UN ANALISIS POLITICO Y CIENTIFICO SOBRE DROGAS

José David Grisales E.

``Nada es permanente a excepción del cambio´´

HERÁCLITO

Política de drogas: narcotráfico; reducción de daños; modelos de políticas de drogas.

¿Cuál es la mejor solución para las problemáticas que generan las drogas?

La tesis se apoya en la necesidad de reformular las políticas sobre drogas para impedir la generación de organizaciones criminales, el conflicto que generan; la corrupción de los integrantes de las instituciones estatales y privadas; la violación de los derechos humanos y la degeneración de la salud pública.

La fundamentación del el ensayo se basa en ámbito científico, en el estudio del impacto que producen las drogas en el individuo y en la sociedad, el resultado de las políticas implementadas, el narcotráfico, la salud pública y las problemáticas que generan las drogas.

El problema masivo de las drogas ilícitas se asocia con la expansión colonial europea y con el crecimiento del capitalismo. En la modernidad las nuevas drogas y formas de consumo se han presentado como ciclos u oleadas, trasformando a la sociedad y el aparato jurídico en cuanto a estas sustancias.

Las respuestas a estas nuevas modas ante las drogas, han sido la prohibición sociopolítica de gobiernos y la normatividad internacional1 para su presentación y administración.

Hoy sin embargo muchos de los daños individuales y colectivos que provoca el consumo de drogas son resultado de las políticas que prohíben su consumo, producción y comercialización, y como se aplican estas políticas2.

Gran parte de la violencia, los delitos y la corrupción política e institucional

1Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana Permanente para la erradicación de la producción, tráfico,

consumo y uso ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 2001.2 GAMELLA, Juan F. Prohibición, despenalización, legalización. Tres modelos en el control jurídico y político de las drogas

ilegales. Universidad de Granada. URL: httpwww.ararteko.netRecursosWebDOCUMENTOS10_2567_1.pdf

se asocia con la comercialización y consumo de drogas al adaptarse a la ilegalidad.

Suele olvidarse que el narcotráfico es uno de los delitos más vinculados a la violencia, no es suficiente una política de guerra contra el narcotráfico que aumenta la violencia, el número de muertos; y que tiende a militarizar a los pises, con el consiguiente peligro para los derechos humanos. Las masacres, el desplazamiento provocado por la expansión de organizaciones criminales patrocinadas por el narcotráfico, y avaladas por industrias transnacionales, que no les importa la protección de la población ni de sus derechos más básicos sino ¨ llenarse los bolsillos ¨.

El narcotráfico se ha vuelto una industria muy poderosa que involucra cultivos, elaboración, distribución y venta de sustancias prohibidas por la ley. La mayor parte de este negocio

del crimen organizado es el lavado de dinero, que según informes de las naciones unidas supera los 870 mil millones de dólares al año3.

El tráfico de drogas ha sido frecuentemente una fuente de fondos para los movimientos insurgentes o de independencia nacional como la farc y el eln en Colombia, el Sendero Luminoso y el Movimiento Túpac Amaru en el Perú, los Talibanes en Afganistán y grupos semejantes en Chechenia, Albania, Kosovo y otros países y naciones. Las drogas también han financiado movimientos contra-insurgentes como las AUC en Colombia y los Contras en Nicaragua.

Este mercado se complementa con las entidades bancarias que facilitan el lavado de dinero manchado pos las millones de vidas destruidas, producto del narcotráfico y que avivan el crecimiento de estas organizaciones criminales4.

Estos datos permiten comprender que el narcotráfico no es una industria más, sino que es una indispensable para el sistema financiero capitalista. Al mismo tiempo, es un factor de la crisis integral del sistema al incrementar la sobreacumulación de capitales.

- La vinculación del narcotráfico con la industria de las armas, el contrabando y la trata de

3"El lavado de dinero representa entre el 2 y el 5% del PIB mundial, como comparación vale saber que las deudas públicas

[en 2008] en todos los mercados internacionales es de 5.000 millones dedólares"4En los paraísos fiscales, es decir aquellos Estados que posibilitan el lavado de dinero ilícito y también la evasión de

impuestos de empresas de otros países, se lleva a cabo buena parte de estaoperación.

personases otra faceta que no debe olvidarse. Si la capacidad monetaria ya convierte a sus ejecutores en una potencia económica, en este conjunto de actividades "colaterales" se convierte también en una potencia armada. El negocio de las armas, el más grande del mundo, es otra manera en que los dineros del narcotráfico llegan a las potencias. El 90% de armas de los carteles mexicanos provienede su vecino del norte, de manera que: "No sólo Estados Unidos no está dispuesto a prohibir la venta de armas a los criminales mexicanos: la protege celosamente, como al negocio billonario que es. Una nueva ley, capitaneada por los armeros protege la información sobre la venta de armas. Nadie se puede enterar de quién compró qué arma ni a qué precio. La mayor parte de las ganancias del narcotráfico se invierte en Estados Unidos. Y si las leyes mexicanas que permitieran descubrir y penalizar el lavado de dinero se aplicaran, puede esperarse que todavía más dinero del narcotráfico fuera a parar a Estados Unidos." Para redondear más el negocio, desde Estados Unidos se venden también armas para el ejército mexicano.

Por supuesto, hay una conexión con el poderío también político (y judicial) que adquieren los narcotraficantes.

En los países latinoamericanos basta con recordar que en Colombia continuamente se denuncia a políticos financiados por el narcotráfico además de las denuncias contra el ex-presidente Uribe, al grado que en 2010 el Parlamento se formaría con un 30% de diputados y senadores sospechosos de relaciones con los paramilitares y el narcotráfico; y que existen denuncias de cómo, en las recientes elecciones presidenciales de México, los narcotraficantes obligaron a votar por el PRI en los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se produce alrededor de 80% de la marihuana y amapola del país.

Todo esto nos lleva a recordar la definición que André Gunder Frank hizo sobre la lumpen-burguesía, como aquella que ya no responde a un proyecto nacional y que obtiene buena parte de sus ganancias en actividades ilícitas, como uno de los mecanismos de acumulación de riqueza5.-

A menor escala los narcotraficantes ven en la crisis económica una oportunidad para aprovecharse de las empresas que son afectadas por la crisis, y les ofrecen la posibilidad o los obligan bajo amenaza, de salvar su empresa a cambio de lavar dinero para hacer lícitos los dividendos. Aumentando la desigualdad, el monopolio, al impedir el desarrollo

5ISCH L, Edgar. La política pública frente a las drogas. La Rebelión. 25-08-2012.

económico de empresas que son totalmente legales, incidiendo en el crecimiento de desigualdades sociales.

Los más afectados por el prohibicionismo son los más pobres aparte de los consumidores habituales; cuando los consumos se trasladan a las poblaciones más vulnerables toman un aspecto grave, que ya no es de alarma exagerada si no de anonimato y autodestrucción colectiva. Esto demuestra el crecimiento de una opinión en contra del prohibicionismo sobre el control internacional de narcóticos, pidiendo soluciones alternativas.

En una sociedad tan cambiante es necesario debatir sobre problemas más necesarios y básicos ¿Cuál debe de ser la estructura legal y política de la marihuana, la cocaína, la heroína o las drogas de diseño para las que hay una gran demanda en todo el mundo? ¿Debe parecerse a la estructura del café, el tabaco, el alcohol, o quizá a la de la metadona o el valium6? ¿Cómo podemos regular nacional e internacionalmente ese comercio y consumo para limitar los daños individuales y sociales que provoca? ¿Es conveniente endurecer las actuales penas y sanciones contra traficantes y usuarios? ¿Ó sería mejor hacerlas parte del comercio y consumo legal? ¿Qué situaciones solucionaría la legalización y cuáles empeorarían? ¿No hay otras opciones más apropiadas y contextuales a estos problemas? ¿No estará mal planteada la cuestión? Estos cuestionamientos no son meramente académicos si no que afecten a todos los ámbitos de la vida de millones de personas al buscar una dosis a la que se han habituado.

Ante el aparente fracaso de la lucha contra las drogas y al incremento del conflicto en Colombia el debate sobre

6Se trata de medicamentos tranquilizantes diseñados para tratar la ansiedad y también el insomnio. También sirven y se utilizan para  la desintoxicación de  pacientes alcohólicos. De hecho son uno de los medicamentos más prescritos por los médicos en casi todo el mundo.

los beneficios o perjuicios de la legalización ha cobrado cierto interés en el país. Diferentes propuestas coinciden que para contrarrestar el negocio del narcotráfico es necesario legalizar las drogas y proporcionar herramientas al Estado para regular el mercado de las sustancias psicoactivas.Otros por el contrario ven en la legalización efectos perjudiciales en la salud pública, descomposición social y aumento en el conflicto7.

En febrero de 2009, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, creada por los ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México), presentó una declaración en la que evaluaba el impacto de las políticas de la «guerra contra las drogas» y formulaba recomendaciones para elaborar estrategias más eficientes, seguras y humanas. Las propuestas, que implican un cambio profundo del modelo, instan a examinar críticamente el enfoque prohibicionista impulsado por Estados Unidos, y analizar las ventajas y los límites de las políticas de reducción de daños implementadas en la Unión Europea. Sostienen que la solución es el reducimiento en lo principales países consumidores. Tratar el consumo de drogas como un tema de salud pública y promover su reducción son, según el diagnóstico de la comisión, las precondiciones necesarias para orientar la acción represiva a la cuestión clave: la disminución de la producción y el

desmantelamiento de las redes de traficantes. Cada país debe abrir un amplio debate público sobre la gravedad del problema y la búsqueda de las políticas más adecuadas de acuerdo con su historia y su cultura. El modelo debe ser centrado en menor grado en las sanciones penales y más en los aspectos sociales y culturales, y deben basarse en estudios científicos y no en principios ideológicos, involucrando no solo a los gobiernos sino también al conjunto de la sociedad.

El objetivo es lograr un sistema global que proteja el bienestar de la humanidad mediante el control de las sustancias potencialmente nocivas, pero con la flexibilidad suficiente para respetar las diferencias socioculturales y poniendo límites a la represión a los consumidores, los campesinos y los pequeños traficantes. A continuación se enumeran los principios sostenidos por el Transnational Institute(TNI), para luego pasar al análisis de las políticas alternativas de reducción de daños y las experiencias de diferentes países.

7 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Debate sobre la política de drogas en Colombia. Mayo de 2010. 16p. URL: http://cei.uniandes.edu.co/index.php?ini=Documentos&ver=i&id=14&code=7. 11/09/2012

1. Con base en pruebas. Los cambios deberían basarse en una evaluación científica de la eficacia de las políticas, y no en principios ideológicos. Existen numerosos estudios que indican qué políticas funcionan y cuáles no, lo cual constituye un cuerpo de conocimientos que se debería tener en cuenta.

2. Diferenciación. Es necesario diferenciar entre sustancias y patrones de uso. Los riesgos sanitarios asociados al consumo de cannabis no son los mismos que los relacionados con la inyección de heroína o el consumo de crack. Es necesario considerar también la distinción entre plantas naturales y sus derivados concentrados: por ejemplo, la coca, en su estado natural, puede ser beneficiosa para la salud, mientras que el consumo de su alcaloide (cocaína) puede generar problemas. Pero además hay una diferencia sustancial entre usos recreativos y patrones de uso más problemáticos.

3. Reducción de daños. Es imposible pensar en un mundo sin drogas. Por eso, la ideología de la «tolerancia cero» debe sustituirse por el principio de reducción de daños, un enfoque más pragmático tendiente a manejar los daños asociados con las drogas en la medida de lo posible, tanto para el consumidor como para la sociedad en general.

4. Flexibilidad. Se deben tener en cuenta las diferencias socioculturales. El sistema actual se encuentra demasiado influenciado por los intereses del Norte. Las normas establecidas a escala mundial

deberían dejar mayor margen de maniobra y permitir a cada país ajustarlas a sus leyes nacionales y proteger los derechos de las comunidades indígenas que conservan sus prácticas y costumbres tradicionales.

5. Derechos humanos y proporcionalidad. El control de drogas debería demostrar un pleno respeto de los derechos humanos, lo que significa que cualquier pena debe ser proporcional al delito. Ejemplos de desproporción serían, entre otros, el castigo a los usuarios por el mero hecho del consumo, la erradicación forzosa contra campesinos que no tienen otra fuente de ingresos o las duras sentencias penitenciarias contra pequeños traficantes, así como la pena de muerte por delitos de drogas.

6. Desarrollo. La erradicación de la pobreza y el hambre constituyen el principal Objetivo del Milenio de Naciones Unidas y, por lo tanto, deben tener una clara prioridad. Las medidas de control de drogas nunca deberían generar más pobreza y más hambre, como sucede actualmente con la erradicación forzosa.

7. Participación de la sociedad civil. Es necesario incluir en la formulación de la política a todos los actores involucrados: campesinos, usuarios, profesionales de la sanidad y ONG locales e internacionales. Es la única manera de asegurar que dichas políticas estén basadas en la práctica y que funcionen.

La disposición a abrir el debate global sobre drogas ha sido una constante del enfoque gubernamental colombiano. Sobre el particular, por ejemplo, el presidente Santos ha declarado: “Hay un sentimiento creciente que pide la adopción de nuevas estrategias, nuevas visiones y nuevos enfoques para esta problemática. Y esto sólo es posible si lo hacemos a nivel global, porque es un desafío que afecta no sólo a unos pocos, sino al mundo entero. Y en esa discusión, Estados Unidos, como el mayor consumidor del mundo, tiene que estar presente”.8

En consecuencia y como lo ha expresado la Canciller María Ángela Holguín en diversas ocasiones, tal situación debe ser dirimida al más alto nivel de la comunidad internacional, como es en la ONU, por ejemplo. Si en la Cumbre de las Américas no se perfila como un escenario del cual emerjan consensos y resoluciones definitivas con carácter obligante al nivel mundial, ni siquiera al nivel regional, puede ser un punto de partida que saque provecho de dos

elementos coyunturales. El primero, la limitada, pero perceptible, apertura del actual gobierno de Estados Unidos a hablar sobre el tema; y segundo, la creciente necesidad evidenciada por parte de los líderes latinoamericanos de evaluar las políticas hasta ahora vigentes. Para la Cumbre de las Américas, en la cual el presidente Santos participa como anfitrión del evento, se planteó una propuesta metodológica de tratar el tema sobre la base de la discusión de los diversos escenarios y sus posibles consecuencias.9

Una de las posibles políticas a implementar podría ser la de reducción de daños, que se orienta a disminuir las consecuencias adversas, sociales y económicas del uso de drogas psicoactivas, tanto sobre los consumidores como sobre sus familias y sus comunidades, sin necesariamente poner fin al consumo de drogas.

Aunque varios de los países que entrarían en este régimen de control desarrollan políticas orientadas hacia el tratamiento de drogodependientes y la prevención o educación y la reducción de daños, en general no hay transigencia con el consumo y las políticas de reducción de daños han encontrado bastante oposición. Por ejemplo, escasean las políticas de sustitución como las que, por ejemplo, emplean metadona o el recambio gratuito de jeringuillas, que se han mostrado como tácticas que

8Consultado en: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Abril/Paginas/20110405_02.aspx9

“Hay que quitarle ese contenido de sensibilidad política y discutir diferentes escenarios para ver si hay mejores alternativas, qué combinación de propuestas se pueden poner en marcha que sean aceptables para todos los países porque esto tiene que ser un esfuerzo de todos los países”. En: http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Abril/Paginas/20120409_02.aspx

reducen la transmisión del VIH, la hepatitis y otros riesgos.

Más allá de las experiencias nacionales, en 2003 la UE adoptó el enfoque de reducción de daños como posición común, incluyéndolo en la Estrategia de Drogas de la UE para el periodo 2005-2012 y en el Plan de Acción de Drogas de la UE para 2005-2008. El Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT) afirmó que, además de contribuir a reducir la transmisión del VIH, la entrega de jeringas y agujas permitiría «entablar relaciones con las poblaciones de drogadictos que no tienen contacto con otros servicios, y puede ser una vía hacia tratamientos contra el consumo de drogas y hacia los servicios primarios de cuidado de la salud». El OEDT agregó que «no existen pruebas concluyentes de que su entrega tenga una repercusión negativa sobre las actividades de pre-vención o de fiscalización de estupefacientes».

Este tipo de programas se implementan en Canadá, Australia, casi todos los países de Europa y, en los últimos años, también en Asia y algunas ciudades de EEUU. Los programas de reducción de daños han avanzado en algunas naciones de América Latina, especialmente en Brasil, Argentina y Uruguay.La otra política de reducción de daños es la de las salas especiales para consumo de drogas, que constituyen centros supervisados e higiénicos en los que los drogadictos pueden consumir sin temor a ser arrestados10. Existen unas 65 salas

para consumo en Suiza, los Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, España y Noruega, además de dos proyectos piloto en Australia y Canadá. Un informe del ODTE explica la lógica de esta medida con el argumento de que «los consumidores de drogas, en la medida en que no puedan o no quieran dejar de consumir, deben tener la posibilidad de sobrevivir con la esperanza de que en alguna etapa posterior puedan dejar su adicción».

En América Latina la mayor parte de los problemas sociales y de salud vinculados a los estupefacientes se relaciona con el consumo de alcohol y el fumar cocaína (crack y pasta base de cocaína, que en Argentina se denomina «paco»). En Brasil, por ejemplo, se implementaron programas piloto de entrega de pipas para crack a fin de reducir el uso compartido de los utensilios infectados, y se ofrecen tratamientos de sustitución con cannabis para los fumadores de crack.

Existen alternativas adaptables al contexto latinoamericano. Por ejemplo, la disponibilidad de es-timulantes más suaves en el mercado legal podría evitar que determinados grupos de consumidores recreativos empiecen a consumir cocaína. En esta línea, la propuesta del gobierno boliviano de legalizar los productos de coca naturales podría tener ventajas. Asimismo, vale la pena someter a consideración los tratamientos de sustitución con coca para la adicción a la cocaína.

10 BLICKMAN, Tom y JELSMA, Martin. La reforma de las políticas de drogas: Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos. Nueva Sociedad. No 222.Julio-agosto de 2009. 23p. http://rolim.com.br/2009/box_drogas/03.pdf . 11/09/2012. ISSN: 0251-3552

El modelo punitivo-prohibitivo puede sostenerse sobre presupuestos culturales, éticos y religiosos muy diversos, pero el énfasis se coloca siempre en vigilar, perseguir y castigar a los transgresores. Y cualquier contacto con las sustancias prohibidas es considerado trasgresor. La mayor parte de los recursos en relación a este problema se gastan en coerción, persecución y castigo, o lo que eufemísticamente se llama control de la oferta: policía, aduanas, juzgados, cárceles… En un grado comparativamente menor se realizan programas de sustitución de cosechas en regiones productoras de amapola, cáñamo o coca que suelen nacer ya abocadas al fracaso dado la enorme disparidad de precios entre los productos alimenticios y los psicoactivos en las zonas de cultivo.

En los últimos años, la población carcelaria mundial ha aumentado drásticamente, en parte debido al endurecimiento de las legislaciones antidrogas derivadas de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, que obliga a los países signatarios a «adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno» toda la actividad relativa a la producción, la venta, el transporte, la distribución, etc., de las sustancias enumeradas en las listasmás restringidas de las convenciones de 1961 y 197111.

Las convenciones de la ONU no estipulan la imposición de penas (penales o administrativas) por consumo, tal como se menciona con claridad en el comentario oficial de la Convención de 1988: «Debe notarse que, como en las Convenciones de 1961 y 1971, el párrafo 2 no exige que el consumo de estupefacientes se tipifique como un delito punible».

La corriente pro-legalización tiene la belleza de las soluciones simples y rotundas, sin excepciones ni compromisos. También pesa a su favor su defensa de la autonomía y la libre elección personal. Esta opción suele acertar en la crítica del régimen de control imperante y sus consecuencias negativas, desde la pérdida de calidad y adulteración de las drogas que se comercian, la corrupción política y funcionarial y la propia creación de mundos excluidos y criminales tanto en el consumo como en el comercio, entre otros. Barrios degradados, ciudades inseguras, policías corruptos, cárceles, universalmente saturadas… Pero esta opción o estrategia está

11Enmendada por el Protocolo de 1972, donde una de las más importantes modificaciones fue al tratamiento a los toxicómanos, se disponen medidas concretas para el uso indebido de sustancias sicotrópicas.Las Convenciones de las Naciones Unidas de 1961 y 1971, comprometen a las partes ha adoptar medidas para la prevención, educación y tratamiento de las personas afectadas por el consumo de drogas ilícitas. En la Convención de 1988 se le propone a los Estados miembros tomar medidas para disminuir el consumo, yasean sanciones o medidas alternativas.

menos lograda en la precisión de las tácticas, los pasos a dar en el proceso de legalización y las consecuencias previsibles del libre comercio y promoción de sustancias como la heroína, la cocaína, o las múltiples variedades de fármacos de laboratorio que se ofrecen en el mercado ilegal cada año. En suma, salvo en lo que concierne al cáñamo, el diseño de régimen legalizador suele partir de presupuestos dudosos sobre la demanda y la oferta de drogas y no suele estar apenas perfilado, sobre todo en lo que concierne al impacto de los cambios en las poblaciones crecientemente trasnacionales de todo el planeta.

La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia avala la descriminalización y la diferenciación entre consumidores y traficantes, pero no especifica cómo traducir esto en reformas legislativas. Por ejemplo, en los casos de grandes cantidades es importante que la fiscalía pruebe la intencionalidad antes de que una persona sea encarcelada por cargos de narcotráfico. Como principio legislativo, el juez debe tener la posibilidad de tomar en consideración otras cuestiones (cantidad de delitos, condiciones sociales, circunstancias del arresto, etc.) para determinar las penas cuando se supera la cantidad mínima de las dosis. El riesgo es que se apliquen reformas mínimas, como la implementada en México, que tienen un valor simbólico positivo, eficaz para desestigmatizar a los drogadictos y evitar que algunos de ellos terminen en la cárcel, pero que pueden generar efectos perjudiciales

para muchos consumidores de drogas erróneamente catalogados como traficantes12.

La norma mexicana también estipula umbrales para el narcotráfico menor, definido por cantidades de hasta mil veces las dosis para consumo personal. Si bien es fundamental distinguir a los distribuidores callejeros de los grandes traficantes, el contrabandista de poca monta (por ejemplo, una persona detenida en el aeropuerto que se tragó más de 500 gramos de cocaína o 50 gramos de heroína) sigue recibiendo el trato de un traficante a gran escala. En contraste, en 2008 Ecuador sancionó un indulto para las «mulas» (quienes se encargan de trasladar la droga por fronteras y aeropuertos), a quienes se consideró víctimas de una legislación desproporcionada. Se liberó de prisión a más de 3.000 personas detenidas con una cantidad máxima de dos kilos de cualquier tipo de droga, que no tenían condena anterior y que habían cumplido un 10% de su pena o un mínimo de un año.

Los cafés holandeses, donde los consumidores pueden comprar una cantidad limitada de cannabis, ocupan un lugar altamente simbólico como modelo de políticas liberales en materia de cannabis. Sin embargo, el fenómeno suele interpretarse erróneamente. Contra lo que habitualmente se piensa, la tenencia de cannabis en los Países Bajos, no el consumo, está tipificado como

12 BLICKMAN, Tom y JELSMA, Martin. La reforma de las políticas de drogas: Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos. Nueva Sociedad. No 222.Julio-agosto de 2009. 23p. http://rolim.com.br/2009/box_drogas/03.pdf. 11/09/2012. ISSN: 0251-3552

delito. Esto implica que el gobierno se ajusta a lo dispuesto en las convenciones de la ONU.

Lo central es que los Países Bajos pasaron de la «tolerancia cero» a la legalización de facto, al menos en la «puerta principal», es decir, los cafés en los que se vende cannabis. Los problemas continúan en la «puerta de atrás»: los propietarios de los cafés deben comprar el cannabis en un mercado que sigue siendo ilegal y está sujeto a la aplicación de las leyes. Los proveedores todavía pueden ser procesados por transportar cannabis a los cafés y es posible detener a los propietarios de los establecimientos por adquirirlo, a pesar de que tienen permitido venderlo.

El único caso factible de legalización concierne hoy los derivados del cannabis, que se sitúan por eso en el más activo frente de batalla política sobre cambios jurídico políticos de drogas. La legalización tácita o explícita de ciertos productos derivados del cánnabis es hoy posible, algún país europeo como Holanda y Suiza y,

sorprendentemente, en algún estado norteamericano.

A 50 años de su puesta en vigencia, es hora de modernizar el sistema y establecer una Convención Única coherente, que reemplace los actuales tratados. Las convenciones no son sagradas; por el contrario, hoy constituyen instrumentos anacrónicos repletos de contradicciones. Como se señaló en el primer Informe Mundial sobre las Drogas de 1997: «las leyes, e incluso las Convenciones Inter-nacionales, no están escritas sobre piedra. Pueden modificarse cuando la voluntad democrática o las naciones deseen hacerlo». El año 2012 –a un siglo de la aprobación del primer tratado internacional de estupefacientes, la Convención del Opio de La Haya de 1912, puede ser un momento oportuno para hacerlo

Para concluir se pone de manifiesto que las presiones del control social provienen de las relaciones interpersonales, comunitarias, grupales o familiares. De los pares, amigos, familiares, desde los más anónimos y desconocidos a las personas más cercanas e íntimas a nosotros. Existen procesos de autocontrol o control personal que se basa en una la interacción de normas interiorizadas, creencias, valores y modelos para la acción que el propio sujeto aplica a su relación con las drogas. Muchas de las normas interiorizadas tienen un carácter implícito a la acción, son conocimiento práctico no articulado o expreso, pero esencial para el desempeño de conductas

socialmente aceptables. Muchas de las normas interiorizadas tienen un carácter implícito a la acción, son conocimiento práctico no articulado o expreso, pero esencial para el desempeño de conductas socialmente aceptables.

Sorprende que con la importancia y recursos que utiliza el sistema penal de control se haya estudiado tan poco el efecto que la ley penal tiene sobre el comercio y el consumo, cuando hay evidencia que demuestra que las penas más graves no contrarrestar la oferta ymucho menos la demanda.Hay aspectos que son muy difíciles de controlar, hasta imposibles, como las modas que se vinculan a cambios de las representaciones sociales, valoraciones y actitudes. Otro conjunto decisivo de fuerzas a considerar en cualquier régimen de control proviene de las transformaciones demográficas que hacen variar el peso de los grupos juveniles y adolescentes, o de las poblaciones excluidas o empobrecidas que pueden intensificar la demanda de drogas y de atención, educación y necesidades básicas. Todos estos factores deben de ser considerados en la generación de nuevas políticas de drogas; es evidente que no obedecen a los cambios legislativos, al contrario la ley debe ajustarse al cambio social.La sociedad sigue su desarrollo así no cambien la políticas. A veces el incumplimiento de las leyes no se ve como un delito si no como reivindicación moral y política.Ya no es factible que los consumidores sean vistos como desviados, disóciales o enfermos.

En España, por ejemplo, ha ocurrido un importante proceso de rechazo de la heroína en los entornos juveniles que aceptan, sin embargo, otras drogas. Este proceso ha sido en gran medida independiente de penas y castigos y de la publicidad o propaganda contra la droga; se ha basado en un cambio en la representación colectiva de la heroína y sus consumidores, basada en una evaluación racional de los riesgos que se han hecho visibles. Funciona por convencimiento y, algo importante, por la convergencia y suma de múltiples fuentes de influencia, información y ejemplo, incluida la experiencia directa o cercana, la comunicación entre pares y su reforzamiento por lo que se ve en la prensa, la televisión, e incluso lo que dicen las campañas publicitarias contra la droga.Es más eficaz fomentar los controles sociales informales y el autocontrol, que surgen de abajo arriba y se basan en el convencimiento, la información realista y los rituales y estrategias grupales que limitan y moderan el consumo.

La propuesta legalizadora debe de precisar cómo se distribuirían sustancias como la heroína, la cocaína, la LSD o la metanfetamina, muchos de ellos de reciente fiscalización en muchos países. ¿Se venderán en supermercados como el café, en estancos como el tabaco, o en farmacias con receta como los sedantes? ¿O sólo los prescribirán facultativos sanitarios a personas que ya se hayan habituado? ¿Se permitirá la promoción y la publicidad de estos productos? ¿Se permitirá adquirirlos a personas no habituadas a su uso? ¿Cómo se evitará el acceso infantil y

adolescente? ¿Se prevé un aumento del consumo y, por ende, del hábito? ¿Se prevé también en paralelo un aumento de los fondos dedicados a asistencia, tratamiento e indemnizaciones? ¿Saldrán sólo de los impuestos por la venta? en ningún modelo de legislación se encuentra una estructura política bien definida para dar respuesta a estas preguntas.

Como reflexión: Todas estas propuestas no alientan demasiado a prohibicionistas y liberadores, pero son los resultados los que proporcionaran las condiciones para generar los mejores modelos de control de drogas. La generación de nuevas propuestas también debe de estar enfocadas en la exploración de la medicina, y materias primas para la industria.

«Llegó la hora de que nuestra guía sea la luz de la ciencia y

no la oscuridad de la ignorancia y el miedo»

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la

Media Luna Roja (IFRC)Bibliografía completa en orden alfabético

BLICKMAN, Tom y JELSMA, Martin. La reforma de las políticas de drogas: Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos. Nueva Sociedad. No 222. Julio-agosto de 2009. 23p. http://rolim.com.br/2009/box_drogas/03.pdf. 11/09/2012. ISSN: 0251-3552

ISCH L, Edgar. La política pública frente a las drogas. Rebelión. 25-08-2012.11p URL: httpwww.rebelion.orgnoticias20128154996.pdf. 11/09/2012

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Debate sobre la política de drogas en Colombia. Mayo de 2010. 16p. URL: http://cei.uniandes.edu.co/index.php?ini=Documentos&ver=i&id=14&code=7. 11/09/2012

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos. Prohibición y legalización de los estupefacientes: Posiciones de los estados latinoamericanos. Serie informativo: centro externo. UMG-IEGPA # 121. 12 de abril de 2012. 6p. URL: httpwww.iegap-unimilitar.edu.coimagesdocsinfo121drogas.pdf. 11/09/2012

VERGARA BALLEN, Andrés y otros. Posibles implicaciones de la legalización del consumo, producción y comercialización de las drogas en Colombia. República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Estudios Económicos. Documento 234. 15 de Septiembre de 2003. 81p. URL: http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/234.pdf. 11/09/2012