ACTUALIDAD:México ¿“feliz, feliz, feliz”?

ENFOQUE:Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el proyecto de Tren Maya

ARTÍCULO:Misión Civil de Observación en el IstmoAmplificando y entrelazando voces

ACTIVIDADES DE SIPAZ:De mediados de agosto a mediados de noviembre de 2019

EN ESTE NÚMERO :

INFORME

VOL.XXIVNº 4DIC

2019

Chiapas, Frontera Sur© SIPAZ

3 9 14 16

Informe 2

SIPAZ es un programa de observación internacional nacido en 1995, después del levantamiento armado zapatista en 1994, para monitorear el conflicto de Chiapas, México.

SIPAZ surgió de la petición realizada por líderes religiosos y organizaciones de derechos humanos de México a una delegación internacional que visitó Chiapas en 1995. A partir de la demanda de una presencia internacional permanente en la región decidieron crear una coalición de distintas organizaciones de los Estados Unidos, Europa y América Latina cuyo denominador común fuera su preocupación por la situación en Chiapas.

Hoy en día, SIPAZ apoya la búsqueda de soluciones pacíficas y la construcción de una cultura de paz, diálogo y tolerancia entre actores en Chiapas y de forma creciente, en otros estados de México (Oaxaca y Guerrero). Al mismo tiempo, sirve de puente de comunicación e intercambio entre organizaciones y redes que trabajan por la construcción de una paz justa y verdadera a nivel local, nacional, regional e internacional n

El Equipo Internacional de SIPAZ en Chiapas:

• Tiene una presencia internacional y acompaña procesos en la construc-ción de una cultura de la paz en México.

• Informa a través de una comunicación confiable que involucra a los acto-res y moviliza la comunidad local, nacional e internacional en la búsqueda de las respuestas alternativas a las causas de la violencia en el país.

• Se articula con las organizaciones, movimientos y redes para compartir y fortalecer procesos de construcción de cultura de paz.

• Mantiene contacto e interlocución con los actores presentes en el conflicto en todas sus expresiones.

SIPAZ reconoce y respeta los principios de no intervención y soberanía del Estado mexicano y de sus ciudadanos, de quienes debe depender la iniciativa para alcanzar la solución a los conflictos.

Los miembros de la coalición de SIPAZ tienen muchos años de experiencia en transformación de conflictos y construcción de la paz, mediante iniciativas internacionales y no gubernamentales. A partir de esta experiencia, SIPAZ busca jugar un papel de facilitador que fortalezca el contexto en el que los mexicanos están trabajando n

Calle Las Flores #1, Barrio de San Diego CP 29270, San Cristóbal de Las Casas Chiapas, México

(+52.967) 631 60 55

Miembros de la coalición de SIPAZ

Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) (Argentina)Baptist Peace Fellowship of North America (North Carolina, EEUU)Benedictine Sisters of Erie (Pennsylvania, EEUU)Capacitar (California, EEUU)CAREA (Berlin, Alemania)Carolina Interfaith Task Force on Central America (N. Carolina, EEUU)Catholic Conference of Major Superiors of Men’s InstitutesPeace and Justice Committee (Washington DC, EEUU)Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. (La Habana, Cuba)Christian Peacemaker Teams (Illinois, EEUU)Church of the Brethren (Washington DC, EEUU)Dominican Sisters of San Rafael (California, EEUU)Episcopal Peace Fellowship (Washington, DC, EEUU)Fellowship of Reconciliation/EEUU (New York, EEUU)FOR Austria (Austria)Franciscan Friars, Santa Barbara Province (California, EEUU)Franciscan National Justice, Peace and Ecology Council(Washington DC, EEUU)Global Exchange (California, EEUU)IF/ When (California, EEUU)Illinois Maya Ministry, United Church of Christ (Illinois, EEUU)Iniciativa Ecuménica «Oscar Romero» (CIPFE, Montevideo, Uruguay)International Committee for the Peace Council (Wisconsin, EEUU)International Fellowship of Reconciliation (Alkmaar, Holanda)Jubelee Economics Ministries (EEUU)

JustaPaz (Bogotá, Colombia)Kentucky Interfaith Taskforce on Central America (EEUU)Leadership Conference of Women Religious (Washington, DC, EEUU)Loretto Community Latin America / Caribean Committee (Colorado, EEUU)Marin Interfaith Task Force on the Americas (California, EEUU)META Peace Team (Michigan, EEUU)Movimento Ecuménico de Derechos Humanos (Buenos Aires, Argentina)National Benedictines for Peace (Pennsylvania, EEUU)Pax Christi (Pennsylvania, EEUU)Pax Christi International (Bruselas, Bélgica)Peace Brigades International (Londres, Inglaterra)Peaceworkers (California, EEUU)Presbytery of Chicago (Illinois, EEUU)Racine Dominican Sisters (EEUU)Resource Center for Nonviolence (California, EEUU)Servicio Paz y Justicia de América Latina (Montevideo, Uruguay)Sojourners (Washington, DC, EEUU)Southeastern Yearly Meeting of the Religious Society of Friends(Florida, EEUU)SweFOR (Suecia)Unitarian Universalist Service Committee (Massachusetts, EEUU)Washington Office on Latin America (WOLA) (EEUU)Western Dominican Province (Arizona, EEUU)Witness for Peace (Washington DC, EEUU)

@sipazchiapas

sipaz.chiapas

chiapas@sipaz.orgwww.sipaz.org

Junta Directiva de SIPAZ

Gustavo Cabrera - PresidenteServicio Paz y Justicia en América Latina, Costa Rica

Richard Stahler-Sholk - TesoreroEstados Unidos

Rev. Denise Griebler - SecretariaMayan Ministries, Estados Unidos

Sandra ErikssonMovimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), Suecia

Elizabeth Saenz AckermanRepresentante legalEstados Unidos

Martín Nates YepesJustaPaz, Colombia

Jenny NemesColombia

Paula Bidle MooreIllinois, Estado Unidos

Diciembre de 20193

ACTUALIDAD

En septiembre, se cumplieron tres meses de que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Donald Trump llegaran a un acuerdo mediante el cual Mé-xico se comprometió a tomar medidas para bajar el nivel de migración que cruza su territorio para llegar a Estados Unidos. Según Estados Unidos, el número de deten-ciones en su frontera Sur, bajaron un 56% en este plazo. Los dos gobiernos conside-ran que esta reducción se debe al cambio de política migratoria en México hacia una lógica de contención, la que ha incluido el despliegue de la Guardia Nacional en las zonas fronterizas, así como el cambio de reglas para migrantes de África y Asia, que les dejó de permitir viajar hasta la frontera norte con autorización x

Estos cambios han genera-do extrema preocupación por parte de organizacio-nes nacionales e interna-cionales, así como de las

Naciones Unidas, ya que han impli-cado un recrudecimiento de las vio-laciones de los derechos humanos de migrantes. El acuerdo también incluye otro aspecto que ha generado contro-versia, la política de Estados Unidos llamada “Quédate en México”, la cual obliga a los migrantes a esperar, du-

rante su trámite de asilo, en México. En octubre, el Colectivo de Obser-

vación y Monitoreo de Derechos Hu-manos del Sureste Mexicano, instó al Estado mexicano a que “responda con total respeto y garantía a los derechos humanos hacia la crisis migratoria y de refugio que se vive en el país, espe-cialmente en la frontera sur. Incluyendo la solución definitiva al hacinamiento y condiciones inhumanas dentro de las Estaciones y Estancias migratorias”. Para estas fechas, la organización Sin

Fronteras, calculaba que había alrede-dor de 150 mil personas detenidas en las 53 estaciones migratorias en todo el país, más otras 50 mil repatriadas como parte del programa “Quédate en México”.

Front Line Defenders y la Red To-dos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT) también han denunciado que se han intensificado las agresio-nes contra defensores de los derechos de migrantes. Identificaron 69 eventos de detención, amenazas, acoso, difa-mación, agresión, deportación, vigi-lancia o negación de entrada a un país entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, 41 de ellos en 2019. Instaron al gobierno mexicano a dejar “la crimi-nalización de personas migrantes que se organizan en sus trayectorias para defender sus derechos humanos”, así como “supervisar y limitar las acciones de la Guardia Nacional con respecto a los albergues y detención de migrantes”.

México¿“feliz, feliz, feliz”?

México¿“feliz, feliz, feliz”?

Presidente Andrés Manuel López Obrador© Sitio Oficial de Andrés Manuel López Obrador

Informe 4

ACTUALIDADNacional: Primer informe de gobierno de AMLO, ¿un país “feliz, feliz, feliz”?

El 1º de septiembre, AMLO presen-tó su primer Informe de Gobierno. Se refirió a la necesidad de seguir comba-tiendo la corrupción, así como buscar mayor justicia e igualdad. En los re-sultados de su política de austeridad, afirmó que “en estos primeros 9 meses hemos conseguido ahorros por 145 mil mdp”. Afirmó que “la Bolsa de Valores se ha mantenido estable; la economía está creciendo poco pero no hay rece-sión, además ahora es menos injusta la distribución del ingreso”.

En cuestión de seguridad, AMLO refirió que todavía hay que “trabajar mucho porque no son buenos los resul-tados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva (...) constituye nuestro principal desafío”. Reportó el despliegue de 58 mil 600 efectivos de la Guardia Nacional y “la meta es des-plegar 140 mil elementos”.

En materia de derechos humanos, AMLO resaltó que “el Estado ha dejado de ser el principal violador de los dere-chos humanos”, que “han sido puestos en libertad 45 presos políticos” y desta-có el compromiso del gobierno de “ha-cer frente a las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas”.

Sobre migración, AMLO reconoció que tuvo que cambiar su estrategia para evitar una confrontación econó-mica con Estados Unidos, pero no dio mayor información sobre el impacto que este cambio ha tenido en materia de derechos humanos. Expresó que “se atenderá este asunto sin usar la fuerza y la coerción, sino creando oportunida-des de trabajo y bienestar para la gente en sus lugares de origen”.

Derechos humanos: unos cambios que no acaban de reflejarse en la realidad

En agosto, organizaciones civiles presentaron el informe “Defender los derechos humanos en México: ¿Fin de la Impunidad?”. El informe constata que durante los primeros meses de go-

bierno de AMLO, han disminuido los actos violatorios aunque ocurrieron 41 eventos que contienen 331 actos de violaciones a derechos humanos, y los actos violatorios a nivel individual ha-cia personas defensoras han aumen-tado. Señaló que las medidas siguen siendo “insuficientes” y que queda claro que el tema no es “prioridad” del gobierno. Este mismo mes, el Diag-nóstico del Mecanismo federal de Pro-tección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas elaborado por la representación en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) planteó que faltan recursos para cumplir con las promesas del mismo. Esta situación se encuentra agudizada ante el creciente número de beneficia-rios debido a la tendencia al aumento de las agresiones a periodistas y de-fensores. Otra fuente de preocupación es el involucramiento de servidores públicos en los casos (un 55%) y que se requiere una estrategia que “sea parte de una política sistemática”.

En septiembre, la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preo-cupación por la “terrible” situación de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Manifestó pre-ocupación ante el aumento de la vio-lencia en el país, en particular por los feminicidios. También abordó el tema de las desapariciones, con 40 mil des-aparecidos y 23 mil cuerpos que aún siguen sin identificar. Reconoció como “paso hacia adelante” el anuncio del gobierno de AMLO de aceptar la com-

petencia del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas para recibir comunicaciones individuales.

En noviembre, al finalizar el sexto examen periódico de México hacia la instrumentación del Pacto Interna-cional de Derechos Civiles y Políti-cos (PIDCP), el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió 48 reco-mendaciones. Entre las principales, le dio al Estado mexicano un plazo de dos años para “avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil”. Expresó preo-cupación “por el carácter militarizado de las fuerzas de orden en general, in-cluyendo la Guardia Nacional, y por la falta de un calendario claro sobre el retiro de la fuerza militar en las tareas de seguridad ciudadana”.

En el mismo mes de noviembre, el Senado eligió como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a Rosario Piedra Ibarra, activista e hija de la fundado-ra del Comité ¡Eureka!, una organiza-ción de familiares de desaparecidos. Partidos de oposición al gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), denunciaron que hubo frau-de en el proceso, por lo que exigió la anulación de la votación. Por otro lado, siete de los 56 candidatos a presidir la CNDH también pidieron reponerla ya que, aseguraron, “el proceso deja du-das de legalidad que deben ser subsa-nadas”. Cuatro colectivos de derechos humanos y 128 víctimas de 12 estados de la República llamaron a la presiden-ta electa, a no tomar posesión “hasta que haya un proceso transparente y

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos© ONU/Daniel Johnson

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos© ONU/Daniel Johnson

Diciembre de 20195

ACTUALIDADsin sombra de dudas”. Finalmente, en-tre gritos y jaloneos, Rosario Piedra, al considerar “legítima” y “legal” su elección, rindió protesta insistiendo en que será imparcial, pese a que en el pasado fue candidata de Morena a una diputación.

CNI y EZLN construyendo otras propuestas

En septiembre, se llevó a cabo la Asamblea Nacional e Internacional “El Istmo es nuestro” en Juchitán, Oaxaca, a invitación del Congreso Nacional In-dígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG). Explicaron que “nos encontramos para analizar el embate del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos en todo el país y para fortalecer en especial las luchas de re-sistencia de los pueblos del Istmo y del sur de México contra el corredor intero-ceánico del Istmo de Tehuantepec, que pretende transformar esta región en un inmenso parque industrial en manos del capital transnacional y al mismo tiempo en el muro de contención de los migrantes centroamericanos ordenado por Trump”.

Una Jornada Global de Lucha en Defensa de la Vida y de Nuestros Te-rritorios “SAMIR FLORES VIVE” fue organizada en octubre. Llevó el nom-bre del delegado Samir Flores, activis-ta ambiental quien fue asesinado en febrero, y se planteó como “una mo-vilización dislocada y contundente, en todo el país, contra los megaproyectos de muerte, de carácter anticapitalista y antipatriarcal”.

En noviembre, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) invitó a participar al “Combo por la Vida: Di-ciembre de Resistencia y Rebeldía” por realizarse en Chiapas en diciembre. Dicho evento incluirá: la Segunda Edi-ción del Festival de Cine Puy Ta Cu-xlejaltic; el primer comparte de Danza “Báilate otro mundo”; el Foro en defen-sa del Territorio y la Madre Tierra; la Cuarta Asamblea del CNI; el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan; y, la celebración del 26º aniversario del inicio de la “guerra contra el olvido”.

CHIAPAS: Defensores y periodistas, vulnerabilidad

En agosto, fue hallado en Palenque el cuerpo de Nora Patricia López, am-bientalista y encargada del proyecto de la guacamaya roja del ecoparque Aluxes. En junio pasado también fue asesinado en esa zona el ambientalis-ta José Luis Álvarez Flores. En enero, había sido ultimado el activista Sinar Corzo Esquinca quien trabajaba en defensa del derecho al agua en Tonalá. Además se han registrado amenazas y aprehensiones en contra de ambienta-listas en Tuxtla Gutiérrez, Chilón y San Cristóbal de Las Casas.

En septiembre, periodistas y fami-liares de Mario Leonel Gómez Sán-chez, periodista asesinado en Yajalón en 2018, se manifestaron para exigir la detención del (o de los) autores intelec-tuales. Denunciaron que a un año del asesinato, aún no hay justicia. El her-mano de la víctima acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber sido lenta y omisa en las investigaciones. Si bien fueron detenidos tres personas como presuntos autores materiales, denunció que hay encubrimiento ins-titucional y tráfico de influencias en el caso mientras él y su familia han vivi-do con miedo “porque los responsables

se pasean como si nada en las calles de Yajalón”.

En los avances, en noviembre, fue detenido por policías estatales el ex alcalde de Amatán, Manuel de Jesús Carpio Mayorga, de Morena. Es acu-sado del asesinato de los integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacio-nal Plan de Ayala-Movimiento Nacio-nal (Mocri-CNPA-MN), Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez en enero pasado. Los activistas habían participado en protestas para exigir la destitución del edil, al denunciar el cacicazgo de los hermanos Carpio Mayorga, las arbitrariedades de los policías municipales en colusión con delincuentes, el incumplimiento de obras, entre otros. Manuel de Jesús Carpio Mayorga y todo su gabinete habían renunciado al estar señalados como posibles implicados en los ase-sinatos.

Desplazamiento forzado interno: se mantiene crisis de derechos humanos en los Altos

En septiembre, se llegó a un acuer-do político que posibilitó el retorno de 13 familias desplazadas en Ejido

Primer Encuentro de Mujeres que Luchan© Alejandra Carrillo Olando

Informe 6

ACTUALIDAD

Puebla, municipio de Chenalhó. Ha-bitantes de este pueblo pidieron la li-beración de Javier Gómez Gutiérrez, preso sentenciado por asesinato en el marco de la problemática post elec-toral de mayo del 2016 que dio origen al desplazamiento. Expresaron que el retorno de los “autodesplazados” no se ha finalizado ya que aún existe otro grupo en San Cristóbal de Las Casas. Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Kuuntik, que ha acompañado a dicho grupo, expresó que “retornaron 13 familias desplaza-das (...) previo pago de una multa de 15 mil pesos por familia, misma multa que pagó el actual Presidente municipal Abraham Cruz Gómez de Chenalhó, en su momento uno de los perpetradores

del desplazamiento forzado. Que las víctimas sean condicionadas a pagar una multa a sus agresores para poder retornar a su comunidad de origen, le-jos de ser una acción que ayude a evitar la repetición del acto, más bien resulta en un aliciente para repetir desplaza-miento”.

En octubre, la CNDH emitió una recomendación por “las condiciones de violencia, inseguridad, situación de riesgo constante y falta de protección en el Municipio de Aldama, Chiapas, de-bido a una disputa por posesión de tie-rras con el Municipio de Chenalhó, que derivó en la muerte de una persona (...) y el desplazamiento de varias familias”. Si bien la CNDH reconoció algunos avances, “esto ha sido insuficiente” “ya que los actos de violencia por diversos grupos armados no han cesado”. Cabe recordar que a principio de junio se firmó un pacto de no agresión entre ambos municipios sin que ello acabe de erradicar la violencia en la zona.

En noviembre, a dos años del des-plazamiento masivo de más de cinco mil indígenas originarios de comuni-dades que se encuentran en la colin-dancia entre Chenalhó y Chalchihui-tán debido a un añejo conflicto agrario entre ambos municipios, la viuda de Samuel Luna Girón, quien fue ase-sinado en octubre de 2017, así como familiares y amigos suyos demanda-ron justicia ya que no se ha detenido

a nadie por estos hechos. Asimismo, pidieron a las autoridades cumplir con las indemnizaciones por daños y des-articular a los grupos civiles armados de Chenalhó que siguen operando im-punemente.

Otras denuncias en materia de derechos humanos

En agosto, la Campaña Popular contra el Feminicidio en Chiapas ma-nifestó su “repudio” frente a la “falta de compromisos de los Gobiernos (...), ante el grave incremento de la violencia fe-minicida”. Denunció que en lo que va del 2019 se han registrado 120 muer-tes violentas de mujeres, de los cuales únicamente 49 han sido tipificados como feminicidios. Aunque desde no-viembre de 2016, se ha activado una Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado, “las alarmantes cifras ci-tadas” no se pueden explicar sino por “la falta de interés de las autoridades”. Exigió, entre otras demandas, que las autoridades asuman la violencia femi-nicida como un problema social, cul-tural y político que exige tomar medi-das concretas y urgentes y que la AVG se extienda a todos los municipios de la entidad.

En noviembre, organizaciones ci-viles manifestaron su preocupación ante la militarización del municipio de Chicomuselo. A un año de la inau-guración del cuartel militar en dicho municipio, denunciaron que su fun-ción ha sido “intimidar la resistencia minera que hay en las comunidades, así como para vigilar el trabajo que realizan las defensoras y defensores del territorio”. Expresaron que a pesar de los argumentos para justificar su pre-sencia, “no se han disminuido los robos y asaltos”. Señalaron que desde agos-to, después del anuncio del EZLN de crear nuevos Municipios Autónomos, uno de ellos en Chicomuselo, “se han reportado recorridos militares”.

Niñas desplazadas de Ejido Puebla en San Cristóbal de Las Casas© SIPAZ

Niñas desplazadas de Ejido Puebla en San Cristóbal de Las Casas© SIPAZ

Alto a los feminicidios en Oaxaca

© SIPAZ, Archivo

Diciembre de 20197

ACTUALIDADOAXACA: Ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos

En octubre, a 17 meses de la desa-parición forzada del defensor Ernesto Sernas García, la Organización Mun-dial contra la Tortura (OMCT) denun-ció la inacción del Estado mexicano ante el caso. Llamó a las autoridades a iniciar una búsqueda efectiva para dar con su paradero. De acuerdo con la organización Front Line Defender, la desaparición del abogado “coincidió con un momento crucial de un proce-so penal en el que representaba legal-mente a 23 personas defensoras [de la organización Sol Rojo], cuya detención en 2015 fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre Detención Ar-bitraria de las Naciones Unidas”.

En noviembre, fue detenido Fredy García Ramírez, integrante del Comi-té de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI). Según la Fiscalía, la deten-ción deriva de una orden de aprehen-sión por hechos ocurridos unas sema-nas antes en la comunidad de Santiago Xianica, en donde dos elementos de la policía estatal fueron presuntamente torturados y un integrante de la Agen-cia Estatal de Investigaciones falleció. Front Line Defenders expresó su “se-ria preocupación” por esta detención cuando “el uso de delitos fabricados se ha convertido en una estrategia efecti-va para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en Oaxaca”. El Observatorio para la Pro-tección de los Defensores de Derechos Humanos consideró que “no se trata de un incidente aislado, sino que se enmarca en un patrón de ataques sis-temáticos en contra del CODEDI en los últimos 21 meses, incluyendo cinco ase-sinatos, dos intentos de asesinato, seis detenciones arbitrarias, tres incidentes de allanamiento y robo, así como ame-nazas permanentes y la militarización de la zona en que se encuentra el (...) CODEDI”.

Otra situación que genera preocu-pación en materia de derechos huma-nos, en agosto, a un año de la emisión de la AVG en 40 municipios de Oaxaca, varias organizaciones informaron que

126 mujeres fueron asesinadas en este plazo. Consideran que esta cifra im-plica que la AVG “no marcó una dife-rencia” cuando un 60% de los casos se dieron en municipios que cuentan con la misma. Llamaron al gobernador a que se reúna inmediatamente con los presidentes municipales de la entidad para que se aplique la AVG como se debería. Igualmente, pidieron hacer público el presupuesto destinado a su implementación así como un informe detallado de sus resultados.

En cuestiones vinculadas a tierra y territorio, a un año del derrame de la presa de jales por fuertes lluvias, en octubre, los habitantes de Magdalena Ocotlán denunciaron que las autori-dades no han atendido seriamente el caso. Aunque hubo una sanción de 800 mil pesos a la empresa, consideran que hasta la fecha el lodo tóxico sigue contaminando el río y generando en-fermedades. La compañía canadiense Fortuna Silver Mines que tiene 26 con-cesiones mineras en 35 municipios de los Valles Centrales de Oaxaca, entre ellos la Minera Cuzcatlán, rechazó “las falsas acusaciones” y afirmó cumplir con “la legislación y las disposiciones en materias fiscal, ambiental, de sa-lud, laboral y social”. Además planean ampliar esa misma minera a más de 7 mil hectáreas. El presidente munici-

pal de Ocotlán exigió la cancelación de los permisos para esa ampliación así como la atención inmediata de los problemas provocados por el derrame.

GUERRERO: Ayotzinapa y la “podredumbre” del sistema de justicia

En septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos de Goberna-ción, Alejandro Encinas, informó que fueron liberados 24 inculpados por su presunta participación en la des-aparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, en 2014. Agregó que van 77 personas liberadas, de las 142 que habían sido detenidas. Consideró que ello constituye una “afrenta a las vícti-mas, a los padres de familia y una bur-la a la justicia”; aseveró que “muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país”.

En noviembre, las familias de los 43 sostuvieron una reunión con el presi-dente AMLO e integrantes de la Co-misión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso. El mandatario les refrendó su compromiso de hacer todo lo posible para dar con el paradero de los normalistas. Alejandro Encinas, declaró que el expediente del caso está

Organización Sol Rojo en el Istmo de Tehuantepec, octubre de 2019© SIPAZ

Informe 8

ACTUALIDAD

en “un proceso de reconstrucción total (...) adolece de muchas fallas en la for-ma en que se integró”. Adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) está preparando los elementos para ci-tar a declarar a los funcionarios invo-lucrados en la construcción del caso. Poco después, varios sujetos descono-cidos incendiaron intencionalmente las instalaciones de la ex comandan-cia de la policía municipal en Iguala, donde se guardaban documentos rela-cionados con la desaparición de los 43.

Defensores de derechos humanos: En riesgo permanente

En septiembre, despareció el líder sindical y activista comunitario de Cocula, Óscar Hernández Romero. El sindicato United Steelworkers (USW), Estados Unidos, dio a conocer “que Hernández se opuso a la compañía mi-nera canadiense Torex Gold Resources, que en 2018 prohibió una campaña de sindicalización de los mineros” de la mina Media Luna. “Tal campaña fue

suspendida después de que tres parti-darios [de la sindicalización] fueron asesinados. Y hasta ahora nadie ha sido arrestado”, abundó. Declaró que “el gobierno mexicano debe actuar de inmediato para localizar a Óscar Her-nández Romero e investigar el asesina-to de los trabajadores.”

En octubre, organizaciones civi-les expresaron su “profunda preo-cupación” por las declaraciones del extitular de la Procuraduría General del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, contra el abogado del Cen-tro de Derechos Humanos de la Mon-taña “Tlachinollan”, Vidulfo Rosales, “a quien acusa de obstaculizar las in-vestigaciones y lucrar con la defensa de las familias de los 43 normalistas desaparecidos”. Afirmaron que las de-claraciones parecen querer “desviar la atención y así evitar que las autorida-des estatales de Guerrero sean investi-gadas”.

El 20 de noviembre, fue hallado en Tlapa de Comonfort, el cadáver del activista y dirigente del Frente Po-pular de la Montaña (FPM), Arnulfo

Cerón Soriano, quien se encontraba desaparecido desde el 11 de octubre. Tlachinollan lamentó que el caso no fuera atendido en forma inmediata sino hasta escalar a nivel internacio-nal: “esta falta de debida diligencia en las primeras horas que siguieron la denuncia, sumada al contexto de ma-crocriminalidad, violencia extrema, corrupción e impunidad que caracteri-zan al estado de Guerrero hacen a este caso muy complejo”.

En noviembre, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunita-rias - Policía Comunitaria (CRAC-PC) denunció la criminalización y perse-cución de sus integrantes por el poder judicial después de la “contra reforma impulsada por el Gobierno Estatal que abrogó las disposiciones legales (...) referentes a las facultades de la CRAC-PC para procurar impartir y adminis-trar justicia, circunstancia que socava nuestra institución comunitaria y ge-nera un marco permisible para la cri-minalización y persecución de nuestro sistemas normativos” n

En Europa:A la cuenta de SIPAZ en HolandaNombre del Banco: ING BankA nombre de “Servicio Internacional para la Paz”BIC: INGBNL2AIBAN: NL75INGB0004602969

En América del Norte:SIPAZ, INC.P.O. BOX 6754MINNEAPOLIS, MN 55406, EEUU E-mail: info_sz@sipaz.org Tel.: (+1.530)-892-0662

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Manifestación de la CRAC PC en Chilpancingo, Guerrero, noviembre de 2019 © SIPAZ

Manifestación de la CRAC PC en Chilpancingo, Guerrero, noviembre de 2019 © SIPAZ

Diciembre de 20199

ENFOQUE

“La ausencia de espacios de diálogo permanentes entre el Estado y los pueblos indígenas, hacen que

la consulta de un proyecto de inversión sea el único espacio donde se pretenden solucionar todas las

demandas históricas de los pueblos indígenas, y por tanto la exigencia sobre los proyectos de inversión se

hace muy pesada.” 1

A medianos del mes de noviembre del presente año, el gobierno de la “Cuarta Transforma-ción”, convocó a las autoridades e institucio-nes representativas de los municipios y las comunidades indígenas pertenecientes a los

pueblos indígenas Maya, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, entre otros, de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ubicados en el área de influencia del “Pro-yecto de Desarrollo Tren Maya”, así como a la ciudadanía en general de dichos estados, a participar en el proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciu-dadano sobre dicho proyecto.

La consulta indígena pretende establecer un diálogo con aproximadamente 3.400 comunidades indígenas, atravesa-do por varias fases y destacando 15 asambleas regionales, con el fin de recibir sus opiniones y establecer acuerdos respecto a la participación de los pueblos que están en la zona de influencia del proyecto, tanto en su implementa-ción como en la distribución “justa y equitativa” de los be-neficios.

1 Invitación A Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta No. Tmfon-Ea/19-S-01

El proyecto en las palabras del gobierno

Según los datos oficiales, “el tren maya es un proyecto integral de ordenamiento territorial, infraestructura, creci-miento económico y turismo sostenible.” Considera conectar las principales ciudades y circuitos turísticos en los cinco estados del sureste mexicano de la región maya, por medio de 1.460 km de vía férrea y 18 estaciones de tren. El principal objetivo enunciado es “el bienestar social de los habitantes de la Zona Maya” a través de la potencial generación de em-pleos, la detonación de la economía de la zona y el desarro-llo de infraestructura con servicios básicos para mejorar la calidad de vida de la gente de la región.

Según el gobierno, “el Tren Maya implica la implemen-tación de un nuevo paradigma en turismo que no solo busca preservar los ecosistemas, sitios turísticos y culturas locales en la medida de lo posible, sino también generará un con-texto que propicie el reconocimiento y respeto de los pueblos originarios y la ecología de la región; además de integrar a la población en la dinámica de crecimiento económico.”

Durante el día, la vía férrea será usada para transportar pasajeros locales y turistas, y en la noche para mover carga. “Esto facilitará el flujo comercial de productos locales para satisfacer la demanda regional y optimizar los costos de transporte.” Se piensa construir el tren en diferentes fases y tiempos; así “durante el 2019, se rehabilitarán las vías del tren obsoletas que van de Palenque a Valladolid, tramo que representa la mitad de la ruta. Y en 2020 se dará inicio a la construcción de los tramos de Selva y Caribe II.” Tienen con-templado construirlo en cuatro años e iniciar su operación

Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el proyecto de Tren Maya

Líneas ferroviarias en Palenque Chiapas en la actualidad © SIPAZ

Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el proyecto de Tren Maya

Informe 10

ENFOQUE

en 2024. El proyecto en sí tendrá una inversión de 120 mil mi-

llones de pesos. El financiamiento será ejecutado por un modelo mixto público-privado. Cuando el gobierno anun-ció el proyecto pensaron en un financiamiento público de un 10%, pero en octubre del presente año dieron a conocer que esta cifra será probablemente alrededor de un 40% de dinero público, quedando el resto para la inversión priva-da2. En noviembre de este año el presidente afirmó “que en un principio se había pensado financiar la construcción del Tren Maya mediante créditos, pero aclaró que gracias a los ahorros logrados por su administración en el primer año de gobierno la obra se va a pagar con el presupuesto del 2020 para no generar más deuda al país.”

El proyecto cuenta con el respaldo de la ONU-hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El secretario de Comercio del gobierno de Esta-dos Unidos, Wilbur Ross, informó que “están dispuestos a invertir y a ayudar para que se construya el Tren Maya y otras obras de infraestructura en el sureste [de México]”.

Segunda consulta hacia la implementación del proyecto

El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya se

2 El reporte regional: Convenio núm. 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y tribales en Países independientes [Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile] y la consulta previa a los pueblos indíge-nas en proyectos de inversión

realizará un año después que se llevó a cabo otra consul-ta “general” o “ciudadana”, en la que participaron 946.081 personas y un 89.9% votó a favor del proyecto. En su mo-mento, diferentes comunidades, activistas, organizaciones y académicos criticaron que faltaba una consulta específi-camente indígena.

Después de esta consulta ciudadana, el 16 de diciembre de 2018, AMLO dio inicio oficial al programa de la cons-trucción cuando, por medio de un ritual maya, AMLO pidió permiso a la Madre Tierra. Para mayo de 2019, el Fondo Na-cional de Fomento al Turismo (Fonatur), publicó las bases de licitación para la contratación de los servicios a la inge-niería básica del Tren. Ganó el consorcio integrado por SE-NERMEX Ingeniería y Sistemas, Daniferrotools, Geotecnia y Supervisión Técnica y Key Capital, por un monto de poco más de 298 millones de pesos.

Posteriormente, y en varias ocasiones, el presidente se pronunció sobre el proyecto presentándolo como un hecho. En septiembre del 2019, expresó que “es una obra aceptada por la mayoría de los habitantes de los estados de Yucatán, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, hay acep-tación3”. Durante un evento en Campeche mencionó que “truene, llueva o relampaguee, griten o pataleen, el Tren Maya va por qué va”. En otros momentos afirmó lo con-trario: por ejemplo en relación con la consulta indígena en puerta dijo que “si la gente dice no, hasta ahí llegamos; el pueblo manda”…

Convenio 169 OIT: Base teórica -más no práctica- de la consulta indígena en el caso

Desde que anunciaron el plan del Tren Maya, el direc-tor del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, ha mencionado en varias ocasiones la im-portancia de una consulta previa, libre e informada, acorde a los términos del Convenio 169 de la Organización Inter-nacional del Trabajo (OIT). Este Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, fue adoptado en 1989 y ratificado por México en 1990. Define a la consulta como un derecho hu-mano de titularidad colectiva, con alcance específico para los pueblos indígenas. Existen también otras leyes y decla-raciones, como la Declaración de las Naciones Unidas so-bre los Derechos de los Pueblos Indígenas que respaldan dichas consultas.

Todos estos textos implican que una consulta indígena es un requisito para que el gobierno mexicano pueda ini-ciar un megaproyecto, como el Tren Maya. En noviembre de 2019, Adelfo Regino una vez más señaló “que el propósito de realizar una consulta ciudadana [leer indígena] para iniciar la construcción del Tren Maya es con el fin de cumplir lo que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y para escuchar la voz del pueblo (…) el convenio 169 de la OIT establece el deber de hacer consultas antes de que se hagan medidas legislativas o administrativas

3 La Cuarta Transformación llegó a todas las comunidades de Yuca-tán, afirma presidente López Obrador en Mérida

Diciembre de 201911

ENFOQUEque tengan un impacto en los pueblos y comunidades indí-genas.”

Una revisión del “protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformi-dad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, elaborado por la Comisión Na-cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora INPI, demuestra que una de los condiciones básicas para una consulta indígena es que la consulta se lleve a cabo previamente al inicio de las medidas, autorizaciones, concesiones, permisos o las acciones que se pretenden im-pulsar. Es decir durante el diseño del proyecto4.

Desafíos y críticas a las consultas

Tanto en este caso como en otros proyectos planteados por el gobierno de AMLO, diferentes sectores de la sociedad civil denunciaron que les parece que “se usan procesos de consulta que buscan legitimar decisiones ya tomadas, sin la participación de los pueblos afectados.”

Debemos tomar en cuenta, como lo muestra un repor-te regional de la OIT que “uno de los principales obstáculos para la implementación de la consulta previa en América Latina ha sido el alto nivel de desconfianza existente entre las partes que interactúan en estos procesos (Estado, pueblos indígenas y privados), lo que dificulta el diálogo y la genera-ción de acuerdos.” Según el reporte “tanto[s] el[los] Estado[s], como las empresas han sido lentas en comprender que un proceso de consulta, no es solo informar y proponer medidas de compensación, sino que en muchos casos realizar cambios importantes al proyecto de inversión incorporando a los pue-blos indígenas en los beneficios. A su vez, las empresas deben comprender que una consulta previa también puede concluir que determinado proyecto no es conveniente para el territo-rio. En relación a los aspectos institucionales, se aprecia que la falta de estructuras de consulta, de procedimientos oficia-les y de equipos capacitados para desarrollar estos procesos, también constituye una gran dificultad al desarrollar proce-sos de consulta5.”

En México, las consultas indígenas realizadas, como lo del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (Tren Transístmico), o la Consulta para la Reforma Consti-tucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, o la (por llevarse a cabo en el caso) del Tren Maya, están en línea con las dificultades mencionadas an-teriormente.

Por ejemplo, las organizaciones y comunidades que in-tegran la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de

4 Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comu-nidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

5 El reporte regional: Convenio núm. 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y tribales en Países independientes [Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile] y la consulta previa a los pueblos indíge-nas en proyectos de inversión

los Pueblos de Oaxaca (REDECOM) y organizaciones adhe-rentes hablaron sobre una consulta “exprés” para el Progra-ma de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. “Consideramos que la urgencia con la que se pretende implementar, impide que los pueblos y las comunidades nos informemos de mane-ra adecuada y utilicemos nuestros propias formas de organi-zación comunitaria y de construcción de acuerdos, como la Asamblea Comunitaria”, destacaron.

La Red Mexicana de Afectadas(os) por la Minería (REMA), afirmó por su parte que “las consultas no son infor-madas, sino manipuladas. El desequilibrio en la relación de poder inicia con el control de información. El cerco mediático institucional genera un linchamiento social de cara a presio-nar a los opositores del proyecto, está generando divisiones y violencia en donde no las había y, además, la información que llega a las comunidades es insuficiente, ininteligible y sin valor de uso para que las comunidades puedan tomar bue-nas decisiones.”6

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su “Nota técnica sobre la consulta y el consentimiento libre, pre-vio e informado de los pueblos indígenas en México” publi-cada en marzo de 2019, llamó al gobierno a cumplir con los estándares internacionales de consultas indígenas en cues-tión de megaproyectos en sus territorios. Subrayó que “los procesos de consulta ciudadana diseñados para la población nacional en general no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los están-dares internacionales de derechos de los pueblos indígenas”; Derechos específicos “que derivan del carácter distinto de los modelos e historias culturales de los pueblos indígenas, y porque los procesos democráticos corrientes no suelen bastar para atender a las preocupaciones particulares de los pue-blos, que por lo general están marginados en la esfera polí-tica”.

6 Comunicado | Las Consultas “Buenas” No Existen “Basta De Engañar a los Pueblos”

Informe 12

ENFOQUE

En este sentido, llama la atención que a la par de la con-sulta indígena sobre el Tren maya, se convoque al mismo tiempo a la ciudadanía en general para participar en un ejercicio participativo ciudadano, que tendrá por objeto de “facilitar consensos sociales que contribuyan a mantener las condiciones de unidad y la cohesión social, promover el fortalecimiento de las instituciones de gobierno y la gober-nabilidad democrática.” Existe la preocupación de que la opinión de los pueblos indígenas quede como “minoritaria” y por lo tanto “prescindible”.

¿Quiénes deben ser consultados?

El Convenio 169 estipula que los pueblos indígenas de-ben ser consultados a través de sus instituciones repre-sentativas. Tomando en cuenta las características del país, las especificidades de los pueblos indígenas y el tema y el alcance de la consulta, se puede determinar cuáles son las instituciones representativas. Dependiendo de las circuns-tancias, la institución apropiada puede ser representativa a nivel nacional, regional o comunitario; puede ser parte de una red nacional o puede representar a una única comu-nidad. Un criterio importante es que la representatividad debe determinarse a través de un proceso del que sean par-te los mismos pueblos indígenas.

Al respecto, también existen desafíos planteados en el informe regional de la OIT, mencionado anteriormente. Indica que según diferentes estudios “las organizaciones indígenas y sus representantes son permanentemente cues-tionados por sus pares, lo que dificulta el establecimiento de acuerdos duraderos.”

¿Cómo deben ser consultados y cómo van a ser consultados?

En la cronograma del proceso de consulta del Tren Maya publicado por el gobierno, podemos constatar que, en comparación con la consulta indígena o también lla-madas “Asambleas Regionales Consultivas sobre la creación del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, las diferentes etapas del proceso de la consulta están dividas en el transcurso de un mes. Una de las razones por la cual diferentes organizaciones y comunidades hablaron sobre una consulta “exprés” en Oaxaca, fue porque cada asamblea duró sólo un día.

En una de sus conferencias de prensa matutinas, el pre-

sidente rescató que durante las asambleas regionales con-sultativas, la población de Juchitán votó a mano alzada en favor del proyecto en el Istmo. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, una consulta conforme con el convenio 169, no buscará una votación cuyo resultado se limite a “estar a favor o estar en contra”. Más allá de ésto, el REMA destacó que “las consultas no incluyen el ‘consentimiento vinculan-te’. La decisión de la comunidad no determina el futuro del proyecto, porque la consulta es un requisito administrativo que requiere su ejercicio para proyectos que ya se encuentran en etapas muy avanzadas en la generación de intereses.”

Oficialmente, la consulta sobre el tren maya inició el 15 de noviembre pasado, con una “etapa informativa”. Los días 29 y 30 de noviembre, se realizarán 15 Asambleas Regiona-les Informativas antes de declarar abierta la fase delibera-tiva en la que se podrán realizar reuniones o asambleas en las comunidades para reflexionar sobre la información re-cibida y construir propuestas, sugerencias o planteamien-tos sobre el proyecto.

Posteriormente, 15 Asambleas Regionales Consultivas se celebrarán los días 14 y 15 de diciembre del presente año para recibir dichas sugerencias o planteamientos, mismos que también podrán ser recibidos por medio de un correo electrónico o directamente en instalaciones del INPI.

A diferencia de las anteriores, la consulta indígena so-bre el Tren Maya se acerca un poco más a lo que prescribe el convenio 169 sobre los procedimientos apropiados que plantea que el gobierno “debe darse tiempo suficiente a los pueblos indígenas para que organicen sus propios procesos de toma de decisiones y participen de manera eficaz en las decisiones adoptadas de forma coherente con sus tradiciones culturales y sociales”.

Sin embargo “en términos de consentimiento con plena información, se podría lograr hipotéticamente (la consulta), pero conociendo cómo son los procesos en particular con las cosmovisiones y los procesos comunitarios, yo no veo que sea viable hacerlo en tan corto tiempo. O sea, es posible, pero no viable”, indicó el extitular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Ernesto Enkerlin Hoeflich, en entrevista con el periódico El Universal.

Tren maya: ¿Proyecto verde y sustentable?

Otro requisito legal que se debe de cumplir es la auto-rización de Impacto Ambiental (AIA). El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó al respecto que, “todo proyecto de este tipo requiere autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En el caso de vías Férreas, debe que presentarse una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en modalidad regional”. En lo que al Tren maya se refiere, estos requisitos tampoco se han cumplido en su totalidad7, lo cual resulta preocupante y difícilmen-te se tendrá antes de la consulta indígena como elemento

7 Invitación A Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta No. Tmfon-Ea/19-S-01

Líneas ferroviarias en Palenque Chiapas en la actualidad © SIPAZLíneas ferroviarias en Palenque Chiapas en la actualidad © SIPAZ

Diciembre de 201913

ENFOQUEa tomar en cuenta. También resulta paradójico, cuando el proyecto plantea buscar un “desarrollo verde”, adentro y/o cerca de varios Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Sin embargo diferentes académicos han publicado es-tudios de impacto ambiental, entre ellos un estudio sobre el impacto a las ANP Calakmul y Balam-kú en Campeche. Concluyeron que “tanto la construcción del Tren Maya, como el desarrollo urbano-turístico propuestos por FONA-TUR, causaran efectos negativos sobre las funciones ecológi-cas de las ANP de Calakmul y Balam-kú (…) las tendencias de perdida y fragmentación del hábitat, así como causará efectos de barrera (bloqueo y atropellamiento) y de borde (ruido y vibraciones)”8.

El gobierno ha anunciado que “utilizarán derechos de vía existentes, respetarán las reservas ambientales”, que construirán pasos de fauna y protegerán los corredores biológicos9. Estos métodos de mitigación también se men-cionan en el mismo estudio de académicos, sin embargo afirman que “no obstante la implementación de estas medi-das, existen puntos críticos en el tramo Los Laureles-Consti-tución, como la cueva de los murciélagos, cuyo deterioro no es compensable con medidas de mitigación convencionales. Además, la principal función ecológica de las ANP en este tramo, que consiste en dar continuidad a la flora y fauna de la región, es incompatible con el actual diseño del proyecto urbano-turístico”.

En las Reservas de la Biosfera de Calakmul, y otros como Sian ka’an y los Petenes, “está prohibido realizar el cambio de uso de suelo, fundar nuevos centros poblacionales y llevar a cabo proyectos de desarrollo, puesto que su finalidad prin-cipal es la conservación de sus características ambientales”, señala además Cemda.

Proyecto de Reordenamiento Territorial del Sur-Sureste

El proyecto del Tren Maya está relacionado con el pro-grama Sembrando Vida, pero no solo para la reparación de daños ambientales por medio de la reforestación. AMLO explicitó que el Tren maya, el corredor Transístmico y Sem-brando Vida entre otros “proyectos regionales de desarrollo” servirán como “cortinas” para “captar el flujo migratorio en su tránsito” hacia Estados Unidos y “anclar a quienes huyen de la pobreza” en estas regiones.

El tren maya, según las investigadores de Geocomunes, es un “proyecto mucho más amplio y complejo: el Proyecto de Reordenamiento Territorial del Sur-Sureste. Se trata de un gran proyecto regional conformado por una multiplicidad de otras iniciativas (entre las que se encuentra el Tren Maya, Sembrando Vida, las Zonas Económicas Especiales (ZEE), y el corredor transístmico), hacia un objetivo de largo aliento y aún inconcluso: el control, reparto e instrumentalización

8 Impacto de la Vía Férrea y del Crecimiento Turístico Asociado al Tren Maya; medidas de mitigación y cambios al diseño para las reservas de Calakmul y Balam-kú

9 Procesos de consulta para el tren maya

neoliberal de territorios y pueblos de la península.” Este pro-yecto más amplio puede resultar muy abstracto para las co-munidades indígenas consultadas sobre el tren maya si es que les ofrecen esta información.

¿Proyecto turístico como desarrollo?

Conforme con el Proyecto de Nación 2018-2024 del parti-do Morena, “los sitios arqueológicos de la cultura maya y las comunidades que las rodean deben ser integradas al desa-rrollo nacional para conservarse mejor y mejorar la competi-tividad de nuestra oferta turística”.

La Fonatur informó en octubre del presente año, a través del diario Reforma que el lanzamiento de la Fibra del Tren Maya se retrasará, debido a las dificultades en las negocia-ciones con los ejidatarios cuando quedaron conformados seis de los 18 fideicomisos en las estaciones previstas: Es-cárcega, Campeche; Izamal y Valladolid en Yucatán; Cobá, Quintana Roo; Palenque, Chiapas. Rescatamos que nueva-mente estos acuerdos fueron logrados antes de una consul-ta indígena formal.

A pesar de que existen diferentes pronunciamientos por parte de los funcionarios públicos al respecto se espera que el incremento de los flujos de visitantes sea exponencial. Más allá del desarrollo, se tendría que revisar que significa-rá esto para las comunidades y la población afectada.

Habitantes de la zona se han pronunciado, refiriéndose con temor ante lo que ocurrió en otros lugares turísticos como Cancún, donde, según una entrevista de Animal Po-lítico, “la gente maya solo ha obtenido malos empleos, des-pués de perder sus tierras. Para ellos siguió la pobreza y la desigualdad. Las zonas se han vuelto foco de violencia y el turismo ha traído problemas como el narcotráfico y la trata de personas”. 

Horizontes

Se puede constatar que existen serias dudas sobre los procesos adecuados de consultas, en un proyecto como el del tren maya. Claramente las etapas previas a la consulta en curso no lograron respetar varias leyes, tratados y con-venios ratificados por México con el fin de reconocer y pro-teger a sus pueblos indígenas. Que el gobierno aún no haya cumplido con los demás requisitos, entre ellos un estudio de impacto ambiental o de mercado, es particularmente preocupante cuando la etapa informativa está ya en pro-greso. Se teme además que los ingresos que se generen no queden en manos de las comunidades mismas. También podría generar más divisiones en las ya lastimadas comuni-dades indígenas tanto durante el mismo proceso de consul-ta como al darse el proyecto, con recursos que beneficien a unos más que otros, desgajando los valores de comuna-lidad y solidaridad que han venido sosteniendo a los pue-blos, otros elementos a valorar para decidir si conviene o no avalar el proyecto n

Fuentes y Enlaces,

accesibles en www.sipaz.org

Informe 14

ARTÍCULO

“Lo que estamos defendiendo va más allá del manejo de recursos

económicos.”Comuneros de

San Mateo del Mar

Con megaproyectos como el Corredor Transístmi-co, que conectará los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos

(Veracruz), 47 mil hectáreas ya conce-sionadas para la minería, 28 parques eólicos y su gran biodiversidad, el Ist-mo de Tehuantepec es zona prioritaria para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No obstante, se ubica en el foco de atención, al ser zona de fuerte organización comuni-taria para la defensa de la tierra y el territorio, con un alto registro de ame-nazas y agresiones a defensores de de-

rechos humanos y periodistas. En este marco, entre el 15 y 19 de

octubre de este año, una Misión Civil de Observación de organizaciones na-cionales e internacionales, periodistas y representantes diplomáticos, visitó a distintas comunidades organizadas en el Istmo, y documentó la situación de personas defensoras en esta zona. También pretendió “compartir herra-mientas para la defensa y protección de las personas defensoras de derechos humanos”, explicó el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género (Consorcio Oaxaca), co-con-vocante de la misión, añadiendo que otra intención es “conocer e intercam-biar experiencias para colaborar y crear una red de ayuda” con “un enfo-que específico sobre mujeres defenso-ras”.

El gobierno de AMLO ha definido

como zona prioritaria el Sur del país por ser una de las más pobres, ofre-ciendo como eje de “desarrollo”, mega-proyectos que de por si venían siendo una de las mayores causas de conflic-tividad. Tanto el impacto en la vida co-tidiana, como las afectaciones sociales y medioambientales en las comunida-des visitadas, entre ellas Unión Hi-dalgo, Santa María Mixtequilla, Playa Brasil, San Francisco Ixhuatán en Ce-rro Grande, San Mateo del Mar y La Venta, varían mucho, dependiendo del proyecto específico que está o busca entrar a su territorio.

Los eólicos, por ejemplo, generan mucho ruido, a veces “día y noche”, según un habitante de Unión Hidalgo. Pueden llegar hasta 90 decibeles. Los parques se encuentran muy cerca de los poblados, a veces a pocos kilóme-tros. Los pobladores lo relacionan con

Misión Civil de Observación en el Istmo:Amplificando y entrelazando voces

Misión Civil de Observación en el Istmo:Amplificando y entrelazando voces

Diciembre de 201915

ARTÍCULOperjuicios médicos en la población como insomnios y problemas cardia-cos. Los daños más visibles y tangi-bles son medioambientales y sociales. Por un lado, en Unión Hidalgo se ha formado una “elite” de personas que decidieron arrendar su tierra a las em-presas eólicas y así generan mayores ganancias. Por otro lado, los eólicos crean mucha basura. En Juchitán, no hay basurero, razón por la cual las em-presas simplemente dejan su basura al lado de la carretera, a unos kilóme-tros de la ciudad, donde se quema la basura al aire libre. El viento dispersa la basura mientras el humo y el olor se extienden a los alrededores.

En el caso de San Blas Atempa y Santa María Mixtequilla, la refinería de Pemex, que se encuentra en Sa-lina Cruz, lleva el agua con tuberías de esas comunidades. Además de la contaminación medioambiental de la refinería misma, la empresa genera escasez de agua. Los pobladores con-taron incidentes, cuando tuvieron que cerrar unos edificios para que quedara suficiente agua para la cosecha. Du-rante unos meses al año, la demanda de agua de Pemex es tan grande, que prácticamente agota el acceso de la co-munidad al vital líquido durante todo ese tiempo.

En la Ventosa se documentó que el agua y la tierra enrojecieron por la minería. Asimismo, en San Mateo del Mar y San Francisco Ixhuatán, la ex-plotación minera contaminó el agua. Como región marítima, la fuente de vida de muchas personas es la pesca. Además, el agua potable es indispen-sable para la vida. Los municipios se han declarado libres de la minería, pero el gobierno no ha respetado su decisión.

Inicialmente, las empresas se com-prometieron a hacerse cargo de la re-novación de las calles, construir es-cuelas, hospitales o universidades, dar trabajo o lisa y llanamente, dinero. En los casos de las comunidades visita-das, ninguna de esas promesas se han cumplido. Por otro lado, señalan que no han tenido lugar consultas previas, libres e informadas, conforme con el Convenio 169 de la Organización In-

ternacional de Trabajo (OIT).Todas estas situaciones vienen dán-

dose desde hace muchos años. Con el Corredor Transístmico, proyecto plan-teado como prioritario por el gobierno de AMLO, se teme que los impactos sean aún mayores. Hasta la fecha, las comunidades no han sido informadas sobre planes concretos. Tampoco exis-te un estudio sobre el impacto social o ambiental, por lo que abundan espe-culaciones y dudas.

No obstante, las comunidades com-parten una experiencia en la defensa de sus derechos: la búsqueda de legi-timidad de una voz que se anteponga a los intereses del estado y las grandes empresas. Y en esa búsqueda, muchas veces se corre el riesgo de perder la vida o sufrir algún otro tipo de violen-cia. “Ya no podemos salir a la calle en las noches, a veces sentimos que con nuestras voces, por esa resistencia que estamos haciendo de defender lo que es nuestro nos miran feo, nos amenazan, nos intimidan, realmente es una situa-ción muy complicada”. “Efectivamente enfrentan ataques sistemáticos como lo son la criminalización, la difama-ción, el hostigamiento, las amenazas, las desapariciones, las detenciones ar-bitrarias y los asesinatos”, afirmó Con-sorcio.

En 2018, 13 periodistas y activistas fueron asesinados en México, un nú-mero que ya ha sido sobrepasado ha-cia mayo de este año. Por lo menos 14

personas defensoras, fueron asesina-das hasta esta fecha, 10 de ellas en Oa-xaca. No obstante, los pobladores del Istmo afirman que “seguimos en esta lucha, organizándonos y caminando”.

La situación se complica mucho más en el caso de las mujeres, dado que su labor regularmente implica otros tipos de hostigamientos y acoso, por la simple condición de ser mujer. En una sociedad machista, tienen que luchar por la participación en un pro-ceso que les concierne tanto como a los hombres. En caso de lograrlo, deben esforzarse para ser verdaderamente escuchadas, dentro del proceso y por parte de otros actores. Por su simple participación, sufren las mismas for-mas de violencia y algunas manifesta-ciones distintas, adicionalmente moti-vadas por el mismo machismo que les inhibió defenderse inicialmente.

Por esa violencia, esa polarización y esa incertidumbre, es más importante que nunca poner el Istmo en el foco de atención, no sólo por las oportunida-des económicas que ofrece, sino tam-bién por su fuerza comunitaria y por las consecuencias reales que tienen proyectos de desarrollo. Cabe recor-dar que hay voces que casi nunca se escuchan, que hablan de otra manera de tratar la tierra y definir el progreso y el desarrollo. Una Misión Civil de Ob-servación es una forma para amplifi-carlas y entrelazarlas n

Misión Civil de Observación de organizaciones nacionales e internacionales, periodistas y representantes diplomáticos al Istmo de Tehuantepec, octubre de 2019© SIPAZ

Misión Civil de Observación de organizaciones nacionales e internacionales, periodistas y representantes diplomáticos al Istmo de Tehuantepec, octubre de 2019© SIPAZ

Informe 16

ACTIVIDADES DE SIPAZ De mediados de agosto a mediados de noviembre de 2019

PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTOCHIAPASMisiones Civiles de Observación - En octubre, participamos en una Mi-

sión Civil de Observación en Campeche

para visitar a las familias guatemaltecas

que llevan más de 28 meses desplazadas

en México, luego que, en junio de 2017,

la comunidad de Laguna Larga fuera vio-

lentamente desalojada por el ejército

guatemalteco.

Altos - En agosto, acompañamos a las familias

desplazadas de Banavil, municipio de

Tenejapa, a más de 7 años de los hechos

violentos que suscitaron su desplaza-

miento forzado, en una cita con auto-

ridades estatales y locales donde se re-

visó su caso. Igualmente, acompañamos

su regreso provisional a su comunidad

donde quisieron festejar el día de los

muertos.

Selva Norte - En octubre y noviembre, estuvimos

presentes como observadores en mesas

interinstitucionales en las que se valoró

cómo proseguir con el proceso que per-

mitiera iniciar un proceso de consulta

para ver si mantenerse en el sistema de

partidos políticos o pasar a la realización

de elecciones municipales por la vía de

los usos y costumbres en el municipio

de Chilón.

- En noviembre, estuvimos presentes en

la conmemoración del 13º aniversario de

la masacre de Viejo Velasco, que se lle-

vó a cabo en la comunidad San Martín

Chamizal, municipio de Palenque, a invi-

tación de Xi’Nich y otras organizaciones

civiles y sociales.

Fronteriza - En octubre, participamos en una reu-

nión de análisis con varios actores civiles

y religiosos de la zona para hablar del

contexto prevaleciente en la región.

Género - A mediados de agosto, acompañamos

como observadores la marcha convo-

cada en San Cristóbal de la Casas para

expresar indignación y duelo frente a fe-

minicidios, trans feminicidios y violencia

de género.

- En agosto, estuvimos presentes en la

conferencia de prensa en la que la Cam-

paña Popular contra el Feminicidio en

Chiapas manifestó su “repudio” frente a

la “falta de compromisos de los Gobier-nos de los distintos niveles, ante el grave incremento de la violencia feminicida en Chiapas y en todo el país”. - En octubre, en Ocosingo, estuvimos

como observadores en el evento de

disculpa pública por parte del gobierno

mexicano a las hermanas González Pé-

rez, al reconocer la responsabilidad del

Estado por la tortura sexual de parte de

militares de la que fueron víctimas hace

25 años.

Presos - Por lo menos una vez al mes, visitamos

a los presos indígenas organizados en las

organizaciones “Solidarios de la Voz de Amate” y “La Voz de Indígenas en Resis-tencia”, ambos grupos adherentes a la

Sexta Declaración de la Selva Lacandona

del Ejército Zapatista de Liberación Na-

cional (EZLN) en la cárcel de San Cristó-

bal de Las Casas.

Eventos - En septiembre, acompañamos la ma-

nifestación pacífica realizada en San

Cristóbal de Las Casas, en el marco de la

Movilización Mundial por el Clima parte

del movimiento global que convoca la

sueca Greta Thunberg.

- En octubre, estuvimos presentes en la

Jornada de Información y Debate sobre

el Tren Maya, convocada por el Centro

de Estudios Superiores de México y Cen-

troamérica (CESMECA) en San Cristóbal

de Las Casas.

- En noviembre, en San Cristóbal de Las

Casas, participamos como observado-

res en el evento en el que el Instituto

Nacional de Migración (INM) ofreció

una disculpa pública a cuatro indígenas

chiapanecos tzeltales, quienes fueron

detenidos por elementos del INM, tor-

turados y casi deportados en 2015.

OAXACA - En noviembre, participamos en una

Misión Civil convocado por distintas

organizaciones civiles centrada en la

situación del Istmo de Tehuantepec. La

Misión inició con una serie de activida-

des en la Ciudad de Oaxaca, incluyendo

la presentación del Informe “es Tiempo YA: Políticas públicas eficaces para el derecho a defender los derechos huma-nos”, el conversatorio “La Protección de Personas Defensoras de derechos hu-

manos y criminalización de la defensa en Oaxaca: contexto y herramientas”, y

la visita a la cárcel del defensor ambien-

talista Pablo López Alavéz. En el Istmo,

se realizaron visitas a diversas comuni-

dades entre ellas Unión Hidalgo, Santa

María Mixtequilla, Playa Brasil, San Fran-

cisco Ixhuatán y La Venta.

GUERRERO - En agosto, estuvimos en Guerrero por

una semana. En Tlapa de Comonfort, nos

reunimos con integrantes del Centro de

Derechos Humanos de la Montaña Tla-

chinollan y de Enlace Comunicación y

Capacitación. Cerca de Acapulco, en-

trevistamos a Julián Blanco, líder del

Consejo de Ejidos y Comunidades Opo-

sitoras a la Presa la Parota (CECOP). Tam-

bién, acompañados por integrantes del

Centro Regional de Derechos Humanos

“José María Morelos y Pavón”, nos reu-

nimos con víctimas de desplazamiento

forzado interno de los municipios de

Leonardo Bravo, Zitlala y Eduardo Guerri

de la Sierra de Guerrero refugiados en la

cabecera de Chichihualco. Previamente,

en la Ciudad de México, nos reunimos

con integrantes de la Asociación Gue-

rrerense Contra la Violencia hacia las

Mujeres A.C. y de Taller de Desarrollo

Comunitario (TADECO), organizaciones

que trabajan en Guerrero.

- En noviembre, realizamos nuevamen-

te una gira de una semana en Guerrero.

Nos reunimos con Marina Reyna Agui-

llar, de la Asociación Guerrerense Con-

tra la Violencia hacia las Mujeres A.C.,

así como con miembros de Tlachinollan,

del Colectivo contra la Tortura y la Im-

punidad y del Centro Regional de Dere-

chos Humanos “José María Morelos y Pa-vón”. Tuvimos una cita en la Comisión de

Búsqueda para conocer más de su labor

y tener información respecto a los avan-

ces en el caso del activista Arnulfo Ce-

rón Soriano, desaparecido en Tlapa de

Comonfort el pasado 11 de octubre. En

Chilpancingo, acompañamos la marcha

en la que más de mil integrantes de las

5 Casas de Justicia de la Coordinadora

Regional de Autoridades Comunitarias

- Policía Comunitaria (CRAC-PC), exigie-

ron la derogación del artículo 14 la Ley

701, el cual, según denuncian, vulnera los

derechos de los pueblos indígenas, en

particular, la vigencia de su propio siste-

ma de seguridad y justicia comunitario.

INFORMACIÓN y FORMACIÓN HACIA LA ACCIÓNEDUCACIÓN PARA LA PAZ - En septiembre, realizamos una presen-

tación de contexto con el grupo de nue-

vos cooperantes del programa alemán

de voluntariado Weltwärts.

- En septiembre, dimos una ponencia ti-

tulada “Poniendo a dialogar el concepto de Paz con el de Derechos Humanos: re-flexiones hacia acciones más integrales y de mayor impacto” con el personal de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos

(CEDH) en Tuxtla Gutiérrez.

- En septiembre, facilitamos un espacio

de análisis de la realidad con los partici-

pantes del Encuentro de Constructores

y Constructoras de Paz y Reconciliación,

que se llevó a cabo en el municipio de

Cancuc.

- En agosto y noviembre, proporciona-

mos talleres a niños y jóvenes en Aca-

pulco - Guerrero, sobre transformación

positiva de conflictos y opciones no vio-

lentas de lucha, espacios coordinados

por el Colectivo contra la Tortura y la

Impunidad (CCTI).

ARTICULACIÓN - En octubre, conjuntamente con quie-

nes conformamos la Plataforma Global

de Prevención del Conflicto Armado

(GPPAC) - Región América del Norte,

co-convocamos, co-coordinamos y

co-facilitamos el Foro de Intercambio

de Experiencias. Después del mismo,

sostuvimos la asamblea anual de copar-

tes en la región.

- En noviembre, estuvimos varios días en

la Ciudad de México en el encuentro de

copartes del Comité Central Menonita

(CCM) titulado “Contexto mexicano y construcción de paz: retos y desafíos” n