a la inmigración irregular y a las redes mafiosas del trato de personas. Sólo sirve para alimentar las regiones grises del mercado de trabajo, donde la ausencia de derechos y la explotación laboral son sus señas de identidad.

La descentralización del Estado español está haciendo que se solapen

políticas de integración de inmigrantes a veces de carácter contrapuesto o, por lo menos, que parten de principios encontrados.

En octubre de 2006, el Gobierno de Zapatero remitió a los grupos políticos con representación parlamentaria en el Congreso un texto en el que se establecía las denominadas “Bases para una política de Inmigración Común” para ser debatido en una subcomisión creada al efecto.

Este documento da una visión más instrumental de la inmigración que basada en principios éticos o jurídicos. De esta manera, condiciona las entradas

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al país en función sólo de las necesidades del mercado de trabajo; promueve sólo medidas de integración destinadas a las personas en situación regular, relegando a las demás, los “ilegales”, a la vulnerabilidad social; relaciona inmigración “ilegal” con tráfico de seres humanos, mafias, explotación y da un enfoque de control y de seguridad al hecho migratorio.

Por otro lado, el documento continúa vinculando la ciudadanía con la nacionalidad, por lo que se siguen negando una buena parte de los derechos a las personas que viven en el Estado español, sobre todo a las que se encuentran en situación de irregularidad administrativa, además de limitar la participación política de los residentes legales.

En consonancia con este documento, en febrero de este mismo año fue aprobado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010), que mantiene las líneas sustanciales de esa propuesta. El Plan estaría orientado a potenciar la “cohesión social a través de las políticas basadas en la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos y deberes”. Esto no deja de ser incoherente con una política de integración dirigida exclusivamente a personas en situación administrativa regular. El Plan estratégico estatal, con el Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, es hoy en día papel mojado con las últimas medidas, como la aprobación de la Directiva de la vergüenza o la política de retorno voluntaria, que ha fracasado rotundamente a pesar de los recursos que se han invertido para ello.

En oposición a esta política de exclusión institucionalizada de personas, utilitarista y centrada en la seguridad, Ezker Batua-Berdeak ha articulado, desde el Gobierno Vasco, una política de inmigración sustentada en una serie de fundamentos ideológicos basados en la protección de los derechos humanos.

Así, pusimos en la agenda política la definición de la inmigración como un fenómeno positivo y necesario; la interculturalidad como camino hacia la integración, basada en la posibilidad de desarrollo de las diversas culturas en igualdad y la promoción de un espacio de interacción entre ellas, y la ciudadanía inclusiva, que considera la residencia como la condición necesaria y suficiente para acceder a la ciudadanía y al disfrute de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como la asunción de deberes.

Nuestra política de inmigración cuestiona la actual Ley de Extranjería y propone su derogación, ya que conduce a las personas a una situación de irregularidad administrativa que las hace vulnerables y encamina a procesos de exclusión social. Con el impulso de una nueva Ley, se pretende conseguir un nuevo marco jurídico para las personas inmigrantes, sustentado en los derechos humanos y la ciudadanía inclusiva.

Un último factor de las migraciones que no queremos olvidar es el de las consecuencias de las mismas para los países emisores de flujos migratorios y, en este sentido, un trato justo debe también de acompañarse de un trato justo a sus países. Por eso, es necesario que nuestras políticas migratorias no sólo se ocupen de un trato justo, sino también que implementen políticas de codesarrollo.

2 • El III Plan Vasco de inmigración compromiso de dar impulso y

continuidad de una política migratoria vasca progresista y justa. Ezker Batua-Berdeak propone, como garantía de la continuidad de la

política migratoria que viene impulsando, elaborar el III Plan Vasco de

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Inmigración, se ha reforzado la financiación del II Plan Vasco vigente hasta el año 2009, a fin de que se sigan contemplando y mejorando al menos acciones especificas para inmigrantes y nacionales dentro de los planes generales destinados en esta materia a toda la población en las siguientes áreas:

- Sanidad. - Educación y Cultura. - Vivienda. - Empleo y formación. - Cooperación y codesarrollo. -Garantías jurídicas y participación política. -Inserción y recursos sociales Sensibilización e interculturalidad. - Mujer. - Otros. 3.- PROPUESTAS CONCRETAS SEGÚN ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 3.1 Garantías jurídicas y participación política: la lucha por la

igualdad y el empoderamiento de los inmigrantes. • Proseguir en el Impulso de la actual política vasca en materia de

inmigración a fin garantizar la máxima equiparación jurídica de las personas inmigrantes residentes en Euskadi con la ciudadanía vasca, su integración social y laboral y, en general, un trato justo para el conjunto de sus necesidades.

• Materialización del estatuto jurídico de la persona inmigrante como

ciudadana, independientemente de su situación jurídico-administrativa. • Asumir el compromiso de adopción de cuantas iniciativas sean posibles

por la sociedad e instituciones vascas para que la nueva Ley de Extranjería y Asilo asuma, cuando menos, se garantice:

A) La plena igualdad en derechos y deberes entre personas

nacionales y extranjeras, se encuentren éstas o no en situación de irregularidad administrativa, de conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional 107/84. Reconocimiento del derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales sin exigencia de reciprocidad.

B) El pleno respeto a la los tratados internacionales en materia de protección de derechos fundamentales, incluidos los relativos al asilo. Instar a la ratificación del Convenio para los derechos de los trabajadores migratorios (1990), la ratificación del Convenio 143 de la OIT (Convenio sobre las Migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y Trato de los trabajadores migrantes) y el Convenio 49 contra el tráfico de seres humanos.

C) La inmigración, al tener varias causes de origen tales como el mercado laboral, el asilo o las circunstancias humanitarias, no será abordada únicamente desde la demanda de acogida del mercado laboral y se creará una cuota de solidaridad.

D) Creación de un Fondo Económico destinado a que, en todos los Ayuntamientos del Estado, exista una red municipal de acogida de inmigrantes.

E) No a la restricción del derecho a la reagrupación familiar, defender el derecho a la intimidad familiar a todos los residentes legales

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para convivir con sus familiares directos (cónyuge, hijos y ascendientes). Otorgar la autorización de trabajo y residencia para las personas reagrupadas con edad para incorporarse al mercado de trabajo.

F) Planes de integración social de las personas inmigrantes, destinados tanto a la población inmigrante como a la de acogida.

G) Determinar el concepto de “cobertura difícil ocupación” por sectores de producción y, dentro de éstos, por categorías laborales. La definición está vinculada con las demandas no cubiertas de las empresas empleadoras ante los servicios públicos de empleo, no pudiendo considerarse el índice de desempleo genérico como motivo suficiente para la denegación de la autorización inicial de trabajo.

H) Reapertura del Régimen General. I) La defensa del derecho al empadronamiento de todas

personas extranjeras que residan de hecho en cualquier ayuntamiento de Euskadi.

J) Oponernos a los Juzgados especializados en materia de extranjería y al endurecimiento del régimen sancionador.

K) Arraigo social, sin tiempo mínimo de estancia, por encontrarse en un proyecto de inserción tutelado por cualquier Administración.

L) Garantizar el acceso a procedimiento de asilo y el principio de no devolución en los puestos fronterizos y centros de internamiento del territorio.

M) Garantizar el acceso al procedimiento de asilo por vía diplomática (que existe en la actual legislación y está a punto de desaparecer con la nueva Ley de Asilo promovida por el PSOE).

N) Sobre asilo, exigiremos la eliminación del procedimiento de inadmisión a trámite para este colectivo y su sustitución por un régimen de silencio positivo. Es preciso preservar su derecho al empleo mientras se estudian las demandas de asilo.

O) Lucha contra la explotación laboral mediante un mayor intervencionismo por parte de la inspección de trabajo. Programas para que la judicatura, la inspección laboral y las policías con competencias en la persecución del delito utilicen más el Código Penal para perseguir los “delitos contra los derechos de las personas trabajadoras”.

P) Garantizar procesos de regularización de las personas víctimas de explotación laboral y su acceso a la inserción laboral mediante programas de cualificación profesional.

Q) Limitación radical de las causas de expulsión siendo sólo

aplicable y exclusivamente en causas excepcionales. Prohibición de la expulsión a inmigrantes a Estados donde no se respeten los derechos fundamentales. Reforma total del actual régimen sancionador a inmigrantes por simples procedimientos, con garantías legales de defensa, eliminación de la detención cautelar y del internamiento, posibilidad de reinserción en la sociedad de acogida.

Para ello, debemos seguir tomando la iniciativa de ir recurriendo ante el

Tribunal Constitucional futuras reformas como lo hicimos ante la Ley 8/2000 con el buen resultado de la sentencia del Alto Tribunal de 7 de noviembre de 2007. Tenemos que recordar que aún sigue pendiente el solitario recurso a la Ley 14/2003, no puede haber integración sin derechos y deberes. La actuación de Ezker Batua-Berdeak en las instituciones será instar para recurrir ante el TC la futura reforma que se haga de la LOE, si asume la Directiva de Retorno de la UE

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y si la misma no respeta el ordenamiento constitucional y los tratados internacionales suscrito por el Estado español.

Seguiremos impulsando, en la nueva legislatura, la aprobación de una Ley

de los Derechos y Deberes de las personas inmigrantes en Euskadi y de su integración en nuestra Comunidad. La necesidad de disponer de ese dispositivo jurídico que regule los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes avecindados en Euskadi deviene de la necesidad de afrontar los nuevos retos que se derivan del fenómeno de la inmigración. Este fenómeno generador de nuevas oportunidades, tanto para la sociedad de acogida, en este caso la vasca, como para las personas inmigrantes, requiere de políticas de integración, especialmente en el ámbito socio-laboral, alejadas de los patrones de seguridad que reclaman algunos sectores extremistas.

La alternativa a estas políticas ha de venir de la mano de una nueva noción de ciudadanía inclusiva que trate por igual, tanto en derechos como en obligaciones, a toda persona que viva en Euskadi. Aunque diversa normativa sectorial vasca ya recogía este principio se hacía preciso sistematizar y aunar en un solo cuerpo legal los derechos y deberes de las personas inmigrantes avecindadas en Euskadi, especialmente de los no comunitarios, así como garantizar el acceso a aquellos derechos, y sus correlativas obligaciones, donde este nuevo principio de ciudadanía inclusiva aún no se había expandido en toda su fortaleza.

Los principales objetivos que se persiguen con esta regulación son:

- Regulación efectiva del principio de ciudadanía cívica consignado en el II Plan vasco de inmigración.

- Lucha contra la xenofobia y contra toda forma de discriminación por razón de sexo, orígenes étnicos o nacionales, lengua, cultura, creencias religiosas, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

- Garantizar el acceso al Estado del Bienestar a toda persona avecindada en Euskadi entendiendo por tal aquella con presencia efectiva y continuada en cualquier municipio vasco, hecho éste que podrá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho y no sólo por el empadronamiento.

- Protección de colectivos especialmente vulnerables y de los derechos de las mujeres inmigrantes.

- Exigencia de que todos los inmigrantes respeten los valores más importantes del ordenamiento jurídico y de que contribuyan al sostenimiento del Estado de Bienestar en Euskadi a través de la satisfacción de las oportunas prestaciones en materia de impuestos y pago de las cotizaciones sociales.

- Refuerzo de la obligación de que todas las Administraciones vascas garanticen a todas las personas el acceso a todos los recursos y programas públicos así como a todos los documentos y servicios precisos para la integración socio-laboral de los inmigrantes.

- Fomento de la participación ciudadana y de la integración laboral de los inmigrantes. • Promover y aprobar en el Parlamento Vasco una Ley contra la

Discriminación Racial en el marco de nuestras competencias, que además cree un organismo independiente que vigile este aspecto y pueda tramitar y aceptar denuncias en el marco de las recomendaciones de la Unión Europea.

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• Potenciar el movimiento asociativo de inmigrantes. Apoyando su

organización en coordinadoras representativa y especial a la Coordinadora de Organizaciones no gubernamentales de apoyo a la inmigración “Harresiak Apurtuz”.

• Apoyar al movimiento asociativo de inmigrantes en su lucha contra

los delitos contra los trabajadores inmigrantes que son víctimas de estafas masivas, explotación laboral y redes que trafican con las personas inmigradas.

• Potenciar el servicio público de atención jurídica a inmigrantes HELDU a fin de que pueda garantizar un servicio público de calidad a la totalidad de inmigrantes derivados de los servicios sociales de la CAPV.

• Establecer programa destinados a la atención de los peticionarios de asilo

y refugio. • Políticas de fomento de la participación de las personas inmigrantes en

todos los ámbitos de la sociedad de acogida. Creación de organismos que aseguren su participación de a nivel local como los Consejos de Inmigración y reforzando la participación en el Foro de participación de Inmigración del Gobierno Vasco.

• El derecho al voto para potenciar, como parte fundamental de una plena

integración, que tienen las personas inmigrantes que viven en Euskadi. Sin ese derecho, la integración es incompleta y llena de limitaciones.

3.2 • Sensibilización e interculturalidad: combatir el racismo y la

xenofobia. • Programas de sensibilización de la sociedad de acogida a fin de evitar

toda forma de xenofobia, racismo o discriminación de la población inmigrante. • Lucha contra la marginación, extendiendo buenas prácticas de inserción

socio-laboral con diversos agentes sociales e institucionales como el proyecto Baztezaren.

• Seguir las campañas de sensibilización que fomenten el reconocimiento

de la diversidad para crear espacios de encuentro intercultural que permitan la convivencia pacífica y en pie de igualdad,

• Fomentar la interculturalidad como modelo de integración social. 3.3 Sanidad: un derecho básico para nuestros inmigrantes. • Realizar periódicamente campañas para el acceso a la tarjeta sanitaria,

en especial dirigidas a los colectivos de personas indocumentadas. • Dotar a los ambulatorios ubicados en zonas de fuerte presencia de

inmigrantes de profesionales con formación básica en inmigración, para realizar los tratamientos de atención psicológica a personas de otras nacionalidades, con sistemas culturales e idiomáticos distintos de los nuestros y con fuertes conflictos y graves vulneraciones de derechos. Así mismo, seguir impulsando para la

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dotación de estos ambulatorios de intérpretes que faciliten la comunicación para la mejora de los tratamientos.

3.4 • Laboral: garantizar su inserción laboral. El trabajo es un vector fundamental en la integración de las personas

inmigrantes, ya que provee no solamente los recursos económicos imprescindibles para la vida diaria, sino que abre las puertas a diversos tipos de protección social a través de prestaciones a nivel contributivo y asistencial así como a las pensiones por jubilación, incapacidad permanente y viudedad. El trabajo además refuerza la autoestima, abre vías de comunicación con otras personas y es, en definitiva, un elemento de gran potencial integrador en la sociedad.

Sin embargo, el desconocimiento de los idiomas oficiales de la CAE, la falta de cualificación, la dificultad en la homologación de los títulos de los países de origen, el desconocimiento de las nuevas tecnologías e incluso actitudes racistas o xenófobas sitúan a las personas inmigrantes en clara desventaja para conseguir un empleo respecto a los/as autóctonos.

Este hecho hace necesario que se destinen recursos específicos a este colectivo para su inserción socio-laboral, que implica una apuesta por el refuerzo de las políticas de empleo y formación que favorezcan la empleabilidad y la incorporación al mercado laboral del colectivo inmigrante. Una adecuada política de inserción socio-laboral pasa por el conocimiento en profundidad de la realidad del mercado de trabajo, su evolución y oportunidades que ofrece así como por la elaboración de itinerarios de información, orientación, formación e inserción.

Por eso, debemos impulsar las siguientes medidas:

• Impulsar que la Administración autonómica establezca una Comisión de carácter permanente en la que estén presentes las organizaciones empresariales, los sindicatos, las asociaciones agrarias, para consensuar las políticas necesarias en los siguientes asuntos:

• Realizar una labor de análisis de la gestión de los flujos migratorios

por parte de los poderes públicos y el resto de agentes y a adoptar las medidas y presentar las propuestas que se deriven de dicho análisis.

• Implicarse activamente en la mejora continua de las competencias de las trabajadoras y trabajadores inmigrantes, buscando su mejor adecuación a las necesidades y oportunidades presentes en el mercado de trabajo.

• Fomentar la existencia y utilización de dispositivos de intermediación en el mercado laboral cada vez más capaces de atender a las necesidades y situaciones de la población inmigrante.

• Luchar de forma activa y constatable contra la discriminación de las personas inmigrantes en el ámbito laboral y por la igualdad de oportunidades de las personas, inmigrantes o no, en las empresas.

• Desarrollar procesos de gestión de la diversidad en el seno de las empresas.

• Colaborar activa y formalmente en adecuación y en la difusión entre la población inmigrante de aquellas regulaciones, servicios, ofertas o iniciativas que pudieran favorecer su mejor inserción laboral.

• Comprometernos enérgicamente en la detección y denuncia de infracciones en la contratación laboral, vulneraciones de los derechos

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laborales y situaciones de desigualdad que afecten a las personas inmigrantes.

• Estudiar y aplicar medidas para la mejora de la prevención de riesgos laborales entre las personas inmigrantes.

• Estudiar y aplicar medidas para mejorar el acceso de las personas inmigrantes a fórmulas de autoempleo.

• Introducir progresivamente la diversidad cultural en el marco de los convenios colectivos.

• Establecer los mecanismos necesarios para el control de la contratación de inmigrantes en los sectores agrario y pesquero.

• Regular reglamentariamente las condiciones laborales mínimas del servicio doméstico, relativas a salarios, jornada y protección social, que han de ser respetadas.

• Establecer convenios de asesoramiento y orientación con organizaciones sindicales y empresariales para combatir la explotación laboral.

3.5 Acceso a la educación para todos los inmigrantes. • Aumentar los recursos humanos y materiales para la atención de

menores inmigrantes en nuestra Comunidad. Asegurar la escolarización de toda la población inmigrante. Evitar la concentración escolar de inmigrantes para que no deriven en guetos con criterios de equidad entre cercanía de la vivienda y el número de alumnos por centros educativos.

• Articular toda medida compensatoria que en el ámbito alumnado

inmigrante en igualdad de condiciones para garantizar el éxito escolar. Asimismo, se deberían reforzar las plantillas de profesores y profesoras de apoyo, adecuar sus conocimientos y dotar de medios materiales en los centros educativos que están ubicados en zonas de mayor concentración de inmigrantes para un mejor desarrollo en materia educativa, potenciado los profesionales de referencia como los técnicos de interculturalidad en los centros educativos. Reforzar las plantillas de las Escuelas clases de castellano y/o euskera a inmigrantes que se asientan en nuestro Territorio, formarlas y dotarlas de recursos pedagógicos y didácticos.

• Facilitar la información y asesoramiento preciso sobre convalidación de

los títulos académicos y autorizaciones administrativas extranjeras a inmigrantes.

3.6 • El derecho a la vivienda de los inmigrantes.

• Intervenir directamente en las especiales dificultades y los abusos que sufren las personas inmigrantes para el alquiler de vivienda

• Potenciar a las asociaciones de inmigrantes y de apoyo a

inmigrantes en la labor de intermediación y sensibilización en temas de vivienda en el mercado inmobiliario.

• Renovar, reforzar y adecuar una red de albergues que aumente la

oferta de plazas para transeúntes, atendiendo a cómo incide en la nueva realidad migratoria. Establecer dispositivos específicos dentro de los

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programas generales de los servicios sociales para atender y alojar a inmigrantes que han sufrido explotación o tráfico de personas.

3.7 • Inserción y recursos sociales.

1. Mantener el fondo económico destinado para que los ayuntamientos puedan formar la red de base municipal de acogida de inmigrantes en Euskadi.

• Financiar la dotación de profesionales de inmigración en los

Ayuntamientos vascos. • Fomentar los Planes Municipales de inmigración. • Potenciar y ampliar el Observatorio Vasco de la Inmigración (Ikuspegi). Apoyar y reforzar los actuales servicios de mediación intercultural en el

ámbito municipal.

• Reforzar el servicio Biltzen para superar los obstáculos que dificultan la integración social de las personas inmigrantes.

• Renovar periódicamente campañas de empadronamiento dirigidas a

inmigrantes junto con la participación de los Ayuntamientos, en especial las referidas a personas sin autorización de residencia.

• Planes especiales para las mujeres inmigrantes.

3.8 • Cooperación y codesarrollo. • Puesta en práctica de una línea específica dentro de la política migratoria

vasca que fomente políticas de co-desarrollo que maximicen los envíos de divisas en pos del desarrollo local, que impulsen propuestas abiertas de movilidad que incentiven y estimulen a desarrollar vínculos económicos y de otra naturaleza con sus países de origen sin perder su estatus jurídico en el país de acogida, y que nuestros países incentiven e inviertan de forma neta, mediante subvenciones u otras formulas económicas, en las propuestas de desarrollo económico que las personas inmigrantes quieran trasladar a sus países. Los inmigrantes que residen en Euskadi deben ser protagonistas en el desarrollo de sus países de origen.

• Impulsar el compromiso de las Administraciones vascas con la aportación

del 0,7% de sus Presupuestos para la cooperación al desarrollo tomando en cuenta o potenciando los proyectos con colectivos de inmigrantes residentes en Euskadi con sus países o lugares de origen.

3.9 • Organización institucional: garantizar la voz de Euskadi en la

política migratoria del Estado y de la Unión Europea. • El Gobierno Vasco reclamará al Gobierno central competencias propias en

materia de autorizaciones de trabajo y arraigo social como todas las referentes a la integración social de las personas inmigrantes residentes en Euskadi o, en todo caso, participará de forma efectiva en las decisiones del Estado en materia de contingente, procesos de regularización, transparencia del mercado de

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trabajo, reconocimiento de los derechos políticos y cooperación internacional. Igualmente adscribirá personal en las Embajadas y Consulados españoles a los efectos de poder ayudar a atender las solicitudes de visado dirigidas a la residencia en Euskadi.

• Creación de espacios de interlocución entre la Administración vasca y estatal en materia de inmigración. participar en las decisiones estatales que afecten a Euskadi para reclamar para nuestra Comunidad Autónoma las competencias en materia de Trabajo que el artículo 138 de la Ley 6/2006 de 19 de julio (publicada en el BOE de 20 de julio de 2006) ha atribuido a Cataluña, y, el arraigo social para facilitar los procesos de documentación. 3.10 • Tratamiento específico de menores.

- Garantizar los derechos de los menores extranjeros residencializados, desde la comisión de infancia donde están presentes los actores implicados con el fin de desarrollar una actuación coordinada, no solo en la regulación, sino en los protocolos y criterios a seguir de actuación, impulsando sobre la base de una apuesta educativa sólida, verdaderos procesos de formación-empleo, incorporación laboral y emancipación.

- Realización de campañas de sensibilización sobre la situación de los menores no acompañados desde las instituciones vascas, tanto forales como municipales para fomentar su integración social de este colectivo.

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UNA POLITICA INNOVADORA HACIA LAS DROGODEPENDENCIAS

1. MARCO LÓGICO DE LA POLITICA DE EZKER BATUA EN DROGODEPENDENCIAS

No todas las drogas tienen la misma capacidad adictiva, la misma peligrosidad, y establecer las mismas políticas para sustancias que nada tienen que ver entre sí, como el cannabis y la heroína, resulta hoy por hoy un sin sentido.

De hecho, la mayor carga de muerte y enfermedad es producida por el alcohol y el tabaco. Tampoco todas las personas tienen el mismo riesgo de desarrollar problemas adictivos: la pobreza, la desigualdad social, los problemas familiares y los problemas mentales asociados son factores que aumentan el riesgo de padecerlos.

Los problemas asociados al consumo de drogas afectan de manera más grave a personas que se encuentran inmersas en dificultades mentales, familiares, físicas o sociales. El fenómeno de las drogodependencias se caracteriza fundamentalmente por estar regulado por tratados internacionales que establecen la categoría de las drogas en legales e ilegales y las ilegales en blandas y duras en función del daño que provocan a la salud.

Las drogas son un instrumento empleado para incrementar las capacidades humanas que, utilizadas de forma abusiva, secuestran esas capacidades y las ponen al servicio del único fin que representa el conseguir la dosis necesaria. Anulan la voluntad y algunas producen alteraciones mentales.

Además de los efectos devastadores de la adicción hay que abordar las circunstancias en las que se producen los consumos de drogas ilegales en regímenes prohibicionistas: calidad de las sustancias, condiciones higiénicas en las que se produce el consumo y precio elevado de las drogas que introduce, a una parte de consumidores y consumidoras, en mercados ilegales induciendo a otras conductas delictivas con el mismo fin. El aislamiento social en el que se encuentran es un efecto de la estigmatización de la que han sido objeto y el circuito vital de estas personas provoca que no puedan acceder a los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. BALANCE DE LA APUESTA DE EB-B EN DROGODEPENDENCIAS 2001-2008 Desde que en 2001 asumimos éste área hemos elaborado y puesto en marcha el V Plan de Drogodependencias 2003-2008. Las políticas que se ha desarrollado a lo largo de esta legislatura gozan de un alto nivel de reconocimiento y prestigio tanto a nivel del Estado como en el marco europeo. Además de mantener la apuesta por la prevención, se ha reforzado la acción directa del gobierno para paliar los daños asociados al consumo de drogas,

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desarrollando acciones especialmente entre los menores y el consumo abusivo de alcohol y otras sustancias. Se ha reforzado, además, la promoción de la intervención municipal en el ámbito familiar, escolar y comunitario, consolidando una red de 40 equipos técnicos municipales y 60 Ayuntamientos con sus respectivos planes locales de drogodependencias en línea con el Plan vasco de drogodependencias, desarrollando un total de 280 proyectos anuales subvencionados por el propio gobierno. Euskadi se ha afianzado también a la cabeza de los proyectos más innovadores en políticas de salud pública y reducción de daños en Europa: sala de consumo de menor riesgo, centros de baja exigencia de pernoctación como el denominado Hontza, programas de reducción de daños en prisiones, proyectos innovadores de comunidades terapéuticas, apoyo a centros de incorporación social especializados en recaídas y prevención de las mismas… Trabajamos en la actualidad en dar respuestas a otras carencias que suponen una importante innovación en materia de reducción de riesgos y daños. Si bien durante todos estos años se ha consolidado una red de atención básica en baja exigencia, sobre todo en torno a los centros más importantes de venta y consumo, deseamos ampliar la asistencia en dicha materia con programas de atención integral y continuada durante las 24 horas. Por todos es sabido el carácter innovador que supusieron los recursos anteriormente mencionados, la apuesta importante en materia social que implicaron, pero también es mencionado en los diferentes foros de reflexión que se ha de dar un paso más en esta dirección. Proteger y reconocer los derechos en materia de alojamiento y atención integral a personas consumidoras en activo a nivel autonómico y ofertar servicios innovadores y de calidad, sobre todo al grupo de población más castigado, está siendo una prioridad para este gobierno. Articulamos la propuesta en torno a una serie de ejes que contienen diferentes acciones programáticas concretas: 1.- Legislación progresista y acorde a los tiempos actuales. 2.- Reducción de la oferta y demanda de sustancias. 3.- Intervención en materia de reducción de riesgos y de daños con las personas más desfavorecidas. 4.- Intervención en el marco jurídico y penitenciario. 5.- Prevención en el campo educativo, escolar, familiar y universitario. 6.- Coordinación de la intervención con el tercer sector y diferentes agentes sociales: optimización de los recursos al alcance de todas-os. 7.- Desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades en el campo de las drogodependencias. 8.- Importancia de la participación ciudadana y espacio comunitario en las políticas de drogodependencias. 9.- Aplicación de la filosofía sobre drogodependencias de Ezker Batua – Berdeak al campo internacional. 1.- Legislación progresista y acorde a los tiempos actuales

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- Reivindicar desde nuestra posición una legislación progresista y acorde a los tiempos actuales.

o Trabajar por la dispensación terapéutica de heroína para los

drogodependientes que han fracasado en otros programas. o Reivindicar con la evidencia clínica disponible sobre los

tratamientos diversificados apoyados en la diacetilmorfina (DAM) que su prescripción por vía inyectada y oral es factible, segura y viable.

o Reivindicar la dispensación terapéutica de cannabis para los enfermos que lo necesiten en el sistema Vasco de Salud

o Despenalizar el consumo público, compartido y el cultivo y tenencia para consumo propio de cannabis.

o Preservar las llamadas drogas blandas de los mercados ilegales despenalizando el autocultivo del cannabis.

o Informar a la ciudadanía de los motivos de su despenalización, de los riesgos que trae su consumo abusivo y de las motivaciones terapéuticas que basan la despenalización de dicha sustancia.

o Resaltar el valor de la salud y los derechos de las personas usuarias de drogas en el marco de una política progresista que prime la prevención más allá de la voluntad política.

o Apoyar, impulsar y abrir brecha en el marco de las políticas europeas más avanzadas en contra de las imposiciones más conservadoras.

o Entender la problemática de las drogodependencias como un elemento prioritario, de abordaje necesario y universal que sea asumido por parte de todas las autoridades locales como un servicio público, orientado a toda la sociedad.

- Impulsar una nueva ley sobre prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias.

o Avanzar la legislación en la regulación de las competencias municipales y autonómicas en materia de inspección y control de la venta o consumo de tabaco y alcohol, en línea con las directrices europeas en esta materia.

o Validar el trabajo realizado durante diez años de ley de drogodependencias, evaluar lo conseguido hasta el momento y plantear nuevos retos que fomenten y abran el camino hacia una nueva regulación sobre prevención, asistencia e inserción en drogodependencias.

o Ordenar todas las intervenciones con un mayor nivel de autoexigencia desde las administraciones.

o Homogeneizar las políticas de intervención de materia de drogodependencias en línea con otras leyes recientemente aprobadas en el Parlamento vasco como la ley de dependencia, de servicios sociales o la ley de garantía de ingresos o políticas estatales como la relacionada con el tabaco en el año 2005.

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o Velar por el desarrollo de prestaciones y servicios concertados con el tercer sector, así como el impulso de la coordinación sociosanitaria al hilo de la nueva ley de servicios sociales.

o La ley de garantía de ingresos también eleva a derecho subjetivo la posibilidad de acceder a ayudas económicas en caso de no tener renta o tener rentas muy bajas, con lo cual será importante

o Considerar la posibilidad de que las personas con problemas asociados al consumo de drogas puedan beneficiarse de los derechos y del acceso a vivienda regulado en la ley de garantías.

o Las personas con toxicomanía crónica asociada a otros problemas físicos o psíquicos podrán ser beneficiarios de las prestaciones por dependencia y como se estipula en la nueva ley de dependencia.

o Registrar y acreditar a las entidades que trabajan en el ámbito de las drogodependencias. Ofertar formación continua y permanente a los agentes de intervención comunitaria.

o Regular los equipos de prevención comunitaria en cuanto a composición y funciones para asegurar el carácter público y la consolidación de una red universal mínima de atención preventiva, de tratamiento y de reducción de daños e inserción social.

o Impulsar la investigación aplicada y las metodologías de la evaluación entre profesionales.

o Debatir en el marco del Consejo Asesor de drogodependencias el Catálogo de servicios y programas de prevención, tratamiento, e inclusión social de personas con consumos problemáticos de drogas.

2.- Reducción de la oferta y la demanda

- Reducir la oferta y la demanda de sustancias.

o Modificar la ley actual sobre prevención, asistencia e inserción de drogodependientes

o Elaborar el VI Plan de drogodependencias de euskadi y contemplar en él medidas que favorezcan la reducción de la oferta y la demanda de sustancias de tal manera que sea un compromiso comunitario.

o Racionalizar la oferta de drogas y reducir al máximo la criminalidad asociada al mercado negro de drogas ilegales.

o Regular la venta , suministro, y publicidad de alcohol y tabaco como medida de reducción de la oferta.

o Reducir el consumo problemático de drogas , retrasar la edad de inicio y disminuir las daños asociados al consumo de drogas por medio de actuaciones desarrolladas en el VI plan de drogodependencias de Euskadi.

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3.- Políticas basadas en la reducción del riesgo y del daño con la población más desfavorecida.

- Fomentar políticas de reducción del daño en la población más castigada por el consumo de sustancias.

o Apoyar la consolidación de los recursos innovadores puestos en marcha hasta el momento.

o Fomentar el trabajo en red en aras de una mayor cobertura.

o Crear 3 recursos residenciales para consumidores-as en activo de sustancias que se adecuen a cada caso particular, a su grado de cronicidad y a la necesidad de apoyos médicos, judiciales y sociales.

o Apoyar a las personas drogodependientes con las mejores técnicas de rehabilitación, desintoxicación y con procesos cercanos a la gestión de caso, con políticas de seguimiento y de coordinación ínter sistema entre lo asistencial, judicial, y social, especialmente a aquellas personas que se encuentran privadas de libertad.

o Fomentar espacios de acompañamiento social con intervención sociosanitaria adecuada al daño físico, psicológico y social de los colectivos más castigados. Potenciar la formación laboral y ocupacional en personas con historial de adicción, con ofertas diversificadas en función del grado de autonomía de la persona, y su adherencia al tratamiento.

o Garantizar la renta básica en las personas drogodependientes en tratamiento residencial.

o Programas con inmigrantes jóvenes con consumos de inhalados

o Progrmas con inmigrantes jóvenes desprotegidos tras finalizar los programas de protección de menores.

o Programas con mujeres prostitutas consumidoras.

o Implementar equipos de gestión de caso que establezcan programas integrales con intervención sociosanitaria en coordinación con los equipos de salud mental y las redes de apoyo social.

4.- Política de drogodependencias progresista en el marco jurídico y penitenciario.

- Impulsar la prevención, asistencia e inserción en el ámbito jurídico y penitenciario

o Prevenir la encarcelación de personas consumidoras con patología dual.

o Despenalizar las conductas ilegales ligadas al consumo.

o Fomentar la igualdad de tratamientos y programas de reducción de riesgos y de daños dentro de prisión.

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o Ofertar los mismos programas de reducción de riesgos y de daños dentro y fuera de prisión.

o Ofertar e impulsar medidas alternativas al cumplimiento penitenciario.

o Fomentar la igualdad de tratamientos con agonistas opiáceos dentro y fuera de prisión.

o Prevenir la escalada de criminalidad en personas presas con largas condenas asociadas al consumo de drogas.

o Promover medidas residenciales sociosanitarias para la inclusión social de la población reclusa drogodependiente.

o Desarrollar medidas de trabajo en la comunidad y de prevención de la judicialización en personas con delitos por condución temeraria asociada al consumo de alcohol.

o Desarrollar programas de atención al policonsumo, tanto de drogas legales o ilegales con especial énfasis en la heroina, el alcohol, y los tranquilizantes dentro de prisión.

o Fomentar una buena oferta asistencial que recoja las demandas de desintoxicación, rehabilitación, o en su caso, mantenimiento, contención o incluso tratamiento obligatorio en el caso de que se pruebe que la persona esta incapacitada de manera permanente e irreversible.

o Impulsar la colaboración esencial del sistema de servicios sociales, del sistema sanitario y del sistema judicial para seguir avanzando en la posibilidad de dibujar itinerarios conjuntamente para atender adecuadamente el binomio salud/seguridad como el tratamiento postencarcelación en personas toxicómanas con patologia dual fomentando la política de prevención de la encarcelación transversal.

5.- Líneas prioritarias de actuación en menores, educación y ámbito escolar y familiar.

- Proteger a los menores con políticas preventivas en sus entornos

o Regular y limitar la venta de sustancias a menores. o Eliminar la posibilidad de consumir sustancias en la conducción. o Salvaguardar los derechos de toda la ciudadanía en los espacios

de trabajo. o Defender una política preventiva donde los menores estén

perfectamente protegidos de modelos sociales de consumo, donde las medidas universales de prevención se equilibren con estrategias más específicamente dirigidas a la población socialmente vulnerable.

o Fomentar una política eficiente de reducción de la oferta y la demanda basada no en la persecución sino en la normalización y regulación del consumo entre la población más joven.

o Desarrollar un mayor control y sensibilización social sobre la publicidad, venta de alcohol y tabaco a menores en los diferentes ambientes de la sociedad en general y en su entorno de desarrollo.

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o Proteger la salud de los menores en aquellos lugares en los que se permite fumar.

o Fomentar el cumplimiento de la prohibición de fumar en presencia de menores en zonas habilitadas para fumadores.

- Desarrollar políticas de prevención entre y con los jóvenes, las

familias y sus entornos.

- Mejorar la coordinación entre el sistema educativo y los planes de drogodependencias para desarrollar la prevencion selectiva en los Centros de Iniciación Profesional.

- Potenciar las redes de participación escolar y comunitaria como medida de prevención comunitaria.

- Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como via preventiva, educativa y de intervencion en prevención de drogodependencias. Favorecer la prevención multicanal.

- Reforzar la alizanza con la Universidad para desarrollar programas y servicios de prevención en los campus.

- Impulsar un pacto entre sindicatos y patronales para la prevención de riesgos laborales asociados al consumo de drogas.

- Modificar la normativa laboral en materia de represalias a los trabajadores con problemas de consumo de drogas.

- Asesorar a menores con problemas y a sus familias.

- Jóvenes y espacios privados de ocio: lonjas.

- Jóvnes y espacios abiertos: botellón.

- Formar a los equipos docentes para la prevención y manejo de los consumos abusivos.

- Elaborar protocolos de actuación para prevenir las situaciones de comas etílicos en menores.

- Impulsar la prevención selectiva a través de la intervención comunitaria (detección precoz y contención de jóvenes de alto riesgo para consumos problemáticos de drogas, mediación centro – familia, asesoramiento y formación a las familias con hijas y/o hijos con problemas de conducta y/o consumos incipientes, intervenciones psico-educativas para familias con hijas y/o hijos de alto riesgo, planes de recuperación de barrios deprimidos, formación de personal de seguridad de discotecas).

6.- Coordinación entre la administración, el tercer sector y diferentes agentes sociales implicados en drogodependencias.

- Optimizar los recursos existentes en materia de prevención, asistencia e inserción por medio de una adecuada coordinación entre la administración y el tercer sector.

o Optimizar el funcionamiento de toda la red de servicios asistenciales, de prevención e inserción.

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o Aunar esfuerzos en las políticas de prevención, diversificando y ampliando las intervenciones educativas, pero coordinando las diferentes acciones.

o Coordinar las estructuras terapéuticas, formativas y asistenciales diseminadas en toda la geografía por medio de herramientas ya creadas que no optimizan su rendimiento: consejos, plataformas, encuentros.

7.- Igualdad de oportunidades en el campo de las drogodependencias.

- Desarrollar políticas de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el campo de las drogodependencias.

o Defender la igualdad de trato e igualdad de oportunidades de mujeres en el acceso, disponibilidad y adherencia a todo tipo de recursos, tanto sociales, como asistenciales o educativos en el marco de la prevención, asistencia e incorporación social.

o Garantizar una política de igualdad de oportunidades y de discriminación positiva a favor de la mujer, por tratarse de un colectivo minoritario y especialmente estigmatizado en el ámbito de las personas drogodependientes.

o Desarrollar una política de apoyo a las mujeres reclusas drogodpendientes con especial ahínco en su pronta excarcelación a través del trabajo coordinado de los estamentos judicial- penitenciario-sanitario-y social.

8.- Participación ciudadana y espacio comunitario en el ámbito de las drogodependencias.

- Desarrollar políticas de participación ciudadana en la creación de recursos, dispositivos, programas y servicios de responsabilidad pública.

o Impulsar en los ámbitos locales la participación ciudadana.

o Promover la formación de consejos y foros de participación ciudadana para el diseño, planificación y evaluación de las políticas y políticas concretas de actuación.

o Favorecer el intercambio de experiencias, de buenas prácticas, y el empoderamiento de las personas usuarias en el proceso de incorporación social y de ciudadanía, fundamentalmente en la defensa de los derechos de las personas usuarias, la igualdad de trato y la participación social.

o Fortalecer el papel del Consejo Asesor.

- Desarrollar un espacio comunitario de reflexión, debate y ordenación de los servicios de prevención asistencia e inserción en materia de drogodependencias.

o Conseguir un acercamiento más racional y objetivo al problema de las drogas desde un enfoque comunitario basado en la

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descentralización en la planificación y en la provisión de los servicios.

o Desarrollar planes locales de drogodependencias en todos los municipios de Euskadi.

o Avanzar la legislación en la regulación de las competencias municipales y autonómicas en materia de inspección y control de la venta o consumo de tabaco y alcohol, en línea con las directrices europeas en esta materia.

o Ordenar todas las intervenciones con un mayor nivel de autoxigencia desde las administraciones.

o Homogeneizar el fenómeno de las drogodependencias en línea con otras leyes recientemente aprobadas en el Parlamento vasco como la ley de dependencia, de servicios sociales o la ley de garantia de ingresos.

o Contemplar la normativa de la ley de drogodependencias al hilo de otras leyes estatales como la relacionada con el tabaco elaborada en el año 2005.

o Velar por el desarrollo de prestaciones y servicios concertados con el tercer sector, así como el impulso de la coordinación sociosanitaria.

o Considerar la posibilidad de que las personas con problemas asociados al consumo de drogas podrán beneficiarse de estos derechos y acceder a ayudas para alquiler de viviendas al hilo de la ley de garantía de ingresos.

o Garantizar que las personas con toxicomanía crónica asociada a otros problemas físicos o psíquicos puedan ser beneficiarios de las prestaciones por dependencia según la ley de dependencia.

o Registrar y acreditar a las entidades que trabajan en el ámbito de las drogodependencias. Favorecer la diseminación de los programas acreditados.

o Ofertar formación continua y permanente a los agentes de intervención comunitaria.

o Regular los equipos de prevención comunitaria por en cuanto a composición y funciones para asegurar el carácter público y la consolidación de una red universal mínima de atención preventiva, de tratamiento y de reducción de daños e inserción social.

o Debatir en el marco del Consejo Asesor de drogodependencias el Catálogo de servicios y programas de prevención, tratamiento, e inclusión social de personas con consumos problemáticos de drogas.

9.- Políticas abiertas a otros países y entornos más desfavorecidos.

- Desarrollar políticas de cooperación internacional también en el ámbito de las drogodependencias.

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o Fomentar la eliminación de la dicotomía entre drogas legales e ilegales apoyando iniciativas que eliminen la opresión cultural y económica de los países pobres sobre los demás.

o Potenciar la investigación la formación y la coordinación para una descriminalización dentro de un movimiento antiprohibicionista y regulador de las prácticas de consumo ligadas a procesos culturales y autorregulados.

o Impedir y perseguir la asociación de la guerra, con el mercado de las armas y el tráfico de drogas, haciendo especial énfasis en las situaciones de México, Colombia y Afganistán.

o La política de reducción de daños y riesgos va a ser la clave, herramienta, y marco en el que proponemos diseñar diferentes acciones que permitan avanzar en la prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias siempre dentro de los límites que impone la política prohibicionista internacional.

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MODELO PENITENCIARIO AL SERVICIO DE LA INSERCIÓN

La cárcel es un espejo donde aparecen reflejadas muchas de las características de una sociedad. En el origen de la mayoría de las personas condenadas judicialmente por actuaciones delictivas existen situaciones de grave injusticia económica en el reparto de la riqueza, que deriva en fuertes problemas de desestructuración personal y de marginación social.

Ezker Batua-Berdeak es partidaria, por tanto, de un apoyo decidido a

cuanto contribuya a facilitar su pleno desarrollo personal y social de las personas presas. En este hecho, entendemos, debe consistir la reinserción, que exige como condición previa el pleno respeto a la dignidad de la persona presa y un serio compromiso en el establecimiento de las condiciones necesarias para que pueda ejercer sus derechos. Durante las dos legislaturas en las que Ezker Batua- Berdeak, además de apoyar programas de la iniciativa social, ha puesto en marcha como acción directa de la Dirección de Drogodependencias un Programa para la gestión de servicios de prevención, asistencia, inserción y reducción de riesgos y daños a las personas internas alcohólicas y/o toxicómanas en los 3 Centros Penitenciarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La valoración que se ha hecho del trabajo realizado por dichos equipos de toxicomanías tanto por los directores de los Centros penitenciarios, como por Instituciones Penitenciarias, por los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de la CAV, por las Audiencias Provinciales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa así como por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por los Centros Externos de Atención a Personas Drogodependientes y sobre todo y lo más importante por los propios usuarios este Departamento ha resultado ser altamente positiva. Más recientemente se ha puesto en marcha una experiencia novedosa con 24 plazas para el cumplimiento alternativo residencial en Comunidades Terapéuticas de penados con enfermedades mentales y adicciones Ello no es obvice para reconocer y denunciar la graves situación en al que se encuentras las personas en prisión en las cárceles que se encuentran en la CAE.

1.-MARCO COMPETENCIAL VASCO

La situación actual de las prisiones en Euskadi se caracteriza: -en primer lugar por un grave deterioro de las condiciones materiales y de

ocupación de las mismas, la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha reconocido la pésima situación de las tres prisiones actualmente existentes en Euskadi, caracterizada por una masificación y sobreocupación de las mismas.

-en segundo lugar, el Estado sigue negándose a realizar la transferencia en esta materia. - A ello se añade la decisión unilateral de instituciones penitenciarias de construcción, que ya se ha hincado, de una macro cárcel en el municipio de Nanclares de Oca, sin información o comunicación a las Administraciones Vascas.

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Ezker Batua-Berdeak exige del Gobierno central el inicio inmediato de las

negociaciones para la transferencia de la competencia de gestión de prisiones de una manera integral, y denuncia el bloqueo que por razones exclusivamente políticas se ha mantenido desde el Estado hasta la fecha.

Asimismo se propone el inicio de un proceso de reflexión sobre la forma

más adecuada de dar respuesta a los retos que planteará la asunción de dicha competencia .Esta nueva competencia exigirá, un esquema organizativo de los Servicios que se encuadrarán en el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, no en la de Interior,. Una vez conseguida la transferencia, las instituciones correspondientes deberán plantearse, en cumplimiento del mandato legal, la potenciación y puesta en marcha de cuantas medidas sean necesarias para posibilitar la integración social de las personas penadas en su medio, siendo esencial que se asuma la organización y supervisión de las acciones interinstitucionales que han de llevar adelante las Diputaciones y los Ayuntamientos.

En Ezker Batua-Berdeak, consideramos que, mientras se exige la

tramitación de la transferencia, es preciso preparar y planificar la actuación futura, ya que la nueva responsabilidad puede marcar un importante cambio en el ámbito administrativo.

En cualquier caso, la transferencia reivindicada debe provocar un auténtico

giro en el modo de entender y administrar las prisiones, desde la descentralización administrativa y la integración en la Administración pública vasca, potenciando la participación de las personas presas y la apertura a la sociedad y sus diversos agentes. En necesario tener un modelo tener prediseñado un modelo penal transferido que potencie las medidas alternativas a prisión que hagan de la cárcel una medida última y minoritaria. Establecido este principio, habría que comprometerse con la garantía absoluta de los derechos humanos de aquellas personas que, finalmente, tuvieran que ingresar en prisión. Por último, comprometer una ayuda social eficaz que ayude a la integración social de la persona tras su excarcelación. Es decir, la cárcel como medida excepcional, y el cuidado de la persona que es sometida a esa excepcionalidad.

2.- DEFICIENCIAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

A continuación, vamos a repasar brevemente los problemas principales

detectados en las prisiones vascas, que requieren a juicio de Ezker Batua-Berdeak, una respuesta urgente. Por lo que respecta a la población reclusa, se observa una tendencia a consolidar un número de personas presas muy superior al volumen de plazas penitenciarias, lo que origina condiciones de hacinamiento. La persistencia de esta circunstancia ha conducido al empeoramiento de las condiciones de vida. Esto unido a la insuficiencia de recursos sociales y sanitarios, la deficiencia estructural de las cárceles (tanto por su arquitectura como por las relaciones de poder que establecen en su interior y el predominio de la política “seguridad-premio-castigo” antes que la de “respeto-resocialización”) y las deficiencias previas del sistema judicial (lentitud, prisiones preventivas, actitudes policiales) han originado un empeoramiento de la condiciones de vida.

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Existe, por tanto, un grave deterioro de las condiciones materiales y de ocupación de las cárceles, la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha reconocido la pésima situación de las tres prisiones actualmente existente en Euskadi, caracterizada por una masificación y sobreocupación de las mismas.

Existe un grave problema sanitario en las prisiones, con colectivos enfermos, afectados por dolencias relacionadas con la drogodependencia y el estado higiénico ambiental. Otra circunstancia a reseñar es el tiempo medio de estancia, que supera el plazo de un año.

Al margen de estos aspectos, constatamos nuestra preocupación por las

condiciones en que se encuentran las personas incluidas en los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES), pues, aun produciéndose en otras cárceles del Estado, afectan también a presas y presos de Euskadi, constituyendo un claro atentado contra la dignidad humana y los demás derechos. En efecto, el aislamiento como tratamiento, además de contrario a todo proceso reintegrador, facilita la impunidad en la comisión de malos tratos y otras vejaciones.

También la situación de la población reclusa inmigrante constituye un

capítulo propio, en el que apostamos por impedir que estas personas sean deportadas inmediatamente a sus lugares de origen, una vez cumplida su condena o cuando tengan derecho a la libertad condicional. Exigiremos, para este grupo, las mismas prestaciones y medidas que para el resto de inmigrantes recién llegados a Euskadi.

Por lo que respecta al estado de los centros, servicios y presupuestos, hay

que decir que el nivel de prestaciones económicas asignadas para las Administraciones Penitenciarias Autónomas es deficitario por definición, ya que las necesidades son infinitamente superiores. Curiosamente el capítulo más cuantioso, tras el destinado a personal y dejando a un lado el gasto corriente, es aquél que hace referencia a la instalación de nuevos sistemas de seguridad y al perfeccionamiento de los ya existentes. Por contra, el montante destinado a tratamiento, educación, cultura, asistencia social y actividades de rehabilitación en general, así como ayudas a familiares, personas presas y ex-presas sigue siendo ínfimo y simbólico, sin ningún efecto real y con una progresiva tendencia histórica a su reducción. En seguimiento de las nuevas filosofías integradoras, la evolución de estas partidas presupuestarias debería invertirse.

Por lo que respecta a la relación con el personal, un estudio somero sobre

esta materia pone de manifiesto una clara preponderancia del funcionariado destinado a las labores de vigilancia, seguridad y custodia sobre el personal destinado a las tareas de reeducación, reinserción, asistencia y tratamiento. Igualmente, se minusvalora, cuando no se desconfía y obstaculiza, la participación de la población reclusa y de las asociaciones y ciudadanía comprometida en el apoyo a estos grupos.

3.-PROPUESTAS El objetivo básico que persigue Ezker Batua-Berdeak, al demandar las

transferencias pendientes en materia penitenciaria, consiste en conseguir un modelo de ejecución penal en la sociedad vasca más respetuoso con los derechos humanos, lo que conlleva potenciar una mayor sensibilidad social.

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Pretendemos que, desde la Administración, se investiguen nuevas formas de solucionar los problemas delictivos y que éstas sean más eficaces que las cárceles. Aspiramos también a que nos protejan de los delitos que hoy no persigue el sistema policial y penal -económicos, ecológicos,...-, y deseamos que se elimine la función real que hoy cumple la cárcel: aislar y castigar a determinados sectores marginados y molestos de la sociedad; en vez de ello, deben atajarse las causas, prestando un apoyo decidido a quienes las sufren.

En este sentido, las medidas prioritarias que han de arbitrarse, muchas de

ellas como condiciones imprescindibles para asumir las transferencias, deben ordenarse en el marco de un plan integrado. Desde proponemos, en concreto, estas demandas:

- Realizar un debate social y político sobre el modelo penitenciario. - Paralizar de forma inmediata el proyecto de macrocarcel de

Nanclares de Oca. - En base al nuevo modelo penitenciario construir garantizar unas

condiciones dignas renovando las instalaciones de las prisiones de Basauri y Nanclares de un modo urgente. Exigir la adaptación al nuevo modelo de la futura prisión en Gipuzkoa.

- Pedir al Estado Español que suscriba el Protocolo Facultativo de la

Convención Contra la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 9 de Enero de 2003, y que es considerado por las organizaciones que trabajan la materia como una herramienta imprescindible para la erradicación de la tortura y los malos tratos en comisarías y cárceles.

- Crear un número suficiente de Centros Socio-penitenciarios de

Régimen Abierto, potenciando así el tratamiento en grupos de convivencia adecuados y reduciendo en todo lo posible el número de personas presas en los centros de cumplimiento ordinario, siempre salvaguardando las condiciones de seguridad.

- Impulsar decididamente la participación de las personas presas,

tanto en la vida de la cárcel como en el entorno social, lo que significa:

-Dar prioridad al cumplimiento en los lugares de origen. Seguir con las gestiones para el traslado de los vascos y vascas presos en el extranjero a prisiones de Euskadi.

-Potenciar la interrelación con el exterior, especialmente con organizaciones solidarias.

-Promover la autoestima y capacidad crítica mediante el desarrollo de actividades grupales, dónde la opinión y actuación de la persona preso tenga un espacio adecuado.

-Estimular la participación real de la población interna en numerosos ámbitos de gestión.

-Facilitar información completa a las personas presas sobre sus derechos y obligaciones.

-Acabar con el aislamiento como fórmula de tratamiento. -Eliminar la restricción del derecho a las comunicaciones como

forma de sanción. -Reajustar la proporción del personal dedicado a labores de

vigilancia respecto a los de reeducación.

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- Garantizar la protección de las personas que denuncien haber sido torturadas, así como de los testigos de las torturas, tanto dentro como fuera de prisión, como garantía de compromiso con la erradicación de estas prácticas.

- Hacer efectivo el derecho constitucional al trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social de todas las personas presas, como elemento básico para su resocialización, lo que exige el reconocimiento y remuneración como trabajo de las labores que prestan en los diferentes servicios del establecimiento, combatiendo todo abuso y explotación. Todas las experiencias formativas y laborales deben ir dirigidas a facilitar la consecución de un empleo en el exterior de la cárcel, para lo que nos parece importante contar con una Fundación que luche específicamente por ello.

- AsImismo, debemos hacer referencia a una aplicación del tercer grado a los presos que cumplen las condiciones legales de una manera inmediata, así como utilizar todas las posibilidades que concede el Reglamento Penitenciario, como para los internos que todavía no puedan acceder al tercer grado gocen de la mayor autonomía posible incluido el acudir al trabajo o aun Centro Terapéutico para su desintoxicación.

- Tenemos también que poner de manifiesto la situación de

extrema exclusión social en la que se encuentran las mujeres presas, las que a su condición de internas se les une en muchas ocasiones una problemática social gravísima, como violencia domestica, toxicomanía, prostitución, etc. No olvidemos, además, que, en muchos casos, son madres de familia de numerosos menores y que la mayoría se encuentra en una situación de desamparo. Sería importante abordar su situación desde una perspectiva de género.

- En materia de salud:

-Destinar los recursos materiales y humanos necesarios para mejorar las condiciones sanitarias y la asistencia médica primaria especializada, dotando a la población reclusa de un Hospital Psiquiátrico, así como garantizando los servicios especializados de un centro sanitario general.

-Evitar la reclusión de personas infectadas por SIDA en las prisiones, extendiendo programas preventivos como el de distribución de jeringuillas.

-Establecer convenios con asociaciones y colectivos que desarrollen programas de tratamiento de drogodependencias, de modo que puedan acceder a ellos toxicómanos encarcelados.

- Perseguir eficazmente los malos tratos y cualesquiera práctica

vejatoria, como los cacheos y desnudos arbitrarios, así como mejorar las condiciones en que se realizan las conducciones desde los centros penitenciarios.

- Aumentar las garantías jurídicas en general, y especialmente en los procesos disciplinarios y de clasificación y tratamiento, para lo cual:

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-Se potenciará la atención del Ararteko a la población reclusa, creando un grupo de trabajo específico que, junto a la garantía derivada de su presencia física en el interior de las prisiones, podrá examinar los expedientes que afecten a materias de tratamiento y disciplinarias.

-Evitar la indefensión judicial de la población reclusa, posibilitando su formación jurídica, además de garantizando una adecuada asistencia letrada.

- Definir criterios sobre Asistencia Social Penitenciaria, donde prevalezca una adecuada coordinación, dotándola de los medios económicos, técnicos y humanos necesarios para su potenciación.

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UNA EUSKADI VERDE Y SOSTENIBLE POLÍTICA AMBIENTAL, PARA UNA EUSKADI MÁS VERDE 1 • Por una nueva política ambiental vasca El actual modelo económico neoliberal oculta, tras las grandes cifras macroeconómicas, una realidad plagada de desequilibrios, de precariedad en la vida cotidiana, de creciente pobreza, de evidentes riesgos para el futuro de la humanidad y del planeta y de agresiones insostenibles contra la naturaleza. Euskadi no es ajena a los efectos perversos de la globalización neoliberal ni a sus efectos sobre el medio ambiente. El medio natural vasco, tras décadas de alegre desarrollismo y actividades sin control, sufre a diario nuevas agresiones y amenazas; las últimas,por ahora, son las centrales de ciclo combinado que aumentarán la contaminación de zonas ya bastante degradadas, en nombre de una “autosuficiencia energética” que no interesa conseguir por medios no contaminantes; otros son proyectos empresariales altamente contaminantes, como la planta de cocke de Petronor en Muskiz; de tratamiento de residuos sólidos insostenibles, como la incineración; la instalación de otro nuevo puerto en el LIC de Jaizkibel o el trazado y modelo del TAV. Más de dos décadas de autogobierno vasco no han logrado contener un modelo económico devorador de recursos naturales no renovables e impulsor de megalómanas infraestructuras y de una ordenación del territorio dirigida al beneficio y al mercado. Este sistema resulta básicamente inductor del crecimiento de la movilidad motorizada, del derroche energético y de cantidades crecientes de residuos. Las grandes problemáticas globales, como son el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, el agotamiento de los recursos naturales y los desequilibrios territoriales y poblacionales, reiteradamente denunciados a nivel local y mundial por el movimiento ecologista y certificados por las autoridades científicas, hacen insostenible el modelo actual. Durante años hemos venido denunciado y advirtiendo que el neoliberalismo atenta contra el planeta y contra las personas, por ello se nos ha tildado de catastrofistas pero hoy ya nadie puede negar la crisis medioambiental en la que estamos inmersos. El cambio climático es una realidad, al igual que la pérdida de suelo, el aumento de productos tóxicos en la cadena trófica, la perdida irreversible de la biodiversidad o la insostenibilidad del modelo de transporte basado en la ampliación infinita de carreteras. Hoy se puede comprobar, con absoluta certeza científica, que la izquierda y el movimiento ecologista teníamos razón en nuestras previsiones y análisis medioambientales. Pero el sistema económico que defienden partidos políticos como PSE, PNV, PP y EA sólo llega a aceptar una pequeña parte de nuestras propuestas, mientras dedican (.) grandes esfuerzos a camuflar en verde políticas insostenibles y dañinas. Vivimos un momento en que las grandes multinacionales de la energía reverdecen su imagen ocultando su apuesta pro

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nuclear y los sectores más reaccionarios definen la cementación innecesaria del medio natural con la cínica etiqueta de ecopuerto, como en el caso de Pasaia. Ante esta coyuntura, Ezker Batua-Berdeak propone un cambio radical, que determine una nueva política ambiental vasca, que nos permita cubrir las necesidades del conjunto de la población y recuperar la equidad; al mismo tiempo, se ha de garantizar la adaptación de la actividad humana a los límites que nos impone la naturaleza. Sostenibilidad ambiental y justicia social son piezas inseparables. Tal y como definió en su día la Comisión Brundtland, desarrollo sostenible es aquél que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes (equidad intrageneracional) sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras (equidad intergeneracional). Por tanto, resulta imprescindible integrar las políticas sociales, económicas, ambientales y territoriales, de manera que formen un todo coherente, estableciendo las pautas de actuación en los diferentes sectores para el reequilibrio ecológico y el desarrollo sostenible. A tal efecto proponemos: •Introducción efectiva de la variable ambiental en todas las políticas públicas vascas, muy especialmente en los PTP y PTS, para lograr un reequilibrio ecológico y un verdadero desarrollo sostenible en Euskadi. •Revisión de todas las políticas vascas desarrolladas hasta este momento, en especial las incluidas en las DOT, para adecuarlas a las propuestas contenidas en este Programa. •Modificación para ello de la Ley General del Medio Ambiente del Parlamento Vasco y, a partir de ella, reelaboración de toda la legislación sectorial en materia medioambiental, integrando la nueva normativa nacional y comunitaria de una manera crítica, en especial el Real Decreto 2090/2008, que desarrolla parcialmente la Ley 26/2007 sobre responsabilidad ambiental. •Promoción de la economía ecológica en aras de la sostenibilidad ambiental y el logro de la Justicia social. • Evolución hacia un modelo de producción y consumo más auto-centrado y sostenible en Euskadi. • Uso sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. •Creación de una Agencia Vasca del Medio Ambiente dirigida por personas independientes y de reconocido prestigio y en la que se garantice la participación de la ciudadanía a través de las ONG, del movimiento ecologista y social que, entre otras funciones, realice de forma vinculante las declaraciones de impacto ambiental legalmente previstas y emita normas técnicas objetivas a respetar por todos los Estudios de Impacto Ambiental. •Reestructuración de las competencias en materia de medio ambiente a nivel interinstitucional, a fin de evitar la actual dispersión y descoordinación de las distintas Administraciones competentes.

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•Garantizar que todos los municipios vascos puedan completar en su totalidad los procesos de Agenda Local 21 evaluando sus resultados y garantizando que la A21 sea integrada en sus planes generales de ordenación urbana o normas subsidiarias. •Extensión del derecho de acceso a la información en materia medioambiental y gestión pública en tiempo real de la información sobre emisiones en focos contaminantes. •Modificación de la Contabilidad pública a fin de integrar en las cifras macroeconómicas los costes ambientales del desarrollo económico. •Sensibilización a la ciudadanía de Euskadi sobre las consecuencias de nuestro modelo de desarrollo en especial sobre los países del Sur. •Puesta en práctica de políticas que eviten el consumo de productos que no hayan respetado un mínimo de requisitos laborales o ambientales. Apoyo al comercio justo.

• Creación de una ley vasca de envases que penalice los envases no retornables y los no reutilizables, de modo que se reduzca la paquetería de los productos en venta, especialmente el uso de plásticos no reciclables, con el objetivo de producir menos basura y menos impacto ambiental.

•Creación de un impuesto finalista sobre el tránsito de mercancías de paso para financiar un ferrocarril sostenible. •Aplicación en todos los ámbitos de las normas más estrictas de seguridad y salud en el trabajo vigentes en la Unión Europea. 2•Consumir menos energía Las sociedades industriales, entre ellas la vasca, se basan en el consumo masivo de energía y su producción a gran escala y a bajo coste económico, sin tener en cuenta las repercusiones sociales y ambientales inducidas. La dimensión actual de los problemas relacionados con la energía (efecto invernadero, lluvias ácidas, residuos radioactivos, mareas negras, minería a cielo abierto, contaminación del aire y aguas, etcétera), requiere un cambio urgente de rumbo en los modos de producción y consumo energéticos. “Un mayor bienestar no va necesariamente ligado a un mayor consumo de energía”. Es preciso diferenciar entre producción, transporte y uso de la energía. La energía ha de producirse descentralizadamente, tan cerca del lugar de consumo como sea posible, ya que el actual sistema eléctrico centralizado pierde en transporte, distribución y consumos propios más del 15 por ciento de la producción bruta. En la actualidad dependemos de grandes compañías centralizadas, con un poder enorme para decidir los precios e imponer patrones tecnológicos. Este poder monopolístico debe ser recortado desde dos frentes: la planificación, por el sector público, y el apoyo a sistemas energéticos descentralizados, en producción y en gestión del consumo.

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La política energética del Gobierno Vasco es un ejemplo de los viejos esquemas. En la actual Estrategia Energética de Euskadi se fijan unos objetivos sin garantía de cumplimiento con fuertes inversiones en el sector gasístico y eléctrico. Por otro lado, los proyectos de nuevas centrales como Lantarón, nuevas centrales de ciclo combinado en un hipotético puerto exterior de Pasaia, la planta de coque en Muskiz, junto con las actuales Bahía Bizkaia y Boroa y la obsoleta central de Pasaia pueden convertir a Euskadi en un exportador neto de electricidad. Las repercusiones serán enormes, en forma de contaminación atmosférica local, consumo de agua y contribución a las emisiones de efecto invernadero. Frente a este modelo energético Ezker Batua-Berdeak promueve la diversificación, buscando una especialización productiva menos intensiva en energía y más en empleo, aprovechando los recursos humanos locales y la alta formación de las últimas generaciones; adquiriendo los siguientes compromisos: •Revisión de las actual Estrategia Energética de Euskadi 3E-2010 a fin de poner en práctica una política pública vasca que reduzca en términos absolutos la demanda de energía mediante la gestión de la demanda, que impida la construcción en Euskadi de nuevas centrales de ciclo combinado y que, además, articule los Planes que se desglosan a continuación. • Puesta en marcha de un Plan Vasco de Energías renovables y Cogeneración que: a) garantice de forma real que la cuota de energía producida por sistemas renovables alcance en Euskadi un 20% del total en 2020. b) Un nuevo Plan Vasco de Energía que garantice para el año 2050 que el 100% de la demanda de energía se satisfaga con fuentes renovables. c) Aumente la partida de subvenciones a instalaciones de energía solar. d) Ponga en marcha un plan de créditos blandos, a través de las entidades financieras, para instalaciones solares o renovables (eólicas e hidroeléctricas medianas y pequeñas). e) Garantice que las nuevas viviendas, edificios e instalaciones públicas y privadas estén equipados con sistemas de ahorro energético y energía solar tal como lo exige el nuevo código de la edificación e incentive a las grandes superficies públicas y privadas a instalar en sus cubiertas sistemas de generación de energía solar. f) Impulse la cogeneración en edificios públicos, especialmente hospitales. g) Fomente la implantación de ordenanzas municipales solares que faciliten la instalación urbanística de este tipo de energías. •Puesta en marcha de un nuevo Plan Vasco de Eficiencia y Ahorro Energético, que garantice realmente que pueda lograrse un ahorro del consumo energético. En polígonos industriales de nueva creación se debe promocionar la obtención del balance eléctrico anual cero mediante la autogeneración de electricidad en pequeñas plantas

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•Establecimiento en Euskadi de un tributo de carácter finalista sobre las energías no renovables cuyos ingresos estén destinados a financiar los programas de ahorro y eficiencia energética, fomento de las fuentes renovables, descontaminación y mejoras ambientales y difusión de energías renovables en los países del Sur. • Reforma y refuerzo del CADEM. Realización de auditorias energéticas en todos los sectores para evaluar los problemas existentes, sus causas y la forma de darles solución. • Impulso a una energía eólica autogestionada y descentralizada basada en los principios de cercanía al consumidor y mínimo impacto ambiental. Se elaborará una normativa reguladora de las condiciones ambientales para la instalación de aerogeneradores en la que no se concedan a las grandes empresas privilegio alguno sobre el resto de agentes interesados y que, al mismo tiempo, impida que se continúe en la línea de ocupar las crestas de las montañas. Revisión del actual plan de energía eólica. •Paralización cautelar de todos los proyectos eólicos en Euskadi mientras no se definan la citada normativa ambiental acompañada de un mapa de vientos suficientemente contrastado y fiable del conjunto de Euskadi. •La incineración de residuos sólidos urbanos no se contemplará como una fuente de energía renovable. Igualmente la utilización de residuos agrarios y forestales deberá mantenerse dentro de unos límites razonables. •Promoción de la generación de gas en digestores anaerobios de los RSU y agrarios. •Desarrollo de la energía maremotriz en Euskadi. Estudio de la reutilización con esta finalidad de las instalaciones de Lemoiz. •Exigencia al Estado para la paralización inmediata de la Central nuclear de Santa María de Garoña y para elaborar un Plan de Abandono definitivo de la energía de origen nuclear. 3 • Otras medidas de protección de los recursos naturales y la biodiversidad 3.1 • Protección del entorno •Fomentar la conservación de la Naturaleza mediante la protección y el uso sostenible de la biodiversidad, entendida como la variedad de estirpes genéticas, especies y ecosistemas, y diferentes procesos ecológicos. Este hecho implica la consideración del territorio de un modo global. •Elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el conjunto de Euskadi, que garantice un desarrollo sostenible en todo el ámbito territorial y no sólo en los espacios protegidos.

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•Control y/o revisión de todos los planes sectoriales o territoriales que puedan afectar al medio natural, de modo que su gestión sea eficaz desde el punto de vista ambiental. •Redacción y financiación de planes de recuperación de los ecosistemas degradados, con especial atención a los más amenazados (ríos, humedales, playas y bosques autóctonos), y revisión de los aprobados hasta ahora. •Conexión de los espacios naturales, tanto los protegidos como los no protegidos, por medio de corredores ecológicos para conformar una red de espacios naturales que posibilite el intercambio genético entre poblaciones silvestres. 3.2 • Preservación biológica •Realización de estudios en profundidad y evaluación de los conocimientos existentes sobre diversidad biológica a nivel de Euskadi. Se deberán catalogar, además, todas las formas de vida existentes, conociendo su status y su tendencia poblacional. •Potenciación de la investigación pública y privada sobre conservación y explotación sostenible de los recursos naturales. •Implantación de medidas de conservación in situ y ex situ de las especies, especialmente de aquellas que se encuentran más amenazadas. Ampliación de los espacios de Euskadi a incluir en la Red Natura 2000. •Control de las especies exógenas que puedan causar perjuicios para las poblaciones autóctonas. •Información sobre los productos, servicios o actividades que puedan amenazar la biodiversidad. •Compensaciones a grupos ganaderos y agricultores que utilicen métodos tradicionales compatibles con la conservación de la diversidad biológica y abandonen prácticas negativas, como la quema de rastrojos. •Prohibición de la manipulación genética y biotecnológica con fines bélicos, comerciales o que pueda atentar contra la vida o la dignidad humana. Prohibición de utilización de alimentos transgénicos en los comedores escolares. 3.3 • Política de residuos: prohibición de la incineración •Adopción de modos de producción que no tengan un carácter lineal (materia prima-producto-residuo-vertido) y que procuren cerrar el ciclo de las materias, apostando por la reutilización. •Potenciación de las políticas de reducción y la reutilización. Impulso de las campañas de sensibilización que sean precisas en pro de un consumo responsable, que permita compaginar una promoción de los objetos duraderos y reparables en detrimento de aquellos envases no retornables y de la cultura del usar y tirar.

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•Impulso de la separación en origen de la basura en los domicilios. Recogida selectiva de papel y cartón, vidrio, materia orgánica, pilas y envases, estableciendo planes de minimización y recogidas especiales en domicilio de productos tóxicos del hogar (pinturas, fármacos), aceites usados y elementos voluminosos. Al mismo tiempo, se tienen que fijar proyectos concretos de selección en origen de residuos asimilables a urbanos para industrias, grandes superficies comerciales, supermercados, comercio en general, hostelería, etcétera. Igualmente, la Administración debe obligar a los fabricantes a reducir en origen el volumen, peso y toxicidad de los envases y embalajes, facilitando su reciclabilidad y aumentando la reutilización. Creación de la Ley Vasca de embases. •No privatización de las recogidas selectivas de basuras. • Reciclaje de la materia orgánica. •Reutilización del vidrio. •Reciclaje de papel y cartón. • Reciclaje de chatarra. •Reciclaje de plásticos. Sustitución de los envases de plástico por los de papel, vidrio o tela y que las empresas se hagan cargo de los residuos que generan, para su reciclaje y tratamiento. Además, ha de reducirse la variedad de plásticos utilizados, prohibiendo los no reciclables y los altamente contaminantes como el PVC. •Reciclaje de escombros. •La materia no reciclable: La fracción de rechazo no debería suponer, a medio plazo, más del 10 o el 15 por ciento del total de residuos generados, rebajándose esta cifra si realmente se apuesta por una cultura del ahorro y un nuevo modelo de producción más limpio. •En materia de residuos urbanos defendemos: -una solución global al problema de las basuras, impulsada en sus líneas fundamentales por las instituciones comunes, teniendo como ejes vertebradores a las Mancomunidades de Municipios, que recibirán, a su vez, el apoyo de las Diputaciones. Planes Integrales de Residuos Sólidos Urbanos. -La asignación a un único órgano ambiental, residenciado en las instituciones comunes de Euskadi, la competencia de planificación en materia de residuos, a fin de conseguir la necesaria coherencia y coordinación. - La aprobación de la Ley de residuos impulsada por la iniciativa popular en el parlamento vasco, una ley que excluye la incineración. -La implantación en el conjunto de Euskadi sistemas de recogida selectiva.

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-La concienciación a la ciudadanía para que incremente la participación en la recogida selectiva y evite el uso de productos y envases superfluos o de difícil reutilización o reciclado. -El establecer los mecanismos de actuación e infraestructuras necesarias para la gestión de envases y residuos de envases. -El fomento de la gestión consorciada o mancomunada de los servicios municipales de recogida y tratamiento, con infraestructuras de recuperación y valorización de materiales, excluida la incineración. -El apoyo al desarrollo técnico y la comercialización de productos de consumo y formas de prestación de servicios, que permitan la reutilización, minimicen los residuos generados o reduzcan su impacto. -El respaldo a la reutilización de materiales y envases, preferentemente en los mismos ciclos productivos que los originaron. -La potenciación de canales y mecanismos de comercialización de materiales reciclados. -La fijación de una política de compras públicas que priorice la adquisición de productos que incorporen materiales reciclados. -La consolidación de una economía de materiales secundarios, una actividad industrial y comercial basada en la recuperación y el reciclaje de los residuos, pues ésta constituye una actividad laboral creadora de empleo y realmente sustentable. • En materia de incineración defendemos: -La oposición radical a los planes de incineración masiva de RSU en Bizkaia y Gipuzkoa. -La inmediata paralización y el abandono definitivo de cualquier proyecto de construcción de plantas incineradoras en Euskadi, especialmente de la incineradora guipuzcoana. -La prohibición por Ley de la incineración de residuos sólidos urbanos, incluso en el tratamiento de los residuos procedentes del tratamiento de aguas residuales (fangos). 3.4 • Contaminación ambiental •Lucha contra el efecto invernadero y cambio climático. Euskadi garantizará el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kyoto con una reducción del porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero, de manera que en 2012 vuelva a las emisiones de 1990. •Cumplimiento escrupuloso de la Directiva 2002/3/CE, de 12 de Febrero de 2002, relativa al ozono en el aire ambiente mediante la implantación de programas que garanticen no sobrepasar los umbrales de información y alerta

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por contaminación de ozono troposférico mediante la paralización de las fuentes de emisión de los óxidos de nitrógeno causantes de dicha contaminación (fundamentalmente tráfico rodado y centrales de ciclo combinado) •Elaboración de un Plan Vasco de Gestión Integral de la Calidad del Aire, a fin de poder adoptar en todo el Territorio y en tiempo real decisiones destinadas a paralizar la actividad de las fuentes emisoras -incluido tráfico-si, de acuerdo a la normativa europea, los umbrales de protección a la salud se han superado. Este Plan se elaborará con la participación de todos los agentes implicados y será actualizado de manera continua, a fin de garantizar la protección de la salud de la población y avanzar hacia la sostenibilidad de nuestro país. •Dado que Gobierno Vasco, Diputación de Gipuzkoa y diversos ayuntamientos gestionan distintas redes de calidad del aire, el Plan se elaborará desde la coordinación institucional e incluirá actuaciones específicas sobre las tres principales aglomeraciones urbanas (Gran Bilbao, Donostialdea y Vitoria-Gasteiz) •El Plan se basará en dos pilares: a) Protocolos claros y públicos de actuación sobre fuentes emisoras. b) Empleo de las actuales tecnologías para informar a la ciudadanía en tiempo real de valores actuales de contaminantes, previsiones a corto plazo y aplicación, si procede, de los protocolos aplicables. A tal fin, se activará una página web con estos contenidos actualizándolos permanentemente, y se enviaran mensajes por SMS a móviles. Finalmente, se pondrán paneles informativos para información a la ciudadanía. •Regulación de la contaminación lumínica en el marco de una Ley de Protección de la Atmósfera y de los Programas de Ahorro y Eficiencia Energética, así como proceder a la sustitución de las lámparas de vapor de mercurio por otras de sodio de baja presión, más eficientes y menos contaminantes. •Enfoque integral de la contaminación, de acuerdo con la Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). Según esta norma, se debe efectuar un control conjunto de las emisiones industriales al aire, al agua y al suelo, en lugar del control fraccionado que se ha realizado hasta la fecha y que sólo ha potenciado la transferencia de contaminación entre los diferentes medios. •Minimización del conjunto de las emisiones al aire, agua y suelo de los distintos sectores industriales mediante las siguientes medidas: -medidas de fomento dirigidas a los agentes económicos, a fin de que adapten sus instalaciones para que los procesos productivos dispongan progresivamente de las mejores tecnologías disponibles en el mercado desde el punto de vista de su impacto medioambiental. Revisión de las autorizaciones ambientales integradas que se han otorgado hasta ahora, y en especial, la de la central térmica de Pasaia. -Involucrar a los sectores industriales con mayor potencial de contaminación atmosférica dentro de Mesas Sectoriales de Trabajo, que marquen objetivos y compromisos concretos respecto a la adopción y puesta en práctica de la Directiva IPPC.

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-Establecer una coordinación real con otras políticas sectoriales (energética, urbanística, de infraestructuras y transportes) para que la polución urbana sea considerada como un aspecto esencial en la definición de sus objetivos y programas. -Fomentar la sustitución de los combustibles fósiles por gas natural y energías renovables, el transporte colectivo y el no motorizado en detrimento del coche particular, incrementar las zonas verdes, etcétera. 3.5 • El suelo y sus recursos •Reforzar las medidas de protección del suelo de Euskadi en sus condiciones más óptimas, como soporte de vida, independientemente de que su titularidad sea pública o privada. •Implicación de los Ayuntamientos y de la normativa urbanística municipal en la protección del suelo. •Prohibir los vertidos de residuos agropecuarios a las instalaciones de ganadería intensiva, facilitando al colectivo afectado la creación de plantas de compostaje, con las ayudas que se estimen necesarias. •Revisión del decrero 165/2008 sobre Suelos Contaminados, que delimite las responsabilidades y establezca los usos que puede tener cada suelo en función de su grado de contaminación. •Establecer limitaciones en la venta de suelos que presenten evidencias de contaminación, facultando a la Administración para que pueda actuar de forma subsidiaria en la descontaminación urgente de suelos.

• Elaboración de un plan de aporte de enmienda orgánica originada y compostada con la fracción orgánica de RSU a suelos forestales y jardinería pública.

3.6 • Actividades extractivas •Redacción de un Plan Territorial Sectorial de Minas y Zonas Canterables a la mayor brevedad, dando cabida en su elaboración y aprobación a la participación social. Entretanto, la concesión de nuevas licencias por parte de la Consejería de Industria debe quedar en suspenso. •Promover un inventario exhaustivo de todas y cada una de las explotaciones existentes en Euskadi, en uso o abandonadas, a cielo abierto (canteras y, en sentido amplio, graveras) o subterráneas (minas). •Establecer que en los obligados planes de restauración, que acompañan a las solicitudes y concesiones de licencias, éstos habrán de estar garantizados por quienes tengan la titularidad de las explotaciones con medidas económicas que no se limiten a las fianzas y cánones actuales, que son escasas y sirven de muy poco. •Exigir la presentación y evaluación de impacto ambiental para todos los proyectos de iniciación de una actividad extractiva, sea cual sea el tamaño o la cantidad a extraer.

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3.7•Política hidrológica: abastecimiento y saneamiento del agua •Elaboración de un Plan Hidrológico para Euskadi que contemple las actuaciones necesarias en las cuencas de los ríos vascos para incrementar los recursos hídricos que garanticen el suministro y mejorar la gestión, impulsando una nueva cultura del agua que reduzca el consumo y propiciando la eficiencia de las redes de suministro y la responsabilidad social que respete el medio ambiente. Elaboración de un inventario de recursos superficiales y subterráneos y un censo de captaciones subterráneas. Recuperación de humedales, caudales ecológicos y riberas. •Dada la condición de bien público del agua se garantizará desde el Gobierno Vasco, que su gestión se haga desde la gestión pública, directamente con criterios de sostenibilidad del recurso, de manera transparente y teniendo en cuenta las condiciones sociales de los consumidores, considerando el abastecimiento como un derecho individual y el saneamiento como derecho colectivo. Por ello, se procurará que la política de tarifas del agua se oriente al gasto que origina su gestión, evitando la privatización que varias experiencias, como la del Reino Unido, demuestran que derivan en un aumento de las tarifas a fin de proporcionar beneficios a inversores y accionistas. •Cumplimiento efectivo de toda la legislación en materia de vertidos a cauce público, con eliminación o reducción de las fuentes contaminantes de todos los recursos hídricos. •Políticas de reducción en el consumo de agua, lo que a su vez conllevará reducciones en los costes de depuración. Aprobar un Plan de Ahorro de Agua en el segmento productivo y en los usuarios domésticos. Revisión exhaustiva de las redes de conducción de agua para minimizar las pérdidas actuales. •Moratoria para la construcción de nuevos campos de golf en Euskadi. •No realización de grandes obras públicas y plantas centralizadas, ya que en el transporte del agua por las redes de abastecimiento se pierden elevadísimos porcentajes del caudal transportado. No obstante, se deben crear demarcaciones de abastecimiento y suministro de un tamaño que minimice los costes de explotación y funcionamiento de las instalaciones. •La política hidrológica tiene que velar por la conservación presente y futura de las fuentes de abastecimiento. Así, la Administración ha de proteger las áreas ubicadas alrededor de embalses, pantanos y sobre acuíferos importantes, prohibiendo en ellas actividades industriales e infraestructuras con potencial contaminador. •Reestructuración administrativa y redefinición competencial en la gestión de los recursos hídricos, para evitar duplicidades y vacíos administrativos. •Democratización de la gestión, estableciendo verdaderos órganos de participación de los usuarios, Administraciones y organizaciones sociales (agricultores, ecologistas, etcétera). •Planificación integral del recurso a lo largo de todas sus fases, tomando como premisa la gestión de la demanda.

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•Redefinición y unificación de los límites de vertido y de los criterios de cálculo de los precios de consumo de agua, para que la ciudadanía y las empresas paguen el coste real del servicio de abastecimiento y saneamiento de acuerdo a lo realmente consumido. •Elaboración de un Plan de Prevención de la Contaminación y Depuración de las Aguas Residuales. •Diversificación de las fuentes de abastecimiento, inventariando los acuíferos y captaciones de agua y estudiando su capacidad de suministro. Protección de todas las fuentes de abastecimiento inventariadas, regulando las actividades que se pueden desarrollar en su entorno. •Descentralización de las plantas de potabilización y depuración de aguas residuales, creando comarcas de tamaño suficiente para hacer económicamente viables las instalaciones, pero cuya extensión no exija obras públicas de gran envergadura. En núcleos rurales se potenciará la utilización de tecnologías blandas de depuración con plantas de construcción y mantenimiento baratos. •Revisión del PIPI y del PTS de Cauces a fin de mejorar la Prevención de Avenidas e Inundaciones, poniendo el énfasis en la planificación territorial y urbanística, el respeto a los cauces y zonas inundables y, cuando resulten imprescindibles los encauzamientos, el uso de técnicas lo menos severas posible. 3.8 • Ruido y vibraciones •Promulgación de una Ley de Contaminación Acústica de Euskadi, en desarrollo de la Ley General de Medio Ambiente, en la que se incluyan valores límite de emisión e inmisión, endurecimientos en la regulación de las actividades MINP, desarrollo de tecnologías acústicamente no contaminantes, la promoción del etiquetaje acústico, restricciones y prohibiciones, etcétera, por encima o en desarrollo de los contenidos en la Ley del Ruido estatal. •Contención y moderación del automóvil y del tráfico por carretera, principal causante de ruidos, tanto en vías urbanas como interurbanas (limitación de velocidad, zonas prohibidas al tráfico motorizado, apoyo al peatón, la bicicleta y el transporte público, etcétera). •Introducción de la variable ruido como factor de primer orden en los Estudios de Impacto Ambiental, en los instrumentos de planificación territorial y urbanística y en los Planes Directores de Carreteras, incluyendo con carácter preceptivo el atrincheramiento y apantallamiento de las vías de gran capacidad. •Insonorización en los edificios combinada con el aislamiento térmico para ahorrar energía, coordinando las respectivas exigencias del código técnico de la edificación. 3.9 • La defensa de espacios naturales protegidos -Las áreas de conservación y las áreas especialmente protegidas han de cubrir una cantidad creciente del territorio, estableciendo como objetivo horizonte mínimo, al menos, el 25 por ciento del mismo. Como pasos previos, deben adaptarse las siguientes medidas:

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-Cada área protegida dispondrá de un Plan de Gestión adecuado y actualizado, con participación real de las Comunidades locales y grupos ecologistas en su diseño y en la gestión. -Orientar la gestión de los espacios naturales protegidos más hacia la conservación de sus recursos y el desarrollo de las Comunidades locales que a ser zonas de esparcimiento de las poblaciones urbanas. -Los ingresos económicos obtenidos en las áreas protegidas deben redundar en beneficio de las propias Comunidades locales. -Garantizar que las áreas protegidas salvaguarden toda la diversidad de ecosistemas y especies del País Vasco. -Modificar los tipos de espacios protegidos estipulados por la Ley Vasca de Conservación de la Naturaleza en unas clases más adecuadas a la realidad. 3.10 • Medidas contra la electropolución Las nuevas tecnologías vinculadas a la denominada Sociedad de la Información y de la Comunicación y especialmente el desarrollo de la telefonía móvil y de sus infraestructuras de comunicación han tenido en los últimos años una gran expansión, desde los servicios ofertados hasta las infraestructuras necesarias para soportarlos. Estas infraestructuras, absolutamente necesarias para dar un servicio de calidad, se extienden por todo nuestro territorio, desde ciudades a zonas rurales, formando parte de nuestro entorno. Pero, desde Ezker Batua Berdeak, mostramos especial preocupación por la inexistencia de disposiciones legales, que garanticen la seguridad de los ciudadanos en los ámbitos de las telecomunicaciones y los productos de consumo vinculados con las comunicaciones a través de radiofrecuencias. Ezker Batua Berdeak constata, al igual que lo han hecho expertos de la UE sobre los campos electromagnéticos, que, en más de 1.500 estudios dedicados a este tema y cuyas conclusiones señalan los peligros que entrañan para la salud las emisiones de telefonía móvil, tales como el teléfono móvil, las emisiones UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth y el teléfono de base fija "DECT", que los límites de exposición a los campos electromagnéticos establecidos para el público son obsoletos, ya que no han sido adaptados desde la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz). Lógicamente no tienen en cuenta la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente o las normas de emisión más exigentes adoptadas, por ejemplo, por Bélgica, Italia o Austria, y no abordan la cuestión de los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños. Ezker Batua Berdeak propondrá un Proyecto de Ley, que teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, tendrá por objeto la regulación de las infraestructuras de radiocomunicación, y especialmente, de las infraestructuras de telefonía móvil con la finalidad de ordenar y planificar la distribución de las mismas en la Comunidad Autónoma y prevenir y proteger la salud de la población, así como minimizar el impacto medioambiental que estas infraestructuras producen.

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La Ley sobre emisiones de radiofrecuencias tendrá en cuenta las mejores prácticas europeas y fijará valores límite de exposición más exigentes para todos los equipos emisores de ondas electromagnéticas, evitando la inmisión de más de 0,1 Microwatios por centímetro cuadrado. Esta Ley pondrá en valor el principio de precaución y con objeto de que dicho principio de acción y seguridad, centrado en la adopción de medidas provisionales y proporcionadas, esté presente en todas las políticas en materia de salud y medio ambiente. Las normas de calidad ambiental aplicables a la misma se establecerán conforme a los conocimientos científicos más recientes y se actualizarán regularmente en función de los avances científicos. La Ley regulará del mismo modo el control de las inmisiones creando mapas de radiación de la comunidad autónoma, normativizando su continua actualización y control y creando un observatorio de control de emisiones radioeléctricas. Este observatorio deberá ser independiente a cualquier compañía de telecomunicación. 3.11 • Áreas de montaña y agricultura ecológica •Políticas de fomento de la sostenibilidad en el ámbito rural que promuevan el mantenimiento racional de las prácticas tradicionales (ganadería, agricultura y aprovechamiento forestal) y la introducción de otras actividades generadoras de actividad y riqueza, compatibles con la protección del medio y basadas en los recursos de la zona (energías renovables para mejorar su autoabastecimiento, agroturismo, industria no contaminante ligada a la transformación agraria y forestal, etcétera). •Garantía de que la construcción de nuevas viviendas promueva la calidad y su adecuación al entorno, frenando la construcción de nuevas urbanizaciones estandarizadas y ajenas al propio núcleo rural. •Apuesta por la producción de la agricultura ecológica. Debe impulsarse el sector primario, evitando su dispersión, agrupándolo para adquirir mayor dimensión y diversidad productiva, en el objetivo de desarrollar sinergias que permitan adecuarse desde el punto de vista de innovación, investigación, desarrollo, incorporación de nuevas tecnologías, recursos, planes de formación, etc… para la competitividad en ese entorno productivo complejo y turbulento. 3.12 • Los animales y el medio ambiente •Concentrar las competencias relativas a los animales en los Departamentos de Medio Ambiente de las diversas Administraciones públicas. •Creación de un Consejo Vasco de Protección de los Animales, con participación de las asociaciones defensoras o protectoras, para debatir todas las políticas relativas a animales, pudiendo emitir informes y denuncias. •Incremento de la dotación presupuestaria para trabajos de investigación, formación y estudio de la temática animal.

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•Ampliación de la prohibición legal de malos tratos a los toros y demás especies con las que se realizan espectáculos crueles o grotescos (corridas de toros, peleas de perros, gallos, circos de animales, etcétera). •Elaboración de una normativa que sancione el abandono de animales de compañía. Las actuales perreras deben convertirse en verdaderos centros de acogida y atención. •Garantizar el cumplimiento riguroso de la legalidad vigente (especialmente del Convenio CITES ), en relación al tráfico de especies protegidas. •Establecimiento de un control estricto sobre tiendas y centros de cría y venta de animales. •Incentivar la zooterapia. Mejora la calidad de vida de determinados colectivos (personas mayores, discapacitados, personas con problemas de soledad o aislamiento, etcétera) y evita el sacrificio de los animales adoptados. •Priorización del control riguroso de la experimentación con animales, prohibiendo prácticas inútiles o no imprescindibles para finalidades médicas. •Implantación y generalización del uso de los sistemas de identificación animal. •Extremar el control de las condiciones de espacio y fitosanitarias en los que se desenvuelve la cría de animales para consumo humano. •Prohibición del transporte de animales vivos siempre que éste no sea imprescindible, evitando la crueldad y el hacinamiento de los mismos. •Utilización de las técnicas depuradas para dar muerte a los animales de consumo, evitándoles sufrimientos adicionales. •Concienciar a la sociedad sobre los vestidos de pieles, abrigos, etcétera que cada año son la causa del sufrimiento de un gran número de animales salvajes o de granja. 3.14 • Limitar la caza en Euskadi •Prohibición de la caza en el conjunto de Euskadi, salvo en las zonas delimitadas a tal fin, que han de ser gestionadas conjuntamente por la Administración pública, las Federaciones de Caza y las entidades proteccionistas. Se deben ubicar, además, en lugares de escaso valor ecológico y en ningún caso en las zonas húmedas de nuestro territorio. •Eliminación radical del plomo en los cartuchos. •Endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de la normativa reguladora de la caza. En las zonas especialmente delimitadas para la caza se deben cumplir las siguientes condiciones: -Gestión eficaz y sostenible; evaluación de las poblaciones y las capacidades reproductivas de las especies y de los ecosistemas explotados, manteniendo su utilización dentro del límite de dichas capacidades.

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-Adopción de medidas de aseguramiento del estado del terreno (seguros o fianzas). -La fauna cazable debe provenir de la repoblación, de la reproducción natural de la misma o de otros supuestos debidamente justificados por los órganos gestores de las zonas delimitadas de caza (multiplicación excesiva, aparición de ejemplares enfermos que pudieran poner en riesgo al resto, etcétera). -Estudio de impacto ambiental previo a cualquier repoblación cinegética. -Efectivo cumplimiento de las normas legales que prohíben la utilización de métodos no selectivos de caza.

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UN MODELO SOSTENIBLE DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL LITORAL Euskadi es un país de superficie escasa y alta densidad poblacional, lo que comporta una alta presión sobre el territorio que ha producido graves consecuencias ambientales: núcleos de población masificados, actividades muy contaminantes situadas junto a núcleos residenciales como las centrales térmicas de Pasaia o la nueva de Boroa; industrias sobre terrenos con alto riesgo conocido de inundación; deterioro y desaparición de numerosas zonas naturales como las zonas húmedas de la Margen Izquierda, cuyo último reducto ha sido sepultado bajo el Megapark, etcétera. Todos estos problemas pueden imputarse a una histórica falta de control y de planificación en el crecimiento urbano e industrial, y precisamente para controlar estos procesos y planificar adecuadamente este crecimiento se creó la disciplina de Ordenación del Territorio, que en Euskadi ha tenido reflejo práctico en la Ley de Ordenación del Territorio de 1990 y en los planes territoriales parciales y planes territoriales sectoriales que en estos últimos 18 años se han venido aprobando. Desgraciadamente se puede comprobar que en muchos casos de poco o nada han servido estos instrumentos legales para evitar la depredación del territorio y la proliferación de infraestructuras insostenibles: -Los nuevos proyectos de ocupación del territorio con graves impactos y afecciones ambientales se han seguido produciendo sin que haya supuesto mayor problema la falta de ajuste a lo previsto en las DOT. Así, se han propuesto, aprobado o iniciado nuevas infraestructuras como la Supersur, el proyecto de puerto exterior de Pasaia, el puerto de Mutriku, la incineradora de residuos de Gipuzkoa, la ampliación de Zabalgarbi ó la planta de coque en Muskiz... -La protección de las zonas naturales es deficiente en cantidad y calidad. Por un lado, la protección es muy baja y resulta factible instalar en cualquier lugar una antena, una red de alta tensión u otro tipo de infraestructura. Además, la protección efectiva de las áreas más frágiles las aprueban los municipios en su planeamiento de desarrollo y no se contempla adecuadamente la protección de las zonas colindantes, lo que permite que existan en las mismas actuaciones de gran impacto, como ocurre, por ejemplo, en Urkiola con las canteras de Atxarte, ya existentes, o el tren de alta velocidad. Numerosas sierras como Salvada, Arkamo o Cantabria en Álava quedan fuera de protecciones específicas y los planes de gestión de entornos naturales protegidos como es el caso de Jaizkibel, siguen sin redactarse. -A las zonas rurales se les asigna el destino de segunda residencia o reserva de suelo urbano, olvidando el papel del sector agrario, y ocasionando subidas de precios del suelo rural que contribuye a acentuar la crisis de viabilidad de las nuevas explotaciones. -Las infraestructuras se duplican o triplican, sin que exista una justificación de coherencia territorial, sino por el simple prurito de que cada Territorio Histórico cuente con las mismas dotaciones e infraestructuras, así se llega a plantear la

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construcción de otro “super puerto” en Pasaia, sin que la demanda de aumento de transporte lo justifique. Sigue la competición entre Diputaciones por atraer a empresas a sus polígonos industriales de promoción pública foral, que a su vez compiten con los promovidos por la operadora de suelo industrial del Gobierno Vasco. - Frente al modelo de ciudad compacta, defendemos la construcción sostenible

de pueblos y ciudades para el peatón y el comercio local que ha defendido Ezker Batua Berdeak desde la Consejería de Vivienda y desde todas sus concejalías y grupos junteros.

- Los instrumentos de ordenación del territorio promueven un modelo urbano

y de desarrollo económico, que apuesta por la progresiva introducción, también en Euskadi, del modelo de ciudad dispersa, caracterizada por la implantación de espacios residenciales alejados, los, tan en boga, adosados y unifamiliares, sin tejido consolidado, sin trama de ciudad. Esta dispersión se une a otros elementos que impulsan la colonización territorial y el deterioro ambiental: parques comerciales, temáticos, de ocio, tecnológicos, etcétera, que conllevan un modelo de consumo y transporte claramente insostenible, priorizando el vehículo privado sobre el transporte público, incrementando los consumos energéticos y los impactos sobre el paisaje y vaciando de actividad comercial y de ocio los núcleos urbanos, en especial las nuevas zonas residenciales. El resultado se evidencia en el aumento de ocupación de suelo para infraestructuras y usos urbanos.

Por todo ello, EZKER BATUA-BERDEAK se compromete a defender la necesidad de revisión urgente de las DOT. Esta revisión de las DOT deberá caracterizarse por una intensa participación ciudadana y de los agentes sociales, económicos y de defensa ambiental de este país, y por utilizar la técnica de análisis de impactos ambientales y de búsqueda de la sostenibilidad de la Agenda 21. A juicio de EZKER BATUA-BERDEAK, las DOT revisadas deberán caracterizarse por: -Fijar un diseño claro de país, al servicio del interés colectivo antes que del privado, con un marco de referencia claro y un mayor grado de vinculación para todas las actuaciones de las autoridades sectoriales, que no podrán desvirtuar el modelo con posteriores proyectos de actuaciones puntuales. -Establecer un nuevo modelo de ordenación del desarrollo económico y de la ocupación del territorio, basado en el decrecimiento como única fórmula posible para hacer frente al deterioro medioambiental al que nos enfrentamos. -Defender las zonas naturales y el suelo agrícola, aumentando el porcentaje de territorio protegido bajo la figura de parque natural, zonas de especial protección o mejora ambiental, hasta alcanzar el 25% de la superficie de la CAPV (parques naturales). Mejorar la normativa de protección de dichas zonas, evitando la presencia de actividades de gran impacto ambiental en sus cercanías o la implantación de usos no compatibles con su protección, como usos residenciales o industriales. Se trata de evitar el efecto diana derivado de la declaración de dichas zonas como parque natural o entorno protegido, ya que frecuentemente aumenta la afluencia de visitantes con la presión consiguiente y se crean segundas residencias en sus inmediaciones.

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-Postergar la promoción de la segunda residencia, priorizando la vivienda protegida mientras muchas personas no puedan acceder a una primera casa. También deberán apostar por el mejor aprovechamiento posible de un recurso natural tan escaso en Euskadi como es el suelo, del que debe garantizarse que se produce la menor ocupación posible. La conservación del suelo agrario es una cuestión fundamental para la supervivencia del sector primario y requiere actuaciones políticas decididas. -Compromiso con la ejecución de aquellas infraestructuras que demande la ciudadanía a nivel local y comarcal, siempre que beneficien su calidad de vida, se integren en su entorno físico y ambiental y respeten toda la legislación de protección. Por ejemplo: -Soterramiento del tren a su paso por el centro de los municipios vascos y desdoblamiento, mejora y aumento de capacidad y frecuencia de la línea de Euskotren entre Bilbao e Irun. -Potenciar los equipamientos e infraestructuras de rango local y comarcal; vertebradores antes que polarizadores, con el objetivo claro de conseguir que todos los municipios tengan acceso peatonal a todos los servicios básicos, con independencia del número de habitantes de los mismos, y eliminar dependencias con municipios mayores. -Reorientar la inversión del Departamento de Obras Públicas y Transportes en materia de Obras Hidráulicas hacia la recuperación ambiental y la mejora de la red hidráulica de saneamiento y depuración para garantizar el suministro de agua potable durante épocas de sequía así como el saneamiento del 100% de las aguas residuales. -Reducir las necesidades de transporte, acercando residencia, empleo y equipamientos. El planeamiento urbano debe promover una mezcla de usos y evitar la construcción de polígonos industriales alejados de núcleos de población y de las líneas ferroviarias; o la construcción de grandes superficies comerciales en las afueras de las ciudades; es preciso establecer una moratoria a la construcción de nuevos centros de ese tipo. -Establecer un planeamiento integral del sistema de transporte para evitar competencias ineficientes entre diversas infraestructuras financiadas con dinero público (ferrocarril, autopistas, autovías, etcétera), priorizando las inversiones en transporte público ferroviario. Promover el trasvase del vehículo privado al transporte público potenciando, éste desde el sector público, sin ánimo de lucro y desde una perspectiva social que lo haga atractivo al/a ciudadano/a y propicie su uso. -Para cumplir estos objetivos, las nuevas DOT deberán rechazar los actuales proyectos de construcción del Puerto exterior de Pasaia y de construcción de la Variante Sur en Bizkaia porque suponen una grave agresión ambiental y tienen claras alternativas. Asimismo, defenderemos la sustitución del proyecto de trazado ferroviario de alta velocidad conocido como “Y” vasca por nuestra alternativa de reforma y mejora del trazado actual que denominamos “U” vasca.

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1 • Gestión del litoral La protección del litoral vasco es una de las competencias retenidas por el Estado, puesto que su gestión permanece en manos de la Dirección de Costas. La dispersión competencial entre el Estado, Euskadi y los Ayuntamientos es, por tanto, un factor que se suma a otros problemas como la contaminación o la presión urbanística y de infraestructuras. Hay que destacar los intentos de urbanizar zonas protegidas en la ría de Plentzia, la ocupación por el Megapark del humedal de Ibarreta-Zuloko en Barakaldo, el nuevo puerto de Mutriku, la variante de Sasiola, proyectos urbanísticos en Bakio, el nuevo Guggenheim en Sukarrieta o el puerto exterior de Pasaia. El sector turístico en Euskadi tiene una gran concentración en las localidades costeras (el 90 por ciento) en las que genera una enorme presión urbanística, fruto de la masificación y de enfoques exclusivamente economicistas. Ezker Batua-Berdeak entiende que es preferible desarrollar establecimientos de acogida turística dentro de los cascos urbanos, respetando su idiosincrasia, antes que la proliferación de segundas residencias de baja densidad, que generan menos empleo despersonalizan la zona y degradan su atractivo natural y paisajístico. En este contexto, abogamos por: -La gestión del litoral ha de responder a una visión integral, para lo cual es necesario crear estructuras adecuadas (Agencias del Litoral), que superen la toma de decisiones fragmentada entre varios Departamentos. Deben considerarse los recursos y el proceso histórico de cada zona, con una visión de conjunto a la hora de planificar la utilización del suelo, considerando el paisaje como un recurso más, y, sobre todo, sin olvidar que el litoral es un bien público. -Revisar el Plan Territorial Sectorial de protección y Ordenación del Litoral para que recoja unas normas de protección eficaces, que preserven el litoral de los actuales focos de contaminación y presión urbanística, y regule adecuadamente los usos posibles. -Abandonar la obsesión por realizar infraestructuras y construcciones en la franja litoral, limitando sus usos. Desechar el proyecto de puerto exterior de Jaizkibel. -Rechazar las operaciones de regeneración de playas mediante la succión de fondos marinos, que causan un impacto negativo. -Impedir la contaminación de los mares y costas, especialmente, por medio de los ríos y emisarios submarinos. -Impulsar decididamente la política de depuración de aguas contaminadas cuando no sea posible impedir la contaminación en origen.

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UN TRANSPORTE SIN INFRAESTRUCTURAS DESTRUCTIVAS 1 • Por un transporte auténticamente sostenible Hoy por hoy el transporte se ha convertido en la principal fuente de contaminación consumiendo recursos escasos, como el suelo, en una dimensión que dobla la media europea. Este crecimiento del transporte, especialmente del transporte privado, no asegura crecimiento económico alguno. Se hace imprescindible por tanto llevar a cabo en Euskadi, políticas que fomenten una progresiva desvinculación de la relación entre crecimiento económico y crecimiento del transporte, especialmente de la necesidad de nuevas infraestructuras viarias. Deben, por tanto, reducirse las necesidades de transporte, acercando residencia, empleo y equipamientos y, además, establecerse un planeamiento integral del sistema de transporte para evitar competencias ineficientes entre diversas infraestructuras financiadas con dinero público (ferrocarril, autopistas, autovías, etcétera), priorizando las inversiones en Transporte Público ferroviario y transporte marítimo, reduciéndose las inversiones en carreteras que lo único que consiguen es aumentar unas cifras de muertos y heridos suficientemente grandes a fecha de hoy, sin reducir la congestión del tráfico rodado. Para lograr un auténtico transporte sostenible, que logre un trasvase masivo del vehículo privado al transporte público, Ezker Batua-Berdeak propone: -Implantación de políticas en Euskadi que garanticen una reducción de las necesidades de transporte y mejorar la planificación urbana y territorial, de modo que se reduzcan las distancias y se posibilite el desplazamiento cercano no motorizado, a pie o en bicicleta, sobre todo para acceder a los Servicios Básicos. El planeamiento urbano debe promover una mezcla de usos y evitar la construcción de polígonos industriales alejados de núcleos de población y de las líneas ferroviarias; o la construcción de grandes superficies comerciales en las afueras de las ciudades. Es preciso crear una red de caminos para peatones y ciclistas, para el uso cotidiano y el recreativo, conectados con los transportes colectivos. -Puesta en práctica de todo tipo de políticas, incluidas las fiscales, que garanticen un trasvase masivo de pasajeros y mercancías de la carretera al ferrocarril y al transporte marítimo, y un reequilibrio modal. -Implantación efectiva de políticas de gestión de la demanda de transporte. Construcción de parkings disuasorios a la entrada de las ciudades más congestionadas por el tráfico rodado. -Fomento del transporte público con precios públicos reducidos que compitan eficazmente con el transporte privado, especialmente mediante tarifas bonificadas a determinados grupos poblacionales como familias monoparentales, familias numerosas, parados, estudiantes, jóvenes y pensionistas.

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-Fortalecimiento de los servicios públicos de transporte. En este sentido Ezker Batua-Berdeak defiende: -El mantenimiento de Euskotren como operador público de transporte, en contra de posibles privatizaciones futuras. -El rescate de las concesiones a empresas privadas de transporte urbano e interurbano en autobús para su prestación por empresas públicas, con personal contratado directamente 2 • Otras medidas -Lograr una Autoridad Única del Transporte en Euskadi con capacidad realmente decisoria en esta materia. -Compromiso de que el nuevo Gobierno Vasco invertirá recursos propios que mejoren de forma sustancial la infraestructura ferroviaria, manteniendo las características de cohesión territorial que han distinguido a este medio de transporte. -Mejora de la seguridad vial mediante la limitación de la velocidad, reforzamiento de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) con el fin de controlar la eficiencia energética de los automóviles, minimizar las emisiones de humos y, en general, la contaminación producida. - Limitación del tránsito del transporte pesado por los núcleos urbanos y creación de aparcamientos vigilados para los mismos, de ámbito supramunicipal. -Crear una tarifación zonal en toda la CAPV acompañada de un billete válido para todos los medios de transporte, que no penalice a las personas que deban realizar transbordos. - Construcción del nodo intercomarcal clave para las comarcas del Nervión Ibaizabal, que permita la conexión en una estación intermodal en la zona de Sarratu-Azbarren (Basauri) de las líneas de metro 1 y 2 (Santurtzi-Basauri /Plentzia-Basauri) con la línea de metro 5 (Etxebarri-Usansolo), la línea de metro 3 (Matiko-San Antonio de Etxebarri (Línea 3), la línea de Euskotren (a Bermeo y Durango-Donostia) y, en su caso, la línea de viajeros de FEVE. Esa estación intermodal recogería también, de forma óptima, los autobuses que acercaran a los barrios y pueblos alejados del eje metroferroviario. - Construcción de una estación intermodal para la Línea 3 de Cercanías de

Renfe en su parada de Bidebieta (que tiene previsto la construcción de una nueva estación) y las líneas 1 y 2 de metro en su parada de Basauri (en construcción). Con el diseño conjunto o interconectado de estas dos estaciones se completaría la necesaria articulación metroferroviaria de las comarca del Nervión en la red de metro, dentro de la misma comarca, sin tener que entrar en Bilbao centro.

- Recuperación del Ascensor de Arangoiti y su remodelación integral.

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3•Moratoria de nuevas infraestructuras: “Y vasca”,supersur y puerto exterior de Pasaia -Moratoria en la construcción de cualquier nueva infraestructura viaria no incluida ya en los actuales Planes de Carreteras, bien del País Vasco, bien de los tres Territorios Históricos. Aprovechamiento integral, especialmente ferroviario, de las infraestructuras ya existentes o de las que se puedan acometer en el futuro. -Modificación inmediata del llamado Proyecto de Alta Velocidad conocido como Y vasca por su alto consumo energético, su dudosa compatibilidad con el transporte de mercancías, su efecto polarizador y desequilibrador del territorio, la elevada ocupación de suelo agrario y el despilfarro de la infraestructura existente. En su lugar, Ezker Batua-Berdeak llevará a cabo su propia alternativa ferroviaria conocida como “U vasca” y que se concreta en los siguientes puntos: -Enfoque complementario entre los diversos modos de transporte, priorizando la reducción de desplazamientos motorizados y la potenciación del ferrocarril sostenible. -Garantizar que dicho ferrocarril podrá asumir el tráfico de cualquier tipo de mercancías, dando salida al Puerto de Bilbao hacia la Meseta, la frontera y el Mediterráneo siguiendo los canales empleados por las actuales infraestructuras viarias. -Reducción de su velocidad. -Ofrecer servicio a las localidades intermedias revitalizando ferrocarriles comarcales, los transportes de cercanías ya existentes y el sistema de tranvías. -Minimizar la ocupación de nuevo suelo agrario, aprovechando al máximo las infraestructuras ferroviarias ya existentes y reformándolas, en su caso. -Situar en el centro de las capitales las estaciones. Dotar a éstas de puntos de conexión intermodal. -Todos los proyectos de obras que se están realizando serán sometidos al procedimiento de Evaluación Estratégica de Impacto Ambiental, cumpliendo con la Directiva 2001/42/CE no afectándo, en ningún caso, a espacios de interés naturalístico. -Creación de un impuesto finalista sobre el tránsito de mercancías de paso para financiar un ferrocarril sostenible siguiendo el modelo suizo. -Moratoria en el proceso de liberalización del ferrocarril. Garantía de un operador público vasco.

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En cuanto al proyecto de construcción del Puerto exterior de Pasaia y la situación actual de su entorno: 1•Consideramos que la Autoridad Portuaria debería elaborar un Plan de Gestión capaz de posibilitar el desarrollo económico de la zona y la creación de puestos de trabajo, sobre la base de los siguientes criterios:

a) Elaboración de un Plan de Modernización del Puerto Interior, que permita su renovación progresiva y crecimiento en el entorno competitivo mundial, actualizando la actividad portuaria:

1) Tomando en consideración tráficos con mayor valor añadido y capacidad de generación de riqueza. 2) Reorganizando la estrategia de trabajo para considerar los muelles como interface para la carga y descarga, y no como almacenes. 3) Reubicando la actividad comercial y pesquera en el muelle de Antxo para mejorar la comunicación de transportes, con salida por Molinao y traslado de la Lonja pesquera al muelle de Antxo. b) Reducción de la superficie ocupada e infrautilizada por la actividad portuaria, procediendo a la desafección de los suelos de la Herrera y muelles adyacentes, para desarrollar actividades económicas terciarias compatibles con vivienda protegida: hoteles, centros comerciales, culturales, deportivos y de ocio, que permitan generar un entorno urbano habitable y más humano. 2•Apostamos por la regeneración integral de la bahía, impulsando un Plan de Recuperación Medio Ambiental que permita, al mismo tiempo, la mejor calidad de vida de sus habitantes: a) Abandono de la pretensión de puerto exterior y de toda actividad que suponga degradar Jaizkibel, lugar de importancia comunitaria incluido en la Red Natura 2.000 (Diciembre-2004). Proponemos su inclusión en la red de Parques Naturales de la Comunidad Autónoma Vasca. b) Elaboración de un Plan que garantice una actividad portuaria respetuosa con el medio ambiente: instalación de control de radioactividad, medidas de reducción de impacto acústico, sistemas de carga y descarga que impidan emisión de materiales contaminantes... c) Cierre y demolición de la obsoleta Central térmica de carbón y regeneración ambiental del espacio liberado. 3•Constatamos que condicionar, vincular y aplazar la regeneración del entorno urbano de la Bahía de Pasaia a la construcción futura de un puerto exterior, por parte de los responsables del PNV y del PSE, supone: a) La ocultación de una gestión deficiente e incapaz de acometer la modernización del Puerto Interior, congelando inversiones necesarias para su reconversión y relanzamiento imprescindible para la zona y la economía de Gipuzkoa.

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b) La exclusión y condena al empobrecimiento de la población de Pasaialdea. (Según los datos del Eustat, en el año 1996 su renta per capita estaba un 20% por debajo de la media de Gipuzkoa, en el 2001, tan sólo seis años más tarde, es un 34 % inferior). La tasa de paro se sitúa un 30% superior, y esta falta de oportunidades laborales supone una degradación social y urbana: emigración de jóvenes, envejecimiento de la población, entorno urbano degradado, etcétera. c) Un chantaje a la población, sin consideración hacia sus demandas y propuestas formuladas a través de distintos colectivos ciudadanos, porque estos partidos asumen, en sus estrategias, intereses ajenos a los de Pasaialdea y Gipuzkoa. Ezker Batua elaborará una ley de movilidad 1.- Porque las grandes infraestructuras se diseñan y se han diseñado sin pensar en el transporte público, lo que nos convierte cada vez más dependientes del automóvil. Ejemplos: Parque Tecnológico de Zamudio, de Miramón, Aeropuerto de Loiu y la gran mayoría de los polígonos industriales, donde el uso del transporte público es sólo testimonial 2.- Porque este tipo de ordenación territorial perjudica la cohesión social. Para ser un ciudadano de pleno derecho (trabajar, ir al cine, de compras) se nos "obliga" a poseer un vehículo privado con el coste que conlleva. En consecuencia, aquellos que no pueden permitírselo se convierten en ciudadanos de segunda. 3. Porque la cantidad de petróleo que consume el transporte y los gases de efecto invernadero que se emiten son ingentes. 4. Porque las carreteras están saturadas 5. Porque al renovarse los PGOU, los arquitectos sólo dibujan la red de carreteras obviando la red peatonal, ciclable y la de transporte público, originando a posteriori gastos y problemas fácilmente evitables en la fase inicial 6 Porque este tipo de medidas se han desarrollado en varios países de la UE, siendo estas medidas fácilmente trasladables aquí.

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AGRICULTURA Y PESCA: VIDA PARA EL CAMPO Y LA MAR 1.- FOMENTO DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE El sector primario en Euskadi tiene un decreciente peso cuantitativo. Sin

embargo, es evidente su interés estratégico, ambiental e incluso cultural. Es por ello que, desde las distintas Administraciones Públicas, especialmente desde las instituciones europeas, se destinan importantes recursos públicos para sostener este sector. Esta situación está actualmente en los umbrales de un importante cambio derivado de la propuesta de modificación de la Política Agraria Común de la Unión Europea y del reciente acuerdo sobre supresión de ayudas al sector en la Organización Mundial del Comercio. No obstante, estas ayudas económicas, actualmente en cuestión, no están cumpliendo su función en Euskadi, donde el sector está en claro retroceso.

Un sector agrícola activo es también fundamental para proteger el medio

rural de la creciente ocupación del suelo por actividades urbanas; ocupación que supone una pérdida de un bien escaso no renovable y que, en la CAPV, ha supuesto que la superficie de suelo urbano y urbanizable se haya incrementado y que el precio de la tierra cultivable en la CAPV sea, con gran diferencia, el más alto en el Estado, llegando a duplicar los valores de la comunidad autónoma que nos sigue en el ránking. Nuestro territorio es pequeño y no hay mucho terreno disponible para el agro, sobre todo debido a la competencia feroz del suelo urbanizado, por urbanizar y el necesario para las infraestructuras y demás equipamientos. De ahí que en toda Europa, como pauta en pro del equilibrio territorial, se están llevando a cabo distintas experiencias y alternativas. En este sentido, apoyamos la creación de un Banco de Tierras capaz de generar un stock de suelo agrario, en el que confluyan la oferta y la demanda con el aval de la propia Administración. El objetivo de este proyecto es que la pérdida neta de suelo agrario sea cero y, además, conseguir el relevo generacional en el sector. Con este proyecto se busca que el suelo agrario, que en una zona se destina a la industria, a grandes infraestructuras u otros cometidos, pueda compensarse en otros lugares del territorio. Serán para destinarlos a usos agrarios, priorizando la instalación de jóvenes para potencia, con ello, la creación de empleo. Las tierras que se integren en el Banco, por ser propiedad de la Administración, permitirán la incorporación de jóvenes a la actividad agrícola o la ampliación de explotaciones de pequeñas dimensiones. El Banco arrendará las tierras por un plazo de 10 años prorrogables, con posibilidad de acceso a la propiedad. Tanto el derecho de acceso a la propiedad como el derecho de arrendamiento estarán condicionados a la explotación directa de la tierra por el beneficiario o beneficiaria. Este banco puede nutrirse también de las personas que se jubilan y de los propietarios que no explotan los terrenos, sea cual sea su circunstancia. También podrá contar con terrenos de propiedad pública y de las superficies obtenidas de las grandes infraestructuras, a través de las expropiaciones y del monte forestal público y privado. Hablamos de un bien escaso, de terrenos que no están siendo

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utilizados y se trata de revertirlos a la sociedad para que alguien comience a darles uso, puesto que son un bien escaso. A ello se añade que reformas de la política agraria comunitaria se están realizando de forma escalonada: primero fueron los productos mediterráneos como el tabaco, el algodón y el aceite; seguido del azúcar; después vendrán todos los demás. No podemos dejar de advertir las consecuencias de dejar toda la producción alimentaria en manos de terceros, este hecho abriría la puerta al control del mercado internacional y a la subida escalonada de precios en el futuro. Las reformas emprendidas afectan profundamente a un sector que está básicamente necesitado de ajustes en lo referente a las exportaciones y al reparto de cuotas. Hay que garantizar el equilibrio del mercado europeo en los sectores a los que van afectando estas reformas ó, en unos pocos años, veremos desaparecer innumerables explotaciones, junto a la debilidad de las rentas de aquellos que permanezcan en el sector. El sector agrícola-ganadero es un sector estratégico, no sólo por su valor económico, sino por su valor social, cultural, ecológico y medioambiental. El futuro del sector primario no es una actividad económica que deba estar exenta de protección, todo lo contrario, la Administración debe proteger a los pequeños productores para que puedan salir adelante. Proponemos un modelo de producción que aproveche los recursos naturales, diseñando el paisaje y manteniendo economías del medio rural, a la vez que propicia el desarrollo sostenible. Rechazamos la privatización y cierre de los mataderos mancomunados (mataderos de cercanía), ya que esta acción supondría un ataque directo a la supervivencia de los baserritaras, que dependen de la cobertura de la Administración pública para hacer viable una actividad esencial para nuestro medio ambiente, para nuestro paisaje, nuestra cultura, nuestra economía local y nuestra alimentación.

Los mataderos comarcales son necesarios para que las pequeñas explotaciones de nuestro territorio puedan seguir existiendo y beneficiando socialmente a toda la sociedad y a nuestro medio rural y natural. Debemos buscar la rentabilidad social frente a la mera rentabilidad económica. Pero, además, consideramos que esta actividad puede, también, ser rentable económicamente.

Ezker Batua-Berdeak considera necesario apoyar a la Industria agroalimentaria, poniendo especial atención en el mantenimiento de las pequeñas explotaciones que abastecen el consumo local. Las instituciones vascas respaldarán económica y socialmente los proyectos de mataderos. Rechazamos el desmantelamiento de las estructuras locales de transformación y comercialización o los sistemas y estructuras de venta directa.

En los últimos años, la mayor parte de la inversión en promoción del vino de Rioja se ha destinado a Alemania, Reino Unido y, últimamente, a Suecia, siendo los objetivos que se persiguen incrementar la imagen y el prestigio del Rioja entre los profesionales de la hostelería y los consumidores de estos países. Por

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ello, las Administraciones públicas vascas deben potenciar la exportación de vinos de Rioja alavesa. Ezker Batua-Berdeak apuesta por desarrollar planes de promoción del vino de Rioja en los principales mercados consumidores europeos. El número de ataques del lobo al ganado se ha reducido en los últimos años, si bien sigue siendo motivo de conflicto para los ganaderos. Abogamos por lograr una convivencia entre esta especie y el ser humano mediante medidas llevadas a cabo en otros lugares. Apostamos por la creación de una comisión de trabajo multidisciplinar sobre la presencia del lobo en Euskadi, donde tengan presencia todas las Administraciones vascas, así como representantes agrarios y grupos ambientalistas y científicos. El objetivo de este foro sería fijar la coordinación interterritorial, crear una comisión permanente de seguimiento y establecer ayudas económicas de prevención y de compensación de daños.

Por tanto, para Ezker Batua, la Política Agraria debe regirse

fundamentalmente por dos conceptos:

• Compromiso con la gestión y la protección del medio ambiente y • Orientación de la producción hacia la calidad de los productos y la

seguridad alimentaria.

Esto pasa por promover los modos de producción ecológicos, los tradicionales, y sus productos, y proteger el medio rural y a sus habitantes, ofreciéndoles los servicios necesarios para poner freno al éxodo rural.

Otras propuestas de Ezker Batua para la política agraria:

• Crear el Consejo regulador de la producción ecológica de Euskadi y el Observatorio vasco de la producción ecológica, que deberá dinamizar a la oficina vasca de promoción de productos ecológicos, con el objetivo de eliminar los procesos productivos contaminantes, no sostenibles y que no tengan en cuenta los principios de la agricultura y la ganadería ecológica.

• Deben realizarse campañas de sensibilización para impulsar la demanda de estos productos y de apoyo a las cooperativas de consumidores, que buscan reducir los costes de comercialización.

• El Gobierno Vasco prestará apoyo financiero y asistencia técnica para facilitar la transición de las explotaciones a este nuevo sistema productivo, destinando a este objetivo los fondos de la PAC.

• La Administración debe generar los canales de distribución necesarios para que los productos, con nombre y apellido y total garantía de trazabilidad, puedan llegar a los mercados internacionales como productos con gran valor añadido y de primera calidad.

• Dirigir la actividad de NEIKER, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, especialmente al desarrollo y mejora de los métodos de cultivo ecológicos. - Transgénicos:

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• Control intensivo del cumplimiento de la normativa comunitaria sobre

etiquetado de productos transgénicos.

• Prohibición de los cultivos transgénicos que otorguen a la planta una resistencia contra los biocidas (plaguicidas, insecticidas,…etc) y de los que hayan adquirido resistencia a antibióticos.

• Promoción en el ámbito internacional del principio de no patentabilidad de

los genomas de todos los organismos vivos.

• Establecer unos niveles máximos de uso de biocidas en todas las explotaciones.

• Prohibición total de utilización de piensos de origen animal en la ganadería y las piscifactorías.

• Creación de una red de Ecoaldeas en suelo público y con criterios de agricultura ecológica, primando la trazabilidad de los productos, la dignificación de los productores y la calidad final del producto que se elabore, pensado en abastecer los mercados más cercanos e implementando en la distribución el principio de cercanía y de sostenibilidad, tanto en el transporte como en el envasado y en la producción de residuos

• Poner en marcha efectivamente una Ley de Desarrollo Rural con los siguientes ejes en su ejecución: o Priorizar las actuaciones derivadas de la actividad agraria como base de

la economía rural y evitar que los caseríos se transformen en agroturismos y segundas residencias, mientras que las tierras se abandonan y dejan de producir.

o Reforzamiento de la protección del suelo de alto valor agrícola y forestal mediante el PTS de suelos agrícolas, impidiendo que los ayuntamientos permitan la recalificación del mismo para otros usos de menor interés, como el de viviendas de baja densidad.

o Establecer baremos de ayudas especificas en el medio rural, especialmente en equipamientos sanitarios, educativos, culturales, de comunicación, viviendas etcétera, implementando el principio por el cual cualquier ciudadano o ciudadana que resida en un núcleo rural pueda tener igual acceso a los derechos y servicios que los y las que residen en ciudades. Para ello, se establecerán medidas compensatorias en las explotaciones dispersas hasta que la calidad de vida, en cuanto a servicio, deje de significar una merma para las explotaciones más alejadas.

o Compromiso y coordinación de las distintas instituciones vascas que eviten las desigualdades territoriales producidas por las diferentes Diputaciones.

o Fijar los mecanismos necesarios para la participación de todas las ayudas sociales en el desarrollo de la política agraria e implementar un programa de ayudas directas a la preservación del medio rural para evitar el despoblamiento y la pérdida de explotaciones, con el fin de mantener el medio natural en condiciones adecuadas para evitar la pérdida de paisaje y productividad y equilibrio del mismo.

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o Atención específica a jóvenes y mujeres. Es éste un tema urgente, al ser dos colectivos básicos para una agricultura y un medio rural vivos.

• Democratización de la agricultura, realizando elecciones en todos los

ámbitos de participación de las personas que trabajan en el sector, modificando la ley 6/1990 de Cámaras Agrarias Vascas por los obstáculos que impone.

• Gestión directa de los servicios que ofrecen las instituciones y creación de un Foro abierto de la agricultura y la ganadería, donde puedan participar sindicatos, consumidores, distribuidores, productores, asociaciones e instituciones en un plan de igualdad. con el objetivo de poder consultar, adoptar y recoger las aspiraciones, inquietudes y necesidades de los diferentes sectores.

• Defensa, en todas las instancias, por parte del Gobierno Vasco de un cambio en la orientación de la política de ayudas y subvenciones agrícolas: o Introducir el factor medio ambiental, primando las ayudas a las

explotaciones respetuosas con el medio ambiente. o Apuesta decidida por la pequeña explotación, que son la gran mayoría

en nuestra Comunidad, ponderando para ello las dimensiones de la explotación en las ayudas.

o Ayudas para las hectáreas dedicadas a la plantación de productos en peligro de extinción y en lugares donde puede haber pérdida de suelo agrícola o su reconversión en pastos para ganado o para uso forestal

• Formación agraria como base de la agricultura del futuro. Es un requisito

fundamental la formación, aún más en un sector como el agrario, al que se le ha venido proporcionando una atención marginal. Las instituciones vascas deben proporcionar una cualificación técnica y económica especializada que abarque tanto el campo de la producción como el de la comercialización. Los ejes fundamentales de la formación agraria deben ser: o Prestigiar esta especialización. o Estimular la demanda de formación. o Elaborar recorridos formativos y utilizar metodologías adaptadas a

las necesidades de los diferentes colectivos implicados, tanto en la enseñanza reglada como en la formación continua.

o Adaptar los contenidos de la formación a las nuevas realidades: modos de producción ecológicos, seguridad alimentaria, transgénicos,…etc.

• Seguir apoyando, desde la Dirección de Inmigración, un plan sectorial para

el sector primario basado en la reagrupación familiar de los y las trabajadoras inmigrantes que se encuentren empleados en núcleos rurales o zonas costeras, así como la total competencia a la hora de diseñar las necesidades y planes de empleo en agricultura y pesca. 2.-PRODUCCION FORESTAL La producción forestal en Euskadi apuesta desde hace más de un siglo por

las especies de desarrollo rápido, como el pinus insignis y el eucaliptus, lo que ha acarreado consecuencias ambientales como pérdida de biodiversidad, incremento de la acidez y de la erosión de los suelos, uso de maquinaria pesada y apertura de pistas forestales, desaparición de matorrales y otras especies vegetales,

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afecciones paisajísticas, vulnerabilidad a los incendios, etcétera. Muchos de nuestros montes hoy en día no son más que huertas de pinos.

La respuesta a esta situación viene, por un lado, por promover la gestión

forestal sostenible que resulte económicamente rentable, socialmente útil y conserve los valores ambientales, también por extender las zonas de reserva forestal, y por último, por influir en la demanda de productos forestales.

La política forestal ha de ser radicalmente opuesta. La caída del precio de

las coníferas hace necesario una regulación de la plantación de eucaliptus por su afección medio ambiental, empobrecimiento del suelo y cambio paisajístico.

La potenciación del sector rural pasa por un modelo de producción forestal

social, económicamente sostenible, la plantación de árboles autóctonos, su mantenimiento, poda, limpieza de bosques, medidas anti-incendio, viveros, etc. Ha de repercutir en la economía de los trabajadores del mundo rural. Las ayudas económicas han de primar la actividad forestal por parte del agricultor y la propiedad forestal.

Ante ello Ezker Batua propone: - Fomento de la plantación de especies autóctonas y recuperación de

zonas deforestadas o afectadas por los incendios mediante plantación manual de arbustos, de especies autóctonas y locales.

- Aumento de las áreas de reserva forestal, especialmente en los montes públicos, que proteja los bosques maduros y los de mayor biodiversidad de las talas.

- Establecimiento de ayudas, subvenciones y exenciones fiscales a los propietarios que desarrollen gestiones forestales sostenibles.

- Planificación de la gestión mediante Planes de Ordenación de los recursos forestales que introduzcan medidas como la coexistencia de especies diferentes de la principal, respeto por la tala de cierta cantidad de árboles adultos,…etc.

- Incremento de los recursos destinados a desbroces, podas y limpiezas de matorral, como labor preventiva frente al fuego.

- Aseguramiento del cumplimiento de la prohibición establecida por la Ley del Suelo de recalificación de las zonas incendiadas.

- Promoción de la adhesión de los productores a un sello forestal independiente, como el del Consejo de Administración Forestal, que garantice al consumidor que la madera producida proviene de una gestión sostenible desde todos los puntos de vista.

- Impulso al mantenimiento de prados y pastizales por su valor paisajístico, natural e, incluso, por actuar como áreas cortafuegos. Prohibir nuevas plantaciones de especies foráneas y de crecimiento rápido en estos lugares.

- Respetar rigurosamente las zonas legales de servidumbre en ríos, arroyos, regatos y fuentes, plantando las riberas y márgenes con especies autóctonas.

3.-PESCA

En los últimos años el sector pesquero está atravesando una crisis jamás antes conocida. La causa no obedece a un conjunto de factores que confluyen, como sucede en la mayoría de los grandes acontecimientos, sean éstos buenos o

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malos, una vez más, la causa es el hombre, su afán de obtener cada vez mayores cuotas de beneficio aún a costa de hipotecar el futuro. Son innumerables las especies que esta ambición está llevando al peligro de extinción. Peces que en algunos mares eran abundantes, actualmente es rara su presencia: besugo, bacalao, atún rojo, etcétera. Los grandes avances tecnológicos, de los que se han dotado las embarcaciones de pesca, hacen mas vulnerables a las distintas especies de peces: GPS, sonares, que identifican la clase y cantidad de peces, “ojos” que informan de qué pescado entra en la red, helicópteros y pequeños aviones sin piloto que buscan bancos de peces y, en breve, probablemente, satélites haciendo un seguimiento de los pocos bancos de peces que quedan. El problema adquiere dimensiones a nivel mundial; los gobiernos con flotas de pesca deben tomar medidas urgentes para que las especies subsistan y el sector sobreviva. El transcurrir del tiempo con falsas promesas de muchos países y medidas tibias de otros, no hace más que agravar el problema; establecer cuotas de peces, respetar los periodos de desove (paros biológicos), etcétera, no dejan de ser importantes. Si de verdad queremos conservar la vida de nuestros mares, la medida más importante que deben tomar los países involucrados, es la de volver a utilizar unos y mantener otros como las artes de pesca artesanales, respetuosas con el medio y selectivas con las capturas. No es alarmismo, el tiempo corre y las especies y el sector están en serio peligro de desaparecer. El sector en Euskadi ha jugado un papel económico y social importante, con cientos de embarcaciones y muchas empresas conserveras que, en conjunto, han generado miles de puestos de trabajo. Han sido motor de la economía de sus pueblos y hoy, bajo una crisis profunda, las localidades tradicionalmente pesqueras están perdiendo su idiosincrasia. Las embarcaciones y los puertos pesqueros se están transformando en embarcaciones de recreo y puertos deportivos (es urgente una regulación severa de este deporte en todas aquellas embarcaciones que desarrollan alguna actividad de pesca). No podemos ni debemos ser pasivos ante esta nueva situación; Euskadi debe conservar su sector extractito por varias razones:

- por jugar un papel importante en la economía de nuestros pueblos. - Por ser los peces de nuestras costas una referencia a nivel estatal e internacional. - Por ser los productos elaborados con el pescado capturado por nuestras embarcaciones reconocidos internacionalmente por su calidad y sabor.

- Por estar esta actividad arraigada en la cultura de nuestros pueblos pesqueros a lo largo de muchos siglos que dió origen a los mismos.

En los últimos años la desaparición de embarcaciones de pesca ha sido, y es, un goteo constante, tanto las de modalidad de arrastre como las de cerco. Euskadi se está quedando sin barcos de pesca. Primero fue la distribución de licencias por parte de la Comunidad Europea, más tarde la escasez de pescado, luego vinieron las cuotas de Europa y actualmente, el trapicheo con las licencias de las que los armadores obtienen pingües beneficios, vendiéndolas a otros armadores de la cornisa cantábrica y desertizando de embarcaciones los puertos de Euskadi, sin ninguna posibilidad de traer nuevas embarcaciones. Sin licencia no se puede salir a pescar, es decir, de nada sirve tener una embarcación si no tienes una licencia que te permita pescar.

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Estos datos de 1980 a 2005 son ilustrativos: - en Mutriku de ocho embarcaciones de bajura (modalidad de cerco), hoy no existe ninguna. - en Lekeitio de diez embarcaciones de bajura, tan solo quedan tres y en breve, la tendencia es a su desaparición.

- En Ondarroa de ciento veinte barcos de arrastre, a fecha de hoy, tan sólo quedan cuarenta y cuatro. De media docena de bajura, sólamente queda una embarcación.

El diagnóstico no puede ser otro que el de un enfermo terminal; para salvarlo, la actuación por parte de la administración ha de ser rápida, con medios y constancia hasta estabilizar la situación. Ezker Batua-Berdeak entiende que, entre otras medidas, se han de tomar las siguientes:

- Promover desde las instituciones una política que garantice la sostenibilidad de la pesca y la preservación del ecosistema marino. Esto pasa por defender las pesquerías de bajo impacto, las técnicas tradicionales más selectivas, representadas en Euskadi, principalmente, por la flota de bajura, frente a otras técnicas que comportan la captura indiscriminada de especies a gran escala y de gran impacto.

- Promover desde el Gobierno Vasco prácticas de consumo más adecuadas, para lo cual es necesario que el consumidor tenga información sobre los impactos ambientales y sociales del producto que elige. Por ello, es necesario activar el Plan de mejora del etiquetado del pescado vasco, que permita al consumidor conocer el caladero de origen del pescado, la técnica de pesca utilizada y el puerto de descarga, todo ello, acompañado de campañas de información sobre las repercusiones de nuestros hábitos de consumo y de promoción del pescado capturado en nuestros caladeros más cercanos. Control riguroso de las importaciones, a las que deberá exigirse la misma información en el etiquetado de sus productos.

-Es necesario un apoyo decidido al sector de bajura para que pueda explotar los recursos hasta alcanzar las cuotas asignadas por la UE. El sector de bajura vasco podría incrementar las capturas de anchoa, sardina y atún, a través de sus métodos de pesca tradicionales y selectivos, para que fueran consumidas en el mercado español y vasco.

- En cuanto a subvenciones y ayudas, para Ezker Batua-Berdeak el Gobierno Vasco debe defender ante la Unión Europea que estas medidas se dirijan prioritariamente al fomento de prácticas y tecnologías pesqueras respetuosas con el medio ambiente, a posibilitar paradas biológicas, que permitan la recuperación de los caladeros más castigados y a la formación de las personas que trabajen en el sector. Se defenderá, igualmente, la eliminación progresiva de los subsidios a las flotas industriales, que utilizan técnicas pesqueras indiscriminadas, como los arrastres de fondo, las volantas y otras.

- Reclamar la prohibición por parte de la Unión Europea de la utilización de redes pelágicas y volantas.

- Reparto de cupos con más equidad. No es justo poner cupo a una especie como la anchoa si la flota francesa inicia las capturas en enero y la de Euskadi, junto con la del Cantábrico, en mayo.

-Paros biológicos con mayor rigor científico. Deberán ser expertos biólogos los que señalen dichos paros y no las empresas las que los propongan y se lleven a cabo en períodos en los que disminuye la demanda. Medios suficientes para el control de las especies prohibidas por su pequeño tamaño en puertos y en los

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puntos de venta, donde eludir una inspección sea prácticamente imposible. Pescado que no se comercializa, pescado que no se captura.

-Aprobar una Ley, con carácter de urgencia, para que todas las licencias de pesca de Euskadi pasen a ser propiedad del Gobierno Vasco (si ello no fuera posible, adecuar algún mecanismo para que pudiera adquirirlas el Gobierno Vasco para su gestión). No se debe permitir que la flota vasca pierda ni una licencia más.

- Reeditar un nuevo plan renove para la modernización de la flota pesquera. Si no fuese posible a nivel Europeo, hacerlo a nivel de Euskadi, con la cuantía de subvención que el problema requiera para su solución.

- Reclamar, por parte del Gobierno Vasco, competencias para conveniar con distintos países para poder faenar en sus aguas.

- Fomentar el consumo de especies que son injustamente tratadas, cuya captura no resulta rentable para nuestros arrantzales y que, por otra parte, abundan en nuestro litoral, como son el verdel, la sardina, el chicharro etcétera.

- Prestar la atención necesaria a los puertos que aun conserven flota pesquera, en infraestructuras y modernización. Es urgente y necesario, entre otros puertos, prestar la atención necesaria al puerto pesquero de Ondarroa, actualmente, en estado precario. Así como modernizar las infraestructuras portuarias, especialmente las lonjas de descarga, evitando que el pescado capturado por la flota vasca deba ser descargado en puertos de fuera de la comunidad y transportado posteriormente.

- Reconocimiento oficial del duro trabajo de las personas que trabajan en la mar y su sacrificio. Tomar las medidas oportunas, para que el trabajo en la mar tenga los alicientes suficientes, para que deje de ser un sector en el que nadie quiera trabajar.

- Medidas de apoyo a las personas que desempeñan los trabajos de manipuladores, conserveros y comercializadores de estos productos, siempre y cuando se nutran de las capturas de los arrantzales de Euskadi.

-Respecto a la acuicultura, visto el impacto medioambiental que están generando estas explotaciones tanto en las especies como en los ecosistemas y visto el coste ecológico necesario para alimentar a las especies criadas artificialmente, es necesario ser prudentes a la hora de autorizar estas nuevas explotaciones. -En el aspecto legislativo, el cumplimiento efectivo y desarrollo

reglamentario de la Ley de Pesca Marina y de la Ley de Cofradías de Pescadores.

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CONSUMO REPONSABLE Y CON GARANTIAS La actual crisis mundial nos ha dado a todas y toda la oportunidad de

entender que la llamada sociedad de consumo en su sentido más amplio es un modelo insostenible.

Vivimos en una sociedad consumista, donde la publicidad exacerba el

deseo de comprar por comprar, comprar con desenfreno y, en la mayoría de las ocasiones, de forma inútil... El consumo, además se ha ido ligando al ocio a través de las grandes superficies comerciales que acogen en su seno centros recreativos, tiendas, bares, cines y restaurantes. De esta forma, el hecho de comprar se convierte en otra actividad lúdica a la que nos incitan mediante técnicas publicitarias específicas.

Sin embargo, debemos alertar del peligro que supone la extensión del

consumismo a todos los niveles de nuestra vida. Para empezar, esta práctica de comprar por comprar es insostenible en cuanto a que agota los recursos los recursos naturales, fomenta el despilfarro, explota los países pobres, incrementa las desigualdades sociales y es insolidaria con el resto del planeta que no tiene acceso ni a los bienes de consumo básicos para el ser humano.

Los consumidores, por tanto, somos también con nuestras conductas

cotidianas responsables de la solución. El consumo responsable y crítico nos permite lograr que aquello que potenciamos con nuestras compras no sea contradictorio con el modelo de sociedad que deseamos construir, pero, para ello, los consumidores y consumidoras deben de disponer de información sobre los productos y sobre las empresas que los fabrican.

La información de la composición de los procesos de fabricación y

manipulación de los alimentos debe ser clara y precisa, y no inducir a error al consumidor. En las etiquetas de todos los productos deben aparecer, entre otros elementos, la naturaleza del producto, su origen o lugar de producción, los métodos de producción y transformación, así como la afección que ha podido producir en el medio ambiente. Asimismo, se deben despejar todas las dudas sobre los productos manipulados genéticamente o que en su composición incorporen alguna modificación genética, contengan alérgenos (gluten), etcétera.

El etiquetado también debe incluir: denominación de Origen Protegida;

indicación Geográfica Protegida; especialidad tradicional garantizada; producción integrada; etiquetado nutricional; denominación de venta; La cantidad neta; el grado alcohólico; fecha de duración mínima; condiciones de utilización y conservación; identificación de la empresa; Lote; lugar de origen o procedencia y modo de empleo.

Por otro lado, el poder cada vez mayor que acumulan las corporaciones

nos deja en una posición más débil como consumidores frente a prácticas abusivas. La administración competente tiene que ser más rigurosa, estricta y severa. En muchas ocasiones, las sanciones son tan ridículas que al fabricante-productor le merece la pena defraudar. Es preocupante que las reclamaciones

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que se producen en los últimos años recaigan siempre sobre los mismos artículos: telefonía móvil y fija, transporte, automóviles-reparación, electrodomésticos, gremios-vivienda, grandes superficies….

• Se ha de potenciar un consumo que permita estrechar los

márgenes comerciales entre personas productoras y vendedoras. La privatización de servicios básicos, como el teléfono o el agua, no ha

redundado en una mejor atención al consumidor, sino que, por el contrario, las grandes compañías han entrado en un proceso de subcontratación de prestaciones y precarización del empleo que tiene graves consecuencias tanto para las personas trabajadoras como para las consumidoras, por cuanto se deteriora y encarece el servicio. Una buena muestra de ello son los servicios de atención al público de las compañías telefónicas, que han degradado por completo el nivel de calidad en la respuesta a partir de su privatización y liberalización.

La política de consumo del Gobierno vasco debe estar orientada a proteger

de verdad los derechos de las personas consumidoras y a fomentar el consumo crítico y responsable de la ciudadanía, garantizando los medios adecuados para que esto sea posible:

• Es importante acercar las políticas de Consumo Responsable a

la población más joven, especialmente por medio de Internet y de las conocidas como redes sociales.

• Extensión del programa Kontsumo Gelak a todos los centros escolares y centros de tercera edad, así como llevar la Exposición Itinerante de Consumo a todas las localidades vascas.

• El Gobierno Vasco ha de liderar todos los importantes movimientos que ya existen sobre Compras Públicas Sostenibles, no sólo para sus propias estructuras, sino potenciando, especialmente con la contratación pública, todas aquellas prácticas que faciliten un consumo responsable.

• Crear una normativa integral de etiquetado para todo tipo de productos, que permita conocer su trazabilidad, las consecuencias ambientales y sociales del proceso de producción y el origen del capital de las empresas productoras.

• Se ha de revisar y controlar al máximo toda la normativa existente en Euskadi en torno a las personas consumidoras.

• Es fundamental potenciar la inspección de consumo con carácter preventivo e informativo y, cuando se precise, aplicar sanciones por las malas prácticas, incluida las deficiencias en la atención a la clientela, dando a conocer públicamente dichas actuaciones.

• Es necesario fomentar que las empresas asuman sistemas de autocontrol y desarrollen códigos de buenas prácticas, siguiendo el cumplimiento de los mismos.

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• Se ha de empoderar a las consumidoras y consumidores como el eje central de las políticas de Consumo Responsable. Su capacidad de elección y de presión muy importantes para lograr un equilibro social, económico y medioambiental.

Se han de firmar convenios con organizaciones de personas consumidoras y usuarias para posibilitar su colaboración con la actividad de la Administración autonómica en la materia.

Es fundamental dar un decidido impulso a la participación de las

asociaciones de personas consumidoras y usuarias en los órganos asesores y de gobierno de las administraciones públicas.

• Incrementar el apoyo a proyectos de Cooperación al

Desarrollo todas las buenas prácticas relacionadas con el comercio justo tanto en los países del Sur como del Norte.

• Potenciar todas aquellas actividades que tengan como fin la eficiencia en el consumo de los recursos y de esta forma lograr mayores cotas de sostenibilidad medioambiental que favorezcan un consumo cada vez más consciente, ético y responsable.

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COMERCIO, URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL La proliferación de grandes superficies comerciales en los extrarradios y

periferias provoca consecuencias nefastas en la vida diaria de nuestros pueblos y ciudades: como la degradación y pérdida de vitalidad de pueblos y ciudades, con la consecuente pérdida de actividad urbana, desertización de nuestros barrios y pueblos con el consiguiente aumento de la inseguridad ciudadana, eliminación de las inversiones en los centros históricos y pérdida de empleos estables y de calidad.

Tenemos el convencimiento de que este modelo destruye más del doble de

empleo fijo del que crea en las regiones en las que se ubica, además de que favorece la expansión del empleo precario, provoca la disminución de los flujos financieros, la desaparición de la diversidad de productos bloqueando los canales de distribución de alimentos autóctonos y destruyendo la producción y distribución local.

Otros de sus perniciosos efectos son que favorece la Macdonalización del

mercado y la destrucción de la vida tradicional baserritarra. Asimismo, produce la caída de nuestro sector pesquero, la masificación de la utilización del vehículo hacia un solo destino, la marginación de aquellos grupos de población que carecen de vehículo para poder desplazarse a realizar sus compras a estos centros, junto con la imposición de no tener más posibilidades que las de surtirse en esos establecimientos denominados delicatessen, o tiendas especializadas, que son mucho más caras que las tiendas tradicionales.

Las leyes del Gobierno Vasco han propugnado la implantación de grandes

superficies y equipamientos comerciales de venta al por menor en polígonos exteriores a los núcleos urbanos, en lugares periféricos de localización estratégica apoyados en los principales enlaces de la red viaria, perdiéndose así los mejores suelos industriales y rurales, escasos en Euskadi. Estas autorizaciones van unidas a procesos de recalificación de suelos apoyados por Ayuntamientos e instituciones que, en definitiva, vienen a encubrir auténticas operaciones especulativas e inmobiliarias que reportan enormes beneficios a las grandes empresas distribuidoras ya que posteriormente, estos centros comerciales son vendidos a multinacionales extranjeras. Fiel reflejo de estas actuaciones son los casos de Garbera en Donostia-San Sebastián, Urbil en Usurbil, El Boulevard de Vitoria-Gazteiz y del Megapark de Barakaldo en Bizkaia.

Todo esto tiene graves consecuencias nefastas desde un punto de vista

social, medioambiental, laboral y de desarrollo sostenible. De estas consecuencias, ya han advertido muchos países de Europa que,

adelantados en el tiempo, han podido comprobar y lamentar los cambios sociales, económicos, etc…, acaecidos en su territorio por causa de la implantación abusiva de superficies comerciales, como se recoge en numerosos informes y/o recomendaciones, incluso a nivel europeo, que tratan de frenar idénticas consecuencias en el resto de los Estados.

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La recuperación del comercio en nuestros pueblos y ciudades es clave según el concepto de sostenibilidad urbana que se está manejando en Europa. Estamos a tiempo y tendremos oportunidad de reconducir esas tendencias, a la vista de la experiencia de otros países, siempre y cuando el Gobierno Vasco manifieste la voluntad de hacerlo y modifique el contenido de la normativa aplicable a equipamientos comerciales.

Entendemos que, frente al modelo urbanístico que nos quieren implantar

de ciudad dispersa (propio de las ciudades norteamericanas), debemos tender hacia el modelo de ciudad compacta, diversa y multifuncional (propio de las ciudades tradicionales como las nuestras) caracterizada por un menor uso arbitrario del suelo, una mejor calidad medioambiental, un menor consumo energético, una menor presión sobre el medio rural de nuestro entorno, una recuperación de la ciudad como lugar de encuentro, de integración social, enriquecimiento de las redes de ciudadanos, etc…

Frente al modelo comercial de las grandes empresas de distribución y los

grandes centros comerciales: Pensamos que el comercio minorista es clave en la economía y en la

sociedad, ya que influye en ambas y, por tanto, su importancia real transciende al propio sector y afecta a todos los sectores económicos. Por ello y ante el momento extremadamente difícil al que se enfrenta el pequeño comercio de Euskadi y con el objetivo añadido de evitar el control del mercado por las grandes empresas de distribución, con la consiguiente creación de oligopolios, entendemos que, desde los poderes públicos, se deben tomar medidas urgentes para la revitalización del pequeño comercio:

• Potenciación del pequeño comercio a través de medidas

económicas; habilitando fondos específicos para la modernización, financiación y su desarrollo.

• Potenciación del Asociacionismo comercial.

• Creación de entidades públicas que potencien, a través de la

creación de sinergias, la competitividad del pequeño comercio ayudando a la disminución de costes y aumento de la calidad en el proceso de distribución.

No podemos permitir que vendan nuestro país e hipotequen nuestro futuro, en pequeñas parcelas, empobreciéndolo e hipotecando su futuro, incluyendo el resto.

Consideramos que, siendo el suelo el recurso básico del urbanismo, este

proceder está siempre injustificado y más, sobre todo en un país como el nuestro, donde existen millones de metros cuadrados de locales comerciales sin actividad económica, y donde se da una alarmante necesidad de suelo para viviendas de protección e industrial.

Entendemos que, en aras a unos pueblos y ciudades vivos, diversos,

compactos y multifuncionales, el urbanismo se debe implicar en el fortalecimiento del comercio urbano como factor claro de habitabilidad urbana y de cohesión social.

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Proponemos, para ello, que se elabore una Ley de Urbanismo Comercial,

obligando así, mediante ellas, a que los equipamientos comerciales de venta al por menor y de ocio se localicen en los cascos urbanos de los municipios, fomentando la integración de las actividades comerciales en el entramado urbano consolidado. Esta ley debe servir para reforzar el comercio urbano y evitar movilidades innecesarias y sobrecargas de infraestructuras públicas, deteniendo la creación y el crecimiento de aglomeraciones comerciales periféricas, mediante un sistema de agregación.

Hagamos pueblo sobre pueblo existente y dejemos el resto de los suelos

para actividades industriales, agrícola-ganaderas, configurando así un urbanismo que, de verdad, interese a la sociedad.

Por lo expuesto, proponemos que se elaboren Leyes de Urbanismo

Comercial que, de forma obligatoria, conduzcan a los establecimientos comerciales hacia el entramado urbano consolidado, donde reside la población mayoritariamente y donde se conjugan la continuidad de edificios residenciales plurifamiliares y tramas comerciales insertadas con estos usos residenciales.

Estas leyes deben servir para reforzar el comercio urbano y evitar movilidades innecesarias y sobrecarga de infraestructuras públicas, deteniendo la creación y el crecimiento de aglomeraciones comerciales periféricas mediante un sistema de agregación.

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UNA SOCIEDAD VASCA ANTIMILITARISTA Fieles a nuestra apuesta por una desmilitarización social y mundial

efectiva, que se asiente sobre parámetros de justicia e igualdad y rechace aquellos otros que significan dominación y jerarquía, los y las militantes de EZKER BATUA-BERDEAK seguirán apostando y participando de cuantos movimientos e iniciativas antimilitaristas se desarrollen en el seno de nuestra sociedad.

El exponente máximo del militarismo es el ejército, pero no es el único.

Las guerras asesinas de Afganistán, Irak, la reciente masacre del pueblo Palestino por Israel y otras guerras que se suceden en el mundo evidencian que, hoy más que nunca, el militarismo como concepto se extiende por todo el mundo, pero también en nuestra sociedad; desde el lenguaje hasta la educación, pasando por el mundo laboral y otros muchos.

La guerra es la más trágica de las mentiras, siempre se vende como un

mal menor inevitable cuando, en realidad, nunca deja de ser mero negocio, los ejércitos son su cooperador necesario. Sin gentes que enviar a masacrar a otras, difícilmente quienes deciden y organizan la guerra podrán ejecutar la carnicería que requiere el negocio proyectado: La industria armamentística del sistema del Pentágono; la industria armamentística de los países desarrollados; el control de las reservas de minerales estratégicos en países del tercer mundo; el negocio de la rehabilitación y reconstrucción de países previamente destruidos, incluidas las compensaciones de guerra por las que tendrán que hipotecar sus reservas naturales in aeternum; la destrucción de gobiernos de países que han devenido en gobiernos díscolos, es decir, difícilmente corruptibles; el control de biodiversidad para la producción de patentes.

Siempre hay un importante negocio, del que la opinión pública nunca tiene

noticia, detrás de la “irremediable” guerra de turno. Los ricos hacen la guerra, pero son los pobres los que mueren.

A pesar del fin del Servicio Militar Obligatorio y de la Prestación Social

Sustitutoria, el problema del militarismo y nuestra lucha por un mundo desmilitarizado no ha terminado, porque sabemos que los ejércitos son el problema y no la solución. El problema de base es, ha sido y será el ejército, ya sea obligatorio o profesional. Hasta su desaparición, progresiva y total, no habremos construido los cimientos de una nueva sociedad.

Desde Ezker Batua-Berdeak renunciamos a cualquier expresión de

militarismo, porque todas ellas no son más que instrumentos del poder para mantener el actual status mediante la represión y la fuerza. Tenemos que mantener serias reservas ante programas supuestamente específicos en colegios e institutos, y posiciones supuestamente progresistas (profesionalización del ejército, solicitud de que hagan frente a la campaña que están desarrollando los indultos para personas insumisas presas,…etcétera), que quedan en meras proclamas y no cuestionan la injusticia ni su propia sinrazón. Del mismo modo, recelamos de las diferentes propuestas que existen en torno a la creación de un ejército europeo.

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Es manifiesto que su objetivo no es sino consolidar una alternativa militar a otras potencias mundiales y que va, precisamente, en la línea opuesta a la desmilitarización y al diálogo como solución a los problemas políticos. El ejército es, en su práctica, una escuela difusora de valores tan peligrosos para la humanidad como son la destrucción, la jerarquía, el machismo, la uniformidad del pensamiento, la sumisión, etcétera.

Frente al militarismo y sus consecuencias Ezker Batua-Berdeak propone

vivir e impulsar una cultura de la paz, de la realización de la justicia social y del diálogo y la solidaridad como los mecanismos adecuados en la resolución de los conflictos. Debemos lograr que la sociedad, en su conjunto, asuma que la resolución de los conflictos está unida al diálogo y no a la práctica de medidas coercitivas y de supeditación de unas personas sobre otras o de unos pueblos sobre otros.

Ezker Batua-Berdeak propone a todos que nos impliquemos

responsablemente en la construcción de un nuevo orden social mundial que merezca el nombre de justo. No es nuestra pretensión la denuncia cómoda y distante de quienes rehuyen el compromiso escondiéndose detrás de proclamas vistosas que prestan más atención a sí mismos y a su buena imagen que a acompañar efectivamente a los pobres, oprimidos, perseguidos y marginados. Nos comprometemos con los perdedores. Y por eso mismo, proponemos: la revisión del sistema de Naciones Unidas, la observancia del Derechos Humanos y la actuación ordinaria de Tribunales Penales Internacionales. Proponemos la abolición de los ejércitos nacionales y la creación de una única fuerza de interposición bajo mandato de Naciones Unidas, que garantice el cumplimiento efectivo de sus resoluciones en situaciones de conflicto.

Ezker Batua-Berdeak propone la abolición definitiva del más oneroso de los

privilegios: el que unas pocas personas puedan decidir la muerte, la mutilación y el sufrimiento de millones de personas inocentes. En las guerras modernas son los civiles quienes mueren masivamente, no los militares, por su personal capricho o interés. Interés que esconden detrás de un patrioterismo inflamado, acompañado de toques a rebato ante un grave peligro que nos amenaza, descaradamente inventado, creado ad hoc, para justificar la masacre.

Desde Ezker Batua-Berdeak nos comprometemos a trabajar en la

construcción de una cultura de paz y no violencia, que será nuestra herramienta y mecanismo de transformación social. Y por ello, defenderemos:

-La reivindicación del insumiso como opción ética merecedora de pleno

reconocimiento social y no discriminación. -La difusión y potenciación de campañas que fomenten la objeción fiscal a

la contribución del sufragio a cargo de fondos públicos de gasto militar del tipo que fuere.

-Impulsar políticas que faciliten la reconversión de la producción militar en

industria civil. -Promover y fomentar, desde las Administraciones vascas, todo tipo de

iniciativas a favor del desarrollo de una cultura antimilitarista que se consolide en unidades específicas en programas de enseñanza del currículo educativo.

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-Establecer convenios de colaboración con grupos antimilitaristas organizados de Euskadi para la difusión social de su labor y propuestas.

-Creación de Oficinas por la Paz y el Antimilitarismo en los municipios de

Euskadi.

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UNA EUSKADI SOLIDARIA PRESENTE EN EL MUNDO

EUSKADI EN EUROPA Y EN EL MUNDO 1. EL MOMENTO ACTUAL: EL FRENAZO AL MODELO NEOLIBERAL El rechazo de Francia y Países Bajos al Tratado Constitucional, así

como el reciente “no” irlandés al Tratado de Lisboa han constituido un serio revés al modelo de construcción europea que, desde el Tratado de Maastrich, parecía lanzado hacia un doble discurso que, tanto la derecha como la socialdemocracia compartían con entusiasmo: de cara a la galería alabanzas a un modelo europeo propio en lo social, en lo económico y en la política exterior, mientras que la realidad cada vez nos abocaba más a una homologación con el modelo neoliberal (la Directiva de Servicios conocida como Bolkenstein, la de retorno o la de las 65 horas semanales son algunos de sus ejemplos más escandalosos) dirigido a competir con las economías de Estados Unidos y las emergentes de China y el Sudeste asiático.

Durante todo este tiempo, Ezker Batua-Berdeak, Izquierda Unida y

la izquierda transformadora europea hemos padecido la acusación de antieuropeísmo por habernos enfrentado en solitario a este modelo de construcción europea que nos condenaba paradójicamente a la renuncia de los valores que han formado a lo largo de los siglos lo mejor y más progresista del pensamiento europeo.

El portazo de Francia y los Países Bajos, primero, y el posterior

irlandés han puesto en evidencia la contradicción del doble discurso; la recesión económica fruto de la voracidad neoliberal no ha hecho más que acentuar dicha contradicción.

A pesar de las deficiencias y de su actual debilidad, la tenacidad de

la izquierda transformadora europea, que Ezker Batua ha compartido, ha logrado el rechazo del Tratado Constitucional y, aunque el Tratado de Lisboa, que ya no será sometido a refrendo de la ciudadanía, lo reproduce en un 80%, por lo menos se ve obligado a abandonar su pretensión constituyente legitimada por la voluntad de la ciudadanía europea.

2 EUSKADI EN LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA. Ezker Batua, en sintonía con Izquierda Unida y la izquierda europea,

ha defendido un proceso de construcción europea que tuviera como horizonte un modelo federal, ya que, como todos los grandes europeístas han señalado, es el único modelo que puede garantizar la necesaria cohesión social, económica y política entre todos los pueblos respetando su pluralidad cultural y sus legítimos deseos de autogobierno. Sólo desde una concepción federalista se puede garantizar la construcción de una Europa cohesionada en torno a instituciones democráticas comunes que impulsen políticas basadas en un modelo propio, solidario, logrado a partir de las grandes conquistas sociales que deben constituir la seña de identidad de la sociedad europea y que, al mismo tiempo, respete y

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valore la diversidad cultural (lenguas, costumbres, instituciones propias) que constituyen la riqueza y la singularidad de Europa.

Este modelo federal conduce a que determinadas competencias,

hasta ahora consideradas núcleo central de cada Estado, escapen de su ámbito de influencia, como es el caso de la política monetaria, el medioambiente, las comunicaciones o la defensa. De la misma manera, importantes competencias de las Comunidades Autónomas, y muy especialmente de Euskadi, están asistiendo a la entrada en ese ámbito competencial de las instituciones europeas.

Por otra parte, dentro de los Estados tradicionales, también se dan

legítimas reivindicaciones al derecho a la diferencia, a la soberanía compartida y a la descentralización territorial que deben dar lugar a la apertura de espacios de cooperación entre los pueblos, con el fin de ir ensamblando los tres niveles que deben constituir el modelo federal: la Comunidad natural, el Estado y el proyecto europeo.

Dentro del proyecto federalista para el Estado español que

defendemos en Ezker Batua y de la idea de una Europa plurinacional e intercultural, pensamos que las Comunidades Autónomas deben tener un importante papel en la defensa de una idea alternativa a la actual construcción europea, marcadamente estatalista, que tenga en cuenta su diversidad y, a la vez, busque la superación solidaria de los desequilibrios territoriales.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE EUSKADI EN EUROPA Y EN

EL MUNDO. De conformidad con lo expuesto, Ezker Batua defiende:

• Políticas que garanticen la presencia efectiva de Euskadi en los ámbitos institucionales correspondientes.

• Defensa desde Euskadi de una Europa federal basada en un modelo de Estado social y democrático propio.

• Oficialidad del euskara en la Unión Europea. • Garantizar que Euskadi pueda participar en todas las

instituciones de la Unión Europea, incluido el Consejo de Ministros, conforme al modelo federal alemán:

o En caso de competencias exclusivas de la CAPV, de forma coordinada con el resto de Comunidades del Estado.

o En caso de competencias estatales, participando de forma efectiva a través de un Senado constituido como una auténtica Cámara de Representación Territorial, así como formando parte de las delegaciones del Estado ante las instituciones europeas. • Impedir que la atribución de fondos comunitarios altere el

régimen competencial de nuestra comunidad. • Asumir, por parte de Euskadi, la ejecución del derecho

comunitario en las directivas que afecten al ámbito de las competencias exclusivas de Euskadi.

• Plena cooperación e información entre el Estado español y Euskadi sobre los procesos comunitarios.

• Acceso directo de Euskadi a los fondos europeos (estructurales, de cohesión, etc…)

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• Legitimación directa de Euskadi para actuar ante los tribunales de la Unión Europea.

• Reconocimiento del derecho a mantener con el exterior relaciones de carácter cultural y comercial.

• Promover la presencia de Euskadi en organismos internacionales cuando se ocupen de materias en las que sea importante su aportación (ej.: presencia en la UNESCO para las cuestiones relativas a la lengua y a la cultura.

• Habilitación de la CAPV por parte del Estado para suscribir acuerdos internacionales transfronterizos con aquellos territorios vascos radicados en el Estado francés, para concertar materias de competencia autonómica, especialmente el euskara. 4. OTRA EUROPA ES POSIBLE. Si la Unión Europea pretende convertirse en una potencia con influencia en

el panorama mundial a base de competir en poderío económico o militar, está claro que tiene la batalla perdida frente a la carrera armamentísta del imperialismo de los Estados Unidos y los modelos de las economías emergentes, basadas en la más total desregulación de las relaciones laborales.

Europa debe ser consciente de que si quiere ser un referente ante el

mundo, debe asumir el liderazgo y la autoridad moral en la defensa de un modelo basado en los valores que son y deben seguir siendo sus señas de identidad y que forman parte del patrimonio de nuestro pensamiento más progresista: democracia, Derechos Humanos, diversidad cultural y mestizaje, justicia social, igualdad de todos y todas ante la ley, renuncia a resolver los conflictos por la fuerza, fronteras abiertas para promover la cooperación y la solidaridad con los países empobrecidos.

Las ya próximas elecciones al Parlamento Europeo deben convertirse, para

Ezker Batua-Berdeak, en una oportunidad para llevar a una ciudadanía, en la actualidad, muy desinteresada y decepcionada por el proceso de construcción europea y en el que se siente poco concernida, a implicarse ante trascendentales decisiones que afectan directamente a nuestros intereses (pensemos, por ejemplo, en el proceso de Bolonia tan justificadamente contestado desde el sector más progresista del colectivo universitario). Ello dependerá de la influencia que la izquierda europea pueda tener en las instituciones europeas y que Ezker Batua-Berdeak, junto con Izquierda Unida y la izquierda transformadora europea organizada en el Partido de la Izquierda Europea (PIE) y en el Grupo Parlamentario (GUE-NGL), ya que serán las únicas fuerzas políticas que defiendan este modelo alternativo en colaboración con todos aquellos movimientos sociales y ciudadanos que están convencidos de que OTRA EUROPA ES POSIBLE.

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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: HACER POSIBLE OTRO MUNDO, DESDE EUSKADI

Para Ezker Batua-Berdeak, la solidaridad internacional es un ámbito

fundamental y prioritario de la acción política, que tiene su origen en un deber ético y un compromiso con las personas y los pueblos que, en nuestro planeta padecen, las consecuencias de un orden político, económico y social profundamente injusto e insostenible.

Cualquier mirada que echemos a nuestro mundo nos revelará que el

empobrecimiento es una realidad afecta a una mayoría de la humanidad. Son muchos los datos que se pueden exponer en este sentido, como por ejemplo que cerca de 3.000 millones de personas tienen que vivir con menos de dos dólares diarios, y de ellas son 1.200 millones las que subsisten con menos de un dólar al día.

Pero hablamos de empobrecimiento más que de pobreza, ya que esta

situación no es principalmente efecto de una carencia de recursos y potencialidades en los países y pueblos del Sur, sino que se debe a la falta de una distribución equitativa de la renta, los medios para el desarrollo y la capacidad de decisión en torno al mismo.

Si bien el modelo económico neoliberal que trata de imponerse a escala

global se nos presenta por los grandes poderes como una pretendida panacea capaz de generar riqueza y bienestar, constatamos cómo no sólo no contribuye a erradicar la pobreza y el subdesarrollo, sino que en los últimos años cada vez aumenta más la brecha existente entre la minoría enriquecida y las mayorías empobrecidas.

Por otra parte, también debe ponerse de relieve, en este breve

diagnóstico, que la injusticia y la inequidad afectan especialmente a las mujeres, que padecen una mayor carga de trabajo, menores ingresos, y un menor acceso a la educación y a los ámbitos políticos y sociales de decisión. El llamado fenómeno de feminización de la pobreza debe tenerse en cuenta en todo análisis que se haga a pequeña o gran escala, así como en las iniciativas que se planteen para superarla.

Un problema de las dimensiones apuntadas necesita, para su superación,

transformaciones profundas en el orden económico y político imperante actualmente a escala global. En este contexto, la cooperación para el desarrollo ha de estar orientada a promover esos cambios y lograr avances concretos en las condiciones de vida de las comunidades empobrecidas. Todo ello desde una visión de la solidaridad como acompañamiento al proceso de desarrollo propio de cada comunidad, sin caer en tendencias sustitutivas o de tutela, tan habituales desgraciadamente en tiempos pasados.

1.-BALANCE DE LA COOPERACIÓN DEL GOBIERNO VASCO EN LA

PASADA LEGISLATURA Desde el año 2001, Ezker Batua-Berdeak ha estado al frente de la

cooperación para el desarrollo en el Gobierno Vasco y, desde esta

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responsabilidad, hemos desplegado una política de solidaridad internacional acorde con el enfoque que se acaba de describir.

Como alguno de los elementos a destacar en nuestra gestión, podemos

señalar los siguientes: - Se han elaborado un Proyecto de Ley de Cooperación para el

Desarrollo y un Plan Estratégico asentados en una visión progresista, estructural y transformadora de la cooperación. El proceso de elaboración ha contado con numerosas aportaciones del tejido social vasco de la solidaridad y el resultado del mismo sitúa a Euskadi en una referencia en este ámbito por lo avanzado de su política de cooperación.

- Se ha efectuado una modificación de la normativa reguladora de las

ayudas del Fondo de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, incluyendo aspectos tales como el trabajo específico en Derechos Humanos, la equidad de género, la salud sexual y reproductiva, la titulización de tierras, etc.

- Igualmente, se han abordado los aspectos administrativos de dichas

ayudas, para equilibrar el necesario control público sobre las mismas y la agilidad y eficacia en las respuestas que se dan por parte de la Administración.

- Se ha garantizado el carácter desinteresado y la ausencia de

cualquier tipo de ánimo de lucro en toda iniciativa de cooperación que cuente con financiación pública.

- Se ha incrementado el presupuesto destinado a acciones

humanitarias, ampliando también el ámbito de las mismas, incluyendo la reconstrucción y vinculándolas con el desarrollo.

- Se ha introducido el enfoque de género como elemento irrenunciable

a exigir con carácter transversal en toda iniciativa de cooperación. - Se han afianzado relaciones solidarias con realidades que sentimos

especialmente cercanas, tales como el pueblo palestino, el saharaui o el movimiento zapatista de Chiapas y el MST en Brasil.

- Se ha vinculado nuestra cooperación con las expresiones y

movimientos a favor y por un modelo alternativo de desarrollo, como los foros sociales mundial y europeo, las redes internacionales de solidaridad, etc.

- Se ha mantenido, durante todo este tiempo, un intenso nivel de

interlocución con las ONGD vascas y el conjunto del tejido social de cooperación, a fin de elaborar participativamente las líneas básicas de la política de solidaridad del Gobierno Vasco. El Consejo Asesor de Cooperación ha tenido un ritmo estable de reuniones, jugando un papel central a la hora de definir los criterios orientadores de nuestra cooperación.

2.-PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS DE EZKER BATUA/BERDEAK EN

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Si bien hacemos una valoración francamente positiva de la evolución en la

cooperación del Gobierno Vasco en los últimos años, somos conscientes de que

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quedan muchas cosas por hacer y, sobre todo, es necesario en la próxima legislatura consolidar una política de cooperación para el desarrollo con visión progresista y transformadora, cercana a la sociedad civil y de calidad.

Para ello, proponemos los siguientes puntos:

• Completar el marco normativo de la cooperación pública vasca que constituyen la Ley y el Plan plurianual, con los planes anuales que definan en cada año las prioridades, instrumentos concretos y financiación en cada una de las líneas de acción.

• Crear una Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo que,

manteniendo el carácter plenamente público de la gestión de la cooperación vasca, se adapte a las necesidades y al creciente volumen de la misma, flexibilizando y agilizando el tratamiento administrativo de las iniciativas de cooperación. Esta agencia deberá estar dotada con recursos humanos suficientes y especializados.

• Incrementar los fondos destinados por el Gobierno Vasco a

cooperación para el desarrollo hasta alcanzar el 0,7% del presupuesto total de gasto cada año. Ha llegado el momento de que Euskadi dé un nuevo paso en su compromiso con la solidaridad internacional, también en el aspecto cuantitativo, asumiendo las directrices establecidas por las Naciones Unidas y los organismos internacionales que promueven el desarrollo humano. Además, los avances en la calidad de la cooperación vasca de los últimos tiempos hacen que tenga más sentido si cabe avanzar en la cantidad de los recursos dedicados a ella.

• Promover y acompañar el trabajo de las ONGD vascas y demás

entidades sociales de cooperación, desarrollando instrumentos que atiendan a la diversidad del sector, tanto a las entidades con un mayor volumen de actividad y de recursos como aquellas de menor escala y posibilidades. Así, los instrumentos de programas, proyectos y otros que pudieran crearse se diseñarán para dar respuesta a esta realidad plural, así como a los diferentes países empobrecidos donde se ejecutan las iniciativas.

• Crear vías para intensificar la coordinación y el trabajo conjunto de

los agentes de cooperación vascos, entre sí y con sus socios locales en los países empobrecidos del Sur. En este sentido, el desarrollo de las estrategias-país en aquellos países que cuentan con una importante presencia de la cooperación vasca puede ser un elemento muy útil para generar sinergias.

• Incrementar el trabajo en educación para el desarrollo, tal y como

exige cualquier visión transformadora de la solidaridad Norte-Sur, aumentando el peso de los programas educativos y sensibilizadores, en cantidad y calidad. Igualmente, lograr una mayor implicación de la política educativa del Gobierno Vasco en esta materia, introduciendo de forma efectiva la trasversal de educación para el desarrollo en la educación formal.

• Promover y apoyar, desde las instituciones vascas, las iniciativas a

favor de la cancelación de la deuda externa de los países empobrecidos, así como los valores y la práctica del comercio justo y el consumo responsable.

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• Lograr una mayor implicación de las Administraciones públicas en los programas de cooperación para el desarrollo, utilizando las vías de la cooperación directa para actuar en aquellos ámbitos en que la Administración puede prestar una colaboración técnica especializada. Todo ello, sin perjuicio de la participación social en estas iniciativas y dentro de su coherencia con los principios generales de la cooperación.

• Crear nuevos cauces para la coordinación entre las diferentes

instituciones públicas de la Comunidad Autónoma que actúan en cooperación para el desarrollo, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Municipios, buscando la coincidencia en los elementos estratégicos y poniendo en común recursos, mecanismos de evaluación, etc.

• Relanzar el Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, de tal

manera que se consolide como órgano de participación y discusión de los agentes institucionales y sociales sobre las políticas públicas vinculadas con la solidaridad internacional. Se deberá garantizar un ritmo estable de funcionamiento y una integración en él de las organizaciones y sectores más representativos.

• Puesta en marcha del Registro de ONGD y entidades de cooperación

prevista legalmente, como instrumento para ordenar la información sobre las numerosas entidades que gestionan fondos públicos de cooperación, de tal manera que sirva para garantizar la solvencia y uso eficiente de los recursos.

• Incidir en la transversalidad del enfoque solidario en la acción

exterior del conjunto de Departamentos del Gobierno Vasco, no siendo sólo la cooperación el ámbito propio de un área concreta de gobierno, sino una filosofía que impregne toda actuación o relación de Euskadi en el ámbito internacional.

• Generar desde el Gobierno Vasco nuevos ámbitos específicos de

reflexión con las organizaciones sociales en determinados temas de especial relevancia, como la cooperación con África, la ayuda humanitaria, etc.

• Compromiso con una respuesta cada vez más eficaz e integral a la pandemia del SIDA, que afecta gravemente a los países en vías de desarrollo.

• Continuar con el apoyo a la investigación y desarrollo de la vacuna

contra el SIDA, por medio de las organizaciones internacionales sin ánimo de lucro como IAVI (la Iniciativa Internacional por una Vacuna del SIDA), ya que su consecución debe ser un objetivo al que todas y todos debemos contribuir.

• Intensificar la participación de la cooperación pública vasca en los

ámbitos multilaterales y con los Organismos Internacionales que trabajan en el desarrollo humano, estudiando la implicación del Gobierno Vasco en programas que puedan tener interés para el conjunto de nuestra cooperación.

• Afianzar a la persona cooperante como figura con capacidades y

aptitudes del ámbito de la solidaridad, así como sujeto de derechos de carácter laboral y social, promoviendo la especialización y profesionalidad

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efectivas en aquellas tareas que precisen este tipo de vinculación. Todo ello sin perjuicio de animar y promover el voluntariado en la cooperación, como cauce para la implicación en las tareas de solidaridad, desde el Sur o desde el Norte, y vía más efectiva para la sensibilización ciudadana.

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UNA EUSKADI EN PAZ, QUE PARTICIPA, DECIDE Y EVOLUCIONA

UNA EUSKADI EN PAZ

1.- INTRODUCCIÓN

Desde su constitución como movimiento político y social en 1986, EZKER BATUA-BERDEAK siempre ha condenado la práctica de la violencia y ha apostado por la paz y el diálogo como únicos caminos válidos para garantizar un marco de convivencia democrática en Euskadi. Estamos convencidos de que nuestra sociedad desea superar, sin más dilación, el denominado conflicto vasco, asumiendo la no violencia y el diálogo político como los ejes centrales para esa superación. La ciudadanía de Euskadi quiere pasar página a más de treinta años de su historia más negra, superar este problema definitivamente y encarar el futuro con optimismo.

La última tregua de ETA supuso en su momento la apertura de un proceso esperanzador, en el que una parte importante de la sociedad vasca depositó grandes expectativas. La tregua, como transición a la definitiva desaparición de la violencia, se presentaba como un elemento fundamental para garantizar un proceso de normalización y reconciliación del que nadie se sintiera excluido. Sin embargo, el carácter instrumental y condicionado que demostró tener la tregua de ETA, rota tras el atentado de la T-4 en el que se asesinó a dos personas inmigrantes, y la ausencia de voluntad para el diálogo de determinados agentes políticos, truncó de raíz las esperanzas abiertas. Los nuevos atentados mortales llevados a cabo por ETA desde entonces han llevado a la sociedad vasca a una situación aún más difícil que la ruptura de otras treguas anteriores, no sólo por la frustración de las esperanzas depositadas, sino por el absoluto hartazgo social que existe en Euskadi sobre el uso político de la violencia, que incluso ha cuajado en capas sociales de la llamada izquierda abertzale. Ésta, sin embargo, ha sido incapaz en este nuevo periodo de desvincularse de ETA careciendo de toda autonomía política respecto a la misma.

Ante esta situación los dos grandes partidos estatales, seriamente enfrentados durante los meses en que se desarrolló el proceso, han vuelto a recuperar el consenso fraguado en torno al Pacto Antiterrorista del que derivó la Ley de Partidos, que se ha vuelto a aplicar para ilegalizar a ANV y al PCTV que, en su día, representaron mecanismos valiosos para recuperar el derecho a la participación política de un sector de la sociedad vasca excluido del mismo desde los comicios forales y locales de 2003.

Es, pues, rechazable que los protagonistas principales del denominado proceso de paz hayan hecho un uso tan instrumental y electoralista del mismo

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defraudando los deseos reales de la sociedad. Así, nuevamente se anuncia la presentación de una marca electoral de la izquierda abertzale, D3M, cuya ilegalización se anticipa por parte del PSOE pese a que jurídicamente sus integrantes no son diferentes de los que concurrieron bajo las siglas de ANV en las elecciones locales y forales de 2007.

En todo caso, esta marca electoral tampoco se compromete con el uso de vías exclusivamente políticas, por lo que va a seguir persistiendo la violencia terrorista de ETA en nuestra sociedad.

La persistencia del terrorismo no sólo atenta contra el derecho a la vida y a la integridad de las personas. El asesinato, la amenaza y la extorsión han constituido también una rémora para el desarrollo económico y social de nuestra Comunidad. Nos han impedido abordar la construcción social de nuestro país. La violencia en Euskadi ha sido siempre un obstáculo para el avance de la izquierda y, en cambio, ha fortalecido y beneficiado a la derecha, y concretamente a las posturas más reaccionarias y conservadoras.

La violencia política (el asesinato, el secuestro, la extorsión y la intimidación) jamás tiene justificación en una sociedad realmente democrática, como tampoco la tiene la negativa a considerar políticamente el derecho de una sociedad a decidir libre y democráticamente su futuro político y sus relaciones con otros pueblos. Hablamos del derecho de autodeterminación que analizamos en el apartado siguiente de este Programa Electoral. EZKER BATUA-BERDEAK ha defendido sin ambigüedades estas premisas en cuantos foros institucionales y sociales se ha requerido. La acción policial, la colaboración internacional y la movilización ciudadana son necesarias, pero no son vías suficientes en la lucha contra el terrorismo. Estamos firmemente convencidos de que la apuesta por el diálogo terminará imponiéndose si deseamos alcanzar una paz estable y duradera para Euskadi.

Al igual que ha ocurrido en Irlanda del Norte, también en nuestra Comunidad resulta imprescindible apelar a la vía del acuerdo y el consenso sobre bases democráticas y pacíficas. Es cierto que existen diferencias entre ambos conflictos, al igual que existen similitudes. De hecho, nos sirve como ejemplo el método empleado por agentes institucionales, políticos y sociales implicados activamente en superar la práctica de la violencia en Irlanda del Norte. Todos estos grupos nos han demostrado que el diálogo es la herramienta más útil para resolver cualquier problema, aceptando como puntos de partida el respeto a la libertad de la ciudadanía y a su soberanía libremente ejercida, así como la ausencia de toda violencia o imposición que pueda limitar esa libertad y soberanía. Éste fue, en resumen, el espíritu que definió el acuerdo suscrito en Stormont y es también el que tuvo EZKER BATUA-BERDEAK en su participación en el Acuerdo de Lizarra, que siempre entendimos como un instrumento para la eliminación de la violencia, la superación del conflicto y la normalización política. Y es el mismo que nos ha movido a participar tanto en el Debate sobre el Modelo de Convivencia, promovido en sede parlamentaria por el Gobierno Vasco, al que se incorporó EZKER BATUA-BERDEAK tras las elecciones autonómicas de 2001 y en la iniciativa de aprobación de una Ley para realizar una consulta ciudadana en la que se expresara el rechazo social a ETA y el mandato a los partidos políticos

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vascos para alcanzar un acuerdo sobre el derecho a decidir. Lamentablemente, el Gobierno de Zapatero, que no dudó en sentarse a la mesa de negociación con ETA, impidió, con un recurso al TC, que se pudiera realizar esta consulta democrática aprobada por la mayoría del Parlamento Vasco.

2.- CESE DE LA VIOLENCIA

La violencia política (.) no tiene razón de ser ni desde un punto de vista ético ni político. Atentar contra la vida humana, asesinar a quien piensa de modo diferente es un crimen sin paliativos. Como formación que representa a la izquierda transformadora vasca, entendemos que hoy resulta necesario profundizar aún más en la Democracia y el Estado de Derecho, garantizando que todas las opciones políticas existentes en Euskadi puedan expresarse en términos de igualdad.

Ahora bien, en una sociedad realmente democrática, la legitimidad para defender cualquier idea, sea cual sea, sólo está avalada por la fuerza de la palabra y la razón; nunca por la fuerza de las armas. El recurso a la violencia deslegitima a quien la practica para formular reivindicaciones de índole política.

La evolución de la actividad terrorista de ETA a lo largo de estos últimos años y, en particular, tras la ruptura de la tregua, nos parece muy preocupante. Sus nuevos asesinatos llevados a cabo contra inmigrantes, miembros de cuerpos de seguridad, empresarios, etc... aparecen como una auténtica “huida hacia delante”, alimentando el miedo y la confrontación social. Representantes populares, personas trabajadoras, intelectuales, medios de comunicación, etcétera, son objeto de amenaza o sufren atentados simplemente porque sus opiniones o ideas políticas son contrarias al pensamiento totalitarista y excluyente que caracteriza a ETA. Y junto a ello, los grupos de la “kale borroka” que actúan en su misma dirección, practican una violencia de persecución y amenaza que está haciendo que muchas personas vivan en una situación de miedo y falta de libertad. Hablamos de hechos y actitudes violentas que pretenden instalarse en lo cotidiano y que alteran una convivencia que la sociedad vasca se ha ganado a pulso tras muchos años de integración desde la pluralidad y suma de las diversas identidades sociales, políticas o culturales.

El cese del terrorismo es una exigencia social absolutamente mayoritaria, compartida por personas que legítimamente defienden proyectos políticos distintos. Es el tema que genera un mayor acuerdo en Euskadi. La experiencia de la tregua ha intensificado si cabe este rechazo, que hoy desencadena una movilización social masiva. Porque, en definitiva, la desaparición de la violencia nos permitirá (.) acceder a un diálogo con capacidad resolutiva. Estamos convencidos de que la sociedad vasca está dispuesta a aceptar un diálogo sin más límite que la voluntad popular, en la medida en que exista el convencimiento real de que el recurso a la fuerza de las armas queda descartado en el momento presente, pero también en el futuro.

Por ello, una vez más, y ante unas nuevas elecciones vascas, EZKER BATUA-BERDEAK exige la desaparición de ETA y reclama de la llamada izquierda abertzale la apuesta definitiva y exclusiva por vías políticas y democráticas.

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3.- DISTENSIÓN Y DIÁLOGO

El cese de la violencia permitiría la consolidación de un nuevo escenario político y social en Euskadi, que posibilitaría, a su vez, la salida dialogada al llamado conflicto vasco. Una apuesta por la paz, sincera y con perspectivas de éxito, requiere la materialización de gestos de distensión que evidencien la voluntad real de las partes para suscribir un futuro acuerdo político.

En estos últimos tiempos, sin embargo, la situación política se ha caracterizado por la exclusión y la confrontación en el ámbito político. Predominan la descalificación de proyectos políticos legítimos y, a menudo, el simple ataque personal o la incomunicación. Esta confrontación política se ha convertido en un problema añadido a los que ya padece la sociedad vasca.

La consecuencia más inmediata y perversa fue la aparición del “frentismo político”, que se concreta en la creación de dos frentes o espacios políticos confrontados y excluyentes. Uno de ellos aparece dominado por un “constitucionalismo” que convierte a dos acuerdos políticos (la Constitución y el Estatuto) en trincheras inamovibles. El otro hace un claro abuso de la defensa de lo identitario vasco como opuesto a lo español y aparece la tentación de establecer proyectos e instituciones propias al margen de los acuerdos vigentes. Todo ello adquiere un carácter exacerbado, favoreciendo una división social que ni existe ni acepta una mayoría de la sociedad vasca.

Ni qué decir tiene que nuestra organización no participa y rechaza este frentismo político. Precisamente, una de las razones fundamentales para nuestra incorporación al Gobierno Vasco, tras las elecciones de 2001, fue la defensa del pluralismo seriamente amenazada por la política llevada a cabo conjuntamente por PP y PSOE. Ese mismo Partido Socialista, que nuevamente se presenta en estas próximas elecciones como vasquista y ofrece una reforma estatutaria, no dudará en alcanzar la Lehendakaritza con los votos del PP de Basagoiti si la aritmética electoral así lo posibilita. Creemos pues que el riesgo de frentismo sigue existiendo y que hoy es más necesario que nunca crear un nuevo espacio intermedio presidido por la no violencia y el diálogo político. Un espacio que supere la dinámica en negativo de la confrontación y desde la deslegitimación de cualquier muestra de violencia, posibilite tender puentes hacia nuevos acuerdos políticos que susciten el apoyo de una mayoría social.

Para EZKER BATUA-BERDEAK, este espacio político por la paz y el diálogo, dentro del cual aspiramos a ser un referente desde la izquierda, debe ser estructurante de una mayoría social amplia y plural en cuanto a sus proyectos políticos. Sus ejes vertebradores serían los siguientes:

- La deslegitimación política de la violencia, así como el rechazo a su instrumentalización partidista en contra de otros agentes o grupos políticos. Esto implica la defensa de las iniciativas unitarias contra la violencia y la apuesta por la movilización social.

- La humanización del conflicto con el apoyo radical a las víctimas de actos terroristas y de la violencia de persecución. Humanización que implica también la

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defensa incondicional de los derechos de las personas presas, incluido el acercamiento a sus lugares de residencia.

- El reconocimiento de la legitimidad de todas las opciones y proyectos políticos en pie de igualdad, para lo cual defendemos la regulación jurídica del llamado derecho a decidir. Precisamente, esta es la clave del conflicto político que se vive en Euskadi, la existencia de proyectos políticos diferenciados e incluso opuestos entre sí. Y la clave de la resolución de este conflicto pasa por el diálogo y la confrontación democrática de esos proyectos, en la búsqueda de un acuerdo en términos de mayoría social. Diálogo que proponemos se produzca en el marco de una reforma parlamentaria del actual Estatuto, tal y como se ha producido durante la última legislatura.

- Asumir que los marcos políticos y legales son fruto del acuerdo y están siempre sujetos a revisión y cuestionamiento democrático. En ningún caso se pueden presentar como condiciones a priori.

- En último término, la instancia legitimadora de todo proyecto ó acuerdo es la voluntad popular libremente expresada por la sociedad vasca.

4.- LIBERTADES Y DERECHOS HUMANOS

Hoy en Euskadi la mayor conculcación de las libertades y derechos humanos la realiza ETA a través de sus atentados y los grupos que practican la amenaza y la violencia de persecución. El daño humano y político que está causando a la sociedad vasca resulta ya insoportable y la exigencia del cese de la violencia hoy, más que nunca, es un clamor social.

El Estado de Derecho está obligado a combatir el terrorismo desde la ley y el respeto escrupuloso a los derechos humanos. EZKER BATUA-BERDEAK repudiará siempre, y si es preciso en solitario, cuantas acciones se lleven a cabo al margen de la democracia y la libertad de los individuos. Jamás aceptaremos realidades como la guerra sucia, la tortura, el alejamiento de las personas presas, las escuchas ilegales, la ley de videovigilancia o la vigente Ley de Partidos aplicada desde las últimas elecciones vascas contra la Mesa del Parlamento Vasco, contra el diálogo político, así como ANV y EHAK. Al margen de la condena que nos merecen estas actuaciones por sí mismas, constatamos que han servido para ofrecer argumentos a quienes han legitimado históricamente el terrorismo, en la medida en que quiebran los cimientos del Estado de Derecho.

La violencia ha sido para muchas instancias una coartada que les ha permitido imponer un recorte de libertades inasumible e inaceptable para EZKER BATUA-BERDEAK. La dinámica en la que derivó el último Gobierno del PP, y que mantiene en lo sustancial el PSOE tras el atentado de la T-4, está centrada en exclusiva en la acción policial y en la negativa a abordar el debate sobre el modelo de convivencia que se reclama en el seno de la sociedad vasca. A través de la negación de cualquier otro problema en nuestro país, que no sea el del terrorismo, se está instaurando una especie de pensamiento único que pretende excluir a quienes, desde su derecho a la disidencia, no lo comparten. Y esto es aún más grave cuando se suceden actuaciones judiciales con dudosa base penal que son demandadas y “jaleadas” por el propio poder político. Denunciamos la

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utilización de la necesaria acción policial contra ETA y los grupos violentos, para alcanzar objetivos o beneficios políticos. Este y no otro es el objetivo último de reformas legales de dudosa constitucionalidad, como las modificaciones que se anuncian del Código Penal para vigilar a condenados por terrorismo una vez cumplidas sus condenas o de la Ley de Bases de Régimen Local para disolver los Ayuntamientos gobernados por ANV. Igualmente la paralización por el TC de la consulta aprobada por el Parlamento Vasco.

EZKER BATUA-BERDEAK se ha opuesto a todas estas tentativas porque estamos convencidos de que la defensa de la democracia no admite excepciones. Los hombres y mujeres de izquierda de Euskadi aspiramos a dotar de mayores contenidos y ampliar nuestro sistema de libertades. La izquierda transformadora siempre ha estado adelantada a su tiempo y no somos la excepción. Por ello, exigimos a todos y todas el respeto de todos los derechos humanos.

5.- RESPETO A LA VOLUNTAD POPULAR

En este contexto, y en el marco de una salida dialogada al llamado conflicto vasco, entendemos que el eje del debate debe estar definido por el respeto a la voluntad popular libremente expresada, sin presiones ni injerencias. La sociedad vasca está hastiada de convivir con la violencia.

Tras la vuelta a la actividad armada por parte de ETA, poniendo fin a una tregua sobre la que tantas expectativas se habían depositado, es a ella a quien en primer lugar debemos exigir, junto a la inmensa mayoría de la sociedad, respeto a la voluntad popular. Porque ésta, en cuanto a la desaparición del terrorismo es abrumadoramente mayoritaria. Y porque además, la persistencia de la violencia imposibilita de hecho, sino la reivindicación del derecho, sí la aplicación práctica de la autodeterminación o del más progresivo derecho a decidir.

La población de Euskadi aspira a ser protagonista de su futuro; es decir, reivindica su derecho a decidir sobre las formas de su autogobierno y las relaciones con el Estado, y demanda, para ello, los cambios legales necesarios para poder ejercer ese derecho. Defender estas tesis no significa apostar por la equidistancia. Se trata, únicamente, de apostar por la soberanía popular. EZKER BATUA-BERDEAK tiene plena confianza en la madurez de la sociedad de Euskadi para decidir por sí misma y entendemos que la sociedad vasca está legitimada para definir su marco de relación dentro del Estado Español y establecer sus propias relaciones con otros pueblos o Comunidades. Hablamos de democracia participativa y una consecuencia de ello es el reconocimiento del derecho de decisión, cuyo ejercicio ha de estar garantizado constitucionalmente en un régimen de libertades, para lo cual se propone en este programa electoral una fórmula jurídica concreta y posible. No debe ser un tema tabú, pero tampoco hemos de caer en el error de considerarlo un talismán, capaz de resolver por si mismo todos los problemas de convivencia que padece Euskadi.

Y, junto al derecho a decidir, (.) EZKER BATUA-BERDEAK sitúa, como ha hecho durante el debate sobre el modelo de convivencia vivido en el Parlamento vasco durante el último periodo de sesiones, la propuesta del Estado federal

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solidario, plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, como medio para la convivencia. Es lo que hemos llamado el federalismo de libre adhesión. Creemos que esta propuesta, además de sus virtudes como opción de estructuración política del Estado, puede ser un elemento integrador y aglutinante de la sociedad vasca, de forma que, en el futuro, no queden sectores bruscamente automarginados del modelo de país del que nos dotemos. Desde EZKER BATUA-BERDEAK, nos comprometemos a concretar y extender esta propuesta en el seno de la sociedad vasca para que, llegado el momento del ejercicio del derecho a decidir, la ciudadanía vasca pueda apostar por una opción ilusionante e integradora, evitando así una mayor fractura social derivada del hecho de tener que decidir entre opciones muy distantes y excluyentes.

6.- APOYO A LOS GRUPOS PACIFISTAS

El papel desempeñado por los grupos pacifistas en la movilización y dinamización social frente al terrorismo ha sido determinante. Estos colectivos han liderado el rechazo colectivo a la práctica de la violencia y, por ello, se han hecho acreedores de nuestro apoyo. Todo conflicto violento termina por generar una sensación de hartazgo en la comunidad, y en Euskadi este sentimiento ha tomado cuerpo y se ha materializado a través de los grupos pacifistas. Su contribución a un proceso de normalización y reconciliación resulta innegable, y merece destacar su apuesta por la defensa de todos los derechos individuales y colectivos, y su implicación activa en la cultura del diálogo (conferencias, jornadas, talleres,...).

En los últimos tiempos ha habido intentos por parte de otros colectivos por aprovechar la reacción social contra ETA, no desde claves pacifistas, sino en beneficio de opciones ideológicas o partidistas concretas. Sin embargo, este hecho no puede ensombrecer el trabajo, que desde hace muchos años, llevan desarrollando los grupos pacifistas a los que nos referimos. Éstos, desde su independencia y autonomía, nos han ayudado a superar el temor a mostrar públicamente una condena expresa a quienes han practicado y legitimado la violencia. Su actuación es un ejemplo a seguir en el futuro y van a seguir desempeñando una función importante. Sus reflexiones y propuestas deben ser tomadas en consideración, porque sólo les anima el hecho de aportar su esfuerzo para avanzar hacia la superación definitiva del llamado conflicto vasco. Desde sus legítimas diferencias, tienen en común un mismo espíritu: cooperar en la expansión de la cultura de la no violencia, el diálogo y la reconciliación.

Desde EZKER BATUA-BERDEAK, nos comprometemos a secundar cuantas iniciativas democráticas y pacíficas promuevan estos colectivos, así como a propiciar las condiciones mínimas que posibiliten el diseño de un nuevo escenario de paz a través del diálogo.

Es preciso que los grupos pacifistas y la sociedad de Euskadi nos movilicemos, exigiendo respuestas a un problema con el que no deseamos convivir como si fuese un mal estructural. El llamado conflicto vasco exige soluciones basadas en el consenso, y nadie debe imponer ni condiciones ni barreras insuperables. Este es el mensaje en torno al cual debe girar en el futuro

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inmediato la acción social, sobre todo en un contexto de polarización y frentismo político como el actual. La mayoría de la sociedad vasca, como nunca antes había ocurrido, ha decidido pasar a la acción y mostrar su rechazo inequívoco a la violencia, a pesar de los incalificables intentos por parte de algunos grupos políticos de instrumentalizarla. La mejor articulación de esta movilización la ofrecen los grupos pacifistas y a favor del diálogo. Por eso, EZKER BATUA-BERDEAK apoya y se solidariza con sus iniciativas; baste recordar, por ejemplo, la denuncia ética de la violencia de persecución que está realizando Gesto por la Paz o los trabajos que viene organizando Lokarri.

7.- SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS

En toda Comunidad azotada por la violencia, las víctimas han de ser parte esencial del debate y el acuerdo por la pacificación. Son ellos quienes han padecido las consecuencias del terrorismo, el dolor por la pérdida de un ser querido y, por tanto, son testigos directos del absurdo de una violencia que sólo ha contribuido a añadir más sufrimiento a una sociedad que anhela poder convivir en paz. Merecen, por tanto, nuestro reconocimiento y el apoyo humano y económico de las instituciones, tal y como ha venido haciendo el Gobierno y el Parlamentos Vasco, especialmente en la última legislatura.

Las víctimas de la violencia son un ejemplo de coraje y civismo. Nos brindan a todos una lección única de fortaleza, además de representar representar un impulso para continuar trabajando por el diálogo y la implantación de una nueva cultura, que incorpore referencias éticas y valores como la primacía de la vida humana, la tolerancia y la aceptación del pluralismo político y social.

Precisamente, este respeto y reconocimiento hacia las víctimas y personas allegadas nos lleva a denunciar el bochornoso intento de utilización que de ellas pretenden hacer determinados agentes políticos y mediáticos. Tan criminal es la acción del terrorismo, como inmoral es la politización de sus consecuencias más dolorosas. Las asociaciones y colectivos que representan a las víctimas son un referente social en este país y tienen una función primordial en la recuperación de una convivencia en libertad y en la reconciliación social; en modo alguno deben ser forzadas a tener un papel político o a tomar posiciones partidistas. Y desgraciadamente esto es algo que está ocurriendo en el caso de algunos colectivos que surgieron al calor de la movilización social contra el terrorismo de ETA.

La solidaridad no se agota el día después de los atentados, sino que

empieza, precisamente, entonces y necesita de una continuidad en el tiempo. EZKER BATUA-BERDEAK entiende que las instituciones vascas deben responder eficazmente a las necesidades de las personas afectadas por el terrorismo en Euskadi a través de la puesta en marcha o de la profundización en las medidas e iniciativas para:

-Adecuar la dotación de las partidas presupuestarias dedicadas a cubrir las

necesidades de todas las víctimas del terrorismo.

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-Revisar periódicamente la situación económica, sanitaria y laboral de las víctimas del terrorismo. La Administración Central y la Administración Pública Vasca han ido optimizando sus esfuerzos en la atención y sus ayudas a las víctimas del terrorismo a través de la aprobación de una legislación particular y de programas de solidaridad con las víctimas que incluyen medidas de apoyo económico, social, sanitario, educativo, laboral, destinadas a garantizar una vida digna a quienes han sufrido el terrorismo. Aún así, debido a la amplia casuística existente entre este colectivo, se deben contemplar ayudas al margen de las previstas en la normativa general para casos especiales y una reducción en lo posible de la burocracia, ambos problemas que han denunciado reiteradamente las víctimas del terrorismo.

-Potenciar al máximo las posibilidades de la Oficina de Atención a las

Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco como instancia de interlocución y de coordinación entre las demandas de las víctimas y sus asociaciones, y las actuaciones de los diversos departamentos del Gobierno Vasco que tienen responsabilidades relacionadas con la ayuda a las víctimas (Interior, Sanidad, Trabajo, Justicia,….)

-Facilitar el acceso a las especialidades médicas de atención a las secuelas

tanto físicas como psíquicas que sufren las víctimas del terrorismo, así como a los tratamientos prolongados en el tiempo, todo ello dentro de la sanidad pública.

-Promover la solidaridad activa con las víctimas de la violencia de

persecución y con toda la ciudadanía vasca. -Participar activamente en el recuerdo a las víctimas e incorporar la

experiencia vital de las personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo como elementos fundamentales para la construcción de una memoria colectiva que no olvide a las víctimas y su dolor, y que aporte como aspectos positivos la solidaridad y la movilización social. Memoria viva para acompañar a las víctimas, para evitar que se repita y para contribuir a la socialización de la cultura de la no violencia.

-Incorporación de la opinión de las víctimas de todos los colores políticos

en las iniciativas destinadas a trabajar en un proceso de reconciliación social para Euskadi, como colofón necesario al momento en que finalmente cese la violencia política en nuestro pueblo.

-Contribuir a que las víctimas queden al margen de las disputas

partidistas. Es la responsabilidad de todos los partidos políticos vascos la no utilización de las vîctimas con objetivos políticos.

-Fomentar todas aquellas iniciativas por y para la paz que nazcan con

espíritu de integración de toda la sociedad desde el respeto y la defensa de los Derechos Humanos.

-Apoyar decididamente desde las instituciones vascas a las asociaciones y

colectivos de víctimas del terrorismo en su trabajo por y para las personas que han sufrido el golpe del terrorismo.

8.- MARCOS PARA EL ACUERDO

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Ezker Batua-Berdeak ha participado, desde su constitución, en todos los foros que, dentro de su marco de actuación, se han creado para trabajar por la paz y la normalización política. Hemos defendido siempre el valor de lo unitario y la integración, evitando en la medida de lo posible las exclusiones. La implicación de la mayoría de la sociedad a través de su representación política es la base de cualquier acuerdo, con el único límite de la defensa de proyectos políticos e instrumentos democráticos.

Esta apuesta adquiere, si cabe, mayor sentido en la situación actual. Una situación caracterizada por la reanudación de la actividad terrorista y la violencia de persecución, que es aún más preocupante tras una tregua que no hemos sido capaces de convertir en definitiva. Se trata también de una coyuntura caracterizada por una marcada polarización y nuevo frentismo político que amenaza con producir una división y confrontación social absolutamente indeseables.

La posición política que hemos defendido, a menudo atacada por organizaciones políticas y grupos mediáticos que pretenden imponer un pensamiento uniformador, se caracteriza por los siguientes ejes:

1.- Reconocimiento de que en Euskadi existe un conflicto político de base, que se evidencia por la existencia de inconformidad con el marco político actual dentro de una parte de la sociedad y por la aparición de proyectos y objetivos políticos diversos y, a menudo, contrapuestos.

2.- La existencia de ETA y la violencia terrorista es un problema añadido que se debe afrontar desde la apuesta incondicional por la no violencia, el fortalecimiento de la unidad en los valores y principios democráticos, y el rechazo a cualquier instrumentalización política de los actos violentos.

3.- La paz y el diálogo, o si se quiere la pacificación y normalización política, son dos caras de una misma moneda. Aunque no se puede condicionar la una por la otra y pueden avanzar con ritmos diferentes, lo cierto es que será muy difícil avanzar en un campo sin que se den también avances en el otro.

4.- La voluntad popular como instancia legitimadora de cualquier acuerdo resolutivo, a través del ejercicio de un derecho democrático como es el de libre decisión.

Al repasar los distintos foros que se han creado a lo largo de estos últimos años, hay que empezar por el pacto de Ajuria Enea, firmado en 1988 y vigente a través de reuniones periódicas hasta 1998. Fue un intento de establecer una acción unitaria contra ETA, con la alusión a un final dialogado. En la práctica se quedó sólo en lo primero, fracasando en su propuesta por un escenario de diálogo como superación de la violencia. Por eso, la valoración que realizamos debe ser crítica y, sobre todo, con aquellos grupos políticos que manifiestamente se opusieron a abordar la llamada segunda fase de la normalización política. Esta actitud ha reducido la aportación de este pacto a una mera condena de la violencia, por supuesto necesaria, pero ha impedido avanzar hacia un escenario de diálogo e incorporar al acuerdo a otros posibles agentes políticos.

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El llamado “Documento Ardanza” fue presentado en 1998 por el anterior lehendakari. Suponía en la práctica un desarrollo del punto 10 del Acuerdo de Ajuria Enea, para establecer las bases de un diálogo político por la paz y la normalización. El rechazo del PP y tras éste del propio PSE imposibilitó el desarrollo de esta propuesta y supuso, en la práctica, el inicio de un periodo, en el que aún nos encontramos, de polarización y confrontación política. Desde EZKER BATUA-BERDEAK, hicimos una valoración crítica, a través de aportaciones propias, pero positiva de este documento, en la idea de que básicamente era compatible con nuestras propuestas en el terreno de la pacificación y en los instrumentos para resolver el conflicto vasco. Tal vez la aportación fundamental, en la medida que Ezker Batua-Berdeak tiene también un proyecto de Estado, era la necesidad de modificar la Constitución Española para cambiar su título VIII y dar cabida al reconocimiento del derecho a decidir.

El rechazo (.) del “plan Ardanza” y las aportaciones del “Foro de Irlanda”, en el que se realizó un proceso conjunto de reflexión de las fuerzas nacionalistas, dio origen al Acuerdo de Lizarra. Se planteó como un instrumento democrático para abordar el conflicto desde el diálogo sin imposiciones y sobre la base de la ausencia de violencia, que se concretó con la tregua indefinida de ETA. EZKER BATUA-BERDEAK participó activamente en este acuerdo por entender que la tregua era en sí misma un objetivo fundamental y que el propio acuerdo establecía unas bases democráticas para un diálogo sin exclusiones. Y lo hicimos asumiendo riesgos evidentes y soportando un fuerte acoso mediático. Defendimos siempre, aunque con escaso éxito, la necesidad de incorporar a este escenario a las fuerzas políticas que se habían autoexcluido. Sin embargo, la cerrazón y acoso de estas organizaciones políticas, reforzadas por un inusual ataque mediático, y la presión de una parte del nacionalismo por constituir un frente político a partir de Lizarra, fueron un auténtico freno de las posibilidades que tenía el acuerdo. Nuestro empeño por considerarlo como un instrumento válido para la consecución de la paz a través del diálogo y la resolución democrática del conflicto, apoyado por otros grupos políticos y pacifistas, quedó relegado ante la presión externa y las diferencias dentro del propio foro.

La suspensión de la tregua por parte de ETA fue un punto de inflexión definitiva. Tras el primer atentado exigimos un posicionamiento de rechazo que otros grupos políticos no fueron capaces de hacer. Entendimos que la persistencia de la violencia y la incapacidad del propio pacto para restaurar la tregua, en la práctica lo invalidaban como instrumento para la pacificación y normalización política. Por ello, tras un proceso interno que culminó en un referéndum, decidimos abandonar un foro que ya no podía cumplir los objetivos que alumbraron el acuerdo inicial.

Y por similares razones, tampoco hemos participado en la constitución de instituciones “paralelas”, como es el caso de Udalbiltza, en tanto que lejos de propiciar espacios de encuentro y mayoría, excluyen a una parte importante de la sociedad y se enmarcan en una apuesta estratégica de frente nacionalista.

A continuación los llamados partidos constitucionalistas, PP y PSOE, presentaron un marco de acuerdo político representado por el llamado “Pacto Antiterrorista”, del que derivó la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna.

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La posición de EZKER BATUA-BERDEAK fue de rechazo radical ante un acuerdo que nos retrotraía a un escenario incluso anterior al de Ajuria Enea. Entendíamos que era un acuerdo que nacía con la tara de ser intencionadamente excluyente y que obedecía más a estrategias partidistas que a un intento serio por abordar el problema de la violencia en Euskadi. Esto sin olvidar que había sido elaborado a espaldas de las organizaciones que representan a una parte importante de la sociedad vasca y a otras que no comparten el análisis político de estos dos partidos. EZKER BATUA-BERDEAK ha defendido siempre que la violencia es un problema lo suficientemente grave como para no instrumentalizarla ni hacer política partidista a partir de ella.

La respuesta a esta posición constitucionalista fue la articulación por el Lehendakari Ibarretxe de una reforma estatutaria desde el Gobierno que preside y en el que se había incorporado EZKER BATUA-BERDEAK en 2001. Frente a esta iniciativa, la posición de EZKER BATUA-BERDEAK fue la de permitir su tramitación, reclamando, mediante la formulación de un texto jurídico alternativo en sede parlamentaria, su reconversión en nuestro proyecto de FEDERALISMO DE LIBRE ADHESIÓN como espacio de máximo consenso posible entre los vascos y vascas y entre Euskadi y el resto de los pueblos del Estado, algo que se echaba de menos en la iniciativa del Lehendakari. Para alcanzar el mismo reclamamos igualmente de todas las demás fuerzas políticas la presentación de sus propios modelos. Algo que rechazaron tanto Batasuna, como el PP y el PSOE.

De este rechazo compartido a la acción del Gobierno tripartito vasco surgió un proceso de diálogo entre ETA y el Estado, que vino precedido de la llamada Declaración de Anoeta y de una nueva tregua de la organización terrorista. Aunque EZKER BATUA-BERDEAK apoyó sin reservas dicho proceso, siempre expresó la dificultad de que cuajara (.) si el proceso de conversaciones no se abría a la participación ciudadana y al diálogo entre el resto de organizaciones políticas en una Mesa de Partidos. Diversas razones, entre las que destaca la lectura electoralista que de dicho proceso hicieron tanto el PNV como la izquierda abertzale y el PSOE, así como la tensión política que el PP acumuló contra el mismo, provocaron la frustración del llamado proceso de paz y la vuelta de ETA a los asesinatos.

Ante esta situación, EZKER BATUA-BERDEAK apoyó la reacción del Gobierno Vasco tripartito de depositar en manos de la sociedad vasca una rápida respuesta a la nueva situación creada. Así impulsamos la aprobación de una Ley en el Parlamento vasco que habilitara una consulta a través de la cual la ciudadanía expresara su rechazo a ETA e impulsara un acuerdo político sobre el derecho a decidir entre los partidos políticos. Lamentablemente, el mismo gobierno de Zapatero que había negociado con ETA impidió con un recurso judicial, la celebración de la consulta frustrando, nuevamente los derechos de participación de la sociedad vasca.

De cara a la nueva legislatura, nuestro esfuerzo ha de ser el de conseguir el máximo apoyo electoral de la sociedad vasca para lograr que la participación popular y el reconocimiento del derecho a decidir de la ciudadanía pueda generar un nuevo marco de convivencia, que sea espacio plural de encuentro entre nacionalistas, constitucionalistas y federalistas.

9.- RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A DECIDIR

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El reconocimiento del derecho a decidir es pues una de las claves de la próxima legislatura, por lo que EZKER BATUA-BERDEAK quiere presentar a la ciudadanía la propuesta más concreta que en este momento existe para su reconocimiento legal. Máxime tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Septiembre de 2008 que ha anulado la Ley del Parlamento Vasco 9/2008 de 27 de Junio que regulaba la celebración de una consulta popular en Euskadi sobre este derecho.

Para las fuerzas constitucionalistas, este derecho o no existe, caso del PP, o consistiría (PSOE), exclusivamente, en una reforma del Estatuto de Gernika, a la catalana, supeditada al actual marco constitucional y sin que el Estado tuviera obligación legal alguna de negociar la correspondiente propuesta de reforma que pudiera aprobarse en el Parlamento Vasco, como ya sucedió con el llamado Plan Ibarretxe. Dicho de otra manera, la decisión vasca se encontraría subordinada a la decisión del conjunto del pueblo español y el Parlamento Vasco a las Cortes Generales.

Para muchas de las fuerzas nacionalistas, la decisión de la sociedad vasca, expresada en un referéndum de autodeterminación, no tendría límite ninguno derivado de la Constitución española ni de las Cortes Generales. Sin embargo, dicha Constitución, salvo que el Tribunal Constitucional algún día la interpretara en otro sentido, ni contempla hoy ni tiene visos de contemplar un referéndum de autodeterminación como el recientemente acontecido en Montenegro al que ahora tanto se invoca desde el campo nacionalista. Sin una reforma de la Constitución, algo a lo que Zapatero ha renunciado para temas de menor trascendencia, el derecho de autodeterminación no tiene vigencia jurídica en el Estado.

Ante esta situación y entre estas dos visiones que acabamos de exponer, que no acaban de lograr un punto de encuentro, EZKER BATUA-BERDEAK entiende que hay un margen de transición para construir una regulación del derecho a decidir profundamente democrática y que puede servir para que las fuerzas constitucionalistas y las nacionalistas puedan encontrar ese punto de consenso y de compromiso histórico que tanto necesita la sociedad vasca. Esta propuesta que defendemos parte de la legalidad vigente, no para legitimarla, sino para poder contar con la comprensión de las actuales fuerzas constitucionalistas

Obviamente, este compromiso obliga, máxime tras la Sentencia del TC de 11 de Septiembre de 2008, a distinguir el derecho a decidir de derecho de autodeterminación, aunque el ejercicio de ambos derechos pueden producir efectos jurídicos semejantes y no necesariamente la independencia. Para EZKER BATUA-BERDEAK, el derecho a decidir se diferencia de la autodeterminación nacionalista porque, a diferencia de ésta, I) su ejercicio es progresivo y no se agota en una única consulta en la que una determinada mayoría tenga que avalar un único resultado posible como es la independencia; II) su legitimación es estrictamente democrática y no deriva de argumentos históricos; III) parte del respeto de la legalidad vigente; IV) no equivale a un derecho incondicional e ilimitado para imponer sin más a la minoría o al resto del Estado las decisiones

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objeto de consulta; V) no se aplica sólo al llamado conflicto vasco, sino a cualquier cuestión de relevancia económica, social o ambiental, y VI) es un proceso que responde a la pluralidad de la sociedad vasca, siendo capaz de generar consenso entre todas las sensibilidades políticas, nacionalistas, no nacionalistas y federalistas, presentes en la misma de cara a alcanzar un compromiso histórico entre todas ellas.

Esta propuesta que defiende EZKER BATUA-BERDEAK parte de la necesidad de contar con una herramienta jurídica muy concreta para articular este reconocimiento del derecho a decidir. Para acceder a esta herramienta, bastaría con una reforma (.) del actual Estatuto de Gernika que, tramitada conforme a lo establecido en su artículo 46.1, añada al actual texto estatutario vasco, y al margen de aquellas otras que pudieran pactarse por el resto de fuerzas políticas, una nueva competencia. Esta reforma podría igualmente darse en el ordenamiento jurídico navarro.

Esa nueva competencia consistiría en la capacidad de las instituciones vascas para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum sobre cualquier cuestión de especial trascendencia; competencia que en la actualidad, corresponde (.) en exclusiva al Estado (.) (artículo 149.1.32 de la Constitución). Contando con esta herramienta jurídica, la propuesta de regulación que se propone sería (.) reformar el Estatuto de Gernika en su artículo 46.1 de la siguiente forma:

• El Gobierno Vasco (también una quinta parte de los parlamentarios o las Cortes Generales) propone al Parlamento Vasco la reforma estatutaria.

• La propuesta habrá de ser aprobada por el Parlamento Vasco, por mayoría absoluta.

• Requerirá, en todo caso, la aprobación de las Cortes Generales del Estado mediante Ley Orgánica.

• Finalmente, precisará la aprobación de los electores mediante referéndum.

En este procedimiento de reforma debe destacarse que hay dos hechos que son muy importantes para la propuesta que defiende EZKER BATUA-BERDEAK y que afectan, respectivamente, a las letras c) y d) del citado artículo. El primero de ellos, hace referencia a que el Estatuto de Gernika no precisa (artículo 46.1 c) por qué procedimiento las Cortes Generales aprobarán la reforma del Estatuto. En el precepto únicamente se hace referencia a que dicha aprobación se haga mediante la forma de Ley Orgánica (.).

Desde luego, esta falta de previsión ha tenido fatales consecuencias para la resolución del llamado conflicto vasco (.). No se entiende que, habiendo dejado el artículo 147.3 de la Constitución en manos de los propios Estatutos de Autonomía la determinación de su procedimiento de reforma, el de Gernika se haya limitado a repetir, sin más precisión, la necesidad de que las Cortes Generales tengan que aprobar la modificación mediante Ley Orgánica como obliga dicho artículo 147.3, (.) que literalmente dice: “la reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica”

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Ahora bien, no es lo mismo que las Cortes Generales estén obligadas a tramitar e intentar negociar, cuando menos, esa Ley Orgánica sobre la aprobación de la reforma de un Estatuto que, directamente, las Cortes puedan evitar incluso la tramitación de dicha Ley ante las Cámaras mediante una previa votación, sin restricciones, sobre la toma o no de consideración de la Propuesta de reforma que fuera remitida desde el Parlamento vasco. Precisamente, esta votación, pactada entre PP y PSOE, se utilizó el 1 de Febrero de 2005 para rechazar de plano y, sin negociación alguna, la Propuesta de nuevo Estatuto Político de Euskadi que había sido aprobada en el Parlamento vasco el 30 de Diciembre de 2005.

Pues bien, esa votación fue jurídicamente posible porque en el Estatuto de Gernika, precisamente en esa letra c) de su artículo 46.1 (.), se estableció la simple cautela, perfectamente compatible con lo que dice el artículo 147.3 de la propia Constitución, de señalar que el procedimiento para la reforma del actual Estatuto vasco no debía ser otro, también ante las Cortes Generales, que el mismo procedimiento que se siguió para su elaboración y aprobación inicial en 1979. Dicho procedimiento inicial venía, y sigue viniendo, reflejado en el artículo 151.2 de la propia Constitución española al que pudieron acogerse en dicha fecha los territorios que en el pasado habían plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y contaban con regímenes provisionales de autonomía a la fecha de entrada en vigor de la Constitución (Disposición Transitoria Segunda).

Esta autonomías, que luego fueron conocidas coloquialmente como las del artículo 151, tenían garantizado por dicho precepto (apartado 2.2º) que, habiendo sido aprobado el proyecto de Estatuto por su correspondiente Asamblea de parlamentarios autonómicos, el mismo “se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar, de común acuerdo, su formulación definitiva”.

Igualmente el artículo 152.2 de la Constitución blinda los Estatutos aprobados por la anterior vía del artículo 151, mediante la garantía de que su reforma exige, en todo caso, la aprobación en referéndum, por los electores inscritos en el censo de la Comunidad Autónoma correspondiente, del texto aprobado por las Cortes Generales.

Como puede comprobarse del citado artículo 151.2.2º de la Constitución, se desprende claramente que el Congreso de lo Diputados no podía rechazar, mediante una votación previa de toma o no de consideración, el inicial proyecto estatutario que fuera remitido por una Comunidad Autónoma (.) por vía del artículo 151, caso en el que se encuentra Euskadi. Todo lo contrario, la propia Carta Magna obliga a negociar sobre el mismo para intentar llegar a un texto de común acuerdo, a una delegación de ambos Parlamentos, el autonómico y el Congreso de los Diputados, en el seno de la Comisión Constitucional de la Cámara baja. De esta manera, se aprobó el vigente Estatuto de Gernika.

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Nada hubiese podido ni debido impedir que el artículo 46.1 c) del actual Estatuto de Gernika hubiera establecido que sus sucesivas reformas se tramitaran, ante las Cortes Generales por el procedimiento por el que dicho mismo texto fue aprobado y que es el que venimos comentando del artículo 151.2.2º de la propia Constitución: procedimiento que obliga preceptivamente a negociar el texto de la reforma o modificación entre los dos parlamentos concernidos sin que las Cortes Generales puedan rechazar la negociación mediante una votación inicial de toma o no a consideración.

Pues bien, ha sido esta omisión del artículo 46.1 c) del actual Estatuto de Gernika la que, ante la falta de otra previsión normativa, ha permitido al Congreso de los Diputados aprobar, mediante una Resolución de su Presidencia de 16 de Marzo de 1993, el procedimiento a seguir para tramitar la Ley Orgánica con la que aprobar o no la reforma del Estatuto vasco. Y es en dicha Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 16 de Marzo de 1993 donde la Cámara estatal se ha permitido introducir una votación previa de toma enconsideración sobre el proyecto de reforma antes de aceptar remitirlo, para su negociación con el Parlamento vasco, a la Comisión Constitucional del Congreso.

Estas son las razones legales que impidieron abrir la tan demandada negociación sobre el llamado Plan Ibarretxe. Si el artículo 46 del Estatuto de Gernika se hubiera remitido, para su reforma, al procedimiento seguido para su aprobación inicial en el artículo 151.2.2º de la Carta Magna, ni el PP ni el PSOE podrían haber rechazado su toma en consideración, como hicieron el 1 de Febrero de 2005. Por el contrario, la (.) Constitución le hubiera obligado a negociarlo en el seno de la Comisión Constitucional.

Ésta es, en síntesis, la doctrina que se desprende del Auto del Tribunal Constitucional de 31 de Enero de 2005, Recurso de amparo 546/2005, que enjuició, precisamente a instancias de EZKER BATUA-BERDEAK, la constitucionalidad de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 16 de Marzo de 1993. Según concluyó dicho Auto, la Resolución de la Presidencia es constitucional mientras el Estatuto de Autonomía de Euskadi no imponga como procedimiento de reforma el que se siguió, conforme al artículo 151.2.2º, para su formulación inicial en 1979. Caso de hacerlo así se recuperaría el derecho a negociar las modificaciones estatutarias en el Congreso sin que por el mismo se pudiera, por una mera votación inicial de toma o no de consideración, impedir dicha negociación, entre ambos parlamentos, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

Ni que decir tiene que la propuesta sobre la regulación del derecho a decidir que defiende EZKER BATUA-BERDEAK pretende, igualmente, recuperar dicho derecho a la negociación del actual marco de autogobierno vasco entre Euskadi y el Gobierno central cuando la correspondiente propuesta de reforma del Estatuto (.) venga avalada por una mayoría clara de la población vasca expresada en referéndum. En eso consiste el derecho a decidir y no en la creación directa de un nuevo sujeto político capaz de negociar, de igual a igual, con el Estado una nueva relación entre ambos. Y ello porque la creación de dicho nuevo sujeto político vasco obligaría a reformar la actual Constitución como dice la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Septiembre de 2008.

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Veamos en concreto cómo se podría incluir el derecho a decidir así entendido en el actual Estatuto de Gernika:

1.-El primero paso consistiría en recoger una nueva competencia de las instituciones vascas en materia de participación ciudadana y referéndum. Esta nueva competencia se recogería en una Segunda Disposición Adicional del Estatuto de Gernika, con la siguiente redacción:

“La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia

para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento y la realización de procesos de participación ciudadana, incluida la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum sobre decisiones políticas de especial trascendencia.

Tal competencia incluye, en los términos previstos en el artículo 46.2, la relativa al derecho que le asiste a la sociedad vasca a decidir libre y democráticamente su futuro político en los términos que determine el Parlamento Vasco”.

Con esta delegación competencial en materia de referendos, la ciudadanía vasca incrementaría su poder para decidir sobre todas las cuestiones políticas, sociales y económicas de relevancia social objeto de las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco sin límite alguno.

2.- El segundo apartado que EZKER BATUA-BERDEAK propone modificar del actual Estatuto de Gernika, para reconocer el derecho a decidir de la sociedad vasca, es el apartado 2 del artículo 46. Con esta nueva redacción, lo que se perseguiría es regular en qué condiciones y con qué efectos Euskadi podría realizar un referéndum en su propio ámbito de decisión relativo a sus relaciones con el Estado español, en el actual marco constitucional y a través del procedimiento de modificación estatutaria.

Esta nueva consulta, además de la ya prevista en la actual redacción del artículo 46.1 para culminar el proceso de reforma estatutaria tras la aprobación de la misma por las Cortes Generales, se debería convocar (.) por las autoridades vascas antes de remitir al Congreso de los Diputados un hipotético nuevo Estatuto vasco.

Este referéndum debería realizarse para ratificar la propuesta acordada en el Parlamento vasco o para que la ciudadanía expresara sus preferencias sobre un texto u otro de no alcanzarse un acuerdo en el Parlamento vasco. Obviamente, en este caso, todas las fuerzas políticas vascas deberían poder presentar sus propios proyectos sobre su respectivo modelo de convivencia sin límite ninguno: por ejemplo podría suceder que el texto votado mayoritariamente por la sociedad vasca en este referéndum fuera independentista y, por tanto, contrario a la actual Constitución española.

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Desde luego, el derecho a decidir tiene que contribuir a que todos los proyectos políticos presentes en el seno de la sociedad vasca pudieran materializarse jurídicamente de ser apoyados mayoritariamente por su ciudadanía. También tiene que lograrse con él un mayor respeto por parte de las Cortes Generales a las decisiones tomadas por el Parlamento y la sociedad vascas.

Ahora bien, como el derecho a decidir que EZKER BATUA-BERDEAK defiende no pretende imponer sin más al Estado la decisión que pudiera generarse en el ámbito vasco, lo que esta consulta habilitaría sería, exclusivamente, la puesta en marcha de un proceso de negociación del actual marco de autogobierno con el Estado. Un Estado que, en última instancia, podría rechazar llegar a un acuerdo sobre la propuesta remitida desde Euskadi, sin perjuicio de las consecuencias que para su legitimidad democrática, ello pudiera tener, especialmente en el ámbito internacional.

A este respecto, debe aceptarse que las Cortes Generales negociarán con el Parlamento Vasco, antes de delegar en las instituciones vascas la competencia para poder convocar referendos vinculantes, qué mayorías y qué preguntas serían preciso alcanzar y fijar, con toda claridad, para que un referéndum de la naturaleza que estamos hablando, convocado por las instituciones vascas, obligara al Estado español a negociar un cambio del actual marco del autogobierno vasco.

Es decir, no estamos contemplando un referéndum de autodeterminación al margen de la Constitución, sino una consulta sobre un nuevo Estatuto de autogobierno para Euskadi que, de ser apoyada por la sociedad vasca con la mayoría pactada con el Estado, obligase al mismo a negociar sobre dicha Propuesta por el procedimiento seguido para aprobar el vigente Estatuto de Gernika, cauce que, como antes dijimos, es el contemplado en el artículo 151.2 de la Constitución.

Por tanto, EZKER BATUA-BERDEAK propone un nuevo texto para el artículo 46.2 del Estatuto de Autonomía vasco que diga lo siguiente: “Si la propuesta de reforma fuera apoyada en un referéndum convocado por el Gobierno Vasco antes de ser remitida a las Cortes Generales para su aprobación mediante Ley Orgánica, ésta se tramitará por el procedimiento establecido en el artículo 151.2 de la Constitución. Para que la propuesta se entienda apoyada será preciso que obtenga una mayoría suficiente de los electores inscritos en el correspondiente censo y que se formule sobre dicha propuesta una pregunta clara”.

A nadie escapará que esta regulación del derecho a decidir que defiende EZKER BATUA-BERDEAK está basada en el modelo avalado por la Corte Suprema del Canadá de 20 de Agosto de 1998 en relación con el Québec. Lo novedoso descansa en que si la propuesta de reforma del Estatuto vasco viene apoyada por una amplia mayoría de la sociedad vasca, consultada específicamente en referéndum, existiría una mayor dificultad para que las Cortes Generales

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rechazaran finalmente alcanzar un acuerdo sobre un texto estatutario que permitiera durante varias generaciones un encaje estable entre Euskadi y el resto de los pueblos del Estado.

Incluso para llegar a tal acuerdo sería perfectamente posible que los dos partidos mayoritarios en el Estado pudieran poner en marcha la reforma constitucional que fuera necesaria para llegar a un acuerdo sobre la Propuesta remitida desde el Parlamento Vasco. Ello podría suponer un nuevo modelo de Estado que hiciera que una propuesta independentista, hipotéticamente avalada por una consulta popular en Euskadi, fuera finalmente rechazada por esa misma sociedad vasca en el referéndum final de cierre del proceso de reforma y que fuera convocado desde el Estado ante el ofrecimiento de esta nueva alternativa de organización territorial.

En definitiva lo que logra esta formulación jurídica es crear obligatoriamente, en el actual marco legal, un espacio a la negociación política antes de que las Cortes Generales puedan rechazar, por inconstitucional, cualquier propuesta de modelo de convivencia que pudiera llegar avalada por la ciudadanía vasca. Como ha demostrado el reciente caso catalán, dentro del actual marco constitucional cabe la puesta en marcha de diversas fórmulas de relaciones entre Euskadi y el Estado sin por ello violentar la Carta Magna. Desde luego para EZKER BATUA-BERDEAK, como se detallará en el siguiente apartado de este programa electoral, la mejor fórmula sustantiva final consistiría en la configuración de un auténtico Estado federal, libremente aceptado y pactado por todos los pueblos del Estado español.

10.- - CULTURA POR LA PAZ

Si al inicio de este capítulo hacíamos referencia al hartazgo que ha generado en Euskadi el problema de la violencia, en este epígrafe apostaremos por la defensa de una cultura encaminada a la defensa de valores de paz, tolerancia, respeto y pluralidad. Nuestra Comunidad ansía poder convivir en armonía, solventando las diferencias legítimas a través del diálogo y la profundización en las vías democráticas.

En la dialéctica entre términos en negativo y términos en positivo hay que apuntar que la ciudadanía no desea sólo la ausencia de conflicto, sino la existencia de paz. Este concepto es algo mucho más completo e integral que la ausencia de conflicto, dado que el pueblo vasco, como otros muchos, es una sociedad en permanente conflicto, claramente fracturada en grupos sociales, económicos y políticos distintos y en la que es muy frecuente el rechazo al “otro”.

Esta situación debe superarse a través de la generalización de nuevas pautas de relación social y en esa labor juega un papel muy importante la educación y las dinámicas de socialización. Pero Educar en la Paz no sólo significa condenar el terrorismo; significa también potenciar desde la escuela, la familia, los medios de comunicación,... referencias éticas como pueden ser los derechos

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humanos, individuales y colectivos, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia social, el respeto a la diversidad, la tolerancia hacia quienes no piensan igual, la riqueza y el interés de la convivencia plural, entre otros muchos aspectos.

Esta orientación implica una ardua labor en la que hemos de implicarnos por igual. Para ello, es preciso, además, implantar las siguientes medidas:

1. Defensa de una cultura no violenta en todas las esferas sociales.

2. Rechazo a toda práctica y publicidad militarista.

3. Promoción de la Educación para la Paz en centros educativos.

4. Oposición al lenguaje militar, sexista, racista, agresivo y autoritario.

5. Apoyo a las campañas contra el juguete bélico.

6. Regulación estricta de la licencia de armas y venta a particulares.

7. Reconversión de la industria armamentística.

8. Defensa de la objeción fiscal en gastos militares y sus presupuestos.

9. Potenciar a las organizaciones sociales que promueven la cultura de la paz y el diálogo.

11.- RETOS DE LA NORMALIZACIÓN Desde el punto de vista de la normalización política, tenemos planteados

en Euskadi tres retos centrales: a) La cuestión nacional vasca, que apela a los referentes de nación,

sujeto político, Estado, soberanía, ámbitos territoriales e identidad política. b) La integración comunitaria o cohesión cultural y social. La

construcción de la identidad colectiva apela a la normalización lingüística, a la libre adscripción cultural y política, a la creación de un espacio de opinión pública, a la creación de lazos culturales y de cooperación entre territorios.

c) La cuestión social, que apela a la solidaridad para, desde claves de igualdad, disfrutar del trabajo, la renta y el desarrollo, para un cambio social máxime ante la grave situación de crisis económica que la crisis financiera mundial y la dependencia del ladrillo ha generado desde 2008 en el Estado y también en Euskadi.

EZKER BATUA-BERDEAK aborda estos tres retos que acabamos de apuntar

con el objetivo de conseguir un país verdaderamente para todos, más integrado y cohesionado en lo comunitario, lo cultural y, por supuesto, lo social.

Desde el punto de vista de la pacificación, un problema urgente y

dramático que debemos abordar es el que genera por sí misma la violencia terrorista de ETA. Unido a ello, y en buena parte agravado por dicha violencia, aparecen como aspectos a resolver la confrontación ideológica, la intolerancia política y la deshumanización del conflicto.

En el Programa de EZKER BATUA-BERDEAK, como organización política de

la izquierda transformadora vasca, tenemos que abordar los retos de la

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pacificación y la normalización política de Euskadi, yendo a las raíces más profundas de los mismos. Ello no implica, más bien todo lo contrario, dejar de denunciar con toda contundencia la violencia y el deterioro democrático y de la convivencia que generan las distintas formas en que esta violencia se manifiesta. Denunciamos también, por otro lado, las actitudes de exclusión e intolerancia política que actualmente padece la sociedad vasca. Los dos obstáculos fundamentales para avanzar en clave constructiva con respecto a los retos señalados son, de manera preferente y en un plano prepolítico-ético, la violencia asesina de ETA y su total desprecio por las exigencias de la sociedad vasca, así como, en segundo lugar, la falta de voluntad por una buena parte de los agentes políticos por afrontar la cuestión en toda su complejidad.

Exista o no ETA, hay un problema pendiente de abordar, puesto que un

amplio sector de la ciudadanía plantea la necesidad de definir un nuevo marco para la convivencia en Euskadi. EZKER BATUA-BERDEAK rechaza aquella visión según la cual avanzar en esto último suponga pagar un peaje respecto a ETA o su entorno. Si se plantea el tema en una dirección democrática, y no necesariamente en la dirección y forma que ETA desea, no cabe decir que ello suponga ningún peaje. De todos modos, queda claro que la presencia de ETA y su actividad terrorista es uno de los obstáculos primordiales para que este avance pueda producirse.

Hay que reconocer el impulso para el autogobierno que ha supuesto el

Estatuto de Gernika, así como las instituciones de él derivadas, especialmente el Parlamento vasco. Sin embargo, el marco estatutario hoy vigente no despierta ya el mismo grado de acuerdo que en su primer momento, dado que un sector de la sociedad vasca, minoritario aunque significativo, que nunca lo aceptó sigue sin hacerlo y, sobre todo, porque un sector que lo apoyó ya no se reconoce en él. En todo caso no cabe declarar la muerte del Estatuto, como hacen ciertos sectores del nacionalismo vasco, en tanto en cuanto no se logre otro marco de convivencia que recabe mayor consenso que aquel. Igualmente reclamamos de los llamados partidos constitucionalistas, que hacen bandera del Estatuto, que de una vez por todas lo cumplan concluyendo el proceso de transferencias pendientes desde 1978.

En este contexto EZKER BATUA-BERDEAK siempre ha defendido el derecho

de autodeterminación como principio democrático y derecho de todos los pueblos. Su reconocimiento o ejercicio constituye a un pueblo en sujeto de soberanía por el simple hecho de que éste pueda decidir o decida sobre su futuro, sea cual sea la dirección en que lo haga. Mientras la Constitución española no reconozca el mismo cuando menos debe recogerse jurídicamente un derecho a decidir de la sociedad vasca como el que se ha explicado en el apartado anterior de este programa.

Esto es un principio democrático elemental, hoy cuestionado por sectores

que se consideran demócratas y que se refugian en el inmovilista argumento de que como hay sectores que no desean ser consultados porque no quieren mover las cosas, no cabe que quienes sí lo desean lo planteen en la agenda política. Y, sin embargo, lo no democrático es negarse a consultar cuando lo pide una mayoría y por miedo a los resultados. Lo no democrático es que se impongan las tesis de una minoría o que, no sabiendo lo que es mayoría o minoría, esta incertidumbre se convierta en argumento para impedir saberlo.

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Simplemente forman parte de la filosofía democrática dos enfoques: - Admitir que es legítimo y necesario consultar a un país sobre la dirección

de su futuro precisamente porque es plural y se piensa a si mismo como país. - Comprometerse a aceptar los resultados de ese proceso siempre que se

den, de modo inequívoco, unos procedimientos escrupulosamente democráticos, en términos claros y con ausencia total de violencias o coacciones de todo tipo.

Ezker Batua-Berdeak entiende por vasquismo la apuesta tanto por la

defensa de la identidad propia y la aceptación de la pluralidad, como por el desarrollo de la sociedad vasca actual. En consecuencia sostiene la formación democrática de la sociedad vasca de modo progresivo y voluntario, partiendo siempre de la capacidad de decisión de la ciudadanía para definir el futuro.

Ezker Batua-Berdeak considera que lo que se denomina Euskal Herria es

una realidad cultural e histórica, pero no un sujeto político en tanto le falta la legitimación ciudadana, especialmente en los territorios en los que una mayoría de la sociedad no comparte un sentimiento identitario vasco. Es un principio respetar la voluntad de la ciudadanía navarra o de Iparralde, en tanto forman Comunidades naturales propias. Durante la próxima legislatura, habrá que trabajar en la línea de propiciar experiencias de coordinación entre estos territorios en áreas de interés común (la importante parte de cultura compartida, las infraestructuras o los intereses económicos comunes derivados de la cercanía y de los lazos, incluso trasladar al Amejoramiento navarrro una fórmula de reconocimiento del derecho a decidir como la que propone EZKER BATUA-BERDEAK en este programa electoral para la CAPV). Y ello, lógicamente en función de la voluntad política que se manifieste en cada territorio. En este plano, el horizonte de una euro-región fronteriza en la Europa comunitaria puede desideologizar procesos, hacerlos más pragmáticos y menos tensos. Todo ello es necesario para desactivar las numerosas suspicacias generadas desde todos los ámbitos desde los años 70 y que lejos de haber acercado a las ciudadanías respectivas las han distanciado.

Es un sentir mayoritario en la sociedad vasca que, en las condiciones

actuales es urgente la concreción de esos principios en un modelo de convivencia definitivo. EZKER BATUA-BERDEAK no puede por menos de contribuir a arrojar algo de luz sobre la problemática y a acercar posturas.

12.- NUEVO MODELO DE CONVIVENCIA

Consideramos por tanto imprescindible reclamar de la sociedad vasca el

apoyo suficiente para lograr que el proyecto de FEDERALISMO DE LIBRE ADHESIÓN que defendimos en el Debate sobre el modelo de convivencia habido en la VII Legislatura del Parlamento vasco.

EZKER BATUA-BERDEAK, si bien respeta de antemano el resultado del

debate que pueda establecerse en el nuevo Parlamento entre todas las fuerzas políticas en el mismo presentes, y el posterior resultado de una consulta a la ciudadanía vasca, realiza y desarrolla en su Programa una propuesta concreta de marco para la convivencia: la unión federal libre con el resto de pueblos del

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Estado español, a partir de la cual se constituya un Estado federal solidario, plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Es un modelo que articula las más amplias cotas de autogobierno con la participación en un proyecto federal más amplio. Es, por último, un modelo por el que apostamos ya que contiene evidentes virtualidades de cara a construir un país en el que todas las personas nos sintamos incluidas. Es decir, un país de todos y todas y para todos y todas, que es nuestro principal objetivo.

Creemos que sólo el FEDERALISMO DE LIBRE ADHESIÓN podrá encontrar un marco de consenso mayor que el obtenido por el actual Estatuto de Gernika, requisito imprescindible para abandonar este último. Reclamamos, pues, en primer lugar el voto de los ciudadanos y ciudadanas vascas para que en la próxima legislatura dispongamos del suficiente peso político y electoral que permita a la sociedad vasca construir un marco de convivencia en torno a nuestro proyecto de FEDERALISMO DE LIBRE ADHESIÓN, a partir de su reconocimiento del derecho a decidir.

13.- CONCLUSIONES

Defensa del derecho a la vida y a la integridad de todas las personas.

Exigencia a ETA del cese definitivo e incondicional de su actividad violenta.

Reconocimiento de la legitimidad democrática de todas las propuestas políticas previo reconocimiento y regulación legal del llamado derecho a decidir de la sociedad vasca.

Apoyo a los Grupos Pacifistas como promotores de la movilización social.

Respaldo humano y económico a todas las víctimas del terrorismo.

Denuncia de cualquier recorte de libertades, que incluye el rechazo de la llamada “guerra sucia”, las leyes de tipo excepcional y todo tipo de maltrato o tortura.

Aplicación a los presos de las garantías procesales y derechos que les asisten.

Profundizar en la defensa de todos los derechos fundamentales.

Apuesta por el Federalismo de Libre Adhesión como nuevo marco de convivencia de la sociedad vasca con el Estado español siempre que el mismo fuera libre y democráticamente aceptado por la sociedad vasca en el ejercicio de un derecho de autodeterminación reconocido en una futura reforma constitucional o de un derecho de decisión tal y como se propone en este programa electoral.

Todos estos principios y propuestas aparecen recogidos en el espíritu del Acuerdo de Ajuria Enea, y en otros acuerdos que se han propuesta a lo largo de los últimos 10 años. Por tanto, no reclamamos nada nuevo; nos limitamos a

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exigir voluntad política para poder encarar con posibilidades de éxito un proceso de diálogo, que nos garantice una convivencia pacífica y democrática.

Esta es, en esencia, la génesis de un acuerdo, que responde a las convicciones pacíficas y democráticas de EZKER BATUA-BERDEAK. El tiempo nos dará la razón, y en Euskadi, al igual que ha ocurrido en Irlanda del Norte, el cese del terrorismo, el diálogo y el reconocimiento de la soberanía popular serán las claves de una solución política de futuro. El pueblo vasco respaldará siempre estas medidas, y quien lo dude tiene la posibilidad de consultarles mediante un referéndum.

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NUESTRA ALTERNIVA: FEDERALISMO DE LIBRE ADHESION 1.- EZKER BATUA-BERDEAK DEFIENDE, A PARTIR DEL DERECHO DE

LA SOCIEDAD VASCA A DECIDIR LIBRE Y DEMOCRÁTICAMENTE SU FUTURO POLÍTICO, UN NUEVO MODELO DE VINCULACIÓN FEDERAL CON EL RESTO DE LOS PUEBLOS DEL ESTADO: EL FEDERALISMO DE LIBRE ADHESIÓN.

EZKER BATUA –BERDEAK considera que tras más dos décadas de

andadura del autogobierno vasco, así como del actual sistema estatal denominado de las Autonomías, es necesario plantearse cuál es el modelo político, administrativo y económico que mejor puede satisfacer en el momento actual las necesidades, reivindicaciones y anhelos mayoritarios del pueblo vasco. El actual Estatuto de Gernika ha sido en este periodo un instrumento de convivencia válido y que ha recabado apoyos de amplios sectores ciudadanos. No puede por tanto declararse si más su defunción como realizan sectores del nacionalismo vasco que precisamente han capitalizado de forma fundamental las instituciones que se han derivado de dicho Estatuto.

Ezker Batua-Berdeak valora positivamente los avances que han existido en

el autogobierno vasco desde 1978 hasta la fecha, a pesar de sus deficiencias. El Estatuto ha sido un buen marco de encuentro para la sociedad vasca y en eso se equivoca el nacionalismo más radical pues con la Constitución y el Estatuto dejamos atrás el franquismo y nos reencontramos con la democracia. Pero el Estatuto tampoco puede ser un marco inalterable, como pretenden PP y PSOE, pues una buena parte de la sociedad vasca no se encuentra cómoda en este marco.

Además no puede negarse que Partido Popular y PSOE, que ahora ha

vuelto a recoger la bandera estatutaria tras años de apoyo al frentismo antinacionalista vasco impulsado por el ex-Presidente Aznar, han sido los responsables de la desvalorización del Estatuto de Gernika ante parte de la sociedad vasca por su negativa a cumplirlo íntegramente desde los gobiernos que en estos 29 años han impulsado en Madrid. Prueba de lo que decimos es que durante los dos gobiernos de Zapatero no se ha culminado el traspaso de transferencia alguna de las pendientes salvo parcialmente en lo relativo a I+d+i como consecuencia del apoyo del PNV a los presupuestos para 2009 del gobierno del PSOE.

Ante una realidad tan polarizada en dos grandes bloques deberían surgir

esfuerzos de acercamiento de ambos bloques, deberían existir puentes de contacto. Sin embargo, la realidad parece estar discurriendo por caminos bien diferentes. Todos los paradigmas ofertados por los partidos políticos vascos mayoritarios son excluyentes y contradictorios entre sí (nacionalismo vasco,

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nacionalismo español, regionalismo localista, etcétera). Parece que a la sociedad en su conjunto sólo se le ofrece elegir entre una u otra trinchera. EZKER BATUA-BERDEAK entiende que se debe romper con esa dinámica, hasta cierto punto, bélica. La Comunidad no se puede configurar bajo los paradigmas del nacionalismo vasco (claves étnico-lingüísticas), pero tampoco desde la negación de la personalidad y capacidad de decisión propia del pueblo vasco (rasgo propio del nacionalismo español).

Creemos que es necesario ofrecer a la ciudadanía vasca un marco en el

que se pueda mover con comodidad; un marco en el que se desarrollen con libertad las personas, en tanto que sujetos activos de Derechos Humanos individuales, y en el que pueda crecer y desarrollarse la sociedad vasca bajo parámetros de ilusión, integración, inclusión, interculturalidad, respeto, pluralidad, armonía y paz. Esta propuesta, que es a la vez el proyecto estratégico de Ezker Batua-Berdeak para Euskadi, se basa en dos pilares: el derecho de autodeterminación o, en su caso, el derecho a decidir y el federalismo solidario.

En este contexto, entendemos que es perfectamente compatible el

desarrollo de un ámbito político y administrativo vasco propio, a partir del reconocimiento del derecho de autodeterminación, con la inclusión pacífica de Euskadi en el seno del Estado y en la Unión Europea. Euskadi debe ser dueña de su destino, pero a la vez debe tener voz propia en lo relativo a la configuración del actual modelo de Estado, así como sobre los futuros modelos de relación entre las Comunidades autónomas, el Estado español y la Unión Europea.

Esta es nuestra propuesta para el Debate final sobre el modelo de

convivencia que sigue pendiente ante la sociedad vasca. Debate al que Ezker Batua-Berdeak no se opone y del que confía se obtenga un marco jurídico y político que goce de mayor consenso que el obtenido por el Estatuto de Gernika.

En todo caso, las reformas que se acometan deberán ser elegidas libre y

democráticamente por la ciudadanía vasca (y de los otros pueblos), pues sólo así será posible una solución democrática, estable, de futuro y con capacidad de superar las tensiones y conflictos que ha vivido nuestra sociedad desde la transición.

Esta realidad fundamenta la apuesta de Ezker Batua-Berdeak por el encaje

de Euskadi en un Estado Federal, en el que sean reconocidos los derechos nacionales de los pueblos que ya los reclaman, así como las voluntades de autogobierno, presentes y futuras, de comunidades sociales que sin tener todos los perfiles de las nacionalidades, se sienten dueñas de su destino y están dispuestas a ejercer sus potestades de autogobierno. Estamos convencidos de que la fórmula federal es susceptible de ser la más adecuada para gestionar la realidad social actual y, desde luego, ofrece evidentes ventajas frente al mantenimiento del actual Estado de las Autonomías, que presenta síntomas de agotamiento, o frente a la solución independentista.

En la medida en que una propuesta novedosa en este campo pueda ayudar

de alguna forma a desbloquear el conflicto, avanzamos nuestra opción federal: es decir, la libre opción de Euskadi para federarse con otros pueblos y de este modo crear un Estado Republicano, Federal y Solidario, caracterizado, además, por ser un Estado social, democrático y de derecho, de carácter, plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Esto es a lo que llamamos el Federalismo de Libre

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Adhesión. Pensamos que esta fórmula, además de tener claras ventajas de cara a la vertebración democrática del Estado español, resulta apta para contribuir a la integración, pacificación y normalización de la sociedad vasca.

2.- PARA LLEGAR AL FEDERALISMO DE LIBRE ADHESIÓN, EZKER

BATUA-BERDEAK DISTINGUE DOS FASES, PROPONIENDO EN CADA UNA LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

Euskadi debe acometer, en los próximos años, un doble proceso

caracterizado, en primer lugar, por un impulso autonómico en el que deben agotarse las potencialidades contenidas en el Estatuto de Gernika, seguido de una auténtica fase constituyente de un Estado Federal Solidario en el que, desde nuestro punto de vista, Euskadi debe ser uno de los entes soberanos que libremente propicie el vínculo federal. Es más, Ezker Batua-Berdeak entiende que Euskadi ha de ser uno de los motores principales de ese proyecto federal.

En este sentido nos parece absolutamente insuficiente la reforma

constitucional que propugnaba el Gobierno Zapatero limitada a una reforma del Senado, a institucionalizar la llamada Conferencia de Presidentes de CC.AA. y a mejorar la presencia en Europa de éstas. Tras el Dictamen del Consejo de Estado esta reforma ha sido excluida de la agenda por Zapatero el cual ha dejado incluso de reunir a la Conferencia de Presidentes. Obviamente en este marco es inviable la resolución con éxito de la llamada cuestión territorial así como que pueda acabar en buen puerto la llamada vía catalana que pretende la reforma del Estatut en el marco de la Constitución de 1978 con las modificaciones señaladas. La próxima Sentencia del TC sobre el mismo fijará claramente los límites de esta vía.

Por ello Ezker Batua-Bedeak apuesta por abordar una reforma

constitucional radical que desemboque en un Estado federal de libre adhesión. 3.- FASE DE DESARROLLO (.) DEL ACTUAL ESTATUTO DE GERNIKA

(.) A) Transferencia inmediata a Euskadi de todas las competencias que le

corresponden, según el Estatuto de Gernika, y que aún están bajo responsabilidad del Estado.

B) Aumento del autogobierno vasco a través del artículo 150.2 de la (.)

Constitución (transferencia o delegación a Euskadi de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal mediante ley orgánica).

C) Reconocimiento de la participación ciudadana y el derecho a decidir

en los términos señalados en este programa electoral. D) Modificación o derogación de las leyes estatales, especialmente de

bases, que hayan limitado competencias atribuidas por el Estatuto de Gernika a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

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E) Reforma del Senado, tanto en su forma de elección como en el rango y tipología de sus funciones, orientada a convertir este órgano en una verdadera cámara de representación territorial (y no una simple Cámara de segunda lectura como lo es actualmente). Dicha reforma del Senado se concretaría en:

• modificación de su sistema de elección y organización a fin de que

los senadores y senadoras elegidos representen la voz de Euskadi en la cámara y no simplemente la de los partidos políticos por los que se han presentado.

• competencia para decidir sobre cuestiones relativas a la

organización territorial del Estado, así como otras cuestiones de índole normativa que afecten a las Comunidades Autónomas, como consecuencia de la participación del Estado español en la Unión Europea.

• competencia exclusiva sobre todo lo relacionado sobre los Estatutos

de Autonomía y su reforma. • derecho de veto de los proyectos de ley del Congreso de los

Diputados que invadan las atribuciones del Senado o que afecten lesivamente a las competencias de las Comunidades Autónomas o a la organización territorial del Estado.

• plena equiparación, en los trabajos del Senado, de todas las lenguas

oficiales en cualquier territorio del Estado. • capacidad para determinar el contenido máximo de las leyes de

bases del Estado en los casos en que la competencia legislativa esté distribuida entre el Estado y las Comunidades Autónomas mediante la técnica de las llamadas bases-desarrollo.

• utilización del Senado como Cámara de cogeneración de la voluntad

del Estado español ante la Unión Europea siguiendo el modelo del Bundesrat alemán.

F) Participación de Euskadi en las delegaciones del Estado ante la

Unión Europea incluida la capacidad de representar al Estado, de forma coordinada con el resto de las Comunidades Autónomas, en las reuniones de los consejos de ministros de la Unión Europea.

G) Disminución sustancial de la administración periférica del Estado en

Euskadi. H) Presencia de un magistrado designado por el Parlamento Vasco en el

Tribunal Constitucional a través de la fórmula establecida por la reforma de la LOTC para jueces que corresponde designar al Senado.

4.- INICIO DE UN PROCESO CONSTITUYENTE EN EL ESTADO

ESPAÑOL QUE CONCLUYA, PREVIA RADICAL REFORMA DE LA ACTUAL CONSTITUCIÓN DE 1978, EN LA GENERACIÓN DE UN ESTADO FEDERAL PLURINACIONAL Y PLURILINGÜE BASADO EN LA LIBRE Y SOLIDARIA UNIÓN ENTRE TODA LA CIUDADANÍA Y PUEBLOS QUE LO COMPONEN.

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• CONTENIDOS DEL FEDERALISMO DE LIBRE ADHESIÓN A) Concepción del derecho de autodeterminación, como derecho que

implique algo más que instaurar fronteras artificiales en una sociedad globalizada.

B) Concepto progresivo y dinámico de la sociedad vasca, definidor de

una futura nación cívica. C) Asunción de elementos diferenciales de la sociedad vasca respecto a

otras Comunidades y viceversa porque al fin y al cabo es el derecho también de otras Comunidades. Sin establecer diferencias jurídicas y legales, salvo aquellas que existan hasta que todos los Estados, pueblos o regiones asuman el nivel de autogobierno que sus miembros demanden.

D) Inclusión de este planteamiento dentro de una Europa de los

pueblos que de hecho no se reconoce en la Constitución europea. E) Relación y forma de participación en el Estado español dentro de

una articulación federal y republicana. Para ello debemos fomentar la creación de una cultura común, solidaria y republicana entre toda la ciudadanía del Estado que encuentre en la solidaridad laboral, social y fiscal su mejor expresión y garantía. El Federalismo de Libre Adhesión no es un proyecto cerrado sino que se trata, ante todo, de un proceso abierto a toda la ciudadanía y a todos los pueblos del Estado español.

F) Posibilidad de revisión permanente del pacto federal entre Euskadi y

El Estado federal español mediante un proceso negociado que se inicie a partir de una consulta popular que exprese el derecho a decidir de la sociedad vasca, tal y como se propone en este programa electoral.

G) En el Federalismo de Libre Adhesión cada Comunidad Federada del

Estado podría, en su pacto federal con el mismo, asumir libremente las competencias que figuran en la Constitución federal o delegarlas en el Estado federal.

H) Compromiso del Federalismo de Libre Adhesión con la participación

social. En nuestro modelo federal, la soberanía no estará en manos de los políticos ni de los jueces. Sólo estará en manos de la gente. Por lo anterior en el Federalismo de Libre Adhesión siempre que haya que tomar decisiones importantes se convocarán referendos y se respetará la voluntad mayoritariamente expresada por la sociedad. En concreto algunas de tales propuestas son los referendos (incluidos los derogativos de leyes aprobadas por el Parlamento vasco), las consultas y la Iniciativa Legislativa Popular. En especial proponemos exportar esta fórmula a todas las instituciones, reducir a 20.000 firmas las precisas para articular la ILP en el Parlamento vasco y abrirla a todas las materias sin excepción, incluida la iniciativa para reformar el Estatuto. También creemos que con tal número de firmas debería permitirse a la ciudadanía obligar al Parlamento vasco a debatir una moción de censura del Gobierno.

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Elección popular de determinadas instancias judiciales, dado el papel que

el Poder Judicial está teniendo en el recorte de libertades, y en general todas las fórmulas de presupuestos participativos.

Para lograr estos fines, Ezker Batua-Berdeak impulsará, en la IX

Legislatura, la aprobación, por el Parlamento vasco, de una Ley de Participación Ciudadana en Euskadi.

I) Para el Federalismo de Libre Adhesión serían ciudadanos y

ciudadanas vascas todos los que actualmente viven y trabajan en Euskadi sin distinción, incluidos los residentes extranjeros. Igualdad de derechos para el conjunto de la ciudadanía del Estado federal español. Desde luego tampoco existirá en el Federalismo de Libre Adhesión espacio para ninguna minoría.

J) Los derechos fundamentales serán garantizados, en última

instancia, por el Estado federal si las Comunidades federadas no los protegiesen. K) Respeto a la voluntad de los navarros y navarras y a la de la

ciudadanía de Iparralde, libremente expresada, para vincularse a Euskadi. L) Apoyo a la creación del Departamento Vasco de los Pirineos

Atlánticos, como marco referencial y de encuentro de la ciudadanía de Iparralde. M) Creación de una euro-región que vincule los territorios vascos

actualmente existentes en los Estados español y francés. N) Revitalización del órgano de colaboración entre Euskadi y la

Comunidad Foral de Navarra. Creación de otras instituciones comunes. Reforzamiento de los vínculos entre ambas Comunidades.

O) Resolución definitiva de la cuestión de los enclaves. P) Participación efectiva de Euskadi en la configuración del Estado

federal español y de la Unión Europea. Por ello en el Federalismo de Libre Adhesión Euskadi, y el resto de Comunidades Federadas, tendría una presencia efectiva en instituciones comunes como el Senado, el Tribunal Constitucional o las nuevas Agencias Federales.

Por eso, también, en el Federalismo de Libre Adhesión la presencia de

Euskadi en Europa o en los ámbitos internacionales sería siempre coordinada con el resto de Comunidades con competencias en el asunto de que se trate.

Q) Compromiso del Federalismo del Libre Adhesión con la solidaridad.

De acuerdo con el mismo Euskadi será solidaria con los trabajadores y sectores sociales populares de todo el Estado.

El Federalismo de Libre Adhesión garantiza a todas las trabajadoras y

todos los trabajadores del Estado federal un Estatuto de derechos inderogables para cualquier negociación colectiva de cualquier ámbito. Igualmente las negociaciones colectivas que se generasen en cada Comunidad federada siempre

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podrán ser invocadas por la clase trabajadora de otra Comunidad para mejorar sus condiciones de trabajo.

También en el Federalismo de Libre Adhesión, la Seguridad Social no será

un instrumento político sino exclusivamente la caja compartida que garantice todas las prestaciones de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras del Estado federal, lo que implica el reconocimiento del derecho a la participación vasca en la gestión de los citados fondos.

Finalmente con el Federalismo de Libre Adhesión, Euskadi se

seguiría financiando con el Cupo, aunque se modificaría para asumir las nuevas competencias y garantizar la solidaridad federal.

R) El Federalismo de Libre Adhesión dotará a Euskadi de un

autogobierno mayor y más solidario que ninguna otra propuesta política de las hasta ahora articuladas dado que abandona el sistema bases-desarrollo propio de la Constitución de 1978.

Las Comunidades federadas podrán asumir competencias legislativas, por

ejemplo, en materia de Derecho penal o civil. En aplicación del principio de subsidiariedad las nuevas competencias que demande el avance tecnológico y social, no previstas en el Estatuto, deberían ser asumidas por las Comunidades federadas.

Todo ello sin perjuicio de poder delegarlas libremente en el Estado federal. S) Compromiso del Federalismo de Libre Adhesión con la Justicia social

y los valores del republicanismo. La Comunidad Federada vasca se regirá por los principios propios de un

sistema económico justo y ambientalmente sostenible, basado en un pleno empleo de calidad y con derechos, la redistribución de la renta, y la garantía de acceso de todas las personas a un sistema público de salud y enseñanza de calidad.

Defendemos por ello que toda la riqueza de Euskadi en sus distintas

formas y sea cual sea su titularidad esté subordinada al interés público. Exigimos que se reconozca la iniciativa pública en la actividad económica,

así como su competencia en el control y regulación del mercado, dentro del marco de una economía social orientada a la satisfacción y bienestar de las y los ciudadanos.

Nuestro modelo federal de libre adhesión garantiza una renta de

ciudadanía como instrumento básico de justicia y solidaridad en el marco de un modelo de sociedad del Bienestar y de la Cultura.

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En especial, nuestra propuesta contiene numerosos instrumentos públicos para garantizar el acceso de toda la ciudadanía vasca a una vivienda digna, compatibles con el logro de una cohesión y equilibrio territorial, con un uso equilibrado de los recursos, impulsando las energías no contaminantes y de ahorro energético, y con la implantación de políticas de urbanismo, vivienda y transporte que minimicen el impacto ambiental.

Finalmente, queremos destacar los valores republicanos que animan

nuestro Proyecto de Federalismo de Libre Adhesión. No basta con garantizar que nuestros ciudadanos y ciudadanas se vean libres de injerencias arbitrarias. Además los poderes públicos han de llevar a cabo las políticas públicas necesarias para garantizar la falta de dependencia de nuestra ciudadanía frente a causas externas a sus proyectos vitales.

La escuela pública vasca será un instrumento básico para la educación en

tales valores republicanos propios de un verdadero Estado social y democrático de derecho en el que la tolerancia, el pluralismo y la igualdad, especialmente entre hombres y mujeres, conformen una mejor sociedad.

T) Revisión del actual modelo institucional vasco. El Federalismo de

Libre Adhesión supone la redefinición del sistema competencial establecido en la LTH transfiriendo funciones de las Diputaciones en favor de las instituciones comunes y los Ayuntamientos.

Igualmente apostamos por una nueva legislación electoral vasca que

introduzca métodos de elección más proporcionales tanto para el Parlamento vasco como para los órganos representativos de los Territorios Históricos.

U) Garantía de la presencia del euskera en todos los medios de

comunicación públicos y privados del Estado federal. Posibilitar que todas las televisiones de cada Comunidad pudieran ser vistas en todo el Estado. Campañas de divulgación de la realidad, historia y temas de interés de cada Comunidad en todas las demás que componen el Estado.

V) Presencia efectiva de símbolos vascos en las instituciones comunes

del Estado así como de los de éste en Euskadi.

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RADICALIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La lucha por la democracia, las libertades y los derechos civiles y sociales ha estado históricamente encabezada por la izquierda política. Ezker Batua-Berdeak, como fuerza de progreso, defiende un modelo de democracia integral que se extienda a todos los ámbitos, permitiendo a los ciudadanos y ciudadanas participar en todas las decisiones que atañen a su vida cotidiana.

La realidad, sin embargo es bien distinta, el sistema de democracia representativa occidental al que nos asimilamos, sufre un proceso de deslegitimización como consecuencia del creciente distanciamiento entre representantes y representados. Las decisiones se concentran en élites, muchas veces corporativas, que la mayor parte de las veces ni siquiera están sujetas a la elección popular como sucede con las autoridades de los bancos centrales, y las decisiones que toman o bien no tienen que ver con los deseos de la población, o bien simplemente son desconocidas por las personas de quienes se proclaman representantes. Tenemos ejemplos muy claros en nuestro pasado inmediato, con la decisión del gobierno del PP de participar en la guerra de Irak, con la abrumadora mayoría de la población del Estado en contra, o con el método de elaboración de la Constitución Europea, a través de una reunión de notables sin ninguna legitimidad democrática, o la crisis económica actual fruto de una sistema financiero desregulado y al servicio de grandes corporaciones en el que se han cometido todo tipo de actividades especulativas cuando no delictivas.

Esta situación exige respuestas alternativas que revitalicen la democracia sobre la base de una participación ciudadana en los procesos de decisión política. Se trata de establecer una democracia ciudadana en la que el pueblo no se limita a elegir a quien tiene que decidir sino que el mismo decide, de mejorar el funcionamiento y la calidad de los procesos democráticos en la vida política en general y en Gobierno Vasco en particular. Desde nuestra responsabilidad en esta legislatura en el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales hemos profundizado trabajos ya realizados en el pasado creando una Dirección de Participación Ciudadana entre cuyos objetivos estará la próxima legislatura el de impulsar y aprobar una Ley de consultas y de fomento de la participación ciudadana.

En consecuencia, para el próximo período Ezker Batua-Berdeak asume la tarea de promover desde la responsabilidad que le otorguen los ciudadanos vascos y vascas, la participación como manera de gobernar.

Para ello realiza la siguiente propuesta básica

I. Aprobación de una ley sobre democracia participativa que tenga como finalidad principal

1 Incorporar a la ciudadanía, a través de los

correspondientes mecanismos participativos en el proceso decisorio político

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legal. En este sentido, lo que buscará la Ley es que lo que la ciudadanía ha deliberado y decidido en los correspondientes foros, espacios o instrumentos participativos, tenga reflejo visible dentro del proceso decisorio publico, tanto en la constitución de la Agenda, como en la selección de propuestas y en la definición y establecimiento de los contenidos básicos que, en su momento, conformarán la norma legal (.).

2 Otra finalidad última de la ley será la de impulsar a través de

la participación, la deliberación colectiva. El favorecer la visualización e incorporación al debate del máximo número de posiciones.

Para así poder intercambiar ideas, convencer, acordar, etc. Practicar

el ejercicio de ciudadanía de escuchar al resto, de exponer, de conversar etc. Para poder llegar a sentir una responsabilidad real en la toma de decisión y pensarlo de forma colectiva. Por lo tanto, buscar la igualdad de acceso de los diferentes discursos al proceso de participación e impulsar la deliberación son condiciones importantes a la hora de querer impulsar la participación ciudadana en clave transformadora.

II. Una ley que se rija por las siguientes funciones, principios y

objetivos 1. Funciones - La función informativa. Sin información no hay participación. Pero, a su

vez, sólo la información no es suficiente para considerarlo participación. - La función consultiva. Los participantes expresan su opinión, la debaten

con los representantes y buscan el entendimiento y, si es posible, el acuerdo (concertación

- La función co-decisiva. Además del proceso que se da en la consultiva, existe un compromiso político de que salga adelante un acuerdo compartido entre los diferentes actores;

- La función decisiva es más propia de la democracia directa, que de una democracia representativa orientada a impulsar la participación ciudadana

- Y finalmente, en cuanto a la cogestión, los y las participantes asumen responsabilidades de la gestión e implementación.

2. Principios La actuación en materia de participación ciudadana del conjunto

de agentes y, de manera particular, de las Administraciones públicas vascas se regirá por los siguientes principios.

- Responsabilidad pública - Corresponsabilidad: Como el compromiso compartido de acatar,

por parte de la ciudadanía y el Gobierno, los resultados de las decisiones mutuamente convenidas

- Promoción de la iniciativa social - Integralidad y transversalidad y Cooperación (Las

Administraciones públicas vascas coordinarán sus actuaciones y colaborarán con el fin de garantizar la integralidad y transversalidad de la participación ciudadana)

- Oportunidades de igualdad - Acción positiva. - Protagonismo de la ciudadanía

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- Promoción de la diversidad, la convivencia y los valores democráticos - Proximidad y cercanía a la ciudadanía - Calidad

3. Objetivos

- Contribuir a mejorar la democracia y sus instituciones a través de prácticas, instrumentos y mecanismos de democracia participativa. - Promover la participación como forma de trabajo en el Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos, en todos los Departamentos. - Contribuir a una mayor cohesión social, a través de la difusión de una cultura de la Participación y la valorización de todas las formas de compromiso cívico. - Promover y activar el compromiso y la participación de todos y todas en la construcción de la sociedad. - Promover la difusión de las mejores prácticas de participación. - Visibilizar y apoyar las experiencias participativas en curso. -Garantizar a la ciudadanía la información de los procedimientos que promueva, desarrolle o tramite la Administración Autonómica para conseguir la mayor transparencia en la gestión pública. -Fomentar la implicación de la ciudadanía en la actuación de la Administración

III. Con estas funciones, principios y objetivos, la ley formalizará

iniciativas de participación ciudadana, con las siguientes características

1. Desde la perspectiva organizativa interna pasar, en el Gobierno Vasco, de la actual y limitada estructura organizativa al establecimiento tanto de La Dirección de Participación Ciudadana, como del Consejo Vasco de la Participación Ciudadana-Red de agentes de Participación Ciudadana.

2. Impulsar procesos participativos en los siguientes casos:

- Elaboración de leyes sectoriales. - Temas o proyectos de gran incidencia a nivel de la CAV. - Procesos decisorios locales en todos lo ámbitos y contenidos - Procesos a iniciativa de la ciudadanía.

3. A través de la implementación de los siguientes Mecanismos de Participación Ciudadana, Audiencia Pública, Paneles Ciudadanos y Jurados Ciudadano Foros de consulta. Debates públicos para grandes intervenciones.

IV. Especialmente, bien a través de esta ley u otras normas

específicas, se impulsarán: 1. Las Consultas populares

Traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca de la potestad para convocar referendos y consultas populares, que actualmente monopoliza el Estado. Regulación de su convocatoria por iniciativa popular.

Las instituciones vascas podrán realizar consultas populares, dentro del

ámbito de sus competencias, para todas aquellas cuestiones de interés general; así como para la ratificación de grandes actuaciones de tipo sectorial propuestas por estas, previo al desarrollo de las mismas.

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Para la realización de la pregunta sometida a consulta deberá crearse en todo caso, una comisión formada por representantes del tejido social, personal político y técnico de la institución competente atendiendo a criterios de pluralidad ideológica y diversidad de posturas en torno al tema a consultar cuyas decisiones se tomarán por mayoría simple.

2 las ILP (iniciativa legislativa popular).

Los ciudadanos y las ciudadanas mayores de edad, que tengan la condición

política de vascos o vascas que estén inscritos en el censo electoral y que no estén privados de los derechos políticos, pueden ejercer ante el Parlamento vasco la iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular se ejercerá mediante la presentación de proposiciones de Ley suscritas por las firmas de, al menos, 7.000 ciudadanos.

V. Finalmente la citada ley de participación ciudadana establecerá

las siguientes Medidas de fomento de la participación ciudadana

-Línea de subvenciones para asociaciones o para personas a titulo individual. -Programas de formación para la participación ciudadana. -Campañas informativas. -Líneas de asistencia a las redes de agentes de la participación ciudadana.

2. RADICALIDAD DEMOCRATICA. PROFUNDIZACION Y DEPURACIÓN DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. Históricamente, la lucha por las libertades, la igualdad y los derechos sociales y civiles ha estado encabeza por la izquierda y los movimientos populares. Por ello, en el marco de la Euskadi actual, desde Ezker Batua-Berdeak, defendemos nuevamente un modelo de democracia radical, en la que la ciudadanía tenga una participación activa más allá de ir a votar cada cuatro años. La constatación de que el modelo de democracia representativa imperante no satisface las necesidades de todos/as, no atiende ni resuelve los problemas de desigualdades y no reconoce el derecho de todos/as a participar y a hacernos oír y que ha dado como resultado la necesidad de buscar otra forma de hacer política. Pero, a pesar de ser conscientes de todas las limitaciones que tiene la actual democracia formal, ésta es fruto de las luchas políticas y sociales mantenidas durante el franquismo, que supususieron una gran conquista popular tras grandes dificultades, sufrimientos y décadas de lucha, por lo cual, debemos profundizar en todos aquellos aspectos que puedan servir para mejorarla. Por otro lado, tenemos el convencimiento de que sólo con un modelo de democracia participativa lograremos construir una sociedad informada, con espíritu crítico, y con capacidad real de participar y decidir en todos los ámbitos que le afectan, económicos, ecológicos, sociales… Desde Ezker Batua-Berdeak defendemos de manera firme la revalorización de lo público, lo colectivo frente a lo privado y frente a los intereses particulares de determinados grupos de poder. Por ello, creemos que sólo la participación directa y decidida de la ciudadanía en los asuntos públicos es garantía de una verdadera salud democrática. Para lo cual proponemos:

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Para el próximo período, Ezker Batua-Berdeak PROPONE:

• Derogación de la Ley de Partidos Políticos eliminando toda limitación de libertades y derechos políticos de individuos y organizaciones que no esté fundamentada en la comisión directa de delitos declarada en sentencia penal.

• Crear mecanismos para la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en el proceso parlamentario de elaboración legislativa y de control del gobierno.

• Traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca de la potestad para convocar referendos y consultas populares, que actualmente monopoliza el Estado. Regulación de su convocatoria por iniciativa popular, tal y como defendemos mediante la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía, que hemos propuesto en apartados anteriores.

• Establecer mecanismos que garanticen una relación directa entre los ciudadanos y ciudadanas y sus representantes parlamentarios e institucionales. Derecho de la ciudadanía a ser informada de forma directa de la actividad de sus representantes: oficinas parlamentarias, páginas web, etcétera.

• Reforma de la ley electoral al Parlamento Vasco que actualmente prima la representación de los territorios, por un lado, y de las fuerzas políticas mayoritarias, por otro, en detrimento del principio “una persona un voto”. Esto incluirá el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas inmigrantes con un mínimo de tres años de residencia en Euskadi. También se incluirá el reconocimiento de la mayoría de edad para ejercicio de derechos electorales a los 16 años.

• Reforma de la Ley de Elecciones a Juntas Generales, estableciendo una

circunscripción única en cada Territorio Histórico para garantizar la

proporcionalidad. La ley actual, al establecer 3 o 4 circunscripciones en

cada Territorio, dificulta artificialmente la presencia de las fuerzas

minoritarias.

• Elección popular de determinadas instancias judiciales como los jueces o juezas de paz.

• Limitación de los mandatos de los parlamentarios y parlamentarias, diputados generales, alcaldes y alcaldesas, Lehendakari y miembros del gobierno, no pudiéndose desempeñar tales cargos por más de 8 años, para evitar la profesionalización de la actividad política.

• Medidas antitransfugismo, estableciendo la obligación para los parlamentarios y parlamentarias de renunciar al escaño, en caso de abandonar la coalición o fuerza política en cuyas listas se presentaron a las elecciones. Otras medidas para avanzar hacia la democracia participacipativa

Para dar pasos hacia una verdadera democracia participativa, con capacidad de transformación de la realidad, desde Ezker Batua-Berdeak, creemos imprescindible que Euskadi se dote de los elementos necesarios, para lo cual proponemos:

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- Creación de una Dirección General de Participación Ciudadana con capacidad para contribuir de manera transversal a que la participación ciudadana sea un elemento básico a la hora de elaborar y mejorar las políticas del Gobierno. Una dirección con capacidad de actuación multinivel, tanto dentro de los departamentos del gobierno, en políticas a nivel de CCAA, como de actuación en el ámbito local (apoyo, asesoramiento, financiación de experiencias).

- Creación del Observatorio Vasco de la Democracia Participativa, un espacio de encuentro, de intercambio, estudio y evaluación de los distintos procesos participativos que se den en Euskadi. Un lugar donde la Universidad juegue un papel importante como centro de investigación e innovación.

- Aumentar los canales de información entre ciudadanía y representantes, a

través del uso de las nuevas tecnologías y los medios públicos de comunicación. Creemos imprescindible que la ciudadanía posea toda la información para poder participar sin trabas en el espacio público.

- Potenciar el estudio y puesta en marcha de fórmulas viables de e-Democracia.

- Impulso del presupuesto participativo, como un medio de participación directa de la ciudadanía, no como moda, sino como un elemento real para la profundización democrática y la transformación social, a través de la decisión y la solidaridad y que ayude a construir un modelo de ciudadanía distinto, que se apropie de los asuntos públicos. 3. VALORES CÍVICOS: DERECHOS HUMANOS, LIBERTADES

PÚBLICAS, LAICISMO. Asimismo, la regeneración democrática exige la recuperación en nuestra

sociedad de valores cívicos y ciudadanos como el respeto a los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la apuesta por la educación, el respeto a los demás, la solidaridad, el laicismo, la justicia, valores que en nuestra tradición histórica ha representado el republicanismo y que permitirían la existencia de un tejido social fuerte formado por individuos responsables y apasionados por lo público, y por asociaciones representativas, con vocación crítica y constructiva, y no por pasivos súbditos consumidores.

Ezker Batua-Berdeak propone en relación con el laicismo y el trato de las

diversas confesiones: • Los representantes políticos vascos, empezando por el Lehendakari,

no participarán en su calidad de cargos públicos en ceremonias religiosas de ningún credo, incluidos los llamados funerales de Estado. Tampoco existirán símbolos religiosos en las tomas de posesión de cargos públicos vascos.

• La escuela pública vasca debe ser laica. La religión debe salir de la escuela y del currículo escolar. No existirán símbolos religiosos en las

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escuelas. Revisión de los conciertos con obligación para todos los centros concertados de garantizar la coeducación de alumnado de ambos sexos y acoger al alumnado de cualquier confesión en idénticas condiciones que en la escuela pública.

• Trato equivalente a todas las confesiones religiosas en Euskadi. Garantía de trato igualitario en cuestiones como ritos funerarios, licencias laborales, centros de culto, etc.

• La Administración Vasca luchará contra las sectas, la extorsión y el fraude encubierto de algunas organizaciones religiones.

• Separación total de la Iglesia y el Estado. Los representantes institucionales, la escuela y los medios de comunicación promoverán la educación crítica y científica de la ciudadanía frente al irracionalismo y se sancionará la publicidad engañosa y fraudulenta, con el fin de acabar con el mercado de la superstición.

• Como garantía de laicidad, Ezker Batua-Berdeak apuesta por la creación de una Organismo u Observatorio de Asuntos Religiosos para el conocimiento, atención y fomento del diálogo de las diferentes entidades y sensibilidades religiosas establecidas en Euskadi.

Ezker Batua-Berdeak considera que el principal deber de cualquier

Administración pública es promover el respeto de todos los derechos humanos de todas las personas y en todos los lugares del mundo, por ello estimamos que las instituciones vascas deben esforzarse especialmente en dicha promoción, especialmente por encontrarnos en una tierra en la que las violaciones de derechos humanos han sido y siguen siendo muy graves y frecuentes.

Asimismo, Ezker Batua-Berdeak como fuerza política heredera de la

tradición republicana presente en nuestro país especialmente durante la malograda II República, considera necesario que desde las instituciones democráticas se sigan apoyando los esfuerzos de conservación y recuperación de la memoria histórica de la ilusión colectiva que supuso aquel período, de la brutal agresión y represión que supuso el golpe de estado militar que acabo con el gobierno legítimamente electo y, por fin, de la larga lucha por las libertades que mantuvieron durante décadas los hombres y mujeres del Estado comprometidos con la resistencia a la dictadura franquista. Durante la presente legislatura, se ha desarrollado una labor de reconocimiento de dichas personas y de su lucha por parte del Departamento de Asuntos Sociales que gestionaba Ezker Batua-Berdeak. Consideramos necesario que, en la próxima legislatura, dicha labor siga y se amplíe, máxime tras la causa que se abrió en la Audiencia Nacional contra el franquismo y que ahora se ha remitido a los juzgados ordinarios para la reapertura de fosas, que precisará del apoyo de las instituciones autonómicas.

- Luchar activamente contra la tortura y la pena de muerte, tanto en

el ámbito de Euskadi, promoviendo la investigación de las denuncias y la adopción de medidas preventivas por la Ertzantza, como en el ámbito internacional.

• Denunciar la violencia contra las mujeres en todo el mundo, empezando por la que tiene lugar en nuestro país.

• Proteger a los menores en todo el mundo. En concreto, contribuir a luchar contra la utilización de niños y niñas soldados y oponiéndose activamente a la imposición de la pena de muerte a menores.

• Los representantes de Ezker Batua-Berdeak utilizarán en sus actividades oficiales los símbolos republicanos y abogaran por su reconocimiento oficial.

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• Colaboración efectiva del Gobierno Vasco en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y normativa que la desarrolle.

• Celebración de un homenajem por parte de las Instituciones autonómicas de Euskadi, a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

• Proponer el inicio de un amplio Proyecto de investigación y recogida de testimonios, impulsado desde el Gobierno Vasco, que permita recuperar y preservar la memoria de aquellas personas que protagonizaron la lucha por las libertades en dichos períodos, testimonios que corren el peligro de perderse para siempre.

• Establecimiento en Gernika de un Centro de Documentación sobre la II República, la Guerra Civil y la represión franquista, en el que se recojan entre otros documentos los testimonios personales recogidos.

• Continuación de los trabajos de la Comisión que coordina las labores de recuperación e identificación de las personas ejecutadas durante la Guerra Civil, que el Gobierno Vasco ha impulsado durante esta legislatura.

• Creación de un plan de actuaciones (reorientación didáctica, traslado a instalaciones museísticas o eliminación, en su caso) de los monumentos, elementos arquitectónicos o artísticos de exaltación a la dictadura franquista. Eliminación general en la toponimia urbana de todas las denominaciones ejemplarizantes del bando vencedor en la guerra civil.

• Solicitar desde el Parlamento Vasco una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del Estado o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo.

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NUEVA LEY INSTITUCIONAL VASCA: REPENSEMOS EUSKADI

El autogobierno de Euskadi, además de tener una serie de retos en relación a su encaje con el resto del Estado español, tiene pendiente un tema de vital importancia: el modelo de vertebración interna. Tan importante como disfrutar de un determinado nivel de poder político es decidir cómo va a ser organizado y gestionado ese nivel de autogobierno. En Euskadi la norma que ha diseñado fundamentalmente ese modelo de vertebración interna es la Ley de Territorios Históricos (LTH). Ezker Batua Berdeak ha sido y es muy crítica con las concepciones básicas y, sobre todo, con los efectos prácticos de la mencionada normativa sobre la vida diaria de la ciudadanía vasca.

La Ley 27/1.983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las instituciones de Euskadi y los órganos forales de sus Territorios Históricos nació con el propósito de compatibilizar los derechos históricos de éstos últimos y el deseo de autogobierno del pueblo vasco. La mencionada norma configuró un complejo competencial, institucional, financiero y administrativo que ha demostrado algunas virtudes, pero también innumerables e injustificables rémoras.

1.- DEFICIENCIAS DE LA LTH

Ezker Batua-Berdeak entiende que el sistema de organización interna de Euskadi adolece de múltiples y graves deficiencias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de acometer cualquier proceso de reforma, por mínimo que éste sea. A continuación, enumeramos algunas de los problemas más obvios y perniciosos derivados de la LTH:

1.1- Duplicidades administrativas

- La actual distribución competencial, así como la forma de reparto de los recursos financieros entre las diferentes Administraciones públicas vascas han provocado numerosas duplicidades de gasto público.

- Dos o más Administraciones públicas vascas emplean dinero en alcanzar (en el mejor de los casos) el mismo fin, con el consiguiente incremento injustificado del coste unitario del bien o servicio público provisto, así como la evidente ineficiencia.

- Este fenómeno es injustificable desde el punto de la mera racionalidad económica, pero es mucho más grave si tenemos en cuenta que los recursos públicos son limitados, escasos y menguantes.

1.2.- Competencia Institucional

- En virtud del acervo competencial y de la capacidad financiera de los Territorios Históricos, éstos tienden a competir con el Gobierno vasco en determinadas políticas.

- La competencia institucional entre las Diputaciones forales y el Gobierno vasco es especialmente perniciosa en materia industrial, medioambiental, energética, infraestructural y económica en general.

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- En algunos casos, como por ejemplo en la política de Vivienda de Protección Oficial, las Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco no solo no trabajan de forma coordinada y cooperativa en pos del mismo fin, sino que se llega a producir una situación en la que una Administración “vampiriza” a la otra. En principio parece que las Diputaciones Forales, si quieren luchar a favor del derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna a precios menores a los del mercado, como han declarado en repetidas ocasiones, deberían poner fondos de sus presupuestos para apoyar las políticas de Gobierno Vasco y Ayuntamientos en materia de Vivienda de Protección Oficial. Pues bien, como consecuencia de la LTH de hecho se está produciendo la situación inversa. Las Diputaciones Forales no solo no aportan fondos propios para las políticas de Vivienda de Protección Oficial, sino que estas políticas son para los entes forales fuentes de ingresos importantes (pagos de IVA fundamentalmente). Con lo que un fin público de primera magnitud social es para las Diputaciones Forales no una fuente de gasto sino de ingresos y Ayuntamientos y Gobierno Vasco ven como tienen que dedicar una parte de sus presupuestos a pagar impuestos a otra Administración, en este caso la foral, que lejos de abaratar, encarece las políticas públicas de vivienda.

1.3.- Conflictos competenciales

- El marco competencial descrito por el Estatuto de Autonomía y la Ley de Territorios Históricos es proclive a la competencia institucional como lo demuestran los casos de la Ley del Suelo ya aprobada o la Ley Municipal impugnada ante la Comisión Arbitral por varias Diputaciones lo que ha provocado que la misma siga sin aprobarse en la VIII Legislatura.

- Los términos de redacción de las dos listas de competencias (las de las Diputaciones forales y las del Gobierno vasco) son tan amplios y ambiguos que, en no pocas ocasiones, unos y otros pugnan por la misma competencia esgrimiendo potestades jurídicas casi idénticas sobre la misma.

1.4.- El "Efecto moqueta"

- El sistema del Concierto Económico y Cupo en los primeros años supuso para Euskadi una especie de Plan Marshall, al disponer anualmente de excedente equivalente a un 4% del PIB vasco respecto a la situación anterior, dispuesto a ser destinado a cualquier fin social.

- Este dinero fue utilizado en incrementar innecesariamente el gasto burocrático, por lo que la ciudadanía vasca perdió una buena oportunidad de vertebrar políticas públicas que el país necesitaba y sigue necesitando para modernizarse y luchar contra las desigualdades sociales y territoriales.

1.5.- Sistema financiero y Ley de Aportaciones

El sistema creado por la Ley de Aportaciones produce grandes diferencias entre Territorios, en cuanto a recursos de libre disposición, una vez pagado el cupo al Estado español y las aportaciones a Euskadi. Los recursos disponibles para Ayuntamientos y Diputaciones, en pesetas per cápita, son superiores a las diferencias que existen en las rentas per capita o en la recaudación; el sistema de distribución de recursos ahonda las diferencias, en vez de reducirlas. Esto se traduce en divergencias muy importantes de gasto en materia social entre los tres Territorios

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Así, mientras Bizkaia supone el 54% de la población de la Comunidad Autónoma, pero solo el 49,94% del gasto foral y municipal total, lo que implica que cada vizcaíno recibe por debajo de la media de las Administraciones Públicas (excluido el Gobierno Vasco cuyo gasto tiene en cuenta solo la población y no los territorios). Frente a este situación, Araba supone el 13.7% de la población y sin embargo el 16.91% del gasto foral y municipal, lo que implica que cada alavés recibe por encima de la media de la Comunidad. Guipúzcoa se sitúa en una posición intermedia. Lo anterior se puede expresar de otra manera, así mientas en Araba la renta per capita es un 20 por ciento superior a la de Bizkaia la cantidad per capita disponible por la Diputación foral de Araba y los Ayuntamientos alaveses es un 30 por ciento superior a la de Bizkaia.

Este hecho demuestra que una pequeña diferencia entre el coeficiente de aportación y el de recaudación de cada Territorio Histórico da lugar, por un efecto palanca (motivado por la diferencia de magnitud entre las aportaciones + cupo y los recursos de libre disposición), a una gran disparidad entre el coeficiente de recaudación y el de recursos libres para el Territorio. De esta manera, un modelo de aportaciones con criterios a priori razonables (directamente proporcional a la renta relativa e inversamente proporcional al esfuerzo fiscal relativo) genera unas grandes disparidades entre los recursos libres para cada Territorio.

1.6.- El papel del Parlamento vasco

La Ley de Territorios Históricos marca un procedimiento de aprobación de la Ley de Aportaciones que impide que quienes detentan un escaño en el Parlamento vasco presenten enmiendas al mencionado proyecto de Ley, lo que resulta incompatible con su derecho a participar en los asuntos públicos que reconoce el artículo 23 de la Constitución. Además, hemos de señalar que el sistema diseñado por la Ley 3/1.989 de Armonización, Coordinación y Colaboración Tributaria se ha quedado en simple papel mojado, en buenas intenciones sin resultados palpables. El Parlamento vasco nunca ha acometido labor alguna de armonización fiscal. Por citar dos ejemplos claros: los tres Impuestos de la Renta de las Personas Físicas o los tres Impuestos de Sociedades existentes en Euskadi nunca han sido armonizados por la Cámara de Vitoria-Gasteiz, pese a que las Juntas de Gipuzkoa han llegado a regular un tipo distinto del de los otros territorios en el caso del Impuesto de Sociedades, afectando a la (.) seguridad jurídica del impuesto.

Desde nuestro punto de vista, son las leyes del Parlamento vasco y nos los acuerdos políticos las que deben configurar, a priori (y éste es un matiz importante), los elementos sustanciales de cada impuesto. En una siguiente fase, los Territorios Históricos, a través de sus respectivas normas forales, podrán utilizar el margen de maniobra que les otorgue la ley como ellos estimen oportuno. La posición institucional del Parlamento vasco no ha sido suficientemente respetada en los últimos años en temas de capital importancia. Una instancia, que es la única que representa la soberanía popular, no ocupa el vértice supremo del sistema institucional de Euskadi, y este hecho es en sí mismo denunciable. Esta circunstancia es aún más acusada en materia tributaria, como ya hemos señalado.

La Ley de Aportaciones se impone al Parlamento, que sólo puede aprobarla o rechazarla, y la Ley del Concierto Económico ni siquiera llega a pasar por este órgano, ya que se tramita en el Congreso de los Diputados. Sobre ambos temas

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los representantes legítimos del pueblo vasco no pueden tener opinión institucional.

1.7.- Irresponsabilidad fiscal

El modelo institucional vasco y la propia existencia de unas Diputaciones forales que recaudan los tributos concertados favorece el fenómeno de la irresponsabilidad fiscal (disociación entre el gasto y el ingreso públicos). En Euskadi, las Diputaciones forales recaudan casi la totalidad de los ingresos públicos y representan un porcentaje pequeño del gasto público. Por el contrario, el Gobierno vasco, que apenas dispone de recursos públicos propios, controla la mayor parte del gasto público de toda la Comunidad. En cualquier caso, lo más preocupante no es que puedan surgir estos conflictos de forma aislada, sino que el propio sistema está diseñado de modo que favorece el conflicto institucional, que es visualizado por la ciudadanía como un enfrentamiento entre Territorios geográficos.

Por otra parte, estas diferencias son cada vez más frecuentes y cada cinco o seis meses los responsables de las Haciendas forales tienen agrias polémicas públicas sobre todo tipo de desajustes financieros. El artículo 31.3 de la Constitución determina que sólo se pueden establecer prestaciones patrimoniales (tributos) a través de las leyes. Éste es uno de los pilares tradicionales del parlamentarismo occidental y el texto constitucional no hace sino ofrecer una garantía para los contribuyentes (el principio de legalidad). Esta demanda también debe regir en Euskadi. Sin embargo, la realidad es otra porque son las Diputaciones las que establecen los impuestos y lo hacen a través de normas forales y no el Parlamento vasco a través de leyes.

1.8.- Marginación del nivel municipal

La Ley de Territorios Históricos (LTH) margina de modo inadmisible a los municipios. La visión bipolar del ordenamiento interno es incorrecta dado que los municipios no sólo son la Administración más cercana a los ciudadanos, sino que deben ser parte actora fundamental en la definición, ejecución y seguimiento de las políticas públicas. Los municipios tienen que participar en el debate del ingreso público y de la misma manera tienen que utilizar su acervo competencial para llevar adelante, con otras instituciones, las políticas públicas en Euskadi.

Por ello, es urgente que los municipios entren a formar parte del Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

2.- MODELO ALTERNATIVO

Como consecuencia de todas las deficiencias y problemas creados por la Ley de Territorios Históricos, Ezker Batua Berdeak se propuso ya hace años la tarea de defender una Ley Institucional alternativa para Euskadi. Es evidente que la Ley de Territorios Históricos antes o después deberá ser sustituida por otra norma más acorde con la realidad, que genere un mayor nivel de consenso entre partidos políticos e instituciones públicas y que sea susceptible de satisfacer las necesidades de la ciudadanía vasca. Ezker Batua Berdeak dispone desde hace algún tiempo de un modelo alternativo de país, que se concreta en las siguientes propuestas:

2.1.-Reorientación del papel de las Diputaciones forales

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Desde nuestro punto de vista, y a pesar de todos los problemas que en estos momentos ocasionan, las Diputaciones forales no deben de ser eliminadas, sino reorientadas. Tres argumentaciones justifican esta postura, que huye de cualquier planteamiento centralista-autonómico: su innegable base histórica; la realidad consolidada que representan estas instituciones y la eficacia que han demostrado en la gestión de determinados ámbitos. La reorientación del nivel de gobierno foral que proponemos no es, en modo alguno, antiforal, sino una relectura de la foralidad encaminada hacia una racionalización del país que ya vive en el siglo XXI.

Entendemos que los Gobiernos forales deben trabajar con un enfoque claramente municipal y olvidarse de competir con el Gobierno vasco. Han de centrarse en la que es su misión principal: vertebrar su Territorio, ayudar a sus Ayuntamientos (asesoramiento legal, económico, financiero, estadístico, informático, etcétera) y procurar la solidaridad interna. Esta reordenación del papel de las Diputaciones forales implica, forzosamente, una redefinición de sus competencias y las autonómicas, que podría resumirse de la siguiente manera:

- Algunas de las competencias de los entes forales, que ahora son competencias exclusivas o de desarrollo y ejecución, deben situarse en los niveles de desarrollo/ejecución y ejecución.

- El correlato lógico de esta operación es que el número de competencias exclusivas del Gobierno vasco aumenta, con el objetivo claro de situar la dirección política del país en el Ejecutivo y Parlamento autónomos, sin menoscabo de que la aplicación y desarrollo de esas directrices puedan recaer, en la medida de sus posibilidades, en las Diputaciones forales.

2.2.-Reordenación del sistema financiero

El tema tributario y financiero es, sin duda, la clave de la reorganización institucional de Euskadi. En estos momentos, el sistema de reparto entre las Diputaciones forales, los Ayuntamientos y el Gobierno de los recursos generados por el Concierto Económico, regulado por la Ley de Aportaciones, crea distorsiones en el principio de igualdad y todo tipo de tensiones políticas y técnicas entre los tres Territorios Históricos. La fórmula alternativa que Ezker Batua Berdeak plantea se basa en la dotación, por ley cuatrienal del Parlamento vasco, de unos porcentajes verticales fijos de fondos a la Administración General de Euskadi y a la de la CAPV sobre el total de la recaudación. Tras esta aportación, el resto de los recursos recaudados se repartirán, también por ley cuatrienal del Parlamento vasco, entre las Administraciones forales y municipales, igualmente en virtud de unos porcentajes fijos.

El sistema financiero interno y alternativo que defendemos garantiza no sólo autonomía financiera y suficiencia de los tres niveles de Gobierno, sino que es susceptible de evitar tensiones innecesarias, así como de garantizar la solidaridad en el conjunto de Euskadi. Este último concepto es clave. Los incrementos de recaudación sobre las previsiones deben beneficiar a todos los Territorios y a la población vasca, del mismo modo que los decrementos deben ser sufridos también por todos los niveles. Estos beneficios y perjuicios han de ser ciertos y estar fijados a priori, de modo que las incidencias no estén sujetas a extraños y coyunturales pactos.

El nuevo modelo financiero propuesto produce los siguientes efectos:

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- Los fondos disponibles por las Diputaciones forales y los Ayuntamientos de cada Territorio serán similares y no dispares como ocurre en la actualidad; es decir, cualquier persona, independientemente de que sea alavesa, gipuzkoana o bizkaina, podrá (a priori) recibir los mismos servicios de las Diputaciones o Ayuntamientos, dado que estas instituciones dispondrán de una financiación per capita, vía Concierto Económico, similar.

- El papel redistributivo en el conjunto de Euskadi estaría representado por el Gobierno vasco, que en este momento se lleva la mayor parte de la tributación concertada, vía política de gasto.

Como consecuencia de todo ello, el modelo financiero que reivindica Ezker Batua Berdeak presenta las siguientes características:

a. Sencillez: elimina el laberinto de aportaciones específicas, compensación de tributos provinciales sustituidos por el IVA, etcétera. Además, se visualizan claramente las relaciones financieras entre Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno.

b. Unidad: elimina tensiones entre Territorios Históricos porque desaparece el reparto horizontal, caracterizado por criterios sujetos a polémica.

c. Mantiene mejor los incentivos a la recaudación que el modelo actual.

2.3.-Instauración de un sistema tripolar

Los municipios vascos sufren una tremenda discriminación, en lo que respecta a su capacidad financiera y a su capacidad de configurar las políticas públicas. En primer lugar, es preciso denunciar que aún no hemos desarrollado la legislación del Estado en materia local (Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local), a pesar de que el Estatuto de Autonomía, en su artículo 10.4, nos concede esta competencia. Especialmente lamentable ha sido el bloqueo del proyecto de Ley municipal impulsado por el Gobierno Vasco la última legislatura. No es casual que dos de las más significativas atribuciones contempladas en el Estatuto de Autonomía que no han sido desarrolladas al día de hoy sean claves para la vida municipal: la Ley Municipal eternamente prometida por el PNV y nunca remitida al Parlamento Vasco; y la legislación del suelo que gracias a Ezker Batua Berdeak por fin ha sido puesta en marcha esta legislatura.

En cualquier caso, el mayor problema de los municipios vascos no es el nivel competencial, dado que la legislación estatal (Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local) da suficientes posibilidades de actuación a los mismos. Los municipios vascos, como los del resto del Estado español, se abstienen de actuar en algunas materias, actúan deficientemente en casi todas o financian sus servicios y políticas con cargo al suelo, no por falta de competencias, sino por falta de fondos.

El gran problema de los municipios vascos (y del Estado español en general) es el financiero. Máxime en estos momentos de crisis económica para los que el Fondo de Estatal de Inversión Local va a ser claramente insuficiente. Para solucionar este hecho, entre otras medidas, Ezker Batua Berdeak propugna que los municipios vascos estén representados (a través de sus concejales y alcaldes), en pie de igualdad con las Diputaciones forales y Gobierno en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, organismo creado por la Ley de Territorios Históricos y que es un auténtico gobierno económico. Los municipios deben participar en este Consejo y tomar decisiones sobre la política de ingresos, lo que

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implica cuánto se recauda, cómo se recauda y de qué manera se reparte entre los tres niveles de Gobierno y Administración vasca.

Estatuto Local específico para las Grandes Áreas Urbanas donde se encuentran las capitales de los tres Territorios Históricos (del FLA)

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MEJORA DE LAS ADMINISTRACIONES VASCAS Y DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA

En el momento presente de crisis económica, el mantenimiento y el desarrollo del Estado Social del Bienestar no pueden sustentarse en los criterios mercantilistas que trata de imponer el capitalismo manifiestamente fracasado, muy al contrario, el progreso y la mejora de lo público exige la defensa global de un modelo de Administración Pública capaz de transformarse y adaptarse a las nuevas realidades sociales, económicas y políticas como el mejor aval de la vigencia plena de su papel y sus fines, en contra de la ideología dominante que pugna por la transferencia masiva de servicios y recursos al sector privado, mediante las prácticas de la subcontratación o la externalización.

La práctica política neoliberal, también presente en las administraciones vascas, pretende transferir al campo de la iniciativa privada una parte importante del patrimonio público, primando así los denominados criterios de rentabilidad económica en detrimento de los criterios de rentabilidad social.

Ezker Batua-Berdeak reitera su apuesta por un sector público dinámico, eficaz y eficiente, rechazando posturas neoliberales que propugnan el desprestigio de lo público, su reducción y privatización.

Nos comprometemos a combatir las privatizaciones en todos los ámbitos de las Administraciones vascas, tanto en el plano político general, como en la realidad concreta de cada momento y cada lugar. De la misma manera, Ezker Batua-Berdeak pondrá los medios necesarios para que el conjunto de la sociedad se implique y participe en nuestras Administraciones públicas.

Nuestras propuestas son:

• Sector público fuerte al servicio del Estado Social, es decir, de los derechos sociales y económicos de la ciudadanía, teniendo como horizonte la igualdad y la cohesión social.

• Apuesta por un sector público dinámico, eficaz y eficiente, rechazando posturas neoliberales que propugnan el desprestigio de lo público, su reducción y privatización.

• Rentabilidad social frente a la mera rentabilidad económica.

• Incorporar el concepto de ciudadanía social (derechos subjetivos, participación, control, mejora, potenciación del aparato público).

• Limitación de la figura del funcionario/a interino/a salvo para casos excepcionales entre Ofertas Pública de Empleo, eliminando la eventualidad laboral en la administración.

• Ofertas Públicas de Empleo para la cobertura de vacantes cada 18 meses, previo pacto con las organizaciones sindicales presentes en las diferentes administraciones.

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1.-AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD La superación de la instrumentalización de las Administraciones públicas

vascas por parte del poder político (clientelismo político y sindical, hipertrofia burocrática, duplicidad competencial, transparencia, etc.).

2.-OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD Separación nítida entre el ámbito administrativo y el estrictamente político,

así como potenciar la simplificación y agilización administrativa, utilizando, de manera adecuada, los nuevos sistemas y técnicas de comunicación y transmisión de información.

Profesionalización, formación e incentivación del personal a través de la

planificación de carreras profesionales dentro de la administración. Garantizar de forma efectiva y plena el derecho a la negociación colectiva

de los sindicatos representativos. 3.-DEMOCRATIZACIÓN

Mejora de los servicios de Información, Orientación y Reclamaciones. Ventanilla única

Impulso a las medidas de participación ciudadana, con la puesta en marcha de procesos de participación para la elaboración de unos presupuestos participativos. Introducción de mecanismos que favorezcan la participación de la ciudadanía en las fases de formación de la voluntad política, administrativa y de su ejecución, incluyendo fórmulas de consulta sobre las grandes infraestructuras.

Obligatoriedad de publicitar las subvenciones otorgadas por las Administraciones públicas vascas. Ezker Batua encargará al Ararteko la creación de un observatorio que haga un seguimiento independiente del grado de cumplimiento de las promesas electorales de los diferentes partidos políticos.

4.-REFORMA ADMINISTRATIVA La remodelación del modelo institucional de Euskadi, potenciando el

reforzamiento de los poderes de las instituciones comunes e incrementando el papel de los Ayuntamientos, incluyendo su participación en el Consejo Vasco de Finanzas.

Formulación de una Ley Municipal, que garantice el nivel financiero

necesario para el ejercicio de las competencias asumidas por los Ayuntamientos vascos.

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Atribución a los Ayuntamientos, a través de la Ley Municipal, de las competencias relativas a la gestión de los servicios sociales más cercanos a la ciudadanía.

Modificación de la Ley 16/1.997, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley

6/1.989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, previa negociación con los sindicatos.

Reforma de la ley electoral al Parlamento Vasco

De todos es sabido que en las Elecciones al Parlamento Vasco el principio de una persona un voto no se cumple en absoluto ya que al tener cada Territorio Histórico el mismo número de candidatos elegibles, salen claramente perjudicados los TT.HH. con mayor población.

Ezker Batua, fiel al principio de “una persona, un voto”, modificará la normativa actual para que el Parlamento Vasco sea fiel reflejo de la voluntad popular, asignando el número de escaños en función de la población de cada Territorio.

Esto, incluirá el derecho de sufragio activo y pasivo para las personas

inmigrantes con un mínimo de tres años de residencia en Euskadi. También se

incluirá el reconocimiento de la mayoría de edad para ejercicio de derechos

electorales a los 16 años.

Reforma de la Ley de Elecciones a Juntas Generales Reforma de la Ley de Elecciones a Juntas Generales, estableciendo una

circunscripción única en cada Territorio Histórico, para garantizar la

proporcionalidad. La ley actual, al establecer 3 o 4 circunscripciones en cada

Territorio, dificulta artificialmente la presencia de las fuerzas minoritarias.

5.-AUSTERIDAD Y RACIONALIZACION Reducción de estructuras de gestión, así como del número de altos cargos

y puestos de libre designación. Supresión de beneficios que integren situaciones de privilegios, tales como

retribuciones extraordinarias, cesantías, pensiones superiores a los máximos legales, dietas, limitación de coches oficiales, etcétera.

Cumplimiento escrupuloso de la normativa legal vigente en materia de

incompatibilidades entre la actividad al servicio de las Administraciones públicas vascas y el trabajo (.) privado.

Fijación de mecanismos de control parlamentario eficaces para evitar

gastos suntuarios e insolidarios promovidos desde el ámbito institucional.

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Reformar el modelo de gestión de las sociedades públicas, de forma que estén sometidas al control anual del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y del Parlamento, y cuyos gestores no sean cargos políticos, sino personal laboral seleccionado con criterios de igualdad, objetividad y mérito.

6.-ETICA CIVIL Y HONESTIDAD

• Reforma del Tribunal Vasco de Cuentas para aumentar su potestad de control e intervención.

• Desarrollar mecanismos de control parlamentario y social sobre la

contratación administrativa, especialmente las de carácter directo o restringido.

• Obligación de declarar sus bienes patrimoniales a cargos electos, altos

funcionarios y directivos del sector público.

• Fijar mecanismos de control para evitar la discrecionalidad en las compras, permutas y ventas de los bienes muebles e inmuebles del Ejecutivo.

• Análisis de una nueva Ley Electoral Vasca y de Financiación de los Partidos

Políticos, que fije una normativa clara sobre los recursos y contabilidad de éstos.

• Financiación fundamentalmente pública de los grupos políticos representados

en la Cámara, a través de los Presupuestos Generales de la Comunidad.

• Desarrollo de campañas electorales ligadas a la utilización plural y equitativa de los medios de comunicación públicos.

• Promoción, por parte de las instituciones, de todos los mecanismos legales

oportunos para limitar el transfugismo y ofertar al resto de los partidos políticos un pacto por el cual no se admitan en sus grupos institucionales (municipales, forales, autonómicos, estatales o europeos) a estas personas, así como renunciar a cualquier beneficio político o institucional que pueda derivarse de su apoyo.

• Limitación del número de mandatos en cargos públicos (ocho años,

excepcionalmente ampliables a otros cuatro más).

• Compromiso de todos los cargos públicos de usar solo servicios públicos en su vida personal y familiar.

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