martes 23 de febrero del 2016 Nº 6951 $10 eleconomista.mx

uNa seleccióN de

Juan Tolentino Moralesel economista

La Comisión nacional del sistema de ahorro para el Retiro (Consar) dio a conocer los resultados de su Com-parativo anual en servicios (Cas) de las administradoras de fondos pa-ra el retiro (afore), y muestra la cali-dad, eficiencia, cobertura, atención y servicios de las entidades.

En el 2015, de las 11 afores, sura, Banamex, invercap, XXi Banorte y metflife fueron las que cumplieron de manera más satisfactoria con los lineamientos de la Consar al realizar este ranking, ocupando los primeros cinco lugares. Le siguieron Princi-pal, Profuturo GnP, PensionisssTE, Coppel, azteca e inbursa

El comparativo que realiza la co-misión anualmente se compone de

SURA, BANAMEX E INVERCAP, LAS MÁS CUMPLIDAS: CoNSAR

Afores mejoraron servicios en el 2015

$35,421 millones P E R U J O

Sura ocupó el primer sitio en promover el ahorro voluntario de los trabajadores.

10 variables agrupadas en cuatro in-dicadores globales.

VARIABLES

En calidad operativa, se mide la ra-pidez y efectividad para realizar los 15 servicios más relevantes para los ahorradores. Destacan metLife, se-guida de PensionisssTE y Profutu-ro GnP.

En la calidad de atención y ser-vicio sobresalen sura, Principal e invercap.

En cobertura se mide la canti-dad y calidad de los canales de aten-ción que tienen las afores para aten-der al público, al tomar el número de sucursales y el tipo de servicios que se ofrecen en cada sucursal. En este rubro, invercap, inbursa y Ba-namex fueron las entidades mejor posicionadas.

Avanzaron en calidad, eficiencia, cobertura, atención y servicios que brindan las administradoras, según el comparativo anual que realiza la comisión

Promover el ahorro voluntario —sura, Banamex y Profuturo GnP, las entidades más comprometidas- mostró un crecimiento de 33.5% en el monto global, así como en el nú-mero de trabajadores que realizaron dichas aportaciones.

Los puntos en los que los aho-rradores pueden realizar aportacio-nes voluntarias ascendieron a 4,328 en diciembre del 2015; sin contar los 4,600 que se sumaron con las tien-das 7-Eleven, Telecomm, Círculo K y Extra, al ser la Ciudad de méxico la que concentra una mayor canti-dad de lugares para realizar aporta-ciones, con 20% del total a nivel na-cional, seguida del Estado de méxico, con 19%; Veracruz, con 12%; Jalis-co, con 11%, y Guanajuato, con 7 por ciento.

juan.tolentino@eleconomista.mx

Banca, con ventaja en entorno volátil: iFF

Yolanda Moralesel economista

Los BanCos mexicanos tienen una limitada exposición a la deu-da emitida por bancos europeos, lo que marca una ventaja en el entor-no de volatilidad, advierten analis-tas del instituto internacional de Fi-nanzas (iiF).

Basándose en cifras del Banco de Pagos internacionales (Bis, por su sigla en inglés), evidencian que los títulos emitidos por instituciones financieras de Europa, en poder de bancos de operación doméstica, así como los préstamos de contrapar-tida, representan apenas 10% de los

que guardan con bancos de Estados Unidos.

además, acota aparte el analis-ta de moody’s, David olivares, los bancos mexicanos suelen fondear-se en el mercado doméstico, lo que limita también la exposición al de-terioro de bancos de aquella región.

Los tres bancos europeos de ma-yor operación en méxico son BBVa, santander y HsBC.

según estadísticas consolidadas de la banca, emitidas por el Bis, la exposición financiera de bancos a sus similares de Estados Unidos fue de 4,486 millones de dólares, en el tercer trimestre del año pasado.

ymorales@eleconomista.com.mx

Limitada exposición a deuda emitida por europeos

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Durango ha interpuesto 10 demandas, detalla la Prodecon

Juez otorgó 27 amparos contra e-contabilidad

La sentencia favorable abarca la revisión del buzón tributario, detalló la Procuraduría.

una selección de

signos vitales

Alberto Aguirre aam@mexico.com

Apremios del sistema penal

l a insuficiente armonización legisla-tiva, la falta de capacitación entre los operadores y el funcionamiento iner-

cial de las instituciones constituían los prin-cipales obstáculos para la implementación del Sistema de Justicia Penal, al arranque del sexenio. Ahora, a punto de que expire el plazo otorgado en la reforma constitucional para concluir ese proceso, existe el riesgo de que el sistema entre en operación a nivel es-tatal sin que se encuentre consolidado.

La advertencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que auditó los programas de la Secretaría de Gobernación y el Consejo de la Judicatura Federal, es tajante: aunque el siste-ma entre en operación en las entidades federa-tivas en junio próximo, mientras no se encuen-tre consolidado, podría no ser eficaz, expedito, imparcial y transparente a nivel estatal.

A cuatro meses de que expire el plazo de ocho años impuesto por el poder legislativo pa-ra la implementación del nuevo sistema proce-sal penal acusatorio. El periodo transitorio era necesario para dotar de la infraestructura y la capacitación necesarias a los servidores públi-cos del nuevo modelo penal. Un esfuerzo trans-versal que —visto en retrospectiva— avanzó con velocidades distintas a lo largo del apara-to judicial.

La implementación del nuevo sistema se ra-lentizó por la politización de la reforma de justi-cia penal. La asignación de recursos se subordi-nó a otros objetivos públicos. Y lo que era peor: las entidades federativas carecían de la ba-se técnica legislativa para la implementación y operación del sistema, de una metodología para el desarrollo de la infraestructura, y además re-sentían la ausencia de un modelo de gestión.

El Presupuesto de Egresos para el 2014 des-tinó 117.8 millones de pesos para implementar el Sistema de Justicia Penal en las entidades fe-derativas. Ese año, la secretaría técnica otorgó 73 asesorías a 23 gobiernos estatales que requi-rieron apoyo normativo y otras 22 asesorías pa-ra proyectos de infraestructura, de las cuales 20 fueron para Durango.

La Secretaría Técnica del Consejo de Coor-dinación para la Implementación del Siste-ma de Justicia Penal (Setec) también ofreció 750 cursos a las entidades federativas y al cie-rre del 2014 había instruido a 31,732 servido-res públicos, apenas 10% de los 292,279 por ca-pacitar. Ese año, la Secretaría de Gobernación destinó 1,000 millones de pesos para sufra-gar 1,088 proyectos autorizados; de éstos, casi 75% tuvo el propósito de capacitar personal en las 32 entidades. Pero ese programa presupues-tal “presentó un inadecuado diseño y deficiente construcción de indicadores”, así como de me-canismos de supervisión y seguimiento, lo que impidió a la Auditoría Superior de la Federación determinar si efectivamente aceleraron la im-plementación del Sistema de Justicia Penal. La ASF observó que 33.2% de los 987 proyectos re-

portados como concluidos en el 2014 podría no haber cumplido con los objetivos establecidos en los anexos técnicos.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura Fe-deral (CJF) trazó un plan maestro -el mayor del 2013— para capacitar a 5,180 servidores públi-cos, de los cuales 611 son servidores públicos quienes operarán los nuevos centros de Justicia Penal Federal y los 4,569 restantes son personal de apoyo jurisdiccional y administrativo, cu-ya capacitación se consideró completarse para cuando entrara en operación el nuevo sistema.

Al cierre del 2014, solo 40 funcionarios de los centros de Justicia Penal habían sido capa-citados, 103 menos a los contemplados en las metas anuales. En contraste, el CJF capaci-tó 6,876 servidores públicos de apoyo jurisdic-cional y administrativo en el bienio 2013-2014, 50% más que lo proyectado. Para el 2015, el plan maestro redujo su meta de capacitación a 1,694 servidores públicos, tanto operadores del nuevo sistema, como de apoyo jurisdiccional y administrativo.

En la edificación de los 24 centros de Justicia Penal Federal y su equipamiento, tuvo que ac-tuarse con celeridad. En el 2014, sólo había re-portes de cinco totalmente construidos y cinco más en obras. Para el siguiente año, el CJF soli-citó al Congreso de la Unión la reprogramación de la infraestructura física, lo que derivó en la programación de una cuarta etapa, que comen-zaría el 30 de noviembre del 2015, y que incluye siete estados y una quinta que iniciará el próxi-mo 29, para completar las nueve entidades fe-derativas restantes. La construcción de esas instalaciones fue encargada a la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de una transferencia de 1,987 millones de pesos del CJF que sirvie-ron para edificar dos edificios en el Distrito Fe-deral y uno Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Oaxaca y Tlaxcala, respectivamente.

E F E C T O S S E C U N DA R I O SDISPUTAS. David Penchyna Grub se queda en la Cámara Alta. Su frustrado arribo al Infona-vit está directamente vinculado al empodera-miento de Carlos Aceves del Olmo dentro de la CTM y el movimiento obrero organizado. Es-te atisbo de la fractura entre la cúpula peñis-ta y la dirigencia sindical tendrá capítulos más violentos en las definiciones que vienen para afrontar los pasivos laborales en CFE y Petró-leos Mexicanos, pero ésa es otra historia. Para el instituto promotor de la vivienda, en segun-da instancia, Los Pinos perfilaría al diputado federal Alfredo Del Mazo Maza, en una prime-ra jugada ligada a la sucesión en el Estado de México, aunque recientes ataques periodísti-cos evidencian que un sector priista interpreta este movimiento como un ascenso del cacho-rro del Grupo Atlacomulco. ¿Será? Y siguen las vacantes en Profeco y Cofepris, a la que aspi-ran Manuel Almazán y el mexiquense Rodrigo Reina Liceaga.

Paulina Gómez RobleseL eCOnOMistA

EL SEGUNDO Juez de Distrito del Centro Au-xiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, otorgó amparos a 27 con-tribuyentes contra el envío de la contabilidad electrónica.

La Prodecon explicó que con la sentencia, el juez segundo declaró inconstitucional el artícu-lo 28 fracción IV del Código Fiscal de la Federa-ción (CFF), que abarca el envío de la e-contabili-dad y la revisión electrónica del buzón tributario.

Como defensor del derecho de los contribu-yentes en el país, la procuraduría presentó 1,017 amparos a nivel nacional en contra de la contabi-lidad electrónica, obligatoria a partir de este año para toda la base de contribuyentes.

Los estados con mayor número de deman-das son: Baja California (80), Baja California Sur (73); Hidalgo (196), Nayarit (175), y Tabasco, con 76 amparos y Durango con (10).

Del universo de amparos promovidos por la Prodecon, 470 estuvieron a cargo del segundo juez de Distrito, del que ya se hizo referencia, y al 17 de febrero se han ganado 27, y se espera que los restantes vayan en la misma línea.

ARGUMENTOS

La sentencia expone que el sistema de regis-tro contable establecido por el SAT es innecesa-rio, complejo, sofisticado y aleja de los fines pro-puestos por el Ejecutivo Federal.

Aunado a que los requisitos que prevé para la elaboración y presentación de la contabilidad, no son de fácil comprensión e interpretación para todas las personas, en clara contravención de los diversos postulados básicos de la contabilidad.

Prodecon confió en que los cientos de ampa-ros que promovió ante el juez obtengan una sen-tencia favorable y la decisión final la tiene la Su-prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La SCJN podría crear una comisión de se-cretarios que estudie los temas propuestos en las sentencias. A nivel nacional, se tienen en-tre 38,000 amparos contra la contabilidad electrónica.

karla.gomez@eleconomista.mx

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