DELINCUENCIA EN EL SALVADOR Y SU TRATAMIENTO

Autoridades de seguridad consideran que como consecuencia de las medidas que pretenden poner en marcha, no puede descartarse el surgimiento de nuevas estructuras criminales y el recrudecimiento de ataques entre pandillas

ABRIL 2016

Las ganancias que se generan para las compañías telefónicas a raíz de llamadas cuya única finalidad es la organización de delitos "son millonarias", según manifestó el director de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto, en el programa de Telecorporación Salvadoreña, Frente a Frente.

Una de las medidas extraordinarias en cárceles -durante un año- que contempla el decreto que podría ser aprobado por los diputados de la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria de hoy, es que las empresas de telefonía no puedan instalar nuevas antenas en un radio de 500 metros de los centros penitenciarios.

"Ninguna ganancia de este tipo puede estar por encima de la población. La comunicación telefónica ha sido fundamental para mantener la estructura de las pandillas", dijo el funcionario.

Según han informado las autoridades de seguridad en reiteradas ocasiones, la mayoría de hechos delictivos cometidos en el territorio salvadoreño son ordenados desde el interior de las cárceles. Tal es el caso de la masacre de Opico cometida a inicios de marzo, cuya orden surgió de las prisiones de Izalco y Ciudad Barrios.

Cotto aseguró que los principales cabecillas de pandillas ya están en prisión, y que lo que se necesita es aislar más a los privados de libertad. Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien también participó en la entrevista, señaló que los reos identificados como cabecillas están recluidos en el penal de Quezaltepeque.

Ramírez Landaverde sostuvo que el estado de emergencia que se aplicaría por un año en al menos siete penales del país, incluye la suspensión de todas las visitas de familiares y confinamiento en las celdas de los internos.

Ambos funcionarios consideran que como consecuencia de las medidas que pretenden poner en marcha, no puede descartarse el surgimiento de nuevas estructuras criminales y el recrudecimiento de ataques entre pandillas.

De acuerdo con las declaraciones de Cotto, el promedio de homicidios diarios en El Salvador ha disminuido. La reducción de la cifra de asesinatos se percibe desde el pasado sábado, luego que pandilleros hicieran esa promesa, recogida en un videoclip que circula en internet.

Cotto añadió que, hasta ayer, 130 delincuentes han fallecido en los 136 enfrentamientos que se contabilizan contra agentes policiales y militares.

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La Fiscalía General de la República, con sede en Santa Ana, reportó el asesinato de dos mujeres en el cantón San Jacinto, Caserío San Miguelito, del municipio de Coatepeque.

Las fallecidas fueron identificadas como Diana Carolina Rodríguez, 22 años, y Marta Córdova, de 45. La Fiscalía afirma que ambas pertenecían a pandillas de la zona.

En la sede de la Cruz Roja, en Apopa, un adolescente de 13 años falleció luego de haber sido atacado en la colonia San Cayetano, del mismo municipio.

El cadáver decapitado de Santos Laínez Hernández, presunto miembro de pandillas, fue encontrado en el cantón San Marcos de la Cruz, en el municipio de Zacatecoluca.

El pasado fin de semana inicio una significativa reducción de asesinatos, luego que las pandillas ofrecieran, a través de un video en las redes sociales, un cese de los crímenes.

El número de homicidios, en efecto, se redujo, pero desde ayer se ha visto un incremento de los mismos. El miércoles, 13 personas murieron en un hecho violento.

Lea más: Homicidios de ayer triplican los de días atrás, en el mes van casi 600

La Policía Nacional Civil también informó que investiga la muerte de un menor de edad en la colonia Bella Vista, polígono “G”, en San Miguel.

Se desconoce por el momento la causa de la muerte del menor.

Cotto no reconoció con contundencia que la reducción sea por anuncio de las pandillas, pero sí las responsabilizó de ser quienes cometen la mayor parte de muertes violentas

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, dio declaraciones ambiguas ayer respecto a la reducción de homicidios de los últimos días: por un lado, no le dio la veracidad a los videos donde las pandillas ofrecieron reducir homicidios a cambio de que no se implementen medidas excepcionales por la inseguridad; pero por otro, sí las responsabilizó de la mayoría de muertes violentas en el país. 

“Lo que queda claramente evidenciado es que si esto (reducción) es producto de una decisión de grupos criminales, lo que nos demuestra es que quienes matan en El Salvador a nuestros conciudadanos son los miembros de las pandillas”, dijo Cotto . 

El pasado sábado 26 circuló un video en el que supuestos miembros de pandillas ofrecían un “cese todo tipo de homicidios a nivel nacional, para así demostrarle al pueblo en general, al Gobierno presente, y representación internacional en nuestro país, que no hay necesidad de poner medidas que solo vienen a violentar nuestra Constitución de la República”. 

El Ejecutivo inició este martes con esas medidas, que incluyen mayores restricciones a prisiones y el traslado de 299 cabecillas de pandillas. 

Cotto agregó ayer: “Ellos son los que matan y contra ellos es que tenemos que enfilar toda la fuerza del Estado (...). Escuchémonos a nosotros mismos, ¿cómo podemos ver a un grupo criminal o una serie de grupos criminales ofreciendo no matar? Hay que combatirlos”. 

El jefe policial confirmó que el pasado lunes y el martes hubo cuatro víctimas de homicidio cada día. Hasta la semana pasada, la PNC confirmó un promedio de 23 víctimas cada día, en todo el país. 

Entre los homicidios reportados ayer está el de Rosa del Carmen Barahona, de 66 años, quien fue atacada en su vivienda en San Juan Opico, La Libertad. 

La PNC reportó el hallazgo del cadáver de un hombre en el cantón El Níspero del municipio de Tacuba (Ahuachapán). La víctima no pudo ser identificada por falta de documentos personales y por el avanzado estado de descomposición, según informó la Fiscalía.

En San Miguel, la PNC informó sobre tres homicidios en tres distintos lugares. La Policía aseguró que todas las víctimas pertenecían a pandillas. 

José Héctor García, de 23 años, fue encontrado muerto ayer por la mañana en la calle El Delirio, cantón Cantora, carretera del Litoral, en San Miguel. Según la PNC, fue privado de libertad el martes por hombres con ropas oscuras que fingieron ser policías.

En el cantón Conacastal, caserío Piedra Gorda, en Chinameca (San Miguel), murió un supuesto pandillero luego de haber sido lesionado de bala. Fue identificado como Jónathan Alexis González Martínez, de 19 años. 

Mientras que en el cantón El Jalacatal fue encontrado el cadáver de José González, de 20 años.- See more at: http://www.laprensagrafica.com/2016/03/31/director-pnc-confirma-baja-de-homicidios#sthash.wknDGjlH.dpuf

Las inspecciones han sido realizadas sin órdenes judiciales giradas por jueces. Policía justifica requisas bajo el plan Casa Segura en el que habitantes de las viviendas firman un permiso para que policías puedan ingresar a las viviendas.

Una de las habitantes de la colonia El Rosal, en las cercanías del penal de Quezaltepeque, en La Libertad, aceptó firmar una autorización para que policías comunitarios ingresaran a su vivienda a verificar quiénes y en qué condición vivían. La mujer explicó a los policías que no tenía problemas para dejarlos entrar e incluso les dijo que podían revisar todo lo que quisieran.

“Los policías me dijeron, amablemente, que les hiciera el favor de firmarles la autorización, y uno como no debe nada ni esconde nada puede firmar tranquilamente, así como lo han hecho los vecinos desde ayer (martes)”, dijo la mujer a este periódico, ayer por la mañana, mientras observaba a los policías que entraban a la cocina y llegaban hasta el patio trasero. Luego sacó recibos de luz eléctrica y agua para demostrar, con su DUI en mano, que llegaban a su

nombre y que la casa está en un terreno de su propiedad. 

Uno de los policías comunitarios de Quezaltepeque explicó a este periódico que la misión de la verificación era para identificar quiénes rodean el penal.

“Por el momento no hemos encontrado irregularidades en las viviendas que hemos verificado, tampoco en las personas que entran y salen de estas colonias”, dijo el policía comunitario, quien agregó que las casas que habían identificado como “bases desde las que alguna vez fueron utilizadas para lanzar ilícitos a los penales” están vacías o no hay nadie cuando la Policía pasa verificando.

Las requisas se realizan sin órdenes judiciales giradas por jueces para que los agentes policiales ingresen a las casas, hagan inspecciones y recolecten datos de las personas, que es el procedimiento legal que se debe seguir, según explicó ayer una jueza de Vigilancia Penitenciara (ver nota en página 11).

Los registros iniciaron un día después de la declaratoria de emergencia en siete penales del país, como parte de las medidas extraordinarias por inseguridad. El director de la Policía, Howard Cotto, justificó ayer que las revisiones se realizan bajo el plan Casa Segura, que les permite a los policías verificar casas.

“Nosotros hacemos eventualmente en muchas comunidades el plan Casa Segura, y no hemos descartado implementarlo en los barrios, colonias o comunidades cercanas a los centros penales como parte de las medidas”, declaró Cotto al salir de una reunión en Casa Presidencial con diputados de la comisión legislativa de seguridad, donde abordaron cuáles serán finalmente las medidas que serán sometidas a la aprobación de los diputados. Las primeras serán presentadas hoy en la Asamblea Legislativa.

Cotto agregó que, según información de inteligencia, en las cercanías de los penales hay algunas personas vinculadas con los pandilleros internos. Además hay familiares e hijos de internos y personas que incluso alquilan espacios y colchonetas para las visitas de los internos que llegan desde lejos.

El procedimiento casa por casa también fue realizado en las cercanías de los otros penales declarados en emergencia. En las cercanías del penal de Izalco, por ejemplo, la policía verificó casa por casa y luego informó que no había encontrado ilícitos o irregularidades, solo casas que sirven como albergues para las visitas de los reos que llegan desde lejos.

“No es delito dar albergue a las personas que llegan de visita al penal, lo que buscamos es que no hayan ilícitos, como droga y armas”, dijo un agente.

En el procedimiento en Izalco la policía también detuvo a un panadero en vías de investigación, porque supuestamente tiene vínculos con una pandilla.

En las cercanías del penal de Ciudad Barrios, la policía informó que buscó las señales de Wi-Fi: “Estamos verificando que las señales de celulares estén bloqueadas y también las señales de los Wi-Fi, porque lamentablemente muchas casas alrededor del penal tienen Wi-Fi y son tan fuertes que entra la señal”, dijo el jefe policial Eduardo Azucena.

Seguridad decretó estado de emergencia en siete penales y trasladó a 299 cabecillas, que ordenaron masacres, al penal de Quezaltepeque. Hay suspensión total de visitas y allanarán casas y negocios en las cercanías de cárceles. Gobierno planea retirar antenas si empresas de telefonía incumplen bloqueo de señal.

Las medidas excepcionales para enfrentar la escalada de violencia, anunciadas por el Gobierno el 7 de marzo, comenzaron a implementarse ayer con la declaratoria de estado de emergencia en siete centros penales y con el traslado de 299 cabecillas de pandillas hacia el penal de Quezaltepeque, en La Libertad, donde permanecerán bajo un régimen de mayor rigurosidad.

Así lo aseguró el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, en una rueda de prensa en el penal de Quezaltepeque, en la que también reiteró que el Gobierno no está dispuesto a negociar con las tres principales pandillas en el país, que el pasado fin de semana ofrecieron un cese de homicidios a cambio de evitar las medidas excepcionales.

Los homicidios no han cesado aunque sí han disminuido desde el sábado. El domingo hubo nueve homicidios y cuatro el lunes, cuando el promedio desde inicio del año había sido de 23 diarios.

De acuerdo con el ministro, los trasladados al penal de Quezaltepeque son los responsables de haber girado órdenes, desde los penales donde estaban recluidos, para atacar a policías, extorsionar, cometer homicidios y masacres.

El objetivo de los traslados y la declaratoria, según el ministro, es cortar toda comunicación de los cabecillas con los pandilleros en libertad.

“El Gobierno sigue firme en la implementación de las medidas excepcionales, y el estado de emergencia en los centros penales por los próximos 15 días es una de las primeras medidas excepcionales, y que ha sido tomada por el Ejecutivo porque esto le corresponde; las demás medidas serán estudiadas por los diputados en la Asamblea Legislativa”, dijo Ramírez.

Los centros penales declarados en emergencia por los próximos 15 días son los de Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque, San Francisco Gotera, Izalco, el Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca y el de Quezaltepeque. El director de Centros Penales, Rodil Hernández, explicó: “Por el momento los privados de libertad permanecerán en sectores distintos y por la clasificación de la pandilla a la que pertenecen para evitar situaciones de riesgo”.

El ministro de Seguridad adelantó que uno de los planes a mediano y largo plazo es desclasificar a los privados de libertad y no tener penales ni sectores exclusivos para miembros de una pandilla: “Las autoridades en el pasado creyeron que la clasificación de los privados de libertad era necesaria para evitar que las cosas se salieran de control, pero creemos que fue una decisión incorrecta; por el momento los privados seguirán en sectores distintos”.

El ministro informó que la declaratoria de emergencia en los siete centros penales implica básicamente cuatro cosas: la suspensión total de todo tipo de visitas, poner a elementos militares en el perímetro de los centros penales, reforzar los siete penales con más custodios recientemente capacitados y que la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fuerza Armada hagan allanamientos en casas y negocios en las cercanías de los siete centros penales para verificar quiénes son los dueños.

“Tenemos información de que en las cercanías de los centros penales hay pandilleros o familiares de internos que se han tomado, en muchos casos por la fuerza, las casas y negocios, por lo que pedimos a los residentes de estos lugares que colaboren cuando las autoridades los visiten”, afirmó.

Según un documento al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA, el Ejecutivo tiene un proyecto de decreto llamado “Disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios y granjas penitenciarias”, en el que incluye otras medidas además de las anunciadas ayer por el ministro de Seguridad.

Entre esas medidas está la suspensión de traslados de los privados de libertad hacia tribunales para la realización de toda clase de audiencias judiciales y cualquier otro acto

procesal. Esta suspensión de traslados podría prolongarse un año, mientras se mantenga en vigencia el decreto.

El ministro de Seguridad también podría disponer de imponer el estado de emergencia en más centros penales.

Otra de las medidas sería obligar a las empresas de telefonía a que cumplan con lo ordenado de anular la señal de telecomunicaciones en los centros penales, de lo contrario las antenas de estas empresas serían reubicadas y quedaría prohibida la instalación de nuevas antenas, sobre todo en las cercanías de las cárceles. En el decreto también se incluiría un corte en el suministro de energía.

Centros Penales también podría realizar contrataciones directas de obras, bienes y servicios para el mejoramiento, equipamiento y funcionamiento en la infraestructura penitenciaria.