CONTENIDOPresentación

1 Las políticas que se desarrollan hoy quieren ver un campo sin campesinos - Eberto Díaz

2 Buscamos un nuevo modelo de sociedad cuyo objetivo sea el bienestar de la población en general - Germán Bedoya

3 El problema del sector campesino hoy es que lo han empobrecido mucho más - Carlos Ancízar Rico

4 Se necesita una mirada más seria frente a la situación organizativa de la base social campesina en que nos encontramos - Gilma Benítez

5 El Mandato Agrario sigue vigente 100% - Hernán López

6 Tenemos el reto de que la sociedad colombiana entienda la situación del campo y ponga los ojos en él - Nelly Velandia

7 Es importante que nos fortalezcamos como unidad - Isaías Rodríguez

8 Únicamente a través de la unidad y la resistencia podremos lograr cambios en la política agropecuaria y la política antidrogas - Francisco Mora

9 El Mandato Agrario sigue siendo el programa alterno unificado de la población rural - Héctor Mondragón

Anexos Mandato Agrario

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EL MANDATO AGRARIO VIVE2002-2010

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos

(ILSA)Coordinación periodística:

Reina Lucía Valencia

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DDurante la última década, se ha acrecentado y profundizado el desequilibro en el campo co-

lombiano, traducido en la progresiva concentración de la tierra rural: el coeficiente Gini en nuestro país se encuentra en 0,83, superior al promedio en Lati-noamérica, que es de 0,81. Según Ana María Ibáñez, dicha concentración se deriva, en especial, de he-chos tales como la colonización de terrenos baldíos durante la primera mitad del siglo XX, la carencia de reformas agrarias estructurales, la compra ma-siva de tierras por parte del narcotráfico durante los años 80 y mitad de los 90, así como la intensifi-cación del conflicto armado. La arremetida parami-litar ha sido en los últimos años, sin duda, la causa principal de estas inequidades.

De igual forma, las cifras de pobreza e indigen-cia –reportadas en agosto de 2009 por parte de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep), conformada por di-rectivos de Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre otras entidades– se-ñalan que los indicadores de pobreza rural se han incrementado; el estudio indica que, mientras la pobreza urbana alcanzó el 40%, en el campo co-lombiano esta se elevó al 63%. Sumado a ello, el go-bierno avanza en la implementación de un modelo de desarrollo rural agroindustrial, para el cual ha identificado potencialmente 40 millones de hec-táreas aptas para la siembra de materias primas encaminadas a la producción de los mal llamados “biocombustibles”. Eso significa que los cultivos extensivos de caña de azúcar, ñame, batata, caña de panela, palma aceitera, remolacha, soya, higue-rilla, aguacate, girasol y yuca, entre otros, deben ser destinados para la producción de etanol y bio-diesel. Estas tres variables –la concentración de la tierra en manos de latifundistas, la precarización de las condiciones de vida e ingreso económico del campesinado colombiano y la implementación de

modelos agroindustriales– han tenido efecto signi-ficativo, en el marco del conflicto colombiano, en las altas cifras de desplazamiento forzado de fami-lias rurales.

Variados informes y estudios realizados por organizaciones agrarias, ambientales y no guber-namentales, entre ellas ILSA, señalan que el con-texto anterior prepara en Colombia un escenario de desabastecimiento alimentario y un cambio sustancial de la vocación agroalimentaria de nues-tros campos, hacía una “reconversión producti-va”, entendida como la modificación de patrones de producción tradicional, para darle prioridad a cultivos con mayor viabilidad agronómica y renta-bilidad económica. Estas iniciativas regionales se encuentran apoyadas y financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por medio del Programa de apoyo a la reconversión productiva agroindustrial, que el Gobierno ha implementado con leyes como la nefasta 1133 de 2007, por la cual se creó el programa Agro ingreso seguro, que en forma escandalosa e ilegal entregó millonarios re-cursos del Estado, transmutados en subsidios no reembolsables, a terratenientes, reinas de belleza y agroempresarios del departamento de Magdalena y de otros sitios del país.

Por otra parte, la legislación de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), luego de cinco años de aplica-ción, aún no arroja resultados concretos en materia de restitución de tierras y patrimonio. Al respecto, el gobierno ha presentado una propuesta de repara-ción por vía administrativa (Decreto 1290 de 2008), que enfatiza el enfoque indemnizatorio y ofrece pingües montos como equivalentes al daño ocasio-nado por los victimarios, en tanto ha objetado la ley de víctimas argumentando déficit fiscal.

En este contexto, ILSA asume el esfuerzo edito-rial por dar continuidad a la serie de los Cuadernos Tierra y Justicia, publicados en su primera colección de diez números en el año 2002, con la finalidad

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impactos de los megaproyectos y los agrocombus-tibles en las tierras del país, los procesos organiza-tivos desde los movimientos campesinos en resis-tencia territorial, y la restitución y la recuperación de las tierras y los territorios, partiendo de una mi-rada a tres experiencias concretas de comunidades en el departamento de Magdalena y las regiones de Sumapaz y Magdalena Medio. Asimismo, sobre los modelos de reparación y restitución ante el despo-jo; la propuesta de Mercados Campesinos como es-pacio articulador de la economía agraria y foco de la producción y comercialización alternativa de la población agrícola. De igual manera, continuamos nuestras reflexiones sobre grupos diferenciados y obreros rurales. Al momento de la definir de las te-máticas de los cuadernos, encontramos de especial importancia dedicar un ejemplar a la medición del impacto de la seguridad democrática en el campo y la criminalización y judicialización de la lucha campesina organizada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Esperamos que esta segunda entrega de otros diez números de los Cuadernos Tierra y Justicia, de la misma forma que ocurrió con la primera serie, aliente a los movimientos sociales, en especial a las campesinas y los campesinos, a la profundización en los temas agrarios y en la exigibilidad de sus derechos. Si este objetivo se cumple, ILSA sentirá que este esfuerzo no fue en vano.

de seguir aportando en la discusión nacional sobre el tema agrario en Colombia. En esta nueva serie, presentamos temas que, a pesar de estar inscritos durante la primera década del nuevo milenio, no son coyunturales ni de actualidad, sino constitu-yen y reflejan la esencia de las fallas estructurales de un Estado que históricamente ha condenado a las comunidades campesinas, indígenas y afrodes-cendientes a una ignominiosa situación de pobreza y falta de desarrollo sustentable.

La nueva serie de Tierra y Justicia no solo ofre-ce un diagnóstico de los temas sino que, a la vez, razona sobre los procesos organizativos, las pro-puestas desde los movimientos sociales, las políti-cas públicas y los planes de desarrollo agrario que durante los últimos diez años se han realizado en Colombia. Por ello, tomamos como punto de par-tida el Mandato Agrario (Cuaderno Tierra y Justi-cia 11), declaración del campesinado en la que se plasman los anhelos del sector rural que deberían ser la base de una política pública agropecuaria. El Cuaderno 11 no solamente hace una evaluación del alcance del Mandato en la vida de las comunidades campesinas, sino que también sirve para examinar el estado de las organizaciones campesinas colom-bianas y los retos y las acciones a seguir en el esce-nario de capitalismo actual.

Los subsiguientes cuadernos pretenden generar discusiones, opiniones y puntos de vista sobre los

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¿Qué significó para los campesinos y las campesi-nas el logro de la unidad para elaborar el Mandato Agrario en el año 2003?

Sin duda fue uno de los grandes momentos del campesinado colombiano porque nos pusimos de acuerdo en la posibilidad de construir una propues-ta dirigida a la sociedad colombiana, las institucio-nes gubernamentales y la opinión de la comunidad internacional. Los campesinos colombianos repre-sentan un importante sector de la sociedad, y las diferentes organizaciones convocamos el Congreso Nacional Agrario para construir una propuesta de política pública para el campo. Es de gran trascendencia si se tiene en cuenta que en las últimas dos décadas el campo ha vivido un retroceso grande en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la institucionalidad pública, que ha llevado a un deterioro de la economía campesina.

¿Por qué es tan importante el campesinado para nuestro país?

El campesinado históricamente ha sido productor de alimentos, productor de vida. De allí la importancia de construir una pro-puesta colectiva que nos permita ponernos de acuerdo para repensar el campo colom-biano. Se nos ha querido imponer la pro-puesta neoliberal y de privatización que está de espalda a la realidad campesina, orienta-da al fortalecimiento de grandes agronego-cios, pensando solamente en la exportación y olvidando la producción de alimentos en nuestro país. Entonces, ahí radica la impor-tancia de que las diferentes organizaciones campesinas, incluyendo los indígenas y las comunidades afro, nos hayamos puesto de acuerdo para construir una propuesta co-lectiva de cara al país y de cara a la cons-trucción de una nueva sociedad en el campo con los campesinos y para los campesinos.

¿La propuesta del Mandato se ha logrado mante-ner en el tiempo?

Hoy en día estamos en la Mesa Nacional de Unidad Agraria desarrollando el Mandato Agrario. Sin embargo, cada una de las organizaciones ha trabajado los puntos del Mandato de acuerdo con sus capacidades de movilización, políticas, organizativas y de interlocución con el Estado, a

Las políticas que se desarrollan hoy quieren ver un campo sin campesinos

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pesar de que cuando se presentó el Mandato y lo radicamos en Planeación Nacional, nunca recibimos una noticia de parte del gobierno central diciendo que lo veía con buenos ojos. Hasta hoy, seguimos esperando la respuesta del gobierno. Lo que significa que el Mandato es una bandera política del movimiento campesino y que este gobierno no está en capacidad de desarrollar porque no tiene la voluntad política. ¿Cuáles son los más importantes logros del Man-dato Agrario?

Las organizaciones campesinas que elabora-mos el Mandato presentamos en 2007 un proyecto de ley, similar al presentado en 2004, pero ajustado a la realidad del momento. Ese proyecto recoge las banderas políticas del Mandato Agrario. El gobier-no también presentó en el año 2007 su proyecto, el Estatuto de Desarrollo Rural, contrario al que nosotros denominamos como proyecto de recons-trucción de la institucionalidad pública. Desde ese ángulo, el Mandato Agrario comienza a jugar su pa-pel y a retomar la necesidad de la reforma agraria

para al campesinado, una que desarticule el gran latifundio que hay en el país y que ha sido uno de los escenarios históricos de la violencia contra el campesinado. Nosotros necesitamos políticas que realmente tengan que ver con el campesinado y no con la modernización del gran latifundio, que es lo que busca la política gubernamental del momento.

¿Qué otros logros han obtenido?Otro punto que venimos desarrollando desde

las organizaciones, y en particular desde Fensua-gro, es la puesta en marcha de la agricultura limpia; es decir, la agricultura agroecológica. Nosotros tra-bajamos en la defensa de los ecosistemas, el medio ambiente y la producción orgánica; también educa-mos y formamos a las bases campesinas y sus di-rigentes para retomar las tradiciones campesinas y recuperar los alimentos limpios. Hoy sabemos que la agricultura comercial ha metido al campesinado y al pueblo colombiano en esto de la revolución ver-de y los agroquímicos, hechos que hoy se reflejan en la salud del pueblo colombiano.

¿Qué programas está desarrollando Fensuagro?

Estamos trabajando el tema de la defen-sa de los territorios. Exigimos que se respe-ten los territorios de las comunidades cam-pesinas, indígenas y negras, afectados por la violencia, el paramilitarismo y la acción de los empresarios de la palma de aceite, madera y otros grandes cultivos comercia-les, que atentan contra las comunidades campesinas indígenas y afrocolombianas y permiten el desplazamiento de sus territo-rios. Esto lo estamos desarrollando desde la bandera y la articulación del Mandato Agrario, nuestra carta de navegación.

El derecho a la vida fue planteado como prioritario en la formulación del Mandato Agrario en el año 2003. ¿sigue siendo la principal preocupación en la actualidad?

Sin duda. Hoy en día el campesinado sigue siendo violentado, sus territorios si-guen siendo usurpados y el desplazamiento sigue existiendo. Los asesinatos contra los campesinos son una realidad. Por ejemplo, en Arauca se vive una confrontación social y armada, en el que las víctimas son de la sociedad civil. El derecho a la vida es una bandera importante. Ese derecho pasa tam-bién por la necesidad de solucionar políti-camente el conflicto en el país. Nosotros no

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somos ajenos a ese conflicto y las organizaciones campesinas exigimos que se le ponga fin median-te un acuerdo que incluya la reforma agraria y una nueva asamblea constituyente que produzca pro-fundas reformas en el campo colombiano y permita a los campesinos vivir dignamente.

¿Cómo se materializa el Mandato en el campo? En la medida en que no solamente lo hacemos

exigible, sino que lo llevamos adelante según la capacidad de nuestras comunidades. Un caso es la defensa de nuestras semillas y el rechazo a los transgénicos. Es problemático que se pierdan nues-tras semillas, por lo tanto estamos construyendo los bancos de semillas nativas. Todo esto es posi-ble en la medida que nosotros lo impulsemos des-de abajo, desde la base y lo vayamos imponiendo en la vida del país. La concreción de otros puntos del Mandato no es visible porque nosotros no so-mos Estado y, como no lo somos, lo hacemos desde nuestras posibilidades.

¿Qué acciones en concreto se ha planteado el movi-miento campesino, indígena y afro en contra de la profundización del modelo capitalista?

Nosotros le pedimos al Estado que hiciera una consulta abierta para ver si la gente estaba de acuer-do o no con la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero, como el gobierno no la efectuó, nosotros sí. Los indígenas hicieron su con-sulta interna y la mayoría no está de acuerdo con el TLC; las organizaciones campesinas la hicieron en el suroccidente colombiano, en el Tolima y en varias regiones, y tampoco están de acuerdo; y las comunidades negras y el movimiento sindical ex-presaron lo mismo. Fue una forma de decirle no al TLC, pero también lo demandamos ante los jueces en Colombia y logramos que en primera instancia se declarara ilegal. Sin embargo, una de las instan-cias judiciales en Colombia revirtió esta decisión.

¿Qué otras acciones han emprendido?Realizamos el Congreso Nacional Agrario en el

2002, hicimos grandes movilizaciones nacionales en rechazo a estas políticas antinacionales y anti-campesinas. Toda esta década que está por culmi-nar ha sido de movilización en contra de las políti-cas neoliberales.

¿y cómo afectan esas políticas a los campesinos y las campesinas?

Las políticas que se desarrollan hoy quieren ver un campo sin campesinos. Hoy vemos que los gran-des agronegocios se quieren transformar en pro-ductores de agrocombustibles. Se pasó de 400.000 hectáreas de caña a cerca de un millón para pro-ducción de etanol; y tres millones de hectáreas de palma son para la producción de biodiesel. Ade-más, la producción de plantas y arbustos diseña-dos, incluida la agricultura comestible como la de la remolacha, la tienen en la mira para la produc-ción de agrocombustibles. Es una política que pon-drá a nuestro país en una grave crisis alimentaria: se pasó de importar 1.500 toneladas de alimentos a cerca de 9 millones de toneladas.

¿Además de la crisis alimentaria, qué otros aspec-tos son problemáticos?

La agresividad del modelo desmontó también la institucionalidad pública. El antiguo Incora y el Incoder desaparecieron. Instituciones que le pres-taban crédito al campesino, como la antigua Caja Agraria, ya no existen; se crean incentivos para la agricultura comercial pero nunca llegan a la producción campesina, Agro Ingreso Seguro es un ejemplo de ello. En la década pasada se desmontó

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el Idema, que era una institución que les presta-ba servicios de mercadeo y bodegaje a los cam-pesinos. Hoy en día ese incentivo de bodegaje se lo ganan los intermediarios; es decir, los grandes acaparadores de los productos agropecuarios.

¿En cuánto a tierras qué sucede?Vemos una política agresiva contra las comuni-

dades campesinas, afro e indígenas, que realmente no tiene nada que ver con una política de reforma agraria. Lo que vemos en el país es una mayor re-concentración de la propiedad de la tierra: 49 mi-llones de hectáreas de tierra están en manos de unos 15.000 propietarios, y hay más de 1’500.000 campesinos que no poseen tierras o la poseen en poca cantidad.

¿Qué importancia ha tenido el Mandato para orien-tar el trabajo político y organizativo de Fensuagro?

Para nosotros ha sido muy importante, es una carta de navegación, como he dicho. El Mandato Agrario se convierte en una propuesta colectiva. Desde nuestra organización lo llevamos a los di-ferentes seminarios y talleres de formación. Fen-suagro tiene presencia en 22 departamentos, con una importante base social, con cerca de 80 orga-nizaciones. Además, tenemos trabajo en el sector de la agroindustria y con varias organizaciones de pequeños y medianos productores campesinos para organizarlos en todos los rincones del país. El campesinado ha tomado conciencia sobre la nece-sidad de organizarse para defender sus derechos

que están hoy en peligro. ¿Qué propuestas tienen los campesinos para re-solver la crisis del agro colombiano?

Los campesinos somos inteligentes por natu-raleza, los campesinos tenemos propuestas políti-cas y el Mandato Agrario es el mejor ejemplo del campesino para la sociedad colombiana. Existe la necesidad de generar una profunda alianza entre productores y consumidores, de allí la importan-cia de que el campesinado sea acogido en el seno de los que viven en las ciudades, debido a que esa alianza permitirá no borrar nuestra soberanía ali-mentaria. Es necesario que la soberanía nacional se respete, que los recursos naturales no se rifen al primero que llegue y que haya campesinos por mucho tiempo en nuestro territorio y nación.

¿El Mandato Agrario sigue vivo?Sí. El Mandato tiene vigencia porque no se ha

llevado a efecto, no se ha concretado por parte de la institución gubernamental. Ese Mandato Agra-rio está hecho para la construcción de una nueva propuesta de país. Las políticas actuales no tienen nada que ver con el campesinado, en tanto las polí-ticas del Mandato tendrán que ser desarrolladas en un momento de la historia de nuestro país. Noso-tros pensamos hacer un segundo Congreso Nacio-nal Agrario para realizar un balance sobre el Man-dato Agrario e introducir nuevos elementos que lo conviertan en un documento mucho más profun-do, avanzado, exigente y más constructivo de un nuevo país.

Eberto Díaz

Presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro). Concejal de Sincelejo en los años 90. Es miembro del Consejo Nacional de Paz y de la Mesa Nacional de Unidad Agraria. Hace parte de la vida campesina, es miembro de la Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina (CCI).

“El Mandato Agrario está hecho para la construcción de una nueva propuesta de país. Las políticas actuales no tienen nada que ver con el campesinado, en tanto las políticas del

Mandato tendrán que ser desarrolladas en un momento de la historia de nuestro país”

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¿Hoy en día cómo se mantiene la unidad en torno al Mandato Agrario?

Lamentablemente no es la unidad ideal. Se con-tinúan haciendo esfuerzos por trabajar juntos y juntas problemáticas comunes, apuestas comunes, resistencias comunes, sin que se dé un paso real en la práctica de la unidad.

¿Qué estrategias han ejecutado las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes para reconstruir la agricultura nacional y cuáles han sido orientadas por el Mandato Agrario?

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En el caso del Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA), planteamos nuestra propuesta de plataforma política como forma de contribuir en la discusión, elaboración e implementación de políticas para el campo colombiano, basados en los postula-dos del Mandato Agrario. Necesitamos preservar la vida en condiciones dignas, transformando la reali-dad social, política económica, cultural y ambiental de Colombia. Buscamos un nuevo modelo de socie-dad cuyo objetivo sea el bienestar de la población en general. Nos orientamos por los principios rectores de la acción política y social en lo territorial, porque allí forjamos la identidad, la cultura, la vida, la sobe-ranía, la autonomía y la unidad.

¿Cuáles son los logros del Mandato Agrario y quiénes los han impulsado?

Pienso que el Mandato Agrario se ha impulsado desde cada organización, según su énfasis. En el caso del CNA se profundizan puntos como la soberanía y la autonomía agroalimentaria, política, económi-ca, cultural y social. Los temas relacionados con la tierra y el territorio, los compartimos con indígenas y afrocolombianos. Allí nos planteamos la tenencia del uso y propiedad de la tierra. Otros puntos que trabajamos son: desplazamiento forzado, cultivos de uso ilícito, solución política al conflicto social y armado. Para garantizar una vida digna, nuestro én-fasis está en los derechos civiles, políticos, económi-cos, sociales, ambientales y culturales. Por último, están educación, investigación, ciencia y tecnología.

¿Cuál es la situación de las mujeres del campo? Las mujeres lamentablemente siguen siendo ex-

plotadas, invisibilizadas y víctimas de la violencia. El Mandato Agrario brinda herramientas para luchar por sus derechos, lucha que debe ser acompañada por el compromiso de todos los procesos organizativos.

Buscamos un nuevo modelo de sociedad cuyo objetivo sea el bienestar de la población en general

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¿Frente a la profundización del modelo capitalis-ta, qué acciones han emprendido?

La resistencia territorial, la organización y la mo-vilización de diversas formas. El CNA le ha aposta-do a la minga nacional de resistencia social y comu-nitaria con indígenas, afrodescendientes, mujeres y estudiantes, entre otros. Esta minga representa un espacio de discusión y de acción en la defensa de la vida y la madre tierra.

¿Conoce algún canal de expresión institucional que se haya abierto a partir del Mandato?

No. No conozco ninguno. El Estado impone su política neoliberal que conllevará a un campo sin campesinos y a una total pérdida de soberanía y autonomía, generando dependencia alimentaria y saqueo de nuestros territorios.

¿Cómo afectan las políticas del gobierno los inte-reses del campesinado?

Aumentan la violación de los derechos de los campesinos, desconocen las apuestas y propuestas de los habitantes del campo e imponen un nuevo modelo para el sector. Arrinconan cada vez más a campesinos, indígenas y afrocolombianos, entre-gando nuestros territorios, riquezas y conocimien-tos al capital transnacional.

¿Cuáles son los principales retos del Mandato Agrario para 2010?

Retomar su discusión y posicionamiento en las bases campesinas, indígenas y afrodescendientes. Además, hay que llenarlo de contenido para imple-mentarlo como forma de poder desde lo local, re-gional y nacional.

Germán Bedoya

Fundador del Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA) y responsable en Vía Campesina de la Región Andina en los temas de biodiversidad y soberanía alimentaria. Miembro tanto del comité coordinador de la Convergencia de los Movimientos y Pueblos de las Américas (Compa), como de la Iniciativa de Acción contra los Agronegocios (IAA).

“Pienso que el Mandato Agrario se ha impulsado desde cada organización, según

su énfasis. En el caso del CNA se profundizan puntos como la soberanía y la autonomía

agroalimentaria, política, económica, cultural y social”

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El problema del sector campesino hoy es que lo han empobrecido mucho más

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¿Qué ha significado el logro de la unidad alrededor de la elaboración del Mandato Agrario?

Significó que hubiéramos podido encontrarnos diversas dirigencias de las organizaciones campe-sinas que habíamos actuado muy desordenada y muy indistintamente en el panorama nacional.

¿Ha habido continuidad en la apropiación del Man-dato Agrario por parte de las poblaciones indíge-nas, afrocolombianas y campesinas?

Podríamos decir que sí ha habido continuidad, pero no en una forma coordinada y coherente, sino que cada una de las organizaciones por sí solas han incorporado actividades que se acordaron en el Man-dato, pero no en una forma unificada ni nacional.

¿Qué estrategias han agenciado las organizaciones campesinas, indígenas y afro para reconstruir la agricultura nacional y cuáles han sido orientadas por el Mandato Agrario?

Creo que cada organización ha realizado sus actividades en función de la recuperación de la tie-rra, que fue uno de los planteamientos hechos en el Mandato. Sobre todo, los indígenas han venido lo-grando éxitos en eso y algunas comunidades cam-pesinas. Sin embargo, la lucha ha sido difícil, por las imposiciones de los grandes propietarios de tierras y por la acción armada que ha estado al servicio de los intereses de los terratenientes y de las políticas del gobierno. Otro aspecto es la lucha por la segu-ridad alimentaria. En esto se ha avanzado bastante en cuanto a la recuperación del conocimiento an-cestral y de las semillas ancestrales –la lucha contra la intromisión de semillas transgénicas–.

¿Con respecto a la aplicación del Mandato Agrario en Bogotá qué avances se han dado?

En el Plan Maestro de Abastecimiento de Ali-mentos de Bogotá hubo una buena influencia de todo lo que se planteó en el Congreso Agrario de 2003 y en el Mandato que fue entregado a todas las instituciones oficiales del país. La expedición de la Ley 88 sobre el Plan de Ordenamiento Territo-rial, que incluyó los planes maestros, y entre ellos

el Plan de Abastecimientos para Bogotá. Dentro de ese marco, se ha avanzado en el programa de Mer-cados Campesinos que hemos venido realizando las organizaciones campesinas en coordinación con ILSA y Oxfam.

¿Quiénes han sido los promotores de organiza-ciones, tanto de campesinos como de indígenas y afro, que han desarrollado el Mandato Agrario?

Cada una de las organizaciones, a excepción de la ANUC nacional, elegida después del Mandato –pues sus antecesores sí lo firmaron–, que en aras de intereses de financiación con las entidades gu-bernamentales emitió una circular manifestando su desacuerdo con el Mandato Agrario. Todas las demás organizaciones estuvimos siempre agen-ciando políticas en función del Mandato.

En el caso de Bogotá, para el centro del país, ante un llamado de ILSA cuando se conoció la propuesta del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos para la capital, nos reunimos con repre-sentantes de diversas organizaciones nacionales y regionales, como el caso de la ADUC Cundinamar-ca, para echar adelante el programa de Mercados Campesinos.

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¿Qué influencia ha tenido el Mandato en la vida cotidiana de hombres y mujeres del campo?

Creo que la dispersión que hemos tenido en la ejecución de los proyectos específicos, sin una co-ordinación y una coherencia nacional alrededor del Mandato, nos ha impedido tener una fuerza para poder decir que hay avances significativos. Sin em-bargo, el nivel de información que se ha llevado a los pequeños y medianos productores acerca a las organizaciones campesinas, lo cual ha sido un gran avance y ha contribuido a algunos cambios en ac-titudes y comportamientos, que van a ser la base para ir construyendo ese poder que necesitamos.

¿Cómo se podría posicionar el Mandato Agrario en la agenda política de organizaciones, movi-mientos y sectores involucrados con el campesi-nado en Colombia?

En primer término no es bueno pensar en un posicionamiento del Mandato Agrario tal como está, porque indudablemente del año 2003 a la fe-cha las situaciones se han agudizado y, por tanto, el empeoramiento de las condiciones de trabajo de las comunidades rurales hace que el Mandato tenga que actualizarse y analizarse en cada uno de sus puntos, con el fin de ver tácticas, estrategias y polí-ticas que deberían utilizarse para que sus objetivos se cumplan. Creo que hay que hacer una reflexión muy seria de adecuación del Mandato a las circuns-tancias que estamos viviendo actualmente.

¿Qué se requiere para convocar a las organiza-ciones que firmaron el Mandato para evaluarlo?

El problema del sector campesino hoy es que lo han empobrecido mucho más y la capacidad de acción coordinada y coherente se ve imposibilitada por esa ausencia de medios y de recursos para ha-cer análisis políticos y organizativos. Creo que el esfuerzo que se está haciendo en materia de orien-tar la producción hacia la agricultura ecológica y la recuperación de semillas ancestrales para la sa-tisfacción de las necesidades básicas de la familia campesina permitiría volver a incorporar al cam-pesino a ese proceso de análisis y de organización frente al problema global que se afronta.

¿Qué importancia ha tenido el Mandato Agrario para orientar el trabajo de la Acción Campesina Colombiana?

El Mandato Agrario ha sido una guía orienta-dora de la actividad organizativa y productiva y de la acción política en función de la defensa de la vida de las personas y de la conservación de la subsistencia. En ese sentido, lo que podemos ha-cer desde la dirección de la ACC es fundamental-mente la tarea de información, encaminada hacia el desarrollo de una conciencia crítica y política, y la capacitación sobre la utilización de los bienes y medios de producción en pro de la satisfacción de las necesidades básicas, y que ello también sea un estímulo a la construcción de un poder organizado que hemos siempre venido planteando.

¿Cómo ha afectado la política de seguridad demo-crática las reivindicaciones de indígenas, campe-sinas y afro consignadas en el Mandato Agrario?

En todos los sentidos, porque la seguridad de-mocrática se limitó a asegurarles a los empresarios la posibilidad de volver a sus haciendas y pasear por las carreteras centrales. La famosa seguridad ni si-quiera considera la defensa de la vida porque siguen asesinando y masacrando a indígenas, campesinos y afros. No solo sigue la inseguridad en el campo, sino también en la ciudad. Además, no es posible acceder a proyectos de desarrollo en torno a la pro-ductividad, la transformación y el mejoramiento del ingreso de los campesinos porque se vive una situa-ción de mayor miseria y pobreza.

¿En conclusión podemos decir que el Mandato Agrario perdió vigencia?

Es indudable que sí. Cuando decimos que hay que actualizarlo nos referimos a que, de acuerdo con la agudización de las condiciones que viene presentán-dose desde esa época, hay necesidad de reformular el Mandato. No se trata de cambiarlo en sus contenidos o en sus objetivos, sino de adecuarlo en cuanto a la estrategia y la política, que es el ordenamiento de los talentos humanos y de los recursos económicos en función de lograr objetivos concretos.

Carlos Ancízar Rico

Representante de las organizaciones campesinas en el Consejo Directivo del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá y representante de Acción Campesina Colombiana (ACC). Veterano dirigente campesino.

“Las condiciones de trabajo de las comunidades rurales hace que el Mandato tenga que

actualizarse y analizarse en cada uno de sus puntos, con el fin de ver tácticas, estrategias y

políticas que deberían utilizarse para que los objetivos del Mandato se cumplan”

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¿Qué balance realiza del Mandato Agrario?Me parece importante este balance, casi a diez

años de hacer un esfuerzo en las regiones donde está la gente campesina sobreviviendo y resistien-do. Si bien es cierto que hay muchas razones que son causa del exterminio y del proceso de desapa-rición del sector campesino y de sus organizacio-nes, que tienen que ver con la política neoliberal, hay que recoger elementos de la historia y construc-ción de las organizaciones y del movimiento campesi-no. Por eso hay que resal-tar que si bien el Mandato Agrario fue un esfuerzo unitario con algunas ONG importantes como ILSA y el Cinep, es necesario recono-cer de manera crítica que en este proceso el Consejo Nacional Campesino (CNC) desapareció, lo cual hoy nos cuesta mucho, porque no tenemos un espacio na-cional campesino visible que haga frente a las políti-ca agrarias.

¿Qué significó el Consejo Nacional Campesino para el movimiento campesi-no?

El Consejo Nacional Campesino recogía la

diversidad de las organizaciones campesinas nacionales y visibilizaba al sector campesino, hoy en riesgo de desaparecer. Fue la expresión más importante de los últimos años antes de la llegada de Uribe. Con el CNC fuimos convocados a una reunión para plantear la propuesta, dinamizada por ILSA, para hacer el Mandato Agrario. Desde el principio nos pareció que esta propuesta era

buena y necesaria. Así, al proceso llegamos como CNC, pero en la discusión y en el debate del Mandato este fue perdiendo fuerza y forma, se fue diluyendo. Se generaron unos procesos de división de algunas organizaciones que salieron y se unieron a un repunte que intentaba tener la ANUC oficial, pero finalmente cuando termina el Mandato, no teníamos el CNC.

¿Cuál fue el factor determi-nante que diluyó el Conse-jo Nacional Campesino?

Algunas organiza-ciones salieron del CNC como ACC, Fanal, Estracol y el Coordinador Nacional Agrario, porque plantearon la necesidad de construir el Consejo Democrático

Se necesita una mirada más seria frente a la situación organizativa de la base social campesina en que nos encontramos

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Campesino, que luego fue presentado de otras dos formas. Del proceso del Mandato Agrario quiero rescatar que hubo la posibilidad de discutir en co-lectivo. Entonces, creo que no obstante que aportó para generar un espacio de debate conjunto en tér-minos del proceso organizativo, hay que resaltar este como un punto que no sé si llamarlo negativo o un punto que no suma para el avance del movi-miento campesino, y que hoy tiene un costo grande: el CNC llega hasta el proceso del Mandato Agrario y luego se da una preocupación y un esfuerzo muy grande para sacar adelante lo que se llamó la Con-vergencia Campesina, Negra e Indígena en el marco del Mandato.

¿Los sectores campesino, afro e indígena se unie-ron para hacer el Mandato Agrario?

Hay que diferenciar. Hoy en esta entrevista veo dos claridades. Una es que el Mandato como ele-mento temático y de discusión permitió aportar desde diferentes organizaciones y lograr puntos de unidad y consenso que son interesantes. Pero creo que en términos del proceso de unidad desde el Mandato, en la Convergencia Campesina, Negra e Indígena, que es el esfuerzo con el que intentamos llenar el vacío que dejó la desaparición del CNC, no se logró una participación muy activa de los otros sectores. Por eso hay que darle mayor atención a que el CNC –que fue con el que más nos metimos al debate con las organizaciones campesinas–, al diluirse hizo que, pese a tener el Mandato, no tu-viéramos un instrumento propio de participación.

¿Cuáles han sido los principales logros del Man-dato Agrario?

Si hay que ser objetivos y críticos, creo que el Mandato ha logrado cosas importantes en la me-dida en que se ha posicionado en organizaciones no muy fuertes en la base. Eso hay que decirlo y es parte de la reflexión que hay que hacer con res-pecto a la forma que construimos los procesos de unidad, en tanto siguen siendo construidos desde arriba y no desde abajo.

Pero quiero resaltar cómo el Mandato fue reto-mado en la primera movilización de los indígenas del Cauca a Cali, donde surge el Mandato Indígena y Popular. Nosotras también hemos llevado a otros escenarios el Mandato Agrario para que sea visible y sea retomado en seminarios y foros. Sin embargo, creo que no ha habido, por la misma situación de debilitamiento del movimiento campesino, afro e indígena, una apropiación total. Aunque en el ám-bito nacional haya un posicionamiento importante

del Mandato, no podemos decir que esta sea una herramienta de las bases campesinas en las regio-nes. Mentiríamos si decimos que sí.

¿Qué se requiere para posicionar el Mandato Agrario en las bases?

No se trata de ver si este Mandato no funcionó o si es otro el que funciona o si es un problema de comunicación. Yo no creo que sea lo que haya que hacer. El Mandato sigue siendo una herramienta política importante, sigue siendo el punto de dis-cusión de los diferentes sectores que logramos un nivel de consenso y que abarca 14 puntos que re-cogen las necesidades y estrategias que había que posicionar políticamente como movimiento cam-pesino, indígena y afro; ese no es el problema. Se necesita una mirada más seria frente a la situación organizativa de la base social campesina en que nos encontramos.

¿Al realizar esa mirada a las bases campesinas con qué nos encontramos?

Lo primero es que en este momento tenemos situaciones complejas para la recomposición del te-jido social campesino al que me voy a referir como sector. Es uno de los más golpeados a través de la estrategia de guerra, asesinato, masacre, amenaza y desplazamiento, lo que destruye la mayoría de la base social campesina. Esto está combinado con la segunda línea que es la asfixia económica de la economía campesina. Estamos importando alrede-dor de 8 millones de toneladas de productos agro-pecuarios, ¿por qué? No hay una política que reac-tive la estimulación y protección de la economía campesina. Y un tercer aspecto son las políticas asistencialistas del gobierno que están rompiendo los procesos organizativos autónomos y propios de las organizaciones.

¿Qué es lo que pasa actualmente con la produc-ción campesina?

Toda la producción campesina ha sido diezmada por medio de la política nacional. Eso lleva a que la gente no encuentre el estímulo para seguir produ-ciendo. No hay un incentivo para entregar tierras, créditos; no hay un subsidio de producción, cosecha y garantía para que los mercados campesinos le de-vuelvan a la gente el esfuerzo y la labor de sostener la soberanía alimentaria del país. El gobierno crea una política para la agroexportación y una política de alianzas estratégicas y cadenas productivas que no le dan espacio a la economía campesina como área estratégica para la economía del país, para re-

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solver el problema de alimentos, de desempleo y la pérdida de la identidad cultural campesina.

¿Cómo afectan las políticas asistencialistas los procesos organizativos?

Las políticas asistencialistas del gobierno están rompiendo con la identidad cultural campesina de las regiones y con el reconocimiento de las organi-zaciones de base como sujeto político. Cuando se llega a las regiones con programas como “Mujeres en Acción”, que está dirigido a las mujeres del cam-po, que son quienes afirman la resistencia en el te-rritorio y las tierras, lo que se hace básicamente es cooptar esa base. Muchas líderes, actualmente, es-tán cooptadas y son objeto de una confusión ideo-lógica, política y social, porque no diferencian qué es ser de la organización y qué es ser del programa del Estado. Obviamente, cuando a la gente se le ge-neran expectativas por la plata, en el proceso or-ganizativo se rompe con los procesos autónomos, pues pregunta qué es lo que van a dar y no qué es lo que hay que defender.

Retomando el Mandato Agrario, ¿cómo fue la par-ticipación de las mujeres en la realización del mis-mo y cuáles han sido los principales logros para ellas?

Para nosotras el Mandato Agrario fue un esce-nario. Con él nos tuvimos que unificar y dar debates aun con posiciones patriarcales y machistas, mani-festadas al plantearse que no se necesitaba hacer especificidades. Sin embargo, creo que logramos que eso quedara claro. Yo soy una de las mujeres que estuvo hasta el último momento de redacción del documento. Esa noche amanecí y fui quien al final le dio la revisada de redacción de género para asegurarnos que finalmente quedara recogido todo lo que las mujeres planteamos en el proceso. Fue muy importante que con ese reconocimiento apare-ciéramos de manera visible en el documento.

¿Cuál es la situación de las mujeres del campo hoy en día?

De cara a las políticas reales de resolución, no-sotras tenemos fuertes retrocesos, ya que así como desapareció el escenario de mujeres del Consejo Nacional Campesino en el nivel nacional, también hemos desaparecido del escenario que nos reco-noce como campesinas, en tanto hoy ha avanza-do la política que sustenta el desarrollo rural de agroexportación y agroproyectos, en el marco del uso productivo de la tierra y no de su función so-cial, en la lógica de la nueva ruralidad que nos han colocado en el país.

En nuestro trabajo hemos tenido acercamien-tos con mujeres campesinas de más de 15 depar-tamentos y la situación es muy crítica, dolorosa y difícil para la sobrevivencia de mujeres campesi-nas en su territorio o en la ciudad. El que no se ten-ga ni la tierra, ni un incentivo para la producción campesina, y en ese sentido el mínimo sustento alimentario, golpea desde luego la sobrevivencia familiar en cabeza de la mujer.

¿En cuáles escenarios han visibilizado la situa-ción de las mujeres del campo?

En octubre de 2008, en el Foro Nacional de Mujeres Rurales, convocado por la Procuraduría Agraria Ambiental y de Género –que contó con la presencia de 400 mujeres y con la del entonces procurador Edgardo Maya, quien asumió una pos-tura clara frente a lo que estaba pasando con el tema agrario y campesino–, nosotras tuvimos la posibilidad de plantear la difícil situación de las mujeres frente a la pérdida de la tierra, la amenaza de privatización del agua, el problema ambiental y de agrocombustibles. Allí fue aprobada y acogida la necesidad de trabajar en una marcha nacional de mujeres campesinas. A partir de ese día hemos venido reconstruyendo ese trabajo con las organi-zaciones campesinas de base. Es una apuesta que

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busca reconocer qué está pasando con las mujeres campesinas, con sus tierras y qué ha pasado con ellas en estos 20 años de guerra, ya que las mujeres campesinas no aparecemos en los informes como un sector afectado, seguramente porque eso mani-fiesta el desconocimiento del sector en las políticas de la nueva ruralidad y en el marco de reconocer solo la condición étnica y no la social.

¿y en cuáles escenarios no institucionales lo han hecho?

Realizamos un encuentro nacional a finales de julio, principios de agosto de 2009, en Bogotá, que contó con la participación de mujeres delegadas de Caquetá, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Sucre, Bo-lívar, Magdalena, Atlántico, la Guajira, Santander, Boyacá, Cundinamarca y de las zonas campesinas de Bogotá. Nuestra apuesta fue visibilizar la pre-sencia campesina en ciudades como Bogotá, Cali y Pasto, y reconocer las situaciones de presión que se están viviendo para dejar la tierra y abrir paso a otros proyectos que van surgiendo en el marco del desarrollo consumista y en contra de los sectores tradicionales como el campesinado.

¿Está en riesgo el derecho a la vida para el campe-sinado colombiano?

El derecho a la vida sigue siendo una gran pre-ocupación, puesto que la degradación es peor. Hoy estamos en una situación más difícil, pues aparen-temente se quiere demostrar que la guerra se aca-bó, que la batalla contra la insurgencia se acabó y que los paramilitares se desmovilizaron, pero no. Acabamos de venir de un evento de derechos humanos con campesinas y encontramos que en diciembre de 2009 hubo más de 45 muertos en la zona costera de Nariño. Entonces nos enfrentamos a una guerra que continúa. De cara a esa política que sustenta el afán de un tercer mandato por la reelección para complementar los proyectos de

muerte, lo que estamos viendo es que el derecho a la vida sigue estando en peligro, específicamen-te el derecho de las poblaciones que han logrado mantener a los sectores campesinos, afro e indíge-nas en estas tierras.

¿Qué importancia ha tenido el Mandato Agrario para orientar el trabajo organizativo de la ANuC-uR?

Para nosotras ha sido importante porque rele-yéndolo nos damos cuenta de que ahí está lo que hoy necesitamos. Pero cuando hacemos una lec-tura, vemos que hemos perdido muchísimo desde el momento en el que se hizo el Mandato hasta la actualidad. Lo que hemos tenido en este tiempo es un retroceso en términos de perder las tierras y la economía campesina. Las propuestas de las go-bernaciones para la población del campo en cada uno de los departamentos generan rabia e indig-nación por el desconocimiento presente en los planes de desarrollo de Nariño, Sucre y de todas partes. El Mandato tiene que seguir siendo un ins-trumento que nos permita reorientar el quehacer de los sectores que estamos en el campo. Desde ese punto de vista, sigue siendo una herramienta importante.

¿El Mandato necesita revisarse?Se requiere hacer un análisis comparativo de

lo discutido y acordado en el año 2003 en torno al Mandato con el retroceso que hemos tenido por la profundización de la política neoliberal y del de-sarrollo vía agroindustria, con el fin de mirar los ajustes que hay que hacerle al Mandato Agrario, para que recoja los puntos que en estos años he-mos perdido y que debemos replantear.

¿Qué tarea le queda al movimiento campesino?Considero que una de las responsabilidades

del movimiento campesino es hacer una reflexión

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crítica de lo que ha pasado con las organizaciones campesinas, del reconocimiento de los estilos, las prácticas y las dificultades que no hemos apren-dido a manejar a la luz del reconocimiento de los procesos históricos y de las divisiones que hemos vivido en las organizaciones.

¿Qué necesita resolver el movimiento campesino para salir de la crisis?

Es importante que las organizaciones y el mo-vimiento no solo tengan claras nuestras reivindi-caciones y políticas, sino que tengan claridad res-pecto a qué tipo de movimiento tenemos que ser, cómo hacerlo, qué practicas no continuar, cómo asumir la división de poder en las organizaciones, para que esto nos permita salir de los problemas que, a lo mejor, nunca les hemos dado atención, ta-les como los celos de liderazgo, de competencia y los celos entre organizaciones, que rompen con un proyecto de unidad que debería centralizar temas como la tierra y la soberanía alimentaria. Es decir, los nudos centrales que permitan reconstruir un instrumento organizativo que tenga claridades de cómo salir de la situación en la que estamos, que es difícil.

¿Cuáles procesos organizativos podrían destacarse?

El retroceso de los 10 años no solo se debe ver como lo que se ha perdido en términos de las apuestas en políticas reivindicativas, sino también en el retroceso que hemos tenido en las comunida-des para reconstruir procesos organizativos, por la complejidad de la situación. Por otro lado, estamos en el marco de una guerra que no se proyecta a terminar sino a profundizarse, entonces los pocos

Gilma Benítez

Representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Unidad de Reconstrucción (ANUC-UR). Campesina del piedemonte costero nariñense. Estudió Trabajo Social y se ha especializado en el desarrollo de estrategias pedagógicas y políticas para las mujeres. Cuenta con una amplia experiencia en el sector y lleva más de 25 años vinculada al movimiento campesino.

“Se requiere hacer un análisis comparativo de lo discutido y acordado en

el año 2003 en torno al Mandato con el retroceso

que hemos tenido por la profundización de la política neoliberal

y del desarrollo vía agroindustria”

procesos que tenemos con claridades en las zonas de la costa y del sur hay que acompañarlos por par-te de las ONG y las organizaciones Internacionales, porque son procesos amenazados. Resalto aquí el proceso de las comunidades de San José de Apar-tadó, que se reivindican como campesinos, que se reivindican en la defensa de su territorio y de su tierra campesina, que apuntala en la construcción de una propuesta de soberanía alimentaria y de la Universidad Campesina. Lastimosamente, estos procesos están como islas alrededor de los mega-proyectos.

¿Es posible reconstruir el movimiento campesino?

El proceso de reconstrucción de las organiza-ciones no es tan fácil. Hay que darle lectura política y acuñárselo a la estrategia de desbaratar los mo-vimientos sociales como la única manera de impo-nernos estas políticas oficiales, las cuales estamos midiendo en ese proceso de coordinación de bases campesinas, mientras vamos generando un deba-te de la apuesta frente a lo que está pasando en el campesinado: ¿cuál es el papel del movimiento campesino?, ¿hacia dónde tendríamos que apuntar para la reconstrucción del país? Trabajamos para la reconstrucción de una propuesta para el cam-po, que dignifique al sector y que complemente una propuesta, para que no solamente se quede en la producción sino que pase al procesamiento y a la comercialización. Queremos que esa propuesta cree otros niveles de desarrollo sin estigmatizar ni intentar borrar la economía campesina y al sector, en especial erradicando el supuesto de que es un sector atrasado, obsoleto y que la modernidad es lo que nos sirve.

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¿Cuál fue el elemento clave que hizo posible la elaboración del Mandato Agrario?

Para las organizaciones campesinas que parti-cipamos en el Mandato Agrario fue muy importante lograr la unidad porque ha sido, tal vez, lo más di-fícil: encontrar la unidad de criterio de parte de las organizaciones campesinas para la construcción del Mandato, que es la carta de navegación de la política pública del sector agropecuario en el país.

¿Cómo se ha mantenido la unidad en torno al Man-dato Agrario?

Ha sido muy entre comillas, ya que lo que se ha logrado de la ejecución del Mandato es muy poco. Es necesario que se haga una convocatoria de un congreso agrario, aun con mayor unidad de los ac-tores, para ver de qué manera se presiona la ejecu-ción del Mandato Agrario, porque su mayor dificul-tad ha sido la falta de voluntad política del Estado. El Mandato Agrario debe convertirse en nueva polí-tica pública nacional.

¿Cuáles han sido los mayo-res alcances del Mandato Agrario?

Uno de los principales logros son los Mercados Campesinos, proceso que hemos liderado organiza-ciones campesinas y el Co-mité de Interlocución Cam-pesino y Comunal. Otro es la participación en algunas marchas. Así mismo, tene-mos la constitución de la Mesa de Unidad Agraria, en la que nos encontramos varias de las organizacio-nes que hicimos parte del Mandato, en tanto hay uni-dad de criterios en torno a los postulados del Manda-to. De igual manera, se ha

El Mandato Agrario sigue vigente 100%Hernán López

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avanzado en derechos humanos y en la restitución de una propuesta de política pública nacional.

¿Qué procesos políticos han desencadenado para promover el Mandato Agrario?

Los procesos mínimos a través de las organiza-ciones que hicimos parte del Mandato y los proce-sos de unidad que se han venido dando, pero muy puntuales y sin continuidad. Esa ha sido una de las faltas de siempre para la ejecución del Mandato: la falta de continuidad en los procesos que han inicia-do las organizaciones campesinas, porque no hay unidad de acción.

¿Cómo podría posicionarse el Mandato para que sea tenido en cuenta en la agenda de las organiza-ciones que trabajan desde y para el campo?

Toca que el Mandato Agrario se baje a las bases. Ha sido una falta que muchas de las organizaciones campesinas no hemos bajado a las bases el Manda-to y por lo tanto no es conocido por ellas. El sen-

tido del Mandato Agrario es la población campesina y la mayoría no lo conoce. Hay que buscar una mayor incidencia desde las bases para lograr el cumplimien-to del Mandato Agrario, para que pueda cumplirse como política pública na-cional.

¿Qué acciones se han pro-puesto para 2010?

Se plantea la realiza-ción del segundo Congre-so Nacional Agrario para evaluar hasta qué punto se ha cumplido el Manda-to Agrario y buscar tam-bién la manera de lograr que sea conocido por las bases, y desde las mismas

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bases establecer una dirección para que se con-vierta en esa política pública que queremos. Las organizaciones campesinas que hacemos parte de la Mesa de Unidad Agraria estamos muy interesa-das en realizar dicho congreso por lo que hemos estado realizando muchas actividades para ello. Aunque no hay una fecha concreta para celebrar el congreso, estamos convencidos de la necesidad de hacerlo.

¿uno de los propósitos, además de hacer un balan-ce del primer Mandato Agrario, sería revaluarlo?

Lo que hay que revaluar son las acciones hay que iniciar para exigir el contenido del Mandato. Hay que volver de nuevo a las movilizaciones cam-pesinas que se hacían antes y que las organizacio-nes campesinas dejaron de hacer. Es necesario re-tomarlas porque es una forma de presión hacia el gobierno nacional que desconoce la actividad cam-pesina de manera permanente, además de descono-cer los derechos que tenemos los campesinos.

¿Lo anterior significa que no ha perdido vigencia el Mandato?

El Mandato Agrario sigue vigente 100%. Todo lo planteado en el Mandato Agrario es lo que piden las organizaciones campesinas para resolver la crisis del agro en Colombia. Cada día, debido a la situa-ción que vive el país, el Mandato cobra más vigen-cia y vemos que lo mismo que solicitábamos desde 2003, lo seguimos solicitando actualmente los cam-pesinos y las organizaciones.

¿Cuál sería la principal dificultad que ha impedi-do el desarrollo del Mandato Agrario?

Uno de los mayores problemas es la falta de re-conocimiento del Estado colombiano. El Estado no reconoce la existencia de los derechos de los cam-pesinos contenidos en el Mandato Agrario. La ma-

yor dificultad es la falta de voluntad política del Estado para cumplir el Mandato.

¿Qué impacto ha tenido el Mandato Agrario en la Colombia rural?

Decir que el impacto ha sido importante es muy difícil poder indicarlo, porque, como digo, sigue vi-gente y es porque no se ha cumplido. Tendría im-pacto si se hubiera cumplido un porcentaje impor-tante de lo que plantea.

¿Cómo afecta la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro uribe las reivindicaciones del campesinado?

Nos ha afectado desde cualquier punto de vis-ta porque es un gobierno centralista y autoritario que no reconoce los sectores sociales. Nos hemos visto afectados directamente en todo y, así mismo, se ha visto afectado el cumplimiento del Mandato Agrario por el modelo de desarrollo que el Estado promueve. La famosa política de seguridad demo-crática es para los que tienen capital, no para los pequeños. Con los pequeños vemos día a día todo tipo de violaciones.

¿Qué instrumentos se necesitarían para impulsar el Mandato Agrario?

El apoyo a través de políticas nacionales que desarrollen los postulados del Mandato Agrario. Otro elemento primordial sería un cambio de go-bierno. Mientras sigan estos gobiernos de derecha y ultraderecha, nunca vamos a cumplir el Mandato por más presiones que hagamos desde la sociedad civil. Siempre vamos a encontrarnos con una reac-ción violenta del Estado cuando salimos a reclamar el cumplimiento de nuestros derechos como cam-pesinos. No hemos visto nunca voluntad del Estado, entonces tocaría pensar en un cambio de política y en un cambio del modelo de desarrollo.

Hernán López

Es un dirigente nuevo del movimiento campesino. Fue presidente del comité de ética nacional de la ANUC y en la actualidad es el presidente de la ANUC Cundinamarca. Hace parte del Comité de Interlocución Campesino y Comunal.

“Hay que buscar una mayor incidencia desde las bases para lograr el cumplimiento del Mandato

Agrario, para que pueda cumplirse como política pública nacional”

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66Tenemos el reto de que la sociedad

colombiana entienda la situación del campo y ponga los ojos en él

Nelly Velandia¿El Mandato Agrario ha tenido logros importantes?

Realmente sí ha habido desarrollos del Manda-to. En derechos humanos hemos hecho propuestas con otros sectores sociales para el Plan Nacional de Derechos Humanos. En cuanto a la seguridad alimentaria junto con la defensa de la economía campesina, venimos trabajando en el programa de Mercado Campesinos. De todo este proceso se creó la Mesa de Unidad Agraria para desarrollar el Mandato, allí hay dos espacios que apalancan todo este proceso nacional: el Comité de Interlocución Campesino y Comunal (CICC) y la Mesa de Ciencia Política de Mujeres Rurales Colombianas.

¿Cómo se ha dado la unidad en torno al Mandato Agrario?

Estamos todos los que empezamos con el Man-dato Agrario, a excepción de la ANUC que no siguió por diferencias políticas. La ONIC está trabajando más con su Mandato Indígena y los afrocolombia-nos no están participando últimamente. Venimos trabajado con muchas dificultades porque práctica-mente a muchas de nuestras organizaciones las han desarticulado por toda la problemática del despojo de tierras: más de 10 millones de hectáreas despo-jadas, el asesinato de líderes y el desplazamiento forzado –han sido desplazados más de cuatro mi-llones por el conflicto armado–.

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¿Cuáles han sido los alcances del Mandato Agra-rio desde el año 2003 hasta la fecha?

Yo creo que uno de los aspectos importantes es que ha permitido la creación de espacios que desa-rrollan puntos clave del Mandato Agrario: el Comité de Interlocución Campesino y Comunal, que traba-ja los temas de soberanía y seguridad alimentaria, economía agropecuaria y, sobre todo, el TLC y sus impactos en el aspecto alimentario; asimismo, la Mesa de Ciencia Política de Mujeres Rurales Colom-bianas que trabaja la afectación en las mujeres en forma transversal. También hemos visibilizado al campesinado trabajando en alianza con otras orga-nizaciones sociales y mediante el posicionamiento de la Mesa de Unidad Agraria en escenarios como la Cumbre Social y Política, catastro alternativo, mu-jeres y derechos humanos, entre otros.

¿Podríamos afirmar que la Mesa de unidad Agra-ria es un espacio de interlocución campesina?

Ha sido un logro importante como unidad, para llevar una voz del sector agrario. También estamos haciendo resistencia a las políticas de gobierno, es-tamos visibilizando nuestra problemática frente al tema de tierras, de derechos humanos y el conflic-to social y armado que se da en nuestros campos. Seguimos trabajando en las regiones pese a la ad-versidad. Venimos superando las diferencias, las rencillas de por qué esta organización y no la otra, apostándole a una agenda política para resistir y hacer frente a las políticas de Estado y al sistema internacional económico que afectan nuestras co-munidades.

¿Cuáles son las formas de resistencia?Trabajar en la defensa de la economía campe-

sina y del mercado interno es una forma de resis-tencia. Hacerle frente al TLC con la reactivación del mercado local, en el que los campesinos venden

directamente sus productos al consumidor, es una forma de resistencia al gran capital. La experiencia de Mercados Campesinos ha sido una escuela de cómo enfrentar el mercado. Otra forma de resisten-cia es estar en nuestras comunidades, trabajando al máximo nuestros pedacitos de tierra para producir nuestros alimentos. Además, estamos preparando la agenda 2010 en lo que tiene que ver con acciones jurídicas, de movilización y formación para hacer resistencia.

¿Cuál es el alcance del Mandato Agrario en la vida cotidiana del campesinado?

El Mandato Agrario recoge las propuestas que venimos presentándole al país y cómo desarrollar-las. Nuestras propuestas van más allá de la pro-ducción porque nuestro interés es que se garantice también la parte alimentaria de las comunidades, además de mejorar las condiciones de vida de los campesinos en cuanto a salud y educación. Por otra parte, estamos desarrollando estrategias de for-mación política en las regiones. Aquí ha sido im-portante la formación de las mujeres en la toma de decisiones para que le hagan frente a las políticas asistencialistas como las de ‘familias guardabos-ques’, ‘familias en acción’, ‘familias ahorradoras’. Todo esto va hacia una sensibilización de qué es lo que trae, qué es lo que se propone el gobierno y a qué conlleva.

Profundicemos en los logros que se han dado a partir del Mandato Agrario para las mujeres

El tema de las mujeres quedó muy generaliza-do en el Mandato Agrario y yo creo que se debería replantear. En el Mandato nosotras planteamos que se garantizará la participación de las mujeres en todos los espacios de decisión y en las instancias de planeación y gestión. Sin embargo, la situación hoy en Colombia frente a dichos espacios está siendo

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plantear para darle salidas a la crisis del campo colombiano. Entonces, nosotras estamos propo-niendo el segundo Congreso Agrario para mirar cuáles han sido los desarrollos del Mandato, cuá-les han sido las dificultades, los logros y los retos. Tenemos que mirar esos puntos para saber cuáles vamos a redefinir.

¿Cuáles son los retos del movimiento campesino, afro e indígena para recuperar el campo?

El Mandato Agrario nos da múltiples retos, que se traducen en seguir defendiendo el territorio. Trabajar en unidad es otro reto grande. La defen-sa de nuestra cultura campesina y la visibilización del campesinado como actor político, incluidas también las mujeres, son otros retos. También lo es incidir en la solución política del conflicto social y armado. Los retos son grandísimos, por ellos se-guimos en unidad y movilizándonos de diferentes maneras. Juntarnos hombres y mujeres y superar las diferencias. Yo creo que vamos en ese camino que es largo y duro. Por último, tenemos el reto de que la sociedad colombiana entienda la situación del campo y ponga los ojos en él.

manoseada por parte del gobierno. Un desarrollo importante es la creación de la Mesa de Ciencia Po-lítica de Mujeres Rurales, en la que tenemos una propuesta política como actoras políticas en este país y como sujetas de derechos. En cuanto a la Ley de la Mujer Rural, que fue establecida el 14 de ene-ro de 2002, los resultados han sido muy lentos por las dificultades mencionadas y por la afectación del conflicto social y armado.

¿Qué valoración hace sobre la Ley de la Mujer Rural?Nosotras sabemos que en esta ley lo poco que

se logró en esta política de Estado fue por acción de las mujeres. Esto no nos lo regalaron, esto lo conseguimos. Nosotras defendemos la ley. ¿Que en la ley no quedó todo lo que queríamos? Perfecto, no era fácil negociarlo, pero hay unas leyes conexas que nos permitirán visibilizarnos como mujeres en los espacios institucionales, en las organizaciones campesinas y de derechos humanos.

¿El Mandato Agrario se debe modificar?Nos dimos cuenta que algunas cosas que plan-

teamos en el Mandato Agrario se tienen que re-

Nelly Velandia

Representante de Mujeres Rurales Colombianas en la Mesa de Unidad Agraria. Representante de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras (Anmucic). Hace parte del Comité de Interlocución Campesino y Comunal.

“Un desarrollo importante es la creación de la Mesa de Ciencia Política de Mujeres Rurales,

en la que tenemos una propuesta política como actoras políticas en este país y como

sujetas de derechos”

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Es importante que nos fortalezcamos como unidad

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¿se ha logrado mantener la unidad de indígenas, campesinos y afrocolombianos en torno al Man-dato Agrario?

Yo pienso que sí. Lo hemos visto más frente a todas estas políticas del Ministerio de Agricultura que van en contra del campesinado y de la pobla-ción indígena. Se han realizado comités de defensa de la economía campesina y las mingas, que han vinculado tanto a los indígenas como a los campe-sinos. De hecho, el encuentro nacional en Río Sucio fortaleció muchísimo esta unidad entre el sector indígena y el campesino.

¿Cuándo se realizó ese encuentro en Río sucio?En mayo de 2009. Fueron más de 1.200 perso-

nas, y allí, durante tres días, estuvimos discutiendo acerca de cómo seguir fortaleciendo y defendiendo la economía campesina. El Encuentro Nacional en Defensa de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria y de la Producción Agropecuaria trató en lo funda-mental de fortalecer los comités en defensa de la economía campesina. El even-to fue organizado por el Ca-bildo Indígena de San Loren-zo, Salvación Agropecuaria y todo el sector campesino.

De regreso al tema del Man-dato, ¿cómo se han apro-piado de él los diferentes sectores campesinos, afro e indígenas?

En el sector campesino, que es con el que la Fundación San Isidro trabaja, se han hecho foros, encuentros y marchas en defensa de la economía y en contra de las medidas estatales que atentan contra la soberanía alimentaria. Nosotros hemos

insistido en la producción de alimentos porque el Estado trata de que el campesino no produzca, que dependa para comprar sus alimentos y, por eso, insistimos en producir para el autoconsumo y, para el caso de los Mercados Campesinos, ejercer una práctica de comercialización directa que fortalezca la economía campesina.

¿Cómo ha sido la experiencia de Mercados Cam-pesinos?

Es muy positiva porque ha sido una entrada para que los campesinos productores encuentren precisamente un canal de comercialización direc-to. La misma gente que compra en los Mercados Campesinos dice que esto se puede y se debe seguir ampliando y que se deben buscar otros canales de comercialización porque los Mercados Campesinos ya no son suficientes. Además, en el campo se está produciendo orgánicamente y con eso se busca for-talecer la producción campesina.

¿Mencione cuáles serían los logros del Mandato Agrario y quiénes los han promovido?

Yo creo que han sido muchos los logros. El re-conocimiento político del campesino ha sido un punto importante, que se vea al campesino, al afro y al indígena como parte fundamental de la econo-mía. Aunque el Estado no lo quiera reconocer, se ha visibilizado mucho ante la opinión pública. Es una lu-cha bien dura lograr que se reconozca al campesinado como un sector producti-vo que sostiene gran parte

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de la economía nacional. Yo creo que hay muchas organizaciones que estamos en esta lucha, como las que hacemos parte del Comité de Interlocución Campesino y Comunal y otras organizaciones re-gionales.

¿Cómo se plasma el Mandato Agrario en el cam-po?

En la lucha. A diario se lucha por defender lo nuestro, nuestra producción y el sentirnos impor-tantes para la economía nacional. Una cosa funda-mental es que en estos sectores no nos veamos como nos quieren hacer ver, que estamos esperando una limosna del Estado, unos programas paternalistas que hacen que la gente no trabaje, no busque sus al-ternativas, sino que se quede esperando unos bonos y unos cheques que no sirven para nada. Ahí está precisamente la cuestión, que seamos conscientes políticamente de que esa no es la alternativa que saca al sector agropecuario de la pobreza.

¿Cuál ha sido el papel de las mujeres del campo? En la economía campesina se ve que quienes

principalmente lideran las bases son las mujeres. Por ejemplo, al analizar el Decreto 616, el cual pro-híbe la comercialización de la leche cruda, conclui-mos que prácticamente la economía de las mujeres se da a partir de la leche de vaca y sus derivados. Entonces, arrebatarle esa última economía, como sigue empeñado el ministro de Agricultura, es arruinar los hogares, los liderados por las mujeres. Me parece importantísimo que las mujeres se estén quitando de encima el machismo y salgan a luchar por esa economía que les queda.

¿Cuál es la principal problemática que afronta ac-tualmente el campesinado?

Sigue siendo el derecho a la vida porque todos los días asesinan campesinos. El problema de se-guridad lo vive la mayoría del pueblo que está a la deriva: o son desplazados de sus tierras o son ame-

nazados y asesinados. Por otra parte, si los campos se quedan en manos de los grandes terratenientes para producir agrocombustibles, ¿qué pasa con el alimento? En conclusión, tenemos que seguir lu-chando por el derecho a la vida en todas sus mani-festaciones, por lo que es importante que nos forta-lezcamos como unidad. Entonces el interrogante es ¿cómo fortalecernos, cómo seguir uniéndonos para seguir trabajando en defensa precisamente de ese Mandato Agrario que se quiere?

¿Qué acciones se han planteado las organizacio-nes campesinas para contrarrestar los efectos de las políticas neoliberales?

Se han realizado muchas acciones. Una, por ejemplo, es que la gente produzca sus alimentos para estar en contra de los monopolios. Otra es fo-mentar la no venta de sus tierras porque ha llegado una avalancha aterradora a comprar tierras a los campesinos y a desplazarlos. Se están dando mu-chas concesiones de tierras para convertirlas en zo-nas mineras, como en Samacá y Villa de Leyva, don-de se dieron terrenos en concesión a una empresa norteamericana con el aval del Ministerio del Medio Ambiente y de Corpoboyacá, afectando a miles de campesinos que quedarán sin agua. Por lo tanto, in-sistimos en la defensa de nuestros territorios.

¿Entre las acciones a desarrollar, qué plantean para informar al campesinado?

Se tienen que seguir haciendo foros, porque si no estamos formados políticamente, no podemos defender nada. Y esa es una de las maneras para llegar a todos los sectores. Pero es un trabajo de todas las organizaciones, tenemos que imponernos retos porque a veces somos muy pasivos y no pode-mos exigir que el sector agropecuario se defienda, cuando los líderes, que estamos llamados a poner-le movimiento a todo esto, nos quedamos pasivos. Creo que falta trabajarle mucho y falta mirar hori-zontes hacia dónde vamos.

Isaías Rodríguez

Director ejecutivo de la Fundación San Isidro hace 9 años, pero hace parte de la institución hace 22. Es campesino del municipio de Ráquira y empezó su trabajo como músico. En los últimos años ha trabajado en el programa de economía solidaria. Es miembro del Comité de Interlocución Campesino y Comunal desde hace cinco años. También hace parte del programa de Mercados Campesinos y es el director del proyecto de generación de redes de productores orgánicos, en convenio con la Alcaldía de Bogotá. La Fundación San Isidro es una organización campesina de Duitama, Boyacá, con una experiencia de 30 años. Trabaja en la formación integral del ser humano y los programas están orientados hacia lo humano y lo técnico.

“La misma gente que compra en los Mercados Campesinos

dice que esto se puede y se debe seguir ampliando y que

se deben buscar otros canales de comercialización porque los

Mercados Campesinos ya no son suficientes”

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Únicamente a través de la unidad y la resistencia podremos lograr cambios en la política agropecuaria y la política antidrogas

Francisco Mora¿Qué papel ha jugado el Mandato Agrario en la Mesa Departamental de Organizaciones sociales del Putumayo?

Las organizaciones participantes consideran que el Mandato Agrario contiene puntos esencia-les para solucionar la crisis del campo. Las orga-nizaciones sociales del Putumayo, conocedoras del Mandato, inician un proceso de socialización con las comunidades y continúan un acercamiento con las organizaciones campesinas para crear la Mesa de Organizaciones Sociales Campesinas del Putu-mayo. La Mesa tiene como objetivo lograr la unidad para interactuar y concertar –con las instituciones nacionales y la comunidad internacional– propues-tas de solución a la grave crisis socioeconómica que padecen las comunidades rurales del Putumayo.

¿Cuáles son los temas fundamentales que están trabajando?

Al profundizar en el Mandato Agrario, y ante la agudización de la crisis y la continuidad de la violación de los derechos humanos y del Derecho

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Internacional Humanitario, se crean criterios para interactuar con otras organizaciones. Allí se ini-cian acercamientos y diálogos en torno a la unidad con organizaciones indígenas y afro para fortalecer procesos de resistencia y de lucha por el derecho a la vida digna, la autonomía y la soberanía alimen-taria, la defensa del territorio y la propiedad sobre la tierra, la territorialidad y la sustitución concerta-da de los cultivos de coca.

¿Qué importancia ha tenido el Mandato Agrario para guiar el trabajo organizativo y político de la Mesa?

El Mandato Agrario nos ha enseñado que única-mente a través de la organización de las comunida-des en torno a la unidad podemos generar propues-tas que contemplen iniciativas de las comunidades locales; de manera que a través de la participación y la concertación se asuman posiciones que busquen soluciones a la problemática que afrontan las co-munidades rurales en lo social, económico, político, cultural y ambiental, además de la protección de los

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¿Cuáles han sido sus principales logros en esta materia?

Durante todo el proceso, aunque no hemos con-seguido recursos para la ejecución de nuestro Plan Integral, sí hemos logrado el fortalecimiento de las organizaciones adscritas a la Mesa y el convenci-miento de que únicamente a través de la unidad y la resistencia podremos lograr cambios en la políti-ca agropecuaria y la política antidrogas.

¿Ha existido algún tipo de reconocimiento por parte del Estado frente a las propuestas presenta-das por la Mesa para sustituir realmente los culti-vos de uso ilícito?

La propuesta ha sido reconocida por algunas alcaldías y la Gobernación del Putumayo, pero el gobierno nacional ha hecho caso omiso a la pro-puesta.

Para retomar el tema del Mandato Agrario, ¿cuáles consideraría que son los principales logros, difi-cultades y retos del Mandato Agrario, y quienes son los protagonistas?

Los principales logros son la consolidación de la unidad de las organizaciones agrarias en Colom-bia y la capacidad para tomar acciones inmediatas en defensa del derecho a vivir dignamente, en paz y en su territorio. Además, la capacidad de las orga-nizaciones para construir políticas públicas, estra-tegias y programas alternativos agrícolas. En cuan-to a dificultades tenemos la continúa persecución por parte de los organismos del Estado a los líderes y lideresas de las organizaciones y la debilidad po-lítica y financiera de las organizaciones rurales. Te-nemos como retos construir unilateralmente una política propositiva para demostrar que somos par-te de la solución al problema agrario y blindarnos de la politiquería y la corrupción administrativa, que en ocasiones alcanza a los líderes comunales. Definitivamente las organizaciones de base son las protagonistas.

derechos humanos que permitan lograr la estabili-dad de las comunidades rurales en su territorio, en condiciones de vida verdaderamente dignas.

¿y en cuanto a lo político?En lo concerniente a la estabilidad política, so-

mos portadores del “fiel de la balanza”. Es en el campo donde tenemos el origen de los problemas de índole político nacional. La exclusión política, social y económica a la que se nos ha sometido y el fantasma que recorre nuestra historia no permiten consolidar un Estado-Nación democrático; por tan-to somos los protagonistas y la fuerza decisiva en la definición de este conflicto social y político que vive nuestra nación.

¿Qué acciones ha planteado la Mesa Departamen-tal de Organizaciones sociales del Putumayo para desarrollar el Mandato Agrario?

Se trabaja en el fortalecimiento y la consolida-ción de la unidad de las organizaciones sociales campesinas indígenas y afros. También, la Mesa ha planteado el diálogo y la concertación con las insti-tuciones del Estado para lograr el reconocimiento y la implementación de nuestras propuestas.

Buscar una solución definitiva al tema de los cul-tivos de uso ilícito ha sido la principal bandera de la Mesa Departamental de Organizaciones so-ciales del Putumayo ¿Qué acciones han empren-dido?

Primero, se elaboró el Plan Integral de Desa-rrollo Campesino y se socializó con comunidades, alcaldes, gobernación, Acción Social y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Segundo, se busca la inclusión de ese plan en los planes de desarrollo municipales y departa-mental, en el Plan Nacional de Cooperación Inter-nacional y en la estrategia 2009-2011, “Desarrollo estratégico e iniciativa para mejorar los medios de subsistencia” de Usaid.

Francisco Mora

Fue líder comunal y durante mucho tiempo se dedicó al trabajo agrícola y al cultivo de coca para subsistir. A partir de las marchas campesinas de 1996, y ante la gravedad de la situación socioeconómica de la región, se integró a los procesos comunales y hace parte de la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales del Putumayo.

“Es en el campo donde tenemos el origen de los problemas de índole político nacional. La

exclusión política, social y económica a la que se nos ha sometido y el fantasma que recorre

nuestra historia no permiten consolidar un Estado-Nación democrático”

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El Mandato Agrario sigue siendo el programa alterno unificado de la población rural

Héctor Mondragón

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¿Cuál era el contexto en el que surgió el Mandato Agrario en Colombia?

Surgió en medio de una atroz ofensiva contra las comunidades rurales del país para despojarlas violenta y legislativamente de sus tierras, afectan-do sus derechos fundamentales. El asesinato de los dirigentes, las masacres y los desplazamientos for-zados masivos abrieron el paso a la modificación de las leyes, en perjuicio de campesinos, indígenas y afrocolombianos.

¿Cuáles son esas leyes que afectan los intereses del campesinado?

La Ley 791 del 27 de diciembre de 2002 fue un grave golpe contra los campesinos desplazados por-

que redujo los términos de la prescripción para fa-cilitar a los desplazadores apoderarse de las tierras que se robaron. La ley 793 de 2002, firmada el mis-mo día, eliminó las normas de la Ley 333 de 1996 que ordenaban entregar para reforma agraria, res-guardos indígenas y tierras colectivas de comunida-des negras las tierras de extinción de dominio por enriquecimiento ilícito. El desmonte de la institucio-nalidad agraria y la liberación de las importaciones cada vez mayores de productos agropecuarios pre-cedieron la ofensiva; la imposición de las mal llama-das cooperativas de trabajo asociado y otras formas de “contratos de servicios” o de “obras” sirvieron para desaparecer los derechos laborales de los obre-ros agrícolas.

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De otro lado, están la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y la legislación petrolera, que golpearon fuertemente los derechos territoriales indígenas y afrocolombianos, previamente debilitados con el Decreto 1320 de 1998 sobre consulta previa para la explotación de recursos forestales. Esta legislación del despojo, garantizada por la violencia, continuó posteriormente con la ley forestal y el estatuto ru-ral, declarados inconstitucionales por la Corte Cons-titucional y con la que desafortunadamente sigue vigente, la Ley 1182 de 2008 “por la cual se sanea la falsa tradición”; es decir, se legalizan las escrituras falsas con la Resolución 1516 de 2005.

¿Cuál fue el propósito de la declaración del Man-dato Agrario?

Se trataba de unir a los diferentes sectores rura-les, campesinos, afrodescendientes, indígenas y tra-bajadores rurales en torno a un programa común que sintetizara las reflexiones, experiencia y aspira-ciones de todos.

¿Cuáles organizaciones lideraron la iniciativa y cómo se dio el proceso de unidad en torno al Man-dato Agrario?

Hay que reconocer un papel en la convocatoria a las organizaciones no gubernamentales, en especial a ILSA. También la Plataforma de Derechos Huma-nos, Democracia y Desarrollo tuvo un importante papel. Las organizaciones que habían integrado el Consejo Nacional Campesino tuvieron gran peso en el origen de la convocatoria y luego se incorporaron las demás organizaciones.

¿Qué aspectos del Mandato Agrario permanecen vigentes y cuáles son necesarios en el marco de la política agraria actual?

El Mandato Agrario sigue siendo el programa al-terno unificado de la población rural. La gente del campo sabe qué hay que hacer en vez de lo que el gobierno hace: apoyar prioritariamente la produc-ción de alimentos; redistribuir la tierra ahora mono-polizada improductivamente; aprobar las normas y destinar el presupuesto para cultivar 9 millones de hectáreas desperdiciadas; restituir la tierra a los desplazados; respetar los derechos de los pueblos indígenas, su territorialidad y autonomía; apoyar de-cididamente la agricultura familiar con programas de crédito, tecnología, procesamiento y comercia-lización; establecer reservas campesinas; construir un sistema de salud rural gratuito con cubrimiento total y general; y reconocer el derecho laboral en el campo y los derechos de las mujeres rurales.

¿Cuáles puntos del Mandato Agrario han sido in-corporados en la agenda política de organizacio-nes, movimientos y sectores involucrados con el campo colombiano?

Es al revés. El Mandato consiguió incorporar la elaboración programática de las diferentes organi-zaciones que participaron en el Congreso Nacional Agrario de abril de 2003. Por ejemplo, la importan-cia de la lucha de las mujeres rurales y de las reivin-dicaciones de género que el Mandato recoge es el resultado de 20 años de experiencia y lucha de las mujeres del sector. La defensa de los derechos fun-damentales de los pueblos indígenas y de los afro-colombianos y raizales expresa los programas de ellos mismos. La territorialidad campesina fue un hallazgo de la lucha del campesinado para oponer-se al desplazamiento forzado y contrarrestarlo y ya había obtenido una primera conquista parcial con el reconocimiento legal de las reservas campesinas.

¿Qué pasó después del Congreso Nacional Agra-rio?

Cuatro meses después del Congreso se creó la Convergencia Campesina, Negra e Indígena que agrupó solamente una parte de las organizaciones que participaron en el Congreso. La unidad orgáni-ca nacional lograda estuvo muy por debajo de las previsiones del Congreso debido a contradicciones internas de algunas de las organizaciones, a contra-dicciones entre ellas y entre los sectores sociales que agrupan, pero, paradójicamente, la unidad pro-gramática fue total, el Mandato fue una guía para la acción de todos los sectores y de diferentes movili-zaciones que se cumplieron en el país durante estos años. Movilizaciones indígenas muy importantes ocurrieron en 2004, 2005, 2006, 2008 y 2009. Los campesinos participaron activamente en las movi-lizaciones de 2006 y 2009. La Liberación de la Ma-dre Tierra, efectuada y continuada por los indígenas desde 2005, rompió la prohibición de luchar por la tierra que ha sido impuesta mediante violencia.

¿Cuándo surge la Mesa de unidad Agraria?Las organizaciones que participaron en el Con-

greso Agrario de 2003 elaboraron un proyecto de ley agraria que fue finalmente presentado por el se-nador Gustavo Petro como vocero en el Senado del Polo Democrático, el proyecto 99 de 2006, que los ponentes del Estatuto Rural se negaron a acumular al debate de este. A raíz del debate contra el Estatu-to Rural en 2006 y 2007 se creó la Mesa de Unidad Agraria que incorporó a diferentes organizaciones que participaron en el Congreso de 2003 y, además,

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a la Asociación para la Salvación Agropecuaria que, adicionalmente a campesinos, organiza a pequeños empresarios. Esta fue una importante experiencia de unidad, aunque aún no se refleja la unidad en la movilización.

¿El campesinado es viable en Colombia?Por supuesto que sí. Aunque el campesinado y

la población rural han disminuido paulatinamente su participación porcentual en el conjunto de la po-blación colombiana, su número no ha dejado de au-mentar año a año, como lo demuestran los censos. La mayoría de los alimentos que se producen en Co-lombia provienen de los campesinos.

¿Cuáles alimentos producen los campesinos?La mayoría de la papa, yuca, ñame, fríjol, arve-

ja, plátano, mora, piña, naranja, mandarina, panela, parte del maíz y hortalizas, parte de la leche y hue-vos y excelentes gallinas. También producen casi todo el café de exportación. Los pequeños y media-nos empresarios producen arroz, fresa y hortalizas. Los grandes producen caña de azúcar y palma acei-tera con altos subsidios del Estado como agro in-greso seguro, ayudas internacionales, exenciones de impuestos y leyes que obligan a consumir el etanol caro, y sin embargo tienen sin cultivar nueve millo-nes de hectáreas de tierras de buena calidad para la agricultura.

¿Qué pasa con el latifundio?Lo que no es viable en Colombia es el latifun-

dio. La propiedad de las tierras se acumula en ma-nos de 2.000 propietarios: 500 familias que tienen más de la mitad de la tierra registrada en propiedad privada; y el objetivo de esta acumulación no es la producción sino el alza del precio de la tierra provo-cada por los grandes proyectos de inversión viales, petroleros, mineros o hidroeléctricos o por la explo-tación del agua o de la biodiversidad. Esto provoca el desplazamiento de campesinos y la agresión con-tra la propiedad colectiva indígena y afro.

¿Qué proponen los campesinos con respecto a la territorialidad?

En el Mandato Agrario el campesinado expone su proyecto de participación en la Nación sobre la base de su experiencia de lucha en estos años. Propone la territorialidad campesina. En la medida en que la economía campesina ha contribuido y contribuye decisivamente a la economía del país y que resultaron falsos los análisis de los economistas que pronosticaban la extinción del campesinado, se

quiso eliminar a los campesinos a sangre y fuego, con el desplazamiento forzado. Tras esa experiencia, el campesinado exige la territorialidad, las reservas campesinas inalienables en que la tierra solamente pueda ser transferida, comprada o vendida entre campesinos, para protegerse del despojo.

¿Cuál experiencia podemos destacar a partir del Mandato Agrario?

El gobierno ha promulgado normas para des-truir la economía campesina por la vía administra-tiva tratando de proscribir las gallinas, la carne, la leche y la panela campesinas. El Mandato Agrario propone, en cambio, fortalecer la economía campe-sina, que ya es una realidad, mediante el procesa-miento y la organización de la comercialización: el procesamiento hecho por los mismos campesinos en empresas comunitarias o cooperativas o por sec-tores populares de las ciudades. La comercialización campesina ha sido emprendida en Bogotá y decenas de municipios de la región central por los Mercados Campesinos, que han tenido que luchar por ser re-conocidos en el Plan Maestro de Abastecimiento del Distrito Capital y en su política de ruralidad. Es una experiencia de unidad muy práctica y real, dentro de lo previsto por el Mandato Agrario.

¿Cómo afectan las políticas del gobierno de Álva-ro uribe Vélez el desarrollo de los postulados del Mandato Agrario?

Las políticas oficiales son la culminación de la ofensiva contra las comunidades rurales. Basta ver cómo se distribuyeron los subsidios de agro ingreso seguro, la mitad de los cuales quedaron en unas po-cas familias de grandes propietarios, algunas de las cuales tienen graves conflictos de tierra con cam-pesinos desplazados por la violencia, como sucede en Las Pavas. La abrumadora mayoría de los campe-sinos no tiene acceso a esos subsidios. El gobierno bloqueó la ley de víctimas y burla absolutamente el derecho a la restitución de las tierras de los des-plazados. La ley forestal y el estatuto rural fueron declarados inconstitucionales por no cumplir con la consulta previa a las comunidades negras y pueblos indígenas.

¿Cómo se han visto afectados los indígenas?Durante los últimos años la violencia contra los

indígenas se ha aumentado para despojarlos, por-que son el sector más organizado y consciente y con la violencia quieren quebrar su resistencia civil. El gobierno, en vez de facilitar su expresión, aprueba las leyes sin consultarlos aprovechando la situación,

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y la fuerza pública es coautora, con los grupos ar-mados ilegales, de la violencia contra los indígenas.

¿Qué pasa con los tratados de libre comercio?El gobierno trata de poner en vigencia los tra-

tados de “libre comercio” con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, tratados que no solamente afectarían gravemente la producción agropecuaria, sino que establecen los derechos de las transnacio-nales como la extraterritorialidad en los conflictos entre colombianos y transnacionales, de manera que se anulan las normas constitucionales y legales y se sustituyen por “las costumbres del comercio internacional”. Es la llamada “seguridad jurídica”, que impediría que modificáramos la legislación del despojo, la propiedad intelectual y patente de seres vivos, la posibilidad de privatizar el agua... El Man-dato Agrario es un verdadero programa alternativo a esta política oficial, pues busca proteger la pro-ducción nacional agropecuaria y reconocer el papel de las comunidades rurales.

¿Cuáles son las perspectivas de la lucha campesi-na en Colombia en general y en especial frente a la política agraria?

La lucha campesina en Colombia es muy difí-cil y, mientras siga la violencia, continuará siendo muy difícil. Sin embargo, hay un camino que es la resistencia civil. Las mingas indígenas, que ahora son mingas populares, lo han demostrado: la Li-beración de la Madre Tierra a partir del 2005 y las marchas campesinas, como la del Huila en 2009, son respuestas masivas a la política agropecuaria que despiertan una abierta simpatía popular. ¡Qué grande fue ver a los campesinos en Neiva protes-tando contra el negociado de agro ingreso seguro y la política oficial! Es el camino en el que hay que construir unidad, y el Mandato Agrario es una ban-dera. No nos olvidemos que en el estatuto rural, el gobierno quiso borrar hasta las palabras “reforma agraria”, pero el borrado fue el estatuto rural mis-mo. Es un triunfo simbólico de lo que puede ser el futuro.

Héctor Hernán Mondragón Báez

Es el coordinador del Grupo de Agricultura y Comercio de la Alianza Social Continental. Fue el “Oak Fellowship” 2000 del Colby College en Maine, Estados Unidos. Ha sido profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP); consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de otros organismos internacionales. Autor de numerosos artículos y de los libros Oro negro para las Tres Grandes (1988); Otra vez el socialismo (1997); La estrategia del imperio (2007) y Los ciclos económicos en el capitalismo. Las crisis, ¿cuándo y por qué? (2009), y coautor, entre otros, de Colombia multiétnica y pluricultural (1991) y Desarrollo y equidad con campesinos (1998).

“Las políticas oficiales son la culminación de la ofensiva contra

las comunidades rurales. Basta ver cómo se distribuyeron los

subsidios de agro ingreso seguro, la mitad de los cuales quedaron

en unas pocas familias de grandes propietarios, algunas de las cuales

tienen graves conflictos de tierra con campesinos desplazados por la violencia, como sucede en Las

Pavas”

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La Plataforma Colombiana de Derechos Huma-nos, Democracia y Desarrollo, compuesta por

75 organizaciones, se propuso realizar la campa-ña “Por el derecho a la tierra”, como parte de su apuesta política de procurar la vigencia de los de-rechos económicos, sociales y culturales en el país. Gracias al impulso de la Plataforma –y después de un proceso de trabajo e integración del conjunto de las organizaciones campesinas, afrocolombianas e indígenas para la elaboración de una propuesta de política pública agraria–, se realizó el Congreso Na-cional Agrario, los días 7 y 8 de abril de 2003, even-to en el cual se aprobó y firmó el Mandato Agrario, en el marco de una concentración en el Parque El Renacimiento y una movilización de 5.000 perso-nas por las calles de Bogotá.

El texto del Mandato Agrario se reproduce a continuación y fue firmado por las siguientes orga-nizaciones campesinas: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos

(ANUC) Del Consejo Nacional Campesino:

- Acción Campesina Colombiana (ACC)- Asociación de Usuarios Campesinos - Uni-

dad y Reconstrucción (ANUC-UR)- Asociación Nacional de Mujeres Campesi-

nas e Indígenas de Colombia (Anmucic)- Asociación Colombiana de Beneficiarios de

la Reforma Agraria (Acbra)

- Coordinación Nacional de Desplazados (CND)

- Federación Agraria Nacional (Fanal)- Federación Nacional de Cooperativas Agro-

pecuarias (Fenacoa)- Federación Nacional Sindical Unitaria Agro-

pecuaria (Fensuagro)- Festracol- Coordinador Nacional Agrario (integrado

por organizaciones regionales de los depar-tamentos de Cauca, Santander, Boyacá, Ca-sanare, Arauca y Tolima)

- Central de Cooperativas de la Reforma Agra-ria (Cecora).

Asimismo, el Mandato fue firmado por las si-guientes organizaciones campesinas regionales: Fundación San Isidro de Duitama, Boyacá El Común de San Gil.

También fue respaldado por la Conferencia Nacional Afrocolombiana (que agrupa el conjunto de las organizaciones de afrocolombianos), la Or-ganización Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia (Aico). Se destaca la firma de las orga-nizaciones sindicales CUT y CGTD y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Incora, así como de la Mesa Agraria, que reunió a las agrupaciones uni-versitarias –principalmente de estudiantes–, que acompañaron el debate de esta propuesta de políti-ca pública agraria.

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El mandato agrarioIntroducción

Hemos constatado la gravedad de la crisis económica y social en nuestros territorios y cómo genera el crecimiento acelerado de la pobreza y la violencia del país. Enfrentamos el proceso de la llamada globalización, impuesto por Estados Unidos y otros países poderosos, por medio de organismos multilaterales como el FMI, la OMC y el Banco Mundial, en beneficio de las empresas transnacio-nales, las cuales avanzan en el control mundial de la producción y distribución de alimentos y de los territorios, mediante la apropiación monopolista y la manipulación de la tecnología, el saber y el patrimonio genético, y mediante las medidas de reforma política y represión que imponen y garantizan tanto ese control, como el dominio territorial.

Se genera un reordenamiento territorial alrededor de los grandes proyectos de inversión, conside-rados como núcleos en torno a los cuales se reorganiza la población y el poblamiento y se producen los nuevos procesos socioeconómicos, en los cuales las comunidades rurales, su diversidad, sus derechos y su integridad social, económica y cultural, así como el medio ambiente, se subordinan a las necesidades del sector empresarial transnacional.

Gobierno y empresas tratan de desconocer la diversidad cultural que es un fundamento de la rea-lidad colombiana reconocida por la Constitución y tratados internacionales.

Se quiere hacer a cada localidad directamente dependiente de las necesidades económicas, po-líticas y demográficas de las transnacionales, desconociendo la vida comunitaria y los derechos democráticos, colectivos, económicos, sociales y culturales. Todo esto a nombre del “libre comer-cio” y la “libre empresa”, o sea de la libertad del capital internacional para disponer a su gusto de la economía nacional, las comunidades, las personas, sus tierras y su fuerza de trabajo. Se quiere también dispersar a los sectores sociales, regionales, étnicos y culturales, mediante estrategias de desplazamiento y disuasión discriminada que buscan impedir su unidad, favoreciendo el dominio externo del territorio.

En concordancia con semejante proyecto, las políticas económicas neoliberales –íntimamente li-gadas a los acuerdos internacionales de comercio y al empeño por satisfacer los intereses y re-querimientos de las empresas transnacionales y sus proyectos de inversión y comercio– han de-mostrado ser antiagrarias y están poniendo en riesgo la supervivencia del pueblo colombiano, al debilitar su capacidad productiva, eliminar su soberanía alimentaria, desconocer el derecho a la tierra de las comunidades rurales y pretender eliminar su territorialidad. Estas políticas nefastas llegarán al extremo, si entra en vigor el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos.

El ALCA en América Latina, como ocurrió con el TLCAN en México, significaría el definitivo desco-nocimiento del derecho inalienable a la tierra de las comunidades rurales, de manera que la tierra tratada como simple mercancía quede disponible para los megaproyectos e inversiones petroleras, eléctricas, mineras o de otras actividades extractivas requeridas por la economía de Estados Uni-dos y se convierta en objeto de especulación comercial, en contravía de su función social y ambien-tal, provocando la pérdida de la soberanía y la seguridad alimentaria y el desplazamiento forzado de las comunidades rurales.

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Actualmente, las medidas económicas y fiscales a favor de los intereses extranjeros y el despla-zamiento forzado se articulan con las medidas de orden público, que con el título de “seguridad democrática” eliminan o recortan las libertades democráticas fundamentales, y con la reforma política –con la que el gobierno de Uribe espera imponer un régimen abiertamente autoritario, a partir de la imposición de un referendo, a la vez que abre el paso a la eliminación de los derechos democráticos y a la subordinación de los poderes y la sociedad al ejecutivo– convierte en norma constitucional el ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aumentan los impuestos al consumo y a la producción agropecuaria, los peajes y sobretasas, mien-tras nada se hace por proteger la producción nacional y, al contrario, se cierran las pocas institucio-nes que quedan al servicio del campo, como es el caso del Incora. Miles de campesinos, afrodes-cendientes e indígenas son desplazados de sus tierras por la violencia, mientras un número grande de pequeños y medianos empresarios en quiebra ha perdido sus tierras y, en cambio, se expande el latifundio especulativo.

La gente se ve obligada entonces a cultivar de coca y amapola, que el Estado declara ilegales, y entonces los gobiernos aprovechan para acorralar allí al agricultor, para criminalizarlo, fumigarlo y encarcelarlo en cumplimiento de la política de Estados Unidos.

Es necesario entonces que llegue la hora de la unidad pluriculltural de campesinos, indígenas, afro-colombianos y pequeños y medianos empresarios para las acciones inmediatas en defensa del derecho a vivir dignamente y a trabajar en nuestros territorios. Es por ello que levantamos nuestra voz de aliento, oponiéndonos vehementemente y llamando al pueblo colombiano en su diversidad

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a oponerse al neoliberalismo y a la vinculación de Colombia al ALCA, así como a la guerra y a la res-tricción de las libertades civiles y políticas. Pero, además, es por ello que asumimos unitariamente la construcción de políticas públicas, estrategias y programas alternativos, especialmente para la reconstrucción de la agricultura nacional.

No nos basta de ninguna manera el rechazo a la política imperante y la oposición a los lesivos planes y medidas del gobierno. Construimos unitariamente una política propositiva para abrir ca-minos y futuro y demostrar que somos parte de la solución a los problemas clave del sector y del país. Saludamos, entonces, que el Congreso Nacional Agrario haya permitido la convergencia de las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes en torno al siguiente Mandato Agrario, que debe ser la base para mantener esa unidad, y que desde ahora proclamamos:

1. Derecho a la vida, plenas libertades democráticas y respeto a los derechos humanos Respeto al derecho inalienable a la vida de todas las colombianas y los colombianos. Garantía

efectiva al derecho a la vida digna y al bienestar, que exige el reconocimiento de los sujetos co-lectivos. Respeto y garantía real a los derechos de expresión, movilización, protesta, oposición política, organización y a la contratación colectiva.

Plena vigencia de los derechos y garantías individuales y colectivos. El Estado cumplirá con todos los acuerdos pactados con las comunidades, pueblos y organi-

zaciones, así como con la aplicación de los derechos constitucionales y legales reconocidos a ellos.

Responsabilizar y juzgar al Estado colombiano como autor, por acción u omisión, de la violación sistemática de los derechos humanos.

No al Estado autoritario, sí a un Estado de democracia participativa. Alto al extermino y a la criminalización de las organizaciones populares, sus líderes y lideresas. Verdad, justicia y reparación completa para las víctimas de la violencia y para las víctimas his-

tóricas de la conquista de América y la trata de esclavos.

2. Soberanía y seguridad alimentarias La soberanía alimentaria es un derecho fundamental que afianza la autonomía territorial, eco-

nómica, social, política y cultural y contrarresta la dependencia. Que cada pueblo determine autónoma y soberanamente la producción, distribución y consumo

agroalimentario para garantizar la autosuficiencia y el fortalecimiento del mercado interno, mediante una estructura productiva orientada a generar bienes básicos para alimentar a la po-blación, atendiendo a las necesidades nutricionales y culturales.

Garantía plena de acceso de toda la población a los alimentos sanos con los nutrientes indis-pensables completos.

No rotundo a la producción, consumo y comercialización de organismos genéticamente modifi-cados.

Defensa de la producción nacional de alimentos. La economía campesina, indígena, afrodescendiente y de los pescadores artesanales, así como

sus saberes y prácticas culturales, son la base estratégica de la soberanía y la seguridad alimen-tarias.

Se dará prioridad por parte del Estado y de la sociedad en general a los procesos productivos orgánicos y de transformación de materias primas, que garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales, la defensa del ambiente y la biodiversidad, en virtud de que están fuerte-mente interrelacionados con la soberanía y la seguridad alimentarias.

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Es responsabilidad del Estado y la sociedad defender el patrimonio genético y cultural, la sabi-duría tradicional, así como su propiedad colectiva.

La protección, conservación y recuperación de las semillas nativas de cada región será una ga-rantía para la soberanía alimentaria y la biodiversidad.

Se establecerán por parte del Estado mecanismos de control social de los alimentos comercia-lizados y procesados, prohibiendo aquellos productos nocivos para la salud humana.

3. Alternativas al ALCA y a los acuerdos de libre comercio No se aprobarán los acuerdos de comercio internacional que, al servicio del capital transnacio-

nal, vulneran la producción y distribución nacionales e imponen la recolonización de América Latina, y por ello no se incluirá a Colombia en el ALCA ni en un acuerdo bilateral de libre comer-cio con Estados Unidos.

El Estado defenderá la producción nacional agropecuaria. El sistema nacional de producción y distribución agroalimentaria será orientado y sostenido en

función de los intereses de la población colombiana, de acuerdo con sus singularidades. No se aceptarán normas para favorecer a las transnacionales como las que se quieren imponer

en asuntos como propiedad intelectual, patentes, tecnología, medio ambiente, pesca y territo-rios, en perjuicio de las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y del conjunto de los colombianos.

No se aprobarán los acuerdos de inversión que someten las normas nacionales y los contratos a normas de otros países o tratan de congelar el régimen de inversiones y los contratos privados bajo pena de indemnización.

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Todos los acuerdos internacionales que el Estado colombiano suscriba y que tengan que ver con el sector rural, la economía agropecuaria, las tierras o territorios y el agua requieren, previo a su suscripción, el consentimiento de los sectores y comunidades directamente afectados por ellos.

La agricultura, la tierra y la alimentación no harán parte de acuerdos de libre comercio y serán excluidos de los que ya están aprobados como los de la OMC.

El comercio internacional y las inversiones no pueden estar sobre los intereses de los pueblos, sino que deben supeditarse a los intereses y derechos de la Nación y las comunidades.

La integración latinoamericana será practicada para fortalecer a nuestros pueblos en el escena-rio internacional; no solo, ni fundamentalmente como un asunto comercial.

Todos los pueblos necesitan asociarse a partir de la solidaridad y el respeto a sus derechos po-líticos, económicos sociales, ambientales y culturales.

4. Derecho a la tierra El derecho a la tierra y el territorio es parte fundamental de la vida y la cultura de los pueblos

y las comunidades rurales. Se garantizará este derecho a las comunidades afrocolombianas e indígenas y a los campesinos que han carecido de tierra o la tienen en cantidad insuficiente, así como a quienes la han perdido o a quienes, teniéndola, estén amenazados de perderla como consecuencia de la violencia, el latifundio o la quiebra de los productores.

Se reconocen los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunida-des afrodescendientes a sus territorios y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas y territorios de las comunidades afrodescendientes. Se completarán los procesos de titulación colectiva.

Se garantizará el derecho inalienable, inembargable e imprescriptible a la tierra a las campesi-nas y los campesinos, mediante la constitución y la inalienabilidad de las reservas campesinas y la priorización de las formas asociativas campesinas.

Mediante un programa de reforma agraria integral dirigido por el movimiento campesino, afro-colombiano e indígena, que garantice el completo apoyo del Estado a los beneficiarios, se hará cumplir la función social y ecológica de la propiedad de la tierra, de manera que se aprovechen debidamente los 5 millones de hectáreas aptas para la agricultura que están intensamente subutilizadas y se revierta la concentración especulativa de la propiedad.

Los productores y las productoras agropecuarios nacionales tendrán derecho a la tierra y se respetarán la pequeña y la mediana propiedad rural.

Se protegerá la diversidad cultural y por ende las diversas concepciones sobre la tierra y el te-rritorio.

Ante la ausencia de acciones del Estado, los campesinos, afrodescendientes e indígenas ade-lantarán la reforma agraria de hecho.

5. Reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria No se pagará la deuda externa. Se condonarán las deudas a los campesinos, las campesinas y demás productores rurales. Su-

ministro de créditos abundantes, baratos y oportunos para los pequeños y medianos producto-res y productoras rurales, de acuerdo con las particularidades culturales.

El Estado establecerá precios de sustentación rentables y determinará prioridad y subsidios para la comercialización interna de la producción, que permitan sustentar una rentabilidad que mejore la calidad de vida de las familias.

Revocatoria de los impuestos a los productos agropecuarios y pesqueros, y de las alzas de precios de los insumos y de los servicios públicos.

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Se fijaran políticas por parte del Estado, que consideren los seguros de cosecha. Se fomentarán y protegerán los mercados locales. Con financiación del Estado, se reconstruirá la generación y aprovechamiento de ciencia y tec-

nología agropecuarias propias. Control estatal y comunitario a la introducción de nuevas tec-nologías y prohibición de las que son o puedan ser lesivas para las personas, el ambiente o el patrimonio colectivo, como es el caso actual de los transgénicos.

Adopción de medidas que impidan o reviertan el monopolio de las transnacionales de los agro-químicos, las semillas y la biotecnología.

Alto a la importación de productos agropecuarios que se pueden producir en el país. Reconstrucción de las instituciones agropecuarias del Estado con presupuesto adecuado y con-

trol de las organizaciones sociales. Respeto y financiación estatal de los planes de vida o planes alternativos de desarrollo de las

comunidades y organizaciones de base. Apoyo estatal para que campesinos, campesinas, indígenas, afrodescendientes y productores

agropecuarios puedan controlar el conjunto de las cadenas productivas sin supeditarse a las transnacionales ni a los grupos financieros ni a los latifundistas.

Se propiciarán formas alternativas al comercio de relación directa entre colectivos de produc-ción y los colectivos de consumo basadas en la solidaridad mutua y en la superación de la ba-rrera entre el campo y la ciudad.

6. Protección del medio ambiente Recuperación y mantenimiento del equilibrio de los agroecosistemas y ecosistemas atendien-

do al manejo sano de suelos y aguas que garantice su calidad y renovabilidad. Posicionar una amplia gama de productos competitivos y ambientalmente sostenibles. Mejoramiento de la calidad ambiental de la producción. El Estado fortalecerá la generación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico

aplicado a sistemas alternativos de agricultura, ganadería, pesca y acuicultura ecológicas, así como los relacionados con la minería limpia.

Se reconocerá, promoverá y defenderá el conocimiento tradicional indígena, afro y campesino, como los sistemas propios de producción y protección del ambiente. Igualmente, la capacidad de gestión ambiental propia de las áreas protegidas en los territorios de las comunidades.

No se privatizarán los ríos ni las playas ni zonas de bajamar ni cuerpos de agua. En estas áreas, el Estado aplicará el ejercicio de prelación orientado a proteger las prácticas de producción de las comunidades asentadas ancestralmente en ellas. El agua es un bien social que no puede ser privatizado. Se garantizará el consumo de agua potable a toda la población.

La protección y recuperación de los bosques y nacimientos de agua, así como la reforestación con plantas nativas y diversas, serán prácticas agenciadas por el Estado y las comunidades.

Se exigirá licencia ambiental para todo proyecto de inversión y se negará en todo caso en que el proyecto amenace el ambiente o la integridad cultural, económica o social de la población.

Colombia no aceptará desechos tóxicos ni nucleares. Se exigirán la reparación e indemnización a los afectados, por parte de los causantes de los

daños ambientales. Se llevará a cabo el seguimiento a los efectos negativos de los pasivos am-bientales con la participación de las comunidades afectadas.

7. Política concertada con los cultivadores de coca, amapola y marihuana Cese inmediato y prohibición de las fumigaciones, otras formas de guerra química o biológica y

de cualquier programa de erradicación forzada. Se indemnizará a las víctimas de estas políticas.

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La expansión de cultivos de coca, amapola y marihuana son resultado y consecuencia de la cri-sis económica, el conflicto social, la apertura económica, la libertad de importaciones y la con-centración de la propiedad; por consiguiente no pueden ser considerados ilegales ni erradicados por medios policiales o militares.

El tratamiento criminal dado por el Estado a estos cultivos ha sido funcional al control de re-cursos estratégicos, territorios, tierra y población, beneficiando los planes estratégicos a largo plazo de Estados Unidos mediante la llamada guerra contra las drogas.

El uso legal de estos cultivos o su erradicación voluntaria y sustitución deben ser concertados con las comunidades respectivas mediante pactos verificables que establezcan programas fi-nanciados por el Estado: de reforma agraria, reasentamiento voluntario en tierras aptas para la agricultura, construcción de infraestructura, producción, procesamiento y comercialización.

8. Derechos sociales, económicos y culturales del campesinado, indígenas y afrodescendientes

La seguridad social, financiada íntegramente por el Estado, para la población rural y los traba-jadores agropecuarios, incluyendo salud, riesgos profesionales y jubilación, será una prioridad.

Se promoverá la reconstrucción y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y demás ins-tituciones de salud del Estado –preventivas y curativas– en el sector rural, así como la ade-cuación de las mismas a la cosmovisión, prácticas tradicionales y condiciones propias de las comunidades, eliminando la intermediación financiera.

Se fortalecerá la medicina tradicional a partir de la promoción de médicos tradicionales, parte-ras y curanderos. Se garantizará el derecho a la educación pública de calidad en todos los niveles para la población rural, totalmente financiada por el Estado, de acuerdo con la cultura propia y con las condiciones y necesidades del sector rural. La educación enfatizará en los valores culturales y territoriales propios. El conocimiento y la producción artísticas son un patrimonio y un recurso de poder y una condición para el desarrollo de modelos alternativos de construcción de la ruralidad y de los valores de la Nación. Para garantizar el derecho al trabajo, se formularán planes concretos para combatir el desempleo, estableciendo el pago de sub-sidios a los desempleados rurales. Se garantizará el ejercicio de los plenos de-rechos laborales para los obreros y jornaleros rurales. Respeto prioritario a los derechos de los niños y atención a sus necesidades básicas en el campo. Se establecerán políticas públicas para los adultos mayores que garanticen atención especial, vida digna y no discriminación.

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El Estado y la comunidad promoverán el reconocimiento, apoyo y protección especial a la juven-tud, en quien recae el futuro de la sociedad rural.

Reconocimiento del derecho a la recreación. Las actividades deportivas tendrán financiación del Estado.

Toda la población rural es sujeta de estos derechos sin que se puedan condicionar mediante estratificaciones o segregaciones.

9. Reconocimiento político al campesinado Reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos específicos y actor social

diferenciado, con identidad propia, pluricultural. Retribución justa de su significativa e indispensable contribución a la Nación para el logro de la

soberanía y seguridad alimentarias y la sostenibilidad integral. Participación efectiva y representación política propia plena del campesinado, con autonomía, voz

y voto decisorio en las instancias de planeación, gestión y ejecución de las políticas y programas que se relacionen con el sector agropecuario, el territorio y la vida rurales. Se garantizará también este derecho a la participación a las comunidades afrodescendientes y a los pueblos indígenas.

Derecho a la inversión social del Estado sin que se condicione a la participación en alianzas, asociaciones o cadenas productivas con grandes empresas o grandes propietarios, las cuales deben ser simplemente opciones de contratación de acuerdo con la conveniencia de los agricul-tores y las agricultoras, en los casos en que se garantice la participación favorable y equitativa de los campesinos organizados.

La reglamentación de la ley de mujer rural debe visibilizar y reconocer los derechos y aportes de las mujeres campesinas.

10. Reconocimiento de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus derechos

Reconocimiento y contabilización del aporte económico de las mujeres a la producción en el campo y a la reproducción de la fuerza de trabajo.

Reconocimiento y protección del papel de las mujeres en la construcción de la identidad cultu-ral, en la defensa permanente de la integridad de las comunidades y como gestoras de vida.

Se tomarán medidas concretas contra la discriminación hacia las mujeres, al igual que se desa-rrollarán acciones positivas de reparación integral por la discriminación histórica y social, que tiendan a una efectiva equidad de género.

Garantías para la participación decisoria de las mujeres rurales en las instancias de planeación, gestión y ejecución.

Protección especial para las mujeres cabezas de hogar. Las mujeres no son botín de guerra; protección especial para las mujeres víctimas de la violencia.

11. Derecho a la territorialidad Se reconocerá la diversidad e identidad cultural regional, local, étnica y la relación con la natu-

raleza y el ambiente como partes esenciales de la territorialidad. La territorialidad no es solamente un concepto que hace referencia a lo local y propio, sino que

incluye las relaciones con otros sectores y la capacidad de unidad con y entre las diferentes co-munidades, pueblos y sectores sociales.

Los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afrodescendientes y campesinas tie-nen derecho al gobierno autónomo de sus territorios y a definir sobre el mismo sus prioridades y sus planes de vida y a participar en las decisiones que los afectan.

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Se pondrán en funcionamiento, previa concertación y acuerdo con las comunidades respecti-vas, las entidades territoriales de régimen especial que se adecúen a la realidad étnica, social, cultural, económica, ecológica y geográfica, de manera que se ponga en práctica un nuevo orde-namiento territorial en beneficio de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indíge-nas y del pueblo colombiano, que fortalezca la soberanía y unidad de la Nación en la diversidad y proteja las culturas y las regiones..

La explotación de los recursos en cada territorio debe partir de la vida, necesidades, aspiracio-nes y decisiones de las comunidades titulares de los derechos sobre el respectivo territorio.

12. Fin al desplazamiento forzado Cese del desplazamiento forzado. El Estado concertará con las comunidades vulnerables y afec-

tadas medidas efectivas para prevenir y poner fin al desplazamiento y el despojo de sus tierras en el campo.

Reconocimiento legal a los derechos territoriales de las comunidades y las familias. El Estado atenderá integralmente a las familias desplazadas por la violencia mediante progra-

mas de alimentación, salud, educación, recuperación sicosocial, vivienda y empleo y garantiza-rá, en condiciones de dignidad, seguridad y estabilidad, su retorno o su reubicación voluntaria en tierras adecuadas para la producción agropecuaria.

El Estado garantizará la reparación completa, indemnización y compensación a todos los des-plazados y las desplazadas por la violencia.

Serán anuladas las transacciones de tierras hechas mediante coacción y será restituida la tierra a los campesinos, indígenas o afrodescendientes desplazados.

Los beneficiarios y autores de desplazamientos causados directa o indirectamente por mega-proyectos u otros proyectos de inversión asumirán la responsabilidad por la reparación integral y el retorno.

Nuestras organizaciones tratarán siempre a los desplazados como parte de ellas y de nuestras comunidades.

13. Solución política del conflicto social y armado El conflicto armado colombiano solamente tiene una solución política negociada de cara al

país. El logro de una paz sólida y durable exige, además de los pactos entre las partes, la soberanía

nacional, transformaciones del régimen político y la solución de los conflictos económicos y so-ciales que originaron y mantienen por décadas la confrontación armada y, por lo mismo, exige la participación decisoria de las organizaciones populares.

La solución del problema de la concentración de la propiedad de la tierra es un elemento funda-mental de la solución del conflicto armado colombiano.

Se rechazará la doctrina de la seguridad nacional. No más intervención de Estados Unidos en Colombia. El Plan Colombia se suspenderá definiti-

vamente. Colombia rechazará las agresiones a otros países. Esclarecimiento y castigo a los autores intelectuales, materiales, auspiciadores y financiadores

de las acciones paramilitares. Mientras dure el conflicto armado, se propiciará la suscripción y cumplimiento de acuerdos hu-

manitarios. No a las zonas de rehabilitación, las redes de informantes, ni a las medidas que involucran a la

población civil en el conflicto. O al reclutamiento forzado u obligatorio. Construir una agenda de paz del movimiento popular.

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14. Unidad Llamamos a las compatriotas y los compatriotas de otros sectores populares y sociales, y a los

que aun ocupando hoy una posición privilegiada no han perdido su conciencia nacional ni han renunciado a su condición de seres humanos libres, a que nos acompañen en el reconocimiento, lucha por este Mandato por la vida digna, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y a la terri-torialidad.

Ofrecemos para esta lucha nuestra memoria, mártires y experiencia y el proceso de convergen-cia de nuestras organizaciones y nuestra movilización en conjunto con el pueblo colombiano hasta lograr llevar a la práctica el Mandato.

Dado en Bogotá, el 8 de abril de 2003

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turo. Pensarlo y desafiarse negándose a aceptar que construir y futuro sean prerrogativas de quienes siempre han tenido el poder y han mandado.

Es un Mandato, y es de los pueblos y para los pueblos. Hecho histórico que no podía alcanzarse en esa plaza ni con nombrarlo ese día. Tal vez sea el fundamento anticipado de un camino propio, la decisión de exigir el futuro y tejer la historia a imagen y semejanza desde los nadie y los ningu-no, convocándose a ser por fin, a partir de resis-tir la codicia de los privilegiados de siempre y los regímenes que han impuesto a su favor, como si su bienestar en la abundancia insaciable fuera in-evitable y necesario, como si la Madre Tierra y los pueblos (riqueza y trabajo) debiéramos aceptar con resignación y obediencia el sometimiento aplastan-te a sus caprichos.

Lo que no se lee en el Mandato es que recoge una historia de resistencia larga y dolorosa para sobrevivir en un territorio sometido al despojo y al horror. La experiencia de las guerras, de las nego-ciaciones y las concesiones, de la recuperación del orgullo de ser uno en comunidades con identida-des arraigadas a territorios Madre. Resistencia que se convierte en valor y fortaleza para quitarle al ga-monal lo que se ha robado y recuperar a toda costa lo propio. Recuperación que sin cesar se transfor-ma en simiente de autonomía, en arar la conciencia y la capacidad para recrear la gente de la tierra. His-toria que coincide con la capacidad de reconocer la agresión del capital en cada etapa y transformarse a conciencia para resistirla y pasar de resistir a per-vivir. Etapas que, sin culminar, conducen a lo que queda plasmado en el Mandato: que en esta fase donde la codicia ya no encuentra fronteras ni tolera barreras, exige tejer con otros pueblos y procesos, reconocer que “solos no podemos”, a la vez que se proteja la identidad y la cultura.

Sumarse a una lucha colectiva y seguir siendo pueblos ancestrales, aun desde la desconfianza y la

Mandato indígena

IntroducciónEl Mandato Indígena, como su nombre lo indica

abarca un sector del país. El 14 de septiembre de 2004 partió de Santander de Quilichao una Gran Minga Indígena y Popular: 60.000 personas mar-charon hasta Cali. Querían tejer una propuesta que abarcara también al pueblo de las ciudades, de ma-nera que pudiera ser un Mandato para que todos y todas construyamos la emancipación de todos los pueblos de Colombia. Ante una multitud reunida en la Plazoleta de San Francisco de Cali, en un acto lleno de colorido que fue una verdadera fiesta, los participantes entregaron y leyeron públicamente el siguiente Mandato Indígena y Popular.

Mandato Indígena y Popular: el desafío de un proceso

El “Mandato Indígena y Popular” (el Mandato) es un texto que se presenta a sí mismo. Es una criatura desnuda y transparente que se expone ante cual-quier mirada con su contenido sencillo y directo. No es un manifiesto ni un marco ideológico. Nombra, “el desafío que nos convoca”. El Mandato es un docu-mento colectivo, cuyos autores fueron, son y serán pueblos presentes y convocados a reconocerse en su palabra. Al nombrar el desafío, reclama asumirlo y movilizarse. No es ni el comienzo ni el final. Es un momento en un camino. Un momento concreto, puntual, que se define y exige desde allí conciencia y acción. El desafío ha quedado plasmado en la pri-mera parte, cuya vigencia perdura. Se ha convertido en una “voz de la conciencia”, que no descansa, no se desvanece. Simultáneamente amenaza tanto, que sus detractores pretenden enterrarlo en el olvido. Su palabra fue nombrada por primera vez en una plaza llena con decenas de miles de personas mo-vilizadas en Minga. Pretende recoger y nombrar el alma individual y colectiva de pueblos silenciados que levantan la cabeza y se atreven a pensar el fu-

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soledad por todos los racismos y abusos. El agre-sor, el “proyecto de muerte”, la mayor amenaza en la historia, requiere salir con las dudas a cuestas a tejer desde el dolor, los dolores, generosos y solida-rios, pero también exige conciencia de lo propio y recurrir a los mayores. Son los hijos y las hijas de la Madre Tierra quienes convocan. Esto está claro. No dejarán de ser lo que son para sumar fuerzas; por el contrario, ha llegado el tiempo en que quienes los han ignorado, escuchen su sabiduría y respeten su saber, condición recíproca para escuchar y res-petar. El Mandato viene de la tierra y de sus pueblos y manda desde allí. Es Indígena y es Popular.

Un proceso en la penumbra lo hizo nacer. De-bates y aportes de dentro, de antes y de fuera, para entender un contexto. Un proceso rico de reflexión desde las diferencias. Diferencias que perduran en el espectro que va desde quienes enfatizan reivin-dicar para conseguir lo concreto y lo práctico, has-ta quienes aceptan la reivindicación solamente en tanto sirva para transformar, partiendo de apren-der a no reconocer que otros sean dueños ni que nuestro lugar en la historia sea el de pedir. Cami-no que se viene recorriendo entre buscar compar-tir un espacio del poder establecido o resistir sin aceptar esa estructura para llegar a reemplazarla por una en la que la dependencia es vergüenza y la dignidad es el mundo de los pueblos.

Un contexto de agresión que se agudiza de ma-nera que el terror, la propaganda y las políticas, bajo el eufemismo del “libre comercio”, convierten a Colombia en una base de la codicia y en un mo-delo para someter. Rebusque, entretenimiento, co-rrupción, persecución y guerra que penetran todos los ámbitos creando la cultura de la delación, del repliegue práctico y del acomodo.

El Mandato reclama imaginar lo que debe ser, y actuar en consecuencia. La historia que se viene desenvolviendo es de conflicto. Son evidentes las contradicciones que se van levantando. La contra-dicción frente al régimen que expone sus poderes para que se retorne a la paz de lo de siempre: la hegemonía, tan atractiva cuando lo que debe ve-nir no existe y lo que se conoce, por terrible que sea, aparece seguro ante la incertidumbre de ha-cer historia por nuestras manos. La contradicción, que sin negar la riqueza de la lucha popular, señala las resistencias y oposiciones obsoletas y distorsio-nadas por años de rencor y de odio, ahogadas en

sus propios errores e incapacidades, encubriendo con discursos de libertad y democracia sus autori-tarismos, vicios y actos criminales, muchas veces contra los propios pueblos, actos atroces dignos del enemigo que se denuncia. Plagadas de secta-rismos e intrigas y limitadas por su incapacidad creativa enmascarada bajo fórmulas ideológicas pretendidamente incuestionables que generan des-confianzas, cansancio y rechazo por parte de pue-blos empobrecidos en cuyo nombre dicen luchar. Pero también, contradicciones internas, producto de dinámicas de maduración, ante nuevos y mayo-res desafíos. Sucede que no sirve ya lo que se viene haciendo ni debe negarse lo que se sabe. El Manda-to se torna juez, es la vocación nombrada. Señala las incoherencias, reclama reflexión debate y deci-siones colectivas. Provoca reacciones contrarias de quienes sienten amenazados sus privilegios. Exige la difícil generosidad de ceder el espacio y la deci-sión a quienes comprenden y asumen los cambios inevitables.

El Mandato es el imperativo para los pueblos en Minga de apropiarse de su contenido de manera crítica, como herramienta, ensancharlo y movili-zarse. Tiene un alcance impredecible, pues anticipa la emancipación de los pueblos, tejidos en unidad, diversos y autónomos. Mandato que se hace reali-dad caminando, movilizados, en lo concreto, con una agenda para detener el “libre comercio” y sus tratados, para reemplazar a quienes legislan por los pueblos, derogar sus leyes de despojo y legis-lar para el bienestar, para enfrentar el terror como herramienta de la codicia, denunciarlo y derribar-lo, para hacer cumplir la palabra comprometida y pactada y para, por fin, tener una agenda propia, de modo que nunca más tengan dueños la Madre Tierra y sus criaturas.

Es el llamado al buen vivir, al “sumak kawsay”. Por eso, el Mandato manda sabiamente tejerse a otros pueblos y procesos que venimos por cami-nos diversos, desde todos los rincones de la Madre Tierra, nombrando el camino y haciéndolo llegar de muchas maneras. Es una entre muchas convo-catorias a la emancipación de la Madre Tierra con sus pueblos.

Perderá vigencia el día en que la libertad de los pueblos lo convierta en memoria de estos tiempos de privilegios y miserias que no volverán a ser po-sibles ¡Nunca Más!

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Mandato Indígena y Popular de la Min-ga por la Vida, la Justicia, la Alegría, la

Libertad y la Autonomía

Santiago de Cali, 18 de septiembre de 2004 El desafío que nos convoca

Con nosotros vienen los recuerdos y las experiencias de una larga historia de lucha y de resistencia. Echamos mano de nuestras identidades y de nuestras culturas para enfrentar las amenazas que ha traído cada época. Este camino no ha sido fácil. Desde la conquista, y sin descanso, la arro-gancia, el egoísmo, la ignorancia y el irrespeto, disfrazados de distintas maneras, han caído sobre nosotros con engaños y mentiras, con falsas promesas, con el poder de armas cada vez más so-fisticadas y mortales y con instituciones, normas y leyes que nos traen miseria, explotación, dolor y sometimiento. Cada vez que llegan a atropellarnos aseguran que es por nuestro bien. En cada época hemos tenido que descubrir el engaño, unirnos y organizarnos para defendernos.

Siempre nos sirvió volver a las raíces, echar mano de la sabiduría contenida en nuestras memo-rias colectivas, escuchar a los mayores y acercarnos a la naturaleza para hacernos parte de la vida toda y defendernos defendiéndola. En cada época tuvimos que aprender a resistir y hacerlo de una manera diferente de acuerdo con el desafío que enfrentamos. Venimos marchando desde lejos, desde hace mucho tiempo, por el camino de la historia. Los últimos pasos que nos trajeron a este Congreso Itinerante de los Pueblos son la etapa más reciente de esa larga historia, pero también establecen el comienzo de un nuevo camino que hemos decidido recorrer.

Con las 60.000 personas que marchamos hasta Cali y por otros caminos del país, marcharon nues-tros recuerdos, nuestros ancestros, los luchadores que abrieron el camino antes y también muchas más mujeres y hombres en muchos lugares dentro y fuera de Colombia, que han reconocido el pe-ligro, sufren el dolor y se levantan a marchar para pervivir y crear un mundo posible y necesario.

El desafío que impone esta nueva época es grande. Tal vez el mayor que hayamos tenido que en-frentar en nuestra historia. Nos agrede y sufrimos un orden que está mal, que hace daño y que no sirve; eso lo sabemos y lo decimos con fuerza. No solamente están en riesgo nuestras culturas, nuestras comunidades, nuestros pueblos y familias. Es peor, la vida misma corre el riesgo de ser destruida por la ceguera de quienes se han equivocado y utilizan el mayor poder de la historia para convertir en mercancía todo lo que existe a través de su Proyecto de Muerte.

Lo que debe ser, todavía no existe, más que en nuestro compromiso, en la memoria de todo lo que vive y en lo que tenemos que inventarnos, sembrar y proteger para abrir el camino.

El proyecto que amenaza la vida no respeta fronteras, por eso lo llaman globalización. Llega hasta nuestras comunidades y hasta nuestros hogares en todas partes de Colombia y del mundo. Trae la guerra, las mentiras de la propaganda con que engaña con habilidad y todo el poder de las leyes y del dinero. Viene por la riqueza de la naturaleza y por el trabajo de la gente para explotarlos y

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venderlos como mercancía. Los que lo controlan y toman decisiones para servir sus intereses están lejos. Están en las directivas de grandes corporaciones multinacionales y en los centros financieros del mundo que se van quedando con todo. No los conocemos, no los vemos, no responden por sus actos y tienen como agentes a los gobiernos, a los ejércitos, a las empresas e instituciones que actúan a su nombre para servirles. Nos convencen de que todo esto es inevitable.

Todo esto es difícil de ver, de entender, de resistir y de cambiar. Nos exige unidad, creatividad, inteligencia, solidaridad, compromiso, sacrificio y mucho trabajo, pero también mucha alegría y muchas ganas de vivir. Precisamente porque enfrentamos un desafío grande y distinto a todos los que nos han tocado hasta ahora, esta movilización es diferente. No salimos solamente a exigir, a reclamarle al gobierno, a enunciar, aunque también lo vamos a hacer. Esta vez salimos a convocar pueblos, organizaciones y procesos populares.

Marchamos para expresar nuestro compromiso de unirnos y de trabajar tejiendo la solidaridad recíproca que hace falta para defender la vida. Esta vez sabemos que solos no podemos y que nos necesitamos mutuamente para entender, para resistir y para crear un país y un mundo posible y necesario.

Hemos sorprendido al gobierno, al poder, al país y al mundo porque no nos levantamos a pedir lo que es nuestro por derecho propio; en cambio, convocamos esta Minga con una propuesta para que entre todos, como pueblos, definamos un mandato indígena y popular que oriente el proceso para que podamos avanzar en pasos firmes y realistas desde esta realidad de confusión y muerte hasta un proyecto de vida tejido por nosotros desde los pueblos.

Nuestros actos reivindican el valor de la palabra. Por eso crece nuestro poder de convocatoria y la fuerza de nuestros argumentos. Por nosotros, hablan nuestros actos de dignidad y resistencia que no se detendrán. El primer Congreso Indígena y Popular ha logrado con creces sus objetivos. El país

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y el mundo nos han escuchado. El gobierno no pudo ignorarnos y va a tener que respetar la fuerza de nuestra legitimidad.

La palabra que traemos en paz se ha convertido en hechos que hablan por sí mismos. Los medios comerciales de comunicación, en su mayoría, nos escucharon y muchos dejaron de distorsionar la verdad para transmitir nuestras propuestas. La solidaridad del mundo se hizo presente y nos acompañó. Asumimos este reconocimiento y respeto como una responsabilidad colectiva que nos obliga a avanzar por el camino y asumir el desafío que enfrentamos. Este Mandato recoge lo que viene de atrás y señala lo que vamos a hacer ahora.

Dejamos constancia de la forma tendenciosa, irresponsable e irrespetuosa en que el Presidente de la República pretendió impedir la realización de este primer Congreso Indígena y Popular, así como la manera en que mintió recurrentemente sobre los motivos y contenidos del mismo y engañó a la opinión pública nacional e internacional describiendo esta iniciativa pacífica, civil y democrática, como un acto politiquero de terroristas.

El 2 de septiembre, unos días antes del Congreso, la Fiscalía detuvo al mayor Alcibiades Escué con falsos cargos, en un acto insólito que este Congreso reconoce como un secuestro político. El Presidente declaró hoy, mientras se realiza la audiencia pública final, que él mismo ha asumido el caso del mayor Alcibiades Escué y que el Congreso es encabezado por parlamentarios y opositores políticos del gobierno que no han tenido ninguna influencia en este evento. Queda demostrada así la debilidad de un gobierno que recurre a la mentira y a la fuerza para silenciar la verdad de un pueblo que asume su dignidad.

Agenda de trabajo y posición del primer Congreso Itinerante

Las comisiones ratificaron de manera enérgica y clara la posición planteada en la convocatoria a esta Gran Minga:

Lo que sucede hoy en nuestro país y en nuestros territorios es grave, no da espera y debemos movilizarnos de inmediato.

La situación de emergencia se debe a un problema de fondo relacionado con la estrategia neoli-beral y la globalización y por eso la acción inicial es parte de una lucha a mediano y largo plazo. Los resultados que persiguen el ALCA y el TLC representan las formas de agresión más peligro-sas y destructivas para las que se realizan las reformas constitucionales y a las que en última instancia sirven la guerra y el terror.

Las movilizaciones urgentes no son el comienzo ni el final del camino, sino una etapa del pro-ceso que se propone construir en minga alternativas indígenas y populares para que otro país justo, democrático, respetuoso y en paz sea posible.

En consecuencia con esta lectura de la realidad, el primer Congreso Indígena y Popular definió los temas que fueron debatidos por las comisiones y en las plenarias:

1. La defensa de la vida, el conflicto armado, la violación de derechos humanos y la política de seguridad democrática.

2. Paquete de reformas constitucionales.3. TLC y ALCA.

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4. Mecanismos para la construcción de resistencia y soberanía popular, el Mandato Indígena y Popular de la Minga por la Vida, la Justicia, la Alegría, la Libertad y la Autonomía.

Las autoridades, organizaciones, procesos y personas participantes en el congreso indígena y po-pular, deciden:

1. Declararse en Asamblea Permanente Indefinida, hasta tanto no se superen de manera definiti-va las amenazas existentes contra la vida y la integridad.

2. Establecer el Congreso Indígena y Popular con la misión de asumir, abordar y profundizar los temas que convocaron esta Gran Minga y como escenario para construir y consolidar el proceso hacia el Plan de Resistencia y de Vida de los Pueblos. El Congreso iniciará sesiones en el territo-rio de paz y convivencia de La María, Piendamó, pero tendrá carácter itinerante y se habilitarán escenarios y espacios de deliberación en todo el territorio nacional de manera que se facilite la participación y liderazgo de todos los procesos populares.

3. Crear un Tribunal Permanente de los Pueblos con participación de líderes y personalidades de las más altas calidades y capacidades, del nivel nacional e internacional, con la misión de exa-minar, pronunciarse, hacer recomendaciones y tomar acciones frente a los atropellos y violacio-nes al derecho a la vida y a los derechos humanos de las organizaciones y procesos indígenas y populares.

4. Implementar un Sistema de Comunicación e Intercambio Autónomo y Permanente de los Pue-blos para la Verdad y la Vida.

5. Establecer una Misión Diplomática Permanente y Autónoma de los Pueblos que represente a las organizaciones y procesos populares en gestiones diplomáticas en el ámbito internacional, con representación y mandato desde comisiones internacionales establecidas al interior de los procesos y movimientos indígenas y populares.

6. Desarrollar una economía propia de los pueblos y establecer mercados y mecanismos de pro-ducción e intercambio que sean solidarios, recíprocos y orientados a defender y promover la vida y el bienestar de los pueblos.

7. Recoger, analizar, profundizar y adoptar las recomendaciones y conclusiones de las comisiones temáticas que sesionaron durante este Congreso, lo mismo que las declaraciones, acuerdos, pronunciamientos y resoluciones emanadas de organizaciones, movimientos y eventos popu-lares con las que exista una identidad de posiciones y propósitos.

Frente al análisis de los temas de la agenda del primer Congreso Indígena y Popular deciden:

1. Frente al conflicto armado, la violación de derechos humanos y la política de seguridad demo-crática.

Diseñar y poner en marcha mecanismos populares para el logro de una salida negociada al con-flicto armado.

Exigir verdad, justicia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Promover mecanismos populares y autónomos de resistencia civil, paz y seguridad, que inclu-

yan el reconocimiento de la Guardia Indígena como fuerza popular nacional e internacional de paz.

Exigir y diseñar mecanismos de resistencia civil, con mecanismos de presión, apoyo y veeduría nacional e internacional para lograr la salida de los grupos armados de nuestros territorios y el respeto a la población civil, a nuestra autonomía y a nuestras organizaciones, de manera que no se nos siga involucrando en el conflicto.

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Desarrollar mecanismos de resistencia; desobediencia civil frente a las políticas de seguridad democrática del gobierno colombiano.

2. Frente al TLC y al ALCA. Convocar a las organizaciones y al pueblo de Colombia a desarrollar las acciones necesarias y

pertinentes para detener las negociaciones de estos acuerdos y promover la realización de un referendo popular contra el TLC y el ALCA.

3. Frente al paquete de reformas constitucionales Demandar por las vías necesarias que se suspenda cualquier intento de reforma constitucional,

a la vez que, en adelante, toda propuesta de reforma deba ser sometida a una consulta y apro-bación popular.

4. Seguimiento. Las autoridades y líderes indígenas y populares, presentes en este primer Congreso, designarán

una Comisión Indígena y Popular responsable de diseñar los mecanismos y la agenda para dar cumplimiento en el más corto término posible a este Mandato. Entre los criterios de selección para quienes conformen esta Comisión de Seguimiento deberán incluirse: la participación de diversos sectores, la legitimidad de la representación a nombre de las organizaciones y proce-sos y la reconocida capacidad para llevar a cabo la tarea asignada.

Continuar desarrollando las acciones necesarias para enfrentar el secuestro político del mayor Alcibiades Escué y el proceso político en contra de la AIC y de su personal, de acuerdo con el Mandato previamente aprobado por este primer Congreso Indígena y Popular.

Las palabras sin acción son vacías. La acción sin palabras es ciega. Las palabras y la acción por fuera del espíritu de la comunidad son la muerte.

Por la vida, la justicia, la alegría, la libertad y la autonomía, seguimos caminando.