El Gobierno concede un segundo indulto a

cuatro ‘mossos’ condenados por torturas 

- El Consejo de Ministros conmuta la pena por una multa de 10 euros al día durante dos años

- La Audiencia de Barcelona avisó que repetir la medida de gracia sería “fraude de ley” 

REBECA CARRANCO, Barcelona. 23/11/2012

URL artículo: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/23/catalunya/1353685762_721715.html 

 

El Consejo de Ministros ha indultado este viernes por segunda vez a cuatro mossos d’esquadra condenados por

torturar a un hombre al que confundieron con un atracador. Los policías debían cumplir penas de hasta cuatro años y

seis meses de prisión decretadas por el Tribunal Supremo, que consideró probado que apalearon, amenazaron e

incluso introdujeron una pistola en la boca al detenido. En febrero, el Gobierno del PP ya concedió la medida de gracia, 

rebajando la pena a dos años de prisión, con el convencimiento de que los agentes no entrarían en la cárcel —

normalmente si el reo no tiene antecedentes, como es el caso, se suspende la ejecución—. También cambió la

inhabilitación por la suspensión de cargo público durante dos años.

Pero la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, en una resolución atípica, ordenó el ingreso en prisión de los

 

policías, alegando “razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social”.

 

Los mossos d’esquadra, respaldados por el Departamento de Interior, presentaron diversos recursos para retrasar la

ejecución de la condena y confiando en que se les concedería un segundo indulto, que también pidieron.

El próximo 10 de diciembre era la fecha límite : o el Gobierno atendía su petición o entraban en la cárcel. El Ejecutivo

 

del PP conmutó este viernes la pena de prisión por una multa con una cuota diaria de 10 euros, durante dos años, lo

que supone pagar 7.200 euros en lugar de la prisión. En una nota de prensa, el Ministerio de Justicia alegó que la

medida se concede tras “analizar la amplia documentación e información que contienen los expedientes aportados”.

Una portavoz aclaró después que se han basado en los mismos informes que estudiaron para conceder el primer

indulto: investigaciones policiales posteriores sobre los hechos y el currículo de los agentes.

La Audiencia ya advirtió en un auto en agosto que un segundo indulto sería “una suerte de fraude de ley o abuso de 

 

derecho”, y supondría “utilizar al antojo” de los policías e “individualizar a su capricho y mejor acomodo” esta figura

excepcional de gracia. “Nada más contrario a los principios de igualdad y justicia que como fundamentos de nuestro

sistema jurídico penal deben quedar absolutamente preservados de cualquier comportamiento arbitrario, antojadizo y

caprichoso como el que sin duda, representa el propio del caso de autos”, remachó. 

Según la sentencia del Supremo, ha quedado probado que el 27 de julio de 2006 Joan Salva, Manuel Farré, Fernando

 

Cea y Jordi Perissé confundieron a Lucian Paduraru, entonces de 28 años, con un atracador violento. Le esperaron en la

puerta de su casa, no se identificaron como policías, le propinaron una paliza, lo insultaron e incluso lo amenazaron

introduciéndole una pistola en la boca. Un quinto policía, Alejandro García, fue condenado por coacciones a seis meses

de prisión. En la detención de Paduraru también estuvo presente entonces su mujer, que estaba embarazada de tres

meses y recibió un trato degradante.

Cuando se conoció la decisión de la Audiencia de dejar, en la práctica, sin efecto el primer indulto concedido por el

Gobierno, tanto sindicatos policiales como fuentes del Departamento de Interior criticaron la medida. Tanto es así, que

los agentes recibieron el apoyo legal de la Generalitat para tramitar este segundo indulto. Incluso el consejero de

Interior, Felip Puig (CiU) habló con su homólogo en el Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz. “En la medida en

que el Departamento de Interior y esosmossos d’esquadra planteen alguna petición, la vamos a estudiar con la mayor

disponibilidad”, ya avanzó entonces el ministro del PP.

 

 

Con este son ya dos los casos demossos indultados por el Consejo de

Ministros. En septiembre del año pasado se concedió la excepcional medida a

 

Albert Fabregat, Juan Díaz y Mónica Fraile, condenados hasta a cuatro años

de cárcel. De nuevo, el Ejecutivo, entonces del PSOE, rebajó la pena a dos

años, lo que supuso que no entrasen en prisión, aunque mantuvo el resto de

medidas adoptadas por la Audiencia de Barcelona, como la suspensión de

cargo público.

Los tres policías fueron condenados por detener ilegalmente, golpear e

insultar en comisaria a un hombre con el que tuvieron un rifirrafe en la sala

Bikini. El caso ocurrió en junio de 2006, y supuso un punto de inflexión en el

Departamento de Interior, que decidió colocar cámaras en la sala de cacheos

de la comisaría de Les Corts.

“La práctica del indulto en España es muy preocupante porque los más

frecuentemente indultados tienen que ver con la Administración pública,

funcionarios o policías”, explica José Luis Díez Ripollés, catedrático de

Derecho Penal en la Universidad de Málaga. Sostiene que el indulto es una

“anomalía”, un “resto de la soberanía del Rey”, que perjudica a la división de

poderes, y que solo puede estar justificada en casos particulares. “En los

últimos tiempos está sucediendo que hay más indultos de lo que parecen.

Estamos en más de un tres por mil del total de penados que se benefician de

un indulto total o parcial al año. Es una cifra importante. Supone que el

Ejecutivo está cuestionando la vía judicial en bastantes casos”, subraya Díez

Ripollés.

Para este catedrático resulta “sorprendente” y “excepcional” que el Gobierno

haya aprobado un segundo indulto en el caso de los mossospara evitar la

decisión de la Audiencia , “que es la competente” en ejecutar la pena

restante. Y destaca que debido a la opacidad —no existe un registro de

indultos que se pueda consultar— y al hecho de que el Gobierno no necesite

motivar las resoluciones, es complicado saber si existe un caso similar al de

los cuatro policías reindultados. 

“Pensaba que no se atreverían”, arremete Jaume Asens, abogado miembro de la comisión de Defensa del Colegio de

Abogados de Barcelona. “El indulto es un medio que tiene el poder para perdonarse a sí mismo. En este caso, además,

es un ejercicio de cinismo porque se indultan por segunda vez”, añade. A su entender, la medida de gracia pone en

 jaque la separación de poderes y dificulta que se consigan sentencias de mala praxis policial. “Hay mil trabas para

conseguir que se juzgue y cuando les condenan, les indultan”, critica. 

El profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas Julián Ríos defiende el indulto cuando corrige

“excesos y situaciones de intenso rigor punitivo cuando la aplicación de la ley penal se convierte en una situación

injusta, desproporcionada e inhumana”. En el caso en cuestión, sin embargo, considera “perturbadora” la medida de

gracia en tres direcciones: “Hacia los jueces de instrucción, porque es abiertamente desmotivador en la investigación y

erradicación de los malos tratos y las torturas; hacia los policías, porque les abre la posibilidad de mantener el exceso

en el uso de la fuerza y la violencia al margen de la ley sin consecuencia penal alguna; y a los ciudadanos, porque les

deja en la más absoluta vulnerabilidad”.