EstudiosAgrarios, No. 57, México

ESTUDIOS AGRARIOSRevista de la Procuraduría Agraria

2014Número 57

Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria es una publicación cuatri-mestral.

Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Núm. 003330/95. Cer-tificado de Licitud de Título Núm. 9107. Certificado de Licitud de Contenido Núm. 6427. Distribución gratuita por la Procuraduría Agraria. Editor responsa-ble. Eduardo Mario Alviso Rentería.

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DR© 2014 Procuraduría AgrariaMotolinía 11, Col. Centro, CP 06000, México DFISSN 1405-2466

Esta edición consta de 1,500 ejemplares y se terminó de imprimir en el mes de enero de 2015 en Mujica Impresor, S.A. de C.V., Camelia 5, Colonia El Manto, C.P. 09830, México, D.F.

Índice

Presentación 5

Medios alternativos para la solución de controversias en materia agrariaCruz López Aguilar 9

Reforma energética y núcleos agrariosRubén Treviño Castillo 29

El arbitraje agrarioRubén Gallardo Zúñiga 57

Seguridad alimentaria: una explicación sobre prevalencia de los desequilibrios en MéxicoFelipe Torres Torres 71

Racionalidad alternativa de las experiencias de solidaridad económica en México: apuntes para el diseño de políticas públicasBoris Marañón-PimentelDania López-Córdova 99

Migraciones laborales en la agroindustria azucarera: jornaleros nacionales y centroamericanos en regiones cañeras de MéxicoMartha García Ortega 123

Cambios y retos de la organización rural Coordinadora Agropecuaria Morelense de Productores Organizados, (CAMPO)Esther Patricia Santibáñez SandovalElsa Guzmán Gómez 149

La teoría de recursos y capacidades y el emprendimiento, caso de una microempresa agropecuaria ruralJosé G. Vargas-Hernández 169

La multifuncionalidad del medio rural en España: experiencia de desarrollo territorial rural en AndalucíaFermín Ledesma Domínguez 183

Ganadería a medias en la Sierra de Santa Marta, VeracruzJosé Manuel Flores López 199

Implementación de hidrogel bajo sistema de agricultura de conservación en parcelas de temporal en el ejido Ignacio ZaragozaDenise Granados Orosco 221

Biofertilización para un campo limpio y productivo en el Valle del MezquitalKaren Citlalli Cornejo Sierra 227

Nuestros colaboradores 237

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Presentación

La Procuraduría Agraria desde su creación en 1992, ha tenido como respon-sabilidad sustantiva procurar justicia agraria pronta, honesta y expedita a los sujetos agrarios, privilegiando en todo momento la conciliación de intereses para dirimir controversias entre las partes, a fin de coadyuvar a preservar el clima de gobernabilidad y paz social en el medio rural de nuestro país.

En este marco se ubica la conferencia magistral titulada Medios alternati-vos para la solución de controversias en materia agraria presentada por Cruz López Aguilar, Procurador Agrario, en el XVI Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y II Internacional, 2014 que se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán del 27 al 31 de octubre de 2014. Desde 1992, en la Procura-duría Agraria se ha privilegiado utilizar a los medios alternativos – mediación, conciliación y arbitraje–, para solucionar controversias, sus ventajas son múl-tiples, las más significativas son: su filosofía fundamental es evitar la confron-tación; favorecen el diálogo y la comunicación entre las partes; dirimen dife-rencias y construyen soluciones duraderas, además de que origina un menor desgaste emocional, reduce la pérdida de recursos económicos y tiempo a los involucrados.

Por otra parte, Rubén Treviño Castillo, Subprocurador General Agrario, en su artículo titulado Reforma energética y núcleos agrarios realiza un intere-sante estudio sobre el impacto que tendrá la recientemente aprobada reforma energética en el campo mexicano, privilegiando ante todo la soberanía de la Nación sobre su propiedad y la rectoría del Estado en su aprovechamiento, haciendo referencia a los decretos de las reformas y la expedición de las leyes que constituyen el marco jurídico de la citada reforma.

Continuamos con el artículo de Rubén Gallardo quien realiza una explica-ción del procedimiento arbitral y la correspondiente homologación del laudo, detallando la parte que concierne tanto a la Procuraduría Agraria como a los Tribunales Agrarios. Refiriéndose al arbitraje en general, se indican sus an-tecedentes, ventajas e importancia, así como las disposiciones que lo regulan, sin embargo, el autor destaca la necesidad de crear una verdadera cultura del arbitraje a partir de su difusión y capacitación.

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Estudios Agrarios

Felipe Torres realiza un interesante análisis respecto a la seguridad alimen-taria que se refiere, por una parte, a la disponibilidad y calidad interna de los alimentos y, por la otra, a las condicionantes para su acceso. Plantea que la seguridad alimentaria podría resolverse con políticas económicas internas de corte distributivo orientadas a la reactivación de la producción regional, que asegure tanto una oferta interna estable como la posibilidad de acceso por la población y además, revierta las disparidades regionales.

Boris Marañón y Dania López destacan en su artículo las características más importantes de algunas experiencias de solidaridad económica en Méxi-co, entre ellas: producir y vivir a partir del trabajo familiar/colectivo – ayuda mutua–; tomar decisiones de manera consensuada y con horizontalidad; es-tablecer una relación de respeto y complementariedad con su territorio, y participar en el mercado con el propósito de alcanzar un mayor bienestar colectivo, particularidades de una racionalidad alternativa.

Martha García, por su parte, muestra las características sociodemográficas de los cortadores de caña, –jornaleros temporales nacionales e internacionales–, insertos en la agroindustria azucarera. Un eje central de su investigación fue documentar las dinámicas de movilidad laboral de los trabajadores que se des-plazan por la geografía agroindustrial mexicana de manera individual, grupal o familiar.

Esther Santibáñez y Elsa Guzmán plantean que la organización campesina dinamiza al sector rural, para lo cual analizan la experiencia organizativa de un grupo denominado Coordinadora Agropecuaria Morelense de Productores Organizados a partir de su constitución y transición hacia la integración or-ganizativa, la creación de empresas sociales desde una estrategia económica, el aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuenta, el desarrollo de paquetes tecnológicos, la vinculación con el gobierno y organizaciones no gubernamentales, y finalmente, el desarrollo de capacidades.

José Vargas-Hernández analiza, a partir de la teoría de recursos y capaci-dades y del emprendimiento empresarial, una empresa en su etapa inicial y pretende dar respuesta a la interrogante ¿Cuáles fueron los aciertos y fallas cometidos por los emprendedores al ejecutar el proyecto de negocio? Se con-

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Presentación

cluye que los conocimientos empíricos no fueron suficientes para encaminar al éxito el proyecto.

Fermín Ledesma refiere el uso –en España– de los términos multifuncionali-dad del medio rural y desarrollo territorial rural como estrategias de desarrollo local. Esta multifuncionalidad, desde la óptica europea, implica dejar atrás la vieja imagen de “un campo atrasado y pobre” que no solamente debe cumplir la función básica de producir alimentos, sino que puede y debe asumir de manera simultánea la función ambiental (conservación del medio ambiente y del paisaje rural), como también promover una función social, contribuyendo a la viabilidad de áreas naturales, el turismo rural y mejorar la calidad de vida, es decir, un desarrollo territorial equilibrado.

José Manuel Flores describe detalladamente el trato productivo denomina-do “ganadería a medias” que se practica en una región del sur veracruzano, además analiza algunas de las consecuencias de la adopción de tal actividad por parte de los productores locales, como lo fueron la transformación del paisaje y el control del espacio ejidal por parte de ganaderos externos. El autor sostiene que los tratos a medias suponen también formas de control no sola-mente sobre las decisiones productivas, sino sobre el espacio ejidal.

Se incluyen en este número los trabajos ganadores del segundo y tercer lu-gar del Cuarto Certamen Nacional Universitarios por el Desarrollo Agrario, 2013, correspondientes a Denise Granados Orosco, segundo lugar, y Karen Citlalli Cornejo Sierra, tercer lugar, cumpliendo de esta forma con lo estable-cido en las bases de la convocatoria.

Finalmente, además de reconocer los aportes de cada uno de los autores mencionados, queremos hacer patente nuestro agradecimiento a los lectores de la Revista por permitirnos acompañarlos en este proceso de intercambio de ideas y conocimiento, el compromiso de nosotros es fortalecer y consolidar a la publicación para que continúe como referente en el análisis del medio rural, y punto de encuentro de los diversos planteamientos que se generan respecto al tema agrario.

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MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA AGRARIA*

Cruz López Aguilar

Agradezco la invitación que se me formuló para asistir a este importante y ya tradicional Congreso Nacional de Derecho Agrario en México en su edición XVI, particularmente en un momento de nuestra historia de profundos cam-bios en las concepciones jurídicas; de un nuevo paradigma del Derecho como lo afirman destacados constitucionalistas, invitándonos a construir desde el Derecho y con el Derecho un país más equitativo y justo.

Lo anterior adquiere para los servidores públicos de la Procuraduría Agraria una importancia fundamental, cuando lo visualizamos desde la perspectiva del momento actual del campo mexicano, configurado en la reforma profun-da al sector primario de la economía nacional que demandan las organizacio-nes sociales y campesinas, ya que esta es la oportunidad histórica para que, a través de sus propuestas e iniciativas, se logre cambiar urgentemente el rostro de pobreza y desigualdad que impera hoy en día en el medio rural.

La Procuraduría Agraria, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, tiene funciones de servicio social y está encargada de la de-fensa de los sujetos de derecho agrario. En este contexto, la Institución trabaja sin descanso para dar seguridad, tranquilidad y certeza jurídica a la propiedad de los sujetos agrarios y sus familias, y por otra parte, asesorarlos para elabo-rar su disposición testamentaria y así decidir la transmisión de sus derechos agrarios en orden preferente, de manera libre y ordenada, a sus legítimos su-cesores evitando conflictos interfamiliares y de naturaleza judicial.

Desde el inicio de mi gestión al frente de la Procuraduría Agraria, se em-prendió un programa de profesionalización, actualización y capacitación para sus servidores públicos en los diversos aspectos del Derecho, mediante la im-partición de seminarios, cursos y un Diplomado de Especialización en Derecho

* Conferencia Magistral presentada en el XVI Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y II Internacional, 2014 que se llevó a cabo del 27 al 31 de octubre de 2014 en la ciudad de Mérida, Yucatán.

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Estudios Agrarios | Cruz López Aguilar

Agrario, en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana que está próximo a concluir.

Convencido de que solamente con personal altamente calificado y com-prometido será posible prestar a los sujetos de derecho agrario una atención eficiente y cálida, se ha proyectado crear una Escuela Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario.

En esta Escuela, además de impartirse temas referentes al Derecho, impor-tantes para nuestro desarrollo profesional, se incorporará en sus procesos a las organizaciones campesinas (dirigentes e integrantes), privilegiando la gene-ración de conocimientos, el intercambio de experiencias, así como el análisis y la investigación sobre temas trascendentes que impacten en el medio rural, vinculando para esto a las instituciones de educación superior y a los centros de investigación del sector público y privado.

Con estas acciones, entre otras, la Procuraduría Agraria se renueva y da puntual cumplimiento a las instrucciones dictadas por el presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, y el Coordinador del Sector Agrario, Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín, de avanzar como lo estamos haciendo, no solamente en las tareas de ordenamiento y certificación de la tenencia de la tierra a través del programa Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar), para otorgar seguridad jurídica y certeza documental en la propiedad ejidal, salvaguardando así el patrimonio de los campesinos y también para llevar a cabo nuestra encomienda con calidez y profesionalismo.

El tema que esta tarde me corresponde comentar con todos ustedes, es el que se refiere a los “Medios alternativos para la solución de controversias en materia agraria”. He recibido con gusto la invitación de participar en este impor-tante Congreso para desarrollar brevemente el tema de esta conferencia, porque estoy convencido de la necesidad de aplicar la mediación, la conciliación y el arbitraje para solucionar conflictos.

Mediante la reforma del 18 de junio de 2008, se modificó el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”.

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Medios Alternativos para la solución de controversias

En cumplimiento a la reforma mencionada, en la mayor parte de las enti-dades federativas que conforman nuestra República Mexicana se han creado Centros de Justicia Alternativa en sede judicial para la solución de conflictos en materia civil, mercantil, penal y familiar, con excelentes resultados en la mayoría de los casos.

Con la reforma al Artículo 27 constitucional de 1992, y la promulgación de la Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de fe-brero de 1992, se incorporaron cambios trascendentales en la materia, uno de ellos fue el relativo a la justicia agraria, que hasta esa fecha había sido de carácter administrativo para volverse jurisdiccional, creándose los Tribunales Agrarios.

Otro de los cambios derivados de la reforma de 1992, fue la creación de un órgano de procuración de justicia agraria, que en la ley reglamentaria se le deno-minaría Procuraduría Agraria, a la cual el legislador permanente le estableció, en el artículo 136, fracción III, la atribución de: promover y procurar la concilia-ción de intereses entre los sujetos agrarios en sus controversias relacionadas con la normatividad agraria.

En 1992, el legislador estableció también la posibilidad de llegar a acuerdos de carácter conciliatorio dentro de los juicios agrarios, al señalar en el artículo 185, fracción VI, de la Ley Agraria, lo siguiente:

En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pro-nunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composi-ción amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez ca-lificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia.

Los que de manera cotidiana estamos inmersos en la atención de conflictos por diferentes vías, observamos y constatamos que cada día los Tribunales Agrarios tienen más carga de trabajo por la atención de juicios agrarios, esto es, de conflictos que se ventilan por la vía jurisdiccional, propiciando la impo-sibilidad material y jurídica de emitir de manera pronta y expedita las resolu-ciones que pongan fin a la controversia judicial, lo cual por las razones indi-

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cadas sucede en la mayoría de los tribunales, a pesar del esfuerzo que realizan los servidores públicos que tienen a su cargo la impartición de justicia.

Surge la necesidad insoslayable de elegir otras vías que coadyuven a reducir la situación expuesta promoviendo una cultura entre la ciudadanía, particular-mente entre los sujetos de derecho agrario, que les permita conocer a fondo otras herramientas jurídicas como la conciliación, el arbitraje y la mediación, para prevenir y resolver sus diferendos.

Por otra parte, –y así lo estamos haciendo en la Procuraduría Agraria– es indispensable formar profesionales en el conocimiento de los diversos me-dios alternativos que es posible aplicar para solucionar conflictos de cualquier naturaleza, agrarios en el caso que nos ocupa, ya que si bien es innegable el avance logrado en nuestro país, aún se privilegia la práctica de recurrir a los tribunales jurisdiccionales para resolver conflictos aunque estos puedan solu-cionarse objetiva y racionalmente, por los medios alternativos.

En efecto, los métodos alternativos tienen por esencia la filosofía de evitar la confrontación; ayudar a resolver conflictos a través del diálogo, de la comu-nicación entre las partes, tender puentes de amistad y construir soluciones duraderas. Se considera, y estoy de acuerdo, que los principales medios al-ternativos para la solución de conflictos son: la conciliación, el arbitraje y la mediación.

Las principales características comunes a todos los medios alternativos es que se aplican por acuerdo de las partes, es decir, son absolutamente volunta-rios; se previenen y buscan soluciones dentro de los respectivos procedimien-tos para resolver conflictos o simples diferendos, y tienen procedimientos flexibles aun cuando el arbitraje y la conciliación tienen formas y etapas más precisas que cumplir, comparados con la mediación

Los beneficios que ofrecen los mecanismos de justicia alternativa son, entre otros, los siguientes:

• Se presta atención a los intereses de las partes en conflicto y no sola-mente a sus derechos y obligaciones, obteniendo con ello mayores be-neficios;

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• Tienen impacto positivo en la relación futura de los contendientes, por-que fomentan la transigencia, la tolerancia y la negociación ante la po-sibilidad de un futuro conflicto de intereses de carácter judicial;

• Desaparece el juez como autoridad, lo cual desinhibe a las partes para poner en la mesa de las discusiones toda la información necesaria sobre los verdaderos intereses que subyacen en la controversia;

• Sus procedimientos observan mayor flexibilidad, pues la solución de las diferencias tienden a ser negociadas, es decir, una de las partes no es enteramente dueña de la razón en perjuicio de la otra;

• Existe celeridad y escasez de formalismos;

• La voluntariedad, gratuidad, neutralidad, confidencialidad e imparciali-dad son principios rectores del procedimiento;

• Los breves tiempos de respuesta son notoriamente más reducidos que los observados en procedimientos seguidos ante tribunales;

• Implica un menor desgaste emocional ya que fomenta que la actitud de las partes sea de colaboración, dando como resultado que ambas ganen, y

• Se fomenta entre los ciudadanos la función cívica de resolver sus con-flictos mediante el diálogo y la comunicación sin la intervención de tri-bunales de naturaleza jurisdiccional.1

Los medios alternativos para prevenir y solucionar controversias son una op-ción para lograr una justicia pronta y expedita; estos mecanismos propician una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respe-to al otro, el uso de la negociación y la comunicación para prevenir y resolver sus conflictos, también para coadyuvar a reducir las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales.

1 Andrade Morales, Yurisha. “La justicia alternativa en México. Una visión a través de los dere-chos humanos”. Página web: http://www.unla.mx/iusunla42/reflexion/LA%20JUSTICIA%20ALTERNATIVA%20EN%20MEXICO%20ANDRADE%20MORALES%20Yurisha.htm. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2014.

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Estamos conscientes que los medios alternativos no pueden sustituir a la justicia ordinaria, inevitablemente habrá litigios que deben ser decididos por los tribunales agrarios; la conciliación, la mediación y el arbitraje son herra-mientas poderosas que cuando se aplican adecuadamente y se elige cuidado-samente los casos que son susceptibles de resolverse con su aplicación, gene-ralmente deben tener éxito, como bien lo cita el Dr. Francisco González de Cossío, en muchas ocasiones no fallan los medios alternativos, sino quien los opera al no haber elegido la herramienta adecuada para resolver un conflicto.

Insisto porque estoy convencido de ello, los medios alternativos para pre-venir y solucionar conflictos han probado ser socialmente deseables, ya que contribuyen de forma más efectiva que las resoluciones tradicionales de un tribunal, al superar condiciones de conflictividad que no solamente afectan la economía sino también el tejido social e incluso la paz y la gobernabilidad. Tienen a su favor la prontitud, economía y satisfacción de las partes, en cuan-to a la posibilidad de resolver los diferendos con menos rispideces, lo cual permite a los sujetos de derecho agrario, continuar conviviendo en su núcleo de mejor manera.

A continuación, me referiré de manera particular a cada método alternativo para solucionar controversias.

Mediación

Es un medio de solución alternativa de conflictos caracterizado por la inter-vención de una tercera persona (denominado mediador), cuyo objetivo es fa-cilitar la avenencia y solución a través del diálogo entre las partes enfrentadas, tratando de lograr que éstas alcancen una solución satisfactoria y voluntaria al conflicto, pero nunca ofreciéndola o imponiéndola.

El mediador es un facilitador que ayuda a resolver la controversia o dife-rendo planteado, allegándose de todos aquellos instrumentos que le permitan conocer a fondo el asunto en el que le corresponde intervenir; debe conocer e incluso traducir los estados de ánimo de las partes, confrontar sus intereses con las situaciones reales, como bien lo dice el Lic. Guillermo Cuadra Ramí-rez, Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia, el media-

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dor calma estados de ánimo exaltados, ubica los pedidos exagerados, explica posiciones y recibe confidencias.2

La mediación tiene las características siguientes:

• No pone tanto énfasis en los aspectos legales del conflicto como en los intereses latentes de cada parte;

• Se puede presentar intrajudicial o extrajudicialmente;

• Un tercero se interpone entre los contendientes procurando su reconci-liación mediante su asistencia en la obtención de un acuerdo a través de un procedimiento flexible e informal;

• Constituye la vía pacífica de solución de conflictos que, en términos humanos, de tiempo, recursos y costos, privilegia la libre decisión de las partes, la cooperación y el compromiso mutuo, facilita la pacífica continuidad de las relaciones reduciendo así la posibilidad de litigios futuros, y

• Es un proceso diseñado para allanar las cuestiones fundamentales y subyacentes de una controversia, para alentar la exploración abierta de opciones, y es justo esta cualidad la que, por sí misma, lleva a lograr acuerdos que trascienden no solamente a nivel interpersonal, sino tam-bién al ámbito jurídico.3

Como se mencionó, en la mayoría de las entidades federativas se han creado Centros de Justicia Alternativa en sede judicial debido a la sobrecarga de tra-bajo de los órganos jurisdiccionales, el abuso de los recursos que la ley otorga para los procesos judiciales, la dilación de los juicios, el alto costo que implica el litigio, el desconocimiento del Derecho y de los procedimientos jurisdiccio-nales, así como la insatisfacción social frente a la resolución judicial, la falta de profesionalismo en el patrocinio de los negocios jurídicos, la carencia de una actitud institucional democrática que permita la participación de la ciudadanía

2 Cuadra Ramírez, José Guillermo. “Medios alternativos de resolución de conflictos como solución complementaria de administración de justicia”. Página web: https://www.scjn.gob.mx/transpa-rencia/lists/becarios/attachments/134/becarios_134.pdf. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2014.3 Ibídem.

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en la resolución de sus conflictos, entre otros, son factores que condujeron a la creación de los Centros de Justicia Alternativa.

La inclusión de los métodos alternos de solución de controversias como vías de acceso a la justicia, a través de la institucionalización y desarrollo de meca-nismos autocompositivos capaces de alternar y coexistir con la vía jurisdiccio-nal, está constituyendo un pilar importante en la construcción de un sistema de justicia más humano, satisfactorio, económico, ágil, expedito y rápido.

Dentro de los citados métodos, la mediación es la vía pacífica de solución de conflictos que, en términos humanos, de tiempo, recursos y costos, ha mos-trado ser muy eficiente al igual que la conciliación, porque además de privi-legiar la libre decisión de las partes, la cooperación y el compromiso mutuo, facilita la continuidad pacífica de las relaciones reduciendo así la posibilidad de futuros litigios, independientemente de que en la medida que se difunda, al ponderarse la responsabilidad de los involucrados en el arreglo de su con-flicto ante la sociedad, ésta se proyecta como un medio capaz de generar una cultura pacificadora que recupera la posibilidad de una convivencia armónica entre los individuos.

Por señalar un ejemplo citaré que en el Centro Estatal de Mediación, Con-ciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, los servicios de mediación pueden iniciarse por solicitud del interesado o por remisión del Ministerio Público o del Juez que conozca del asunto, cuando conste la voluntad de los interesados en solucionar sus controversias a través de la mediación, esto puede ser antes de iniciar un proceso jurisdiccional, durante el proceso o después de haber concluido el mismo.

Las etapas de la mediación son:

1. Solicitud. La persona interesada en resolver su conflicto a través de esta vía debe acudir personalmente o, en su caso, a través de su apoderado legal con poder notarial a la sede del Centro estatal más cercano a su domicilio, así como los datos de localización de la persona a la que desea invitar;

2. Inicio del trámite. Cada Centro cuenta con secretarios operativos, quie-nes verifican si el conflicto es susceptible de mediarse, de ser así se indi-

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ca la fecha para la sesión inicial de mediación, el número de expediente y nombre del mediador.

El secretario operativo realiza una invitación y la turna al trabajador social para que convoque a la otra u otras personas a que acudan en la fecha prevista, además informa del asunto al mediador;

3. Invitación. El trabajador social acude al domicilio de la persona invitada y le hace saber que hay alguien interesado en dialogar sobre el conflicto en común, para buscar alternativas de solución a través de la media-ción, entregándole la invitación;

4. Sesiones de mediación. En la fecha y hora señalada, el mediador en un espacio privado y confortable, explica los fines del procedimiento, las reglas que permiten un diálogo respetuoso y corrobora la voluntad de las par-tes para buscar una solución a su controversia. Las sesiones son orales y se realizan todas las que sean necesarias para la resolución del con-flicto. En cada sesión, las personas involucradas tendrán la oportunidad de intervenir activamente mediante la expresión de sus necesidades, emociones, sentimientos y propuestas, en un ambiente de confianza, cordialidad y respeto guiado por el mediador. Si las partes llegan a uno o varios puntos de acuerdo, se hará constar en un convenio del cual se les entrega una copia a los involucrados;

5. Autorización del convenio. El titular del Centro de Mediación y Conci-liación debe asegurarse que el convenio no contenga vicios del consen-timiento, que no contravenga la moral o disposiciones de orden público, como requisitos previos a su autorización. Los convenios se firman por todos los interesados, incluyendo las huellas digitales de los firmantes, del mediador que intervino y del titular del Centro de Mediación y Conciliación;

6. Efectos de cosa juzgada. Una vez autorizado el convenio o el acuerdo, surtirá entre las partes la misma eficacia que la cosa juzgada, pudiéndo-se ejecutar, en caso de incumplimiento, en la vía de apremio, prevista en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y

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7. Incumplimiento de convenio. En caso de incumplimiento del convenio, las partes tienen el derecho de elegir si proceden a su ejecución en la vía de apremio ante el juez competente, o bien, inician un nuevo proceso de mediación.4

Conciliación

Es una forma de solucionar conflictos en virtud de la cual las partes, ante un tercero que no propone ni decide, contrastan sus respectivas pretensiones tra-tando de llegar a un acuerdo que solucione el conflicto o diferendo y elimine una posible contienda judicial.

Existen dos tipos de conciliación: la conciliación extrajudicial y la concilia-ción judicial. La conciliación extrajudicial es un medio alternativo al proceso judicial, es decir, las partes resuelven sus problemas sin tener que acudir a un juicio. Resulta un mecanismo flexible, donde el tercero que actúa o interviene puede ser cualquier persona y el acuerdo al que llegan las partes suele ser de tipo transaccional.

La conciliación como vía para la solución de conflictos, puede desarrollar-se en cuatro momentos, a saber: 1. Fuera de juicio agrario (la que se realiza ante la Procuraduría Agraria); 2. Iniciado el juicio agrario; 3. Antes de dictar sentencia (ante los Tribunales Unitarios Agrarios), y 4. Después de concluido el juicio (ejecución de sentencia). También podríamos definir a la primera como conciliación extrajudicial, y a las demás conciliación en sede judicial.

En el juicio agrario, el Magistrado tiene la obligación de exhortar a las par-tes a que lleguen a una amigable composición, es decir, la vía conciliatoria también debe ser considerada como vía preferente para la resolución de todo conflicto, en este sentido, la omisión de tal exhortación constituye una viola-ción procesal.

El convenio suscrito por las partes, una vez aprobado por el Tribunal Uni-tario Agrario, tendrá el carácter de sentencia definitiva, no obstante, se debe

4 Centros de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa Estado de México. Página web: http://haciendacuautitlan.ning.com/profiles/blogs/centros-de-mediacion-conciliacion-y-justicia- restaurativa-estado. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2014.

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velar porque el convenio se apegue a las disposiciones de la legislación agra-ria, ya que de lo contrario el Tribunal no lo calificaría de legal.

Cuando las partes concilian sus intereses, los efectos son mejores que cual-quier sentencia ya que en un convenio conciliatorio se ponderan cuestiones que no pueden ser consideradas por el juzgador, como las situaciones y prefe-rencias concretas de la vida de los involucrados y su impacto en la comunidad a la que pertenecen.

Si se realiza una adecuada labor de conciliación, podemos influir positivamen-te para que los conflictos no dañen el tejido social de ejidos y comunidades.

El principio que rige a la conciliación judicial es la inmediatez, tema que no solamente interesa en materia agraria, sino a toda la justicia en general.

Cuando la conciliación se lleva a cabo de manera exitosa, los costos econó-micos son reducidos, no así cuando se llega a una sentencia que pueda resultar materialmente imposible de ejecutar ya que ello conlleva un elevado costo.

Casi todas las conciliaciones se presentan en tres tipos de asuntos: en pri-mer lugar, los juicios de nulidad promovidos contra actos o contratos que contravienen las leyes agrarias; en segundo término, las controversias entre sujetos agrarios con los núcleos de población y, en tercer lugar, las controver-sias de los sujetos agrarios entre sí.

Me satisface señalar que la Procuraduría Agraria es pionera en la materia, porque la Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992, le atribuye a la Procuraduría Agraria en su artículo 136, fracción III, lo siguiente:

Promover y procurar la conciliación de intereses entre las perso-nas a que se refiere el artículo anterior, en casos controvertidos que se relacionen con la normatividad agraria.

Por su parte, el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, textualmente indica:

Artículo 5°. Para el logro de sus objetivos la Procuraduría tendrá las siguientes facultades:

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…

…

IV. Promover y procurar la conciliación de intereses de los sujetos agrarios, en las materias reguladas por la Ley, como vía preferente para la solución de los conflictos.

Los artículos 42 al 45 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, establecen el procedimiento conciliatorio en materia agraria que desarrollaré de manera resumida a continuación.

Las solicitudes relativas a la prestación de los servicios que se proporcio-nan a los sujetos de derecho agrario, podrán hacerse por los interesados o sus representantes, cuando las solicitudes provengan de comunidades indígenas; en el caso de las personas que no hablen español, se les proporcionará un intérprete.

La Procuraduría Agraria deberá exhortar a las partes sobre la convenien-cia de llevar a cabo el procedimiento conciliatorio antes de que determinen dirimir su controversia ante los Tribunales Agrarios, y las convocará bajo el principio de buena fe, a no interrumpir la conciliación mediante el ejercicio de acciones de carácter judicial.

Un primer paso a cargo del conciliador es analizar si el asunto que se le plantea es materia de conciliación, esto es importante porque no cualquier cuestión puede ser resuelta aplicando alguno de los métodos alternativos, in-sisto nuevamente, son instrumentos poderosos y eficaces para prevenir y re-solver conflictos agrarios, pero se debe utilizar la herramienta correcta.

Debe promoverse que los convenios conciliatorios que se suscriban fuera de juicio por los interesados o con la intervención de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Procuraduría Agraria, los gobiernos de los estados o de otras instancias gubernamentales, mediante los cuales se logre la solución de conflictos agrarios, sean sometidos al Tribunal Agrario compe-tente, para que previa calificación, sean homologados, elevados a la categoría de sentencia y se provea su ejecución, ordenándose, en su caso, su inscripción en el Registro Agrario Nacional, una vez que causen ejecutoria.

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Es importante dejar atrás cualquier escepticismo respecto de la conciliación, así como contribuir a eliminar prejuicios ya que de lo contrario, estaríamos favoreciendo el conflicto, cuando debemos ser facilitadores para la paz social.

Arbitraje

En este mecanismo se suple el entendimiento directo de las partes y queda reemplazado por el acuerdo entre ellas, por una decisión del conflicto que proviene de un tercero llamado árbitro.

El laudo arbitral debe ser preciso y congruente con los hechos materia de la controversia, así como con las pretensiones de las partes y su estructura deberá revestir la forma de una sentencia, en este sentido, el laudo arbitral se dictará a verdad sabida y se fijarán las cláusulas arbitrales que se atenderán en dicho pro-ceso.

El laudo que recaiga al procedimiento de arbitraje, deberá contener los mis-mos requisitos y formalidades de una sentencia, señalando al que tiene el mejor derecho.

El procedimiento arbitral establecido en el Reglamento Interior de la Pro-curaduría Agraria en su artículo 46, tiene lugar cuando las partes, de común acuerdo, solicitan a la Institución que se dirima una controversia utilizando este medio alternativo. Esta manifestación de voluntad implica el compromi-so de las partes a someterse a un procedimiento, no judicial, de características peculiares, que ha de culminar con una resolución del árbitro, llamada laudo, que determinará los derechos y obligaciones que le asisten a cada una de ellas.

La Procuraduría Agraria, a través de la Dirección General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales designa al servidor público que deba consti-tuirse en árbitro en cada asunto, quien lo tramitará hasta dictar el laudo res-pectivo, el árbitro deberá ser licenciado en Derecho y podrá ser sustituido por motivo de algún impedimento, excusa o recusación; por otra parte, en el caso de que el árbitro no sea licenciado en Derecho, el Procurador o Subprocurador podrán designar, a petición de las partes, al servidor público que en razón de su experiencia, profesión, reconocimiento moral o idoneidad, se considera apropiado para conocer del caso específico.

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El acuerdo a través del cual se hace el nombramiento del árbitro debe ser notificado personalmente a las partes, el cual contendrá lugar, fecha y hora para la suscripción y firma del compromiso arbitral, misma que deberá cele-brarse dentro de los 10 días hábiles siguientes.

En el compromiso arbitral se deben fijar por escrito las cuestiones que serán objeto del arbitraje, esto es, los puntos materia de la litis, acordando día y hora para la celebración de la audiencia, la cual se desahogará dentro de los 15 días siguientes a la firma del compromiso arbitral.

En la audiencia, las partes expondrán los hechos materia de la controver-sia, sus pretensiones, y aportarán las pruebas que estimen convenientes para acreditar su dicho.

El desahogo de las pruebas se llevará a cabo cuando su naturaleza así lo permita, sin perjuicio de poder señalar nuevo día y hora para la continuación de la audiencia. Al efecto, el árbitro podrá allegarse los elementos de prueba que estime convenientes para emitir su resolución, así mismo, la Procuradu-ría Agraria en su calidad de árbitro, podrá acordar en todo tiempo la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, en todo tipo de asun-tos y en el estado procesal en que se encuentren. Esto será posible en la medi-da que estas acciones conduzcan al árbitro a contar con mejores elementos de conocimiento y convicción para resolver la controversia, de conformidad con la naturaleza de la litis planteada.

Desahogadas las pruebas se pasa al periodo de alegatos, finalizados se de-clara cerrada la instrucción y dentro de los 15 días naturales siguientes, el árbitro dictará el laudo que proceda debiendo notificarse personalmente a las partes.

El laudo debe ser preciso y congruente con los hechos materia de la contro-versia, es decir, deberá resolver íntegramente todas las cuestiones sometidas al arbitraje, con base en las constancias que obren en el expediente y abste-nerse de hacer pronunciamientos ajenos a las mismas, y su estructura deberá revestir la forma de una sentencia. Es decir, se conformará con capítulos para resultandos, considerandos y puntos resolutivos. En el primero se describirán las cuestiones sometidas al arbitraje, los hechos que dieron lugar a la contro-versia y la enumeración de las evidencias que obren en el expediente; en el

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segundo, los razonamientos lógico-jurídicos que lleven a valorar las pruebas respecto de su idoneidad con las afirmaciones de las partes y, en el último, el corolario o la conclusión que se desprenda de ese razonamiento con la deter-minación (resolución propiamente dicha) del Derecho que en todo caso asista a las mismas.

El laudo se deberá presentar ante el Tribunal Unitario Agrario a fin de que verifique su legalidad y sea homologado a sentencia, a partir de lo cual traerá aparejada ejecución por lo que desde ese momento el acto es coercitivo, es decir, se convierte en acto de autoridad, mismo que podría ser recurrido me-diante el juicio de amparo.

Referencias de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica a la Procuraduría Agraria, en relación con los medios alternativos para solucionar conflictos

A continuación haré una breve referencia a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de la Industria Eléctrica, porque en ambas se incluye a la Procuraduría Agra-ria en las negociaciones referentes al uso y ocupación superficial.

El artículo 102, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos determina que:

Cuando estén involucrados terrenos, bienes o derechos que están sujetos a los regímenes previstos en la Ley Agraria, además de las disposiciones de dicha Ley y las demás contenidas en el presente Capítulo, se observará lo siguiente:

I. El ejido, los ejidatarios, comunidades o comuneros podrán so-licitar asesoría y, en su caso, representación de la Procuraduría Agraria, en las negociaciones a que se refiere el presente Capítulo.

El artículo 19, fracción XII de la misma Ley determina que los contratos para la exploración y extracción deberán contar, al menos, con cláusulas sobre: “La solución de controversias, incluyendo los medios alternativos de solución de conflictos”.

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Como se desprende de la simple lectura del citado artículo, no se precisa qué medio concreto alternativo para solucionar conflictos debe aplicarse, por lo cual considero que puede ser cualquiera, donde la ley no distingue, nadie debe hacerlo.

A continuación me permito citar varios artículos de la Ley de Hidrocarbu-ros por considerarlos relevantes para el tema que nos ocupa.

Artículo 21:

Tratándose de controversias referidas a los Contratos para la Ex-ploración y Extracción, con excepción de lo mencionado en el artículo anterior, se podrán prever mecanismos alternativos para su solución, incluyendo acuerdos arbitrales en términos de lo dis-puesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Co-mercio y los Tratados Internacionales en materia de arbitraje y solución de controversias de los que México sea parte.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos y los Contratistas no se someterán, en ningún caso, a leyes extranjeras. El procedimiento arbitral en todo caso, se ajustará a lo siguiente:

I. Las leyes aplicables serán las leyes federales mexicanas;

II. Se realizará en idioma español, y

III. El laudo será dictado en estricto derecho y será obligatorio y firme para ambas partes.

Artículo 106:

En caso de no existir un acuerdo entre las partes, transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha de re-cepción del escrito referido en la fracción I del artículo 101 de esta Ley, el Asignatario o Contratista podrá:

…

II. Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-bano una mediación que versará sobre las formas o modalidades

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de adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos, así como la contraprestación que corresponda.

Artículo 107:

La mediación a que se refiere el artículo anterior se desarrollará, al menos, conforme a las siguientes bases:

I. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano escu-chará a las partes y sugerirá la forma o modalidad de adquisición, uso, goce o afectación que concilie sus intereses y pretensiones, según las características del proyecto y buscará que las partes al-cancen una solución aceptable y voluntaria, procurando mejorar su comunicación y futura relación.

Artículo 101:

La negociación y acuerdo a que se refiere el artículo anterior de-berá realizarse de manera transparente y sujetarse a las siguientes bases y a lo señalado en el Reglamento:

…

…

VI. La contraprestación que se acuerde deberá ser proporcional a los requerimientos del Asignatario o Contratista, conforme a las actividades que se realicen al amparo de la Asignación o Contrato.

De acuerdo a las distintas formas o modalidades de uso, goce, afectación o, en su caso, adquisición que se pacte, los titula-res de los terrenos, bienes o derechos tendrán derecho a que la contraprestación cubra, según sea el caso:

a) El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra, así como la previsión de los daños y perjuicios, que se podrían sufrir con motivo del proyecto a desarrollar, calculado en función de la actividad habitual de dicha pro-piedad;

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b) La renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra;

c) Tratándose de proyectos que alcancen la extracción co-mercial de Hidrocarburos, un porcentaje de los ingresos que correspondan al Asignatario o Contratista en el proyecto en cuestión, después de haber descontado los pagos que deban realizarse al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabiliza-ción y el Desarrollo, sujetándose a lo dispuesto en el último párrafo de este artículo.

Del contenido en los artículos 106 y 107 de la Ley de Hidrocarburos, se des-prende que el asignatario o contratista podrá, es potestativo, no obligatorio hacerlo:

1. Solicitar a la Secretaría una mediación;

2. El diferendo versará sobre las formas o modalidades de adquisición, uso, goce, o afectación de los terrenos, bienes o derechos, así como la contra-prestación que corresponda;

3. Aun cuando no se dice de manera expresa, se desprende que la sedatu, nombra un mediador;

4. El mediador escuchará a las partes;

5. El mediador sugerirá una fórmula de solución que concilie sus intereses y pretensiones según las características del proyecto, y

6. Buscará que las partes alcancen una solución aceptable y voluntaria, procurando mejorar su comunicación y futura relación.

Por su parte, la Ley de la Industria Eléctrica, también le señala a la Procuradu-ría Agraria nuevas atribuciones en su artículo 75, correspondiente al Capítulo VIII Del Uso y Ocupación Superficial:

Cuando estén involucrados terrenos, bienes o derechos sujetos a los regímenes previstos en la Ley Agraria, además de las disposi-ciones de dicha Ley y las demás contenidas en el presente Capítu-lo, se observará lo siguiente:

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I. El ejido, los ejidatarios, comunidades o comuneros podrán soli-citar la asesoría y, en su caso, la representación de la Procuraduría Agraria, en las negociaciones a que se refiere el presente Capítulo.

El artículo 79, en la fracción II de esta misma ley, establece que en caso de no existir acuerdo entre las partes, transcurridos 180 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del escrito referido en la fracción I del artículo 74, el interesado podrá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-torial y Urbano una mediación que versará sobre las formas o modalidades de adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos, así como la contraprestación que corresponda.

Por otra parte, la fracción I del artículo 80, señala, respecto a la mediación, que:

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano escucha-rá a las partes y sugerirá la forma o la modalidad de adquisición, uso, goce o afectación que concilie sus intereses y pretensiones, según las características del proyecto y buscará que las partes al-cancen una solución aceptable y voluntaria, procurando mejorar su comunicación y futura relación.

En relación con las legislaciones a las que acabo de referirme, les manifiesto que a la fecha se han identificado casi 4 mil núcleos agrarios susceptibles de intervención en proyectos de desarrollo energético, en el corto y mediano plazo.

Espero haber podido transmitir en esta breve intervención, la importancia actual y futura que tiene para los sujetos de derecho agrario y para la Procu-raduría Agraria a su servicio, la aplicación de los medios alternativos para la prevención de sus conflictos y diferendos.

De igual manera, la Procuraduría Agraria tiene importantes retos que cum-plir y superar, uno de ellos es consolidar a la Institución como garante de la procuración de justicia agraria, mediante las acciones y resultados para continuar recuperando día a día la confianza de los sujetos agrarios, buscan-do otorgar un servicio eficaz y eficiente en proyectos de desarrollo minero y

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energético, generando procesos de comunicación, diálogo y negociación para establecer acuerdos en beneficio de ambas partes, promoviendo la legalidad y la cultura jurídica en el campo mexicano, con el fin de que los sujetos de derecho agrario conozcan cada vez más sus derechos y puedan hacer efectivas las garantías que operen a su favor.

Bibliografía

Andrade Morales, Yurisha. “La justicia alternativa en México. Una visión a través de los derechos humanos”. Consulta en línea: http://www.unla.mx/iusunla42/reflexion/LA%20JUSTICIA%20ALTERNATIVA%20EN%20MEXICO%20ANDRADE%20MORALES%20Yurisha.htm.

Centros de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa Estado de Mé-xico. Consulta en línea: http://haciendacuautitlan.ning.com/profiles/blogs/centros-de-mediacion-conciliacion-y-justicia-restaurativa-estado.

Cuadra Ramírez, José Guillermo. “Medios alternativos de resolución de con-flictos como solución complementaria de administración de justicia”. Con-sulta en línea: https://www.scjn.gob.mx/transparencia/lists/becarios/attachments/134/becarios_134.pdf.

González de Cossío, Francisco. 2014. Arbitraje, Edit. Porrúa, México, 1, 444 p.

Procuraduría Agraria, Ley Agraria y Glosario de términos jurídico-agrarios 2014.

——. Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria.

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Reforma energética y núcleos agrariosRubén Treviño Castillo

Introducción

Cuál es la pretensión que me impele a escribir este ensayo sobre un tema que aunque resuelto formalmente aún se encuentre vigente en la discusión nacional; cuál es el origen de esta elevada decisión cuyo paradigma estuvo vi-gente por más de 50 años y que impidió la salida a tiempo en la competencia comercial y tecnológica, a escala internacional, de los energéticos; por qué el tiempo y el desarrollo científico se estrellaban en una barrera impenetrable; de qué tamaño era el orgullo o la razón de Estado que viendo sucumbir a los más necesitados en la pobreza, desigualdad y desempleo lo impedían en aras de cuidar y fortalecer un monopolio de Estado, aun y cuando en la esencia misma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permane-ce inmutable la norma que prohíbe la existencia de los monopolios; por qué el Estado viendo que los organismos Comisión Federal de Electricidad (cfe) y Petróleos Mexicanos (Pemex), encargados de ejecutar la política energética de Estado, se perdían en la quiebra financiera y económica que arrastraban las finanzas de Estado hacia el precipicio, no se actuaba en consecuencia; cuáles eras las fuerzas abiertas y oscuras que lo impedían, acaso el miedo al despres-tigio popular o al juicio inapelable de la historia.

Estas y muchas otras preguntas en el mismo sentido fueron formuladas y toda esta merecería por sí sola, cuando menos, una respuesta profesional para explicar este paréntesis estacional.

No soy experto en la materia, pero alguna razón debió tener el Poder Le-gislativo cuando a propósito de una iniciativa referida al Artículo 27 cons-titucional presentada por el expresidente Adolfo López Mateos, determinó modificar esta iniciativa para crear un monopolio de Estado mediante el cual se establecería que solamente la Nación propietaria de los bienes del subsuelo será la única autorizada a explorar y explotar los energéticos en toda la cadena productiva, dejando a particulares únicamente los contratos de servicios.

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Estudios Agrarios | Rubén Treviño Castillo

Es posible que históricamente esta reforma haya tenido su razón de ser; es posible que el Estado viera con recelo que no obstante la expropiación petro-lera regresaba a los particulares creándose un moderno pero aterrador oligo-polio.

Por qué de una cerrada economía de Estado se transitó a una economía mixta y luego a una economía de libre mercado, pero en materia de energé-ticos los candados permanecen cerrados y corroídos; acaso el principio filo-sófico-jurídico de soberanía del siglo xviii que permitió escribir los límites de los Estados era más fuerte que el desarrollo económico y social de México, pareciera que sí; este principio de soberanía mal entendido acompañado de los principios de nacionalismo y populismo nacional, hacían que este mono-polio de Estado permaneciera inalterable, pensar en ello pudiera interpretarse como traición a la patria.

Oh soberanía, cuántos errores se han cometido en tu nombre.

Pero la sociedad avanza, nada la detiene; sin dirigencia habrá de entenderse que luchar sin el rumbo de una sociedad es infructuoso y siempre habrá de imponerse el destino.

La sociedad mexicana exigirá un cambio de rumbo o cuando menos una actualización en su normativa estructural que le permita planes de desarrollo cuando menos por los siguientes cincuenta años.

En diciembre de 2012, al llegar a la Presidencia de la República el Lic. En-rique Peña Nieto, después de una intensa campaña política por todo el país, propuso a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de México la sus-cripción del Pacto por México, en el que se establecieran las bases de un nuevo acuerdo para impulsar el crecimiento económico que generará empleos de calidad, bienestar en toda la población y disminuir la pobreza y la desigualdad social.

Este Pacto se suscribió bajo la base de cinco acuerdos:

• Sociedad de Derechos y Libertades;

• Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad;

• Seguridad y Justicia;

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Reforma energética y núcleos agrarios

• Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, y

• Gobernabilidad Democrática.

Con base en este Pacto, el Presidente de la República presentó a la considera-ción del H. Congreso de la Unión una serie de Reformas Estructurales, dentro de las cuales se encuentra la Reforma Energética, sin duda una de las más importantes y trascendentes.

Fue el 12 de agosto de 2013 –la publicación en el Diario Oficial de la Fede-ración del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía fue el 20 de diciembre de 2013– cuando el Ejecutivo presentó al H. Congreso de la Unión, la Iniciativa de Reforma Constitucional consistente en seis ejes estratégicos que son:

1. Fortalecimiento del papel de Estado como rector de la industria pe-trolera: dotarle de nuevas herramientas para la definición y conducción de la política energética del país, que permitan una adecuada y prudente administración del patrimonio petrolero nacional;

2. Crecimiento económico: México está llamado a aprovechar sus re-cursos energéticos en favor de mayor inversión y generación de más empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes y a costos competitivos;

3. Desarrollo incluyente: el acceso a la energía permitirá democratizar la productividad y la calidad de vida de la población en las distintas regio-nes del país;

4. Seguridad energética: se debe aprovechar la disponibilidad de energía primaria en el territorio nacional para lograr la procuración continua, diversificada y económica del suministro energético para ésta y las si-guientes generaciones;

5. Transparencia: garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la in-formación sobre la administración del patrimonio energético nacional, y

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6. Sustentabilidad y protección del medio ambiente: es posible mitigar los efectos negativos que la producción y el consumo de energías fósiles puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, mediante la mayor disponibilidad de fuentes de energía más limpias.1

La Reforma Energética se destaca de un conjunto de reformas estructurales que promovió el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, a partir de asumir su cargo en 2012, que se concretaron en 2013 con la activa par-ticipación de las Cámaras de Diputados y de Senadores. Otras importantes reformas promulgadas en un tiempo récord de 20 meses, incluyendo las leyes secundarias y sus reglamentos son las siguientes: educativa; laboral; hacenda-ria; financiera; política; de telecomunicaciones, y la judicial.

Por sus implicaciones jurídicas, económicas, sociales, ambientales e ideo-lógicas, la Reforma Energética es una de las más importantes para la Nación mexicana. Se hicieron cambios sustanciales a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que permiten la parti-cipación de capital privado en el sector energético, garantizando la soberanía nacional sobre los recursos y la rectoría del Estado sobre su aprovechamiento, como se indica más adelante.

La Reforma Energética, una de las más importantes para el desarrollo econó-mico del país, fue aprobada por el Senado de la República, la Cámara de Diputa-dos y 17 congresos estatales en una semana –del 9 al 15 de diciembre de 2013–. La publicación de los reglamentos de las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, fue en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014.

En este ensayo se destaca la importancia de la reciente Reforma Energética en términos de la apertura del sector a la inversión pública y privada, pri-vilegiando la soberanía de la Nación sobre la propiedad de los recursos y la rectoría del Estado en su aprovechamiento. En el apartado de antecedentes se da cuenta del tratamiento jurídico y administrativo que el Estado le ha dado a los recursos energéticos, en diferentes momentos históricos del devenir de la Nación mexicana. Se hace referencia a los decretos de las reformas y la

1 Consulta en línea: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/IEF20122013.pdf (22 de noviembre de 2014).

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expedición de las leyes que constituyen el marco jurídico de la denominada Reforma Energética.

En un apartado específico se indica al ámbito de la Reforma Energética, destacando los planteamientos de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Indus-tria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica. Se describen aspectos impor-tantes de lo que se reserva a Pemex y a otras empresas de la industria petrolera en función de las denominadas “Rondas 0 y 1”. Se enfatiza en la fundamen-tación del Marco Constitucional consignado en los artículos 25, 27 y 28.

Finalmente, se hace referencia a los objetivos y características del nuevo modelo energético, destacando el fortalecimiento de las empresas de Estado –Pemex y cfe–, así como de organismos reguladores, es decir, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (cnh) y la Comisión Reguladora de Energía (cre) con responsabilidades y funciones coordinadas.

La implementación de la Reforma Energética, en particular las acciones que se derivan de las leyes de Hidrocarburos, de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica, considera la ocupación superficial temporal de los nú-cleos y sujetos agrarios. Al respecto, hasta el momento la Secretaría de Ener-gía (sener) no ha publicado cifras oficiales por lo que solamente como ensayo de trabajo, y en previsión de lo que corresponde al trabajo de la Procuraduría Agraria, se analizan algunos datos derivados de investigaciones realizadas por consultorías especializadas y expertos en el tema.

Antecedentes

Según Francisco Mariel Lezama, en México se tuvo conocimiento de algunos afloramientos naturales de petróleo (chapopoteras), utilizados por los indí-genas desde la época prehispánica con fines medicinales, impermeabilizante, material de construcción, lo quemaban en ceremonias religiosas y lo usaban también con fines de higiene para limpiar la dentadura.2

Los recursos del subsuelo, por siglos, han sido fuente de la mayor riqueza en el actual territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Dada su importancia

2 Mariel Lezama, Francisco. Historia de la exploración petrolera en México. Consulta en línea: http://www.ref.pemex.com/octanaje/23explo.htm (24 de noviembre de 2014).

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económica, desde hace 231 años se han expedido normas y ordenamientos sobre su aprovechamiento, reservándose el Estado en todo momento su pro-piedad y la facultad de concesionarlo a los particulares.

Desde 1783 entran en vigor las Reales Ordenanzas para la Minería de la Nueva España que determinaban que: “toda riqueza extraída del subsuelo, entre ellas el petróleo, pertenecían a la Real Corona Española, y sólo ella tenía el derecho de conceder a los particulares la explotación del recurso”.

En otros momentos históricos del desarrollo de México, se ha tratado y le-gislado sobre el tema de la tierra y sus recursos. En la Constitución de 1857, en los artículos 27 y 28, ya se reconocía el régimen de propiedad de los recur-sos. También se prohibía de manera explícita la existencia de monopolios en su explotación, como se puede deducir del texto original:

Artículo 27. La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse.

Ninguna corporación civil ó eclesiástica, cualquiera que sea su ca-rácter, denominación ú objeto, tendrá capacidad legal para adqui-rir en propiedad ó administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio ú objeto de la institución.

Artículo 28. No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuán-dose únicamente, los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.3

En el México independiente, y después de las llamadas Leyes de Reforma en 1884, el gobierno derogó las Ordenanzas de Minería y expidió el Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de fomentar la

3 Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2014. Universidad Nacional Autónoma de México. Con-sulta en línea: www.juridicas.unam (23 de noviembre de 2014).

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inversión petrolera y trasladar el derecho de explotación al soberano sobre el subsuelo. En 1892 se promulga el Código Minero de la República Mexicana, en el que se establece que solamente el dueño del suelo explotará libremente los combustibles y minerales, siempre y cuando se cubra el impuesto sobre propiedades federales. En 1901 se expide la primera Ley del Petróleo, que permite al Presidente de la República otorgar permisos a empresas y particu-lares para explotar terrenos que son propiedad de la Nación.

Durante el periodo de la Revolución Mexicana, en 1911, varias compañías ex-tranjeras comienzan a expandirse en el territorio nacional, amparadas en la Ley del Petróleo. Inician las exportaciones de petróleo mexicano a Estados Unidos de América, Europa y América Latina, por lo que el gobierno de Francisco I. Made-ro decreta en 1912 el primer gravamen sobre producción de petróleo crudo, bajo la modalidad de impuesto especial del timbre.

En 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, en su artículo 27 establece que la propiedad de las riquezas del sub-suelo pertenece a la Nación. Con esta base, en 1918, el entonces Presidente Venustiano Carranza impone nuevos impuestos a la industria petrolera, que consistían en una renta anual y 5% de regalías sobre todas la tierras petroleras desarrolladas por los propietarios de la superficie o sus arrendadores.

En 1933 se crea la Compañía Petróleos de México, S.A. (Petromex), em-presa con participación del gobierno y de inversionistas privados aprovechan-do el auge de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, que en esa época descubre los yacimientos de Poza Rica, Veracruz, convirtiéndose esta zona en una nueva región de gran potencial. Dos años después, los trabajadores de las empresas formaron el Sindicato de Trabajadores Petroleros en la República Mexicana (stprm). En vísperas de la expropiación, en 1937, el Gobierno de la República crea la Administración General del Petróleo Nacional (agpn), a la que traspasó las propiedades de Petromex.

La reforma de mayor significado económico, social y político para la Repú-blica Mexicana, antes que la actual, la realizó el entonces Presidente Lázaro Cárdenas al promulgar la expropiación de la industria petrolera el 18 de mar-zo de 1938. Con el propósito de reorganizar, concentrar y coordinar la in-dustria nacionalizada el gobierno del expresidente Cárdenas, el 7 de junio de

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ese mismo año creó las empresas Pemex y la Distribuidora de Petróleos Mexi-canos. En 1940 estas empresas se integran en una y se hace cargo de toda la industria petrolera nacional. Se envían al extranjero grandes cantidades de crudo para la refinación y enfrentar el problema de abasto de combustible. También se terminó la construcción de la refinería de Poza Rica.

Con el propósito de ampliar su base productiva y atender las crecientes necesi-dades de combustibles, en 1941 Pemex crea el Departamento de Exploración. En 1946 descubre importantes yacimientos de petróleo y gas en la región de Reyno-sa, Tamaulipas. En noviembre de ese mismo año se inauguró la refinería “18 de marzo” de Azcapotzalco. El desarrollo de la infraestructura de esta importante empresa es de manera acelerada en sus primeros 12 años; en 1950 se construyen dos nuevas refinerías en Salamanca y Reynosa. En 1957 se concluyen las obras del oleoducto Tampico-Monterrey. Ese mismo año Pemex emite 500 millones de pesos en bonos estabilizados con el propósito de desarrollar la industria.

El expresidente Adolfo López Mateos crea en 1965 el Instituto Mexicano del Petróleo (imp) para fortalecer la integración vertical de la industria petrolera. Con el desarrollo tecnológico generado por el imp y sus relaciones con otras empresas internacionales, en 1976 se inicia la explotación de depósitos submarinos en la Sonda de Campeche. El primer campo marino de esta zona, Chac, da pie a la conformación del complejo Cantarell con nuevos descubrimientos.

Con el propósito de fortalecer sus funciones en el contexto de mayores relaciones con el exterior, y establecer un marco organizacional eficiente para la realización de las actividades comerciales internacionales, Pemex crea en 1989 la empresa filial Petróleos Mexicanos Internacional. En esa misma lí-nea, el 15 de julio de 1992 se decreta una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos con la que se crea un Órgano Corporativo y Organismos Subsidia-rios: Pemex Exploración y Producción (pep), Pemex Refinación (Pxr), Pemex Gas y Petroquímica Básica (pgpb) y Pemex Petroquímica (ppq).4

De este breve recuento histórico se desprende que la industria petrolera en México estuvo controlada durante 70 años –de 1938 a 2008– por una em-

4 Consulta en línea: http://www.industriapetroleramexicana.com/wp-content/uploads/2012/ 03/Historia-de-la-Industria-Petrolera-en-la-Republica-Mexicana.jpg. Con información del Cen-tro de Estudios Históricos de El Colegio de México y el Dr. Carlos Marichal.

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presa estatal, Pemex, dedicada a la exploración, extracción y transformación de hidrocarburos. En 2008 el Congreso de la Unión realizó la primera refor-ma energética reciente, dando lugar a los denominados Contratos Integrales de Servicios (Pemex), y a la cnh.

Reforma energética reciente

En 2013, el Congreso de la Unión reforma la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos. El 20 de diciembre de 2013 el Ejecutivo promulga la reforma constitucional. El 21 de diciembre de 2013 se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación.5

El 30 de abril de 2014 el Ejecutivo Federal presenta nueve iniciativas de ley en materia energética. El Congreso de la Unión aprueba las reformas en periodo extraordinario.

El 11 de agosto de 2014 el Ejecutivo Federal promulga los decretos de re-forma a la legislación secundaria. El 12 de agosto de 2014 el nuevo marco jurídico (nueve leyes nuevas y modificación a 12 existentes), entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El 13 de agosto de 2014 se anuncia los resultados de la Ronda “0” y presen-tación de las áreas a licitar en la Ronda “1”. Comienza el proceso de consultas con la industria sobre las áreas de la Ronda “1”.

Decretos que reforman leyes y decretos que crean leyes

El 20 de diciembre de 2013 se publica el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”. Son 21 las leyes secundarias de la Reforma Energética.

El 11 de agosto de 2014 se promulgan (decretos que crean) las leyes de la Reforma Energética siguientes:

• Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (shcp);

5 González Lilia, CNH, octubre de 2014. Escuela Libre de Derecho.

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• Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desa-rrollo (shcp);

• Ley de la Industria Eléctrica (sener);

• Ley de Energía Geotérmica (sener);

• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Me-dio Ambiente del Sector Hidrocarburos (sener), y

• Ley de Hidrocarburos (sener).

Adicionalmente se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes siguientes:

• Ley Federal de Derechos (shcp);

• Ley de Coordinación Fiscal (shcp);

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (shcp);

• Ley General de Deuda Pública (shcp);

• Ley de Aguas Nacionales (sener);

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

• Ley de Inversión Extranjera (sener);

• Ley Minera (sener);

• Ley de Asociaciones Público Privadas (sener);

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales;

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Mediante dictamen, se expide:

• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (sener);

• Ley de Petróleos Mexicanos (sener), y

• Ley de la Comisión Federal de Electricidad (sener).6

6 Consulta en línea: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2014&month=08&day=11 (22 de noviembre de 2014).

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Ámbito de la reforma energética

En 2013 las reformas a la constitución rompieron moldes, tabúes que pare-cían intocables, el de la no reelección y el del monopolio energético, las de telecomunicaciones, la educativa y, atemperando el esquema tradicional del federalismo, se planteó la creación de un código penal único.

La Ley de Hidrocarburos aprobada recientemente por el Congreso de la Unión, establece facultades precisas a la Procuraduría Agraria, para que en concordancia con las atribuciones que le confiere la Ley Agraria y el Regla-mento Interior de la Procuraduría Agraria, defienda jurídicamente los dere-chos y el patrimonio de los sujetos de derecho agrario.

La Reforma Energética es muy importante para el desarrollo económico del país, el monto de las inversiones que se esperan es elevado. La cnh conside-ra una inversión total estimada para la Ronda “1” y farm-outs7 de 12.6 mil millones de dólares al año, es decir, 50.5 mil millones de dólares durante el periodo 2015-2018, como se observa en el cuadro 1. De ahí la gran expec-tativa que ha generado tanto en el ámbito nacional como internacional, el aprovechamiento de los hidrocarburos mexicanos.

Cuadro 1. Recursos prospectivos y reservas de la Ronda 1

Tipo Bloquesnúmero

Superficie (km2)

Volumen (mmbpce)

Inversión estimada a cuatro años (mmusd)

I n v e r s i ó n anual estimada (mmusd)

Exploración (Recursos

prospectivos)109 25,903 14,606 19,000 4,750

Extracción (Reservas 2P) 60 2,597 3,782 15,100 3,775

7 Son las ganancias potenciales o asignaciones a “terceros” de una parte o del total de la renta sobre el petróleo, gas natural o minerales obtenidos.

40


Tipo Bloquesnúmero

Superficie (km2)

Volumen (mmbpce)

Inversión estimada a cuatro años (mmusd)

I n v e r s i ó n anual estimada (mmusd)

Pemex Farm-outs

(2P)

14 (en 10

contratos)612 1,557 16,400 4,100

Total 183 29,112 19,945 50,500 12,625

Fuente: CNH, 2014.

Marco constitucional y principios rectores de la Reforma Energética

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la sobe-ranía nacional sobre el uso de los recursos energéticos y la rectoría del Estado en su aprovechamiento en los términos siguientes:

Artículo 25. El Gobierno continuará a cargo de las áreas estraté-gicas. Mantendrá la propiedad y control de los organismos y de las nuevas Empresas Productivas del Estado. Establecerá las con-diciones adecuadas para incluir al sector privado en el desarrollo económico nacional. Estará a cargo de la planeación energética, con principios de equidad social, productividad y sustentabilidad.

Artículo 27. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sóli-dos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribu-yan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Esta-

Cuadro 1. Continuación

41


do podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidro-carburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

Artículo 28. El Estado contará con un fideicomiso público de-nominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.

Con estas reformas se fortalecen la cnh y la cre, transformándose constitu-cionalmente en órganos reguladores coordinados.

Derivado de este marco jurídico constitucional que privilegia la soberanía nacional sobre la propiedad de sus recursos y la rectoría del Estado en su apro-vechamiento, se reafirman los principios de:

• Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación;

• Fortalecimiento de los órganos reguladores;

• Libre concurrencia y competencia entre empresas del Estado y particu-lares en igualdad de condiciones, y

• Maximizar los ingresos del Estado y el desarrollo de largo plazo del país.8

Objetivos del nuevo modelo energético

La iniciativa que el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, so-metió a la consideración del Congreso de la Unión se sustenta en el principio de la soberanía nacional sobre el aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación, señalado en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como el expresidente Lázaro Cárdenas dejó estable-cido, para desarrollar la industria petrolera bajo la rectoría del Estado. De la misma manera, se promueve el desarrollo de un sistema eléctrico nacional

8 González Lilia, CNH, octubre de 2014. Escuela Libre de Derecho.

42


basado en principios técnicos, económicos, de equidad social y de sustentabi-lidad ambiental, bajo la conducción y regulación del Estado.

Partiendo de esta base, los objetivos de la reciente Reforma Energética son los siguientes:

• Al propiciar competencia y apertura plena en la oferta de bienes y ser-vicios, mejorará la economía de las familias al bajar los costos de los recibos de la luz y el gas. Al tener gas más barato se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que redundará en la producción de ali-mentos más baratos.9

• Aumentar la inversión y los empleos. Se proyecta generar nuevos em-pleos en los próximos años. Con las nuevas empresas y menores tarifas, se esperan cerca de medio millón de empleos más en este sexenio, dos y medio millones más para 2025 en todo el país;

• Reforzar a Pemex y a la cfe. Se le dará mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Pemex y cfe seguirán siendo empresas 100% de los mexicanos y 100% públi-cas, y

• Reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas, y como regulador de la industria petrolera. El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), será el encargado de la operación del siste-ma nacional de ductos de transporte y almacenamiento de gas natural.

Características de la reforma energética

De acuerdo con la sener, las principales características del nuevo modelo energético derivado de las reformas constitucionales y de las leyes secunda-rias y sus reglamentos en la materia, son las siguientes:

• Se fortalece la rectoría del Estado en la industria de hidrocarburos y eléctrica, a la vez que se eliminan barreras a la inversión. Se busca con-solidar la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos y la rectoría

9 Pemex, 2013. Citado por Sintropía. Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, 2013.

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del Estado en la industria energética, mediante el fortalecimiento de empresas estatales como Pemex y la cfe, dotándolas de autonomía fi-nanciera, y dándoles la oportunidad de asociarse con otras compañías públicas y privadas mediante contratos de exploración y producción, además, estableciendo opciones mediante licencia, producción compar-tida, utilidad compartida y servicios;

• El establecimiento y fortalecimiento de nuevos actores institucionales como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Medio Ambiente (relacionada con la Semarnat), cre y el Cenagas (operación del siste-ma nacional de ductos). El Fondo Mexicano del Petróleo para la Esta-bilización y el Desarrollo encargado de administrar y distribuir todos los ingresos petroleros de la Nación, con estricto apego al mandato de transparencia y acceso a la información pública;

• Contempla un modelo de inversiones públicas y privadas en la explora-ción y extracción de hidrocarburos, estableciendo esquemas de permi-sos para transportación y distribución de productos (industria petrolera, upstream (exploración y producción), midstream (transporte, proceso y almacenamiento) y downstream (refinamiento, venta y distribución);10

• Da prioridad a las actividades del sector energético, a la vez que busca apuntalar a Pemex como empresa del Estado mediante el establecimien-to de una “ronda cero”;

• Establece nuevos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y

• Fomenta cadenas de proveeduría nacional y desarrollo industrial, en un marco de sustentabilidad y la protección del medio ambiente.


La legislación de la reforma energética autoriza la “ocupación temporal” de tierras para la extracción de hidrocarburos, con base en, al menos, las áreas determinadas por la sener y la cnh como Ronda Cero y Ronda Uno.

10 Información general de la industria en el sitio de la Petroleum Services Association of Canada (psac).

44


Con el propósito de avanzar en la previsión de la atención a núcleos y suje-tos agrarios, que pueden ser incluidos en los procesos de exploración y apro-vechamientos considerados en las áreas de las Ronda Cero y la Ronda Uno, así como prever su posible impacto social y ambiental, se hizo un cruce geo-estadístico de estas áreas en las que se encuentran:

• Núcleos agrarios (ejidos y comunidades);

• Pueblos indígenas, y

• Áreas naturales protegidas (federales y estatales).

Ronda Cero

Con base en datos de consultores privados, en esta etapa se considera una superficie de casi cuatro millones 800 mil hectáreas, distribuidas en 146 mu-nicipios de 10 estados: Campeche, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Dentro de esta ex-tensión se encuentran un total de 2,095 núcleos agrarios. Se estima que las áreas en Ronda Cero ocupan poco más de un millón 600 mil hectáreas de superficie ejidal o comunal.11

De manera resumida se presentan los datos para la Ronda Cero, que corres-ponde a la participación de Pemex, en el cuadro siguiente:

Cuadro 2. Ronda Cero. Estados, municipios y núcleos agrarios

Estado Municipios Núcleos

Superficie total del núcleo

ha

Superficie dentro de

Ronda Ceroha

Porcentaje del núcleo agrario en

Ronda Cero

Chiapas 10 47 55,922.58 32,148.96 57.49

Coahuila 9 20 73,610.26 12,590.03 17.10

Nuevo León 1 1 1,580.81 903.87 57.18

Oaxaca 2 5 18,143.11 7,091.55 39.09

11 Consulta en línea: www.cartocritica.com (9 de noviembre de 2014).

45




ha


Ronda Ceroha


Ronda Cero

Puebla 6 49 46,695.58 26,521.85 56.80

San Luis Potosí

2 41 30,020.65 19,665.21 65.51

Tabasco 18 483 590,255.51 510,286.90 86.45

Tamaulipas 14 160 223,665.34 95,217.67 42.57

Veracruz 84 1,287 1,178,356.26 906,305.97 76.91

TOTAL (9) 146 2,095 2,218,250.10 1,610,732.01 72.61

Fuente: www.cartocrítica.com (fecha de consulta: 3 de noviembre de 2014).

Ronda Uno

La distribución terrestre de la Ronda Uno comprende un total de 72 munici-pios en siete entidades: Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Tamau-lipas y Veracruz, y 707 núcleos agrarios. Esta se extiende a lo largo de 1 mi-llón 60 mil 928 hectáreas, principalmente en Veracruz, seguido de Coahuila y Puebla con poco más de 90 mil hectáreas en cada estado. La Ronda Uno comprende un total de 707 ejidos y comunidades ocupando 441 mil 631 hec-táreas de propiedad social, principalmente en Veracruz (317 mil hectáreas) y Coahuila (62 mil).

Cuadro 3. Ronda Uno. Estados, municipios y núcleos agrarios



ha


Ronda Unoha


Ronda Uno

Chiapas 3 3 3,804.78 733.46 19.28

Coahuila 4 19 272,092.02 62,034.80 22.80

Hidalgo 3 32 31,476.73 17,089.53 54.29


46




ha


Ronda Unoha


Ronda Uno

Puebla 9 55 38,544.68 22,764.82 59.06

Tabasco 6 38 94,030.45 19,891.09 21.15

Tamaulipas 2 10 1,999.64 1,283.78 64.20

Veracruz 45 550 618,980.18 317,833.80 51.35

TOTAL (7) 72 707 1,060,928.48 441,631.28 41.73

Fuente: www.cartocritica.com (fecha de consulta: 3 de noviembre de 2014).

Aunque en ambas rondas se menciona al estado de Campeche, no aparecen municipios ni núcleos agrarios de este estado, porque su superficie se ubica en el mar, como puede observarse en el mapa siguiente.

Mapa 1. Ubicación de los municipios que se consideran en la Ronda Uno


Fuente: CNH, 2014.

47


Reforma energética y sujetos agrarios

Uso y ocupación superficial

La exploración y extracción de hidrocarburos son consideradas actividades de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos en los que existan depósitos de esos recursos.

Ante tal principio, y con el propósito de salvaguardar los derechos e inte-reses de las comunidades en las que se desarrollen proyectos del sector hi-drocarburos, se deberán realizar las consultas correspondientes, en las cuales podrán participar las empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales, así como particulares, de acuerdo con la normatividad aplicable.

En comunidades y pueblos indígenas, tales consultas deben hacerse además de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que lo han suscrito, como es el caso de México. Con estas consultas se sientan las bases jurídicas de acuerdos y convenios para lograr que proyectos importantes de infraestructura en el sector de hidrocarburos, se implementen con la cer-teza jurídica cumpliendo con las disposiciones nacionales e internacionales.12

El mecanismo general para definir los términos y las condiciones genera-les de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial, o en su caso, la indemnización respectiva, se establece en la legis-lación de hidrocarburos. Dicho mecanismo observa principios de legalidad, transparencia, y equidad entre las partes; así como procesos alternativos de mediación y de negociación, para la constitución de una figura de servidum-bre legal de hidrocarburos cuando sea necesario.

El artículo 100 de la Ley de Hidrocarburos, establece que: “la contrapresta-ción, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terre-nos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de exploración y extracción serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de

12 Secretaría de Energía. 2014. Consulta en línea: http://www.energia.gob.mx/webSener/leyes_Secundarias/9220.html (7 de noviembre de 2014).

48


dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o co-munales, y los Asignatarios o Contratistas”. En el caso de propiedad privada, podrá convenirse la adquisición.13

Por otra parte, el artículo 101 establece que la contraprestación que se acuerde deberá ser proporcional a los requerimientos del Asignatario o Con-tratista, conforme a las actividades que se realicen al amparo de la Asignación o Contrato. Será aplicable según corresponda en los siguientes términos:

• El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra, así como la previsión de los daños y perjuicios, que se podrían sufrir con motivo del proyecto a desarrollar, se calculará en función de la actividad habitual de dicha propiedad;

• La renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra;

• Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación, por lo que en ningún caso se podrá pactar una contraprestación asociada a una parte de la producción de hidrocarburos del proyecto;

• El mecanismo plantea la negociación inicial de 180 días entre particu-lares y, cuando sea necesario, esquemas alternativos consistentes en un proceso de mediación o de constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos;

• Los Asignatarios y Contratistas deberán dar aviso a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el objeto de que las mismas generen las acciones necesarias de acompañamiento y protección de derechos a través de las figuras de los testigos sociales, modelos de contratos, asesoría y representación legal de la Procuraduría Agraria, y

• En caso de no existir un acuerdo entre las partes, transcurridos ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha de recepción del escrito referido en la fracción I del artículo 101 de la ley, el Asignatario o Contratista podrá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-rritorial y Urbano, una mediación que versará sobre las formas o moda-

13 Ramos, Ariel y Buckley Hunt. 2014. Extracción y exploración de hidrocarburos. Seminario en Derecho de Energía. Escuela Libre de Derecho. México, D.F., 18 de octubre de 2014.

49


lidades de adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos, así como la contraprestación que corresponda.14

En la negociación inicial, las partes podrán acordar la práctica de avalúos a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, o de instituciones de crédito, corredores públicos o profesionistas en valuación. Si las partes han practicado avalúos, estos deberán ser tomados en cuenta:

1. Siempre que coincidan con la forma o modalidad de adquisición, uso, goce o afectación que sugiera la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-torial y Urbano;

2. En caso de que la diferencia entre los avalúos de los dos peritos sea infe-rior a 15%, la Secretaría tomará el promedio simple de los avalúos y el resultado servirá de base para formular la propuesta de contraprestación de la Secretaría, y

3. En caso de que la diferencia entre los avalúos de los dos peritos sea su-perior a 15%, la Secretaría solicitará al Instituto o a un perito la práctica de un avalúo, cuyo resultado servirá de base para formular la propuesta de contraprestación de la referida Secretaría.

Para el caso en el que las partes no hayan practicado avalúos, la Secretaría so-licitará al Instituto o a un perito aleatorio que practique avalúos que servirán de base para fijar la contraprestación.

Si dentro de los treinta días naturales contados a partir de la sugerencia de contraprestación a que se refiere la fracción II del artículo anterior, las partes no alcanzaren un acuerdo, la Secretaría de Energía podrá solicitar a la Secre-taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que dé trámite ante el Eje-cutivo Federal para la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos por vía administrativa.15

14 Ibídem.15 Ibídem.

50


Los avalúos deberán considerar, al menos, los aspectos siguientes:

• La previsión de que el proyecto a desarrollar generará, dentro de su zona de influencia, una plusvalía de los terrenos, bienes o derechos de que se trate;

• La existencia de características en los inmuebles, bienes o derechos que, sin reflejarse en su valor comercial, los hace técnicamente idóneos para el desarrollo del proyecto de que se trate;

• La afectación en la porción remanente de los inmuebles del cual forme parte la fracción por adquirir, usar o gozar;

• Los gastos complementarios no previstos en el valor comercial, para que los afectados sustituyan terrenos, bienes o derechos por adquirir cuando sea necesaria la emigración de los afectados, y

• En los casos de otorgamiento del uso o goce de los terrenos, bienes o de-rechos, la previsión de los daños y perjuicios, las molestias o afectacio-nes que sus titulares podrían sufrir con motivo del proyecto a desarro-llar, incluyendo aquéllos correspondientes a bienes o derechos distintos de la tierra, o el eventual perjuicio por el tiempo que la propiedad será afectada, calculado en función de la actividad habitual de dicha propie-dad.

Los titulares de terrenos, bienes o derechos tendrán derecho a que la contraprestación cubra, según sea el caso:

» El pago de las afectaciones de bienes o derechos distintos de la tierra, así como la previsión de los daños y perjuicios que se podrían sufrir con motivo del proyecto a desarrollar, calculado en función de la ac-tividad habitual de dicha propiedad;

» La renta por concepto de ocupación, servidumbre o uso de la tierra;

» Tratándose de proyectos que alcancen la extracción comercial de hi-drocarburos, un porcentaje de los ingresos que correspondan al Asig-natario o Contratista en el proyecto en cuestión, después de haber descontado los pagos que deban realizarse al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo;

51


» El porcentaje no podrá ser menor al cero punto cinco, ni mayor al tres por ciento en el caso del Gas Natural No Asociado, y

» En los demás casos, no podrá ser menor a 0.5% ni mayor a 2%, en ambos casos en beneficio de la totalidad de los propietarios o titulares de derechos de que se trate.

La Legislación prevé mecanismos alternativos en caso de que no se alcancen acuerdos en la etapa de negociación inicial:

◊ Contempla un proceso de mediación a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que escuchará a las par-tes y sugerirá la forma o modalidad de adquisición, uso, goce o afectación que concilie sus intereses y pretensiones, según las ca-racterísticas del proyecto, y buscará que las partes alcancen una solución aceptable y voluntaria, procurando mejorar su comuni-cación y futura relación, y

◊ Establece la figura de “Servidumbre Legal de Hidrocarburos”, la cual podrá ser decretada por la vía judicial o administrativa.16

Cuadro 4. Tipos de contratos previstos

Tipo de contrato Modalidades de contraprestación

Contraprestaciones a favor del Estado

Mexicano

Contraprestaciones a favor del contratista

De utilidad com-partida

Un porcentaje de la utilidad.

• La cuota contractual para la fase exploratoria;

• Las regalías deter-minadas, y

• Una contrapres-tación que se de-terminará por la aplicación de un porcentaje a la utili-dad operativa.

• La recuperación de los costos, y

• El remanente de la utilidad operativa después de cubrir la contraprestación a favor del Estado.

16 Ibídem.

52


Tipo de contrato Modalidades de contraprestación

Contraprestaciones a favor del Estado

Mexicano

Contraprestaciones a favor del contratista

Licencias La transmisión one-rosa de hidrocarbu-ros, una vez extraídos del subsuelo.

• Un bono a la firma;• La cuota contrac-

tual para la fase ex-ploratoria;

• Las regalías, deter-minadas por la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y

• La que se determi-ne en los contratos considerando la aplicación de una tasa al valor con-tractual de los hi-drocarburos.

La transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez extraídos del sub-suelo, siempre que se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones señaladas a favor del Estado.

De servicios La totalidad de la producción contrac-tual es para el Estado.

Serán en efectivo, se es-tablecerán en cada con-trato considerando los estándares o usos de la industria y se pagarán por el Fondo Mexicano del Petróleo.

Fuente: Secretaría de Energía, 2014.

En la regulación de los contratos en los que se involucren los núcleos y suje-tos agrarios, participan instituciones públicas federales y organismos creados para atender al sector, como la cnh, que entre otras tendrá las funciones si-guientes:

• Recopilación de información geológica operativa;

• Evaluar y proponer áreas para licitar;

• Proceso de licitación y suscripción de contratos, y

• Administración de asignaciones y contratos.17

17 Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2014.


53


De manera expresa, las leyes de la Industria Eléctrica en su Artículo 75, y la de Hidrocarburos en su Artículo 102, así como sus reglamentos respectivos establecen funciones específicas a la Procuraduría Agraria y a la sedatu, en relación con la atención de núcleos y sujetos agrarios ubicados en las superfi-cies sujetas a exploración y aprovechamiento de recursos energéticos.

A manera de conclusión

Con base en los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos, se puede concluir que la Reforma Energética se sus-tenta en principios de soberanía nacional sobre los recursos al definir que:

• La Nación mexicana es y seguirá siendo la dueña de los hidrocarburos y de todos los recursos del subsuelo del territorio nacional, y

• El Estado mexicano ejerce y seguirá ejerciendo la rectoría sobre la ex-ploración, extracción, industrialización y comercialización de los hidro-carburos y de los recursos del sistema de energía eléctrica de la Nación.

Como empresas del Estado, Pemex y cfe son de todos los mexicanos, y tienen como mandato prioritario incrementar la renta petrolera y eficientar el uso de la energía, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos.

La Reforma Energética es una reforma estructural que establece las bases jurídicas para operar el sector energético con mayor efectividad y eficiencia, atraer la inversión de particulares, tanto nacional como de otros países, así como las tecnologías de punta que posibiliten la realización de aprovecha-mientos sustentables de los recursos energéticos, en beneficio de la Nación mexicana.18

Para analizar con mayor profundidad el impacto de la reforma energética en los núcleos y sujetos agrarios, es necesario disponer de mayor información oficial de parte de la sener. Pero también de la forma como se desarrollen las relaciones entre las empresas participantes y los núcleos agrarios específicos, por lo que es necesario estar atentos a esos procesos.

18 Camarillo Ortega, Rubén. 2014, op. cit.

54


La Ronda Uno incluye una superficie considerable en el mar, especialmen-te en las costas de los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz, por lo que su impacto en núcleos agrarios específicos se ve poco probable.

Por otro lado, los vínculos entre las empresas y los núcleos agrarios pare-cen requerir de tiempos para acuerdos a su interior y, en su caso, llegar a los convenios y contratos específicos para la ocupación provisional de la superfi-cie. También pueden darse casos que requieran de la mediación institucional, cuando no se den los arreglos necesarios al interior de los núcleos agrarios.

Las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica establecen a la Pro-curaduría Agraria en los Artículos 102 y 75, respectivamente, atribución para intervenir a favor de los núcleos y sujetos agrarios, sin embargo, es impor-tante reafirmar que este organismo tiene en todo momento la facultad y la obligación de participar en los procesos que requieran de la representación y defensa de los derechos de los núcleos y sujetos agrarios, de acuerdo con las atribuciones que le marca el Artículo 27 Constitucional, la Ley Agraria y su Reglamento Interior.

Fuentes de información

Carrillo Ortega, Rubén. 2014. Política energética visión y génesis de la refor-ma constitucional. Seminario “Derecho de la energía, reforma energética”. Escuela Libre de Derecho, octubre de 2014.

Ley de Hidrocarburos, 2014.

Ley de la Industria Eléctrica, 2014.

Marco Legal Agrario 2014. Ley Agraria. Editorial Sista. México. pp. 79-80.

Ramos, Ariel y Buckley Hunt. 2014. Extracción y exploración de hidrocarbu-ros. “Seminario en Derecho de Energía”. Escuela Libre de Derecho. Méxi-co, 18 de octubre de 2014.

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, 2014.

Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, 2014.

55


Reportes presentados ante la SEC: Formatos 20-F para Petrochina Corp, Ro-yal Dutch/Shell, Petrobras, Total, BP, Eni, Statoil y Ecopetrol; Formatos 10-K para ExxonMobil, Chevron, Conoco Phillips y Formato 40-F para Encana.

Sintropía. 2013. La seguridad energética como eje rector de la reforma. Institu-to de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, A. C., México.

Páginas web

CartoCrítica. Investigación, Mapas y Drones para la Sociedad Civil, www.cartocritica.com

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. Consulta en línea: www.juridicas.unam.

Mariel Lezama, Francisco. Historia de la exploración petrolera en México. Consulta en línea: http://www.ref.pemex.com/octanaje/23explo.htm.

Petroleum Services Association of Canada (psac), www.psac.ca.

Secretaría de Energía, www.energia.gob.mx/webSener/leyes_Secunda-rias/9220.html.

Sintropía. Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, ieepp.org.mx.

www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/IEF20122013.pdf

www.industriapetroleramexicana.com/wp-content/uploads/2012/03/His-toria-de-la-Industria-Petrolera-en-la-Republica-Mexicana.jpg. Con infor-mación del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México y el Dr. Carlos Marichal.

www.dof.gob.mx/index.php?year=2014&month=08&day=11.

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El arbitraje agrario*Rubén Gallardo Zúñiga

ResumenSe mencionan atribuciones conferidas a la Procuraduría Agraria y a los Tri-bunales Agrarios, en quienes descansa el desahogo del procedimiento arbi-tral y la homologación del laudo arbitral, respectivamente. Atendiendo a la naturaleza del arbitraje en general, se indican sus antecedentes, ventajas e importancia, así como las disposiciones que lo regulan, las etapas del pro-cedimiento y de la necesidad de crear una verdadera cultura del arbitraje, a partir de su difusión y capacitación.

Se hace referencia grosso modo de algunos aspectos que se estiman importantes para ubicar su naturaleza y relevancia, así como el marco jurídico que lo regula, el involucramiento y participación de las partes, la intervención del árbitro, el laudo arbitral y sus efectos, así como su inscripción en el Registro Agrario Nacional.

Palabras clave: arbitraje agrario; procedimiento arbitral; Procuraduría Agraria; medios alternos.

Palabras preliminares

A más de dos décadas de la reforma más profunda al Artículo 27 constitucio-nal en materia agraria, se han experimentado cambios de paradigmas entre los diversos actores del Sector Agrario: ejidatarios y comuneros, entre otros y, particularmente, el surgimiento de una nueva cultura y una nueva institucio-nalidad agraria, esta última conformada por los Tribunales Agrarios y por la Procuraduría Agraria; en los tiempos más recientes se puede citar a la Secre-taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (sedatu).

En los tiempos más recientes se han impulsado en varias latitudes diversos “medios alternativos para la solución de controversias”, como son: la concilia-ción, la mediación y el arbitraje; en los primeros se cuenta con la participación y manifestación de la voluntad de las partes para solucionar algún asunto de su

* Fecha de recepción: 22 de mayo de 2014. Correo electrónico: [email protected]

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Estudios Agrarios | Rubén Gallardo Zúñiga

interés, a lo que se le puede llamar una formula auto compositiva, aun y cuando se puede contar con el apoyo de un tercero que orienta e impulsa y, respecto al arbitraje, tiene un carácter heterocompositivo en razón de que se cuenta con la participación —por voluntad de las partes—de un tercero ajeno a la controversia planteada, quien conoce y resuelve, mediante el laudo arbitral.

Antecedentes

El antecedente más remoto sobre el procedimiento arbitral se tiene en el de-recho romano en donde particulares, sin someterse a la potestad de los órga-nos jurisdiccionales, su controversia era resuelta por un árbitro nombrado por ellos mismos.

El arbitraje provine del latín arbitratus, que significa juzgar, decidir o enjuiciar una diferencia o conflicto. Este procedimiento es alternativo al proceso judicial, a manera de antecedente, podemos señalar que se crea propiamente con la funda-ción en 1892, de la Corte de Londres sobre Arbitraje Internacional.

El arbitraje tiene su origen —preponderantemente— en actividades de ca-rácter comercial; por lo que, además de conocer de cuestiones de orden priva-do, también las partes deciden atender y resolver algún asunto con la partici-pación de un tercero, a quien las propias partes piden su intervención y, sobre todo, la voluntad para someterse a su “sana” determinación.

Con el propósito de ubicar su importancia y crecimiento, se puede decir, que en diversos países —entre ellos México—, han incorporado en sus legisla-ciones al arbitraje como un modo alterno para la solución de controversias, a manera de ejemplo se pueden citar los siguientes antecedentes.

Referencia comparativa

En tiempos recientes se han manifestado varios hechos en la región que han contribuido a impulsar el arbitraje hacia une estadio de mayor eficacia. El primero fue la decisión de muchos Estados de irse apartando del esquema an-

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El arbitraje agrario

terior y trasladar importantes franjas litigiosas a la consideración de la justicia privada.1

Este proceso expansionista tuvo su inicio con la reforma argentina ocurrida en 1981, y luego fue seguida por Colombia y Uruguay en 1989. Pero la ver-dadera eclosión ocurre en la década de los años noventa donde nueve países actualizaron sus legislaciones (Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guate-mala, México, Panamá, Perú y Venezuela); sumándose a ellos, uno en 2000 (Honduras), otro en el 2002 (Paraguay), y el último en 2004 (Chile).2

Marco normativo

Constitucional

El artículo 17, párrafo cuarto, dispone que: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”. Sin duda es el punto de partida para el establecimiento de diversos medios para buscar la solución a los pro-blemas que se presenten en las distintas áreas del conocimiento o ramas del Derecho, como se señalará en las próximas líneas, principalmente se ha utili-zado en materia mercantil, aunque también se ha atendido en otras materias como la laboral, Derecho marítimo o de carácter médico, incluyendo claro está el arbitraje agrario.

De igual forma, resulta aplicable el artículo 133 respecto de la suscripción y aplicación de los tratados internacionales en los que México sea parte, previo cumplimiento de las formalidades —firma del Presidente de la República y aprobación de Senado de la República— serán ley suprema de toda la unión.

Legal

El Código de Comercio regula el procedimiento arbitral en los artículos del 1,415 al 1,451. En lo que aquí interesa y de manera enunciativa, más no limi-tativa, se hace referencia a lo previsto por diversos artículos a saber:

1 Santos Belandro, Rubén, “Del arbitraje en América Latina, un estudio comparativo”, en Revista Latinoamericana de Mediación, núm. X-1, enero de 2010.2 Ibídem.

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El artículo 1,417 señala que: “…Deja a las partes la facultad de decidir li-bremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte la decisión de que se trate…”

Por otra parte el artículo 1,421, determina que: “…salvo disposición en contrario, en los asuntos que se rijan por el presente título, no se requerirá intervención judicial”.

El artículo 1,423 dispone que: “…El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y consignarse en documento firmado por las partes…”

Por su parte, el Código Civil Federal en sus artículos 1,792 y 1,793, esta-blecen lo relativo al convenio como género y al contrato como especie, para efecto de este documento, es necesario mencionar que resulta necesario hacer referencia a ello, en razón de que el procedimiento arbitral tiene como punto de partida entre las partes, la voluntad manifiesta —de manera consensual— para someterse a dicho procedimiento.

Cabe recordar que por disposición del artículo 2º de la Ley Agraria, son de aplicación supletoria la legislación civil federal o mercantil, según la materia de que se trate.

La Ley Agraria, en su artículo 136 fracciones II, III y XI, hace referencia a la asesoría sobre consultas jurídicas planteadas por los sujetos agrarios, res-pecto a buscar la conciliación de intereses, así como la genérica para aplicar reglamentariamente lo relativo al procedimiento arbitral, como se abordará en párrafos subsecuentes.

Por su parte, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en su artículo 18, fracción XIII, otorga a los Tribunales Unitarios Agrarios la atribución para calificar y, en su caso, homologar a nivel de sentencia los laudos arbitrales, en lo que aquí interesa, en los términos siguientes: “…así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuen-tran apegados a las disposiciones legales aplicables”.

Reglamentaria

El Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria establece la atribución para el Procurador Agrario y el Subprocurador General, así como para el Director

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General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales, en los artículos 5º, fracción V; 13, fracción V; 21, fracción V, y del 46 al 54; se regula el procedi-miento arbitral en el capítulo X De los procedimientos, sección tercera.

Naturaleza e importancia

De su naturaleza

A decir del tratadista González de Cossío, la naturaleza jurídica del arbitraje ha generado un amplio debate. No obstante, a la fecha dicho debate no ha en-contrado una solución que sea generalmente aceptada; sin embargo, existen diversas teorías relevantes, entre otras: la jurisdiccional y la contractual.

Al respecto, la primera sostiene que el arbitraje tiene en su esencia na-turaleza jurisdiccional ya que el origen de la institución, su posibilidad de existencia, apoyo estatal y regulación de los actores principales (el árbitro y el juez) es similar y en ocasiones idéntica, al sistema tradicional de impartición de justicia a través del juicio.

Por lo que hace a la teoría contractual, podemos decir que sus orígenes, existencia y regulación dependen de la continuada presencia de la voluntad de las partes, quienes deciden someterse a dicho procedimiento, así lo expre-san y lo afirman al suscribir el compromiso arbitral —del que se hará mención en líneas subsecuentes—. El corazón de esta corriente de opinión consiste en que todo el procedimiento arbitral está basado en acuerdos contractuales.

El arbitraje es un proceso que puede darse cuando ambas partes lo han acordado; es decir, una controversia puede someterse a arbitraje, siempre que se suscriba un acuerdo de sometimiento o compromiso arbitral.

De su importancia

Podemos decir que su importancia radica en su sencillez, economía procesal y, sobre todo, por la voluntad manifiesta de las partes para encontrar “la me-jor” solución al controvertido. Al igual que la conciliación, impulsan y logran —así se estima— una solución definitiva, por una razón, son ellos mismos lo que la impulsan.

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Por lo anterior, el arbitraje es un proceso que puede darse cuando ambas partes lo han acordado; es decir, una controversia puede someterse a arbitraje, siempre que se suscriba un acuerdo de sometimiento o compromiso arbitral entre las partes, como ya se indicó.

Hoy en día, atendiendo al carácter social de la materia agraria, la Procu-raduría Agraria como encargada de la orientación, asesoría y defensa de los sujetos agrarios, a partir del tercero de sus reglamentos interiores —el de diciembre de 1996— entre otras atribuciones, ha contemplado dicho proce-dimiento, pero más aún, lo ha impulsado y encontrado solución a diversos asuntos del medio rural a través de ambos procedimientos.

Respecto al procedimiento arbitral, no está sujeto a reglas que se aplican a los litigios (civiles o mercantiles) ante tribunales; contrario a ello, se rigen por normas específicas que dan amplia cabida a la autonomía de la voluntad de las partes.3

El arbitraje o heterocomposición es una forma de buscar la solución a una controversia agraria en la que interviene un tercero ajeno al conflicto, las par-tes establecen por escrito el compromiso arbitral. Dentro del procedimiento, se seguirán las reglas del juicio agrario, una vez desahogadas las pruebas ofre-cidas por las partes y aquellas que el árbitro estime necesario practicar, este último, habrá de emitir el laudo correspondiente…”4

Antes de hacer algunas referencias sobre su procedimiento, se estima con-veniente señalar que hay quien confunde al árbitro con el mediador o conci-liador. Ello deriva de que las tres figuras comparten algo (su género próximo); en todas participa un tercero extraño que, con niveles distintos de interven-ción, colabora para resolver la controversia de las partes. La diferencia especí-fica reside en las facultades del tercero. Mientras que el mediador interviene para ayudar a las partes a que ellas mismas resuelvan su controversia y el conciliador sugiere una solución; el árbitro realiza un acto muy cercano a lo jurisdiccional: emite un fallo (el laudo) que tiene fuerza de cosa juzgada y que vincula (obliga) a las partes.

3 González de Cossío, Francisco. Arbitraje, Porrúa, México, 2001, pág. 209.4 Gallardo Zúñiga, Rubén. Prontuario Agrario, Porrúa, 3a edición, 2009, pág. 84.

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Etapas del procedimiento

Antes de hacer referencia a las actividades o etapas que integran el procedi-miento arbitral, es necesario señalar que la experiencia adquirida en la Pro-curaduría Agraria, nos dice que una vez que se haya agotado la conciliación, en caso de no lograrse la avenencia, se exhorta a las partes para que acepten —acto de voluntad— a someterse al arbitraje, esto es muy importante no solo por el conocimiento del asunto, sino por la confianza ganada con las partes por parte del visitador o abogado agrario.

Solicitud o petición de parte

Lo que da inicio al arbitraje es la petición de las partes para someterse al pro-cedimiento, dicha manifestación de voluntad lleva implícito el “compromiso” de las partes para impulsar su realización; pero sobre todo, su cumplimiento. Como se ha dicho, es un procedimiento no judicial cuyo propósito es lograr la solución del conflicto, a través de un laudo, el que determinará los derechos y obligaciones para cada una de las partes.

De las pretensiones

Además de lo anterior, bajo una situación sui generis; porque no se está pro-piamente ante las formalidades del juicio, la petición o notificación para so-meterse al arbitraje, debe contener:

• La manifestación o solicitud de que un asunto se someta al arbitraje;

• El nombre y dirección de las partes, y

• La materia, asunto u objeto de la “demanda” o, dicho de otra manera, lo que se persigue a través del procedimiento arbitral.

De la defensa

La contestación o “defensa” de la parte contraria debe seguir las mismas for-malidades que la petición. El demandado —al igual que en el juicio agrario— deberá referirse a los hechos en los que se funda su contraparte, podrá rebatir sus consideraciones jurídicas u oponer excepciones y defensas.

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Del árbitro

Respecto a lo previsto en artículos 21, fracción V, en relación con el artícu-lo 48 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, corresponde a la institución la atención del procedimiento y, por ende, el nombramiento del árbitro —a través del Director General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales— recayendo tal designación en un abogado adscrito a la misma y, solo por excepción, podrá ser alguna otra persona sin que sea licenciado en derecho, tomando en cuenta su experiencia, reconocimiento moral e idonei-dad; en este último caso, deberán ser las propias partes quienes lo soliciten.

Cabe mencionar que de estimarse necesario por algún impedimento, excusa o recusación se podrá sustituir al árbitro, en cuyo caso, deberá notificarse de in-mediato a las partes. Se estima que con ello —de ser necesario— además de dar transparencia al procedimiento, se le da la confianza necesaria a las partes y ello posibilitará su ejecución. Dicha sustitución, deberá hacerse mediante designa-ción del Procurador Agrario o del Subprocurador General.

Tomando en consideración la estructura territorial de la Procuraduría Agra-ria, en cada uno de los estados dicha atribución corresponde al Delegado Esta-tal, de conformidad a lo previsto por el artículo 30, fracciones I y III, designar a la persona que debe cumplir las funciones de árbitro, así como impulsar el desahogo del procedimiento arbitral.

Del compromiso arbitral

Antes de referirnos al momento más “importante” del procedimiento, se hace referencia a la cláusula compromisoria, la que es un segmento o apartado de un contrato en el que las partes estipulan que, en caso de surgir una contienda jurídica entre ellas, se someterán para su arreglo a un arbitraje, esta cláusula es previa al desahogo del procedimiento.5

Como ya se indicó, atendiendo a la naturaleza del procedimiento arbitral, la suscripción del “compromiso arbitral”, se estima que es uno de los momen-tos de mayor importancia porque en él se fijan las pretensiones de las partes y las reglas sobre las cuales se deberá desahogar el arbitraje; más aún, se esta-

5 Ramírez Gutiérrez, José Othón. Diccionario Jurídico Mexicano, pág. 198.

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blecen los cimientos de dicho procedimiento. Es decir, no solo la voluntad de las partes, sino la “intención” de dar cumplimiento al laudo que al respecto se emita. Se debe evitar, además, hacerse de manera defectuosa; ya que de él depende el éxito que se persigue y su cumplimiento.

Aspectos de carácter sustantivo

En el referido compromiso, entre otros, se deben contemplar, los aspectos que a continuación se indican.

Deben señalarse con precisión, las cuestiones objeto del arbitraje, ello, al igual que en el juicio agrario, formará parte de la litis o puntos cuestionados. De inicio deberá valorarse si los puntos controvertidos pueden ser materia del procedimiento y, si con ello, no se pretende atender algunos asuntos que no deban resolverse por esa vía; a manera de ejemplo, se puede citar el recono-cimiento o asignación de algún derecho parcelario, el que es exclusivo de la asamblea.

Tomando en consideración las atribuciones legales y reglamentarias con-feridas a la Procuraduría Agraria, en sentido amplio y, particularmente, res-pecto al arbitraje, dicho compromiso arbitral se puede realizar a partir de la comparecencia de las partes ante el árbitro designado a través del acta de au-diencia que al efecto se levante, la que deberá contener, que ambas partes se reconocen el carácter con el que actúan y que es su voluntad libre de coacción, error, dolo, violencia física, moral o mala fe, a someterse al procedimiento ar-bitral ante la institución; que aceptan el mismo con todas sus consecuencias; de igual forma, que acatarán y respetarán el contenido del laudo.

En varios momentos, en la atención de este tipo de asuntos por esta vía en la Procuraduría Agraria, se ha hablado que el laudo será “inapelable”; es de-cir, que no será recurrible. Esto último podría inhibir el interés o práctica de este tipo de procedimientos entre los sujetos agrarios, por lo que se considera oportuno además de difundir los beneficios y alcances de este procedimiento, es importante también lograr una amplia capacitación a todos los actores so-ciales del sector a fin de impulsar su realización.

De igual forma, las partes aceptan la designación del árbitro por parte de la Procuraduría Agraria, señalan su domicilio, la fecha de realización de la

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audiencia, en la que habrán de exponer sus pretensiones y las pruebas de su interés, además de la formulación de alegatos —esto se hace en la propia au-diencia— previo al cierre de instrucción. En el citado compromiso, las partes autorizan al árbitro para que en su nombre y representación promueva la calificación y homologación, en su caso, del laudo arbitral, así como a la ins-cripción ante el Registro Agrario Nacional.

Aspectos de carácter procesal

Como se ha señalado, las partes establecen, por así decirlo, las reglas sobre las que deba realizarse el procedimiento que nos ocupa; sin embargo, el re-glamento antes referido, establece las etapas del procedimiento o, en su caso, asume que se podrán aplicar las reglas “particularmente” en la integración y expedición de los laudos, lo relativo al procedimiento de quejas o, en su caso, las reglas del juicio agrario.

De esto último, deben puntualizarse algunas situaciones, ¿quién podrá homologar y ejecutar el laudo que se emita?, para encontrar respuesta a es-tas interrogantes, es necesario señalar lo previsto por el artículo 18, fracción XIII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en donde se establece la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, respecto al conocimiento, valoración de las diversas probanzas y, en su caso, pronunciarse sobre la ca-lificación legal del laudo correspondiente; en ese tenor, se estima importante que en el desahogo del procedimiento arbitral, se aplique con mayor amplitud lo relativo a las reglas del juicio agrario, porque de esa forma se estaría cum-pliendo en lato sensu, con las mismas y al promoverse ante los Tribunales Agrarios la homologación del laudo, además de aportar los medios de convic-ción necesarios, se estarían cumpliendo las reglas del procedimiento.

De las pruebas

Las pruebas ofrecidas por las partes, tienen como propósito, aportarle al ár-bitro los elementos de convicción para analizar el asunto planteado y poder determinar sobre algún hecho u opiniones controvertidas por las partes.

A diferencia del procedimiento jurisdiccional, puede decirse que en el ar-bitraje, corresponde al árbitro decidir sobre el momento y forma de presen-

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tación de las pruebas, así como su desahogo. De manera complementaria a lo anterior, el artículo 1,439 del Código de Comercio, establece que las partes aportarán los documentos de su interés al momento de formular sus alegatos, o bien, deben pronunciarse sobre documentos o pruebas que se vayan a pre-sentar.

Dentro del procedimiento que nos ocupa, son admitidas —al igual que en el juicio agrario— todas las pruebas; en forma enunciativa, se hace referencia a las pruebas documentales, testimoniales, opiniones técnicas o de expertos, así como la inspección sobre el objeto o bien controvertido. En este caso, no podemos referirnos a la inspección judicial, porque como se ha dicho, el pro-cedimiento arbitral —especialmente el agrario—, en su primera etapa no es propiamente jurisdiccional, sino privado. Cabe mencionar que en este proce-dimiento las pruebas documentales son las más utilizadas.

Diligencias para mejor proveer

En toda contienda, inclusive la sometida al procedimiento arbitral, en oca-siones se hace necesario emitir algún “acuerdo” para mejor proveer con el propósito de que el árbitro cuente con mayores elementos de convicción; por lo que, en cualquier tiempo, podrá disponer lo necesario a fin de llevar a cabo la práctica, desahogo o perfeccionamiento de alguna diligencia. En caso de hacerse necesaria alguna de estas acciones, el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria refiere que será la institución la que puede realizar las acciones necesarias para allegarse de mayores elementos; sin embargo, se es-tima que desde el momento mismo que se ha nombrado un árbitro le corres-ponde el desahogo en todos sus términos del procedimiento arbitral y no a la institución propiamente dicha.

Del laudo arbitral

Al igual que todas las resoluciones o sentencias de carácter jurisdiccional, el laudo arbitral, de conformidad a lo previsto por el artículo 51 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, debe ser preciso y congruente con los he-chos que forman parte de la controversia; consecuentemente, deberá resolver todas las cuestiones sometidas al arbitraje y que obren en autos. Asimismo,

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debe cumplir con la congruencia externa que consiste en la conformidad en-tre lo resuelto y lo pedido, y la interna, es decir, la coherencia entre las afirma-ciones y resoluciones contenidas en la misma (Manual para el Procedimiento Arbitral, Procuraduría Agraria).

Respecto a su estructura, al igual que las resoluciones o sentencias, debe-rá contener lo siguiente: los antecedentes o resultandos; los razonamientos lógico-jurídicos o fundamentos de derecho, y los puntos resolutivos.

En congruencia con lo anterior, el laudo solo puede convertirse en ejecutivo por la mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional, el que, sin quitarle su naturaleza privada —como se ha señalado—, asume su contenido; de suerte que entonces, el laudo se equipara al acto jurisdiccional. En nues-tra materia, ello se puede dar cuando se promueve ante el Tribunal Unitario Agrario, su calificación y homologación a nivel de sentencia, pero sobre todo, cuando se concluye con dicha calificación, en cuyo caso, inclusive, se podrá impulsar su ejecución como en cualquier otra sentencia emitida por el órgano jurisdiccional agrario .

Finalmente, este procedimiento se presenta en la praxis como un medio alternativo, ágil y flexible para la solución de controversias en la materia; as-pecto importante es el hecho —como ya se indicó— que puede homologarse a nivel de sentencia. Por su parte, la Procuraduría Agraria está en condiciones materiales y jurídicas para atender los asuntos que en esta materia se presen-ten y, particularmente, con un bien ganado prestigio institucional.6

Consideraciones finales

Como resultado de lo aquí referido sobre el procedimiento arbitral, además de considerar que frente a las nuevas condiciones que vive el sector rural de nuestro país, y a fin de lograr su desarrollo rural integral, se estima necesario impulsar los diversos medios alternativos para la solución de controversias y, de esa forma, ofrecer certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra.

6 Gallardo Zúñiga, Rubén. Derecho Agrario Contemporáneo, Porrúa, 2006, pág. 187.

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Al respecto, se puede concluir lo siguiente:

• Primero. Es importante impulsar la capacitación en materia del pro-cedimiento arbitral entre los distintos sujetos agrarios, destacando las ventajas en tiempo para la solución de alguna controversia, la sencillez y el carácter vinculante del laudo o resolución, en el que las partes im-pulsan y participan en la solución del conflicto.

• Segundo. Se considera necesario crear las condiciones para establecer cursos de capacitación de manera permanente en esta materia, creándo-se como resultado un cuerpo calificado y certificado de árbitros —tanto a nivel central como en la estructura territorial de la Procuraduría Agra-ria—, para estar en condiciones de atender un mayor número de asuntos a través del procedimiento arbitral, ello permitirá agilizar la atención y solución de diversos asuntos, sin necesidad de promover juicios agrarios vía controversia.

• Tercero. Es importante que al momento de promover ante los Tribu-nales Unitarios Agrarios la calificación y, en su caso, homologación del laudo arbitral, se acompañe como documento base de la acción, el ex-pediente que se haya integrado dentro del procedimiento arbitral a fin de que el juzgador cuente con los elementos de convicción necesarios para su calificación; sobre todo, porque además de la posible ejecución, se podrá dar la inscripción ante el Registro Agrario Nacional, en su caso.

• Cuarto. Considerando la naturaleza de la propiedad social —ejidal y comu-nal— se juzga importante incorporar en la Ley Agraria, el articulado y pro-cedimiento sobre los medios alternativos para la solución de controversias de carácter agrario, véase conciliación y arbitraje, principalmente.

Bibliografía básica

Gallardo Zúñiga, Rubén, Prontuario Agrario, Porrúa, tercera edición, 2009.

——, Derecho Agrario Contemporáneo, Porrúa, 2006.

González de Cossío, Francisco, Arbitraje, Porrúa, México, 2001.

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Procuraduría Agraria, Manual para el Procedimiento Arbitral.

Ramírez Gutiérrez, José Othón, Diccionario Jurídico Mexicano, ed. Porrúa-unam.

Santos Belandro, Rubén, “Del arbitraje en América Latina, un estudio compa-rativo”, en Revista Latinoamericana de Mediación, núm. X-1, enero de 2010.

Bibliografía legislativa

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Agraria

Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios

Código Civil Federal

Código de Comercio

Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria

Páginas electrónicas

http://catarina.udlap.mx/u_dl_/tales/documentos/

http://www.wipo.int/amc/esarbitration/what-is-arb.1

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Seguridad alimentaria: una explicación sobre prevalencia de los desequilibrios en México*

Felipe Torres Torres**

ResumenLa seguridad alimentaria refiere, por un lado, a la disponibilidad y ca-lidad interna de los alimentos y, por el otro, a las condicionantes para su acceso. La inseguridad alimentaria, por el contrario, implica restric-ciones de acceso al consumo de alimentos por debajo de los niveles mí-nimos requeridos, junto con un déficit permanente en la producción interna agroalimentaria. En el caso de México, su inserción a merca-dos abiertos ha provocado serios desequilibrios internos en su seguridad alimentaria interna, derivados de fenómenos naturales adversos, del re-zago de la producción agrícola, pero sobre todo de la especulación en los mercados financieros, afectando con ello la estructura de precios y las posibilidades de acceso de un porcentaje considerable de la población. A escala regional, la seguridad alimentaria presenta diferentes grados: algunas regiones son más vulnerables que otras, producto de una mayor desigualdad social. La seguridad alimentaria se convierte, por tanto, en un problema estructural del desarrollo que solamente podría resolverse con políticas económicas internas de corte distributivo y orientadas a la reactivación de la producción regional que asegure, tanto una oferta interna estable, como la posibilidad de acceso por la población y además revierta las disparidades regionales.

Palabras clave: seguridad alimentaria; inseguridad alimentaria; vulnerabili-dad y crisis alimentaria; economía abierta; apertura comercial; dependencia alimentaria.

Introducción

El acceso a la alimentación es uno de los principales problemas que enfrenta la población mundial en los albores del siglo xxi, esto obedece a restricciones

* Fecha de recepción: 15 de octubre de 2014. Correo electrónico: [email protected] ** Agradezco la colaboración y apoyo de Agustín Rojas Martínez para la investigación de soporte al presente trabajo.

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Estudios Agrarios | Felipe Torres Torres

de ingreso y no de disponibilidad de alimentos. Si bien la seguridad alimentaria es un derecho fundamental que implica de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao, por sus siglas en inglés), la disponibilidad, el acceso, la estabilidad y la inocuidad de productos para el consumo, la persistencia en la aplicación de políticas de libre merca-do, aunado a la profundización de los efectos del modelo de economía abierta, ha puesto a más de tres mil millones de personas en el mundo en una clara situación de vulnerabilidad alimentaria. En los países con tal estado de vulne-rabilidad, el suministro depende fundamentalmente de las importaciones de alimentos, las cuales se encuentran sujetas a restricciones de la oferta mundial y a los efectos que en diferentes magnitudes tienen los desequilibrios tanto naturales como socioeconómicos.

La pérdida en la capacidad de esas naciones para abastecer su oferta interna, así como los efectos adversos derivados de las crisis económica y alimentaria reciente, provocados por los impactos generados con la especulación en los mer-cados de granos, incide en que actualmente, de los tres mil millones señalados, cerca de mil millones de personas se encuentren en situación de hambre crónica, en momentos que paradójicamente se cuenta con excedentes suficientes para alimentar a la población mundial.

Por las dimensiones críticas del contexto actual del desarrollo económico, y ante las posibles situaciones de inestabilidad social que se podrían generar de-bido a los altos niveles de pobreza extrema y marginación de la población en México, se plantea ahora que por su afectación en territorio y población, la se-guridad alimentaria empieza a representar un problema de seguridad nacional, aspecto que se ve agudizado por las asimetrías que provoca el actual modelo de desarrollo económico que afecta a todos los componentes de la sociedad.

En el caso de México, el tránsito de un modelo de desarrollo económico sustentado en la protección del mercado interno, que se agotó en la década de los setenta del siglo xx, hacia otro regido por la apertura comercial, ha generado hasta las primeras décadas del siglo xxi, un proceso de deterioro paulatino de las condiciones de vida de la población, principalmente en el plano alimentario, donde la inequitativa distribución del ingreso, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la tasa de desempleo, entre otros factores, incide en

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Seguridad alimentaria

el incremento de los niveles de pobreza alimentaria así como en la incapacidad para acceder a los bienes básicos representados sobre todo por la cobertura de la Canasta Básica Alimentaria (cba).

En otro sentido, pero dentro del mismo marco problemático, el modelo de economía abierta ha tenido impactos negativos en el sector agropecuario, prin-cipalmente a partir de la incorporación del país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), donde el enfoque de ventajas comparativas que antes se pensó podía ser la solución a un abasto de alimentos suficiente para cu-brir la demanda interna, lejos de brindar un comercio justo y una integración regional equitativa, ha marcado una relación asimétrica entre los países fir-mantes y propiciado el rezago de las estructuras agrícolas nacionales sobre todo en regiones agrícolas que están fuera de los circuitos comerciales. Las estrategia de desarrollo posteriores a la apertura han sido incapaces de corregir los des-equilibrios internos, particularmente en el aparato productivo, el cual requiere alcanzar los niveles de competitividad que exige el comercio internacional, sobre todo considerando la posibilidad de producir nuestros propios alimentos que sirvan como motor de impulso al desarrollo. Esto permitiría las condiciones para alcanzar niveles de seguridad alimentaria y reducir el grado de vulnera-bilidad, el cual se refleja tendencialmente en el creciente volumen de impor-taciones de alimentos.

En tal sentido, para alcanzar parámetros mínimos de seguridad alimen-taria en México, se requiere un equilibrio entre la producción interna y la progresión de la demanda así como estabilidad en el acceso, lo cual implica contar con una base económica que presente crecimientos sostenidos, una equitativa distribución del ingreso y la recuperación del poder adquisitivo. Pero además, reactivar las estructuras agrícolas nacionales a fin de produ-cir alimentos suficientes para garantizar el abasto permanente y reducir así la vulnerabilidad ante la dependencia de la oferta mundial, cuya volatilidad también es consecuencia de fenómenos naturales adversos que ponen en ries-go la seguridad alimentaria nacional. Un esquema de seguridad alimen-taria no implica producir todos los alimentos para satisfacer toda la de-manda interna, sino de garantizar la disponibilidad interna, resolver los puntos vulnerables en la producción de básicos y convertir al campo en punto estratégico del desarrollo económico y, por ende, los problemas sociales como

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el empleo, el ingreso, la pobreza y el arraigo territorial que contrarreste las presiones de los mercados agrícolas internacionales.

La seguridad alimentaria como componente nodal de la seguridad nacional

A partir de la posrevolución, en México se aplicaron diversas estrategias de crecimiento económico y políticas compensatorias que si bien se han pro-puesto como imperativo alcanzar la justicia social, lo cierto es que la brecha de la desigualdad pareciera no tener fin. Lejos de tener éxito, dichas estrate-gias incrementaron la pobreza y el número de pobres a niveles sin preceden-tes y sometieron a un estado de vulnerabilidad, incluso a las capas medias de la población, que antes fueron ejemplo de movilidad social ascendente y activadores importantes del consumo, sobre todo agroalimentario

Diversos análisis realizados hasta ahora concluyen que en México, el de-sarrollo ha servido para generar niveles de crecimiento económico aceptable, si bien con oscilaciones negativas recientes, pero con una capacidad distri-butiva limitada que se traduce en un desequilibrio social de tipo expansivo o acumulativo en el tiempo. Estos desequilibrios provocan tensiones sociales y regionales cada vez más recurrentes, las cuales representan, en algunos casos, serias amenazas para la estabilidad del país, por lo que diferentes organismos buscan plantear nuevas opciones redistributivas a partir de programas socia-les que, en el rubro alimentario, el más emblemático actualmente es el de la Cruzada contra el Hambre. Y su derivación en Prospera.

Al respecto, se han identificado factores relacionados con la estabilidad na-cional cuyo ahondamiento en ciertas magnitudes puede implicar ese riesgo real o potencial. Entre ellos destacan la crisis económica, la estabilidad políti-ca, la disponibilidad del agua, el deterioro ambiental, la pobreza, la distribu-ción de la energía, el equilibrio demográfico, el narcotráfico y la alimentación. Algunos de estos pueden ya no ser fácilmente controlables

Si bien se considera que ninguno de estos factores constituyen por sí solos una amenaza a la seguridad nacional, inciden de todas formas en un proceso de vulnerabilidad que bajo coyunturas de descontento social, impulsados por

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sucesos políticos, pueden rebasar los niveles de tensión y desencadenar con-flictos regionales que afecten a otros componentes y adquirir así la categoría de riesgo a la seguridad.

Los riesgos a la seguridad nacional tienen entonces una clara relación con la orientación distributiva del desarrollo económico, y los desequilibrios que este genera en todos los componentes activos de una sociedad, que incluye tanto a factores productivos como al capital humano. Resolverlos implica en-cauzar los procesos económicos de tal manera que garanticen estabilidad so-cial, atendiendo principalmente el acceso a la alimentación, por su dimensión vital para la reproducción humana y la estabilidad social.

El modelo de economía abierta seguido para corregir las ineficiencias de estructura productiva y la competitividad económica en la década de los no-venta del siglo pasado, ha tenido más bien impactos negativos en el crecimiento del sector agropecuario mexicano, principalmente a partir de la incorporación del país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), donde el enfoque de ventajas comparativas que antes se pensó podía ser la solución a un abasto interno de alimentos adecuado, lejos de brindar un comercio justo y una integración regional equitativa, ha estado marcado por la profundización de una relación asimétrica en las economías que deberían ser complementa-rias entre los tres países de la región, y propiciado el rezago de las estructuras agrícolas nacionales, ya que la estrategia de desarrollo actual no logra todavía corregir los desequilibrios internos, particularmente en el aparato productivo, el cual requiere alcanzar los niveles de competitividad que exige el comercio internacional, y además, la posibilidad de producir la mayor parte de sus pro-pios alimentos. Esto permitiría las condiciones para incrementar los niveles de seguridad alimentaria y reducir el grado de vulnerabilidad, el cual se refleja en el creciente volumen de importaciones de alimentos, pero sobre todo en el acceso hacia los mismos.

Así, la seguridad alimentaria debe discutirse ahora en el marco de tres fac-tores: los efectos acumulados de la crisis económica en el deterioro del ingreso (que ensancha la brecha de la pobreza) y limita la accesibilidad a los alimen-tos; el declive de la producción agropecuaria que repercute severamente en la disponibilidad interna de alimentos, en déficit de la balanza comercial y el

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incremento del monto de divisas para comprar alimentos en el exterior, y la ausencia de políticas públicas que trasciendan las medidas coyunturales de atención y ayuda gubernamental.

Además, considerando el peso que tiene el sector agropecuario y la alimen-tación en las decisiones dentro de un marco de apertura económica que se basa en la competencia, restringe la acción focalizada de acciones para impul-sar la producción y mejorar las condiciones nutricionales, debilita con ello las estrategias de sobrevivencia familiar, antes efectivas, como el autoconsumo. La seguridad alimentaria se convierte, por tanto, en un problema del desarro-llo que puede resolverse a través del diseño de políticas económicas internas de corte distributivo, donde las medidas de baja cobertura regional, social o sectorial, al igual que los programas focalizados hacia los grupos más vulnera-bles, pueden representar solamente soluciones limitadas.

La seguridad alimentaria implica entonces el conocimiento de sus dimen-siones internas, particularmente de los puntos geográficos y de los grupos sociales donde se ubican los principales focos de tensión. Pero además, otros componentes que influyen en situaciones donde la seguridad alimentaria afecta a la seguridad nacional asociada con desórdenes sociales, cuyo origen parte del subconsumo, alimentación deficiente o de mala calidad y hambre.

Un planteamiento de seguridad alimentaria involucra una serie de condi-cionantes. Entre otros, la posibilidad de confrontar pobreza con accesibilidad, o bien identificar si cualquiera de ellas puede ser un problema atribuible al de-sarrollo económico, a la política económica o a la competitividad de mercado, además de considerar si representa una constante estructural del desarrollo.

La seguridad alimentaria presenta también obstáculos internacionales rele-vantes para su alcance y cobertura interna, debido a las formas de control que ejercen en el mercado mundial de alimentos los grupos económicos hegemó-nicos, así como en el desarrollo y apropiación de las tecnologías agrícolas. Los países con superioridad tecnológica pueden representar un factor que vulnera la seguridad alimentaria interna de países al apropiarse y privatizar los cono-cimientos que solo puedan liberarse bajo condiciones de mercado, tal y como ocurre actualmente con la discusión sobre los productos transgénicos, pero

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también los que influyen en la calidad de la alimentación como los productos chatarra.

En tal sentido, para alcanzar parámetros mínimos de seguridad alimentaria en México, se requiere un equilibrio entre la producción interna y la progresión de la demanda, así como instrumentar estrategias de mejoramiento del poder adquisitivo para garantizar el acceso, lo cual implica contar con una base eco-nómica que presente crecimientos sostenidos y reactive el empleo tanto en los entornos rurales como urbanos.

El planteamiento de la seguridad alimentaria en el marco de mercados abiertos

Aunque las sociedades han presenciado históricamente alteraciones en sus formas de vida motivadas por cambios en la economía, en la densidad demo-gráfica, en los avances científico-tecnológicos, así como en otros elementos socioculturales, la alimentación se mantiene como la dimensión más impor-tante de la vida social: la producción, circulación y consumo alimentario son la base de todo proceso de reproducción social (Braudel, 1991: 20; Torres, 1996: 16-17).

Por ello, la preocupación por asegurar una provisión de alimentos ha estado presente a lo largo del desarrollo, estimulando a las sociedades a crear sus propias fuentes de reserva de alimentos a fin de enfrentar o evitar situaciones de riesgo o vulnerabilidad, regularmente ante catástrofes natu-rales, ataque de plagas o adversidades económicas como las crisis o cambios abruptos en la orientación de la oferta, derivadas de cualquier tipo de conflic-to bélico o político.

De acuerdo con la fao, hoy en día se cuenta con las suficientes reservas de alimentos para abastecer a la población mundial, sin embargo, producto de la reciente crisis económica mundial, pero sobre todo de las políticas de libre mercado y del modelo de economía abierta instaurado desde principios de la década de los ochenta del siglo pasado, como respuesta a la crisis de renta-bilidad de 1970, como ya se indicó cerca de mil millones de personas padecen hambre crónica y tres mil millones se encuentran en situación de vulnerabilidad

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alimentaria, debido a que no pueden acceder a los alimentos, ya sea por vía del mercado o del autoconsumo, concentrándose la mayor parte en naciones en desarrollo (fao, 2013: 8).

La seguridad alimentaria se refiere en primera instancia, a la disponibilidad y calidad interna de los alimentos para satisfacer los requerimientos nutricio-nales de la población. La segunda estaría dada por las condicionantes locales para acceder a esa satisfacción. En otro sentido, la inseguridad alimentaria significa no tener medios financieros o de infraestructura para obtener los suficientes alimentos, por lo que se asocia con los niveles de pobreza y la dependencia alimentaria que rebasa niveles aceptables para cada país. En tér-minos de evaluación, la seguridad alimentaria se refiere en primera instancia al grado de satisfacción de los requerimientos nutricionales; en segundo, a las variaciones internas de esa satisfacción que se reflejan en la accesibilidad, pero también en la disponibilidad porque repercute en los precios.

Por tanto, una condición de inseguridad alimentaria estaría determinada por la probabilidad de que el consumo efectivo de la población se ubique abajo del con-sumo mínimo o la carencia absoluta en grupos o lugares, vinculada con desastres naturales no previstos y que no cuenten con las reservas adecuadas a la cobertura de la magnitud de los eventos; la falta de accesibilidad implica un riesgo para la seguridad nacional. Por tanto, la seguridad alimentaria no es un problema de equilibrio de mercado, sino de equidad social.

De acuerdo con la fao, en países donde mayor es la prevalencia de la desnu-trición, se mantiene todavía un predominio de la agricultura como actividad económica principal. Si bien la elevada proporción de personas desnutridas puede constituir un obstáculo para el desarrollo económico, un superávit neto en el comercio agrícola tampoco mejora los niveles de consumo, ni hace más óptimo el nivel de seguridad alimentaria, particularmente en su población rural donde se manifiestan los niveles críticos.

La seguridad alimentaria es un problema estructural de países pobres y atrasa-dos, donde además, el ingreso de la población es restringido y asimétrico. Países desarrollados como Japón o Suiza pueden no producir, pero cuentan con esta-bilidad en el crecimiento económico, cierto nivel de equidad en la distribución del ingreso, pero además con ingresos suficientes para obtener alimentación de

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calidad y, por lo tanto, no registran problemas de seguridad alimentaria. Otros países pueden disponer de capacidad productiva, pero presentar un bajo nivel de accesibilidad, como es el caso de Brasil y México, pero también con políticas poco coadyuvantes al impulso de la producción agroalimentaria interna; otros más enfrentan un doble problema de seguridad, tanto en la disponibilidad como en la accesibilidad, por ejemplo Haití y también Cuba, si lo vemos por el lado de la dependencia y el racionamiento.

En el nivel más general, la seguridad alimentaria está asociada a un pro-blema de vulnerabilidad social, provocado por problemas de accesibilidad a los alimentos cuyo origen está en las asimetrías del desarrollo. Ello implica una capacidad diferenciada para adquirir alimentos, así como desigualdades entre países en términos de disponibilidad que también se ve reflejado a ni-vel intrarregional. Sin embargo, esta condición representa diferencias en los niveles nutricionales que pueden afectar a la seguridad alimentaria, pero no necesariamente a la seguridad nacional en conjunto.

Para que ocurra lo segundo, deben superarse antes los umbrales de la se-guridad alimentaria específicos de cada país y del subconsumo alimentario, y además, asociarse éstos con otros factores del desarrollo en una situación crí-tica. En lo general, se tiene la percepción que los problemas de disponibilidad, resultado de las deficiencias observadas en la estructura productiva sectorial influyen de manera determinante en la seguridad alimentaria; sin embargo, se ha demostrado que las verdaderas dimensiones del problema se encuentran en la accesibilidad.

Así, dentro del esquema de economías abiertas, la seguridad alimentaria no dependerá del origen geográfico de los alimentos, en la medida en que el comer-cio interconecta a oferentes y demandantes, basta con atender lo concerniente al acceso: lo fundamental es obtener los alimentos donde su producción resulte más eficiente, al menor costo y con precios competitivos. De tal forma, la apertura comercial deshace los vínculos de la producción local con el consumo local, con el desarrollo rural, pero sobre todo, con la autosuficiencia alimentaria (Hernández et al., 2012: 186).

De cualquier manera, no podemos obviar problemas en la oferta mundial alimentaria, los cuales han desembocado en el freno a las posibilidades de

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acceso como consecuencia de factores asociados al control del mercado mun-dial de alimentos. La situación se ha vuelto más delicada en la medida en que el mundo abandona un largo periodo de relativa estabilidad en los precios de los productos agroalimentarios con tendencias fluctuantes, donde las alzas obedecían a efectos netamente coyunturales, y se sumerge en una etapa de inestabilidad combinada con una tendencia altamente alcista. Ahora diversos factores confluyen en la explicación aparente del aumento del nivel de precios y de las consecuencias que éste ha tenido sobre la población en situación de pobre-za extrema, pero además, sobre la seguridad alimentaria.

Los aparentes factores que están impulsando este comportamiento han sido tanto de tipo estructural como coyuntural, denotando en ambos casos su ca-rácter multidimensional. Los primeros contemplan el alza de los precios inter-nacionales de los energéticos, fundamentalmente del petróleo; la disminución de las reservas internacionales debido a la transformación de la estructura alimentaria y del incremento de la demanda en las economías emergentes, prin-cipalmente China e India; y finalmente, la monopolización y concentración del mercado mundial de granos, semillas, carnes e insumos necesarios para la producción agrícola por parte de grandes firmas trasnacionales. Por su parte, los segundos contemplan el aumento en la producción de biocombustibles; las sequias e inundaciones producto del cambio climático; y por último, la espe-culación con los commodities alimenticios gestada a partir del traslado de los fondos de inversión del mercado inmobiliario hacia el mercado de cereales y otros alimentos.

Si bien todos esos factores en conjunto contribuyeron como detonantes de la crisis alimentaria internacional, el factor determinante fue la especulación gestada con los commodities agrícolas, los cuales han impulsado la tendencia alcista en los precios de los alimentos y han denotado el carácter artificial del hambre, debido a que el incremento de precios impide el acceso al consumo a gran parte de la población mundial, principalmente del mundo en desarro-llo, justamente en un periodo donde la oferta mundial de alimentos supera la demanda.

Por su influencia y orientación de las economías locales, los commodities agrícolas constituyen una de las principales amenazas para la seguridad alimen-

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taria de países dependientes de las importaciones de alimentos, México entre ellos, además de que influyen de manera directa en el desarrollo económico interno a través de la fijación de precios de bienes agrícolas, ya que éstos de-ben destinar cantidades cuantiosas de la renta a la importación de productos agropecuarios, las cuales podrían orientarse a la inversión local, a la diversifi-cación productiva, a la reactivación del mismo sector primario, y sobre todo, al mejoramiento del capital humano mediante una mejor nutrición.

En las recientes crisis mundiales de 2007 y 2008, los commodities agrícolas permitieron obtener altas ganancias a inversionistas en el sector primario que nunca participaron o asumieron riesgos directos en la producción de granos, ya que solamente especularon con el precio de bienes no tangibles, debido a que se comercializaron cosechas futuras y no la producción física de las mismas. Ello provocó una alta volatilidad tanto en los precios futuros como presentes, lo cual desató la crisis alimentaria internacional, afectando los precios internos de los alimentos de cada país dependiente, además de influir en las tasas de inflación y en los niveles de consumo de la población.

Sin embargo, lo que ha hecho diferente o particular a la reciente crisis ali-mentaria originada en la especulación y sus afectaciones para la seguridad alimentaria, es que se presenta en un contexto de producción abundante de alimentos, lo cual refleja la creación artificial del hambre y el incremento de la vulnerabilidad alimentaria en diversos países, que a su vez se convierte en una amenaza para su estabilidad social y seguridad nacional.

De esta manera, bajo el contexto contemporáneo, dinámico y cambian-te, que imponen las asimetrías del modelo de economía abierta, la seguridad alimentaria se ubica en nuevos escenarios, lo cual le confiere un tratamiento especial en una estrategia de seguridad nacional de carácter preventivo (Torres, 2003: 15). Como ya se indicó, una vez que la seguridad alimentaria ha dejado de ser un hecho temporal o aislado y que no solamente tiene una connotación asociada con fenómenos naturales sino con la complejidad de los mercados espe-culativos actuales, ésta se ha convertido en preocupación presente en las polí-ticas públicas de los países. Sin embargo, en ambos casos su espectro ha sido limitado si se toma como referente el incremento de la dependencia alimen-

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taria y las dimensiones de la pobreza, para cuya medición el nivel de pobreza alimentaria es un factor relevante.

La seguridad alimentaria es por definición un imperativo de soberanía na-cional: si se controla la producción y el comercio de alimentos, este control resultará más fácil en cuanto a las economías nacionales, e incluso, la propia soberanía de los países que carecen de una agricultura fuerte y, por lo tanto, tienen necesidad de importar alimentos (Torres, 1996: 16-17). Sin embargo, más allá de centrarse en dicho imperativo, que implicaría propulsar la sobera-nía alimentaria en cada una de las naciones a fin de alcanzar su propio abas-tecimiento, el concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado en función de los efectos que el modelo de desarrollo establece sobre la realidad social: como se apuntó, existe un vínculo directo entre alimentación, seguridad alimentaria y desarrollo económico.

Durante el periodo de desarrollo nacionalista por sustitución de importacio-nes (1940/1970), que coincidió con la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo con el periodo posbélico, las políticas alimentarias a nivel global estuvie-ron orientadas a la autosuficiencia mediante la protección económica al sector agropecuario, lo cual brindó cierta soberanía en materia alimentaria a diver-sas naciones, en gran medida por el temor arraigado que derivaba de los con-flictos armamentistas.

Posteriormente, dados los efectos de la crisis de rentabilidad de 1970 así como los brotes de hambrunas, principalmente en África, en 1974, durante la Conferencia Mundial Alimentaria, las políticas en materia de seguridad alimen-taria se enfocaron en la disponibilidad (oferta-suministro) alimentaria global, como factor esencial para responder a la escasa disponibilidad de alimentos. Sin embargo, en la década de los ochenta, producto de la transición hacia el nuevo modelo de desarrollo de economía abierta y ante las secuelas de la gran crisis de rentabilidad, el enfoque de seguridad alimentaria estuvo orien-tado hacia el acceso a los alimentos, ya que no bastaba con tener disponibilidad alimentaria sino la capacidad para acceder a ellos (Barrera y Rodríguez, 2013: 14-16; Torres, 2003: 29-31).

No fue sino hasta 1996, cuando en la Cumbre Mundial de la Alimentación, organizada por la fao, se forjó el concepto universal y multidimensional de

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seguridad alimentaria establecido con la firma de la Declaración de Roma so-bre la Seguridad Alimentaria Mundial, la cual actualmente orienta todas las propuestas en la materia. De acuerdo con la declaratoria, existe seguridad ali-mentaria cuando todas las personas tienen acceso físico y económico, en todo momento, a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, los cuales les permiten satisfacer sus necesidades alimenticias a fin de tener una vida sana (fao, 2011). En ese sentido, se desprenden cuatro dimensiones que deben cubrirse para considerar que existe seguridad alimentaria: a) la disponibilidad de alimen-tos; b) el acceso a los alimentos; c) la utilización, y finalmente, d) la estabi-lidad.

No obstante, esta sencilla definición tiene diversas implicaciones para paí-ses como México, con casi medio siglo de dependencia externa y que constan-temente se profundiza más ante la vulnerabilidad de su estructura agrícola, los bajos niveles de crecimiento económico y la caída constante del poder ad-quisitivo del salario, lo cual nos acerca más a un incremento en los grados de inseguridad alimentaria, ante un contexto de mercados abiertos y la presencia profundamente oscilante de la especulación con los precios de los alimentos (véase gráfica de la evolución de las importaciones agroalimentarias al final).

La magnitud del problema visto desde la seguridad alimentaria, exige reo-rientar las políticas de desarrollo agrícola para enfrentar los problemas de or-den estructural, principalmente el déficit de financiamiento del campo, el cual constituye otro de los factores importantes que llevaron a la situación de de-pendencia, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. De esa manera, la crisis estructural de la economía mexicana no podrá solucionarse sin un esquema de seguridad alimentaria que revierta la crisis de producción agrícola interna. Ante ello, alcanzar la seguridad alimentaria implica básicamente recuperar los niveles de producción adecuados a las demandas internas y revertir factores de vulnera-bilidad, mismos que afectan no solamente la estructura de la producción misma, sino también la accesibilidad, esencialmente al ingreso y al poder adquisitivo, así como el combate a la pobreza y arraigo al campo.

Así, al margen de situaciones de vulnerabilidad temporal o de los desequili-brios del desarrollo, lograr un nivel aceptable de seguridad alimentaria se ubica, para el caso de México, en las dimensiones de la disponibilidad y la accesibilidad

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a los alimentos, planteadas por la fao como imperativos. Si bien son importan-tes de igual manera, no obstante, la calidad y la inocuidad corresponden más bien a los lineamientos establecidos por las políticas normativas que deben incumbir a los estados en cuanto a las características de los productos que se consumen, los cuales derivan de arreglos institucionales que deben imponerse como requisitos a los agentes económicos, incluyendo a las empresas multi-nacionales, que requieren estar presentes en cualquier modelo de desarrollo, incluyendo al libre mercado.

Una propuesta de solución debe encaminarse al mejoramiento del ingreso de los grupos vulnerables, sin embargo, en una economía de mercado esto resulta acotado. Las estrategias de ayuda implican controlar el problema, pero generan inmovilidad temporal entre los grupos afectados y solamente posponen los con-flictos sociales originados en carencias alimentarias. Las estrategias de reactiva-ción de la producción requiere de apoyos gubernamentales y situarla en la diná-mica permanentemente cambiante del mercado internacional.

La seguridad alimentaria en su dimensión regional en México

Más allá de la relación mecánica entre déficit de la producción interna, dete-rioro del poder adquisitivo, incremento en los volúmenes de la producción o de los niveles de pobreza, bajos niveles de crecimiento económico que a la vez repercuten en esas magnitudes de pobreza, en la vulnerabilidad alimentaria, los niveles nutricionales y por ende, en la gradualidad decreciente de la segu-ridad alimentaria, a escala regional la seguridad alimentaria presenta diferen-tes situaciones. Esto permite, en el caso de México, ubicar a las regiones de mayor conflicto en este renglón, lo cual ayuda a definir acciones prioritarias de atención sobre una base real de cobertura en población y territorio, pero sobre todo para intentar evitar que esta problemática pueda incidir en riesgos para la seguridad nacional.

Una primera lectura sobre la situación que guarda la oferta alimentaria, según su relación con el Producto Interno Bruto (pib) sectorial obtenido por entidades federativas y municipios, refleja en el tiempo la evidencia de que en el país existen regiones fuertemente especializadas en producción, diversidad

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agroindustrial y alto nivel de productividad, frente a otras que carecen o han abandonado su vocación para la producción agropecuaria, han sido desplaza-das por problemas de competitividad y ahora son dependientes de las prime-ras, pero sobre todo sus requerimientos alimentarios.

Ello permite una primera clasificación de regiones vulnerables frente a otras que no lo son; sin embargo, la seguridad alimentaria en este nivel es un asunto de accesibilidad y no de disponibilidad, por lo que sus verdaderas di-mensiones se ubican en la capacidad para consumir, dada por las magnitudes de ingreso disponible y también de su deterioro tendencial

De cualquier modo, la producción es una primera condición para definir un mapa de seguridad alimentaria, lo cual se asocia con el volumen produci-do y la capacidad de abasto de cada región. Una mayor vocación productiva, estabilidad de la producción, diversificación y canales adecuados de abasteci-miento, pueden favorecer el acceso hacia los alimentos generados en la propia región y en otras, lo cual hace suponer que con ello mejoran las condiciones internas de seguridad alimentaria.

Al contrario, regiones deficitarias, sin especialización, diversificación, ni producción suficiente, serán más dependientes de la oferta externa (regional o internacional) para satisfacer sus propias demandas alimentarias, situación que las hace más vulnerables, en caso de no contar con la diversificación eco-nómica regional suficiente que les permita cubrir los déficits con importa-ciones. Aunque esta capacidad no necesariamente puede expresarse en el acceso óptimo requerido para revertir condiciones de inseguridad.

De acuerdo con el valor de la producción, según el comportamiento del pib agropecuario registrado entre 1990 y 2000, las entidades de Jalisco, Veracruz y Sinaloa presentan la mayor aportación, pues aquí se genera casi 25% del pib total del sector; le siguen Michoacán, Sonora, Guanajuato y Chiapas que en conjunto aportan 20%. En un nivel intermedio se ubican Oaxaca, Chihuahua, Puebla, Estado de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y Guerrero, cada una de ellas aportan entre 3 y 5%. La mitad de las entidades restantes del país participan marginalmente, ya que sus aportaciones no rebasan 3% respecto al nacional.

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El valor de la producción agrícola está concentrada en ocho entidades, las cuales aportan casi 50% del valor del pib nacional del sector. Aquí se ubican lo mismo entidades que integran a las zonas de agricultura co-mercial más importantes del país (Sinaloa, Sonora, Jalisco, Guanajuato, Michoacán), que donde predominan formas de producción tradicionales (Oaxaca, Chiapas, Veracruz), en estas últimas la proporción de su apor-tación obedece a que esta actividad es la más importante en la estructura sectorial de cada estado.

El valor de la producción en la ganadería mantiene un comportamiento parecido ya que también existe una fuerte concentración, sobre todo en en-tidades con un alto grado de especialización en esta actividad. Por ello, sola-mente siete entidades concentran 45% del pib ganadero (Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Sonora, Chihuahua y Durango).

El pib agrícola dividido entre el número de habitantes en cada estado, expli-ca mejor la seguridad alimentaria de las entidades en términos de su oferta, ya que muestra la producción promedio de cada habitante de la entidad, y se convierte en un parámetro del potencial de satisfacción de la demanda ali-mentaria de la población para cada región. Entidades como Sinaloa, Nayarit, Sonora, Zacatecas y Morelos, observan la mejor posición de producción por habitante. También resaltan Colima, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas, Durango y Jalisco.

Tanto el pib estatal como el pib municipal por habitante se comportan de manera similar al realizar agrupaciones regionales. Esta situación configu-ra en el rubro de la producción, el mapa de desigualdades regionales donde prevalece un grupo de entidades que se erigen como los centros productores y abastecedores del país, que contrasta con regiones o entidades netamente consumidoras.

Podemos concluir así que la mayoría de las entidades del país son defi-citarias en cuanto a participación en el pib agropecuario, lo cual provoca que mantengan una posición de alta vulnerabilidad a los cambios internos que experimenta la agricultura, la política del sector y, sobre todo, al impacto de la apertura comercial.

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Sin embargo, el bajo nivel de disponibilidad interna de algunas entidades no es tan crítico como parece, ya que los sistemas de mercado y abasto agroa-limentario más fluido optimizan las formas de intercambio y acceso regional, tanto de productos agropecuarios como de alimentos procesados, garantizan-do las formas de complementación sin presentar problemas graves de escasez en las diversas localidades rurales y urbanas del país, particularmente en la medida que se han venido modernizando y expandiendo los circuitos regio-nales de abasto. Los niveles de accesibilidad no muestran los mismos grados de optimización regional y urbana.

La seguridad alimentaria vista en función de la capacidad de producción de las regiones, presentaría mayores posibilidades teóricas en zonas y loca-lidades rurales donde la población depende de las actividades agropecuarias para garantizar su propia alimentación por la vía del autoconsumo y/o de los ingresos que dicha actividad le puede redituar, sin embargo, este observa un marcado descenso después del año 2000, por lo que mejorar su aportación constituye una buena alternativa de mejorar la seguridad alimentaria a nivel regional.

Sin embargo, ocurre una tendencia contraria, son las zonas rurales que ha-bían producido para el autoconsumo quienes más expuestas se encuentran a la inseguridad alimentaria, toda vez que una proporción cada vez más elevada de su producción se canaliza al mercado para satisfacer sus propias necesi-dades, debido al intercambio desfavorable de precios, por lo que deben com-plementar sus necesidades comprando productos más caros y esto los coloca en una situación de déficit permanente. Es en estas zonas donde se podría orientar un programa destinado a disminuir los factores de riesgo alimentario.

Evolución de las condiciones de seguridad alimentaria regional durante el periodo 1990-2010

En el cuadro correspondiente figuran los municipios según rango de seguridad alimentaria para el año 2000 (Cuadro 1). En este cuadro, Oaxaca, Guerrero y Chiapas resultaron los estados con mayor cantidad de municipios en situa-

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ción de inseguridad alimentaria extrema, aunque en el año 2000 se sumaron los estados de México y San Luis Potosí.

Al definir rangos de inseguridad alimentaria, inseguridad moderada, segu-ridad y máxima seguridad, Puebla, Veracruz y Jalisco constituyen los estados de mayor retroceso comparativo. Estos cambios relativos, que se recrudecen en el año 2000, explican el deterioro social en que se han traducido las polí-ticas económicas recientes y advierten sobre los peligros que puede ya estar generando la seguridad alimentaria en la seguridad nacional independiente-mente de la violencia o del peso del crimen organizado como inhibidores.

A nivel regional, la seguridad alimentaria presenta diferentes escalas. Ello requiere un primer diagnóstico para definir el tamaño de población con pro-blemas alimentarios agudos, que resultan más vulnerables a la escasez y con-forman puntos de riesgo en el tiempo. Así, en el caso de México, ayuda a ubicar las regiones de mayor conflicto en este renglón para definir acciones prioritarias de atención sobre una base real de cobertura en población y te-rritorio.

Ello permite una primera clasificación de regiones vulnerables frente a otras que no lo son. Sin embargo, la seguridad alimentaria es sobre todo un asunto de accesibilidad por lo que sus verdaderas dimensiones se ubican en la capacidad para consumir, dada por las magnitudes de ingreso disponible. En tal caso, la producción de alimentos es solo una primera condición para defi-nir un mapa de seguridad alimentaria en función del volumen producido y la capacidad de abasto de cada región. Una mayor vocación productiva, estabili-dad de la producción, diversificación y canales adecuados de abastecimiento, pueden favorecer el acceso hacia los alimentos generados en la propia región, y por tanto, mejorar las condiciones internas de seguridad alimentaria.

Por el contrario, regiones deficitarias, sin especialización, diversificación, ni producción agropecuaria local suficiente, serán más dependientes de la oferta externa (regional o internacional) para satisfacer sus demandas y más vulne-rables, en caso de no contar con la diversificación económica regional necesa-ria para cubrir los déficit con importaciones.

En términos de la evolución de la escala municipal, la seguridad alimentaria de México en 1990-1995 presentó las características siguientes: de los 2,405

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municipios que existían en 1990, solamente 364 estaban en el rango de inse-guridad alimentaria extrema (14.4% del total). Para 1995, el número de municipios en esa condición se había incrementado a 407 que equivalían a 16.8% del total. En el rango de inseguridad moderada, el número aumentó de 688 a 706 municipios, una cantidad reducida cuya ligera mejoría fue mo-tivada, seguramente, por los programas de ayuda social y el envío de remesas de migrantes. Es decir, mientras que en 1990, 43% de municipios presentaba algún tipo de inseguridad alimentaria, para 1995 se incrementó este número a 45.9% localizándose dichos municipios en los mismos estados que presen-taron esta situación en 1990.

Para el año 2000, los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas destacaron como los de mayor cantidad de municipios en inseguridad alimentaria extre-ma, sumándose los estados de México y San Luis Potosí.

En términos de población, Guerrero y México ocuparon los primeros lugares en la clasificación de inseguridad alimentaria extrema, mientras que Oaxaca y Chiapas se ubicaron en el cuarto y quinto lugar, lo cual es resultado de los efec-tos positivos de la ayuda gubernamental originada por los conflictos armados en ellos. En el nivel de inseguridad marcada siguen destacando los estados de Mé-xico y Distrito Federal en los primeros lugares, seguidos por Chiapas y Oaxaca. Estos mismos resultados se pueden apreciar en el nivel de seguridad moderada, sumándose ahora, Guanajuato, Nuevo León y Puebla debido al fuerte incremen-to de la pobreza en sus áreas marginadas.

Si bien los criterios establecidos para calcular los niveles de inseguridad observados en 1990 y 1995 consideraban una sola variable, el ingreso per cápita a escala municipal, mientras que en el año 2000 utilizamos además de este, factores como el volumen de la producción en relación con el tamaño de la población, la infraestructura de almacenamiento y los niveles de nutri-ción que garantizan un índice más completo, de cualquier forma el indicador predominante en ambos es el ingreso, de tal suerte que resulta comparable y en todo caso el segundo criterio introduce, un mayor refinamiento a partir de la evolución urbana del país que ayudaría a una mejor accesibilidad y, por consiguiente, mejores condiciones; sin embargo la tendencia al deterioro de

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la seguridad alimentaria y la prevalencia del riesgo social asociado sigue in-crementándose.

Redimensionada la problemática de la seguridad alimentaria hacia el año 2010 (veáse cuadro número 2 y sus acotaciones metodológicas), la crisis eco-nómica mundial provocó mayores efectos adversos sobre la seguridad alimen-taria interna. Si bien no alcanzamos por ahora a calcular el dato del pib per cápita municipal para este año, a fin de tratar de aproximar la situación actual y ver la evolución, se recurrió al Ingreso Bruto Municipal. Aunque este indica-dor limita el análisis al no poder generar rangos de seguridad alimentaria a partir de la cobertura de las necesidades básicas, de cualquier modo ayuda a inferir la situación del acceso a los alimentos a partir de la dimensión del ingreso, variable que ha sido referente para el análisis de los años 1990-1995 y 2000, pero en este caso, incorporando a la cobertura de la Canasta Básica Alimentaria (cba) como indicador de acceso.

De acuerdo con los resultados encontrados con ese ejercicio, la seguridad alimentaria se ha visto trastocada en gran parte del total de municipios del país; actualmente, 524 de ellos se encuentran en situación de inseguridad ex-trema, los cuales representan 21.3%. Por su parte, 773 municipios equivalen-tes a 31.4% se ubican en una situación de inseguridad marcada. En conjunto, representan 52.7%, cifra más elevada respecto al año 2000, donde dichas clasificaciones ubicaron a 43% de los municipios, lo cual es un reflejo del de-terioro en las condiciones de vida a partir del inicio del siglo xxi.

De igual manera, es preciso señalar que la incidencia de la inseguridad ali-mentaria extrema y marcada ha prevalecido principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán, sin embargo, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México y Puebla ya presentan problemas de seguridad alimentaria, aunque cabe destacar que algunos de ellos han podi-do atenuar temporalmente dichas dificultades debido al efecto positivo pero territorialmente restringido, de los programas focalizados de la política social.

Asimismo, debido a que se ha aproximado el análisis del año 2010 a partir de la cobertura de la cba, y como resultado de los vaivenes, principalmen-te macroeconómicos, que por factores coyunturales pueden afectar el acce-so a los alimentos, se ha marcado un intervalo de “Inseguridad moderada-

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Seguridad”, fundamentalmente porque representa el punto de cobertura de la cba que permitiría satisfacer las necesidades alimenticias de manera adecua-da, no obstante, no descartando situaciones coyunturales de alza en los nive-les de precios, como recientemente sucedió con la tortilla, carne o el huevo, que podrían incidir en un incremento relativo de la inseguridad alimentaria dada la restricción de ingreso y efecto coyuntural de los precios. En este sen-tido, encontramos que para 2010 este rubro albergó un total de 902 munici-pios, equivalentes al 36.7% del total nacional, lo cual, respecto al año 2000, muestra un traslado de municipios catalogados dentro del rubro de máxima seguridad hacia el de “Inseguridad moderada–Seguridad”, que como que he adelantado, es producto de la crisis económica, del deterioro en las condicio-nes de vida, y asimismo, del rezago del aparato productivo.

Finalmente, como se ha apuntado, si bien hubo un descenso, la mayor parte de los municipios ubicados en el año 2000 en la categoría de máxima segu-ridad, de todas formas la mayoría se han mantenido, fundamentalmente por tener un ingreso per cápita mayor que el resto de municipios del país, lo cual les permite soportar los efectos de las crisis. En este rubro, se tiene un total de 258 municipios, equivalente a 10.5% del total nacional, ubicándose ahora en los estados de Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Sonora principalmente, que también se corresponde con las regiones de mayor actividad económica o han podido sortear mejor los efectos cíclicos de la crisis.

Conclusiones

La comparación retrospectiva regional de la seguridad alimentaria indica un empeoramiento de las condiciones, una polarización de los mismos (constan-te en el número de regiones en situación de inseguridad, junto a un incremen-to de las regiones en máxima seguridad).

A partir de esto podemos reafirmar el carácter estructural y territorial de la inseguridad alimentaria. Se trata casi de las mismas regiones en esta condi-ción tanto para 1990, como para el año 2000, aunque con una relativa ten-dencia a abarcar estados que antes se encontraban dentro de una relativa es-

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tabilidad como es el caso del Distrito Federal que se asocia al incremento de la marginación y la pobreza urbana.

La crisis económica que se profundizó en el país en la última década del siglo pasado, que todavía prevalece en sus rasgos más esenciales y que se tra-duce en una mayor concentración de la riqueza y en el incremento de las desigualdades, pone en evidencia la polarización también en la seguridad ali-mentaria. De 27 regiones en buenas condiciones de seguridad existentes en 1990 se incrementó a 41 para el año 2000, aunque esto no corresponde con el número de población beneficiada que más bien tendió hacia un deterioro en términos absolutos. Para el caso del año 2010, las cifras aproximadas a partir del Ingreso Bruto Municipal muestran la misma tendencia hacia un de-terioro aún mayor en las condiciones de seguridad alimentaria, que han sido provocadas fundamentalmente por las restricciones de ingreso.

De este modo, la inseguridad alimentaria deja de conformar ya un proble-ma exclusivo de las zonas rurales más pobres y avanza hacia regiones urbanas también en proceso de empobrecimiento por la desigualdad regional intraur-bana. De continuar el avance a regiones claramente urbanas, que lo serán más en la medida que empeoren las condiciones del campo, indudablemente que podríamos entrar ya a una fase de riesgo social, relacionado con las condicio-nes que guarda la seguridad alimentaria en las regiones del país.

La alimentación constituye la dimensión más importante de la vida social: posibilita el sostenimiento y reproducción de la vida. El derecho a la alimen-tación y la seguridad alimentaria son elementos de los que debe gozar todo individuo. Si bien la crisis económica mundial y la crisis alimentaria interna-cional han deteriorado las condiciones de vida de la población, principalmen-te de aquella ubicada en situación de pobreza extrema, a partir del alza abrup-ta de precios de los bienes básicos, el contexto actual se ha agudizado en la medida en que los nuevos factores causales han bloqueado el descenso de los precios, y adicionalmente, a partir de las prácticas especulativas permanentes, ahora con alimentos, han incrementado el número de población en situación de hambre a escala global, denotando su carácter propiamente artificial.

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Actualmente, México enfrenta una clara situación de vulnerabilidad ali-mentaria, derivada de su incorporación a las dinámicas de economía abierta, pero fundamentalmente de su ingreso al Tratado de Libre Comercio de Amé-rica del Norte (tlcan), el cual propició un rezago en sus áreas productivas, principalmente agropecuaria, desequilibrios socio-naturales, y ante todo, un deterioro en las condiciones de vida de su población, que se ha traducido en un incremento significativo del número de personas ubicadas en situación de pobreza.

De igual manera, la menor participación del Estado como garante del de-sarrollo nacional ha impedido alcanzar los niveles de crecimiento económico interno necesarios, debido a que no existe una política orientada al fortaleci-miento del mercado interno, lo cual inhibe la posibilidad de alcanzar paráme-tros mínimos de seguridad alimentaria.

No obstante, debido a que la problemática puede agudizarse, es necesario buscar mecanismos orientados a tratar de alcanzar la seguridad alimentaria aun dentro del contexto de economía abierta, ya que la agudización de la problemática actual podría desembocar en problemas de seguridad nacional.

Bibliografía

Barrera Rodríguez, Ariadna y Anastasio Espejel García, 2013, “Seguridad alimentaria: evolución, enfoques y conceptualización” en Comentando al-gunos aspectos de la seguridad alimentaria en México y Bolivia, Universidad Autónoma Chapingo–Juan Pablos Editor, México, pp. 13-32.

Braudel, Fernand, 1991, Las civilizaciones actuales. Estudios de la historia económica y social, Rei, México.

fao, 2011, Una introducción a los conceptos básicos de seguridad alimentaria, Documento electrónico.

——, 2013, El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, Roma.

Hernández Moreno, María del Carmen, Araceli del Carmen Andablo Reyes y Antonio Alberto Ulloa Méndez, 2012, “Agricultura familiar sustentable y seguridad alimentaria. ¿Una salida a la crisis alimentaria?” en Alimenta-

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ción contemporánea. Un paradigma en crisis y respuestas alternativas, Cen-tro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (ciad)–Clave Editorial, México, pp. 177-198.

Torres Torres, Felipe, 1996, ¿Existe mayor prioridad que la producción de alimentos? en Problemas del Desarrollo, vol. 27, núm. 105, IIEc–unam, México, pp. 16-21.

——, 2003, “La visión teórica de la seguridad alimentaria como componente de la seguridad nacional” en Seguridad alimentaria: seguridad nacional, Fe-lipe Torres Torres (coord.), IIEc–unam–Plaza y Valdés, México, pp. 15-51.

——, 2013, “Canasta básica y calidad de la alimentación en México”, IIEc-unam, México. En proceso de publicación.

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Cuadro 1. México: municipios según rangos de seguridad alimentaria, 2000

Nombre Inseguridad extrema Inseguridad marcada Inseguridad Moderada Seguridad Máxima seguridad

Total

Total Nacional 458 587 548 539 296 2,428

Aguascalientes 0 0 0 7 4 11

Baja California 0 0 0 5 0 5

Baja California Sur 0 0 0 2 3 5

Campeche 0 0 0 8 1 9

Coahuila 0 0 2 32 4 38

Colima 0 0 1 4 5 10

Chiapas 39 40 27 5 0 111

Chihuahua 0 3 9 21 34 67

D. F. 2 2 9 3 0 16

Durango 0 8 8 23 0 39

Guanajuato 0 6 19 20 1 46

Guerrero 61 13 2 0 0 76

Hidalgo 13 37 20 14 0 84

Jalisco 0 0 6 31 87 124

Edo. de México 29 69 24 0 0 122

Michoacán 0 0 28 66 19 113

Morelos 0 10 14 9 0 33

Nayarit 0 0 3 13 4 20

Nuevo León 0 9 31 10 1 51

Oaxaca 287 239 36 7 1 570

Puebla 0 12 137 60 8 217

Querétaro 0 3 2 11 2 18

Quintana Roo 2 3 3 0 0 8

San Luis Potosí 0 22 20 15 1 58

Sinaloa 0 0 0 9 9 18

Sonora 0 0 0 2 68 70

Tabasco 0 4 7 6 0 17

Tamaulipas 0 0 0 31 12 43

Tlaxcala 18 21 21 0 0 60

Veracruz 0 14 82 83 28 207

Yucatán 7 71 20 8 0 106

Zacatecas 0 1 17 34 4 56

Fuente: elaboración propia con base en el Consejo Nacional de Población (Conapo), Proyec-ciones de población por entidad federativa y municipio, 1995-2010, México, 1996.

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Cuadro 2. México: municipios según rangos de seguridad alimentaria a partir de la cobertura de la Canasta Básica Alimentaria, 2010

Nombre Inseguridad extrema Inseguridad marcada Inseguridad moderada-Seguridad

Máxima segu-ridad

Total

Total Nacional 524 773 902 258 2,457

Aguascalientes 1 5 4 1 11

Baja California 0 1 3 1 5

Baja California Sur 0 0 3 2 5

Campeche 0 0 9 2 11

Coahuila 5 17 8 8 38

Colima 0 1 7 2 10

Chiapas 20 48 48 2 118

Chihuahua 0 19 34 14 67

Distrito Federal 0 3 10 3 16

Durango 2 22 15 0 39

Guanajuato 6 24 12 4 46

Guerrero 0 42 38 1 81

Hidalgo 27 33 21 3 84

Jalisco 0 47 60 18 125

Estado de México 14 42 56 13 125

Michoacán 6 62 37 8 113

Morelos 0 7 22 4 33

Nayarit 0 5 11 4 20

Nuevo León 2 7 18 24 51

Oaxaca 229 112 177 52 570

Puebla 115 32 55 15 217

Querétaro 0 2 9 7 18

Quintana Roo 0 2 3 5 9

San Luis Potosí 1 25 31 1 58

Sinaloa 0 8 10 0 18

Sonora 2 16 23 31 72

Tabasco 0 1 13 3 17

Tamaulipas 1 18 16 8 43

Tlaxcala 23 23 13 1 60

Veracruz 57 107 46 2 212

Yucatán 13 30 58 5 106

Zacatecas 0 12 32 14 58

Fuente: elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; Censo de Población y Vivienda 2010; y Torres (2013).

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Nota del Cuadro 2: debido a que no contamos con el dato del pib per cápita municipal de 2010, para esta clasificación se empleó el dato del Ingreso Bruto por Municipio. Este dato fue dividido entre la población por municipio reportada por el Censo de Población y Vivienda 2010 para obtener un indicador per cápita. Una vez obtenido se cruzó la información con el valor de la Canasta Básica Alimentaria para el año 2010 calculado en $1,207.44. Este valor fue dividido entre un total de 4.5 integrantes promedio de un hogar y el resultado fue de $268.32, el cual fue multiplicado por 12 meses y así obtener el valor per cápita anual de la cba en un monto de $3,220.00. El nivel de cobertura conforma el rubro bajo en que se ubicó a cada municipio del país.

Gráfica 1. México: evolución de la balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria, 1993-2013

Fuente: elaboración propia a partir de Vicente Fox Quesada, V Informe de Gobierno, periodo 1993-1999; Enrique Peña Nieto, II Informe de Gobierno, periodo 2000-2013.

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Racionalidad alternativa de las experiencias de solidaridad económica en México: apuntes

para el diseño de políticas públicas*Boris Marañón-Pimentel

Dania López-Córdova

ResumenEste artículo tiene por objetivo destacar las características de algunas experiencias de solidaridad económica en México. Dichas experiencias cuentan con rasgos específicos asociados a una racionalidad alternati-va (respecto de la racionalidad instrumental que persigue la ganancia máxima), a partir de la cual han contribuido a la reproducción de sus integrantes; en ese sentido, para potenciarlas es necesario que las po-líticas públicas consideren esas especificidades. Así, se sostiene que en numerosas experiencias rurales de solidaridad económica se produce y vive a partir del trabajo familiar/colectivo –ayudándose mutuamente–, tomando decisiones de manera consensuada y con horizontalidad, es-tableciendo una relación de respeto y complementariedad con su te-rritorio, participando en el mercado con la finalidad de alcanzar un mayor bienestar colectivo, rasgos que dan cuenta de una racionalidad alternativa.

Palabras clave: solidaridad económica; reciprocidad; racionalidad.

Presentación

La estructura del artículo es la siguiente: en el primer apartado se hace una bre-ve revisión sobre el surgimiento de las experiencias de solidaridad económica en México; en el segundo se presenta una discusión general sobre la racionalidad al-ternativa de las experiencias señaladas; en el cuarto se muestran los elementos de esa racionalidad alternativa desde algunas experiencias; en el cuarto se aborda de manera breve algunos aspectos a considerar para la promoción de la solidaridad económica desde las políticas públicas. Finalmente, se presentan las conclusiones.

*Fecha de recepción: 11 de julio de 2014. Correos electrónicos: [email protected]; [email protected]

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Estudios Agrarios | Boris Marañón-Pimentel...

El impulso de la solidaridad económica en México

Las prácticas de solidaridad económica en México no son nuevas, basta re-conocer las diversas expresiones de trabajo colectivo que existían en la re-gión antes de la Conquista, muchas de las cuales persisten; no obstante, la novedad de las experiencias de solidaridad económica se asocia al contexto histórico en que se desenvuelven, esto es en un capitalismo dominado por las actividades financieras para las que no hay interés en crear trabajo asalariado con derechos laborales, sino en destruirlos generando cada vez mayores niveles de desempleo y subempleo. Por tanto, ante la falta de oportunidades de empleo bien remunerado y con prestaciones en los espacios urbanos, en el ámbito rural están emergiendo experiencias colectivas de trabajo e ingreso a partir de las cuales segmentos importantes de población van resolviendo parcial o totalmente las necesidades de reproducción de sus integrantes, basándose en la reciprocidad.

En el país, el impulso a la solidaridad económica proviene de vertientes vin-culadas tanto al cooperativismo histórico como a la teología de la liberación. Desde ambas, con fuentes diferentes, se plantea la construcción de otra eco-nomía basada en la cooperación y la solidaridad, y desarrollan un importante trabajo organizativo en sectores populares.

El cooperativismo recupera los principios de autogestión, cooperación y so-lidaridad del movimiento cooperativo internacional y plantea la pertinencia de dicha modalidad organizativa, teniendo en cuenta la importante presencia del cooperativismo en la economía nacional a partir de los noventa del siglo pasado, haciendo una revisión crítica sobre la relación clientelar y corporativa registrada con el Estado y respecto a la corrupción, planteando que existen otras cooperati-vas que han seguido cercanas a sus principios fundacionales, las que pueden tomarse como fuente de inspiración para impulsar el crecimiento de la eco-nomía solidaria (Rojas, 2006).

La vertiente eclesiástica asociada con la teología de la liberación enfatiza el compromiso preferencial con los pobres y su objetivo de apoyarlos en la búsqueda de su emancipación, desarrolla su trabajo principalmente en zo-nas rurales e indígenas del país, en las cuales desde la época prehispánica se practica una economía comunitaria y recíproca, estando presentes el trueque,

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Racionalidad alternativa de las experiencias

la ayuda mutua, el trabajo colectivo, la reciprocidad y, en general, la idea del “nosotros” por encima del individuo.

Hablar de la economía de los pueblos indios supone que el pueblo tiene la capacidad de decidir en su casa, cuida de la creación para la vida del propio pueblo. Este cuidado Dios se lo encomienda, es decir, en la creación el pueblo cumple el designio de él, la tierra es lugar teológico. Los hombres y mujeres deben vivir en una relación comunitaria y recíproca que establece una vincu-lación integral que abarca todos los aspectos de la vida del pueblo (Villarreal, 1996: 121).

La vertiente solidaria de la teología de la liberación tenía una fuerte con-cepción de economía indígena, comunitaria y recíproca hasta fines del siglo pasado; pero a partir de la articulación con redes internacionales se priorizó el uso del término economía solidaria, desde donde se apela al consumo ético, al comercio justo, la producción bajo principios ecológicos y éticos, y en ge-neral, a la democratización de la economía expandiendo la solidaridad dentro de ella.

Así, en 2003 se impulsó la conformación del Espacio Ecosol México, el cual agrupa a un significativo número de redes y organizaciones que desarro-llan actividades económicas de producción, comercialización, así como algu-nas que impulsan el dinero comunitario y el trueque. Sin embargo, a pesar del generoso despliegue de esfuerzos, hay todavía un camino largo que recorrer para lograr un espacio solidario articulado en términos conceptuales, estraté-gicos y operativos. Aún falta generar información precisa de la importancia cuantitativa del mundo solidario, incrementar la visibilización de sus discur-sos, prácticas y potencialidades, y lograr un mayor reconocimiento desde la sociedad y el Estado.

Desde el Estado se han impulsado algunas acciones aisladas para promover experiencias colectivas de este tipo y, de manera reciente, legislaciones y pro-gramas que reconozcan y fortalezcan las iniciativas de solidaridad económica; sin embargo, es común encontrar que las acciones emprendidas desde el Esta-do entran en contradicción con la racionalidad de las experiencias de solidaridad económica y desestructuran aquellas prácticas que son su soporte. En el ámbito rural esto puede advertirse en la contradicción que surge entre las prácticas

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de reciprocidad de los campesinos y las propuestas de desarrollo enfocadas a vincular de forma utilitarista a dichos productores al libre mercado (Sabourin, 2010).

En el siguiente apartado se presentan los elementos de esa racionalidad al-ternativa de las organizaciones de solidaridad económica, los cuales deberían ser tomados en cuenta para diseñar y aplicar políticas públicas para su promo-ción y fortalecimiento, lo que implica romper con la visión homogeneizadora que no reconoce otras formas de hacer economía y otras racionalidades, e ir más allá de la visión desarrollista que prioriza la acumulación del capital por encima del bienestar de la sociedad, y se limita a promover el trabajo asala-riado y el mercado como espacio primordial de interacción social; significa que existen distintas maneras de vivir, diferentes racionalidades que se alejan de la racionalidad instrumental y que se resisten a ser parte de los proyectos empresariales o clientelares que, en general, se impulsan desde las políticas públicas.

La racionalidad de las experiencias de solidaridad económica

La racionalidad se refiere a un conjunto de creencias, ideas, imágenes y dis-cursos que nos permiten vivir en sociedad de una determinada forma. Así, la racionalidad nos da la orientación para justificar la manera en que vivimos, la forma en que producimos, comemos, nos divertimos, nos gobernamos, sentimos, pensamos, nos relacionamos entre las personas y con la naturaleza.

Existen distintas maneras de vivir, es decir, distintas racionalidades, como se puede ver en el modo de vida de los indígenas en las zonas rurales (López y Marañón, 2013); sin embargo, se plantea como universal y única la racio-nalidad económica instrumental webweriana, que es la que rige el comporta-miento de la empresa capitalista y de las personas.

La racionalidad instrumental tiene que ver con elegir los medios o instru-mentos más eficaces para conseguir un fin, de tal forma que la búsqueda de la máxima ganancia justifica que se utilice cualquier medio. Esta racionali-dad está orientada principalmente por el cálculo, la utilidad individual y las

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necesidades materiales, por eso la ganancia es considerada como el fin más importante de la actividad económica y de la vida en general.

Por su parte, en el mundo campesino e indígena se produce lo que nece-sitan para vivir, apoyándose en la familia y en la comunidad, cuidando la naturaleza, viviendo la alegría de la solidaridad en el trabajo colectivo y en el autogobierno, entendido este último como la toma colectiva de decisiones a través de las asambleas; se trata pues de una racionalidad no capitalista.

Las experiencias de solidaridad económica que encarnan estas racionalida-des no capitalistas se caracterizan por articular los medios con los objetivos, pues generalmente son unidades de producción y consumo, es decir, producen lo que consumen y priorizan el consumo antes que el intercambio mercantil.

Los ingresos monetarios, en vez de tomarlos como fines en sí, son conside-rados como medios para elevar las condiciones de vida familiar y de la colec-tividad; además, los bienes producidos son valorados primordialmente por su capacidad de satisfacer necesidades, esto es, por su valor de uso, no es el valor de cambio –la equivalencia abstracta, lo común a las cosas– lo que cuenta, sino precisamente su diversidad.

Asimismo, la producción se organiza primordialmente a través de relacio-nes de reciprocidad, entendida como una relación social total constituida por tres momentos: dar, recibir y devolver, donde las personas están por encima de las cosas y donde se producen y reproducen valores como la amistad y la confianza; es una forma de reconocimiento de las otras personas y de perte-nencia a una colectividad o comunidad. La cooperación es una manifestación de la reciprocidad, y en estas organizaciones se advierte, por ejemplo, en el trabajo colectivo.

Las necesidades y satisfactores no son reducidas a cuestiones materiales, por lo que la relación con la naturaleza satisface simultáneamente necesida-des de orden espiritual y afectivo; así, en muchas experiencias de solidaridad económica, sobre todo en el ámbito rural, se entabla una relación distinta con la naturaleza, por ser considerada como el origen sagrado de la vida material y social.

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En México, existen diversas experiencias que en la práctica y en los discur-sos son portadoras de esta racionalidad: desde el comunalismo indígena que se funda en el principio de reciprocidad entre las personas y con la “natura-leza”, hasta movimientos “campesindios” (Bartra, 2010) y organizaciones que se han pronunciado en contra de la destrucción de la naturaleza y que plantean que “la tierra y el bosque no se venden”, se revaloriza a la naturaleza que deja de ser un objeto para explotar. Estas experiencias, cada una con sus ritmos y consistencias propias, han cosechado numerosos logros.1

La agricultura campesina es reflejo de los conocimientos, la tecnología y las prácticas agrícolas necesarias para obtener de la tierra y el trabajo los produc-tos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la familia campesina; significa pues un sistema de conocimientos de la naturaleza y de la agricul-tura, y es sinónimo de sobrevivencia, diversidad biológica y de reproducción social.

También impulsan la agroecología orientada a cuidar la tierra, la salud de las personas y a eliminar la dependencia de insumos costosos y dañinos; pro-mueven los policultivos en oposición a los monocultivos que empobrecen los suelos. Asimismo, se avanza en procesos de certificación orgánica, que ga-rantizan que un cultivo fue manejado siguiendo las normas de la producción orgánica, lo que les ha permitido participar en los circuitos de comercio justo, donde se busca una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores, que permita a los primeros tener condiciones de trabajo y de vida dignas, reconociendo la calidad y la producción sustentable.

Estas experiencias van cuestionando la forma de entender la economía a partir del principio de escasez y rentabilidad, pues se trata de partir de la abundancia, por ejemplo del trabajo, y la orientación final es la satisfacción de las necesidades sentidas; al mismo tiempo, nos dicen que el trabajo no debe verse únicamente como trabajo asalariado sino principalmente como trabajo colectivo, como un servicio que cada persona aporta para el bienestar de su familia y de su comunidad; o bien la ayuda mutua.

1 Es necesario incorporar otros criterios para abordar el tema de la reciprocidad campesina, para evitar caer en esencializaciones del mundo campesindio, por lo que es necesario incorporar el tema del poder, que se expresa en la conformación de coaliciones y facciones para alcanzar sus objetivos, donde se pueden establecer relaciones de clientelismo.

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Estas formas de trabajo ponen en juego lazos sociales, sentimentales y sim-bólicos; de manera que se diferencia del trabajo asalariado en la medida en que no implica una retribución equivalente, inmediata o diferida, que libera-ría al beneficiario de su deuda; si bien existe espera de retorno de la ayuda, no es solo por motivaciones materiales, obran también valores como el honor y el prestigio (Sabourin, 2012).

Asimismo, la ayuda mutua, como forma de organización del trabajo, repre-senta una forma de redistribuir los factores de producción; sin embargo, las sociedades campesinas están sujetas a diversas tensiones pues es común que prácticas de ayuda mutua sean sustituidas por lógicas de intercambio como el jornal, se cumple con la obligación material, pero según la comunidad, no con el deber social de participar físicamente en los trabajos colectivos. Destacan también las experiencias en las que se ha logrado mantener la ayuda mutua en nuevos contextos, como una actualización de prácticas de reciprocidad y de sus valores producidos (Sabourin, 2003).

Estos principios y prácticas llevaron a Alexander Chayanov (1985[1925]), economista ruso, a elaborar una teoría de la economía campesina. A partir de dicha teoría contradecía la tesis que sostenían tanto los liberales como los marxistas, de que la economía campesina resultaba irracional e ineficiente por lo que debía ser eliminada o modernizada.

También desde esta teoría se ha destacado que no es posible entender la economía campesina a partir de las categorías utilizadas para la economía empresarial pues en principio, como ya se mencionó, el trabajo familiar no se valoriza en salarios y el ingreso total del hogar proviene de diversas fuentes que no son diferenciadas, y donde lo importante es la reproducción material y cultural de la unidad familiar, considerando la experiencia agrícola de la familia campesina y de las generaciones predecesoras (Nájera, 2012); en ese sentido, no son proclives a asumir riesgos ya que no se rigen por una racio-nalidad instrumental de obtención de la máxima ganancia. En la Tabla 1 se presentan de forma sintética las diferencias entre la agricultura campesina y la agricultura empresarial.

El comparativo de la tabla permite ubicar las diferencias entre racionalida-des, no obstante, esto no significa que en la práctica las experiencias de soli-

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daridad económica sean ajenas a las relaciones mercantiles, sobre todo dadas las tendencias actuales donde se registra una creciente mercantilización no solo en la economía, sino en todos los ámbitos de la existencia social: en la política, la cultura, el sexo/género y la naturaleza; sin embargo, estas expe-riencias a pesar de existir en un contexto donde las relaciones de dominación y explotación son hegemónicas, van desplegando prácticas y propuestas que apuntan justamente hacia la desmercantilización de la vida y al autogobierno.

Tabla 1. Diferencias de racionalidad entre la agricultura campesina y la agricultura empresarial

Agricultura campesina Agricultura empresarialObjetivos de la producción

Reproducción de los producto-res y de la unidad de produc-ción

Maximizar la tasa de ganancia y la acumulación de capital

Origen de la fuer-za de trabajo

Fundamentalmente familiar y, en ocasiones, intercambio recíproco con otras unidades; excepcionalmente asalariada en cantidades marginales

Asalariada

Compromiso la-boral del jefe con la mano de obra

Absoluto Inexistente, salvo por la rela-ción salarial

Destino del pro-ducto y origen de los inputs

Parcialmente mercantil Mercantil

Riesgo e incerti-dumbre

Evasión no probabilística: “al-goritmo de sobrevivencia”

Internalización probabilística buscando tasas de ganancia proporcionales al riesgo

Carácter de la fuerza de trabajo

Fuerza valorizada de trabajo intransferible o marginal

Solamente emplea fuerza de trabajo transferible en función de calificación

Componentes del ingreso o produc-to neto

Producto o ingreso familiar indivisible y realizado parcial-mente en especie

Salario, renta y ganancia, ex-clusivamente pecuniarias

Fuente: Schejtman, Alexander (1980: 132-133; citado en Nájera, 2012: 55-56).

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Algunos teóricos plantean la dicotomía mercado-reciprocidad, de manera que las experiencias que están vinculadas al mercado son descalificadas, sin considerar que en el contexto actual estas organizaciones se mueven en un permanente conflicto con el mercado y el Estado, estableciendo algunas com-plementariedades pero sobre todo tensiones, pues no pueden vivir con y sin estas instituciones (Quijano, 1998).

En ese sentido, al aproximarse a las experiencias de solidaridad económica se trata de conocer cuál es el patrón que prevalece en las organizaciones: la reciprocidad o el mercado, es decir, cómo resuelven la tensión entre ambos, pues si bien en estas experiencias una parte de la producción se vende en los mercados locales y regionales, se vende para obtener dinero y satisfacer las necesidades, no para acumular ganancias de manera privada, la solidaridad y la reciprocidad son más fuertes que las relaciones de mercado.

Para comprender cómo es que se articulan reciprocidad e intercambio, es necesario, primero, abandonar la idea del mercado como absoluto, donde lo alternativo no tiene lugar. Las experiencias de solidaridad económica cri-tican la racionalidad económica instrumental –producir para acumular– y abren la posibilidad a racionalidades alternativas, como la de la recipro-cidad, desde las que se reproducen diversas prácticas de solidaridad eco-nómica: formas de ayuda mutua en la producción y en la organización local, en el manejo compartido de bienes colectivos, en el reparto y uso de la producción, entre otros aspectos.

En las sociedades campesinas existe una tendencia natural de tratar de ob-tener excedentes para consumir o redistribuir, de manera que si para “ser socialmente” se requiere dar, para dar es necesario producir; entonces la re-ciprocidad genera, a través de la redistribución, una producción socialmente motivada, la cual va más allá de la satisfacción de las necesidades elementales de la población (subsistencia) o de la adquisición de bienes materiales por medio del trueque (Sabourin, 2003).

Estos elementos pueden reconocerse en diversas prácticas de solidaridad económica que existen en México. En el siguiente apartado se ilustran dichos elementos a partir de algunas experiencias en el país.

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La racionalidad alternativa desde las prácticas de solidaridad económica en México

Comunidades Campesinas en Camino (ccc) es una organización que produ-ce, industrializa y comercializa ajonjolí y chile pasilla, entre otros productos de la zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Se trata de una experiencia que a lo largo de casi 20 años ha logrado: a) aglutinar a más de cinco mil campesinas y campesinos de unas 60 comunidades de la región; b) consolidar un proyecto de producción orgánica; c) ser una reguladora de precios en la región; d) avanzar en la apropiación del excedente producido a partir de una diversificación acorde a las necesidades que se van identificando; e) mantener un estrecho vínculo con su base social, y f) generar de manera totalmente consciente una propuesta de solidaridad económica que considera lo susten-table, lo justo, lo espiritual y lo solidario (Contreras, et al., 2014; Oliva, 2013; Marañón, 2013a; López y Marañón, 2013).

A partir de procesos de reflexión que datan de los años ochenta, se identifi-caron los problemas que aquejaban a los campesinos de la región, entre estos el coyotaje o intermediarismo al que estaban sometidos, de manera que se buscó cómo contrarrestar esa situación de explotación; así, en 1995, un grupo de 50 campesinos constituyeron legalmente dicha organización. Inicialmen-te se abocaron al acopio y comercialización de ajonjolí, pero casi de manera inmediata se empezaron a conformar otras áreas para avanzar en la apropia-ción de todo el proceso económico; actualmente cuenta con ocho empresas sociales: 1) las cajas indígenas (Cajín) que proporciona capital de trabajo a los agricultores, ganaderos, mujeres artesanas y comerciantes (actualmente cuentan con más de 5,000 socios); 2) la procesadora de productos ecológicos donde se elaboran aceite, cereales, harinas y galletas de ajonjolí, mermeladas y salsas; 3) la marca Ecotierra para comercializar los productos; 4) la Unión de Ganaderos Ecológicos (ugeri); 5) la tienda Lugui Scarú en Tehuantepec donde comercializan al menudeo sus productos y los de otras organizaciones como la Unión de Comunidades Indígenas de la Región Istmo (uciri); 6) la sociedad civil para la asistencia técnica llamada Servicios Especializados en Técnicas Agroecológicas (seta); 7) el fondo de aseguramiento para proteger

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los cultivos Binni Xhooba, y 8) la Sofom2 Ayuuk para otorgar financiamiento de montos más altos a los socios de la organización.

Asimismo, la preocupación inicial por comercializar sus productos en me-jores condiciones, los llevó a incursionar en la producción agroecológica/orgánica,3 que actualmente es un eje fundamental en la organización.

Se promueve así una agricultura agroecológica que respeta el principio de cuidar la tierra, y a partir de eso se recuperan saberes ancestrales y se promue-ve un diálogo de saberes entre el conocimiento campesino y el conocimiento técnico, así como procesos de autoformación a partir de los cuales se generan opciones concretas para situaciones concretas; además, se crean –y recrean– culturas, se genera pueblo y comunidad: “la agroecología tiene que generar solidaridad con el mismo pueblo y con la naturaleza, y un ser humano más humano […] si se habla de lo que sostiene la vida, tenemos que hablar de la sustentabilidad de lo sustentable […] una agricultura que no crea pueblo, no es pues una agricultura agroecológica” (Contreras, et al., 2014: 171).

Se advierte pues que la naturaleza/territorio no es concebida solamente como un recurso, sino como la base que sostiene la vida, de manera que sus actividades se desarrollan respetando y cuidando la naturaleza. Esto contrasta con la forma en que se concibe la naturaleza desde la racionalidad instrumen-tal, únicamente como un medio, como un objeto susceptible de ser aprove-chado para obtener la máxima utilidad o ganancia, y sin considerar las reper-cusiones negativas que las actividades económicas tengan sobre la naturaleza.

Otro elemento que interesa destacar de esta experiencia, son las formas en que se organiza el trabajo, a partir de lo individual/familiar y lo colectivo,

2 Sociedad Financiera de Objeto Múltiple.3 En la experiencia presentada se habla generalmente de producción orgánica, pero por sus prácti-cas se acerca más a la producción agroecológica de manera que resulta hacer una distinción entre ambas. La primera hace hincapié en la seguridad del consumidor –y en ocasiones se considera también la salud del territorio–, por lo que según ciertos reglamentos se exige que los productos se cultiven sin agro tóxicos; sin embargo, está orientada básicamente por criterios de rentabilidad. La segunda tiene una connotación más amplia desde una mirada integral del ecosistema, la pro-ducción es diversificada y prescinde de los insumos ya que internamente se producen los inputs necesarios, se prioriza la satisfacción directa de las necesidades alimenticias familiares de manera que solamente los excedentes se comercializan, en general, se realiza en pequeña escala. Así, lo agroecológico en general es orgánico, pero no necesariamente lo orgánico es agroecológico (Roset y Martínez-Torres, 2013).

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donde la reciprocidad es un principio y una práctica fundamental. En el ám-bito de la parcela el trabajo es individual/colectivo, pero también se recurre a prácticas como la mano vuelta, que es la colaboración entre productores para las labores de siembra y cosecha sin que medie el pago de un jornal, es una manifestación de la reciprocidad simétrica entre socios; además, a nivel de comunidad se organizan comités locales, los cuales se encargan de ga-rantizar que los socios realicen las labores de manejo y conservación para la certificación orgánica, también tienen a su cargo la tarea de acopiar los productos, básicamente ajonjolí, en la comunidad. Este comité está integrado por un presidente, un secretario, un tesorero, un promotor y un inspector, ambos campesinos, los cuales no reciben ningún pago por realizar esas activi-dades, se trata de un servicio, un trabajo voluntario (Marañón, 2013a; López y Marañón, 2013; López, 2014). El servicio alude al desempeño de cargos en el campo de lo político, territorial, social, económico, jurídico o ritual, sin recibir una retribución a cambio. En general, los elegidos donan trabajo o bienes a la comunidad y, de manera recíproca, reciben el reconocimiento por su buen desempeño, y en tiempos diferidos, la promesa de que otros ocupa-rán esos cargos. Se señala que se busca no solamente el prestigio sino que el cumplimiento del servicio también se entiende como respeto y afecto hacia los demás.4

A nivel de la organización existe además el Comité Ejecutivo y la Asamblea de Delegados, esta última integrada por un socio de cada comunidad que for-ma parte de la organización, la cual sesiona los días 10 de cada mes cuando se toman las decisiones sobre el rumbo que debe seguir la organización; por su parte, el Comité Ejecutivo –integrado por un presidente, un secretario y un vocal– más los comités financiero y de vigilancia, están integrados por socios de las distintas comunidades, renovados cada dos años y representan a todos los socios frente a terceros como apoderados legales (Marañón, 2013a, Contreras, et al., 2014). La Asamblea y los Comités son pues estructuras de autoridad colectiva y espacios de deliberación donde se toman las decisiones que atañen a la organización, considerando las opiniones e intereses de los distintos socios.

4 Mayores detalles sobre el servicio y las prácticas de reciprocidad en los pueblos origina-rios de Oaxaca, en Barabas (2003).

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En palabras de los socios de ccc, su trabajo se sustenta en lo que ellos iden-tifican como los cuatro pilares que sostienen el mundo indígena campesino: el territorio, el tequio, la fiesta y la asamblea. El territorio se asocia a la relación de respeto que se establece con la naturaleza; el tequio o el trabajo colectivo habla de la reciprocidad; la fiesta es reflejo y manifestación del trabajo colec-tivo y, finalmente, la asamblea refiere a la toma colectiva y democrática de decisiones.

En palabras de reconocidos intelectuales indígenas oaxaqueños, se trata de la Comunalidad (López, 2014). Así, es posible advertir que esta experiencia ha logrado consolidarse a partir de recrear y potenciar los elementos arriba señalados, pero que desde la racionalidad instrumental son considerados obs-táculos y en ese sentido, más que potenciarlos van siendo debilitados desde políticas que se conciben a partir de una racionalidad instrumental, y que buscan como fin último la inserción plena de estas experiencias al mercado, sin considerar que éstas persiguen el bienestar colectivo y no la obtención de un excedente en sí.

En Oaxaca existen diversas experiencias como ccc, que comparten los ele-mentos arriba señalados. Michiza o Yeni Navan (“Luz viva” en zapoteco), fundada en 1985 y constituida legalmente como Sociedad de Producción Ru-ral (spr) en 1989, aglutina a casi 1,000 productores de café orgánico de más de 40 comunidades en Oaxaca. El trabajo colectivo y el servicio también re-sultan centrales como en ccc, así como la relación de respeto y complemen-tariedad con la naturaleza (López, 2013; López y Marañón, 2013).

También existe la uciri, fundada en 1981 –con registro legal desde 1983–, la cual se dedica principalmente al acopio y exportación de café. Actualmente cuenta con unos 2,400 socios de casi 60 comunidades la cual es un referen-te internacional pues desde la misma se impulsó el sello de comercio justo (Chávez, 2011; García, 2008). También están las Empresas Comunales de Ixtlán que han incursionado en las actividades de aprovechamiento forestal y de ecoturismo, donde las instituciones y normas colectivas operan bajo el derecho consuetudinario: la propiedad de los bosques es social, la democracia directa que toma cuerpo en las asambleas (Comunalicracia o poder comunal), y la reciprocidad y equidad social derivadas de la vida comunitaria refuerzan

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la democracia directa, y esto a su vez fortalece la reciprocidad y la búsqueda de igualdad social (Sosa y Villarespe, 2013; Gasca, 2014).

Fuera de Oaxaca también existen experiencias de este tipo. Es el caso de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske (“Unidos venceremos” en ná-huatl) en la Sierra Nororiental de Puebla, la cual cuenta con más de 35 años de vida, tiene influencia en 290 comunidades de esa región5 y aglutina a cerca de 6,000 socios (Pérez, 2011). A lo largo de sus más de tres décadas de vida han avanzado en un proceso de reconversión productiva hacia lo agroecológi-co y han logrado una diversificación muy importante.

De manera reciente, en Morelos existe una joven cooperativa fundada en 2001, Unidad, Desarrollo y Compromiso (Undeco), la cual está promovien-do un proyecto de cooperativismo integral. Dicha experiencia comenzó con una sección financiera a la cual, desde el inicio, se le imprimió un sello espe-cial pues en lugar de hablar de ahorro y préstamo se optó por nombrar como administración de salarios y ayuda mutua, aludiendo a una organización propia de los trabajadores, quienes lo único que poseen es su salario o una fuente de ingresos producto de su trabajo, y entre ellos se tejen relaciones de solidaridad, de ayuda mutua, se suman voluntades para apoyar los proyectos individuales/familiares de los miembros de Undeco.

El objetivo que persigue la experiencia es, primero, la resolución de las ne-cesidades de sus socios, pero como parte de ese proceso, se busca que el coo-perativismo se convierta en una forma de vida; no se trata de promover el ahorro como un fin en sí, o para obtener intereses del dinero, el cual en la or-ganización es considerado únicamente un medio. En ese sentido, desde la ex-periencia se promueve el cooperativismo integral y no sectorial, donde lo pro-ductivo ocupa un lugar central dado que en la producción es donde realmente se produce la riqueza, y si no existe una articulación de las organizaciones de ahorro-préstamo y consumo con experiencias productivas solidarias, al final aquellas pueden convertirse en un eslabón más de la reproducción del capital.

Así, a pesar de que la legislación mexicana no reconoce a las cooperativas integrales, en Undeco se ha mantenido la decisión de impulsar la integrali-dad, por lo que su inicial sección financiera (2001) pronto se complementó

5 http://www.uniontosepan.org/

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con una sección de abasto y consumo (2003), para que los ingresos de los so-cios tengan un mayor poder adquisitivo a través de compras al por mayor y de modo que se utilicen mejor los ingresos familiares; con una sección más sobre salud homeopática (2004) con la que se pretende impulsar una salud preven-tiva; además, desde 2006 se está trabajando en la instalación de una deshi-dratadora de hortalizas y, a partir de 2011, se fundó la cooperativa Truequio orientada a la comercialización nacional e internacional de hortalizas frescas. Para fortalecer este último proyecto, que ya cuenta con un centro de acopio y una empacadora en la localidad de Anenecuilco, Morelos, se espera reha-bilitar los diversos invernaderos que desde el gobierno estatal se han creado, muchas veces con motivos clientelares, y brindar asesoría y supervisión a los productores para lograr una producción constante, escalonada y variada.

En síntesis, el proyecto de cooperativismo integral de Undeco busca pro-mover y fortalecer las sinergias entre las distintas áreas a partir de los recursos y de las capacidades que la cooperativa y los socios han ido desarrollando. La organización plantea otra concepción de las relaciones sociales buscando eliminar las relaciones de explotación, utiliza un lenguaje y despliega un con-junto de prácticas que van alimentando un proyecto de transformación social; en este sentido, Undeco plantea una ruptura tanto en la concepción como en la práctica predominante del cooperativismo actual (Rubio y Rubio, 2014; López, 2014; Rubio, et al., 2013; López y Marañón, 2013).

Así pues, considerando las experiencias arriba abordadas, es posible ad-vertir que en ellas hay claridad sobre el objetivo que persiguen: el bienestar colectivo. No es la obtención de la máxima ganancia o excedente y se prioriza la resolución de las necesidades por encima de la participación en el mercado. Asimismo, estas experiencias plantean una relación distinta con la naturale-za, a diferencia de la racionalidad instrumental donde la misma es objetivizada y considerada solamente como una canasta de recursos naturales susceptibles de ser explotados para obtener la máxima ganancia; dado que toda experiencia productiva tiene su cristalización en un territorio específico, este es el espacio físico, social, cultural y político donde ocurre la vida y en el que se insertan las relaciones sociales de producción y reproducción.

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Muchos productores “campesindios” han mantenido y enriquecido los sabe-res ancestrales y establecen una relación de reciprocidad-complementariedad con la naturaleza, pues su subsistencia está basada más en intercambios eco-lógicos, con la naturaleza, que en intercambios con el mercado, por lo que han adoptado mecanismos de supervivencia que garanticen un flujo ininte-rrumpido de bienes, materia y energía, y tienden a realizar una producción no especializada basada en el principio de la diversidad de recursos y prácticas, postulado en buena medida desde la agroecología (Toledo, 2008 y 2003; Ma-rañón, 2012).

La agroecología establece una vía para caminar hacia la desmercantiliza-ción de los procesos productivos agrícolas y lograr cierta autonomía, pues los insumos, los bienes utilizados para la producción que vienen de fuera de la parcela, dejan de ser necesarios, ya que dentro de ella se establece la conserva-ción de las semillas y se obtiene lo necesario para fertilizar el suelo y controlar las plagas y enfermedades.

La diversificación no se da únicamente en el ámbito de la producción agro-pecuaria, también se da en términos más amplios, al ir creando diversas áreas –de industrialización, de financiamiento– que surgen a partir de la identifi-cación de las necesidades y contribuyen a apropiarse de mayores porciones de los excedentes generados.

El trabajo no significa solamente el medio por el que se obtiene lo nece-sario para la sobrevivencia material, también es una actividad por la que las personas manifiestan su capacidad creativa. En las experiencias se da una combinación de trabajo individual/familiar y colectivo: en la produc-ción agrícola es familiar, complementado con la ayuda mutua y de ser ne-cesario, con trabajo asalariado; pero a su vez los socios de las experiencias brindan en diversos momentos su servicio, expresión este de la reciprocidad. La combinación entre lo individual/familiar y lo colectivo también se da en el ámbito de la gestión; la tierra puede ser privada y gestionada individualmen-te, pero el acopio, transformación y comercialización se hacen sobre bases colectivas, lo mismo que el reparto del excedente.

La reciprocidad como relación social de producción, así como la agroeco-logía, se constituyen en dos mecanismos centrales de un proceso de desmer-

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cantilización de la producción y de la vida; además, el dinero no es un fin, un objetivo en sí, sino un medio, ya que el objetivo final que se persigue es el bienestar colectivo (López y Marañón, 2012). No está de más señalar que desde estas experiencias también se van redefiniendo las necesidades y van planteando un nuevo lenguaje, una subjetividad que contribuye a reforzar las experiencias y que da cuenta de su especificidad.

Finalmente, es necesario señalar que las experiencias están sujetas a una permanente tensión entre patrones de reciprocidad y de mercado: dado el contexto actual, no es posible una reproducción autárquica, de manera que las experiencias obtienen una parte de sus ingresos en el mercado; pero, en general, predominan los patrones de reciprocidad.

Así pues, los elementos arriba señalados dan cuenta de una racionalidad alternativa, la cual debe ser considerada en el diseño y aplicación de las polí-ticas públicas de promoción de la solidaridad económica.

Políticas públicas para promover las experiencias de solidaridad económica

Las experiencias de solidaridad económica como las que aquí se han presen-tado, nos permiten afirmar que las mismas toman decisiones a partir de una racionalidad que se aleja de la racionalidad económica instrumental. En ese sentido, las políticas públicas para su promoción y fortalecimiento deben ser diseñadas teniendo en cuenta sus especificidades, orientarse al fortalecimien-to de su racionalidad y sus características, en lugar de forzarlas a perseguir la eficiencia y la ganancia, propias de la racionalidad económica instrumental.

Asimismo, es necesario tener presente el contexto en el que las experien-cias se desenvuelven; por ejemplo, el Estado, permeado por la ideología neoli-beral, ya no está interesado en promover la inclusión de las grandes mayorías por medio del empleo, la seguridad social y las políticas sociales, ni tiene un proyecto nacional integrador. Se ha planteado la sustitución de los derechos universales reconocidos y garantizados por el Estado y ha propuesto al mer-cado ampliado como una dimensión para que la sociedad ejerza derechos y satisfaga sus necesidades.

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En el caso mexicano, considerando además los aspectos clientelares del Estado, deja poco espacio para la construcción de políticas verdaderamen-te públicas, fundadas en la participación social. En la escena gubernamental se tiene una concepción de política que, por un lado, como una actividad realizada únicamente en la esfera institucional (por los poderes establecidos constitucionalmente) por especialistas y, por otro lado, la participación social se da solamente a través del voto. Esta idea se apoya en que la política, para atender la complejidad creciente de los problemas contemporáneos requiere conocimientos obtenidos a través de procesos educativos formales, y que la articulación y representación de los diversos intereses sociales debe hacerse por medio de representantes seleccionados de los partidos políticos.

Al mismo tiempo, los nuevos enfoques de política tratan de despojar a la no-ción de democracia de todo contenido de ciudadanía, es decir, de capacidad para disfrutar de derechos básicos, sustituyéndola por una racionalidad técnico-ad-ministrativa (Paoli y Trelles, 1998, citado por Martins Parra, 2002: 46) desde la que se plantea que la participación social solamente debe ocurrir por vías insti-tucionales, y se entiende como una instancia en la que la sociedad puede emitir, de ser posible su opinión sobre los problemas que la afectan, pero no ser parte en la toma de decisiones; hay pues un predominio de la democracia como proce-dimiento representativo, pero no como democracia directa, como participación cotidiana en la atención y solución de los problemas.

En este sentido, existe una visión estatista de la política que equipara lo estatal con lo público, que en realidad subsumió lo público en lo estatal, y éste en lo privado (Genro, 1999).

Entonces, para formular y gestionar de forma participativa políticas para la promoción de la solidaridad económica, se requiere una necesaria reformula-ción de las concepciones predominantes de política y participación, así como el reconocimiento de la heterogeneidad de los actores involucrados (sus dife-rentes racionalidades e intereses) para crear un espacio de interacción social donde se establezca un proceso de acción comunicativa entre los diferentes actores (Marañón, en prensa).

Es indispensable, de igual modo, que tales políticas sean diseñadas y apli-cadas dejando de lado prácticas corporativas y clientelares, de manera que

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respeten la autonomía política y organizativa de las experiencias de solida-ridad económica. El diseño de las políticas públicas debe considerar el tipo de hegemonía social que las clases dominantes han impuesto al conjunto de la sociedad, hegemonía en tanto dominación y dirección sobre la sociedad a través del Estado ampliado.

Por tanto, el impulso a la solidaridad económica debe ser pensado y prac-ticado como parte de la construcción de otra hegemonía, debe ser pensada y practicada en debate y conflicto con la visión hegemónica de la economía, la misma que la reduce a una sola manera de satisfacer las necesidades a través del mercado, de la eficiencia medios-fines, del trabajo asalariado, de la empre-sa, de la explotación de la naturaleza y con el objetivo de generar ganancias apropiadas de modo privado.

En consonancia con el carácter heterogéneo del contexto latinoamericano y mexicano, se da cuenta de proyectos y prácticas que constituyen un hori-zonte económico plural, constituido por economías solidarias, sociales, del trabajo, comunitarias, propias para la vida, del cuidado, feministas, étnicas, populares, etcétera; expresiones inscritas en una plataforma teórico/prác-tica orientada a la conformación y promoción de otra(s) economía(s). Tal horizonte muestra las múltiples maneras de imaginar, edificar, movilizar, apropiar, significar/resignificar la economía y la diversidad cognoscitiva con la cual se da cuenta de tal heterogeneidad y, en suma, de la diferencia económico/cultural (Quijano, 2012).

Se trata de impulsar relaciones sociales sujeto-sujeto, entre las personas y con la naturaleza; de impulsar la satisfacción de las necesidades a partir de la producción, distribución y consumo de valores de uso, instituyendo relacio-nes solidarias dentro y entre las diversas fases de lo que llamamos economía, en un amplio proceso de desmercantilización del trabajo, de la vida y de la naturaleza. Se deben impulsar políticas que contribuyan a que las experien-cias se apropien de una mayor parte del excedente económico en cada fase y en cada operación económica (Marañón, 2013b).

En ese sentido, es importante establecer una vinculación estrecha, sólida, entre producción y consumo, pues muchas veces la producción realizada so-bre bases recíprocas y solidarias, no logra ser adquirida por consumidores res-

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ponsables y solidarios, lo que revela la necesidad de estimular la organización del consumo a través de grupos de compradores en distintas modalidades y de la promoción de ferias solidarias.

Los vínculos entre producción y financiamiento también son muy débiles, lo que revela la ausencia de circuitos económicos solidarios, entendidos como los flujos físicos y flujos monetarios que se establecen para producir bienes y satis-facer las necesidades básicas, bajo relaciones sociales de reciprocidad. El poten-ciamiento y expansión de las experiencias y los circuitos económicos solidarios requiere pensar en un conjunto de políticas de apoyo en materia tecnológica, productiva, financiera, comercial y de infraestructura acordes a las mismas (López y Marañón, 2013).

Reflexiones finales

En México existen diversas experiencias de solidaridad económica en el ám-bito rural. Dichas experiencias tienen una racionalidad que se aleja de la ra-cionalidad económica instrumental, pues los objetivos que se persiguen desde las mismas tienen que ver con la búsqueda del bienestar colectivo y no la máxima ganancia individual. Para alcanzar dicho objetivo, las experiencias despliegan diversas prácticas que se diferencian de la visión hegemónica del homo oeconomicus orientado por una racionalidad instrumental, al que se le atribuye un comportamiento egoísta e individualista que busca el máximo bienestar material, y donde el espacio básico de interacción social es el mer-cado.

La aceptación de esta visión ha llevado a desconocer otras racionalidades y prácticas como las que arriba hemos ilustrado, lo que ha tenido su correlato en la forma como se elaboran y gestionan las políticas públicas, las cuales, al no dar cuenta de esta racionalidad alternativa, muchas veces entran en conflicto con las prácticas campesindias, al tratar de insertarlas de manera utilitarista al mercado, y forzando a adoptar un comportamiento empresarial que muchas veces les resulta ajeno; con esto, lo que se ha conseguido es des-estructurar diversas prácticas que han sostenido y sostienen la producción y reproducción en el mundo campesino.

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Esas políticas, además, no han sido realmente públicas porque no se han abierto espacios reales de participación social para los sujetos “beneficiarios” de dichas políticas; y muchas veces han estado orientadas con fines cliente-lares. Así pues, en el diseño y ejecución de políticas públicas, es necesario reconocer los elementos de esas racionalidades alternativas y las particulari-dades de las experiencias de solidaridad económica, de manera que desde las políticas sean realmente potenciadas.

Bibliografía

Barabas, Alicia (2003). “La ética del don en Oaxaca: los sistemas indígenas de reciprocidad” en Saúl Millán y Julieta Valle (coords.) La comunidad sin límites (Tomo I) México: inah

Bartra, Armando (2010). Campesindios. Aproximaciones a los campesinos en un continente colonizado. La Paz, ipdrs-Oxfam.

Contreras, Bartolomé, et al. (2014). “Comunidades Campesinas en Cami-no: una apuesta indígena campesina para desarrollar una economía solida-ria y fraterna entre los hombres y con la tierra” en Boris Marañón (coord.) Buen Vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instru-mentales. México, df: iiec/unam.

Chávez-Becker, Carlos (2010). Tensiones entre la legitimidad y la democracia: el caso de la unión de comunidades indígenas de la región del Istmo (uciri). Tesis para optar por el grado de Maestro en Estudios Políticos y Sociales. México, d.f.: fcpys, iis, crim, cisan, fes Acatlán/unam.

Chayanov, Alexander (1985[1925]). La organización de la unidad económica campesina. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

García y Medina, José Luis (2008). “El papel de los pequeños cafecultores de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (uciri) y el desarrollo del comercio justo” en Otra Economía (vol. II), núm. 2, riless.

Gasca, José (2014). “Comunalidad y gestión social de los recursos naturales en la Sierra Norte de Oaxaca” en Boris Marañón (coord.) Buen Vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales. México, df: iiec/unam.

120


Genro, Tarso (1999). “La ética política del presupuesto participativo” en Democracias participativas y cultura de paz. El gobierno de las ciudades en América Latina y el Caribe. México, df: Demos-Gobierno de la Ciudad de México-Unesco.

López, Dania (2014). “La reciprocidad en las prácticas de solidaridad eco-nómica en México” en Boris Marañón (coord.) Descolonialidad y cambio societal: experiencias de solidaridad económica en América Latina. México, df: Clacso-iiec/unam.

——, (2013). “La sociedad de producción rural Michiza o Yeni Navan <Luz viva>: la lucha contra el coyotaje en la comercialización del café” en Boris Marañón (coord.) La economía solidaria en México. México, df: iiec/unam.

—— y Boris Marañón (2013). Racionalidades y prácticas socioproductivas al-ternativas para el Buen Vivir. México, df: iiec/unam.

Marañón, Boris (en prensa). “Lineamientos para la construcción de políticas públicas que favorezcan la reproducción y consolidación de la solidaridad económica” en Boris Marañón (coord.) Hacia el impulso de la solidaridad económica. La imprescindible construcción participativa de las políticas pú-blicas, Instituto de Investigaciones Económicas, unam, México.

——, (2013a). “Comunidades Campesinas en Camino, una experiencia pro-ductiva colectiva en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca” en Boris Marañon (coord.) La economía solidaria en México. México, df: iiec/unam.

——, (2013b). Políticas públicas descoloniales para la solidaridad económica en el contexto de la crisis civilizatoria. Notas para la discusión colectiva. Ponen-cia presentada en el XXIX Congreso ALAS “Crisis y emergencias sociales en América Latina”, realizado del 29 de septiembre al 4 de octubre. Santia-go de Chile: ALAS.

——, (2012). “Hacia el horizonte alternativo de los discursos y prácticas de resistencias descoloniales. Notas sobre la solidaridad económica del Buen Vivir” en Boris Marañón (coord.) Solidaridad económica y potencialidades de transformación en América Latina. Una perspectiva descolonial. Buenos Aires, Argentina: Clacso.

121


Nájera, Enrique (2012). Colonialidad del poder y racionalidades liberadoras. El Centro de Desarrollo Agropecuario (Cedesa): una experiencia prefigurati-va hacia el Buen Vivir. Trabajo terminal para obtener el grado de Licenciado en Sociología. México, df: uam-Azcapotzalco.

Oliva, Leonides (2013). “Comunidades Campesinas en Camino (ccc): una apuesta para desarrollar una economía solidaria y fraterna entre los hom-bres y con la tierra” en Leila Oulhaj y Francisco Saucedo (coords.) Miradas sobre la economía social y solidaria en México. Puebla, México: uia.

Parra, Martins (2002). Liberdade e necessidade: empresas de trabalhadores autogeridas e a construcao sócio-política da economia. Dissertacao de Mes-trado, São Paulo, Brasil: Departamento de Sociología, Faculdade de Filoso-fia, Letras e Ciencias Humanas, Universidad de Sao Paulo.

Pérez-Fornies, Mireia (2011). La diversificación y la integración productiva como alternativa de desarrollo para los socios de la cooperativa Tosepan Titataniske: alcances y limitaciones en el contexto económico actual. Tesis para optar por el grado de Doctor en Economía. México, df: Facultad de Economía/unam.

Quijano, Olver (2012). EcoSImias. Visiones y prácticas de diferencia económi-co cultural en contextos de multiplicidad. Colombia: Universidad del Cauca Popayán.

Quijano, Aníbal (1998). La economía popular y sus caminos en América La-tina. Lima Perú: Mosca Azul.

Rubio, Marín y Blanca Rubio (2014). “Unidad, Desarrollo y Compromiso, Undeco: el cooperativismo como opción de educación y transformación social desde lo local” en Boris Marañón (coord.) Buen Vivir y descoloniali-dad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales. México, df: iiec/unam.

——, et al. (2013). Unidad, Desarrollo y Compromiso, Undeco: El cooperati-vismo integral y autónomo en la búsqueda de un proyecto de vida y socie-dad” en Boris Marañón (coord.) La economía solidaria en México. México, df: iiec/unam.

Schejtman, Alexander (1980). “Economía campesina: especificidad; articulación y diferenciación” en Revista de la cepal (núm. 11) Santiago de Chile: cepal.

122


Sosa, Patricia y Verónica Villarespe (2013). “Emprendimientos productivos colectivos en el mundo rural: el caso de Ixtlán, Oaxaca” en Boris Marañón (coord.) La economía solidaria en México. México, df: iiec/unam.

Rojas, Juan José (2006). Análisis del panorama asociativo presente en el lla-mado sector social de la economía mexicana. México: Universidad Autóno-ma Chapingo.

Roset, Peter y Maria Elena Martínez Torres (2013). “La Vía Campesina y Agroecología” en El libro abierto de Vía Campesina: celebrando 20 años de luchas y esperanzas. En línea: http://www.viacampesina.org/es/in-dex.php/publicaciones-mainmenu-30/1732-el-libro-abierto-de-la-via-campesina-celebrando-20-anos-de-luchas-y-esperanza. (Fecha de consul-ta: mayo de 2014).

Sabourin, Eric (2012). Campesinos, mercados y políticas públicas: Una lectu-ra por la reciprocidad. Lima, Perú: Universidad Antonio Ruiz de Montoya-Cirad.

Sabourin, Eric (2010). "Políticas públicas de desenvolvimento rural e reci-procidade” IV Encontro da Rede de Estudos Rurais. Curitiba, Brasil, 06 a 09 de julho.

Sabourin, Eric 2003 “Dádiva e reciprocidade nas sociedades rurais contem-poráneas” Encontro de Ciências Sociais do Norte e Nordeste, Sergipe, Brasil: CISO, Universidade Federal de Sergipe, agosto.

Toledo, Víctor y Narciso Barrera-Bassols (2008). La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Barcelona, España: Ica-ria.

Toledo, Víctor (1993). “La racionalidad ecológica de la producción campesi-na” en Eduardo Sevilla y Manuel González (eds.) Ecología, Campesinado e Historia. Madrid, España: La Piqueta.

Villarreal, Altagracia (1996). “Economía y desarrollo alternativo” en Pau-lino Montejo y Xuaco Arnaiz (comps.) Los pueblos de la esperanza frente al neoliberalismo: Pastoral Indígena. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.

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Migraciones laborales en la agroindustria azucarera: jornaleros nacionales y

centroamericanos en regiones cañeras de México*

Martha García Ortega

ResumenSe presentan los resultados de investigación de un proyecto de ciencia aplicada realizado en las regiones cañeras del sur-sureste de México, que tuvo entre sus objetivos conocer las características sociodemográficas de los cortadores de caña, jornaleros temporales nacionales e internaciona-les, insertos en la agroindustria azucarera. Tal perfil permite y orienta un primer acercamiento sociológico de la condición laboral y social de este grupo de atención prioritaria debido a su clasificación dentro de la población vulnerable, sector laboral del que hay una carencia de infor-mación tanto a nivel académico como institucional. Un eje central fue documentar las dinámicas de movilidad laboral de los trabajadores que se desplazan por la geografía agroindustrial mexicana de manera indivi-dual, grupal o familiar, sean jornaleros nacionales o trabajadores inter-nacionales provenientes en su gran mayoría de Guatemala y Belice. Por la orientación del estudio, se agregan algunas de las recomendaciones hechas al Poder Ejecutivo para la atención de esta población.

Palabras clave: jornaleros agrícolas; cortadores de caña; ingenios azucareros; migraciones laborales; trabajadores centroamericanos.

Introducción

Para entender la posición de la mano de obra agrícola en los mercados labo-rales de la agroindustria azucarera mexicana, amerita hacer un repaso por el contexto general en que se contrata, desplaza y sitúa esta fuerza de trabajo. La importancia del azúcar en México radica en varios puntos que escalan de lo regional a lo global: se trata de un producto básico en la canasta alimenticia del mexicano, la producción es para el mercado interno y en varios estados

* Fecha de recepción: 16 de octubre de 2014. Correo electrónico: [email protected]

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Estudios Agrarios | Martha García Ortega

del país es central en las economías locales por la generación de una amplia gama de empleos directos e indirectos, con beneficios en 3 millones de per-sonas. Finalmente, su fabricación es de competencia mundial pues el azúcar mexicana se coloca entre las diez primeras, según un estudio especializado (Colpos, 2003).

La producción de caña de azúcar se registra en 227 municipios de 15 es-tados del país, esta agroindustria tiene un efecto socioeconómico sobre 12 millones de personas que de una manera u otra se relacionan con las 734 mil 681 hectáreas de caña que se cultivan; el mapa nacional del azúcar cuenta con 57 ingenios en donde se emplean entre 60 mil y 80 mil cortadores de caña (Sagarpa, 2010; Colpos, 2003; Inegi, 2009).1

El cultivo e industrialización de la caña de azúcar demanda mano de obra a lo largo del año, tanto en campo como en fábrica, siendo el periodo más im-portante el de la zafra o cosecha que se presenta entre los meses de noviembre y junio en todo el territorio nacional, con labores agrícolas e industriales du-rante tres jornadas de trabajo de ocho horas, es decir, día y noche. Los recur-sos que moviliza son enormes dentro de los tres sectores económicos.

Entre las características de la mano de obra está la participación por sexo y edad, aunque la ocupación del corte de caña es eminentemente masculina, también participan mujeres y es común ver niños en los cañales a lado de sus padres; cabe destacar que, como se ha registrado en otros estudios, hay una concentración de la mano de obra juvenil2 (Sedesol y Unicef, 2006).

Una distinción final la marca el hecho de que algunos grupos de trabajado-res se trasladan a los lugares de destino con su familia, peculiaridad destacada en los cortadores de caña indígenas mexicanos y guatemaltecos que se dirigen a los ingenios de la frontera sur de México, ubicados en Huixtla (Chiapas), Tenosique (Tabasco) y Othón P. Blanco (Quintana Roo) donde se ocuparon

1 El sector crea más de 450 mil empleos directos con beneficios a poco más de 2.2 millones de per-sonas en su cadena productiva de cultivo e industrialización (Sagarpa, 2007).2 En algunos cultivos como el angú y el ejote, el empleo de jóvenes adolescentes de entre 13-14 años es notable (Sedesol y Unicef, 2006), y un lugar destacado lo ocupa esta población en el corte de café. En una de las zonas de abasto estudiadas, región cañera La Joya, 45% de los cortadores tenían edades entre 15 y 24 años (García, 2015); este grupo representó a las categorías usadas por el Consejo Nacional de Población que define a esta población como jóvenes adolescentes (15-19 años) y jóvenes adultos (20-24 años).

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Migraciones laborales en la agroindustria azucarera

en promedio 3 mil jornaleros cortadores de caña, de acuerdo con el dato de la zafra 2011-2012 (García, 2013b:11).

En las entidades limítrofes con Centroamérica existen siete ingenios: uno en Campeche, dos en Chiapas, tres en Tabasco y uno en Quintana Roo, en las que históricamente se han incorporado tanto a trabajadores nacionales como internacionales. En particular, las agroindustrias ubicadas en la frontera sur fueron creadas dentro de las estrategias del Estado mexicano para colonizar las tierras colindantes con los vecinos de Belice3 y Guatemala, y aprovechar los recursos agrológicos en estas zonas. La explotación de las tierras tropicales se materializó a finales de los años setenta con las primeras cosechas de la caña de azúcar que exigían una alta demanda de mano de obra.4

La importancia de estos enclaves es central en las economías regionales y hasta estatales, como en Quintana Roo, donde llega a ser el segundo sector económico, después y muy a distancia del turismo concentrado en el norte de la entidad teniendo como epicentro Cancún. En entidades como Chiapas, la producción de azúcar es un eslabón económico con otros sectores como la agricultura de exportación de café.

Del contexto productivo, el más reciente estudio oficial indica que la agro-industria azucarera mexicana vive un momento más de sus crisis cíclicas. Ubica el mayor reto para las empresas lograr más eficiencia y atraer inversión con el fin de elevar la producción de azúcar a su capacidad instalada actual que es del orden de 5 millones de toneladas. Asimismo, se identifican los si-guientes aspectos como los más sensibles de atender: rezago tecnológico en la industria como en técnicas de cultivo; bajos precios pagados al productor; infraestructura heterogénea (obsoleta o rezagada); problemas para obtener financiamiento; incipiente capacidad administrativa de los ingenios y la pe-netración legal de las organizaciones en las decisiones técnico-productivas; rezago y baja capacidad tecnológica en la producción primaria y altos niveles de endeudamiento de los ingenios.

3 Sobre el reparto agrario en esta zona consultar Fort (1979).4 Una hectárea de caña sembrada requiere entre diez y doce cortadores. La región cañera de Quin-tana Roo que abastece al ingenio de San Rafael de Pucté tiene alrededor de 30 mil hectáreas.

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En ese marco tecnológico y productivo, así como de crisis cíclicas y de ries-gos latentes, como también de los horizontes del desarrollo de la agroindus-tria azucarera mexicana en general (Aguilar, Galindo, Fortanelli y Contreras, 2011), el mercado de trabajo que demanda este sector se sostiene sobre un modelo precario en términos de la desregulación laboral, control político y desatención institucional social.

Las condiciones en que se insertan los jornaleros agrícolas cortadores de caña resultan ser las más extremas dentro del campo mexicano debido al desgaste físico, condiciones climáticas y desprotección laboral. Esta situación se presenta tanto en trabajadores locales (mexicanos con una alta presencia indígena y algunos extranjeros ya asentados), y trabajadores internacionales (algunos con permisos migratorios laborales).

Nota metodológica

En las temporadas de las zafras nacionales 2010-2011 y 2011-2012, El Co-legio de la Frontera Sur llevó a cabo un estudio sobre las condiciones en las que se encontraba la población jornalera trabajadora en las regiones cañeras en México. Esta investigación se enmarcó en el proyecto de Fondos Sectoria-les Sedesol-Conacyt, Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública, y centró sus objetivos en los cortadores de caña, migrantes y locales, que año con año participan en la cosecha de este cultivo en los ingenios de esta amplia región en la que se había confirmado la presencia de trabajadores migrantes internacionales y naciona-les (García, 2012 y 2013a).

Parte del estudio se orientó a la construcción de un índice de vulnerabilidad laboral y social compuesto por variables cuantitativas y cualitativas, incorpo-rando las dimensiones de precariedad laboral, acceso a derechos y segrega-ción espacial. La integración de estas variables respondió a la información re-cabada con antelación en campo y probada con un cuestionario piloto (zafra 2010-2011) que dio pie a la encuesta del siguiente periodo de cosecha 2011-2012. La interpretación de resultados que se presentan se sostiene en la sis-tematización y el análisis de los datos recogidos en los recorridos y estancias

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en campamentos (galeras), hogares, campos y comunidades cañeras, además de la consulta con servidores públicos, agentes empresariales, productores y líderes cañeros.

Las regiones agroindustriales de estudio fueron las siguientes: La Joya en Campeche, Huixtla en Chiapas, Adolfo López Mateos en Oaxaca, San Rafael Pucté en Quintana Roo, Azsuremex en Tabasco y La Providencia y Tres Va-lles en Veracruz (Mapa 1), donde en total se registraron 10,008 cortadores de caña para la cosecha de la vara dulce. A lo largo de los meses de noviembre a junio (periodo convencional de la zafra a escala nacional), se logró encuestar un total de 5 mil 541 personas en las distintas regiones cañeras.5

Mapa 1. Regiones cañeras

Proyecto Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública. Ecosur- Sedesol-Conacyt.

5 Esta muestra es en apariencia elevada, pero interesaba recoger la mayor información posible en torno a las características sociales de los cortadores migrantes, dada su gran diversidad de orígenes, filiación étnica y de nacionalidad (García, 2013a).

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De esa forma, la pretensión de este artículo es resaltar las características so-ciodemográficas de los cortadores de caña en los siete ingenios mencionados, con énfasis en la condición migratoria en términos de considerar poblaciones mixtas de jornaleros migrantes, tanto nacionales como extranjeros en un sec-tor del cual se carecía de información dentro de la literatura especializada. Al mismo tiempo se analizan algunos aspectos relacionados con la vulnerabili-dad laboral y social de estos trabajadores.

El interés se centró en los cortadores de caña que anualmente participan en la zafra (cosecha de este cultivo) entre noviembre y junio en los siete ingenios del sur-sureste mexicano identificados líneas arriba. Como primer registro interesó documentar el índice de vulnerabilidad laboral y social, en tanto que los objetivos secundarios apuntaron a conocer las características sociodemográficas de los cor-tadores de caña en su condición de jornaleros locales y jornaleros foráneos.

Estas dos categorías pertenecen a la clasificación general vigente en el mer-cado laboral de la agroindustria azucarera, permite distinguir a quienes viven o trabajan en las regiones cañeras frente aquellos que se trasladan a esos luga-res a laborar en el corte de la vara dulce permaneciendo fuera de sus lugares de origen por el periodo de la zafra que llega a ser hasta de seis meses.

Cabe señalar que los llamados cortadores foráneos son migrantes y pueden ser nacionales o extranjeros, sobre todo provenientes de Guatemala o Belice; algunos de estos grupos de trabajadores viajan con sus familias como los de origen indígena mexicanos y guatemaltecos.

La recopilación de información se acotó a esas categorías, “foráneos” y “lo-cales”, utilizadas por los empleadores, sin embargo, a escala local existen otras nociones que se usan para designar y distinguir a los grupos de jornaleros del azúcar. Esas definiciones comunes usadas en las zonas cañeras son “migran-tes” (foráneos) y “caseros” (locales). Sobre esta distinción se establecen otras que aluden al compromiso de trabajo a través de las denominaciones de “cor-tadores contratados” y “cortadores libres”, los primeros reciben enganche y son mano de obra cautiva, y los segundos no (no reciben enganche y tienen horarios de trabajo flexibles y a modo).

De la muestra de más de 5 mil jornaleros cortadores de caña, 62% estuvo representado por población local, personas que viven dentro de las regiones

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azucareras. Como se mencionó, estos trabajadores podrían tener como lu-gar de nacimiento otra localidad, municipio, estado o país, pero su singu-laridad local radicaba en que ya estaban asentados familiar y laboralmente en la región productora de caña, y eran empleados en la cosecha del ingenio respectivo. Mientras, el resto de la población (38%) estuvo representada por población foránea cuya principal característica era que tenían como lugar de residencia tradicional localidades alejadas de la región productora en distan-cias que difieren, pero que no les permitía ir y venir a diario a los lugares de trabajo; la residencia habitual de estos trabajadores podía ser incluso en otra entidad o país. Como se verá más adelante, esto concuerda con los casos de cortadores beliceños que viven en las localidades cercanas de la zona cañera de Quintana Roo, solo dividas por el Río Hondo.

Si bien durante el tiempo de levantamiento de la aplicación de la encuesta y el trabajo de campo se distinguió entre locales y foráneos (Cuadro 1), el interés principal era detectar las características sociodemográficas y las con-diciones laborales y de inserción social de la población jornalera en general. De ahí la aplicación de preguntas similares al conjunto de población y solo se hizo distinción en algunos casos, pues se consideró que no se podía homoge-nizar a la población.

Cuadro 1. Población entrevistada (zafra 2011-2012)

Nombre del ingenio Población local Población foráneaLa Joya 568 ---Huixtla 185 490Adolfo López Mateos 652 379San Rafael de Pucté 398 493Azsuremex-Tenosique 522 98La Providencia 247 430Tres Valles 886 193Total 3 458 2 083

Fuente: Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del sur-sureste: retos para la política pública. Ecosur-Sedesol-Conacyt.

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Aunque este contraste metodológico tiene de fondo diferenciar a la po-blación, en este trabajo se presentarán las características de los trabajadores migrantes foráneos nacionales y extranjeros destacando la experiencia de su movilidad laboral.

Itinerarios laborales

Al abordar las características sociodemográficas de la población jornalera em-pleada en el corte de caña de azúcar, se descubrió la importancia de su movili-dad laboral en términos de la centralidad de sus itinerarios, a favor de una alta especialización en este tipo de trabajo, ocupación en la que se emplean funda-mentalmente hombres. Existen cuatro elementos relevantes que contribuyen a que estos trabajadores garanticen la especialización en las tareas asignadas en el proceso de la cosecha: su inserción anual en cada zafra, la transmisión generacional de este oficio, el conocimiento del mercado laboral y su movili-dad en un circuito que incluye México y Centroamérica.

Respecto a la ocupación anual y el conocimiento del mercado laboral agro-industrial, los resultados confirman la participación de estos jornaleros en más de una zafra. Dicho aspecto que contempla desde la reciente incorpo-ración de los jóvenes indígenas del norte de Chiapas en los ingenios de Ta-basco y Quintana Roo, como la presencia de los experimentados cortadores de Veracruz, jóvenes y maduros, ya que algunos comenzaron en este oficio de niños. Esta característica se agrega al amplio conocimiento del mercado laboral en las regiones cañeras de México y Centroamérica, puesto que entre estos trabaja-dores hay quienes han laborado en varios campos cañeros correspondientes a más de cincuenta ingenios.

Por razones obvias Veracruz, con alrededor de la mitad de los ingenios en México, es el estado donde los trabajadores agrícolas encuestados han tenido mayor movilidad laboral en el circuito de las zafras nacionales. Estos corta-dores responden a la demanda de mano de obra con los productores de caña que abastecen a los ingenios de San José de Abajo, Tres Valles, Motzorongo, La Constancia, La Gloria y El Potrero, zonas donde la disputa por los trabaja-dores es amplia debido a la cercanía de los ingenios.

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Otras regiones, en alguno de los 14 estados cañeros restantes en el país, también se reportan dentro de los itinerarios laborales anuales de los jorna-leros del azúcar, siendo Santa Rosalía (Tabasco), San Rafael de Pucté (Quin-tana Roo), Adolfo López Mateos (Oaxaca) y Pujiltic (Chiapas) las que tienen mayor incidencia en esos circuitos.

En términos generales, los ingenios considerados en este estudio corres-ponden a las regiones azucareras del Golfo y Sureste, dos de las zonas cañeras en que se ha dividido la geografía productiva nacional. En tanto que la movili-dad de los trabajadores agrícolas se extiende a las otras tres: Centro, Huasteca y Occidente.

Las migraciones laborales de los trabajadores internacionales se enmarcan mayormente en las zonas cañeras de Belice Sugar Industries (Belice) y (La Unión y El Pilar (Guatemala). Resulta lógico señalar que los cortadores de caña internacionales tienen experiencias de trabajo en el corte en otros inge-nios de Centroamérica, y se dan los casos en que guatemaltecos empleados en la zafra en Chiapas, se aventuren a Belice o Quintana Roo. En el ingenio de Tres Valles se logró entrevistar a una pareja de beliceños (ambos se encon-traban en unión libre y vivían con su pequeña hija en un ejido productor de caña).

Acerca de la condición generacional, cabe destacar que se trata de una ac-tividad desempeñada por lo menos desde hace cuatro generaciones dentro de ciertas familias jornaleras, como lo constatan los casos de los grupos de trabajadores de Veracruz, estado donde la producción de la caña de azúcar es sobresaliente al albergar casi la mitad de los ingenios en México como ya se indicó.

Sin descartar que ciertos trabajadores marquen un itinerario fortuito (invi-taciones inesperadas para “ir a conocer”, o acompañar a un pariente o amigo a la zafra en otras partes), sí existe conocimiento de las oportunidades de tra-bajo, sobre todo cuando “tienen bien medidos” los tiempos de cosecha. Esta expectativa también se asocia con las relaciones tendidas con los intermedia-rios (enganchadores o jefes de cosecha), e incluso productores particulares.

La tradición familiar fue un dato buscado en la investigación como parte del interés alrededor de distintos temas que ayudarán a identificar el perfil

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de los trabajadores agrícolas en el corte de caña en el sur-sureste. Por eso se consideró un aspecto relacionado con la tradición, prácticas ya enraizadas y trasmitidas generación tras generación entre la población jornalera cortadora de caña.

En primer lugar, resultó sugerente observar que una gran mayoría de jorna-leros comienza una vida laboral a una edad muy joven. De hecho, el grueso de la población cortadora de caña, entre 10 y 34 años, representa casi 80%, siendo el grupo de edad más destacado los que se ubican entre las edades de 15 a 19 años (30%). Información adicional interesante es que la mitad de jor-naleros de la caña son solteros, y una tercera parte son casados, 13% reportó estar en unión libre.

La información rescatada en la encuesta y registros de campo indican que la mayor parte de los trabajadores se han incorporado al trabajo a edades muy jóvenes, incluso muchos de ellos se integraron desde niños al trabajo del corte de caña. Este tema resultó delicado en virtud de las disposiciones legales sobre el trabajo infantil, aunque la presencia de niños en el corte fue documentada en la encuesta y en los recorridos en los cañaverales. En algunos casos, los niños cortadores iban en calidad de acompañantes del padre, pero otros ado-lescentes sí eran acompañantes laborales.

Del total de trabajadores que fueron encuestados, 30% señaló haber em-pezado a cortar caña entre los 5 y 14 años, lo cual significa que poco más de una cuarta parte de ellos era niño cuando se inició en el corte de caña. Dos terceras partes de los jornaleros son jóvenes en plena edad productiva (15 y 29 años), y apenas 12% era adulto (entre 30 y 59 años). Dentro de esta in-formación se ubicó la presencia de personas de la tercera edad, su porcentaje es apenas poco más de 1%.

Una manera de conocer qué tan vieja es la tradición de cortadores en las familias, se consideró un par de preguntas que permitieran conocer qué tan-to se ha conservado y trasmitido esta actividad entre esta población. A este respecto se encontró que 26% de los trabajadores tenían por lo menos de un antecesor cortador a través de un abuelo, 60% de los trabajadores dijeron que sus abuelos nunca trabajaron como cortadores, 7% no sabía si sus abuelos habían trabajado como cortadores y 7% no contestó a esta pregunta.

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Para completar la información sobre tradición familiar del trabajo en este sector, además se cuestionó si los padres habían trabajado como cortadores de caña alguna vez en su vida. Ante esta pregunta poco más de la mitad de ellos señaló que sus padres han trabajado como jornaleros en el corte de caña (53%), mientras 45% de los trabajadores respondió que sus padres no han trabajado como cortadores, 2% no sabe o no tiene conocimiento sobre si sus padres trabajaron como jornaleros en la caña, y 0.3% no respondió la pregun-ta.

Pero no solamente interesaba saber si los antecesores de los trabajadores habían sido también jornaleros, también se necesitaba conocer si esta tra-dición era transmitida a los descendientes de los trabajadores, por lo que se preguntó si sus hijos trabajaban en el corte o en su caso, si le gustaría que sus hijos trabajaran en su momento.

Niños y mujeres en el corte de caña

Entre los cortadores del sur-sureste se encontró que más de la mitad de los encuestados señaló que sus hijos menores de edad no trabajan cortando caña, quedando 9% de los jornaleros con hijos trabajando. Una tercera parte de los que fueron encuestados no respondió este cuestionamiento. Este último dato es importante dado que esta variable se puede relacionar con la negación del trabajo infantil, pues en regiones como en Huixtla, donde la participación de niños y jóvenes menores de 18 años es patente en el campo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está al tanto. Esta dependencia colgó sendas mantas en las galeras informando la prohibición del trabajo in-fantil, de madres lactantes y mujeres embarazadas.

Si bien la pregunta sobre si los hijos de los trabajadores estaban cortando caña en ese momento no funcionó como se esperaba, la respuesta negativa podría tener la intención de ocultar el hecho de que los padres muchas veces llevan a los niños a los lugares de trabajo con la intención de fomentar el aprendizaje “del campo”. De cualquier manera, los resultados muestran una imagen totalmente distinta a lo que de forma reiterada se encontró en campo.

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Resulta oportuno precisar que el trabajo infantil en las regiones cañeras es un tema en la agenda de la Organización Internacional del Trabajo.6

En el caso de la cosecha de la caña de azúcar la presencia de niños y perso-nas menores a 18 años, responde a diversos motivos asociados con la tradi-ción regional cañera; desde edades tempranas los cortadores son llevados por sus padres al campo como acompañantes en el que le son asignadas tareas simples, con el fin de encaminarlos en el “duro trabajo del campo” y es en ese marco que le son transmitidos valores sobre el trabajo, “el único trabajo” al que podrían acceder de grandes.7

Empero, en un camino opuesto, hay menores y adolescentes cortando caña de quienes se espera la aportación puntual de su trabajo. Esta situación se presenta sobre todo entre los grupos de cortadores que llegan con su familia, como en el caso de los cortadores de caña de extracción indígena, tanto na-cionales como extranjeros. Un aspecto que podría contribuir a la presencia de los niños en el trabajo en el campo es la falta de opciones educativas en las galeras: de las sietes regiones cañeras estudiadas solo en el de Quintana Roo se contaba con “aulas” escolares, aunque en este ejemplo los programas pertinentes no se aplicaban a cabalidad y las instalaciones no eran adecuadas y, en cuanto a los instructores, su presencia era eventual.

Aun teniendo conocimiento de que muchos de los trabajadores que habían llegado lo hacían solos y que otros eran solteros, se preguntó a todos sin dis-tinción si cuando tuvieran hijos les gustaría que estos trabajaran en ese mismo oficio. Para más de la mitad de los trabajadores ser jornalero no es una opción deseable para sus hijos. Apenas una tercera parte, además de considerar que sus hijos tuvieran en el futuro esta ocupación, argumentó los valores positivos de este trabajo.

Independientemente de la respuesta sobre el deseo que sus hijos trabajaran en el corte de caña, se les cuestionó el por qué les gustaría o no que sus hijos 6 El agrícola es el sector económico que mayor trabajo infantil ocupa, y hay un programa interna-cional para erradicar la participación de niños-as en el cultivo de la caña de azúcar a cargo de la Organización Internacional del Trabajo (oit). Más información en el portal oficial en su liga Cero tolerancia al trabajo infantil en la cadena de valor de la agroindustria de la caña de azúcar en Mé-xico (Falcón, 2010).7 En el mencionado proyecto de Jornaleros se captó la tradición familiar de este oficio por cuatro generaciones, teniendo a ego como referente: abuelo, padre, ego e hijo (García, 2012).

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se emplearan como jornaleros en la agroindustria. La gama de respuesta fue amplia, pues en ocasiones la respuesta no necesariamente coincidía con lo manifestado anteriormente. Hay que recordar que en la mayoría de los jor-naleros se advertía que no les gustaba que sus hijos se dedicaran a tal oficio. Sin embargo, al justificar su contestación, las respuestas señalaban situacio-nes totalmente distintas, pues debido a que esta era una pregunta abierta las contestaciones eran diversas. No obstante, la mayoría de ellas coincidía en que el corte de caña es para muchos de ellos un trabajo honrado que ayuda a los menores a adquirir conocimiento de una actividad que, en el futuro, les permitirá tener opciones de trabajo debido principalmente a que dentro de sus lugares de origen no hay empleo.

Dentro de la combinación de respuestas, se ubican otras referidas al corte de caña como un empleo pesado, sucio, mal pagado. De ahí la expectativa educativa sobre la laboral para los hijos menores de edad, aspiración funda-ba en la idea de que las siguientes generaciones no pasen por la experiencia de este “duro trabajo”, “mal pagado”. Ello frente al reconocimiento que esta ocupación es la única en sus regiones, segura y que no falta cada temporada.

Las mujeres cortadoras ubicadas en la zafra 2011-2012 en las siete regio-nes cañeras representaron un porcentaje muy bajo. Como se indicó al inicio, en esta ocupación se emplean fundamentalmente hombres, aunque las muje-res tienen muy buena reputación como excelentes cortadoras son muy pocas las que se miran en los cañales. De las personas encuestadas, poco más de la mitad eran esposas, 20% era hija, 6% dijo ser jefa de familia y 5% acompaña-ban a los hermanos o parientes en el trabajo, y 1% apuntó haber llegado sola al lugar.

Sobre la participación femenina se puede decir que las mujeres cortado-ras no se registran como trabajadoras activas, reproducen el mismo patrón reportado en otros cultivos en el sentido que son acompañantes laborales. Estas trabajadoras suelen ser agentes de doble o triple jornada al encargarse también de las labores domésticas, y es común encontrarlas en las labores del campo cuidando al mismo tiempo a sus hijos. Estas imágenes son frecuentes en los cañales del ingenio Tres Valles donde se observó cunas improvisadas amarradas a medio campo con una sombra de plástico.

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Las mujeres se encuentran en desventaja al tener menor escolaridad: fren-te al 68% de los hombres que reportaron saber leer y escribir, 48% de las mujeres tenían esa facultad. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el promedio de escolaridad es de aproximadamente 3.6 años para hombres y 2.7 para las mujeres. En el total de los ingenios, el promedio general de escolari-dad de los cortadores es menor a la primaria terminada.

Productores, campesinos y peones

Estos jornaleros combinan su inserción laboral en la agroindustria del azúcar con sus labores campesinas. En efecto, se trata de campesinos de diversa ex-tracción: unos carecen de tierra (60%) y se emplean como peones en sus lu-gares de origen, desplazándose a cortas distancias para trabajar en los cultivos regionales como lo hacen los veracruzanos dedicados al corte de la malanga y jitomate en la región de la sierra de Veracruz. Otros se ocupan de sus tie-rras en la siembra de maíz y frijol (zapotecos de Oaxaca y de Guatemala), y animales de labor, en tanto que unos más producen café para comerciar y complementar parte de sus gastos familiares. Una gran ironía es que algunos cortadores de caña también productores de café, compran azúcar y café para su dieta básica diaria.

Una lógica diferente la tienen los chiapanecos que van y vienen para aten-der sus hogares, familia y tierras. Los jóvenes que arriban a la zafra en el ingenio de Azsuremex-Tenosique cuentan con una organizada ruta de ida y vuelta por fines de semana en que se intercambian los trabajadores en una línea de familia extensa. Las comunidades de origen están a menos de cinco horas. Esto ocurre también con los chiapanecos y zapotecos que van al inge-nio de San Rafael de Pucté en Quintana Roo, aunque las distancias son más largas y los trayectos suelen ser de ocho horas. En síntesis, hay toda una red transportista que auspicia estos agitados itinerarios desde los municipios del norte de Chiapas y de Oaxaca.

Para avanzar en este breve perfil de los cortadores de caña y conocer algu-nas de las características sociodemográficas, la información reafirma la condi-ción familiar y migratoria de los grupos de trabajadores agrícolas, así como la

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participación de mano de obra femenina donde las mujeres suelen ser “acom-pañantes” en el trabajo de su pareja. El caso ejemplar de la participación fami-liar es el de Tres Valles, donde se constató en campo la participación laboral de esposas y mujeres trabajadoras independientes (jóvenes y maduras). Se trataba de contingentes laborales indígenas provenientes de la sierra de Zon-golica en Veracruz.

Respecto a la alta movilidad de personas por los ingenios del sur-sureste, la investigación verificó la participación de grupos de trabajadores agrícolas en zonas cañeras de Centroamérica. Es más, el desplazamiento de estos cortado-res encuestados se registra a lo largo y ancho de cincuenta regiones cañeras entre las regiones de estudio e ingenios de Guatemala y Belice, dato que tam-bién abona a la especialización de estos grupos de jornaleros.

En regiones como la frontera de México con Belice, el caso es ejemplar en tanto que existen dos ingenios azucareros transfronterizos: el de San Ra-fael de Pucté (Quintana Roo) y el Belize Sugar Industries (Distrito de Orange Walk) interfaces donde históricamente se da un intercambio de mano de obra mexicana y beliceña. De hecho, en ambos lados de la frontera hay población residente, de uno y otro lado, que hace décadas cortaban caña: en la región beliceña se habla del método “jarocho” o “jarochear” en la zafra (cargar a hombro las varas cortadas) (García, 2013).

Sobre el lugar de nacimiento de la población empleada para el corte de caña en los ingenios de referencia, se aprecia que tanto los trabajadores encuesta-dos locales como foráneos señalaron que tuvieron como lugar de nacimiento el mismo estado en donde trabajaban. Es decir, en el caso de los migrantes, muchos de los cortadores de caña se trasladan de un municipio a otro den-tro de la misma entidad-estado en busca de trabajo, aunque sea de manera temporal. Mientras, quienes provienen de otras entidades ocupan el segundo lugar, y esto es válido para la población local como foránea. Llama la atención que quienes hoy se definen como locales tuvieron como lugar de nacimiento otros estados de la República Mexicana, razón que hace suponer que se trata de población que llegó con oportunidades de establecerse cerca del centro de trabajo. Cabe recordar que ingenios como los de la frontera sur cuentan con

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escasos 30 años, y los ingenios establecidos para la producción de caña tuvie-ron como antecedente proyectos de colonización dirigida.

En tanto que la distinción de locales con los foráneos es que estos últimos se trasladan temporalmente o se han instalado por más tiempo en sus luga-res de trabajo. Al respecto, vale la pena precisar la disposición de mano de obra permanente a lo largo de la producción de la caña de azúcar en ciertas regiones ,donde los trabajadores “temporales” quedan a disposición de los productores. Esta situación trae aparejado un proceso de asentamiento que se ha convertido en permanente. En Quintana Roo se logró documentar la ins-talación de familias completas y trabajadores “solos” en los cuartos de galera con una temporalidad entre tres y 20 años, cuestión que es válida para otras regiones cañeras.

Finalmente, en tercer lugar se encuentran trabajadores internacionales so-bre todo en las regiones cañeras de la frontera sur. Para el caso de los cortado-res que arriban de otro país –locales como foráneos– el dato es notable para los estados de la frontera sur de México: Belice en Quintana Roo, Guatemala en Chiapas, incluso para Campeche (Santos y García, 2014; García y Decos-se, 2014), estados donde se registraron procesos de colonización y asenta-miento a finales del siglo xx y en donde se presentan migraciones laborales tradicionales.

Las decisiones sobre la elección del mercado de trabajo agroindustrial son diversas: interviene la oferta de jugosos enganches, por ejemplo, en la cosecha de caña (2011-2012) el pago de enganche estuvo entre $200.00 (Huixtla) y $3,000.00 (San Rafael de Pucté). En los complejos azucareros veracruza-nos los enganches suelen elevarse a $6,000.00; una de las zonas de mayor demanda de mano de obra para la zafra es la región de Córdoba donde los enganches pueden ofertarse altos dado el complejo agroindustrial azucarero que existe.

En un sentido opuesto, en la lista de causas para trasladarse en busca de empleo en el corte de caña fuera del lugar de origen está la planeación de los periodos de cosecha regionales, donde los jornaleros se acomodan para moverse de un lugar a otro ajustando fechas y trasladándose de zona a zona (entre noviembre y junio).

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En esta lógica, no podrían participar en más de dos zafras completas, es decir, se emplean en regiones donde la cosecha de caña dura cuatro meses para después moverse (de manera individual o grupal), por invitación (de enganchadores o jefes de cosecha) o iniciativa propia, a terminar la zafra en otras zonas, de tal manera que “ayuden” al cierre. Esto suele ocurrir cuando cuadrillas enteras se retiran del trabajo por malas condiciones laborales.

En la zafra estudiada, el ingenio de Belice tuvo problemas técnicos y no contrató a los jornaleros beliceños que viven en las localidades de la frontera, por lo que hubo una alta participación de cortadores beliceños en la región azucarera de Quintana Roo. Pero tradicionalmente, hay “mano de obra libre” (hay que recordar que son aquellos que carecen de “contrato”), trabajadores que van y vienen a trabajar a esta zona de la frontera sur de México. Otra motivación para emplearse o contratarse fuera de su lugar de origen, es vía enganche8 según el ofrecimiento (que no cumplimiento) de buenas condicio-nes de trabajo (incluyendo traslado, tipo de alojamiento, dotación de herra-mientas para el trabajo y hasta alimentación), a diferencia de lo que pueden ofrecerle a un cortador de caña cerca de su residencia habitual.

Los contratistas o enganchadores son los intermediarios entre el trabajador agrícola y los productores de azúcar, quienes son los responsables de la con-tratación de mano de obra; estos pequeños empresarios del azúcar (ejidata-rios y “pequeños propietarios”) son agentes económicos organizados en dos grandes agrupaciones del Partido Revolucionario Institucional: la Confedera-ción Nacional Campesina (cnc) y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (cnpr), y su influencia es tajante en todas las regiones cañeras frente a las escasas de las organizaciones independientes dentro de este sector.

Cortadores foráneos (nacionales e internacionales)

Cuando se indagó sobre las entidades que proporcionaban el mayor número de mano de obra a los centros de trabajo de las siete regiones de estudio, se encontró que una gran parte proviene de estados como Oaxaca, Chiapas, Ve-racruz y Tabasco, el total de estados que proveyeron mano de obra a los inge-

8 Sobre el tema del enganche, ver entre otros a Lara (2008).

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nios de estudio fueron 19. Llama la atención que a pesar que dentro de estas mismas entidades se puedan localizar centros de trabajo, la población prefiere cambiar de residencia hacia otras entidades que proporcionan el mismo tipo de trabajo, en este caso jornales a destajo por el corte de caña.

Una hipótesis probable sobre esta situación puede orientarse desde la temá-tica de la precariedad laboral y social, que empuja a grandes grupos de trabajo a la diversificación y a la búsqueda de la compensación asistencial, a través de los programas y “arreglos” laborales a costa de ajustar su movilidad en con-secuencia. Este último hecho, que se analiza en otros textos, tiene una enorme importancia dado que forma parte del sistema de valores que domina en el mercado de trabajo agroindustrial azucarero, y funciona en los niveles intermedios de contratación.

Tal y como ocurre en las regiones de mano de obra jornalera en México, entre los trabajadores agrícolas del corte de caña la presencia indígena es no-table en la medida que su participación queda muy visible por tratarse de des-plazamientos familiares, aun y cuando pudiera haber grupos de trabajadores “solos”, sobre todo jóvenes. Los grupos indígenas -incorporados al corte de caña en la zafra reportada 2010-2012-, son de las regiones del centro y sur-sureste: tzeltal, tzotzil y chol de Chiapas, nahua y chinanteco de Veracruz, zapoteco de Oaxaca, maya de Quintana Roo, nahua y mazateco de Puebla, y mam, chuj y cakchiquel en Campeche (ya asentados, no se trata de trabajado-res internacionales) (García y Santos, 2015). En el mismo espectro están los cortadores beliceños de origen afrodescendiente (García, 2013).

Entre los orígenes de grupos y familias de cortadores que se desplazaron por los siete ingenios de estudio, están en orden de importancia (Gráfica 1): Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, además de otros estados del resto de la República Mexicana como Morelos, Coahuila, Jalisco, Distrito Federal, Hi-dalgo, Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Sonora y San Luis Potosí (que en su mayoría tienen zonas cañeras).

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Gráfica 1. Principales entidades señaladas por la población foránea como lugar de nacimiento


La información de la encuesta permitió conocer a quienes llegaron de otros países, si bien el número que corresponde parece ser menor de toda la mues-tra, en algunos de los ingenios la cifra que representa a estos grupos de tra-bajadores internacionales es importante como se aprecia especialmente en Chiapas y Quintana Roo. Un elemento que vale la pena subrayar y precisar es el relativo a la población trabajadora en la zona de La Joya, Campeche, donde se documentó a cortadores extranjeros oriundos de Guatemala. No obstante, este dato es revertido en virtud que se trata de los refugiados de Guatemala que fueron trasladados a Campeche en la década de los ochenta. Su situación migratoria cambió por el proceso de integración y nacionalización, y dada su residencia habitual en los ejidos de la región cañera, su categoría es de locales con su diversificación étnica, como se anotó líneas arriba.

Por su parte, los cortadores de Huixtla, Chiapas, los oriundos de otros paí-ses señalaron como principal lugar de origen Guatemala: 90% de ellos nació

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en esa nación. En ese orden, para el caso de San Rafael de Pucté, Quintana Roo, están los que llegaron de Belice (9%), Honduras y El Salvador con me-nos de 1%, respectivamente (Gráfica 2).

Gráfica 2. Países señalados por la población foránea como lugar de naci-miento


En los contextos laborales transfronterizos es imperativo conocer la condi-ción migratoria de los trabajadores internacionales debido a las implicaciones en los derechos laborales y humanos. La ausencia de “papeles”, es decir, de la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (fmtf), ha sido fuente de innu-merables abusos de parte de empleadores como de servidores públicos. Para averiguar esta situación laboral particular en los ingenios de la frontera sur, se les cuestionó sobre la condición migratoria en su calidad de trabajadores internacionales temporales. Poco menos de las tres cuartas partes dijo contar con permisos de trabajo, 29% no contaba con documentos, y menos de 1% no sabía o no contestó acerca de la situación migratoria en la que se encontraba.

Quienes aseguraron contar con documentos para trabajar en el país, ade-más se les preguntó quién tramitó la forma migratoria. Las respuestas revela-ron una experiencia en este tipo de papeleo, pues casi la mitad respondió que

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ellos mismos habían hecho sus trámites para trabajar en el corte de caña.9 El 18% dijo que alguien le tramitó la fmtf; en tanto que un porcentaje impor-tante (37%), apuntó que no sabía quién había tramitado el permiso laboral; escasamente 3% aseguró que recibe ayuda de otra persona o familiar.

La mayoría de reportes afirmativos sobre la fmtf apunta que es el personal de la empresa quien tramita los permisos con el Instituto Nacional de Migra-ción para que trabajen en México, en este caso se aludía a los jefe de cose-cha (representantes de los productores que contratan cortadores) en Huixtla, donde el tema se trata de manera reservada por los diferentes problemas que entraña. Entre los aspectos más sentidos por los productores están los costos del traslado de esos trabajadores internacionales, sobre todo en relación con las estancias, tiempos y gasto que implica el proceso, no así el trámite que es gratuito.10

Los directamente involucrados en este proceso administrativo son los re-presentantes de los productores al frente de la organización del corte de caña: jefe de grupo, presidente o jefe de cosecha y comisionado (entre los nombres que reciben), se trata de los representantes de las organizaciones de produc-tores que pueden ser de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina (cnc) o de la Unión Nacional de Cañeros, ac, de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (cnpr).

A lo largo de esta investigación, se constató la importancia de los interme-diarios o enganchadores. Esta figura la protagoniza el cabo (quien está a cargo de los grupos de trabajo y es el agente intermediario entre los cortadores y el representante de los productores en la mayoría de las veces); dicho agente resultó ser el que mayor cobertura tiene (en más de la mitad de los casos) al apoyar a los cortadores en el trámite para trabajar, seguido del contratista (19%).

9 Al manejar la base de datos del Instituto Nacional de Migración sobre los registros de la fmtf, se arrojó el resultado de estos permisos suelen ser solicitados mayormente por trabajadores agrícolas que van a Chiapas para el periodo 2008-2012. Al respecto consultar el portal del inm.10 El programa de la fmtf está vigente desde 2008; su establecimiento responde a la necesidad de facilitar la internación de trabajadores de Guatemala y Belice interesados en emplearse en cual-quier sector económico en Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Poco se hace uso de este recurso (García, 2013).

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Como se subrayó anteriormente, en esta investigación se estableció la distinción entre la población que vive en las regiones productoras de azú-car como aquella que llegaba de otros municipios, entidades e incluso países. Cabe recordar que a esta condición se le ubicó con la categoría “foránea”, sean nacionales o extranjeros.

Otra diferencia entre los trabajadores agrícolas del azúcar son los extranje-ros que contestaron haber nacido en otro país y que en la actualidad residen en el lugar donde se levantó la encuesta. Esta población representa 5% de la muestra a la que se aplicó el cuestionario. A este mismo grupo se le preguntó sobre su situación migratoria, a este respecto se sabe que tres cuartas partes de la población que se encuentra en esta situación cuenta con documentación migratoria en regla, mientras que solo 13% de ellos no tiene documentación que certifique su estancia regular para trabajar dentro del país; 8% no contestó o no sabe cuál es la situación migratoria en la que se encontraba en el momento de laborar en el corte de caña. Este es el caso de los cortadores de origen guate-malteco radicado en Campeche.

Conclusiones

Entre los objetivos marcados en el proyecto de Jornaleros agrícolas de Mé-xico y Centroamérica en los ingenios del sur-sureste se planteó documentar las migraciones laborales en esta parte del país desde una perspectiva que consideró la condición de frontera de tres de los siete ingenios estudiados. Se partió de la presunción de la presencia de población mixta en el sentido de que en estos nichos laborales coexistieran grupos de trabajadores inter-nacionales con jornaleros nacionales, dato sobresaliente en la literatura sobre jornaleros en México.

Lo verificado en campo no solo permitió confirmar ese supuesto, sino regis-trar la participación histórica de contingentes de cortadores de caña extranje-ros en los ingenios de la frontera sur, abonando a los estudios sobre mercados laborales transfronterizos tradicionalmente conocidos más comúnmente a partir de la producción de café en Chiapas. De hecho, este trabajo exhorta a ampliar la mirada hacia las migraciones centroamericanas circulares (docu-

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mentadas e irregulares) y a la necesidad de implementar acciones a favor de estos trabajadores y sus familias en términos de su documentación y regula-rización migratoria, puesto que muchos se han integrado de manera laboral, familiar y comunitaria de forma temporal como permanente como ocurre en la zona cañera de abasto del ingenio San Rafael de Pucté en la región de Río Hondo, Quintana Roo, en la frontera México-Belice (García, 2013).

El caso singular fue La Joya (Champotón, Campeche), donde se encuen-tran familias guatemaltecas nacionalizadas. Este estudio reveló los términos en que se estableció su integración al desarrollo regional a partir de su incor-poración como mano de obra segura, disponible, barata y “muy organizada”, de acuerdo con los criterios locales donde se han creado imaginarios sobre “el buen cortador”, lugar que ocupan estos jornaleros de origen indígena guate-malteco.

La presencia de trabajadores internacionales en la cosecha de la caña de azúcar en los únicos ingenios de la frontera sur es patente, y aunque para el caso de Tenosique, Tabasco, el registro fue nulo en la temporada de za-fra reportada, la participación de guatemaltecos ha sido importante en años anteriores,11 lo mismo que en San Rafael de Pucté (Chenaux, 1989). Sobre la inserción de jornaleros guatemaltecos, el caso destacado es la región azucarera del municipio de Huixtla en el Soconusco en Chiapas en virtud que la incorpora-ción de los cortadores guatemaltecos constituye más de 50% de la mano de obra y su empleo ha sido constante. Destaca su movilidad familiar, su perfil indígena y la participación del trabajo infantil, además de su inserción tradicional (Ordoñez, 1992; García y Decosse, 2014).

Al mismo tiempo, la población trabajadora migrante que se mueve al in-terior del territorio mexicano es destacada: se trata de grupos y familias de jornaleros que si bien tienen opciones laborales en la misma ocupación en sus lugares de origen, prefieren desplazarse. Entre estos contingentes laborales destaca el rostro indígena en los casos de Veracruz (La Providencia y Tres Valles), Tabasco (Azsuremex), Oaxaca (Adolfo López Mateos) y Quintana Roo (San Rafael de Pucté). La incorporación de estos contingentes laborales

11 En el trabajo de campo en el ingenio de Tenosique, Tabasco, se obtuvieron los datos de los corta-dores que arribaron antes de la instauración de la fmtf, provenientes de Chiquimula, Guatemala.

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al corte de caña es puntual, y en cierta medida la cosecha de este cultivo se dejó ver como una opción laboral que parece renovar las generaciones de jor-naleros en este empleo, como lo atestiguan los jóvenes del norte de Chiapas.

Dentro de la literatura de los jornaleros agrícolas de México, existen pocas evidencias de la participación mixta de trabajadores internacionales y nacio-nales en un nicho productivo agroindustrial. Si bien la amplia documentación de estos contingentes laborales a lo largo del territorio mexicano reporta la gama multicultural, a partir de la presencia de grupos indígenas en los campos del Centro, corredor Pacífico y la frontera norte, la convivencia y problemáti-ca específica de las regiones cañeras obliga a replantear la mirada antropoló-gica, pero también de la intervención pública en términos de la condición mi-gratoria y lo que implica su inserción laboral documentada como lo ilustran los trabajadores internacionales.

La acentuada concentración de jóvenes en edad productiva, solteros y de baja escolaridad llama la atención en virtud del riesgo inherente a su condi-ción juvenil masculina, entre otros aspectos que determinan su vulnerabili-dad. Una situación diferente es la de las mujeres y niños que al desplazarse abandonan la escuela en un caso, y en el otro amplían la doble jornada en contextos de destino, donde el quehacer doméstico de las mujeres se hace extensivo en el campo de trabajo.

A escala nacional durante medio año, se incorporan y movilizan entre 60 mil y 80 mil cortadores de caña (número únicamente de los jornaleros del corte de la vara dulce, ya que existen otros trabajadores y labriegos que con-tribuyen en la zafra, por no hablar de la necesidad de mano de obra a lo largo del año en el ciclo productivo de este cultivo), en las más de cincuenta regio-nes productoras en los ingenios en el país. Entre esta población hay quienes se desplazan de sus lugares de origen en grupos y familias como los indígenas nacionales y extranjeros.

Este estudio develó la importancia del mercado laboral agroindustrial en el sur-sureste y su relación con dinámicas económicas, a través de la contrata-ción de mano de obra internacional con nichos centroamericanos de merca-dos y fuerza de trabajo, y su coexistencia con jornaleros mexicanos que tam-bién circulan por los territorios del azúcar. La participación histórica de los

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jornaleros mexicanos, entre ellos indígenas guatemaltecos y, ahora se sabe, de beliceños, salvadoreños y hondureños, demanda un reconocimiento social, empresarial e institucional. Los derechos laborales y sociales de estos trabaja-dores agrícolas siguen en las asignaturas pendientes de la justicia que exige el campo mexicano en pleno siglo xxi.

Bibliografía

Aguilar, Noé, Guadalupe Galindo, Javier Fortanelli y Carlos Contreras. (2011). “Factores de competitividad en la agroindustria de la caña de azú-car en México”, Región y Sociedad, Año XXIII, núm. 52, pp. 261-297.

Chenaut, Victoria. (1989). Migrantes y aventureros en la frontera sur, Méxi-co, ciesas-sep.

Colegio de Postgraduados. (2003). Azúcar, México, Colegio de Postgra-duados-Fundación Produce Veracruz.

Falcón, Mónica. (2010). Caracterización de la problemática del trabajo infan-til en los campos cañeros de Veracruz, México, oit.

Fort, Odile. (1979). La colonización ejidal en Quintana Roo. México, Institu-to Nacional Indigenista.

García, Martha. (2012). Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del sur-sureste. Retos para la política pública, Informe, Ecosur-Sedesol-Conacyt.

——. (2013a). Encuesta zafra 2011-2012. Jornaleros agrícolas de México y Centroamérica en los ingenios del sur-sureste. Retos para la política pública, Informe final, Chetumal Q. R., Ecosur-Sedesol-Conacyt.

——. (2013b). “Migraciones laborales, derechos humanos y cooperación in-ternacional: cortadores de caña centroamericanos en la frontera México-Belice”, en Trace Procesos Mexicanos y Centroamericanos, núm. 63, junio, pp. 7-23.

—— y Frédéric Décosse. (2014). “Agricultura intensiva y políticas de mi-gración laboral: jornaleros centroamericanos en México y marroquíes en Francia, en Migración y Desarrollo, núm. 22. En prensa.

148


——, y Rosa Santos. (2015). “Inserción laboral juvenil: jornaleros asalaria-dos mayas de origen guatemalteco en México”, en Adriana Cruz-Manjarrez (coord.), s/t, México, Universidad de Colima. En prensa.

Inegi. (2009). La industria azucarera 2008. Censos Económicos 2009.

Lara, Sara. (2008). “¿Es posible hablar de un trabajo decente en la agricultu-ra moderno-empresarial en México?” en El Cotidiano, vol. 23, núm. 147, enero-febrero, México, pp. 25-33.

Santos, Rosa y Martha García. (2015). “Perfil sociodemográfico de las fa-milias jornaleras de origen guatemalteco empleadas en el cultivo de caña en la región azucarera de La Joya, Campeche”, en María Félix Quezada (coord.). Estudios demográficos en el estado de Hidalgo, vol. VI, México, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En prensa.

Sagarpa. (2007). Programa nacional de la agroindustria de la caña de azúcar, 2007-2012, México, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-ral, Pesca y Alimentación.

——. (2010). Caracterización de zonas potenciales de mecanización en las zo-nas de abasto cañeras, México, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Sedesol y Unicef. (2006). Diagnóstico sobre la condición social de las niñas y niños migrantes internos, hijos de jornaleros agrícolas, México, Secretaría de Desarrollo Social y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Ordoñez, César. (1992). “Demanda de braceros guatemaltecos en la zafra del ingenio Huixtla”, Revista de Geografía Agrícola, núm. 17, julio, pp. 85-100.

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Cambios y retos de la organización rural Coordinadora Agropecuaria Morelense de

Productores Organizados, (campo)*Esther Patricia Santibáñez Sandoval

Elsa Guzmán Gómez

ResumenEl sector rural se encuentra dinamizado en gran medida por la orga-nización campesina. La Coordinadora Agropecuaria Morelense de Pro-ductores Organizados, Asociación Civil (campo, ac) es un grupo que surgió de la necesidad de integración de un conjunto de organizaciones de productores del municipio de Yecapixtla, Morelos. Se originó bajo un esquema cooperativista, ante el requerimiento de ingresos económicos para el núcleo familiar, el abuso de agiotistas rurales y los altos costos de insu-mos agrícolas. Poco a poco se fue adecuando la estrategia organizativa para abastecer las necesidades de los procesos productivos de los campesinos. En este trabajo se analiza la constitución y transición de la organización hacia la integración organizativa, y la creación de empresas sociales a partir de una estrategia económica, el aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuenta, el desarrollo de paquetes tecnológicos, la vinculación con el gobierno y organizaciones no gubernamentales y el desarrollo de capacidades.

Palabras clave: organización rural; empresa rural; mercado; capacitación.

Introducción

Sobre las organizaciones rurales

Las organizaciones rurales se han ido desarrollando de diversas formas de acuerdo con las capacidades de adaptación al transcurrir de escenarios, po-líticas, correlación de fuerzas con el Estado, etcétera, de tal manera que las particularidades y diferencias son múltiples. De esta manera lo que se pone

* Fecha de recepción: 16 de enero de 2014. Correos electrónicos: [email protected]; [email protected]

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Estudios Agrarios | Esther Patricia Santibáñez sandoval...

en juego es la capacidad de cada una para permanecer en la búsqueda de sus propios objetivos, en donde se vuelve de interés analizar su trayectoria y ca-racterísticas.

Las primeras organizaciones campesinas en México surgieron a partir de la dé-cada de los treinta, con el inicio del reparto agrario, la mayor parte de las mismas fueron promovidas por el Estado y como resultado, gran parte de las organizacio-nes establecieron relaciones de dependencia económica y política con el mismo. Con el tiempo se constituyeron los organismos corporativistas, entre los más des-tacados están la Confederación Nacional Campesina (cnc) y la Confederación Nacional Ganadera (cng), entre otras. Estas confederaciones se convirtieron en brazos políticos del gobierno, con el propósito de ejercer cierto control sobre los campesinos y los trabajadores (Ruiz, 2004).

Las organizaciones de productores se conforman a partir de dos objetivos principales: económicos-productivos y reivindicativos, los cuales no siempre son excluyentes, aunque puede tener más peso una búsqueda sobre otra en una agrupación en particular. Esta característica igualmente se va transfor-mando de acuerdo con las negociaciones con el Estado y a las coyunturas nacionales.

En principio las organizaciones rurales son concebidas como espacios demo-cráticos construidos por y para los actores del campo, no siempre es del todo, y pueden distinguirse más por sus búsquedas de recursos y apoyos orientadas más hacia logros productivos y comerciales (Lutz, 2007).

Desde sus orígenes, las organizaciones han tenido muchas limitaciones tanto en aspectos externos a ellas como internos. Sin embargo, el trabajo de-sarrollado en el sector rural juega un papel muy importante en la gestión y construcción de nuevas alternativas de apoyo y crecimiento para los campesi-nos. Existen muchas organizaciones sociales exitosas en México y en el mun-do, pero cada una de ellas tiene características únicas y pueden ser modelos de reproducción para nuevas sociedades.

Desde otra perspectiva, Bartra (2010:20) define a la organización rural como un proceso de “convivencia, encuentro de diversos con unidad de pro-pósito y capacidad de concebir y realizar proyectos compartidos” y añade que la organización está sustentada en la voluntad colectiva. Así, actualmente se

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Cambios y retos de la organización rural

considera que la organización campesina no está dada por los dirigentes, ges-tores y asesores ni las estructuras políticas-administrativas que operan, más bien por el espíritu que anima convergencias globales; cuando este espíritu falta, la organicidad viva del movimiento corre el riesgo de ser suplantada por inercias burocráticas, cascarones corporativos y líderes clientelares (Bartra, 2010), situación a la que están muy expuestas las nuevas generaciones. Por esta razón, dice Bartra, la organización, como el amor, hay que renovarla to-dos los días.

Sobre las empresas sociales

En México, la economía se ha visto afectada por la aplicación de políticas de ajuste seguidas de una reforma estructural, mismas que han sido aplicadas en forma más drástica para la agricultura, impactando de manera negativa en la crisis del sector, y sumergiendo en la pobreza e incertidumbre a la mayor par-te del campo mexicano en el sector rural (Tarrío y Fernández, 1995).

Estos cambios económicos han modificado las correlaciones de fuerzas entre los grupos de la sociedad y generado estrategias de los mismos para garantizar su propia reproducción social. En las poblaciones rurales, las fa-milias, comunidades y organizaciones campesinas han adaptado sus propias estrategias de vida a nuevas interacciones en el mercado, entre éstas se ha visto la configuración de iniciativas que actualmente funcionan como mode-los denominados negocios “sociales” (Bartra, 2007), mismos que surgen en Europa como una alternativa organizacional y como estrategia de producción de fuentes de trabajo, llamada “empresa social” (Burlastegui, 2003).

Ante esta propuesta resulta novedosa la incorporación de la palabra em-presa, que tradicionalmente contiene un carácter meramente mercantil, en proyectos de búsquedas de reducción de la pobreza y la inclusión socioeconó-mica, sostenidas tanto por la importancia de la creación de valor económico, como por la creación del valor social.

Este autor menciona que las empresas sociales son negocios con objetivos sociales, en donde en lugar de buscar la acumulación del capital o la maximi-zación del beneficio favorecen a la sociedad civil a través de vislumbrar aspec-

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tos sociales y ambientales, y cuyos beneficios son reinvertidos en el negocio mismo de la comunidad.

Yunus (2008), describe a la empresa social como un mecanismo comple-mentario del capitalismo, que se desarrolla bajo el mismo concepto de una empresa dedicada a la maximización de los beneficios, pero con la diferencia de que los beneficios obtenidos no son recibidos por los empresarios, sino que se destinan a la sociedad civil a través tanto del ofrecimiento de precios más bajos, casi al costo, como del cumplimiento especifico de objetivos sociales, de esta manera se es capaz de mejorar las condiciones generadas por los puntos débiles del sistema que predomina.

Federico-Sabate (2002), complementa estas definiciones y señala que la empresa social refleja distintas características que la distinguen de una em-presa capitalista, como son: igualdad de oportunidades, propósito social, pro-pósito económico, tendencia a la auto-sostenibilidad, tipos de integrantes que son asociados (asalariados, oriundos de desocupación, marginación, informa-lidad, discapacidad, etcétera), forma jurídica, distribución de utilidades o ex-cedentes, uso de balance social como instrumento para definir la distribución, forma de gestión (participativa y democrática, autonomía de la decisión y el comando interno y autogestión con observación sobre el balance social).

Además añade que no solo produce bienes y servicios, también produce sociedad, es decir, relaciones sociales, comportamientos institucionales para lo que es mejor pensarla de manera no aislada, sino componiendo redes que impulsen el sistema. En términos de Barrera (2007), se puede decir que éstas empresas hacen énfasis en el doble carácter en tanto la generación de valor de éstas empresas: creación de alto valor social y económico, al superar las acciones asistencialistas, excluyentes y la visión empresarial tradicional.

Este trabajo se plantea el acercamiento, caracterización y análisis de la or-ganización campesina campo, ac, que se define a sí misma como una orga-nización campesina que nace bajo un esquema cooperativista, de servicios, generadora de empleos, capacitación constante, gestión de recursos, igualdad social y equidad de género, bajo principios universales cívicos y éticos, en la búsqueda de nuevas alternativas de subsistencia y seguridad alimentaria, res-

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pondiendo a la globalización y a las políticas neoliberales, y con un enfoque de empresa social.

La organización tiene su sede en el municipio de Yecapixtla, Morelos, se formó hace más de 40 años y se ha desarrollado bajo un esquema cooperati-vista integrando diferentes organizaciones de beneficio social que, a la fecha algunas de ellas, se han conformado como empresas sociales con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de un grupo de campesinos de la región. Así, interesa reconocer los cambios que se han tenido que llevar a cabo, en tanto el paso de su rasgo cooperativista de origen, al de una empresa social como organización compleja.

En el proceso de investigación se realizaron entrevistas abiertas con repre-sentantes de la organización, y otros informantes clave, considerando a los informantes clave como personas de diferentes áreas de las organizaciones de la coordinadora, además con una larga trayectoria en la organización, con fa-cilidad de comunicación. Se llevaron a cabo visitas rutinarias de por lo menos tres veces a la semana en las oficinas de la coordinadora, y participaciones en reuniones, eventos sociales y políticos, así como recopilación de monografías, fotografías, videos, memorias y archivo general de la organización.

Caracterización de la organización Coordinadora Agropecuaria Morelense de Productores Organizados, ac (campo)

Origen de la organización

La organización campo, ac fue constituida formalmente en 2007, como una organización integradora de segundo nivel, incorporando en un principio a 17 sociedades y asociaciones de las cuales algunas desertaron, permanecien-do actualmente 14 organizaciones base, mismas que se han ido conformando según las necesidades de los productores.

La primera organización se formó en 1969 como una cooperativa. Surgió por iniciativa de un sacerdote párroco del exconvento de San Juan Bautista, municipio de Yecapixtla. Debido a que los campesinos de la localidad sufrían el abuso en el cobro de préstamos dirigidos a la siembra, les cobraban intere-

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ses de 10 al 15% lo que los llevaba a perder sus propiedades, a los altos costos de los insumos agrícolas, derivado del establecimiento de un proveedor en la región y el coyotaje en la venta de los productos.

En un principio, se organizó un grupo de personas entre las que se encon-traban agricultores y amas de casa que conformaron una caja de ahorro, para que les ayudara a solventar los gastos de producción, se le nombró “Caja de ahorro 2 de marzo”. La organización se desarrolló durante este periodo de manera libre y autónoma, trabajó sin apoyo gubernamental durante los pri-meros ocho años, con más de 120 socios.

Después de 1987 el grupo contó con el apoyo de agentes externos, el Pá-rroco de Jantetelco, Pablo Antonio Link y de la hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por medio del ingeniero José Manuel Villela Arrezillas.

En 1973 ante una crisis económica y la necesidad de reactivar la caja, se inició la conformación de nuevas organizaciones. El 6 de mayo de 1974 el grupo decidió constituirse de manera formal con el nombre de “Asociación Agrícola Local Alfredo Bladimir Bonfil de Yecapixtla Morelos” (Bonfil), don-de se nombró un consejo representativo.

Este grupo se constituyó con el objetivo de proveer a los socios de la orga-nización de fertilizantes a bajo costo, y terminar con el abuso en precios y co-yotaje en la venta de fertilizante. Posteriormente la Bonfil extendió el servicio al público en general, abarcando no solamente al municipio de Yecapixtla, si no toda la región de los altos de Morelos y el Estado de México, los municipios de Tepetlixpa y Ozumba.

Así se inició la compra-venta de fertilizantes a bajo precio con la paraes-tatal Fertilizantes de México (Fertimex). Posteriormente se logró comprar un terreno en el centro de Yecapixtla, en el que se construyeron las primeras oficinas y bodegas de almacenaje de semilla obtenida del cultivo de los socios, y agroquímicos para su propia producción y venta. Para lograr dicha obra, el grupo decidió iniciar con la fabricación de tabique, una parte se comercializó para obtener más ingresos y otra se utilizó para la construcción de la infraes-tructura de la organización.

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En 1980 sufrieron su segunda caída, esto por la falta de experiencia en administración, se dieron muchos créditos y fue muy difícil recuperarlos. Sin embargo, lo lograron a partir de la caja de ahorro, en 1988 obtuvieron el pri-mer crédito por parte del gobierno del estado, mismo que fue solicitado para la compra de un camión para transportar el fertilizante, el cual se pagó antes de lo convenido gracias al éxito en la venta.

De 1989 a 1999 el ejido de Yecapixtla mantuvo el acuerdo de la asamblea de no vender ni un grano de sorgo a los intermediarios, pidiendo que fuera la Bonfil la encargada de la comercialización del mismo.

La trayectoria de la organización hasta este momento marca una de los elementos que la han caracterizado, que es la búsqueda de sufragar sus pro-pias necesidades a través de las iniciativas de nuevos proyectos, para evitar la dependencia económica de otras instituciones, y así reinvertir y abonar las ganancias de unos proyectos en servicios para otros.

En estos años el gobierno del estado estableció el programa del crédito a la palabra, el cual fue operado para la zona norte, centro y oriente del esta-do de Morelos, por la Unión de Ejidos y la Bonfil, los representantes de esta organización consideran que lograron desplazar al intermediario en 80%; significando un parteaguas importante en la dimensión y proyección de la organización, pues consolidó relaciones y les dio más apertura, así se hicieron alianzas con la Unión de Ejidos del estado, que pertenecían a la Confedera-ción Nacional Campesina (cnc).

Gracias a estas acciones, posteriormente se reconocieron a las organizacio-nes de productores como distribuidoras de Fertimex, que ante la extinción de la paraestatal, la Unión de Ejidos del estado funda la Asociación Nacional de Distribuidores de Fertilizantes e Insumos Agropecuarios del Sector Social, ac (andfiass), y posteriormente la Empresa Integradora Servicios Agropecua-rios Nacionales sa de cv (Insa), con lo que ganan centros de distribución y bodegas de venta a precios simbólicos.

En 1990 se adquirieron otros terrenos en la comunidad de Mexquemeca y por medio de faenas de los socios, comenzaron a construir otras bodegas para almacenar el fertilizante. Siguiendo el eje de impulsar la producción agrícola a partir de las relaciones adquiridas con instituciones, en 1992 la Bonfil recibió

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un crédito del Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad Social (Fonaes), para la adquisición de un módulo forrajero, una empacadora, un tractor y dos rastrillos, entre otros implementos.

En 1993 se constituyó una nueva figura legal, la Comercializadora Agrope-cuaria Yecapixtla, sa, (caysa), con 80 socios; para 1996 surgió, por la banca comercial, la creación de créditos vía club de maíz y sorgo, con lo que comien-za a incursionar en el mercado financiero.

En 1997, caysa inicia con el otorgamiento de crédito para granos básicos por parte de Banco Bital, hoy hsbc, con recursos de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (fira). Posteriormente se constituye “Lluvia, Tequio y Alimento spr de rl”, la cual fue creada para dar valor agregado a la agricultura de la región mejorando y abaratando los insumos pecuarios. Así en 1999 caysa se registra con fira teniendo acceso directo a los apoyos de esa institución, utilizando un banco como puente para ejercer créditos para agricultura y ganadería, mismos que se comienzan a dar en todo el estado. La organización se capitaliza y crece en superficie de siembra.

A partir de este momento se adquiere una visión empresarial en el sentido de generar utilidades para posteriormente repartirse.

En 2002 se constituye la Estación de Servicios Yecapixtla sa de cv, con un total de 65 socios con el objeto de atender a la región rural de la zona norte y oriente del estado de Morelos en la venta de combustible, aditivos y diésel para maquinarias y camiones de trabajo, evitando así tener que trasladarse a Cuautla, lo que marca nuevamente el inicio de proyectos a partir de las pro-pias necesidades de los asociados, los otros proyectos de la asociación y de la región.

En 2005, se conformó la financiera “Desarrollo de Negocios Yeca sa de cv Sofom e.n.r. (Denysa)”, con 34 socios y con el propósito de contar con una empresa encargada única y exclusivamente de otorgar financiamiento con fondeos de fira, Financiera Rural y recursos propios.

Entre 2006 y 2008, se constituyen varias organizaciones con distintos ob-jetivos productivos que van aglutinando a mujeres, jóvenes y otros quienes no eran socios: la Red de Mujeres, invermega spr de rl, para la producción

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de jitomate y pepino bajo invernadero; el “Centro de Maquinaria Yecapixtla” (Cemay) para la trilla y comercialización de granos; “Santa Cecilia Yecapixtla spr de rl” para la producción agropecuaria y la producción de jitomate bajo condiciones de invernadero. Asimismo se forma la “Impulsora de Desarrollo Yecapixtla s.a de c.v.” Sofipo con el fin de dar una figura legal a la aún exis-tente caja de ahorro “2 de marzo”, además del cobro de remesas, pago de luz y teléfono entre otros servicios.

En este proceso es que se conforma campo, ac como aglutinadora de todo el conjunto. Esto no evita, por supuesto, que hayan existido problemas, crisis y pérdidas en algunas organizaciones, pero con la estructura compleja, se logró amortiguar algunas de ellas.

campo como empresa social

Desde el origen de la organización, su principal objetivo fue la del apoyo y fomento al desarrollo social, iniciando con una caja de ahorro para permitir a los productores tener y contar con sus propios ahorros y el desarrollo de nue-vas actividades sin endeudarse con usureros.

Este inicio marcó el sentido de la trayectoria hacia una empresa social, en donde el interés económico se fusiona con la generación de valor social, lo que aquí se analiza en el marco de una empresa social. Así, los beneficios tan-to económicos como sociales se han conformado no sólo hacia los socios o a los productores de la región, sino ampliando siempre su rango de influencia.

Del conjunto de las 14 organizaciones de campo, ac:

• Cinco son consideradas como las empresas sociales, por su alta creación de valor social, alta creación de valor económico y alta captura de valor económico por clientes de rentas bajas. Éstas son Caja de Ahorro, la Bonfil, invermega, Estación de Servicios Yecapixtla y Santa Cecilia.

• Dos organizaciones se consideran como empresas tradicionales absor-bentes, por contar con baja creación de valor social, alta creación de va-lor económico y baja captura de valor económico por clientes de rentas bajas. Son denysa e idysa.

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• Dos organizaciones más son consideradas como organizaciones asis-tencialistas transmisoras, por contar con alta creación de valor social, baja creación de valor económico y alta captura de valor económico por clientes de rentas bajas. Éstas son cemay y la Red de Mujeres para el desarrollo local.

Algunas de estas empresas nacieron con un carácter meramente social, como la red de mujeres para el desarrollo local, pero con el tiempo los integrantes se dieron cuenta de la necesidad de autosostenerse y generar sus propios recur-sos económicos para poder crecer, por lo que decidieron agregar un valor eco-nómico. campo, ac contempla dentro de su “Plan Estratégico de Desarrollo”, la integración global de sus proyectos estratégicos, donde se logre el enlace y la intervención de las empresas en las diferentes actividades productivas y el desarrollo de nuevas actividades, que potencien el desarrollo de las empresas en su conjunto. De esta manera plantean como una parte primordial dentro de su política:

El desarrollo de una economía competitiva generadora de em-pleos; donde establecen la idea de que sólo una economía com-petitiva será capaz de generar más empleos y oportunidades de mayores ingresos para un mayor número de personas. Al mismo tiempo, sólo asegurando la igualdad de oportunidades, las perso-nas podrán participar activamente en esta economía dinámica y aprovechar los beneficios que ésta les ofrece (campo, 2012).

En este sentido la organización propone trabajar en acciones que permitan crear alternativas tanto en las zonas rurales como en la población urbana. De integración de cadenas productivas, en el marco de proyectos estratégicos (cen-trales de maquinaria, abasto de insumos agropecuarios, servicios técnicos y finan-cieros, etcétera); servicios de financiamiento y otros productos generados a partir de las zonas rurales; así como el desarrollo de capacidades de la organización y el acompañamiento empresarial (fortalecimiento administrativo, contable y gestión empresarial).

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En esta perspectiva, se plantea para el presente año un programa de capa-citación que integra desde los procesos de diagnósticos participativos y pla-neación estratégica, integración de cadenas productivas y redes de valor iden-tificados en el grupo campo, así como la gobernabilidad que debe existir en toda organización social y económica; con el fin de que las actividades se realicen con mayor eficiencia y trasparencia para obtener mejores resul-tados económicos a través de un desarrollo empresarial, y cambio cultural de los grupos de trabajo, fortaleciendo así la lucha por la recuperación del mercado interno de productos agropecuarios. Es decir, se busca consolidar el carácter de empresa de las distintas organizaciones, dentro del rubro que a cada una le corresponda.

Gran parte de la política y estrategias de la organización está basada en la adaptación hacia las políticas públicas actuales, aún bajo el corte neolibe-ral. Esto se ha venido dando en las relaciones con instituciones en la veta de la innovación tecnológica, pactando negociaciones de créditos, capacitación, asesorías técnicas, consultorías, uso de nuevas tecnologías, adquisición de in-fraestructura, etcétera, que a la organización le ha servido en el incremento de la productividad, aumentar la rentabilidad de los proyectos, reducir los costos de producción y fortalecimiento económico de la organización, reduciendo riesgos, además de promover la inversión en infraestructura.

Claramente la innovación es un punto transversal dentro del desarrollo económico de campo, ac. La organización ha sido pionera en la implemen-tación de varios paquetes tecnológicos en el estado de Morelos, el primero de ellos fue la técnica de siembra “Cero labranza”, que redujo en gran medida los costos de producción del cultivo de sorgo y maíz, mejoró la calidad del suelo e incrementó el rendimiento de la producción. Actualmente, la coordinadora busca y establece dentro de su política, a partir de la formación de redes, la implementación de diferentes innovaciones que permitan el avance de los procesos productivos, y resuelva problemáticas compartidas en los procesos de producción, transformación y comercialización, coadyuvar en la identi-ficación de oportunidades de negocios, y el desarrollo de inversiones en las diversas ramas de producción de cada una de las asociaciones que forman parte de la misma.

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En los procesos de innovación administrativa la organización ha planteado la elaboración de procesos de diagnósticos participativos y planeación estra-tégica, la integración de cadenas productivas y redes de valor identificados en campo, ac, la gobernabilidad que debe existir en toda organización social y económica, con el fin de que las actividades se realicen con mayor eficiencia y trasparencia para obtener mejores resultados económicos, a través de un desarrollo empresarial y cambio cultural de los grupos de trabajo y el forta-leciendo organizacional. En este sentido se han realizado procesos de capaci-tación, construcción de políticas internas y planes estratégicos de desarrollo, entre otros.

A lo largo del tiempo esta organización ha logrado conformar un capital económico importante, como bodegas de almacenamiento de semillas, cen-trales de maquinaria, maquinaria y equipo para los procesos productivos (má-quinas trilladoras de granos, camiones, tractores para siembra, básculas, entre otros), oficinas (en la comunidad de Mexquemeca y el centro de Yecapixtla), mobiliario y equipo de oficina, vehículos para traslado como camionetas y coches, una estación de servicios de gasolina, una inmobiliaria, dos financie-ras formales y una informal, terrenos, bienes raíces, locales para la venta de insumos, servicios técnicos y financieros, abasto de insumos, entre otros.

La construcción de esta infraestructura ha surgido a partir de las necesi-dades de la organización no bajo una centralización por grupo o empresa, y se ha ido logrando a través de las distintas organizaciones, bajo una idea de complementación entre las organizaciones. La coordinadora como una Aso-ciación Civil favorece que cada organización constituya el capital económico necesario para sus actividades y al mismo tiempo que todas puedan hacer uso de este recurso.

Ante las dificultades de comercialización a pequeña escala y por medio de la formación de redes, la organización ha promovido vínculos con agentes ex-ternos, lo que les ha permitido la generación de redes como el que tiene con la anec y otras a las que no pertenece pero de las que ha recibido sus servicios como Emprender Siglo xxi. Actualmente campo, ac es parte de la estructura y del consejo directivo de la anec, esta organización se encarga de promover el desarrollo de capacidades locales, de prácticas y normas de gobierno corpo-

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rativo campesino, la estandarización de procesos y la construcción de un plan quinquenal de desarrollo integral, teniendo como objetivos centrales la sobe-ranía alimentaria, la revalorización y desarrollo de la agricultura de pequeña y mediana escala, la agricultura sustentable, el mercado privado, abierto y justo, realmente competitivo y socialmente responsable, y el trabajo a favor de su desarrollo comercial a partir de la prestación de servicios de capacitación, asistencia técnica, información y asesoría de mercados y de la búsqueda de mejores condiciones para la comercialización de sus cosechas.

Así campo, ac recibe de la anec capacitación y asesoría constante sobre las estrategias actualizadas de comercialización y mercado a través de su tarea de dar seguimiento y asesoría para determinar el volumen de producción, diseñar esquemas para entrar al modelo de coberturas de precios, estable-cer convenios con productores para funcionar como retenedor del crédito, y establecer el programa de agricultura por contrato, no sólo a las empresas u organizaciones sociales enfocadas al sector productivo del campo, sino tam-bién a las financieras, ejidos, organizaciones campesinas y productores locales o regionales interesados en estos procesos. Esto lo hace por medio de redes que ha establecido con diferentes organizaciones especialistas en estos temas.

Financiamiento, ganancias y utilidades de campo, ac

Ante la necesidad de tener sus propios recursos y continuar con su labor so-cial en la búsqueda de la calidad de vida de los socios y la comunidad, la orga-nización convirtió a varias de sus organizaciones en empresas sociales y otras se han generado bajo este esquema económico, la cuales han ayudado a lograr mayor desarrollo económico. En este sentido estas organizaciones cuentan con diferentes fuentes de financiamiento. La primera y más importante es la propia, la segunda es por medio de créditos bancarios, la tercera por medio de financiamientos gubernamentales y/o subsidios y la cuarta por medio de Organizaciones No Gubernamentales (ong).

El autofinanciamiento suele ser una de sus fortalezas, pues cuentan con tres financieras rurales dentro de las organizaciones pertenecientes a campo: denysa (financiamiento agropecuario, de servicios y microcréditos), idysa

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(cobro de remesas y servicios de ahorro y crédito), y la “Caja de ahorro 2 de marzo” (caja popular de ahorro y crédito, que funciona como una cooperativa pero no tiene una figura legal).

Aunque tienen muchas limitantes, pues los requisitos de las primeras dos no suelen encajar con las características de los campesinos que conforman la organización, sobre todo en el caso de denysa, la cual pide garantías líquidas difíciles de adquirir y la mayoría de sus clientes son organizaciones, microem-presas como es el caso de la gasolinera Estación de Servicios Yecapixtla y productores que cumplan con la solidez económica solicitada por la financie-ra. Sin embargo, esta financiera ha sido importante eslabón económico para algunas de las empresas sociales que conforman la organización, como son la Estación de Servicios Yecapixtla, la Bonfil, caysa y cemay.

Por otro lado, en el caso de préstamos personales la mayoría de los socios prefieren continuar con la “Caja de ahorro 2 de marzo”, pues los préstamos son más rápidos y seguros, y tienden a tener una tasa de interés menor por lo que son más accesibles, el problema de esta es que los créditos son peque-ños. Por medio de estas financieras han logrado la adquisición de una buena parte de su crecimiento económico con el desarrollo de las organizaciones y empresas sociales.

La mayoría de las veces estos créditos son complementarios con financia-mientos o subsidios gubernamentales o de otro tipo de organizaciones. Cabe mencionar que el servicio de ahorro y crédito no está dirigido únicamente a los socios de campo, ac sino también a la población en general, lo que ha generado una vinculación hacia el exterior dada en gran medida por el finan-ciamiento.

También han logrado financiamientos o créditos con bancos como Bital, HSBC, Banco del Bajío, Banco Mifel, Banco Ve por más y Banco Santander. Estos han sido complementarios para la adquisición de maquinaria o infraes-tructura, como es el caso de la gasolinera.

Otra fuente de financiamiento y subsidio es la gubernamental, con institu-ciones como fira, Financiera Rural, Fonaes, sra (en su momento), Sagarpa, Sedagro y el gobierno del estado. A partir de estos han complementado los

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recursos para la construcción del capital económico y humano con el que cuenta la organización.

Finalmente, también cuentan con redes y alianzas estratégicas con ong, de algunas forman parte de su estructura y con otras únicamente forman alian-zas. Algunas de estas organizaciones son la cnc, la Planta nutrimor, sa de cv, insa, Fertimex y la anec como una de las principales impulsoras del de-sarrollo de campo, ac.

En cuanto a subsidios se han logrado por diferentes medios, la mayoría de ellos gracias a las alianzas políticas con ong y el gobierno federal. Con el gobierno local y estatal sí ha tenido buena relación a partir del desempeño y resultados de la organización y participación en procesos de elección popular.

Por otro lado, la anec ha sido una gran impulsora del desarrollo de la orga-nización a partir de la gestión de subsidios que tienen que ver con diferentes aspectos, como son el organizativo, la capacitación, la innovación tecnológica y administrativa, entre otros.

En cuanto a las ganancias como empresas, en el caso de campo, ac orga-nización sin fines de lucro, no cuenta con ganancias como tal, sino más bien sus socios adscritos a las diferentes organizaciones sí generan ganancias al interior de cada una de ellas, bajo los diferentes esquemas en que las organi-zaciones funcionan. De igual modo, cada una de las organizaciones que con-forman a campo, ac tiene un sistema de distribución de ganancias, de manera autónoma y con base en el giro de las actividades que realiza.

Conclusión

Desde el origen de la organización, su principal objetivo ha sido la autosus-tentabilidad económica, conformándose en una caja de ahorro. Esta permitió a los campesinos de la región, por medio del ahorro, generar sus propios re-cursos económicos y sembrar sin necesidad de endeudarse con usureros que terminaban quitándoles sus propiedades. Dado el carácter cooperativista de ésta primera organización, se considera que al potenciar los objetivos busca-dos, y con el desarrollo del conjunto de las organizaciones base y de la amplia-da se dio lugar al esquema de empresa social. Si bien estrictamente este ca-

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rácter no lo tiene campo, ac ni la totalidad de las organizaciones, sí se marca una tendencia importante en el crecimiento y perspectiva de la organización y es la que da impulso y seguimiento para que varias de las que la conforman sean definidas como tal.

Las búsquedas productivas de innovación tecnológica, inserción en los mer-cados, vínculos con instituciones de financiamiento y la propia estrategia de financiamiento, ha potenciado la fortaleza económica de la organización.

La organización considera al socio, sus derechos y la ampliación de sus capa-cidades como la columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las políticas operativas que se reflejan en el aumento de la rentabilidad de los proyectos, la reducción de los costos de producción, promover la inversión en infraestructura, inducir la agregación de valor a los productos, y limitar el ries-go al que están sujetas las inversiones, considerando la integración de proyectos que incluyan actividades de apoyo al sector primario y emprender proyectos más ambiciosos, ampliando su abanico de oportunidades productivas y promover el incremento en la productividad.

La integración económica crea incentivos para la innovación por parte de las empresas, reduce los costos de los insumos y en los productos finales, incre-menta la competitividad de la economía y mejora la distribución del ingreso, la adopción y desarrollo de nuevas tecnologías permite producir nuevos bie-nes y servicios, incursionar en mercados nacionales e internacionales y desa-rrollar procesos más eficientes. Esto reditúa en una mayor producción y en ingresos más elevados, sostener este aspecto para una organización campesi-na frente al mercado es un reto permanente, al que campo se ha abocado de manera importante.

Sin embargo, sostener la perspectiva económica no ha sido una tarea me-ramente técnica, pues otra fortaleza de la organización, dentro de su propia trayectoria, ha sido el carácter moral del que están imbuidas las relaciones y conformación de las organizaciones, fortaleciendo el despliegue de beneficios sociales.

De esta manera los dos aspectos mencionados, el moral y económico, han apuntado el sentido de empresa social. Este carácter se ve fortalecido por otro atributo como la interacción entre las distintas organizaciones dentro de su

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estrategia de conformación. Así, puede verse que cada una de las organizacio-nes cumple con una función básica y complementaria, desde la generación de recursos económicos por medio de cajas de ahorro y financieras, hasta la ven-ta de los implementos necesarios para poder desarrollar la agricultura como su principal actividad económica, desde la siembra, cosecha y venta de grano.

Entonces, para ampliar la visión de la estrategia se aclara que la construc-ción de proyectos de organizaciones se ha hecho de acuerdo con las necesida-des planteadas por los socios, por los proyectos y el conjunto de la organiza-ción, lo que marca que, a pesar de los fracasos, las propuestas no son banales ni fuera de contexto. Es como el reto del día a día: responder a las necesidades con propuesta y proyectos concretos. Entonces, en el marco de una política nacional de mercado, la falta de financiamiento y apoyos para la comercia-lización a pequeños productores se vuelve el problema principal, así que en la necedad de la organización de mantenerse vigente y responder a las ne-cesidades de los productores, se ve obligada a sostener la productividad y las funciones económicas de los proyectos, lo que va posicionándola en el marco de las empresas sociales.

La generación de pequeñas empresas sociales facilitó mucho el desarrollo social de la organización, ya que no sólo han buscado la forma de abastecer las necesidades para sí misma, sino que se inclinaron por beneficiar a todos los campesinos de la región.

Por supuesto que el único valor de campo, ac no es exclusivamente el ca-rácter de empresa social, sino la alternativa que va constituyendo para sus socios y para pequeños productores de las zonas aledañas. La opción organi-zativa como base para el impulso productivo ha tenido, tiene y seguirá tenien-do altibajos en sus diversos aspectos, pues así como alguna organización debe parar sus actividades, o a veces las deudas provocan crisis, o se crean vacíos de liderazgos, también se mantiene el dinamismo en su conjunto. Así, la visión de conjunto de la organización permite observar la relatividad de los proble-mas y de los aciertos mismos, pero siempre en un proceso de búsquedas y al-ternativas productivas, económicas y sociales para los pequeños productores, quienes no cuentan con otra base, más que la que ellos mismo construyen.

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Bibliografía

Arias, G.D. (2010). Historia de ahorro y crédito, así se logró la organización.Manuscrito. Coordinadora Agropecuaria Morelense de Productores Orga-nizados A.C. Yecapixtla, Morelos, México.

Baca Del Moral, J., Pérez, E. (2007). “La acción colectiva base del desarrollo sustentable.” Ponencia presentada en el 6º Congreso de la Asociación Mexi-cana de Estudios Rurales (amer). México.

Barrera, E. (2007). “La empresa social y su responsabilidad social”. INNO-VAR, 17 (030), pp. 59-75.

Bartra, A. (2010). Campesindios. Aproximación a los campesinos de un conti-nente colonizado. La Paz, Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Bolivia.

Burlastegui, M. (2003). “Introducción al concepto de empresa social y su importancia en la construcción de la ciudadanía”. Universidad Nacional de Mar del Plata. (http://www.uv.es/motiva/MotivaRES/BURLASTE-GUI00.pdf). Consultado el 10 de noviembre de 2012.

Escobar, A. (2000). El final del salvaje. ican-cerec. Primera edición. Colom-bia.

Lutz, B. (2007). “El universo de las organizaciones rurales: el caso del Estado de México”. Ponencia presentada en el 6º Congreso de la Asociacion Mexi-cana de Estudios Rurales (amer). México.

Macip, R. (2007). “Transculturación: clase y cultura en el centro de Vera-cruz”. Ponencia presentada en el 6º Congreso de la Asociacion Mexicana de Estudios Rurales (amer). México.

Palma, V.C. (2010). Historia de ahorro y crédito, así se logró la organización. Manuscrito. Coordinadora Agropecuaria Morelense de Productores Orga-nizados A.C. Yecapixtla, Morelos, México.

Palomino, B., Navarro, J. (1996). Sustentabilidad y desarrollo ambiental. Se-minario nacional sobre alternativas para la economía mexicana. Tomo II. Acción y Desarrollo Ecológico, A.C., Semarnap, pnud, pp.81-14.

167


Ramírez, C.S. (2010). Historia de ahorro y crédito, así se logró la organización. Manuscrito personal. Coordinadora Agropecuaria Morelense de Producto-res Organizados A.C. Yecapixtla, Morelos, México.

Ruiz, Y. (2004). La Cajita es lo único que nos queda…: análisis de las estra-tegias de financiamiento rural en una región del sur de Nayarit. Tesis profe-sional. Licenciatura en Antropología. Universidad de las Américas Puebla Cholula, Puebla, México.

Federico-Sabate, A. M. (2002). “Empresas sociales y economía social: apro-ximación a sus rasgos fundamentales”. Ponencia presentada en La Univer-sidad de Jerusalén. Israel.

Tarrío y Fernández, (1995). “El campo mexicano en la era de la moderniza-ción: análisis de algunos programas gubernamentales”. Producción Econó-mica: Anuario de Investigación 1, (94), pp. 113-166.

Yunus, M. (2010). Las empresas sociales (1ª. Ed.). España: Paidós.

Zárate, J., Baltazar, S. (2007). “La construcción de la ciudadanía desde las organizaciones sociales. El caso de dos regiones indígenas en México”. Po-nencia presentada en el 6º Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (amer). México.

Documentos de campo, ac

Coordinadora Agropecuaria Morelense de Productores Organizados A.C. campo, a.c. (2007). Video de la reseña de Grupo campo. México.

——, (2010). Videografía. Yecapixtla, Morelos, México.

Entrevistas

Alvarado, C. A. V. (2011). Coordinadora Agropecuaria Morelense de Pro-ductores Organizados A.C. Yecapixtla, Morelos, México.

Jiménez, Z.B. (2011). campo, ac. Yecapixtla, Morelos, México.

Jiménez, G. M. (2011). campo, ac. Yecapixtla, Morelos, México.

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La teoría de recursos y capacidades y el emprendimiento, caso de una microempresa

agropecuaria rural*

José G. Vargas-Hernández

ResumenEl objetivo de este documento es analizar el caso de una empresa en etapa de emprendimiento para determinar los aciertos y fallas al iniciar este negocio, con base en la teoría de recursos y capacidades y la del em-prendimiento empresarial. Se pretende dar una respuesta a la pregunta, ¿cuáles fueron los aciertos y fallas cometidos por los emprendedores al ejecutar el proyecto de negocio en el caso analizado? Las respuestas se encontraron relacionando las situaciones expuestas en el caso con las teorías de recursos y capacidades y la del emprendimiento. El análisis llega a la conclusión de que los conocimientos empíricos de los em-prendedores, en este caso, no fueron suficientes para encaminar hacia el éxito este negocio, y que la falta de conocimientos estructurados y un adecuado apoyo científico, dirigieron fuertemente este emprendimiento hacia la no permanencia en el mercado.

Palabras clave: emprendimiento empresarial; mujer emprendedora; Promusag; recursos y capacidades; ventaja competitiva.

Introducción

El gobierno mexicano a través de la Secretaría de la Reforma Agraria (ahora sedatu) apoya proyectos de emprendimiento empresarial rurales, uno de los medios es Promusag1 (Programa de la Mujer del Sector Agrario), es un pro-grama de apoyo para mujeres emprendedoras del medio rural, que busca su integración en el sector productivo para que obtengan ingresos que ayuden en el combate a la pobreza en este medio. El apoyo consta de una cantidad

* Fecha de recepción: 26 de agosto de 2013. Correos electrónicos: [email protected], [email protected] N. del E. En la fecha de revisión del artículo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sustituyó a la Secretaría de la Reforma Agraria, y el programa al que se hace referencia ya no está a cargo de la sedatu.

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Estudios Agrarios | José G. Vargas-Hernández

monetaria para la puesta en marcha del negocio a emprender, la cual es a fondo perdido. En el año 2009, cientos de proyectos fueron beneficiados por Promusag, de los cuales uno ha sido objeto de análisis para este documento, este caso es protagonizado por nueve mujeres del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco (en aquel año, nueve mujeres era un requisito pedido por Promusag para cada proyecto).

El equipo de trabajo para este proyecto estuvo conformado por mujeres con poca o nula preparación en negocios, pero contó con un líder con conoci-mientos y habilidades adquiridos empíricamente que le daban al proyecto cierto encaminamiento hacia el éxito. Los requisitos centrales que Promusag solicitó para ser susceptible de financiamiento a las diferentes propuestas fue-ron: equipos de trabajo de nueve integrantes, todos los participantes deberían ser de sexo femenino, un proyecto que detallara el negocio a emprender ha-ciendo énfasis en la distribución del dinero del financiamiento, mismo que se mandó a elaborar con un ingeniero del área agropecuaria, y el último requisito fue poseer un espacio de terreno suficiente para llevar a cabo la actividad ob-jeto del emprendimiento.

El emprendimiento estuvo marcado por la caída en enfermedad del líder, lo que condicionó al proyecto a una estrepitosa falta de rentabilidad, esto, auna-do a la falta de preparación y apoyo científico, generó una inadecuada gestión de los recursos y capacidades con los que contaba el proyecto, llevando este a su culminación a los seis meses de vida.

Marco teórico y revisión de literatura

La empresa es la célula básica y elemental del sistema productivo de una eco-nomía, es una unidad económica indivisible en la que se genera el proceso de creación de valor que es la esencia, fin y función de todo sistema económico (Alegre, Berné, & Galve, 1995), la gestión estratégica es la disciplina científi-ca que estudia los aspectos relacionados con la dirección de las organizaciones y con la forma en que son gestionadas las áreas funcionales de la compañía. Así como la manera que tiene la empresa de concebirse a sí misma, de esta-blecer sus objetivos y valores, y de relacionarse con su entorno.

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La teoría de recursos y capacidades y el emprendimiento

Rumelt (1997), la finalidad de la estrategia es aportar elementos de apoyo para que la empresa sobreviva y sea exitosa. La gestión estratégica analiza y determina el comportamiento competitivo de la empresa, específicamente se centra en los determinantes de la ventaja competitiva y la forma en que pueden ser usados para generar beneficios. En toda organización o empresa, es primordial contar con ciertos recursos y capacidades que son la base para la generación de ventajas competitivas, las cuales son determinantes en la consecución de los objetivos de la firma, esto es, generar ventas y la más im-portante, conseguir beneficios.

La teoría de recursos y capacidades, centra su atención en el análisis de los activos que poseen y/o controlan las empresas, así como en sus diferencias, y en la importancia que tiene este hecho para explicar la evolución de los resul-tados (Barney, 1991). A partir de este enfoque, la empresa se considera como un conjunto único de recursos y capacidades con una historia única (Castro & López, 2006). Bajo esta perspectiva, la estrategia se define como una bús-queda constante de beneficios y de su mantenimiento, lo cual evidencia el enfoque económico del modelo (Reynoso, 2005).

Reynoso (2005), la consecución del éxito en la empresa depende tanto de la realización de las tareas de gestión y coordinación interna, como de la efi-ciencia con la que la empresa compite, la teoría de recursos y capacidades y la estructural explican la existencia de los beneficios extraordinarios causantes de este éxito, aunque el análisis empírico demuestra que la primera lo explica aún mejor.

El valor de la empresa está relacionado más con aspectos intangibles que con los tangibles sobre los que tradicionalmente se hacía la valoración (Jimé-nez, 1999); a su vez, los recursos intangibles y las capacidades suelen estar basados en la información y el conocimiento, por lo que no tienen límites definidos en su capacidad de utilización (Guerras & Navas, 2007); por esto se hace necesario gestionar el conocimiento, lo que significa dirigir los pro-cesos de creación, desarrollo, difusión y explotación del conocimiento para ganar capacidad organizativa (Revilla, 1995). Esto hace que cada día sea más evidente que el valor de la empresa está relacionado más con aspectos intan-

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gibles que con los tangibles sobre los que tradicionalmente se hacía la valora-ción (Jiménez, 1999), y por tanto, con el conocimiento.

Arranz (2000), cuando la empresa analiza la forma de alcanzar ventajas competitivas partiendo de los recursos y capacidades, deberá tener en cuenta que estos atributos, al ser formas de conocimiento, son el resultado de fusio-nar las ideas de la alta jerarquía con las del resto de la organización. Ferrer (1989), indica que esta fusión o ethos organizativo contiene una energía la-tente de recursos conocidos y no conocidos, utilizados o no utilizados, que indica a la empresa el cómo progresar y cambiar, pues se pueden desarrollar a partir de este potencial capacidades y rutinas mejoradas. Asimismo, estos atributos deben tener las siguientes particularidades: ser valiosos, raros o idiosincráticos, imperfectamente imitables y transmisibles, y que difícilmen-te tengan sustitutos [Barney (1991), Peteraf (1993), y Fernández (1993)].

Son características de los recursos valiosos, en el modelo de Barney (1991), los siguientes: simplicidad en su utilización, escasez, difícil imitación, difíci-les de sustituir y análisis de los gestores. Además no deben mantenerse recur-sos estratégicamente equivalentes, cuya existencia se puede observar como una cantidad adicional en la oferta de un recurso superior. Reynoso (2005), menciona tres definiciones de capacidades de la empresa:

a. Las capacidades de la empresa son las habilidades que tiene para inte-grar, construir y reconfigurar las competencias internas y externas de la empresa a fin de poder reaccionar rápidamente a los cambios del en-torno;

b. Habilidad de utilizar los recursos a través de los procesos organizacio-nales de la empresa, con el objetivo de obtener un fin determinado, y

c. Rutinas de alto nivel (o colección de rutinas) que, junto con los flujos de recursos, proporciona a los gestores de la empresa un conjunto de opciones de decisión para producir resultados significativos.

Según Collis (1994), la eficiencia se manifiesta en tres aspectos complemen-tarios: las capacidades estratégicas permiten a la empresa realizar sus activi-dades funcionales de mejor manera que sus competidores; se ajustan de for-

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ma dinámica a las demandas del entorno, y propician que la empresa obtenga recursos estratégicos. Teece, Pisano, & Shuen (1997), mencionan que las ca-pacidades de la empresa están soportadas por sus procesos organizacionales, es decir, por las rutinas organizativas que se realizan en ella y que tienen tres funciones: integración-coordinación (un concepto estático), el aprendizaje (un concepto dinámico), y la reconfiguración. Implicaciones del aprendizaje: involucra tanto habilidades de la organización como del individuo; el conoci-miento organizacional generado por las actividades que de manera cotidiana se realizan en la empresa, se refleja en nuevos patrones de actividad, en ruti-nas o en una nueva lógica de organización.

Las rutinas son patrones de interacción que representan soluciones exi-tosas a problemas particulares. Estos patrones de comportamiento residen en grupos de conducta, donde algunas rutinas simples pueden estar repre-sentadas por comportamientos individuales. Uno de los determinantes de la posición estratégica de la empresa es el control de activos, que son las plantas y equipos especializados y, aún más, los activos basados en el cono-cimiento, difíciles de comerciar y los activos complementarios a él, estos activos determinan la cuota de mercado y su rentabilidad en un momento dado. Los activos relevantes para las capacidades de la empresa se pueden clasificar de distintas formas. Una de ellas es usar las siguientes categorías: tecnológicos, complementarios, financieros, asociados a la reputación, es-tructurales, institucionales, derivados de la estructura del mercado y de los límites de la organización (Teece, Pisano y Shuen, 1997).

Bustamante (2004), establece que el esquema explicativo ortodoxo ha eli-minado al emprendedor del sistema, este ha tenido su reconocimiento a lo largo de la historia económica, lo que lo convierte en el punto de apoyo (pí-vot) sobre el cual gira todo negocio. La Real Academia de la Lengua Española (2012) da la siguiente definición de emprendedor “Que emprende con reso-lución acciones dificultosas o azarosas”.

Martín (2009), dice que a los emprendedores se les considera una parte importante del proceso de creación de empleo y un factor estimulador del crecimiento, ya que crean nuevas empresas, lo que genera una mayor riqueza y bienestar en un país. Según la definición de Wennekers, Sander, Thurik, &

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Roy, (1999) el emprendedor se vincula a la capacidad manifiesta y deseo de los individuos, ya sea por ellos mismos o mediante equipos, dentro o fuera de las organizaciones existentes, de crear nuevas oportunidades económicas, esto es, nuevos productos, nuevas formas de organización, nuevos métodos de producción, etcétera, e introducir sus ideas en los mercados, haciendo frente a la incertidumbre y a otros obstáculos, adoptando decisiones sobre la locali-zación, en la forma y uso de los recursos y de las instituciones.

Bilbao & Pachano (2002, p. 35), proponen la definición de emprendedor siguiente:

El emprendedor exitoso es una persona con un sueño, un objeti-vo, un deseo de crear, de innovar, que capta una oportunidad de negocio, que es capaz de “ver” su idea en forma terminada, que no se detiene ante los obstáculos, por lo que la persistencia y la tenacidad son características típicas de su comportamiento.

Malagón (2003) determinó que los emprendedores cumplen con las caracte-rísticas siguientes:

a. Constancia;

b. Sentido de oportunidad o de negocio;

c. Conocimiento;

d. Responsabilidad personal, y

e. Capacidad de liderazgo.

Rojas (2003), indica que desarrollar el espíritu emprendedor es:

a. Hacer las cosas, no buscar excusas ni razones para demostrar que no se puede hacer;

b. Levantarse con más fuerza cada vez que se caiga, nunca se empecine en buscar el motivo de tu fracaso;

c. Sé digno, consciente, responsable de tus actos;

d. Sé creador de algo, un hogar, una empresa;

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e. Entiende que el trabajo honrado y bien habido no es una necesidad ni sacrificio, sino un privilegio y oportunidad que nos brinda la vida, y

f. Sueña con algo, hazlo y descubre lo especial y únicos que somos, sean siempre positivos.

La Secretaría de la Reforma Agraria (ahora sedatu), es la institución del Go-bierno Federal que sirve a las mujeres y hombres que habitan y trabajan en los ejidos y comunidades del país; les proporciona certeza jurídica para su tierra y promueve el desarrollo rural integral con justicia social. Una de las formas en que apoya es mediante el impulso de proyectos productivos en ejidos y co-munidades a través de sus programas Fondo de Apoyo para Proyectos Produc-tivos en Núcleos Agrarios (Fappa), Programa de la Mujer en el Sector Agra-rio (Promusag), y Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (jerft).2 Promusag está orientado a las mujeres que se organizan para desarrollar un proyecto productivo que les permita obtener ingresos y con ello, contribuyan a combatir la pobreza en el medio rural (H., 2012).

Dentro del programa Promusag se pueden instalar proyectos en diversas áreas, como por ejemplo: ecoturismo, engorda de ganado, tiendas rurales, producción de alimentos o servicios varios.

Pueden acceder al programa Promusag:

a. Grupos de mujeres de 3 a 6 integrantes;

b. Mayores de 18 años;

c. Que habiten en núcleos agrarios;

d. Pueden ser posesionarias de tierra social, y

e. Reciben apoyo económico de $30,000.00 por integrante, siempre y cuando no exceda la cantidad de $180,000.00.

Podrán ser beneficiadas con el apoyo de Promusag mientras no hayan sido apoyadas en los últimos cinco ejercicios fiscales por el propio Promusag o por el Fappa (Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios).

2 Consultar página web de sedatu para informarse sobre los programas a su cargo. www.sedatu.gob.mx

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Método

Analítico y descriptivo, el primero, para analizar el caso y determinar fallas y aciertos que llevaron a la empresa por el curso que siguió, y el segundo para detallar las situaciones que vivió el emprendimiento.

Caso a analizar

La historia y detalles del caso fueron proporcionados por una de las mujeres que emprendieron este negocio que, a su vez, es hija de la líder principal ini-cial del emprendimiento, esto mediante una entrevista personal realizada el mes de mayo de 2012. Lo que más motivó al emprendimiento del negocio fue el hecho de que la emprendedora principal tiene un gran gusto por estos y una habilidad innata, sus cualidades y características personales coinciden en su mayoría con las de un emprendedor exitoso. El principal obstáculo para el emprendimiento de este negocio fue la falta de financiamiento, que una vez obtenido, el proyecto se puso en marcha.

En 2009 la emprendedora principal fue beneficiada con un apoyo de $100,000.00 en efectivo, con la ventajosa característica llamada “a fondo per-dido” para la puesta en marcha de un negocio rural en el municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el cual consistió en la crianza y engorda de ganado. El apoyo fue recibido de la Secretaría de la Reforma Agraria (ahora sedatu) mediante el Promusag. Los requisitos centrales que se solicitaron en el Progra-ma, para ser susceptible de financiamiento a las diferentes propuestas fueron: equipos de trabajo de nueve integrantes, todos los participantes deberían ser de sexo femenino, un proyecto que detallara el negocio a emprender haciendo én-fasis en la distribución del dinero del financiamiento, mismo que se mandó a elaborar con un ingeniero del área agropecuaria, y el último requisito fue el de poseer un espacio de terreno suficiente para llevar a cabo la actividad objeto del emprendimiento.

Los criterios de selección para la formación del equipo de trabajo fueron: ser mujer (requisito indispensable solicitado por el Promusag), pertenecer a la familia, tiempo disponible para el proyecto e interés en el mismo. Las ca-pacidades y/o habilidades con las que contaba el equipo de trabajo formado

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eran las de liderazgo, conocimientos en derecho, un poco de conocimien-tos sobre crianza de ganado y conocimientos empíricos sobre manejo de pe-queños negocios. La forma en que se dio la distribución del trabajo entre las mujeres emprendedoras fue mediante una reunión de toma de acuerdos, en donde los roles ya estaban definidos, la “señora” era el líder del proyecto, su hija licenciada en Derecho, administradora del recurso financiero, y las de-más integrantes fungirían como personal de apoyo, esto es, realizando labores operativas de compra de insumos, limpieza de establos, alimentación del ga-nado y atención a situaciones que pudieran surgir en el área de producción.

El plan de negocio elaborado fue pagado antes de que el beneficio monetario fuera otorgado, este solo detallaba cuestiones referentes a la inversión en equipo e insumos de producción (instrumental, equipo, alimento, crías de ganado, entro otros), por lo tanto, únicamente fue útil para “armar” la planta de producción y no para la organización del negocio ni para el sostenimiento de finanzas saluda-ble dentro del mismo. La forma de llegar al cliente final y más conveniente por el tipo de negocio, los recursos existentes y la región en donde se llevó a cabo el emprendimiento, fue la de vender el producto final a un intermediario mucho más grande para que vendiese el producto al consumidor final. El proyecto solo duró seis meses, desde su puesta en marcha hasta el cierre definitivo, lo cual co-rresponde a un periodo de engorda del ganado.

Aplicación de la teoría al caso

Es necesario analizar los aspectos internos de la empresa para encontrar los principales aciertos y fallas cometidos en el emprendimiento de este negocio, ya que las principales causas del éxito de una empresa se gestan en su interior. Emprendimiento de un negocio comienza por la idea y el deseo de un individuo de emprender, el cual debe tener ciertas cualidades y características, en este caso, para el emprendedor principal del negocio fue un acierto en su vida, ya que es una persona que cuenta con las carac-terísticas y cualidades del emprendedor exitoso, las cuales son constancia, sentido de oportunidad o de negocio, conocimiento, responsabilidad per-sonal y capacidad de liderazgo.

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El recurso monetario fue, junto con la decisión de emprendimiento, el prin-cipal detonante del negocio, este recurso era necesario para la compra del instrumental y los enseres para acondicionar la planta de producción, estos activos adquiridos serían los recursos tangibles con los que contaría la em-presa para comenzar a forjar un camino y formar ventajas competitivas, des-afortunadamente estos no tenían características innovadoras o especiales que pudieran llevar a la empresa a tener una ventaja de algún tipo como liderazgo en costos, diferenciación o enfoque, realmente fue lo más común que una empresa de este giro adquiere.

El hecho de que no existiera un plan de negocios adecuado que guiara a este emprendimiento en la formación de una estructura organizacional sólida pro-pició que existieran diversas situaciones, las cuales la organización no llevó de una manera adecuada al no existir una base para la coordinación interna, esto es, no se desarrollaron recursos intangibles (conocimientos, habilidades) ni se aprovecharon de buena manera los existentes, así como no existió planeación estratégica que guiara a la empresa hacia un objetivo mediante la orienta-ción adecuada de cada una de las acciones que se realizaran, esto debido a la base empírica y no teórica existente. Al acaecer la enfermedad de la líder del emprendimiento, en las etapas iniciales cuando aún comenzaba a ejecutarse, fue una de las situaciones para las cuales la organización no tuvo manera de manejar correctamente.

La falta de una base documental que orientara en la integración de los re-cursos y capacidades existentes propició una inadecuada gestión del conoci-miento que ató de pies y manos a la organización en lo referente a la creación y desarrollo de ventajas competitivas. Fueron tres motivos por los cuales el emprendimiento tuvo una vida corta, solamente seis meses:

a. Fallas en la capacidad de dirección, el líder principal enfermó al poco tiempo de recibido el financiamiento y abandonó el proyecto, no de for-ma definitiva pero no tuvo el contacto suficiente para dirigir el negocio hacia el éxito, quedando al frente del proyecto la hija de la líder princi-pal con profesión de licenciada en Derecho, pero sin conocimiento cer-tero sobre administración de negocios ni habilidades para un liderazgo efectivo. Esto generó un ambiente de desgobernanza, lo cual trajo con-

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sigo conflictos entre los miembros del equipo de trabajo y el desánimo por trabajar y/o continuar en el proyecto.

b. La apuesta del autor respecto al desenvolvimiento de la empresa si la líder hubiera podido desarrollar todo su potencial emprendedor empíri-co, consiste en considerar los resultados de una administración más efi-ciente y liderazgo más efectivo en términos de rendimiento financiero y desempeño organizacional.

c. Falta de capacidades en el área de compras, el equipo y los insumos se compraron a precios elevados, los cuales no estaban contemplados en el proyecto de inversión, esto generó un endeudamiento además del ya ad-quirido mediante el financiamiento por parte de Promusag, volviendo en pocos días inviable el negocio que se estaba emprendiendo, ya que la tasa de retorno de la inversión difícilmente sería la necesaria para que el proyecto sobreviviera en el corto plazo.

d. Falta de capacidad mercadológica, el producto a comercializar en el mo-mento que fue posible tener un producto terminado (ganado en condicio-nes de engorda óptimas), el precio al que se vendió era bajo, con este no fue posible recuperar lo invertido en la etapa de producción; el dinero obtenido fue utilizado para pagar las deudas contraídas con los proveedores y acree-dores, lo cual dejó al proyecto sin recursos, y a las mujeres sin ánimo para continuar. Esto fue producto de falta de capacidades en el área de negocia-ción, y falta de inteligencia en el área de mercado que analizara y previera la situación futura de precios para implementar las acciones que fuesen pertinentes.

Conclusiones y recomendaciones

Los conocimientos empíricos de los emprendedores, en este caso, no fueron suficientes para encaminar hacia el éxito el negocio, además la falta de co-nocimientos estructurados y un adecuado apoyo científico dirigieron fuerte-mente este emprendimiento hacia la no permanencia en el mercado.

La recomendación para Promusag es que solicite un plan de estratégico como requisito para ser susceptible de apoyo económico.

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Igualmente, si bien se recomienda a Promusag solicitar un plan estratégico a los posibles receptores de apoyo económico que determine claramente los costos y beneficios del proyecto, las estrategias y políticas de la gestión en términos de la investigación del mercado, los recursos humanos y financieros, la producción y distribución de los bienes y servicios, así como las externali-dades sociales y ambientales. Dado el caso de que los nuevos emprendedores carecen de los conocimientos técnicos y las habilidades necesarias, es impor-tante que los beneficiarios reciban el apoyo de profesionales pagados por el Promusag para que adquieran y apliquen al emprendimiento con el fin de asegurar su éxito. Además, se requiere de un periodo de asesoría para instru-mentar las principales herramientas e instrumentos de gestión del proyecto.

Que al emprender un negocio se cuente con, además de conocimientos empíricos, una base científica ya sea por parte de los integrantes del proyecto, o por parte de consultores externos.

Bibliografía

Alegre, L., Berné, C., & Galve, C. (1995). Fundamentos de la economía de la empresa: perspectiva funcional. Barcelona: Ariel Economía.

Arranz, S. D. (2000). “El potencial competitivo de la empresa: recursos, ca-pacidades, rutinas y procesos de valor añadido”. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, pp. 71-86.

Barney, J. B. (1991). “Firms resources and sustained competitive advantage”. Journal of Management, pp. 99-120.

Bilbao, A., & Pachano, S. (2002). Rasgos y actitudes de los emprendedores. Venezuela: Corporación Andina de Fomento.

Bustamante, J. C. (2004). “Crecimiento económico, nuevos negocios y acti-vidad emprendedora”. Visión gerencial, pp. 3-15.

Castro, G. M., & López, J. N. (2006). “La importancia de la reputación em-presarial en la obtención de ventajas competitivas sostenibles”. Investiga-ciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, pp. 29-39.

181


Collis, D. J. (1994). “Research note: how valuable are organizational capa-bilities?” Strategic Management Journal, pp. 143-152.

Española, R. A. (Junio de 2012). Real Academia Española. Recuperado el 5 de junio de 2012, de Real Academia Española: www.rae.es.

Fernández, Z. (1993). “La organización interna como ventaja competitiva para la empresa”. Papeles de Economía Español, pp. 178-194.

Ferrer, J. F. (1989). La práctica del liderazgo transformacional. Barcelona: ESADE.

Guerras, L. A., & Navas, J. E. (2007). La dirección estratégica de la empresa: Teoría y aplicaciones. Thomson-Civitas, pp. 249-250.

H., L. V. (Mayo de 2012). Promusagg-fappa-proyectos-sra.blogspot. Recupe-rado el 5 de junio de 2012, de promusagg-fappa-proyectos-sra.blogspot: www.promusagg-fappa-proyectos-sra.blogspot.mx.

Jiménez, A. (1999). “Las competencias y el capital intelectual: La manera de gestionar personas en la era del conocimiento”. Boletín Club Intelec, pp. 2-5.

Malagón, F. A. (2003). “¿Cómo orientar el espíritu emprendedor hacia la creación de empresas?”. Revista Escuela de Administración de Negocios, pp. 72-81.

Martín, M. Á. (2009). “El comportamiento de los emprendedores españoles en 2008”. Boletín Económico del ICE. Información Comercial Española, pp. 23-32.

Peteraf, M. (1993). “The cornerstones of competitive advantage. A resour-ce-based view”. Strategic Management, pp. 179-191.

Revilla, E. G. (1995). Factores determinantes del aprendizaje organizativo. Un modelo de desarrollo de productos. Valladolid: Club Gestión de Calidad de Valladolid.

Reynoso, C. F. (2005). La teoría de recursos y capacidades, fundamentos mi-croeconómicos. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Rojas, S. A. (2003). La actitud emprendedora. México: McGrawHill.

182


Rumelt, R. P. (1997). “Towards a strategic theory of the firm”. N. J. Foss, Resources firms and strategies (pp. 131-145). New York: Oxford University.

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). “Dynamic capabilities and stra-tegic management”. Strategic Management Journal, pp. 509-533.

Wennekers, Sander, Thurik, & Roy. (1999). “Linking enterpreneurship and economic growth”. Small Business Economics, pp. 27-55.

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La multifuncionalidad del medio rural en España: experiencia de desarrollo territorial

rural en Andalucía*

Fermín Ledesma Domínguez**

ResumenEl texto aborda los aspectos generales de las políticas de desarrollo ru-ral implementadas en la Unión Europea (ue) y sus efectos en la déca-da de 1990, particularmente en la región autonómica de Andalucía, España, a partir de la adopción del concepto de la multifuncionalidad del medio rural y del desarrollo territorial rural como estrategias de desarrollo local.

Para ejemplificar la puesta en marcha de la multifuncionalidad rural como política supranacional de la ue, se ha recurrido específicamente al estudio del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética y de la Sociedad Cooperativa Agrícola Almazaras de la Subbética, ubicados en el munici-pio de Cabra, en el corazón de la región de Andalucía.

Palabras clave: multifuncionalidad rural; desarrollo territorial; nueva ruralidad; neorural.

El panorama mundial de la agricultura

Actualmente, la agricultura y el medio rural continúan teniendo una presión considerable para generar alimentos para más de 7 mil millones de perso-

* Fecha de recepción: 7 de mayo de 2014. Correo electrónico: [email protected] ** Nota del autor: El documento es el resultado de la información recopilada en campo y consul-tada durante la estancia de verano “Desarrollo Territorial Rural” llevada a cabo en la Universidad de Córdoba, España (Uco, Campus Rabanales) durante el mes de junio de 2013, como parte del proyecto “Sociedad Rural, Economía y Recursos Naturales Integrando Competencias en el De-sarrollo Rural” (Seridar) del cual es miembro integrante la Universidad Autónoma Chapingo. La estancia hubiera sido imposible sin el apoyo de la beca de movilidad académica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y sobre todo, por quienes hicieron posible el apren-dizaje: los profesores de la Uco, Rosa Gallardo Cobos, Felisa Ceña Delgado, Eduardo Ramos Leal, Dolores Garrido y Pedro Sánchez Zamora. En México, mi gratitud al Dr. Conrado Márquez Rosano, Dr. Daniel Villafuerte Solís, Dr. Antonino García García y Dr. Timothy R. Trench Hamilton, todos de la Universidad Autónoma Chapingo, por el apoyo, la orientación y la facilidad para llevar a cabo la estancia de verano.

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Estudios Agrarios | Fermín Ledesma Domínguez

nas que habitamos el planeta, de los cuales, cerca de 925 millones presentan hambruna o desnutrición, ejemplo de ello ocurre en África Subhariana donde prevalecen serios problemas de alimentación (fao, 2011:71-73). Estos pro-blemas alimentarios se agravan en la medida que aparecen crisis económicas y conflictos sociales que encarecen los productos e insumos agrícolas.

Por otro lado, en muchos países sobre todo de América Latina prevalecen problemas ancestrales de estructura agraria y tenencia de la tierra, que im-posibilitan la formulación de una adecuada política alimentaria, en tanto, se deja la producción en manos de empresas agroindustriales de gran escala, colocando al Estado en un problema severo de seguridad y soberanía alimen-taria.

La respuesta del Estado desde las políticas agrícolas, operadas bajo diversos enfoques y adopción de modelos (revolución verde, desarrollo rural integrado, etcétera), ha estado orientada a subsanar la deficiencia alimentaria mundial, bajo una lógica de mercado. En el fondo, estas políticas con sus diferentes en-foques no han podido resolver el problema de raíz, manteniendo a las pobla-ciones rurales desfavorecidas, de ahí la preocupación por generar propuestas, tanto a nivel práctico como teórico que incidan en dinamizar el medio rural.

En este contexto se comienza a observar y explorar al medio rural como algo multifuncional, como nueva alternativa económica que vea más allá de lo agrícola, que permita generar bienestar económico, pues además es sabido de la aparición de actividades e ingresos no agrícolas en espacios tradicional-mente considerados como rurales.

El concepto del enfoque multifuncional en el medio rural

De acuerdo con Segrelles (2007:3), el concepto de multifuncionalidad se uti-liza por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Me-dio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 (Cumbre de Río). En el caso de la ue se asumió la multifuncionalidad rural como bandera de su reforma de la Política Agrícola Común (pac) en 1992, concepto que consolida y difunde con la Declaración de Cork en 1996 y con la denominada

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La multifuncionalidad del medio rural en España

Agenda 2000 llevada a cabo en 1997, en las cuales se establecieron las bases económico-financieras de la ue para el periodo 2000-2006.

Para Ramos, et al. (2005:200), el carácter multifuncional de la agricultura en la ue más bien, “fue esgrimido justificar el apoyo público al sector sobre el que se apoya buena parte del proceso de integración supranacional europeo”, es decir, la agricultura, los agricultores y el medio rural.

Desde la óptica europea, el paradigma de la multifuncionalidad del medio rural es dejar atrás la vieja imagen de “un campo atrasado y pobre” que no solamente debe cumplir la función básica de producir alimentos, sino que puede y debe asumir de manera simultánea la función ambiental (conserva-ción del medio ambiente y del paisaje rural), como también promover una función social, contribuyendo a la viabilidad de áreas naturales, el turismo rural, mejora de la calidad de vida, es decir, un desarrollo territorial equilibra-do (Arnalte, 2006:34-35), aunque este no suponga el abandono del enfoque competitivo que exige actualmente el mercado mundial de la agricultura.

En sentido amplio, la multifuncionalidad hace referencia

…a la búsqueda de alternativas económicas complementarias de las actividades agrarias; es decir, que permitan la diversificación productiva de los espacios rurales. Por tanto, la multifuncionali-dad y la nueva ruralidad deben ser entendidas, desde el punto de vista europeo, no solamente en lo que se refiere a la búsqueda de alternativas, sino también a la implicación de las instituciones y a la participación activa de la población local como agente implica-do en la ordenación del territorio rural (Ramos, et al.: 2005: 203).

La estrategia de la multifuncionalidad rural se ancla a la discusión de la nueva ruralidad, ampliamente estudiadas desde Latinoamérica. En esta nueva ru-ralidad, se argumenta que para alcanzar un desarrollo endógeno es necesa-rio incorporar la visión territorial en las políticas públicas del medio rural, como “motor de las transformaciones productivas y, por lo tanto, como factor esencial para los incrementos de la productividad y el ingreso” (Schejtman y Berdegué: 2004: 28).

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Así, la nueva ruralidad como nuevo enfoque pretende explicar las nuevas relaciones y realidades que ocurren en el medio rural, pero sobre todo, apun-ta a la diversificación de las actividades y los ingresos no agrícolas, teniendo como eje central al territorio y el potencial de los actores locales para lograr su plena incorporación a los bienes que el mercado demanda, y de paso, resolver los viejos problemas pendientes. En la práctica, la nueva ruralidad retoma la visión territorial de los actores locales para incorporarla en la estrategia deno-minada Desarrollo Territorial Rural (dtr).

En ese sentido, la evidencia más concreta es la operación del programa Lea-der (Liaison entre actions de développement rural, por sus siglas en francés) que desde 1991 incorpora aspectos no agrícolas, y la participación comuni-taria como elementos claves para el diseño de políticas ascendentes (bootom up) en el ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo rural de la ue.

En el dtr el territorio es el elemento central y detonante para alcanzar un pleno desarrollo rural, pues es ahí donde los actores locales y las localidades cuentan con enormes capacidades que permiten valorizar su capital social, natural y humano, expresados en la cohesión comunitaria, la identidad, la-zos de solidaridad, homogeneidad, capacidad de organización, potencialidad de recursos naturales, recursos humanos e incluso financieros. En el dtr, la cohesión del territorio plantea una posible salida a los problemas del medio rural en su conjunto ante el fracaso de los viejos enfoques desarrollistas, ver-ticales, extractivos y homogéneos que no tomaban en cuenta el valor local.

El medio rural europeo

Actualmente, la ue está integrada por 27 Estados miembros, cuenta con una población superior a los 500 millones de personas, de los cuales, 14 millo-nes son agricultores y 4 millones más trabajan en el sector alimentario. Los sectores agrícola y alimentario juntos representan 7% de todos los puestos de trabajo y generan 6% del Producto Interior Bruto (pib) europeo, entre las que destacan la producción de cereales con más de 300 millones de tone-ladas anuales, 140 millones de litros de leche, 21 millones de toneladas de

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oleaginosas, 16 millones de toneladas de azúcar, por citar algunos productos dominantes. (Comisión Europea, 2012).

De la totalidad, la ue exporta solamente 7% de la producción agrícola anual, en tanto que importa alrededor de 60 millones de euros en productos agríco-las, principalmente de Estados Unidos de América y Japón. Una característica de las explotaciones agrarias de la ue es su tamaño reducido, que no rebasan las 12 hectáreas de terrenos en la explotación media, mientras que 70% de estas explotaciones apenas cuentan con 5 hectáreas en promedio (Comisión Europea, 2012).

Esta realidad compleja del escenario agrario contrasta con la incipiente presión de la sociedad, quien “ya no demanda del campo solamente alimen-tos, sino también una serie de bienes y servicios distintos a los estrictamen-te agropecuarios, lo que provoca un aumento de la complejidad socioeconó-mica, funcional, demográfica y cultural de los espacios rurales” (Segrelles, 2000:85).

Frente a ello, la ue ha respondido con modernas reformas de sus progra-ma de Desarrollo Regional, Desarrollo Rural y particularmente en la Política Agrícola Común (pac), teniendo como eje central el destino de cuantiosas subvenciones para la mejora de la producción, infraestructura y precios de los productos agrícolas, a través de cinco principales fondos de inversión: el Fon-do Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (fse), el Fondo de Cohesión (fc), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (femp).

Particularmente en la pac, las últimas reformas se aprobaron en junio de 2013 que entre otras cosas, apuesta por una mejora en la distribución de los pagos directos a los agricultores, mayores apoyos para quienes realicen al me-nos tres prácticas agrícolas que favorezcan al medio ambiente, apoyo a zonas desfavorecidas, mecanismos de prevención de riesgos e instalación de jóvenes agricultores entre otras medidas, que pretenden mejorar la posición del agri-cultor europeo en la cadena alimentaria (Comisión Europea, comunicado de prensa, 26 de junio de 2013).

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Es a través del Feder y la pac que se marcan las directrices generales para que los Estados miembros orienten a los agricultores a desempeñar múltiples funciones para la sociedad

…la primera de las cuales es producir alimentos, pero además, con-servar el hábitat de la diversidad de fauna y flora, prestar bienes públicos y el más importante, el buen cuidado y mantenimiento de los suelos, el paisaje y la biodiversidad. El mercado no paga por esos bienes públicos. Para remunerar a los agricultores por este servicio que prestan a la sociedad en su conjunto, la ue les concede ayudas a la renta (Comisión Europea, 2012:1)

No obstante, estas rentas han resultado contraproducentes en algunas regio-nes del sur europeo, en donde

…existe un consenso de que el sistema de protección que pro-porciona la pac es muy inequitativo, con una distribución entre explotaciones de las distintas formas de protección que presenta un elevado grado de concentración de las tierras […] Las gran-des explotaciones [agrícolas] de esas regiones perciben dada su dimensión, un volumen importante de ayudas directas ahora con-solidadas bajo pago único. Cuando se ha planteado desde la Comi-sión Europea la modulación de las ayudas (redistribución gradual) estos agricultores se han opuesto radicalmente esgrimiendo argu-mentos de competitividad (Arnalte, 2006: 44).

El enfoque territorial del medio rural español

La transformación del actual paisaje agrario español no puede entenderse sin la incorporación de España a la Comunidad Europea en 1985. Los cambios y los ajustes en la mejora económica que experimentó el país a partir de su integración a las políticas de cohesión y social europea, han sido notorios en la agricultura y en la infraestructura pública sobre todo en la ferroviaria, ae-roportuaria e hidráulica.

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En el sector agrario, a partir de la integración comunitaria ocurrieron ajus-tes estructurales que se reflejaron en las altas tasas de desaparición de ex-plotaciones agrícolas, que impactaron en el despoblamiento de zonas rurales pese a la implementación de políticas y programas para fijar a la población en el campo. Únicamente en el decenio 1989-1999, desaparecieron 500,000 explotaciones, casi tantas veces como en los 27 años precedentes, mientras que la superficie media por explotación aumentó 25.4%, es decir, un proceso de concentración de tierras que se expresó en el incremento de explotaciones, sobre todo en superficies mayores a 50 y 100 hectáreas que representaban 67.7% de las explotaciones españolas y, por otro lado, provocó una alta ex-pansión del arrendamiento de tierras (Arnalte, 2006:61-79).

En ese contexto, solamente algunas explotaciones agrícolas se revitalizaron como el cultivo del olivar en la región de Andalucía, que en los últimos años ha experimentado la ampliación de la superficie sembrada, gracias a la políti-ca de subvención hacia a los agricultores.

Paralelamente a estas transformaciones, en la España moderna ocurre un proceso de envejecimiento de la población rural o bien próxima a jubilarse, sin que los jóvenes muestren interés por convertirse en agricultores; el poco interés se debe a que, desde un par de generaciones atrás, la ciudad y el Estado ha otorgado un estado de bienestar óptimo a la población.

Por otro lado, desde hace mucho se observa que la agricultura ha comenza-do a ser relegada como actividad preponderante lo cual se refleja en la escasa aportación al pib del país, es decir, no tiene una posición relevante como fac-tor de crecimiento económico.

En este contexto de cambios y ajustes estructurales que experimenta la ru-ralidad europea surgió el programa Leader, como iniciativa comunitaria (po-líticas bottom up), que entre otras cosas, busca “revitalizar las zonas rurales y apoyar al medio rural con medidas diseñadas para fomentar la diversificación desde una perspectiva territorial integral” (Ramos y Garrido, 2011: 46), ante la necesidad de instrumentar nuevos mecanismos que generen crecimiento económico.

Los programas Leader´s, en sus distintas versiones y etapas (Leader 1, Leader 2, Leader+), ha tenido la cualidad de que se organizan mediante los

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Grupos de Acción Local (gal) como órgano participativo a nivel territorial o comarcal en las que están representados asociaciones, organizaciones, uni-versidades, mujeres, jóvenes, iniciativa privada y pública, etcétera, quienes formulan los planes de ordenamientos enfocados primordialmente al desa-rrollo rural y no necesariamente agrícola. Son los Grupos de Desarrollo Rural (gdr), como órgano operativo, responsables de ejecutar las directrices locales.

Un aspecto central que encaminaron el funcionamiento de los programas Leader´s es que, dentro de las primeras fases de la pac se destinaron millo-narios fondos y subvenciones para mejorar la infraestructura pública, la co-mercialización de productos agrícolas, el desarrollo de zonas desfavorecidas y de montaña, que permitieran la articulación del territorio y la disminución de las disparidades regionales de la ue (Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, “Andalucía Rural”, 2008: 35). Esta política favoreció el desarrollo de localidades rurales, que en muchos casos, ahora son similares a las urbanas en cuanto a servicios públicos e infraestructura.

La intervención expresa de la ue en el ámbito rural, ha dado como conse-cuencia una nueva ruralidad en España que se expresa en la incorporación de actividades propiamente no agrícolas, como la recuperación de espacios arquitectónicos agrarios y pesqueros en los corrales marinos de la costa atlán-tica; reacondicionamiento de grandes cortijos de secano, haciendas, molinos rústicos, casas de viña, pueblos y castillos abandonados, con el fin de pro-mover el turismo rural y el patrimonio cultural que incentiven el desarrollo territorial.

En la parte socioambiental se promueven programas de biodiversidad y ecosustentabilidad para la conservación del suelo, de los paisajes agrarios, la revalorización del potencial productivo agrario y forestal (Entrevista perso-nal, Carmen Pérez del Río, gdr de la Subbética, 20 junio de 2013). En la par-te institucional se han realizado diversos esfuerzos por alcanzar una cohesión social mediante el fortalecimiento de las sociedades cooperativas, así como un marco normativo para la incorporación de la participación ciudadana que permita formar una “masa crítica” que proponga alternativas de su territorio.

Los agricultores españoles reciben altas subvenciones para la producción, entre las que se incluyen apoyos provenientes de los fondos de inversión eu-

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ropeos para la implementación de nuevas prácticas agrícolas que favorezcan al medio ambiente. No en vano hay quienes señalan un excesivo protectorado al agricultor europeo en virtud de estas ayudas. Para otros, lo que está emergiendo es una nueva relación campo-ciudad, en la que se demanda del agricultor y del medio rural su corresponsabilidad en la mejora del medio ambiente y la oferta de productos de calidad a cambio de las subvenciones.

Sin embargo, lo que está ocurriendo es la des-agrarización del medio rural, en consecuencia, el despoblamiento de las áreas rurales y la concentración de la tierra mediante contrato de arrendamientos de parcelas o explotaciones pequeñas, aunque por otro lado, la apuesta también ha sido el repoblamiento rural a través de la incipiente aparición de los neorurales como nuevos actores claves que dinamizan el desarrollo rural europeo.

El concepto y fenómeno de los neorurales no es más que el retorno de los habitantes “urbanitas” en busca de nuevas condiciones y mejora de la calidad de vida que ofrece el medio rural. Esta nueva movilidad neorural no ocurre en condiciones para favorecer a la agricultura, sino como productor de bienes o servicios públicos sea como jubilados, empresarios, artistas, turistas, etcétera, quienes desean llevar a cabo sus actividades en un ambiente más “sustenta-ble” de manera definitiva o temporal, con lo cual, pasan a constituir un nuevo segmento de la ruralidad española y actores del desarrollo endógeno. (Pérez, et al., 2011: 51-60).

La multifuncionalidad rural en Andalucía

Para ejemplificar la puesta en marcha de la multifuncionalidad del medio rural en España como consecuencia de una política supranacional de la ue, se recurre al estudio del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética y la Sociedad Cooperativa Agrícola Almazaras de la Subbética, ubicado en el municipio de Cabra, en el corazón de la región de Andalucía

Desde el punto de vista comunitario, Andalucía forma parte de una de las 17 comunidades autónomas que se conformaron en España desde 1978. La región andaluza está integrada por 769 municipios repartidos en ocho pro-vincias, con una superficie total de 8.75 millones de hectáreas (87,599 km2),

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es decir, 17% del territorio español, siendo la segunda comunidad autónoma del país y la cuarta en el marco de la comunidad europea, en extensión. (Cf. Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, “Andalucía Rural”, 2008).

Andalucía se encuentra en la parte sur de la Península Ibérica, limita con Extremadura y Castilla La Mancha, separadas por la Sierra Morena; al oeste con Portugal, teniendo como límite natural el río Guadiana; Al este con Mur-cia y el mar Mediterráneo y al sur con Marruecos, a través del Atlántico y el Mar Mediterráneo, que en su totalidad suman 945 kilómetros de litoral de la región Andaluza.

Desde el punto de vista paisajístico, Mata Olmo (1997:111) apunta que el medio rural de España presenta diferencias a partir de factores agroclimáticos y físicos, los cuales propician diversas formas de apropiación y construcción de territorios que se expresan sobre todo en la agricultura. En nuestra área de estu-dio, es decir, en el sur español, encontramos regiones secas con precipitaciones escasas, libre de heladas, con volumen alto de calor acumulado, es decir, un mediterráneo seco que supera o iguala la mitad del año, por consiguiente, se registran altas demandas de agua para la agricultura de regadío (Mata Olmo, 1997: 111).

Este paisaje seco es notorio en los litorales del Mediterráneo y en el Golfo de Cádiz, es decir, en gran parte de la región de Andalucía, pero también en las Islas Baleares y en las Islas Canarias, en el Mar Atlántico. Particularmente en Andalucía, los contrastes geográficos y climáticos permiten que convivan especies subdesérticas o enclaves de vegetación alpina o subtropical (Mata Olmo, 1997: 111).

En el paisaje agrario Andaluz se observan grandes extensiones de tierras de olivar, girasol, cereales, viñedos y hortalizas en la que es fácil distinguir un paisaje homogéneo, característico del mediterráneo español. Se trata de un paisaje inmi-nentemente olivarero.

En términos de producción agrícola, la región de Andalucía tiene un peso importante en el sector oleico mundial, tanto en superficie cultivada como en especialización y diversificación regional, al concentrar 30% de la superficie mundial sembrada de olivar y aproximadamente 60% del olivar español en

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las 1.42 millones de hectáreas cultivadas, lo que genera 80% de la producción nacional de aceite de olivo, que en términos regionales representa 42% de la producción comunitaria Andaluza, lo cual permite que 30% del empleo agrario dependa del olivar, del que la mitad es familiar (Arnalte, 2006:163).

La totalidad de las explotaciones en Andalucía suman 364,911 que inte-gran 7.789 millones de hectáreas, de las cuales solamente 4.9 millones son Superficies Agrarias Utilizadas (sau), con un tamaño promedio de 21.34 hec-táreas predominando el de carácter agrícola (Cf, Junta de Andalucía, Conse-jería de Agricultura y Pesca, “Andalucía Rural”, 2008:87).

El sembradío del olivar de la región andaluza experimenta cambios estruc-turales pese al creciente minifundio, al extenderse la superficie cultivada en más de 30% (Arnalte, 2006:163). En el año 2012, la superficie destinada al olivar fue de 1.554 millones de hectáreas, de las cuales 62% se realiza en tierras de secano (Encuesta sobre superficies y rendimientos cultivos, esyrce, Encuesta de Marco de Áreas de España, 2012).

De acuerdo con el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética en la pro-vincia cordobesa de Cabra, la implementación de enfoque territorial de de-sarrollo rural implicó profundos cambios, sobre todo, en la integración de las comarcas y en la concientización de los agricultores y prestadores de servicios locales. La presencia del Estado supranacional como la ue y las subvenciones a la agricultura olivar, han sido fundamentales en la consolidación de las es-trategias regionales y en la integración de las comarcas (entrevista personal, Carmen Pérez del Río, gdr de la Subbética, 20 de junio, 2013).

La integración territorial de Andalucía ha sido gestionada por los 52 Gru-pos de Desarrollo Rural (gdr), en la que participan más de un centenar de asociaciones de jóvenes, 200 asociaciones de mujeres, 700 ayuntamientos junto a las ocho diputaciones provinciales, más 200 cooperativas, organiza-ciones agrarias, sindicales, entidades bancarias y sindicales, entre otras.

El territorio de la subbética cordobesa

El territorio de la Subbética Cordobesa está integrado por 14 municipios que suman 124,252 habitantes, los cuales operan como Mancomunidad (alianzas

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municipales) en el centro de la región de Andalucía, dentro de la provincia de Córdoba, al sur de España. La comarca cuenta con una superficie total de 159,700 hectáreas de terrenos, en la que se encuentra el Parque Natural Sie-rras Subbéticas.

La orografía es muy accidentada, con altitudes que alcanzan en La Tiñosa los 1,570 metros sobre el nivel del mar (msnm). El paisaje está constituido básicamente por rocas calizas, que alternan con margas y arcillas en los fon-dos, dando lugar a formaciones geológicas tan características como dolinas, poljes, y cuevas.

La actividad primaria es el cultivo de olivo, la cual sustenta la economía del territorio. La instauración en los últimos 20 años de una cultura agroindus-trial, basada en el olivar, ha producido una profunda mejora en las expectati-vas y calidad de vida de los habitantes. El olivar es un cultivo histórico en esta comarca al igual que en gran parte de Andalucía.

De acuerdo con datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de 2007, existen en la comarca un total de 205 industrias agroalimentarias, la mayor parte relacionadas con el aceite y las grasas vegetales, éstas representan 38.5% del total de las agroindustrias. También son importantes, por el número de establecimientos registrados, las de manipulación y conservación (23.4% del total) y las enológicas, alcohólicas y de bebidas alcohólicas (12.2% del total) (Cuaderno de trabajo, guía básica, uco, 2013).

Una de estas agroindustrias es la Almazaras de la Subbética creada en 1948, bajo el nombre de Sociedad Cooperativa Agrícola Virgen del Castillo, ubicada en la localidad de Carcabuey en la que ocurren prácticas de multifuncionali-dad, integración territorial y economía social.

La Almazaras de la Subbética cuenta con más de 3,500 socios, entre pro-ductores de aceite de olivo y ganaderos, donde se producen aderezo, membri-llo, leche y otros servicios como la maquila de envase de productos locales. Actualmente cuenta con dos grandes instalaciones, la primera de ellas, está ubicada en el municipio de Carcabuey con más de 350,000 metros cuadrados y otro más en el vecino municipio de Priego de Córdoba.

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En las instalaciones de Carcabuey cada campaña de producción recibe has-ta 37 millones kilos de olivo, del cual un promedio de 20% se convierte en aceite, es decir, más de 7 millones de litros que se comercializan en la ue, capacidad que en algunas campañas han sido superados.

Más allá del olivo, las instalaciones de la sca Virgen del Castillo son multifun-cionales, pues sirven de envasadora de diversos productos locales como papas fri-tas de la marca San Nicasio, aceite extra virgen y aceituna de mesa para empresas nacionales.

La Almazaras de la Subbética opera bajo dos figuras asociativas, por un lado como Sociedad Cooperativa Agrícola (sca) enfocada únicamente a la produc-ción de aceite, y por otro, como Sociedad Limitada (sl) destinada al envase y la comercialización de los productos.

Es bajo estas figuras que diversifica sus ingresos como la generación de energía solar de 200 kilovatios, que obtiene de las placas ecológicas instaladas en el te-cho del centro de almacenamiento del membrillo, que luego comercializa al Estado central para el servicio público, una tienda local en la que se expenden productos de la región como el queso puro y la recolección de leña de olivo (entrevista personal Nuria Yañez, 20 junio de 2013.)

La Almazaras de la Subbética ha tenido un fuerte apoyo por parte de la ue a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), sobre todo en la modernización del envasado de aceite lo que ha permitido mejorar sus-tancialmente sus instalaciones, así como en el tratamiento de los residuos del aceite que redundan en la reducción en el impacto al medio ambiente.

El crecimiento y la diversificación de la Almazaras de la Subbética se ex-plica por la fuerte intervención de la ue a través de sus fondos de ayudas y su política de desarrollo rural, lo cual ha mejorado la infraestructura para la con-solidación de las empresas locales, la integración de servicios no agrícolas, el desarrollo humano como capital social y la revalorización de actividades que convergen en torno a un territorio determinado.

Un elemento más que evidencia la multifuncionalidad del campo en Anda-lucía es la integración del paisaje como elemento generador del desarrollo ru-

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ral, dejando a un lado la visión conservacionista de la naturaleza para incluirlo a los espacios del turismo rural.

La declaratoria de geoparque de las Sierras Subbéticas, en las que se conser-van rasgos geológicos de la formación del planeta como patrimonio mundial, ha generado la aparición de actividades de concientización sobre el medio ambiente a través de los centros de educación ambiental como la Granja-Escuela La Subbética o el complejo de Cortijo de Frías, ubicados en el muni-cipio de Cabra, donde a la par se realizan actividades de turismo rural para diversificar el ingreso del territorio.

Lecciones desde el sur español

La multifuncionalidad del medio rural en Andalucía, España es una rea-lidad, la cual ha ocurrido tras un largo proceso de integración e interven-ción de un gobierno supranacional como la ue. Los viejos problemas estructurales del campo han sido superados en gran medida a costa del despoblamiento rural, la concentración de la tenencia de la tierra y de las explotaciones agrarias, y la pérdida de la importancia de la agricultura en la economía nacional. Desde luego, la multifuncionalidad rural se desarrolla en con-textos y en regiones como Andalucía donde el paisaje homogéneo y otros conflictos agrarios han sido superados.

Un factor clave de la experiencia de desarrollo rural en esta región, parti-cularmente en la provincia de Córdoba, ha sido la integración de España a la ue que se ha traducido en la intervención del Estado como órgano regulador y protector de las decisiones locales y de la política rural, pues a partir de ahí, no solamente ha mejorado la infraestructura y la producción agrícola me-diante subvenciones, sino se han establecido reglas claras o marcos comunes supranacionales para el desarrollo rural, el fortalecimiento de las institucio-nes públicas, y creado espacios de participación ciudadana a través de los gdr y los programas comunitarios Leader que suponen un enfoque ascendente de las política públicas que inciden en la gobernanza rural, es decir, en la nueva ruralidad.

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Finalmente, es necesario hacer hincapié en la importancia de que los pos-grados mexicanos incentiven a sus estudiantes a recorrer el mundo para vi-sitar y analizar estas experiencias de desarrollo rural en otras regiones, sin descuidar nuestros contextos locales y sus contradicciones.

Bibliografía

Arnalte Alegre, Heladio, (coord.) (2006). Políticas agrarias y ajuste estruc-tural en la agricultura española. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-tación, Serie estudios, 1a edición: Madrid, España.

Camarero, Luis, (coord.) (2009). La población rural de España, de los des-equilibrios a la sostenibilidad social. Colección de estudios sociales núm. 27, 1a edición, fundación “La Caixa”: Barcelona, España.

Comisión Europea (2011). La política agraria común, una asociación entre Europa y los agricultores. Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, versión electrónica: Bélgica. Consultado el 10 de julio de 2013. Disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_es.pdf.

fao (2011). “La alimentación y la agricultura mundiales, a examen”, en Es-tado mundial de la agricultura y la alimentación 2010-11, Roma, Italia, pp. 71-90.

Ramos, Eduardo y María del Mar Delgado, (2005). “El enfoque territorial del desarrollo rural: de las aportaciones teóricas a su aplicación en Andalu-cía” en Delgado, Manuel, María del Carmen López y José Juan Romero, Economía y territorio, la comunidad autónoma Andaluza, Colección Etea, 1a edición, edit. Desclée De Brower: Bilbao, España, pp. 195- 220.

Segrelles Serrano, José Antonio, (2007). “La multifuncionalidad rural: rea-lidad conflictiva en la Unión Europea, mito en América Latina”, en Revista Cuatrimestral de Geografía, núm. 72. Departamento de Geografía, Univer-sidad de Oviedo, España, pp. 89-99.

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Pérez Rubio, José Antonio y Marcelo Sánchez-Oro Sánchez, (2012). “Mo-tivaciones y orientaciones de los nuevos pobladores en áreas rurales aleja-das” en Revista Española de Sociología, núm. 17, pp. 49-74.

Schejtman, Alexander y Julio A. Berdegué, (2004). Desarrollo territorial ru-ral, Debates y temas rurales, núm, 1. rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 1a edición: Santiago de Chile.

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Ganadería a medias en la Sierra de Santa Marta, Veracruz*

José Manuel Flores López

ResumenEl artículo tiene como objetivo principal describir un importante trato productivo en las regiones, sobre todo tropicales, dominadas por la eco-nomía ganadera. A dicha actividad se conoce como “ganadería al parti-do” o “ganado a medias”. Pretende mostrar algunas consecuencias de la adopción de tal actividad por parte de los productores locales, como lo fueron la transformación del paisaje y el control del espacio ejidal por parte de ganaderos externos. El material etnográfico proviene de un pe-queño ejido zoque-popoluca del municipio de Tatahuicapan, al sur del estado de Veracruz, llamado Piedra Labrada.

Palabras clave: tratos o contratos; ganadería a medias; comunidad; ejidatario; reparto agrario.

Introducción

Piedra Labrada se localiza en la región conocida como Sierra de Santa Mar-ta, en la cual hoy convergen cuatro municipios veracruzanos: Soteapan, Mecayapan, Pajapan y Tatahuicapan, constituye un espacio interétnico ha-bitado principalmente por indígenas nahuas y popolucas, al que se han integrado mestizos provenientes de otros municipios del Veracruz así como de otros estados del país. De acuerdo con el Censo de Población, 2010, la pobla-ción hablante de lenguas indígenas en estos municipios era la siguiente: en Tatahuicapan 67.1%; en Soteapan 84.2%; en Mecayapan 73.6%, y en Paja-pan 61.1 %.

La Sierra forma parte de una región natural más amplia conocida como Los Tuxtlas, en donde se encuentra la selva alta más septentrional del continen-te. En su conjunto, la sierra de Los Tuxtlas es una de las cinco regiones más

* Fecha de recepción: 2 de julio de 2013. Correo electrónico: [email protected]

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Estudios Agrarios | José Manuel Flores López

lluviosas del país. Anualmente recibe 4,000 mm/año. Ningún otro lugar en el Golfo de México, desde Florida hasta Campeche, tiene una precipitación plu-vial más alta. Los numerosos ríos que descienden de las montañas –San Martín Tuxtla, San Martín Pajapan y Santa Marta–, drenan en alguna de las dos cuencas a las que están ligadas las sierras de Los Tuxtlas y Santa Marta: la del Papaloapan al norte, y el Coatzacoalcos al sureste, y de ahí hacia el Golfo de México o bien lo hacen directamente en el mar (Guevara y otros, 2004).

Actualmente, la Sierra de Santa Marta es, en su mayor parte, un inmenso potrero para la cría de ganado vacuno. Del inmenso mar verde que fue hasta la década de 1950, hoy solamente quedan pocos remanentes: menos de 15% de la cubierta forestal original (Véase Guevara y otros, 2004; Paré y otros, 1997). Algunos de estos remanentes aún están lo suficientemente compactos como para apenas afirmar la existencia de una selva.

La cubierta vegetal que ha logrado escapar a la actividad productiva rehúye, arrinconándose en las cimas de los volcanes y sus laderas, en donde la selva se apretuja con otros tipos de vegetación como el bosque mesófilo de montaña o los bosques de pinos y encinos. Es por ello que desde los años ochenta del siglo pasado, se han implementado diversos programas que han intentado apaciguar la implacable deforestación alimentada por décadas de aprovecha-miento extensivo.

Antes de describir el trato conocido como “ganado a medias”, se describirá el proceso que llevó a la adopción de la actividad ganadera en la Sierra de Santa Marta y en Piedra Labrada, cuyas consecuencias han sido la comple-ta transformación del paisaje. La inserción de los campesinos popolucas de Piedra Labrada en la actividad ganadera se dio a través de este tipo de tratos, y el desarrollo posterior de la ganadería como principal actividad económica dependió de ellos; actualmente prácticamente todos los ejidatarios de Piedra Labrada mantienen tratos “a medias” con ganaderos de la región y los ingre-sos económicos obtenidos a partir de ellos, constituyen una parte sustancial de los ingresos familiares.

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Ganadería a medias en la sierra de Santa Marta, Veracruz

El avance de la ganadería sobre la Sierra de Santa Marta y la transformación del paisaje

El proceso de expansión de la actividad ganadera hacia la Sierra inició mucho antes de que los ejidatarios de Piedra Labrada y los demás pueblos del interior de la Sierra comenzaran a adoptarla mediante tratos “a medias”–al menos 40 años antes–, y fue parte del proceso nacional de expansión del sector hacia los trópicos. Hasta los años cuarenta del siglo xx, las regiones tropicales del país eran y se consideraban como grandes reservas territoriales, con todo un futuro productivo –particularmente agrícola– por delante y las plantaciones de cacao, plátano, caña de azúcar o tabaco, cuyo objetivo era los mercados inter-nacionales, fueron la estrategia económica predominante hasta los años treinta en las zonas tropicales (Villafuerte y otros, 1997).1 Sin embargo, la frontera ga-nadera –no la agrícola– finalmente se expandió sobre el trópico húmedo, trans-formando en solamente unos años miles de hectáreas de selvas en campos de pastoreo.

El crecimiento y expansión de la ganadería tiene un periodo de crecimiento explosivo entre los años cuarenta y cincuenta del siglo xx, época en la que la superficie de pastos aumenta 42.4% en seis estados del trópico (Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y sobre todo en Tabasco, Campeche y Yucatán), pa-sando de 3.6 a 5.2 millones de hectáreas. Diez años más tarde, la superficie alcanzó poco más de 6.1 millones (96% del crecimiento tuvo lugar en Ve-racruz, Chiapas y Yucatán), y para 1970 la superficie ocupada por pastos naturales y cultivados llegaba a los 6.7 millones de hectáreas (Villafuerte y otros, 1997).

En la sierra de Santa Marta, a finales de los años cuarenta, la mayor parte de la superficie estaba cubierta por una densa selva lluviosa, exuberante y –según relatos de sus habitantes– peligrosa e intimidante para quien se aven-

1 No es que la actividad ganadera no existiera bajo la humedad y el calor de los trópicos. En algunos lugares, como el sur de Veracruz, de hecho la ganadería vacuna fue una actividad económica rele-vante durante la Colonia y la estancia ganadera fue desde los comienzos del establecimiento espa-ñol, parte inseparable de los paisajes bajos y cálidos veracruzanos (véase Delgado, 2000; Alcántara, 2007; Barrera-Bassols, 1995), pero en comparación con la producción ganadera en los altiplanos áridos y semiáridos, en los trópicos su desarrollo fue lento y, a diferencia de su desarrollo posterior, no originó daños considerables a la estructura de la vegetación ni en la composición de especies en los ecosistemas que ocupó (Guevara, 2001: 2-3).

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turara a sus entrañas. Para entonces la presencia de pastos era absolutamente minúscula, casi imperceptible, con excepción de una porción del municipio de Pajapan2 –al sureste de la Sierra– en donde la expansión de la ganadería comenzaba a expresarse en una lucha de poder entre diferentes actores en un ámbito circunscrito no meramente a lo local entre campesinos, élites eco-nómicas y políticas y organizaciones ganaderas (véase Buckles y Chevalier, 1993).

En Pajapan, pronto hubo campesinos indígenas conversos que se apropia-ron rápidamente de la ganadería como una forma viable de ganarse la vida, aún a costa de los recursos forestales que desaparecían a su paso. La pre-sencia de la ganadería también impregnó con su sello la política local y los conflictos de interés en las contiendas políticas municipales tuvieron en su centro la posibilidad de seguir extendiendo las superficies de pastos y un mayor número de reses.

Hacia finales de los años cuarenta del siglo pasado, el triunfo a escala na-cional y regional del proyecto alemanista sobre las ideas cardenistas de cuño agrarista, permitió la consolidación en el sur de Veracruz de un grupo gana-dero de enorme fuerza política y económica, irradiada desde los centros de poder regional como Acayucan y Coatzacoalcos, y canalizada a través de la Unión Regional Ganadera y sus filiales locales (Velázquez, 2000: 113–114).

En Pajapan, una comunidad agraria que a diferencia de sus vecinos popo-lucas de Soteapan había podido evitar durante el Porfiriato la pérdida de sus tierras comunales (véase Velázquez, 2006, 2001), pequeños ganaderos loca-les y ganaderos de Coatzacoalcos, en alianza, habían aprovechado el acceso comunal a la tierra para, mediante el arrendamiento, tratos de medianía y a veces la ocupación impune, hacerse de tierras desplazando a los cultivos hacia lugares más altos y menos fértiles (véase Chevalier y Buckles, 1995).

Para hacer frente al acaparamiento de tierras por parte de los ganaderos, desde los años treinta líderes y autoridades municipales habían solicitado la

2 Así, para 1949 las superficies ocupadas con pastos en los municipios de Soteapan, Mecayapan y Pajapan eran respectivamente del 2.4, 0.8 y 27.9% en relación con la superficie total. Para finales de los años ochenta los pastos ocupaban la mitad de la superficie de los tres municipios mientras que la selva se había reducido a menos de 10% (Paré y otros, 1993).

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dotación ejidal como medida para proteger sus tierras y cultivos que comen-zaban a ser invadidos por ganado ajeno. La estrategia no tuvo éxito y los ga-naderos de Coatzacoalcos respondieron con el asesinato de tres presidentes municipales. Cuando los esfuerzos se renovaron una década después, y se formó otro comité agrario buscando la dotación ejidal, la oposición devino ya no solamente de los ganaderos de Coatzacoalcos sino también de pequeños productores locales con el apoyo de aquéllos. Para 1951 las autoridades muni-cipales, dominadas ya por ganaderos, nuevamente formaron otro comité agra-rio para solicitar ya no la dotación ejidal sino el reconocimiento y la titulación de bienes comunales, proceso que culminó con la resolución presidencial en ese sentido en 1968 (Buckles y Chevalier, 1993).

En el municipio vecino de Mecayapan la historia no fue muy diferente y aun-que un poco después que Pajapan, en la década de 1950, aquí también los líderes ganaderos de las asociaciones regionales y locales, a través del control que ejer-cían sobre los comités agrarios, fueron retrasando la dotación ejidal favoreciendo la concentración de tierras por parte de los ganaderos locales. Aun después de otorgada la dotación ejidal, las tierras se mantuvieron en uso común y con ello siguieron los actos de acaparamiento mediante el cercado de superficies de 100 y más hectáreas (Velázquez, 1992), que se iban extendiendo sobre las zonas más planas y fértiles, razón por la cual se comenzó a demandar el parcelamiento de las tierras ejidales (Lazos 1996: 207).

A diferencia de Pajapan y Mecayapan, en Tatahuicapan, entonces una co-munidad del municipio de Pajapan, la expansión de la ganadería se debió a los campesinos que, mediante la conjunción de dinero y trabajo, crearon cooperativas de encierro para posibilitar la producción pecuaria sin recurrir a la intervención –al parecer, al menos en Tatahuicapan– de contratos de me-diería, comunes en el municipio de Pajapan (Lazos 1996).

Los proyectos de colonización agraria, el reparto agrario y más tarde, los programas de financiamiento gubernamental, le dieron nuevos impulsos a la expansión y el desarrollo de la ganadería en la Sierra. Por un lado, el Plan Nacional de Colonización –cuyo propósito era establecer un régimen de propiedad rural con la finalidad de colonizar tierras y favorecer el poblamien-to e incremento de la producción agrícola y ganadera–, llevó en las décadas de

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1950 y 1960 a cientos de hombres, mujeres y sus familias, provenientes de las zonas ganaderas del centro del estado, a poblar áreas específicas de la región. Estas familias establecieron colonias como la Perla del Golfo, en el municipio de Mecayapan; La Magdalena, en el municipio de Soteapan, y Adalberto Te-jeda en el municipio de Catemaco.

Por otra parte a partir de la década de 1960, inicia en el interior de la Sierra un proceso de dotación de tierras ejidales. Hasta los años cincuenta, además de Piedra Labrada solamente existían las localidades nahuas de Los Arrecifes y Sochapan, al norte, y la comunidad popoluca de Mirador Pilapa, al sur. Con el reparto agrario, el espacio selvático de esta parte de la Sierra fue poblándose paulatinamente con nahuas del municipio de Mecayapan, popolucas de Soteapan, así como con gente de regiones ve-cinas –sobre todo de Los Tuxtlas– (Velázquez, 2006), estableciendo eji-dos como La Valentina, Pilapillo, Santanón Rodríguez, Benigno Mendoza, Venustiano Carranza y otros, algunos de los cuales estuvieron orientados desde su creación a la ganadería (Lazos, 1996; Paré y otros, 1993; Durand, 2000; Castellanos, 2010). Así, la mayoría de las localidades del interior de la Sierra ubicadas al norte y al oriente, fueron fundadas en la década de 1960 y en la siguiente, aunque todavía en la década de 1980 se formaron algunos poblados (Velázquez, 2006: 353).

Es en estas décadas cuando tuvo lugar una verdadera expansión de los po-treros a costa de la cubierta vegetal. De hecho, entre 1972 y 1986, esta región es la que pierde la mayor extensión de bosque que el conjunto formado por las sierras de Los Tuxtlas y Santa Marta. En este periodo, la actividad productiva que giró de la agricultura a la ganadería, provocó una intensa fragmentación de la selva que tuvo como consecuencia el aislamiento de la vegetación del macizo de Santa Marta de la del macizo de San Martín Pajapan (Guevara y otros, 2004: 95).

Hoy, solamente en las cimas de los volcanes, cubiertas frecuentemente por una espesa neblina, puede apreciarse una selva todavía viva. En el ondulante relieve de la Sierra son visibles algunos remanentes en los bordes de ríos y arroyos, así como también algunos acahuales de diferentes edades, árboles aislados, remanentes de la cobertura original de la selva, tocones y troncos

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pudriéndose sobre la tersura de los pastizales, al lado de las cercas, galeras, corrales y pequeñas cabañas que conforman las instalaciones básicas de la actividad ganadera.

De la misma manera que estas formas de ocupación y transformación del es-pacio –la colonia y el ejido– impulsaron la ganaderización de la Sierra, el otor-gamiento de créditos oficiales también tuvo un papel importante. En la primera mitad de la década de 1970 la Comisión Coordinadora para el Desarrollo In-tegral del Istmo de Tehuantepec y el Fideicomiso Ejidal Ganadero, llevaron los primeros programas de asesoría técnica y de crédito para la ganadería campesina. Ambos proyectos culminaron en la segunda mitad de la década, absorbidos por el Programa Integral para el Desarrollo Rural creado en 1973 –y desaparecido en 1983– a sugerencia del Banco Mundial, e interesado en promover la moderniza-ción y la monetarización de las economías rurales como estrategia para abatir la pobreza.

Los créditos provenientes de dichos programas permitieron que campesinos sin recursos incursionaran en la actividad ganadera, dejando de ser ésta “coto privilegiado de una pequeña élite local, lo que a su vez dio fuerza a la lucha contra el acaparamiento de tierras” ejidales (Velázquez, 2000: 117). Asimis-mo, la banca comercial y Banrural extendieron créditos a lugares donde los programas no habían llegado, generalmente a poblaciones del interior de la sierra como Magallanes, San Francisco Agua Fría, Benigno Mendoza y Piedra Labrada.

La crisis económica de comienzos de la década de 1980 y las políticas de ajuste que le siguieron, tuvieron grandes efectos sobre la actividad pecuaria, que entró también en una crisis estructural de considerables proporciones (véase Villafuerte y otros, 1997; Rutsch, 1984). La producción decayó y los créditos e instituciones de apoyo al sector fueron paulatinamente restringidas o eliminadas.

En este contexto de crisis nacional, el crecimiento de la ganadería en la sierra de Santa Marta perdió intensidad, aunque siguieron abriéndose nuevos potreros y la actividad ganadera se expandió a través de la mediería en gana-do, del “alquiler de pastos” y de la venta de derechos agrarios, sobre todo en

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aquellos lugares que quedaron marginados de los créditos bancarios (Paré y otros, 1993).

Es precisamente a través de aquellos mecanismos –contratos de mediería y “alquiler de pastos”– que ganado y pastos comienzan a ocupar el espacio que anteriormente ocupaban los cultivos de maíz y la cobertura vegetal selvática, Piedra Labrada comienza a ser absorbida en la actividad ganadera. La “renta de pastos” es un tipo de trato agrario que algunos autores han denominado “renta de piso” (Véase Robles, 2005). He preferido usar el término local ya que refleja adecuadamente lo que los productores quieren decir con él.

Los ejidatarios ponen su atención en otro lugar, no en el piso, sino en el pasto. Es por eso que algunos conocen al trato no como una “renta de piso” sino como una “renta de pasto”. No es exactamente el piso lo que están ce-diendo sino el pasto, estrictamente la hierba inducida que crece sobre su pro-piedad. Los dueños del ganado no tienen derecho alguno sobre la propiedad y los recursos que allí existen, salvo sobre el pasto que han pagado y que sirve de alimento para sus reses. De hecho, algunos otros ni siquiera consideran exactamente al mismo trato una renta, sino una “venta de pasto”, lo cual tie-ne que ver con que los tratos no obligan a la persona que adquiere el pasto a mantener el convenio por un tiempo definido.

Mediante este trato, los ganaderos mestizos de otros lugares, tanto del inte-rior de la sierra como de otras partes del estado de Veracruz, encontraron en Piedra Labrada –y en otras comunidades de la sierra– el pasto suficiente para su ganado, y los ejidatarios encontraron en él también una manera de ganar dinero para complementar sus ingresos. A finales de los años ochenta y prin-cipios de los noventa, la renta de pastos se volvió menos frecuente –aunque algunos siguieron dedicándose a ello hasta hace apenas unos años– ya que se le dio prioridad al manejo del ganado a medias y la creación de un hato propio.

Asimismo, en la primera mitad de la década de 1980, se establecieron los primeros convenios de “ganado a medias” entre ejidatarios locales y gana-deros de otros lugares. De las tres personas que iniciaron con la actividad, el primero obtuvo en 1984 ganado de una persona del centro de Veracruz; poco después, los otros dos lo hicieron de un maestro de primaria originario

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de Chinameca.3 En este periodo las parcelas tuvieron un uso intensivo en las que los campesinos combinaban diversas actividades agropecuarias que im-plicaban diferentes usos del suelo: una zona para el cultivo del maíz, frijol y otros productos, otras para pastoreo y otra de acahual. El manejo y aprovecha-miento de la parcela estaba basado en la rotación periódica de las diferentes secciones que componían la parcela, intercambiando las actividades realiza-das en cada una de ellas.

El cambio más radical en torno a la actividad ganadera comenzaría a finales de esta década y principios de los noventa, en particular desde 1993, cuando las superficies de pasto crecieron con mayor velocidad –a expensas de los acahuales y de las zonas de cultivo– al tener los ejidatarios acceso a los recur-sos proveídos por el Programa Nacional para el Campo (Procampo). Cada superficie desmontada para convertirla a potrero era primero sembrada con maíz y después con pasto. En este sistema maíz-pasto, el cultivo de maíz ha quedado subordinado a la ampliación de las superficies de pastoreo, convir-tiéndose en un cultivo itinerante, aunque en un sentido distinto al tradicional.

Es itinerante porque el maíz es cultivado cada vez en diferentes lugares de la parcela, aunque siempre siguiendo el ritmo de la expansión de los pastos. Este fue el camino que varios ejidatarios siguieron para empastar sus parcelas; procediendo poco a poco, primero maíz y después pasto, fracción por frac-ción, un año tras otro. Cuando las superficies que empastar eran muy grandes, cuatro o cinco hectáreas, no se cubría enteramente de maíz o bien se le daba oportunidad a alguien más, un familiar o un amigo, de que realizara ahí su propio cultivo.

La intensa degradación ambiental que ha sufrido la Sierra, la ha convertido en su mayor parte, en un inmenso potrero para la cría de ganado vacuno, ha sido igualmente un factor importante en el desplazamiento de la actividad agrícola por la ganadería. Los campesinos lo tienen claro y cuando uno pre-gunta por qué ya no se cultiva maíz en grandes cantidades, generalmente se

3 El proceso común de cambio socioeconómico en las comunidades de la microrregión ganadero-milpera, iniciado a partir de 1980 y apoyado en el establecimiento de convenios de aparcería en ganado, y de arrendamiento de pastos que llevarían a la sustitución de las actividades agrícolas por la ganadera, ha sido ampliamente descrito para la comunidad de Pilapillo ubicada en esta misma microrregión (véase Castellanos, 2001).

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responde que es debido a que las tierras han perdido fertilidad y, por lo tanto, hay que gastar en insumos que suplan o complementen las deficiencias físicas y químicas del suelo.

De los dos cultivos anuales de maíz que se pueden realizar, el menos común es el de invierno,4 ya que es necesario invertir más trabajo debido a las plagas y animales que hay en esta estación, además de que los vientos que cruzan del Océano Pacífico al Golfo de México en los primeros meses del año, con frecuencia vuelven inviable el cultivo; como dijo un ejidatario: “es más fácil comprar maíz”.

Equilibrio precario: campesinos y “ganadería a medias”

Con excepción de las personas que han llegado a comprar tierras en Piedra Labrada,5 que generalmente se dedican a una ganadería especializada en la cría de animales de engorda, la mayoría de los ejidatarios locales practica una ganadería de doble propósito; esto es, una ganadería que tiene como objeti-vo la producción de carne –aunque ellos vendan el ganado en pie– y leche, característica de las zonas tropicales del país, que se lleva a cabo con ganado resultante de cruzas de razas cebuinas con ganado especializado como Suizo Pardo (véase Arriaga y otros, 2000) .

La rutina diaria es sencilla y sistemática, casi ritualizada, y en comparación con la agricultura, no requiere demasiado trabajo:

Yo cuando empecé a agarrar ganado a medias a mucha gente no le gustaba. La gente se dedicaba a la milpa y te digo que ellos se mo-lestaban pues porque toda la gente me veía en estas horas [tem-

4 En esta región es posible obtener dos cosechas al año; el cultivo de temporal se realiza en junio y se cosecha en septiembre, mientras que el cultivo de invierno o tapachole se hace en diciembre y la cosecha es en marzo o abril. Los meses indicados son los más comunes aunque debido a la alta humedad y precipitación pluvial, los periodos de cultivo pueden variar y hay quienes siembran el temporal en mayo y el tapachole en noviembre, o incluso en enero.5 En las últimas dos décadas, los habitantes de Piedra Labrada han tenido que afrontar procesos importantes en este sentido, pues entre 1994, cuando se llevó a cabo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), y 2004, la mitad de la superficie ejidal pasó a manos externas a través de tratos de compra-venta, principalmente de rancheros mes-tizos de otros lugares (véase Flores, 2011).

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prano]; un señor me dice: oye, ¿por qué tú no trabajas? Tal vez tú me veas a estas horas no trabajando pero yo voy a trabajar, y si me ves regresando a las 10-11, pues, ¡pues yo ya fui a trabajar!”

Juan Rodríguez, ejidatario, 49 años

Los hombres salen por la mañana, alrededor de las cinco y media, poco antes del amanecer. Con frecuencia los productores trabajan con su familia o parte de ella. Cuando los hijos son pequeños o adolescentes lo acompañan en las actividades; cuando son más grandes generalmente lo hace uno de ellos y el resto, sean hombres o mujeres, pueden migrar temporalmente a Oaxaca, Si-naloa, o Ciudad Acuña, para emplearse como cortadores de limón, de tomate o como obreros en las maquiladoras, rutas que han cobrado importancia en los últimos 15 años. También independizarse, aunque sea parcialmente, pues generalmente pueden seguir encontrando en la parcela de su padre un lugar en donde cultivar maíz o tener un par de cabezas de ganado.

Al llegar a la parcela llevan las vacas hacia el establo en donde los becerros las esperan ansiosamente y con hambre desde el día anterior. Después de la ordeña, cerca de las siete y media u ocho de la mañana, se encaminan a en-tregar la leche a uno de los dos compradores que llegan a la comunidad cada día. La leche es recogida diario por las mañanas en una de las calles del pueblo que funciona como centro de acopio. No hay ningún tipo de control sanitario ni sistemas de enfriamiento. Los convenios que ha establecido el taller con los ejidatarios de Piedra Labrada son verbales y se basan únicamente en el co-nocimiento mutuo, que garantiza que el quesero les pagará a tiempo la leche entregada –cada catorce días– y que éstos cumplirán con algunas responsabi-lidades, como entregar la leche sin agua.

Lejos de las empresas agroindustriales, de las pausterizadoras y trasforma-doras, la leche antes de 1996 no era aprovechada ni siquiera para autoconsu-mo. Los ingresos derivados de la actividad ganadera hasta entonces dependían básicamente de la cría y engorda. Solamente una persona la utilizaba para la elaboración de quesos que eran vendidos en la misma localidad y en China-meca o Acayucan. Pero con el establecimiento de un taller de producción de queso en la comunidad de Sochapan, en aquel año comenzó en Piedra La-

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brada la producción lechera, generando una demanda y un flujo de dinero en efectivo constante, confirmando a la ganadería por encima de la agricultura. Eventualmente se establecerían otros talleres queseros en las comunidades de Zapoapan y San Francisco Agua Fría.

Después de mediodía, regresan a sus parcelas a “enrejar”, encerrar a los be-cerros dentro del corral y preparar las cosas para el día siguiente. El manejo de los potreros está basado en la rotación del ganado, sistema que los ejidatarios con más experiencia han aprendido en los cursos y talleres que han tomado a través de los años, y que han sido impartidos por asociaciones civiles o por emisarios del propio gobierno federal. La mayoría, sin embargo, han apren-dido sobre el manejo tanto del ganado como del potrero por difusión a través de sus compañeros.

El tipo de vacas que poseen los ejidatarios produce poca leche, de ocho a nueve litros en los primeros meses después de parir, cantidad que va dismi-nuyendo paulatinamente conforme se acerca el destete, cuando ofrecen so-lamente de dos a cuatro litros; tomando como referencia un lapso de tiempo de tres meses, de febrero a abril, en promedio cada ejidatario entregó durante este tiempo 14.7 litros de leche cada mañana; al final de una catorcena, cada uno entrega poco más de 205. 5 litros, en promedio, lo cual significa un ingre-so catorcenal de 720.3 pesos (el precio de la leche es de 3.5 pesos por litro) que incorporan directamente al consumo cotidiano.

En un extremo hay quien vende 54.7 litros por día, aunque en este caso se trata de un ranchero originario de la comunidad de El Laurel, ubicada más al norte, que en años recientes ha comprado un par de parcelas en Piedra La-brada; en el otro extremo se encuentra un ejidatario quien entrega solamente 2.9 litros diarios; en medio de estos dos polos hay productores que entregan entre 10 y 20 litros.

La venta de ganado en pie puede hacerse a intermediarios que regularmen-te visitan la región. Dado que los hatos de los ganaderos locales son general-mente pequeños, los intermediarios tienen que recurrir a varios ejidatarios en distintos lugares adquiriendo de cada uno de ellos solamente dos o tres cabezas, hasta reunir las deseadas. Los compradores acuden a la región desde distintos lugares de Veracruz, como Tierra Blanca, Actopan y Jesús Carranza.

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No obstante, la mayor parte del ganado que es vendido por ejidatarios lo-cales definitivamente no se destina a los mercados vinculados a los coyotes, al menos de manera directa. Generalmente las ventas de ganado, ya sean be-cerros, vacas, toretes para engorda, sacrificio o recría se llevan a cabo entre ejidatarios de la misma comunidad o de otras vecinas.

Tal vez un empresario agropecuario los señalaría lejanos de la eficiencia económica y sus requisitos: altas tasas de preñez, bajas pérdidas prenatales, cortos periodos de lactación seguidos de altas tasas de concepción, etcétera, recurriendo para todo ello a la tecnología disponible. Sin embargo, la práctica ganadera actual en Piedra Labrada sí es eficiente para el objetivo principal de un ganadero local, que es el de sostener a su familia, ya que la posesión de un modesto hato permite acceder, pese a la gran dependencia externa a la que está sometido, a un constante flujo de dinero en efectivo a través de la venta regular de la leche, y por otro lado, le permite ahorrar cierta cantidad de di-nero en forma de ganado en pie, que para la mayoría representa “como una alcancía” de la que se puede echar mano en momentos de necesidad (como cuando no se produce leche y por lo tanto no hay suficiente dinero, en caso de enfermedad o de una celebración).

Una alta proporción de la leche que los productores comercializan así como de los animales que venden en pie, provienen de las vacas que forman parte de los tratos a medias que los ejidatarios mantienen con distintos ganaderos de otras regiones del estado. En promedio, cada ejidatario posee 13.6 de cabezas de ganado “a medias” y 11 propias. La adopción de la activi-dad ganadera por parte de los campesinos popolucas de Piedra Labrada se dio a través de este tipo de tratos, y el desarrollo posterior de la ganadería como principal actividad económica dependió de ellos; actualmente prácticamente todos los ejidatarios de Piedra Labrada mantienen tratos “a medias” con ga-naderos de la región.

La “aparcería de ganado”, la ganadería “al partido” o “a medias” es un convenio bastante difundido en la región, que se entabla oralmente, sin docu-mentos escritos y sin un compromiso temporal definido. El trato se establece entre un ganadero, generalmente privado y originario de otros lugares de la región, y un ejidatario local que posee la cantidad de tierra suficiente para

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la pastura de ganado. El primero aporta capital circulante en la forma de pie de cría, mientras que el segundo lo hace con tierra, trabajo e insumos, como semilla para pasto, fertilizantes, vitaminas y medicamentos que casi siempre son aportados por él en su totalidad, aunque se pueda llegar a algún acuerdo al respecto con el dueño.

Para el ejidatario, el beneficio que obtiene del convenio se concreta en es-pecie: para él son la mitad de las crías y la leche de las vacas que han parido. La otra mitad son entregadas al ganadero privado a los siete u ocho meses de edad, después de que son destetadas. La repartición del beneficio se hace con estricto apego a la lógica de la división de 50% para cada una de las partes, tanto en número, como en el sexo de las crías. Si son cinco becerros los que habrán de repartirse, dos hembras y tres machos, por ejemplo, cada quien recibe dos, una hembra y un macho, y el quinto bien puede venderse y repar-tirse entre ambos el dinero, o bien puede quedársele a uno de los dos y pagarle al otro el valor que le corresponde.

Al inicio de la actividad, en la década de 1980, hubo otra modalidad de “ganado a medias”, ahora inexistente en el lugar, consistía en la cría de to-retes de engorda con la participación igualmente de un ganadero privado y un ejidatario. El ganadero invertía cierta cantidad de dinero, llamada “casco”, para la compra de un número determinado de toretes. El mediero se ocupaba de la engorda del ganado en su propia parcela. Cuando finalmente los animales al-canzaban el peso suficiente eran vendidos y el dinero obtenido se dividía en tres partes. La primera representaba la inversión inicial del ganadero, “el casco”; las restantes dos partes, divididas por igual constituían la ganancia y una era para el ganadero y la otra para el ejidatario. Esta modalidad, introducida en los años iniciales de la ganadería, no fue muy extendida en la comunidad; los que lo intentaron, dos o tres personas, no tuvieron mucho éxito pues rela-tan que justamente durante esos años los precios bajaron y prácticamente no obtuvieron ganancias.

El ganado a medias tiene que ver, desde luego, con las limitaciones que tiene el ganadero respecto a la extensión de tierra que dispone. Tal vez es por esto que el ganado que se entrega al mediero cada vez es más joven, a veces menor a un año de edad. Para el ganadero privado entrar en convenios con

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ejidatarios representa, pues, la agregación de más tierra a las extensiones de las que ya dispone. Además, le permite reducir o evadir costos y riesgos: éstos quedan a cargo del mediero.

En la mayoría de los casos, el ganadero no asume costos considerables que son aquellos relacionados con la adquisición de medicinas o con la reposición de los animales que han muerto, los cuales deben ser cubiertos por el ejidata-rio. Cuando el dueño considera que el mediero no maneja el ganado de una forma adecuada y el hato se encuentra delgado, con enfermedades o han ocurrido algunas muertes, decide retirarlo. Así, para el ganadero privado recurrir a la ganadería a medias siempre es redituable y nunca hay posibi-lidades de que pierda su inversión. Rutsch calculó en los años ochenta que la utilidad bruta de una empresa ganadera que opera con convenios de apar-cería en ganado supera en 230% a una empresa que no recurre a dichos con-tratos; aun cuando el capital inicial necesario para una empresa que adopte tratos de aparcería es mayor en 212% que una que no, la actividad le reditúa con creces (Rutsch 1984: 229).

Se ha descrito que la actividad ganadera practicada por pequeños produc-tores no conlleva grandes riesgos (Del Ángel, 1999). Puede ser que esto sea así en aquellos lugares en donde la subsistencia de los productores ejidales no depende de los ingresos provenientes de la ganadería sino del trabajo realiza-do en los centros urbanos, tal como en el caso que describe Del Ángel (1999: 274). Pero allí en donde la mayor parte del ingreso depende de esta actividad –y sobre todo cuando se basa en convenios de mediería–, y no hay otras alter-nativas viables, la situación es distinta.

Para el ejidatario, a diferencia del patrón, el convenio “a medias” puede ser altamente riesgoso y la mediería de este tipo no es en absoluto una actividad rentable en el corto plazo, hablando en términos de días, semanas, meses o incluso años. Suponiendo el caso hipotético de un productor que tuviera sola-mente dos vacas a medias de un año de edad, este tardaría 13 meses para ob-tener los primeros beneficios derivados de la venta de leche que equivaldrían a unos 62 pesos diarios, 882 a la catorcena, mientras la vaca proporcione nueve litros al día; esta cantidad iría en decremento conforme pasen los me-ses hasta que, después de seis o siete meses, entregará solamente de cuatro a

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ocho litros, 23 pesos cada día. Después de esto habrá un lapso de tiempo –el periodo de gestación– en el que el productor no obtendrá leche sino hasta el próximo parto.

Con fortuna para el ejidatario, si las crías del primer parto son hembras se-rán mantenidas para recría y se formará su propio hato, lo cual no comenzará a ocurrir sino hasta dos años y cuatro meses después, en caso de que el ciclo reproductor de las vacas sea sincronizado. Es decir, el mediero obtendría una res propia –la segunda es para el dueño– hasta los tres años y medio después de haber establecido el convenio. Puede serlo antes si las crías son machos, entonces, la cría que le quede como propiedad para el mediero podrá ser ven-dida una vez que alcance los 250 o 300 kilos, un año y medio después de haber nacido –si no es que tenga necesidad de venderlo antes.

Con el dinero obtenido puede comprar una vaca para recría y comenzar a crear su propio hato. Esto último puede verse también así: después de dos años a partir del trato, el ejidatario obtendrá aproximadamente $4,000 de ingreso por la venta del torete. A esto habría que restarle los costos en medici-nas, garrapaticidas, semillas para pasto, etcétera. Por todo lo anterior es que la estrategia más viable para aquellos que han decido entrar de lleno a la ganade-ría, a menudo consiste en obtener un mayor número de ganado a medias para poder acortar así el lapso en el que obtendrán un flujo de ingresos constante, a través de la venta de leche o bien un ahorro en forma de ganado en pie.

La situación hipotética expuesta supone, desde luego, algunas situaciones técnicas y naturales estables o inexistentes, como fecundidad adecuada de la vaca, ausencia de enfermedades o muertes, acceso a pasto suficiente, etcétera. La presencia de estos factores aumenta o disminuye los riesgos considerable-mente. Sin embargo, la anterior ficción, si se requiere llamar así, explica y hace comprensible ciertas actitudes de los medieros en torno a la producción ganadera y la finalidad de la actividad. Por ejemplo, cuando un ejidatario tuvo un becerro (propio) agonizando debido a una enfermedad, la decisión que tuvo que tomar la adoptó entre dos situaciones posibles: el becerro tenía cura y era recomendable aplicarle los medicamentos caros; o bien la enfermedad difícilmente sería superable y entonces la aplicación del medicamento supon-dría un gasto para él costoso, y finalmente innecesario.

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Alguien le había dicho que la situación era irremediable y que más valía que lo dejara así y que no gastara en medicinas, lo cual tomó en consideración. Sin embargo, para el ejidatario las cosas no eran tan sencillas y tenía que sopesar otras cosas: poseía solamente cuatro becerros a medias y apenas uno propio, así es que la muerte del becerro implicaba la pérdida de un beneficio penosa-mente obtenido; de tal manera que decidió no hacer caso de la advertencia y aplicó los medicamentos en varias ocasiones a lo largo del día; venía a su casa y después volvía a regresar a su parcela para ver la condición del animal que finalmente murió al llegar la noche.

Otro ejemplo tal vez ayude a aclarar el punto sobre el que quiero llamar la atención. Sentados a una mesa en una de las tiendas del pueblo, un ejidatario joven les contaba a dos compañeros y un tío sobre algunas dificultades que había tenido recientemente con uno de sus hermanos, a quien le había pedido en préstamo y en repetidas ocasiones una bomba para fumigar. Su herma-no, cansado de esta situación le había reclamado diciéndole que ya no se la prestaría más y que si la quería nuevamente tendría que darle algo de dinero a cambio. Además, el hermano le preguntó “¿A poco no tienes para comprar una bomba?” y también le hizo una sugerencia “¿Por qué no vendes un be-cerro?”, a lo cual el ejidatario contestó que no le alcanzaba y que no podía vender nada porque tenía únicamente novillonas. El asunto quedó ahí y, sin más, pasaron a otro tema; sin embargo, la sugerencia del hermano se convirtió entonces en un latiguillo lanzado con sarcasmo cada vez que alguien decía no tener dinero para algo; cuando esto sucedía entonces alguien más decía: ¡pues vende un becerro!, y enseguida todos se botaban de la risa.

El sentido de la descripción es claro. Vender una novillona o una vaca puede resultarle muy caro al productor con poco ganado y con un trato de aparcería. Si vende una vaca que está “a medias” le será muy difícil recuperarla pues le resultan caras y quedará con una deuda. Vender una de las propias resulta no menos perjudicial porque, si lo hace, tendrá que esperar mínimo un año para obtener otra. También puede reducir el número de las vacas de recría con lo que se alargará su dependencia del patrón. De esta manera, cuando reían ante un ¡Pues vende un becerro!, lo hacían porque la idea les parecía absurda y dis-paratada, en contra de la subsistencia del productor y su familia.

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Aun cuando los ingresos en dinero en efectivo que obtiene un campesino ganadero promedio con tratos a medias puedan provocar la envidia de un agricultor, lo cierto es que ambos se encuentran en circunstancias estructu-rales semejantes. Incluso lo anterior es válido para los que han tenido más éxito y que poseen hasta 20 o más cabezas propias. De los tres casos de ga-naderos ejidatarios con mayor tiempo en los tratos a medias, iniciados desde principios de los ochenta, ninguno ha logrado independizarse de su patrón y después de 20 años han conseguido tener un hato de entre 25-30 cabezas propias. Tal vez su objetivo no ha sido independizarse, pues al preguntarles si pensaban hacerlo lo dudaron y uno, finalmente, dijo que lo haría porque pensaba que únicamente había estado trabajando para el patrón; otro dijo que lo mejor sería cambiar de patrón, y el otro lo consideró únicamente como una posibilidad futura. El resto de los ejidatarios con tratos está en una situación similar y para los que tienen muy poco ganado independizarse es aún menos factible.

Así, los ganaderos locales siguen siendo campesinos no solamente cultu-ralmente, sino también estructuralmente y su dependencia del capital que aportan los ganaderos, de los mercados y de la tecnología se ha incrementado. Frente a la agricultura, la ganadería al partido es una actividad que les ha re-sultado más viable aunque también los mantiene en un equilibrio precario y el riesgo que asumen no deja de ser elevado. Sin embargo, si logran sobrelle-var los primeros años del trato a medias y consiguen hacerse de un modesto hato, este les permitirá acceder a un flujo de dinero en efectivo constante y además de “un ahorro”. Tal vez sea una de las razones principales por la cual en la última década, en un contexto de franco deterioro ambiental, esta acti-vidad haya resultado tan atractiva, y los que para entonces no tenían ganado terminaron por volcarse sobre ella.

Finalmente, conviene señalar que los tratos a medias suponen también for-mas de control no solamente sobre las decisiones productivas sino sobre el espacio ejidal. Las relaciones que se entablan entre “ricos” y campesinos, en-tre el patrón y el mediero, suelen tener el halo del comportamiento caciquil y paternalista registrado por la etnografía mexicana:

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Yo no tenía ganado, pero vino aquel rico –oye ¿No quieres ganado a medias?- me dijo. Yo no sé trabajar a medias los ganados. Mira, llega el año, paren las vacas, si tiene 20 vacas, 10 el patrón, 10 ustedes, ya no van a comprar, ya no van a decir: yo voy a comprar aquel animal, aquí tengo dinero. No, como que se lo está rega-lando, aquel rico te está regalando 10 animales. Al otro año otros diez ya tiene 20; ya hay en dónde mantener un campesino. De ahí estamos comiendo, manteniendo nuestra vida material; si no es por aquel rico, nosotros vivimos más pobres que de todo.

Guadalupe Santiago, ejidatario, 73 años.

El mediero lo considera un buen amigo y lo recibe en su casa con comida y con la mayor hospitalidad y cortesía posible; albergan un sentimiento de gratitud hacia ellos y con frecuencia son considerados como benefactores que intentan ayudar y salvar al campesino de la penuria; el patrón puede corres-ponder asumiendo una actitud paternalista, dándole préstamos en efectivo u otorgándole más ganado –que retiran tan pronto como las cosas comienzan a salir mal–.6 Mediante estos mecanismos los ejidatarios han conseguido gana-do y los ganaderos privados extender la actividad en terrenos ejidales con fre-cuencia lejos de sus lugares de origen (los ganaderos provienen del centro de Veracruz). El establecimiento de tratos de mediería y las relaciones que éstos conllevan son, pues, los mecanismos de una articulación económica que no necesariamente necesita de una continuidad espacial, convirtiendo así zonas lejanas en extensiones de sus propias propiedades.

Bibliografía

Alcántara López, Álvaro, 2007. “Élites ganaderas, redes sociales y desobe-diencia cotidiana en el sur de Veracruz del s. XVIII” en Historia Mexicana, LVI (3): 779–816.

6 Para una descripción de la relación entre ganaderos privados y ejidatarios en el municipio de Ve-racruz véase Del Ángel, 1999: 280.

218


Arriaga, Carlos y otros, 2000. “Perspectivas y retos de la producción de le-che en pequeña escala en el centro de México” en Los pequeños producto-res rurales en México: las reformas y las opciones, Antonio Yúñez–Naude (comp.). El Colegio de México, pp. 219–260.

Barrera-Bassols, Narciso, 1995. Historia ambiental de la ganadería en Vera-cruz: 1519–1990. ciesas, tesis de maestría, México.

Buckles, Daniel y Jacques Chevalier, 1993. “El ejido versus bienes comuna-les: historia política de Pajapan, Veracruz” en Desarrollo y medio ambiente en Veracruz: impactos económicos, ecológicos de la ganadería en Veracruz, Narciso Barrera e Hipólito Rodríguez (comps.). Fundación Frierich Ebert, ciesas, Instituto de Ecología, México, pp. 117–127.

Castellanos, Alex, 2001. Ganadería, medio ambiente y desarrollo sustenta-ble. El proceso de adopción y/o aprobación de las propuestas sobre desarrollo sustentable y su relación con los impactos de la ganadería bovina extensiva en el sur de Veracruz. Escuela Nacional de Antropología e Historia, tesis de licenciatura en Antropología Social, México.

Chevalier, Jacques, Daniel Buckles, 1995. A Land Without Gods. Process Theory, Maldevelopment and the Mexican Nahuas. Zed Books, London and New Jersey.

Del Ángel Pérez, Ana, 1999. “Ganadería ejidal o satélite productivo de la ganadería privada” en Agricultura y sociedad en México. Diversidad, enfo-ques, estudios de caso, Alba González Jácome y Silvia del Amo Rodríguez (comps.). UI/Gestión de Ecosistemas ac /Plaza y Valdés/Consejo Nacio-nal para la Enseñanza de la Biología ac, pp. 267–283.

Delgado, Alfredo, 2000. “La conformación de regiones en el Sotavento ve-racruzano: una aproximación histórica” en El Sotavento veracruzano. Pro-cesos sociales y dinámicas territoriales, E. Léonard y E. Velázquez (coords.) México, ciesas-ird, pp. 27-41.

Flores, J. Manuel, 2011. “Mercado de tierras ejidales y cambio sociocultural en la Sierra de Santa Marta, Veracruz”, en Estudios Agrarios, vol. 17, núm. 49, pp. 129-153.

219


——, 2007. Trasformaciones en la tenencia de la tierra ejidal después del Pro-cede. Ganadería y mercado de tierras en la Sierra de Santa Marta, Veracruz, tesis de Maestría. ciesas–df.

Guevara, Sergio, 2001. “Presentación” en Historia ambiental de la ganadería en México, Lucina Hernández (comp.). Instituto de Ecología, ac, México, pp. 1–6.

——, Javier Laborde y Graciela Sánchez-Ríos, (eds.), 2004. Los Tuxtlas. El paisaje de la sierra. Instituto de Ecología, ac, México.

Lazos, Elena, 1996. “La ganaderización de dos comunidades veracruzanas: condiciones de la difusión de un modelo agrario” en El ropaje de la tierra. Naturaleza y cultura en cinco zonas rurales, Luisa Paré Quellet y Martha Judith Sánchez (coords.). Plaza y Valdés, unam, México, pp. 177-241.

Paré, Luisa et al., 1997. La reserva especial de la biosfera Sierra de Santa Mar-ta, Veracruz: diagnóstico y perspectiva. unam, Semarnat, México.

Robles, Héctor, 2005. Los tratos agrarios, vía campesina de acceso a la tierra: la experiencia de San Idelfonso Tultepec. Cámara de Diputados LIX Legisla-tura, Secretaría de la Reforma Agraria, Centro de Estudios para el Desarro-llo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, México.

Rutsch, Mechthild, 1984. La ganadería capitalista en México. Edit. Línea, México.

Velázquez, Emilia, 2006. Territorios fragmentados. Estado y comunidad indí-gena en el istmo veracruzano. Publicaciones de la Casa Chata, ciesas, Mé-xico.

——, 2001. “El territorio de los popolucas de Soteapan, Veracruz: transfor-maciones en la organización y apropiación del espacio” en Relaciones, vol. XXII (87): pp. 17–47.

——, 2000. “Ganadería y poder político en la Sierra de Santa Marta” en El So-tavento veracruzano. Procesos sociales y dinámicas territoriales, Eric Léonard y Emilia Velázquez (coords.). ciesas-ird, México, pp. 111–127.

220


——, 1992. “Política, ganadería y recursos naturales en el trópico húmedo veracruzano: el caso del municipio de Mecayapan” en Relaciones, vol. XII (50): pp. 23–63.

Villafuerte, Daniel, María del Carmen García, Salvador Meza, 1997. La cuestión ganadera y la deforestación. Viejos y nuevos problemas en el trópico y Chiapas. Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México–Centroamérica, México.

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Implementación de hidrogel bajo sistema de agricultura de conservación en parcelas de

temporal en el ejido Ignacio Zaragoza*

Denise Granados Orosco

Introducción

En el mundo actual los recursos agrícolas se reducen ante el crecimiento de la población, las zonas urbanas, la erosión de la tierra, la contaminación y la reducción de los mantos acuíferos, de ahí la urgencia de llevar a cabo prácticas que permitan en menos áreas producir más alimentos, hacer más eficiente los riegos, reducir los costos de producción y aprovechar el agua pluvial.

Así mismo, la creciente demanda y uso de agroquímicos y maquinaria pe-sada en las labores agropecuarias ocasiona degradación y compactación de suelos agrícolas, haciendo que cada vez se utilice subsoleos más profundos, más barbechos, rastras, etcétera, lo que hace menos rentables las actividades agropecuarias.

La agricultura de conservación se rige bajo tres principios: dejar residuos orgánicos; menor movimiento del suelo, y rotación de cultivos, combinando estos principios se incrementa el horizonte del suelo, se mantiene la hume-dad y porosidad logrando un equilibrio para la proliferación de fauna benéfica como las lombrices, que rompe el ciclo de plagas y enfermedades.

El hidrogel se compone de polímeros biodegradables que duran bajo tierra de siete a 10 años, absorben agua de lluvia o de pozos y canales, y la libera de 30 a 60 días dependiendo de la textura, temperatura ambiental y cantidad de residuo que tenga la tierra, lo que permite que en temporal, el agua de la última lluvia quede atrapada para poder llegar a la etapa de grano que en su mayoría no se logra en maíz, triticale y sorgo, en parcelas de riego permite ahorrar hasta 50% de riegos en el cultivo, por ejemplo, en maíz se reduce de ocho a cuatro o cinco riegos en camas angostas de 80 cm y para el temporal en camas anchas de 150 a 160 cm,

* Resumen del trabajo ganador del segundo lugar en el Cuarto Certamen Nacional Universitarios por el Desarrollo Agrario, 2013.

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Estudios Agrarios | Denise Granados Orosco

está comprobado para que sea más eficiente en relación con la disponibilidad de agua de riego o pluvial.

Objetivo general

Implementar prácticas de agricultura de conservación en parcelas de tem-poral, en conjunto con los beneficios de los hidrogeles con la preparación de camas anchas a 160 cm, para mejor captación del agua de lluvia en el núcleo agrario de Ignacio Zaragoza, municipio Tula de Allende, para reducir gastos en la preparación de tierras y alargar la humedad en los suelos e incrementar la productividad en los cultivos de maíz, frijol y triticale.

Objetivos específicos

1. Llevar a cabo la preparación de tierras conforme a agricultura de con-servación;

2. Aplicar hidrogel en conjunto con la semilla y el fertilizante en parcelas de temporal, y

3. Implementar una parcela demostrativa con capacitación para que los ejidatarios conozcan las técnicas y sus beneficios.

Desarrollo operativo del proyecto

El presente proyecto se genera ante la necesidad de los ejidatarios de obtener utilidad al sembrar sus parcelas, ya que año con año no logran cosechar grano por lo que la mayoría opta por abandonar sus tierra o sembrar solo para poder cobrar el Procampo.

Diagnostico participativo

Son 112 ejidatarios del núcleo agrario Ignacio Zaragoza en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, los cuales mencionan que 70% de las tierras son de temporal en las que a veces se cosecha frijol y avena principalmente. Sus

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Implementación de hidrogel

suelos son pobres en nutrientes por lo que en temporal, si los favorece el cli-ma, cosechan algún forraje pero generalmente el grano no consigue madurar, además de presentarse enfermedades, plagas y deterioro del suelo por la falta de rotación de cultivos.

Análisis foda

Fortalezas Oportunidades

• Es un ejido organizado;• Cuentan con áreas cultivables de

temporal, y• Cuentan con un pozo.

• Sus autoridades ejidales están comprometidas a buscar el bien común, y

• Existen programas de apoyos fe-derales, estatales, municipales y privados.

Debilidades Amenazas

• Algunos ejidatarios no partici-pan;

• No se cuenta con recursos para la aportación de los ejidatarios en la compra de maquinaria, y

• No están capacitados o no tienen conocimiento de nuevas tecnolo-gías, prácticas o uso de equipos.

• Por falta de quórum los ejidos no puedan acceder a los apoyos por no contar con la participación en sus asambleas de 50% más uno;

• Que los apoyos no lleguen en el momento propicio para imple-mentarlo;

• Que no se apliquen los apoyos proporcionados para lo que fue-ron solicitados, y

• No contar con la maquinaria apropiada para las labores de la-branza de conservación.

Los órganos de representación ejidal se constituyen con base en el acta de elección por la asamblea de ejidatarios. Constantino Chapa Escorza como Presidente del Comisariado y el Víctor Calva García como Presidente del Consejo de Vigilancia; por decisión de la asamblea el comité del comisariado, de acuerdo con la Ley Agraria, podrá firmar los convenios que se generen de este proyecto presentado el 13 de octubre de 2013 ante la asamblea de ejida-tarios, quedando aprobado el proyecto.

224


Como parte de las metas del proyecto se considera trabajar por cinco años en la primera fase con la firma del convenio y la preparación de la tierra, hasta la conformación de las camas anchas de 160 cm.

La segunda etapa será la siembra de 60,000 semillas de maíz criollo mejo-rado en combinación con el hidrogel, se aplicarán 25 kilos por hectárea a una profundidad de 15 cm.

En la tercera etapa será el control de malezas y enfermedades de manera pre-ventiva y la nutrición de la planta por medio de fertilizantes foliares orgánicos.

La cuarta etapa será la comercialización, recuperación de gastos y, cuando se tenga utilidad, se le dará 30% al ejidatario que usufructuó su parcela.

Los requerimientos para preparar la tierra serán:

• Subsoleo, barbecho y rastras hasta que no presente terrones y piedras;

• Preparación de camas anchas a 160 cm;

• Siembra de semilla con hidrogel de acuerdo con el calendario de lluvias del inifap, en conjunto con las recomendaciones de la variedad de maíz a utilizar, y

• Manejo de malezas, plagas y enfermedades.

En una proyección a cinco años se calcula que en el primer año se tendrá una pérdida de 36 centavos por cada peso invertido, sin embargo, a partir del año dos se recuperará la inversión y se comenzará a recibir utilidades, según las estadísticas en los países que han llevado a cabo este tipo de prácticas en la agri-cultura, se tiene un incremento de producción aproximadamente de 10 a 30% en cada ciclo de siembra, hasta el año 10 donde se recomienda nuevamente comenzar con las labores de conformación del suelo y aplicar de nueva cuenta el hidrogel, ya que tiene una vida útil de siete a 10 años, dependiendo del ma-nejo del suelo.

En cuanto al incremento de las utilidades, a partir del segundo año, se tiene un buen capital que va aumentando.

No existe decremento en los costos de producción debido a que el precio de los insumos está en constante incremento aunque no aumentan de manera

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Implementación de hidrogel

significativa las utilidades; el beneficio es el bajo costo de la maquila, la repar-tición de las utilidades al término de cada año y los jornales generados.

Relevancia social

En el próximo ciclo primavera-verano 2014 se podrá llevar a cabo la siembra de maíz criollo mejorado bajo condiciones de agricultura de conservación con la aplicación de hidrogel, lo que permitirá a las plantas tener menos estrés en condiciones de temporal, creando en los ejidatarios la adopción de tec-nologías ya probadas, organizándose además, podrán obtener recursos de los programas de la Sagarpa y sedatu.

Implicaciones prácticas

La información aquí mencionada será de gran ayuda al núcleo agrario de Ig-nacio Zaragoza ya que les resuelve tres problemas básicos:

1. Que no existen alternativas para la siembra en temporal;

2. El deterioro de las parcelas por las lluvias torrenciales, y

3. La retención por más tiempo de la humedad originada por las lluvias.


Esta propuesta es una de las soluciones para incrementar la productividad en la agricultura de temporal, en el de riego para utilizar menos agua, y realizar convenios con la Conagua para que les otorgue el líquido ahorrado en una segunda siembra anual.

Tomando en cuenta que el objetivo principal de todo proyecto productivo es tener opciones o alternativas que mejoren las condiciones de vida de los habitantes del medio rural, al mismo tiempo que aproveche los conocimien-tos y habilidades de los participantes, se definió a partir del desarrollo del diagnóstico participativo, que la mejor opción sería instalar una parcela de-mostrativa para observar las labores y resultados de estas técnicas en virtud de

226


que los ejidatarios no cuentan con los recursos suficientes para impulsar, por su propia cuenta, dicho proyecto, por lo que aceptan firmar un convenio con el inversionista por cinco años bajo los estatutos de la Procuraduría Agraria.

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Biofertilización para un campo limpio y productivo en el Valle del Mezquital*

Karen Citlalli Cornejo Sierra

Introducción

En cada municipio, ejido o localidad y hogares del país, se genera una gran can-tidad de residuos orgánicos por actividades agrícolas, pecuarias, domesticas, co-merciales e industriales de los cuales en su mayoría se descomponen a cielo abier-to, ocasionando la proliferación de fauna nociva que provoca serios problemas de seguridad y de salud a los habitantes que viven cerca de los vertederos de esta “basura”, así como la contaminación gradual en agua, tierra, aire y una pésima estética al campo y las ciudades, lo que provoca grandes inversiones por parte de los gobiernos para atacar el problema.

Así mismo, la creciente demanda y uso de agroquímicos y de maquinaria pesada en las labores agropecuarias ocasiona la degradación y compactación de suelos agrícolas, el deterioro ambiental, incremento de enfermedades cró-nicas y mortales en animales, vegetales y humanos por la contaminación en el proceso de los alimentos desde su cultivo hasta el consumo. Estos factores hacen que el campo mexicano sea cada vez menos rentable, ocasionando el abandono de tierras, por otra parte, su venta para actividades no agropecua-rias hace que el aprovechamientos de los desechos orgánicos para la elabora-ción de fertilizantes foliares y mejoradores de suelo a precios muy bajos y su aplicación, incremente la cantidad y calidad en las cosechas, lo que hace de este proyecto “Biofertilizacion para un campo limpio y productivo en el Valle del Mezquital” una alternativa viable y sustentable en las zonas rurales con la generación de empleos directos del mismo núcleo agrario, que sus produc-tos se puedan certificar como orgánicos e ingresar a mercados nacionales y extranjeros, buscando procesos que no lleven químicos y que sean de aguas blancas, características con las que cuenta este municipio.

* Resumen del trabajo ganador del tercer lugar en el Cuarto Certamen Nacional Universitarios por el Desarrollo Agrario, 2013.

228

Estudios Agrarios | Karen Citlalli Cornejo Sierra

Objetivos generales

Construir una planta para elaborar, a base del estiércol generado por el gana-do de los ejidatarios del ejido de Michimaloya, un fertilizante líquido para la nutrición vegetal y otro sólido para mejorar los suelos, el excedente se venderá a otros ejidos bajo la normativa vigente, con la generación de al menos 10 fuentes de empleo para los jóvenes del ejido, y otras fuentes de ingresos como el incremento de grano y la producción de miel, buscando la certificación en la producción de productos orgánicos.

Objetivos específicos

1. Que los ejidatarios concentren en un lugar los desechos orgánicos de su ganado para utilizarlo como materia prima en la elaboración de fertili-zantes orgánicos;

2. Nutrir adecuadamente las plantas de los diferentes cultivos del ejido con el fin de incrementar la producción de granos y la reducción en los costos de insumos;

3. Generar al menos 10 fuentes de empleo directo en el ejido para el pro-ceso de elaboración de fertilizantes orgánicos y su comercialización, y

4. Generar otras utilidades al ejido como son venta de fertilizantes orgáni-cos, miel y certificación de producción orgánica.

Desarrollo operativo del proyecto

El presente proyecto se forma a partir de las inquietudes que surgen de las autoridades ejidales de Michimaloya, municipio de Tula de Allende, Hidalgo, para conocer alternativas que les permita tener alguna utilidad en las acti-vidades agropecuarias, para elevar sus niveles de ingresos y, por lo tanto, el bienestar familiar. Para lograr las expectativas anteriores, decidieron solicitar el apoyo de la Procuraduría Agraria para conocer en qué consistía el Certa-men Universitario para el Desarrollo Agrario 2013 y qué beneficios podrían tener, de ser aceptada por la asamblea se comprometerían de manera puntal a seguir el proceso.

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Biofertilización para un campo limpio

Diagnóstico participativo

Los ejidatarios del núcleo agrario de Michimaloya, manifiestan que aproxima-damente 100 ejidatarios se dedican a diversas actividades desde agropecua-rias hasta industriales, siendo la actividad agrícola la menos redituable, ya que 700 hectáreas son de temporal y 100 hectáreas son de medio riego por aguas pluviales que se cosechan en bordos del ejido, en los que se puede cosechar frijol y maíz principalmente. Sus suelos son pobres en nutrientes por lo que en temporal, si los favorece el clima, cosechan algún forraje pero en su mayo-ría no llega a la maduración del grano.

En lo pecuario la población de bovinos es de aproximadamente 550, de ovi-nos 3,000, de caprinos 2,500, equinos entre burros, caballos y mulas 800; por lo tanto cuenta con la materia prima y las condiciones de un lugar idóneo para llevar a cabo el proyecto de la elaboración del fertilizante líquido y sólido.

Análisis foda

Fortalezas Oportunidades

• Es un ejido organizado;• Cuentan con ganado mayor y

menor;• Cuentan con áreas cultivables, y• Cuenta con bordos y represas

pluviales.

• Sus autoridades ejidales están comprometidas a buscar el bien común, y

• Existen programas de apoyos fe-derales, estatales, municipales y privados.

Debilidades Amenazas

• Algunos ejidatarios no partici-pan;

• No se cuenta con recursos para la aportación del ejido en la compra de maquinaria, equipamiento de pozos y revestimiento de canales, y

• No están capacitados o no tienen conocimiento de nuevas tecnolo-gías, prácticas o uso de equipos.

• Que por falta de quórum los eji-dos no puedan acceder a los apo-yos por no contar con la partici-pación en sus asambleas de 50% más 1;

• Que los apoyos no lleguen en el momento propicio para imple-mentarlo, y

• Que no se apliquen los apoyos proporcionados para lo que fue-ron solicitados.

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Los órganos de representación ejidal se constituyen con base en el acta de elección por la asamblea de ejidatarios del 14 de agosto de 2011, es registrada ante el Registro Agrario Nacional conforme a normativa para los efectos le-gales a que haya lugar dentro del ejido y ante terceros, siendo el C. Francisco Javier Olguín Barrera el Presidente del Comisariado y el C. Cutberto Cruz Sánchez el Presidente del Consejo de Vigilancia, por decisión de la asamblea podrán los integrantes del comisariado ejidal de acuerdo con la Ley Agra-ria, firmar los convenios que se generen de este proyecto presentado el 18 de agosto de 2014 ante la asamblea de ejidatarios, quedando aprobado tanto el proyecto como el lugar elegido para llevarlo a cabo, previo recorrido con alumnos, inversionista y autoridades ejidales en el lugar conocido como “La Manga”.

Como parte de las metas del proyecto, se considera trabajar en primera ins-tancia con el listado de ejidatarios que depositará el estiércol de su ganado en el sitio destinado para tal fin, en un espacio que se pretende mantener lo mas higiénico posible para obtener la calidad requerida del producto, así como ocupar un lugar importante en el mercado agrícola con base en la alta deman-da de los fertilizantes foliares y mejoradores de suelos orgánicos, que son una importante fuente de macro y micro elementos para la buena nutrición de las plantas, evitar el deterioro y la degradación de los suelos, así como disminuir los costos de producción en el proceso de la obtención de alimentos, para que se vea reflejado en la economía y salud de las familias de bajos y medios ingresos. Con el proceso de elaboración de los fertilizantes orgánicos se redu-cirán los ingresos de residuos en los rellenos municipales y, al darle un valor agregado, los ganaderos dejarán de tirar sus desechos orgánicos en caminos, bordos y ríos, logrando el objetivo de un campo productivo y limpio.

La segunda etapa será la construcción de una plataforma de 6 x 4 m2, de 8 centímetros de espesor para colocar el estiércol y generar su fermenta-ción al ser tapado con un hule negro, grueso y sellado con llantas en desu-so o piedras según se cuente en lugar, con una trampa para la recolección del humus el cual se almacenará en tambos de 200 litros para su madu-ración y no agregar cal o urea para la estabilización, al cabo de seis meses el sólido se podrá aplicar directamente en las parcelas de cultivo a razón

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de una tonelada por hectárea, es decir, si se siembran 60,000 plantas se agregarán 16 gramos por planta en la base del tallo.

La tercera etapa será la comercialización, al productor se le recibirá a $100 la tonelada y se le entregará a los seis meses el producto con 50% de su venta al público, el cual será de $10 y podrán cubrir una superficie de 2,500 m2 o para 15,000 plantas de maíz o su equivalente en otros cultivos. El sólido ten-drá un costo de $1,000 la tonelada con 50% para el productor que entregue su estiércol sin recibir ningún beneficio económico en efectivo. Todos, sin ex-cepción de algún ejidatario, deberán llevar el envase del fertilizante foliar para evitar la contaminación posterior por envases y así se contribuye al reciclaje.

La estrategia de distribución que se tiene diseñada es comercializar entre los ejidatarios con 50% de descuento en los productos que se elaboren en la planta, y a los ejidos que hagan pedidos superiores a 400 litros se les envasa-rá por única ocasión, se les cobrará un depósito que se devolverá al regresar los envases o los traerán para su nuevo llenado, se incluirá el flete para ser entregados en sus comisarías ejidales; para el sólido a partir de seis toneladas se incluirá el flete en un radio de 50 km, en cantidades menores se traerá transporte o se llegará a un acuerdo con el comprador si requiere llevarlo a su propiedad.

Los requerimientos de equipo para el proyecto se indican a continuación:

1. Construcción de una plataforma de 9 x 6 x 0.08 m de concreto con una resistencia de 100 kg/cm3 lo que es igual a 4.32 m3. Para un metro cúbico es necesario:

• 1 bulto de cemento;

• 6 botes de arena;

• 8 botes de grava, y

• 2 botes de agua.

Se necesitarán 13 tablas de 3 m de largo por 10 m de ancho para la plataforma previa compactación del suelo con un desnivel de 1 cm por cada 10 m de largo.

2. Seis o siete toneladas de estiércol de cualquier animal;

232


3. Cinco tambos de plástico, tres con tapas y dos cortados a la mitad;

4. Una cubetita de galón, un embudo de un litro, una coladera grande de plástico, una jarra graduada de 1 litro, una báscula con capacidad de 1 a 100 kg;

5. Costales de lona de 50 kg para envasado de sólido, rafia para amarre de costales, tijeras;

6. Cinco palas tipo cuchara, dos rastrillos, un cucharón de plástico o de acero inoxidable de 1 kg;

7. 60 m2 de hule grueso color negro, y

8. 20 llantas viejas o 20 piedras de buen tamaño para evitar que el hule se vuele.

Los ingresos por la venta de los productos con un precio de $10 el litro del foliar y $1,000 la tonelada de sólido, se pretende obtener ingresos para la recuperación de la inversión en las instalaciones; la inversión fija total del proyecto es de $27,828 que serán aportados por inversionistas privados, los ejidatarios de Michimaloya aportarán el terreno. Los indicadores financieros calculados muestran confianza en la rentabilidad de la inversión aplicada al proyecto.

En el primer año se recupera la inversión, partir del tercer semestre se ob-tienen utilidades y se puede pensar en ampliar el proyecto de acuerdo con la demanda y efectividad en los cultivos de los productos elaborados en esta planta, hasta producir 10,000 litros de foliar y 80 toneladas de sólido, lo que incrementará 10 empleos para poder satisfacer esta demanda.

No existe decremento en los costos de producción debido a que los insu-mos, aunque están en constante crecimiento no aumentan en una proporción elevada, el beneficio es el bajo costo de la maquila por los socios, trabajos a tiempo, la repartición de las utilidades al término de cada año y los jornales generados.

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Relevancia social

En próximo ciclo primavera-verano 2014 se podrán aplicar los productos que se generen, el fertilizante foliar en 62.5 ha y en 8 ha el sólido, es decir, en 10% del área cultivable en el ejido de Michimaloya lo que nos permitirá cre-cer cada año aproximadamente en 20%, al darse cuenta los productores de los beneficios y ventajas del uso de fertilizantes orgánicos. Uno de ellos la producción de miel, la producción de forrajes para el ganado en la época de invierno-primavera, que se verá reflejado en la economía de los participantes locales y que se extenderá a los ejidos circunvecinos, así como en la salud de los habitantes al consumir alimentos libres de químicos, se reducirá la contamina-ción de suelo, el agua y el aire, además se hará conciencia en los productores, amas de casa y estudiantes que todos los recursos bien utilizados nos benefician sin perjudicar a las generaciones venideras en el uso de recursos renovables y no renovables.

Implicaciones prácticas

La información proporcionada será de gran ayuda a núcleo agrario de Michi-maloya ya que les resuelve tres problemas básicos:

1. Dar valor agregado a un desecho pecuario que causa en sus hogares la proliferación de olores, mosca y suciedad;

2. El desuso de agroquímicos caros y que son factores de enfermedades como el cáncer, y

3. Utilizar los fertilizantes orgánicos producto de los desechos pecuarios en los cultivos, tanto en la planta como en suelo, para nutrición y con-servación de suelo.


Con el desarrollo de este proyecto podemos concluir que es de gran utilidad y es urgente que los productores lleven a cabo acciones que reduzcan los costos en el proceso de producción de los alimentos, que se sumen amas de casa y estudiantes

234


para darle un valor agregado a sus desechos orgánicos, y que estos sean utilizados en lugar de comprar fertilizantes químicos caros que solo salinizan las tierras de cultivo, el uso de plaguicidas y herbicidas generan resistencia en los organis-mos y contaminan el ambiente poniendo en riesgo la salud de los consumidores, matando flora y fauna como es el caso de insectos, abejas e hierbas medicinales utilizadas desde épocas prehispánicas.

Una de las soluciones propuestas para incrementar la productividad en el campo y al mismo tiempo, crear un lugar limpio de desechos pecuarios, es elaborar a base de los residuos orgánicos que se generan en la casa, en los corrales y gallineros: fertilizantes orgánicos ya sea por maduración o lombri-compostas de los estiércoles para su aplicación foliar en toda clase de cultivos, o la aplicación de los sólidos resultantes como mejoradores de suelo lo que contribuye a que 60% de los residuos orgánicos no lleguen a los rellenos sa-nitarios municipales o a caminos, ríos o canales, es darles un valor agregado como es la elaboración de biofertilizantes o fertilizantes orgánicos de acuerdo a su proceso de elaboración.

El resultado del proceso es un líquido y un sólido para aplicar en los cultivos los cuales no matan flora ni fauna, con un costo de elaboración de $5.00 a $10.00 por litro y que cubre 2,500 m2 de área cultivada; el ejido de Michima-loya tiene un inventario aproximado de 10,000 cabezas de ganado entre bovi-nos, ovinos y cabras, cuyo estiércol generado no le dan ningún uso creándose un problema al núcleo ejidal al ser tirado en caminos y cerca de los bordos de agua.

Con el análisis realizado en el desarrollo el proyecto propongo la siguien-te recomendación: apoyar el proyecto productivo ya que tiene sostenibilidad financiera, técnica, organizativa y, sobre todo, de impacto económico y am-biental; esta última repercutirá de forma positiva debido las precarias condi-ciones de vida de los integrantes del ejido en cuanto asistencia técnica y re-cursos económicos para realizar proyectos productivos, por ser considerados de baja marginación ya que el poblado cuenta con todos los recursos, mas no así el campo agropecuario que carece de infraestructura para poder llevar a cabo actividades de alto impacto en la producción de alimentos por ser en más de 70% de temporal .

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Dictamen técnico (extra)

Tomando en cuenta que el objetivo principal de todo proyecto productivo es tener opciones o alternativas que mejoren las condiciones de vida de los ha-bitantes del medio rural, al mismo tiempo que aproveche los conocimientos y habilidades de los participantes, se definió, a partir del desarrollo del diag-nóstico participativo, que la mejor opción es la elaboración de fertilizantes derivados de estiércol ya que se pagan altos costos por fertilizantes químicos, además que se puede ofertar el producto a otros productores o consumidores, y también dejan de crear un problema por los desechos en la cría de animales de traspatio. En virtud de que los productores no cuentan con los recursos su-ficientes para impulsar por su propia cuenta dicho proyecto, aceptarían firmar un convenio con un inversionista por 10 años bajo los estatutos de la Procu-raduría Agraria en tierras de uso común.

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Nuestros colaboradores

Cruz López Aguilar

Es Ingeniero Agrónomo egresado de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo, en la cual se desempeñó como profesor-investigador de tiempo completo.

Cuenta con una amplia trayectoria en la Administración Pública Federal donde ha ocupado diversos cargos vinculados al tema del campo y el Sec-tor Agrario, entre otros: Director Técnico del Fifonafe; Director General de Cooperación Técnica para el programa de Empleo Rural en la sra; Gerente Regional de Ventas en Fertimex; Director de Comercialización de Pronase, y Delegado Federal de la Procuraduría Agraria en Chihuahua.

Además, ha sido Diputado Federal en el H. Congreso de la Unión en dos ocasiones: la LIX y la LXI legislaturas. En ambas, presidió la Comisión de Agricultura y Ganadería; tareas a las que se suman la de Secretario General y Presidente de la Confederación Nacional Campesina. Actualmente ocupa el cargo de Procurador Agrario.

Rubén Treviño Castillo

Es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila; tiene una especialidad en Derecho Fiscal por la Uni-versidad Panamericana; cursó además la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México; obtuvo un Máster en Derecho por la Barra Nacional de Abogados de México y de la Universidad de Almería, España. Actualmente estudia la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Respecto a su experiencia profesional, se desempeñó como Coordinador General de Control del Padrón del Registro Federal de Electores del Insti-tuto Federal Electoral, cuando fue creado el Padrón Electoral y la credencial con fotografía; fue Coordinador General de la Oficina de la Presidencia de la Confederación Nacional Campesina y Secretario Técnico de la Comisión de

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Estudios Agrarios

Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados en las LIX y LXI Legis-laturas. Actualmente se desempeña como Subprocurador General Agrario en la Procuraduría Agraria.

Rubén Gallardo Zúñiga

Es doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado; maestro en Derecho Político y Administración Pública por la misma institu-ción y licenciado en Derecho por la unam. Ha sido conferencista en diversas universidades e instituciones del Sector Agrario. Es autor de varios artícu-los sobre materia agraria publicados en revistas especializadas y jurídicas. Es coordinador general del Congreso Nacional e Internacional de Derecho Agra-rio, convocado por la Facultad de Estudios Superiores (fes) Acatlán-unam; Tribunal Superior Agrario; dependencias del Sector Agrario y Agropecuario; Comisiones de Reforma Agraria de la H. Cámara de Diputados; del Senado de la República y la Barra Nacional Universitaria de Abogados, entre otras.

Entre sus distinciones destacan la condecoración con la medalla al Mérito Universitario por 25 años de docencia en la fes Acatlán-unam, y el Premio Nacional de Tesis de Posgrado (doctorado) con el tema Derecho Contractual Agrario, concurso convocado por la Secretaría de Gobernación.

Es autor de diversos libros de Derecho Agrario, tales como: Prontuario agra-rio, preguntas y respuestas sobre legislación agraria; Ley Agraria comentada; Régimen jurídico agrario, y Derecho Agrario contemporáneo, (hacia una nueva ruralidad en México). Durante su estancia en la Procuraduría Agraria (1992 a 2007) ocupó diversos cargos, fue Director de Audiencia Campesina; Director Operativo del Comité Permanente de Control y Seguimiento (Copecose), y Director de Investigación Agraria. Actualmente es magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario.

Felipe Torres Torres

Es doctor en Economía por la unam. Obtuvo el Premio Distinción Universi-dad Nacional para Jóvenes Académicos en 1990 y Premio Universidad Na-cional en el área de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas en

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2011; ha obtenido el premio “Maestro Jesús Silva Herzog” de Investigación Económica en cinco ediciones. Es autor de más de 50 artículos científicos de agricultura, alimentación y desarrollo regional, así como de otros de di-vulgación; es autor de cuatro libros de diferentes aspectos vinculados con la alimentación y el desarrollo regional; es coautor de 10 libros con la misma te-mática, junto con tres libros de texto. Es coautor del Atlas Nacional de México.

Entre sus publicaciones destacan: La ola biotecnológica y los retos de la pro-ducción agroalimentaria en México y América Latina; La segunda fase de la mo-dernización agrícola en México; Los circuitos urbanos de la tortilla; El mercado internacional de la agricultura orgánica; El abasto alimentario en las regiones de México; Dinámica económica de la industria alimentaria; Geografía regional de México; Los retos de la soberanía alimentaria; Seguridad alimentaria, seguridad nacional; El abasto alimentario de México en economías abiertas; Canasta bási-ca y calidad de la alimentación en México, y Los espacios de reserva del capital.

Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas-unam, y profesor del posgrado en Economía también en la unam.

Boris Marañón-Pimentel

Es doctor en Estudios Latinoamericanos por la unam; maestro en Ciencias Sociales por la Flacso, México, y licenciado en Economía por la Universi-dad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas-unam, desde donde impulsa diversas investigaciones sobre recursos naturales y trabajo.

Dania López-Córdova

Es maestra en Estudios Latinoamericanos por la unam, y licenciada en Econo-mía, con especialización en Economía Ambiental y Ecológica por la Facultad de Economía-unam. Actualmente es profesora del Centro de Estudios Socio-lógicos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam. Sus estudios se refie-ren a la solidaridad económica en América Latina y examina la reciprocidad en lo teórico y práctico.

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Estudios Agrarios

Martha García Ortega

Es doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte; es Antropó-loga Social egresada de la licenciatura y maestría en la Escuela Nacional de An-tropología e Historia. Actualmente labora como investigadora en El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, Quintana Roo. Es responsable de materias en el posgrado de esta institución orientadas al desarrollo regional y migraciones, for-ma parte del grupo académico Estudios Transfronterizos. Sus temas de especia-lización son: migraciones, frontera sur de México, pueblos indígenas, ritualidad, ciudadanías, desarrollo regional y mercados laborales agroindutriales.

Esther Patricia Santibáñez Sandoval

Es maestra en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y licenciada en Biología por la misma institución. Ha participado en la orga-nización campo, ac de Yecapixtla, Morelos.

Elsa Guzmán Gómez

Es doctora en Antropología por la unam, y maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es integrante del Sistema Nacional de In-vestigadores nivel II. Sus líneas de investigación son: estrategias campesinas de vida; mercados y campesinos; seguridad y autosuficiencia alimentaria campesina.

Cuenta con una vasta trayectoria respecto a trabajos publicados, entre los más recientes destacan: Conocimiento y organización en la gestión de recursos. Experiencias en distintas regiones rurales de México, edit. Juan Pablos-uaem. “Peculiaridades del Morelos rural”, en Revista Economía, sociedad y territo-rio, núm. 44; “La Unión de Ejidos del sur poniente de Morelos”, en Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria núm. 53-54; “Mujer, trabajo y persistencia del maíz”, en La Ventana, núm. 34, 2013; “Plazas campesinas de maíz frente a la crisis alimentaria: construcción de espacios públicos”, en Guzmán, E. y E. Ávila (coords.) Actores sociales y procesos productivos. Inci-

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dencias globales y locales; Guzmán, E., et al. Imágenes del Morelos rural: Una construcción social del paisaje.

Pertenece a la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural y a la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Actualmente es profesora-investigadora en la Univer-sidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Ciencias Agropecuarias.

José Guadalupe Vargas-Hernández

Es doctor en Administración Pública (Columbia States University); doctor en Economía (Keele University, England); tiene otros estudios de doctorado en Comportamiento Organizacional (Lancaster University). Es maestro en Administración de Empresas con especialidad en Dirección Industrial (Pa-cific States University). Marketing Certificate (The British Institute of Mar-keting). Es licenciado en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional y pasante de la licenciatura en Derecho, por la unam. Tiene un diplomado en Filosofía por la Universidad Panamericana.

Ha participado en más de 100 eventos académicos internacionales y en más de 300 nacionales. Publicado cuatro libros y más de 100 ensayos en revistas internacionales (en inglés, francés, alemán, portugués, farsi, chino, etcétera) y más de 300 ensayos en revistas nacionales. Se ha desempeñado como pro-fesor, investigador y asesor en múltiples universidades de Estados Unidos de América y en la República Mexicana. Ha obtenido numerosos reconocimien-tos a nivel internacional relacionados con las áreas de negocios, economía y finanzas. Actualmente es profesor-investigador en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Fermín Ledesma Domínguez

Es estudiante de la maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo, sede Chiapas; es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas, y tiene una espe-cialidad en Análisis Político por el Instituto de Administración Pública del Es-

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Estudios Agrarios

tado de Chiapas. En 2013 realizó la estancia “Desarrollo Territorial Rural” en la Universidad de Córdoba, España (Uco); en 2014 participó como ponente en el VII Simposio de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental celebrado en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.

En el área profesional laboró en el Programa de Atención Integral a los Bienes Comunales Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera Montes Azules de la Secretaría de la Reforma Agraria y en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Actualmente es miembro fundador del Centro de Lengua y Cultu-ra Zoque ac y docente de asignatura en la Universidad Autónoma de Chiapas.

José Manuel Flores López

Actualmente es posdoctorante del Departamento de Sociología y Antropolo-gía de la Universidad Estatal Paulista, Unesp, Campus Marilia, São Paulo, Bra-sil; es doctor en Antropología y maestro en Antropología Social, ambas por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (cie-sas–df) con beca del Conacyt; es licenciado en Ciencias Antropológicas con especialidad en Antropología Social, por la Facultad de Ciencias Antropoló-gicas, Universidad Autónoma de Yucatán. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, los más recientes son: “Mercado de tierras ejidales y cambio sociocultural en la Sierra de Santa Marta, Veracruz”; “El proceso de individualización en el medio rural mexicano”; “Mercado de tierras ejidales en el Sur de Veracruz”, y “Primero la comunidad. Discurso armónico y con-trol social en un pueblo maya yucateco”.

Se ha desempeñado como consultor línea de base y consulta sobre el Plan de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Gnobe que habitan dentro del área de influencia del proyecto de cobre Minera Panamá, Provincia de Colón, Pa-namá; evaluador de seguimiento técnico de proyectos financiados por los Fondos Mixtos Sureste, Yucatán; investigador invitado del Centro de Estudios Rurales Ceres, del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, IFCH, Uni-versidad Estatal de Campinas, Sao Paulo, Brasil, y estancia académica en el Programa de Doutorado em Antropologia Social, en el mismo instituto.

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Normas para la presentación de originales

Subprocuraduría GeneralDirección General de Estudios y Publicaciones


Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria

1. Los trabajos deberán estar escritos en español y/o inglés, ser inéditos y no tener derechos cedidos a terceros.

2. Los textos podrán enviarse en una de dos modalidades: vía correo electró-nico o bien impresos sobre papel blanco tamaño carta (21.6 x 27.9 cm) junto con una copia magnética (cd).

3. Los trabajos deberán estar escritos en versión Word para Windows. Debe-rán ir a doble espacio, con un tamaño de letra de 12 puntos y utilizando fuen-te Times New Roman o Arial. Todas las páginas deberán numerarse, las notas o referencias deberán ir numeradas y a pie de página, la bibliografía deberá ir al final del documento.

4. En el caso de ensayos y/o artículos, deberán tener una extensión máxima de 30 cuartillas (sin contar anexos o bibliografía).

5. Las gráficas, tablas o cuadros, figuras, mapas y fotos (de ser el caso) de los trabajos remitidos se incluirán en el mismo cd junto con el archivo elec-trónico del documento; se presentarán impresos en hojas por separado, irán numerados por orden de aparición en el texto y en éste se indicará el lugar donde se insertarán. Llevarán un título y leyenda (las abreviaturas utilizadas deberán aclararse en la leyenda). Todo elemento gráfico será entregado tal y como se obtuvo del programa o el equipo con que se haya elaborado, creado o capturado y se deberá indicar el programa utilizado, que obligatoriamente será compatible con los estándares empleados en la elaboración de este tipo de materiales (para las figuras, mapas y fotos se sugiere utilizar archivos de imagen tipo jpg, gif; no deberán importarse desde Word). Para su mejor apre-ciación y dado que nuestra publicación se imprime en blanco y negro, las gráficas y figuras en ningún caso deberán enviarse a color.

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Estudios Agrarios

6. Anexo al artículo se enviará un resumen de 150 (ciento cincuenta) pala-bras (o diez renglones) en el idioma en el que esté escrito, y cinco palabras clave como máximo que faciliten su inclusión en los índices y bases de datos bibliográficos; esta síntesis se utilizará para su difusión en la página electró-nica institucional.

7. Todos los artículos propuestos contendrán una bibliografía que se presenta-rá al final del trabajo y se ordenará alfabéticamente por el apellido del autor o, si se trata de una institución, por el nombre de la misma. Si existen obras del mismo autor o institución de distintos años, se ordenarán del más reciente al más antiguo. Las fuentes de información utilizadas pueden presentarse de dos formas: a) al pie de página, o b) llamadas dentro del texto que se completarán al final del trabajo.

Si la fuente utilizada se coloca al pie de página, las citas se numerarán progre-sivamente; los autores se asentarán por nombre y apellido y se presentarán con dos puntos menos que el tamaño de letra del cuerpo del texto. En éste se indicarán sólo con un número y al pie de página las fichas completas corres-pondientes, ordenadas como se indica. En el caso de la referencia de un libro:

Francisco López Bárcenas (coord.), Legislación para el desarrollo rural: una visión de conjunto, México (ciudad de publicación, no país), cedrssa (editorial), 2007, pp. 47-49.

En el caso de un artículo de revista, la referencia bibliográfica se presentará de la siguiente forma: a) el nombre del autor; b) el título del artículo que irá entre comillas, sin subrayar; c) el nombre de la Revista, subrayado (o en cur-sivas); d) el volumen y número de la misma; e) lugar; f) editorial; g) fecha, y h) páginas. Por ejemplo:

María Eugenia Reyes, “Los nuevos ejidos en Chiapas”, en Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria, núm. 37, México (ciudad de publicación, no país), Procuraduría Agraria (editorial), enero-abril de 2008, pp. 45-66.

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8. Al utilizar por primera vez siglas o abreviatura se ofrecerá su equivalencia completa, escrita, y a continuación, entre paréntesis, las siglas o abreviatura que sucesivamente se empleará.

9. Deberá adjuntarse un breve currículum del autor o autores, señalando di-rección, teléfono, dirección electrónica, así como una carta en donde el autor manifieste que su trabajo es inédito y que cede los derechos de publicación a la Procuraduría Agraria.

10. Cuando a juicio de la Institución el documento requiera de adecuaciones para su publicación, ello se hará del conocimiento del autor.

11. Una vez emitido el dictamen para la publicación, se le comunicará al au-tor dicha decisión.

12. El cumplimiento de estas normas es indispensable. Independientemente que las colaboraciones aceptadas serán sometidas a un proceso de corrección de estilo, se recomienda ampliamente a los autores que se entreguen ver-siones con una primera corrección. Además, su publicación estará sujeta a la disponibilidad de espacio en cada número. En ningún caso se devolverán originales al autor ni habrá responsabilidad para la revista.

13. La correspondencia deberá remitirse a:

Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria Dirección General de Estudios y Publicaciones Calle Cinco de Mayo, núm. 19, 6º piso, Col. Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Teléfonos: 1500 3300, 1500 3900, ext. 4117 y 4121 Correos electrónicos: [email protected]; [email protected]

Consulte nuestra página institucional en internet: http://www.pa.gob.mx

Estudios Agrarios, revista de la Procuraduría Agraria: http://www.pa.gob.mx/publica/PA07A.HTM

Dirección General de Estudios y Publicaciones Correos electrónicos:

[email protected] [email protected]

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