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InformeServicio Internacional para la Paz Mayo de 2013 Vol XVIII, N° 2

to, bajo una dirección civil y con mecanismos de rendición de cuentas.

El Estado mexicano, que en octubre de este año será evaluado en materia de derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, también tendrá que presentarse este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por varios casos ocurridos en administraciones pasadas. Uno de ellos es el de más de 20 muje-res torturadas y violadas durante el operativo de fuerzas federales, estatales y municipales, en mayo de 2006, en San Salvador Atenco, Estado de México. Fueron consignados policías de rangos menores, sin embargo, no se finca-ron responsabilidades de mandos superiores, aunque incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció las violaciones cometidas por las autoridades de los diferentes niveles. Un elemento particular del caso es que en ese momento, el actual Presidente de la Re-pública era gobernador del Estado de México.

ÍNDICE

1. ACTUALIDADMéxico - en la mira internacional en materia de derechos humanos

7. ENFOQUELa insostenibilidad del modelo de minería extractiva

11. ARTÍCULOAlberto Patishtán - El preso al que más gobernadores de Chiapas han prometido o avalado su liberación

12. ACTIVIDADES DE SIPAZDe mediados de febrero a mediados de mayo de 2013

A principios de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió por primera vez como titular del Ejecutivo federal con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En el primer acercamiento de los dos manda-tarios fueron tratados varios temas de la agenda bilateral, y surgieron propuestas de mecanismos de colaboración en asun-tos económicos y de educación, lo que –posteriormente- fue interpretado como un intento de “desnarcotizar” la agenda x

De manera general, si bien el gobierno federal anunció que va a haber cam-bios en la estrategia de seguridad y

que se ha reducido el número de soldados en labores de seguridad pública, aún se mantiene el Ejército en las calles. En el marco de la lucha contra el crimen organizado, se generó una polémica sobre los asesinatos cometidos en el tiempo que lleva la administración de Peña Nieto. La Secretaría de Gobernación resaltó una

disminución de homicidios comparado con el gobierno anterior, hecho que fue cuestionado por medios y organizaciones civiles. A finales de abril, de acuerdo con las cifras oficiales, se contabilizaron 5.296 homicidios en hechos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada desde el inicio del sexenio.

También a inicios de mayo, concluyó la visita a México del Relator Especial de la Or-ganización de Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns. Al terminar su estancia, señaló la falta de una aplicación eficaz de las leyes existentes como fuente principal de la impunidad y desconfian-za de la población hacia las autoridades. Heyns enfatizó que se deben resolver los casos del pasado, para poder romper con el ciclo de la violencia. También se pronunció sobre la crea-ción de la Gendarmería Nacional, proyecto del gobierno federal, advirtiendo que por ahora se sabe muy poco de dicha iniciativa y que debería crearse una ley especial para su funcionamien-

ACTUALIDAD

México - en la mira internacional en materia de derechos humanos

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2 Informe

Luisa Palmer, PresidenteEstados Unidos

Aron Lindblom, VicepresidenteMovimiento Internacional para Reconciliación sección Sueca (SweFOR)

Gustavo Cabrera, TesoreroServicio Paz y Justicia en América Latina, Costa Rica

Rev. Denise Griebler, SecretariaMinisterios Mayas, Estados Unidos

Marina Pagés, Coordinadora de SIPAZChiapas, México

Jet Nauta, Miembro del Equipo de SIPAZChiapas, México

Richard Stahler-SholkEstados Unidos

Martha Inés RomeroCoordinadora para América Latina y el Caribe del Secretariado Internacional de Pax Christi, Colombia

SIPAZ es un programa de observación internacional nacido en 1995, después del levantamiento armado zapatista en 1994, para monitorear el conflicto de Chiapas, México.

SIPAZ surgió de la petición realizada por líderes religiosos y organizaciones de derechos humanos de México a una delegación internacional que visitó Chiapas en 1995. A partir de la demanda de una presencia internacional permanente en la región decidieron crear una coalición de distintas organizaciones de los Estados Unidos, Europa y América Latina cuyo denominador común fuera su preocupación por la situación en Chiapas.

Hoy en día, SIPAZ apoya la búsqueda de soluciones pacíficas y la construcción de una cultura de paz, diálogo y tolerancia entre actores en Chiapas y de forma creciente, en otros estados de México (Oaxaca y Guerrero). Al mismo tiempo, sirve de puente de comunicación e intercambio entre organizaciones y redes que trabajan por la construcción de una paz justa y verdadera a nivel local, nacional, regional e internacional n

• Tiene una presencia internacional y acompaña procesos en la cons-trucción de una cultura de la paz en México.

• Informa a través de una comunicación confiable que involucra a los actores y moviliza la comunidad local, nacional e internacional en la búsqueda de las respuestas alternativas a las causas de la violencia en el país.

• Se articula con las organizaciones, movimientos y redes para compar-tir y fortalecer procesos de construcción de cultura de paz.

• Mantiene contacto e interlocución con los actores presentes en el conflicto en todas sus expresiones.

SIPAZ reconoce y respeta los principios de no intervención y soberanía del Estado mexicano y de sus ciudadanos, de quienes debe depender la iniciativa para alcanzar la solución a los conflictos.

Los miembros de la coalición de SIPAZ tienen muchos años de expe-riencia en transformación de conflictos y construcción de la paz, mediante iniciativas internacionales y no gubernamentales. A partir de esta expe-riencia, SIPAZ busca jugar un papel de facilitador que fortalezca el contexto en el que los mexicanos están trabajando n

Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) (Argentina)Baptist Peace Fellowship of North America (North Carolina, EEUU)Benedictine Sisters of Erie (Pennsylvania, EEUU)Capacitar (California, EEUU)CAREA (Berlin, Alemania)Carolina Interfaith Task Force on Central America (N. Carolina, EEUU)Catholic Conference of Major Superiors of Men’s InstitutesPeace and Justice Committee (Washington DC, EEUU)Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. (La Habana, Cuba)Christian Peacemaker Teams (Illinois, EEUU)Church of the Brethren (Washington DC, EEUU)Dominican Sisters of San Rafael (California, EEUU)Episcopal Peace Fellowship (Washington, DC, EEUU)Fellowship of Reconciliation/EEUU (New York, EEUU)FOR Austria (Austria)Franciscan Friars, Santa Barbara Province (California, EEUU)Franciscan National Justice, Peace and Ecology Council(Washington DC, EEUU)Global Exchange (California, EEUU)IF/ When (California, EEUU)Illinois Mayan Ministries (Illinois, EEUU)Iniciativa Ecuménica «Oscar Romero» (CIPFE, Montevideo, Uruguay)International Committee for the Peace Council (Wisconsin, EEUU)International Fellowship of Reconciliation (Alkmaar, Holanda)Jubelee Economics Ministries (EEUU)JustaPaz (Bogotá, Colombia)Kentucky Interfaith Taskforce on Central America (EEUU)Leadership Conference of Women Religious (Washington, DC, EEUU)Loretto Community Latin America / Caribean Committee (Colorado, EEUU)Marin Interfaith Task Force on the Americas (California, EEUU)Michigan Faith and Resistance Peace Team (Michigan, EEUU)Movimento Ecuménico de Derechos Humanos (Buenos Aires, Argentina)National Benedictines for Peace (Pennsylvania, EEUU)Pax Christi (Pennsylvania, EEUU)Pax Christi International (Bruselas, Bélgica)Peace Brigades International (Londres, Inglaterra)Peaceworkers (California, EEUU)Presbytery of Chicago (Illinois, EEUU)Racine Dominican Sisters (EEUU)Resource Center for Nonviolence (California, EEUU)Servicio Paz y Justicia de América Latina (Montevideo, Uruguay)Sojourners (Washington, DC, EEUU)Southeastern Yearly Meeting of the Religious Society of Friends(Florida, EEUU)SweFOR (Suecia)Unitarian Universalist Service Committee (Massachusetts, EEUU)Washington Office on Latin America (WOLA) (EEUU)Western Dominican Province (Arizona, EEUU)Witness for Peace (Washington DC, EEUU)

S!Paz - Servicio Internacional para la Paz

Oficina de SIPAZ en Chiapas:Ave. Chilón #8, San Cristóbal de las Casas29220 Chiapas, MéxicoTel. & Fax: (+52.967) 631 60 55, Email: chiapas@sipaz.org

SIPAZ Info:P.O. BOX. 3584, Chico, CA 95927-3584 USAtel. & Fax: (+1.530) 892 0662, Email: info_sz@sipaz.org

Web: www.sipaz.org Blog: sipaz.wordpress.com

3Mayo de 2013

(Viene de la Pág. 1)ACTUALIDAD

El peligro que corren los periodistas en México sigue siendo alto. Datos presentados a finales de abril revelan que desde el año 2000 hasta la fecha, fueron asesinados 84 de ellos. Sólo en 12 casos fue dictada una sentencia contra los agresores. Además, desde 2005 hasta finales de abril del 2013, se han contado 20 desapariciones de periodistas y 39 atentados contra instalaciones de medios de comuni-cación. Otro trabajo, cuya realización en los últimos años ha sido blanco de hostigamiento y agresiones, es el de los defensores de derechos humanos en general, con una multiplicación de casos contra defensores de migrantes. En marzo fueron amenazados de muerte supuestamen-te por parte del crimen organizado, Rubén Figueroa y Fray Tomás González, colaborador y director, respectivamente, del Hogar Refugio para Migrantes “La 72”, en Tenosique, Tabasco.

Reformas estructurales de Peña Nieto y oposición ante las mismas

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha avanzado en diferentes puntos de su agenda política, los cuales han sido cuestionados por partes de la sociedad, e incluso han causado protestas. Entre estos temas fijados en el “Pac-to por México” entre los tres grandes partidos políticos, el Revolucionario Institucional (PRI), el de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), firman la reforma laboral y la educativa, y están por negociarse la reforma financiera y la energética.

La “Cruzada Nacional contra el Hambre”, iniciativa lanzada en enero por el gobierno de Peña Nieto en el municipio chiapaneco de Las Margaritas, volvió a reunir una parte del gabinete federal con funcionarios chiapanecos en Navenchauc, municipio de Zinacantán en abril. En su intervención, Enrique Peña Nieto le pidió a Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social, “aguantar” las críticas de quienes “se preocupan por las elecciones”. Un día antes, Robles Berlanga despidió al delegado de esa dependencia en Veracruz para que sea investigado por la presunta utilización de los recursos de la Cruzada a favor del PRI en las elecciones por darse en esta entidad. Estos hechos provocaron la temporal suspensión del Pacto por México. Pero después de acordar me-canismos que contravinieran el uso de progra-mas gubernamentales para fines electorales,

los tres partidos firmantes volvieron a lanzarlo públicamente en mayo.

Cuestionada por analistas como avance hacia la privatización de la educación pública y considerada “reforma laboral para los maes-tros”, la reforma educativa, entre otros puntos, establece como obligatoria la evaluación pe-riódica del desempeño de los maestros. A los pocos días de su votación, fue detenida la hasta entonces dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Ester Gordillo, quien en sexenios pasados había tenido la capacidad de negociar con el poder federal hasta en asuntos ajenos a la educación. Acusada de desviación de fondos y asociación delictuosa, se encuentra en la cárcel, mientras procede la vía jurídica para su juicio.

Mientras tanto, algunas secciones di-sidentes a la anterior y la nueva dirigencia nacional del gremio se han movilizado para que la reforma no se aplique. Destacaron en las movilizaciones los maestros del estado de Guerrero, agrupados en la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerre-ro (CETEG), quienes han bloqueado en varias ocasiones la Autopista del Sol, que comunica la Ciudad de México con Acapulco. También han realizado marchas y manifestaciones en las que participaron diferentes sectores de la población local, entre ellos la Policía Comunitaria, lo que

ha dado pie a la conformación del Movimiento Popular Guerrerense (MPG). El gobierno estatal, en diferentes momentos, entabló el diálogo con la CETEG, para una posible inclusión de sus propuestas en una ley estatal en la materia. Sin embargo, no ha podido cambiar el panorama de protestas, e incluso en algunas ocasiones, fue rebasado por la administración federal, que buscó la negociación directa con la CETEG para poner fin a los bloqueos.

Guerrero: entre movilizaciones magisteriales y problemas crónicos

Si bien el tema más sensible y con mayor repercusión mediática fue la movilización magisterial y de otros sectores sociales en las últimas semanas, otras tendencias que reflejan problemáticas crónicas en el estado se man-tuvieron en el plazo. En mayo, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, renunció al cargo por la crisis que enfrenta el gobierno estatal ante la agudización de los conflictos sociales, entre ellos las protestas del movimien-to magisterial y la proliferación de grupos de autodefensa ciudadana.

En abril, fueron liberados los dos policías detenidos por el homicidio de dos estudiantes ocurrido en diciembre de 2011 en medio del violento operativo de la policía federal, estatal y municipal con el que se respondió a una

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, durante la inauguración de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, 20 de enero de 2013

© Presidencia de la República

4 Informe

protesta pacífica estudiantil, en Chilpancingo. El Centro de Derechos Humanos de la Monta-ña Tlachinollan, que lleva el caso, consideró que esta liberación evidencia el alto índice de impunidad en Guerrero. También se hicieron públicas nuevas amenazas de muerte en con-tra de Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), con sede en Ayutla de los Libres. Ella y todos los integrantes de la OPIM cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos (CoIDH) desde 2009.

Por otro lado, en febrero, en el poblado de Los Huajes, fue allanada por militares la vi-vienda del hijo de Julián Blanco, líder opositor a la presa La Parota. A raíz de ello, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) se declaró en alerta roja. Ad-

ACTUALIDAD

virtió que si el Ejército mantenía su presencia en la zona, reactivaría los retenes que fueron instalados al inicio del movimiento. Subrayó que el gobierno federal ha etiquetado mil 500 millones de pesos para la reactivación del proyecto La Parota, y manifestó que no es una casualidad los abusos de los militares en el área, ya que aún existe interés por edificar la presa. Puntualizó que los campesinos seguirán en la lucha hasta que el proyecto de la presa sea cancelado definitivamente.

Oaxaca: Movilización magisterial y conflictividad por megaproyectos

A la par de la CETEG guerrerense, los maes-tros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también se movilizaron. En abril, luego del desalojo que

sufrieron los maestros del estado de Guerrero cuando bloquearon la autopista del Sol, llega-ron 200 elementos de la policía federal a Oaxaca para evitar acciones de protesta radicales que pudieran realizar los maestros de la sección 22. Para inicios de mayo, y tras considerar como mí-nimas las respuestas a sus demandas, la gremial determinó trasladar el 30% de su membrecía a la capital del país, a fin de “reforzar la lucha en el plano nacional”.

El 1° de mayo, en la ciudad de Oaxaca se realizó una marcha conmemorativa del Día In-ternacional del Trabajo, en la que se suscitaron enfrentamientos entre manifestantes y la poli-cía municipal. 34 personas fueron detenidas. El Comité para la Defensa Integral de los Derechos Humanos Gobixha (CODIGO-DH), informó que los policías efectuaron disparos al piso y al aire a corta distancia de los manifestantes. Además, exigió la liberación de Susana Ramírez Jiménez, integrante de CODIGO-DH, quien fue detenida cuando estaba documentando abusos de parte de la autoridad. Permaneció recluida en régimen de incomunicación y no la dejaron hablar con su abogado y su familia hasta 14 horas después de su detención. Se produjeron hostigamientos hacia CODIGO-DH, tanto antes como después de estos hechos: en abril fueron allanadas sus oficinas y en mayo, su coordina-dora, Alba Cruz Ramos, también recibió ame-nazas de muerte. La organización vinculó estas agresiones a su trabajo de acompañamiento a defensores comunitarios, muchos de ellos en-frentando también intimidaciones por su labor.

La mayor tensión en este sentido se generó en el Istmo de Tehuantepec donde parte de la población se organizó en contra de la construc-ción de parques eólicos en la región. También ha sido notorio el hostigamiento a diversas radios comunitarias del Istmo. En mayo se llevó a cabo el Encuentro de Pueblos en Resistencia por la Defensa del Territorio en Juchitán de Zaragoza en donde se acordó detener los trabajos de construcción del parque eólico Bi Hioxio, de la empresa española Gas Natural Fenosa y realizar una campaña de no al voto en el Istmo, de cara a las elecciones estatales del próximo 7 de julio.

En mayo, el anuncio del secretario de Tu-rismo y Desarrollo Económico del gobierno de Oaxaca de que Mareña Renovables ya no va a construir el parque eólico San Dionisio y

Letrero en la entrada del pueblo de Ayotzinapa © SIPAZ

Foro “Alcances del artículo 1° constitucional en las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y análisis de las afectaciones de las reformas laboral, educativa y al artículo 73° constitucional”, convocado por el Frente de Masas Populares de Ayotzinapa, 15 de febrero de 2013, Ayotzinapa

© SIPAZ

5Mayo de 2013

que se realizaría en otra zona de la región fue recibido con cautela: se anunció que la ocupa-ción del palacio municipal de San Dionisio del Mar se mantendrá, lo mismo con el bloqueo en la agencia municipal de Álvaro Obregón y el plantón a la salida de Juchitán contra la construcción del parque “Bii Hioxho”, en tanto las respectivas asambleas analicen el anuncio y se oficialice por escrito.

En cuanto a minería, en marzo se cumplió un año del asesinato de Bernardo Vásquez Sán-chez, portavoz de la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Valle de Ocotlán (CPU-VO), opositora a la minera de la empresa Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines Inc, ubi-cada San José del Progreso. En este marco, unas 200 personas realizaron una ceremonia frente a las instalaciones de la Minera. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al terminar la ceremonia todo el grupo fue retenido cuando integrantes de un grupo afín a la mina, a bordo de 5 camionetas, bloquearon todos los accesos y dispararon ar-mas de fuego, con la intención de intimidar al grupo de organizaciones que se encontraban participando en el evento.

Chiapas: Auge de la conflictividad en distintas zonas del estado

La conflictividad se agudizó en diferentes zonas del estado con saldos de varios heridos y muertos. En febrero, el Centro de Derechos Hu-manos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) alertó ante el “riesgo inminente” de que, en el ejido San Marcos Avilés, municipio de Chilón “por segunda ocasión se realice un desplazamien-to forzado, hacia las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por parte de habitantes del mismo ejido, afiliados a distintos partidos políticos”. En abril, la Red por la Paz Chiapas realizó una Misión Civil de Observación en esta comunidad en la que los partidistas amagaron con despojar a los observadores de sus vehículos. En días previos, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Oventic también había denunciado las numerosas agresiones que las bases de apoyo han venido sufriendo en San Marcos Avilés desde julio de 2011.

El 24 de abril, Juan Vázquez Gómez, ex-Secretario general de los adherentes a La Otra Campaña en San Sebastián Bachajón, fue asesinado por individuos no identificados. El

CDHFBC condenó el asesinato de Vázquez Guz-mán “quien se destacó por su participación activa (...) ante el despojo gubernamental de Las Cas-cadas de Agua Azul”. Recordó que poco antes los ejidatarios de San Sebastián “denunciaron públicamente que su Territorio es amenazado por la política oficial de despojo territorial señalando continuidad bajo el actual gobierno del estado”.

El 5 de mayo, en Venustiano Carranza, se enfrentaron integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP) y la Organización Campesina Emi-liano Zapata - Chiapas (OCEZ-Chiapas), con el saldo de varios heridos y dos muertos. Ambos grupos culparon al bando contrario de haber iniciado la confrontación. En septiembre pasa-do, comuneros disidentes a la OCEZ-CP, ahora integrados en la OCEZ Chiapas, ocuparon las oficinas y agredieron a integrantes de la Casa del Pueblo, quienes habían exigido aclarar el destino de cabezas de ganado perdidas en la anterior administración. La OCEZ-CP exigió la expulsión del grupo disidente e inició los trá-mites ante el Registro Agrario Nacional, mismo que no ha resuelto el caso.

Una persona murió y por lo menos seis resultaron lesionadas en el ejido Petalcingo, durante un enfrentamiento ocurrido también el 5 de mayo. Las diferencias entre los grupos

antagónicos se profundizaron después de las elecciones municipales de julio pasado.

Procesos sociales y percepción de cierre de espacios

El 26 de febrero, campesinos e indígenas pertenecientes a 11 municipios de la Sierra y la Costa de Chiapas conformaron “Guardias Civiles de Autodefensa”, con el objetivo de frenar el saqueo de las empresas mineras en la entidad. Señalaron que se vieron obligados a optar por esta vía ante la complacencia de las autoridades locales y federales con dichas empresas.

Por otro lado, entre febrero y marzo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) publicó una serie de comunicados partes del “Ellos y nosotros VII- L@s más pequeñ@s”. Poste-riormente, el subcomandante Moisés anunció para agosto próximo el inicio de “escuelitas zapatistas”, donde los pueblos autónomos re-beldes enseñarán sus experiencias de gobierno colectivo. Declaró que hasta estas fechas los zapatistas no recibirán caravanas ni brigadas, ni concederán entrevistas.

En abril, diversos medios hicieron público el intento del gobierno estatal para cancelar la peregrinación que estaba por organizar el Pueblo Creyente a favor de la liberación del profesor Alberto Patishtán, ya que coincidía con la visita de Enrique Peña Nieto a Chiapas. El

Marcha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, San Cristóbal de Las Casas, 21 de diciembre de 2012

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6 Informe

ACTUALIDAD

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CDHFBC señaló que al gobierno “le urge que se cancele la peregrinación (...) porque quiere mos-trar un escenario limpio de protesta social, y ésta será la primera movilización masiva a la capital del estado durante este gobierno”. No obstante, la peregrinación se realizó con la participación de unas 8 mil personas. Cabe agregar que al hacerse públicas las presiones ejercidas, el propio gobernador, Manuel Velasco Coello, visitó a Patishtán en la cárcel y se comprometió a gestionar su libertad así como a una nueva revisión de los casos de los demás presos de las organizaciones la Voz del Amate y Solidarios de la Voz del Amate.

Otro hecho llamativo que en cierto sentido se podría atribuir al gobierno anterior de no ser por tener a tantos funcionarios que no han sido removidos a la fecha en la transición, el abo-gado Horacio Culebro Borrayas, quien en abril demandó penalmente al ex gobernador Juan

Sabines Guerrero y a 50 miembros de su gabi-nete, denunció haber sido víctima de amenazas de muerte. Culebro Borrayas interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) una querella por al menos una veintena de delitos penales, tales como, asociación delictuosa, de-lincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.

El 11 de abril fueron decomisados los pe-riódicos del Heraldo de Chiapas cuya portada ese día desplegaba el titular: “Chiapas, al borde del colapso por inexperiencia de Manuel Velasco”. Se denunció que en Tuxtla Gutiérrez personas con corte de cabello estilo policía siguieron sigilosamente a los voceadores y repartidores para “comprarles” o arrebatarles los periódicos. Dos vendedores afirmaron que fueron “encaño-nados con pistola por presuntos policías que se en-cargaron de operar el decomiso de los periódicos”. También en cuanto a libertad de expresión, a principios de abril, la organización Artículo 19

publicó un comunicado en el que señaló que la reforma aprobada el 7 de marzo, misma que incluye en el Código Penal de Chiapas un de-lito que sanciona la obtención de información sobre fuente policíaca y de justicia, tiende a “criminalizar el acceso a la información y libertad de expresión”, lo que hace aún más riesgoso para periodistas hacer investigación de campo y para el ciudadano, ejercer su derecho de acceso a la información púbica.

Impunidad: el eterno pendiente16 personas acusadas por la masacre de

Acteal (1997) fueron excarceladas en el pla-zo. Suman 73 indígenas dejados en libertad por estos hechos, no por inocentes sino por violaciones al debido proceso, quedando en prisión apenas seis personas. En un hecho que a cambio fue considerado como un resquicio de esperanza ante la impunidad, un Juzgado de la Ciudad de México dictaminó un amparo a favor de familiares de víctimas de la masacre. Con ello, se invalidaría la petición de inmunidad diplomática que solicitó el Gobierno mexicano en 2011, para evitar el procesamiento del ex presidente Ernesto Zedillo en un tribunal de Connecticut, Estados Unidos por su presunta responsabilidad en dicha matanza. En los casos de los presos excarcelados, el secretario de Go-bierno, Noé Castañón anunció que así como se ha hecho con todos ellos, se haría un convenio para comprarles tierras y que no regresen a Chenalhó, con el fin de evitar problemas en la zona. Contraria a esta afirmación, en febrero, la Sociedad Civil Las Abejas denunció que “(l)os paramilitares que fueron excarcelados (...) junto con su familiares viven tranquilos mientras causan inquietud y miedo en las comunidades”. Informaron de disparos a plena luz del día en diversas comunidades n

Fray Tomás González, director del Hogar Refugio para Migrantes “La 72”, en Tenosique, Tabasco

© estudiosecumenicos.org.mx

7Febrero de 2013

ENFOQUE

La industria minera es una de las mayores industrias de la economía global y la que genera mayores impactos sociales y ambientales, no sólo en México sino en toda América Latina y el mundo. Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas son los que se ven más afecta-dos, ya que es principalmente en sus territorios donde se encuentran la mayor parte de los recursos naturales. La minería ha formado una parte importante de la economía mundial desde la época colonial, cuando en países como Perú, Bolivia y México, se llevaron a cabo con éxito los primeros intentos de extracción de metales, como el oro y la plata. Debido a los métodos menos desarrollados para la extracción de minerales en aquella época, estos procesos llevaban mucho más tiempo y los efectos sobre el medio ambiente eran mucho menos gra-ves. Actualmente, de acuerdo con Gustavo Castro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la extracción de plata durante 26 meses y la de oro durante 6 meses genera la misma cantidad de estos metales que lo que hubiera requerido un trabajo de 120 años en la época colonial x

En México, el sector minero representa el 8% del Producto Interno Bruto (PIB). El país está liderando los países con mayor producción de plata, y es un competidor de primer nivel en la de zinc, cobre y oro en el mundo. No obstante, este sector genera un impacto enormemente perjudicial para el medio ambiente, así como para la vida humana y animal. La actividad minera genera contaminación del aire, el agua y el suelo, y con frecuencia genera una variedad de problemas de salud en la población que vive cerca de las minas. El problema no es el mineral en

sí mismo sino el modelo que sustenta su extracción industrializada, de acuerdo con analistas críticos que han subrayado la insostenibilidad del modelo. Afirman que no toma en cuenta los impactos sociales, econó-micos y culturales, ni tampoco el daño irreversible al medio ambiente.

La minería mexicana en un contexto globalEn México, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la reforma

del artículo 27 constitucional en 1992 facilitó la exploración y explotación de minerales aunque, de acuerdo con la Ley Agraria, los propietarios de las tierras son quienes tienen que dar permiso a la actividad minera. Según REMA, el gobierno mexicano, lejos de proteger, garantizar y promover los derechos humanos de la población, beneficia y legisla a favor de los intereses mineros. Con las últimas modificaciones constitucionales rela-tivas a los temas de agua, minería, agricultura y medio ambiente, entre otros, el gobierno federal ha facilitado las inversiones mineras aún más.

Los miembros de REMA sostienen que la reglamentación nacional busca adaptarse a las regulaciones promovidas en el marco del Acuerdo Estratégico TransPacífico de Asociación Económica (TPP). Desde 2010, se han dado negociaciones hacia la consolidación de este acuerdo de libre comercio al que, para diciembre de 2012, participaban Australia, Brunei, Chile, Canadá, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos, Vietnam y México. El TPP ha recibido críticas y generado protestas de sec-tores de la sociedad civil así como de legisladores, por el carácter secreto del proceso, su amplio alcance, y por algunas cláusulas controvertidas de los borradores filtrados a la opinión pública. Según Public Knowledge (www.tppinfo.org), el TPP sufre de una grave falta de transparencia y

Conmemoración para Bernardo Méndez durante el “Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, Sí a la Vida, No a la Minería”, Capulálpam de Méndez, Oaxaca, 17 a 20 de enero de 2013

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Conmemoración para Bernardo Méndez durante el “Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, Sí a la Vida, No a la Minería”, Capulálpam de Méndez, Oaxaca, 17 a 20 de enero de 2013

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8 Informe

ENFOQUE

pasa por presiones de gobiernos extranjeros hacia la adopción de leyes nacionales desequilibradas. Activistas antiglobalización acusan al TPP de ir mucho más allá del ámbito de la reducción de aranceles y la promoción del comercio. Otorga un poder sin precedentes a las corporaciones y po-dría implicar la violación de derechos humanos de los consumidores, los trabajadores, así como de los derechos ambientales. Rainfortest Action Network (RAN), en un artículo de septiembre de 2012, menciona que “de los 26 capítulos en fase de negociación, sólo unos pocos tienen que ver directamente con el comercio. Los otros capítulos consagran nuevos derechos y privilegios de las grandes empresas al tiempo que debilitan el poder de los Estados nacionales que podrían oponerse.”

Según el Instituto Fraser, México ocupa el 24° lugar a nivel mundial en cuanto a la importancia de reservas de minerales. No obstante, se encuentra en los primeros lugares en cuanto a intereses de inversión de empresas mineras de todo el mundo. En materia de inversión minera extranjera, México se ubicó en el cuarto lugar mundial y en el primer lugar en América Latina, eso en buena medida debido al hecho que no cuenta con regulaciones estrictas para las inversiones mineras. Las disponibilidades energéticas del país y la existencia de amplias redes de carreteras facilitan las actividades mineras, así como el hecho de que no haya prácticamente ninguna condición sobre la forma y lo que se puede extraer de suelo mexicano. Diferentes actores confirman que esto provoca el saqueo de minerales estratégicos y amenaza el mantenimiento de la riqueza biológica, así como de la cultura mexicana.

Aunque a nivel gubernamental se están dando debates sobre la refor-ma de la Ley minera, esta adaptación quedaría probablemente aún lejos de resultar en la suspensión de la extracción de minerales sin regulación.

La discusión gira alrededor de la posibilidad de obligar a las empresas mineras a pagar un 5% de impuestos sobre sus ingresos. El objetivo de esta iniciativa es transformar parte de los beneficios económicos de las actividades mineras en beneficios para las comunidades y regiones donde se llevan a cabo. Sin embargo, tomando en cuenta el enorme impacto de estas empresas en la calidad del agua, el aire, el suelo y el medio ambiente en su conjunto, esto no puede ser considerado como una compensación equilibrada.

Otro hecho interesante, según un informe de Deloitte de mayo de 2012, del 70% de la inversión extranjera en México en actividades mineras, un 75% de las empresas son de propiedad canadiense. Desde una pers-pectiva canadiense, el 44% de la inversión extranjera es hacia México. La relación económica entre México y Canadá se ha fortalecido desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994.

Minería y resistencia en ChiapasCasi todas las concesiones mineras en Chiapas fueron otorgadas en-

tre 2000 y 2012, durante los gobiernos federales de Vicente Fox y Felipe Caderón. Se reportaron 153 nuevas concesiones para actividades mineras durante este período y son propiedad de mexicanos (individuos), del gobierno federal, y de empresas mexicanas o extranjeras. La superficie total potencialmente afectada por estas actividades llegaría a más de 1,5 millones de hectáreas, lo que representa más del 20% del territorio de Chiapas. Las actividades se planean o se dan sobre todo en territorios indígenas y campesinos, caracterizados por una rica biodiversidad. De acuerdo a la organización Otros Mundos, 54 proyectos mineros tienen concesiones por 50 años en un total de 24 municipios de Chiapas. Las

“Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, Sí a la Vida, No a la Minería”, Capulálpam de Méndez, Oaxaca, 17 a 20 de enero de 2013

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“Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, Sí a la Vida, No a la Minería”, Capulálpam de Méndez, Oaxaca, 17 a 20 de enero de 2013

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9Mayo de 2013

concesiones otorgadas para la explotación minera a cielo abierto abarcan por su parte más del 10% del territorio chiapaneco.

La minería a menudo conduce a conflictos entre la población y la empresa, o autoridades a distintos niveles. En Chiapas, así como en otras partes de México, se han presentado casos de amenazas, persecuciones, desplazamientos, e incluso asesinatos de líderes de movimientos contra la minería en la última década. Por lo mismo, a partir de 2007, la gente ha empezado a organizarse en contra de los proyectos mineros en el estado. Varias organizaciones, entre ellas REMA, la Organización Campesina Emi-liano Zapata (OCEZ), la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ), el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el Movimiento Meso-americano contra el Modelo de minería extractiva (M4), han empezado a organizar reuniones, movilizaciones, bloqueos, campañas y demandas judiciales por corrupción contra los proyectos mineros en Chiapas.

Las empresas mineras canadienses crean conflicto en MéxicoChicomuselo - Chiapas

Se han dado muchas acciones contra la empresa canadiense Blackfire Exploration, que compró una concesión minera en Chicomuselo. A pesar de ello, dicha empresa afirma que ha proporcionado empleo a habitantes de la zona y que los efectos sobre el medio ambiente han sido mínimos. Sin embargo, las comunidades han seguido organizándose en contra de la explotación de barita promovida por Blackfire debido a sus impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente. Muchos de los lugareños utilizan el río como lugar para bañarse y lavar su ropa, sin embargo, desde la llegada de la empresa minera, muchos dijeron tener irritaciones de la piel. Más de 200 familias indígenas fueron desplazadas, y sólo 25 hombres recibieron un empleo en la mina.

Nuevos problemas surgieron después de que un líder activista con-tra las minas, Mariano Abaraca, denunciara las tácticas intimidatorias utilizadas por trabajadores de Blackfire ante la Embajada de Canadá. Las tensiones aumentaron en agosto de 2009, cuando Abarca fue detenido. 1.400 cartas fueron enviadas a la Embajada expresando grave preocu-pación por su vida. En noviembre de 2009, Abarca fue asesinado por hombres que supuestamente tenían conexiones con la empresa, una situación que llevó al cierre de la mina. Se han recibido informes sobre la corrupción prevaleciente, en particular sobre el hecho que el alcalde había estado recibiendo pagos directos de parte de Blackfire. Además, surgieron preguntas sobre la posición de la Embajada de Canadá ante el caso. Según Mining Watch Canadá, la Embajada siempre mantuvo “un apoyo activo e incondicional” hacia la empresa, antes, durante y después de que se vio envuelto en una controversia sobre el asesinato de Abarca.

Estas denuncias deben investigarse más a fondo, pero es evidente que el pueblo de Chicomuselo, hasta ahora, se mantiene en resistencia. En febrero de 2013, alrededor de 78 ejidos de 11 municipios de las regio-nes de la Costa y la Sierra de Chiapas, conformaron “Guardias Civiles de Autodefensa”, con el objetivo de frenar el saqueo de las empresas mineras. Más de 2.000 campesinos empezaron este movimiento de autodefensa, llamado Unión de los Pueblos y Comunidades para la Defensa de nuestro Patrimonio, Agua y Medio Ambiente, en el municipio de Motozintla, para impedir que empresas como Blackfire trabajen en la región. De acuerdo

con sus demandas, el movimiento no cesará hasta que se cancelen todos los permisos de exploración y explotación en Chiapas.San José del Progreso - Oaxaca

No sólo los pueblos de Chiapas se han organizado contra la minería: en Oaxaca, existen diversos procesos que defienden sus territorios contra actividades mineras extractivas, por ejemplo, en el municipio de San José del Progreso. Fortuna Silver, otra empresa canadiense, inició la explotación de la plata y el oro en este lugar en septiembre de 2011. Se alentó a los eji-datarios a solicitar títulos de propiedad individuales a través del programa PROCEDE. Esto sucedió a través de dos reuniones públicas celebradas con los miembros del ejido en 2006 y 2007. Sin embargo, los miembros de la comunidad señalaron que el proceso no fue transparente ni se basó en información confiable. Una mujer mencionó: “En las reuniones, el presidente municipal anterior, Amadeo Alejo Vásquez Rosario, nunca le dijo a la gente lo que estaba haciendo. Sólo dijo que estaba dando permiso para construir un basurero. Finalmente nos dimos cuenta que el basurero era en realidad una concesión minera. En ese momento algunas personas ya habían acordado la venta de sus tierras ejidales”.

A pesar de algunos proyectos comunitarios propuestos por Fortuna, la comunidad se organizó en oposición a la mina y en 2009 inició un blo-queo de la carretera hacia la mina. Tres meses más tarde, el gobernador Ulises Ruiz envió 700 agentes de policía para desalojar el bloqueo y 23 personas fueron detenidas. Al año siguiente, el sacerdote Martín Octavio García Ortiz fue secuestrado, golpeado y obligado a abandonar la ciudad.

Foro “Por la Defensa de Nuestra Madre Tierra y Territorio, Sí a la Vida, No a la Minera Depredadora” - Chicomuselo, Chiapas, 15 de septiembre de 2012

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Foro “Por la Defensa de Nuestra Madre Tierra y Territorio, Sí a la Vida, No a la Minera Depredadora” - Chicomuselo, Chiapas, 15 de septiembre de 2012

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10 Informe

ENFOQUE

La comunidad solicitó al Estado de Oaxaca que cancelara las concesiones. No obstante, a los pocos meses, la mina abrió.

El 19 de enero de 2012, las tensiones y conflictos se agudizaron nuevamente. Bernardo Méndez, opositor a la mina, fue asesinado a balazos mientras Abigail Vásquez resultaba herida de gravedad. Graffitis en paredes del pueblo profirieron amenazas, uno específicamente en contra de Bernardo Vásquez Sánchez, también opositor a la mina que decía: ‘Bernardo, tu fin a llegado” (sic). Poco después, Bernardo Vásquez Sánchez fue asesinado a balazos. Después de estos dos asesinatos, se dieron rumores que afirmaban que Vásquez Sánchez había pasado un trato con Fortuna Silver. El alcalde de San José del Progreso, Alberto Mauro, acusa a los miembros de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ococtlán (CPUVO) de haber asesinado a Bernardo Vásquez porque intentaba distanciarse de ellos. Ciertamente, conforme pasa el tiempo, la violencia sigue escalando: más bloqueos se han organizado y se han producido más ataques que dejaron heridos a dos miembros más de la CPUVO, el 16 de junio de 2012. Sin embargo, quienes se oponen a las actividades mineras continúan su lucha en defensa de sus derechos.Carrizalillo, Guerrero

Cuando Los Filos, filial de la empresa minera canadiense Goldcorp, entró por primera vez a Carrizalillo, la gente organizada en la Asamblea Permanente de los terratenientes y de los Trabajadores de Carrizalillo (APETC) estaba abierta a la idea de que la mina trabajara en la zona: es-peraba que la empresa ofrecería nuevas oportunidades de generación de ingresos. Valeriano Celso Solís, representante de APETC, declaró: “No sabíamos acerca de los daños que esto causaría. Hicimos errores debidos a la ignorancia, porque no estudiamos los hechos, pero decidimos organizar como pueblo”.

La gente se quedó con la sensación de haber logrado un proceso de negociación a su favor al haber obtenido un precio de alquiler de $ 500 USD por hectárea, aunque en un principio solicitaban $700 USD. Cuando la compañía comenzó el proceso de explotación, una nueva serie de pro-blemas surgió no obstante: no solamente la empresa no cumplió con lo acordado respecto al alquiler de las tierras, sino también que empezaron muchos problemas ambientales y de salud. La explotación condujo a la devastación de la tierra, por lo que ya era imposible cultivarla. Los que fueron contratados por Los Filos carecían de derechos laborales mínimos. Valeriano Celso explicó que “hicimos un bloqueo y en respuesta, el Gobierno del Estado nos envió a la policía, varios miembros de la comunidad fueron detenidos y encarcelados”.

El APETC comenzó a buscar alternativas de acción contra la empresa minera. Encontraron asesoría con el Centro de Derechos Humanos Tlachi-nollan, que apoyó el caso a nivel nacional e internacional. Como Valeriano Celso denunció: “Las empresas aprovechan de las dificultades para organi-zarse. Nunca hubo un acuerdo formal por parte de toda la población. Hay gente a favor y en contra del proyecto. Las empresas se benefician del hecho de que no hay nadie para que nos asesoren”. Ahora, después de 8 años, la

comunidad de Carrizalillo continúa en resistencia a la mina, pero el no haber sido totalmente organizada desde el principio ha obstaculizado sus posibilidades de recuperar lo que alguna vez fue suyo.

¿Post extractivismo, como alternativa al modelo de minería extractiva?

Numerosos grupos ecologistas, organizaciones de derechos humanos, así como movimientos anticapitalistas han criticado el modelo extracti-vista al señalar que es ecológicamente destructivo y que mantiene a la gente en muchos países en la miseria, la dependencia y el subdesarrollo. Teniendo en cuenta las consecuencias negativas del modelo, activistas y académicos han llegado a la conclusión de que el modelo es insostenible y han comenzado a buscar alternativas viables al mismo.

En el postextractivismo, los recursos naturales se utilizarían de ma-nera racional y sostenible, y sobre todo priorizarían su uso local. Entre los pueblos indígenas, la postura postextractivista se refleja en la filosofía de “lekil kuxlejal” o el “buen vivir” que implica tener acceso a lo que se necesita de acuerdo a un estilo de vida moderado y tomando en cuenta a la “Madre Naturaleza”.

Esta transición se enfrentaría a enormes desafíos a nivel social, cultural y político. El ecologista Eduardo Gudynas sostiene que los programas tendrían que reformar los patrones de consumo, y favorecer el desarrollo de productos de mayor duración así como el reciclaje, el intercambio de productos y su reutilización. En el plano político, esta transición requeriría el fortalecimiento de un marco democrático, que incluiría una participa-ción social adecuada. El postextractivismo no significa prohibir todas las formas de extracción, sino que implica cambios radicales sobre las ideas acerca de lo que significa el desarrollo y los procesos productivos que tienen que estar orientados a cubrir las necesidades de la gente, mientras se busca preservar la naturaleza, en lugar de priorizar la rentabilidad.

Según César Padilla, del Observatorio de Conflictos Mineros de Amé-rica Latina (OCMAL), el modelo postextractivista está empezando a ser parte de los debates frente al fracaso del extractivismo como modelo de desarrollo. Las comunidades afectadas por la minería están exigiendo la restricción e incluso la prohibición de la minería como modelo central del desarrollo. Un ejemplo de ello se encuentra en las demandas del Pueblo Creyente en Chiapas, un proceso de organización de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que incluye las minas como parte de lo que llama “proyectos de muerte”. Durante una peregrinación el 25 de enero de este año, denunció “las concesiones de explotación minera que el gobierno federal ha otorgado, especialmente a empresas extranjeras, pasando por encima del derecho fundamental de los pueblos a la consulta previa, libre e informada”. Otro claro ejemplo de lucha contra la minería se encuentra en las siguientes palabras de una mujer de San José del Progreso: “A pesar de que un ”compañero” ha muerto, eso no quiere decir que vamos a detener nuestra lucha. Por el contrario, me da más fuerzas para seguir luchando. Tengo la esperanza de que un día esta empresa minera va a salir de esta comunidad. Tengo la esperanza de que algún día van a dejar de utilizar nuestros recursos naturales y que vamos a ser capaces de salvarlos. Nosotros somos quienes necesitamos estos recursos. Las personas y empresas que vienen a nuestra comunidad quieren nuestros recursos para que puedan enriquecerse no porque realmente lo necesitan” n

11Mayo de 2013

ARTICULO

“Hay aún racismo en la justicia mexica-na”, Leonel Rivero, defensa de Patishtán

“La lucha que estoy haciendo no es sólo para mí. Es para todo el mundo. No sólo yo estoy sufriendo. Muchos estamos presos por injusticias. Algunos por pobres, no pudimos pagar un abogado. Otros porque no sabemos hablar en español. Por eso estoy luchando, porque no existe la justicia”. Alberto Patishtán en entrevista en el documental “Vivir o Morir Por la Verdad y la Justicia”

Tres gobernadores de Chiapas, Roberto Al-

bores Guillén, Juan Sabines Guerrero, y el actual

gobernador Manuel Velasco Coello, se han com-

prometido con la liberación de Alberto Patishtán

Gómez, profesor tsotsil recluido en prisión desde

el 19 de junio del 2000, sentenciado a 60 años de

cárcel. Velasco Coello declaró: “No queremos que

vuelvan a existir casos como el del maestro Alberto

Patishtán, quien no debió ser encarcelado” y “la libe-

ración de Alberto Patishtán sería un acto de justicia”.

Por su parte, Juan Sabines dijo: “aquí ha habido un

error judicial, hubo negligencia cuando revisaron el

expediente”, y añadió “va a ser liberado”.

Defensa jurídica: un proceso plagado de irregularidades

Alberto Patishtán es profesor indígena tsotsil

del municipio de El Bosque en los Altos de Chiapas.

Fue sentenciado por participar en una embosca-

da, durante la cual se le acusa de haber matado a

7 policías, cargo al que se le agrega el de portación

de armas de uso exclusivo del Ejército, todos estos

correspondientes al fuero federal.

Fue detenido sin orden de aprehensión y

obligado a rendir declaración sin abogado pre-

sente. La acusación se sustentó básicamente en las

declaraciones de los dos testigos sobrevivientes

de la masacre, el hijo del presidente municipal de

ese entonces, y un policía, cuyas declaraciones

presentan graves contradicciones. El hijo del

presidente municipal declaró que vio a Patishtán,

quien le pegó cuando estaba caído y que tenía la

cara descubierta, testimonio contradictorio con

el del policía, quien refirió que los asaltantes iban

encapuchados. Asimismo, el hijo del presidente

municipal fue herido en el estómago, cuando

declaró que fue herido por la espalda.

Además, la elaboración de la petición por

parte del Ministerio Público Federal, la entrega

del escrito al Juzgado y la emisión de la resolución,

según los tiempos que aparecen en el expediente,

se realizó en tan sólo 15 minutos, lo que deja lugar

a dudas sobre la investigación e integración del

caso, ya que por extensión en los documentos y

la distancia entre las instalaciones ministeriales

y el Juzgado, no se podrían haber hecho en tan

poco tiempo.

Actualmente, el caso de Patishtán Gómez se

encuentra en el Primer Tribunal Colegiado del

Vigésimo Circuito de Tuxtla Gutiérrez en donde

se podría decidir el reconocimiento de inocencia

de Patishtán. El 6 de marzo la Suprema Corte de

Justicia de la Nación (SCJN) resolvió no reasumir

la competencia para revisar el caso, aunque el

proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero

planteaba tesis novedosas para favorecer la causa

de Alberto Patishtán, al considerar que, si hubiera

sido juzgado con los criterios aprobados por la

SCJN en los últimos años, seguramente hubiera

obtenido su libertad por las graves violaciones

procesales que ocurrieron durante su juicio. El

proyecto de dictamen también señalaba que

Patishtán debía ser liberado de inmediato. Paradó-

jicamente, este proceso se ha visto enmarcado en

los últimos meses con la liberación de 15 indígenas

acusados de la masacre de Acteal, que suman 73

liberados por dicha masacre desde 2009, no por

inocentes sino por violaciones al debido proceso,

al igual que la liberación de Florence Cassez, ciu-

dadana francesa conocida por haber sido conde-

nada a 60 años de prisión en 2007 por secuestro,

delincuencia organizada y posesión ilegal de

armas de uso exclusivo del Ejército, también tras

un fallo de la SCJN por fallas en el debido proceso,

después de una fuerte presión diplomática.

Apoyo nacional e internacionalNunca antes ningún preso había concitado

tanto apoyo y respeto de parte de organizacio-

nes, mandatarios y movimientos sociales. En

enero de 2010 a Alberto Patishtán se le otorgó el

Reconocimiento JTatic Samuel Jcanan lum por

“su servicio, cuidado y amor a su pueblo”. El propio

obispo emérito Samuel Ruiz García entró en el

penal de San Cristóbal de Las Casas para hacer

entrega personal del reconocimiento. El 19 de

abril de 2013 unas 8.000, personas convocadas

por Pueblo Creyente (en concreto el equipo tsotsil

de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, junto

con el Movimiento de El Bosque por la Libertad

de Alberto Patishtán, y acompañadas por maes-

tros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación (SNTE) de Chiapas), llevaron a cabo una

peregrinación por la liberación de dicho maestro

en la capital chiapaneca de Tuxtla Gutiérrez.

Amnistía Internacional concluyó que hubo serias

fallas en el proceso, entre ellas irregularidades

y contradicciones en la declaración del testigo

que identificó a Patishtán como responsable de

los delitos de los que se le acusan, mientras que

existe la evidencia de que Patishtán Gómez se

encontraba en otro lugar durante la emboscada.

Se realizó el documental “Alberto Patishtán; Vivir

o Morir Por la Verdad y la Justicia”. Además en los

últimos años se han dado infinidad de marchas y

campañas por su liberación.

Un ejemplo de inspiración y luchaA lo largo de los 13 años de privación de liber-

tad, Patishtán Gómez ha sido reconocido como

un defensor de derechos humanos, además de

maestro y luchador social que ha ido enseñando

el camino de la justicia en distintos penales en los

que ha estado. Sus compañeros lo han valorado

como un ejemplo de inspiración que ha alfabetiza-

do y enseñado español a indígenas monolingües,

además de fortalecer la espiritualidad al ser minis-

tro de la eucaristía por la Diócesis de Tuxtla. Ha

liderado y participado en innumerables huelgas

de hambre y ayunos. En la huelga de hambre de 41

días que tuvo lugar en 2008, fue el único en perma-

necer encarcelado, de la cual declaró: “Pensamos: si

morimos ni modos. Vale más morir luchando por la

libertad que resignarnos”. Como comentó el mismo

Patishtán en una visita de SIPAZ al penal de San

Cristóbal de Las Casas, “ahí andamos compartiendo

lo poquito que aprendimos”, de lo cual ha ganado

su apodo popular como “El Profe” n

Alberto Patishtán - El preso al que más gobernadores de Chiapas han prometido o avalado su liberación

12 Informe

sobre el mismo tema con los alumnos del nivel Licenciatura de este mismo Seminario.

ARTICULACIÓN

- Asistimos a las reuniones bimensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 10 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas. El 21 y 22 de abril, organizamos conjuntamente una Misión Civil de Observación a San Marcos Avilés en el municipio de Chilón.

- Del 13 al 15 de marzo, participamos en un Encuentro de Organizaciones de Acompañamiento Internacional que se realizó en la Ciudad de Guatemala y contó con la presencia de proyectos de Honduras, Guatemala, Colombia y México.

El 6 de mayo, participamos en la Asamblea de integrantes en México de la Alianza Global por la Prevención de los Conflictos armados (GPPAC, plataforma de la que somos parte) que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

INFORMACIÓN

- Recibimos la visita de delegaciones, estudiantes, periodistas y miembros de nuestra coalición interesados en conocer o profundizar la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ.

- Coordinamos una delegación de Global Exchange (EUA) que visitó Chiapas a finales de marzo n

De mediados de noviembre de 2012 a mediados de febrero de 2013ACTIVIDADES DE SIPAZPRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

CHIAPAS

Zona Norte

- A finales de febrero y a finales de abril, realizamos visitas prolongadas a distintos municipios de la zona Norte del estado (Sabanilla, Salto de Agua, Tila, Tumbalá, Palenque y Yajalón) para entrevistarnos con distintos actores de la región: dirigentes de diferentes grupos políticos, autoridades, miembros de iglesias, así como organizaciones campesinas y sociales.

Altos

- El 22 de marzo, estuvimos presentes en la conmemoración mensual de la masacre de Acteal con una delegación de Estados Unidos. También visitamos la Cooperativa de mujeres de esta misma comunidad con otra delegación en abril.

- En abril, visitamos la –hoy, casi abandonada- Ciudad Rural Sustentable de Santiago El Pinar.

Selva

- El 14 y 15 de mayo, se realizó una visita a varias copartes en el municipio de Chilón para compartir análisis y reflexiones sobre el contexto que prevalece en este municipio.

Caracoles

- Entre mediados de febrero y mediados de mayo, visitamos los 5 Caracoles zapatistas, por lo menos una vez.

Eventos

- Los días 6 y 7 de marzo, asistimos al seminario de análisis jurídico y político de la reforma y contrarreforma agrarias en México y Chiapas, que se llevó a cabo en la Universidad de la Tierra-CIDECI, en San Cristóbal de Las Casas.

- El 14 de marzo estuvimos presentes en las actividades organizadas en San Cristóbal de Las Casas en el marco del Día Internacional de Acción contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida.

- El 19 de marzo, asistimos a la presentación del informe sexenal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas “Entre la política sistémica y las alternativas de vida”. Marina Pagès, coordinadora de SIPAZ, presentó el capítulo titulado “El estado del Conflicto Armado Interno a partir del último sexenio”.

Presos

- El 20 de marzo estuvimos presentes en la conferencia de prensa en la que se presentó la nueva campaña Adelante por la libertad de Alberto Patishtán.

- En abril, visitamos l@s presos de la Voz del Amate y solidarios de la Voz del Amate, procesos organizativos adherentes a la Otra Campaña en la cárcel de San Cristóbal de Las Casas. Este mes también estuvimos presentes en el aniversario de Alberto Patishtán en este mismo penal.

- El 19 de abril, acompañamos la peregrinación de unas 8 mil personas por la liberación de Alberto

Patishtán en la capital chiapaneca de Tuxtla Gutiérrez. Fue organizada por parte del Pueblo Creyente, en concreto el equipo tsotsil de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, junto con el Movimiento de El Bosque por la Libertad de Alberto Patishtán, y acompañada por maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Mujeres

- A finales de febrero, asistimos a la asamblea de la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) que se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas.

- El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las mujeres, estuvimos presentes durante la marcha que se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas para reclamar respeto a los derechos de las mujeres. Este mismo día, también acompañamos a centenares de mujeres de la Organización de la Sociedad Civil las Abejas de Acteal quienes marcharon desde Yabteclum hasta Acteal, con las mismas demandas.

- El 14 de marzo, asistimos a la mesa redonda “Feminismo y Descolonización”, convocada por el Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana (CIAM).

RELACIONES PÚBLICAS

- El 4 de mayo, participamos en San Cristóbal de Las Casas en una reunión con un Consejero político de la Embajada de Alemania en México y con el Dr. Jüttner, diputado del Parlamento Alemán, miembro de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Cooperación Económica del mismo.

- Del 7 al 9 de mayo, realizamos una serie de reuniones en la Ciudad de México donde nos entrevistamos con la Consejera para Asuntos Políticos de la Delegación de la Unión Europea en México; miembros de la Sección Política de la Embajada de Estados Unidos y de USAID; el Secretario político de la Embajada de Suiza, integrantes de la Embajada de Canadá y con un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

PROMOCIÓN DE PAZ

TRABAJO CON ACTORES RELIGIOSOS

- A finales de febrero, participamos en un espacio de análisis de más de 200 integrantes de Pueblo Creyente de la región Estrella, municipio de Ocosingo.

- En marzo, facilitamos un espacio de análisis con equipos parroquiales de la “zona tseltal bajo” de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas a la que se integran 7 parroquias: Tenejapa, Ocosingo, Yajalón, Oxchuc, Cancuc, Marqués de Comillas y Huixtan.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

- Entre febrero y mayo, facilitamos espacios de capacitación sobre “Violencia y Ministerios de Paz” en el Seminario Intercultural Mayense (SIM). En abril, también realizamos una semana de curso intensivo