ESTADO DE LA REGIÓN CAPÍTULO 10 - CONARE

El desafío regional de proteger el patrimonio natural

INDICE

Hallazgos relevantes 408Valoración general 2008 409Valoración general 2003 410Valoración general 1999 410Situación de las áreas protegidas en Centroamérica y su gestión 411Evolución del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas 411Marco institucional y gestión de las áreas protegidas en Centroamérica 416Procesos económicos y sociales que impactan las áreas protegidas 423Actividades productivas, agricultura y conservación 424Procesos sociales y demográficos en el marco de las áreas protegidas 424Beneficios ambientales, sociales y económicos de la conservación 430Avances en la valoración de bienes y servicios ambientales 431Turismo y conservación, una relación con efectos recíprocos 434

Preguntas específicas

1. ¿Cuál ha sido la evolución reciente en la extensión y los esquemas de protección del

Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (Sicap)?

2. ¿Cuáles son las principales características del patrimonio natural que albergan las

áreas protegidas (ecosistemas, biodiversidad, flora y fauna)?

3. ¿Cuáles son los instrumentos normativos y la capacidad institucional (recursos

financieros y humanos) con que cuentan las áreas protegidas para la protección y

gestión de su patrimonio?

4. ¿Qué tipo de procesos sociales y económicos tienen lugar dentro y en las zonas

aledañas a las áreas protegidas? ¿Cuál es el impacto de esos procesos?

5. ¿Cuáles son los principales conflictos vinculados al manejo de áreas protegidas en

la región?

6. ¿Cuáles son los avances de la participación ciudadana en la gestión de las áreas

protegidas?

7. ¿Cómo ha evolucionado la valoración económica de los recursos naturales?

PREGUNTA GENERADORA

¿Cuánto ha avanzado Centroamérica en la protección, gestión ambiental y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y cultural con que cuenta en sus áreas protegidas?

10C A P Í T U L O

ESTADO DE LA REGIÓN 407

408 ESTADO DE LA REGIÓN AREAS PROTEGIDAS CAPÍTULO 10

>> El Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (Sicap) cuenta con 669 áreas protegidas y una extensión de 124.250 km2. Pese al significativo crecimiento re-gistrado en el período 1980-2000, duran-te los últimos siete años el área se incre-mentó en apenas un 5%.

>> Belice posee la mayor proporción de territorio bajo alguna modalidad de pro-tección (54,2%).

>> La mayor parte de la superficie de las áreas protegidas no está dedicada a la conservación estricta. El 44% se encuen-tra en la categoría VI de la UICN, carac-terizada por el manejo con fines de uso sostenible.

>> El 83% de las áreas protegidas presen-ta tamaños menores de 15.000 hectáreas. Solamente el 4% es mayor de 100.000 hectáreas.

>> Los bosques húmedos son el hábitat con mayor representatividad en el Sicap (67,4%), seguidos por los sistemas agrí-colas (13,4%). Solo un 1,6% de los bos-ques de manglar forma parte de las áreas protegidas.

>> Los ecosistemas de bosque seco del Pa-cífico y los bosques de pino-encino son los menos representados en el Sicap y su in-tegridad ecológica en las áreas protegidas

de El Salvador, Honduras, Nicaragua y la península de Nicoya en Costa Rica es mala o muy mala.

>> La relación entre superficie cubierta por las áreas protegidas y los presupues-tos institucionales es baja; solo El Salva-dor supera los 15 dólares por hectárea, aunque con un porcentaje de áreas pro-tegidas significativamente menor que el resto de la región.

>> Tanto en Nicaragua como en Guatemala los fondos de la cooperación internacional representan el 50% del total de ingresos de las áreas protegidas.

>> Las áreas protegidas que están en ges-tión compartida alcanzan 26.511 Km2 y re-presentan cerca del 20% de la superficie total de los SINAP

>> En los últimos quince años se ha logra-do establecer iniciativas de protección en más de medio millón de hectáreas de tie-rras privadas en el istmo.

>> En todos los países predomina la con-vergencia de áreas protegidas y comuni-dades con índices de desarrollo humano (IDH) bajos.

>> Los sistemas de pago por servicios am-bientales generaron en el 2006 más de 14,5 millones de dólares.

HALLAZGOS RELEVANTES

CAPÍTULO 10 AREAS PROTEGIDAS ESTADO DE LA REGIÓN 409

Centroamérica es una región de enor-me riqueza natural, que con grandes es-fuerzos ha logrado construir esquemas territoriales para la protección de sus variados ecosistemas, su biodiversidad y los valiosos bienes y servicios ambienta-les que estos generan para la población y el conjunto de los seres vivos. Sin em-bargo, estos esquemas se desarrollan y gestionan con pocos recursos técnicos y financieros, lo cual evidencia la pér-dida de prioridad política de los temas ambientales en las agendas regionales y nacionales. En un contexto caracterizado por crecientes presiones sociales y eco-nómicas por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, las debilidades institucionales para garantizar la efectiva regulación y control generan mayor vul-nerabilidad y nuevas amenazas sobre el patrimonio de las áreas protegidas. Pese a la creación de nuevos mecanismos le-gales e institucionales y la vinculación de nuevos actores a la protección del pa-trimonio natural, la región está lejos de armonizar las acciones de conservación con las demás dimensiones del desarrollo humano sostenible.

Los avances en materia de gestión de áreas protegidas se refieren al fortaleci-miento del marco legal, institucional y po-lítico para impulsar diferentes procesos de gestión, en una variada y compleja reali-dad socioambiental. Además, se perciben mejoras significativas en sitios clave, ubi-cados dentro de áreas protegidas, a partir de la exploración de diferentes y novedo-sas modalidades de participación social. El concurso del sector privado, un valioso aporte en formas de conservación por parte de pueblos indígenas y comunida-des rurales, la cooperación internacional y nuevos instrumentos para valorar e

incentivar la protección de bienes y servi-cios ambientales, han impulsado la moder-nización de la legislación y favorecido en la práctica la expansión de los esfuerzos.

Sin embargo, en los países aún existen enormes carencias, que se reflejan en el es-tado de los respectivos sistemas nacionales de protección. Pese a que su extensión fue creciente por varias décadas, la mayor par-te de los territorios cubiertos por el Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas está dedicada a formas de uso sostenible de los ecosistemas: muy poca superficie se desti-na a la conservación estricta y el resguardo de las riquezas culturales del istmo, y ade-más existen vacíos de representatividad de ecosistemas importantes, que brindan gran-des beneficios a la sociedad. Esto hace que la protección formal no garantice integridad ecológica, ni la calidad y sostenibilidad de los ecosistemas protegidos. El 83% de las áreas protegidas son muy pequeñas (meno-res de 15.000 hectáreas), por lo que resulta necesario impulsar acciones que propicien su conectividad y recuperación, de manera que se favorezca la viabilidad de los ecosis-temas y su capacidad de “resiliencia”1 ante fenómenos externos, tales como el cambio climático.

Persiste además una débil instituciona-lidad, agravada por la ausencia de un res-paldo político efectivo, lo cual se traduce en presupuestos y personal insuficientes para combatir las amenazas, mitigar impactos ambientales y controlar las actividades ilí-citas en áreas protegidas. En respuesta a esta situación, desde la década anterior se han puesto en marcha mecanismos de par-ticipación de la sociedad civil en el manejo de estas áreas, con modalidades de gestión compartida que en algunos casos han dado importantes frutos. Sin embargo, para mejo-rar la gobernabilidad dentro y alrededor de

VALORACIóN GENERAL 2008

las áreas protegidas, estos procesos son aún incipientes y siguen acompañados de una importante conflictividad socioam-biental en muchas zonas.

Asimismo, la gestión de la biodiversi-dad se ve condicionada por la estructura social de tenencia de la tierra, el creci-miento de la población, las migracio-nes internas y la pobreza, así como por prácticas productivas (principalmente agrícolas) que han generado pérdida, de-gradación y fragmentación de hábitats, sobreexplotación de recursos naturales y contaminación. Pese a lo mucho que ha calado el discurso del desarrollo sos-tenible, es notorio que Centroamérica ha centrado su atención en otras priorida-des de orden socioeconómico, relegando lo ambiental. Esto, ante el crecimiento de la demanda por recursos naturales, per-mite prever problemas más serios en el futuro y nuevas presiones sobre las áreas protegidas.

Aun así, las áreas protegidas de la región son un recurso de enorme po-tencial, tanto por los bienes y servicios ambientales que generan, como por su papel de garantía de la calidad de vida y de beneficios económicos, que espe-cialmente podrían apoyar a la población rural. Existe una interdependencia entre crecimiento económico y conservación de los recursos naturales, que obliga a ver esta última como parte integral de los programas y políticas para un desa-rrollo pleno de Centroamérica. Esto se ha dado con diversos matices en cada uno de los países, y puede verse refor-zado por el carácter regional con que se asuma la interacción natural que hace de los ecosistemas y la biodiversidad una preocupación compartida.




A inicios del siglo XXI, Centroaméri-ca continúa exhibiendo la marca de dos huellas que deja el modelo de desarro-llo vigente. Una es la huella ecológica, causada por los efectos acumulados de procesos de deforestación, erosión del suelo, sedimentación de ríos y creciente contaminación de aguas subterráneas y superficiales, que se originan en patrones de consumo creciente de recursos natu-rales y energéticos, procesos de urbani-zación desordenados y deficiente manejo de desechos sólidos y líquidos. La otra huella es humanitaria y se expresa en las recurrentes pérdidas de vidas humanas, bienes públicos e infraestructura que han dejado los desastres. Este riesgo mani-

Los países del área han emprendido acciones para la protección de los bosques (parques nacionales, áreas protegidas), pero tales esfuerzos aún no han logrado frenar la destrucción. A nivel regional, el Consejo Centroamericano de Bosques y Áreas Protegidas (CCAB-AP) puede con-tribuir al logro de ese objetivo, pero es to-davía incipiente. Las mejores experiencias de conservación incluyen la participación de la sociedad civil.

La iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano brinda un esquema para

fiesto constituye la culminación de pro-cesos complejos de interacción entre las sociedades y su entorno físico.

Si bien el discurso sobre la gestión del riesgo y la gestión ambiental se mo-dificó con rapidez después del huracán Mitch, las prácticas y las instituciones lo han hecho más lentamente. Todo parece indicar que una efectiva gobernabilidad ambiental en Centroamérica depende no solo de la consolidación de los procesos de integración formal a nivel regional, sino también de un mayor compromiso de los gobiernos y una ciudadanía bien informada sobre el estado de sus recur-sos, los riesgos existentes y las opciones para reducirlos.

articular los sistemas nacionales de áreas protegidas y fortalecer la gestión del rico y diverso patrimonio natural y cultural del istmo. La mayoría de las cuencas altas de la región, y en particular las que suplen de agua potable a las grandes ciudades, se encuentran bajo alguna forma de protec-ción (como parque nacional, refugio o re-serva). Es importante valorar el rol de los sistemas nacionales de áreas protegidas y ecosistemas de montaña en la absorción de precipitaciones y de regulación de cau-dales máximos.

ESTADO DE LA REGIÓN 411

IntroducciónLa agenda de protección del patrimo-

nio natural en Centroamérica ha cobra-do relevancia a partir de significativos avances en su marco normativo e ins-titucional, y en las acciones concretas de conservación. Actualmente resulta importante ampliar los alcances del marco formal, a la luz del análisis sobre las condiciones que presenta el sistema de áreas protegidas en la región, para el adecuado resguardo de la biodi-versidad y los ecosistemas. Desde la creación del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (Sicap) hace varias décadas, se ha hecho evidente que, además de la expansión territorial de la protección, es crucial fortalecer la gestión, la calidad, la conectividad y la representatividad ecológica de las áreas existentes, a fin de mitigar los riesgos y amenazas generados por los procesos sociales y económicos que se reali-zan dentro y alrededor de ellas. Para esto se requiere armonizar los vínculos entre la conservación de los recursos y las necesidades de desarrollo de las poblaciones.

Con el propósito de evaluar estos elementos, el presente capítulo exami-na la situación actual de los sistemas nacionales de áreas protegidas y los factores políticos, económicos y socia-les que afectan su gestión. En el pri-mer apartado se aborda esa situación desde la perspectiva de los avances en

el marco legal-institucional, la asigna-ción de recursos y la participación de la sociedad civil en la conservación del patrimonio natural. La segunda sección se enfoca en los procesos económicos y sociales que impactan las áreas prote-gidas. Finalmente, se analizan algunos de los beneficios sociales y económicos de la conservación, y los progresos en cuanto a la valoración económica de los bienes y servicios ambientales que brindan las áreas protegidas a la población.

Situación de las áreas protegidas en Centroamérica y su gestión

El rico patrimonio natural de Centroamérica está fuertemente presio-nado por el uso indiscriminado de los recursos y la vulneración de los servicios ambientales que presta. Desde los años sesenta la región ha hecho importantes esfuerzos para la creación de áreas protegidas, con diversas modalidades, lo que le ha permitido resguardar una parte significativa de la biodiversidad y los ecosistemas con que cuenta. No obstante, para potenciar esos logros es necesario superar notables limitaciones asociadas a la escasa representación ecológica de algunos habitats y eco-sistemas, la calidad biológica de las áreas y las capacidades de gestión. La expansión del territorio protegido no ha conseguido profundizar los niveles de

conservación, ni mitigar las presiones generadas por las actividades humanas sobre sus recursos. En este apartado se analiza la evolución reciente del Sicap y del marco normativo e institucional relacionado con su gestión.

Evolución del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas

La región mesoamericana -que com-prende los siete países de Centroamérica y los estados del sureste mexicano- tiene un alto valor ecológico. Aunque apenas representa un 2% de su terri-torio, posee alrededor del 12% de la riqueza biológica del planeta. En ella se encuentra la segunda barrera arrecifal más importante del mundo, la cual abarca cerca de 1.600 kilómetros a lo largo del golfo de Honduras y alberga el 8% de los manglares remanentes de la Tierra (CBM, 2005).

Esta riqueza ha motivado, desde prin-cipios del siglo XX, la creación de áreas protegidas. Inicialmente ello se hizo para resguardar la belleza escénica y los monumentos culturales y naturales, luego los objetivos de conservación se centraron en especies particulares o emblemáticas, y en la tercera etapa ha prevalecido el interés de conservar muestras representativas de los princi-pales ecosistemas. En la actualidad está emergiendo una nueva generación de áreas protegidas, basada en un enfoque

El desafío regional de proteger el patrimonio natural10

C A P Í T U L O


desaceleración con respecto a las dos décadas anteriores.

La cobertura de los sistemas mues-tra la misma tendencia de crecimiento que la cantidad de áreas. Entre 1980 y 1990 su superficie más que se duplicó, al pasar de 32.516 a 77.063 km2 y en la década de los noventa aumentó de 77.063 a 124.250 km2. En contraste, entre el 2000 y el 2007 la superficie de las AP apenas se amplió en un 5%. Por países, Belice es el que posee la mayor proporción de su territorio bajo alguna modalidad de protección (54,2%); le siguen Panamá y Guatemala con valo-res similares (33,3% y 31,9%) mientras que El Salvador mantiene la menor proporción de su territorio bajo alguna categoría de protección (0,3%).

La mayor parte de la superficie pro-tegida en la región no es objeto de con-servación estricta. El 44% del área del Sicap se encuentra en la categoría VI de la UICN, lo cual implica que aunque se permite la utilización de bienes y servi-cios, se debe garantizar la estabilidad

ecorregional, que procura asegurar un manejo integral para compatibilizar las demandas de conservación y el proceso de desarrollo.

Débil equilibro en el tamaño y los esquemas de protección en el Sicap

Como parte de las acciones conjuntas en materia de conservación, y al ampa-ro de la Convención sobre Diversidad Biológica, los países de la región se integraron en el Sicap desde 1992. Este sistema cuenta hoy con 669 áreas protegidas y una extensión de aproxi-madamente 124.250 km2 (mapa 10.1). El mayor número de declaratorias de áreas protegidas (AP) ocurrió durante las décadas de los ochenta y noventa en los sistemas nacionales de áreas protegidas (Sinap). Entre 1980 y 1990 la cantidad de AP pasó de 146 a 262, y de 1990 al 2000 creció de 262 a 502. Sin embargo, durante el período 2000-2007 el incremento fue tan solo del 33% (169 nuevas áreas), lo cual evidencia una

de los ecosistemas. Aunque no puede afirmarse que las áreas protegidas con categorías de manejo más restrictivas aseguran la conservación de la biodi-versidad, es preocupante que muy poca superficie esté dedicada a la conser-vación estricta y a la conservación de las riquezas culturales de la región, abundantes en algunos países, como Guatemala, Belice y Honduras.

Los territorios clasificados en la cate-goría II, que comprende los parques nacionales, representan el 29,7% de la superficie del Sicap y están dedicados a la protección de los ecosistemas y la recreación. Los territorios incluidos en la categoría IV equivalen al 19,9% del sistema y en ellos las intervenciones se enfocan en la vida silvestre. La cate-goría I, centrada principalmente en la ciencia y la protección de la vida silves-tre, corresponde al 4,1% y la categoría V, cuyo objetivo es la conservación y manejo de los paisajes, abarca el 1,2% del territorio. Como se mencionó, la conservación de monumentos culturales y naturales es baja. La categoría III, que protege este tipo de patrimonio, repre-senta apenas el 0,4% (TNC, 2008b).

En Costa Rica y Panamá los sistemas están conformados por áreas que perte-necen mayoritariamente a la categoría II de UICN; en Belice, Guatemala y Honduras predomina la categoría VI, y en Nicaragua la categoría IV (gráfico 10.1). Lo ideal es que los sistemas pro-picien un balance entre la conservación estricta y el uso sostenible de los recur-sos. Un desequilibrio en estos aspectos tiene varias implicaciones; por ejemplo, un sistema basado en la categoría VI no solo demandará más recursos para su vigilancia y gestión, sino que requiere más conocimiento de su biodiversidad para garantizar que la intervención humana no efecte la conservación y dis-ponibilidad de los recursos en el largo plazo. Por otro lado, un sistema basado en las categorías I y II podría provocar conflictividad social, por las limitacio-nes en el acceso a los recursos. Algunas AP de importancia regional que perte-necen a las categorías menos estrictas son la reserva natural Cayos Miskitos, en Nicaragua, que es el área protegida marina más cercana al continente y

MAPA 10.1

Centroamérica: áreas protegidas con declaratoria legaly propuestas. 2007

Fuente: TNC, 2008 con base en información de los sistemas nacionales de áreas protegidas.


a 15.000 hectáreas y solamente el 4% tiene un área superior a 100.000 hectá-reas (cuadro 10.1).

Un sistema con muchas áreas peque-ñas y aisladas, como el Sicap, es incapaz de frenar una inminente fragmentación de hábitats. Ello deriva en alteracio-nes de los procesos ecológicos que, a su vez, se traducen en un declive del funcionamiento saludable del ecosiste-ma, la disminución de su “resiliencia” y la pérdida de biodiversidad, ya sea por

la extinción absoluta de algunas espe-cies, o por la drástica reducción numé-rica de las más sensibles (Fontúrbel, 2007).

En las condiciones actuales de cam-bio climático, el tamaño de las áreas y su grado de aislamiento cobran mucha relevancia, ya que áreas grandes e intactas permitirían una mejor adap-tación de los sistemas naturales y una mayor elasticidad para soportar los cambios que están sucediendo y los que se esperan. En sentido contrario, las áreas pequeñas serán más vulnerables y probablemente experimentarán un deterioro en la riqueza y calidad de la biodiversidad que albergan (TNC, 2008a).

Resultados obtenidos por Pounds et al. (2005) en bosques tropicales de altu-ra de Costa Rica, muestran que existen alteraciones en la distribución y abun-dancia de especies debido al calenta-miento global, lo cual está afectando a una amplia gama de grupos taxo-nómicos (Scott, 2005). Por su parte, Chávez et al. (2007) identificaron en la Estación Biológica La Selva, una de las áreas protegidas más antiguas de la selva baja centroamericana, que la densidad de las poblaciones de anfi-bios y reptiles había disminuido hasta en un 70% desde 1970. Los autores sugieren que ello se debe a que el cam-bio climático ha inducido pequeñas modificaciones en la cantidad de hoja-rasca del bosque, lo que ha alterado el microhábitat de esas especies.

provee innumerables recursos que sirven de base a muchas pesquerías del Caribe; y las reservas Río Plátano en Honduras y Bosawas en Nicaragua, llamadas el “Corazón Verde del Corredor Biológico Mesoamericano”, donde se privilegia el manejo forestal (TNC, 2008a).

La distribución del tamaño de las áreas protegidas es un indicador sobre la escala de la biodiversidad que se busca proteger. Cerca del 83% del total de las AP tiene extensiones menores

GRÁFICO 10.1

Centroamérica: proporción de la superficie de las áreas protegidas según las categorías de la UICN. 2007

Fuente: TNC, 2008b, con base en datos de los sistemas nacionales de áreas protegidas.

CUADRO 10.1

Centroamérica: distribución de las áreas protegidas, por tamaño. 2007

País Menosde15.000hectáreas De15.001a100.000hectáreas Másde100.001hectáreas Areatotal(ha)

CantidaddeAP Área(ha) CantidaddeAP Área(ha) CantidaddeAP Área(ha)Belice 88 234.106 17 669.799 3 340.741 1.244.646CostaRica 136 297.710 18 761.514 2 353.466 1.412.690ElSalvador 4 20.032 1 63.500 0 0 83.532Guatemala 223 297.109 12 438.155 11 2.650.262 3.385.526Honduras 48 207.125 18 536.376 3 1.440.750 2.184.251Nicaragua 61 240.963 11 425.430 4 1.564.880 2.231.273Panamá 30 136.488 17 617.682 7 1.779.887 2.534.057Totales 590 1.433.533 94 3.512.456 30 8.129.986 13.075.975

Fuente: TNC, 2008b, con base en datos de los sistemas nacionales de áreas protegidas.


Diversos ecosistemas muestran baja representación e integridad vulnerable

Junto al tamaño y la modalidad de conservación de las áreas protegidas, uno de los elementos de mayor impor-tancia es la representatividad de los ecosistemas y la biodiversidad que estos poseen, pues una representación ecológica insuficiente debilita el alcan-ce de los esfuerzos en este ámbito. Sobre este aspecto la Convención sobre Diversidad Biológica establece la pro-tección de al menos el 10% de cada bioma2 del mundo, meta cuyo cumpli-miento en el istmo resulta, en la mayor parte de los casos, insuficiente.

De los cuatro biomas terrestres que existen en Centroamérica, los bosques húmedos tropicales y subtropicales de

hoja ancha son los mejor representa-dos y menos fragmentados en el Sicap (28,6%) debido a que se localizan en la costa del Caribe, donde las presio-nes derivadas de la acción humana son menos fuertes (cuadro 10.2). Los desiertos y matorrales xériticos (19,7%) ocupan la segunda posición, mientras los bosques tropicales y subtropica-les de coníferas y los bosques secos y subtropicales de hoja ancha tienen una presencia mucho más baja: 9,9% y 3%, respectivamente. En cuanto a los bosques secos, cabe destacar que solo se han declarado AP muy pequeñas y aisladas, que en los casos de Honduras y Nicaragua corresponden a la catego-ría IV (uso sostenible), lo que disminuye aun más las posibilidades de proteger este hábitat.

Los bosques siempreverdes latifo-liados son el hábitat con mayor repre-sentación en el Sicap (67,4%), seguidos por los sistemas agrícolas (13,4%). Los bosques deciduos y semideciduos están presentes solo en el 4,9% del sistema, las sabanas abarcan el 3,8% del área y los bosques de manglar alcanzan ape-nas el 1,6% (mapa 10.2).

Además de las ecorregiones terres-tres, Centroamérica cuenta con seis eco-rregiones marinas: Caribe occidental, Caribe suroccidental, Pacífico Chiapas-Nicaragua, isla del Coco, Nicoya y bahía de Panamá. Aunque a los sistemas mari-nos se les ha prestado poca atención, no solo en la región sino en todo el mundo, recientemente los países han desplegado esfuerzos para su protección. Algunas de esas iniciativas han sido impulsadas

CUADRO 10.2

Centroamérica: extensión de áreas protegidas según bioma y ecorregión. 2007

Bioma/ecorregión Bioma/ecorregión ExtensióndeAP Porcentajebioma/ (km2) (km2) ecorregiónprotegido

Bosqueshúmedostropicalesysubtropicalesdehojaancha 300.665 85.916 28,6BosquesmontanosdelestedePanamá 2.241 1.810 80,8BosquesmontanosdeChiapas 183 0 0BosquesmontanosdeAméricaCentral 13.270 5.043 38,0BosqueshúmedosestacionalesdeCostaRica 10.603 956 9,0BosqueshúmedosdelaSierraMadredeChiapas 5.771 68 1,2BosquesmontanosdeTalamanca 16.346 9.678 59,2BosqueshúmedosdelladopacíficodelistmodePanamá-CostaRica 29.032 3.124 10,8BosqueshúmedosChocó-Darién 13.694 6.884 50,3BosqueshúmedosdelladoatlánticodeAméricaCentral 86.906 18.568 21,4BosqueshúmedosdelladoatlánticodelistmodePanamá 57.967 7.872 13,6BosqueshúmedosdePetén-Veracruz 64.486 31.805 49,3BosqueshúmedosdeYucatán 166 108 64,8

Bosquessecostropicalesysubtropicalesdehojaancha 56.388 1.692 3BosquessecosdePanamá 5.125 22 0,4BosquessecosdeladepresióndeChiapas 867 0 0BosquessecosdelladopacíficodeAméricaCentral 50.396 1.670 3,3

Bosquestropicalesysubtropicalesdeconíferas 115.975 11.471 9,9BosquesdepinodeMosquitía 18.079 1.935 10,7BosquesdepinoyrobledeAméricaCentral 95.082 8.622 9,1BosquesdepinodeBelice 2.814 914 32,5

Desiertosymatorralesxériticos 2.332 459 19,7MatorralespinosodelvalledeMotagua 2.332 459 19,7

Nota: Las superficies obtenidas solo corresponden a la porción terrestre de las áreas protegidas, no a sus porciones costeras y marinas.

Fuente: TNC, 2008b.


en la ecorregión del Caribe occidental, donde se localiza el arrecife mesoame-ricano (recuadro 10.1).

Uno de los principales avances para mejorar la representatividad ecológica de los sistemas de áreas protegidas de la región ha sido la identificación de los vacíos ecológicos de los sistemas terres-tres, marinos y de agua dulce, el cual es un esfuerzo promovido en el marco del “Plan de trabajo de áreas protegidas” del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) iniciado en el 2004. En Costa Rica se finalizó el análisis de los sis-temas terrestres y de agua dulce y, en Belice, Guatemala y Honduras, donde

ya concluyó ese trabajo, está pendien-te la oficialización de sus resultados. Estos análisis permitirán a los países diseñar estrategias para contar con sistemas nacionales de áreas protegidas integrales y ecológicamente representa-tivos. El mayor reto será la implemen-tación de las acciones que se definan, lo cual requerirá el fortalecimiento de capacidades institucionales, técnicas y financieras.

Además de la preocupación por la representatividad, es necesario exami-nar la integridad ecológica de los sis-temas nacionales de áreas protegidas. Este concepto alude al funcionamiento

permanente, saludable y apropiado de los ecosistemas a escala global y local, así como a la provisión continuada de recursos renovables y servicios ambien-tales. Los seres humanos pueden soca-var la sostenibilidad de los sistemas mediante la extracción de recursos a un ritmo mayor que su capacidad de rege-neración. Un sistema ecológico mantiene su integridad cuando sus características ecológicas dominantes ocurren dentro de los rangos de variación naturales y cuando es capaz de resistir y recupe-rarse de la mayoría de los disturbios ambientales que enfrenta, ya sean estos de carácter natural o antropogénico.

MAPA 10.2

Centroamérica: áreas protegidas y sistemas ecológicos protegidos. 2002

Fuente: TNC y mapa de ecosistemas de CCAD-Banco Mundial.


Para determinar la integridad eco-lógica del Sicap se debe evaluar el tamaño de las áreas y su conectividad con ecosistemas naturales, así como las amenazas que sufren, tales como crecimiento de la población, ocurrencia de incendios y construcción de carrete-ras, entre otras. Más adelante en este capítulo se analizará en profundidad este tema. Como se ha mencionado, cuanto mayores sean el tamaño y la conectividad de las áreas, mayor será su capacidad de generar procesos ecoló-gicos saludables. Por el contrario, cuan-to mayores sean las amenazas, menor será la capacidad de las áreas para

mantener esos procesos ecológicos, es decir, disminuye su integridad. La costa del Caribe, desde la frontera entre Honduras y Nicaragua hasta Panamá3, presenta una integridad ecológica que va de muy buena a buena (mapa 10.3). Sin embargo, en el resto de la región, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico, la integridad ecológica va de regular a pobre. El estado de las AP en El Salvador, Honduras, Nicaragua y la península de Nicoya en Costa Rica, correspondientes a los ecosistemas de bosque seco del Pacífico y bosques de pino -encino de Centroamérica- es pre-ocupante (integridad ecológica pobre),

en especial porque esos sistemas son los menos representados en el Sicap.

Marco institucional y gestión de las áreas protegidas en Centroamérica

Si bien los temas relativos a la con-servación han estado presentes en el discurso politico en los planos nacional y regional, en la práctica el sector insti-tucional de gestión de áreas protegidas no parece ser una prioridad para la asignación de recursos y el fortaleci-miento de capacidades. En general, los países cuentan con amplios marcos normativos y entidades responsables

RECUADRO 10.1

El arrecife mesoamericano: un patrimonio único en el Caribe

El sistema arrecifal mesoamericano es

una ecorregión que se considera sobre-

saliente por su patrimonio natural, de

alta prioridad para la conservación. Es el

segundo sistema arrecifal más grande del

planeta y se extiende más de 1.000 km a

lo largo de la costa del mar Caribe, desde

el norte de la península de Yucatán, en

México, hasta las Islas de la Bahía en la

costa de Honduras. Incluye un complejo

sistema de humedales costeros, lagunas,

manglares y pastos marinos de importan-

cia para el forrajeo y reproducción de más

de 60 especies de corales, 350 especies

de moluscos y 500 especies de peces.

Aunque alberga especies marinas que se

encuentran en estado crítico, tales como

el manatí, el cocodrilo americano, el tibu-

rón ballena y varias especies de tortugas

marinas, el sistema permanece relativa-

mente bien conservado en comparación

con otros sitios del Caribe.

El arrecife tiene además una significativa

relevancia socioeconómica, pues provee

empleo y fuentes de ingresos a cerca de un

millón de personas que viven en las áreas

adyacentes. En las planicies costeras tam-

bién se realizan importantes actividades

agro-exportadoras, tales como el cultivo

de banano, cítricos y palma africana. El turis-

mo y la pesca en esta ecorregión generan

considerables ingresos a las economías de

los cuatro países (México, Guatemala, Belice

y Honduras) y dependen en forma directa de

las condiciones del arrecife y de los ecosis-

temas costeros y marinos asociados. Esto

significa que, si no se controlan la contami-

nación, la sobreexplotación de los recursos

y la destrucción de los ambientes costeros,

se pueden producir severos desequilibrios

ambientales que afectarían seriamente a las

economías locales. Asimismo, la estructu-

ra viviente del arrecife aporta una defensa

natural contra la erosión y los huracanes que

suelen azotar la costa caribeña.

Pese a estas consideraciones, el arrecife

mesoamericano muestra alarmantes seña-

les de deterioro. El creciente y desordenado

desarrollo turístico, la conversión de bos-

ques en terrenos agrícolas, la pesca intensi-

va y el blanqueamiento de coral como resul-

tado del calentamiento global son algunas

de las presiones más fuertes que amenazan

este ecosistema.

En respuesta a esta situación, en 1997 los

mandatarios de México, Guatemala, Honduras

y Belice firmaron la “Declaración de Tulum”,

en la que se adoptó el compromiso formal

de colaborar y gestionar ayuda internacio-

nal con el fin de asegurar la conservación

y el uso sustentable de esta ecorregión.

Posteriormente, en el 2006, mediante la

suscripción de un acuerdo conjunto, los

gobernantes renovaron el compromiso

político para fortalecer el desarrollo y pro-

tección de la segunda barrera arrecifal

del mundo. A partir de la Declaración de

Tulum han surgido múltiples esfuerzos en

esta dirección. Entre las organizaciones

que a nivel global y regional han apoya-

do con recursos técnicos y financieros

este proceso se encuentran: Conservation

International (CI), el Fondo SAM, el pro-

yecto SAM/CCAD con el respaldo finan-

ciero del Banco Mundial y el GEF, el

programa Arrecifal Mesoamericano

(MAR), The Nature Conservancy (TNC),

Oak Foundation, The Summit Foundation,

Wildlife Conservation Society (WCS) y

World Wildlife Fund (WWF). Las activi-

dades que apoyan estas iniciativas se

enfocan principalmente en el fortaleci-

miento de las áreas protegidas marinas,

el manejo sostenible de las pesquerías y

el turismo, la reducción de los impactos

negativos del uso del suelo y el cambio

climático.

Fuentes: WWF Centroamérica; Arrivillaga, 2008; proyecto para el sistema arrecifal mesoamericano (http://www.mbrs.org.bz); TNC, 2008a y Górrez, 2005.


del manejo de las áreas protegidas, pero sus posibilidades para mejorar la administración y adecuado resguardo del patrimonio natural son limitadas. La participación de la cooperación internacional y del sector privado ha resultado valiosa para fortalecer esas capacidades; sin embargo, los logros obtenidos son dispares y enfrentan riesgos para su sostenibilidad. En este apartado se analizan diversos aspec-tos relacionados con la asignación de recursos y las capacidades de gestión de las áreas protegidas, así como algu-nas acciones nacionales y regionales que se han puesto en marcha en esta materia.

Marco normativo-institucional requiere mayor coordinación e integración

En todas las naciones de Centroamé-rica la gestión de áreas protegidas tiene respaldo constitucional o, en su defecto, existen decretos legislativos que regu-lan las actividades humanas que impac-tan los recursos naturales. La mayor parte de esta normativa fue emitida en los años ochenta y finales de los noven-ta (Aguilar e Itzá, 2005).

Varios países han iniciado procesos de modernización de los marcos lega-les. Guatemala y Panamá están impul-sando la revisión y modificación de sus respectivas leyes de AP, para subsanar

vacíos en su aplicación, en tanto que en Nicaragua se aprobó recientemente un nuevo reglamento sobre el particular.

En el 2008 en Honduras entró en vigencia una nueva ley forestal, de áreas protegidas y vida silvestre, la cual busca fortalecer la débil estructura institucional encargada del manejo de los bosques y frenar los altos niveles de deforestación en ese país. El marco legal e institucional en la materia era además bastante complejo, debido a la dispersión de leyes y reglamentos rela-cionados con el recurso boscoso, la con-servación de áreas silvestres y el otorga-miento de incentivos a la reforestación, entre otros asuntos (Pérez y Vallejo,

MAPA 10.3

Mesoamérica: integridad ecológica de las áreas protegidas. 2002

Nota: Los rangos de calificación se basan en tres criterios: tamaño, condición y contexto paisajístico4.

Fuente: TNC, 2008b.


2005). Con la nueva legislación se crean diversas instancias de participación, concertación, consulta y apoyo, entre ellas los Consejos Consultivos Forestales de áreas protegidas y vida silvestre (Coconafor), que operarán en los niveles nacional, departamental, municipal y comunitario, así como mecanismos para incentivar la produc-ción forestal sostenible y la conserva-ción de los bosques5.

En la región existen también políticas y estrategias asociadas al desarrollo de los sistemas nacionales de áreas pro-tegidas. Nicaragua y Belice avanzaron en la actualización de sus políticas de AP y Panamá inició ese proceso en el 2008. No obstante, la mayor debilidad está en su aplicación (Rodríguez, 2005; López, 2006; Cedeño, 2007). Muchos de los documentos emitidos formal-

mente se convierten en programas de trabajo de las entidades responsables, pero no logran definir con precisión orientaciones de política pública (Iarna-URL, IIA, 2006). En este sentido, hay dificultades para generar espacios, tanto gubernamentales como no guber-namentales y privados, que permitan desarrollar sinergias y tomar decisio-nes alrededor de objetivos comunes. Aunado a ello, las políticas que se pro-mulgan son mayormente de inspiración sectorial y dirigidas a entes específicos, lo que limita que los gobiernos asuman la gestión ambiental como una tarea que involucra a múltiples entidades y actores.

La institucionalidad encargada de la gestión de áreas protegidas incluye entidades descentralizadas, semides-centralizadas, autoridades nacionales,

consejos y secretarías o direcciones especializadas dentro de uno o varios ministerios (cuadro 10.3). En forma paralela a las instancias del Ejecutivo, y aunque con incipiente desarrollo y modesta efectividad, colaboran en este ámbito los entes que tienen a cargo la seguridad pública en los ministerios de gobernación (del interior) y el sistema de administración de justicia (organis-mo judicial y los respectivos ministe-rios públicos o instancias equivalentes relacionadas con la investigación de delitos). En la actualidad todos los países de área tienen sistemas nacio-nales de áreas protegidas (Sinap), con normas y regulaciones acordes con sus marcos legales, políticas e intereses. Esto ha generado diferencias en los mecanismos con que opera cada uno de ellos (CCAD, 2003). El Sicap es

CUADRO 10.3

Centroamérica: instituciones responsables de la gestión de áreas protegidas según país. 2007

País InstituciónresponsabledelasAP

Belice DepartamentoForestal,MinisteriodeRecursosNaturalesyAmbiente,responsabledelagestióndeAPterrestres. DepartamentodePesca,MinisteriodePesca,AgriculturayCooperativas,responsabledelasAPmarinas. DepartamentodeArqueología,MinisteriodeTurismo,CulturayComunicación,responsabledesitosarqueológicos. Cadaentidadmantienesuindependenciafinancierayadministrativaydefinesuspropiaspolíticas.

CostaRica SistemaNacionaldeÁreasdeConservación(Sinac),MinisteriodeAmbienteyEnergía(Minae).

ElSalvador DireccióndePatrimonioNatural,MinisteriodeAmbienteyRecursosNaturales(MARN)

Guatemala ConsejoNacionaldeÁreasProtegidas(Conap),queestáconformadoporelMinisteriodeAmbienteyRecursosNaturales(MARN), elMinisteriodeAgricultura,GanaderíayAlimentación(MAGA),elInstitutodeAntropologíaeHistoria(Idaeh),elInstituto GuatemaltecodeTurismo(Inguat),laAsociaciónNacionaldeMunicipalidades(Anam),elCentrodeEstudiosConservacionistas delaUniversidaddeSanCarlos(Cecon)ylaAsociacióndeOrganizacionesnoGubernamentalesdeRecursosNaturalesy Ambiente(Asorena).ElórganoejecutivoeslaSecretaría,quedependedelaPresidenciadelaRepública.Lasáreasprotegidas privadasylasmunicipalessonconsideradascomopartedelSistemaGuatemaltecodeÁreasProtegidas(Sigap).Honduras SubdireccióndeÁreasProtegidasyVidaSilvestre,InstitutoNacionaldeConservaciónyDesarrolloForestal, ÁreasProtegidasyVidaSilvestre.Nicaragua DirecciónGeneraldeÁreasProtegidas,MinisteriodeAmbienteyRecursosNaturales(Marena).

Panamá DireccióndePatrimonioNatural,AutoridaddelAmbiente(ANAM).

Fuente: Elaboración propia con base en los informes nacionales de los sistemas de áreas protegidas.


administrado por las siete autoridades nacionales de los Sinap y cuenta con la creciente participación del sector priva-do, los gobiernos locales, universidades, organizaciones no gubernamentales y asociaciones públicas y privadas.

Sin demeritar los avances legales, institucionales y de políticas en materia de gestión ambiental, específicamente de áreas protegidas, es notorio que prevalecen carencias que se reflejan en el estado de situación de los respectivos sistemas nacionales. Las actividades extractivas inapropiadas, la invasión de tierras y la deforestación asociada, los incendios forestales, la expansión de la

frontera agrícola y la falta de recursos humanos y medios materiales para su adecuado manejo, son los elementos que más amenazan la estabilidad y existen-cia de las AP. El efecto combinado de estos factores se manifiesta en la pérdi-da y fragmentación de hábitats, el dete-rioro ambiental, la degradación de los ecosistemas y mayores niveles de vulne-rabilidad ambiental y social (Rodríguez, 2005). En este contexto, la participación de movimientos ambientalistas y organi-zaciones comunitarias, entre otros acto-res, ha cobrado relevancia como una oportunidad para revitalizar las iniciati-vas de manejo de las áreas.

Del mismo modo, los países de la región han impulsado acciones con-juntas en materia de conservación. Las primeras iniciativas surgie-ron alrededor del tema económico y comercial, con la creación del Mercado Común Centroamericano (1960). Posteriormente, en la década de los noventa, los presidentes suscri-bieron el Protocolo de Tegucigalpa y crearon el Sistema de Integración Centroamericana, al amparo del cual se ha facilitado la coordinación en asuntos como la protección de la biodiversidad, el establecimiento de corredores bioló-gicos y otros (recuadro 10.2)

RECUADRO 10.2

Algunas acciones de integración regional en materia de conservación

La integración regional en mate-

ria de conservación se sustenta en el

Convenio Constitutivo de la Comisión

Centroamericana de Ambiente y

Desarrollo (CCAD), firmado en 1989, y en

la Alianza para el Desarrollo Sostenible

(Alides), suscrita en 1994. Esta última

plantea entre sus objetivos el manejo

integral y sostenible como medio para

garantizar la conservación de la biodi-

versidad y fomentar condiciones que

fortalezcan la capacidad y participación

de la sociedad en este esfuerzo (CBM,

2005). La CCAD ha servido de soporte

para la modernización de la normativa

ambiental y la armonización de instru-

mentos y mecanismos para la gestión

ambiental a nivel regional. Dada la trans-

versalidad de su quehacer, desde el SICA

ha establecido agendas intersectoriales

con los Consejos de Ministros de Salud,

Agricultura, Economía, Energía y Defensa,

Seguridad o Gobernación, y recientemen-

te también con autoridades de turismo y

aduanas (www.sica.int/ccad/).

Las iniciativas que han estado directa-

mente relacionadas con la conservación

de la biodiversidad y el fortalecimiento

del Sicap son el proyecto del Corredor

Biológico Mesoamericano, el cual

cuenta con el apoyo financiero del GEF

(Global Environmental Facility); el proyec-

to del Sistema Arrecifal Mesoamericano

(SAM) financiado por el Banco Mundial y

el GEF; el Programa Ambiental Regional

Centroamericano, auspiciado por Usaid,

y el proyecto de biosfera transfronte-

riza “Corazón del Corredor Biológico

Mesoamericano”, financiado por el Banco

Mundial y el GEF. Este último es el único que

está siendo ejecutado actualmente. Estos

esfuerzos han permitido avances signifi-

cativos en la armonización de políticas (de

pesca y turismo en la región del SAM, por

ejemplo), en el fortalecimiento de áreas

protegidas transfronterizas y en las capaci-

dades institucionales. Asimismo, en el 2008

se publicó una política regional para conser-

vación de tierras privadas.

La Secretaría Ejecutiva de la CCAD, a través

de proyectos regionales como la consolida-

ción del Corredor Biológico Mesoamericano,

ha obtenido logros importantes en térmi-

nos de armonización del Plan Ambiental

Regional para Centroamérica. Entre esas

iniciativas figuran: el Programa Estratégico

Regional de Trabajo en Áreas Protegidas,

el Programa Estratégico Regional para

la Conectividad del Corredor Biológico

Mesoamericano, el Programa Estratégico

Regional de Monitoreo y Evaluación de

la Biodiversidad y la Estrategia Forestal

Centroamericana.

Pese a los avances en materia de legisla-

ción, se debe reconocer que no ha ocurrido

lo mismo en el ámbito de la institucionali-

dad ambiental regional y la planificación.

Las condiciones actuales (macroeco-

nómicas, sociales y ambientales), con

excepciones muy puntuales, indican que

las metas expresadas en la Alides están

aún lejos de ser alcanzadas (Rodríguez,

2005). El documento Centroamérica en el

límite forestal señala que la región ha cen-

trado su atención en prioridades de orden

socioeconómico, por lo que las acciones

a nivel político y económico no están

del todo compatibilizadas con el sector

ambiental. En consecuencia, no solo se

han perdido espacios (sobre todo políti-

cos) logrados anteriormente, sino que se

ha retrocedido en algunas áreas, como la

deforestación. Los retos actuales apuntan

a la necesidad de convertir en acciones

de gobierno los lineamientos de política

que ya han sido identificados en la agenda

regional de desarrollo sostenible.

Fuente: Elaboración propia con base en CBM, 2005, Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y Rodríguez, 2005.


Sector institucional enfrenta falta de recursos y capacidades para la gestión

Las necesidades de recursos finan-cieros y humanos para la gestión de las áreas protegidas rebasan las capacida-des actuales y constituyen una debilidad importante para el adecuado resguardo de la biodiversidad y los ecosistemas en Centroamérica. En la mayoría de los casos ello resulta en un nivel de manejo6 básico, aunque hay diferentes grados de desempeño de acuerdo con la variada complejidad socioambiental dentro y entre países.

Un informe del Programa Ambiental Regional para Centroamérica (Proarca, 2003) reveló que en 1988 menos del 35% de las áreas protegidas contaba con pre-sencia institucional, y que, donde ésta sí existía, tal condición no aseguraba una gestión exitosa, pues era insuficiente en términos de personal e infraestructura. La presencia institucional en las AP fue entonces calificada como “mínima”, en la mayor parte de los casos limitada a la dotación de personal operativo e infra-estructura básica para su alojamiento. De acuerdo con los informes nacionales del Sicap, en el 2006 se reportó una mejoría importante, pues el 42% de las áreas tenía presencia institucional y un manejo activo de su territorio. Empero, estos avances resultan aún insuficientes si se considera que solo el 19% de las AP tiene un plan de manejo vigente y que se cuenta con poco más de 1.500 guardaparques para resguar-dar un territorio de casi 125.000 km2. En Costa Rica, por ejemplo, la rela-ción de superficie continental protegida por funcionario es de 2.679 hectáreas (Sinac, 2006).

El recurso humano es una de las mayores dificultades que enfrentan los Sinap. Esto trae como consecuencia una sobrecarga de trabajo y baja capacidad de respuesta a los requerimientos de una gestión efectiva. Además, tanto en los niveles gerenciales como en los téc-nicos y operativos el personal muestra limitaciones, debido a la ausencia de un proceso sistemático de profesionaliza-ción y capacitación. Honduras y Costa Rica cuentan con una estrategia y un plan de acción en este ámbito, pero fal-

tan recursos para su implementación. En general, la capacitación del perso-nal en la región obedece más bien a la oferta disponible que a las necesidades institucionales (López, 2006; Cedeño, 2007; Aguilar, 2007). La situación se agrava por la movilización, inestabili-dad y rotación frecuente de los recur-sos humanos en la mayoría de las áreas protegidas, los bajos salarios y la carencia de incentivos, lo que configura un ambiente de trabajo poco favorable para una adecuada gestión (Fundación Panamá/INBio/ANAM, 2007).

Desde el punto de vista financiero, la mayor parte de los presupuestos públicos se destina al funcionamiento institucional, por lo que la inversión está sujeta a la disponibilidad de recur-sos de fuentes externas (ANAM, 2006). Es frecuente que los ingresos generados por mecanismos de mercado, como las tarifas por visitación y las concesio-nes de bienes y servicios, entre otros, no sean reinvertidos en las AP, sino canalizados a fondos comunes que se utilizan para financiar gastos opera-tivos. Una buena práctica en el sector privado es el caso de Fundecor, en el Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central (ACCVC), en Costa Rica, es una de las excepciones, pues los recursos que allí se generan son invertidos en el área. La marginali-dad (financiera y política) de la gestión ambiental resulta en una instituciona-lidad débil, con escasas e inestables capacidades técnicas, cuyos logros son insuficientes para asegurar la conser-vación y uso sostenible del patrimonio natural de la región (TNC, 2008a).

Al dividir los presupuestos insti-tucionales entre las hectáreas de las áreas protegidas se obtiene un una cobertura bastante baja, que solo en El Salvador supera los quince dólares por hectárea, aunque esto se debe a que el territorio protegido en este país es significativamente menor que en el resto del istmo (Matul et al., 2007). Con una asignación de diez dólares por hectárea, Costa Rica ocupa el segundo lugar en cobertura efectiva, seguida por Honduras y Panamá con seis y tres dólares por hectárea, respectiva-mente. Por debajo de los dos dólares

se encuentran Nicaragua y Guatemala. Es importante destacar que, entre 2002 y 2006, Costa Rica y Nicaragua fueron las únicas naciones que registraron una mejoría en la asignación por hectárea. No obstante, los presupuestos ordina-rios totales mejoraron en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua (cuadro 10.4).

Debe tomarse en cuenta que el presu-puesto del departamento de áreas pro-tegidas es uno más dentro de los minis-terios de ambiente, generalmente el más pequeño y con menor presupuesto, excepto en Costa Rica, donde el monto destinado a conservación y manejo de biodiversidad representa el 38% del presupuesto del Minae (CGR, 2007). Pese a que Honduras aparece como uno de los países que más recursos invierte por hectárea, el informe nacional de áreas protegidas revela que el 90% del presupuesto del año 2005 se dedicó al pago de salarios y gastos operativos.

Adicionalmente, en la mayoría de los países un porcentaje muy bajo de los presupuestos asignados a los ministe-rios de ambiente y recursos naturales se destina al manejo de AP (Proarca, 2004), lo que demuestra que no hay coherencia entre la importancia de los espacios naturales y la magnitud de las inversiones dirigidas a su conservación (TNC, 2008a). En Costa Rica, el país que más invierte en este rubro, el gasto asignado al Sinac equivale a un 0,5% del gasto en salud, educación, seguri-dad y comunicaciones (Sinac, 2006).

La cooperación internacional ha hecho un aporte sustantivo al finan-ciamiento de las AP en la región. Los países desarrollados han reconocido la importancia estratégica de la bio-diversidad, así como el impacto de su conservación a nivel global. Según un estudio realizado por Castro et al. (2000), Centroamérica recibió el 20,9% de los fondos de cooperación destina-dos a Latinoamérica; Honduras fue el principal beneficiario (5%), seguido por Guatemala (4,4%) y Costa Rica (3,8%).

Tanto en Nicaragua como en Guatemala los fondos externos repre-sentan el 50% de los ingresos de las áreas protegidas (Quintero, 2006; Jolón, 2006) y en Costa Rica aportan el 12% del total de ingresos del Sinac (Sinac,


2006). Estos recursos se destinan gene-ralmente a inversión y son de suma importancia para los países. No obs-tante, la alta dependencia de ellos gene-ra vulnerabilidad, pues la mayoría de los gobiernos no prevé la finalización de los proyectos financiados de este modo, lo que provoca incertidumbre y falta de continuidad en las iniciativas emprendidas (Cedeño, 2007). Un meca-nismo que ha tenido especial relevancia para atraer cooperación internacional

es el canje de deuda por naturaleza, el cual se ha concretado en cuatro nacio-nes del istmo a través de la Ley de Conservación de Bosques Tropicales. Las transacciones se han realizado con el Gobierno de Estados Unidos y generaron 79,5 millones de dólares en el período 2001-2007 (cuadro 10.5).

También existen diversos mecanis-mos de mercado para el financiamien-to de la conservación, que sin embargo han sido poco aprovechados por las

instituciones encargadas de la gestión de las AP; entre ellos están las tarifas por el ingreso a las áreas, los pagos por concesiones para el uso sostenible de los recursos naturales y las licen-cias y permisos especiales. Las tarifas por el ingreso a las AP son uno de los instrumentos más utilizados y de mayo-res réditos en la región, especialmente en Costa Rica y, en menor grado, en Guatemala y Honduras (Proarca, 2003). En Costa Rica las AP son un factor importante para la atracción del turis-mo, que se ha convertido en la principal fuente de divisas en los últimos años. Se estima que entre el 40% y el 70% de los turistas extranjeros que llegan a ese país visitan áreas protegidas. En el 2006, las tarifas de entrada a estos sitios representaron el 45% de los ingresos del Sinac (Sinac, 2006). En Guatemala y Honduras, por este concepto se recau-dan alrededor de 85.000 dólares por año. Pese a la relevancia de este meca-nismo, en la mayoría de los países no se cuenta con facilidades suficientes ni con servicios de atención al visitante, e inclu-so en algunas áreas no existe un sistema de cobro por visitación (TNC, 2008a). Cabe mencionar que en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica el sector priva-do aporta recursos para la conservación; tal es el caso de la “Campaña Osa”, en Costa Rica (recuadro 10.3).

CUADRO 10.4

Centroamérica: presupuesto ordinario de los Sinap y distribución según cobertura. 2002-2006(millones de dólares y dólares por hectárea)

2002 2003 2004 2005 2006

Total Porhectárea Total Porhectárea Total Porhectárea Total Porhectárea Total PorhectáreaCostaRica 10,80 7,60 11,99 8,95 11,99 8,95 12,17 9,09ElSalvador 0,43 10,67 0,65 16,16 0,72 17,95 0,66 16,46 0,70 17,65Guatemala 4,12 1,22 4,56 1,35 4,47 1,33 3,75 1,11 4,38 1,30Hondurasa/ 0,40 0,18 15,63 6,85 16,46 7,21 14,29 6,26Nicaragua 2,00 0,89 2,57 1,15 3,33 1,49 3,12 1,39 4,14 1,85Panamáb/ 9,37 3,60 7,94 3,06

a/ En el caso de Honduras, el presupuesto destinado a áreas protegidas se estableció mediante la suma de los presupuestos de biodiversidad del Serna y Cohdefor. Para el año 2003 se registra únicamente el presupuesto de biodiversidad del Serna.b/ El presupuesto destinado a áreas protegidas se estimó mediante la suma de las líneas de operación: manejo y desarrollo del patrimonio natural, inversión en conservación y desarrollo sostenible e investigación y manejo de recursos naturales.

Fuente: Matul et al., 2007.

CUADRO 10.5

Centroamérica: proyectos de canje de deuda por naturaleza concretados. 2001-2007

País Período Añode Áreageográfica Monto aprobación (millones dedólares)

Belice 2001 CorredorMarinoMontañasMayas 8,5Panamá 12años 2003-2004 ParqueNacionalChagres,ParqueNacional Darién 21,0Guatemala 15años 2006 ReservadeBiosferaMaya,sistema MotaguaPolochic,cadenavolcánica delaSierraMadre 24,0CostaRica 16años 2007 PenínsuladeOsa,ParqueNacional LaAmistad,Tortuguero,Maquenque, RincóndelaViejaylapenínsuladeNicoya 26,0Total 79,5

Fuente: TNC, 2008b.


Con el propósito de diseñar planes de sostenibilidad económica para las AP, Nicaragua y Costa Rica analiza-ron sus necesidades de financiamiento versus los ingresos reales. Los resul-tados revelan que la brecha financiera promedio anual es de 17,0 millones de dólares para Costa Rica, y de 10 millones de dólares para Nicargua, para lograr un manejo básico, y de 34 millones de dólares para un manejo especializado (Sinac, 2006; Tijerino et al., 2006). Esto define una situación crítica, pues la brecha se acumula cada año y los presupuestos ordinarios, lejos de aumentar, en muchos casos han dis-minuido (TNC, 2008a). Es claro que el sub-financiamiento de las AP solo ha permitido desarrollar niveles de ges-tión muy básicos, lo cual evidencia la escasa capacidad del sector para incidir

tanto en la esfera del sector público como en la sociedad civil.

Ante este panorama, cobra relevan-cia la medición de la efectividad en el manejo de las AP. Internacionalmente se considera que una de las amenazas más comunes, incluso mayor que los impactos directos sobre las áreas, es la deficiencia en su manejo (Núñez, 2007). Centroamérica fue una de las primeras zonas del mundo que definió, en 1997, una metodología regional básica en esta materia, con base en la cual los paí-ses adoptaron versiones nacionales7 en un marco estandarizado para el Sicap. Esta iniciativa fue coordinada por el Consejo Centroamericano de Bosques y Áreas Protegidas de la CCAD.

De acuerdo con los registros de los últimos nueve años, la implementación de las mediciones en el campo ha sido

relativamente lenta: más del 70% del área del Sicap nunca ha sido evaluada. El avance ha sido mayor en Costa Rica, Guatemala y Panamá. No obstante, en este último país el proceso ha sido más sistemático, gracias a que el mecanismo cuenta con financiamiento propio. En Nicaragua, Honduras y El Salvador la implementación no ha pasado de esfuer-zos aislados. Si bien las mediciones no permiten conocer a cabalidad el estado del manejo de las áreas protegidas en el Sicap, con base en los resultados de las áreas evaluadas se puede concluir que en el período 2000-2006 la región tuvo un manejo de “regular” a “no acepta-ble” (TNC, 2008a).

Se abren espacios positivos para la gestión compartida de áreas protegidas

Como parte de los esfuerzos por diversificar y mejorar la gestión de áreas protegidas, y en respuesta a los cuestionamientos en torno a las ideas de comando y control en la adminis-tración de los recursos naturales, en las dos últimas décadas la región ha impulsado iniciativas que buscan un manejo más equitativo del capital natu-ral, a través de la participación activa de la sociedad civil. Estos espacios son muy diversos a lo interno de cada país y entre países.

En toda Centroamérica se han esta-blecido comités, consejos o comisio-nes para la toma de decisiones en diferentes niveles. En Belice existen organizaciones con bases comunitarias (community based organizations) que manejan áreas protegidas, cuyas juntas directivas cuenta con la participación activa de las comunidades, el sector privado y las municipalidades aleda-ñas, y en las cuales es común encon-trar solicitudes de rendición de cuentas (auditorías sociales locales) (Meerman y Wilson, 2005). En Nicaragua sobresa-len la Comisión Nacional de Bosawás y la Comisión Nacional de la Reserva de Biosfera del Sureste, que constituyen espacios de concertación del más alto nivel donde se debaten y deciden los temas de mayor relevancia para la ges-tión de estas reservas. Las comisiones están integradas por instituciones del

RECUADRO 10.3

Campaña Osa: el sector privado involucrado en los compromisos de conservación

El Área de Conservación Osa, en Costa

Rica, es una región de alta importancia

mundial por su inmensa riqueza biológica.

En una extensión de 4.220 km2, contiene

el 2,5% de la diversidad biológica de todo

el planeta, pero enfrenta crecientes pre-

siones debido a múltiples factores, como

la cacería y la tala ilegal. La escasez de

recursos para lograr un manejo efectivo

y hacer frente a las amenazas llevó al

diseño de una campaña de recaudación de

fondos, conocida como “Campaña Osa”,

en la que participan el Gobierno, la coope-

ración internacional, organizaciones no

gubernamentales y líderes del sector

empresarial.

La meta de recaudación es de 32,5 millo-

nes de dólares e incluye un fondo patrimo-

nial permanente, de 10 millones de dóla-

res, para la sostenibilidad de la iniciativa

en el largo plazo. Desde que se inició ofi-

cialmente en enero del 2003, la campaña

ha logrado captar cerca de 19,2 millones

de dólares (al 2007), de los cuales más de

9 han sido ejecutados en proyectos, 1,5

han sido invertidos en el fondo patrimonial

y 8,7 están en proceso de ejecución en

nuevos proyectos.

En los últimos dos años el sector empresa-

rial se ha unido a esta iniciativa por medio

de un comité nacional que se ha com-

prometido a recaudar un 10% del monto

meta, es decir, 3 millones de dólares, los

cuales serán destinados al fondo patrimo-

nial. Como parte de los esfuerzos de este

comité, a principios del 2007 se lanzó

una campaña innovadora llamada “Osa

en tu Piel”, la cual consiste en la venta de

tatuajes adheribles con figuras de anima-

les, en supermercados y tiendas. Durante

ese año la campaña recaudó aproxi-

madamente 250.000 dólares. Algunas

de las entidades que forman parte del

comité nacional son Corporación Pipasa,

Holtermann & Compañía, Grupo Nación,

Cenat, Componentes Intel y Tribu Nazca,

entre otras.

Fuente: TNC, 2008a.


Gobierno Central, gobiernos munici-pales, representantes de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, y los gobiernos y consejos regionales autóno-mos (Quintero, 2006). En Guatemala, Costa Rica y El Salvador se han for-mado consejos consultivos y comités asesores alrededor de las AP, en los cuales participan las comunidades y los propietarios privados, aunque en algu-nos casos su rol se limita a servir como instancias de consulta (TNC, 2008a).

Uno de los principales espacios de incidencia de la sociedad civil en el manejo de las AP es la gestión compar-tida, que se establece entre el Estado y una o más organizaciones. Este meca-nismo es conocido también como coma-nejo, cogestión, manejo compartido, colaborativo o co-administración. Es la forma de participación social en la con-servación de la biodiversidad que más auge ha tenido en Centroamérica. Se estima que en el 2006 cerca de una quin-ta parte del Sinap estaba siendo gestio-nado de este modo. En este esquema la sociedad civil comparte con el Estado funciones, derechos y responsabilida-des en la conservación, el uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la biodi-versidad (McCarthy et al., 2006). La superficie total de las áreas protegidas

de la región que está en gestión com-partida alcanza casi 26.511 km2 y repre-senta cerca del 20% Sinap (cuadro 10.6). El Salvador y Honduras tenían más del 50% de sus AP en procesos de gestión compartida en el año 2006.

La conceptualización y el desarrollo de este mecanismo ha evolucionado desde sistemas “muy abiertos”, como en el caso de Guatemala, donde la varie-dad de actores es alta (instituciones de gobierno, universidades, municipa-lidades, ONG, organizaciones comuni-tarias), hasta sistemas “más centrali-zados” y aún en fase de diseño, como en Panamá. Al analizar esta evolución se constata que entre los años 2003 y 2006 la gestión compartida creció más de un 60%, especialmente en Belice, El Salvador y Guatemala (McCarthy et al., 2006). Aunque no es posible hacer un análisis comparativo conclu-yente acerca de los niveles de eficiencia entre modelos de gestión compartida y aquellos más centralizados, sí se puede afirmar que, en términos generales, los primeros han permitido mayores capa-cidades de gestión de las AP.

Un análisis de las evaluaciones de efectividad de manejo en Guatemala y Honduras, diferenciadas por la existen-cia o ausencia de gestión compartida, muestran que en el primer caso los

resultados son mejores. Al comparar la eficiencia en 42 áreas de Guatemala, 12 bajo gestión del Conap y 30 bajo ges-tión compartida, se constató un mejor manejo en el segundo grupo. Similar situación se presentó en Honduras, donde las áreas protegidas a cargo del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Cohdefor se ubicaron en las categorías de eficiencia de mane-jo menos favorables, mientras las que operaban bajo gestión compartida, aun-que no se situaron en los mayores nive-les de eficiencia, sí arrojaron mejores resultados. Las disparidades se deben a lo escaso del personal y los recursos asignados a las áreas por parte de la Cohdefor (Conap, 2005; Proarca/APM, 2006). Entre las ventajas con que cuen-tan las ONG u organizaciones sociales que participan en el manejo compartido destaca la estabilidad laboral, ya que, a diferencia de las entidades del Estado, en ellas existe menor rotación de per-sonal, lo que permite acumular expe-riencia y dar continuidad a procesos de largo plazo (Jolón, 2006).

Es importante subrayar los esfuer-zos de los países para definir políticas y normas para fortalecer la gestión compartida e institucionalizar la par-ticipación de la sociedad civil en la gestión de las AP, en virtud de lo cual ha aumentado el número de iniciati-vas. Sin embargo, es necesario crear nuevos instrumentos para fortalecer la comunicación, evaluación y rendición de cuentas por parte de los gestores, como medio para mejorar el manejo de las áreas protegidas (Maldonado, 2000). Paralelamente, se debe asegurar una participación equilibrada y legítima de los actores locales, e incrementar las capacidades de los gobiernos locales y grupos de base para servir como co-gestores de estos procesos (McCarthy et al., 2006).

Procesos económicos y sociales que impactan las áreas protegidas

El resguardo de los recursos de las áreas protegidas, su seguridad y rique-za ambiental, dependen no solo del marco normativo e institucional de los sistemas nacionales de AP, sino que

CUADRO 10.6

Centroamérica: gestión compartida de áreas protegidas. 2006

País Gestióncompartida Sinap

Número Superficie Superficie Proporción (km2) (km2) delasáreasen gestióncompartida deltotaldelSinapBelice 39 2.908 9.213 31,6%CostaRica 10 427 13.500 3,2%ElSalvadora/ 41 412 637 64,8%Guatemala 49 10.084 33.331 30,2%Honduras 34 7.423 30.259 24,5%Nicaragua 9 439 22.422 2,0%Panamá 14 4.818 26.000 18,5%Total 196 26.511 135.362 19,6%

a/ En el caso de El Salvador se incluyen todas las áreas que están en gestión compartida pero que no necesariamente están declaradas legalmente como áreas protegidas.

Fuente: Elaboración propia a partir de McCarthy et al., 2006.


también están condicionados por facto-res sociales y económicos que generan presiones y vulnerabilidad, a la vez que compiten con los esfuerzos de con-servación. Entre esos factores están el aumento de la población que vive en las áreas protegidas o sus alrededores, la intensificación de las actividades productivas, la tenencia de la tierra y la alta incidencia de la pobreza. En este contexto, Centroamérica ha logra-do avanzar en el reconocimiento de los servicios ambientales y beneficios económicos que brindan la biodiversi-dad y los ecosistemas a la sociedad. En este apartado se analiza la magnitud de estos procesos y los impactos que generan sobre las AP.

Actividades productivas, agricultura y conservación

Las áreas protegidas son territorios de uso no común y están sujetas a regu-laciones especiales. En todos los países, las entidades responsables de la gestión han establecido pautas de operación para los diferentes actores económicos vinculados a estos territorios. El anali-sis de la situación actual revela que, en las AP de la región, la amplia variedad de categorías de manejo ha propiciado actividades productivas relacionadas principalmente con los sectores agrope-cuario, forestal, hidrobiológico, turísti-co, minero y energético. Estos sectores generan presión sobre los recursos de las AP, lo que podría traducirse en la

pérdida, degradación y fragmentación de hábitats, sobreexplotación de recur-sos vivos e inertes y contaminación ambiental.

Producción agropecuaria e incendios generan impacto en las áreas protegidas

Las áreas protegidas de Centroamérica están sometidas a presiones de tipo antropogénico asociadas a diversas acti-vidades productivas y prácticas agríco-las, así como a la presencia de pobla-ción en su territorio, que las impactan o amenazan. Como se aprecia en el mapa 10.4, las áreas con mayores pre-siones se ubican en el Pacífico y las zonas centrales de los países, donde se

MAPA 10.4

Centroamérica: presiones antropogénicas y áreas protegidas. 2005

Fuente: TNC, 2008a.


ubican las capitales. A mayor intensidad del color (escala “muy alto”) mayores son las concentraciones de población y sus actividades asociadas (agricultura, carreteras, minería y energía, urbani-zación, fuegos y plagas forestales en los bosques de coníferas). Las áreas de menor intensidad de color (escala “bajo”) son las que albergan la mayor densidad de diversidad biológica (TNC, 2008a). La información reciente parece reforzar la idea de que, para las ecorre-giones centroamericanas, la expansión y la producción agropecuarias constitu-yen la principal amenaza.

La evaluación de estas amenazas y su impacto sobre la integridad ecológica en cada ecorregión ayuda a conocer la

la agricultura sobre la biodiversidad en la región (Rhodes et al., 2005). De ahí que, más allá de las oportunidades y esfuerzos para mejorar ciertas prácticas, es necesario fortalecer las acciones para reconciliar y armonizar la agricultura y la conservación.

La expansión de las áreas agropecua-rias constituye una amenaza constante sobre los espacios naturales y las AP, pues muchas de ellas ya albergaban predios agrícolas cuando fueron crea-das. La necesidad de contar con tierras fértiles ha presionado el uso de las AP para esta actividad, lo que en algunos casos ha sucedido aun cuando ello implica una transgresión de la norma-tiva aplicable a estos territorios. Así

situación que enfrentan las AP. El aná-lisis de nueve de las diecinueve ecorre-giones reportadas para Centroamérica, evidencia que las principales repercu-siones se relacionan con la destrucción y fragmentación de hábitats, prácticas agropecuarias inapropiadas, incendios forestales, el crecimiento urbano, la cacería ilegal, la introducción de espe-cies exóticas, la minería y la explotación maderera (cuadro 10.7).

La expansión y la intensificación de las actividades agrícolas representan a nivel global la principal causa de pérdida de biodiversidad y cambio en el uso del suelo. Para el caso centroamericano, este hecho fue confirmado por un estudio que, en el 2004, analizó el impacto de

CUADRO 10.7

Centroamérica: principales impactos en las ecorregiones

Fuente: FIPA, 2002 y Ortiz, 2003.

Bosquesdepino-encinocentroamericanos

BosqueshúmedosdelAtlánticocentroamericano

BosquessecosdelPacíficocentroamericano

Bosquesmontanoscentroamericanos

ValleespinosodelMotagua

BosqueshúmedosdeYucatán

BosquesmontanosdeTalamanca

BosquesdepinoMiskitos

BosqueshúmedosdelChocó/Darién

Destrucciónyfragmentacióndehábitatsacausadelaexpansióndelosasentamientoshumanos,laproducciónagropecuaria(agricultura,ganaderíayaprovechamientoforestal)ylosincendiosforestales.

Lastierrasbajashansidoconvertidasenáreasdondesedesarrollanplantacionesbananeras,mientrasquelasáreaspantanosashansidodrenadasysonutilizadasparalaganaderíaylaagricultura.Otrasamenazassonelcrecimientourbano,laconstruccióndecaminos,losasentamientoshumanosylacacería.

Lossuelosdeestosbosquesseconsideranexcelentesparaeldesarrollodeactividadesagrícolas,razónporlacualhansidoconvertidosenpastizalesyáreasdecultivo.Losincendios,laexpansiónagrícolaylaintroduccióndeespeciesexóticassonalgunasdelasamenazasqueimpactanaestaecorregión.

Lasladerasdeestaecorregiónhansidofuertementemodificadasporcausadelaagriculturadesubsistencia,elcultivodegranosbásicosycafé,lacrianzadeganadoyelusodeleña.

Agriculturaintensivayganadería.Estehábitatseencuentraamenazadoporeldesarrollodediversasactividadeshumanas.

Fragmentacióndehábitatsacausadelosaprovechamientosforestales,laagricultura,lacaceríadeportivayeltráficoilegaldevidasilvestre.

Fragmentacióndehábitatsacausadelaexplotaciónmaderera,quemaseincendiosylaexpansiónagrícola.

Fragmentacióndehábitatsacausadeincendiosforestales,explotaciónmadereraindustrialyrecoleccióndeleña.

Fragmentacióndehábitatsporlaminería,explotaciónmadererayexpansiónagrícoladepequeñaescala.


ocurre en las plantaciones de palma africana en el Parque Nacional Jeanette Kawas, en Honduras, o con la produc-ción agropecuaria en los parques nacio-nales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, dentro de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, los cua-les son áreas destinadas a protección absoluta (TNC, 2008a). Como propor-ción del Sicap, Guatemala y Honduras sobresalen con los porcentajes más altos de sistemas agropecuarios dentro de AP: 4,8% y 4,5%, respectivamente. Sin embargo, las proporciones aumentan de modo significativo cuando se comparan con la superficie total de los Sinap. El Salvador muestra la mayor presencia de tierras agrícolas en sus AP (27%), seguido por Honduras y Guatemala (20,2% y 17,9%).

El impacto de la agricultura sobre las áreas protegidas y no protegidas dependerá de la escala de su actividad y las técnicas utilizadas en los cultivos. Además es importante considerar que algunos de los grupos sociales que se dedican a la producción agrícola en las AP han desarrollado sistemas de acuerdo con su cultura, la cercanía de los mercados, las condiciones cli-máticas o la combinación de varios de estos factores. Dentro del sector agrícola se pueden identificar al menos tres grupos: a) productores que desa-rrollan una agricultura de subsistencia basada en el cultivo de maíz en las partes bajas y cálidas de los países de la región; en este grupo se ubican princi-palmente los mestizos de todos los paí-ses y los indígenas keqchíes y pocom-chíes de Guatemala, pech y miskitos en Honduras, miskitos en Nicaragua, bribri y cabécar en Costa Rica y bri-bri en Panamá; b) productores que desarrollan una agricultura intensiva-comercial en pequeña y mediana escala para la producción de frutas, hortalizas y ganadería, que participan en cierta medida en la exportación de productos no tradicionales, y c) productores que desarrollan una agricultura intensiva comercial a gran escala que incluye la producción de banano y palma afri-cana en los bosques húmedos de las tierras bajas, caña de azúcar en los bosques secos y café en la ecorregión de

pino-encino, entre otros (TNC, 2007).La agricultura de subsistencia en

Centroamérica es una de las princi-pales causas del avance de la frontera agrícola mediante procesos de coloni-zación y usurpación dentro de áreas protegidas, lo que también implica la destrucción de hábitats debido a las prácticas tradicionales de “tumba y quema”. Además, los incendios fores-tales que provoca este tipo técnicas son una de las principales causas del avance de la frontera agrícola mediante procesos de colonización y usurpación dentro de áreas protegidas, lo que tam-bién implica la destrucción de hábitats. Los procesos de colonización atraen a más grupos humanos, lo que incre-menta la presión sobre los recursos naturales. No obstante, estos sistemas de producción tienen ventajas frente a los otros dos grupos antes comentados: desarrollan una mayor diversidad de cultivos y utilizan especies nativas, con-servan valores culturales tradicionales asociados a la naturaleza, conforman paisajes biológica y estéticamente más diversos y mantienen una mejor conec-tividad entre AP.

La agricultura intensiva en pequeña y mediana escala emplea cantidades considerables de agroquímicos, que contaminan los suelos y las fuentes de agua, y cuando se desarrolla en áreas de ladera provoca pérdida y erosión del suelo. La ganadería, por su parte, usa el fuego como técnica para el man-tenimiento de pastos, lo que constituye una de las principales causas de los incendios forestales, tanto dentro de AP como en sus alrededores. Dada la escala de producción, este tipo de agricultura genera una severa fragmen-tación de los hábitats. Como ejemplo de lo anterior pueden citarse los cultivos de melón en el matorral espinoso del valle del Motagua. A diferencia de los productores de subsistencia, los de este grupo cuentan con mayor acceso a tec-nologías e información sobre los mer-cados. Ello podría favorecer la incor-poración de prácticas amigables con el ambiente -tales como la agricultura orgánica o sistemas agrosilvopastori-les- con miras a obtener certificaciones internacionales que permitan acceder

a mercados globales en los que existe una demanda creciente de productos orgánicos o “verdes”. Esto representa una oportunidad para Centroamérica (TNC, 2008b).

Por último, la agricultura a gran escala requiere el uso intensivo de agroquímicos y por lo general tiende al monocultivo, lo que la mayoría de las veces ocasiona pérdida de vastas extensiones de bosque y la fragmen-tación del hábitat. Este tipo de agri-cultura genera una gran cantidad de desechos, sobre todo de plástico en el cultivo de productos como el banano, y pulpa y mieles en el caso del café. En el proceso de cosecha de la caña de azú-car se utiliza el fuego, lo que también causa incendios y contaminación. Al igual que en la agricultura intensiva de pequeña y mediana escala, existe una oportunidad para la incorporación de buenas prácticas de manejo, especial-mente en el cultivo de café, banano y palma africana. Así por ejemplo, la pro-ducción orgánica y la certificación de café en Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica ha tenido un impacto notable en la conservación de la biodiversidad. Lo mismo ocurre con la producción de banano y cacao orgánico certificado en la costa del Caribe en Costa Rica (www.rainforest-alliance.org).

Un tema que la región debe comen-zar a plantearse es el posible impacto sobre su patrimonio natural de nue-vas estructuras productivas asociadas a la intensificación de las relaciones comerciales, derivada de la suscrip-ción de tratados de libre comercio. Es importante considerar este asun-to a la luz de la entrada en vigen-cia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana y la eventual firma de nuevos convenios con otros países o bloques comerciales. Partiendo de que este tipo de acuerdos implica un mayor crecimiento de sectores como el agrícola y el de manufactura, conviene tomar en cuenta algunos aspectos para dar seguimiento a sus posibles efectos ambientales (recuadro 10.4).

Los incendios son otro de los elemen-tos que generan vulnerabilidad en el


bosque, la biodiversidad, la atmósfera y los ecosistemas en Centroamérica. Recientemente se ha empezado a pres-tar mayor atención al tema, por sus efectos en la salud y la economía de las poblaciones. El fenómeno de “El Niño” asociado al cambio climático y las acciones originadas por el ser huma-no a través de la quema de pastizales, la agricultura tradicional, la roza y los accidentes, son las principales causas de los incendios forestales en el istmo. Las ecorregiones con mayor incidencia en los últimos cinco años han sido los bos-ques secos, los bosques de pino-encino y los bosques húmedos del Atlántico. Desde el 2001 se ha presentado un incremento en la cantidad de incendios en toda la región (Corrales, 2005).

La CCAD (1998, 2001) vincula los incendios con factores institucionales, políticos, agropecuarios y forestales. Entre las causas institucionales y polí-ticas se alude al uso de sistemas de detección inapropiados, débiles estruc-turas organizativas para la prevención y el combate del fuego, marcos legales desactualizados o del todo inadecuados y serias deficiencias en la coordinación entre instituciones y entre las políticas sectoriales y extrasectoriales. A ello se agrega la escasez o carencia de perso-nal capacitado y equipo (Rodríguez, 2006). Un estudio del 2006 informa que las pérdidas generadas por los incendios ascienden a 500 millones de dólares por año8 . Este fenómeno también perjudica las áreas protegidas, lo cual resulta claro cuando se analizan los “puntos de calor” como un indicador de incendios. Entre las zonas más afectadas están los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, en Guatemala, así como toda la zona de amortiguamiento en la Reserva de la Biosfera Maya. También se han reportado incendios en las AP del sur de Petén en Guatemala y un aumento de estos incidentes en los bordes de las AP que conforman el “Corazón Verde” entre Honduras y Nicaragua.

Incentivos estimulan aportes privados a la conservación

La conservación de recursos natu-rales por parte de indígenas y campe-sinos es de larga data en la región. Sin

RECUADRO 10.4

Algunos señalamientos sobre el efecto de la apertura comercial en la conservación

Según Grossman y Kruegen (citados por

Shunsuke y Akira, s.f.), la apertura comer-

cial puede generar tres tipos de efectos

con implicaciones sobre el uso de la riqueza

natural:

Los efectos de escala: se refieren al incre-

mento de los volúmenes de producción

derivados de la ampliación comercial, lo

cual trae consigo efectos ambientales

nocivos de no haber cambios en el proceso

productivo. Un ejemplo de ello podría ser

la expansión de la superficie dedicada a

la agricultura, como consecuencia de una

mayor demanda de productos agrícolas,

en detrimento de las áreas protegidas.

El efecto de técnica: se relacionan con la

adopción de nuevos métodos de produc-

ción como consecuencia del crecimiento

económico y la apertura comercial. Este

aspecto puede resultar beneficioso para

el ambiente en la medida en que conduzca

a procesos que permitan un uso más efi-

ciente de los insumos para la producción.

El efecto de composición: es el que resul-

ta de los cambios en la composición de

la producción, inducidos por la apertura

comercial y el crecimiento económico.

A medida que el tiempo pasa, un país

o región tenderá a producir con mayor

intensidad aquellos productos en los

que posee una ventaja comparativa. Ello

podría traducirse en un mayor peso de

factores externos en la definición de las

transformaciones productivas, en detri-

mento de la importancia relativa y con

las consecuentes implicaciones sociales y

ambientales internas.

En este marco de apertura comercial, los

países deben tomar todas las precaucio-

nes necesarias para prevenir, mitigar y

corregir los posibles efectos negativos

que los diferentes tipos de inversiones o

emprendimientos puedan tener sobre el

medio ambiente y la biodiversidad (CBM,

2005). Lo anterior requiere el fortale-

cimiento del marco regulador y de las

capacidades institucionales en cada uno

de los países, así como el seguimiento y

control de las actuaciones e inversiones.

De no contarse con estos controles, algu-

nos riesgos para los ecosistemas y las

áreas protegidas podrían ser: la promoción

del monocultivo, de lo que cabría esperar

agroecosistemas desequilibrados y acele-

ración de los procesos erosivos en el suelo;

la intensificación en el uso de productos

químicos agrícolas, con el consecuente

peligro de contaminación en cuerpos de

agua, amenazas para la salud humana y

el desarrollo de resistencia en plagas y

organismos fitopatógenos; la introducción

de especies exóticas, sin las precauciones

necesarias para evitar alteraciones en las

cadenas tróficas y las relaciones interes-

pecíficas al interior de los ecosistemas, y

la ampliación de la frontera agrícola, con

crecientes demandas por tierra dentro de

áreas protegidas y estímulos para el uso

intensivo del suelo, así como mayor pre-

sión sobre los ecosistemas, acompañada

de un aumento en la vulnerabilidad social

en algunos sectores, excluidos de las nue-

vas dinámicas comerciales (TNC, 2008a).

También es posible identificar algunas

oportunidades, derivadas de la emergen-

cia de mercados más equitativos y conglo-

merados de consumidores responsables,

lo cual puede potenciar el desarrollo y

comercialización de productos y servi-

cios amigables con el ambiente y la bio-

diversidad, tales como el ecoturismo, la

compensación por servicios ambientales,

la certificación de productos orgánicos,

productos maderables y no maderables del

bosque, principios activos de origen etno-

botánico, entre otros (CBM, 2005). Un reto

importante es propiciar que las ventajas

económicas y sociales de la no deprecia-

ción del capital natural se hagan evidentes

para los tomadores de decisiones políticas.

De no ser así, se corre el riesgo de aumen-

tar la degradación ambiental y se pone en

peligro la riqueza natural.

Fuente: Elaboración propia con base en TNC, 2008a.


la pérdida de cobertura forestal (cuadro 10.9). Por ejemplo Guatemala, que tiene la población más numerosa, presentó una pérdida de cobertura forestal de 50.000 a 60.000 hectáreas, la tercera más alta de la región. Honduras ocupó el segundo lugar, tanto en tamaño de la población como en pérdida de cobertu-ra forestal, mientras Nicaragua, con la mitad de la población de Guatemala, mostró la pérdida de cobertura forestal más alta de la región (Rodríguez, 2006). En este último caso, a diferencia de los demás países, la pérdida se debe a la expansión de la ganadería y la caña de azúcar.

Al evaluar la dinámica dentro de las AP, de acuerdo con datos de TNC (2007), se observa un incremento de la densidad de población en todos los paí-ses del istmo, aunque en algunos mayor que en otros. Dada la relación directa entre el crecimiento de la población y la pérdida de cobertura forestal, es de esperarse que, dentro de las áreas pro-tegidas donde existe una mayor depen-dencia de los ecosistemas, el problema

rios no son suficientes para lograr una mayor presencia de esta modalidad de conservación.

Procesos sociales y demográficos en el marco de las áreas protegidas

La población genera tanto presiones como aportes positivos sobre las áreas protegidas. La dinámica social de la región, caracterizada por el aumento de la población y altos niveles de pobreza, genera amenazas para el uso sostenible de los recursos naturales. Al mismo tiempo, ciertos grupos de población hacen un mejor uso de dichos recursos, lo que resulta en una mayor integridad ecológica de las AP, como sucede en el caso de los pueblos indígenas. En este apartado se analizan algunos datos sobre las presiones sociales y humanas y el impacto de sus prácticas sobre la conservación.

Crecimiento de la población y la pobreza presionan las áreas protegidas

El crecimiento de la población es uno de los principales factores que, en el largo plazo, podrían representar un desafío para los esfuerzos de conser-vación en las áreas protegidas (CBM, 2005). La población de los siete países de la región llega a casi 40 millones de personas y tiene una tasa de creci-miento del 2,3% anual. Se estima que Centroamérica tendrá 59 millones de habitantes en el año 2025 (FAO, 2005a). La mayor concentración de población se da a lo largo de la costa pacífica y la región central, mientras que las áreas menos densamente pobladas se locali-zan al norte y en la costa del Caribe.

Las poblaciones rurales están más próximas a las áreas protegidas que las urbanas. Las primeras dependen prin-cipalmente de los recursos naturales y la agricultura para su subsistencia, lo que implica mayores amenazas y modificación de los hábitats en las AP. La población urbana, por su parte, demanda cada vez más bienes y servi-cios, lo que genera mayor presión sobre los bosques, tanto dentro como fuera de las AP. En el año 2005 se observó una relación importante entre la población y

embargo, durante la última década se ha incrementado la superficie de tierras privadas y áreas comunitarias que de forma voluntaria están siendo conser-vadas por sus propietarios o habitantes, con un creciente interés de los gobier-nos y ONG por desarrollar programas para impulsar tales iniciativas (Chacón, 2007b). Desde finales de los años noven-ta han surgido nuevas normas e incen-tivos que tienen ese propósito y se han establecido redes de reservas privadas. Adicionalmente, a inicios del 2008 se aprobó una política regional para la con-servación de tierras privadas.

Entre los principales incentivos se encuentran el aumento en la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, las oportunidades de negocio asocia-das al ecoturismo y la certificación de productos agrícolas, la exoneración del impuesto predial (Costa Rica) y el pago por servicios ambientales. Sobre este último, cabe mencionar que solamen-te en Costa Rica y Guatemala existe este tipo de programas, los cuales son ejecutados por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y el Programa de Incentivos Forestales (Pinfor), respectivamente (Chacón, 2007b). Con la nueva Ley Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en Honduras se contempla la creación y puesta en marcha de un fondo para la reinversión forestal y el fomento de plantaciones, así como de un fondo para el manejo de las AP y la vida silvestre, como mecanismos para incentivar la producción forestal sostenible y la con-servación de los bosques.

La creación de reservas naturales privadas (RNP) se ha constituido en una importante herramienta, comple-mentaria de los esfuerzos gubernamen-tales por asegurar la conservación de la biodiversidad (Chacón, 2007b), en espe-cial porque estos espacios facilitan la conectividad entre las AP. En los últi-mos quince años, más de medio millón de hectáreas han formado parte de algún esquema de protección privada (cuadro 10.8). Pese a su importancia y utilidad, las políticas de Estado en este campo han sido limitadas. El alcance de los incentivos en algunos países y los beneficios que reportan a los propieta-

CUADRO 10.8

Centroamérica: tierras privadas protegidasa/ según país. 2007País Número Superficie aproximada (hectáreas)

Belice 55 130.000CostaRica 2.654 264.228ElSalvador 30 8.123Guatemala 102 48.098Honduras 40 45.000Nicaragua 26 5.534Panamá 34 40.000Total 2.941 540.983

a/ Aún no existe un dato exacto (línea base) para atribuir certeza a estas cifras. Por ejemplo, no es lo mismo “tierras privadas protegidas” que “reservas naturales privadas”. Las primeras incluyen otras formas de con-servación privada, además de las segundas, como por ejemplo propiedades conservadas con pago por servicios ambientales.

Fuente: Chacón, 2007b, con datos oficiales, de ONG y de redes de reservas privadas de Centroamérica.


de degradación aumente. El crecimiento de la población ligado a altos índices de pobreza también está provocando migración y usurpación de las AP, como en los casos de la Reserva de la Biosfera Maya (recuadro 10.5) y los bordes del “Corazón Verde” de la región de la Moskitia. Los campesinos pobres ubi-cados en los bosques de pino-encino y bosques secos, se han visto atraídos por los extensos territorios que ofrecen estas áreas. Estos grupos se dedican a la agricultura de subsistencia, utilizan-do técnicas de “tumba y quema”. Lo anterior coincide de manera directa con los datos de puntos de calor menciona-dos anteriormente (TNC, 2008b).

Como se analiza en el capítulo 2 de este Informe, en la región existe un alto número de personas en condiciones de pobreza. En muchas de las áreas prote-gidas hay comunidades con índices de desarrollo humano bajo (menor a 0,5), las cuales están concentradas en Guatemala, Nicaragua y Panamá. Cabe señalar que estos dos últimos países tienen comu-nidades indígenas estables (miskito y sumu-mayangna en Bosawás; ngöbe buglé en Amistad; emberá-wounaan en Chocó-Darién) con índices de población bajos, que están legalmente establecidas en las AP y se dedican a la agricultura de

subsistencia tradicional de bajo impacto. Entre tanto, comunidades con índice de desarrollo humano alto solo son eviden-tes en Guatemala, específicamente en el municipio de Flores, en el departamento de Petén, donde se ubica la ciudad de Flores (cabecera del departamento), la cual recibe la fuerte afluencia de turis-mo que visita el Parque Nacional Tikal (mapa 10.5).

Territorios indígenas con fuerte presencia en los esfuerzos de conservación

Los pueblos indígenas han desarro-llado prácticas autóctonas para el apro-vechamiento y utilización de las especies vegetales y animales. Se estima que el 50% de la población centroamericana habita en zonas rurales y un 24% de ella es población indígena, en cuyos territorios se ubica la mayoría de las áreas protegidas con más riqueza bioló-gica (McCarthy et al., 2006).

En las áreas protegidas de la región tienen presencia más de cincuenta etnias indígenas. Al comparar la ubi-cación de estos grupos con el mapa de integridad ecológica (TNC, 2008b) se encuentra una importante concor-dancia entre las áreas protegidas, la integridad ecológica alta y la presencia

de población indígena. Sobresalen la Reserva de la Biosfera Río Plátano en Honduras, Patrimonio Natural de la Humanidad, que es habitada por las etnias miskito y payas; la Reserva de la Biosfera Bosawas en Nicaragua, con población de las etnias miskito y sumu-mayangna; el Parque Internacional La Amistad, que en la parte costarricen-se está rodeado por cuatro territo-rios cabécares y en la parte panameña es habitado por comunidades de las etnias ngöbe-buglé y emberá-wounaan. Aunque no puede generalizarse para toda la región, Grünberg (2003) señala que los grupos indígenas que han sido objeto del despojo de tierras se han visto obligados a emigrar a territo-rios cuya fertilidad para la agricultura es deficiente y han tenido que hacer uso de prácticas no amigables con el ambiente, como la “tumba y quema”, para devolverle al suelo los nutrientes que están en la vegetación.

En algunos países las comunidades indígenas cuentan con autonomía para el manejo de sus territorios. En la costa atlántica de Nicaragua se localizan la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) en las cuales vive un alto porcentaje de población de las etnias miskito, sumu-mayangna, creole y garífuna. Ambas regiones tienen un gobierno propio (asamblea) y mediante la ley de autonomía y su reglamento (Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, del 2003), se crearon las Secretarías Regionales de Recursos Naturales y Ambiente (Serena). Actualmente estas instancias tienen potestad para aprobar estudios de impacto ambiental, pero la gestión de las áreas protegidas sigue siendo responsabilidad directa de las auto-ridades centrales (Cedeño, 2007). En Panamá hay cinco comarcas autónomas y otros territorios indígenas que en conjunto representan casi el 25% de la superficie del país. No obstante, la vin-culación de estas comunidades con el manejo de las AP dentro de sus comar-cas se ha limitado a la participación en consultas populares. En Guatemala, en el contexto del Sigap, existen varios

CUADRO 10.9

Centroamérica: población, cobertura y pérdida de cobertura forestala/. 2005

País Población Habitantes Cobertura Pérdidade total porkm2 forestal coberturaforestal

(miles) 2000 2015 (porcentaje) (hectáreas)

Belice 266 9 14 79,0 36.000CostaRica 4.262 53 72 46,0 8.000–16.000ElSalvador 6.500 201 249 9,6 4.000–7.000Guatemala 12.000 35 50 37,2 50.000–60.000Honduras 6.900 38 53 48,0 80.000–100.000Nicaragua 5.484 15 27 24,5 150.000Panamá 3.253 24 32 45,0 47.158

a/ La información de habitantes por km2 se refiere a la población dentro de las áreas protegidas, mientras que los datos de población total y pérdida de cobertura forestal son para todo el territorio nacional.

Fuente: FAO 2005a. y FAO, 2005b.


parques municipales en áreas con altos porcentajes de población indígena, los cuales son administrados directamente por organizaciones comunitarias o los gobiernos locales.

Un caso en el que se han documenta-do los efectos positivos de la presencia indígena en las AP es la Reserva de la Biosfera Bosawas, localizada en la parte norte central de Nicaragua. Esta reser-va mide aproximadamente 8.000 km2 y representa cerca de un 7% de la super-ficie terrestre de Nicaragua. En ella habitan cerca de 24.000 personas de los pueblos mayangna y miskito y se estima que la población mestiza asciende a 200.000 habitantes (www.tmx.com.ni). La zona de amortiguamiento ha servido como receptáculo a diferentes olas de inmigrantes provenientes de la región pacífica, que en su mayoría se dedican a la agricultura de subsistencia, lo que ha transformado áreas boscosas en pre-dios agrícolas. Tres autores (Stocks et al., 2007) analizaron la deforestación de Bosawas con base en datos satelitales de 1987, 1995 y 2002, y encontraron que las zonas administradas por los pueblos indígenas presentan valores de pérdida de bosque significativamente menores que los de otros colonizadores. Los resultados muestran, además, que las instituciones nativas de propiedad común y la defensa de la tierra natal han sido factores muy importantes para la protección de los bosques.

Beneficios ambientales, sociales y económicos de la conservación

Los ecosistemas protegidos que inte-gran el Sicap proveen a la sociedad bie-nes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano. Estos cons-tituyen las materias primas que utiliza el ser humano en las diferentes activi-dades productivas, tales como madera, leña, semillas, frutos, follajes, raíces, entre otros. Los servicios ambientales son menos tangibles que los bienes y se refieren a los beneficios que las perso-nas obtienen de los ecosistemas, como la captura y almacenamiento de agua en mantos acuíferos, ríos y lagos, el res-guardo de la vida silvestre, la captura del dióxido de carbono producido por

RECUADRO 10.5

Reserva de la Biosfera Maya: conflictos socioambientales

La Reserva de la Biosfera Maya (RBM),

ubicada en el departamento de Petén, en

Guatemala, con un área total de 2.112.940

hectáreas, ocupa la segunda posición en

términos de extensión territorial en la

región centroamericana, solamente supe-

rada por la Reserva de Biosfera Bosawas,

en Nicaragua. La RBM es el corazón de la

reserva de bosque tropical más grande

de Mesoamérica, conocida como la Selva

Maya, y abarca el 60% de la superficie total

de ésta. Conecta las áreas protegidas del

sur de Petén, Belice y los estados mexica-

nos de Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Resguarda una amplia diversidad de eco-

sistemas naturales y más de 175 antiguas

ciudades mayas, todas ellas integradas de

manera armónica a elementos naturales

de conservación que contienen especies

vegetales y animales, incluyendo algunas

endémicas. En la RBM se localiza el Parque

Nacional Tikal, sitio declarado “Patrimonio

Cultural y Natural de la Humanidad” y

el Parque Nacional Laguna del Tigre, un

humedal incluido en la lista Ramsar por su

importancia internacional.

Pese a los múltiples reconocimientos nacio-

nales e internacionales acerca de su valor

natural y cultural, la RBM, luego de poco

más de dieciocho años de su declaratoria,

no parece ser objeto de una estrategia

que asegure el cumplimiento de los obje-

tivos que motivaron su creación. En el

departamento de Petén los conflictos y

protestas sociales en torno al acceso, uso

y manejo de los recursos naturales han

ido en aumento en los últimos años, lo cual

responde a la problemática agraria, de

ocupación de tierras y aprovechamiento de

recursos naturales en las áreas protegidas

de este departamento. A los motivos ante-

riores de confrontación entre la población y

las autoridades del Estado, particularmen-

te el Consejo Nacional de Áreas Protegidas

(Conap), se han sumado otras fuentes de

conflicto: el establecimiento de asenta-

mientos humanos dentro de las áreas pro-

tegidas y sus posibilidades de permanencia

y aprovechamiento de los recursos natu-

rales al interior de las mismas, el traslape

de funciones entre varias entidades del

Ejecutivo –como en el caso del proyecto

Cuenca Mirador- las actividades de explo-

ración y explotación petrolera, el rechazo a

la construcción de plantas hidroeléctricas

sobre el río Usumacinta, la usurpación de

territorios y el narcotráfico.

Todos estos elementos encuentran en la

debilidad institucional y financiera del ente

rector de áreas protegidas, un escenario

ideal para reproducirse. Un bajo nivel de

trabajo cooperativo entre el Conap, las fuer-

zas de seguridad del Estado y los poderes

Legislativo y Judicial, resulta en una cre-

ciente impunidad. Uno de los factores de

conflictividad que ha tomado dimensiones

alarmantes en los últimos años es la usurpa-

ción en áreas protegidas, como consecuen-

cia de la escasa capacidad de control de los

territorios protegidos y la falta de certeza

jurídica respecto a la propiedad de la tierra

y los límites de las AP. La mayoría de las

áreas ubicadas en tierras del Estado no se

encuentran inscritas en el Registro General

de la Propiedad, lo que las pone en situación

de vulnerabilidad.

Frente a este panorama, es importante

reconocer que la condición especial de área

protegida otorgada a la RBM desde 1990,

ha sido determinante para evitar el cambio

de uso de la tierra en dimensiones aun más

preocupantes. En distintas ocasiones se ha

demostrado que las sinergias entre sec-

tores han generado resultados de gestión

exitosos, como por ejemplo la concesión de

recursos naturales en la zona de uso múl-

tiple, mecanismos de co-administración en

zonas núcleo y mecanismos de legalización

de tierras y promoción de la agroforestería

en la zonas de amortiguamiento. La falta

de continuidad en este tipo de políticas se

convierte en una seria amenaza para la

estabilidad de la RBM.

Fuente: Conap, Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Maya 2001-2006.


del suelo (WRI, 2005). Con el tiempo, la dependencia humana de estos servicios es más notoria (recuadro 10.6)

Avances en la valoración de bienes y servicios ambientales

En el año 2003, en ocasión del Primer Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, celebrado en Managua, los ministros de ambiente del SICA recono-cieron que las áreas protegidas terres-tres y marinas de la región constituyen uno de los principales instrumentos de conservación de los ecosistemas repre-sentativos y la biodiversidad mesoame-ricana, y que además de su enorme riqueza natural y cultural, acumulan un cuantioso capital social que debe servir como herramienta de desarrollo soste-nible para la reducción de la pobreza

Otra clasificación de los servicios ambientales identifica cuatro catego-rías: de suministro, de regulación, cul-turales y de base. Los servicios de regulación incluyen el mantenimiento de la calidad del aire y del clima, el control de la erosión, la prevención de enfermedades humanas y la purifica-ción del agua. Los servicios culturales, por su parte, se refieren a los beneficios intangibles que las personas reciben de los ecosistemas mediante el enri-quecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas. Finalmente, los servicios de base son los procesos necesarios para la producción de todos los otros servicios de los ecosistemas, como la producción de materias primas, la producción de oxígeno y la formación

las actividades humanas, la regulación del ciclo del agua, el mantenimiento de suelos fértiles y el control de deslaves por efectos hidrometeorológicos, entre otros.

Los servicios ambientales se pueden dividir en cinco clases: a) el consumo sostenible de recursos para el cultivo de alimentos, madera, fibras y medicinas, b) el ecoturismo, c) servicios ecológicos locales: regulación del suministro de agua, recarga de los mantos acuíferos, prevención y reducción de daños por tormentas e inundaciones, control de la erosión y la sedimentación, d) servicios ecológicos globales como la regulación climática y el almacenamiento de car-bono, y e) valores espirituales y cultu-rales que se legan a las generaciones futuras (Balmford et al., 2002).

MAPA 10.5

Centroamérica: áreas protegidas e índice de desarrollo humanovarios años

Fuente: TNC, 2008b, con datos de PNUD.


(CCAD, 2003). Sin embargo, desde ese encuentro, las áreas protegidas se han vuelto más vulnerables a la degrada-ción, el cambio climático y la pérdida de servicios ambientales, dentro y fuera de sus límites administrativos. Las AP han sido fundamentales para reducir el impacto de los fenómenos hidrome-teorológicos (como el huracán Félix); no obstante, las alteraciones directas e indirectas en los ecosistemas también han provocado cambios en el bienestar humano de las y los centroamericanos.

Desde el punto de vista económico, los ecosistemas naturales generan un flujo de bienes y servicios concebidos generalmente como públicos, que por su naturaleza de no exclusividad no son valorados en foma adecuada por el mer-cado, lo que da lugar a su sobreexplota-ción o agotamiento, pues al no tener un precio de mercado son percibidos como gratuitos.

Recientemente ha surgido una serie de instrumentos como los sistemas de pago por servicios ambientales (PSA), cuyo principio central es que quienes proporcionan esos servicios deberían ser compensados directamente, mien-tras que quienes los reciben deberían pagar por ellos (Mayrand y Paquin, 2004). Los sistemas de PSA, específica-mente los relacionados con el secuestro de carbono, han generado a la región un monto superior a los 14,5 millones de dólares en los últimos años. De acuerdo con la OEA (2006), estos pro-yectos han promovido la protección de más de 77.000 hectáreas del Sicap y han secuestrado casi diez millones de toneladas de dióxido de carbono (cua-dro 10.10).

Hay avances en el tratamiento de los servicios ambientales como un bien económico que debe ser valo-rado y retribuido a sus “productores”.

Sin embargo, están pendientes desa-fíos como conocer el valor económico de estos servicios, crear mecanismos para vincular a los sectores público y privado en el desarrollo de este tipo de programas, definir un marco legal adecuado para su operación, identificar áreas prioritarias para su aplicación y diseñar instrumentos básicos de merca-do para el cobro y pago, así como para la definición de oferentes y demandan-tes (TNC, 2008a).

En esta materia Centroamérica regis-tra esfuerzos importantes. En el caso de los bosques, si bien se reconoce el valor económico de la madera en las cuentas nacionales, no hay informa-ción acerca de sus muchas otras con-tribuciones, por ejemplo, los productos forestales madereros y no madereros, la retención de carbono, el control de la erosión y la protección de las cuencas hidrográficas, la biodiversi-dad y el hábitat (FAO, 2005). A través del proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano se elaboró una guía metodológica de valoración de bienes y servicios e impactos ambientales, pero esta únicamente ha sido utilizada como referencia en Nicaragua para algunas investigaciones puntuales. Su aplicación no ha respondido a una polí-tica o estrategia de las autoridades de áreas protegidas de los países, sino que más bien ha sido resultado de inicia-tivas promovidas por organizaciones ambientalistas o centros académicos. La mayoría de los estudios efectua-dos se relaciona con la valoración para efectos de turismo y con el agua (Oviedo, 2006; Quinteros, 2006; Jolón, 2006).

Independientemente del número de estudios que se han realizado, la falta de divulgación de los resultados a un público más amplio, y en especial a los tomadores de decisiones, es una debilidad en toda la región, ya que el propósito de esos trabajos es precisamente demostrar en términos económicos el valor de las áreas pro-tegidas, para lograr que la sociedad tome conciencia de su importancia y obtener apoyo político. Existen, sin embargo, algunos ejemplos positivos (recuadro 10.7).

RECUADRO 10.6

Dependencia humana de los ecosistemas y de los servicios que estos proporcionan

De acuerdo con la Evaluación de los

Ecosistemas del Milenio, elaborada por el

Banco Mundial, “en los últimos cincuen-

ta años, los seres humanos han trans-

formado los ecosistemas más rápida y

extensamente que en ningún otro período

de tiempo de la historia humana”, como

medio para satisfacer “rápidamente las

demandas crecientes de alimentos, agua

dulce, madera, fibra y combustible. Esta

transformación del planeta ha aportado

considerables beneficios netos para el

bienestar humano y el desarrollo econó-

mico. Pero no todas las regiones ni todos

los grupos de personas se han beneficiado

de este proceso; de hecho, a muchos les ha

perjudicado. Además, solo ahora se están

poniendo de manifiesto los verdaderos

costos asociados a esos beneficios” (WRI,

2005).

De este modo, los ecosistemas han pasa-

do de ser considerados prioritariamen-

te como hábitats (espacios naturales) de

especies únicas, a ser conceptualizados

como capital natural o fuente de un rico

y variado flujo de servicios para la socie-

dad. La citada evaluación identifica tres

problemas asociados a la gestión de los

ecosistemas que están disminuyendo sig-

nificativamente los beneficios obtenidos

de este capital natural. En primera instan-

cia, muchos servicios han sido degradados

por efecto de la demanda de bienes como

los alimentos, con lo que el costo de la

degradación ha sido trasladado a las gene-

raciones futuras. Además, la reducción

en la capacidad de los ecosistemas para

brindar servicios promueve desigualda-

des e inequidades entre los grupos de

personas, lo que, en ocasiones, es el prin-

cipal factor causante de la pobreza y el

conflicto social. El desafío para reducir la

degradación de los servicios de los ecosis-

temas requiere cambios significativos en

las políticas regionales, las instituciones y

las prácticas productivas para superar los

yerros del pasado.

Fuente: TNC, 2008a con base en WRI, 2005.


>> CONTINÚA

CUADRO 10.10

Centroaméricaa/: pago por servicios ambientales. 2006

Categoría/programa Número Hectáreasprotegidas ToneladasdeCO2 Costo(dólares)

Secuestrodecarbono 4 57.146 9.806.200 5.600.000Mecanismodedesarrollolimpio 3 7.370 1.006.200Mercadovoluntario 1 49.776 8.800.000 5.600.000Proteccióndecuencas(PSACostaRica) 10 20.624 8.944.943Total 14 77.770 9.806.200 14.544.943

a/ Incluye únicamente a Belice, Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del inventario de pagos por servicios ambientales de la OEA.

RECUADRO 10.7

Experiencias regionales en la valoración de servicios ambientales

Programa de Incentivos Forestales

(Pinfor) de Guatemala. Es un instrumento

económico cuyo objetivo es impulsar la

producción forestal sostenible en el país,

mediante el estímulo a la inversión en las

actividades de reforestación y manejo

de bosques naturales. Consiste en hacer

pagos directos a los propietarios de tie-

rras que realicen actividades de refores-

tación o manejo de bosques naturales

con fines de protección, mediante “cer-

tificados de inversión forestal”. Hasta el

2006 se había pagado alrededor de 81,6

millones de dólares, de los cuales más

del 50% se invirtió en mano de obra

local, es decir, permitió generar empleo. El

Programa ha logrado que se incorporen a

la actividad forestal 53.700 hectáreas de

tierras desprovistas de bosques, a través

de plantaciones y manejo de la regenera-

ción natural. La mayoría de estas tierras

estaban dedicadas a cultivos como maíz o

pastos. También se han integrado 130.000

hectáreas de bosques naturales a planes

de manejo sostenible (Revolorio, 2007).

Programa de Pago por Servicios Ambientales

de Costa Rica. Es un reconocimiento

financiero de parte del Estado, a tra-

vés del Fondo Nacional de Financiamiento

Forestal (Fonafifo), que tiene por objeto

financiar los procesos de reforestación,

forestación, viveros forestales, sistemas

agroforestales, recuperación de áreas

denudadas y los cambios tecnológicos en

el aprovechamiento e industrialización de

los recursos forestales. Se dirige principal-

mente a pequeños y medianos productores,

mediante créditos u otros mecanismos de

fomento del manejo del bosque, intervenido

o no (Fonafifo, 2005). El Programa ha adop-

tado un esquema financiero novedoso, en

el que se integran diversos actores. Entre

1997 y 2006 se suscribieron 6.062 contra-

tos, equivalentes a 532.668 hectáreas bajo

las modalidades de protección de bosque,

manejo de bosque, reforestación, y estable-

cimiento de plantaciones. En la modalidad

de protección de bosques se cubrió un total

de 471.392 hectáreas entre 1997 y 2006,

aunque con una ligera reducción en este

último año.

Las tarifas de entrada en Costa Rica. Tras

una visitación de 1,65 millones de turistas

extranjeros, en Costa Rica los ingresos pro-

venientes del turismo ascendieron a 1.600

millones de dólares en el año 2005, lo que

representó un 7,4% del PIB. Cerca del 60%

de los turistas internacionales manifiesta

que ha visitado las áreas protegidas. De las

160 áreas silvestres protegidas, se considera

que 39 tienen potencial turístico y 32 reci-

ben turismo actualmente (seis de ellas de

forma intensiva). Las áreas protegidas públi-

cas recibieron aproximadamente 800.000

visitantes en 2004 (53% extranjeros) y para

el año 2005 generaron ingresos por más de

5 millones de dólares, solo en derechos de

admisión (Sinac, 2006).

El Fondo del Agua en Sierra de las Minas,

Guatemala. Es una estrategia técnica y

financiera impulsada por la Fundación

Defensores de la Naturaleza para con-

servar la Reserva de la Biosfera Sierra de

las Minas y, a la vez, asegurar el abasteci-

miento permanente de agua dulce para los

usuarios del complejo Motagua-Polochic,

por medio de la conservación y el mane-

jo sostenible de sus cuencas. Si bien el

Fondo surgió como un sistema de compen-

sación por servicios ambientales (CSA),

en él se contemplan diferentes servicios

financieros que buscan aportar sostenibi-

lidad y beneficios a corto, mediano y largo

plazo, así como fortalecer la capacidad de

los usuarios del recurso hídrico para que

sus prácticas de uso y manejo del agua

sean eficientes y sostenibles. Impulsa dos

mecanismos básicos: un programa de cré-

ditos y un programa de pequeñas dona-

ciones. Ante la falta de una ley general de

aguas, esta iniciativa ha sido bien recibida

por las comunidades locales, los empresa-

rios y la comunidad internacional.

Canon ambientalmente ajustado de aguas

en Costa Rica. Es el reconocimiento del

valor de un bien de dominio público del

Estado (el agua), que deberá ser pagado al

Minae por toda persona física o jurídica,


CONTINUACIÓN

Algunos países han experimentado un crecimiento desordenado del turismo que ha impactado los ecosistemas, pro-tegidos o no. Entre las principales ame-nazas están el aumento en la demanda por bienes y servicios de consumo (ali-mentos, agua y energía), la genera-ción de desechos sólidos y líquidos, la expansión de infraestructura hotelera y residencial y, consecuentemente, la degradación del patrimonio natural. En los últimos años se observa un cre-ciente interés por desarrollar un turis-mo más sostenible. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, éste se define como un modelo de gestión turística en el que las necesidades eco-nómicas y sociales del negocio respetan la integridad cultural de las comunida-des, el medio ambiente y la diversidad biológica (Acepesa / Proesa, 2004). En la década de los noventa se pusieron en marcha varios programas de certi-ficación en este ámbito, de los cuales actualmente existen dos: el Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) en Costa Rica y el Greendeal, que opera en Guatemala (Rainforest Alliance, 2004). La demanda de los visitantes ha moti-vado también a las empresas turísti-cas a implementar buenas prácticas

combinación de factores geológicos y de la ubicación geográfica y climática del istmo. En algunas zonas, el potencial turístico se deriva de la combinación de atractivos naturales con expresiones cul-turales y el patrimonio arqueológico.

Paralelamente al esfuerzo para pro-mover el turismo y atraer inversión, tanto nacional como extranjera, existen diversos retos relacionados con el desa-rrollo de infraestructura adecuada y de calidad, la inseguridad y los altos índi-ces de criminalidad que sufren algunos países, la diversificación de los sitios de destino y la distribución equitativa de los beneficios de esta actividad a la población rural (Universidad George Washington y Universidad Florida State of Panamá, 2005). El turismo (eco-turismo, turismo de aventura, turismo naturalista, etc.) ha sido identificado por las naciones del área como uno de los principales medios para obtener recur-sos económicos que permitan financiar la gestión de las AP; sin embargo, es necesario mejorar las capacidades del personal y las facilidades para la aten-ción de visitantes, así como implementar un sistema de cobro de tarifas de entra-da, de tal modo que los ingresos genera-dos se mantengan en las mismas áreas.

Turismo y conservación, una relación con efectos recíprocos

El turismo ha registrado un aumento significativo después del cese de los conflictos armados en la región. Muchos turistas visitan Centroamérica motiva-dos por su riqueza natural y la existencia de áreas protegidas. El aumento de los ingresos por este concepto ha sido una constante desde inicios de la década de los ochenta (gráfico 10.2). En Costa Rica este sector ha representado más del 7% del PIB, unos 1.358 millones de dólares en el 2004, mientras que en el resto de los países no supera el 5%. El país que ha experimentado el mayor crecimiento desde 1990 es El Salvador seguido por Nicaragua y Honduras. A pesar de que estos países presentaron crecimientos exponenciales, el ingreso por turismo no supera los cuatrocientos millones de dólares. Los ingresos de Costa Rica, Guatemala y Panamá, crecieron a un ritmo menos acelerado (Cepal, 2007).La belleza escénica de los ecosistemas centroamericanos es el principal atrac-tivo que impulsa el desarrollo turístico. El potencial de esta rama de la econo-mía está directamente vinculado a la diversidad de climas, formas de vida y paisajes, los cuales son producto de la

RECUADRO 10.7

Experiencias regionales en la valoración de servicios ambientales

pública o privada, en forma trimestral y

adelantada. Es un instrumento que no solo

genera ingresos, sino que promueve el uso

eficiente de los recursos hídricos. Antes

de la aplicación del canon, el valor pro-

medio referencial del agua era de 0,0007

colones por metro cúbico por año; con

la nueva estructura, pasó en promedio a

2,42 colones por metro cúbico en agua

superficial y 2,76 colones por metro cúbico

en agua subterránea. Los montos de cobro

se establecen por caudal asignado en con-

cesión y diferenciados por uso. Además,

en el caso de las aguas subterráneas, se

reconoce la complejidad de su gestión y el

valor en su calidad y seguridad, lo que se

refleja en un cobro mayor.

Las cuentas ambientales en Guatemala.

El Sistema de Contabilidad Ambiental y

Económico Integrado (Scaei) es parte del

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y

surge de la necesidad de evidenciar el apor-

te del ambiente al desarrollo9. Este sistema

es una cuenta satélite que vincula directa-

mente la información ambiental con el SCN

a través de una estructura, definiciones y

clasificaciones comunes. El Scaei no modifi-

ca la estructura central del SCN, sino que la

complementa, pues se basa en un enfoque

en el que lo clave es entender la interde-

pendencia entre la economía y el ambien-

te (Iarna-URL, 2008). Inició en el 2006

con el objetivo de contruibuir a: a) valorar

el capital natural para conocer su aporte

a la economía nacional, b) identificar

y analizar modalidades, patrones de uso,

intensidades y actores en el uso del capi-

tal natural, c) identificar el nivel de inver-

sión pública y privada dedicado al mejo-

ramiento del capital natural, d) analizar

el nivel de sostenibilidad en el uso del

capital natural y el sistema económico; y

e) proveer las bases para el diseño y mejo-

ramiento de políticas ambientales y eco-

nómicas integradas. El sistema se divide

en cuatro cuentas: activos, flujos, gastos

y transacciones ambientales, y agregados

macroeconómicos.

Fuente: TNC, 2008a.


GRÁFICO 10.2

Centroamérica: ingresos por turismo en relación con el PIB 1990-1994(millones de dólares)

Fuente: Cepal, 2007.

de manejo de desechos y gestión ambiental. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo, el 75% de los visitantes que llegan a Costa Rica espera que los hoteleros practiquen un turismo sostenible. Aunque no se cuen-ta con cifras completas sobre el número de empresas certificadas, cabe anotar que la División de Turismo Sostenible de la organización Rainforest Alliance ha apoyado a cerca de 80 empresas en

Costa Rica, 98 en Guatemala y 36 en Belice (Rainforest Alliance, 2007).

A juicio de la Cepal, el turismo es una opción importante para el desa-rrollo en las zonas rurales, que se conjuga perfectamente con objetivos de conservación de la naturaleza. Los puestos de trabajo y las empresas de turismo se crean por lo general en las regiones menos desarrolladas, lo que ayuda a equiparar las oportunidades

económicas e incentiva a los habitantes a permanecer en las zonas rurales, en lugar de emigrar a las ciudades (Cepal, 2007). Esto ha sucedido en Costa Rica, donde empresas de comunidades rurales han encontrado en el turismo una opción real para elevar sus ingresos y, a la vez, favorecer la conservación. En ese país los beneficios económicos del ecoturismo podrían parecer modestos según están-dares nacionales, pero su impacto en las economías locales es muy significativo.

En Costa Rica también se han veni-do impulsando iniciativas de turis-mo rural comunitario y, en todos los casos, las actividades son gestionadas por organizaciones locales de diversa índole: cooperativas, asociaciones de productores, asociaciones conservacio-nistas, grupos de mujeres, fundaciones, comités, etc. A nivel nacional existen dos importantes redes creadas para representar los intereses de las orga-nizaciones del sector y comercializar la oferta de manera articulada: la Red Ecoturística Nacional (Cooprena), con más de diez años de operar y once gru-pos afiliados, y más recientemente la Asociación Costarricense de Turismo Rural Comunitario (Actuar), que aglu-tina veinticuatro organizaciones. El turismo rural comunitario ha entrado en una etapa de búsqueda de soste-nibilidad de las iniciativas existentes y, especialmente, de su consolidación como sector (Ferranti et al., 2005).

La investigación de base para este capítulo fue realizada por The Nature Conservancy. El equipo responsable de su preparación estuvo conformado por Carmen María López, Lenín Corrales y Juventino Gálvez. La edición del texto estuvo a cargo de Gabriela Hernández y los mapas fueron confeccionados por Lenín Corrales.

Se obtuvieron valiosos aportes e insumos de José Miguel Barrios (Iarna), Juan Pablo Castañeda (Iarna), Deyanira Cerdas (Programa Osa/TNC), Carlos Chacón (TNC), Guillermo Chan (TNC/Costa Rica), Denia del Valle (Rainforest Alliance), Juan Carlos Godoy (TNC), Mario Jolón (Probioma/Guatemala),

Darío Luque (ANAM/Panamá), Irene Morales (TNC), Ivonne Oviedo (Cohdefor/Honduras) Pedro Pineda (Iarna), Héctor Tuy (Iarna) y Juan Carlos Villagrán (Programa MAR/TNC).

La edición técnica fue realizada por Leonardo Merino, con el apoyo de Alberto Mora.

Por su lectura crítica, aportes y comentarios se agradece a Manuel Guerrero (Fundecor).

La revisión de cifras la efectuaron Elisa Sánchez y Luis Ángel Oviedo.

El taller de consulta se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2007 en El Salvador, con la

participación de José Miguel Barrios, Rossana Castrellón, Silvia Chaves, Juan Manuel Cordero, Lenin Corrales, Nelson Cuellar, Roberto Dinarte, Randall García, Zelma Larios, Oscar Lücke, Carmen María López, Daniel Matul, Leonardo Merino, Alberto Mora, Ivonne Oviedo, Mario Pena, Ruperto Quesada, Gabriel Robles, Julio Rodríguez, Norvin Sepúlveda, Alejandra Sobenes, Silvia Soto, Claudio Tona, Carlos Valerio, Jorge Vargas-Cullell y Cristian Zúñiga.

Se agradece a la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) por el auspicio de este capítulo y los valiosos comentarios y sugerencias realizados durante el proceso de investigación.


NOTAS

1 El término “resilencia” se refiere a la capacidad de un siste-

ma u organismo para recuperarse rápidamente del impacto

ocasionado por un fenómeno externo.

2 Un “bioma” es un área dentro de una región que cuenta

con un determinado tipo de clima, vegetación y fauna. Puede

agrupar a varios ecosistemas.

3 No se cuenta con datos sobre el norte de Guatemala y

Belice.

4 Tamaño: es una medida cuantitativa del área y/o de la

abundancia de sus componentes. Para especies se incluyen

los componentes de abundancia, densidad y fluctuaciones

de la población. Condición: es una medida integrada de la

calidad de los factores bióticos y abióticos, estructuras

y procesos presentes en el área; los componentes de este

criterio incluyen reproducción, procesos ecológicos y fac-

tores químico/físicos. Contexto paisajístico: se refiere a una

medida integrada de la calidad de la estructura, los procesos

y los factores bióticos/abióticos alrededor del área, inclu-

yendo la condición del paisaje y la conectividad cercana al

hábitat adyacente.

5 Entre ellos cabe citar el Fondo para la reinversión forestal

y fomento de plantaciones, el Fondo para el manejo de áreas

protegidas y vida silvestre, el Sistema Nacional de Investiga-

ción Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Sinfor) y la

Unidad Especial de Guardias Forestales.

6 El nivel de manejo se refiere a condiciones que determi-

nan la capacidad para alcanzar resultados (principalmente

capacidades instaladas físico-financieras y humanas). En un

estudio realizado recientemente en los parques nacionales

Soberanía y Chagres de Panamá, con el propósito de orientar

el fortalecimiento de capacidades para la gestión de visitan-

tes, se establecieron dos niveles de manejo, a saber, el nivel

de manejo básico y el nivel de manejo especializado. El manejo

básico hace referencia a un conjunto de capacidades instala-

das básicas que un área protegida debería tener para cumplir

propósitos esenciales de conservación de biodiversidad. El

manejo especializado corresponde a un conjunto de capacida-

des instaladas específicas que posibilitan el cumplimiento de

programas no convencionales (Gálvez, 2007).

7 Tomando como base esta metodología regional, Costa Rica

(1999), Honduras (2000), Guatemala (2001), Nicaragua (2001),

Panamá (2002), El Salvador (2003) y Belice (2006) desarrolla-

ron versiones nacionales para la medición de la efectividad en

el manejo de las áreas protegidas.

8 Los criterios utilizados para determinar este monto fueron

los impactos directos causados por la pérdida de productos fo-

restales y no forestales, así como los impactos indirectos, que

incluyen la reducción en la capacidad de fijación de dióxido de

carbono, incidencia de enfermedades respiratorias, disminu-

ción de la afluencia turística y repercusiones en el transporte

aéreo (Proarca/APM, 2006).

9 Participan en este proceso el Instituto de Agricultura, Re-

cursos Naturales y Ambiente (Iarna) de la Universidad Rafael

Landivar (URL), bajo alianzas formales con el Banco Central

(Banguat), El Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Minis-

terio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

ESTADO DE LA REGIÓN CAPÍTULO 10 - CONARE

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